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+"{\"id\": \"11081415\", \"name\": \"EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido; EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\", \"name_abbreviation\": \"Marrero Crespo v. Bautista\", \"decision_date\": \"1999-08-24\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLRA-98-00588; N\\u00fam. KLRA-98-00774\", \"first_page\": \"588\", \"last_page\": \"593\", \"citations\": \"5 T.C.A. 588\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:10:56.604523+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, Jueza Ramos Buonomo y los Jueces Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n y C\\u00f3rdova Arone\", \"parties\": \"EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\", \"head_matter\": \"2000 DTA 3\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL I DE SAN JUAN PANEL III\\nEMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\\nN\\u00fam. KLRA-98-00588\\nN\\u00fam. KLRA-98-00774\\nSan Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 1999\\nPanel integrado por su Presidenta, Jueza Ramos Buonomo y los Jueces Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n y C\\u00f3rdova Arone\", \"word_count\": \"2408\", \"char_count\": \"15322\", \"text\": \"Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA\\nEl Sr. Emilio Marrero Crespo (Sr. Marrero) solicita la revisi\\u00f3n de una resoluci\\u00f3n emitida por la Administraci\\u00f3n de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) el 2 de marzo de 1998, notificada en esa misma fecha al recurrido, la cual autoriz\\u00f3 la expedici\\u00f3n de un permiso de uso solicitado por el Sr. Juan Bautista H/N/C Legno Corp. (Sr. Bautista) para operar el Ristorante Casa di Legno, ubicado en la Calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3 en el sector Ocean Park de Santurce. A.R.P.E. no le notific\\u00f3 dicha resoluci\\u00f3n al Sr. Marrero. No obstante, por \\u00f3rdenes del Tribunal de Primera Instancia, tal notificaci\\u00f3n se efectu\\u00f3 el 25 de agosto de 1998, siendo \\u00e9sta la fecha en que comenz\\u00f3 a decursar el t\\u00e9rmino para solicitar la revisi\\u00f3n judicial. Aunque dicho t\\u00e9rmino hubiera expirado el 24 de septiembre de 1998, en virtud de la extensi\\u00f3n de t\\u00e9rminos decretada por raz\\u00f3n del paso del Hurac\\u00e1n Georges, el recurso est\\u00e1 en t\\u00e9rmino. Por los fundamentos expresados a continuaci\\u00f3n, revocamos.\\nEl Sr. Bautista solicit\\u00f3 de A.R.P.E. un permiso de uso para operar un restaurante de comida italiana en la Calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3 n\\u00famero 57 del barrio de Santurce, sector Ocean Park, del Municipio de San Juan (caso n\\u00fam. 97-18-E-292-SPU). Al enterarse de lo anterior, el Sr. Marrero present\\u00f3, el 31 de octubre de 1997, una oposici\\u00f3n a la concesi\\u00f3n de dicha solicitud (caso n\\u00fam. 97-18-E-988-SPQ). En su oposici\\u00f3n, el Sr. Marrero sostuvo que el restaurante propuesto carec\\u00eda del n\\u00famero de espacios de estacionamientos requeridos para ese tipo de negocio, que se hab\\u00eda realizado una ampliaci\\u00f3n en la estructura donde ser\\u00eda ubicado el negocio la cual se elimin\\u00f3 tras orden judicial por carecer del permiso pertinente, y que al evaluar la concesi\\u00f3n del permiso, A.R.P.E. tendr\\u00eda que aplicar ciertas restricciones de horario, pues dicha agencia ya hab\\u00eda decidido, en relaci\\u00f3n al establecimiento que anteriormente ocupaba el local en cuesti\\u00f3n (Mona's), que \\u00e9ste s\\u00f3lo pod\\u00eda operar hasta las 12:00 de la medianoche. El 4 de noviembre de 1997, el Sr. Marrero le envi\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n a A.R.P.E. a los fines de que tomara conocimiento de las determinaciones de hechos que dicha agencia hab\\u00eda formulado en el caso del restaurante/bar Mona's (Caso N\\u00fam. 85-18-F-779-SPP). All\\u00ed, A.R.P.E. determin\\u00f3 que los problemas que ocasionaba aquel establecimiento se reduc\\u00edan a: a) congesti\\u00f3n vehicular; b) obstaculizaci\\u00f3n de las entradas y salidas de residencias y de aceras en la calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3; y c) malos olores y ruidos originados en el local.\\nEl 25 de noviembre de 1997, el Ledo. Juan M. Masini Soler (Sr. Soler), Presidente y Asesor Legal de la Asociaci\\u00f3n Ocean Park, Inc., tambi\\u00e9n objet\\u00f3 ante A.R.P.E. la concesi\\u00f3n del permiso solicitado alegando problemas de estacionamientos y congesti\\u00f3n vehicular. Por su parte, el 23 de febrero de 1998, los vecinos hicieron lo propio aduciendo similares argumentos, incluyendo problemas de estacionamiento, ruido, contaminaci\\u00f3n, congesti\\u00f3n vehicular y delincuencia.\\nEl 18 de febrero de 1998, la Compa\\u00f1\\u00eda de Turismo endos\\u00f3 la emisi\\u00f3n del permiso de uso para el restaurante con la condici\\u00f3n que se cumplieran con los requisitos de estacionamientos exigidos por A.R.P.E.\\nEl 2 de marzo de 1998, A.R.P.E. emiti\\u00f3 la resoluci\\u00f3n recurrida autorizando la emisi\\u00f3n del permiso de uso, sujeto a una serie de condiciones. Inter alia, A.R.P.E. sujet\\u00f3 la vigencia de la autorizaci\\u00f3n a que Casa di Legno no contar\\u00eda con un \\u00e1rea de barra y que el local se tendr\\u00eda que mantener limpio, seguro y libre de tertulias. Tras varios incidentes procesales, incluyendo la consolidaci\\u00f3n de los casos N\\u00fam. KLRA-98-00588 y N\\u00fam. KLRA-98-00774, A.R.P.E. expidi\\u00f3 oficialmente el permiso de uso N\\u00fam. 97-18-E-292-SPU, para operar el Ristorante Casa di Legno a nombre del Sr. Pierre Paul St. Hubert.\\nEn su recurso, el Sr. Marrero plantea que A.R.P.E. err\\u00f3 al conceder el permiso para operar el Ristorante Casa di Legno pues no celebr\\u00f3 vista evidenciar\\u00eda; que err\\u00f3 al conceder dicho permiso pues al as\\u00ed hacerlo le requiri\\u00f3 menos estacionamientos, diecis\\u00e9is (16) en total, que los diecinueve (19) que anteriormente le hab\\u00eda requerido al restaurante/bar Mona's; y que gran parte de los estacionamientos aprobados no eran \\\"funcionales\\\" violando la reglamentaci\\u00f3n vigente. En el recurso originalmente identificado como N\\u00fam. KLRA-98-00774, el Sr. Marrero aleg\\u00f3, adem\\u00e1s, que A.R.P.E. err\\u00f3 al \\\"conceder una variaci\\u00f3n de uso sin vista p\\u00fablica\\\" al emitir dicho permiso y que dicho permiso no cumple con la reglamentaci\\u00f3n vigente al no limitar su horario de operaci\\u00f3n.\\nComo cuesti\\u00f3n de umbral, conviene aqu\\u00ed repasar el \\u00e1mbito de la revisi\\u00f3n judicial de las decisiones de los organismos administrativos, seg\\u00fan delimitado por la ley y la jurisprudencia.\\nLa secci\\u00f3n 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A., sec. 2175, establece, en relaci\\u00f3n al alcance de la revisi\\u00f3n judicial:\\n\\\"[...] Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias ser\\u00e1n sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.\\nLas conclusiones de derecho ser\\u00e1n revisables en todos sus aspectos por el Tribunal. \\\"\\nSeg\\u00fan el citado estatuto, las determinaciones de hechos en las que la agencia basa su decisi\\u00f3n, no se revisar\\u00e1n judicialmente si est\\u00e1n sostenidas por evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Evidenci\\u00e1 sustancial es aquella prueba que una mente razonable podr\\u00eda aceptar como adecuada para sostener una conclusi\\u00f3n. Demetrio Fern\\u00e1ndez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Editorial Forum, Bogot\\u00e1, 1993, p\\u00e1gs. 527-544.\\nAs\\u00ed, el ordenamiento administrativo presume la correcci\\u00f3n de los procedimientos y decisiones administrativas aunque exista prueba conflictiva de la cual se pueda inferir una conclusi\\u00f3n distinta a la que arrib\\u00f3 la agencia. Junta de Relaciones del Trabajo v. L\\u00ednea Suprema, 89 D.P.R. 840 (1964). Por ello, corresponde a la parte que impugna los hechos determinados por la agencia demostrar que la prueba en el expediente administrativo es suficiente para derrotar la presunci\\u00f3n que la agencia tiene a su favor. Henr\\u00edquez v. Consejo de Educaci\\u00f3n Superior, 120 D.P.R. 194 (1987).\\nPor su parte, las conclusiones de derecho de la agencia, a diferencia de las determinaciones de hechos, pueden ser revisadas en todos sus aspectos por el tribunal sin sujeci\\u00f3n a norma o criterio alguno, pues el Poder Judicial es el verdadero experto en materia de construcci\\u00f3n estatutaria y hermen\\u00e9utica jur\\u00eddica, similar a una corte de casaci\\u00f3n. V\\u00e9ase, e.g., Miranda v. C.E.E, 141 D.P.R. _ (1996), 96 J.T.S. 137. Lo mismo aplica a las cuestiones mixtas de hecho y derecho, pues se consideran como cuestiones de derecho si no involucran interpretaciones efectuadas dentro de la pericia particular de la agencia. V\\u00e9ase, Rivera v. A & C Dev. Corp., 144 D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 143.\\nEsto no significa, sin embargo, que al ejercer su funci\\u00f3n revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de \\u00e9sta por el propio. Al contrario, el Tribunal Supremo ha reiterado consistentemente que, de ordinario, los tribunales deben deferir a las interpretaciones y conclusiones de derecho de los organismos administrativos. V\\u00e9anse, e.g., Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. _ (1995), 95 J.T.S. 39; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. _ (1993), 93 J.T.S. 165; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. _ (1993), 93 J.T.S. 88; Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. _ (1992), 92 J.T.S. 90; V\\u00e1zquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).\\nEsta deferencia se debe al reconocimiento de que \\\"las agencias administrativas son instrumentos necesarios para la interpretaci\\u00f3n de la ley\\\", especialmente las reglas y reglamentos bajo su especial pericia y aquellas disposiciones legales que el legislador le encomend\\u00f3 aplicar. V\\u00e9ase, e.g., Miranda v. C.E.E., supra, 236. Claro est\\u00e1, una vez una agencia emite un reglamento limitando su discreci\\u00f3n, \\u00e9sta viene obligada a respetarlo y aplicarlo estrictamente hasta tanto lo revoque. V\\u00e9anse, Garc\\u00eda Cab\\u00e1n v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Garc\\u00eda v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978).\\nA.R.P.E. no estaba obligado a celebrar vista evidenciar\\u00eda al autorizar condicionalmente la emisi\\u00f3n del permiso para operar el restaurante. La secci\\u00f3n 22.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de A.R.P. E., Reglamento N\\u00fam. 3915, dispone que:\\n\\\"En el desempe\\u00f1o de aquellas junciones adjudicativas asignadas por las leyes o reglamentos aplicables se podr\\u00e1n celebrar vistas por iniciativa propia, o a petici\\u00f3n de partes. Cuando estatuido, por tales leyes o reglamentos aplicables, la celebraci\\u00f3n de tales vistas ser\\u00e1 de car\\u00e1cter obligatorio. \\\"\\nEn ning\\u00fan lugar del citado reglamento se dispone que para adjudicar una solicitud de permiso o para resolver una solicitud de investigaci\\u00f3n de querella se requiera la celebraci\\u00f3n de una vista. Por ello, s\\u00f3lo podemos concluir que A.R.P.E. actu\\u00f3 dentro de los par\\u00e1metros de su discreci\\u00f3n al no celebrar vista, pues, aunque ciertamente pod\\u00eda, nada en el ordenamiento la obligaba a as\\u00ed hacerlo.\\nA.R.P.E. tampoco err\\u00f3 al no aplicarle a la situaci\\u00f3n f\\u00e1ctica de autos lo anteriormente decidido en otro caso, el de la barra-restaurante Mona's; es decir, A.R.P.E. no estaba obligada a exigirle a Casa di Legno \\\"no menos de 19 estacionamientos\\\". Mona's era un negocio con caracter\\u00edsticas particulares las cuales propiciaban el desorden, el uso intenso de bebidas alcoh\\u00f3licas y la delincuencia, factores que ejerc\\u00edan influencia sobre el grado de civilismo de los patrocinadores del establecimiento al conducir y estacionar sus veh\\u00edculos de motor. Casa di Legno se describe como un restaurante italiano con expendio de bebidas alcoh\\u00f3licas como actividad secundaria. Irrespectivamente de que la ubicaci\\u00f3n f\\u00edsica de los establecimientos sea la misma, estamos ante dos negocios distintos, con due\\u00f1os y gerencia distintos. A.R.P.E., en el sano uso de su discreci\\u00f3n, le impuso a Casa di Legno una serie de restricciones para que ese restaurante italiano no se degradara y se convirtiera en un \\\"pub\\\" de jovencitos. Por las circunstancias particulares de cada caso y por el hecho de la discreci\\u00f3n que le asiste a la agencia, es que el ordenamiento no tiende a favorecer la aplicaci\\u00f3n de la doctrina de impedimento colateral por sentencia o resoluci\\u00f3n en situaciones como la de autos. E.C. Yokley, Zoning Law and Practice, The Michie Company, Charlottesville, 1979-1998, Vol. 4, p\\u00e1g. 318. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Id., Vol. 3, p\\u00e1g. 204.\\nNo obstante todo lo anterior, entendemos que A.R.P.E. s\\u00ed err\\u00f3 al s\\u00f3lo requerirle diecis\\u00e9is (16) estacionamientos al Ristorante Casa di Legno. El Reglamento de Zonificaci\\u00f3n de Puerto Rico, Reglamento de Planificaci\\u00f3n N\\u00fam. 4, establece, en su secci\\u00f3n 84.03-14, la ecuaci\\u00f3n matem\\u00e1tica para determinar los espacios m\\u00ednimos de estacionamiento de veh\\u00edculos que un establecimiento como el de autos debe de proveer:\\n\\\"Restaurantes, cafeter\\u00edas, barras, fuentes de soda-No menos de un (1) espacio por cada cinco (5) metros cuadrados, o parte de \\u00e9stos, de \\u00e1rea neta de piso dedicada al servicio p\\u00fablico y un (1) espacio por cada tres (3) empleados o parte de \\u00e9stos. [...]\\\"\\nSeg\\u00fan el estimado del Municipio de San Juan, el cual no ha sido objetado por las partes, Casa di Legno cuenta con 75 metros cuadrados de \\u00e1rea de servicio. Adem\\u00e1s, seg\\u00fan admisi\\u00f3n de la propia parte recurrida, el establecimiento cuenta con nueve (9) empleados. Tomando como ciertos estos hechos y aplicando correctamente la citada secci\\u00f3n 84.03-14, el Reglamento de Zonificaci\\u00f3n requiere quince (15) estacionamientos por raz\\u00f3n de los metros cuadrados de piso dedicado al servicio p\\u00fablico, m\\u00e1s tres (3) estacionamientos por raz\\u00f3n de los nueve (9) empleados del establecimiento, para un total de dieciocho (18) espacios. Ante estos hechos, autorizar la concesi\\u00f3n de un permiso de uso con s\\u00f3lo diecis\\u00e9is (16) estacionamientos no se ajusta a derecho. Somos de la opini\\u00f3n que el lenguaje de la citada secci\\u00f3n, formulado en t\\u00e9rminos estrictamente matem\\u00e1ticos, le niega discreci\\u00f3n decisional a la agencia recurrida, por lo que no proced\\u00eda expedir el permiso sin requerir al menos dieciocho (18) espacios de estacionamientos. Al interpretar una reglamentaci\\u00f3n como la citada, las palabras comunes deben interpretarse y entenderse en su m\\u00e1s corriente y usual significaci\\u00f3n, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces. Art. 15 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 15. N\\u00f3tese que no estamos entrando en la cuesti\\u00f3n m\\u00e1s t\\u00e9cnica de si los estacionamientos eran o ten\\u00edan que ser \\\"funcionales\\\", lo cual es un t\\u00e9rmino de arte posiblemente abierto a la interpretaci\\u00f3n agencial. Lo \\u00fanico que hoy resolvemos es que el Reglamento de Zonificaci\\u00f3n requiere, m\\u00ednimamente, la disponibilidad de dieciocho (18) estacionamientos para que Casa di Legno pueda operar legalmente.\\nA tenor con el razonamiento expuesto, se revoca la resoluci\\u00f3n recurrida y el permiso de uso otorgado en su virtud. Se devuelve el caso a A.R.P.E. para que aplique correctamente las disposiciones sobre estacionamientos del Reglamento de Zonificaci\\u00f3n.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIOS 2000 DTA 3\\n1. Surge del expediente administrativo que el Sr. Bautista le vendi\\u00f3 el Ristorante Casa di Legno al Sr. Pierre Paul St. Hubert, mayor de edad y vecino de Carolina. En el contrato de compraventa, el cual obra en autos, se establece que \\\"[l]a corporaci\\u00f3n [Legno Corp.] tiene pendiente una demanda (apelaci\\u00f3n), de la cual se har\\u00e1 cargo LA PARTE COMPRADORA\\\", es decir el Sr. St. Hubert.\\n2. Para un an\\u00e1lisis completo del \\u00e1mbito de la revisi\\u00f3n judicial de las decisiones administrativas, v\\u00e9ase, Misi\\u00f3n Ind. v. J.P., 146 D.P.R. _ (1998), 98 J.T.S. 79.\\n3. \\\"[...] [T]he doctrine of res judicata or estoppel by judgment should be applied with great caution in zoning cases. \\\"\\n4. El Reglamento de Zonificaci\\u00f3n establece normas espec\\u00edficas y estrictas sobre el uso de terrenos de forma que se viabilice un desarrollo balanceado e integral que, a su vez, garantice la salud, seguridad p\\u00fablica y la mejor convivencia humana Asociaci\\u00f3n de Residentes de Park Side, Inc. v. Junta de Planificaci\\u00f3n de Puerto Rico, 98 J.T.S. 156.\\n5. As\\u00ed, seg\\u00fan Yokley, \\\"in enforcing the provisions for off-street parking in a zoning ordinance, a city is said to be bound by its stated standards [...]. \\\" Ob. cit., Vol. 5, p\\u00e1g. 330.\\n6. An\\u00e1logamente, Yokley asevera que \\\"[i]n the interpretation of a zoning ordinance, words in common use must be given their plain and natural meaning in the absence of any showing that in the enactment of such ordinance words and expressions contained therein were used iri other than their usual and ordinary sense. \\\" Ob. cit., Vol. 4, p\\u00e1g. 307.\"}"
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+"{\"id\": \"11081571\", \"name\": \"JAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\", \"name_abbreviation\": \"Lopez Marquez v. Radio Communication Service & DMC Heavy Equipment, Corp.\", \"decision_date\": \"1999-03-17\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-97-00832\", \"first_page\": \"27\", \"last_page\": \"36\", \"citations\": \"5 T.C.A. 27\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:01:07.192883+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez Brau Ram\\u00edrez, el Juez Col\\u00f3n Birriel y la Juez Pesante Mart\\u00ednez\", \"parties\": \"JAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\", \"head_matter\": \"99 DTA 109\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL VI DE CAGUAS/HUMACAO/GUAYAMA PANEL I\\nJAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\\nN\\u00fam. KLAN-97-00832\\nSan Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 1999\\nPanel integrado por su Presidente, el Juez Brau Ram\\u00edrez, el Juez Col\\u00f3n Birriel y la Juez Pesante Mart\\u00ednez\", \"word_count\": \"4993\", \"char_count\": \"30339\", \"text\": \"Brau Ram\\u00edrez, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION\\nI\\nLa parte apelante Radio Communication Service and DMC Heavy Equipment, Corp. (\\\"Radio Communication\\\") recurre de una sentencia emitida el 19 de junio de 1997 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Mediante el dictamen en cuesti\\u00f3n, el Tribunal declar\\u00f3 con lugar una demanda de retracto de colindantes presentada contra la apelante por el apelado Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez, relacionada a una parcela localizada en el Barrio Collores del Municipio de Las Piedras que hab\\u00eda sido adquirida por la apelante.\\nEl Tribunal resolvi\\u00f3 que el apelado ten\\u00eda derecho a adquirir dicha propiedad y emiti\\u00f3 un interdicto orden\\u00e1ndole a la apelante abstenerse de edificar, enajenar o de otra forma ejercer actos de dominio sobre la propiedad. El Tribunal orden\\u00f3 la remoci\\u00f3n de las edificaciones construidas en dicho predio por la apelante. La sentencia tambi\\u00e9n decret\\u00f3 la nulidad de una agrupaci\\u00f3n de terreno llevada a cabo por la apelante y le impuso honorarios de abogado de $10,000.00 a la apelante, por temeridad.\\nConfirmamos.\\nII\\nLa apelante Radio Communication es una corporaci\\u00f3n con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dedicada, entre otras cosas, al negocio de las comunicaciones. Para la fecha relevante a la presente controversia la due\\u00f1a y principal accionista de la apelante lo era la Sra. Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda.\\nEl litigio de autos gira en tomo al retracto de la siguiente propiedad, sita en el Barrio Collores del Municipio de Las Piedras, adquirida por Radio Communication.\\n' \\u2014 RUSTICA: Lote de terreno localizado en el Barrio Collores del t\\u00e9rmino municipal de Las Piedras, Puerto Rico, rotulado con el N\\u00famero Siete A (7A) en plano de inscripci\\u00f3n; con una cabida superficial de Mil Quinientos Setenta y Siete (1,577) Metros Cuadrados, equivalente a Cero Punto Cuatro Mil Doce (0.4012) Cuerdas, en lindes por el Norte, con la parcela dedicada a uso p\\u00fablico marcada con la letra \\\"B\\\" en el plano de inscripci\\u00f3n, distancia de cuarenta y ocho punto trescientos veinticinco (48.325) metros; por el Sur y Oeste, con el remanente de la finca principal de la cual se segrega, distancias de treinta punto cero veintiuno (30.021) metros y cuarenta y dos punto quinientos (42.500) metros; y por el Este, con terrenos propiedad de don Ram\\u00f3n Alicea Delgado, antes, hoy Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez, distancias de cuarenta y dos punto ochocientos cincuenta y seis (42.856) metros y cuatro punto cuatrocientos noventa y cinco (4.495) metros. \\\"\\nPara la fecha relevante a la presente controversia dicha propiedad pertenec\\u00eda al Sr. Cosme Alicea Mercado y a su esposa, Carmen Viera.\\nSeg\\u00fan el testimonio del Sr. Cosme Alicea durante el juicio, la finca era parte de una finca mayor que hab\\u00eda pertenecido a su padre, quien hab\\u00eda dedicado la misma a fines agr\\u00edcolas, mayormente para la cr\\u00eda de ganado. La finca ten\\u00eda una zonificaci\\u00f3n de Agr\\u00edcola A-3 y estaba comprendida en el \\u00e1rea de zonificaci\\u00f3n especial para municipios circundantes al Yunque.\\nEl 29 de julio de 1994, los esposos Alicea Viera otorgaron un contrato privado de compraventa a favor de Jos\\u00e9 M. D\\u00edaz Rodr\\u00edguez y Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda para la venta de un solar de 1,611.46 metros que supuestamente correspond\\u00eda al predio antes mencionado. Seg\\u00fan surge del expediente, el prop\\u00f3sito de la transacci\\u00f3n era el arrendamiento de dicho terreno a la Puerto Rico Telephone Company por la parte apelante para la construcci\\u00f3n de una torre y facilidades de telecomunicaciones para tel\\u00e9fonos celulares. No obstante, aunque para esta fecha la corporaci\\u00f3n Radio Communication exist\\u00eda, la misma no compareci\\u00f3 en el negocio, sino que el mismo fue otorgado por los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter personal.\\nEl contrato establec\\u00eda que \\\"la parte Vendedora le vende a la parte Compradora el solar antes indicado bajo las siguientes condiciones:\\n\\\"a. Que la compraventa de dicho solar se realiza por el acordado y justo precio de Catorce mil d\\u00f3lares de los cuales se ha hecho entrega con anterioridad a este contrato de la cantidad de Cinco mil d\\u00f3lares,...\\nb. Que Cinco mil d\\u00f3lares adicionales se entregar\\u00e1n una vez el Agrimensor Sr. Daniel Rosario D\\u00edaz marque los puntos debidamente en el terreno del solar de compraventa.\\nc. Una vez que la Junta de Administraci\\u00f3n y Reglamento de Permisos apruebe el plano de segregaci\\u00f3n se le proceder\\u00e1n a pagar los cuatro mil d\\u00f3lares\\\".\\nSeg\\u00fan su testimonio, el Sr. Cosme Alicea entend\\u00eda que \\u00e9l continuaba siendo el due\\u00f1o de la propiedad hasta que se aprobara la segregaci\\u00f3n del mismo y le pagaran la totalidad del precio.\\nLos esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez contrataron al agrimensor Daniel Rosario D\\u00edaz para llevar a cabo las gestiones para obtener el permiso de segregaci\\u00f3n de la propiedad, cosa que \\u00e9ste realiz\\u00f3 posteriormente.\\nEl 10 de julio de 1995, por v\\u00eda de la Escritura P\\u00fablica N\\u00famero Ochenta y Nueve (89) otorgada en Las Piedras ante el notario Margaro Rivera Guzm\\u00e1n, el apelado Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez adquiri\\u00f3 la siguiente propiedad r\\u00fastica sita en el Barrio Collores:\\n\\\" \\u2014 RUSTICA: -Predio de terreno radicado en el Barrio Collores del t\\u00e9rmino municipal de Las Piedras, Puerto Rico, identificado como LOTE NUMERO SEIS (6) en el Plano de inscripci\\u00f3n, con una cabida de SIETE MIL CUARENTA Y DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS CUADRADOS (7,042.40 M.C.), equivalentes a UNA CUERDA CON SETENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE OTRA (1.79 CDAS.), en lindes por el NORTE, con camino de uso p\\u00fablico, en dos alineaciones distintas que suman sesenta y un metros (61.00); por el SUR, con el lote n\\u00famero cinco (5) en cuatro alineaciones distintas que suman noventa y tres metros con cuatrocientos veintiocho mil\\u00edmetros (93.428); por el ESTE, con parcela de uso p\\u00fablico en cincuenta y un metros (51.00) y por el OESTE, con el lote n\\u00famero siete (7) en dos alineaciones distintas que suman ciento catorce metros con cuatrocientos setenta y dos mil\\u00edmetros (114.472). \\\"\\nLa propiedad adquirida por el apelado colindaba por el este con la finca del Sr. Cosme Alicea y su esposa.\\nEl 11 de octubre de 1995, mediante la Escritura P\\u00fablica N\\u00famero 231 sobre Segregaci\\u00f3n y Compraventa otorgada en dicha fecha en Humacao ante el notario Alfredo Torres Hern\\u00e1ndez, la apelante adquiri\\u00f3 el solar objeto del presente litigio del Sr. Cosme Alicea Delgado y su esposa. La propiedad fue vendida por el precio de $14,000.00, que era el mismo precio convenido por el Sr. Alicea y los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez. Al Sr. Alicea se le pag\\u00f3 el balance de $9,000.00 que hab\\u00eda quedado pendiente.\\nLa transacci\\u00f3n fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de noviembre de 1995, bajo la finca n\\u00famero doce mil seiscientos ochenta y dos (12,682) al folio ciento treinta y tres (133) del tomo doscientos treinta y nueve (239) de la Secci\\u00f3n de Humacao.\\nPosteriormente, la apelante hizo gestiones para obtener una variaci\\u00f3n de la zonificaci\\u00f3n de la propiedad.\\nSeg\\u00fan se desprende del r\\u00e9cord, el 23 de octubre de 1995 el apelado se enter\\u00f3 extrajudicialmente de la compraventa de la propiedad cuando se lo mencion\\u00f3 un tercero. Cuatro d\\u00edas m\\u00e1s tarde, el 27 de octubre de 1995, el apelado inst\\u00f3 la presente demanda de retracto al amparo del Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3923, y consign\\u00f3 en el Tribunal de Instancia la suma de $14,000.00, correspondiente al precio de venta de la finca.\\nPoco despu\\u00e9s, el 22 de noviembre de 1995, y antes de que la apelante hubiera contestado la demanda de retracto, dicha parte y el Sr. Cosme Alicea Delgado otorgaron la Escritura P\\u00fablica N\\u00fam. 60 ante el Notario F\\u00e9lix Ramos, mediante la cual el Sr. Alicea Delgado segreg\\u00f3 de su finca un solar adicional de mil novecientos (1,900) metros cuadrados y se lo vendi\\u00f3 a la apelante para que \\u00e9sta lo agrupara con el solar adquirido previamente y as\\u00ed formar una finca de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3,477) metros cuadrados. Esta transacci\\u00f3n fue posteriormente sometida al Registro, inscribi\\u00e9ndose la finca resultante bajo el n\\u00famero 12,684 al folio 133 del tomo 239 de Humacao.\\nPosteriormente, la parte apelante contest\\u00f3 la demanda, negando las alegaciones. Entre otras defensas, plante\\u00f3 que hab\\u00eda adquirido la finca antes que el apelado adquiriera la suya, el 29 de julio de 1994, mediante un contrato privado de compraventa, y no mediante la Escritura N\\u00fam. 231 la cual hab\\u00eda sido otorgada solamente para \\\"ratificar\\\" la transacci\\u00f3n anterior.\\nLa apelante solicit\\u00f3, adem\\u00e1s, la desestimaci\\u00f3n del caso alegando que la acci\\u00f3n de retracto de colindantes era inconstitucional por infringir las garant\\u00edas del debido proceso de ley y la igual protecci\\u00f3n de las leyes.\\nLuego de varios tr\\u00e1mites procesales, incluyendo un recurso previo ante este Tribunal, caso N\\u00fam. KLCE-96-00188, el apelado present\\u00f3 una solicitud de interdicto ante el Tribunal de Primera Instancia en la que alegaba que la apelante estaba llevando a cabo obras que alteraban la propiedad y suplicaba que se le ordenara detenerlas y reponer la finca a su estado original previo a la demanda. El Tribunal de Primera Instancia celebr\\u00f3 una vista evidenciar\\u00eda en tomo a esta solicitud. Terminada la vista, ambas partes acordaron someter su caso a base de la prueba desfilada durante la misma. '\\nA base de esta evidencia, el 19 de junio de 1997, el Tribunal emiti\\u00f3 la sentencia apelada, declarando con lugar la demanda de retracto.\\nEn su sentencia, la Sala recurrida concluy\\u00f3 que el apelado hab\\u00eda dado cumplimiento a los requisitos establecidos por los art\\u00edculos 1413 y 1414 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3923 y 3924, para llevar a cabo el retracto de colindantes.\\nEl Tribunal observ\\u00f3 que la propiedad hab\\u00eda sido descrita como una \\\"r\\u00fastica\\\" en la Escritura N\\u00fam. 231, y que la misma estaba zonificada A-3, zonificaci\\u00f3n que no hab\\u00eda sido variada a la fecha de la presentaci\\u00f3n de la demanda. El foro recurrido tambi\\u00e9n determin\\u00f3, a base del testimonio del Sr. Cosme Alicea, que \\\"[l]a finca nunca tuvo otro uso que no fuera agr\\u00edcola\\\".\\nEl Tribunal descart\\u00f3 la contenci\\u00f3n de la apelante de que la propiedad hab\\u00eda sido realmente vendida a la apelante mediante el contrato celebrado en julio de 1994, antes de que el apelado adquiriera su propiedad. Expres\\u00f3:\\n\\\"Seg\\u00fan la prueba admitida por el Tribunal no es correcto que la demandada Radio Communication Service and DMC Heavy Equipment Corp. adquiriera la finca objeto del presente retracto mediante contrato celebrado el 29 de julio de 1994. De una lectura de ese contrato surge que la demandante no figur\\u00f3 como parte compradora en el mismo. En el contrato celebrado el 29 de julio de 1994, ante el notario Angel L. Cintr\\u00f3n Carrasquillo figuraron como \\\"vendedores\\\" el se\\u00f1or Cosme Alicea Delgado y su esposa Carmen Viera y como \\\"compradores\\\" Jos\\u00e9 A. D\\u00edaz Rodr\\u00edguez y Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda, siendo esta \\u00faltima presidenta de la corporaci\\u00f3n y \\u00fanica accionista de la corporaci\\u00f3n demandada, aunque en dicha contrato no compareci\\u00f3 en tal calidad. \\\" ,\\nSeg\\u00fan dicho contrato, lo que la parte vendedora se propon\\u00eda a vender era un predio de 1,611.46 metros cuadrados equivalente a .41 cuerdas a ser segregadas de una finca de su propiedad.\\nDicho predio de 1,611.40 metros no exist\\u00eda como finca. Para proceder a segregarlo se contrat\\u00f3 al agrimensor Daniel Rosario.\\nLa venta de dicho predio fue condicionada a que se llevara a cabo tal segregaci\\u00f3n, previa aprobaci\\u00f3n de ARPE y a que se pagara la totalidad del precio acordado de $14,000.00, ya que s\\u00f3lo se hab\\u00eda pagado $5,000.00 al momento de la celebraci\\u00f3n del contrato quedando a deber los compradores $9,000.00 que deb\\u00edan ser pagados de la siguiente forma: $5,000.00 cuando el agrimensor Daniel Rosario marcara los puntos del solar y $4,000.00 cuando ARPE aprobara el plano de segregaci\\u00f3n.\\nConforme al testimonio del se\\u00f1or Cosme Alicea, due\\u00f1o del terreno, a su juicio lo que se otorg\\u00f3 el 29 de julio de 1994 fue un contrato de opci\\u00f3n de compra sobre dicho solar. Seg\\u00fan Cosme Alicea que fue llevado a declarar por la corporaci\\u00f3n demandada, \\u00e9l continuaba siendo el due\\u00f1o del terreno hasta que se aprobara la segregaci\\u00f3n del mismo y se le pagara el balance adeudado. Cuando se cumplieron tales condiciones, estuvo dispuesto a otorgar las escrituras de compraventa y ceder la titularidad del terreno, lo que se hizo mediante la escritura n\\u00famero 231 otorgada el 11 de octubre de 1995.\\nEl Tribunal declar\\u00f3 con lugar la demanda y orden\\u00f3 la subrogaci\\u00f3n del apelado en las mismas condiciones estipuladas en la Escritura N\\u00fam. 231. El Tribunal orden\\u00f3 a la apelante abstenerse de edificar, enajenar o ejercer actos de dominio sobre la propiedad, as\\u00ed como remover cualquier edificaci\\u00f3n construida luego de la presentaci\\u00f3n de la demanda. Tambi\\u00e9n se decret\\u00f3 la nulidad de la agrupaci\\u00f3n realizada. El Tribunal impuso a la parte apelante la suma de $10,000.00 por concepto de honorarios de abogado, por temeridad.\\nLa apelante solicit\\u00f3 determinaciones adicionales de hecho, as\\u00ed como la reconsideraci\\u00f3n de la sentencia, solicitudes que fueron denegadas por el Tribunal. Insatisfecha, la apelante acudi\\u00f3 entonces ante este foro.\\nIII\\nEn su recurso, la apelante plantea la comisi\\u00f3n de varios errores por el Tribunal de Primera Instancia, dirigidos a cuestionar la procedencia de la acci\\u00f3n de retracto, su constitucionalidad, la expedici\\u00f3n de un injunction y la imposici\\u00f3n de honorarios de abogado.\\nLa apelante plantea que err\\u00f3 el Tribunal al declarar con lugar la demanda de retracto a pesar de que la apelante adquiri\\u00f3 su predio el 29 de julio de 1994, casi un a\\u00f1o antes que el apelado adquiriera el suyo y que el predio en cuesti\\u00f3n no era \\\"r\\u00fastico\\\" en el contexto que este t\\u00e9rmino se emplea en el Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil.\\nLa figura del retracto de colindantes est\\u00e1 regulada por el mencionado Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. see. 3923. Se trata de un derecho real de adquisici\\u00f3n preferente. Quien lo ejerce se subroga en la posici\\u00f3n del comprador con las mismas condiciones estipuladas en el contrato de venta. 31 L.P.R.A. sec. 3921; Santos v. L\\u00f3pez, 26 D.P.R. 417 (1918); Gonz\\u00e1lez v. Godreau, 21 D.P.R. 158 (1914).\\nEl prop\\u00f3sito de este derecho, proveniente del Art. 1523 del C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, es evitar que ocurra el minifundio o la divisi\\u00f3n excesiva de las propiedades r\\u00fasticas, en detrimento del valor y desarrollo de este tipo de recurso. Manresa y Navarro, infra, a la p\\u00e1g. 519.\\nPara que proceda el retracto de colindantes se requiere: a) que se trate de una finca de naturaleza r\\u00fastica; b) que no exceda de una hect\\u00e1rea de cabida; c) que las fincas sean colindantes, no est\\u00e9n separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas; d) que exista una venta o daci\\u00f3n en pago a favor de un extra\\u00f1o; y e) que no medie un retracto de comuneros, pues \\u00e9ste excluye al de colindantes. V\\u00e9ase, 31 L.P.R.A. sec. 3924; v\\u00e9anse, adem\\u00e1s, V\\u00e9lez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, P.R., Centro Gr\\u00e1fico del Caribe, Inc., 1992, t. II, p\\u00e1gs. 469-470; Revista de Derecho Privado (M. Albaladejo y S. D\\u00edaz Alabart, directores), Comentarios al C\\u00f3digo Civil y Compilaciones Forales, 2da Ed., Editorial Revista de Derecho Privado, 1991, Tomo XIX, p\\u00e1gs. 663-675; Manresa y Navarro, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Reus, Madrid, 1969, Tomo X, p\\u00e1gs. 519-525; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 3, 3ra edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1983, a las p\\u00e1gs. 419-428.\\nEl Art. 1414 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3924, establece que el derecho debe ejercitarse dentro de nueve (9) d\\u00edas contados desde la inscripci\\u00f3n en el registro, y \\\"en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. \\\"\\nEste plazo es de caducidad. J. Puig Brutau, supra, a la p\\u00e1g. 414; J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil Espa\\u00f1ol Com\\u00fan y Foral, Tomo IV, Reus, Madrid, 1993, p\\u00e1g. 182; Qui\\u00f1ones Qui\\u00f1ones v. Qui\\u00f1ones Irizarry, 91 D.P.R. 251-265 (1964).\\nPara poder interponer una demanda de retracto se requiere, adem\\u00e1s, que el retrayente consigne el precio de la propiedad. V\\u00e9ase, Art. 1407 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3912; Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. 718, 724 (1951)\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, no existe controversia que al momento del otorgamiento de la Escritura N\\u00fam. 231 el 11 de octubre de 1995, el apelado era due\\u00f1o de una propiedad colindante a la de la apelante y que ejercit\\u00f3 su derecho de retracto dentro de los nueve d\\u00edas de enterarse de dicha transacci\\u00f3n, consignando el precio de venta en el Tribunal.\\nLa apelante plantea, sin embargo, que la transacci\\u00f3n del 11 de octubre de 1995 s\\u00f3lo constituy\\u00f3 una \\\"ratificaci\\u00f3n\\\" del negocio anterior de compraventa celebrado entre las partes el 29 de julio de 1994, cuando el apelado todav\\u00eda no era el titular de la propiedad. Alega que, en estas circunstancias, no procede el ejercicio del retracto.\\nEl Tribunal de Primera Instancia, seg\\u00fan hemos visto, entendi\\u00f3 que el negocio del 29 de julio de 1994 no pod\\u00eda considerarse una compraventa, porque estaba sujeto a que se aprobara la segregaci\\u00f3n de la propiedad, cuya descripci\\u00f3n y cabida fue modificada luego de la mensura. Tambi\\u00e9n observ\\u00f3 que la apelante no hab\\u00eda comparecido en dicho negocio, sino que \\u00e9ste se hab\\u00eda llevado a cabo a nombre de los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter personal y que el propio vendedor hab\\u00eda entendido que \\u00e9l hab\\u00eda continuado siendo el due\\u00f1o hasta la transacci\\u00f3n de octubre de 1995.\\nLa doctrina espa\\u00f1ola, formulada en tomo a los retractos de comuneros es que \\\"el retracto s\\u00f3lo puede aprovecharse cuando la venta est\\u00e1 consumada, esto es, cuando el vendedor ha transmitido al comprador el dominio con la posesi\\u00f3n de la cosa mediante la tradici\\u00f3n real o simb\\u00f3lica siendo necesario no s\\u00f3lo una operaci\\u00f3n de compraventa, sino una verdadera y consumada adquisici\\u00f3n del dominio por parte del tercero..., pues la simple promesa de venta, a\\u00fan aceptada, que no produce efectos transmisivos, sino obligatorios, s\\u00f3lo da lugar a un derecho expectante.\\\" Supra, a la p\\u00e1g. 410. Entendemos que estas normas son aplicables a los retractos de colindantes. Id., a la p\\u00e1g. 429.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, no consideramos que el Tribunal de Pri\\u00edhera Instancia hubiera abusado de su discreci\\u00f3n al rechazar la contenci\\u00f3n de la apelante de que hab\\u00eda adquirido la propiedad el 29 de julio de 1994. Creemos que, a base del r\\u00e9cord, dicho Tribunal pod\\u00eda razonablemente concluir que dicha transacci\\u00f3n no hab\\u00eda tenido un efecto traslativo de dominio, sino que constitu\\u00eda un precontrato o promesa de venta con efecto personal. V\\u00e9ase, 31 L.P.R.A. sec. 37471; Soto V\\u00e1zquez v. Rivera Alvarado,_D.P.R._(1997), 97 J.T.S. 145, a la p\\u00e1g. 365; Jord\\u00e1n-Rojas v. Padr\\u00f3 Gonz\\u00e1lez, 103 D.P.R. 813, 817 (1975); v\\u00e9anse, adem\\u00e1s, Jos\\u00e9 Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. 2, 2da edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1982, a las p\\u00e1gs. 1-5; Manuel Albaladejo, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, 2da edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1975, a las p\\u00e1gs. 362-367; Bernardo Moreno Quesada, La Oferta de Contrato, Barcelona, 1963, p\\u00e1gs. 24-26.\\nObs\\u00e9rvese que el negocio de 1994 fue celebrado mediante escritura privada, contrario a lo requerido por el Art. 1232 del C\\u00f3digo Civil para negocios que \\\"tengan por objeto la creaci\\u00f3n, transmisi\\u00f3n, modificaci\\u00f3n o extinci\\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles.\\\" 31 L.P.R.A. sec. 3453. Su fecha, por lo tanto, no resultaba oponible al apelado, seg\\u00fan el Art. 1181 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3282.\\nM\\u00e1s a\\u00fan, seg\\u00fan se\\u00f1alara el Tribunal de Primera Instancia, la segregaci\\u00f3n d\\u00e9 la propiedad no hab\\u00eda sido aprobada, dependiendo la legalidad de la transacci\\u00f3n de dicho tr\\u00e1mite. Preciosas Vistas del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802, 811-812 (1981); Mel\\u00e9ndez v. Jim\\u00e9nez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892, 897 (1970). Tampoco el mismo fue otorgado a nombre de la apelada, sino que los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez comparecieron en su car\\u00e1cter personal.\\nLa norma en nuestra jurisdicci\\u00f3n es que un tribunal apelativo no intervendr\\u00e1 con la apreciaci\\u00f3n que de la prueba desfilada haya hecho el Tribunal de Instancia en ausencia error manifiesto, pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad. Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil. V\\u00e9anse, M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Morales Molina,_D.P.R._(1996), 96 J.T.S. 149, a la p\\u00e1g. 347; C\\u00e1ndido Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Company,_D.P.R._(1996), 96 J.T.S. 145, a la p\\u00e1g. 298; Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987); v\\u00e9ase, adem\\u00e1s, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, carecemos de elementos de juicio para sustituir el criterio del foro de Primera Instancia.\\nEn cualquier caso, aun si pudiera admitirse la contenci\\u00f3n de la apelante, lo cierto es que el negocio llevado a cabo mediante escritura privada no fue elevado a escritura p\\u00fablica ni conocido por el apelado sino hasta octubre de 1995. Para esa fecha el apelado ya era due\\u00f1o del predio colindante, por lo que indudablemente ten\\u00eda derecho a ejercitar el retracto.\\nLa parte apelante plantea que la acci\\u00f3n de retracto resultaba improcedente porque la finca no era r\\u00fastica.\\nLa cualidad de r\\u00fastica de la finca se fija al momento de la perfecci\\u00f3n del contrato. Revista de Derecho Privado, supra, a la p\\u00e1g. 666; Manresa y Navarro, supra, a la p\\u00e1g. 527.\\nSe trata m\\u00e1s bien de una cuesti\\u00f3n de hecho. Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726; Revista de Derecho Privado, supra, a la p\\u00e1g. 665.\\nEn Qui\\u00f1ones v. Alcaide, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci\\u00f3 que es m\\u00e1s bien la naturaleza predominante a que se dedica la finca lo que determina su condici\\u00f3n. 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726. [3] En t\\u00e9rminos generales, se\\u00f1ala Puig Brutau, son fincas r\\u00fasticas las que no est\\u00e1n edificadas y son urbanas las que lo est\\u00e1n. J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1989, Vol. III, p\\u00e1g. 369; v\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726.\\nOtros comentaristas a\\u00f1aden que se tendr\\u00e1 en cuenta para decidir sobre la calificaci\\u00f3n, la situaci\\u00f3n o emplazamiento del predio en el campo o en la poblaci\\u00f3n y el aprovechamiento o destino (explotaci\\u00f3n agr\\u00edcola, pecuaria o forestal, frente a vivienda, industria o comercio), si ambos elementos coexisten, se atender\\u00e1 a la preponderancia de uno de \\u00e9stos o la relaci\\u00f3n de dependencia que entre ellos exista. Revista de Derecho Privado, supra, p\\u00e1g. 665; Manresa y Navarro, supra, a la p\\u00e1g. 520.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, el Tribunal de Primera Instancia encontr\\u00f3 que el predio en cuesti\\u00f3n estaba categorizado como \\\"A-3\\\" por la Junta de Planificaci\\u00f3n al momento de su retracto, que el historial de la finca revelaba que hab\\u00eda sido dedicada predominantemente a usos agr\\u00edcolas, y que la finca hab\\u00eda sido caracterizada como r\\u00fastica en la propia Escritura P\\u00fablica N\\u00fam. 231.\\nEn estas circunstancias, declinamos intervenir con la determinaci\\u00f3n del Tribunal.\\nLa parte apelante cuestiona la constitucionalidad de la acci\\u00f3n de retracto establecida por el Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil, alegando que esta disposici\\u00f3n est\\u00e1 re\\u00f1ida con las garant\\u00edas constitucionales del debido procedimiento de ley y la igual protecci\\u00f3n de la leyes establecidas por el Art. \\u00a1H, Secci\\u00f3n 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.\\nLa Asamblea Legislativa, seg\\u00fan se conoce, goza de amplia facultad para, en el ejercicio de su poder de raz\\u00f3n de estado (\\\"police power\\\"), aprobar reglamentaci\\u00f3n econ\\u00f3mica dirigida a promover el bienestar de la comunidad. Defendini Collazo v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._, (1993), 93 J.T.S. 119, a lap\\u00e1g. 11011; Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983).\\nPara examinar la validez de una reglamentaci\\u00f3n econ\\u00f3mica frente a un reclamo amparado en la garant\\u00eda del debido proceso de ley en su modalidad sustantiva, [4] la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado un \\\"escrutinio de razonabilidad\\\". Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80.\\nBajo el mismo, la reglamentaci\\u00f3n impugnada se presume constitucional y el peso de la prueba recae sobre la parte que impugna su validez constitucional para establecer que la misma no guarda conexi\\u00f3n con objetivo leg\\u00edtimo alguno del estado.\\nEste escrutinio, por lo tanto, requiere: a) identificar el objetivo que persigue la reglamentaci\\u00f3n; b) determinar si tal objetivo es uno leg\\u00edtimo del Estado; y c) evaluar la relaci\\u00f3n entre los objetivos que persigue la reglamentaci\\u00f3n y los medios que el Estado emplea para lograr dichos objetivos. Defendini Collazo v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._(1993), 93 J.T.S. 119, a la p\\u00e1g. 11011; V\\u00e9lez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 538 (1984); Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80 (1983).\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, seg\\u00fan mencionado, el derecho de retracto persigue evitar la dispersi\\u00f3n de terrenos y la creaci\\u00f3n de minifundios, en detrimento del valor de dicho recurso. Toda vez que \\u00e9ste es sin duda un fin leg\\u00edtimo para el estado y que el comprador es reembolsado en el precio de la cosa pagado por \\u00e9l, no percibimos vicio alguno constitucional. En cuanto a la cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes, se ha reconocido que la misma no exige un trato igual para todos los ciudadanos, pero proh\\u00edbe un trato desigual injustificado. M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 332 (1987).\\nCuando se trata de una clasificaci\\u00f3n establecida por una reglamentaci\\u00f3n de car\\u00e1cter econ\\u00f3mico, se utiliza un escrutinio m\\u00ednimo, similar al empleado bajo la cl\\u00e1usula de debido proceso. Una clasificaci\\u00f3n de esta naturaleza no debe ser invalidada, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un inter\\u00e9s leg\\u00edtimo del Estado. Disidente Universal de P.R. Inc. v. Depto. de Estado,_ D.P.R._, (1998), 98 J.T.S. 68, a las p\\u00e1gs. 1010-1011; M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 333 (1987); V\\u00e9lez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 538 (1984); Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80.\\nProcede, igualmente, denegar el planteamiento de la apelante.\\nLa apelante alega que el foro de Primera Instancia descans\\u00f3 en un proyecto de sentencia preparado ex-parte por la representaci\\u00f3n legal del apelado.\\nNo hay base en el r\\u00e9cord, sin embargo, para esta aseveraci\\u00f3n, la que corresponde m\\u00e1s bien a una impresi\\u00f3n de la representaci\\u00f3n legal de la apelante. En cualquier caso, la utilizaci\\u00f3n de un proyecto de sentencia, de por s\\u00ed, no ser\\u00eda inv\\u00e1lida. Rom\\u00e1n Cruz v. D\\u00edaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982); Malav\\u00e9 v. Hosp. de la Concepci\\u00f3n, 100 D.P.R. 55, 56 (1971). Toda vez que hemos determinado que la decisi\\u00f3n del Tribunal fue correcta a la luz del r\\u00e9cord, resolvemos que este error tampoco fue cometido. V\\u00e9anse, B\\u00e1ez Garc\\u00eda v. Cooper Labs Inc., 120 D.P.R. 145, 157 (1987); Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 42 (1987); Malav\\u00e9 v. Hosp. de la Concepci\\u00f3n, 100 D.P.R. a las p\\u00e1gs. 56-57.\\nLa apelante se queja de que el Tribunal emiti\\u00f3 un injunction orden\\u00e1ndole reponer la propiedad a su condici\\u00f3n original a la fecha de la demanda de retracto y que dicho foro orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n de la inscripci\\u00f3n de agrapaci\\u00f3n de los predios realizada por la apelante. Dichos remedios, a nuestro juicio, resultan apropiados y son una consecuencia del dictamen del Tribunal adjudicando el t\\u00edtulo de la propiedad al apelado.\\nFinalmente, la apelante plantea que err\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia al imponerle honorarios de abogados por temeridad.\\nEl prop\\u00f3sito de la imposici\\u00f3n de honorarios de abogado es el de sancionar al litigante perdidoso que por su temeridad, obstinaci\\u00f3n, contumacia e insistencia en una actitud fr\\u00edvola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. V\\u00e9anse, Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987); Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444, 448 (1954).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la acci\\u00f3n que amerita la imposici\\u00f3n de honorarios de abogados es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. V\\u00e9ase, Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. a las p\\u00e1gs. 718-719.\\nEl Tribunal de Primera Instancia goza de amplia discreci\\u00f3n en este tipo de determinaciones. V\\u00e9anse, Miranda v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._(1994), 94 J.T.S. 152, a la p\\u00e1g. 527; Ram\\u00edrez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 (1949); Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. a la p\\u00e1g. 717; Ralu\\u00e1n Corp. v. Feliciano, 111 D.P.R. 598, 601-602 (1981).\\nEn el caso de autos, consideramos que el Tribunal de Primera Instancia no abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n al determinar que la parte apelante hab\\u00eda actuado con temeridad al litigar el derecho de retracto del apelado, a base de argumentos carentes de substancia.\\nPor los fundamentos antes expresados se confirma la sentencia apelada.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIOS 99 DTA 109\\n1. Aparentemente, dicha zonificaci\\u00f3n se vari\\u00f3 despu\\u00e9s, conforme hab\\u00eda sido solicitado por la apelante.\\n2. Una hect\\u00e1rea resulta ser un poco m\\u00e1s de 2 1/2 cuerdas.\\n3. Previamente, el Tribunal Supremo hab\\u00eda resuelto que una parcela de terreno, usada principalmente para fines agr\\u00edcolas, no perd\\u00eda su naturaleza r\\u00fastica por haberse establecido en ella una v\\u00eda de ferrocarril para fines comerciales. Gonz\\u00e1lez v. Ortiz, 28 D.P.R. 797, 799 (1920).\\n4. Como se sabe, la garant\\u00eda del debido proceso de ley opera en dos dimensiones distintas: la procesal y la sustantiva. La vertiente sustantiva del debido proceso de ley persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. La vertiente procesal le impone al Estado la obligaci\\u00f3n de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a trav\\u00e9s de un procedimiento que sea justo y equitativo. Uni\\u00f3n Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios P\\u00fablicos v. Autoridad de Edificios P\\u00fablicos, _D.P.R._, (1998), 98 J.T.S. 111, a la p\\u00e1g 51; Rivera Rodr\\u00edguez v. Stowell Taylor,_D.P.R._, (1993), 93 J.T.S. 111, a la p\\u00e1g. 10931; Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 574-576 (1992).\"}"
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Alega la parte recurrente que err\\u00f3 el Departamento de Estado porque no existe probabilidad de confusi\\u00f3n entre las marcas \\u00e9n cuesti\\u00f3n.\\nExaminado el expediente, las alegaciones de las partes y el derecho aplicable, concluimos qu\\u00e9 procede denegar la expedici\\u00f3n del recurso.\\nGecko present\\u00f3 ante el Departamento de Estado una solicitud de registro para la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", bajo la clasificaci\\u00f3n 42, correspondiente a miscel\\u00e1neos. La solicitud se refer\\u00eda al registro de la marca d\\u00e9 un negocio para el expendio de comidas, bebidas, cocina creativa, banquetes y exhibici\\u00f3n de obras de arte. Dicho negocio est\\u00e1 localizado en la calle Fortaleza en San Juan. Anejo del recurso, p\\u00e1gs. 1 y 2.\\nEl Departamento de Estado deneg\\u00f3 en la resoluci\\u00f3n recurrida el registro de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" por ser muy similar a la marca previamente inscrita \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" en cuanto a su contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico, en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n. Anejo 7 del recurso, p\\u00e1gs. 14-17.\\nEn la consideraci\\u00f3n del recurso cuestionando esa determinaci\\u00f3n debemos, en primer lugar, exponer brevemente las normas que rigen nuestra funci\\u00f3n revisora en casos de esta naturaleza y, en segundo lugar, las correspondientes al derecho de marcas en nuestra jurisdicci\\u00f3n. La norma general de revisi\\u00f3n judicial de determinaciones administrativas promulga deferencia judicial a \\u00e9stas a base de la especializaci\\u00f3n. Bajo ese criterio de deferencia, nos corresponde determinar si la agencia actu\\u00f3 de manera arbitraria, ilegal, o tan irrazonablemente que su actuaci\\u00f3n constituy\\u00f3 un abuso de discreci\\u00f3n. Misi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificaci\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 79, p\\u00e1g. 1161; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R _ (1993), 93 J.T.S. 165, p\\u00e1g. 11383; Murphy Bernab\\u00e9 v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Tambi\\u00e9n nos corresponde determinar si la decisi\\u00f3n del organismo administrativo se basa en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo o est\\u00e1 hu\\u00e9rfana de prueba sustancial en la totalidad del r\\u00e9cord. Las conclusiones de derecho de la agencia ser\\u00e1n revisables en todos sus aspectos. Misi\\u00f3n Industrial de P.R. v. Junta de Planificaci\\u00f3n, et als, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 34, p\\u00e1g. 719; secci\\u00f3n 4.5 de la Ley N\\u00fam. 170 de 12 de agosto de 1988, seg\\u00fan enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A. U.), 3 L.P.R.A. sec. 2175.\\nLas determinaciones de hechos ser\\u00e1n sostenidas por el tribunal si no son arbitrarias, err\\u00f3neas en derecho o contrarias a la prueba que obra en el expediente. Corresponde a la parte recurrente derrotar la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de las determinaciones de la agencia y demostrar que \\u00e9sta incurri\\u00f3 en errores en las determinaciones de hechos o en el derecho que ameriten su revisi\\u00f3n. No basta con hacer alegaciones basadas en especulaciones o inferencias, puesto que la revisi\\u00f3n judicial de la decisi\\u00f3n administrativa se limita al r\\u00e9cord o expediente.\\nEn cuanto al derecho aplicable a la controversia bajo consideraci\\u00f3n, la Ley de Marcas de F\\u00e1brica, N\\u00fam. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A. secs. 171 ss., establece el r\\u00e9gimen jur\\u00eddico para la protecci\\u00f3n de marcas en Puerto Rico. El t\\u00e9rmino marca se define por ley como todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona e incluye cualquier marca de f\\u00e1brica, servicio y colectiva. Las marcas de servicio se definen como todo signo o medio que sirva para distinguir los servicios de una persona de los de otra. Art\\u00edculo 2, 10 L.P.R.A. sec. 171, incisos (a) y (c).\\nLa Ley de Marcas de F\\u00e1brica consagra el derecho de propiedad sobre las marcas al disponer que \\u00e9ste se adquiere por su registro v\\u00e1lido, conforme los requisitos establecidos en dicha ley. Art\\u00edculos 3 y 4, 10 L.P.R.A. secs. 171 (a) y 171 (b). El Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado complementa los requisitos legales para la presentaci\\u00f3n de una solicitud de registro. Reglamento de 18 de febrero de 1992, Expediente N\\u00fam. 4638.\\nEl Secretario de Estado queda limitado por la referida ley en su facultad de efectuar el registro de marcas cuando se den las circunstancias especificadas en el Art\\u00edculo 5 (a), que dispone cu\\u00e1les marcas no son registrables. En lo que nos concierne, el aludido art\\u00edculo dispone que no se registrar\\u00e1 una marca que sea id\\u00e9ntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico o de lugar a enga\\u00f1o de los compradores. Tampoco ser\\u00e1 registrable una marca que sea id\\u00e9ntica o similar a un nombre comercial inscrito o que se haya solicitado su registro en el Departamento de Estado, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico. Art\\u00edculo 5 (a) (7) y (8), 10 L.P.R.A. 171 c (a) (7) y (8).\\nLa ley dispone que cuando se presente una solicitud para el registro de una marca que es sustancialmente id\\u00e9ntica o que se parezca a una marca registrada en el Departamento de Estado a nombre de otro o a otra ya conocida que pertenezca y se use por otro que, en la opini\\u00f3n del Secretario de Estado pueda inducir a confusi\\u00f3n, el Secretario decidir\\u00e1 qui\\u00e9n tiene el derecho al registro de la marca. Art\\u00edculo 9, 10 L.P.R.A. sec. 171g.\\nLa falta de autoridad del Secretario para inscribir marcas de f\\u00e1brica que tanto se asemejen a la marca de f\\u00e1brica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico, estaba tambi\\u00e9n contemplada en la legislaci\\u00f3n anterior. Ley N\\u00fam. 66 de 28 de julio de 1923, derogada por la Ley N\\u00fam. 63, supra. En un caso bajo la legislaci\\u00f3n anterior, nuestro Tribunal Supremo resolvi\\u00f3 que establecida la probabilidad de confusi\\u00f3n, correspond\\u00eda al que solicita la inscripci\\u00f3n de la marca rebatir dicha probabilidad y que en ausencia de base en el r\\u00e9cord, no pod\\u00eda el tribunal intervenir con la decisi\\u00f3n del Secretario de Estado denegando la inscripci\\u00f3n. Garriga Trad. Co. v. Century Pack Corp., 107 D.P.R. 519; 525 (1978).\\nEn el caso de Posadas de Puerto Rico Associates, Inc. v. Sands Hotel & Casino, 131 D.P.R. 21 (1992), el Tribunal Supremo se expres\\u00f3 sobre el concepto de \\\"probabilidad de confusi\\u00f3n\\\" bajo el derecho marcario. En dicho caso se\\u00f1al\\u00f3 el Tribunal que el derecho propietario de una marca pertenece al primero que la utilice en relaci\\u00f3n con su producto o servicio en la jurisdicci\\u00f3n que ofrece la protecci\\u00f3n jur\\u00eddica, por lo que \\u00fanicamente existe una violaci\\u00f3n a ese derecho si la marca utilizada posteriormente crea una probabilidad de confusi\\u00f3n al consumidor con respecto a la marca protegida. Dispuso, adem\\u00e1s, que existe probabilidad de confusi\\u00f3n cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que est\\u00e1 comprando otro producto. La confusi\\u00f3n tiene que ser probable; no es suficiente una mera posibilidad de confusi\\u00f3n. El Tribunal Supremo reconoci\\u00f3 que no existe una norma precisa para determinar la existencia de probabilidad de confusi\\u00f3n entre dos productos o servicios. Es menester examinar las circunstancias particulares de cada caso, a base del balance entre los factores o criterios desarrollados jurispmdencialmente para analizar la probabilidad de confusi\\u00f3n. Algunos de estos criterios son: la similaridad entre las marcas, la similaridad de los productos o servicios, la fuerza de la marca o su distintivo, la intenci\\u00f3n del segundo usuario al adoptar la marca de servicio y evidencia de confusi\\u00f3n actual o real. En el aludido caso se explican individualmente estos criterios. Vale se\\u00f1alar que en cuanto al factor de confusi\\u00f3n actual, se determin\\u00f3 que no es necesaria evidencia a esos efectos para demostrar imitaci\\u00f3n de marcas, aunque constituir\\u00eda la mejor evidencia para demostrar que existe probabilidad de confusi\\u00f3n. Posadas, supra, p\\u00e1gs. 42-50.\\nEn la resoluci\\u00f3n recurrida, el Secretario de Estado reconoci\\u00f3 criterios similares a los establecidos por nuestra jurisprudencia seg\\u00fan se\\u00f1alados previamente, incluyendo y especificando otros, tales como similaridad en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n, distintividad de la marca del usuario con mayor antig\\u00fcedad, posibilidad de que \\u00e9ste expanda servicios, extensi\\u00f3n de venta de servicios en territorios diferentes, y la intenci\\u00f3n del usuario reciente.\\nLa Ley de Marcas no contiene un procedimiento administrativo ulterior, luego de que el Secretario deniega la solicitud, como lo establece para cuando se propone inscribir el registro de una marca. Esta dispone que si del examen de la solicitud resulta rechazable el registro de la marca, el Secretario lo notificar\\u00e1 al solicitante, d\\u00e1ndole las razones para su rechazo. Si del examen resulta que tiene derecho al registro solicitado, se seguir\\u00e1 el procedimiento de ley de publicaci\\u00f3n y oportunidad de oposici\\u00f3n. Art\\u00edculo 7, 10 L.P.R.A. sec. 171e.\\nUna persona perjudicada por una decisi\\u00f3n del Secretario de Estado neg\\u00e1ndose a registrar una marca de f\\u00e1brica puede cuestionar dicha decisi\\u00f3n por dos v\\u00edas: (a) solicitando la cancelaci\\u00f3n del registro de la marca inscrita por otro, o (b) solicitando revisi\\u00f3n judicial. J. Bel\\u00e9ndez Sol\\u00e1, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974). Respecto a lo primero, la solicitud de cancelaci\\u00f3n debe ser sometida dentro de los cinco (5) a\\u00f1os de la inscripci\\u00f3n y estar basada en los fundamentos de ley entre \\u00e9stos, que la marca se ha convertido en nombre gen\\u00e9rico. Art\\u00edculo 19, 10L.P.R.A. sec. 171q.\\nGecko ten\\u00eda tambi\\u00e9n disponible la solicitud de reconsideraci\\u00f3n ante la agencia, mas opt\\u00f3 por presentar este recurso de revisi\\u00f3n judicial ampar\\u00e1ndose en argumentaciones para rebatir la decisi\\u00f3n recurrida. Reconoce en el recurso que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" obtuvo la inscripci\\u00f3n de su nombre comercial con anterioridad a su solicitud. No obstante, argumenta que no existe probabilidad de confusi\\u00f3n con su solicitud para inscribir \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", debido a que ambos locales comerciales est\\u00e1n dirigidos a clientela diferente, operan en distintos horarios y el concepto de los negocios es diferente. En s\\u00edntesis, arguye que los criterios relevantes demuestran que no hay similitud, porque a los nombres los distingue la palabra \\\"Restaurant\\\" y ambos negocios se orientan a clientela diferente en mercado y territorio; las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9, y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fanmente usadas en el ramo de servicios; existe proximidad de fechas, a\\u00f1o 1998, en el uso de ambos nombres; la experiencia ha sido que no existe confusi\\u00f3n, y que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso del nombre \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\".\\nLos argumentos del recurrente no derrotan la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n recurrida, ni encuentran apoyo en el expediente. Veamos.\\nEn las solicitudes de registro de marca de ambos negocios se describen los servicios como que incluyen el expendio de comida y bebida. Aunque los recurrentes caracterizan ante nos su negocio como una barra, donde incidentalmente se sirve comida, surge del Permiso de Uso expedido a su favor por la Administraci\\u00f3n de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) que el establecimiento de los recurrentes est\\u00e1 autorizado a usarse como \\\"restaurante con expendio de bebidas alcoh\\u00f3licas con \\u00e1rea de banquetes\\\" y que como condici\\u00f3n al permiso se estableci\\u00f3 que el mismo no se convertir\\u00eda en barra o club nocturno. Ap\\u00e9ndice de la oposici\\u00f3n, p\\u00e1g. 5. Por tanto, hay base en el expediente para sustentar que los tipos de servicios representados por ambas marcas son similares y no se ha demostrado lo contrario. El uso se\\u00f1alado como el de exhibici\\u00f3n de obras de arte en la solicitud de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" no desvirt\\u00faa el car\\u00e1cter principal del negocio como de servicios de comida y bebida.\\nSe sostiene, pues, la determinaci\\u00f3n de similitud de ambos por la clasificaci\\u00f3n de miscel\\u00e1neos y por los servicios que ofrecen. Ambos ubican en el Viejo San Juan y su mercado es com\\u00fan. La diferencia que pretende establecer el recurrente a base de la clientela a que est\\u00e1n dirigidos, \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", a j\\u00f3venes y j\\u00f3venes adultos con m\\u00fasica, amenidades para j\\u00f3venes y operaci\\u00f3n b\\u00e1sicamente nocturna y el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", a un p\\u00fablico maduro y operaci\\u00f3n temprana en la noche, no quedan evidenciados en el r\\u00e9cord, ni ante este Tribunal. Tampoco en la solicitud de registro de marca presentada por el recurrente, ni en el permiso concedido por A.R.P.E. se hace menci\\u00f3n de las especificaciones o diferencias que \\u00e9ste reclama. En cuanto al contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico de los nombres, ello surge del uso en \\u00e9stos de las palabras \\\"caf\\u00e9\\\" y de \\\"gallery\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\". Aunque las dos \\u00faltimas palabras son una en ingl\\u00e9s y otra en espa\\u00f1ol, suenan similares en su pronunciaci\\u00f3n.\\nPor otra parte, no hay la proximidad de fechas en usos que alega el recurrente. Seg\\u00fan la solicitud de \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", este nombre se usa en el comercio desde 1995 y el del recurrente desde 1998, teniendo el primero, adem\\u00e1s de la protecci\\u00f3n registral, mayor antig\\u00fcedad.\\nRespecto a la contenci\\u00f3n de Gecko de que las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fan y extensamente utilizadas por los comerciantes en el ramo de servicios, al grado de que la probabilidad de confusi\\u00f3n es menor por ese motivo, existe como hemos indicado, el procedimiento administrativo en ley ante el Departamento de Estado para solicitar la cancelaci\\u00f3n de un registro por el fundamento de que la marca se ha convertido en el nombre gen\\u00e9rico del producto o de los servicios para los cuales se usa, y no compete su dilucidaci\\u00f3n a este Tribunal.\\nEn cuanto a la alegaci\\u00f3n de que \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", est\\u00e1 establecido que ni aun por convenio privado una parte puede permitir el uso de una marca para obligar al Secretario de Estado su inscripci\\u00f3n. El registro de una marca es no s\\u00f3lo en protecci\\u00f3n de una parte, sino especialmente en protecci\\u00f3n del p\\u00fablico consumidor. Garriga Trad. Co. Inc., supra, p\\u00e1g. 524.\\nPor \\u00faltimo, la falta de confusi\\u00f3n actual o real, \\u00fanico error levantado en el recurso, y de la intenci\\u00f3n del segundo usuario, no est\\u00e1 contenida en el expediente, ni se sustenta en el recurso. La probabilidad de confusi\\u00f3n surge de los criterios considerados por el Secretario de Estado, lo que no ha sido refutado por Gecko con otra pmeba que no sea la obrante en el expediente.\\nEn conclusi\\u00f3n, al considerar en conjunto los criterios aplicados en la resoluci\\u00f3n recurrida encontramos que no resulta arbitraria o irrazonable la determinaci\\u00f3n del Departamento de Estado de denegar la inscripci\\u00f3n de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", ya que est\\u00e1 sustentada en el expediente que las marcas en cuesti\\u00f3n son similares en sus servicios, en su fon\\u00e9tica, y en el mercado a las que van dirigidas.\\nEn virtud de todo lo anterior, se deniega la expedici\\u00f3n del recurso.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"
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+"{\"id\": \"11084425\", \"name\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Echevarria Colon\", \"decision_date\": \"2000-06-22\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-99-00147\", \"first_page\": \"452\", \"last_page\": \"457\", \"citations\": \"6 T.C.A. 452\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:24:36.105256+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez Miranda De Hostos y los Jueces Rivera P\\u00e9rez y Rodr\\u00edguez Garc\\u00eda\", \"parties\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"head_matter\": \"2000 DTA 164\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL VII DE CAROLINA Y FAJARDO\\nEL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. 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Padilla Bruno, J., sentenci\\u00f3 a Echevarr\\u00eda un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n, a ser cumplido bajo el r\\u00e9gimen de una sentencia suspendida y, adem\\u00e1s, le suspendi\\u00f3 la licencia de conducir por igual t\\u00e9rmino.\\nExaminado en sus m\\u00e9ritos el recurso que nos ha sido presentado, confirmamos la sentencia apelada.\\nI. Trasfondo F\\u00e1ctico y Procesal\\nEl d\\u00eda 20 de febrero de 1998, contra el apelante Jos\\u00e9 M. Echevarr\\u00eda Col\\u00f3n se present\\u00f3 una denuncia por la alegada comisi\\u00f3n del delito de Homicidio Involuntario mediando negligencia crasa o temeraria en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor, Art. 87 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4006. (Autos Originales, p\\u00e1g. 4). Por medio de la referida denuncia, a Echevarr\\u00eda se le imput\\u00f3 que, el d\\u00eda 5 de marzo de 1997, mientras conduc\\u00eda un veh\\u00edculo de motor propiedad de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica y mediando imprudencia crasa o temeraria, entr\\u00f3 de manera s\\u00fabita y negligente a una v\\u00eda principal. Seg\\u00fan la denuncia, tales actos de Echevarr\\u00eda dieron lugar a que el peijudicado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de la motocicleta en que viajaba y luego fuera a estrellarse contra el veh\\u00edculo conducido por el apelante, perdiendo la vida en el acto. Ibid. Adem\\u00e1s, surge del documento de Denuncia que el d\\u00eda 26 de febrero de 1998 se llev\\u00f3 a cabo una vista en la que se determin\\u00f3 causa probable para el arresto de Echevarr\\u00eda por el delito imputado y se le impuso una fianza de $100.00. Ibid.\\nPosteriormente, el d\\u00eda 20 de marzo de 1998, se celebr\\u00f3 la correspondiente vista preliminar. (Autos Originales, p\\u00e1g. 2). En la referida audiencia, se encontr\\u00f3 causa probable para acusar a Echevarr\\u00eda por el delito de Homicidio Involuntario, mediando mera negligencia en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor. Art. 86 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4005.\\nEl d\\u00eda 13 de abril de 1998, se llev\\u00f3 a cabo el acto de lectura de la acusaci\\u00f3n instada por el Ministerio P\\u00fablico contra Echevarr\\u00eda. (Autos Originales, p\\u00e1g. 14). En el transcurso de dicha audiencia, la defensa solicit\\u00f3 diez (10) d\\u00edas para que Echevarr\\u00eda sometiera su alegaci\\u00f3n, t\\u00e9rmino que le fue concedido. Adem\\u00e1s, en dicho acto, la defensa anunci\\u00f3 que el caso se ver\\u00eda por jurado y el tribunal anot\\u00f3 a Echevarr\\u00eda una alegaci\\u00f3n preliminar de no culpable. Ibid.\\nLuego de varios incidentes procesales, el d\\u00eda 13 de mayo de 1998, dio comienzo el proceso de desinsaculaci\\u00f3n del jurado ante el Tribunal de Primera Instancia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 90). Dicho procedimiento de selecci\\u00f3n culmin\\u00f3 con la juramentaci\\u00f3n de los miembros del jurado en una vista efectuada el d\\u00eda 14 de mayo de 1998. (Autos Originales, p\\u00e1gs. 93-94). Durante la referida audiencia, Echevarr\\u00eda hizo alegaci\\u00f3n de no culpable y el Ministerio P\\u00fablico dio comienzo al desfile de su prueba. Ibid.\\nTerminado el acto del juicio y sometido el caso a la consideraci\\u00f3n del jurado, el d\\u00eda 9 de junio de 1998, el referido cuerpo deliberativo encontr\\u00f3 a Echevarr\\u00eda culpable del delito de Homicidio Involuntario, con una votaci\\u00f3n de nueve (9) jurados a favor de dicho fallo y tres (3) en contra, por lo que el caso fue asignado al Oficial Probatorio para el correspondiente Informe Presentencia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 117). Posteriormente, el d\\u00eda 21 de enero de 1999, el Tribunal de Primera Instancia dict\\u00f3 sentencia contra Echevarr\\u00eda y lo conden\\u00f3 a un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n con el beneficio de una sentencia suspendida. (Autos Originales, p\\u00e1g. 250). Adem\\u00e1s, en su dictamen, el foro sentenciador suspendi\\u00f3 la licencia de conducir a Echevarr\\u00eda por el t\\u00e9rmino de un (1) a\\u00f1o.\\nInconforme con la referida sentencia, oportunamente Echevarr\\u00eda present\\u00f3 ante este Tribunal de Circuito de Apelaciones, el recurso apelativo que hoy nos ocupa y en el que nos solicita la revocaci\\u00f3n del dictamen apelado. En suma, Echevarr\\u00eda alega que ante el tribunal sentenciador no se demostraron los elementos del delito imputado ni la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable y que no se estableci\\u00f3 en el acto del juicio que existiera identidad entre la persona perjudicada y el cad\\u00e1ver al que se practic\\u00f3 la autopsia. Adem\\u00e1s, el apelante arguye que el foro judicial de primera instancia err\\u00f3 en la apreciaci\\u00f3n de la prueba y al declarar no ha lugar las mociones de absoluci\\u00f3n presentadas por la defensa.\\nLuego de un an\\u00e1lisis de los errores se\\u00f1alados, a la luz de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que nos ha sido sometida y del derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nU. Derecho Aplicable\\nEs norma establecida en nuestra jurisdicci\\u00f3n que un tribunal apelativo no intervendr\\u00e1 con la apreciaci\\u00f3n que de la prueba haya hecho un tribunal de primera instancia, en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Mercado Rivera, et. al. v. Universidad Cat\\u00f3lica de Puerto Rico, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 106; Pueblo v. Meli\\u00e1 Le\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 110; Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). Debe recordarse, sin embargo, que aunque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, no es absoluto, y que una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, _ D.P.R. _ (1996), 96 J.T.S. 149; C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, 125 D.P.R. 702 (1990); V\\u00e9lez v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, supra; Vda. de Morales v. De Jes\\u00fas Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). Aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho de un tribunal, si de un an\\u00e1lisis de la totalidad de la evidencia el foro apelativo queda convencido de que se cometi\\u00f3 un error, como cuando las conclusiones est\\u00e1n en conflicto con el balance m\\u00e1s racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la evidencia recibida, las consideramos claramente err\\u00f3neas. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, supra. V\\u00e9ase adem\\u00e1s: C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, supra; Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Sanabria v. Sucn. Gonz\\u00e1lez, 82 D.P.R. 885 (1961).\\nEl Art. II, sec. 11 de la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico, establece una presunci\\u00f3n de inocencia a favor de todo acusado, exigi\\u00e9ndose, para derrotar la misma, que toda convicci\\u00f3n siempre est\\u00e9 sostenida por prueba que establezca la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n, _ D.P.R. _ (1995), 95 J.T.S. 86; Pueblo v. Pag\\u00e1n Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), 92 J.T.S. 56; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991). Sin embargo, no se exige que se destruya toda duda posible, especulativa o imaginaria a los fines de establecer la culpabilidad del acusado. Es suficiente que el fallo del tribunal est\\u00e9 sostenido por prueba suficiente y satisfactoria que establezca certeza y convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985). La duda razonable es aquella insatisfacci\\u00f3n o intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado, una vez desfilada la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963). Sobre el criterio de duda razonable para determinar culpabilidad, en el caso de Pueblo v. De Le\\u00f3n Mart\\u00ednez, 132 D.P.R. 746 (1993), se expres\\u00f3:\\n\\\"Es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Esta m\\u00e1xima es consustancial con el principio de presunci\\u00f3n de inocencia y es un elemento del debido proceso de ley. Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Para cumplir con este requisito, se requiere que la prueba presentada sea \\\"suficiente en derecho\\\", lo que significa que la evidencia presentada tiene que producir certeza o convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Carrasquillo, supra; Pueblo v. Rodr\\u00edguez Rom\\u00e1n, 128 D.P.R. _; 91 J.T.S. 26. La insatisfacci\\u00f3n con la prueba es lo que se conoce como duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra. La determinaci\\u00f3n de que se ha probado la culpabilidad m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, es revisable en apelaci\\u00f3n como cuesti\\u00f3n de derecho. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966); Pueblo v. Pag\\u00e1n D\\u00edaz, 111 D.P.R. 608 (1981). Cuando un an\\u00e1lisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos produce duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del apelante ha quedado establecida m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, este Tribunal no ha vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra, p\\u00e1g. 657; Pueblo v. Rivero Lugo y Almod\\u00f3var, 121 D.P.R. [454] (1988). \\\"\\nAunque la determinaci\\u00f3n de culpabilidad de un acusado es una cuesti\\u00f3n mixta de hecho y (je derecho, Pueblo v. Echevarria I, 128 D.P.R. 299 (1991); Pueblo v. Cab\\u00e1n, supra, el foro apelativo concede gran deferencia a la determinaci\\u00f3n que hace el juzgador de hechos a nivel de primera instancia y, de ordinario, no interviene con la misma en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Somarriba, 131 D.P.R. 462 (1992); Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Echevarr\\u00eda I, supra. La raz\\u00f3n de ser de esta norma es obvia, pues es el juzgador de los hechos quien tiene la oportunidad de observar el comportamiento de los testigos en la silla testifical, lo cual constituye un aspecto de vital importancia al momento de adjudicar credibilidad. Pueblo v. D\\u00e1vila Delgado, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 68; V\\u00e9lez Reboyras v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R 529 (1984); Ortiz v. Cruz Pab\\u00f3n, 103 D.P.R. 939 (1975); Rodr\\u00edguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). Por otro lado, es norma trillada en nuestra jurisdicci\\u00f3n que la evidencia directa de un testigo que merezca entero cr\\u00e9dito al juzgador es pmeba suficiente para establecer la realidad de cualquier hecho. Regla 10 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10; El Pueblo de Puerto Rico v. Ch\\u00e9vere Heredia, _ D.P. R. _ (1995), 95 J.T.S. 115; P\\u00e9rez v. Acevedo Qui\\u00f1ones, 100 D.P.R. 894 (1972).\\nLuego de un an\\u00e1lisis detenido del presente recurso apelativo, somos del criterio de que no se cometieron los errores se\\u00f1alados y que procede confirmar la sentencia apelada. Del examen de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba estipulada por las partes, se desprende que ante el Tribunal de Primera Instancia y el Jurado asignado al caso se desfil\\u00f3 prueba que de ser cre\\u00edda, como en efecto lo fue, es suficiente en derecho para sustentar la culpabilidad de Echevarr\\u00eda m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable.\\nDel testimonio vertido durante el acto del juicio por el testigo presencial de los hechos, Gabino Alicea S\\u00e1nchez, se desprende que, mientras \\u00e9ste viajaba por la Avenida 65 de Infanter\\u00eda en direcci\\u00f3n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, carril derecho, \\u00e9ste observ\\u00f3 c\\u00f3mo la camioneta de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica (\\\"AEE\\\") conducida por Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 su carril de derecha a izquierda desde una calle marginal y que tuvo que detemerse para no impactarla. El testigo declar\\u00f3, adem\\u00e1s, que luego vio al motociclista perjudicado que viajaba por el carril izquierdo, tambi\\u00e9n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, tratando de esquivar la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda para no impactarla; que, al ver la motocicleta, Echevarr\\u00eda detuvo su marcha y volvi\\u00f3 a reanudarla; que el motociclista perjudicado perdi\\u00f3 el control de la motocicleta en que viajaba y cay\\u00f3 de la misma, impactando con su cuerpo a la camioneta de la AEE en su parte posterior izquierda. El testigo Alicea S\\u00e1nchez a\\u00f1adi\\u00f3, tambi\\u00e9n, que al momento del accidente, la parte delantera de la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda estaba entre las dos isletas que dividen la avenida y que la parte trasera del veh\\u00edculo ocupaba la mitad del carril izquierdo por donde transcurr\\u00eda el motociclista; que luego del accidente, baj\\u00f3 de su veh\\u00edculo, se aproxim\\u00f3 al occiso y observ\\u00f3 como \\u00e9ste \\\"solt\\u00f3 un buche de sangre y muri\\u00f3\\\" y que, posteriormente, \\\"movieron la guagua\\\".\\nPor su parte, del testimonio del polic\\u00eda que investig\\u00f3 el accidente, agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz, surge que al llegar a la escena de los hechos pudo observar un cuerpo tendido en el carril izquierdo. M\\u00e1s adelante, a preguntas del Fiscal sobre cu\\u00e1l era la condici\\u00f3n del motociclista accidentado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez, el testigo P\\u00e9rez Ortiz indic\\u00f3 que para su entender dicha persona estaba sin vida.\\nEl polic\\u00eda declar\\u00f3, en parte, que como \\u00fanico testigo de los hechos pudo entrevistar en el lugar del accidente a Gabino Alicea S\\u00e1nchez, quien identific\\u00f3 a Echevarr\\u00eda como la persona que conduc\\u00eda la camioneta de la AEE. El agente a\\u00f1adi\\u00f3 que el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez le manifest\\u00f3 que la camioneta de la AEE se le cruz\\u00f3 de frente y que tuvo que parar para no chocarla; que el motociclista accidentado perdi\\u00f3 el balance, se cay\\u00f3 de la motocicleta, dio varias volteretas e impact\\u00f3 al cami\\u00f3n de la AEE que en esos momentos estaba cruzando la v\\u00eda de rodaje; y que el impacto no hab\\u00eda ocurrido donde estaba parado el veh\\u00edculo de la AEE en ese momento (en medio de las isletas de la avenida, fuera de la v\\u00eda de rodaje), sino m\\u00e1s atr\\u00e1s.\\nPor su parte, la Dra. Lyvia A. Alvarez, pat\\u00f3loga forense y Directora del Instituto de Ciencias Forenses, declar\\u00f3, en parte, haber realizado la autopsia al cuerpo del occiso H\\u00e9ctor Herminio Rodr\\u00edguez Acevedo el d\\u00eda 6 de marzo de 1997, un d\\u00eda despu\\u00e9s del accidente. Como resultado de dicho procedimiento, la Dra. Alvarez concluy\\u00f3 que el perjudicado Rodr\\u00edguez Acevedo muri\\u00f3 a ra\\u00edz de haber recibido un \\\"severo trauma corporal\\\".\\nEn cuanto a prueba documental se refiere, el Informe de Accidente preparado por el agente investigador Nieves P\\u00e9rez Ortiz el d\\u00eda de los hechos, identifica a H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo como la persona que viajaba en la motocicleta accidentada. All\\u00ed se detalla que Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 la avenida sin tomar las debidas precauciones y que el motociclista H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez trat\\u00f3 de esquivarlo, por lo que perdi\\u00f3 el control de la motocicleta e impact\\u00f3 el veh\\u00edculo conducido por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida en el acto. Por su parte, las fotos tomadas en la escena de los hechos e identificadas como los Exhibits 3(c) por estipulaci\\u00f3n y 3(s) por estipulaci\\u00f3n, presentan la cartera y la licencia de conducir del occiso, identific\\u00e1ndolo como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, n\\u00famero de seguro social [ XXX-XX-XXXX ] y n\\u00famero de licencia de conducir 1806143.\\nPor su parte, tanto el informe de autopsia como el informe toxicol\\u00f3gico admitidos en evidencia como Exhibit IV, nuevamente, por estipulaci\\u00f3n de las partes, indican que los mismos corresponden al occiso H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo.\\nFinalmente, las fotos identificadas como Exhibits 3(o) por estipulaci\\u00f3n y 3(i), tambi\\u00e9n por estipulaci\\u00f3n, tienden a confirmar lo declarado por el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez en el sentido de que el accidente ocurri\\u00f3 dentro de la v\\u00eda de rodaje por donde transcurr\\u00eda el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, y que luego del accidente, la camioneta de la AEE fue removida del lugar de impacto.\\nEntendemos que a la luz de la evidencia rese\\u00f1ada, ante los miembros del jurado y el tribunal sentenciador, se desfil\\u00f3 prueba suficiente en derecho para sutentar un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda. El testimonio de Gabino Alicea S\\u00e1nchez, unido al del agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz y al de la pat\\u00f3loga Dra. Lyvia A. Alvarez, tuvieron el efecto de establecer los elementos del delito de homicidio, consistentes en que los elementos del delito de homicidio, consistentes en que la actitud negligente de Echevarr\\u00eda al cruzar una v\\u00eda p\\u00fablica sin tomar las debidas precauciones e invadir la v\\u00eda de rodaje, provoc\\u00f3 que el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de su motocicleta y fuera a estrellarse contra la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida.\\nPor otro lado, entendemos que la defensa no puede argumentar con \\u00e9xito que el Ministerio P\\u00fablico no haya establecido la identidad entre el cad\\u00e1ver del motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo y aqu\\u00e9l al cual la Pat\\u00f3loga Lyvia Alvarez realiz\\u00f3 la autopsia. Una vez la defensa estipul\\u00f3 el Informe de Autopsia y el Informe Toxicol\\u00f3gico rendido por personal del Instituto de Ciencias Forenses con respecto al cuerpo de una persona identificada en dichos documentos como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, tambi\\u00e9n estipul\\u00f3 que el cad\\u00e1ver con respecto al cual se rindieron tales informes correspond\\u00eda al motociclista accidentado el d\\u00eda de los hechos. Si la defensa ten\\u00eda alguna duda en cuanto a dicho extremo, no debi\\u00f3 dar su anuencia a la estipulaci\\u00f3n de los referidos informes.\\nFinalmente, la defensa de Echevarr\\u00eda llev\\u00f3 a cabo amplios contrainterrogatorios contra los testigos de la fiscal\\u00eda y tuvo amplia oportunidad de confrontar a los mismos con alegadas contradicciones e inconsistencias en sus respectivos testimonios y, a su vez, de crear dudas en la mente del juzgador con respecto a la credibilidad y confiabilidad de aque\\u00e9los. El jurado, en este caso, tuvo ocasi\\u00f3n de evaluar toda la prueba que le fue presentada, de observar el comportamiento credibilidad que le mereci\\u00f3 cada uno de ellos, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada testimonio, luego de lo cual emiti\\u00f3 un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda.\\nPor otro lado, no existe indicaci\\u00f3n alguna de que el panel de jurados ante el cual se ventil\\u00f3 el caso que nos ocupa, actuara movido por pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad ni que haya cometido manifiesto error al aquilatar la prueba que le fue presentada. Ante tales circunstancias, sus conclusiones merecen deferencia ante este foro apelativo, por lo que no intervendremos con las mismas.\\nPor los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia apelada.\\nLo acord\\u00f3 y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"
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Rivera Siaca, su esposa y la sociedad de gananciales, incluyendo los intereses y penalidades.\\nLa controversia central consiste en determinar si err\\u00f3 el tribunal al concluir que los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio de las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n estaban exentos del pago de contribuciones sobre ingresos, de conformidad con lo dispuesto por ley.\\nExaminados los alegatos de las partes, el dictamen apelado, el expediente y el derecho aplicable, determinamos que no err\\u00f3 el tribunal y que procede confirmar la sentencia.\\nI\\nEl 30 de diciembre de 1996, el Departamento notific\\u00f3 a los apelados una serie de deficiencias contributivas en las planillas de contribuci\\u00f3n sobre ingresos correspondientes a los a\\u00f1os 1990, 1991, 1992 y 1993. Dichas deficiencias se basaron en que \\u00e9stos no incluyeron en el ingreso bruto de cada uno de los referidos a\\u00f1os la suma de $3,918,861.96 por c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio en que ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n. Las deficiencias, intereses y penalidades, seg\\u00fan fueron notificados, ascend\\u00edan a un total de $8,121,829.56.\\nInconformes con la notificaci\\u00f3n del Departamento, los apelados presentaron, el 30 de enero de 1997, demanda contra \\u00e9ste, en la que impugnaron las deficiencias contributivas. Solicitaron la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias, los intereses y penalidades a base de que las aludidas rentas estaban excluidas, de conformidad con las disposiciones de la secci\\u00f3n 22(b)(8) de la entonces vigente Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954. 13 L.P.R.A. sec. 3022(b)(8). En la alternativa, los apelados solicitaron que se les permitiera reclamar deducciones contra dicho ingreso que no fueron consideradas por el Departamento, las cuajes reducir\\u00edan el monto de lo adeudado.\\nUna vez prestada el monto de la fianza por los apelados, el Departamento present\\u00f3 su contestaci\\u00f3n. Acept\\u00f3 algunas de las alegaciones de la demanda y neg\\u00f3 total o parcialmente otras. Los apelados solicitaron que se dictara sentencia sumaria por no haber controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y por tratar el asunto de una controversia estrictamente de derecho. Entre sus planteamientos, argumentaron que la pr\\u00e1ctica del Departamento en la interpretaci\\u00f3n de la disposici\\u00f3n concernida, considerando las rentas objeto del presente litigio exentas de tributaci\\u00f3n para a\\u00f1os anteriores, imped\\u00eda al Secretario de Hacienda variar su posici\\u00f3n. Junto a la moci\\u00f3n de sentencia sumaria, incluyeron, entre otros documentos relativos a la previa interpretaci\\u00f3n administrativa de la disposici\\u00f3n, una declaraci\\u00f3n jurada del Sr. Luis A. Rivera Siaca. En \\u00e9sta se describe detalladamente el uso de las oficinas y la naturaleza de los programas ubicados en el edificio en cuesti\\u00f3n.\\nEl Departamento, en su oposici\\u00f3n, replic\\u00f3 a los argumentos de los apelados sobre la interpretaci\\u00f3n de la ley y las previas pr\\u00e1cticas administrativas y solicit\\u00f3 se determinaran correctas en derecho las deficiencias.\\nEl tribunal celebr\\u00f3 vista argumentativa sobre los planteamientos presentados en las aludidas mociones. Solicit\\u00f3 a las partes efectuaran una inspecci\\u00f3n con el prop\\u00f3sito de corroborar las funciones que lleva a cabo el Departamento de Educaci\\u00f3n en el edificio y que sometieran un escrito de estipulaci\\u00f3n sobre dichas funciones. Tambi\\u00e9n les solicit\\u00f3 que presentaran en forma conjunta el historial de ambas C\\u00e1maras Legislativas de la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970, que enmend\\u00f3 la secci\\u00f3n 22 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954, para incluir la exenci\\u00f3n a que se refiere este caso.\\nUna vez las partes cumplieron con lo ordenado, el tribunal determin\\u00f3 que no exist\\u00eda controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y que proced\\u00eda la sentencia sumaria como cuesti\\u00f3n de derecho a favor de los apelados. Conforme los documentos sometidos y los hechos estipulados, formul\\u00f3 determinaciones de los hechos materiales. Incluy\\u00f3 conclusiones de derecho a la luz de \\u00e9stos, analiz\\u00f3 las disposiciones legales pertinentes y su historial legislativo e interpret\\u00f3, bajo las normas de hermen\\u00e9utica legal aplicables a los casos contributivos, que las rentas recibidas por los apelados estaban exentas de tributaci\\u00f3n bajo la ley y que no proced\\u00edan las deficiencias contributivas. En virtud de ello, el tribunal orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias notificadas, los intereses y penalidades. Oportunamente, el Departamento solicit\\u00f3 reconsideraci\\u00f3n, los apelados presentaron su oposici\\u00f3n y el tribunal la declar\\u00f3 sin lugar. El Departamento present\\u00f3 una segunda moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n, la cual tambi\\u00e9n fue denegada.\\nEl Departamento solicita, en el recurso, que revoquemos la sentencia apelada, alegando que en la interpretaci\\u00f3n de la ley el tribunal se desvi\\u00f3 de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva de las leyes contributivas. Plantea, tambi\\u00e9n, que err\\u00f3 al incluir en sus determinaciones de hechos actuaciones previas del Departamento reconociendo la exenci\\u00f3n en situaciones como la invocada por los apelados para sostener su conclusi\\u00f3n.\\nLos apelados en su alegato arguyen, en esencia, que la interpretaci\\u00f3n judicial es c\\u00f3nsona con lo dispuesto en ley, con su intenci\\u00f3n y con las normas jurisprudenciales sobre interpretaci\\u00f3n de leyes contributivas. Se\\u00f1alan que las referencias en la sentencia a las previas actuaciones del Departamento, no sirvieron de base para el dictamen.\\nII\\nDe entrada, debemos dejar establecido que no se cuestiona el mecanismo de sentencia sumaria utilizado para resolver este caso. Las partes circunscriben la controversia a la interpretaci\\u00f3n y aplicaci\\u00f3n de una disposici\\u00f3n legal, bajo los hechos sustanciales estipulados. Debemos tambi\\u00e9n se\\u00f1alar que la sentencia apelada est\\u00e1 debidamente fundamentada, cubre y analiza los aspectos medulares de la controversia y, a nuestro juicio, es correcta en derecho. Por tanto, es suficiente que demos \\u00e9nfasis s\\u00f3lo a lo m\\u00e1s relevante, tomando en cuenta los planteamientos de las partes.\\n-A-\\nEn su primer se\\u00f1alamiento de error, el Departamento alega que el tribunal de instancia err\\u00f3 al interpretar de manera amplia la ley y concluir que la exenci\\u00f3n dispuesta en la anterior secci\\u00f3n 22 (b) (8), incluia el edificio en el cual ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n.\\nExaminemos el lenguaje de la referida secci\\u00f3n y su interpretaci\\u00f3n por el tribunal.\\nLa secci\\u00f3n 22(b)(8), supra, establece que:\\n\\\"Secci\\u00f3n 22. Ingreso bruto\\n(a)...\\n(b) Exclusiones del ingreso bruto. Las siguientes partidas no estar\\u00e1n incluidas en el ingreso bruto y estar\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n bajo este subt\\u00edtulo:\\n(D...\\n(8) Ingresos provenientes de edificios arrendados o rentados al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para hospitales p\\u00fablicos, casas de salud o de convalecencia y facilidades complementarias a dichos hospitales y casas de salud o de convalecencia, tales como viviendas para enfermeras, cafeter\\u00eda, servicios de lavander\\u00eda, centros de rehabilitaci\\u00f3n f\\u00edsica y vocacional; para escuelas p\\u00fablicas, y facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores y centros de servicios m\\u00faltiples como los de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento; o en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados a entidades defines no pecuniarios que los utilicen como hospitales, casas de salud o de convalecencia y facilidades f\\u00edsicas complementarias. \\\"\\nEsta secci\\u00f3n, en la parte que nos concierne, excluye del ingreso bruto sujeto a tributaci\\u00f3n los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos del alquiler de edificios al Gobierno de Puerto Rico para uso de escuelas p\\u00fablicas, facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, y centros de servicios m\\u00faltiples. No limita la exenci\\u00f3n al alquiler de edificaciones para escuelas p\\u00fablicas, sino que comprende otras estructuras complementarias a la educaci\\u00f3n. A manera de ejemplo, enumera estructuras que se consideran facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n (tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores) y centros de servicios m\\u00faltiples (como las de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento), sujetos a la exenci\\u00f3n.\\nEl tribunal resolvi\\u00f3 a base de lo informado conjuntamente por las partes sobre las funciones, programas y prop\\u00f3sitos de las diferentes oficinas del Departamento de Educaci\\u00f3n durante los a\\u00f1os de las deficiencias notificadas que el edifico donde \\u00e9ste ubica constituye una facilidad complementaria a la educaci\\u00f3n dentro del significado de la secci\\u00f3n 22(b)(8) previamente transcrita. En su detallada explicaci\\u00f3n, consider\\u00f3 que todos los servicios que se brindan en el edificio se relacionan exclusivamente con la administraci\\u00f3n, direcci\\u00f3n y supervisi\\u00f3n del sistema educativo de Puerto Rico y comprenden la prestaci\\u00f3n de servicios a los profesores y estudiantes participantes de ese sistema.\\nSeg\\u00fan surge del Informe sobre Inspecci\\u00f3n al Edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n, estipulado por las partes, en el edificio se encuentran ubicadas facilidades, tales como la Secretar\\u00eda Auxiliar de Planificaci\\u00f3n y Desarrollo Educativo que est\\u00e1 encargada de la planificaci\\u00f3n escolar en sus diferentes aspectos, el Centro de Informaci\\u00f3n, Diseminaci\\u00f3n y Lectura que incluye una biblioteca para uso de los empleados, personal docente y p\\u00fablico en general, el Centro de Recursos para la Alfabetizaci\\u00f3n y Educaci\\u00f3n de Adultos (CRAEDA) qu\\u00e9 provee el apoyo necesario para erradicar el analfabetismo para el a\\u00f1o 2000, la Divisi\\u00f3n de Planificaci\\u00f3n, Investigaci\\u00f3n y Evaluaci\\u00f3n que est\\u00e1 a cargo de un sinn\\u00famero de programas, tales como la Oficina de Derechos Civiles, el Instituto de Preparaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica y Articulaci\\u00f3n Universitaria, Educaci\\u00f3n/Agr\\u00edcola, Econom\\u00eda Dom\\u00e9stica, Educaci\\u00f3n Vocacional Industrial y la Biblioteca de la Secretar\\u00eda Auxiliar de Educaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica, todos ellos a cargo de coordinar y dirigir actividades directamente relacionadas con la educaci\\u00f3n desde el mismo edificio o en las diferentes regiones educativas, y finalmente, el Centro de Desarrollo Preescolar que incluye una escuela maternal y otra preescolar. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 341).\\nSe puede apreciar de lo anterior que las facilidades ubicadas en el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3i\\u00ed est\\u00e1n relacionadas con la educaci\\u00f3n, no s\\u00f3lo en lo administrativo, sino en cuanto a actividades de servicitis a \\u00e9sta, y en programas de formulaci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica educativa. Respecto a los ejemplos espec\\u00edficos de la secci\\u00f3n que examinamos, en el edificio se encuentran varias bibliotecas, algunas de ellas para uso p\\u00fablico, se brinda orientaci\\u00f3n al personal docente y se coordinan servicios m\\u00faltiples necesarios para el sostenimiento del sistema educativo de Puerto Rico.\\nAl efectuar su interpretaci\\u00f3n, el tribunal analiz\\u00f3, en primer lugar, la letra de la disposici\\u00f3n de ley. De \\u00e9sta surge claramente, como se\\u00f1alamos, que la exenci\\u00f3n no se limita a las escuelas p\\u00fablicas, sino que incluye las facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n. La frase \\\"tales como \\\", previa al listado incluido en la disposici\\u00f3n de referencia, hace del listado uno ejemplificativo y no taxativo. Como lo reconoce el Departamehto, est\\u00e1 resuelto que en la redacci\\u00f3n de un estatuto sobre exenci\\u00f3n contributiva en el que se utiliza la frase \\\"tales como\\\" y luego se describen situaciones, las palabras espec\\u00edficas enumeradas son s\\u00f3lo ilustrativas y no limitativas de las situaciones en que aplicar\\u00eda la exenci\\u00f3n. Tugwell, Gobernador v. Corte, 64 D.P.R. 220 (1944).\\nPor tanto, la frase \\\"tales como\\\", seguida del t\\u00e9rmino facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n de la secci\\u00f3n 22(b)(8), puede incluir otras estructuras an\\u00e1logas o facilidades c\\u00f3nsonas con los ejemplos enumerados en la disposici\\u00f3n.\\nLa letra de la disposici\\u00f3n no permite inferir que \\u00e9sta se limita a facilidades en que se brinde servicio \\u00fanicamente a los estudiantes. Tampoco surge de \\u00e9sta que las estructuras tengan que estar ubicadas dentro o anejadas a las escuelas. Los ejemplos de ley incluyen facilidades en las cuales se prestan servicios de variada naturaleza, tanto a profesores como a estudiantes del sistema escolar, que pueden estar localizados en sitios fuera del plantel escolar.\\nEn segundo lugar, el tribunal consider\\u00f3 el historial legislativo de la disposici\\u00f3n legal bajo an\\u00e1lisis. La secci\\u00f3n 22(b)(8) fue incorporada a la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954 mediante la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970. El proyecto de ley que dio base a \\u00e9sta, s\\u00f3lo confer\\u00eda exenci\\u00f3n contributiva a los intereses sobre obligaciones cuyo importe era invertido en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados al Gobierno para escuelas, facilidades p\\u00fablicas complementarias a la educaci\\u00f3n y centros de servicios m\\u00faltiples. P. de la C. 820 (1970). En el Senado, el referido proyecto fue enmendado para extender la exenci\\u00f3n contributiva provista a las rentas recibidas por el propietario de los edificios.\\nEl r\\u00e9cord legislativo demuestra que el prop\\u00f3sito de la medida es crear incentivos adicionales a los inversionistas para promover mejoras y nuevas construcciones de propiedades inmuebles para liberar al Estado de tener que dedicar fondos del fisco para la construcci\\u00f3n de edificios a ser destinados para fines p\\u00fablicos en las \\u00e1reas de la educaci\\u00f3n y la salud. Aparte de la intenci\\u00f3n legislativa de expandir los beneficios contributivos como inicialmente contemplados, el r\\u00e9cord legislativo no ofrece gu\\u00eda alguna para la interpretaci\\u00f3n del lenguaje \\\"facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n\\\", incorporado en la disposici\\u00f3n legal que tratamos. S\\u00ed podemos indicar que no hay referencia alguna en el r\\u00e9cord legislativo, como no lo hay en la ley, a que las facilidades complementarias se circinscriban a las escuelas p\\u00fablicas o que se deban encontrar dentro o anejadas a los planteles escolares. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1gs. 291-340).\\nNo hay controversia en cuanto a que los apelados financiaron la totalidad del costo de adquisici\\u00f3n y mejoras del edificio arrendado, sin que el Departamento de Educaci\\u00f3n o el Estado aportaran cantidad de dinero alguna. (Determinaciones de Hechos 6 y 7, Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 6). Ese hecho es definitivamente c\\u00f3nsono con el prop\\u00f3sito de la ley de liberar al Estado de la utilizaci\\u00f3n de fondos p\\u00fablicos para la construcci\\u00f3n de edificaciones dedicadas a fines p\\u00fablicos en el \\u00e1rea de la educaci\\u00f3n. La inversi\\u00f3n del edificio efectuada por los apelados provey\\u00f3 al Estado de facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n sin tener que utilizar fondos p\\u00fablicos en su construcci\\u00f3n y mejoras.\\nFinalmente, el tribunal consider\\u00f3 y reconoci\\u00f3 las normas de hermen\\u00e9utica legal respecto a que las exenciones contributivas deben ser interpretadas restrictivamente en contra de aqu\\u00e9l que alega tener derecho a ellas. Estas se caracterizan como un privilegio, sujeta su concesi\\u00f3n a los l\\u00edmites y restricciones que el legislador tenga a bien imponer. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las exenciones contributivas constituyen actos de liberalidad del legislador cuyo efecto neto es asignar fondos p\\u00fablicos a favor de la persona o entidad beneficiada con la exenci\\u00f3n, por lo cual no debe reconocerse m\\u00e1s de lo que el estatuto otorga. Industria Lechera de P.R. v. Secretario, 95 D.P.R. 839, 842 (1968).\\nEl Tribunal Supremo ha efectuado interpretaciones estrictas y restrictivas en contra del contribuyente respecto a asuntos espec\\u00edficos, tales como en Pardavco, Inc. v. Secretario, 104 D.P.R. 115 (1975), tributaci\\u00f3n de intereses recibidos por una corporaci\\u00f3n extranjera provenientes de dep\\u00f3sitos existentes en bancos extranjeros en Puerto Rico; Central Igualdad, Inc., v. Secretario, 83 D.P.R. 45 (1961), bonificaci\\u00f3n concedida a colonos relacionados con la empresa y no a todos los colonos; Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248 (1950), ingreso recibido por una sociedad no pagado a los socios; Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 585 (1947), deducciones sobre intereses pagados a otro miembro de una familia. Pero ha reconocido, igualmente, nuestro m\\u00e1s alto foro judicial, que la interpretaci\\u00f3n restrictiva de un estatuto que establece exenci\\u00f3n contributiva no puede llegar a destruir el verdadero prop\\u00f3sito del legislador, no puede tomarse conao cosa separada de la voluntad del legislador, no puede ser tan estrecha que derrote su prop\\u00f3sito, y que lo que se requiere es que la interpretaci\\u00f3n sea razonable. Industria Lechera de P.R. v. Sec. de Hacienda, supra; Esso Standard Oil Co. v. Autoridad de los Puertos, 95 D.P.R. 772 (1968); Licorer\\u00eda Trigo Inc. v. Serio, de Hacienda, 94 D.P.R. 270, 279 (1967); Francis Adams v. Tribunal de Contribuciones, 74 D.P.R. 19, 24 (1952); Figueroa & Gautier v. Domenech, Tes., 53 D.P.R. 875, 879 (1938).\\nEn otras palabras, la regla de la interpretaci\\u00f3n estricta de las exenciones cede ante las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que enmarcan la ley. La interpretaci\\u00f3n restrictiva y estrecha que derrote el prop\\u00f3sito por el cual se estableci\\u00f3 la exenci\\u00f3n no puede prevalecer. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobaci\\u00f3n e Interpretaci\\u00f3n de las Leyes en Puerto Rico, Vol. II, Publicaciones J.T.S., 1987, p\\u00e1g. 461.\\nSe ha expresado que la base para aplicar la regla interpretativa estricta es minimizar el trato diferente y propiciar imparcialidad e igualdad en los contribuyentes y que las razones de dicha regla no aplican en casos de exenciones en beneficio del Gobierno o sus agencias. Por otro lado, tribunales de otras jurisdicciones han examinado m\\u00e1s all\\u00e1 del car\\u00e1cter gubernamental o privado del contribuyente y enfocado el car\\u00e1cter de la actividad particular que est\\u00e1 sujeta a la contribuci\\u00f3n. Ciertamente, el fin p\\u00fablico o beneficio gubernamental es un criterio a tomar en cuenta al efectuar una interpretaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n. V\\u00e9ase Sutherland Stat. Const, sec. 66.09 (5th Ed.).\\nEn el presente caso, el fin que tuvo el legislador era promover incentivos para que inversionistas proveyeran al Estado con mejoras y nuevas construcciones para la salud y la educaci\\u00f3n, \\u00e1reas de gran importancia social para nuestro pueblo. Los apelados invirtieron en el edificio arrendado al Estado, liber\\u00e1ndolo de su construcci\\u00f3n. La aplicaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n a las rentas provenientes del edificio no se aparta indebidamente de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva, guarda armon\\u00eda con la regla que precept\\u00faa que las leyes en materia contributiva, si bien deben considerarse de manera estricta, deben recibir una interpretaci\\u00f3n razonable, tendente a llevar a efecto y no derrotar el prop\\u00f3sito y la intenci\\u00f3n del legislador. En fin, a tenor de los fundamentos de la sentencia apelada, el tribunal no hizo caso omiso de las normas interpretativas en cuanto a las exenciones contributivas. Las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que movieron al legislador a conceder la exenci\\u00f3n dan fundamento a su interpretaci\\u00f3n. Su actuaci\\u00f3n enmarca en lo expuesto por el legislador en el estatuto, se ajusta a la intenci\\u00f3n legislativa, no ampl\\u00eda de manera irrazonable la ley y encaja en los par\\u00e1metros de los ejemplos dispuestos en la misma.\\nPor otro lado, la interpretaci\\u00f3n propuesta por el Departamento no encuentra apoyo en la letra de la ley, ni en su historial legislativo. Su contenci\\u00f3n estriba en que la interpretaci\\u00f3n judicial del estatuto en cuesti\\u00f3n es m\\u00e1s amplia que la voluntad expresa del legislador. Se ampara en las normas de hermen\\u00e9utica tradicionalmente adoptadas para las exenciones contributivas, pero desatiende el llamado jurisprudencial y doctrinario que \\u00e9stas no pueden aplicarse para derrotar el prop\\u00f3sito de la ley, ni el lenguaje del estatuto, ni para obtener un resultado irrazonable. El historial legislativo, de manera alguna sustenta la interpretaci\\u00f3n del Departamento.\\nNo tenemos base alguna en derecho para sustituir la razonada interpretaci\\u00f3n incluida en la sentencia, por la del Departamento. Procede, por tanto, confirmar la sentencia en cuanto dispuso que el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n constituye una facilidad f\\u00edsica complementaria a la educaci\\u00f3n, que las rentas devengadas por los apelados por el alquiler del mismo est\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n para prop\\u00f3sitos de la anterior secci\\u00f3n 22(b) (8) y que orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias contributivas notificadas, de los intereses y penalidades.\\n-B-\\nEn su segundo se\\u00f1alamiento de error, el Departamento plantea que err\\u00f3 el tribunal al incluir como parte de sus determinaciones de hechos, actuaciones previas de funcionarios del Departamento para concluir que los ingresos de rentas en este caso son excluibles del ingreso bruto. No se cometi\\u00f3 error en la inclusi\\u00f3n de dichas determinaciones, cuya existencia encuentra apoyo en el expediente. La variaci\\u00f3n posterior en la interpretaci\\u00f3n por la agencia no significa que no existieron. Por otra parte, surge de la sentencia apelada que el tribunal no entr\\u00f3 a determinar si las interpretaciones administrativas a las que se refiri\\u00f3 y que formaron parte del expediente, constitu\\u00edan una pr\\u00e1ctica administrativa del Departamento que le impidiera variar su posici\\u00f3n. Por el contrario, espec\\u00edficamente se\\u00f1al\\u00f3 que no era necesario entrar en la consideraci\\u00f3n de ese planteamiento. Se limit\\u00f3 a se\\u00f1alar que dichas determinaciones eran consistentes con lo resuelto por el tribunal. Est\\u00e1 claro en la sentencia que la decisi\\u00f3n se bas\\u00f3 exclusivamente en la interpretaci\\u00f3n judicial de la disposici\\u00f3n legal de referencia.\\nIII\\nPor los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia de 4 de octubre de 1999 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"
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+"{\"id\": \"11257874\", \"name\": \"Salomons v. Leon\", \"name_abbreviation\": \"Salomons v. Leon\", \"decision_date\": \"1904-04-06\", \"docket_number\": \"No. 62\", \"first_page\": \"180\", \"last_page\": \"198\", \"citations\": \"6 P.R. 180\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:07:42.587454+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.\", \"parties\": \"Salomons v. Leon.\", \"head_matter\": \"Salomons v. Leon.\\nApelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de Ponce.\\nNo. 62.\\nResuelto en Abril 6, 1904.\\nOblisaciones \\u2014 Contratos\\u2014Interpretaci\\u00f3n de los Mismos. \\u2014 Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contra-tantes y deben cumplirse \\u00e1 su tenor, y estos no deben ser objeto de inter-pretaci\\u00f3n cuando su sentido sea claro y terminante ,no siendo l\\u00edcito desna-turalizar el sentido de sus cl\\u00e1usulas con interpretaciones violentas.\\nId. \\u2014 Cumplimiento de los Mismos \\u2014 Indemnizaci\\u00f3n.\\u2014En los casos en que una parte dejare de cumplir las estipulaciones convenidas en un contrato, pro-cede obligarla al cumplimiento de las mismas y \\u00e1 la correspondiente in-demnizaci\\u00f3n de los da\\u00f1os y perjuicios \\u00e1 que su incumplimiento hubiere dado' lugar.\\nId. \\u2014 -El incumplimiento por una parte, de las cl\\u00e1usulas establecidas en un con-trato, en su propio beneficio y utilidad, \\u00e1 nadie m\\u00e1s que \\u00e1 la misma parte pudiera perjudicar, y por consiguiente, no es procedente exigirle el cum-plimiento de las expresadas cl\\u00e1usulas.\\nCostas \\u2014 Ealta de Temeridad. \\u2014 No Habiendo notoria y manifiesta temeridad en las partes litigantes y no desestim\\u00e1ndose totalmente las pretensiones de una y otra, el pronunciamiento de costas debe Hacerse sin especial condenaci\\u00f3n.\\nEXPOSICION DEL CASO.\\nEn el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Ponce, entre partes, de la una Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind, deman-dante, y de la otra Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, de-mandado, sobre cumplimiento de un contrato, cuyo juicio pende ante nos \\u00e1 virtud de recurso de casaci\\u00f3n, boy de ape-laci\\u00f3n, interpuesto por Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, contra la sentencia que dict\\u00f3 el referido Tribunal, habiendo llevado la represen-taci\\u00f3n y defensa de la parte recurrente, ante esta Corte Su-prema, el Letrado Don Antonio Alv\\u00e1rez Nava, y las de la recurrida, el Letrado Don Jos\\u00e9 de Gruzm\\u00e1n Benitez.\\nResultando: que la expresada sentencia, dictada en 22 de Julio de 1902, copiada \\u00e1 la letra dice as\\u00ed:\\n\\u201cSentencia. \\u2014 En la ciudad de Ponce \\u00e1 los veinte y dos d\\u00edas del mes de Julio de mil novecientos dos. Visto en juicio oral y p\\u00fablico este pleito seguido en autos declarativos y entre partes, de la una, como demandante, Do\\u00f1a Ana Salomons Lind, mayor de edad, viuda, y vecina de esta ciudad; representada por el Letrado Don Manuel Le\\u00f3n Parra; y de la otra como demandado Don Esteban de Leon y Mart\\u00ednez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, propietario; representado por el Letrado Don Luciano Ortiz Ant\\u00f3n; sobre cumplimiento de varias cl\\u00e1usulas de un contrato. Siendo Ponente para la redacci\\u00f3n de esta sentencia el Sr. Juez Presidente Don Isidoro Soto Nusa.\\nResultando: que con fecha diez y siete de Abril del corriente a\\u00f1o Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind, por medio del Letrado Sr. Le\\u00f3n Parra, estableci\\u00f3 la presente demanda en juicio declarativo contra Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, solicitando se condenase \\u00e1 \\u00e9ste \\u00e1 que en el t\\u00e9rmino que el Tribunal fije, levante en los terrenos arrendados pastos de malojillo completamente libres de plantas da\\u00f1osas, que puedan perjudicar \\u00e1 aquellos, y adem\\u00e1s \\u00e1 que arregle los canales de riego para aprovechar una concesi\\u00f3n de agua que tiene dicha finca; apercibido que de no hacerlo, se efectuar\\u00e1 \\u00e1 su costa, y que se le condene adem\\u00e1s al abono de los da\\u00f1os y perjuicios originados y que se originen \\u00e1 contar desde el d\\u00eda quince de Febrero del corriente a\\u00f1o; y adem\\u00e1s al pago de las costas; fundando su demanda en los siguientes hechos: que en cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, ante el notario de esta ciudad, Don Joaqu\\u00edn'Mayoral, la demandante celebr\\u00f3 con el demandado un contrato de arrendamiento de la mitad proindivisa de su propiedad que tiene en la siguiente finca: \\u201cHacienda que fu\\u00e9 de ca\\u00f1as dulces denominada \\u2018Santa Cruz\\u2019, radicada en el barrio de Bucan\\u00e1 de este t\\u00e9rmino municipal, y tiene de cabida doscientos cin-cuenta cuerdas de terreno, equivalentes \\u00e1 noventa y ocho hect\\u00e1reas, veinte y cinco \\u00e1reas, noventa y ocho eenti\\u00e1reas, de las cuales hay ciento ochenta cuerdas propias para ca\\u00f1as y setenta cuerdas \\u00e1 pastos, malezas y salitrales; colindando por el norte con terrenos de la hacienda \\u2018Isabel\\u2019 de la sucesi\\u00f3n Oppenheimer y con un camino vecinal, por el este con la misma hacienda \\u2018Isabel\\u2019 por el sur con el mar; y por el oeste con el r\\u00edo Bucan\\u00e1; siendo la parte de esta finca arrendada al Sr. Le\\u00f3n la misma que anteriormente la tuviera en arriendo Don Victor Qui\\u00f1ones; que entre las varias condiciones estipuladas en dicho con-trato figura la de que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n quedaba obligado \\u00e1 levantar pasto de malojillo sobre el terreno arrendado, cuyos pastos, \\u00e1 la terminaci\\u00f3n del contrato quedar\\u00edan \\u00e1 beneficio de la arren-dadora \\u00e1 la que deb\\u00eda entregarlos completamente limpios de toda planta que pueda serles perjudicial; que conteniendo la finca arren-dada una concesi\\u00f3n de aguas que no pod\\u00eda aprovecharse entonces por estar cegadas todas las zanjas, el arrendatario Le\\u00f3n se compromet\\u00eda \\u00e1 abrir desde luego, de su exclusiva cuenta, con el fin de utilizar dichas aguas; en la inteligencia que si despu\\u00e9s de arregladas las zanjas qui-siera la arrendadora hacer uso de las aguas, pod\\u00eda hacerlo, pero sin causar perjuicio alguno \\u00e1 los derechos adquiridos por el arrendatario; que el contrato se celebr\\u00f3 por el t\\u00e9rmino de seis a\\u00f1os, prorrogable \\u00e1 un a\\u00f1o m\\u00e1s si lo quisiere el Sr. Le\\u00f3n, cont\\u00e1ndose ese t\\u00e9rmino desde el d\\u00eda once de Septiembre de 1893; pero no fu\\u00e9 devuelta la posesi\\u00f3n de la finca hasta el quince de Febrero del corriente a\\u00f1o porque al cum-plirse el contrato \\u00e9 irse \\u00e1 hacer cargo de ella un hijo de la arrendadora, se encontr\\u00f3 con que el Sr. Le\\u00f3n no hab\\u00eda cumplido ninguno de los compromisos contraidos en el contrato p\\u00fablico celebrado, pues los terrenos arrendados se hallaron completamente cubiertos ,de malezas, no se sembr\\u00f3 en ellos yerba, malojillo y en cuanto \\u00e1 los canales de riego, no ya s\\u00f3lo no realiz\\u00f3 en ellos las recomposiciones \\u00e1 que se com-prometi\\u00f3, sino que faltando \\u00e1 los cuidados indispensables de conser-vaci\\u00f3n hab\\u00edan desemerecido grandemente en poder del arrendatario-ios que le entregaron al celebrar el contrato de arriendo; y que no obs-tante los ofrecimientos particulares que le hiciera el Sr. Le\\u00f3n, de cumplir el compromiso, no lo ha verificado.\\nResultando: que con el escrito de demanda se acompa\\u00f1a testimonio-de la escritura del contrato de arrendamiento de que se hace m\\u00e9rito,, y certificaci\\u00f3n de haber intentado el acto de conciliaci\\u00f3n.\\nResultando: que admitida la demanda, se di\\u00f3 traslado de ella al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez por t\\u00e9rmino de veinte-d\\u00edas, durante el cual se person\\u00f3 en los autos y contest\\u00f3 la demanda, con-fesando el primero y segundo de los hechos de ella, y alegando que una. vez que empez\\u00f3 la vigencia del contrato, tanto en su propio beneficio,, como para intentar el cumplimiento de una cl\\u00e1usula notoriamente im-posible, por no haber medios de sembrar la mitad proindivisa de una. finca sembr\\u00f3 en la totalidad de ella' yerba malojillo,' y para cumplir en el propio beneficio como arrendatario la cl\\u00e1usula sexta que s\\u00f3lo en su favor se hab\\u00eda puesto, procedi\\u00f3 \\u00e1 limpiar las zanjas cegadas para utilizarse de las aguas dotaci\\u00f3n'de la finca; que \\u00e1 consecuencia del cicl\\u00f3n que devast\\u00f3 esta Isla en mil ochocientos noventa y nueve la finca arrendada sufri\\u00f3, como todas, los efectos de la inundaci\\u00f3n ceg\\u00e1n-dose las zanjas abiertas por \\u00e9l, destruy\\u00e9ndose y ensuci\\u00e1ndose no poco-del pasto que en ella hab\\u00eda sembrado; que terminado el plazo del arren-damiento celebr\\u00f3 con la demandante un nuevo contrato en el cual no-exist\\u00eda esa cl\\u00e1usula referente \\u00e1 la siembra de yerba ni ninguna de las-dem\\u00e1s cuyo cumplimiento se exige; y solicita, se declare sin lugar la demanda con imposici\\u00f3n de las costas \\u00e1 la demandante.\\nResultando: que recibido el pleito \\u00e1 prueba, cada una de las partes propuso las suyas, y se\\u00f1alado el d\\u00eda diez del actual para la celebra-ci\\u00f3n del juicio oral y la pr\\u00e1ctica de las pruebas, as\\u00ed se verific\\u00f3 in-formando en aquel acto los letrados de ambas partes lo que estimaron oportuno en defensa de sus respectivos derechos.\\nResultando: que de la prueba documental traida \\u00e1 los autos,, aparece la celebraci\\u00f3n del contrato de arrendamiento verificado en la forma y bajo las condiciones se\\u00f1aladas por la demandante; que prac-ticada una inspecci\\u00f3n ocular en los terrenos arrendados, en primero del actual, aparecen aquellos cubiertos de diferentes yerbas, entre ellas grama amarga, pata de gallina, y aromas, destac\\u00e1ndose de vez en cuando algunos tallos de malojillo as\\u00ed como algunas manchas en otros sitios de esta \\u00faltima yqrba; que en un extremo de la finca cerca del rio, se encontraron restos de un canal en la entrada de las aguas en el cual se encuentra un trozo de \\u00e9l, donde estaba el m\\u00f3dulo, no existiendo \\u00e9ste ni represa no pudiendo entrar las aguas y encontr\\u00e1n-dose dicho canal en parte destruido y en parte sano-; que Don Oscar Oppenheimer di\\u00f3 recibos \\u00e1 Don Esteban de Le\\u00f3n por veinte y cinco pesos uno, sin fecha, como resto del arrendamiento del mes de Agosto, y otro por setenta y cinco pesos, fecha cinco de Agosto de 1901, \\u00e1 cuenta del arrendamiento de estancia \\u201cSanta Cruz\\u201d.\\nResultando: que de la prueba de confesi\\u00f3n por el demandado Don Esteban de Le\\u00f3n, que \\u00e9ste declara hab\\u00e9rsele se\\u00f1alado por Don Oscar Oppenheimer, hijo de la demandante, el terreno que constitu\\u00eda la mitad de la finca que se le arrendaba; que el declarante arregl\\u00f3 el canal, lo limpi\\u00f3 \\u00e9 hizo una represa que no estaba en el contrato, cuya represa no existe hoy por que se la robaron; que dichos terrenos lo hizo arar y los sembr\\u00f3 de malojillo, construyendo un m\\u00f3dulo que se lo llev\\u00f3 el r\\u00edo \\u00e1 los pocos d\\u00edas, que el canal lo tap\\u00f3 el r\\u00edo; que en el primer a\\u00f1o del arrendamiento pag\\u00f3 treinta pesos mensuales como precio del mismo, en sucesivos a\\u00f1os, hasta siete, pag\\u00f3 \\u00e1 raz\\u00f3n de setenta pesos mensuales, y despu\\u00e9s, hizo un nuevo arrendamiento con Don Oscar Oppenheimer hijo de la Se\\u00f1ora Salomons sin estipular otras condiciones que las de pagar cien dollars mensuales, cuyo precio vino satisfaciendo por espacio de a\\u00f1o y medio \\u00f3 sea hasta el diez y seis de Febrero del corriente a\\u00f1o en que dej\\u00f3 el arrendamiento, despu\\u00e9s de lo que, se metieron en los terrenos ganados de los Se\\u00f1ores Saur\\u00ed y Subir\\u00e1; que los cien pesos mensuales los dejaba algunas \\u25a0veces en poder de Don Julio Verne, y otras en el del cu\\u00f1ado de Don Oscar, para que los entregara \\u00e1 \\u00e9ste; que durante el arrendamiento s\\u00f3lo ha percibido dos recibos, uno de Don Oscar y otro de su hermana.\\nResultando; de la prueba testifical, Don Oscar Oppenheimer mani-fiesta, que el Se\\u00f1or de Le\\u00f3n s\\u00f3lo pagaba sesenta pesos provinciales por el arrendamiento, y despu\\u00e9s del cange pagaba su equivalencia \\u00f3 sea treinta y seis dollars, que no celebr\\u00f3 ning\\u00fan contrato con Le\\u00f3n; que \\u00e9ste nunca pag\\u00f3 veinte y cinco pesos semanales ni cien mensuales. Re- conoci\\u00f3 los dos recibos existentes en antos, y explica que ellos son de mensualidades atrazadas; que de las cantidades que le pagaba Le\\u00f3n siempre le otorgaba recibo por conducto de la misma persona con quien \\u00e9l le enviaba el dinero; no puede afirmar que el recibo de veinte y cinco pesos sea anterior al de setenta y cinco, no recuerda la fecha en que autoriz\\u00f3 el primero. Don Vicente Valdivieso y Torruella mani-fiesta que, oy\\u00f3 \\u00e1 Don Oscar Oppenbeimer y Don Esteban de Le\\u00f3n tratar del arrendamiento de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d quedando Le\\u00f3n en arreglar aquella bajo las mismas condiciones; no d\\u00e1 m\\u00e1s detalles. Don Emilio Fer\\u00ed, mayordomo de la hacienda \\u201cEstrella\\u201d, manifiesta que esta hacienda tiene arrendados los terrenos de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, los cuales est\\u00e1n sembrados de yerba de hicotea que arranca el decla-rante porque no la come el ganado ni deja crecer el malojillo; no vi\\u00f3 que Le\\u00f3n sembrara de esta yerba en esos terrenos ni sabe arreglara el canal; que cuando entr\\u00f3 de mayordomo en dicha hacienda, encontr\\u00f3 en esos terrenos sembrados de malojillo en una parte. Don Ulises Clavel manifiesta que, desde hace seis \\u00fa ocho a\\u00f1os pasa con frecuencia por el camino de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, desde donde se distinguen cuarenta \\u00f3 cincuenta cuerdas de esos terrenos y nunca vi\\u00f3 que Le\\u00f3n tuviera sembrado en ellos malojillo, que no vi\\u00f3 tampoco que por el canal pasara agua nunca, ignorando el porque de \\u00e9so. Don Carlos Torres manifiesta que la hacienda \\u201cRestaurada\\u201d viene aprovechando las aguas del r\\u00edo que antes aprovechaba la finca \\u201cSanta Cruz,\\u201d la que desde hace mucho tiempo no las utiliza por no tener canales y los que ten\\u00eda est\\u00e1n destruidos; que no vi\\u00f3 los arreglase Le\\u00f3n y que si los hubiera arreglado lo hubiera visto el declarante, aunque en la \\u00e9poca en que tuvo esos terrenos Le\\u00f3n no vi\\u00f3 los canales. Alejo Marcos mani-fiesta que, hasta un a\\u00f1o antes del cicl\\u00f3n ni despu\\u00e9s de \\u00e9ste vi\\u00f3 sembrar yerba malojillo en los terrenos de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d ni arreglar sus canales. Don Julio Verne manifiesta que es cierta la entrega de dinero que le hac\\u00eda L.e\\u00f3n, la que efectuaba \\u00e9l \\u00e1 Don Oscar Oppenheimer sin percibir recibo; que sab\\u00eda proced\\u00eda ese dinero del arrenda-miento de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, y que Le\\u00f3n le indicaba siempre \\u00e1 qu\\u00e9 semana se refer\\u00eda aquel pago lo que trasmit\\u00eda el declarante \\u00e1 Oppenheimer, y que tales entregas ocurrieron por los a\\u00f1os 1900 y 1901. Juan Angel Rivera manifiesta que el Sr. Le\\u00f3n hizo cercas, limpieza ,y sembr\\u00f3 yerba en los terrenos arrendados, que hizo en el r\\u00edo una represa y un m\\u00f3dulo, y que hizo arreglar los canales. Don Juan Jorne y Juan Centeno, declaran en la misma forma que el anterior testigo.\\nResultando: que se\\u00f1alado el d\\u00eda de boy para la votaci\\u00f3n de la presente sentencia, lo fu\\u00e9 por unanimidad.\\nResultando: que en este juicio, en su tramitaci\\u00f3n, se ban cumplido las prescripciones de la ley.\\nConsiderando: que con arreglo al Art\\u00edculo 1091 del C\\u00f3digo Civil las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos: no siendo l\\u00edcito desnaturalizar el contenido de la obligaci\\u00f3n \\u00f3 de las cl\\u00e1usulas contractuales con interpretaciones rebuscadas \\u00f3 violentas cuando el sentido de ellas es claro y terminante.\\nConsiderando: que entre las cl\\u00e1usulas estipuladas en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes litigantes, seg\\u00fan consta de la escritura presentada, existe la de que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n quedaba obligado \\u00e1 levantar pasto de malojillo en el terreno arrendado, cuyos pastos \\u00e1 la terminaci\\u00f3n del contrato quedar\\u00edan \\u00e1 beneficio de la arrendadora, \\u00e1 la que deb\\u00eda entregarlos completamente limpios de toda planta que pudiera serles perjudicial, y la de que con-teniendo la finca arrendada una concesi\\u00f3n de aguas que no pod\\u00eda aprovecharse entonces por estar cegadas todas las zanjas, el mismo arrendatario Le\\u00f3n se compromet\\u00eda \\u00e1 abrirlas desde luego de su exclu-siva cuenta con el fin de utilizar dichas aguas; pudiendo la arrenda-dora hacer uso de ellas, pero sin causar perjuicio \\u00e1 los derechos ad-quiridos por el arrendatario.\\nConsiderando: en cuanto \\u00e1 la cl\\u00e1usula primera de las transcritas en el anterior considerando, que siendo claro y explicito el sentido literal de la misma no cabe arguirse de contrario que se trata de una cl\\u00e1usula de imposible ejecuci\\u00f3n bajo el pretexto banal de que el terreno arrendado se hallaba proindiviso, toda vez que este extremo qued\\u00f3 completamente desvirtuado durante el per\\u00edodo probatorio seg\\u00fan confesi\\u00f3n del mismo arrendatario demandado hecha ante el Tribunal bajo la santidad del juramento, al firmar que Don Oscar Oppenheimer, hijo de la demandante, le hab\\u00eda se\\u00f1alado el terreno que constitu\\u00eda la mitad de la finca que se le arrendaba; siendo por tanto evidente que sobre esa porci\\u00f3n deslindada, y no en otra, era que el arrendatario deb\\u00eda levantar los pastos de malojillo \\u00e1 que dicha cl\\u00e1usula se refiere.\\nConsiderando: que la subsistencia de la referida cl\\u00e1usula no se halla tampoco desvirtuada en sus efectos, por cuanto no aparece com- probada por ninguno de los medios de prueba que el derecho reconoce, la alegaci\\u00f3n opuesta por la parte demandada, de que terminado el plazo del arrendamiento hab\\u00eda celebrado con el demandante un nuevo contrato en el cual no exist\\u00eda esa cl\\u00e1usula ni la otra, \\u00e1 que se refiere el escrito de demanda: debiendo en su consecuencia tenerse por firme, subsistente y valedera para todos los efectos legales dicha cl\\u00e1usula primera.\\nConsiderando: que siendo esto as\\u00ed de la prueba de inspecci\\u00f3n ocular, la de confesi\\u00f3n, la instrumental y la de testigos propuesta y practicada \\u00e1 instancia de la parte aetora en el acto del juicio oral, aparece como un hecho probado, seg\\u00fan la apreciaci\\u00f3n que ha hecho el Tribunal sentenciador con arreglo \\u00e1 los dictados soberanos de su conciencia, que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n durante el t\\u00e9r-mino del contrato, ni al vencimiento, ni en ninguna otra ocasi\\u00f3n en que se encontraba poseyendo el terreno arrendado, ha levantado ni sembrado la porci\\u00f3n de terreno design\\u00e1dale, de pastos de malojillo seg\\u00fan lo convenido de tal modo, que al vencerse el contrato de refe-rencia hubo de encontrarse la finca cubierta de diferentes yerbas tales como grama amarga, pata de gallina y aromas, destac\\u00e1ndose sobre el terreno solamente y de vez en cuando algunos tallos de malojillo y algunas manchas de esta yerba en otras partes del mismo; todo lo cual convence plenamente de que el referido arrendatario dej\\u00f3 incum-plida la cl\\u00e1usula estipulada y cuyo cumplimiento se exije en este juicio.\\nConsiderando: que siendo un precepto terminante de la Ley Civil sustantiva que la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y la de su extinci\\u00f3n al que la opone, es de todo punto concluyente que habiendo justificado en este punto su derecho la parte aetora, sin que la contraria haya constatado las alegaciones opuestas, procede desde luego declarar con lugar la demanda en la parte que se refiere \\u00e1 exigir el cumplimiento de la cl\\u00e1usula primera que se analiza, con los dem\\u00e1s pronunciamientos subsidiarios de indem-nizaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicio^ irrogados por el incumplimiento de la misma.\\nConsiderando: que si es evidente y paladino cuanto se ha con-siderado respecto al incumplimiento de la cl\\u00e1usula primera ya refe-rida y \\u00e1 la obligaci\\u00f3n en que est\\u00e1 el arrendatario demandado de cum-plimentar en todas sus partes, no ocurre lo mismo en cuanto \\u00e1 la clausula segunda de las transcritas y que constituye otra de las con-diciones \\u00f3 t\\u00e9rminos del contrato celebrado, si s\\u00e9 tiene en cuenta la raz\\u00f3n legal de que dicba cl\\u00e1usula \\u00f3 condici\\u00f3n paecionada se estableci\\u00f3 en contemplaci\\u00f3n del arrendatario y en beneficio y utilidad de su propia persona como tal arrendatario, \\u00fanico \\u00e1 quien despu\\u00e9s de todo importaba como mero explotador y usufructuador del terreno arrenda-do servirse de dichas aguas y poner las zanjas \\u00f3 canales en buenas condiciones para el discurso de las mismas, obteniendo con esta mejora el mayor rendimiento posible del terreno; siendo de todo punto evi-dente que el incumplimiento de dicha cl\\u00e1usula \\u00e1 nadie ha podido per-judicar m\\u00e1s que al mismo arrendatario, en cuyo favor se hab\\u00eda esta-blecido.\\nConsiderando: que en ese sentido carece de fundamento legal la parte de la demanda que se refiere \\u00e1 exigir el cumplimiento de la. expresada cl\\u00e1usula segunda, no siendo por tanto procedente la recla-maci\\u00f3n que en este punto se deduce.\\nConsiderando: en cuanto \\u00e1 las costas que no ha existido temeridad' notoria y manifiesta en las partes litigantes, y que las pretensiones-de \\u00e9stas,.no han sido totalmente desestimadas; por esta consideraci\\u00f3n debe hacerse el pronunciamiento y declaraci\\u00f3n legal sin especial con-denaci\\u00f3n.\\nVistos los Art\\u00edculos 1091, 1098, 1100, 1101, 1107, 1113, 1203, 1214,. 1218, 1231, 1235, 1241, 1244, 1248, 1281, 1555 del C\\u00f3digo Civil, no reformado, en relaci\\u00f3n con los pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento-Civil, y la Orden General No. 118, y jurisprudencia del Supremo-aplicable al caso.\\nFallamos: que declarando con lugar la demanda interpuesta \\u00e1 nombre de Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind en la parte que se refiere al primer extremo de la misma, con sus pronunciamientos subsidiarios,, debemos condenar y condenamos al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter legal de arrendatario \\u00e1 que en el t\\u00e9rmino-de cinco meses naturales \\u00e1 contar desde la fecha en que sea firme esta sentencia, levante en el terreno arrendado los pastos de malojillo com-pletamente libres de plantas da\\u00f1osas, con la prevenci\\u00f3n que de no-verificarlo se efectuar\\u00e1 \\u00e1 su costa, y \\u00e1 la indemnizaci\\u00f3n de los da\\u00f1os y perjuicios irrogados \\u00e1 la demandante con el incumplimiento de la obligaci\\u00f3n primera pactada, los que deber\\u00e1n hacerse efectivo en la v\\u00eda. y forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.\\nAs\\u00ed mismo debemos declarar y declaramos sin lugar dicha de-manda en cuanto al otro extremo de su reclamaci\\u00f3n, absolviendo de- ella al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n, sin bacer especial condena-ci\\u00f3n de costas en ambos pronunciamientos. As\\u00ed lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Isidoro Soto Nussa, R. S\\u00e1nchez Montalvo, Libertad Torres G-rau\\u201d.\\nResultando: que contra esta sentencia interpueso la re-presentaci\\u00f3n de Don Esteban de Le\\u00f3n Mart\\u00ednez recurso de casaci\\u00f3n, que le fue admitido; y elevados los autos \\u00e1 esta Corte Suprema, previa citaci\\u00f3n y emplazamiento de las partes, se tramit\\u00f3 dicho recurso como de apelaci\\u00f3n, se\\u00f1al\\u00e1n-dose d\\u00eda para la vista, la que tuvo lugar con asistencia del Letrado de la parte apelante.\\nAbogado del apelante: Sr. Alv\\u00e1rez Nava-\\nAbogado del apelado: Sr. Guzm\\u00e1n Benitez (Jos\\u00e9).\", \"word_count\": \"3645\", \"char_count\": \"22015\", \"text\": \"El Juez Asociado Se. 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+"{\"id\": \"11257910\", \"name\": \"Paris v. The People\", \"name_abbreviation\": \"Paris v. People\", \"decision_date\": \"1903-12-14\", \"docket_number\": \"No. 43\", \"first_page\": \"29\", \"last_page\": \"39\", \"citations\": \"5 P.R. 29\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:51:28.331551+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzbacher and MacLeary concurred.\", \"parties\": \"Paris v. The People.\", \"head_matter\": \"Paris v. The People.\\nAppeal from the District Court of San Juan.\\nNo. 43.\\nDecided December 14, 1903.\\nOwnership. \\u2014 The brief and summary nature of the proceedings to establish ownership preeludes therein all kinds of incidental issues and therefore the decisions rendered in said proceedings must be confined to a declaration as to whether or not the ownership of the estate which is the object thereof has been established.\\n'STATEMENT OF THE CASE.\\nThese proceedings were brought to secure a declaration of ownership, in the District Court of San Juan by Juan Paris, and contested by The People of Porto Pico, and the case is now pending before ns on appeal taken by the petitioner, represented in this Supreme Court by Wenceslao Bosch, Esq.; the respondent, namely The People of Porto Rico, being represented, first, by the Acting Attorney General, and afterwards by the Fiscal of this court.\\nSaid District Court, upon the termination of the proceedings rendered its decision which literally reads as follows:\\n\\u201cSan Juan, Porto Rico, April eighteenth, one thousand nine hundred and three.\\n\\u201cOn August 29, 1902\\u2019, Attorney Wenceslao Bosch, on behalf of Juan Paris, instituted these judicial proceedings to secure admission to record a title of ownership in his favor, of a parcel of land containing seventy-two cuerdas, situated in barrio \\u2018Cangrejos-Arriba,\\u2019 within the Municipal District of Carolina, being bounded on tlie east and south by lands belonging to Ferm\\u00edn Mart\\u00ednez Villamil; on the north by the sea and on the west by the lands of Pedro Bulerni; he stated that his client acquired the said property by inheritance from his father, Pedro Paris, and had been paying the taxes assessed thereon, since 1895; that said real estate is free from encumbrances and is \\u25a0valued at two hundred and fifty dollars; and as he had no recorded title, he prayed that the testimony which he proposed to .introduce be admitted and that the ownership (dominion title) of said property be declared in his favor, in order that he might have the same recorded in the Registry of Property.\\n\\u201cThis petition was accompanied by a number of tax-receipts for the years 1900 to 1903 and two for June of 1895, of municipal tax in Carolina.\\n\\u201cThe application for a hearing was granted and the Fiscal was heard, an order being issued for his citation. An edict appeared in the Gazette of September 4, 1902, it not appearing that the same was ordered by the court, summoning all parties who had any property rights in the tract of land hereinbefore described, persons unknown and in general all those who might desire to oppose the declaration of ownership solicited, in order that they might do so within sixty judicial days.\\n\\u201cIn response to said publication the Treasurer of Porto Rico, on the 9th of the same month, contested the petition of Juan Paris, alleging that the lands referred to belonged to The People of Porto Rico, the same having been acquired from the abolished religious communities and that said Paris had no right thereto, but on the contrary, the property was in default with the Treasury of Porto Rico for many years\\u2019 lease-rent, which had not been satisfied.\\n\\u201cNotice of the Treasurer\\u2019s opposition was given to the Attorney General on October 1, 1902, and the Acting Attorney General, on behalf of The People of Porto Rico, perfected said opposition, and filed therewith a map drawn June 25, 1859, of the lands belonging to the Beal Hacienda (the Treasury), in barrio \\u2018Cangrejos-Arriba\\u2019 of Carolina, together with a record of proceedings had by the \\u2018Adminis-traci\\u00f3n General Econ\\u00f3mica\\u2019 (Treasury Department) of this Island, during the Spanish domination, for the sale of said lands, alleging that as shown from said record, the sale of these lands having been decided upon in 1872, they were divided into parcels for greater convenience and profit to the Treasury, parcel No. 11 being held by Gabriel Paris, as lessee thereof; that said parcel was offered at public sale on various occasions without success; that for failure to pay the lease-rent in July 1874, Gabriel Paris was ordered to be ejected from the lands occupied by him, which order was not carried out; that in \\u00a1September of 1879, said Paris requested that he be granted free use of said parcel of land, which request was denied; that in July of 1888 the Public Treasury was ordered, among other things, to take possession of aforesaid parcel No. 11, from which some cuerdas had already been segregated and the usufruct whereof continued to be enjoyed by G-abriel Paris or his heirs, Juan Paris being appointed the-trustee thereof; that the said decision was complied with on July 24, 1888, Juan Paris taking charge of the trust, under the penalty prescribed by the laws, according to a document signed at his request by Manuel M\\u00e9ndez. After urging many legal considerations the-Acting Attorney General finally prayed that the claim set up by Paris be dismissed, with costs, and that the ownership of said parcel of land be declared in favor of The People of Porto Eico, and that: it be ordered that aforesaid Paris be criminally prosecuted for the-offense committed in representing as his own, property which h& held in trust, with such other action as the case might warrant\\n\\u2018 \\u2018 The period fixed for the introduction of evidence having expired and the value of the property in question being less than one thousand dollars, an order was issued on March 6, 1903, directing that the Department of Justice and the other parties interested be summoned to appear at an oral hearing which was set for eight o \\u2019clock a. m., on the 23rd of the same month; but said day being a holiday, and Associate Judge Eichmond being unable to take cognizance of the case, by orders dated March 25 and April 4, 1903, said hearing was postponed to the 16th of April, qf which orders due notice was served upon the parties and they acquiesced therein.\\n\\u2018 \\u2018 On April 15, Wenceslao Bosch, Esq., counsel for Paris, raised an incidental issue asking for the annulment of all proceedings had subsequently to the issuance of the order of March 6, and that in lieu thereof the term of one hundred and eighty days fixed by article 395 of the Mortgage Law for the proposal of evidence be allowed, and at the same time asking that the oral hearing set for the following day, be postponed, which requests were denied on the same day, the oral hearing taking place as ordered, on the 16th, at which only the Fiscal appeared and made such allegations as he deemed proper on behalf of The People of.Porto Eico.\\n\\u2018 \\u2018 Juan Paris proposed no evidence during the period allowed therefor, nor subsequently, nor did he even attend to the summoning of tbe adjoining land-owners, nor show that the proclamation ordered to be inserted in the \\u2018Gazette\\u2019 had been published.\\n\\u201cThe Acting Attorney General has fully proven by the survey and record filed during the aforesaid period, and which were not in any manner attacked, all the facts upon which his opposition was based.\\n\\u201cJuan Paris not having even attempted to prove the ownership claimed by him, it is imposible to grant his application.\\n\\u201cThe Acting Attorney General has fully proven that said ownership resides in The People of Porto Rico; that the predecessors of' the aforesaid Par\\u00eds, and Paris himself, were only the lessees of the lands in question, which latterly were held in trust by the said Paris who accepted the trusteeship and was bound to discharge the duties, of same under the penalties imposed by the laws upon unfaithful trustees.\\n\\u201cIf, as such trustee, Juan Paris has possessed the parcel of land referred to in the proceedings and paid taxes thereon, this circumstance does not give him any title to aforesaid lands, nor could his predecessors have transmitted said title to him, since they never had it, they having held the tract of land in question only as lessees thereof. r\\n\\u201cArticle 395 of the Mortgage Law, which fixed one hundred and eighty days for the admission of evidence in these proceedings, was-modified by paragraph 6 of the Judicial Order of April 4, 1899, which limited said period to sixty days, and accordingly, the orders of .March 4 and 24, 1903, which were of mere procedure, having been acquiesced in and executed and the brief and summary nature of the special procedure, as \\u00e9stablished by the Mortgage Law, precluding incidental issues of every character, the one referring to the annulment of proceedings, raised on the 15th instant by Wenceslao Bosch, Esq., was properly dismissed.\\n\\u201cFor these reasons the decision rendered in this case should have reference only to the declaration of ownership requested by the plaintiff, without prejudice to such rights as The Peopie of Porto Rico may have in other respects, to be prosecuted in the proper action.\\n\\u201cThe claim set up in these proceedings by Juan Paris is dismissed, he having failed to prove his right of ownership to the property hereinbefore described, which belongs to The People of Porto Rico, the latter being left at liberty to exercise all such rights as in the opinion of its. representatives it may have against Juan Paris or other persons, by prosecuting the same in the proper action. As soon as this decision becomes final, the map and record of administrative proceedings remitted by him to the Treasurer, are ordered to be forwarded to the Attorney General, with the proper communication. Thus it is decided and signed by the judges of this court, to which I certify. Juan Morera Mart\\u00ednez, Angel Garc\\u00eda, Jos\\u00e9 Tous Soto. Lu\\u00eds M\\u00e9ndez Yaz.\\u201d\\nFrom this order the party instituting the proceedings to secure a declaration of ownership (dominion title) took an appeal which was allowed en ambos efectos, that is to say, with the effect both of staying the proceedings in the trial court and of transmitting the case for review in the appellate court. The record having been forwarded to this Supreme Court, and the parties duly summoned to appear, the appeal was proceeded with under the provisions of the act of the Legislative .Assembly of the 12th of March last, counsel for the parties being present at. the hearing.\\nMr. Bosch, for appellant.\\nMr. del Toro, Fiscal, for respondent.\", \"word_count\": \"1894\", \"char_count\": \"11193\", \"text\": \"Mr. Justice Figueras,\\nafter making the above statement of facts, delivered the following opinion of the court.\\nThe findings of fact and the conclusions of law contained in the decision appealed from are accepted, after correcting an error contained in the fourth conclusion of law, the Judicial Order cited being dated April 7, 1899, and not April 4, as erroneously stated.\\nNotice of the orders of. March 6 and 25, and of April 4, 1903, were served upon and acquiesced in by the counsel for the party who sought to obtain the annulment thereof, and the order which decides only the question of ownership cannot now be reversed.\\nIn view of the provisions cited in the order appealed from, we adjudge that we should affirm and do affirm the decision rendered by the District Court of San Juan on April 18, 1903, with costs against the party appellant. This decision is ordered to be communicated to said court, and the record returned for the proper purposes.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzbacher and MacLeary concurred.\"}"
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+"{\"id\": \"11258458\", \"name\": \"The People v. Mu\\u00f1iz\", \"name_abbreviation\": \"People v. Mu\\u00f1iz\", \"decision_date\": \"1905-12-09\", \"docket_number\": \"No. 79\", \"first_page\": \"471\", \"last_page\": \"472\", \"citations\": \"9 P.R. 471\", \"volume\": \"9\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:11:48.987421+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones, and Justices Hern\\u00e1ndez, Mac-Leary, and Wolf concurred.\", \"parties\": \"The People v. Mu\\u00f1iz.\", \"head_matter\": \"The People v. Mu\\u00f1iz.\\nAppeal from the District Court of' Arecibo.\\nNo. 79.\\nDecided December 9, 1905.\\nAppeal \\u2014 Bill oe Exceptions \\u2014 Statement oe Facts \\u2014 Manifest Errors. \\u2014 Where there is no bili of exceptions or statement of factjs and it does not appear from the record that any error has been committed which would justify a reversal of the judgment appealed from, the same should be affirmed.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Bossy, fiscal, for respondent.\\nThe appellant did not appear.\", \"word_count\": \"338\", \"char_count\": \"2001\", \"text\": \"Me. Justice Figueras\\ndelivered the opinion of the court.\\nSpecial- Fiscal E. B. Wilcox filed an information, duly sworn to, against Bamon Muniz Martinez, charging that while acting as the judge of election of a precinct, assisted by one of the other judges, he maliciously and fraudulently struck off the list of electors thereof the name of Tomas Ortiz, who was an elector qualified in said precinct; thus depriving him of his right to vote.\\nOn April 27th of the current year the District Court of Arecibo found him guilty. On the following 6th of May the defendant appeared, and not showing cause sufficient why judgment should not be pronounced against him, he was the same day sentenced for a crime against the elective franchise to imprisonment in the departmental penitentiary of the Island, for one year, at hard labor, and to pay the costs.\\nFrom this judgment an appeal was taken to this Supreme Court, without any allegation being made of the commission of any error.\\nThe fiscal of this court asks that the judgment be affirmed.\\nNo bill of exceptions or statement of facts, or even a simple brief, has been presented.\\nUnder the circumstances nothing can be done, and as, 'on the other hand, it does not appear from the record that any fundamental error has been committed, we recommend that the judgment appealed from be affirmed, with the costs of the appeal against the appellant.\\nAffirmed.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones, and Justices Hern\\u00e1ndez, Mac-Leary, and Wolf concurred.\\nSee Title XT, Penal Code.\"}"
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+"{\"id\": \"11258690\", \"name\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido\", \"name_abbreviation\": \"Pomales v. Registrador\", \"decision_date\": \"1913-06-28\", \"docket_number\": \"No. 149\", \"first_page\": \"947\", \"last_page\": \"949\", \"citations\": \"19 P.R. Dec. 947\", \"volume\": \"19\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:34:28.317042+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.\", \"parties\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.\", \"head_matter\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.\\nEeoueso gubernativo contra resoluci\\u00f3n del Eegistrador de la Propiedad de Guayama.\\nNo. 149.\\nResuelto en junio 28, 1913.\\nRecurso Gubernativo \\u2014 Documentos no Presentados al Registro. \\u2014 En la reso-luci\\u00f3n de un neeurso gubernativo este tribunal no puede tomar en considera- ci\\u00f3n documentos, que no consten que lian sido presentados en el registro y que fueron considerados por el registrador al poner la nota recurrida..\\nId. \\u2014 Segundo Recurso. \\u2014 Resuelto por esta corte un recurso gubernativo no puede luego volverse a plantear la misma cuesti\\u00f3n por medio de un segundo recurso fundado en los mismo documentos que sirvieron de base al primer recurso.\\nLos Lechos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAdogaclo del recurrente: Sr. G. Dom\\u00ednguez Rubio.\\nEl Registrador, Don Felipe Cuch\\u00ed, compareci\\u00f3 por escrito en nombre propio.\", \"word_count\": \"617\", \"char_count\": \"3853\", \"text\": \"El Juez Asociado Sr. Audrey,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEn dos de abril de este a\\u00f1o el Registrador de la Propiedad de Guayama deneg\\u00f3 la inscripci\\u00f3n de. una escritura de venta otorgada-a favor de Maximino Pomales por Ram\\u00f3n V\\u00e1zquez como m\\u00e1rshal y en nombre de la Sucesi\\u00f3n de Pedro (Jar-cia, fund\\u00e1ndose para ello en dos defectos de los'cuales uno fue, que la finca vendida no aparec\\u00eda inscrita en el registro a nombre de la Sucesi\\u00f3n de Pedro Garc\\u00eda. Establecido re-curso gubernativo por Pomales contra esta negativa de ins-cripci\\u00f3n, esta Corte Suprema en resoluci\\u00f3n del d\\u00eda 2 del presente mes de junio, los resolvi\\u00f3 confirmando la negativa del registrador por el defecto expresado. Pomales v. El Registrador, (p\\u00e1g. 637).\\nAlgunos d\\u00edas despu\\u00e9s dicho t\\u00edtulo de compraventa fu\\u00e9 pre-sentado nuevamente al mismo registro para su inscripci\\u00f3n y el registrador volvi\\u00f3 a negarla por el mismo defecto de falta de inscripci\\u00f3n a que hemos hecho referencia. Establecido nuevamente recurso contra esa nota, en \\u00e9l se nos han presen-tado por el recurrente adem\\u00e1s del t\\u00edtulo denegado, dos certi-ficaciones libra-das, una por el secretario de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Salinas, y la otra por el secretario de la Corte de Distrito de Guayama y tambi\\u00e9n una declaraci\\u00f3n jurada (affidavit). En estas certificaciones y declaraci\\u00f3n se apoya \\u00fanicamente el recurrente para solici-tar que revoquemos la expresada nota denegatoria, contra la cual ha recurrido ahora.\\nDe la nota de presentaci\\u00f3n pnesta por el registrador en el t\\u00edtulo no aparece qne con \\u00e9l se le presentaran las certifica-ciones y declaraci\\u00f3n jurada qne aliora nos presenta el recu-rrente, ni de ellas aparece constancia alguna por la cual poda-mos venir a la conclusi\\u00f3n de que en verdad fueron presenta-das al registrador con el t\\u00edtulo, de modo que no sabemos si el registrador las tuvo bajo su consideraci\\u00f3n cuando estamp\\u00f3 la segunda nota denegatoria. Para que nosotros podamos deci-dir que el registrador cometi\\u00f3 error en la nota recurrida es necesario que tengamos en cuenta los mismos datos que tuvo \\u00e9l para resolverla y no podemos, por tanto, tomar en conside-raci\\u00f3n documentos que no nos consta se le presentaran a \\u00e9l y, por consiguiente, fiemos de prescindir de las certificaciones y declaraci\\u00f3n jurada que nos fia presentado el recurrente, en vista de la raz\\u00f3n indicada. Calenti v. El Registrador, 12 D. P. R., 8, y Cadilla v. El Registrador, (p\\u00e1g. 80).\\nPrescindiendo, pues, de tales documentos y ateni\\u00e9ndonos solamente al t\\u00edtulo de venta, qne parece fu\\u00e9 el \\u00fanico que tuvo presente el registrador, tenemos que, de acuerdo con lo re-suelto por nosotros en el caso de Roig v. El Registrador, 18 D. P. R., 11, no podemos volver \\\"a tratar la misma cuesti\\u00f3n qne ya fu\\u00e9 resuelta por esta corte, porque la primera es ya ejecutoria y fia causado estado contra el recurrente Pomales.\\nLa nota recurrida debe ser confirmada.\\nConfirmada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.\"}"
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+"{\"id\": \"11258824\", \"name\": \"Ex Parte Rivera\", \"name_abbreviation\": \"Ex parte Rivera\", \"decision_date\": \"1903-10-21\", \"docket_number\": \"No. 24\", \"first_page\": \"189\", \"last_page\": \"191\", \"citations\": \"4 P.R. 189\", \"volume\": \"4\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T20:34:28.126910+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzba-cher and MacLeary, concurred.\", \"parties\": \"Ex Parte Rivera.\", \"head_matter\": \"Ex Parte Rivera.\\nApplication for a writ of habeas corpus.\\nNo. 24.\\nDecided October 21, 1903.\\nPine. \\u2014 Subsidiary Imprisonment. \\u2014 A judgment sentencing the accused to ninety days of imprisonment and payment of a fine of one hundred dollars, or in default of said payment, to undergo one day of imprisonment for each dollar, or one hundred days of additional imprisonment, is legal as to the principal sentence and corresponding cumulative sentence prescribed by law.\\nSTATEMENT OF THE CASE.\\nThe petitioner, Luis Rivera Iglesias states the facts as follows: Luis Rivera Iglesias was sentenced by the District Court of San Juan, in a criminal action prosecuted against him for disturbing the public peace, to ninety days of imprisonment and to pay a fine of one hundred dollars, or, in case of failure to pay the fine, to undergo one day of imprisonment for each dollar he failed to pay and the costs. This judgment was rendered on the 29th of July last, on which date he commenced to serve said sentence, wherefore 1 on the 16th instant he had served eighty days, which, with ten days allowed him by the warden for good conduct, completed the ninety days of the principal penalty. Now, after having served the principal penalty, the warden of the jail, Jos\\u00e9 Valent\\u00edn Berrios, illegally detains him, in order that he may serve one hundred days more, in satisfaction of the fine of one hundred dollars. According to section 322 of the Code of Criminal Procedure, imprisonment for failure to pay the fine' must not extend beyond the term for which the defendant might be sentenced; and if petitioner, according to section 368 of the Penal Code, could not have-been sentenced to imprisonment in jail for more than ninety days, it is evident that the imposition of one hundred days of imprisonment for non-payment of the fine, is illegal. For this reason, and in view of the provisions of section 483 of the Code of Criminal Procedure, petitioner prays that a. writ of habeas corpios be issued ordering Luis Rivera Igle- sias to be brought before the court, and that a day and hour be set for the hearing; that the Fiscal be cited, and as a result of the hearing, that petitioner be discharged.\\nMr. JFalc\\u00f3n, for the petitioner.\\nMr. del Toro, Fiscal, for the People.\", \"word_count\": \"493\", \"char_count\": \"2887\", \"text\": \"Opinion of tlie Court.\\nThe petitioner, Luis Rivera Iglesias, is not, at the present time, illegally deprived of his liberty, inasmuch as he has not yet served the corresponding additional term of imprisonment prescribed by law. We therefore hold that the writ prayed for by the prisoner, Luis Rivera Iglesias, must be denied and he is remanded to the jail where he has been serving his sentence, under the custody of the warden thereof, and the costs are taxed against the petitioner.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzba-cher and MacLeary, concurred.\\nMr. Justice Figueras did not sit at the hearing of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"11258940\", \"name\": \"Colorado v. Capella\", \"name_abbreviation\": \"Colorado v. Capella\", \"decision_date\": \"1912-12-16\", \"docket_number\": \"No. 884\", \"first_page\": \"953\", \"last_page\": \"954\", \"citations\": \"18 P.R. 953\", \"volume\": \"18\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:12:53.315850+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hernandez and Justices MacLeary, del Toro and Aldrey concurred.\", \"parties\": \"Colorado v. Capella.\", \"head_matter\": \"Colorado v. Capella.\\nAppeal from the District Court of San Juan, Section 2.\\nNo. 884.\\nDecided December 16, 1912.\\nPatria Potestas \\u2014 Welfare of Children. \\u2014 The primary consideration in the exercise of patria potetsas is the welfare of the children.\\nId. \\u2014 Appeal\\u2014Discretion of Court \\u2014 Family Relations \\u2014 Divorced Spouse.\\u2014 The determination of the extent of the family relations between a spouse against whom a divorce has been decreed and her children who have remained under the patria potestas of the other spouse lies within the sound discretion of the trial court and will not be modified by this court unless abuse in the exercise of such discretion is shown.\\nDivorced Spouse \\u2014 Adultery-\\u2014Family Relations. \\u2014 In the case at bar it was deeided that considering the circumstances of the ease and that the divorce was decreed against the mother for adultery, the trial court did not abuse its discretion when it deeided that the mother might see her children for four hours once a month.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Adri\\u00e1n Agosto for appellant.\\nThe respondent did not appear.\", \"word_count\": \"569\", \"char_count\": \"3304\", \"text\": \"Mr. Justice Wolf\\ndelivered the opinion of the court.\\nEafael Colorado obtained a decree of divorce from his wife, Lorenza Capella Martinez, on the ground of adultery, and the court awarded him the patria potestas of his minor children. A short time after the judgment, the wife filed a petition setting up that Eafael Colorado, her husband, prevented her from seeing her children, in violation of section 175 of the Civil Code, and asking for an order permitting her to see her children and to continue family relations with them.\\nSection 175 is as follows:\\n\\\"In all cases of divorce the minor children shall be placed under the patria potestas of the party who has obtained the decree; but the other spouse shall have the right to continue family relations with his or her children.\\\"\\nUnder the dominion of Spain in this country, and in all the States of the Union, the primary consideration has always been the interests of the children. It is true that section 175 says that \\\"the other sponse shall have the right to continue family relations with the children. ' ' The full exercise of the patria potestas, however, would seem to give the father in this case the right to prescribe the hours, conduct, and disposition of the children. The statute .is a bit vague, and it was necessary for a court to decide the rights of the parties, and we think the court below decided them accurately and in favor of the wife when it allowed her to see the children for four hours once a month. The family relations of which the statute speaks do not mean that the divorced wife miist see her children frequently, because that might be against their welfare; but she is continuing a family relation with them when she sees them, as she is permitted to do, once a month. The question of the extent of these family relations was a matter within the sound discretion of the court, and we see no abuse of that discretion, especially considering that the ground of the divorce was adultery and there was no showing made to .the court that the wife had reformed or abandoned the mode of life that occasioned the divorce.\\nThe order must be affirmed.\\nAffirmed.\\nChief Justice Hernandez and Justices MacLeary, del Toro and Aldrey concurred.\"}"
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+"{\"id\": \"11260168\", \"name\": \"G\\u00f3mez v. Rossy, District Judge\", \"name_abbreviation\": \"G\\u00f3mez v. Rossy\", \"decision_date\": \"1912-03-06\", \"docket_number\": \"No. 88\", \"first_page\": \"1053\", \"last_page\": \"1053\", \"citations\": \"18 P.R. 1053\", \"volume\": \"18\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:12:53.315850+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"G\\u00f3mez v. Rossy, District Judge.\", \"head_matter\": \"No. 88.\\nG\\u00f3mez v. Rossy, District Judge.\\nPetition for writ of certiorari.\\nDecided March 6, 1912.\\nMessrs. Luis Llorens Torres and Eugenio Benitez Casta\\u00f1o for petitioner.\", \"word_count\": \"28\", \"char_count\": \"185\", \"text\": \"Petition denied.\"}"
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+"{\"id\": \"11261256\", \"name\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"name_abbreviation\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"decision_date\": \"1913-02-04\", \"docket_number\": \"No. 946\", \"first_page\": \"1220\", \"last_page\": \"1220\", \"citations\": \"19 P.R. Dec. 1220\", \"volume\": \"19\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:34:28.317042+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"head_matter\": \"No. 946.\\nHern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\\nResuelto en febrero 4, 1913.\\nAbogado de los apelados: Sr. Tom\\u00e1s Bernardini de la Huerta. Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Mart\\u00ednez.\", \"word_count\": \"78\", \"char_count\": \"461\", \"text\": \"Apelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de G-nayama. Moci\\u00f3n de los apelados para que se desestime la apelaci\\u00f3n.\\nDesestimada la ape-laci\\u00f3n por incumplimiento del art\\u00edculo 249 del C\\u00f3digo de En-juiciamiento Civil enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911.\"}"
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+"{\"id\": \"12170216\", \"name\": \"In re Anabely Baretty Torres\", \"name_abbreviation\": \"In re Baretty Torres\", \"decision_date\": \"2016-05-19\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: TS-12920\", \"first_page\": \"600\", \"last_page\": \"606\", \"citations\": \"195 P.R. Dec. 600\", \"volume\": \"195\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:54:44.315955+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rivera Garc\\u00eda no intervino.\", \"parties\": \"In re Anabely Baretty Torres.\", \"head_matter\": \"In re Anabely Baretty Torres.\\nN\\u00famero: TS-12920\\nResuelto: 19 de mayo de 2016\\nManuel E. Avila de Jes\\u00fas, director de la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas, en informe; Anabely Baretty Torres, pro se.\", \"word_count\": \"1488\", \"char_count\": \"9138\", \"text\": \"per curiam:\\nUna vez m\\u00e1s nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un integrante de la clase togada por incumplir con los requisitos y requeri-mientos de la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas (ODIN) y por desatender las \\u00d3rdenes de este Tribunal. Por los fun-damentos que enunciamos a continuaci\\u00f3n, se ordena la suspensi\\u00f3n inmediata e indefinida de la Leda. Anabely Ba-retty Torres (licenciada Baretty Torres) del ejercicio de la abogac\\u00eda. Veamos los antecedentes f\\u00e1cticos que sostienen nuestro dictamen.\\nHH\\nLa licenciada Baretty Torres fue admitida al ejercicio de la abogac\\u00eda el 25 de enero de 2000. Asimismo, el 2 de marzo de 2000 prest\\u00f3 juramento para ejercer el notariado en nuestra jurisdicci\\u00f3n.\\nEl 12 de mayo de 2015, el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. \\u00c1vila de Jes\\u00fas, nos remiti\\u00f3 un Informe Especial. En este nos inform\\u00f3 que el 10 de diciembre de 2014, y reenviada el 9 de enero de 2015, le remiti\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n a la licenciada Baretty Torres expres\\u00e1ndole que adeudaba a la ODIN un total de (16) diecis\\u00e9is Indices de Actividad Notarial correspondientes a los meses si-guientes: diciembre de 2012; enero a marzo, junio a agosto, noviembre y diciembre de 2013; abril a octubre de 2014. A su vez, se le indic\\u00f3 que no hab\\u00eda presentado los Informes Estad\\u00edsticos de Actividad Notarial Anual para 2012 y 2013.\\nDe la misiva se desprende los esfuerzos realizados por la ODIN para que la licenciada Baretty Torres cumpliera con sus responsabilidades. As\\u00ed el 24 de marzo de 2015, la Unidad de Informes Notariales de la ODIN le curs\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n v\\u00eda correo electr\\u00f3nico a la licenciada Baretty Torres. En esta se le se\\u00f1al\\u00f3 a la licenciada Baretty Torres que se hab\\u00eda tratado de conseguir mediante llamada tele- f\\u00f3nica sin resultados positivos. Se le se\\u00f1al\\u00f3 su incumpli-miento con la presentaci\\u00f3n de \\u00edndices de Actividad Notarial Mensual y se le notific\\u00f3 que adeudaba, adem\\u00e1s, aquellos que debieron haberse presentado en noviembre y diciembre de 2014, as\\u00ed como en enero y febrero de 2015. Se le inform\\u00f3, adem\\u00e1s, que deb\\u00eda el Informe de Actividad Notarial Anual para 2014. La licenciada Baretty Torres no contest\\u00f3 este requerimiento.\\nPor su parte, la Unidad de Asuntos No Contenciosos de la ODIN le inform\\u00f3 al Director de la ODIN que no surg\\u00eda de los archivos que la licenciada Baretty Torres tuviera vigente la Fianza Notarial requerida por ley. La \\u00faltima confirmaci\\u00f3n de pago de la letrada con esa obligaci\\u00f3n se relaciona a la Fianza Notarial prestada para el periodo de 7 de febrero de 2013 a 7 de febrero de 2014, la cual hab\\u00eda sido cancelada por la compa\\u00f1\\u00eda Universal Insurance, Co., conforme surg\\u00eda de una comunicaci\\u00f3n de 7 de febrero de 2014.\\nEn la misiva cursada a la licenciada Baretty Torres se desprende que la ODIN la orient\\u00f3 sobre la gravedad de la conducta desplegada as\\u00ed como las consecuencias disciplina-rias que acarreaba tal incumplimiento. La ODIN le conce-di\\u00f3 un \\u00faltimo t\\u00e9rmino a la licenciada Baretty Torres para rendir los documentos adeudados. La carta finalizaba con la advertencia de que la ODIN podr\\u00eda acudir a este Tribunal en caso de incumplimiento. La correspondencia fue re-cibida por la licenciada Baretty Torres el 13 de enero de 2015 en Tampa, Florida.\\nAs\\u00ed las cosas, y referido el asunto a nuestra atenci\\u00f3n, el 29 de mayo de 2015 emitimos una Resoluci\\u00f3n en la cual le concedimos un t\\u00e9rmino de veinte (20) d\\u00edas a la licenciada Baretty Torres para que se expresara sobre el Informe Especial. En esta le apercibimos a la licenciada Baretty Torres de que su incumplimiento con los t\\u00e9rminos de la Resoluci\\u00f3n conllevar\\u00eda sanciones severas, incluyendo su suspensi\\u00f3n inmediata del ejercicio de la abogac\\u00eda. Ese t\\u00e9r-mino venci\\u00f3 sin que la letrada compareciera. As\\u00ed las cosas, el 28 de julio de 2015 compareci\\u00f3 nuevamente el Director de la ODIN, esta vez para notificar el incumplimiento de la notar\\u00eda con nuestra Resoluci\\u00f3n de 29 de mayo de 2015. Por ello, le concedimos a la licenciada Baretty Torres un t\\u00e9rmino de veinte (20) d\\u00edas para que mostrara causa por la cual no deb\\u00eda ser suspendida del ejercicio de la abogac\\u00eda. No obs-tante, la licenciada Baretty Torres no ha comparecido.\\nPasemos a exponer la normativa aplicable a esta rela-ci\\u00f3n de hechos.\\nII\\nEl Canon 9 del C\\u00f3digo de \\u00c9tica Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deber\\u00e1 observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la funci\\u00f3n de abogado requiere de una escrupulosa atenci\\u00f3n y obediencia a las \\u00f3rdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).\\nAdem\\u00e1s, reiteradamente hemos se\\u00f1alado que desatender las \\u00f3rdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re Bello Rivera, supra; In re De Jes\\u00fas Rom\\u00e1n, 192 DPR 799 (2015). Asimismo, hemos advertido que procede la sus-pensi\\u00f3n del ejercicio de la profesi\\u00f3n cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. \\\"Id\\u00e9ntica consecuencia supone el incumplir con los requerimientos de entidades a las cuales le hemos delegado alguna funci\\u00f3n en las tareas de regular el ejercicio de la profesi\\u00f3n, como lo son la Oficina de la Procuradora General, la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas y la Junta del [Programa de Educaci\\u00f3n Jur\\u00eddica Continua]\\\". In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, pags. 8\\u20149, 194 DPR 960. (2016). Por ello, ignorar los reque-rimientos de estas entidades constituye por s\\u00ed mismo una falta \\u00e9tica que conlleva la imposici\\u00f3n de sanciones discipli-narias severas. \\u00edd.\\nAsimismo, la pr\\u00e1ctica de la notar\\u00eda requiere el mayor celo en el cumplimiento de los deberes que le im-pone la ley y el ordenamiento \\u00e9tico. Por lo tanto, un notario no puede cruzarse de brazos ante los se\\u00f1alamientos y re-querimientos de la ODIN.\\nPor otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen \\\"la obligaci\\u00f3n de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la informaci\\u00f3n que consta en el Registro \\u00danico [de Abogados y Abogadas (RUA)]\\\". Entre otras cosas, el incumplimiento con este deber obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicci\\u00f3n disciplinaria. Por lo tanto, el mero incumplimiento de lo anterior tambi\\u00e9n podr\\u00e1 conllevar la imposici\\u00f3n de sanciones disciplinarias. In re Ezratty Samo et als., supra; In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015).\\nIII\\nSeg\\u00fan relat\\u00e1ramos, la licenciada Baretty Torres no ha cumplido con los requisitos del ejercicio de la notar\\u00eda ni con nuestros requerimientos. Aun cuando se le apercibi\\u00f3 a la licenciada Baretty Torres de que podr\\u00edan impon\\u00e9rsele san-ciones disciplinarias severas, de no responder oportunamente a nuestros requerimientos, esta ha hecho caso omiso. Tampoco ha actualizado su direcci\\u00f3n postal y f\\u00edsica en la base de datos del RUA, conforme lo exige la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra.\\nLa actitud de indiferencia y despreocupaci\\u00f3n de la licenciada Baretty Torres ante sus obligaciones y m\\u00e1s a\\u00fan ante los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal es totalmente inaceptable. Su proceder es de dejadez y menospre ci\\u00f3 hada la autoridad de esta Curia y esa conducta es incompatible con el ejercicio de la profesi\\u00f3n.\\nAs\\u00ed, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requisitos que impone la Ley Notarial de Puerto Rico y las \\u00d3rdenes de este Tribunal, decretamos su suspensi\\u00f3n in-mediata e indefinida del ejercicio de la abogac\\u00eda. En conse-cuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar represent\\u00e1ndolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensi\\u00f3n a los foros judiciales y administrativos en los que tenga alg\\u00fan caso pendiente. Asimismo, deber\\u00e1 acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del t\\u00e9r-mino de treinta (30) d\\u00edas a partir de la notificaci\\u00f3n de esta Opini\\u00f3n 'per curiam\\\" y Sentencia.\\nPor \\u00faltimo, el Alguacil de este Tribunal deber\\u00e1 gestionar la incautaci\\u00f3n de la obra y el sello notarial de la licenciada Baretty Torres y entregarla a la Oficina del Director de Ins-pecci\\u00f3n de Notar\\u00edas para la correspondiente investigaci\\u00f3n e informe.\\nSe dictar\\u00e1 Sentencia de conformidad.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Rivera Garc\\u00eda no intervino.\\nNos indica el Ledo. Manuel E. \\u00c1vila de Jes\\u00fas que la carta fue notificada originalmente a una direcci\\u00f3n que obraba en el Registro \\u00danico de Abogados y Abo-gadas (RUA). No obstante, la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas (ODIN) confirm\\u00f3 que la direcci\\u00f3n oficial de la notar\\u00eda es en Tampa, Florida, por lo que renvi\\u00f3 la comuni-caci\\u00f3n nuevamente. La primera comunicaci\\u00f3n enviada fue devuelta por el Sistema Federal de Correo Postal como \\\"No Reclamada\\\" (\\\"Unclaimed\\\").\"}"
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+"{\"id\": \"12254107\", \"name\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Aspur\\u00faa Pacheco\", \"decision_date\": \"1943-01-15\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 9548\", \"first_page\": \"252\", \"last_page\": \"258\", \"citations\": \"61 P.R. Dec. 252\", \"volume\": \"61\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:00:39.189533+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante.\", \"head_matter\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante.\\nN\\u00fam. 9548.\\nSometido: Noviembre 24, 1942.\\nResuelto: Enero 15, 1943.\\nB. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. G\\u00f3mez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.\", \"word_count\": \"1884\", \"char_count\": \"11148\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Snyder\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl acusado ha apelado de una sentencia que le conden\\u00f3 a seis a\\u00f1os de presidio luego de rendido por un jurado un veredicto de homicidio voluntario.\\nEl acusado alega que el veredicto no est\\u00e1 sostenido por la evidencia. Creemos innecesario hacer una relaci\\u00f3n detallada de la prueba aducida en el juicio. Est\\u00e1 admitido que el acusado dispar\\u00f3 y mat\\u00f3 al interfecto. La prueba de cargo tendi\\u00f3 a demostrar que el acusado, escondiendo su mano derecha y agach\\u00e1ndose, se acerc\\u00f3 a un inodoro y que se oyeron varios disparos mientras el acusado se hallaba \\\"la mitad afuera y la mitad adentro\\\" del inodoro. Admiti\\u00f3 el acusado haber disparado al interfecto en o en los alrededores del inodoro, pero aleg\\u00f3 que lo hab\\u00eda hecho en defensa propia, cuando el \\u00faltimo, luego de enfrascarse en una discusi\\u00f3n con \\u00e9l, le golpe\\u00f3 varias veces en el brazo con un tubo que estaba en el suelo. El jurado resolvi\\u00f3 el conflicto en la evidencia en favor del gobierno, y no vemos raz\\u00f3n para alterar el veredicto rendido (Pueblo v. Cruz, 59 D.P.R. 569; Pueblo v. Olivencia, 54 D.P.R. 908).\\nDespu\\u00e9s de haber declarado el acusado con respecto a los alegados golpes que le fueran propinados por el occiso, el fiscal ocup\\u00f3 la silla testifical en refutaci\\u00f3n. Declar\\u00f3 que cuando vi\\u00f3 al acusado en el cuartel de la polic\\u00eda poco despu\\u00e9s del suceso de sangre, el \\u00faltimo se abstuvo de declarar y se neg\\u00f3 a someterse a la prueba de parafina, pero que \\\"a presencia del Jefe de Caguas, de mi taqu\\u00edgrafo Sr. Luis P\\u00e9rez Jr., de m\\u00ed mismo, le invit\\u00e9 a que se despojara su ropa, quit\\u00e1ndose el gab\\u00e1n, la camisa, la corbata y la camiseta y le bice un examen para ver si descubr\\u00eda en \\u00e9l huellas de alguna clase y no encontr\\u00e9 ninguna huella de nada en absoluto sobre su cuerpo.\\\"\\nArguye el acusado que esta declaraci\\u00f3n del fiscal equivale a infringir el art\\u00edculo 2 de la Ley Org\\u00e1nica (48 U.S.C.A. See. 737) que dispone que \\\"ninguna persona ser\\u00e1 . . . obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra s\\u00ed misma\\\". (A ese mismo efecto, v\\u00e9ase el art\\u00edculo 7 de nuestro C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal).\\nAl hacer la anterior alegaci\\u00f3n, el acusado descansa prin-cipalmente en los casos de Reyes v. Corte Municipal, 41 D.P.R. 902, y State v. Height, 117 Iowa 650, 91 N.W. 935 (1902). En el caso de Reyes esta corte resolvi\\u00f3 que obligar a un acusado, con fines de una pretendida identificaci\\u00f3n en el transcurso del juicio, \\\"que se despeinara, se echara el pelo a la cara, y se pusiera la gorra echada hacia la frente\\\", constitu\\u00eda una violaci\\u00f3n del privilegio contra la autoineri-minaci\\u00f3n. En el caso de Height se resolvi\\u00f3 que el testimonio de m\\u00e9dicos que hab\\u00edan practicado bajo compulsi\\u00f3n un examen f\\u00edsico del acusado, no era admisible por razones similares.\\nLa contenci\\u00f3n del acusado es al efecto de que el privi-legio contra la autoincriminaci\\u00f3n no se limita a estar exento de declarar bajo compulsi\\u00f3n. Arguye que tambi\\u00e9n le da derecho a rehusar someterse a una inspecci\\u00f3n f\\u00edsica de determinada porci\\u00f3n de su cuerpo, con el resultado de que la evidencia obtenida por medio de tal inspecci\\u00f3n involun-taria queda excluida por el privilegio en cuesti\\u00f3n.\\nPodr\\u00edamos disponer de esta cuesti\\u00f3n sin una ulterior consideraci\\u00f3n de la misma, en vista de que la defensa no se opuso a este testimonio durante el juicio. Bastar\\u00eda asi-mismo indicar sencillamente que el privilegio, aun si exis-tiera bajo las presentes circunstancias, fu\\u00e9 renunciado en este caso cuando el acusado, a invitaci\\u00f3n del fiscal, se des-poj\\u00f3 voluntariamente de su ropa (V\\u00e9ase Reyes v. Corte Municipal, supra, a las p\\u00e1ginas 906, 907), y cuando ocup\\u00f3 la silla testifical en su propia defensa. Adem\\u00e1s, la premisa en que el acusado funda su contenci\\u00f3n, en el sentido de que la situaci\\u00f3n en el presente caso es similar a la del de Beyes\\u2014 que el acusado estaba en efecto declarando contra s\\u00ed mismo cuando el fiscal ocup\\u00f3 la silla testifical como su portavoz\\u2014 lia sido rechazada en otros casos (O'B\\u0213ien v. State, 25 N.E. 137 (Ind. 1890); Ross v. State, 182 N.E. 865, 69 (Ind. 1932); State v. Gatton, 20 N.E. (2d) 265 (Ohio, 1938). Mas pre-ferimos basar nuestra decisi\\u00f3n en el motivo fundamental de que el requerir de un acusado que se someta contra su volun-tad a un examen f\\u00edsico de esta naturaleza no equivale a una violaci\\u00f3n del privilegio contra la autoincriminaci\\u00f3n.\\nNos damos cuenta de que hay casos que, como el de Beyes, han resuelto lo contrario. Sin embargo, \\\"El peso 'num\\u00e9rico de las autoridades parece favorecer el punto de vista sostenido por el Profesor Wigmore de que el privi-legio deber\\u00eda limitarse a manifestaciones en calidad de testimonio hechas por el acusado, ya por escrito u oral-mente, y no deber\\u00eda hacerse extensivo a exposiciones f\\u00edsicas que se obligue al acusado hacer o a experimentos (tests) a que se le someta contra su voluntad.\\\" 40 Mich. L. Rev. 907 (1942). Cf. Barr, Privileges Against Self-Incrimination in California, 30 Calif. L. Rev. 547, 50 (1942); Morgan and Maguire, Cases on Evidence, anotaci\\u00f3n a las p\\u00e1ginas 227,-28.\\nEl an\\u00e1lisis que hace Wigmore de este problema demues-tra la falacia de la reclamaci\\u00f3n del privilegio en este caso. Indica \\u00e9l que . . no es meramente cualquiera o toda compulsi\\u00f3n lo que constituye la m\\u00e9dula del privilegio, hist\\u00f3-ricamente y de acuerdo con las definiciones constituciona-les, sino prestar declaraci\\u00f3n bajo compulsi\\u00f3n. . El pri-vilegio protege al individuo de hacer revelaciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra. El l\\u00edmite del privilegio es claro. . . . una inspecci\\u00f3n de las caracter\\u00edsticas f\\u00edsicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una violaci\\u00f3n del privi-legio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsabilidad de su testimonio. Que se le exija alguna vez en tales casos ejercitar acci\\u00f3n muscular\\u2014 como cuando se le ordena que se quite los zapatos o se arrolle las mangas \\u2014 es inmaterial . . . toda vez . . . que no es la compulsi\\u00f3n por s\\u00ed sola lo que constituye la idea del privilegio, sino compulsi\\u00f3n para obtener testimonio. Lo que se obtiene del acusado por medio de ese acto no es una declaraci\\u00f3n acerca de su cuerpo, sino su cuerpo en s\\u00ed (ante, see. 1150). A menos que'se haga cualquier tentativa para obtener una declaraci\\u00f3n, escrita u oral, en la cual pueda confiarse en cuanto a su conocimiento pleno de los hechos y las reacciones de su mente al expresarla, el requerimiento que se le haga no constituye uno de naturaleza testimonial.\\\" (8 Wigmore on Evidence, secs, 2263, 5). \\u00ab\\nNadie en nuestra historia judicial ha sido m\\u00e1s celoso en la protecci\\u00f3n de los derechos civiles del individuo que el Juez Asociado Sr. Holmes. Sin embargo, en el caso de Holt v. United States, 218 U.S. 245, la Corte Suprema, por voz de \\u00e9l, dijo, a las p\\u00e1ginas 252, 3:\\nOtra objeci\\u00f3n se funda en el alcance extravagante de la Quinta Enmienda. Surgi\\u00f3 la cuesti\\u00f3n de si una camisa pertenec\\u00eda al con-finado. Un testigo declar\\u00f3 que el confinado se la hab\\u00eda puesto y le hab\\u00eda quedado bien. Se objeta que \\u00e9l hizo esto bajo la misma coacci\\u00f3n que hizo inadmisible su declaraci\\u00f3n, y que deb\\u00eda eliminarse por las mismas razones. Pero la prohibici\\u00f3n de obligar a un indi-viduo en un proceso criminal a ser testigo en su contra es una que envuelve el uso de compulsi\\u00f3n f\\u00edsica o moral para obtener de \\u00e9l mani-festaciones, y no el que se excluya su cuerpo como evidencia cuando sea necesario. En principio, la objeci\\u00f3n impedir\\u00eda a un jurado mirar el prisionero y comparar sus facciones con una fotograf\\u00eda presentada en evidencia. .\\\"\\nEn el caso de Ohio de State v. Gatton, supra, la corte dijo, a la p\\u00e1gina 266:\\n\\\"Bajo el t\\u00edtulo de 'Autoineriminaei\\u00f3n, 1 Gfreenleaf on Evidence, d\\u00e9cimosexta edici\\u00f3n, secci\\u00f3n 469 e se encuentra lo siguiente:\\n\\\" 'El alcance del privilegio, hist\\u00f3ricamente y en principio, s\\u00f3lo incluye el procedimiento de testificar, oralmente o por escrito, esto es, el procedimiento de obtener revelaciones mediante manifestacio-nes. No se aplica a tales circunstancias f\\u00edsicas de car\\u00e1cter eviden-ciarlo que puedan existir en el cuerpo del testigo o acerca de si\\u00ed persona. El privilegio no descansa en la idea extrema de que una persona culpable tiene derecho a encubrir todo lo que est\\u00e9 .a su alcance sobre la evidencia de su crimen; sino en la idea de que no se le podr\\u00e1 obligar a que la confiese de sus propios labios. No obs-tante, en la \\u00faltima generaci\\u00f3n una benevolencia falsa y sentimental hacia el acusado culpable ha dado lugar a una tendencia en algu-nas jurisdicciones a extender el privilegio de una manera que nunca se imaginaron aqu\\u00e9llos que trazaron sus cimientos; y a menudo se levanta ahora la cuesti\\u00f3n de si el privilegio no protege a una persona acusada, de la inspecci\\u00f3n o examen o exhibici\\u00f3n de su persona. En la gran mayor\\u00eda de las jurisdicciones \\u2022 esta extensi\\u00f3n no ha sido sancionada; por ejemplo, el acusado puede ser obligado a ponerse de pie en la corte con el fin de identificarlo; puede enviarse un m\\u00e9dico para que lo examine, mientras est\\u00e1 en la c\\u00e1rcel, en cuanto a su 'condici\\u00f3n mental; pueden tomarse las medidas de los pies del .acusado con el prop\\u00f3sito de identificar las huellas; puede obligarse al acusado a poner su pie sobre huellas con el prop\\u00f3sito de investigar su parecido.' \\\"\\nEn resumen, el objeto de este privilegio es impedir \\\"el empleo de procedimientos legales para extraer de los propios labios de la persona una admisi\\u00f3n de'su culpabilidad. .\\\" (Wigmore, supra, sec. 2263). Y el privilegio que garantiza la libertad de no testificar bajo compulsi\\u00f3n, contenido en la frase \\\"ser un testigo contra s\\u00ed mismo\\\" \\\"no debe extenderse irracionalmente para cubrir situaciones claramente fuera del significado corriente del privilegio y de la pol\\u00edtica que lo respalda.\\\" (Ross v. State, supra, a la p\\u00e1gina 868).\\nBeconoeemos que el razonamiento aqu\\u00ed expuesto destruye los cimientos sobre los cuales descansa el caso de Reyes v. Corte, supra. Ese caso es, por lo tanto, revocado expre-samente. -\\nPor \\u00faltimo, se queja el acusado de que el fiscal de distrito, en su informe al jurado, arg\\u00fcy\\u00f3 que \\\"los golpes' que alega el acusado le fueron inferidos por el interfecto con este tubo no existen nada m\\u00e1s' que en la mente de la defensa, pues ni este Fiscal, ni el Jefe de la Polic\\u00eda Insular de Caguas, ni mi secretario el se\\u00f1or Luis P\\u00e9rez observamos rastro alguno de golpe en el cuerpo del acusado\\\".\\nLos autos ante nos no contienen una transcripci\\u00f3n del informe del fiscal de distrito. Estamos por tanto imposi-bilitados de determinar si ese comentario se hizo o si el mismo fu\\u00e9 objetado. Pero asumiendo esos hechos, resolve-mos que \\u00e9ste fu\\u00e9 un comentario leg\\u00edtimo hecho por el fiscal sobre su propio testimonio. El caso de Pueblo v. Yera, 60 D.P.R. 818, es aplicable a esta situaci\\u00f3n en vez del de Pueblo v. Marchand, 53 D.P.R. 671.\\nLa sentencia de la corte de distrito ser\\u00e1 confirmada.\"}"
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+"{\"id\": \"1605164\", \"name\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Masini v. People\", \"decision_date\": \"1938-03-11\", \"docket_number\": \"No. 7388\", \"first_page\": \"766\", \"last_page\": \"770\", \"citations\": \"52 P.R. 766\", \"volume\": \"52\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.488625+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Hutchison and Mr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\\nNo. 7388.\\nArgued December 21, 1937.\\nDecided March 11, 1938\\nB. Soltero Peralta for appellants. B. Fern\\u00e1ndez Garc\\u00eda, Attorney General, and M. Bodriguez Bamos, Assistant Attorney General, for appellee.\", \"word_count\": \"1167\", \"char_count\": \"6845\", \"text\": \"Mr. Chief Justice Del Toro\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThe record reveals that on January 11, 1936, eleven plaintiffs filed an amended complaint containing eleven causes of action; that the defendant demurred; that the court sustained the demurrer; that four of the eleven plaintiffs then filed a second amended complaint to which defendant demurred; that the court sustained the demurrer and, believing that the complaint was not susceptible of amendment, entered judgment dismissing it, without an award of costs. This appeal has been taken from that judgment.\\nThe averments common to the eleven causes of action first set out and to the four later pleaded are as follows:\\nThree employees of the defendant, in November, 1933, and in Jayuya, acting within the course of their employment as such in the establishment of transmission lines for electricity included within the project for the development of the water resources of the Government of Puerto Rico, did the acts causing the injuries complained of, as follows: One, Ram\\u00f3n Ortiz, placed underneath the kitchen in the house of Mar\\u00eda Mattei, without her consent, four gasoline drums belonging to defendant; the second, Francisco Rodriguez, tried in the early morning to take out a can of gasoline from one of the drums, while the third, Juan Ram\\u00f3n Ybio, was holding a gas lamp in such a negligent manner that he set fire to the gasoline, the fire spreading in all directions.\\nThe averments then differ, there being described in each cause of action the property or properties destroyed by the fire, with a specification of the damages sustained, which in total aggregate in the last four causes of action the sum of $29,219, for which judgment is prayed against the defendant.\\nIt is then alleged in each of the four causes of action finally set out:\\n\\\"That on November 23, 1932, the plaintiff in this cause of action filed a complaint in the District Court of Arecibo, Puerto Rico, against The People of Puerto Rico and the Puerto Rico Irrigation Service, under number 13,551, claiming damages for the reason's here set forth; but since plaintiff was unable to furnish a bond in favor of The People of Puerto Rico as required by Act No. 76 approved April 13, 1916 (p. 154), as amended by Act No. 11 approved April 18, 1928 (p. 130), that action could not be prosecuted and was dismissed on June 25, 1935.\\\"\\nThe grounds for demurrers which were sustained were: lack of jurisdiction for the reason that The People of Puerto Rico has not consented to be sued, improper joinder of parties plaintiffs, and failure to state a cause of action for the reason that the actions which might have been brought by plaintiffs prescribed in accordance with the provisions of Section 9 of Act No. 76 of April 13, 1916 (Laws, p. 154).\\nAppellants maintain in their brief that the district court erred in sustaining the demurrers.\\nIn support of their contention that the court can take jurisdiction of the litigation without the express consent of the defendant, appellants cite Section 9 of Joint Resolution No. 36, approved April 29, 1927 (Laws, p. 344), known as \\\"Act for the development of the Water Resources,\\\" which reads in part as follows:\\n\\\"That the engineer-director appointed by the Commissioner of the Interior to direct the survey and construction of these works, and his officials, agents, or employees, shall have the right to enter, upon notification to the owner or representative, any land for the purpose of making surveys, and to locate and establish any work proposed or included in the projects for the development of water power, including the lines of any canal, road, tunnel, or site for reservoir, aqueduct, electric-power plant, transmission lines, transformer substation, or any other work that may be required, the owner of the property to be indemnified for such damages as may be occasioned in consequence of the said works; Provided, That the amount of said indemnity shall be fixed with the approval of the Executive Council. .\\\"\\nNeither the portion of the statute above transcribed nor much less the whole of it has the scope which appellants contend. The legislature limited itself to fixing a duty to indemnify the landowner for the damages which might be occasioned him by the works therein specified, and what the employees of the defendant are said to have done in this ease is not clearly included within any of them.\\nWe are inclined to believe that there was no error, but even if this were not so, in view of the broad terms in which Section 1 of Act No. 76 of 1916 (Laws, p. 151) was amended by Act No, 11 of 1928 (Laws, p. 130), we would in any event have, to hold that the judgment be sustained since from the face of the complaint it appears that the causes of action sought to be brought are prescribed in accordance with Section 9 of Act No. 76 of 1916 above referred to, which expressly provides that all actions against The People of Puerto Rico shall prescribe, if suit is not begun within one year after the cause of action arises, as construed in connection with Section 4 thereof, as amended in 1928, as follows:\\n\\\".....Provided, however, That every plaintiff, as condition precedent to commencing such suit, must furnish a bond satisfactory to the court in the sum of two thousand (2,000) dollars in answer for costs; Provided, That the court shall have power to exempt from giving bond such persons as, on account of their poverty, may not be able to do so.\\\"\\nThe acts giving rise to the cause of action occurred on November 29, 1931, the original complaint having been filed without the requisite bond on November 23, 1932.\\nThe action thus sought to be commenced was dismissed on Jnne 25, 1935, the new complaint having been filed in November, 1935.\\nThe averment that the plaintiffs were not able to furnish the bond is without merit since the act itself provides how the difficulty in such cases can and should he solved.\\nAlthough in view of the conclusion we have reached, we could pass over the improper joinder of parties plaintiffs, we wish nevertheless to state that the order of the court sustaining the demurrer on this point is in accordance with the law and with the decisions of this Court interpretative thereof. Section 104 of the Code of Civil Procedure (1933 ed.); Ortiz et al. v. Insular Police Commission, 40 P.R.R. 157; Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez et al., 17 P.R.R. 703.\\nThe appeal must be dismissed and the judgment appealed from affirmed.\\nMr. Justice Hutchison and Mr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"3827435\", \"name\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida\", \"name_abbreviation\": \"Aguayo Pomales v. R & G Mortgage Corp.\", \"decision_date\": \"2006-09-20\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: CC-2006-52\", \"first_page\": \"36\", \"last_page\": \"53\", \"citations\": \"169 P.R. 36\", \"volume\": \"169\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:57:57.451244+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\", \"parties\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\", \"head_matter\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\\nN\\u00famero: CC-2006-52\\nResuelto: 20 de septiembre de 2006\\nJos\\u00e9 M. Acevedo \\u00c1lvarez, abogado de la parte peticionaria; Luis E. Tab\\u00f3n-Roca, Marta D. Masferrer y Ram\\u00f3n Luis Nieves, abogados de la parte recurrida.\", \"word_count\": \"4204\", \"char_count\": \"26635\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEl 30 de septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, dict\\u00f3 sentencia en un procedimiento sumario, por despido injustificado, instado por la aqu\\u00ed peticionaria Jemir Aguayo Pomales. al amparo de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961, seg\\u00fan enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En la sentencia dictada a esos efectos, el foro primario declar\\u00f3 \\\"con lugar\\\" la querella presentada por Aguayo Pomales contra su antiguo patrono, R&G Mortgage Corporation (R&G), determinando que el despido de \\u00e9sta no estuvo justificado; en consecuencia, el foro primario conden\\u00f3 a R&G a pagar a la querellante la mesada correspondiente y los honorarios de abogado. Oportunamente, R&G present\\u00f3 ante el referido foro una moci\\u00f3n para solicitar determinaciones de hechos y de derecho adicionales. \\u00c9sta fue declarada \\\"no ha lugar\\\" el 20 de octubre de 2005 y notificada el 26 de octubre de 2005.\\nEl 23 de noviembre de 2005, R&G present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. En la referida apelaci\\u00f3n cuestion\\u00f3, en s\\u00edntesis, la determinaci\\u00f3n del tribunal de instancia en cuanto a que el despido fue injustificado. En particular, aleg\\u00f3 que la sentencia no se sosten\\u00eda por la prueba presentada durante el juicio. Por su parte, Aguayo Pomales present\\u00f3 una solicitud de desestimaci\\u00f3n del recurso de apelaci\\u00f3n. Argument\\u00f3 que el tribunal apelativo no ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender el recurso, ya que \\u00e9ste se hab\\u00eda presentado cincuenta d\\u00edas luego de notificada la sentencia del foro primario. En espec\\u00edfico, aleg\\u00f3 que dentro de un procedimiento sumario, al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, no resultaba procedente la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y derecho adicionales; raz\\u00f3n por la cual su presentaci\\u00f3n por R&G no tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en apelaci\\u00f3n. En fin, Aguayo Pomales solicit\\u00f3 del foro apelativo intermedio que desestimara la apelaci\\u00f3n presentada por R&G por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nExaminada la solicitud de desestimaci\\u00f3n presentada, el Tribunal de Apelaciones la declar\\u00f3 no ha lugar. En la resoluci\\u00f3n que dict\\u00f3 a esos efectos, dicho foro, no indic\\u00f3 las razones para esta determinaci\\u00f3n. Inconforme, Aguayo Pomales acudi\\u00f3 ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En s\\u00edntesis, se\\u00f1ala que el referido foro apelativo incidi\\u00f3 al no desestimar el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Posteriormente, la querellante present\\u00f3 una moci\\u00f3n en auxilio de jurisdicci\\u00f3n para la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos a nivel del Tribunal de Apelaciones.\\nExpedimos el recurso y ordenamos la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos hasta que otra cosa dispusi\\u00e9ramos. Contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.\\nI\\nEl procedimiento sumario para los casos de reclamaciones laborales tiene como finalidad proveer al empleado un mecanismo procesal mediante el cual se aligere el tr\\u00e1mite de las reclamaciones laborales presentadas contra su patrono, adem\\u00e1s de implantar la pol\\u00edtica p\\u00fablica del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido de medios econ\\u00f3micos para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996); Mercado Cintr\\u00f3n v. Zeta Com., Inc., 137 D.P.R. 737 (1994).\\nEn numerosas ocasiones este Tribunal ha reiterado la importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones laborales de empleados instadas al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); R\\u00edos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001). Hemos reconocido, adem\\u00e1s, que precisamente la rapidez en la soluci\\u00f3n de dichos casos fue el prop\\u00f3sito fundamental del legislador al aprobar la medida. V\\u00e9anse: D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); 14 (N\\u00fam. 1) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordinaria) (1961). En atenci\\u00f3n a ello, \\\"hemos sido insistentes en se\\u00f1alar la importancia de respetar la naturaleza sumaria de este procedimiento de reclamaci\\u00f3n de salarios y no permitir que las partes desvirt\\u00faen dicho car\\u00e1cter especial y sumario\\\". D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, ante, p\\u00e1g. 493.\\nEllo no obstante, y aun reconociendo que el prop\\u00f3sito de la legislaci\\u00f3n antes citada es acelerar los procedimientos de reclamaciones laborales del empleado que los insta, este Tribunal ha expresado que el mencionado prop\\u00f3sito no es una norma inflexible que impida un tratamiento distinto en situaciones donde los fines de la justicia as\\u00ed lo ameriten. V\\u00e9ase Valent\\u00edn v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998). Aunque es norma reiterada que el car\\u00e1cter reparador de este procedimiento requiere que la ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado, he-mos reconocido que no fue la intenci\\u00f3n del legislador imponer un tr\\u00e1mite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., ante, p\\u00e1g. 903; Rivera v. Insular Wire Products Corp., ante, p\\u00e1g. 925.\\nComo consecuencia de lo antes expresado, en varias ocasiones nos hemos enfrentado a situaciones en que se ha planteado la aplicabilidad, o no, de varias de las Reglas de Procedimiento Civil al referido procedimiento sumario. Lo anterior, en vista de lo dispuesto por la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2 (32 L.P.R.A. see. 3120), a los efectos que en los casos tramitados con arreglo a dicho procedimiento de reclamaciones laborales aplicar\\u00e1n las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no est\\u00e9 en conflicto con el procedimiento establecido en la ley o con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. De hecho, de la propia Ley N\\u00fam. 2, ante, surge de forma clara que las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil que no sean contrarias a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica del procedimiento, ni que atenten contra su naturaleza sumaria, le aplican.\\nEn D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975), al analizar la mencionada See. 3, expresamos que para resolver si determinado tr\\u00e1mite ordinario dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil puede o no aplicar al procedimiento sumario, hay que examinar si la regla procesal civil implicada resulta conflictiva o contraria a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la ley especial, y con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento.\\nPosteriormente, en D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., ante, nos enfrentamos a la controversia en cuanto a si la presentaci\\u00f3n de un recurso de certiorari para revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria, dictada dentro del procedimiento sumario, era contraria o desvirtuaba el car\\u00e1cter sumario que deb\\u00eda imperar en el procedimiento. Resolvimos en la afirmativa. Al as\\u00ed hacerlo indicamos que la sobrecarga de casos pendientes ante los tribunales apelativos imped\\u00edan la r\\u00e1pida soluci\\u00f3n de estos recursos y que, por lo tanto, quedaba afectada la naturaleza sumaria del proceso. En consecuencia, concluimos que la parte que pretendiera impugnar tales resoluciones deb\\u00eda esperar hasta la sentencia final e instar el recurso pertinente a base del alegado error cometido.\\nDicha norma general de autolimitaci\\u00f3n, naturalmente, tiene sus excepciones. En casos en los que la resoluci\\u00f3n haya sido dictada sin jurisdicci\\u00f3n por el foro primario y en aquellos casos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervenci\\u00f3n del foro apelativo \\u2014casos extremos en que la revisi\\u00f3n inmediata disponga del caso o su pronta disposici\\u00f3n, o cuando dicha revisi\\u00f3n tenga el efecto de evitar una grave injusticia\\u2014 los tribunales apelativos tendr\\u00e1n facultad de revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario dentro de un procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante.\\nII\\nEn lo referente al procedimiento de apelaci\\u00f3n de las sentencias dictadas por el tribunal de instancia en casos instados por la mencionada Ley N\\u00fam. 2, su Sec. 12 (32 L.P.R.A. sec. 3129), dispone que \\u00e9stas ser\\u00e1n revisadas conforme al procedimiento ordinario. Ello significa que, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, las sentencias dictadas por el foro primario en un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra, podr\\u00e1n ser revisadas presentando un recurso de apelaci\\u00f3n dentro del t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia dictada. Regla 53.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEn conformidad con el procedimiento civil ordinario, entre los remedios postsentencia disponibles a la parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el tribunal de instancia, adem\\u00e1s del recurso de apelaci\\u00f3n propiamente, se encuentra la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n para determinaciones iniciales o adicionales de hechos o de derecho, o para enmiendas a las determinaciones ya hechas. Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por su parte, la Regia 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone que cuando la parte afectada por la sentencia presente la mencionada moci\\u00f3n, el t\\u00e9rmino para solicitar la revisi\\u00f3n de la sentencia quedar\\u00e1 interrumpido.\\nIII\\n\\u00bfProcede que se apliquen las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante \\u2014sobre mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales o adicionales\\u2014 luego de dictada una sentencia dentro de un procedimiento de reclamaciones laborales al amparo de la antes citada Ley N\\u00fam. 2?\\nAun cuando la referida interrogante no ha sido resuelta por este Tribunal de forma directa y espec\\u00edfica, existen decisiones nuestras que, cuando menos, intimaron el resultado, en la afirmativa, al que hoy llegamos. En Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997), la querellante, luego de dictada una sentencia a favor del patrono dentro de un caso instado por el tr\\u00e1mite sumario de la Ley N\\u00fam. 2, ante, present\\u00f3 una moci\\u00f3n que titul\\u00f3 Moci\\u00f3n Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho Adicionales bajo la Regla 43.3 y de Reconsideraci\\u00f3n. Aun cuando en la moci\\u00f3n llevaba este t\\u00edtulo, no se especificaron las determinaciones de derecho que la querellante deseaba que se realizaran. El foro de instancia la deneg\\u00f3 mediante resoluci\\u00f3n a esos efectos. Diecinueve d\\u00edas luego del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n que deneg\\u00f3 la moci\\u00f3n, la querellante present\\u00f3 una apelaci\\u00f3n ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El referido foro determin\\u00f3 que, para que una moci\\u00f3n al amparo de la citada Regla 43.3 tuviera efecto interruptor del t\\u00e9rmino para recurrir en alzada, \\u00e9sta ten\\u00eda que ser una moci\\u00f3n suficiente de su faz. En vista de que la moci\\u00f3n presentada por la querellante no particularizaba las determinaciones de derecho deseadas, el referido foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nEn revisi\\u00f3n, confirmamos la determinaci\\u00f3n del foro apelativo. En dicho caso establecimos, por vez primera, los requisitos para que una moci\\u00f3n sobre determinaciones de hecho y de derecho interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar. A esos efectos, expresamos que \\u00e9sta deb\\u00eda constituir una \\\"propuesta que exponga con suficiente particularidad y especificidad los hechos que el promovente estima probados y, fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con cuestiones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales\\\". (\\u00c9nfasis suprimido.) Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 939.\\nEs de particular relevancia a este caso lo que expresamos en Andino v. Topeka, Inc., ante, en t\\u00e9rminos de que la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, no ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de aumentar el t\\u00e9rmino jurisdiccional para apelar o presentar un certiorari, sino que su raz\\u00f3n de ser era brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o corregir cualquier error cometido.\\nVemos que en el caso antes citado \\u2014el cual, repetimos, se inst\\u00f3 al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones laborales\\u2014 en ning\\u00fan momento se cuestion\\u00f3 la facultad del tribunal de instancia para acoger una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y de derecho ni su efecto interruptor para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia dictada dentro de dicho procedimiento. En otras palabras, en Andino v. Topeka, Inc., ante, no se plante\\u00f3 que la moci\\u00f3n seg\\u00fan la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, fuese contraria a las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2, ante, ni a la naturaleza sumaria del procedimiento.\\nEn Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003), nos enfrentamos a un procedimiento, presentado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, en el que los empleados querellantes presentaron una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hecho y de derecho. El foro primario la acogi\\u00f3, emiti\\u00f3 una resoluci\\u00f3n con ciertas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y dispuso que \\u00e9sta enmendaba la sentencia originalmente dictada. Posterior a ello, el patrono querellado present\\u00f3 una moci\\u00f3n de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho contra la \\\"sentencia enmendada\\\". Esta fue denegada de plano por el foro de instancia. El patrono present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. El mencionado foro, ante una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por los querellantes, desestim\\u00f3 el recurso por, alegadamente, haberse presentado fuera del t\\u00e9rmino jurisdiccional para acudir en apelaci\\u00f3n.\\nEl patrono acudi\\u00f3 entonces ante este Tribunal alegando, en s\\u00edntesis, que su moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia enmendada. Este Tribunal, luego de reafirmar los requisitos expuestos en Andino v. Topeka, Inc., ante, para que una moci\\u00f3n a esos efectos interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar, esboz\\u00f3 la controversia en los t\\u00e9rminos siguientes: si luego de presentada y acogida una primera moci\\u00f3n de determinaciones de hecho adicionales, proced\\u00eda la presentaci\\u00f3n de una segunda moci\\u00f3n a esos efectos, y si \\u00e9sta interrump\\u00eda el t\\u00e9rmino para apelar.\\nResolvimos que esta segunda moci\\u00f3n proced\\u00eda en dos instancias: la primera, cuando las determinaciones a las que llegara el tribunal, luego de considerar la primera moci\\u00f3n de determinaciones adicionales, tuviera el efecto de enmendar o modificar la sentencia original a los fines de alterar sustancialmente el resultado del caso o bien producir un cambio sustancial en \\u00e9sta; la segunda instancia, cuando la primera solicitud de determinaciones de hecho adicionales, aun cuando no tuviera el efecto de modificar la sentencia original, incorporara nuevas determinaciones de hecho o conclusiones de derecho no incluidas en la sentencia original.\\nVemos, pues, que en este caso avalamos la facultad del foro de instancia para atender no una, sino dos mociones de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales dentro del procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra.\\nIV\\nR&G argumenta que la moci\\u00f3n presentada, al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de ofrecerle al foro de instancia la oportunidad de enmendar su sentencia, de modo que reflejara la realidad de la prueba que desfil\\u00f3 ante s\\u00ed, y las conclusiones de derecho que deb\\u00edan haberse emitido a tenor con la prueba desfilada en el juicio.\\nPor su parte, la peticionaria argumenta que, dentro del procedimiento establecido por la Ley N\\u00fam. 2, ante, la \\u00fanica alternativa que tiene la parte inconforme con la sentencia es el recurso apelativo, ya que la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales tendr\\u00eda el efecto de aumentar de forma impermisible el t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas para recurrir en alzada y de atentar contra la naturaleza sumaria del procedimiento. Sostiene, adem\\u00e1s, que este Tribunal estableci\\u00f3 en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, cu\\u00e1les eran las \\u00fanicas Reglas de Procedimiento Civil aplicables a los proced\\u00ed mientos seg\\u00fan la Ley N\\u00fam. 2, ante. No le asiste la raz\\u00f3n a la peticionaria.\\nSeg\\u00fan se\\u00f1alamos anteriormente, en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, establecimos el est\\u00e1ndar que deb\\u00edan aplicar los tribunales para establecer si determinada disposici\\u00f3n de las Reglas de Procedimiento Civil pod\\u00eda, o no, ser aplicada al procedimiento sumario. Para establecer dicho est\\u00e1ndar, primero partimos de la base que la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2, ante, establec\\u00eda una norma general a los efectos de que las Reglas de Procedimiento Civil pueden ser aplicadas al procedimiento sumario. Con ello en mente, lo que expresamos en cuanto a ese aspecto fue que para efectivamente aplicar una disposici\\u00f3n en particular, hab\\u00eda que examinar si resultaba contradictoria, o no, con alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la referida Ley N\\u00fam. 2 \\u00f3 el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. Aun cuando enumeramos una serie de Reglas de Procedimiento Civil que ya hab\\u00edan sido avaladas por este Tribunal, de ninguna forma lo hicimos con la intenci\\u00f3n de que fuera un listado taxativo. Ello significa que hay que examinar cada regla, seg\\u00fan se vayan presentado los casos, y hacer el an\\u00e1lisis establecido en D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, tomando en cuenta que la norma de celeridad y el car\\u00e1cter del procedimiento no es restrictiva e inflexible y que el norte que se ha de seguir para determinar la apli caci\\u00f3n de una regla de Procedimiento Civil es que los casos sean resueltos de forma correcta y justa.\\nDebe mantenerse presente que la sentencia es el resultado de un proceso de reflexi\\u00f3n y que las determinaciones que haga el juez, tanto de hecho como de derecho, reflejan igualmente el resultado de ese proceso. Como ex-pres\\u00e1ramos en Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 938:\\nLa experiencia nos ense\\u00f1a que, dentro de ciertos l\\u00edmites, puede discreparse de una apreciaci\\u00f3n t\\u00e1ctica o que hay espacio para una interpretaci\\u00f3n jur\\u00eddica distinta; lo importante es evitar que prevalezcan dict\\u00e1menes judiciales caprichosos faltos de fundamento o hijos de la irreflexi\\u00f3n. M\\u00e1s all\\u00e1 de esa instancia, una sentencia explicada y fundamentada facilita la funci\\u00f3n revisora del foro apelativo al presentarle el cuadro t\\u00e1ctico claro que nutri\\u00f3 la conciencia judicial del juzgador.\\nUna moci\\u00f3n bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, se presenta para que el tribunal que dict\\u00f3 la sentencia pueda tener la oportunidad de corregirla, formulando determinaciones adicionales de hecho, a base de la prueba presentada en el juicio, o conclusiones de derecho pertinentes al fallo. R. Hern\\u00e1ndez Col\\u00f3n, Pr\\u00e1ctica jur\\u00eddica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, See. 5001, p\\u00e1g. 314. Por esta raz\\u00f3n, la moci\\u00f3n puede ser solicitada como remedio post sentencia por cualquiera de las partes en un pleito, pues su prop\\u00f3sito va dirigido a la consecuci\\u00f3n de un ideal de justicia exento de errores. V\\u00e9ase Rold\\u00e1n v. Lutr\\u00f3n, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000).\\nResolvemos, en consecuencia, que luego de dictada la sentencia dentro de un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, a \\u00e9sta le aplican las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante.\\nV\\nHemos examinado la moci\\u00f3n presentada por R&G en el presente caso. \\u00c9sta no s\\u00f3lo fue presentada en tiempo, sino que cumple con los requisitos de especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc. ante. Por consiguiente, dicha moci\\u00f3n efectivamente interrumpi\\u00f3 el t\\u00e9rmino para apelar, raz\\u00f3n por la cual el foro apelativo intermedio ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender la apelaci\\u00f3n presentada por R&G. El referido foro, en consecuencia, actu\\u00f3 correctamente al denegar la moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por la peticionaria Aguayo Pomales.\\nConforme lo expuesto, procede dictar sentencia confirmatoria de la resoluci\\u00f3n emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al mencionado foro para la continuaci\\u00f3n de los procedimientos.\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\\nCopia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia fue archivada en autos el 4 de octubre de 2005.\\nR&G Mortage Corporation (R&G) hab\\u00eda despedido a la querellante por, alegadamente, haber entregado informaci\\u00f3n personal, no p\\u00fablica, de sus clientes a un tercero, el agente de seguros Jorge Steidel, quien no trabajaba para R&G. Seg\\u00fan determin\\u00f3 el foro primario, R&G no rindi\\u00f3 un reporte escrito en tomo a los hechos y da\\u00f1os encontrados, al amparo de su pol\\u00edtica sobre informaci\\u00f3n confidencial y privilegiada, ni estableci\\u00f3 c\\u00f3mo se hab\\u00edan afectado sus intereses o la estabilidad de la instituci\\u00f3n. Por consiguiente, determin\\u00f3 que no hab\\u00edan mediado ninguna de las causas que permit\\u00edan el despido.\\nEn s\\u00edntesis, R&G solicit\\u00f3 al foro primario que hiciera determinaciones de hecho adicionales relacionadas con la persona a quien Aguayo Pomales hizo entrega de la informaci\\u00f3n confidencial; en cuanto a que durante la vista Aguayo Pomales hab\\u00eda testificado que conoc\\u00eda bien la pol\\u00edtica de confidencialidad de la instituci\\u00f3n; que \\u00e9ste admiti\\u00f3 que la informaci\\u00f3n no deb\\u00eda compartirse con terceros, y que hacerlo era contrario a la pol\\u00edtica de la instituci\\u00f3n. Tambi\\u00e9n se solicitaron determinaciones sobre la 'Pol\\u00edtica sobre Informaci\\u00f3n Confidencial\\\" de la instituci\\u00f3n. En cuanto a determinaciones de derecho, se solicitaron, en s\\u00edntesis, determinaciones sobre el Financial Services Modernization Act, 15 U.S.C.A. sec. 6801 et seq., su protecci\\u00f3n a la intimidad de la informaci\\u00f3n financiera de los clientes y el deber de las instituciones financieras de salvaguardar dicha confidencialidad.\\nEn dicho caso se resolvi\\u00f3 que la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III, entonces vigente, sobre la notificaci\\u00f3n previa a la parte en rebeld\\u00eda que hubiera comparecido al pleito y contra la cual se solicitaba se dictara sentencia, no aplicaba al procedimiento sumario. Indicamos como raz\\u00f3n para ello que concluir lo contrario atentar\\u00eda contra el car\\u00e1cter r\\u00e1pido y sumario del procedimiento.\\nEn ese caso se\\u00f1alamos, adem\\u00e1s, que este Tribunal hab\\u00eda avalado la aplicaci\\u00f3n de la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, referente a la enmienda de las alegaciones, para conformarlas a la prueba, de las Reglas 6.3 y 10.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre consolidaci\\u00f3n de defensas con relaci\\u00f3n a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, relativa al permiso para enmendar las alegaciones, y de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre el relevo de sentencia. D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321-322 (1975).\\nSeg\\u00fan la vigente Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la facultad para revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera de Instancia radica en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aplicable al momento en que se present\\u00f3 el recurso de certiorari en dicho caso, Ley N\\u00fam. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq), le otorgaba dicha facultad a este Tribunal.\\nSin embargo, la norma antes expuesta no se aplic\\u00f3 retroactivamente ante los hechos particulares del caso que consider\\u00f3 este Tribunal, ya que en \\u00e9ste, el procedimiento hab\\u00eda perdido su esencia \\\"sumaria\\\" debido al tiempo que hab\\u00eda tomado la resoluci\\u00f3n final del asunto. Por consiguiente, expresamos que, en dicho caso en particular, la revisi\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario no afectaba el prop\\u00f3sito perseguido por la norma de autolimitaci\\u00f3n establecida.\\nLa Regla 43.3 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:\\n\\\"No ser\\u00e1 necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelaci\\u00f3n, pero a moci\\u00f3n de parte, presentada a m\\u00e1s tardar diez (10) d\\u00edas despu\\u00e9s de haberse archivado en autos copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia, el tribunal podr\\u00e1 hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que \\u00e9stas no se hubieren hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o podr\\u00e1 enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podr\\u00e1 enmendar la sentencia de conformidad. La moci\\u00f3n se podr\\u00e1 acumular con una moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n o de nuevo juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podr\\u00e1 ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuesti\\u00f3n no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado moci\\u00f3n para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nA esos efectos, la referida Regla 43.4 de Procedimiento Civil establece que:\\n\\\"Radicada una moci\\u00f3n por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedar\\u00e1n interrumpidos los t\\u00e9rminos que establecen las Reglas 47, 48 y 53, para todas las partes. Estos t\\u00e9rminos comenzar\\u00e1n a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificaci\\u00f3n de las determinaciones y conclusiones solicitadas.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEsto es, que s\\u00f3lo una oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones de hecho adicionales es la que interrumpe los t\\u00e9rminos para interponer una apelaci\\u00f3n.\\nA modo de ejemplo, no podr\\u00eda aplicarse al procedimiento sumario reglas que intervengan con las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.), que establecen t\\u00e9rminos cortos para contestar la querella; criterios estrictos para conceder una pr\\u00f3rroga para contestar la querella; el mecanismo especial para el emplazamiento del patrono; la obligaci\\u00f3n de hacer una sola alegaci\\u00f3n responsiva; las limitaciones en el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba; la prohibici\\u00f3n de demandas o reconvenciones contra el obrero querellante; la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeld\\u00eda cuando el patrono querellado no cumple con los t\\u00e9rminos para contestar la querella; los mecanismos de revisi\\u00f3n y ejecuci\\u00f3n de las sentencias, y el embargo preventivo. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 504 esc. 3 (2003); Ruiz v. Col. San Agust\\u00edn, 152 D.P.R. 226 (2000); Rodr\\u00edguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 892 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 923-924 (1996).\\nClaro est\\u00e1, dicha moci\\u00f3n tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, esto es, ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de diez d\\u00edas de la notificaci\\u00f3n de la sentencia y con los requisitos de suficiente especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997).\"}"
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Delgado Rivera, de Salda\\u00f1a & Salda\\u00f1a-Egozcue, abogados de la parte recurente; Marisol Marchand Castro, registra-dora, Registro de la Propiedad de San Juan, Secci\\u00f3n I, parte recurrida.\", \"word_count\": \"8331\", \"char_count\": \"52043\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Estrella Mart\\u00ednez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEl recurso presentado nos permite determinar si el do-cumento administratiyo otorgado por el Centro de Recau-daci\\u00f3n de Ingresos Municipales para transferirle a una fia-dora la hipoteca legal t\\u00e1cita que se constituye a su favor, en concepto de las contribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad inmueble, es inscribible ante el Registro de la Propiedad.\\nProcedemos a delimitar el escenario f\\u00e1ctico y procesal que origin\\u00f3 el recurso que tenemos ante nuestra consideraci\\u00f3n.\\nI\\nLa controversia de autos gira en torno a una finca del municipio de San Juan (Municipio), cuyo derecho de super-ficie y el derecho de construir en la referida finca fueron cedidos a Paseo Portuario and Company S.E. (Paseo Portuario).( ) A su vez, Paseo Portuario transfiri\\u00f3 el arren-damiento del derecho de superficie a Rexam Limited Partnership. Luego, ese derecho y el de la titularidad de la propiedad edificada (Edificio Portuario) se cedieron a favor de Colonial Parking Corporation (Colonial).\\nSeg\\u00fan el tracto descrito, Colonial se convirti\\u00f3 en due\\u00f1a del derecho de superficie de la finca del Municipio, as\\u00ed como del Edificio Portuario. Ante esto y seg\\u00fan se desprende del recurso presentado, Colonial aleg\\u00f3 ante el Centro de Re-caudaci\\u00f3n de Ingresos Municipales (CRIM) que por el edi-ficio estar construido sobre una propiedad del Municipio estaba exento de pagar contribuciones. El CRIM rechaz\\u00f3 este argumento y solicit\\u00f3 que se presentara una fianza de garant\\u00eda financiera para garantizar la deuda sobre la pro-piedad inmueble impuesta al Edificio Portuario.\\nEn consecuencia, a solicitud de Colonial, el 31 de marzo de 2008 United Surety & Indemnity Company (USIC) emi-ti\\u00f3 la fianza de garant\\u00eda financiera N\\u00fam. 08123361 (fianza), por la suma inicial de $1,575,000. En esta, USIC se oblig\\u00f3 solidariamente con Colonial por el pago de las contribuciones sobre la propiedad inmueble correspon-diente al Edificio Portuario. Posteriormente, la fianza de garant\\u00eda se increment\\u00f3 a $1,975,000.\\nLuego de otorgada esta garant\\u00eda, Colonial se convirti\\u00f3 en un contribuyente moroso. Por lo tanto, el 14 de marzo de 2011 el CRIM emiti\\u00f3 una misiva en la cual solicit\\u00f3 hacer efectiva la fianza que garantizaba la deuda. El 26 de abril de 2011 el CRIM envi\\u00f3 una segunda reclamaci\\u00f3n reite-rando que no pudo llegar a un acuerdo con Colonial, por lo que para cobrar la deuda contributiva no le quedaba otra alternativa que ejecutar la fianza. Esta reclamaci\\u00f3n fue reiterada en una tercera misiva emitida el 18 de mayo de 2011. En todos estos requerimientos, el CRIM solicit\\u00f3 el pago de $1,975,000.\\nAnte estas reclamaciones, el 11 de octubre de 2011, USIC pag\\u00f3 al CRIM la cantidad de $1,812,442.03. Este pago fue realizado mediante dos cheques: el N\\u00fam. 3909 por la cantidad de $367,170.33, con el cual se acredit\\u00f3 el pago de la deuda corriente, y el N\\u00fam. 3910 por $1,445,271.70, mediante el cual se pag\\u00f3 la deuda contributiva sobre la propiedad inmueble impuesta al Edificio Portuario para los a\\u00f1os fiscales 2003-2010.\\nEn consideraci\\u00f3n a estos pagos, el 5 de diciembre de 2011 el Sr. Gustavo A. Freyre Conde, subdirector ejecutivo del CRIM, emiti\\u00f3 ante la notar\\u00eda Tania Xiomara Laporte Reve-r\\u00f3n un documento administrativo de cesi\\u00f3n a favor de USIC. En este, se estableci\\u00f3 que al 11 de octubre de 2011 Colonial le adeudaba al CRIM la cantidad de $2,506,298.34 por con-tribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad in-mueble con n\\u00famero de catastro 040-003-089-04-000, a la cual nos hemos referido como Edificio Portuario. Se estable-ci\\u00f3, adem\\u00e1s, que en virtud de esta deuda y la garant\\u00eda emi-tida por USIC, este \\u00faltimo se acogi\\u00f3 a los beneficios de am-nist\\u00eda contributiva contenidos en la Ley N\\u00fam. 94-2011, 21 LPRA see. 5001, y satisfizo la deuda. De acuerdo con estos sucesos, se consign\\u00f3 la cl\\u00e1usula siguiente:\\nCUARTO: En consideraci\\u00f3n al referido pago, por la presente CRIM cede y traspasa a USIC todos sus derechos y acciones contra Colonial; resultantes y a consecuencia de la deuda por concepto de contribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad inmueble con n\\u00famero de catastro 040-003-089-04-000 vencida al 01/07/2011, y que se encuentran comprendidas en el pago realizado por USIC. As\\u00ed pues USIC queda subrogada en todos los derechos y acciones del CRIM en contra de Colonial/ )\\nAdem\\u00e1s de cederle los derechos y las acciones que el CRIM ostentaba en contra de Colonial, en el referido docu-mento se relev\\u00f3 a USIC de todas las obligaciones con res-pecto a la fianza que \\u00e9sta hab\\u00eda emitido.\\nAs\\u00ed las cosas, el 8 de febrero de 2012 USIC present\\u00f3 una Instancia para Inscribir Gravamen sobre la Propiedad (Instancia) en la Secci\\u00f3n Primera del Registro de la Propie-dad de San Juan. En esta, expuso el cuadro f\\u00e1ctico que hemos descrito y arg\\u00fcy\\u00f3 que, por virtud del C\\u00f3digo Civil, se subrog\\u00f3 en todos los derechos que el CRIM pose\\u00eda contra Colonial y terceros. Aleg\\u00f3, adem\\u00e1s, que entre los derechos en los que se subrog\\u00f3 se encuentra el gravamen preferente a favor del CRIM. Por consiguiente, solicit\\u00f3 que se inscri-biera a su favor el asiento definitivo del gravamen prefe-rente sobre la finca. La Instancia fue presentada con varios documentos adicionales. Entre ellos, se encuentra la Ce-si\\u00f3n otorgada por el CRIM, el Contrato de Fianza, los che-ques emitidos a favor del CRIM y los recibos de pago otor-gados por este \\u00faltimo.\\nLuego de presentados estos documentos en el Registro de la Propiedad y mientras estaba pendiente su calificaci\\u00f3n, USIC recurri\\u00f3 al Tribunal de Primera Instancia con una demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecuci\\u00f3n de embargo contra Colonial y American Parking System, Inc., entre otros. En esta, solicit\\u00f3 que el Tribunal le ordenara a Colonial el pago de $1,812,442.03, adem\\u00e1s de los gastos y honorarios por el pleito instado. Asimismo, dado que el gravamen estaba pendiente de inscripci\\u00f3n ante el Re-gistro de la Propiedad, solicit\\u00f3 que una vez este fuera califi-cado se ordenara la ejecuci\\u00f3n de embargo para proceder a vender en p\\u00fablica subasta el derecho de superficie y la titu-laridad del Edificio Portuario ad terminum annorum que Colonial ostentaba en torno a la finca.\\nEl 4 de enero de 2013, la Hon. Marisol Marchand Castro, Registradora de la Propiedad de la Secci\\u00f3n Primera de San Juan (Registradora), emiti\\u00f3 una notificaci\\u00f3n infor-mando que no proced\\u00eda la inscripci\\u00f3n del asiento solicitado por USIC. En particular, hizo constar lo siguiente: \\\"[s]e solicita la anotaci\\u00f3n de Embargo mediante Instancia. Por naturaleza del embargo solicitado, que es en base [sic] a cobro de dinero, la Ley Hipotecaria requiere que se practi-que en virtud de Orden del Tribunal\\\". ( )\\nAnte esta notificaci\\u00f3n, el 24 de enero de 2013 USIC pre-sent\\u00f3 un Escrito de Recalificaci\\u00f3n. En esencia, argument\\u00f3 que lo que solicit\\u00f3 fue la inscripci\\u00f3n de un gravamen pre-ferente adquirido por subrogaci\\u00f3n y cesi\\u00f3n, no un embargo a base de una acci\\u00f3n en cobro de dinero. A pesar de esto, el 27 de marzo de 2014, la Registradora se sostuvo en su ca-lificaci\\u00f3n inicial y deneg\\u00f3 la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nPor consiguiente, el 16 de abril de 2014, USIC recurri\\u00f3 ante nos y objet\\u00f3 la calificaci\\u00f3n otorgada por la Registradora. Argument\\u00f3 que esta err\\u00f3 al requerir una or-den judicial para inscribir el gravamen preferente. Ello, de-bido a que los Arts. 1738 y 1166 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 4912 y 3250, le conceden a USIC el derecho a subrogarse en todas las acciones que el CRIM habr\\u00eda podido ejercitar contra Colonial. Arg\\u00fcy\\u00f3 que al USIC pagar la deuda contributiva, el derecho de cobro y sus ga-rant\\u00edas accesorias pasaron a su patrimonio por disposici\\u00f3n de ley, es decir, autom\\u00e1ticamente.\\nAsimismo, USIC aleg\\u00f3 que la Registradora err\\u00f3 al no reconocer que la hipoteca legal t\\u00e1cita puede ser transferida. Adujo que la propia Ley Hipotecaria y de Re-gistro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria) permite su transmisi\\u00f3n y que el documento otorgado por el CRIM es suficiente para ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Ello debido a que, por analog\\u00eda, a USIC le aplica el mismo procedimiento que por virtud de ley se ins-tituy\\u00f3 a favor del CRIM.( ) En consecuencia, aleg\\u00f3 que tanto la Instancia como los documentos complementarios presentados eran suficientes para que se reconociera e ins-cribiera el gravamen a favor de USIC.\\nPor su parte, la Registradora expuso que la Instancia presentada no constituye un documento suficiente para inscripci\\u00f3n. Empero, explic\\u00f3 que como de esta se desprende que hab\\u00eda una acci\\u00f3n de cobro de dinero pendiente, le aplic\\u00f3 las disposiciones que regulan las anotaciones pre-ventivas de demanda y embargo, y requiri\\u00f3 una orden judicial para la anotaci\\u00f3n del gravamen.( )\\nPor otro lado, por primera vez, la Registradora expres\\u00f3 que la extensi\\u00f3n de la subrogaci\\u00f3n de derechos y acciones de USIC como fiadora y la determinaci\\u00f3n de si proced\\u00eda inscri-bir como gravamen o un embargo en cobro de dinero, es un asunto de exclusiva competencia judicial. No obstante, ar-g\\u00fcy\\u00f3 que en la medida que se aprob\\u00f3 la legislaci\\u00f3n sobre la venta de deudas contributivas,( ) se puso en duda la trans-feribilidad autom\\u00e1tica de la hipoteca legal t\\u00e1cita que opera a favor del CRIM. Ello, debido a que el legislador consider\\u00f3 necesario consignar la transferencia expresamente. Ade-m\\u00e1s, destac\\u00f3 que la mencionada ley solamente contempla la transferibilidad de las deudas contributivas morosas, es de-cir, aquellas contribuciones que no han sido pagadas. Por lo tanto, concluye que ser\\u00eda inaplicable a la situaci\\u00f3n de autos en la medida que USIC ya pag\\u00f3 las contribuciones que Colonial le adeudaba al CRIM.\\nPor \\u00faltimo, la Registradora sostuvo que el documento de Cesi\\u00f3n otorgado por el Subdirector Ejecutivo del CRIM tampoco ser\\u00eda inscribible, debido a que no se describe la finca seg\\u00fan requiere el Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribuci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991 (Ley N\\u00fam. 83-1991), 21 LPRA see. 5106. Adem\\u00e1s, porque el Subdirector Ejecutivo del CRIM que lo suscribi\\u00f3 no est\\u00e1 facultado por ley para llevar a cabo ese tipo de transacciones.\\nAnte estas alegaciones, y en respuesta a las nuevas con-tenciones de la Registradora, el 30 de mayo de 2014 USIC present\\u00f3 una R\\u00e9plica al Alegato de la Honorable Registra-dora de la Propiedad. En esencia, argument\\u00f3 que el docu-mento reconocido ante notario debe ser considerado como aut\\u00e9ntico susceptible de inscripci\\u00f3n mediante la Ley Hipotecaria. Adem\\u00e1s, reiter\\u00f3 que en el caso de autos oper\\u00f3 una subrogaci\\u00f3n autom\\u00e1tica, en la medida que el pago he-cho por USIC no extingui\\u00f3 la obligaci\\u00f3n principal. Final-mente, adujo que la Registradora estaba obligada a notifi-car todas las faltas que imped\\u00edan la calificaci\\u00f3n de los documentos presentados; por lo que todas las deficiencias que fueron se\\u00f1aladas por primera vez ante esta Curia son tard\\u00edas y no deben ser consideradas.\\nExpuesto el trasfondo f\\u00e1ctico y procesal del recurso ante nos, corresponde esbozar el derecho aplicable para poder disponer del caso en los m\\u00e9ritos.! )\\nH-1\\nComo cuesti\\u00f3n de umbral, debemos delimitar cu\\u00e1les son los par\\u00e1metros que en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico rigen la calificaci\\u00f3n registral, particularmente, de aquellos docu-mentos que son otorgados por agencias administrativas.\\nA. En primer lugar, el Art. 38 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2201, establece a cu\\u00e1les t\\u00edtulos, actas y contratos tiene acceso el Registro de la Propiedad. En este, se contempla la inscripci\\u00f3n de la constituci\\u00f3n, traslaci\\u00f3n, declaraci\\u00f3n o extinci\\u00f3n del dominio de los bienes inmuebles o de los derechos reales que son impuestos sobre ellos, entre otras disposiciones.( )\\nAhora bien, es el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2205, el cual prescribe c\\u00f3mo los documentos podr\\u00e1n ser inscritos.\\nPara que puedan ser inscritos los t\\u00edtulos a los que se refiere la see. 2201 de este t\\u00edtulo, deber\\u00e1n constar en escritura p\\u00fa-blica, ejecutoria o documento aut\\u00e9ntico expedido por autori-dad judicial o funcionario competente, en la forma que pres-criban las leyes y reglamentos, salvo en los casos en que expresamente la ley establezca una forma distinta.\\nLo anterior es complementado por el Art. 43 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2206, el cual establece que\\n[s]e entender\\u00e1 por t\\u00edtulo, conforme a la secci\\u00f3n anterior y para los efectos de la inscripci\\u00f3n, el contenido del documento o documentos p\\u00fablicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aqu\\u00e9lla y que hagan fe, por s\\u00ed solos o con el de otros documentos complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite.\\nEste \\u00faltimo procede del Art. 33 del Reglamento Hipote-cario Espa\\u00f1ol. Al interpretarlo, los tratadistas espa\\u00f1oles concluyen que al referirse a \\\"documento o documentos p\\u00fa-blicos\\\" se incorpora la normativa del Art. 1.216 del C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, el cual equivale al Art. 1170 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3271. Es decir, para que un documento sea p\\u00fablico es necesario que est\\u00e9 autorizado por un notario o empleado p\\u00fablico competente. R.M. Roca Sas-tre, L. Roca-Sastre Muncunill y J. Bern\\u00e1 i Xirgo, Derecho Hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, p\\u00e1g. 512. Asimismo, reconocen que seg\\u00fan este art\\u00edculo, el dere-cho de un posible titular registral debe surgir directamente del documento presentado. \\u00edd., p\\u00e1g. 513. Los tratadistas tambi\\u00e9n entienden que la referencia a que este d\\u00e9 fe por s\\u00ed mismo o en conjunto con otros documentos es redundante en la medida en que esta es la funci\\u00f3n t\\u00edpica de todo docu-mento p\\u00fablico. No obstante, expresan que esto implica la necesidad de que se acredite el acto o negocio jur\\u00eddico que se pretende inscribir. \\u00edd., p\\u00e1g. 514.( )\\nPertinente a la controversia de autos, nos concentraremos en la inscripci\\u00f3n de documentos administrativos. Seg\\u00fan establece el mencionado Art. 42 de la Ley Hipotecaria, para que estos puedan ser inscritos deben estar en un documento aut\\u00e9ntico suscrito por un funcionario con competencia. En torno a este particular, el Art. 57.1 del Reglamento para la Ejecuci\\u00f3n de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Reglamento Hipotecario), establece que\\n[s]e considerar\\u00e1n documentos administrativos aut\\u00e9nticos para los efectos de la ley los que est\\u00e1n expedidos por el Estado o por autoridad o funcionario competente.\\nLos documentos administrativos deber\\u00e1n estar certificados y expedidos en la forma y con las solemnidades que prescriben las leyes sobre la materia y har\\u00e1n constar las circunstancias que para los asientos del Registro requieran la \\\"Ley Hipoteca-ria y del Registro de la Propiedad\\\" y este cap\\u00edtulo. 30 LPRA see. 870.207 (ed. especial 2010).( )\\nA pesar de que la ley no define lo que implica ser una autoridad o funcionario competente, la doctrina s\\u00ed lo ha hecho. Roca Sastre, Roca-Sastre Muncunill y Bern\\u00e1 nos ex-plican que \\\"[p]ara que la Autoridad o Funcionario sea com-petente precisa que su nombramiento sea legal, que se halle en el ejercicio de sus funciones y que obre dentro de su pro-pia esfera de actuaci\\u00f3n, tanto por raz\\u00f3n del lugar como del objeto y, en su caso, cuant\\u00eda del asunto\\\". Roca Sastre y otros, op. cit, T. I, p\\u00e1g. 485. Es decir, que tenga competencia en torno a la materia respecto a la cual est\\u00e1 disponiendo. Para el tratadista Rivera Rivera, esta \\\"norma responde al princi-pio de legalidad en su modalidad de titulaci\\u00f3n aut\\u00e9ntica, de manera que los documentos ofrecen una garant\\u00eda por haber sido autorizados o expedidos por un funcionario\\\". L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorrique\\u00f1o, San Juan, Jur\\u00eddica Eds., 2012, p\\u00e1gs. 85-86.\\nSin embargo, esto no implica que esos documentos est\\u00e9n exentos de cumplir con el principio de especialidad que rige en nuestro sistema de inscripci\\u00f3n registral. Por consi-guiente, \\u00e9stos \\\"expresar\\u00e1n, por lo menos, todas las circuns-tancias que necesariamente debe contener la primera ins-cripci\\u00f3n y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos objeto de la inscripci\\u00f3n (Art. 61 de la Ley)\\\". \\u00edd., p\\u00e1g. 86.\\nB. Ahora bien, una vez presentado el documento, procede que el Registrador ejerza su gesti\\u00f3n calificadora y eval\\u00fae o compruebe su legalidad. Es decir, le corresponde determinar si el documento es inscribible, como corolario del principio de legalidad contenido en el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2267. De acuerdo con este principio, el Registrador debe asegurarse que el documento presentado sea v\\u00e1lido y perfecto. SLG P\\u00e9rez-Rivera v. Registradora, 189 DPR 705 (2013). Ello, debido a que solamente tendr\\u00e1n acceso aquellos que cumplan con las exigencias legales aplicables. Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, 720 (2005). V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241, 246 (2002).\\nEn general, seg\\u00fan dispuesto por la Ley Hipotecaria, esta calificaci\\u00f3n debe ce\\u00f1irse a: (1) las formas extr\\u00ednsecas de los documentos que se presentan, (2) la capacidad de los otorgantes y (3) la validez de los actos y contratos que contienen estos documentos. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2267. Empero, en cuanto a la calificaci\\u00f3n de los documentos administrativos espec\\u00edficamente, el referido Art. 64 establece que estos deber\\u00e1n ser evaluados en la misma extensi\\u00f3n que los judiciales. Por lo tanto, el Registrador se limitar\\u00e1 a calificar: (1) la competencia y jurisdicci\\u00f3n del \\u00f3rgano administrativo; (2) la naturaleza y los efectos de la resoluci\\u00f3n dictada, si se produjo en el procedimiento correspondiente y se observaron los tr\\u00e1mites y preceptos esenciales para su validez; (3) las formalidades extr\\u00ednsecas de los documentos presentados, y (4) los antecedentes en el Registro de la Propiedad. V\\u00e9ase Roca Sastre y otros, op. cit., T. I, p\\u00e1g. 662.\\nAl igual que ocurre con los documentos judiciales, \\\"debe excluirse de la funci\\u00f3n calificadora del Registrador lo rela-tivo a la legitimaci\\u00f3n de los interesados que insten alg\\u00fan acto administrativo, al orden riguroso del procedimiento y al fundamento de las decisiones administrativas\\\". Roca Sastre y otros, op. cit., T. I, p\\u00e1g. 662. En fin, al igual que con los documentos judiciales, al calificar documentos ad-ministrativos, el Registrador tiene una facultad m\\u00e1s limitada.( )\\nPara poder desempe\\u00f1ar su funci\\u00f3n en los confines que hemos descrito, el Registrador deber\\u00e1 circunscribirse a los documentos que le son presentados, los asientos reg\\u00edstra-les vigentes y las leyes. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, supra. En otras palabras, este no puede recurrir a informa-ci\\u00f3n que no conste en los t\\u00edtulos presentados o el contenido del Registro. SLG P\\u00e9rez Rivera v. Registradora, supra.\\nNo obstante, es importante puntualizar que la calificaci\\u00f3n que a estos efectos realice el Registrador \\\"no impedir\\u00e1 ni prejuzgar\\u00e1 el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la validez de los documentos calificados, debiendo atenerse el registrador a lo que en aqu\\u00e9l se resuelva\\\". Art. 67 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2270. V\\u00e9anse, adem\\u00e1s: Cabrer v. Registrador, 113 DPR 424 (1982); Nido & C\\u00eda., S. en C. v. Registrador, 74 DPR 789, 799 (1953).\\nIII\\nA la luz de las disposiciones anteriores, nos corresponde analizar el negocio jur\\u00eddico que se suscit\\u00f3 entre las partes para poder determinar si los documentos presentados ante la Registradora eran inscribibles o si, en efecto, se requer\\u00eda una orden judicial. Procedemos.\\nA. Seg\\u00fan hemos expuesto, USIC comenz\\u00f3 su relaci\\u00f3n con el CRIM mediante un contrato de fianza en el cual se garantizaba la deuda por contribuciones municipales sobre la propiedad inmueble de Colonial. Como consecuencia, nos es preciso delimitar brevemente las disposiciones apli-cables a este tipo de negocio jur\\u00eddico.\\nComo es sabido, la fianza es una garant\\u00eda personal en la que se le \\\"proporciona al acreedor mayor probabilidad de ver satisfecho su inter\\u00e9s, ya que se ampl\\u00eda su poder de agresi\\u00f3n a un patrimonio distinto del originariamente responsable\\\". J.L. Lacruz Berdejo, F.A. Sancho Rebullida y otros, Elementos de Derecho Civil: Derecho de obligaciones, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. II, V. 2, p\\u00e1g. 339. Ello, debido a que mediante \\\"la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo \\u00e9ste\\\". Art. 1721 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4871. Por lo tanto, mediante contrato expreso el fiador se puede obligar a menos, pero nunca a m\\u00e1s de lo que se oblig\\u00f3 el principal. Arts. 1725-1726 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 4875-4876. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010).\\nSeg\\u00fan esta normativa, en nuestro ordenamiento \\\"[e]l fiador se subroga por el pago en los derechos que el acreedor ten\\u00eda contra el deudor\\\". Art. 1738 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4912. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Gil v. C.R.U.V., 109 DPR 551, 553 (1980). Es decir, por operaci\\u00f3n de ley, el fiador se coloca en la misma posici\\u00f3n que el acreedor. J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil espa\\u00f1ol, com\\u00fan y floral, 15ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1993, T. 4, p\\u00e1g. 794.( ) As\\u00ed lo reconocimos en Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 760 (2001), cuando expresamos que el Art. 1738 de nuestro C\\u00f3digo Civil \\\"tipifica un caso de subrogaci\\u00f3n legal, cuyo ejercicio debe ser tutelado, sancionando la conducta del acreedor que lo impida\\\". (Citas omitidas).( ) En consecuencia, no procede argumentar que cuando un fiador paga, la obligaci\\u00f3n original se extingue. Por el contrario, y en ausencia de pacto al respecto, por vir-tud de ley \\u00e9ste se subroga en la misma posici\\u00f3n que el acre-edor original.\\nB. Expuesta la normativa aplicable a la fianza como negocio jur\\u00eddico, procedemos a auscultar cu\\u00e1les eran los derechos ostentados por el CRIM y si \\u00e9stos pueden ser transferidos.\\nEn nuestro ordenamiento jur\\u00eddico es una norma ampliamente conocida que la autoridad del Estado para imponer y cobrar contribuciones le fue delegada a la Asamblea Legislativa. Espec\\u00edficamente, la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico establece que \\\" [e] 1 poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposici\\u00f3n y cobro por los municipios se ejercer\\u00e1 seg\\u00fan se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca ser\\u00e1 rendido o suspendido\\\". Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, p\\u00e1g. 420. No obstante, seg\\u00fan se desprende de esta secci\\u00f3n y es reconocido por nuestra jurisprudencia, la Asamblea Legislativa puede delegarle este poder a los municipios. Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009); Caf\\u00e9 Rico, Inc. v. Mun. de Mayag\\u00fcez, 155 DPR 548, 553 (2001).\\nAl crear la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribuci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991, la Asamblea Legislativa le otorg\\u00f3 a los municipios \\\"todos los poderes, facultades y funciones relacionados con las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico, incluyendo los derechos y rango de cr\\u00e9ditos y grav\\u00e1menes preferentes, que hasta la fecha de aprobaci\\u00f3n de esta Ley [agosto 30 de 1991] ha tenido y ejercido el Secretario de Hacienda\\\". 21 LPRA see. 5001 n.\\nA tenor con estos poderes, el Art. 3.30 de la referida ley, 21 LPRA sec. 5080,( ) configura lo que conocemos como la hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del Estado. Es decir, el primer gravamen fiscal sobre toda propiedad mueble e inmueble, cuyo efecto es el mismo que un fallo judicial contra la propiedad. Este gravamen tambi\\u00e9n est\\u00e1 contemplado en el Art. 200 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2651, el cual establece que:\\n[s]e constituye hipoteca legal a favor del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, del Centro de Recaudaci\\u00f3n de Ingresos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las correspondientes municipalidades, sobre los bienes inmuebles de los contribuyentes por el importe de las contribuciones te-rritoriales de las cinco (5) \\u00faltimas anualidades y las corrientes no pagadas de los impuestos que graviten sobre ellos. Esta hipoteca legal tiene car\\u00e1cter de t\\u00e1cita y determina una prefe-rencia a beneficio de sus titulares sobre todo otro acreedor, y sobre el tercer adquirente, aunque haya inscrito sus derechos.\\nAl igual que en el Derecho espa\\u00f1ol, esta \\\"hipoteca legal t\\u00e1cita es un residuo del antiguo r\\u00e9gimen de clandestinidad hipotecaria que en Puerto Rico garantiza el pago de las contribuciones territoriales\\\". Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, F. Puig Pe\\u00f1a, Tratado de Derecho Civil espa\\u00f1ol, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, T. Ill, V. II, p\\u00e1g. 277. Es decir, \\\"[e]s la \\u00fanica hipoteca que existe por disposici\\u00f3n de ley en la cual no mediar\\u00e1 escritura e inscripci\\u00f3n registrar. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511.\\nEl hecho de que su constituci\\u00f3n sea autom\\u00e1tica o de lege, se justifica en la medida que se considera suficiente la publicidad que la ley lleva en s\\u00ed misma. Bux\\u00f3 v. Alvarez & Zavala, Inc., 104 DPR 678, 681-682 (1976). Los tratadistas espa\\u00f1oles citan con aprobaci\\u00f3n que \\\"[p]or tratarse de una hipoteca que grava todos los inmuebles de la Naci\\u00f3n, no es posible pr\\u00e1cticamente someterla a inscripci\\u00f3n para cada uno de ellos; todos los propietarios, y cuantos quieran serlo, saben que debe pagarse la contribuci\\u00f3n impuesta so-bre las fincas y no cabe exigir mayor publicidad\\\". (Citas omitidas). Roca Sastre y otros, op. cit., p\\u00e1g. 228.\\nPor consiguiente, a pesar de su car\\u00e1cter t\\u00e1cito, \\u00e9sta es reconocida como \\\"un gravamen, lo que en el lenguaje jur\\u00ed-dico significa una verdadera carga real, que pesa sobre los bienes cualquiera que sea su poseedor\\\". (Enfasis y citas omitidos). Bux\\u00f3 v. Alvarez & Zavala, Inc., supra, p\\u00e1g. 681. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Sucesi\\u00f3n Romero v. Willoughby, 10 DPR 71, 77 (1906).\\nAsimismo, las leyes citadas son di\\u00e1fanas en establecer que este gravamen ostenta un derecho preferente, absoluto, mediante el cual se van a cobrar los cr\\u00e9ditos tributarios de las \\u00faltimas cinco anualidades y la corriente que el contribuyente adeude.( ) Esta preferencia impera por encima de todas las acreencias que pueda haber sobre la propiedad, incluyendo aquellas que hayan sido inscritas con anterioridad. Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511. Es decir, \\\"[t]odo acreedor hipotecario al inscribir su hipoteca y todo deman-dante al anotar su aviso de lis pendens, sabe que sus dere-chos est\\u00e1n sujetos al gravamen legal preferente a favor del Tesoro Insular\\\", por lo que sus \\u00fanicas alternativas son el pagar lo adeudado o utilizar el mecanismo de redenci\\u00f3n establecido en la ley. Riera v. Registrador, 57 DPR 673, 677-678 (1940).( )\\nC. C\\u00f3nsono con lo anterior, nos es forzoso concluir que nuestro ordenamiento jur\\u00eddico contempla la existencia de una hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del Estado, particular-mente de las municipalidades. Sin embargo, y pertinente a la controversia de autos, pasamos a evaluar si existe al-guna prohibici\\u00f3n para que esta sea cedida.\\nEl cr\\u00e9dito hipotecario, al igual que cualquier otra obli-gaci\\u00f3n, \\\"puede ser enajenado o cedido a un tercero en todo o en parte, con las formalidades exigidas por ley\\\". Art. 1777 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5045.( ) En consecuencia, una vez queda constituida la hipoteca, el su-jeto activo puede variar en la medida que el acreedor cede o enajena su cr\\u00e9dito.\\nEn el caso particular de las obligaciones aseguradas con hipotecas legales, \\u00e9stas \\\"no podr\\u00e1n cederse sino cuando haya llegado el caso de exigir su importe\\\". Art. 170.1 del Reglamento Hipotecario, 30 LPRA see. 870.611 (ed. especial 2010). Ello no implica que el cr\\u00e9dito garantizado con hipoteca legal sea inalienable en lo absoluto, sino que tiene esta restricci\\u00f3n temporalmente. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1g. 97. Es decir, hasta tanto no llega el momento de restituir los bienes asegurados con la hipoteca legal, hay una indeterminaci\\u00f3n en la existencia y la cuan-t\\u00eda del cr\\u00e9dito asegurado, lo cual impide que este pueda cederse. F.J. Jim\\u00e9nez Mu\\u00f1oz, Sobre la cesi\\u00f3n de los cr\\u00e9ditos hipotecarios, 82 Rev. Cr\\u00edt. Der. Inmob. 443, 504 (2006).\\nPor lo tanto, no es hasta que este se convierte en un cr\\u00e9dito determinado y exigible que puede ser cedido seg\\u00fan los par\\u00e1metros establecidos en la Ley Hipotecaria. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1gs. 100-101. Al respecto, la ley establece que esta tendr\\u00e1 efectos contra terceros desde que se inscribe en el Registro de la Propiedad y el deudor no quedar\\u00e1 obligado por m\\u00e1s de lo que estaba originalmente. Asimismo, dispone que el \\\"cesionario se su-brogar\\u00e1 en todos los derechos del cedente\\\". 30 LPRA see. 2612.( ) Adem\\u00e1s de esto, la ley exige que en la inscripci\\u00f3n se haga constar que el deudor ha sido notificado de la cesi\\u00f3n. Art. 194 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2613. Sin embargo, la omisi\\u00f3n de tal requisito no es \\u00f3bice para impedir la inscripci\\u00f3n, sino que el cedente ser\\u00e1 responsable por los perjuicios que el cesionario pueda sufrir. Id.\\nD. C\\u00f3nsono con estas disposiciones en donde nuestro ordenamiento jur\\u00eddico permite la cesi\\u00f3n del cr\\u00e9dito hipotecario, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob\\u00f3 la Ley N\\u00fam. 21-1997, conocida como la Ley de Venta de Deudas Contributivas, 21 LPRA see. 5921 et seq. (Ley N\\u00fam. 21-1997). Seg\\u00fan se desprende de su Exposici\\u00f3n de Motivos, con el prop\\u00f3sito de proveer mayor liquidez a los gobiernos municipales, a estos \\u00faltimos se les ha concedido \\\"la autoridad para vender cualquier deuda por contribucio-nes morosas\\\". Es decir, se estableci\\u00f3 un procedimiento ad-ministrativo mediante el cual el CRIM puede vender las deudas contributivas.\\nEn el Art. 5(b) de la mencionada ley, 21 LPRA sec. 5923(b), se estableci\\u00f3 que esta venta constituir\\u00e1 una cesi\\u00f3n del gravamen a favor del comprador, el cual \\\"continuar\\u00e1 teniendo car\\u00e1cter de t\\u00e1cito y mantendr\\u00e1 su preferencia a beneficio del comprador y sus cesionarios sobre todo acreedor, incluyendo al Centro, y sobre terceros adquirentes, aunque hayan inscrito sus derechos en el Registro de la Propiedad\\\".( ) Tan es as\\u00ed, que el comprador tendr\\u00e1 derecho a comenzar el procedimiento de apremio que dis-pone la misma ley para exigir el cr\\u00e9dito de la deuda contributiva transferida. Art. 5(b) de la Ley N\\u00fam. 21-1997 (21 LPRA sec. 5933(b)).\\nSeg\\u00fan los tratadistas espa\\u00f1oles, mediante los procedi-mientos de apremio se establecen los mecanismos para que \\\"los bienes inmuebles y los derechos reales inmobiliarios pued[a]n ser objeto de realizaci\\u00f3n dineraria\\\". (\\u00c9nfasis suplido). Roca Sastre y otros, op. cit., T. V, p\\u00e1g. 441. Es decir, de esta manera se permite una transmisi\\u00f3n jur\\u00eddico-real que conlleva la transferencia de la finca o del derecho real inmobiliario, produci\\u00e9ndose as\\u00ed un \\\"acto susceptible de tener acceso al Registro de la Propiedad\\\". \\u00edd. Asimismo, la Ley Hipotecaria es di\\u00e1fana en establecer que \\\"[l]os embar-gos dispuestos en procedimientos administrativos de apre-mio se regir\\u00e1n por las disposiciones a ellos aplicables\\\". Art. 118 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2407.\\nEn el caso de la Ley N\\u00fam. 21-1997, el comprador de la deuda contributiva al que se le ha otorgado el certificado de venta podr\\u00e1 presentar una certificaci\\u00f3n de embargo en el Registro de la Propiedad, la cual se considerar\\u00e1 notifica-ci\\u00f3n suficiente para comenzar el procedimiento de apremio. Posterior a esto, el comprador podr\\u00e1 solicitar la venta en p\\u00fablica subasta de la propiedad inmueble ante un Tribunal de Primera Instancia. Luego de la adjudicaci\\u00f3n de la su-basta, el due\\u00f1o del certificado de venta le entregar\\u00e1 al com-prador un certificado de compra autenticado ante un nota-rio, el cual tambi\\u00e9n constituir\\u00e1 documento suficiente para ser inscrito ante el Registro de la Propiedad. Art. 25 de la Ley N\\u00fam. 21-1997 (21 LPRA see. 5943).\\nEn consecuencia, el legislador no requiri\\u00f3 que se otor-gara una orden judicial para la inscripci\\u00f3n del gravamen preferente transferido. Todo lo contrario, estableci\\u00f3 que, con la certificaci\\u00f3n emitida por el CRIM, ser\\u00eda suficiente para proceder con tal inscripci\\u00f3n.\\nAl igual que en la referida legislaci\\u00f3n, la Ley N\\u00fam. 83-1991 establece un procedimiento de apremio administra-tivo mediante el cual el CRIM puede llevar a cabo su ges-ti\\u00f3n recaudatoria. Particularmente, establece que una vez transcurra el t\\u00e9rmino para el pago de las contribuciones sobre una propiedad inmueble, el CRIM podr\\u00e1 presentar una certificaci\\u00f3n de embargo para su inscripci\\u00f3n en el re-gistro de la propiedad que corresponda. Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5106).( ) As\\u00ed, una vez reci- bida esta certificaci\\u00f3n de embargo administrativo, el Regis-trador tiene el deber de inscribirla y devolverla al CRIM dentro del plazo de diez d\\u00edas. V\\u00e9ase el Art. 4.07 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA sec. 5107).( )\\nDespu\\u00e9s de que esta certificaci\\u00f3n se presenta ante el Registro de la Propiedad, el CRIM puede proceder a vender la propiedad en p\\u00fablica subasta seg\\u00fan la normativa dis-puesta en la propia ley. V\\u00e9ase el Art. 4.08 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5108). Luego de que se adjudique la subasta, el certificado de compra emitido por el CRIM constituir\\u00e1 t\\u00edtulo suficiente para que el comprador pueda proceder a inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad. V\\u00e9ase Art. 4.13 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5113).\\nDe esta manera, tanto la Ley N\\u00fam. 83-1991 como la Ley N\\u00fam. 21-1997 contemplan la transferencia del cr\\u00e9dito hipotecario preferente que ha sido concedido a favor del CRIM. Asimismo, no requieren una orden judicial para la inscripci\\u00f3n de este derecho en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, mediante el procedimiento administrativo de apremio que hemos descrito, tanto el CRIM como a quien este le haya vendido los cr\\u00e9ditos contributivos morosos pueden recurrir al Registro de la Propiedad mediante una certificaci\\u00f3n de embargo y solicitar la inscripci\\u00f3n de su gravamen.\\nIV\\nA la luz de estas disposiciones, procedemos a adjudicar la controversia que tenemos ante nuestra consideraci\\u00f3n.\\nComo se\\u00f1alamos en la relaci\\u00f3n de hechos, tanto en la primera notificaci\\u00f3n de falta como en la denegatoria del Escrito de Recalificaci\\u00f3n presentado por USIC, la Registra-dora solamente se\\u00f1al\\u00f3 como falta que por solicitarse una anotaci\\u00f3n preventiva de embargo, se requer\\u00eda una orden judicial. En ninguna de estas notificaciones se contempl\\u00f3 alguna falta adicional. No es hasta que la Registradora se presenta ante esta Curia que, en contravenci\\u00f3n del Art. 69 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2272, se\\u00f1ala varias faltas adicionales.\\nAnte esto, USIC nos solicita que dejemos de considerar las faltas que fueron presentadas tard\\u00edamente. A pesar de que se ha resuelto que es en la nota denegatoria donde se deben incluir todos los motivos legales que seg\\u00fan la Regis-tradora imped\\u00edan la inscripci\\u00f3n solicitada, este Tribunal se ha inclinado a promover un uso efectivo de su jurisdicci\\u00f3n gubernativa. Es decir, no hemos declinado atender \\u00e1mbitos de la calificaci\\u00f3n registral que no estuvieron contemplados en la nota denegatoria original cuando al as\\u00ed hacerlo se aporta a una \\\"soluci\\u00f3n justa, r\\u00e1pida y econ\\u00f3mica del pro-blema registral en toda la dimensi\\u00f3n que alcanzan los principios de derecho hipotecario aplicables\\\". Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 504 (1980). V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Grillo v. Registrador, 62 DPR 679, 684 (1943). En consecuencia, procedemos a evaluar las deficiencias se\\u00f1a-ladas por la Registradora.\\nEn su alegato, la Registradora interpreta que al apro-barse la Ley N\\u00fam. 21-1997, el legislador entendi\\u00f3 que era necesario consignar expresamente la transferibilidad de la hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del CRIM, lo que puso en duda su transferibilidad autom\\u00e1tica. Esta conclusi\\u00f3n no se sus-tenta en derecho. Como hemos expuesto, al USIC, como fiadora, satisfacer la deuda contributiva de ingresos muni-cipales sobre la propiedad inmueble en controversia, por virtud de ley se subrog\\u00f3 en los derechos que el CRIM os-tentaba contra la referida finca. Resolvemos que la legisla-ci\\u00f3n relacionada a la venta de deudas contributivas trans-feribles no incide en torno al derecho de USIC al haber satisfecho el pago de la contribuci\\u00f3n municipal adeudada.\\nEn armon\\u00eda con el estado de derecho expuesto, el CRIM emiti\\u00f3 un documento administrativo titulado Cesi\\u00f3n me-diante el cual consign\\u00f3 expresamente que, como resultado de las acciones de USIC como fiadora, le ced\\u00eda y traspasaba todos los derechos y las acciones que ten\\u00eda contra Colonial por las contribuciones territoriales adeudadas. Es decir, evidenci\\u00f3 que le transfiri\\u00f3 el cr\\u00e9dito preferente que osten-taba por virtud de la legislaci\\u00f3n vigente en nuestro ordenamiento.\\nAnte esto, no existe prohibici\\u00f3n para que una hipoteca legal sea cedida. Por el contrario, el \\u00fanico requisito que impone nuestro ordenamiento para la cesi\\u00f3n es que el cr\\u00e9-dito est\\u00e9 vencido y sea exigible. Ciertamente, esto no est\\u00e1 en controversia en el caso de autos.\\nPor ello, no proced\\u00eda requerir una orden judicial seg\\u00fan los art\\u00edculos de la ley hipotecaria que rigen las anotaciones preventivas de embargo en nuestro ordenamiento. Por el contrario, correspond\\u00eda que la Registradora calificara el documento administrativo que ten\\u00eda ante su consideraci\\u00f3n.\\nSeg\\u00fan hemos expuesto, el Art. 42 de la Ley Hipotecaria permite la inscripci\\u00f3n mediante documento aut\\u00e9ntico expe-dido por un funcionario competente. En el caso ante nos, al comparecer ante esta Curia, la Registradora se\\u00f1al\\u00f3 que el documento administrativo presentado no cumpl\\u00eda con el principio de especialidad que rige en nuestro ordenamiento y tampoco fue otorgado por un funcionario competente de acuerdo con los confines de la Ley N\\u00fam. 83-1991.\\nLa Registradora actu\\u00f3 correctamente al determinar que la Instancia presentada, por s\\u00ed sola, no constituye un docu- ment\\u00f3 apropiado para producir un asiento en el Registro de la Propiedad. Pino Development Corp. v. Registrador, supra, p\\u00e1g. 379. Sin embargo, incidi\\u00f3 al no considerar que esta po-d\\u00eda complementar el documento administrativo presentado, el cual a todas luces, constituye el t\\u00edtulo inscribible. Es de-cir, del cual inmediatamente se desprende el derecho que se pretende inscribir.\\nCiertamente, el documento otorgado por el CRIM incluy\\u00f3 expresamente el n\\u00famero de catastro de la finca sobre la cual se pretende inscribir el gravamen y en la Instancia presen-tada por USIC se incluy\\u00f3 una descripci\\u00f3n adecuada del inmueble. Como es sabido, la instancia puede ser utilizada como documento complementario para aclarar derechos. Pino Development Corp. v. Registrador, supra, p\\u00e1g. 381. Por tanto, dado que de la Instancia presentada ante la Registra-dora surg\\u00eda la descripci\\u00f3n de la finca conforme al principio de especialidad, no proced\\u00eda denegar la inscripci\\u00f3n bajo este supuesto.\\nDe la misma forma, tampoco proced\\u00eda denegar el asiento por el fundamento de que el documento adminis-trativo, porque se alega que no fue otorgado por un gestor con competencia para ello. Ciertamente, este tipo de docu-mento debe ser autorizado pot un funcionario competente en la materia y que act\\u00fae en el ejercicio de sus funciones. Precisamente, esto fue lo que ocurri\\u00f3 en el caso de autos.\\nEl Subdirector Ejecutivo del CRIM otorg\\u00f3 un documento administrativo de cesi\\u00f3n mediante el cual certific\\u00f3 el pago y el traspaso de los derechos y las acciones que la agencia ostentaba en contra de la propiedad inmueble sujeta al gravamen contributivo. De la disposici\\u00f3n citada por la Registra-dora no surge que el Director Ejecutivo es el \\u00fanico que puede otorgar este tipo de documentos administrativos. Por el contrario, se desprende que el Director Ejecutivo puede delegar cualquiera de sus funciones, deberes y responsabili-dades, a funcionarios y empleados del CRIM, con la \\u00fanica excepci\\u00f3n de los nombramientos, la autorizaci\\u00f3n de contra- tos y los anticipos de fondos a los municipios. V\\u00e9ase Art. 9(d) de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA sec. 5808(d)). Sin duda, en esta disposici\\u00f3n no se contempla la situaci\\u00f3n que tene-mos ante nuestra consideraci\\u00f3n. El documento autorizado por el Subdirector Ejecutivo del CRIM solo certific\\u00f3 el pago de la deuda contributiva adeudada por Colonial y, por con-siguiente, el traspaso a USIC de los derechos y las acciones que ostentaba por disposici\\u00f3n de ley.\\nEn consecuencia, la Registradora incidi\\u00f3 al requerir una orden judicial para inscribir el gravamen preferente que el CRIM le cedi\\u00f3 a USIC por el pago que este hizo en car\\u00e1cter de fiadora. A tales efectos, el documento administrativo otorgado por el CRIM, acompa\\u00f1ado de los documentos complementarios mencionados, cumple con los requeri-mientos de la Ley Hipotecaria para que la Registradora proceda con la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nV\\nPor los fundamentos que anteceden, corresponde dictar una Sentencia para revocar la denegatoria de inscripci\\u00f3n emitida por la Registradora de la Propiedad. Por lo tanto, se ordena que se proceda con la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nSe dictar\\u00e1 Sentencia de conformidad.\\nLa Juez Asociada Se\\u00f1ora Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez concu-rri\\u00f3 con el resultado sin opini\\u00f3n escrita.\\n(1) Esta finca consta inscrita en el Folio 187 del Tbmo 175, Registro de la Pro-piedad, Secci\\u00f3n Primera de San Juan.\\n(2) V\\u00e9ase Cesi\\u00f3n otorgada por el CRIM el 5 de diciembre de 2011, Ap\\u00e9ndice del Recurso Gubernativo, p\\u00e1gs. 36-37.\\n(3) V\\u00e9ase Notificaci\\u00f3n de la Registradora de la Propiedad, Ap\\u00e9ndice del Recurso gubernativo, p\\u00e1g. 100.\\n(4) V\\u00e9ase Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribu-ci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991 (Ley N\\u00fam. 83-1991), 21 LPRA see. 5106.\\n(5) V\\u00e9anse: Arts. 112, 113, 114 y 118 de la Ley Hipotecaria de Registro de la Propiedad de 1979 (30 LPRA sees. 2401-2403 y 2407).\\n(6) V\\u00e9ase Ley N\\u00fam. 21-1997, conocida como la Ley de Venta de Deudas Contri-butivas, 21 LPRA see. 5921 et seq. (Ley N\\u00fam. 21-1997).\\n(7) Luego de que el recurso quedara sometido en los m\\u00e9ritos, el 31 de julio de 2014 compareci\\u00f3 ante nos First Bank Puerto Rico (First Bank), mediante una Soli-citud de Intervenci\\u00f3n y Oposici\\u00f3n a Recurso Gubernativo. En esta, nos solicita que le concedamos intervenir debido a que como acreedor hipotecario de primer rango de la finca N\\u00fam. 4678, su derecho puede quedar afectado si se inscribe el gravamen pre-ferente reclamado por USIC. Expone que la validez de la cesi\\u00f3n y subrogaci\\u00f3n de USIC en los derechos preferentes que ostentaba el CRIM est\\u00e1 dilucid\\u00e1ndose en el Caso Civil N\\u00fam. K CD2012-2110 (906) presentado por USIC contra Colonial y en el cual First Bank participa como interventor. Asimismo, nos indica que inst\\u00f3 mi pro-cedimiento civil (K CD2013-1603 (908)) contra Colonial por cobro de dinero. Ante esta solicitud, USIC present\\u00f3 una Oposici\\u00f3n a Solicitud de Intervenci\\u00f3n a la cual le sigui\\u00f3 una Breve R\\u00e9plica a Oposici\\u00f3n a Solicitud de Intervenci\\u00f3n y una D\\u00faplica a Breve R\\u00e9plica a Solicitud de Intervenci\\u00f3n. En sus oposiciones, USIC alega que el pleito iniciado por First Bank desemboc\\u00f3 en una ejecuci\\u00f3n en p\\u00fablica subasta donde a este \\u00faltimo le fue adjudicada la propiedad que ostentaba Colonial, lo cual hace improcedente el reclamo que este trae sobre c\\u00f3mo la resoluci\\u00f3n de esta controversia puede afectar su rango.\\nComo es sabido, la calificaci\\u00f3n Registral se limita a determinar si procede o no la inscripci\\u00f3n solicitada, sin prejuzgar los derechos de las partes. Es decir, el Regis-trador no convalida actos o contratos nulos ni adjudica derechos, pues procede que estos sean dilucidados en los tribunales mediante juicios plenarios en los que se reciba prueba por las partes en contienda. V\\u00e9anse: Cabrer v. Registrador, 113 DPR 424 (1982); L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorrique\\u00f1o, Puerto Rico, Jur\\u00eddica Eds., 2012, p\\u00e1gs. 275-276. Dicho esto, no procede permitir esta intervenci\\u00f3n, sino que tanto los reclamos planteados por First Bank como USIC contin\\u00faen dilucid\\u00e1ndose, seg\\u00fan dispone nuestro ordenamiento procesal civil.\\n(8) Esta disposici\\u00f3n es complementada por el Art. 37.2 del Reglamento para la Ejecuci\\u00f3n de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA see. 870.177 (ed. especial 2010), el cual expresamente establece que,\\n\\\"[c]onforme a lo dispuesto en el Art\\u00edculo 38, inciso 1ro [....] ser\\u00e1 inscribible cualquier acto o contrato de trascendencia real que modifique en alguna forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales\\\".\\n(9) En armon\\u00eda con la doctrina espa\\u00f1ola, este Tribunal ha entendido que, como corolario de este art\\u00edculo, procede distinguir entre el documento principal inscribible y los documentos complementarios, los cuales aunque carecen de autonom\\u00eda para ser inscritos, complementan los aspectos necesarios para que el principal sea inscribible. V\\u00e9anse: Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 381-382 (1993); Figueroa Pesante v. Registrador, 126 DPR 209, 212-214 (1990).\\n(10) En referencia a ello, el tratadista Rivera Rivera contempla las certificaciones de embargo, las concesiones administrativas y las certificaciones del Estado como ejemplos de los documentos administrativos que pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 90. Por su parte, los espa\\u00f1oles Roca Sastre, Roca-Sastre Muncunill y Bern\\u00e1, entienden que seg\\u00fan este supuesto hay un sinn\\u00famero de documentos que pueden provocar asientos en el Registro de la Propiedad. Claro est\\u00e1, siempre que cumplan con las formalidades que prescriben los reglamentos y las leyes aplicables. R.M. Roca Sastre, L. Roca-Sastre Muncunill y J. Bern\\u00e1 i Xirgo, Derecho hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, p\\u00e1g. 483.\\n(11) Para una discusi\\u00f3n en tomo a la funci\\u00f3n limitada que tiene el Registrador en cuanto a la calificaci\\u00f3n de documentos judiciales, a manera de ejemplo, v\\u00e9anse: Popular Mortgage v. Registrador, 181 DPR 625 (2011); P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231 (1989).\\n(12) Para interpretar el Art. 1738 de nuestro C\\u00f3digo Civil recurrimos a los co-mentarios de tratadistas espa\\u00f1oles, debido a que \\u00e9ste procede del Art. 1.839 del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol.\\n(13) V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Roig v. Rodr\\u00edguez, 16 DPR 207, 211 (1910), donde este Tribunal expres\\u00f3 que el \\\"fiador se subroga por el pago de todos los derechos que el acreedor ten\\u00eda contra el deudor, seg\\u00fan el art\\u00edculo 1740 [actual Art\\u00edculo 1738] del C\\u00f3digo Civil\\\".\\n(14) El art\\u00edculo dispone:\\n\\\"[...] Cuando la propiedad inmueble comprende tierras y mejoras, juntamente, los valores en que hubieren sido tasadas las tierras y las mejoras se pondr\\u00e1n por separado. La contribuci\\u00f3n que se impusiere por el corriente a\\u00f1o econ\\u00f3mico y por los cinco (5) a\\u00f1os econ\\u00f3micos anteriores sobre cada finca o parcela de propiedad inmue-ble, e, inclusive, sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que posteriormente se hicieren en la misma, constituir\\u00e1 el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendr\\u00e1 prelaci\\u00f3n sobre cualesquiera otros grav\\u00e1menes sobre dicha finca o par-cela de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen \\u00e9stos sobre ella antes o despu\\u00e9s que el gravamen determinado por dicha contribuci\\u00f3n [...] Cada notificaci\\u00f3n de embargo por contribuciones atrasadas, sea sobre bienes inmuebles o sobre bienes mue-bles, producir\\u00e1 el mismo efecto que un fallo judicial contra toda la propiedad embar-gada del contribuyente moroso, y todo gravamen que por la presente se crea tendr\\u00e1 la fuerza y efecto de un gravamen debidamente trabado\\\". 21 LPRA. see. 5080.\\n(15) Esta preferencia tambi\\u00e9n est\\u00e1 reconocida en el Art. 1823 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsec. 5193, el cual establece que:\\n\\\"Con relaci\\u00f3n a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:\\n\\\"(1) Los cr\\u00e9ditos a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de la correspondiente municipalidad, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de las cinco (5) \\u00faltimas anualidades, y la corriente no pagada, de las contribuciones que graviten sobre ellos\\\".\\nEl Art. 1824 del C\\u00f3digo Civil, 31 LPRAsec. 5194, tambi\\u00e9n reconoce esta prela-ci\\u00f3n pero con relaci\\u00f3n a los dem\\u00e1s bienes muebles e inmuebles de un deudor.\\n(16) N\\u00f3tese que esta prelaci\\u00f3n solamente opera en cuanto a las anualidades comprendidas en la hipoteca, no as\\u00ed en tomo a las anteriores a estas. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 164. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, F. Puig Pe\\u00f1a, Tratado de Derecho Civil espa\\u00f1ol, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, T. III, V. II, p\\u00e1gs. 316-317.\\n(17) El cr\\u00e9dito hipotecario est\\u00e1 compuesto por dos elementos, es decir, el cr\\u00e9dito y la hipoteca. Esta \\u00faltima es accesoria en tanto garantiza la efectividad del primero. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1g. 69. Por consiguiente, al transferir el cr\\u00e9dito tambi\\u00e9n se transfiere la hipoteca. Ello es c\\u00f3nsono con el Art. 1418 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3943, el cual establece que \\\"[l]a venta o cesi\\u00f3n de un cr\\u00e9dito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio\\\". En otras palabras, no cabe hablar de cesi\\u00f3n de cr\\u00e9dito hipote-cario sin ceder el derecho real de hipoteca.\\n(18) De acuerdo con esta disposici\\u00f3n, es menester referimos a la interpretaci\\u00f3n del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a que este Tribunal adopt\\u00f3 en el contexto de la cesi\\u00f3n de cr\\u00e9ditos:\\n\\\"[...] tras la cesi\\u00f3n del cr\\u00e9dito, el nuevo acreedor 'se ha colocado en la misma situaci\\u00f3n que se hallaba el cedente cuando le transfiri\\u00f3 dicho cr\\u00e9dito'. En su Senten-cia de 13 de febrero de 1988, el Tribunal Supremo espa\\u00f1ol resolvi\\u00f3 que, m\\u00e1s all\\u00e1 del cambio en la persona del acreedor, 'en lo dem\\u00e1s la obligaci\\u00f3n queda inalterable o invariable en su total contenido y caracter\\u00edsticas [y] el deudor no responde hacia el cesionario de una obligaci\\u00f3n distinta, sino de la misma obligaci\\u00f3n en su total inte-gridad e identidad, en cuyo sentido ya cuida nuestro C\\u00f3digo de hablar de novaci\\u00f3n modificativa' \\\", (Escolio omitido). CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 421 (2011).\\nAsimismo, desde Montilla v. Van Syckel, 8 DPR 160, 186-188 (1905), hemos reconocido que la cesi\\u00f3n de un cr\\u00e9dito hipotecario no puede ser considerada como un simple pago, sino que debe entenderse como una subrogaci\\u00f3n.\\n(19) Es pertinente mencionar que cuando se present\\u00f3 el Segundo Informe sobre el P. del S. 547, el cual eventualmente se convirti\\u00f3 en la Ley N\\u00fam. 21-1997, la Asamblea Legislativa consider\\u00f3 la experiencia positiva de varios estados y munici-pios de Estados Unidos que establecieron un mecanismo de venta de deudas contributivas. Adem\\u00e1s, es una norma firmemente establecida que el hecho de que la contribuci\\u00f3n sea a favor del estado no impide que la persona que paga la cantidad adeudada se subrogue en el gravamen del Estado. Es decir, se permite la transmi-si\\u00f3n y que el comprador se subrogue en la misma posici\\u00f3n que el Estado ostentaba. Right of one who pays taxes for which another is bound, to subrogation to the right of the taxing power, 61 A.L.R. 587 (Supl. 2012).\\n(20) El Art. 4.06 (21 LPRA see. 5106), espec\\u00edficamente contempla que\\n\\\"[l]a mencionada certificaci\\u00f3n contendr\\u00e1 los siguientes detalles: el nombre del contribuyente moroso, si se conoce; el n\\u00famero de catastro que el Centro de Recauda- ci\\u00f3n le haya asignado al inmueble embargado para fines fiscales; el montante de las contribuciones, penalidades y costas adeudadas por la misma; la descripci\\u00f3n de la propiedad o bienes inmuebles embargados; y que el embargo ser\\u00e1 v\\u00e1lido a favor del Centro de Recaudaci\\u00f3n. La certificaci\\u00f3n de embargo una vez presentada en el regis-tro ser\\u00e1 suficiente para notificar al contribuyente e iniciar el procedimiento de apremio\\\".\\nEsto es c\\u00f3nsono con el mencionado Art. 118 de la Ley Hipotecaria, en el cual se permite la inscripci\\u00f3n de los embargos dispuestos en procedimientos administrativos mediante una certificaci\\u00f3n que comprenda las circunstancias necesarias para la anotaci\\u00f3n. V\\u00e9ase Art. 118 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2407.\\n(21) Atales efectos, desde Riera v. Registrador, 57 DPR 673, 680-681 (1940), esta Curia reconoci\\u00f3 que esta certificaci\\u00f3n constituye un documento aut\\u00e9ntico e inscribi-ble de acuerdo con los par\\u00e1metros establecidos en la Ley Hipotecaria.\"}"
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Mediante dicha orden, el T.P.I. declar\\u00f3 sin lugar una moci\\u00f3n de relevo de sentencia presentada por los peticionarios.\\nPor los fundamentos que expresamos a continuaci\\u00f3n, se deniega la expedici\\u00f3n del auto.\\nI\\nDel expediente sometido ante nuestra consideraci\\u00f3n se desprenden los siguientes hechos e incidentes pertinentes.\\nEl Departamento de la Familia present\\u00f3 una solicitud para la remoci\\u00f3n de emergencia de seis menores de edad hijos de los peticionarios, al amparo de la Ley N\\u00fam. 177 de 1ro de agosto de 2003, 8 L.P.R.A. sees. 444 et seq, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protecci\\u00f3n Integral de la Ni\\u00f1ez. Dicha solicitud se gestion\\u00f3 el 16 de marzo de 2007.\\nLuego de celebrada la vista para determinar si exist\\u00edan circunstancias que motivaran la remoci\\u00f3n de la custodia de emergencia realizada por el Departamento de la Familia, el T.P.I., en Sentencia emitida el 31 de enero de 2008 y notificada el 5 de febrero de 2008, concluy\\u00f3 que el proceso se realiz\\u00f3 conforme a derecho. De esta manera permiti\\u00f3 que el Departamento retuviera la custodia provisional de los menores y se continuara con las vistas de seguimiento correspondientes a la discusi\\u00f3n del plan de servicios entre los peticionarios y los menores.\\nInconformes con esta determinaci\\u00f3n, los peticionarios presentaron una serie de mociones, a saber: una Solicitud de Remedio el 19 de febrero de 2008, una Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n el 20 de febrero de 2008 y una Moci\\u00f3n Solicitando Nuevo Juicio el 27 de febrero de 2008. Todas estas mociones fueron declaradas sin lugar por el T.P.I.\\nAs\\u00ed el tr\\u00e1mite, el 9 de abril de 2008, los peticionarios presentaron un recurso de apelaci\\u00f3n ante este Tribunal de Apelaciones solicitando la revisi\\u00f3n de la Sentencia del 31 de enero de 2008. Cuestionaron dicho dictamen argumentando que las trabajadoras sociales encargadas del caso se valieron de alegaciones falsas para lograr y mantener vigente la remoci\\u00f3n de custodia.\\nEn Sentencia emitida por este Foro el 9 de mayo de 2008, se desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Concluimos en esa ocasi\\u00f3n, que al tratarse de una resoluci\\u00f3n cuya notificaci\\u00f3n fue archivada en autos el 5 de febrero de 2008, el recurso debi\\u00f3 presentarse dentro de los treinta (30) d\\u00edas siguientes y aunque se present\\u00f3 una oportuna Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n, \\u00e9sta se rechaz\\u00f3 de plano por lo que no tuvo el efecto de interrumpir dicho t\\u00e9rmino.\\nEl 5 de julio de 2008, los peticionarios presentaron ante el T.P.I. una Moci\\u00f3n Urgente bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 49.2. De una lectura de dicha moci\\u00f3n no surge claramente el fundamento bajo el cual los peticionarios alegan que proced\\u00eda el relevo de la sentencia. En s\\u00edntesis, arg\\u00fcyeron que las trabajadoras sociales que manejaron el caso fueron negligentes en el cumplimiento de su deber al no llevar a cabo su responsabilidad de investigar y corroborar minuciosamente las alegaciones de maltrato en el caso ante su consideraci\\u00f3n. Plantearon que \\u00e9stas cometieron el delito de perjurio y, adem\\u00e1s, que suscribieron alegaciones falsas y ocultaron al tribunal declaraciones de los menores afirmando que fueron obligados a mentir en contra de sus padres, todo lo cual desemboc\\u00f3 en una privaci\\u00f3n ilegal y fraudulenta de la custodia de sus hijos.\\nEl T.P.I., en orden emitida el 10 de julio de 2008 y notificada el 14 de julio de 2008, declar\\u00f3 sin lugar la moci\\u00f3n solicitando el relevo de la sentencia. En desacuerdo con esta denegatoria del T.P.I. es que los peticionarios recurren a este Foro mediante petici\\u00f3n de certiorari.\\nII\\nLos peticionarios le imputan los siguientes errores al T.P.I.:\\n\\\"Err\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al no considerar las magnas violaciones al derecho Constitucional, crasos abusos, ilegalidades y atropellos ejercidos en contra de los peticionarios, sus hijos y su n\\u00facleo familiar.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al dejar de considerar las acciones fraudulentas y contrarias al derecho, que provocaron una remoci\\u00f3n ilegal de menores y la separaci\\u00f3n de un entorno familiar, iniciadas y fundamentadas en procesos antijur\\u00eddicos, perjurio agravado, magnas violaciones e infracciones a nuestro C\\u00f3digo Penal y violaciones a magnos Derechos Civiles y Constitucionales.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al asumir una postura permisiva habiendo desfilado ante s\\u00ed, actos antijur\\u00eddicos que resultan contrarios a derecho, a las Leyes, a la moral y el orden p\\u00fablico.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, en dejar de considerar la protecci\\u00f3n, el bienestar y el mejor inter\\u00e9s de los menores envueltos, ante las magnas violaciones a la propia Ley 177 del 1 de agosto de 2003, por parte del Departamento de Familia.\\nEl Tribunal de Primera Instancia abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n, al endosar acciones antijur\\u00eddicas, contrarias a las Leyes, a la moral y al orden p\\u00fablico, en contra de magnos Derechos Civiles, Constitucionales y contrarios a la intenci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica de la Ley 177, claramente plasmadas por el legislador.\\\"\\nDe la solicitud para que expidamos el auto y de los errores se\\u00f1alados, se desprende que nos corresponde resolver si los se\\u00f1alamientos de los peticionarios sobre actos delictivos y fraudulentos cometidos por las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia que manejaron el caso y que, seg\\u00fan ellos alegan, provocaron la remoci\\u00f3n ilegal de custodia de los menores, son fundamento suficiente para decretar el relevo de la sentencia dictada.\\nIII\\nLa Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:\\n\\\"Mediante moci\\u00f3n y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podr\\u00e1 relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:\\n(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;\\n(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;\\n(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intr\\u00ednseco y tambi\\u00e9n el llamado extr\\u00ednseco), falsa representaci\\u00f3n u otra conducta impropia de una parte adversa;\\n(4) nulidad de la sentencia;\\n(5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no ser\\u00eda equitativo que la sentencia continuara en vigor; o\\n(6) cualquier otra raz\\u00f3n que justifique la concesi\\u00f3n de un remedio contra los efectos de una sentencia. \\\"\\nEsta regla le brinda la facultad a los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia, orden o procedimiento suyo por causa justificada, basado en la propia raz\\u00f3n de ser de los foros judiciales que es hacer justicia. Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz D\\u00edaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977). Este remedio permite al tribunal hacer un balance entre dos intereses en conflicto. De una parte, que toda litigaci\\u00f3n sea concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se haga justicia. N\\u00e1ter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., supra.\\nUna parte podr\\u00e1 librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la existencia de una de las seis causales estipuladas en la Regla. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, 170 D.P.R. _ (2007), 2007 J.T.S. 48. Ahora bien, aun cuando se demuestre la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 49.2, es una decisi\\u00f3n discrecional del tribunal el relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. N\\u00e1ter v. Ramos, supra; Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 903 (1963). Por tanto, no basta con establecer uno de los fundamentos que ofrece la Regla 49.2, supra. Hay que persuadir al tribunal de que bajo las circunstancias del caso debe ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nNuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. As\\u00ed, en Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988), se\\u00f1al\\u00f3 una serie de fundamentos para el ejercicio de la discreci\\u00f3n judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, a saber: (1) la existencia de una defensa v\\u00e1lida que oponer a la reclamaci\\u00f3n del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que solicita el relevo sufrir\\u00e1 perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; y (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la tramitaci\\u00f3n del caso.\\nPor otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que aunque una moci\\u00f3n de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del relevo, no puede utilizarse en sustituci\\u00f3n de los recursos de apelaci\\u00f3n o reconsideraci\\u00f3n. V\\u00e9anse Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328. (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro Jim\\u00e9nez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989), Espec\\u00edficamente, nuestro m\\u00e1s Alto Foro ha aclarado que la Regla 49.2, supra, no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia correctamente dictada. R\\u00edos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974).\\nAdem\\u00e1s, el relevo de sentencia no est\\u00e1 disponible para corregir errores del Tribunal de Primera Instancia, sino errores cometidos por las partes. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). La moci\\u00f3n de relevo de sentencia no puede estar fundamentada en errores de derecho del tribunal de instancia, pues para corregir tales errores est\\u00e1n los recursos apelativos. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.IV, p\\u00e1g. 265 (2005).\\nEn cuanto al fundamento d\\u00e9 fraude, la Regla 49.2, supra, contempla dos tipos: el fraude entre partes, para el cual la moci\\u00f3n debe ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de seis meses, y el fraude al tribunal, para el cual no existe l\\u00edmite de tiempo alguno. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 939 (1971).\\nEn Municipio de Coamo, Id., el Tribunal encontr\\u00f3 que no constitu\\u00eda fraude al tribunal el hecho de que una parte minti\\u00f3 bajo juramento. Resolver de otra manera en cuanto a testimonio perjuro representar\\u00eda abrir las puertas impermisiblemente con una avalancha de mociones de relevo, pues siempre en un proceso adversativo existe la posibilidad de un testimonio perjuro o inexacto. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.II, p\\u00e1g. 793 (2000). Por tanto, se ha resuelto que el fraude al tribunal s\\u00f3lo cubre aquellas situaciones en que la intenci\\u00f3n es mancillar al tribunal o aquel perpetrado por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial no pueda ejercer como de costumbre su imparcial labor de juzgar los casos ante s\\u00ed. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra.\\nDe igual manera, se ha encontrado que constituye fraude al tribunal la presentaci\\u00f3n de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la instigaci\\u00f3n al perjurio. Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961).\\nIV\\nEstudiados los planteamientos presentados por los peticionarios en su escrito, es nuestra opini\\u00f3n que los hechos de este caso no demuestran las circunstancias extraordinarias y el grave perjuicio requerido para proveer el relevo de la sentencia, al amparo de las disposiciones de la Regla 49.2, supra.\\nUna moci\\u00f3n de relevo de sentencia no s\\u00f3lo exige que el peticionario especifique con claridad bajo qu\\u00e9 fundamento solicita al tribunal que la declare con lugar, sino tambi\\u00e9n requiere que persuada al tribunal de tal manera que lo ponga en posici\\u00f3n de ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, supra; N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nEn el presente caso no surge de la solicitud de relevo de sentencia presentada por los peticionarios ante el T. P.I. el fundamento espec\\u00edfico por el que la solicitan. En s\\u00edntesis, \\u00e9stos alegan que la sentencia del T.P.I., resolviendo que la remoci\\u00f3n de custodia de emergencia se realiz\\u00f3 conforme a derecho, fue el resultado de omisiones y alegaciones falsas y fraudulentas de parte de las trabajadoras sociales que manejaron el caso.\\nLos planteamientos de los peticionarios est\\u00e1n basados en la credibilidad del testimonio de las trabajadoras sociales, en la manera en \\u00e9stas manejaron su caso y en la apreciaci\\u00f3n de prueba del foro recurrido. Sin embargo, el T.P.I. tuvo la oportunidad de examinar a los testigos que presentaron las partes y dirimi\\u00f3 la credibilidad que le mereci\\u00f3 a cada uno. La determinaci\\u00f3n de relevar o no a una parte de los efectos de una sentencia u orden est\\u00e1 sostenida en la sana discreci\\u00f3n del juez que es quien debe aquilatar la justificaci\\u00f3n dada para ello. N\\u00e1ter v. Ramos, supra. El T.P.I., en el ejercicio de su discreci\\u00f3n, concluy\\u00f3 que no proced\\u00eda relevar a los peticionarios de la sentencia emitida.\\nLos peticionarios tuvieron su d\\u00eda en corte e hicieron el uso m\\u00e1ximo de los recursos de revisi\\u00f3n a su disposici\\u00f3n. No podemos pasar por alto que, adem\\u00e1s de presentar mociones de reconsideraci\\u00f3n y nuevo juicio, los peticionarios acudieron a este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelaci\\u00f3n impugnando la referida sentencia. Era esa la oportunidad que ten\\u00edan para realizar todos los planteamientos sobre la apreciaci\\u00f3n de la prueba y errores de derecho del T.P.I. que entend\\u00edan pertinentes. Sin embargo, este Foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n al presentarse fuera del t\\u00e9rmino conferido por ley para ello. Los peticionarios no pueden pretender utilizar el mecanismo de relevo de sentencia para impugnar asuntos que debieron ser parte del recurso apelativo y de esta manera reabrir un asunto ya adjudicado. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; R\\u00edos v. Tribunal Superior, supra.\\nLos peticionarios implican que se cometi\\u00f3 fraude al tribunal mediante alegaciones y testimonios falsos constitutivos del delito de perjurio. Alegan que debido a estas actuaciones indebidas de las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia se les removi\\u00f3 ilegalmente la custodia de los menores y posteriormente se indujo al T.P.I. a validar la remoci\\u00f3n de emergencia como una conforme a derecho, por lo que procede el relevo de la referida Sentencia. No podemos darle la raz\\u00f3n. El perjurio cometido por un testigo de por s\\u00ed no es constitutivo de fraude al tribunal bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El fundamento de fraude al tribunal requiere una intenci\\u00f3n espec\\u00edfica de mancillar al tribunal de manera que no pueda juzgar los casos de manera imparcial. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra; Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, supra.\\nEl T.P.I. determin\\u00f3, luego de desfilada la prueba, que la remoci\\u00f3n se realiz\\u00f3 conforme a derecho. En vista de que los peticionarios acudieron tard\\u00edamente a revisar la sentencia emitida el 31 de enero de 2008, procede que contin\\u00faen con los procedimientos establecidos por el Departamento de la Familia para lograr la reunificaci\\u00f3n familiar. No es el relevo de sentencia el mecanismo adecuado para plantear errores alegadamente cometidos por el T.P.I en la apreciaci\\u00f3n de la prueba, sobre todo cuando se trata de una sentencia final y firme.\\nPor tanto, es nuestro criterio que no err\\u00f3 el foro de instancia al declarar sin lugar la solicitud de relevo de sentencia.\\nV\\nPor los fundamentos expresados, se deniega la expedici\\u00f3n del auto de certiorari solicitado.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nMar\\u00eda Elena P\\u00e9rez Ortiz Secretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"
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En dicha sentencia, el TPI desestim\\u00f3 la acci\\u00f3n sobre da\\u00f1os y peijuicios instada por los apelantes contra la parte apelada al concluir que las actuaciones del Estado Libre Asociado estuvieron enmarcadas dentro de los par\\u00e1metros legales y reglamentarios aplicables.\\nExaminado el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, as\\u00ed como el derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nI\\nLos eventos pertinentes para atender estos planteamientos surgen de los hechos hilvanados y expuestos por el foro apelado, seg\\u00fan contenidos en la sentencia que nos ocupa, los cuales reproducimos a continuaci\\u00f3n.\\nEl se\\u00f1or N\\u00e9stor Ramos Zavala comenz\\u00f3 en el servicio p\\u00fablico el 22 de abril de 1987, en el puesto transitorio de Asistente de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas, adscrito a la Secretar\\u00eda Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud, espec\\u00edficamente a la Administraci\\u00f3n de Facilidades de Servicios de Salud, conocido tambi\\u00e9n como A.F.A.S.S.\\nEl 16 de junio de 1988, despu\\u00e9s de varias extensiones otorgadas a Ramos Zavala en el puesto transitorio que ocupaba, fue nombrado de manera tambi\\u00e9n transitoria al puesto de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEn el 1989, Ramos Zavala adquiri\\u00f3 el status de empleado regular, clasificado de carrera, por disposici\\u00f3n de la propia Ley N\\u00fam. 56 del 16 de agosto de 1989, seg\\u00fan enmendada, disposici\\u00f3n reguladora del otorgamiento de permanencia a empleados con nombramiento transitorio que cumplieran con ciertos requisitos a determinada fecha.\\nEfectivo el 1ro de julio de 1994, de conformidad con el Plan de Reorganizaci\\u00f3n N\\u00fam. 1, al amparo de la Ley N\\u00fam. 5 de 6 de abril de 1993, 3 L.P.R.A. see. 1551, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas pas\\u00f3 a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. De esa manera, quedaron trasladados a dicho Cuerpo los funcionarios que laboraban en la Secretaria Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud.\\nMediante la Ley N\\u00fam. 114 de 6 de septiembre de 1997, se cre\\u00f3, como Administrador Individual, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, la cual entr\\u00f3 en vigor el 1ro de julio de 1997.\\nEntre el 1989 y 1995, el se\\u00f1or Ramos llev\\u00f3 a cabo sus funciones sin tener desavenencias o \\\"problemas\\\" con sus supervisores. En el 1995, Ramos Zavala decidi\\u00f3 cursar estudios de Bachillerato en la Universidad del Turabo.\\nCon fecha anterior al 8 de mayo de 1996, el apelante fue diagnosticado con \\\"Depresi\\u00f3n Mayor Severa\\\", recomend\\u00e1ndosele reposo laboral. Sin embargo, el 8 de mayo de 1996, Ramos Zavala fue reevaluado por la Dra. Margarita Vargas del Interamerican Psychiatric Group, cuyo resultado fue una determinaci\\u00f3n favorable para poder regresar a su trabajo.\\nEl 11 de septiembre de 2001, el Dr. Jos\\u00e9 Rodr\\u00edguez Cay evalu\\u00f3 y diagnostic\\u00f3 al apelante como paciente con \\\"Desorden Bipolar Mixto\\\" (depresi\\u00f3n y man\\u00eda), catalogando su condici\\u00f3n como \\\"cr\\u00f3nica\\\" y sufrida desde la d\\u00e9cada de los '90. El Dr. Rodr\\u00edguez Cay manifest\\u00f3 que Ramos Zavala padec\\u00eda de conducta err\\u00e1tica y autodestructiva en distintas facetas de su vida. El galeno manifest\\u00f3, adem\\u00e1s, que la condici\\u00f3n del apelante no le permit\\u00eda \\\"funcionar\\\" en el \\u00e1rea laboral, ni social. Por tal raz\\u00f3n, seg\\u00fan el Dr. Rodr\\u00edguez Cay, Ramos Zavala no pod\\u00eda desempe\\u00f1arse como param\\u00e9dico, al menos desde el 11 de septiembre de 2001.\\nLa trayectoria laboral de la parte apelante en el servicio p\\u00fablico pareci\\u00f3 reflejar que \\u00e9ste hab\\u00eda tenido varias situaciones cr\\u00edticas de \\u00edndole laboral. Las mismas tuvieron el efecto de ocasionar investigaciones administrativas, algunas de ellas concluyendo en la imposici\\u00f3n de sanciones disciplinarias al apelante por alegadamente haber infringido las normas de ley y reglamentarias que rigen el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEntre las situaciones laborales que acarrearon la imposici\\u00f3n de sanci\\u00f3n disciplinaria al apelante se encuentran varias amonestaciones escritas, por situaciones referentes a un problema de tardanzas y de incorrecciones en e] Registro de Horas de Entrada y Salidas y de suspensiones de empleo y sueldo parciales, por haber infringido la reglamentaci\\u00f3n del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nLas acciones de investigaci\\u00f3n y de sanciones disciplinarias relacionadas a Ramos Zavala fueron efectuadas al tenor de la Ley 5 del 14 de octubre de 1975, conocida \\u00e9sta como la \\\"Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico\\\", 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss, con su Reglamento, el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Confianza del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEl 16 de noviembre 1999, le fue otorgado un ascenso a la parte apelante de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas I a T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas II, mediante el proceso de reclasificaci\\u00f3n por evoluci\\u00f3n del puesto, seg\\u00fan lo dispone la Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico, supra, y el Reglamento de Personal del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, Adem\\u00e1s, se le concedi\\u00f3 una bonificaci\\u00f3n salarial, adicional a su salario, de $100 y un diferencial de $167.00.\\nLa parte apelante, en toda su trayectoria laboral, hasta el 15 de noviembre de 1999, nunca solicit\\u00f3 se le otorgara un ascenso, as\\u00ed como tampoco recibi\\u00f3 ninguna recomendaci\\u00f3n de ascenso de los supervisores inmediatos de dicha parte, seg\\u00fan lo disponen las normas establecidas por el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas para los ascensos sin oposici\\u00f3n.\\nDe las investigaciones efectuadas por la agencia, relacionadas a la parte apelante, s\\u00f3lo tres produjeron sanciones disciplinarias.\\nLa suspensi\\u00f3n de empleo mediante carta de 9 de diciembre de 1997, suscrita por el Director Ejecutivo del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, y enviada al apelante, respondi\\u00f3 al incumplimiento por parte del se\\u00f1or Ramos Zavala de distintas normas administrativas dispuestas en el Reglamento de la agencia: tardanzas habituales, registro de entrada y salida cumplimentado incorrectamente, conducta desordenada, negligencia o descuido de la ejecuci\\u00f3n de tareas, deberes y obligaciones y conducta impropia. Ramos Zavala fue notificado por escrito de la raz\\u00f3n para la suspensi\\u00f3n y de su derecho a solicitar la correspondiente vista administrativa. Esta investigaci\\u00f3n fue llevada a cabo como resultado de un incidente ocurrido el 13 de agosto de 1996.\\nA saber, mediante la investigaci\\u00f3n se aleg\\u00f3 que el apelante no acudi\\u00f3 al auxilio de un paciente con dificultad respiratoria, quien falleciera m\\u00e1s adelante, en violaci\\u00f3n al reglamento de la agencia concernida. La agencia apelada suspendi\\u00f3 de empleo y sueldo por treinta d\\u00edas al apelante debido a dicho incidente.\\nComo consecuencia de lo anterior, el 29 de abril de 1999, la parte apelante inst\\u00f3 ante el TPI la acci\\u00f3n que nos ocupa. En la misma, se aleg\\u00f3 que mientras Ramos Zavala trabajaba en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, sufri\\u00f3 da\\u00f1os debido a la suspensi\\u00f3n de referencia, un supuesto ambiente hostil y hostigamiento laboral. A su vez, el apelante advirti\\u00f3 violaci\\u00f3n a sus derechos constitucionales al responsabilizar al patrono apelado por haber afectado su vida al punto de requerir tratamiento psiqui\\u00e1trico y sufrir p\\u00e9rdida de ingresos.\\nEntre la prueba documental estipulada, en gran parte relacionada con las acciones disciplinarias de la autoridad nominadora, se resaltan a continuaci\\u00f3n las siguientes, seg\\u00fan surgen de la sentencia apelada:\\n\\\"1. Hoja de tr\\u00e1mite, suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n2. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n3. Notificaci\\u00f3n de vista administrativa informal.\\n4. Comunicaci\\u00f3n sobre posible destituci\\u00f3n.\\n5. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n6. Reprimenda.\\n7. Solicitud de horario para estudios.\\n8. Violaci\\u00f3n al derecho a la educaci\\u00f3n 5/10/98.\\n9. Violaci\\u00f3n al derecho a la investigaci\\u00f3n.\\n10. Reprimenda escrita.\\n11. Solicitud de vista administrativa.\\n12. Citaci\\u00f3n a vista administrativa.\\n13. Amonestaci\\u00f3n escrita.\\n14. Reubicaci\\u00f3n.. -\\n15. Comunicaci\\u00f3n sobre suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n16. Reglamento empleados de carrera.\\n17. Reglamento de normas y procedimientos.\\n18. Reglamento de normas y procedimientos (Bomberos).\\n19. Carta de renuncia. '\\nLa prueba de la paite apelante constituy\\u00f3 de los testimonios bajo juramento de Ramos Zavala, la se\\u00f1ora M\\u00e9ndez Mojica y del doctor Rodr\\u00edguez Cay. La apelante, se\\u00f1ora Mojica, no compareci\\u00f3 al juicio. Por la parte apelada testific\\u00f3 el se\\u00f1or H\\u00e9ctor Hiraldo Mat\\u00edas, t\\u00e9cnico de emergencias y oficial de investigaci\\u00f3n, y la se\\u00f1ora Ivette Rivera Fern\\u00e1ndez, t\\u00e9cnico de personal en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nDe los testimonios se pudo constatar que la parte apelante trabaj\\u00f3 catorce a\\u00f1os para la agencia apelada y nunca fue despedido de su empleo, contrario a lo alegado en la acci\\u00f3n civil instada. Ramos Zavala no s\\u00f3lo concluy\\u00f3, mientras trabajaba, sus estudios de Bachillerato, sino que adem\\u00e1s estudi\\u00f3 una Maestr\\u00eda en Administraci\\u00f3n P\\u00fablica la que termin\\u00f3 en el a\\u00f1o 1999.\\nA base de la prueba auscultada, el TPI advirti\\u00f3 como parte de sus determinaciones de hechos que los empleados del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas afectados por una determinaci\\u00f3n de la agencia, que entienden les infringen sus derechos cobijados por la Ley del Servicio P\\u00fablico, se les reconoce el derecho de una vista administrativa informal. De ser desfavorable para dicha parte la determinaci\\u00f3n emitida por la parte aqu\\u00ed apelada, tiene ante su consideraci\\u00f3n el derecho de recurrir ante el foro administrativo adjudicativo especializado, la entonces Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci\\u00f3n de Personal, para vindicar su alegada infracci\\u00f3n de sus derechos. En este caso, Ramos Zavala opt\\u00f3 por no seguir ese tr\\u00e1mite administrativo.\\nAs\\u00ed las cosas, el 8 de mayo de 2003, el Sr. N\\u00e9stor Ramos Zavala renunci\\u00f3 a su trabajo y acudi\\u00f3 al Fondo del Seguro del Estado reclamando tratamiento por \\\"accidente ocupacional\\\" descrito como \\\"dolor de cabeza y ansiedad, nerviosismo e hipertensi\\u00f3n El 11 de diciembre de 2002, el Fondo del Seguro del Estado emiti\\u00f3 la Decisi\\u00f3n del Administrador que lee como sigue:\\n\\\"Se trata, en este caso, de N\\u00e9stor Ramos Zavala, quien trabaja para el patrono Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, en calidad de T\\u00e9cnico II Emergencias M\\u00e9dicas, en Caguas, Puerto Rico.\\nEn el presente caso, fue radicado un informe patronal, el 20 de julio de 2001, donde describe como accidente ocupacional lo siguiente: Paciente alega dolor de cabeza y ansiedad, nervios e hipertensi\\u00f3n (170/110)\\\".\\nFue evaluado y tratado por los m\\u00e9dicos del Asegurador. El Psiquiatra diagnostic\\u00f3 una condici\\u00f3n emocional identificada en las Gu\\u00edas M\\u00e9dicas adoptadas por la Corporaci\\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, bajo el C\\u00f3digo 75.027, no relacionada. Concluy\\u00f3 el mencionado especialista, en su informe m\\u00e9dico especial de fecha 10/8/2001, que la condici\\u00f3n emocional no est\\u00e1 relacionada, por entender que no ocurri\\u00f3 situaci\\u00f3n laboral alguna capaz de producir este cuadro.\\n[\\u2022..]\\\"\\u2022\\nA base de las anteriores determinaciones de hechos, el TPI concluy\\u00f3 que las actuaciones del Estado estuvieron enmarcadas dentro de la ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable y que no medi\\u00f3 negligencia de parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias. En su consecuencia desestim\\u00f3 la demandada.\\nInconformes con este curso decisorio, la parte apelante acudi\\u00f3 ante nos reclamando como \\u00fanico error cometido por el foro apelado el siguiente:\\n\\\"Err\\u00f3 el Honorable Tribunal de Instancia y cometi\\u00f3 un error manifiesto en la apreciaci\\u00f3n de la prueba que tuvo ante s\\u00ed al declarar sin lugar la demanda. \\\"\\nAl evaluar el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, con particular \\u00e9nfasis en la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que se presentara, es de rigor concluir que actu\\u00f3 correctamente el TPI al tomar la decisi\\u00f3n en controversia. Exponemos el por qu\\u00e9 a continuaci\\u00f3n.\\nII\\nA. La apreciaci\\u00f3n de la prueba y la adjudicaci\\u00f3n de credibilidad testifical\\nEs norma claramente establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que en ausencia de error manifiesto, pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad no se intervendr\\u00e1 a nivel apelativo con las determinaciones de hechos y adjudicaci\\u00f3n de credibilidad hecha en instancia por el juzgador de los hechos. Trinidad Garc\\u00eda v. Chade, 2001 J.T.S. 10; Col\\u00f3n y otros v. K-Mart y otros, 2001 J.T.S. 98; Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, 2001 J.T.S. 3; Monllor Arzola v. Soc. Legal de Gananciales, 138 D.P.R. 600 (1995)\\nM\\u00e1s a\\u00fan, dispone la Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A., Ap. III, en lo pertinente, que \\\"[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejar\\u00e1n sin efecto a menos que sean claramente err\\u00f3neas, y se dar\\u00e1 la debida consideraci\\u00f3n a la oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos\\\".\\nUn foro apelativo no puede descartar y sustituir por su propia apreciaci\\u00f3n, basadas en un examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. La determinaci\\u00f3n de credibilidad del tribunal sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, est\\u00e1 en mejor posici\\u00f3n para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que \\u00e9l fue quien oy\\u00f3 y vio declarar a los testigos. \\u00edd.; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).\\nEn esa misma l\\u00ednea de pensamiento, es el juez ante quien deponen los testigos quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, en fin, el comportamiento general mientras declaran, factores que van formando gradualmente en su conciencia la convicci\\u00f3n en cuanto a si dicen la verdad. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. \\\"[L]a declaraci\\u00f3n de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer cr\\u00e9dito, a no ser que su versi\\u00f3n sea f\\u00edsicamente imposible, inveros\\u00edmil o que por su conducta en la silla testifical se haga indigno de cr\\u00e9dito\\\". Miranda Soto v. Mena Er\\u00f3, 109 D.P.R. 473 (1980) (Citas omitidas).\\nAunque de ordinario el foro apelativo no interviene con la apreciaci\\u00f3n de la prueba que hacen los foros judiciales de instancia, s\\u00ed lo hace cuando un balance racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos lleva a conclusiones distintas a las del tribunal de instancia. Negr\\u00f3n Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987).\\nUn tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); P\\u00e9rez v. Hosp. La Concepci\\u00f3n, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). No obstante, est\\u00e1 claro que el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto. Por eso, una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. V\\u00e9ase, Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).\\nCon relaci\\u00f3n a la contenci\\u00f3n esbozada por la parte apelante, a saber, que el TPI no debi\\u00f3 resolver que las actuaciones del Estado estaban enmarcadas dentro de la Ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable, al haber mediado, pues, negligencia por parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias y haciendo caso omiso a la prueba que, seg\\u00fan dicha parte, tiende a demostrar el da\\u00f1o alegado, entendemos categ\\u00f3ricamente que no le asiste la raz\\u00f3n. Veamos.\\nB. Acci\\u00f3n de Da\\u00f1os y Perjuicios y Ley de Pleitos Contra el Estado\\nEn el caso que nos ocupa, se trata de una reclamaci\\u00f3n por las alegadas actuaciones negligentes de funcionarios del Estado al crear y no corregir un supuesto ambiente hostil permeante en su lugar de trabajo, raz\\u00f3n por la cual reclam\\u00f3 da\\u00f1os y perjuicios, de conformidad a lo establecido en el Art. 1803 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P. R.A. 5142. Dicho precepto, al igual que su contraparte, el Art. 1802 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. 5141, incorpora la responsabilidad basada en culpa. Se trata, seg\\u00fan ha observado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de un concepto amplio que incluye actuaciones negligentes e intencionales; tan abarcador como pueda serlo la propia conducta humana que pretende reglamentar. P\\u00e9rez Vda. Mu\\u00f1iz v. Criado, 151 D.P.R. 335 (2000); Toro Aponte v. Estado Libre Asociado, 142 D.P.R. 464 (1997); Reyes v. Sucn. S\\u00e1nchez Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970).\\nLa Ley N\\u00fam. 104 de 29 de junio de 1955, seg\\u00fan enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, 32 L.P.R.A. 3077 et seq., constituye una renuncia amplia, pero condicionada por parte del Estado a la protecci\\u00f3n que le brinda la inmunidad del soberano. El Art. 2 de la Ley 104, 32 L.P.R.A. 3077, autoriza, entre otras, la presentaci\\u00f3n contra el Estado de acciones de da\\u00f1os y perjuicios a la persona o a la propiedad \\\"causados por acci\\u00f3n u omisi\\u00f3n de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su funci\\u00f3n, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia\\\". Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, 146 D.P.R. 725 (1998).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que un demandante pueda prevalecer en un pleito por da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por actuaciones de un funcionario, debe establecer: (1) que la persona que le caus\\u00f3 el da\\u00f1o era agente, funcionario o empleado del Estado y que estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causar el da\\u00f1o; (2) que el funcionario, agente o empleado, actu\\u00f3 dentro del marco de su funci\\u00f3n; (3) que la actuaci\\u00f3n del empleado del Estado fue negligente y no intencional, y (4) que existe una relaci\\u00f3n causal entre la conducta culposa y el da\\u00f1o producido. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489, 510 (1993). V\\u00e9ase adem\\u00e1s, Art. 6(d) de la Ley N\\u00fam. 104, supra, 32 L.P.R.A. 3801(d).\\nEl demandante tiene la opci\\u00f3n de demandar directamente al empleado, al Estado o, en forma alternativa, a las dos partes, Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, supra; V\\u00e1zquez Negr\\u00f3n v. E.L.A., 113 D.P.R. 148 (1982). La inmunidad que pueda asistir al empleado particular respecto a la actuaci\\u00f3n que da lugar a la demanda no beneficia al Estado. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 746 (1991).\\nNo obstante lo anterior, el Art. 6 de la Ley N\\u00fam. 104, supra, aclara que no est\\u00e1n autorizadas las acciones de da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por acciones u omisiones de un funcionario cuando, inter alia, dichas actuaciones son \\\"constitutivfas] de acometimiento, agresi\\u00f3n u otro delito contra la persona, .\\\". 32 L.P.R.A. 3081. V\\u00e9ase, Ba\\u00e9z Vega v. Estado Libre Asociado, 87 D.P.R. 67 (1963).\\nC. El derecho a la intimidad y el hostigamiento laboral\\nEn Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986), el Tribunal Supremo analiz\\u00f3, dentro del contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el \\u00e1mbito y el contorno de los derechos a la intimidad y a la dignidad del ser humano, y a estar protegido contra riesgos a la integridad personal en el trabajo, consagrados en el Art. II, Secs. 1, 8 y 16 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, 1 L.P.R.A. Art. II, Secs. 1, 8 y 16. En ese caso, se resolvi\\u00f3 que el derecho a la intimidad opera exproprio vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas. Id., p\\u00e1g. 64.\\nEn Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998), el Tribunal Supremo discuti\\u00f3 ampliamente el derecho a la intimidad y reiter\\u00f3 los intereses protegidos por ese derecho, incluyendo aqu\\u00e9llos en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal. Qued\\u00f3 all\\u00ed expreso lo siguiente:\\n\\\"Los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal consagrados en las Secs. 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos, supra, tienen especial preeminencia seg\\u00fan nuestro esquema constitucional.\\nAl describir estos derechos en el esquema constitucional estadounidense, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que los intereses protegidos por el derecho a la intimidad son esencialmente dos (2): \\\"[u] no es el inter\\u00e9s individual de evitar la divulgaci\\u00f3n de asuntos personales y el otro es el inter\\u00e9s de poder tomar ciertas decisiones importantes con independencia\\\". (Escolios omitidos y traducci\\u00f3n nuestra.) Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, 599-600 (1977).\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n hemos afirmado que el derecho a la vida privada y familiar \\\"impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los dem\\u00e1s seres humanos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573, 576 (1982). Por su importancia, hemos reconocido que opera ex proprio vigore, sin necesidad de que concurra el requisito de acci\\u00f3n estatal para invocarlo frente a personas particulares. .\\nUn examen de nuestros previos pronunciamientos, as\\u00ed como de la jurisprudencia federal, revela que este derecho se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o \\u00edntimas, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); cuando se requiere exponer p\\u00fablicamente la vida \\u00edntima de una pareja para poder divorciarse, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), o cuando se limita la facultad de la decisi\\u00f3n de utilizar anticonceptivos, Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).\\nAsimismo, se lesionan los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal cuando se viola la tranquilidad del hogar, Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P. R. 20 (1974), y E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); cuando se hostiga a una persona mediante el uso del sistema telef\\u00f3nico, P.R. Tel. Co. v. Mart\\u00ednez, 114 D.P.R. 328 (1983), o cuando la constante presencia de una foto en los medios de comunicaci\\u00f3n representa una indebida intromisi\\u00f3n en la vida familiar, Col\\u00f3n v. Romero Rarcel\\u00f3, supra.\\nPor tratarse de un derecho invocable frente a personas privadas, el patrono est\\u00e1 obligado a no infringir la zona de autonom\\u00eda individual de sus empleados, que protege el derecho a la intimidad. \\\" Supra, p\\u00e1gs. 201-203.\\nEn cuanto al derecho a la intimidad en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el Tribunal Supremo se\\u00f1al\\u00f3 lo siguiente:\\n\\\"Un mero sentimiento de incomodidad en el empleo por alguna situaci\\u00f3n laboral no configura una violaci\\u00f3n del derecho a la intimidad imputable al patrono. .\\nMeros traslados de posiciones o el env\\u00edo de memorandos, en los cuales se eval\\u00fae la labor realizada, no configuran por s\\u00ed solos una violaci\\u00f3n a la protecci\\u00f3n constitucional a la intimidad. Es preciso que tales traslados o comunicaciones internas sean arbitrarias, irrazonables y caprichosas; que generen una atm\\u00f3sfera hostil para el obrero que impida del todo su sana estad\\u00eda en el trabajo; que sean originadas por un motivo ajeno al leg\\u00edtimo inter\\u00e9s de salvaguardar el efectivo desempe\\u00f1o en el empleo, o que contengan expresiones claramente difamatorias o lesivas. En esta determinaci\\u00f3n, los tribunales de instancia deben examinar la prueba que al respecto presente un empleado para determinar si queda configurada la violaci\\u00f3n constitucional alegada o si las actuaciones se\\u00f1aladas como tales por el obrero constituyen meramente gestiones administrativas leg\\u00edtimas. \\\"\\nSupra, p\\u00e1gs. 207 y 209.\\nEsbozada la doctrina aplicable, pasemos a conformar la misma con los hechos presentados.\\nIII\\nEn el caso de autos, no estamos ante alguna de las situaciones mencionadas anteriormente que son consideradas como nocivas al derecho a la intimidad, aptas para causar aquel da\\u00f1o que amerita un deber de responder por \\u00e9l. Al examinar las aseveraciones aducidas en la demanda para sustentar su causa de acci\\u00f3n por violaci\\u00f3n al derecho a la intimidad, el apelante hizo referencia a que sufri\\u00f3 los vej\\u00e1menes, la humillaci\\u00f3n y persecuci\\u00f3n por parte del patrono consistente en querellas, sanciones e investigaciones en su contra.\\nAsimismo, la parte apelante adujo que se le viol\\u00f3 su derecho a la intimidad por el hecho que las investigaciones llevadas a cabo por el patrono, en conjunci\\u00f3n con las consecuentes suspensiones lo mantuvieron en un estado de ansiedad y desasosiego emocional que desestabiliz\\u00f3 hasta su vida personal y entorno familiar. A su vez, acot\\u00f3 que dicho ambiente hostil lo forz\\u00f3 a renunciar a su trabajo al no poder soportar la supuesta persecuci\\u00f3n ocasionada por el patrono apelado.\\nEl TPI descans\\u00f3 acertadamente su criterio juzgador sobre la prueba testifical y documental apreciada y sentenci\\u00f3 que las actuaciones imputadas se ajustaron al ordenamiento jur\\u00eddico antes discutido y de conformidad con el debido proceso de ley. Compartimos el parecer de la ilustre sala de instancia en cuanto a que no s\\u00f3lo al se\\u00f1or Ramos Zavala se le notific\\u00f3 oportunamente sobre los derechos que le amparaban, sino que se le ofreci\\u00f3 la oportunidad de ser escuchado y de recurrir de la determinaci\\u00f3n de la agencia al foro adecuado.\\nTomando en consideraci\\u00f3n las circunstancias particulares de Ramos Zavala y los fundamentos esgrimidos por el TPI, no detectamos que el foro apelado cometiera error al apreciar la prueba o se equivocara en la aplicaci\\u00f3n del derecho.\\nIV\\nEn m\\u00e9rito a lo expuesto, confirmamos la sentencia dictada por el TPI.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nLeda. Laura M. V\\u00e9l'ez V\\u00e9l\\u00e9z\\nSecretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"
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+"{\"id\": \"8751520\", \"name\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\", \"name_abbreviation\": \"El Pueblo v. Vilches\", \"decision_date\": \"1907-03-14\", \"docket_number\": \"No. 56\", \"first_page\": \"195\", \"last_page\": \"197\", \"citations\": \"12 P.R. Dec. 195\", \"volume\": \"12\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:49:36.087529+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones, y Aso-ciados, Plern\\u00e1ndez, Figueras y MacLeary.\", \"parties\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\", \"head_matter\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\\nApelaci\\u00d3N procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.\\nNo. 56.\\nResuelto en marzo 14, 1907.\\nSexteucia. \\u2014 Formulada una denuncia por acometimiento y agresi\\u00f3n con circuns-tancias agravantes, y demostrada la existencia de tal delito por la prueba practicada en el juicio, si la sentencia declara al acusado culpable de ac\\u00f3 metimiento y agresi\\u00f3n y le impone la pena correspondiente al delito de aco-metimiento y agresi\\u00f3n con circunstancias agravantes, como ha ocurrido en el caso de autos, habr\\u00e1 de presumirse que la sentencia fu\\u00e9 dictada de acuerdo con la denuncia y prueba practicada por virtud de la misma, no siendo nece-sario que en ella se especifique que el acometimiento y agresi\\u00f3n era de car\\u00e1cter grave.\\nLos laeclios est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAbogado del apelante: Sr. Hern\\u00e1ndez lisera.\\nAbogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.\", \"word_count\": \"677\", \"char_count\": \"4245\", \"text\": \"El Jusz Asociado Se. Wole\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEstablecida apelaci\\u00f3n ante la Corte de Distrito de Arecibo por Manuel Vilches, contra la sentencia dictada por el tribunal municipal, dicha corte de distrito le conden\\u00f3 \\u00e1 seis meses de c\\u00e1rcel, \\u00e1 pagar una multa de $200, y al pago de una tercera parte de costas. Cada uno de los otros acusados fueron con-denados \\u00e1 pagar una multa de cincuenta dollars y \\u00e1 nna ter-cera parte de costas.\\nContra la anterior sentencia se estableci\\u00f3 recurso de ape-laci\\u00f3n para ante la Corte Suprema, sugiri\\u00e9ndose que la sen-tencia apelada es excesiva, y debe revocarse \\u00f3 modificarse con respecto \\u00e1 Yilohes, porque el delito por el cual fu\\u00e9 declarado culpable, era el de acometimiento y agresi\\u00f3n, y el castigo para ese delito est\\u00e1 prescrito en el art\\u00edculo 5 de la Ley de marzo 10, 1904, titulada \\\"Una Ley para determinar y castigar acome-timiento, acometimiento y agresi\\u00f3n, acometimiento con cir-cunstancias agravantes, y acometimiento y agresi\\u00f3n con cir-cunstancias agravantes, y para derogar la secci\\u00f3n 237 del C\\u00f3digo Penal.\\\"\\nLa acusaci\\u00f3n en el presente caso demuestra que Vilches y otros se abalanzaron sobre Jos\\u00e9 Estrada con instrumentos cortantes y contundentes, cans\\u00e1ndole golpes y heridas que han sido reconocidas por el m\\u00e9dico.\\nEn el juicio hubo prueba tendente \\u00e1 mostrar que en un velorio Vilches peg\\u00f3 \\u00e1 Estrada con un foete, empleando tam-bi\\u00e9n contra \\u00e9l un cortaplumas \\u00f3 pu\\u00f1al, resultando herido Estrada en diferentes sitios; siendo una \\u00f3 m\\u00e1s de dichas heridas producidas con instrumento cortante, debido \\u00e1 lo cual estuvo enfermo tres semanas. La acusaci\\u00f3n imputa un delito que podr\\u00eda considerarse como un caso de acometimiento y agre-si\\u00f3n con circunstancias agravantes, existiendo prueba al objeto de mostrar que dicho acometimiento y agresi\\u00f3n fue cometido, bajo las circunstancias prevenidas por las subdi-visiones 7, 8 y 9 de la secci\\u00f3n 6 de dicha ley, que determinan el acometimiento y agresi\\u00f3n con circunstancias agravantes en la forma siguiente:\\n\\\"7. Cuando se infiere una herida grave \\u00e1 la persona agredida.\\n\\\"8. Cuando se cometiere con armas mort\\u00edferas en circunstancias que no revistiesen la intenci\\u00f3n de matar \\u00f3 mutilar.\\n\\\"9. Cuando se cometiere con intenci\\u00f3n premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.\\\"\\nLa sentencia se limita simplemente \\u00e1 declarar culpables \\u00e1 los acusados por un delito menos grave (misdemeanor) \\u00f3 por el delito de acometimiento y agresi\\u00f3n, sentenciando \\u00e1 Vilches con arreglo \\u00e1 la secci\\u00f3n 8 de la ley que determina el castigo para el caso de acometimiento y agresi\\u00f3n, con circunstancias agravantes, \\u00f3 sea multa que no bajar\\u00e1 de cincuenta dollars ni exceder\\u00e1 de mil, \\u00f3 c\\u00e1rcel por un per\\u00edodo no menor de dos a\\u00f1os, \\u00f3 con ambas penas, multa y c\\u00e1rcel. Puesto que la acusaci\\u00f3n y la prueba demuestran que \\u00e9ste es un caso de acometimiento y agresi\\u00f3n, con circunstancias agravantes, no era necesario que la sentencia expresara el hecho de que el acometimiento y agresi\\u00f3n fu\\u00e9 con circunstancias agravantes, debiendo con-siderarse la sent\\u00e9ncia ajustada \\u00e1 la acusaci\\u00f3n original y \\u00e1 la prueba aducida. Hemos examinado los autos en todos los dem\\u00e1s particulares y no encontramos error fundamental alguno, por lo que entendemos que debe confirmarse la sen-tencia apelada con las costas.\\nConfirmada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones, y Aso-ciados, Plern\\u00e1ndez, Figueras y MacLeary.\"}"
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+"{\"id\": \"8755582\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Correa Laugart\", \"decision_date\": \"1939-05-16\", \"docket_number\": \"No. 7603\", \"first_page\": \"755\", \"last_page\": \"757\", \"citations\": \"54 P.R. 755\", \"volume\": \"54\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:53:56.266609+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant.\\nNo. 7603.\\nArgued April 27, 1939.\\nDecided May 16, 1939.\\nCarlos D. V\\u00e1zquez for appellant. B. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Janer, Assistant Prosecuting Attorney for ap-pellee.\", \"word_count\": \"598\", \"char_count\": \"3561\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the Court.\\nIn the District Court of San Juan Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart was charged with blackmail. On the 13th of December 1938, his case was called and he confessed himself guilty and the court sentenced him to a year in the penitentiary at hard labor. The defendant did not have an attorney at the hearing and we do not find that he waived his right.\\nOn appeal two errors are alleged, as follows:\\n\\\"1. \\u2014 The court committed error in rendering judgment convicting the defendant of blackmail inasmuch as the information filed by the district Attorney did not impute such a crime to the defendant.\\n\\\"2. \\u2014 The district eonrt committed manifest error and proceeded without jurisdiction in convicting the defendant in this case inasmuch as said defendant was not advised of his right to consult, and be represented by, an attorney.\\\"\\nThe Fiscal agrees fully , with the .second assignment of error and agrees with one of the reasons alleged by the de-defendant setting up the insufficiency of the information.\\nIn a number of cases following the opinion in Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, we have held that where a case is tried without an attorney the defendant is entitled at least to a new trial. For the principles governing the position of the defendant, the following cases are applicable: People v. Rodr\\u00edguez (a) Garufa, No. 7618; Andino v. District Court, Certiorari 1172; People v. Rosario Matta, No. 7550; Hern\\u00e1ndez Laureano v. Lugo, No. 114, Habeas Corpus; People v. Rivera, decided April 14, 1939.\\nThe information in this case is essentially as follows:\\n\\\"The said Andr\\u00e9s Avelino Correa y Langert, on the 12th of December 1938, in San Juan which forms part of the judicial district of that same name, illegally, voluntarily, and maliciously threatened to publish in the newspapers of San Juan calumniating facts against Matilde Berrios affecting her reputation and so worked upon the said Matilde Berrios that she delivered to him, by reason of said threat, the sum of twenty dollars. ' '\\nThe alleged deficiencies were as follows:\\n\\\"A. \\u2014 That the person owning the property the object of the crime of blackmail gave up the same with her own consent, such consent having been the consequence of force or of fear.\\n\\\"B. \\u2014 That the slanderous facts which the defendant threatened to publish in the newspapers were secret.\\n\\\"C. \\u2014 In failing to state what the slanderous facts were.\\\"\\nThe Fiscal agrees that the information is insufficient because of ground \\\"A\\\", but we do not quite see that the words \\\"and so worked upon the said Matilde Berrios that she delivered to him, by reason of said threat, the sum of twenty dollars,\\\" do not charge that the property was obtained with the consent of the victim by the wrongful use of force or \\u2022fear or under color of official right. We refer to briefs of both parties for authorities. It might be that we could be convinced to the contrary, but we do not deem it advisable definitely to decide the question, as the demurrer to the information should be argued in the first instance before the district court with a lawyer present.\\nTherefore, following the precedents, the judgment should he reversed and the case sent hack for further proceedings not inconsistent with this opinion.\"}"
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+"{\"id\": \"8756425\", \"name\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios\", \"name_abbreviation\": \"Almod\\u00f3var v. M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n\", \"decision_date\": \"1990-01-23\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: 0-84-544\", \"first_page\": \"218\", \"last_page\": \"264\", \"citations\": \"125 P.R. Dec. 218\", \"volume\": \"125\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:55:21.238946+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\", \"head_matter\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\\nN\\u00famero: 0-84-544\\nResuelto: 23 de enero de 1990\\nGilberto Figueroa Merced y Wilfredo Mercado Ramos, abogados de los peticionarios; Nelson Bassatt \\u00c1lvarez, abogado del recu-rrido.\", \"word_count\": \"11648\", \"char_count\": \"72434\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nHace m\\u00e1s de dos d\\u00e9cadas \\u2014mediante la decisi\\u00f3n que emiti\\u00e9ramos en Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676 (1968)\\u2014 sostuvimos el d\\u00e9recho de todos los hijos a la absoluta igualdad de trato jur\\u00eddico a base de los postulados de igualdad y dignidad del ser humano dimanantes de nuestra Constituci\\u00f3n y de las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952 (31 L.P.R.A. see. 441). Al as\\u00ed hacerlo, expresamos que carece \\\"de validez toda disposici\\u00f3n estatutaria y toda sentencia, decreto o fallo judicial que, en contravenci\\u00f3n con la letra de la Ley N\\u00fam. 17, \\u00fanicamente le conceda, reconozca o atribuya al estado de hijo de un ser humano, nada m\\u00e1s que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado leg\\u00edtimo\\\".( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy emitimos en el presente recurso erradicamos el \\u00faltimo vestigio de discrimen, inexplicablemente existente al d\\u00eda de hoy, en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico referente a los hijos no matrimoniales. Al revocar expresamente la norma jurisprudencial a los efectos de que un \\\"padre\\\" tiene el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os para impugnar el reconocimiento que hubiere hecho de un \\\"hijo\\\" resolvemos que dicho t\\u00e9rmino, por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n y de otros preceptos legales aplicables, no puede ser diferente o distinto al t\\u00e9rmino que le concede el Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico( ) \\\"al marido\\\" para \\\"impugnar la legitimidad del hijo . . .\\\".\\nNo debe haber duda alguna sobre el hecho de que en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico \\\"las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas\\\" y que es nuestro deber \\\"el desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas .\\\". (\\u00c9nfasis suplido.( )\\nHH\\nEl menor H.A.M. vino al mundo el d\\u00eda 23 de septiembre de 1979, fruto su concepci\\u00f3n y nacimiento de unas alegadas relaciones amorosas ocurridas entre el demandante recu-rrido Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var y la codemandada peticionaria Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, quienes al momento del nacimiento del referido menor no eran casados entre s\\u00ed.( ) El menor H.A.M. fue expresamente reconocido como hijo por el recu-rrido Almod\\u00f3var, inscribi\\u00e9ndose dicho reconocimiento el d\\u00eda 1ro de octubre de 1979 en el Registro Demogr\\u00e1fico, Oficina de Mayag\\u00fcez, Puerto Rico.\\nEl d\\u00eda 21 de octubre de 1983 el recurrido Ram\\u00f3n G. Almo-d\\u00f3var radic\\u00f3 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, una demanda que intitul\\u00f3 \\\"Impugnaci\\u00f3n de Reconocimiento de Hijo (Nulidad de Reconocimiento)\\\" en la cual aleg\\u00f3, en s\\u00edntesis y en lo pertinente, que con posterio-ridad al mencionado reconocimiento \\\"y luego de m\\u00faltiples averiguaciones al entrar en dudas recientemente por raz\\u00f3n de unas manifestaciones de la madre del menor, se ha com-probado que la parte demandante no es el padre de dicho menor\\\", raz\\u00f3n por la cual \\\"la parte demandante interesa se anule el reconocimiento que de dicho ni\\u00f1o hiciera elimin\\u00e1n-dosele as\\u00ed como padre natural de dicho ni\\u00f1o\\\". Ap\\u00e9ndice C, p\\u00e1g. 7.\\nLa parte demandada, compuesta por la Sra. Mar\\u00eda M\\u00e9n-dez Rom\\u00e1n, por s\\u00ed y en representaci\\u00f3n de su hijo H.A.M., prontamente radic\\u00f3 una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n ante el tribunal de instancia en la cual aleg\\u00f3 que, en vista de las dispo-siciones del antes citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico y de lo resuelto por este Tribunal en Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143 (1979),( ) la acci\\u00f3n ejerci-tada por el demandante hab\\u00eda caducado. \\u00c9ste se opuso a la desestimaci\\u00f3n solicitada; aleg\\u00f3 que su acci\\u00f3n estaba predi-cada en lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920) \\u2014y otras decisiones, inclusive poste-riores al 1952, en que ratificamos lo resuelto en Alcaide v. Morales, ante\\u2014 donde se estableci\\u00f3 la norma de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento de un hijo natural prescribe a los quince a\\u00f1os por tratarse de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino fijo.\\nEl foro de instancia, acogiendo como correcta la posici\\u00f3n esgrimida por \\u00e9l demandante, declar\\u00f3 sin lugar la solicitud de desestimaci\\u00f3n radicada por la parte demandada. Incon-forme, dicha parte acudi\\u00f3 v\\u00eda certiorari ante este Tribunal.\\nLa parte demandada peticionaria alega, en s\\u00edntesis, que la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, no puede sostenerse a la luz de lo dispuesto por la Sec. 1, Art. II, de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, la cual proh\\u00edbe todo discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento. El demandante recu-rrido, por. su parte, argumenta que, siendo la acci\\u00f3n para impugnar el reconocimiento de un hijo habido fuera de ma-trimonio distinta a la acci\\u00f3n para impugnar la legitimidad del hijo habido mientras subsiste el matrimonio, esto es, con-templando ambas acciones situaciones diferentes, puede v\\u00e1-lidamente establecerse t\\u00e9rminos distintos para \\u00e9l ejercicio de ambas acciones sin que ello constituya una violaci\\u00f3n al citado precepto constitucional.\\nHabiendo expedido el auto de certiorari solicitado y es-tando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a as\\u00ed hacerlo.\\nh \\u2014 H HH\\nLa filiaci\\u00f3n, bien sea natural o por adopci\\u00f3n, origina una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la familia. Esta da seguridad y publicidad al estado civil de la persona y como tal caracteriza su capacidad de obrar y el \\u00e1mbito propio de su poder y responsabilidad. E. Serna Mero\\u00f1o, La reforma de la filiaci\\u00f3n, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, p\\u00e1g. 25; F. De Castro y Bravo, Derecho Civil de Espa\\u00f1a, Madrid, Instituto de Estudios Pol\\u00edticos, 1952, T. II, p\\u00e1g. 70. En efecto, cabe se\\u00f1alar que de la filiaci\\u00f3n dependen varios estados civiles, que como tales, concretan la capacidad e independencia de la persona. Manuel Pe\\u00f1a y Bernaldo De Quir\\u00f3s nos explican lo anterior cuando exponen lo siguiente:\\n. de ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad . cualidades \\u00e9stas que deciden el r\\u00e9gimen de los dem\\u00e1s estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal... aparte de la transcendencia que la determina-ci\\u00f3n de la ley personal tiene en el r\\u00e9gimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones . . .). De la filiaci\\u00f3n de-pende directamente adem\\u00e1s la determinaci\\u00f3n de las personas que est\\u00e1n legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipaci\\u00f3n, adopci\\u00f3n), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitaci\\u00f3n). La filiaci\\u00f3n determina, tambi\\u00e9n, las personas a quienes se est\\u00e1 sujeto durante la minor\\u00eda de edad (o en situaci\\u00f3n de patria potestad prorrogada). Influye la filiaci\\u00f3n en el poder de la persona: por la filiaci\\u00f3n se conoce si una persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relaci\\u00f3n con la potestad de donar . o de disponer \\\"mortis causa\\\" . o, en general, con la potestad de gesti\\u00f3n del propio patrimonio (por la posible declaraci\\u00f3n de prodigalidad...). M. Pe\\u00f1a y B. De Quir\\u00f3s, De la paternidad y filiaci\\u00f3n, en M. Amor\\u00f3s Guardiola, Comentarios a las re-formas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, p\\u00e1g. 795.\\nCon certeza, a rengl\\u00f3n seguido, los citados autores concluyen que:\\nLa filiaci\\u00f3n es un estado ciw\\u00f1 familiar, un \\\"status familiae\\\": la filiaci\\u00f3n, sea matrimonial o no matrimonial, concreta la si-tuaci\\u00f3n de cada persona dentro de la organizaci\\u00f3n de la res-pectiva familia, con los consiguientes poderes y deberes (ape-llidos, alimentos, derechos sucesorios, funciones tuitivas, de-rechos y deberes de los herederos forzosos), incompatibili-dades (para actuar como juez, \\u00e1rbitro, perito, testigo, \\\"inter-vivos\\\" o en testamentos, notario, registrador), prohibiciones (impedimento de parentesco para el matrimonio) y trascen-dencia penal en la tipificaci\\u00f3n de los delitos o en la medida de las penas. Como estado familiar tiene efectos correlativos \\u2014no siempre del mismo alcance\\u2014 con los dem\\u00e1s miembros de la familia y, en primer lugar, con los padres: la condici\\u00f3n de hijo se corresponde con la de padre o madre que tambi\\u00e9n son estados civiles. Pe\\u00f1a y De Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1gs. 795-796.\\nCiertamente la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico proh\\u00edbe el discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama el principio de igualdad de ios hombres ante la ley. Nuestras leyes, c\\u00f3nsonas con este mandato constitucional, han establecido la igualdad de trato para todos los hijos con respecto a sus padres. Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952, ante. Debe mantenerse presente, sin embargo, que la prohibici\\u00f3n de todo discrimen por cualquier circunstancia personal o social, no implica la exclusi\\u00f3n de cualquier diferenciaci\\u00f3n entre las personas por su condici\\u00f3n sino aquellas que carecen de justificaci\\u00f3n objetiva. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975).\\nEn la filiaci\\u00f3n la equiparaci\\u00f3n se produce en cuanto a los efectos del estado de hijo. Es decir, sea hijo matrimonial o no matrimonial, nuestro ordenamiento atribuye los mismos derechos, facultades, obligaciones, deberes, incompatibilidades y prohibiciones dentro de la organizaci\\u00f3n de la familia y la sociedad. Constituye una realidad, sin embargo, que nuestro vigente C\\u00f3digo Civil regula de modo distinto la determinaci\\u00f3n oficial de la filiaci\\u00f3n, as\\u00ed como las acciones de reclamaci\\u00f3n e impugnaci\\u00f3n de la misma, al clasificar a los hijos en leg\\u00edtimos, 31 L.P.R.A. See. 461; legitimados, 31 L.P.R.A. see. 481, y naturales, 31 L.P.R.A. see. 501.( )\\nComo sabemos el principio b\\u00e1sico o conditio inris de la filiaci\\u00f3n natural es la procreaci\\u00f3n o generaci\\u00f3n f\\u00edsica. A. P\\u00e9rez Fern\\u00e1ndez, Ideas generales en torno al nuevo r\\u00e9gimen de la filiaci\\u00f3n en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. XXV\\u00a1 p\\u00e1g. 435. La procreaci\\u00f3n es de f\\u00e1cil determinaci\\u00f3n respecto de la madre, probado el hecho del parto y la identidad del hijo, 31 L.P.R.A. see. 504. La identidad del padre, sin embargo, no es de tan sencilla soluci\\u00f3n. Coexisten dos situaciones: la del hijo cobijado por una presunci\\u00f3n de legitimidad, por haber nacido \\u00e9ste \\\"vigente\\\" el matrimonio, y la del hijo no matrimonial.\\nLa filiaci\\u00f3n es leg\\u00edtima (matrimonial) cuando el padre y la madre del ni\\u00f1o est\\u00e1n casados entre s\\u00ed. El Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, establece una presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" para aquellos hijos nacidos despu\\u00e9s de los ciento ochenta d\\u00edas siguientes a la celebraci\\u00f3n del matrimonio y dentro de los trescientos d\\u00edas siguientes a la disoluci\\u00f3n del mismo. Son diversas las teor\\u00edas que se han esbozado en torno al fundamento de esta presunci\\u00f3n. V\\u00e9anse: Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno \\u00c1lamo v. Moreno Jim\\u00e9nez, 112 D.P.R. 376 (1982).\\nLa doctrina espa\\u00f1ola ha reiterado que la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant \\\"'representa la primac\\u00eda de lo social sobre lo biol\\u00f3gico en Derecho'\\\", prima-c\\u00eda justificada hoy por la constelaci\\u00f3n de fines que la familia leg\\u00edtima satisface: \\\"'la idea patrimonial, la idea del respeto a las decisiones privadas, aspectos econ\\u00f3micos y de higiene social, efecto estabilizador de reservas \\u00edntimas de responsabili-dad; todo esto basta para fundamentar semejante principio de un modo independiente'\\\". J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IY Vbl. II, p\\u00e1gs. 10-11; D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, Manual de derecho civil es-pa\\u00f1ol, 3ra \\u00e9d., T. IY p\\u00e1g. 264; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, p\\u00e1g. 367; R.F. Bonet, Compendio de derecho civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IY p\\u00e1g. 518; C. Grossman, Acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de paternidad del ma-rido, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1982.\\nEs indudable que se sigue valorando la familia matrimonial como r\\u00e9gimen socialmente m\\u00e1s deseable. Pe\\u00f1a y Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 786. En este sentido, la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant tiene raz\\u00f3n de ser solamente dentro de un marco que propulsa el concepto de \\\"legitimidad\\\" como una protecci\\u00f3n a la instituci\\u00f3n del matrimonio. \\u00c1. Calder\\u00f3n, La filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 174. A estos efectos Serna Mero\\u00f1o se\\u00f1ala que \\\"el matrimonio tiene 'significado de fundamento de la familia, instituci\\u00f3n \\u00e9sta a la que los poderes p\\u00fablicos deben protecci\\u00f3n jur\\u00eddica', y no puede ignorarse que, en principio, el matrimonio confiere certeza en la paternidad, lo cual va a incidir de manera directa sobre el r\\u00e9gimen de las acciones, 'haciendo m\\u00e1s f\\u00e1cil la reclamaci\\u00f3n de una filiaci\\u00f3n matrimonial y m\\u00e1s dif\\u00edcil su impugnaci\\u00f3n'\\\". Calder\\u00f3n, op. cit., p\\u00e1g. 184.\\nHH HH hH\\nPor otro lado, se ha se\\u00f1alado que \\\"[l]as personas que carecen de filiaci\\u00f3n conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar una u otra o las dos cuando los reconoce un var\\u00f3n, una mujer o una pareja\\\". M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. TV, p\\u00e1g. 226. As\\u00ed, el reconocimiento es el medio m\\u00e1s impor-tante para determinar la filiaci\\u00f3n no matrimonial. En cuanto a los caracteres del reconocimiento hay, en t\\u00e9rminos gene-rales, consenso al respecto. Los mismos han sido usualmente enumerados y explicados de la manera siguiente:\\n1.\\u00b0 Ser un acto individual, puesto que s\\u00f3lo pod\\u00eda conocerse la identidad de la persona que lo efectuaba y no la del otro progenitor (art. 132).\\n2.\\u00b0 Por ser un acto personal\\u00edsimo, que deb\\u00eda ser realizado por el padre o la madre. No obstante, CAST\\u00c1N estimaba que no hab\\u00eda inconveniente legal en admitir un reconocimiento por medio de mandatario, con poder especial formalizado en docu-mento p\\u00fablico. Otros, por el contrario, negaban esta posibili-dad.\\n3.\\u00b0 Ser un acto unilateral, y as\\u00ed era admitido de manera generalizada, aunque, debido a que en el art. 133 del C\\u00f3digo se preve\\u00eda que para el caso en que el reconocimiento rec\\u00e1yera sobre un mayor de edad se requer\\u00eda su consentimiento, hac[\\u00ed]a pensar que el reconocimiento ten\\u00eda car\\u00e1cter bilateral; sin embargo, en opini\\u00f3n de ALBALADEJO, el consentimiento del mayor era un presupuesto de eficacia, una conditio iuris, pero que no ten\\u00eda por ello el reconocimiento car\\u00e1cter bilateral.\\n4.\\u00b0 Ser un acto formal. El art. 131 establec\\u00eda los medios por los que se pod\\u00eda hacer el reconocimiento. De lo cual se des-prend\\u00eda que el reconocimiento deb\\u00eda ser expreso, aunque, se-g\\u00fan ROYO MART\\u00cdNEZ, tambi\\u00e9n pod\\u00eda exteriorizarse por medio de una conducta expresiva y perseverante. Adem\\u00e1s de ser expreso, el reconocimiento era un acto solemne, siendo admitido como tal por la doctrina.\\n5.\\u00b0 Ser un acto puro, en el sentido de no admitir estar so-metido a condici\\u00f3n, t\\u00e9rmino o modo.\\n6.\\u00b0 Ser tambi\\u00e9n un acto irrevocable, aunque se hiciera en actos que pudieran ser revocados, como era \\u00e9n el supuesto de hacerse en testamento, pues de manera expresa declaraba el art\\u00edculo 741 que el reconocimiento segu\\u00eda siendo v\\u00e1lido aun-que se revocara el testamento. Sin embargo, la irrevocabili-dad del reconocimiento no imped\\u00eda la posibilidad de poder im-pugnar. (\\u00c9nfasis en el original y escolios omitidos.) Serna Me- ro\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1gs. 56-57. V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: R. Herrera Campos, La filiaci\\u00f3n no matrimonial tras la reforma del C\\u00f3-digo Civil de 18 de mayo de 1981, Rev. Der. Privado 1-13 (enero \\u2014 junio 1983); C.E. Mascare\\u00f1as, La filiaci\\u00f3n en el De-recho puertorrique\\u00f1o, 4 Rev. Der. Pur. 7, 14 (1962).\\nPero si bien el reconocimiento goza de cierta uniformidad en la discusi\\u00f3n doctrinaria de sus rasgos particulares, no ha sido as\\u00ed en cuanto a su contenido y naturaleza jur\\u00eddica. En cuanto a su contenido la doctrina sostuvo dos posiciones. Esto es, \\\"[p]ara la primera, el reconocimiento llevaba con-sigo una confesi\\u00f3n de paternidad; as\\u00ed la filiaci\\u00f3n quedaba es-tablecida por la convicci\\u00f3n o creencia de paternidad que ha-b\\u00eda sido exteriorizada por el padre de alguna forma. Para la segunda, era preciso que hubiera por parte del padre volun-tad de reconocer y s\\u00f3lo quedaba establecida la filiaci\\u00f3n cuando constaba la decisi\\u00f3n o voluntad de tener al recono-cido por hijo y cumplir respecto al mismo los deberes corres-pondientes a la posici\\u00f3n jur\\u00eddica de padre natural\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1g. 54.\\nEsta pol\\u00e9mica sobre el contenido del reconocimiento se extend\\u00eda al plantearse la naturaleza jur\\u00eddica del mismo. Va-rias teor\\u00edas trataban de explicar la cuesti\\u00f3n. As\\u00ed, hab\\u00eda una corriente doctrinaria que configuraba el reconocimiento como un negocio jur\\u00eddico. D. De Buen, Notas sobre el Dere-cho espa\\u00f1ol, en A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, p\\u00e1g. 649; B. P\\u00e9rez Gonz\\u00e1lez y J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Notas sobre el Derecho espa\\u00f1ol, en L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, 6ta rev. de la 20ma ed. alemana, Barcelona, Ed. Bosch, 1946, T. IY Vol. 2, p\\u00e1g. 210; L. Diez-Picazo y Ponce de Le\\u00f3n, El negocio jur\\u00eddico del derecho de familia, 212 (N\\u00fam. 3) Rev. Gen. Leg. Jur. 771, 774 (1962). Otro sector lo conside-raba como un acto jur\\u00eddico en sentido estricto, pues sus efec-tos se producen ex lege y no ex vol\\u00fantate. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 227; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre lafi- Ilaci\\u00f3n ileg\\u00edtima en derecho espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, p\\u00e1g. 49. En Espa\\u00f1a, luego de la promulgaci\\u00f3n de la Constituci\\u00f3n de 1978 y de la reforma de la filiaci\\u00f3n lograda en 1981, esta es la postura adoptada. X. O'Callaghan Mu\\u00f1oz, Compendio de Derecho Civil: derecho de familia, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. IV, p\\u00e1g. 253; L. Diez-Picazo y A. Gull\\u00f3n, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, p\\u00e1gs. 331-332.\\nC\\u00f3nsono con esta tendencia doctrinaria, Albaladejo sos-tiene que el reconocimiento \\\"es un acto por el que el que lo realiza se declara padre (o madre, lo que, en adelante, se sobreentiende) del hijo de que se trata. Esencialmente con-siste, pues, s\\u00f3lo, en una pura y simple afirmaci\\u00f3n de paterni-dad o maternidad biol\\u00f3gica. Ese es su contenido necesario, pero tambi\\u00e9n suficiente(\\u00c9nfasis en el original.) Albala-dejo, op. cit, p\\u00e1g. 227. Esta tesis es compartida por varios autores, aunque con ciertos matices. As\\u00ed, hay quien afirma que el reconocimiento puede definirse como el acto jur\\u00eddico de Derecho de Familia, en cuya virtud se declara o admite el hecho de la paternidad o maternidad y se asumen o admiten las consecuencias legales inherentes a la misma. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. iy p\\u00e1gs. 647-648. Otros sostienen que es un acto individual, no negocial, por el que se determina legalmente una filiaci\\u00f3n no matrimonial, a base de la convicci\\u00f3n de la maternidad o a la creencia de la paterni-dad biol\\u00f3gica, con la producci\\u00f3n ex lege de los efectos deri-vados del estado civil as\\u00ed determinado. Y.M. Garrido de Palma, El reconocimiento de hijos, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1982, T. XXV, p\\u00e1g. 20; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, op. cit., p\\u00e1gs. 56-58 esc. 72.\\nDiez-Picazo, con anterioridad a la reforma espa\\u00f1ola, sosten\\u00eda que el reconocimiento de los hijos naturales era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de Derecho de Familia, porque la ley otorgaba a la voluntad individual fuerza suficiente para configurar los efectos jur\\u00eddicos y para crear una nueva situaci\\u00f3n jur\\u00eddica, transformando la anterior. Despu\\u00e9s de la reforma este autor, siguiendo el pensamiento mayoritario, considera que ya no es la voluntad del reconocedor la que produce unos u otros efectos jur\\u00eddicos, ni tampoco la creaci\\u00f3n de una nueva situa-ci\\u00f3n jur\\u00eddica. Afirma, por el contrario, que esta circunstancia se produce en virtud de un hecho natural, la procreaci\\u00f3n, existiendo una relaci\\u00f3n jur\\u00eddica suficiente entre el progenitor y el hijo. Diez-Picazo y Gull\\u00f3n, op. cit, p\\u00e1g. 317. En s\\u00edn-tesis, podr\\u00edamos afirmar que \\\"[e]l reconocimiento en la ac-tualidad no cumple, pues, otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nComo hemos visto hasta el momento, nuestro ordenamiento no equipara la filiaci\\u00f3n matrimonial y la no matrimonial. La primera se basa en la presunci\\u00f3n pater is est quem iustae nuptiae demonstrant protegiendo indudablemente la relaci\\u00f3n matrimonial existente. La segunda requiere del acto jur\\u00eddico mediante el cual una persona se declara madre o padre del hijo de que se trate. Para que ocurra una equiparaci\\u00f3n en cuanto a este particular se requerir\\u00eda \\\"sustituir la presunci\\u00f3n de paternidad matrimonial del marido de la madre por el reconocimiento, por parte del mismo, de cada uno de los hijos que alumbrase su mujer\\\". J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, p\\u00e1g. 604 n. 1. Bossert enfatiza que \\\"[sjemejante equiparaci\\u00f3n resultar\\u00eda aberrante al principio que sostiene la presunci\\u00f3n de la paternidad del marido, am\\u00e9n de que importar\\u00eda un disloque a la estabilidad de las relaciones familiares\\\". (Escolio omitido.) G.A. Bossert, R\\u00e9gi-men legal de filiaci\\u00f3n y patria potestad: Ley 23.26U, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, p\\u00e1g. 22.\\nIV\\nEn adici\\u00f3n a la diferencia en el tratamiento que nuestro ordenamiento establece entre la filiaci\\u00f3n matririionial y la no matrimonial, debemos, adem\\u00e1s, considerar lo que se ha denominado \\\"acciones de estado\\\", las cuales son consecuencia directa de esa diferencia en el tratamiento. Estas son aquellas que \\\"tienden a declarar la existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento o el estado de familia, o a constituir, modificar o extinguir un emplazamiento\\\". Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 87; E.A.-Zannoni, Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, p\\u00e1g. 57. Entonces, se reconoce la posibilidad que tienen los interesados en una filiaci\\u00f3n en particular, de promover la averiguaci\\u00f3n de la verdadera, para que conste legalmente, y de promover el ataque a la que conste legalmente cuando no sea la verdadera. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 247. Estas acciones son divididas en \\\"reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\" e \\\"impugnaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\". \\u00edd. Es innecesario que nos ocupemos de la reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n. Nuestras decisiones sobre el particular son claras. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978); Diez Rodr\\u00edguez v. Guzm\\u00e1n Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979). No ocurre as\\u00ed cuando nos enfrentamos a la impugnaci\\u00f3n de la filiaci\\u00f3n.\\nDebemos se\\u00f1alar que la doctrina suele hablar de impugnaci\\u00f3n de paternidad refiri\\u00e9ndose a la filiaci\\u00f3n matrimonial, \\u00fanica filiaci\\u00f3n presumida. Como s\\u00e9\\u00f1ala Bossert, op. cit., p\\u00e1gs. 22-23, \\\"la impugnaci\\u00f3n de la paternidad s\\u00f3lo es posible cuando, presumiendo la ley esa paternidad, el marido ataca la presunci\\u00f3n. No hay acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la pa-ternidad extramatrimonial, aunque pueda existir la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\\". A su vez esta impugna-ci\\u00f3n de la paternidad del marido ha sido clasificada y distin-guida por la doctrina en impugnaci\\u00f3n o desconocimiento ri-guroso de la paternidad y la denominada impugnaci\\u00f3n, o des-conocimiento simple de ella. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 156; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, El nuevo derecho de la filiaci\\u00f3n, en D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, El nuevo derecho de familia espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Reus, 1982, p\\u00e1g. 49. B\\u00e1stenos con decir que en la primera corresponde al marido atacar la presunci\\u00f3n legal produciendo prueba que descarte el nexo biol\\u00f3gico. En la segunda, ha de negar la filiaci\\u00f3n probando que el hijo de su mujer naci\\u00f3 en los primeros ciento ochenta d\\u00edas del matrimo-nio, o despu\\u00e9s de los trescientos d\\u00edas de la disoluci\\u00f3n del ma-trimonio. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 157.\\nPor otra parte, mucho m\\u00e1s compleja resulta ser la disciplina de la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. Seg\\u00fan Bossert, hist\\u00f3ricamente la doctrina ha distinguido entre la acci\\u00f3n de nulidad del reconocimiento y la de impugnaci\\u00f3n del mismo. Bossert, op. cit, p\\u00e1g. 245; M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 208 y ss. La primera hace inexistente el acto del reconocimiento al faltar alg\\u00fan requisito que impide la eficacia del acto jur\\u00eddico. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 247. As\\u00ed, faltar\\u00e1 un requisito de eficacia si falta, por ejemplo, \\\"el consentimiento del reconocido, o la aprobaci\\u00f3n judicial o el consentimiento del representante legal, o el consentimiento de los descendientes del reconocido ya fallecido. Tampoco es eficaz el reconocimiento si est\\u00e1 en oposici\\u00f3n con un t\\u00edtulo de legitimaci\\u00f3n anterior que acredite una filiaci\\u00f3n contradictoria\\\". Pe\\u00f1a y De quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 936. En cambio, la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento, stricto sensu, \\\"ataca o controvierte su contenido, o, lo que es lo mismo, controvierte el presupuesto biol\\u00f3gico que lo implica: el nexo biol\\u00f3gico de- terminado por la procreaci\\u00f3n entre reconociente y recono-cido\\\". (\\u00c9nfasis en el original.) Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 245.\\nLa doctrina espa\\u00f1ola, luego de la reforma de 1981, sos-tiene que se trata de una sola acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del re-conocimiento que tiene como base el vicio en el consenti-miento prestado y la cual procede cuando el impugnador de-muestra a satisfacci\\u00f3n del tribunal que actu\\u00f3 movido por error o debido a violencia o intimidaci\\u00f3n, siendo inmaterial el hecho de si el reconocido es o no hijo del impugnador. En palabras de Albaladejo:\\nHuelga insistir en que queda por completo al margen la cuesti\\u00f3n de si el reconocido es o no hijo del reconocedor. No se trata de demostrar que con violencia o intimidaci\\u00f3n se oblig\\u00f3 a reconocer a un no hijo. Se trata simplemente de que, demos-trando que se reconoci\\u00f3 intimidado o violentado, prosperar\\u00e1 la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, sin tener que referirse para nada al asunto de la filiaci\\u00f3n del reconocido. Y lo mismo cabe decir del error. Por supuesto que quien demuestra que reconoci\\u00f3 al hijo por creerlo suyo, y no lo es, prueba su error, pero prueba tambi\\u00e9n la no paternidad, prueba \\u00e9sta que basta-r\\u00eda por s\\u00ed sola. Mas, no es esta prueba la que se exige en el caso de error en el reconocimiento. El error aqu\\u00ed no exige probar que no se es padre, sino que, se lo sea o no (cosa en la que no se entra), se reconoci\\u00f3 por haber padecido un error que, seg\\u00fan las reglas generales, habr\\u00e1 de haber sido esencial, es decir, de tal \\u00edndole que sin \\u00e9l no se habr\\u00eda reconocido . .( )\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n, la controversia de si el reconociente puede impugnar el reconocimiento fue resuelta desde principios de siglo. En aquel momento admitimos que un reconocimiento era irrevocable, pues no es dado dejar al arbitrio de las personas el estado civil de un hijo, pero sostuvimos que pod\\u00eda impugnarse y anularse el reconocimiento mediante sentencia judicial. As\\u00ed, en Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 291, aceptamos que existe la acci\\u00f3n para pedir la anula-ci\\u00f3n del reconocimiento voluntario hecho por el padre, siem-pre que \\u00e9ste tenga pruebas evidentes para as\\u00ed. demostrarlo. En este caso expresamos que:\\nPuede concebirse que concurran circunstancias tales que reclamen la intervenci\\u00f3n y la acci\\u00f3n de las cortes para anular el reconocimiento no obstante haber procedido voluntaria-mente el padre en el momento en que lo hizo. Adem\\u00e1s, si bien no existe precepto de ley alguno que directamente regule la cuesti\\u00f3n, las disposiciones del legislador en relaci\\u00f3n con los hijos leg\\u00edtimos, indican su criterio en el sentido de la existen-cia de la acci\\u00f3n. Nos referimos a los art\\u00edculos 181, 182, 183, 184 y 185 del C\\u00f3digo Civil Revisado. Claro es que la prueba que se aporte tiene que ser de tal manera robusta y convin-cente que al anular el reconocimiento voluntario hecho la corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resoluci\\u00f3n que impone la justicia.( )\\nEl hecho de la existencia en nuestro ordenamiento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento voluntario \\u2014y la procedencia jur\\u00eddica de la misma\\u2014 es una cuesti\\u00f3n que no amerita mayores comentarios. Dados los planteamientos de las partes, lo que debemos resolver en el presente recurso es si la norma que establecimos hace casi siete d\\u00e9cadas en Al-caide v. Morales, ante \\u2014respecto al plazo para radicar la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\u2014 debe o no permanecer inalterada.\\nV\\nEn el citado caso de Alcaide v. Morales, luego de reconocer la existencia y procedencia en nuestro ordena- miento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, ra-zonamos que para radicar la misma el \\\"impugnador\\\" ten\\u00eda el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os por cuanto, trat\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal que no tiene t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n se\\u00f1alado, le eran aplicables a la misma las disposiciones del Art. 1864 del vigente C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294.( )\\nIndependientemente del planteamiento, u objeci\\u00f3n, constitucional que respecto a la referida norma jurisprudencial esboza la parte demandada peticionaria en el presente recurso, somos del criterio que la misma no debe subsistir. En primer lugar, y como reconoci\\u00e9ramos en el propio caso de Alcaide v. Morales, ante,( ) el, mencionado t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os es uno irrazonablemente largo. En el mundo moderno de adelantos en los campos de la ciencia, y la comunicaci\\u00f3n en que hoy d\\u00eda vivimos, realmente no existe justificaci\\u00f3n alguna para mantener en una incertidumbre, o limbo jur\\u00eddico, el \\\"estado de hijo\\\" de una persona que fue expresamente reconocida por el \\\"padre\\\" por tan largo per\\u00edodo de tiempo. Por otro lado, el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil es uno de prescripci\\u00f3n y, como sabemos, resulta ser jur\\u00eddicamente improcedente la aplicaci\\u00f3n de un t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n a una situaci\\u00f3n que reclama y exige la aplicaci\\u00f3n de uno de caducidad. V\\u00e9ase, en general, W. Cort\\u00e9s Burgos, El problema de la caducidad en la filiaci\\u00f3n, 86 Rev. Der. Pur. 185 (1982-1983); E. V\\u00e1zquez Bote, En torno a los problemas filiatorios en el Derecho puertorrique\\u00f1o, 45 Rev. Der. Pur. 127 (1972); G. Ve-l\\u00e1zquez, La extinci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puertorrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237, 245 (1957); J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil espa\\u00f1ol, com\\u00fan y foral, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, Vol. 2, p\\u00e1gs. 675-676.\\nComo certeramente expres\\u00e1ramos \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n al Profesor Guaroa Vel\\u00e1zquez \\u2014 ( ) en Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Martinez, 93 D.P.R. 562, 589 (1966):\\n\\\"La prescripci\\u00f3n no es una instituci\\u00f3n aplicable al derecho de familia, ya que la ley la configura para aplicarla solamente a la esfera del derecho privado (patrimonial) estableci\\u00e9ndola para proteger intereses individuales de que el particular pueda dis-poner; por tanto, no pueden estar sujetos a prescripci\\u00f3n los derechos que est\\u00e1n fuera del comercio y no son susceptibles de disponibilidad por los particulares, entre los cuales dere-chos figuran los de filiaci\\u00f3n. Como dicen A. Colin y H. Capi-tant: 'La prescripci\\u00f3n es una forma de renuncia. Los dere-chos que no se pueden enajenar, no pueden tampoco prescri-bir.'\\\"\\nSin entrar, repetimos, en la discusi\\u00f3n del planteamiento constitucional que se nos hace, no hay duda de que en lugar del t\\u00e9rmino antes mencionado de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, parecer\\u00eda ser mucho m\\u00e1s apropiado y aplicable a la situaci\\u00f3n ante nuestra considera-ci\\u00f3n el plazo de cuatro a\\u00f1os que establece el Art. 1253 del referido C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A, see. 3512,( ) el cual regula la acci\\u00f3n de nulidad de los contratos debido a error, violencia, intimidaci\\u00f3n, etc. \\u2014M. Royo Mart\\u00ednez y J.L. Lacruz Ber-dejo, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, p\\u00e1g. 396; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, p\\u00e1gs. 321-323; Al-baladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit., p\\u00e1g. 217\\u2014 o el \\\"plazo\\\" dispuesto por el citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el cual regula una situaci\\u00f3n similar.\\nEllo, sin embargo, no resuelve la problem\\u00e1tica ante nuestra consideraci\\u00f3n. En vista de lo planteado por la parte demandada peticionaria, realmente no podemos limitarnos meramente a determinar cu\\u00e1l de los dos antes mencionados plazos es el m\\u00e1s apropiado. Resulta obligatorio que nos enfrentemos a, y resolvamos, el planteamiento de si las disposiciones de las Secs. 1 y 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, y la de otros preceptos legales aplicables, hacen mandatorio el fijar o se\\u00f1alar un \\u00fanico plazo tanto para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad.\\nLa contestaci\\u00f3n a dicho planteamiento conlleva, naturalmente, la evaluaci\\u00f3n y discusi\\u00f3n de si nos enfrentamos a una de tres posibles situaciones: (1) dos grupos de personas completamente distintos, lo cual permite que se regulen los mismos de manera diferente; (2) aun cuando estemos ante personas comprendidas dentro de un mismo grupo \\\"protegido\\\", nos encontramos ante una situaci\\u00f3n de un trato desigual justificado por raz\\u00f3n de la existencia de un \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\"; (3) o, por \\u00faltimo, no existiendo tal \\\"in-ter\\u00e9s\\\", la \\\"clasificaci\\u00f3n\\\" que se pretende hacer dentro de dicho grupo resulta ser constitucionalmente impermisible.( ) Pueblo v. Mat\\u00edas Castro, 90 D.P.R. 528 (1964); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Hermina Gonz\\u00e1lez v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barcel\\u00f3, 110 D.P.R. 248 (1980).\\nVI\\nComo expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, el de-mandante recurrido sostiene que siendo las acciones para impugnar el reconocimiento y para impugnar la legitimidad acciones distintas, y contemplando las mismas situaciones diferentes, resulta constitucionalmente permisible estable-cer t\\u00e9minos distintos para el ejercicio de ambas acciones. No le asiste la raz\\u00f3n; veamos por qu\\u00e9.\\nNo hay duda de que el ser humano que nace de madre casada adquiere desde el momento mismo de su nacimiento, respecto al marido de su madre, la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\" de aqu\\u00e9l por mandato expreso de las disposiciones-del Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, ante.( ) Esa presunci\\u00f3n \\\"de legitimidad\\\" \\u2014o, conforme al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicci\\u00f3n, la presunci\\u00f3n de que se es hijo de esa persona en particular\\u2014 que establece el mencionado precepto legal tiene su base, o raz\\u00f3n de ser, precisamente en la relaci\\u00f3n jur\\u00eddica existente entre el marido y su esposa.\\nEl hijo de mujer no casada, por el contrario, nace sin filiaci\\u00f3n respecto a padre alguno por raz\\u00f3n, naturalmente, de la inexistencia de una persona que pueda ser presuntivamente se\\u00f1alada como padre por la ley. Este adquiere el \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", entre otras y en lo 'pertinente, cuando el padre en forma afirmativa lo reconoce como tal.( )\\nCon motivo de lo antes se\\u00f1alado, la evidencia a ser presentada en la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad por necesidad no puede ser exactamente igual a la de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. La presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" \\u2014o, lo que es lo mismo, de que se es hijo de determinada persona\\u2014 que por ley cobija al hijo matrimonial necesariamente obliga al padre (marido) que interesa y decide impugnar esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" a presentar, en la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n, evidencia que demuestre que \\u00e9l no es el \\\"padre\\\" de ese \\\"hijo\\\". Esto es, en esta acci\\u00f3n se ataca directamente la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de hijo.( )\\nAun cuando el efecto o consecuencia final es el mismo, esto es, la aniquilaci\\u00f3n del estado filiatorio,( ) en el caso de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento por el, contrario, no resulta necesario impugnar la condici\\u00f3n de hijo en forma directa. La acci\\u00f3n afirmativa del reconocimiento presupone un acto voluntario e informado. Es debido a ello que, como hemos visto anteriormente, se ha aceptado por la doctrina y los tribunales de justicia que ese reconocimiento puede ser impugnado a base de que hubo vicio en el consen-timiento prestado por raz\\u00f3n de error, violencia o intimida-ci\\u00f3n; esto es, que el mismo se prest\\u00f3 de manera involuntaria o, si voluntariamente, \\\"mal informado\\\". Esa es la raz\\u00f3n por la cual, como correctamente nos se\\u00f1ala Albaladejo, en una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento \\\"queda por com-pleto al margen la cuesti\\u00f3n si el reconocido es o no hijo del reconoce\\u00e1or\\\".( ) Dicho de otra forma, en una acci\\u00f3n de im-pugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo que se impugna, o se pre-tende anular, es el acto en s\\u00ed del reconocimiento. Para ello no es necesario traer prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de padre e hijo. Todo lo que se requiere es demostrar que el consentimiento prestado fue uno viciado por raz\\u00f3n de la exis-tencia de violencia, intimidaci\\u00f3n o error.( )\\nDebe quedar meridianamente claro, sin embargo, que nada de lo anteriormente se\\u00f1alado significa que se trata de dos grupos distintos de personas. Lo que sucede es que dependiendo del hecho de si se nace de madre casada o soltera \\u2014circunstancia sobre la cual el hijo no tiene control alguno\\u2014 existe una diferencia inevitable en la forma y ma-nera en que se adquiere la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\", Como hemos visto, unos la adquieren desde el momento mismo del nacimiento y otros la adquieren desde el mo-mento del reconocimiento. Ahora bien, una vez dicha condi-ci\\u00f3n se adquiere, se trata de un mismo y \\u00fanico grupo de personas: hijos. Como expresara el Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a, en su Sentencia de 25 de junio de 1909, p\\u00e1g. 498, \\\"el reconocimiento que de su hijo hace un padre natural produce an\\u00e1logos efectos a la presunci\\u00f3n de legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente celebrado . . (\\u00c9nfasis suplido.) En otras palabras, as\\u00ed como la presunci\\u00f3n que es-tablece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, consiste en supo-nerlos hijos del marido, la presunci\\u00f3n que del reconoci-miento se deriva es la de suponerlos hijos del reconocedor.\\nVII\\nUna vez se ha adquirido el estado o condici\\u00f3n de hijo, esto es, se es hijo \\u2014ya desde el momento del nacimiento en el caso del hijo de mujer casada, ya desde el momento del reconocimiento en el caso del hijo de mujer soltera\\u2014 por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n ning\\u00fan hijo puede injustificadamente ser v\\u00edctima de discrimen por motivo de las circunstancias de su nacimiento( ) y todos los hijos est\\u00e1n en igualdad de derechos respecto de sus padres y del orden jur\\u00eddico, resultando constitucionalmente impermisible que se sufra, por raz\\u00f3n de esas circunstancias, de inferioridades jur\\u00eddicas.( ) Permitir lo contrario podr\\u00eda constituir la nega-ci\\u00f3n del derecho a la igual protecci\\u00f3n de las ley es. ( )\\nEs debido a lo anteriormente se\\u00f1alado que somos del criterio que la diferencia existente en la actualidad en nuestro ordenamiento, referente la misma a los t\\u00e9rminos para radicar las acciones de impugnaci\\u00f3n de legitimidad y del reconocimiento, no puede subsistir. Como sabemos, por virtud de las disposiciones del citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el marido tiene el t\\u00e9rmino de tres meses desde la inscripci\\u00f3n del nacimiento, si se hallaba en Puerto Rico, y el t\\u00e9rmino de seis meses desde que tuvo conocimiento del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico, para radicar la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad. Ello tiene la consecuencia de que el ni\\u00f1o que nace de mujer casada consolida su estado filiatorio respecto de su padre al transcurrir dichos per\\u00edodos de tres o seis meses, pues pasado \\\"el mismo\\\" su status familiae resulta ser inatacable por el padre por raz\\u00f3n de haber caducado la acci\\u00f3n que a esos efectos la ley le concede a \\u00e9ste.\\nConforme la doctrina jurisprudencial vigente, sin embargo, la situaci\\u00f3n de los hijos no matrimoniales no es tan afortunada. Seg\\u00fan lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, ante, el t\\u00e9rmino que tiene el padre que reconoci\\u00f3 al hijo para impugnar dicho reconocimiento lo es el de quince a\\u00f1os. Ello significa que el hijo nacido de mujer soltera que es reconocido \\u2014que como hemos visto es tan hijo como el hijo de mujer casada\\u2014 no consolida su estado filiatorio hasta que transcurra dicho largo per\\u00edodo de tiempo.\\nLa mencionada norma jurisprudencial coloca a los hijos nacidos de mujer soltera que son reconocidos en un estado de desigualdad en relaci\\u00f3n a los hijos nacidos de mujer casada. Es como si el estado filiatorio que crea el reconocimiento fuera de menor categor\\u00eda que el que surge por operaci\\u00f3n de la presunci\\u00f3n que establece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil. Procede que determinemos, en consecuencia, si esta cla-sificaci\\u00f3n que perpetu\\u00f3 la norma jurisprudencial vigente, la cual resulta ser inherentemente sospechosa a la luz de las disposiciones de la Sec. 1 del Art. XI de nuestra Constituci\\u00f3n, ante, infringe o no la cl\\u00e1usula constitucional sobre igual pro-tecci\\u00f3n de las leyes. Venimos obligados a as\\u00ed hacerlo no obs-tante el hecho de que esta clasificaci\\u00f3n es de \\\"origen\\\" juris-prudencial. Como expres\\u00e1ramos anteriormente,( ) si bien es cierto que el an\\u00e1lisis constitucional sobre la igual protecci\\u00f3n de las leyes tradicionalmente se ha aplicado en el contexto de clasificaciones legislativas, el mismo es igualmente aplicable a clasificaciones establecidas o legitimidas jurisprudencial-mente. El examen referente a estas \\\"clasificaciones judi-ciales\\\" resulta procedente por raz\\u00f3n de que los derechos constitucionales se reclaman contra el Estado, y la Rama Judicial es uno de los componentes de \\u00e9ste. V\\u00e9ase L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, p\\u00e1gs. 1482-1483.\\nVIII\\nComo es de todos conocido, en el an\\u00e1lisis constitucional bajo la referida cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se utilizan tres criterios (tests), a saber: (1) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; (2) el intermedio, y (3) el tradicional m\\u00ednimo o de nexo racional. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 537 (1984); Zachry International v. Tribunal Superior, ante. ( )\\nEn Le\\u00f3n Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980) \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n lo expresado en Wackenhut Corp. v. Rodr\\u00edguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972)\\u2014 se\\u00f1alamos, en lo pertinente, que:\\n. est\\u00e1n sujetas aun minucioso examen judicial, por consi-derarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Caen bajo esta categor\\u00eda las clasifica-ciones o discr\\u00edmenes por motivo de raza, color, sexo, naci-miento, origen o condici\\u00f3n social, ideas pol\\u00edticas o religiosas y nacionalidad. (\\u00c9nfasis suplido y escolio omitido.)\\nEn casos como el de autos \\u2014donde nos enfrentamos a una clasificaci\\u00f3n inherentemente sospechosa\\u2014 para que la constitucionalidad de la misma pueda ser sostenida, el Estado viene en la obligaci\\u00f3n de demostrar la existencia de un inter\\u00e9s p\\u00fablico apremiante o de superior jerarqu\\u00eda (compelling state interest) que justifique la referida clasificaci\\u00f3n y que la misma promueve necesariamente la consecuci\\u00f3n de ese inter\\u00e9s. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, p\\u00e1g. 278.\\nCuando este Tribunal resolvi\\u00f3 en 1920 el caso de Alcaide v. Morales, ante, no est\\u00e1bamos obligados por precepto cons-titucional alguno que reclamara trato igual para todos los hijos independientemente de sus circunstancias al nacer. En aquel entonces concluimos \\u2014en correcta t\\u00e9cnica jur\\u00eddica \\u2014 - que en ausencia de precepto legislativo alguno que regulara el plazo para la impugnaci\\u00f3n de un reconocimiento deb\\u00edamos aplicar uno por analog\\u00eda. Determinamos, entonces, que tra-t\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino se\\u00f1alado deb\\u00eda aplicarse el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que dispone el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, ante. Posteriormente, y luego de promulgada nuestra Constituci\\u00f3n en el a\\u00f1o 1952, en Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956), incorrectamente ra-tificamos \\u2014en una nota al calce y por medio de dictum\\u2014 la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, a los efectos de que un hombre que ha reconocido a un hijo tiene el t\\u00e9r-mino de quince a\\u00f1os para impugnar dicho reconocimiento.\\nEn vista del planteamiento que hace la parte demandada peticionaria en el presente caso, procede que nos pregun-temos: \\u00bfqu\\u00e9 \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\" puede perseguir \\\"el Es-tado\\\" al establecer t\\u00e9rminos distintos para la consolidaci\\u00f3n del estado filiatorio? Debemos confesar que, \\u00fanicamente, se nos ocurre como base o fundamento para dicha clasificaci\\u00f3n el inter\\u00e9s del Estado de fomentar la instituci\\u00f3n del matrimo-nio.\\nDebe quedar meridianamente claro que entendemos que la protecci\\u00f3n de la instituci\\u00f3n del matrimonio en efecto constituye un inter\\u00e9s apremiante del Estado.( ) Ahora bien, ante esta realidad, \\u00bfconstituye la desigualdad creada por la clasificaci\\u00f3n en controversia el medio necesario de alcanzar esa protecci\\u00f3n justific\\u00e1ndose que se discrimine en contra de los hijos no matrimoniales? Entendemos que no. Somos del criterio que el Estado puede promover y forta-lecer la instituci\\u00f3n del matrimonio por otros medios.( ) No hay necesidad de castigar al inocente. Como correcta y cer-teramente expresara en Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 406 U.S. 164, 175 (1972), el Tribunal Supremo de los Es-tados Unidos:\\nThe status of illegitimacy has expressed through the ages society's condemnation of irresponsible liaisons beyond the bonds of marriage. But visiting this condemnation on the head of an infant is illogical and unjust. Moreover, imposing disabilities on the illegitimate child is contrary to the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to individual responsibility of wrongdoing. Obviously, no child is responsible for his birth and penalizing the illegitimate child is an ineffectual \\u2014 as well as an unjust \\u2014 way of deterring the parent. Courts are powerless to prevent the social opprobrium suffered by these hapless children, but the Equal Protection Clause does enable us to strike down discriminatory laws relating to status of birth where\\u2014 as in this case \\u2014 the classification is justified by no legitimate state interest, compelling or otherwise. (\\u00c9nfasis suplido y citas omitidas.)\\nResolvemos, en consecuencia, que en virtud de lo dispuesto en el citado Art. II, Secs. 1 y 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico s\\u00f3lo puede existir en nuestro ordenamiento un \\u00fanico plazo para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", se le llame a la misma acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconoci-miento o acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\". Al as\\u00ed resolver, como expres\\u00e1ramos en Garc\\u00eda v. Acevedo, 123 D.P.R. 624, 635 (1989), lo \\\"\\u00fanico que estamos haciendo es darle plena virtualidad al axioma constitucional que proh\\u00edbe el dis-crimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama la igualdad del ser humano\\\".\\nf \\u2014 H\\nHabiendo resuelto que nuestra Constituci\\u00f3n exige un \\u00fanico plazo de caducidad para la radicaci\\u00f3n tanto de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\", procede que determinemos cu\\u00e1l debe ser ese plazo. Ello realmente es una labor o funci\\u00f3n que corresponde, en primera instancia, al legislador. Constituye una realidad inescapable, sin embargo, el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa ha rehusado actuar al respecto a pesar de los llamados que a esos efectos se le han hecho.( ) No vislumbr\\u00e1ndose que lo haga en un futuro cercano e ignorando las razones que tenga la Asamblea Legislativa para su inacci\\u00f3n, no podemos eludir la obligaci\\u00f3n de esbozar una norma que corrija la injusticia.\\nYa anteriormente hab\\u00edamos descartado, por inaplicable e irrazonablemente largo, el plazo de quince a\\u00f1os que esta- blece el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, ante, para las acciones \\\"personales que no tengan se\\u00f1alado t\\u00e9rmino especial de prescripci\\u00f3n .Las alternativas, en consecuencia, se limi-tan a los t\\u00e9rminos de caducidad que establecen los antes ci-tados Arts. 117 y 1253 del vigente C\\u00f3digo Civil; esto es, los plazos de 3 y 6 meses que establece el primero para la radica-ci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\" o el plazo de cuatro a\\u00f1os que dispone el segundo para la acci\\u00f3n de nulidad de contratos.\\nSeg\\u00fan ya hemos explicado, la doctrina espa\\u00f1ola mayori-taria antes de la reforma de 1981 se inclinaba hacia la utiliza-ci\\u00f3n del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os. Ello as\\u00ed por tres razones principales, a saber: se utilizan las mismas \\\"cau-sales\\\" \\u2014error, violencia e intimidaci\\u00f3n\\u2014 en apoyo de la soli-citud de nulidad o impugnaci\\u00f3n; se trata de un t\\u00e9rmino m\\u00e1s razonable; y, sobre todo, el mismo es un plazo de caducidad. Puig Brutau, op. cit, ed. 1978, p\\u00e1g. 323. A esos efectos Puig Brutau sostuvo que, \\\"como opina Albaladejo, es preferible mantener el criterio del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os, que 'aplicar por analog\\u00eda el art. 113 [el Art. 117 nuestro, ante] (en lo que sea aplicable) que, aunque se piense que es propiamente el indicado, por tratarse de un caso de impug-naci\\u00f3n de un estado de filiaci\\u00f3n, regula en realidad las cosas sobre la base de unas circunstancias radicalmente distintas de las del caso del reconocimiento impugnable por vicio de la voluntad'\\\". Puig Brutau, op. cit, ed. 1970, p\\u00e1g. 95; Albala-dejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit, p\\u00e1g. 217; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre la filiaci\\u00f3n ile-g\\u00edtima en Derecho espa\\u00f1ol, op. cit, p\\u00e1g. 98 n. 118.\\nAhora bien, respecto a lo antes se\\u00f1alado, debe mante-nerse presente que, con anterioridad a la reforma de la filia-ci\\u00f3n, en Espa\\u00f1a se sosten\\u00eda que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de derecho de familia. Esto es, consti-tuyendo esta acci\\u00f3n un negocio jur\\u00eddico y existiendo una pa- tente desigualdad entre los hijos por raz\\u00f3n de su nacimiento era l\\u00f3gico pues la aplicaci\\u00f3n del Art. 1253, ante (el Art. 1301 del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol) que certeramente regula los nego-cios jur\\u00eddicos. Sin embargo, ya hab\\u00edamos afirmado con ante-rioridad que \\\"el reconocimiento en la actualidad no cumple, pues otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nPor otro lado, hubo quien postulara, mucho antes de la reforma espa\\u00f1ola, que el plazo que se deb\\u00eda utilizar para regular la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo era el establecido por el Art. 117, ante (Art. 113 espa\\u00f1ol) por regular la misma materia. Con mucha certeza Pifiar L\\u00f3pez sos-tuvo que:\\nEn todo caso y a nuestro modo de ver, la impugnaci\\u00f3n de que habla el art. 128 no est\\u00e1 sujeta a la prescripci\\u00f3n de los quince a\\u00f1os que se\\u00f1ala el art. 1.964 del C\\u00f3digo civil. Este plazo, excesivamente largo, como dicen los autores que en \\u00fal-tima instancia lo estiman aplicable, hay que reputarlo vigente para el solo caso de que en la ley no se fijen plazos especiales. Ahora bien, si mediante la legitimaci\\u00f3n el hijo adquiere el status propio del hijo leg\\u00edtimo, ni que decir tiene que habr\\u00e1 de aplicarse, por lo que respecta a la contestaci\\u00f3n de este estado, el breve plazo, no de prescripci\\u00f3n, sino de caducidad del art. 113 del C\\u00f3digo.... (Enfasis suplido.) Pifiar L\\u00f3pez, Legitima-ci\\u00f3n por concesi\\u00f3n real, 6 An. Der. Civ. 353 (1953).\\nComo sabemos, para establecer un plazo de caducidad o prescripci\\u00f3n el an\\u00e1lisis a utilizarse es el de balance de intereses. Este tipo de an\\u00e1lisis es utilizado cuando entran en conflicto derechos de dos partes privadas. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573 (1982). El punto preciso donde se establece el balance depende de la intensidad del derecho de cada una de las partes envueltas.\\nAl establecer los plazos de caducidad del Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, ante, el legislador hizo un balance entre el derecho de un individuo a deshacer una realidad jur\\u00eddica inexacta y el derecho de una persona a la seguridad de su estado civil, as\\u00ed como el inter\\u00e9s del Estado en la estabilidad de las relaciones filiatorias. Estos mismos derechos son los que deben ser armonizados al disponerse un t\\u00e9rmino para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Habiendo el legislador hecho este balance de intereses al disponer los plazos contenidos en el Art. 117, ante, entendemos que no debemos nosotros disponer un t\\u00e9rmino distinto para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Repetidamente hemos sostenido que cuando la ley no fija el t\\u00e9rmino dentro del cual deber\\u00e1 llevarse determinada acci\\u00f3n, deber\\u00e1 aplicarse a la misma el m\\u00e1s an\\u00e1logo. Cf. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 745 (1981); Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702, 704 (1981). Este, en nuestro criterio, lo es el t\\u00e9rmino de tres meses que establece el citado Art. 117 del vigente C\\u00f3digo Civil. Resolvemos, en consecuencia, que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento deber\\u00e1 ser radicada dentro del plazo de caducidad de tres meses, contado \\u00e9l mismo a partir de la fecha en que se inscribe dicho reconocimiento en el Registro Demogr\\u00e1fico o desde la fecha del documento p\\u00fablico correspondiente en que se lleva a cabo el mismo.( ) El caso de Alcaide v. Mo rales, ante, queda revocado, en forma espec\\u00edfica y exclusiva, en cuanto a la norma en el mismo establecida de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento prescribe a los quince a\\u00f1os.\\nLo anteriormente expresado no significa, sin embargo, que en aquellos casos en que el reconocimiento realizado es producto de la violencia o la intimidaci\\u00f3n, el reconocedor queda hu\\u00e9rfano de remedio por el mero transcurrir del t\\u00e9rmino de tres meses desde la, fecha del \\\"reconocimiento\\\" realizado. Debe recordarse que la caducidad no corre contra lo inexistente. Cf. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 189 (1985). En otras palabras, en aquellas situaciones en que la violencia o la intimidaci\\u00f3n es de tal grado que causa la ausencia total de consentimiento, el reconocedor tendr\\u00e1 un plazo de caducidad de tres meses para impugnar el \\\"reconocimiento\\\" realizado, contado el mismo a partir de la fecha en que ces\\u00f3 el vicio mencionado.\\nEn cuanto a la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento debido a \\\"error\\\", el t\\u00e9rmino de caducidad de tres meses necesariamente debe contarse desde la fecha en que se llev\\u00f3 a cabo el reconocimiento.( ) En cuanto a este punto espec\\u00edfico, conviene recordar lo expresado a esos efectos en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y, en adici\\u00f3n, unas palabras del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a a los efectos de que es pre-ciso que el error alegado \\\"se compruebe y derive de hechos transcendentales que afecten directa y notoriamente [a] la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre s\\u00f3lo de \\u00e9l pudo concebir, sin que sea l\\u00edcito de otro modo la suposici\\u00f3n del error, pues equivaldr\\u00eda [a] autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo es-tado civil, permanencia que afecta al inter\\u00e9s social y consi-guientemente al orden p\\u00fablico . . . S. de 25 de junio de 1909, N\\u00fam. 93, 115 Jurisprudencia Civil 499.\\nX\\nLa nueva norma jurisprudencial establecida \\u2014la cual, naturalmente, revoca la norma establecida en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y su progenie\\u2014 \\u00bfdebe tener car\\u00e1cter, o efecto, retroactivo o prospectivo?\\nNo hay duda que cuando se revoca una norma jurisprudencial, a los fines de proporcionarle estabilidad al derecho, resulta, cuando menos, altamente deseable que este Tribunal dictamine que la nueva norma sea de vigencia prospectiva; en especial, cuando de derechos contractuales o de propiedad se trata. Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3;( ) Art. II, See. 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, ante. \\u00bfDebe ello ser as\\u00ed en casos como el presente?\\nEn lo pertinente, en Ocasio v. D\\u00edaz, ante, p\\u00e1g. 728, expresamos que \\\"[s]abemos que la absoluta retroactivi- dad del derecho positivo ser\\u00eda la muerte de la seguridad y de la confianza jur\\u00eddica; pero tambi\\u00e9n sabemos que la absoluta irretroactividad ser\\u00eda la muerte del desenvolvimiento del Derecho. El respeto a los derechos adquiridos, a los hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opone al establecimiento de reformas sociales constitucionales ni a leyes que se dan en vista de situaciones pasadas. La tenden-cia moderna, tanto en la doctrina como en la legislaci\\u00f3n, con-siste en limitar todo lo posible el principio de la irretroactivi-dad, excepto en materia de contratos, que en muchos pa\\u00edses, como en Alemania, se mantiene, no obstante, en toda su pu-reza. Aqu\\u00ed esa tendencia se acoge en el Art. 3 de nuestro C\\u00f3digo Civil, al disponer que las leyes no tendr\\u00e1n efecto re-troactivo, si no dispusieren lo contrario .(\\u00c9nfasis en el original.)\\nScaevola, al comentar el art\\u00edculo del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol equivalente a nuestro Art. 3, expresa que ser\\u00eda \\\"contrario a la esencia del Poder legislativo el que \\u00e9ste estuviese como atado por la regla de que la ley no dispone m\\u00e1s que para el porvenir . Hay casos \\\" . . en que la ley debe regir el pasado, sea en inter\\u00e9s social, sea en inter\\u00e9s de los ciudadanos. De aqu\\u00ed que el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartar\\u00eda su libertad de acci\\u00f3n en per-juicio de la sociedad y los individuos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.)( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy se emite intentamos corregir, aun cuando tard\\u00edamente, una grave injusticia que inexplicablemente se hab\\u00eda mantenido vigente en nuestro ordenamiento. Como expresara este Tribunal en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973), al discutir la procedencia de la aplicaci\\u00f3n retroactiva de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mientras \\\"m\\u00e1s grave sea el mal socia\\u00ed que el estatuto intenta remediar m\\u00e1s grande es el inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto, y, por tanto, mayor justifica-ci\\u00f3n para su aplicaci\\u00f3n retroactiva\\\".\\nEl inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto en el present\\u00e9 caso no puede ser m\\u00e1s grande. Est\\u00e1 en juego nada m\\u00e1s y nada menos que el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en nuestra tierra, derecho garantizado expresamente por nuestra Constitu-ci\\u00f3n. Ese alto inter\\u00e9s p\\u00fablico nos obliga a la aplicaci\\u00f3n re-troactiva de la norma jurisprudencial que hoy adoptamos. Resolver lo contrario equivaldr\\u00eda a perpetuar por m\\u00e1s tiempo el discrimen impermisible que hoy erradicamos de nuestro ordenamiento.\\nResolvemos, en consecuencia, que procede la desestimaci\\u00f3n de la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento que el demandante recurrido radicara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, por raz\\u00f3n de haber caducado la misma.( )\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.( )\\n(1) Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676, 732 (1963).\\n(2) 31 L.P.R.A. see. 466.\\n(3) V\\u00e9ase Informe de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos en lo relativo al alcance del t\\u00e9rmino \\\"nacimiento\\\" contenido en el Art. II, Sec. 1 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1.\\n(4) De los autos no surge con claridad si al momento de la ocurrencia del nacimiento, el demandante recurrido Almod\\u00f3var estaba casado con otra dama. S\\u00ed surge que al momento en que \\u00e9ste radica la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconoci-miento estaba casado con otra persona.\\n(5) En dicho caso se resolvi\\u00f3, en lo pertinente, que el t\\u00e9rmino dispuesto por el referido Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, era uno de caducidad y no de prescripci\\u00f3n.\\n(6) En los \\u00faltimos treinta a\\u00f1os, diversas jurisdicciones han suprimido la tra-dicional distinci\\u00f3n entre filiaci\\u00f3n leg\\u00edtima e ileg\\u00edtima, sustituy\\u00e9ndola por el prin-cipio de la unidad de filiaci\\u00f3n.\\nQuiz\\u00e1s la vanguardia corresponde a los pa\\u00edses escandinavos: Noruega (leyes de 1956 y 1981), Dinamarca (ley de 1960) y Suecia (ley de 1969). Pero no pueden dejar de mencionarse, en Europa occidental, las reformas al derecho de filiaci\\u00f3n que en 1969 se producen en Alemania Federal, Holanda y Gran Breta\\u00f1a; en 1970, en Austria; en 1975, en Italia; en 1976, en Suiza; en 1977 en Portugal, y en 1981 en Espa\\u00f1a. Deben mencionarse las leyes de algunos estados norteamericanos (v.gr., Arizona, 1956; North Dakota y Oregon, 1963); los c\\u00f3digos de la familia de los pa\\u00edses socialistas de Europa (Hungr\\u00eda, leyes de 1946 y 1974; Checoslovaquia, 1963; Polonia, 1964; Rep\\u00fablica Democr\\u00e1tica Alemana, 1965; Bulgaria, 1968), y algunos pa\\u00edses de Sur Am\\u00e9rica, como Bolivia (C\\u00f3digo de la Familia de 1972) y Cuba (C\\u00f3digo de la Familia de 1975), Venezuela (C\\u00f3digo Civil reformado en 1982) y Ecuador (C\\u00f3digo Civil de 1980).\\n(7) M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1984,1. iy p\\u00e1g. 263.\\n(8) Merece destacarse el hecho de que en el caso de Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920), se trataba de una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento en el cual el vicio del consentimiento alegado lo era el \\\"error\\\", basado el mismo en que, luego de efectuado el reconocimiento, el demandante hab\\u00eda advenido en co-nocimiento de que \\u00e9l no pod\\u00eda procrear hijos por ser est\\u00e9ril.\\n(9) Como expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, la norma jurisprudencial antes mencionada fue ratificada por este Tribunal en varias ocasiones poste-riores, inclusive luego del advenimiento de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico en el a\\u00f1o de 1952. V\\u00e9anse: Collazo v. Mouri\\u00f1o, 51 D.P.R. 728, 731 (1937); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 540 (1946); Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737, 741 (1949); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908, 911 (1956); R\\u00edos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378, 407 (1959), opini\\u00f3n concurrente del Juez Asociado Se\\u00f1or Santana Becerra.\\n(10) Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 294.\\n(11) G. Velazquez, La extensi\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puer-torrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237 (1957).\\n(12) Dispone el Art. 1253 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3512:\\n\\\"La acci\\u00f3n de nulidad s\\u00f3lo durar\\u00e1 cuatro (4) a\\u00f1os.\\n\\\"Este tiempo empezar\\u00e1 a correr:\\n\\\"En los casos de intimidaci\\u00f3n o violencia, desde el d\\u00eda que \\u00e9stas hubiesen cesado;\\n\\\"en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumaci\\u00f3n del contrato;\\n\\\"cuando la acci\\u00f3n se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorizaci\\u00f3n competente, desde el d\\u00eda de la disoluci\\u00f3n del matri-monio,\\n\\\"y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapaci-tados, desde que salieren de tutela.\\\"\\n(13) Como explicaremos m\\u00e1s adelante, si bien es cierto que el an\\u00e1lisis consti-tucional bajo la cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se ha aplicado tradicio-nalmente en el contexto de clasificaciones legislativas, es igualmente aplicable en el contexto de clasificaciones jurisprudenciales, ya que los derechos constitu-cionales se reclaman contra el Estado y la Rama Judicial es uno de sus compo-nentes. Adem\\u00e1s, las Opiniones de este Tribunal son \\\"ley\\\" en esta jurisdicci\\u00f3n al igual que las aprobadas por la Asamblea Legislativa.\\n(14) 31 L.P.R.A. see. 461.\\n(15) \\u00abEl reconocimiento puede ser definido como acto jur\\u00eddico consistente en la afirmaci\\u00f3n solemne de la paternidad biol\\u00f3gica hecha por el generante, acto . que lo liga con el reconocedor.\\\" M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 63.\\n(16) Ello \\u00e9ste lo logra o demuestra, entre otros, probando que \\u00e9l no tuvo acceso carnal a la esposa durante el per\\u00edodo de concepci\\u00f3n del hijo por raz\\u00f3n, a manera de ejemplo, de que se encontraba fuera del pa\\u00eds; que pudiendo tener ese acceso carnal, \\u00e9l padece de una condici\\u00f3n de impotencia o esterilidad qu\\u00e9 impide la procreaci\\u00f3n; que aun habiendo tenido contacto sexual con l\\u00e1 esposa durante ese per\\u00edodo de concepci\\u00f3n, pruebas cient\\u00edficas confiables lo excluyen como padre; etc. En otras palabras, la \\u00fanica manera en que el marido puede destruir esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" que le confiere la ley al ser nacido vigente el matrimonio lo es mediante la presentaci\\u00f3n de prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica entre \\u00e9l y ese \\\"hijo\\\".\\n(17) En palabras del profesor Calder\\u00f3n, Hijo: \\\"El prop\\u00f3sito y la consecuencia de la impugnaci\\u00f3n es, pues, el derrumbamiento del estado filiatorio establecido.\\\" \\u00c1.R. Calder\\u00f3n, Jr., La Filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 35.\\n(18) Albaladejo, Curso de Derecho Civil, op. cit., p\\u00e1g. 263.\\n(19) Ello claramente se percibe en los casos en que se impugna el reconoci-miento debido a violencia o intimidaci\\u00f3n: el consentimiento se prest\\u00f3 debido a que el reconociente fue objeto de violencia o \\u00e9ste ten\\u00eda el temor fundado de ser v\\u00edc-tima de ella. En el caso del error es exactamente la misma situaci\\u00f3n; esto es, lo que se pretende impugnar es el reconocimiento y no la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica propia-mente. Resulta un tanto dif\\u00edcil visualizarlo por raz\\u00f3n de que, de ordinario, en esta situaci\\u00f3n se presenta prueba que destruye \\u00a1a relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica. Por ejemplo, se trae prueba de que se descubri\\u00f3 que el \\\"padre\\\" era est\\u00e9ril o que los ex\\u00e1menes de sangre lo excluyen como tal. Su prop\\u00f3sito, sin embargo, no es demostrar que el reconociente no es el padre. El mismo es demostrar que \\u00e9ste reconoci\\u00f3 por error; esto es, si \\u00e9ste hubiera sabido que era est\\u00e9ril, no hubiera prestado el consenti-miento para reconocerlo.\\n(20) La Sec. 1 del Art. II de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 257, dispone:\\n\\\"La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podr\\u00e1 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici\\u00f3n social, ni ideas pol\\u00edticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci\\u00f3n p\\u00fablica encarnar\\u00e1n estos principios de esencial igualdad humana'X\\u00c9nfasis suplido.)\\n(21) La Comisi\\u00f3n de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos, en su informe, hizo constar el alcance de la palabra \\\"naci-miento\\\" en el Art. II de la Constituci\\u00f3n:\\n\\\"Nacimiento. Se propone eliminar el estigma jur\\u00eddico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres y respecto del orden jur\\u00eddico en igualdad de derechos. Las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas y esta disposici\\u00f3n tendr\\u00e1 como una de sus consecuencias \\u00e9l desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas. As\\u00ed lo exige el principio de la responsabilidad individual, con arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que \\u00e9l mismo no realiza. Aunque la legislaci\\u00f3n actual ya cubre en casi su totalidad lo aqu\\u00ed dispuesto, ser\\u00e1 menester nueva legislaci\\u00f3n. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta secci\\u00f3n no deber\\u00e1n ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.\\\" (\\u00c9n-fasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convenci\\u00f3n Constituyente 2562 (1951).\\n(22) Dispone la See. 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 276:\\n\\\"Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existir\\u00e1 la pena de muerte. Nin-guna persona ser\\u00e1 privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negar\\u00e1, a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci\\u00f3n de las leyes. No se aprobar\\u00e1n leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinar\\u00e1n un m\\u00ednimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.\\\" (\\u00c9nfasis suplido.)\\n(28) V\\u00e9ase esc. 13.\\n(24) Este Tribunal nunca ha aplicado el escrutinio intermedio. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).\\n(25) De no ser as\\u00ed, no podr\\u00eda constitucionalmente subsistir la presunci\\u00f3n de hijo matrimonial que nuestro C\\u00f3digo Civil establece. Esto es, para que hubiese una total equiparaci\\u00f3n de los hijos se requerir\\u00eda la eliminaci\\u00f3n de esta presun- ci\\u00f3n. Sin embargo, como ya hemos explicado, tal eliminaci\\u00f3n constituir\\u00eda una abe-rraci\\u00f3n jur\\u00eddica.\\n(26) V\\u00e9ase H.D. Krause, Illegitimacy: Law and Social Policy, New York, The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1971, p\\u00e1g. 76: \\\"if the state really wishes to discourage casual unions, it should do so directly. It could do so by enforcing laws punishing fornication or by providing incentives for marriage.\\\" (Escolios omitidos.)\\n(27) En Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 362-363 (1985), citando con apro-baci\\u00f3n a F. Rivero Hern\\u00e1ndez, La presunci\\u00f3n de paternidad leg\\u00edtima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, p\\u00e1g. 487, dijimos que nuestro r\\u00e9gimen de impugnaci\\u00f3n de pa-ternidad: \\\"[E]s el sistema de impugnaci\\u00f3n m\\u00e1s deficiente y arbitrario de cuantos hemos visto, el m\\u00e1s estrecho y riguroso, el m\\u00e1s anacr\\u00f3nico y superado por la evoluci\\u00f3n de las ideas y realidad social y cient\\u00edfica de nuestros d\\u00edas. Las concep-ciones biol\\u00f3gicas y jur\\u00eddicas en que se fundara son hoy pr\\u00e1ctica y absolutamente inservibles, y el marco legal de la instituci\\u00f3n ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla.\\\"\\nV\\u00e9ase, en adici\\u00f3n, C.E. Mascare\\u00f1as, Algunas consideraciones sobre la filia-ci\\u00f3n de los hijos extramatrimoniales y los derechos de los mismos, 10 Rev. Der. Pur. 173,179 (1963).\\n(28) Debe mantenerse presente que el reconocimiento que se ha hecho cons-tar en forma aut\\u00e9ntica y fehaciente, por ejemplo, en actas de nacimiento, testa-mentos, actuaciones judiciales, declaraciones juradas, etc., tiene el efecto de eximir al reconocido de acudir a la acci\\u00f3n civil filiatoria. Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582, 586 (1910). V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: Ex parte Hern\\u00e1ndez, 65 D.P.R. 142 (1946); Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467 (1916); Gonz\\u00e1lez et al. v. L\\u00f3pez et al., 19 D.P.R. 1113 (1913); Figueroa v. D\\u00edaz et al., 19 D.P.R. 717 (1913); Bianchi v. Sucn. Bianchi, 67 D.P.R. 694 (1947); Medina v. Sucesi\\u00f3n de Bird et al., 30 D.P.R. 158 (1922); Servera v. Otero, 22 D.P.R. 367 (1915); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez et al., 18 D.P.R. 440 (1912); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez, 35 D.P.R. 883 (1926); Pab\\u00f3n v. Alvarado et al., 28 D.P.R. 579 (1920); Ex parte Morales, 30 D.P.R. 907 (1922); Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683 (1947); D\\u00edaz Font\\u00e1nez v. Sucn. D\\u00edaz, 86 D.P.R. 798 (1962).\\n(29) Si ello es as\\u00ed en obligaciones y contratos, no hay motivo para que en el campo de la filiaci\\u00f3n, donde tan necesaria es la seguridad del estado filiatorio, el punto de partida para computar el plazo sea diferente. Por la trascendencia del acto del reconocimiento, aquel que reconoce a un \\\"hijo\\\" tiene el deber de asegu-rarse en los casos en que tiene alguna duda respecto a su paternidad de que el ni\\u00f1o verdaderamente es suyo antes de reconocerlo. Las pruebas biol\\u00f3gicas exclu-yentes de la paternidad son una forma sencilla y altamente confiable de descubrir si no es el padre biol\\u00f3gico de un ni\\u00f1o. Cf. Ortiz v. Pe\\u00f1a, 108 D.P.R. 458 (1979).\\n(30) Dispone el Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3:\\n\\\"Las leyes no tendr\\u00e1n efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.\\n\\\"En ning\\u00fan caso podr\\u00e1 el efecto retroactivo de una ley perjudicar los dere-chos adquiridos al amparo de una legislaci\\u00f3n anterior.\\\"\\n(31) Q.M. Scaevola, C\\u00f3digo Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. 1, p\\u00e1g. 237.\\n(32) Pudiendo los tribunales hacer valer la caducidad ex officio judi\\u00e9is, Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Mart\\u00ednez, 93 D.P.R. 562, 599 (1966), procede igual-mente que se decrete la desestimaci\\u00f3n, por raz\\u00f3n de caducidad, de toda causa de acci\\u00f3n similar pendiente ante nuestros tribunales si la misma no fue presentada dentro del t\\u00e9rmino de tres meses de haberse realizado el reconocimiento.\\n(33) El Art. 126 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 505, dispone, en lo perti-nente, que el \\\"reconocimiento hecho a favor de un hijo que no re\\u00fana las condi-ciones del p\\u00e1rrafo primero de la see. 504 de este t\\u00edtulo podr\\u00e1 ser impugnado por aqu\\u00e9llos a quienes, perjudique\\\". Luego de la decisi\\u00f3n que hoy emitimos dicho art\\u00edculo tiene que ser interpretado a la luz de lo preceptuado en el Art. 116 del C\\u00f3digo Civil y la jurisprudencia aplicable al mismo. As\\u00ed, la impugnaci\\u00f3n del reco-nocimiento puede hacerse por el padre biol\\u00f3gico, Cf. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); por el propio reconocido \\u2014incidentalmente\\u2014 en las circuns-tancias en que est\\u00e9 reclamando una filiaci\\u00f3n incompatible, Cf. Robles L\\u00f3pez v. Guev\\u00e1rez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980), Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954), y por los herederos seg\\u00fan lo establecido en el referido Art. 116. Quedan revo-c\\u00e1dos expresamente los casos Fern\\u00e1ndez v. Sucn. Fern\\u00e1ndez, 66 D.P.R. 881 (1947), y Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737 (1949).\"}"
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G\\u00f3mez, Fiscal, j Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.\", \"word_count\": \"1350\", \"char_count\": \"8114\", \"text\": \"El Juez Presidente Se\\u00f1or Del Tobo\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl presente es un recurso de certiorari establecido por Juan Santiago Andino en solicitud de que se declare nula la sentencia dictada en su contra por la Corte de Distrito de San Juan el diez de septiembre de 1936 y a virtud de la cual se le conden\\u00f3 a tres a\\u00f1os de presidio con trabajos for-zados.\\nExpedido el auto, se celebr\\u00f3 la vista del mismo el diez de abril en curso con asistencia del peticionario por su abo-gado y del fiscal de esta corte que se allan\\u00f3 al recurso.\\nComo los autos originales fueron elevados, transcribire-mos textualmente lo que de ellos resulta en relaci\\u00f3n con el pronunciamiento de la sentencia cuya nulidad se- pide por haberse dictado sin jurisdicci\\u00f3n, cometi\\u00e9ndose un grave error de procedimiento al aceptar la declaraci\\u00f3n de culpabilidad del acusado sin haberle antes informado de su derecho a estar acompa\\u00f1ado de abogado y sin investigar si la declaraci\\u00f3n constitu\\u00eda una renuncia inteligente de su .dicho derecho cons-titucional y estatutario.\\nLa causa lleva el n\\u00famero 2920 de la Corte de Distrito'de San Juan. Se inici\\u00f3 a virtud de acusaci\\u00f3n formulada por \\u00e9l fiscal del distrito imputando al peticionario la comisi\\u00f3n de un delito de atentado a la vida. Se\\u00f1alado el diez de sep-tiembre de 1936 para la lectura de la acusaci\\u00f3n, comparecie-ron El Pueblo por su fiscal y el acusado en persona y ocurri\\u00f3 lo que sigue: *\\n\\\"Juez. \\u00bfC\\u00f3mo se llama usted?\\n\\\"Acusado. Juan Santiago, para servirle.\\n\\\"\\u00bfNo tiene otro apellido?\\n\\\"No.\\n\\\"\\u00bfNo es Andino?\\n\\\"Juan Santiago Prosper.\\n\\\"Juez. Se enmienda la acusaci\\u00f3n en el sentido que diga as\\u00ed en lugar de Juan Santiago Andino.\\n\\\"\\u00bfQu\\u00e9 edad tiene?\\n\\\"Cincuenta a\\u00f1os.\\n\\\"\\u00bfQu\\u00e9 profesi\\u00f3n?\\n' ' Carpintero.\\n\\\"\\u00bfDe d\\u00f3nde es vecino?\\n\\\"De Santurce.\\n' \\u00bf Soltero o casado ?\\n' ' Casado.\\n\\\"\\u00bfTiene familia?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"\\u00bfTiene hijos?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n' \\u00bf Cu\\u00e1ntos hijos tiene ?\\n\\\"Dos hijos.\\n\\\"\\u00bfEs ciudadano americano?\\n' ' S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"(En este momento fu\\u00e9 le\\u00edda por el se\\u00f1or Juez que preside la Corte, el acta de acusaci\\u00f3n.)\\n\\\"\\u00bfUsted es culpable o inocente?\\n' ' Culpable.\\n\\\"Usted tir\\u00f3 con intenci\\u00f3n .\\n\\\"Yo tir\\u00e9 al bulto; me cayeron encima y yo tir\\u00e9 al bulto; no me dirig\\u00ed a nadie. Me-bago culpable de que yo le tir\\u00e9 el tiro.\\n\\\"\\u00bfAlguien le lia aconsejado a usted que se declare culpable?\\n\\\"No, se\\u00f1or.\\n\\\"\\u00bfEs voluntariamente que usted lo hace?\\n' ' V oluntariamente.\\n\\\"\\u00bfUsted quiere que se dicte sentencia a\\u00f1ora?\\n\\\"Como usted quiera.\\n\\\"Esa es una cuesti\\u00f3n para usted resolverla.\\n\\\"Mire como estoy; lleno de golpes. A m\\u00ed me cayeron encima; dentro de casa estaba yo y me cogieron el rev\\u00f3lver dentro de casa.\\n' ' \\u00bf Qu\\u00e9 usted dice ? \\u00bf Quiere que se le dicte sentencia a\\u00f1ora ?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"Antes de dictar sentencia la Corte le pregunta si tiene alg\\u00fan motivo o fundamento' legal para que no se dicte sentencia en contra suya.\\n\\\"Yo tir\\u00e9 el tiro y yo no me dirig\\u00ed a nadie y del balc\\u00f3n de casa, fu\\u00e9 que dispar\\u00e9.\\n\\\"Juez. En atenci\\u00f3n de que se declara culpable la Corte le con-dena a sufrir tres a\\u00f1os de presidio con trabajo forzado.\\n\\\"Hay otra acusaci\\u00f3n de portar armas, \\u00bfqu\\u00e9 alegaci\\u00f3n \\u00f1ace?\\n' ' Culpable.\\n\\\"Juez. Un mes de c\\u00e1rcel.\\\"\\nEl art\\u00edculo 141 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal,, ed. 1935, concretando el derecho constitucional a estar repre-sentado por ahogado que consagran las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constituci\\u00f3n y el art\\u00edculo 2, p\\u00e1rrafo 2 de nuestra Ley Org\\u00e1nica, ordena que:\\n\\\"Si compareciera el acusado a responder a la acusaci\\u00f3n sin abo-gado, deber\\u00e1 el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse.el acta de acusaci\\u00f3n y preguntarle si desea la asistencia de letrado. -Si contestare afirmativamente, y no estu-viere en posici\\u00f3n de emplearlo, el tribunal deber\\u00e1 nombrarle abogado defensor, de oficio.\\\"\\nLa ley de marzo 9, 1905, que se copia despu\\u00e9s de dicho art\\u00edculo en la indicada edici\\u00f3n de 1935 del C\\u00f3digo de Enjui- (\\u00bfamiento Criminal, no altera el deber general del tribunal de informar al acusado sobre su derecho a tener abogado defensor. Para mayor claridad la transcribiremos de igual modo. Dice:\\n\\\"Cuando se traiga al acusado ante el tribunal eon el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusi\\u00f3n perpetua, si resultare, que no tiene abogado y que la pobreza del acu-sado no le permita emplear defensor, el tribunal designar\\u00e1 uno o m\\u00e1s letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, concediendo a dichos letrados un per\\u00edodo de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los dem\\u00e1s casos, quedar\\u00e1 a la discreci\\u00f3n del tribunal, la designaci\\u00f3n de abogado.\\\"\\nFijando el alcance del derecho constitucional de que se trata y aplic\\u00e1ndolo, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458 por medio del Juez Black el 23 de mayo de 1938:\\n\\\"Toda vez que la Enmienda Sexta concede a un acusado de delito el derecho constitucional a ser asistido por abogado, el cumplimiento de este mandato constitucional es un requisito jurisdiccional previo y esencial para que una Corte Federal tenga facultad para, privar a un acusado de su vida o de su libertad. Cuando ese derecho ha sido debidamente renunciado, la asistencia de abogado deja de ser un elemento necesario de la jurisdicci\\u00f3n de la corte para proceder hasta la convicci\\u00f3n y sentencia. Sin embargo, si el acusado no est\\u00e1 representado por abogado y no ha competente e inteligentemente re-nunciado su derecho constitucional, la Enmienda Sexta se opone como una barrera constitucional en contra de la validez ele una convicci\\u00f3n y sentencia que le prive ele su vida o de su libertad. La jurisdicci\\u00f3n de la corte al comenzar el juicio puede perderse 'en el curso de los procedimientos' por haber dejado de completar la corte \\u2014 seg\\u00fan lo requiere la Enmienda Sexta \\u2014 proveyendo abogado para el acusado que est\\u00e1 imposibilitado para obtenerlo, que no ha renunciado inteli-gentemente'esta garant\\u00eda constitucional y cuya vida o libertad est\\u00e1n envueltas. Si este requisito de la Enmienda Sexta no es cumplido, la corte deja de tener jurisdicci\\u00f3n para seguir el proceso. La senten-cia de convicci\\u00f3n dictada por una corte sin jurisdicci\\u00f3n es nula, y el que hubiere sido encarcelado en virtud de ella puede obtener su libertad mediante habeas corpus.\\\"\\nT este propio tribunal en los casos de Ex parte Hern\\u00e1ndez Laureano, ante, p\\u00e1g. 416 y El Pueblo v. Rosario Mata y El Pueblo v. Rodr\\u00edguez Cordero, decididos, respectivamente, en marzo 27 y 28 (per curiam), ha interpretado nuestros pre-ceptos de ley sobre la materia a la lnz de la doctrina del Supremo Nacional y ha declarado nulas sentencias dictadas sin haberse cumplido con los mismos.\\nBastar\\u00eda lo expuesto para concluir que el certiorari pro-cede, ya que en momento alguno advirti\\u00f3 la Corte de Distrito de su derecho al acusado, pero hay a\\u00fan m\\u00e1s en este caso concreto. De las contestaciones del acusado se desprende que si bien declar\\u00f3 que hab\\u00eda portado el arma y hecho el disparo, dijo que la portaci\\u00f3n lo fue en su casa y el dis-paro lo hizo porque \\\"le cayeron encima\\\", y bajo esas circuns-tancias no debi\\u00f3 registrarse una declaraci\\u00f3n de culpabilidad. Esas mismas circunstancias ponen de relieve la necesidad del abogado, del experto en ley, que' con conocimiento de los hechos est\\u00e1 en condiciones de aducir en pro de su represen-tado, en debida forma, las defensas que puedan existir en su favor.\\nDebe, en tal virtud, anularse la sentencia diotada en la causa n\\u00fam. 2920 condenando al peticionario como autor de un delito de atentado a la vida, y surgiendo adem\\u00e1s de los autos que se dict\\u00f3 otra sentencia en las mismas condiciones en la causa que contra dicho peticionario se siguiera por por-tar el arma con que hizo el disparo, debe tambi\\u00e9n anularse esa otra sentencia, a fin de que la corte quede expedita para continuar actuando en ambas causas de acuerdo con la ley.\"}"
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+"{\"id\": \"8756859\", \"name\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes\", \"name_abbreviation\": \"Garc\\u00eda v. Cantero\", \"decision_date\": \"1920-06-11\", \"docket_number\": \"No. 2161\", \"first_page\": \"597\", \"last_page\": \"599\", \"citations\": \"28 P.R. Dec. 597\", \"volume\": \"28\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:50:25.050860+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, AMrey y Hutchison. -\", \"parties\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes.\", \"head_matter\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes.\\nApelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Secci\\u00f3n Primera, en pleito sobre da\\u00f1os y perjuicios por libelo.\\nNo. 2161.\\nResuelto en junio 11, 1920.\\nCostas en Reclamaci\\u00f3n por. Libelo. \\u2014 La secci\\u00f3n 7 de la ley de febrero 19, 1902, para reclamar indemnizaci\\u00f3n por libelo y calumnia no ha sido derogada por el art\\u00edculo 327 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil seg\\u00fan fu\\u00e9 enmendado por la ley 38 de 12 de abril de 1917 para regular la concesi\\u00f3n de costas y desem-bolsos.\\nLibelo y Calumnia \\u2014 Desestimaci\\u00f3n de la Demanda. \\u2014 La desestimaci\\u00f3n por si sola de una demanda en reclamaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios por libelo no lleva impl\\u00edcita la apreciaci\\u00f3n de falta de toda raz\\u00f3n derecha para iniciar el litigio.\\nId. \\u2014 Costas.\\u2014Para que el Tribunal Supremo pueda declarar que la corte inferior cometi\\u00f3 error o abuso de discreci\\u00f3n al no conceder costas al demandado en una acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios por libelo en la cual la demanda fu\\u00e9 deses-timada sin que la corte declarara que fu\\u00e9 establecida sin causa justificada, es preciso que sea sometida a su consideraci\\u00f3n la evidencia aportada al jui-cio; la demanda, la contestaci\\u00f3n y la sentencia por s\\u00ed solas no son suficien-tes a tal fin.\\nLos liecbos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAbogado de los apelantes: Sr. A. Sarmiento.\\nAbogados de los apelados: Sres. Oiler y Rodr\\u00edguez.\", \"word_count\": \"967\", \"char_count\": \"5733\", \"text\": \"El Juez Presidente Sr. Hern\\u00e1ndez,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nDon fecha doce de mayo de 1919 los consortes Ram\\u00f3n Garc\\u00eda y Obdulia O'Kelly presentaron demanda enmendada ante la Corte de Distrito de San Jnan, Secci\\u00f3n Primera, contra Cantero, Fern\\u00e1ndez y C\\u00eda. en reclamaci\\u00f3n de quince mil d\\u00f3lares en concepto de indemnizaci\\u00f3n de perjuicios que se-g\\u00fan alegan les fueron cansados por la publicaci\\u00f3n en El Impartial, peri\\u00f3dico de la propiedad de los demandados, de tres sueltos que se copian en la demanda y qne envolv\\u00edan la falsa imputaci\\u00f3n de tener establecida los demandantes una casa escandalosa o dedicada a citas deshonestas.\\nLa corporaci\\u00f3n demandada admiti\\u00f3 la publicaci\\u00f3n de los tres sueltos en el peri\\u00f3dico aludido, pero neg\\u00f3 que contuvie- ran la imputaci\\u00f3n qne se les atribuye y que por tanto pu-dieran causar perjuicios a los demandantes.\\nCelebrado el juicio, la corte, tomando en consideraci\\u00f3n las alegaciones, pruebas y argumentaciones de las partos de-clar\\u00f3 sin lugar la demanda por sentencia de 27 de octubre de 1919, por las razones consignadas en la opini\\u00f3n que la sirve de fundamento.\\nContra diclia sentencia interpuso la demandada recurso de apelaci\\u00f3n en cuanto no condena a los demandantes al pago de las costas y gastos y honorarios del abogado de la deman-dada, y como \\u00fanico motivo para sostener el recurso alega que la corte cometi\\u00f3 error infringiendo la \\u2022 secci\\u00f3n 7a. de la ley para autorizar pleitos civiles por da\\u00f1os y perjuicios oca-sionados por libelo y calumnia.\\nLa parte apelada niega la existencia de tal error y sos-tiene adem\\u00e1s que el texto legal invocado no est\\u00e1 actualmente en vigor por haber sido derogado por el art\\u00edculo 327 del C\\u00f3digo de .Enjuiciamiento Civil, seg\\u00fan ha sido enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917.\\nEntendemos que el caso ha de gobernarse por la Ley de 19 de febrero de 1902 para autorizar pleitos civiles por da-\\u00f1os y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia, y no por (>1 C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil, como ya lo decidimos al resolver el caso de Saldamando v. Valdecilla, 20 D. P. R. 96.\\nLa secci\\u00f3n 7a. de dicha ley, seg\\u00fan la versi\\u00f3n castellana del texto-ingl\\u00e9s en la parte atinente, dice as\\u00ed:\\n\\\"Si la sentencia se dictare a favor del demandado y estimare la corte que la acci\\u00f3n fu\\u00e9 iniciada por el demandante sin haber una causa que la justificare, la sentencia incluir\\u00e1 adem\\u00e1s de las costas, los honorarios de abogados, los que ser\\u00e1n fijados por la corte y no exceder\\u00e1n de 150 d\\u00f3lares.\\\"\\nComo se ve por el texto literal del precepto legal trans-crito, para que proceda. condena de costas con inclusi\\u00f3n de honorarios de abogada son indispensables dos condiciones: Primera, que se pronuncie fallo a favor del derhandado; y segunda, que la corte encuentre que la acci\\u00f3n fu\\u00e9 iniciada e interpuesta por el demandante sin causa justificada.\\nLa primera condici\\u00f3n se lia cumplido en el presente caso, pues la corte dict\\u00f3 sentencia a favor del demandado al de-clarar sin lugar la demanda, pero falta la segunda condi-ci\\u00f3n pues no aparece que la corte encontrara que el deman-dante iniciara su acci\\u00f3n sin causa justificada; y antes por el contrario, al dejar de imponer al demandante las costas con los honorarios de abogado, estim\\u00f3 que el demandante no estaba desprovisto de toda causa o raz\\u00f3n para promover su acci\\u00f3n. La desestimaci\\u00f3n de la demanda por s\\u00ed sola no lleva impl\\u00edcita la apreciaci\\u00f3n de falta de toda raz\\u00f3n derecha para iniciar el litigio.\\nDe todos modos las pruebas practicadas en el juicio son elemento necesario para poder apreciar si la corte inferior cometi\\u00f3 error de ley o abuso de discreci\\u00f3n dejando de con-denar al demandante en las costas y honorarios del abogado de la demandada, y estamos impedidos de examinar dichas pruebas por no hab\\u00e9rsenos presentado en forma debida.\\nSi la corte procedi\\u00f3 con error o abuso de discreci\\u00f3n ha de determinarse por la totalidad del juicio y no por la de-manda, la contestaci\\u00f3n y la sentencia. Vivas et al. v. Hernaiz, Targa y C\\u00eda. et al., 24 D. P. R. 836.\\nV\\u00e9ase nuestra decisi\\u00f3n de esta fecha en otro recurso, en el mismo caso y entre las mismas partes.\\nEs de confirmarse la sentencia apelada en la parte que ha sido recurrida.\\nConfirmada la sentencia apelada.\\nJueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, AMrey y Hutchison. -\\nEl Juez Asociado Sr. Wolf no tom\\u00f3 parte en la resolu-ci\\u00f3n de este caso.\"}"
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+"{\"id\": \"8756976\", \"name\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. Rubert Hermanos et al., Demandados y Apelados\", \"name_abbreviation\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez v. Rubert Hermanos\", \"decision_date\": \"1915-12-08\", \"docket_number\": \"No. 1024\", \"first_page\": \"293\", \"last_page\": \"316\", \"citations\": \"23 P.R. Dec. 293\", \"volume\": \"23\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:03:26.102711+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.\", \"parties\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. HUBERT HERMANOS ET AL., DEMANDADOS Y APELADOS.\", \"head_matter\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. HUBERT HERMANOS ET AL., DEMANDADOS Y APELADOS.\\nApelaci\\u00f3n procedente de' 1\\u2019a Corte de Distrito de San Juan, Secci\\u00f3n 2a,, en causa sohre devoluci\\u00f3n de propiedad.\\nNo. 1024.\\nResuelto en diciembre 8, 1915.\\nInter\\u00e9s en la Acci\\u00f3n \\u2014 Demandante.'\\u2014Una persona que no tiene inter\\u00e9s en la acci\\u00f3n, no tiene derecho a comparecer ante una corte como demandante a impugnar escrituras o procedimientos referentes a la misma.\\nTutor \\u2014 Administrador\\u2014Procedimiento Ejecutivo. \\u2014 El heeho de ser una persona tutor de los menores cuyos bienes est\\u00e1n en venta \\u00f3 sujetos a procedi-mientos ejecutivos, no le impide' ser nombrada administradora de dichos bienes, pues como tal puede defender mejor los intereses de sus pupilos.\\nEraude \\u2014 Presunci\\u00f3n.\\u2014El fraude no se presume meramente y cuando se alega debe ser claramente probado.\\nId. \\u2014 Terceros\\u2014Presunci\\u00f3n.\\u2014En este caso un hermano de los socios de la firma Hubert Hermanos era apoderado de Jos\\u00e9 G-allart en la \\u00e9poca en que \\u00e9ste vendi\\u00f3 a dicha sociedad los bienes objeto de este litigio. M\\u00e1s tarde dicho apoderado adquiri\\u00f3 para s\\u00ed derechos en la referida sociedad Hubert Hermanos. Se resolvi\\u00f3: Que el hecho de que un hermano de los socios de la demandada era apoderado del vendedor en la \\u00e9poca de la compra y que luego adquiri\\u00f3 un. derecho en la referida sociedad no justifica la suposici\\u00f3n de que el conoci-miento que \\u00e9ste ten\\u00eda de los hechos .anteriores deba imputarse a sus her-manos hasta el punto de anular su derecho a ser considerado como tercero. Si solamente est\\u00e1n envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta bajo ejecuci\\u00f3n es dudoso que el conocimiento de \\u00e9stas por los compradores anulara su dereeho.\\nPrescripci\\u00f3n' \\u2014 Interrupci\\u00f3n de la Prescripci\\u00f3n. \\u2014 Para que exista interrupci\\u00f3n en un derecho adquisitivo de prescripci\\u00f3n, especialmente si tiene lugar me-diante una acci\\u00f3n, es' necesario que \\u00e9sta sea de la misma naturaleza que la del presente pleito.\\nImpedimento o Estoppel \\u2014 Abandono o Laches. \\u2014 Guando un demandante ha aceptado arreglos y traspasos en una ejecuci\\u00f3n de hipoteca est\\u00e1 impedido {estopped) de atacar los procedimientos ejecutivos tanto m\\u00e1s cuanto se ha beneficiado de los mismos sin hacer esfuerzo alguno para ataear su validez, lo que le hace asimismo culpable de abandono {laches).\\nConocimiento Judicial \\u2014 Sentencia de una Corte de Apelaci\\u00f3n. \\u2014 No puede tomarse conocimiento judicial de una sentencia de una corte de apelaci\\u00f3n para determinar un heeho, a menos que de los autos conste que dicha sentencia fu\\u00e9 sometida directamente a la corte sentenciadora.\\nEjecuci\\u00f3n de ' Hipoteca \\u2014 Ataque Colateral \\u2014 Defensa.\\u2014Un ataque colateral contra los procedimientos sobre ejecuci\\u00f3n de hipoteca, debe hacerse a las verdaderas defensas de los deudores hipotecarios 7 no a los defectos t\\u00e9cnicos de la venta en ejecuci\\u00f3n.\\nHipoteca \\u2014 Condue\\u00f1o\\u2014Mujer Casada. \\u2014 Una mujer casada, condue\\u00f1a en una pro-piedad, tiene derecho a hipotecar su participaci\\u00f3n en garant\\u00eda de deudas con-tra\\u00eddas para beneficio de la propiedad. La Ley 61 de Toro declara nula cualquier fianza prestada por una mujer casada para garantir las deudas de su marido, pero no anula la obligaci\\u00f3n contra\\u00edda por ella como deudora principal.\\nEscritura Mancomunada \\u2014 Herederos.\\u2014Aun cuando la Ley de Toro deelare nula una escritura otorgada de mancom\\u00fan por marido y mujer, las \\u00fanicas personas que podr\\u00edan beneficiarse de esa nulidad ser\\u00edan los herederos de la esposa.\\nTestigos Instrumentales \\u2014 Pr\\u00e1ctica Contempor\\u00e1nea. \\u2014 En la feeha en que se \\u25a0 constituy\\u00f3 la hipoteca objeto de esta acci\\u00f3n, las cortes ciertamente toleraban la falta de firmas de testigos instrumentales en las escrituras originales y esa interpretaci\\u00f3n contempor\\u00e1nea debe ser respetada.\\nAcci\\u00f3n Eeal \\u2014 Acci\\u00f3n Personal \\u2014 Notificaci\\u00f3n al Demandado. \\u2014 No existiendo nada en los autos que demuestre que la acci\\u00f3n ejercitada, aunque comprende bienes inmuebles y hasta ese punto es real, sea otra cosa que una acci\\u00f3n personal por lo menos en lo que respecta a uno de los demandados, se hace necesaria la notificaci\\u00f3n personal de \\u00e9ste.\\nLos techos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAhogados de los apelantes: 8res. Rafael L\\u00f3pez Lanclr\\u00f3n, Enrique Rinc\\u00f3n y Jos\\u00e9 R. F. Savage.\\nAbogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava <& Dom\\u00edn-guez y Francisco de la Torre.\", \"word_count\": \"7955\", \"char_count\": \"48593\", \"text\": \"El Juez Asociado Se. Wole,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEste es nn caso en el cnal poco o nada se hizo en la corte inferior por simplificar las cuestiones en controversia. Por una n otra raz\\u00f3n que no aparece enteramente explicada, se permiti\\u00f3 a los apelantes incluir en la demanda un gran n\\u00fa-mero de cuestiones que son innecesarias e impertinentes, algu-\\u00faas de las cuales no tienen al parecer ninguna relaci\\u00f3n con las causas de acci\\u00f3n que se alegan. La teor\\u00eda fundamental de la demanda fue que debido a los actos de varias personas y especialmente de Jos\\u00e9 G-allart y otros que intervinieron en la ejecuci\\u00f3n de cierta hipoteca, qued\\u00f3 privada la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez de ciertos derechos de propiedad. Adem\\u00e1s, en la demanda se sostiene m\\u00e1s o menos consecuente-mente la teor\\u00eda de que para que pueda ser restablecida la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez en sns derechos' tiene qne declararse qne cierta venta por ejecuci\\u00f3n, as\\u00ed como l\\u00e1 hipoteca qne a la misma sirvi\\u00f3 de base, son absolutamente nulas y sin ning\\u00fan valor y si necesario fuere, que son inexistentes. A la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez se han unido las Suce: siones de Carmen Landr\\u00f3n y de Manuel L\\u00f3pez- con el fin aparente de prestarle su ayuda para demoler la ciudadela eri-gida por el enemigo com\\u00fan Jos\\u00e9 G-allart y de cuya destrucci\\u00f3n las dos \\u00faltimas sucesiones esperar\\u00edan obtener alg\\u00fan beneficio. Si la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez y la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n jam\\u00e1s renunciaron ninguno de sus primitivos dere-chos, dejando a un lado las cuestiones de prescripci\\u00f3n, quiz\\u00e1s pudieron haber seguido una acci\\u00f3n contra Rubert Hermanos sobre partici\\u00f3n de bienes. En esta demanda, sin embargo, no se trata de modo alguno de una acci\\u00f3n de partici\\u00f3n, habiendo sido fuertemente atacados los derechos de los de-mandados a cualquier parte- de los bienes y s\\u00f3lo reconocidos vagamente cuando la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez, los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, reclaman una hipoteca, legal. Ni siquiera entonces se reclama en una sola de las treinta y seis causas de acci\\u00f3n que han sido alegadas dicha hipoteca legal como base de la acci\\u00f3n. La demanda en su forma, es una narraci\\u00f3n indefinida, a la cual, acompa\\u00f1an lo que ordinariamente se llaman solicitudes o peticiones. Los apelantes las denominan \\\"causas de acci\\u00f3n,\\\" las cuales discuten una por una (seriatim) en su alegato. No puede haber teor\\u00eda alguna compatible con la demanda que no sea la de anular el t\\u00edtulo o t\\u00edtulos que los demandados alegan tener por virtud de la hipoteca y venta de la finca en ejecuci\\u00f3n de la hipoteca. Esta teor\\u00eda est\\u00e1 robustecida por varias cuestiones que obran en los autos y particularmente por el hecho de que en la hipotecavque ha sido impugnada Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n figuran hipotecando toda la propiedad y no sus participa-ciones por separado y porque el procedimiento hipotecario se sigui\\u00f3 contra toda la propiedad. Desde luego que con \\u00e1rreglo a los art\\u00edculos 406 y 1758 del C\\u00f3digo Civil, la hipoteca en realidad \\u00fanicamente ten\\u00eda aplicaci\\u00f3n a sus participaciones individuales.\\nLos apelantes lian presentado un alegato de unas 392 p\\u00e1ginas en maquinilla, y con la idea de prestar la debida consideraci\\u00f3n a las innumerables reclamaciones que se Lacen, se ha dilatado la resoluci\\u00f3n de este caso. El juez de la corte inferior, Sr. Grill, fallecido, emiti\\u00f3 una opini\\u00f3n muy autori-zada con la que estamos de acuerdo en sus principales aspec-tos. Los apelantes al impugnar el razonamiento de la corte, alegan un gran n\\u00famero de errores, cuando en realidad de verdad s\\u00f3lo uno pod\\u00eda ser alegado, o sea, el haber dejado la corte de dictar sentencia a favor de los apelantes, o al menos, algunos de ellos, al hacer las extensas alegaciones de fraude, ilegalidades y nulidades.\\nEl juez de la corte inferior aunque criticado por los ape-lantes expresa que la materia objeto de la acci\\u00f3n en este pleito era conocida con el' nombre de finca San Vicente, de Vega Baja. Hab\\u00eda otras parcelas comprendidas en el litigio, pero la finca en su totalidad .estaba dedicada al cultivo y molienda de ca\\u00f1as. La propiedad era conocida y todav\\u00eda se conoce por \\\"San Vicente,\\\" si bien su t\\u00edtulo fu\\u00e9 cambiado m\\u00e1s tarde por el de \\\"Central San Vicente.\\\"\\nAdoptando esta forma lac\\u00f3nica de hablar de la cuesti\\u00f3n, diremos que la finca San Vicente, la pose\\u00eda Jacinto L\\u00f3pez quien falleci\\u00f3 en el a\\u00f1o 1863. Al hacerse la divisi\\u00f3n de sus bienes la finca se le adjudic\\u00f3 a su hijo Manuel Antonio L\\u00f3pez Mart\\u00ednez y a tres de sus hermanos. Durante los comienzos del a\\u00f1o 1864, Manuel compr\\u00f3 las participaciones que ten\\u00edan dos de sus hermanas en la finca San Vicente obteniendo un arrendamiento de la tercera. Manuel falleci\\u00f3 en noviembre, 1865, dejando una viuda, Carmen Landr\\u00f3n y tres hijos. Carmen Landr\\u00f3n no aport\\u00f3 nada a la sociedad conyugal; se le adjudicaron 11,000 pesos m\\u00e1s o menos, como parte de sus bienes gananciales y 117,000 pesos para pagar las deudas de Manuel. El resto de la finca, o sean unos 88,000 pesos, fil\\u00e9 adjudicado a los tres hijos, herederos testamentarios de Manuel.\\nEn 1866, la hermana de Manuel, Teresa de Jes\\u00fas L\\u00f3pez Mart\\u00ednez que hab\\u00eda quedado como \\u00fanica oondue\\u00f1a con Manuel vendi\\u00f3 su participaci\\u00f3n al presb\\u00edtero Antonio (Jarcia que despu\\u00e9s la vendi\\u00f3 a Leonardo Igarav\\u00eddez quien le pag\\u00f3 unos 40,000 pesos en efectivo y di\\u00f3 hipoteca por el saldo. De modo que en noviembre de 1866, los condue\\u00f1os de San Vicente eran los tres hijos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, con un inter\\u00e9s entre todos de 88,000 pesos; la viuda Carmen Landr\\u00f3n, con un inter\\u00e9s de 11,000 pesos por sus bienes gananciales y 117,000 pesos para responder de las deudas de su difunto marido, y Leonardo Igarav\\u00eddez con un inter\\u00e9s de 98,000 pesos, m\\u00e1s o menos. Don Leonardo era entonces viudo con un hijo y dos hijas, cons-tando que el hijo muri\\u00f3 en su minoridad. Una de las hijas muri\\u00f3 despu\\u00e9s y la otra constituye la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez Santana.\\nEn noviembre' de 1866, Leonardo Igarav\\u00eddez se cas\\u00f3 con Carmen Landr\\u00f3n de cuyo matrimonio resultaron seis hijos que constituyen la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n. Las tres Sucesiones, la L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, la Igarav\\u00eddez Santana y la Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, son las demandantes en este pleito. Al tiempo del matrimonio la hacienda de referencia estaba gra-vada con la hipoteca a favor del presb\\u00edtero Antonio (Jarcia y con dos hipotecas m\\u00e1s a favor de las dos hermanas de Manuel para asegurar el precio de la venta de sus respectivos condominios.\\nLa corte inferior llama la atenci\\u00f3n hacia el hecho de que las cargas que exist\\u00edan sobre la finca San Vicente en el a\\u00f1o 1866 se pagaron, por lo menos en parte. Tambi\\u00e9n expresa que ninguno de los demandantes en este pleito se present\\u00f3 ante la corte con- la calidad' de heredero de las hermanas de Manuel, ni como heredero del presb\\u00edtero Garc\\u00eda, ni tam-poco se presentaron los demandantes en representaci\\u00f3n de cualquier otro acreedor que tuviera derecho de reclamaci\\u00f3n contra los' due\\u00f1os de la finca en 1866, o, en alguna otra fecha posterior. '\\u2022 Mucho se dijo en la demanda acerca de los dis-tintos grav\\u00e1menes y de los derechos de los varios acreedores,, pero estas diferentes alegaciones, seg\\u00fan las entendemos;, ten\\u00edan por objeto mostrar qne los actos de G-allart y otros-necesariamente ten\\u00edan qne ser ilegales por raz\\u00f3n d\\u00e9 estos', distintos grav\\u00e1menes y cr\\u00e9ditos alegados. La corte puntua-liz\\u00f3 el hecho de no representar los demandantes a ning\\u00fan acreedor. En verdad qne en toda la demanda se hacen varios ataques contra los t\\u00edtulos inscritos de 1-os demandados basados, en hechos o alegaciones qne otras personas podr\\u00edan haber ale-gado, pero en 1-os cuales ninguno de los demandantes ten\\u00eda inter\\u00e9s alguno. Tambi\\u00e9n opinamos que esta omisi\\u00f3n en com-prender que una persona que impugna una escritura o proce-dimiento por ser nulo debe tener inter\\u00e9s en el asunto, sirve de-explicaci\\u00f3n a un n\\u00famero de ideas err\\u00f3neas de los apelantes. Desde la fecha del matrimonio Leonardo estuvo al frente de la administraci\\u00f3n de la finca en representaci\\u00f3n de sus propios-intereses y de 1-os de su esposa y sus tres hijos habidos en el primer matrimonio de \\u00e9sta, que entonces eran menores.\\nEn octubre 8, 1869, Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Lan-dr\\u00f3n otorgaron una hipoteca en San Juan por 100,000 pesos, a favor de Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda constando de la escritura que el dinero hab\\u00eda sido tomado, prestado y usado en el cul-tivo, mantenimiento y trabajo de la hacienda San Vicente. No vemos nada en los autos que nos haga dudar de que estas narraciones fueran substancialmente correctas, ni tampoco-tuvo dudas el juez de la corte inferior.\\nEn agosto 28, 1875, en la ciudad de San Juan y ante el mismo notario, los dichos Sres. Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda ven-dieron a Juan Forgas el referido cr\\u00e9dito hipotecario y dichos Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n fueron partes en la misma escritura autorizando la venta y ratificando o confirm\\u00e1ndo-la hipoteca.\\nLeonardo Igarav\\u00eddez quebr\\u00f3 en 1879, durando los proce-dimientos de quiebra hasta el a\\u00f1o 1887, en que nuevamente se hizo a Leonardo Igarav\\u00eddez administrador de la finca.\\nLos diversos acreedores, con excepci\\u00f3n de Juan For-gas, dne\\u00f1o de la hipoteca, hab\\u00edan hecho un convenio con Igarav\\u00eddez por virtnd del cnal se le permiti\\u00f3 segnir con la administraci\\u00f3n.\\nLeonardo Igarav\\u00eddez falleci\\u00f3 en 1888, habiendo mnerto antes sn esposa y no tnvo oportunidad de pagar a sns acree-dores. La quiebra, contra \\u00e9l no finaliz\\u00f3 en vida del mismo.\\nEn abril 9, 1888, Juli\\u00e1n Blanco autorizada por Igarav\\u00eddez mediante poder para testar otorg\\u00f3 tal testamento declarando herederos a sus hijos habidos en ambos matrimonios los cuales aceptaron la herencia a beneficio de inventario. A pesar de estar vencida la hipoteca, el acreedor hipotecario demor\\u00f3 por* ciertas razones la ejecuci\\u00f3n de la misma, hasta que en 22 de junio de 1888, se inici\\u00f3 un procedimiento sobre ejecuci\\u00f3n de hipoteca a nombre de Jos\\u00e9 Grallart y Forgas, como heredero y sucesor de su t\\u00edo'Juan Forgas, por medio de procurador debidamente nombrado y de abogado. El procedimiento ejecutivo, que es un procedimiento especial de acuerdo con la Ley de Espa\\u00f1a, se sigui\\u00f3 ante el Juez de Primera Instancia de San Juan. El procedimiento fu\\u00e9 por la suma de 74,000 pesos m\\u00e1s o menos, que era el saldo pen-diente de la hipoteca, y se dirigi\\u00f3 contra los bienes de la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez y especialmente contra la hacienda San Vicente. El acreedor hipotecario mientras proced\\u00eda contra la finca de Leonardo se reserv\\u00f3 todos los derechos que pudiera tener contra la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n por virtud de dicho cr\\u00e9dito hipotecario. A la demanda en este procedimiento hipotecario se uni\\u00f3 la hipo-teca y su ratificaci\\u00f3n as\\u00ed como tambi\\u00e9n la cl\\u00e1usula pertinente del testamento de Forgas instituyendo a Grallart como here-dero suyo, y una certificaci\\u00f3n del Registrador de la Propiedad de Ponce creditiva de la muerte de Juan Forgas.\\nEn julio 6, 1888, el Juez de Primera Instancia se neg\\u00f3 a despachar el mandamiento de ejecuci\\u00f3n por el defecto t\\u00e9c-nico de no tener el registrador facultad para certificar sobre la muerte de una persona. Al solicitar reposici\\u00f3n el acreedor hipotecario el juez no solamente insisti\\u00f3 en este supuesto defecto, sino que tambi\\u00e9n neg\\u00f3 la ejecuci\\u00f3n por el fundamento de qne la hipoteca otorgada por Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen era de la clase prohibida por la Ley de Toro, puesto que la esposa comparec\\u00eda como fiadora de, las deudas del marido. Esta orden del Juzgado de Primera Instancia fu\\u00e9 apelada a la Audiencia Territorial que confirm\\u00f3 en parte la orden del Juzgado de Primera Instancia, La. naturaleza, sentido y alcance de la resoluci\\u00f3n de la Audiencia Territorial han sido tal vez el fundamento principal de discusi\\u00f3n en este caso. M\\u00e1s adelante explicaremos con m\\u00e1s detalles este pro-cedimiento.\\nSostienen los apelados que la Audiencia s\\u00f3lo confirm\\u00f3 la orden del Juzgado de Primera Instancia por \\u2022 el defecto t\\u00e9cnico apuntado, y evidentemente basado en esta teor\\u00eda fu\\u00e9 que el acreedor hipotecario sigui\\u00f3 adelante con el procedi-miento de ejecuci\\u00f3n. El Juez de Primera Instancia en vista de la subsanaci\\u00f3n del defecto procedi\\u00f3 a ordenar la.'ejecuci\\u00f3n de la hipoteca rebajando un tanto la suma de la reclamaci\\u00f3n por haber expirado el t\\u00e9rmino para ejecutar uno de los plazos de la deuda.\\nLos apelantes impugnan por ser fraudulenta la acci\\u00f3n as\\u00ed tomada por el Juzgado de Primera Instancia, alegando tam-bi\\u00e9n otros varios fraudes, ilegalidades y nulidades cometidos en la ejecuci\\u00f3n del procedimiento hipotecario, acerca de los cuales despu\\u00e9s haremos referencia.\\nEn esta fecha ' ' San \\\"Vicente, ' ' que entonces se conoc\\u00eda por \\\"Central San \\\"Vicente\\\" estaba administrada por Juli\\u00e1n E. Blanco, nombrado como tal administrador por los acreedores en los procedimientos de quiebra. Blanco era a la vez tutor de algunos de los hijos de Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n. Por esta raz\\u00f3n y con el fin de evitar costas y demoras, el acreedor hipo-tecario nombr\\u00f3 tambi\\u00e9n a dicho Blanco como administrador de la finca mientras duraban los procedimientos hipotecarios, teniendo cada uno confianza en su capacidad y honradez. Alegan los apelantes que su cargo de tutor era incompatible con el de administrador de la finca. No vemos ninguna incom-patibilidad en que el tutor de una sucesi\\u00f3n cuya finca est\\u00e1 para venderse o gravada por virtud de un procedimiento de ejecuci\\u00f3n se baga cargo de la administraci\\u00f3n de dieba finca. El mejor que nadie pod\\u00eda defender los derechos de sus pupi-los. Tambi\\u00e9n sus actos ban sido atacados como fraudulentos, existiendo la acusaci\\u00f3n, que no ha sido comprobada, de que \\u00e9l actuaba en combinaci\\u00f3n con Gallart contra los intereses de sus pupilos.\\nAI otorgar Igarav\\u00eddez y su esposa Carmen Landr\\u00f3n la hipoteca, lo hicieron por toda la finca San Vicente. 'Ellos en realidad no la pose\\u00edan totalmente pues los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n eran condue\\u00f1os con ellos.\\nEn el a\\u00f1o 1885, estando pendientes los procedimientos de quiebra, el Juez de Primera Instancia orden\\u00f3 que la quiebra satisficiera a los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n la suma de 1,000 pesos como parte proporcional de las rentas y productos en la hacienda. Dicho juez se di\\u00f3 cuenta de la imposibilidad que hab\\u00eda para administrar por separado la participaci\\u00f3n perteneciente \\u00e1 Igarav\\u00eddez, probablemente debido al hecho de que la central se encontraba realizando operaciones, y basado C\\u00fc. una teor\\u00eda parecida Gallart sigui\\u00f3 Su procedimiento hipo-tecario contra toda la finca pero durante la pendencia del procedimiento o en fechas posteriores celebr\\u00f3 transacciones o traspasos con los L\\u00f3pez Landr\\u00f3n e Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, La validez, exactitud o suficiencia de todos estos actos pos-teriores han sido atacadas por los demandantes y apelantes en este caso.\\nSe verificaron varias segregaciones y cambios en la pro-piedad y finalmente en mayo 31 de 1894, se otorg\\u00f3 escritura al acreedor hipotecario Gallart en la que se describ\\u00edan todos los procedimientos habidos en la ejecuci\\u00f3n de la hipoteca, cuya escritura fu\\u00e9 inscrita en el registro de la propiedad en julio 7, 1894. La referida finca fu\\u00e9 vendida por Gallart a Juan y Guillermo Hubert en febrero 24, 1897. Los apelantes alegan tedios tendentes, como sostienen, a acreditar que. Eubert Hermanos no eran terceros de acuerdo con la Ley Hipotecaria por raz\\u00f3n de los actos de Luis Hubert, uno de los hermanos de Juan y Guillermo Eubert. En 12 de diciem-bre, 1902, Guillermo Eubert vendi\\u00f3 una parte de su derecho en la Central San Vicente a su hermano Luis. Sostienen los apelados Eubert Hermanos que han pose\\u00eddo la finca -desde la fecha de sus varias adquisiciones pac\\u00edficamente y sin inte-rrupci\\u00f3n alguna.\\nEsta acci\\u00f3n comenz\\u00f3 originalmente en junio 5, 1906, habi\\u00e9ndose formulado una demanda enmendada en febrero 18, 1909. La sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart fu\\u00e9 incluida en la demanda y se obtuvo su emplazamiento por publicaci\\u00f3n de edictos, y una demanda enmendada fu\\u00e9 presentada despu\\u00e9s de dicho servicio. El secretario anot\\u00f3 la rebeld\\u00eda y los, demandantes, trataron de obtener una sentencia en rebeld\\u00eda contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart con cuyo objeto fueron, exten-samente o\\u00eddos en la corte. Se dict\\u00f3 por \\u00faltimo sentencia declarando sin lugar la demanda contra la cual interpusieron, recurso de apelaci\\u00f3n los demandantes si bien jam\\u00e1s fu\\u00e9 noti-ficada ,1a Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart de dicha apelaci\\u00f3n. Los, apelados en distintas fechas han solicitado la desestimaci\\u00f3n de la apelaci\\u00f3n fundados en que la Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart era parte necesaria y por consiguiente que debi\\u00f3.haber,, sido, notificada. Ellos han insistido en que la Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart era parte necesaria no s\\u00f3lo por. .haberlo hecho- as\\u00ed los demandantes por, varios actos y documentos obrantes en los autos, sino tambi\\u00e9n porque en el traspaso de la finca hecho por. Jos\\u00e9 Gallart a Eubert Hermanos la escritura conten\\u00eda una' cl\\u00e1usula sobre saneamiento y evicoi\\u00f3n del t\\u00edtulo.\\nHa habido varias acusaciones de fraude en este caso. Las imputaciones .de fraude hechas contra .el, Juez de Pri-mera Instancia que finalmente orden\\u00f3 la venta en ejecuci\\u00f3n, no han sido comprobadas en absoluto.. Eespecto al cargo de fraude contra Juli\\u00e1n Blanco y Sosa, deseamos- citar, como lo Mzo la corte inferior, el poder otorgado por Leonardo Igara* v\\u00eddez, por virtud del .cual autoriz\\u00f3 \\u00e9ste al primero para hacer :su testamento:\\n' ' Teniendo una ilimitada confianza en su amigo y apoderado general que lo es Don Juli\\u00e1n Eusebio Blanco y Sosa el- cual se encuentra \\u2022enterado perfectamente de todos. sus asuntos y negocios ba deter-minado autorizarle con poder bastante para testar, con cuyo objeto, en la v\\u00eda que sea m\\u00e1s procedente otorga; que da y confiere al men-cionado Don Juli\\u00e1n Eusebio Blanco y Sosa de este propio vecindario, \\u2022el m\\u00e1s cumplido, amplio y bastante poder como por derecho se requiera para que dentro o fuera del t\\u00e9rmino legal y con sujeci\\u00f3n a las instrucciones que le tiene dadas y en lo sucesivo le comunicare,-\\u2022organice y ordene su testamento, etc., etc.\\n\\\"Declara por ser as\\u00ed su voluntad expresa que Don Juli\\u00e1n ,Eusebio Blanco y Sosa adem\\u00e1s de ser su apoderado general ha sido el encar-gado de la direcci\\u00f3n de todos los asuntos judiciales que le han ocurrido desde muchos a\\u00f1os sin que hasta el d\\u00eda ni Blanco le haya exigido ni tampoco el otorgante le haya retribuido sus buenos y valiosos ser-vicios a pesar de haberle exigido le manifestara el importe de' sus trabajos o cantidad- con que debiera recompensar en las diversas-veces que as\\u00ed se lo ha indicado, sin que haya podido obtener de Blanco otra manifestaci\\u00f3n que la de aplazar el asunto para mejor ocasi\\u00f3n;, as\\u00ed es que considerando un deber de conciencia dicha retribuci\\u00f3n encarga muy encarecidamente, tanto a sus albaeeas como a sus here-deros, exijan' a'Blanco- les manifieste ql valor de todos' sus servicios y trabajos, los que les sean satisfechos con toda religiosidad y pre-ferencia atendida .la naturaleza- e importancia de dichos, servicios. \\\" \\u2022\\nY luego expresa el Juez Sr.' Grill en su opini\\u00f3n:\\n1 ' Tal era el car\\u00e1cter de .Blanco en la opini\\u00f3n, de Leonardo Igara-v\\u00eddez en 1888. No se ha establecido en este .pleito que la opini\\u00f3n \\u2022de Don Leonardo Igarav\\u00eddez fuera err\\u00f3nea o que se modificara m\\u00e1s tarde el car\\u00e1cter de Blanco en sentido mal\\u00e9volo.\\n\\\"A otras personas tambi\\u00e9n, jueces, abogados y procuradores se acusa de fraude. A esta corte le falta la experiencia subjetiva en' la corrupci\\u00f3n judicial, pero parece extraordinario que si los repre-sentantes de G-allart hab\\u00edan sobornado a las Cortes de Primera Ins-' tancia de San Juan, no se pod\\u00eda conseguir una declaraci\\u00f3n definitiva, en menos de siete a\\u00f1os. En otras palabras, si un juez vende su sentencia ordinariamente falla pronto.\\\"\\nLos \\u00e1pelantes han imputado fraude en forma poco con-creta y no lo han probado. Varias veces hemos tenido opor-tunidad de llamar la atenci\\u00f3n hacia el hecho de que el fraude no se presume y debe ser claramente probado. Calzado et al. v. Carrero et al., 15 D. P. R. 363; Lamas et al. v. Roig, 15 D. P. R. 494; Cruz v. L\\u00f3pez et al., 17 D. P. R. 42. El abogado lo ha presumido esperando que este tribunal lo deduzca de ciertas supuestas nulidades o ilegalidades.\\nLos demandados y apelados ante esta corte son Rubert Hermanos. Sostienen los apelantes que los apelados no pue-den ser'considerados como terceros por haber sido Luis Ru-be\\u00edt apoderado de Gallart quien ten\\u00eda conocimiento de todos lqs hechos anteriores, pero no nos han demostrado los ape-lantes que el conocimiento que ten\\u00eda Luis Rubert pudiera imputarse a Rubert Hermanos en la fecha en que \\u00e9stos com-praron a Gallart. Es verdad que Luis Rubert adquiri\\u00f3 luego su derecho en la sociedad y que su parentesco cercano con sus hermanos Juan y Guillermo Rubert podr\\u00eda considerarse como una. circunstancia sospechosa, pero no podemos suponer sin m\\u00e1s prueba que cualquier conocimiento que \\u00e9l tuviera pod\\u00eda imputarse a sus referidos hermanos. Adem\\u00e1s, como ya hemos dicho, los apelantes no nos han indicado ning\\u00fan fraude. El traspaso hecho por Gallart a Rubert Hermanos se impugna por haber sido Luis Rubert mandatario de Gallart. Sin considerar los dem\\u00e1s m\\u00e9ritos de esta alegaci\\u00f3n, diremos que los apelantes no tienen ning\\u00fan inter\\u00e9s legal por el cual puedan atacar el traspaso. Si solamente est\\u00e1n envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta por ejecuci\\u00f3n, dudamos que el conocimiento de las mismas pueda anular el derecho.de una persona a ser considerada como ter-cero. Tambi\\u00e9n dudamos de si a los abogados y procuradores de Gallart pod\\u00eda imput\\u00e1rseles conocimiento de las ilegali-dades en la venta en ejecuci\\u00f3n y si en su caso dicho conoci-miento pod\\u00eda supon\\u00e9rsele a Luis Rubert o a Gallart, ambos sin profesi\\u00f3n, que como es de presumirse obedec\\u00edan y con-fiaban en el consejo del abogado. Si el hecho de ser tercero pudiera redundar en beneficio de cualquier persona en este caso, no vemos nada en los autos que impida a Rubert Her-manos gozar de esa condici\\u00f3n con respecto a la propiedad que adquirieron de Gallart.\\nLos apelados aleg'an xin derecho adquisitivo de prescrip-ci\\u00f3n por haber estado en posesi\\u00f3n de las fincas, como sos-tienen, por m\\u00e1s de diez a\\u00f1os, .quieta y pac\\u00edficamente. Los1 apelantes sostienen que ha habido interrupciones en ese t\\u00edtulo adquisitivo. No estamos convencidos de que en realidad exista tal interrupci\\u00f3n. Sin entrar en una discusi\\u00f3n acabada de una cuesti\\u00f3n que es una de las muchas que han sido pro-movidas en este pleito, podemos decir que la interrupci\\u00f3n especialmente si tiene lugar mediante una acci\\u00f3n, tendr\\u00eda que ser de la misma naturaleza que el presente pleito. En lo que respecta a la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez tenemos algo m\\u00e1s que dudas de si una reclamaci\\u00f3n como la que se hace en este pleito se hizo alguna vez, ya judicial o extrajudicial-mente dentro del per\\u00edodo de diez a\\u00f1os.\\nSin embargo, en cuanto a la alegaci\\u00f3n de los apelados de ser terceros sostienen los apelantes que el registro no puede dar validez a actos que son nulos; y respecto a la alegaci\\u00f3n de prescripci\\u00f3n adquisitiva alegan que los apelados no ten\\u00edan justo t\\u00edtulo. Cada una de estas alegaciones equivale a decir que todos los actos encaminados a la venta en ejecuci\\u00f3n y las escrituras en las cuales se basaba el procedimiento hipo-tecario eran absolutamente nulos. Surge entonces la cuesti\\u00f3n de cu\\u00e1l de las varias sucesiones en este caso est\\u00e1 en condici\\u00f3n de hacer tal alegaci\\u00f3n, pero antes de resolverla debemos examinar la reclamaci\\u00f3n extraordinaria de la Sucesi\\u00f3n L\\u00f3pez por supuesta hipoteca legal.\\nEn el alegato se considera al parecer esta reclamaci\\u00f3n como la n\\u00famero cuarenta y uno de la demanda, enmendada. Los apelantes sostienen en su alegato que existen treinta y seis causas de acci\\u00f3n diferentes y asimismo al discutir la moci\\u00f3n para desestimar la apelaci\\u00f3n dice el abogado que ellos agregaron la trig\\u00e9sima sexta causa de acci\\u00f3n a la demanda original. La demanda enmendada contiene exac-tamente treinta y seis solicitudes si bien en el alegato de los apelantes se discuten cuarenta y seis. Las diez \\u00faltimas soli-citudes comprenden una referencia a la supuesta hipoteca legal, pero los hechos de esta hipoteca legal se determinan en el P\\u00e1rrafo XIII de la demanda enmendada. La teor\\u00eda parece ser (aunque se alega m\\u00e1s en el P\\u00e1rrafo XIII) que aunque se pag\\u00f3 ,a los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n cierta suma .como perteneciente a- su herencia no se les pag\\u00f3 el total de ella, y por tanto que como Leonardo Igarav\\u00eddez hab\\u00eda entrado en posesi\\u00f3n de todos los bienes -de los menores L\\u00f3pez Lan-dr\\u00f3n, Gall-art y su causahabiente Igarav\\u00eddez ser\\u00edan respon-sables por esta reclamaci\\u00f3n de derechos. Sin embargo, los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n eran condue\\u00f1os con Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n. Todo lo que reclaman que hab\\u00eda quedado de su herencia paterna era por raz\\u00f3n de dicha comunidad. Xo vemos nada que justifique la suposici\\u00f3n en favor de la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez de cualquier hipoteca por parte de, Leonardo Igarav\\u00eddez en cuanto a \\u00e9ste u otro particular. -Si la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez Landr\\u00f3n fu\\u00e9 despojada ilegal e indebida-mente de algo que leg\\u00edtimamente la correspond\\u00eda, la teor\\u00eda de la. hipoteca legal nunca dar\\u00eda lugar a una acci\\u00f3n a su favor, de acuerdo con los hechos de este caso.\\n' Existe prueba suficiente en los autos de que la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez. Landr\\u00f3n celebr\\u00f3 convenios con Gallart por los cu\\u00e1les tanto la herencia paterna como la. materna se les entre-garon. 'El hecho de tales traspasos no ha sido discutido formalmente pero los apelantes L\\u00f3pez Landr\\u00f3n. pretenden alegar que este traspaso, transacci\\u00f3n o arreglo \\u00fanicamente era un modus vivendi y s\\u00f3lo comprend\\u00eda cierta porci\\u00f3n peque\\u00f1a de la finca. Aun cuando esto fuera cierto, los her-manos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n que entonces eran todos mayores de edad permitieron que Gallart continuara la ejecuci\\u00f3n y en-trara en .posesi\\u00f3n de la finca sin discutir formalmente su derecho hasta hacerlo m\\u00e1s o menos vaga e indirectamente en e^ta demanda. Como ya hemos dicho, la teor\\u00eda'de la demanda no era la partici\\u00f3n de la finca sino que en ella se pretend\\u00eda anular nna venta en ejecuci\\u00f3n y obtener as\\u00ed cualquier'beneficio que pudiera resultar a los apelantes. Pero creemos que la verdad de la cosa fu\\u00e9 que cuando estos traspasos se lucieron,, la propiedad debido a la quiebra ya los procedimientos de ejecuci\\u00f3n probablemente val\\u00eda muy poco y que los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n recibieron sus debidas partes proporcionales. Los mismos apelantes en otras partes de su alegato sostienen que se permiti\\u00f3 que se arruinara la finca debido a la mala administraci\\u00f3n de Blanco y por esto fian hecbo una reclama-ci\\u00f3n independiente y precisa contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart. No creemos que la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez Landr\\u00f3n est\\u00e9 en con-dici\\u00f3n para poder impugnar el procedimiento hipotecario ni siquiera la hipoteca misma;' sus actos, y \\u00e9stos fueron de.-distintas clases como aparece de los autos, se lo impidieron. -\\nSemejantes consideraciones son aplicables a la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez respecto a su herencia materna.' .Gallart celebr\\u00f3 con ellos transacciones y traspasos. Es ver-dad que algunos o todos ellos eran menores en la fecha del traspaso, pero consta que estuvieron representados debida-mente no solamente por un tutor sino por su medio hermano Manuel L\\u00f3pez Landr\\u00f3n como curador ad litem. Este \\u00faltimo comparece no solamente en ciertos traspasos originales cele-: brados entre las partes sino tambi\\u00e9n en algunos traspasos, subsiguientes por virtud de los cuales Gallart adquiri\\u00f3 otras porciones de la hacienda.\\\"San Vicente.\\\" . Adem\\u00e1s, todo \\u00e9n\\u00a1 \\u2022Jos autos indica qu\\u00e9 dicha Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n se benefici\\u00f3 con estos cambios y qued\\u00f3.en posesi\\u00f3n de los mismos despu\\u00e9s de llegar a su mayor edad sin tratar de hacer ninguna impugnaci\\u00f3n respecto a la validez de los refe-ridos cambios. Ellos no ofrecen devolver nada en este pleito.. Creemos que no s\\u00f3lo a ellos sino tambi\\u00e9n a la Sucesi\\u00f3n de: L\\u00f3pez Landr\\u00f3n es de aplicaci\\u00f3n la doctrina relativa a aban-dono (laches). Ya hemos discutido el hecho de que los cargos de fraude imputados a Blanco, tutor, no fueron comprobados.' Puede que tenga o no relaci\\u00f3n con \\u00e9l caso el hecho de que el acreedor Gallart no tratara de proceder contra los intereses de Carmen Landr\\u00f3n si bien sn hipoteca comprend\\u00eda la par-ticipaci\\u00f3n de \\u00e9sta as\\u00ed como tambi\\u00e9n la de Igarav\\u00eddez. I)e todos modos, si la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez hubiera hecho su reclamaci\\u00f3n a tiempo, ya Gallart o la Sucesi\\u00f3n de Rubert podr\\u00eda haber tenido derecho a alegar que ten\\u00edan derecho a una contrareclamaci\\u00f3n por virtud del contrato celebrado por Carmen y por la parte no s'atisfecha del cr\\u00e9-dito hipotecario original.\\nAhora pasamos a la reclamaci\\u00f3n d\\u00e9 la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez, que entre todos los apelantes est\\u00e1 en mejor situaci\\u00f3n en este pleito para atacar el procedimiento hipotecario, y que pro-piamente es la sucesi\\u00f3n demandante. Como ha dicho el juez de la corte inferior, los procedimientos ejecutivos continua-ron hasta el a\\u00f1o 1895. Durante todo ese tiempo Igarav\\u00eddez Santana era mayor de edad habiendo llegado a su mayor edad uno de los Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n poco antes de 1888. El procedimiento hipotecario dej\\u00f3 una. deuda pendiente en favor de Gallart por la suma do 300,000 pesos.- La finca do Igara-v\\u00eddez era insolvente y se encontraba en manos de un adjtninis-trador. Ser\\u00eda muy dudoso en vista de las circunstancias si no eran los acreedores o el administrador de los acreedores el que ten\\u00eda derecho a proceder a anular la hipoteca en este caso. Es evidente que los diferentes cr\\u00e9ditos exced\\u00edan en mucho al valor de la finca, y como hemos visto, los procedi-mientos de quiebra jam\\u00e1s se terminaron.\\nHemos cre\\u00eddo conveniente, sin embargo, discutir los su-puestos procedimientos de ejecuci\\u00f3n que como alegan los apelantes fueron absolutamente nulos y sin ning\\u00fan valor. Insisten en que la Corte de Primera Instancia no acat\\u00f3 la sentencia de la Audiencia Territorial confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, ne-g\\u00e1ndose a despachar la ejecuci\\u00f3n. Insisten adem\\u00e1s en que la acci\\u00f3n de la Audiencia ten\\u00eda por objeto conservar en toda su integridad la sentencia definitiva del Juez de Primera Instancia por la cual se deneg\\u00f3 la ejecuci\\u00f3n y principalmente en .el particular relativo a la insuficiencia de la escritura o escrituras otorgadas por Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Lan-dr\\u00f3n a favor de los acreedores hipotecarios.\\nLos apelados en su alegato lian tratado de llamarnos la atenci\\u00f3n hacia la sentencia que realmente dict\\u00f3 la Audiencia Territorial y solicitan que tomemos conocimiento judicial de la misma. Esto no podemos hacerlo porque no es parte de los autos y no nos consta que la referida sentencia fuera directamente sometida a la consideraci\\u00f3n de la corte senten-ciadora. Los apelantes presentaron una copia que alegan es de la sentencia, la cual seg\\u00fan sostienen es m\\u00e1s o menos incompleta. Por otra parte existe en los autos una copia del auto disponiendo la ejecuci\\u00f3n de donde aparece que los de-fectos en los cuales insisti\\u00f3 la Audiencia quedaron subsanados por los acreedores hipotecarios y que los \\u00fanicos defectos en que insisti\\u00f3 la Audiencia eran los m\\u00e1s t\\u00e9cnicos a que hemos hecho referencia, de. donde se infiere que la Audiencia no declar\\u00f3 nula la hipoteca. Adem\\u00e1s el abogado Eam\\u00f3n Falc\\u00f3m que conoc\\u00eda todas las. actuaciones fue llamado como testigo por los demandantes y apelantes y se le permiti\\u00f3 declarar - sin objeci\\u00f3n alguna que el defecto de la demanda fu\\u00e9 corregido. Por tanto, considerada la sentencia de la corte inferior la presunci\\u00f3n ser\\u00eda que la corte dirimi\\u00f3 el conflicto en favor de los apelados, existiendo todav\\u00eda otra presunci\\u00f3n m\\u00e1s fuerte de que el Juez de Primera Instancia cuya sentencia jam\\u00e1s ha sido atacada directamente en casaci\\u00f3n u otra forma cum-pli\\u00f3 con lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia. Se hace imposible creer que el Juez de Primera. Instancia deli-beradamente hiciera caso omiso del mandato de la corte superior y como hemos indicado, seg\\u00fan tambi\\u00e9n lo ha hecho la corte inferior, no existe prueba alguna de fraude.\\nSe alegaron varios defectos t\\u00e9cnicos respecto a la venta en ejecuci\\u00f3n pero en cuanto a esto convenimos con la corte inferior en que ya es demasiado tarde para atacar ahora la sentencia en una. acci\\u00f3n original independiente. Las reso-luciones de la Corte Suprema de Espa\\u00f1a muestran que un ataque colateral de la clase que aqu\\u00ed se lia alegado lia de dirigirse a las verdaderas defensas de los deudores hipote-carios y no a los defectos t\\u00e9cnicos-de la venta en ejecuci\\u00f3n. Sentencias del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 14 de diciem-bre de 1891; 20 de enero' de 1897; 11 de abril de 1902; 31 de diciembre de 1902, y Io. de julio \\u00b0de 1903. Las mismas autori-dades citadas por los apelantes no contradicen la anterior doctrina.\\nUna de las cosas que podr\\u00eda haberse \\u00bftacado en un pleito ordinario, dejando a un lado el lapso de tiempo, es la sufi-ciencia de la escritura de hipoteca. La queja principal del alegato de los apelantes y asimismo de. las solicitudes es la insuficiencia de la hipoteca por ser una escritura mancomu-nada, prohibida seg\\u00fan se alega, por la Ley LXI de Toro.\\nGomo tambi\\u00e9n lo ha demostrado la corte inferior los condue\\u00f1os de San \\\"Vicente eran Leonardo, Carmen y los menores L\\u00f3pez Landr\\u00f3n. Carmen era condue\\u00f1a de- la finca y por tanto ten\\u00eda perfecto derecho a hipotecar \\u00a1Sus partici-paciones para garantir deudas contra\\u00eddas para beneficio de la finca. La hipoteca de 1869 misma expresa que Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda hab\\u00edan suministrado y adelantado varias sumas de dinero que hab\\u00edan de ser y ciertamente fueron gastadas en el mantenimiento, mejora y cultivo de la plantaci\\u00f3n de ca\\u00f1as llamada ' ' San Vicente. ' ' Convenimos con la corte inferior en que despu\\u00e9s de cuarenta a\\u00f1os no puede ser negada la verdad de esa manifestaci\\u00f3n. La Ley LXI de Toro declara nula cualquier' fianza otorgada por una mujer para garantizar las deudas de su marido, pero no anula una obligaci\\u00f3n con-tra\\u00edda por una mujer como uno de los deudores principales. Todas las partes han pasado por alto lo que nos parece una cuesti\\u00f3n muy importante respecto al particular y \\u00e9sta es que Juan Forgas compr\\u00f3 la hipoteca a Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda y que ten\\u00eda \\u00e9l derecho a creer que las manifestaciones hechas en dicha escritura eran verdaderas. No hemos hallado en los autos prueba alguna de alg\\u00fan estado de' cosas en contrario.\\nEn relaci\\u00f3n co\\u00fc esto surge otra cuesti\\u00f3n de impedimento (estoppel). Esta es una acci\\u00f3n establecida en primer t\\u00e9r-ro in o por la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igaray\\u00eddez. Aun cuand\\u00f3 la Ley de Toro declare nula una escritura mancomunada d\\u00e9l marido y la mujer, las \\u00fanicas personas que debidamente' podr\\u00edan beneficiarse de esa nulidad ser\\u00edan los herederos ele la esposa. Los herederos de Leonardo Igaray\\u00eddez no pueden tomar ninguna medida que \\u00e9l no hubiera podido haber to-mado. La escritura, de acuerdo con las decisiones de est\\u00e1 corte, no era nula en cuanto a Leonardo, y adem\\u00e1s sus here-deros estar\\u00edan impedidos para promover tal cuesti\\u00f3n. . SemeT jantes consideraciones ser\\u00edan aplicables a. la alegaci\\u00f3n relativa a los actos nulos de Leonardo Igarav\\u00eddez respecto a la maqui-naria suministrada por Cail y Compa\\u00f1\\u00eda.\\nOtra de las ilegalidades de la hipoteca que ha sido alegada es que en ella no hubo testigos instrumentales. Poca duda puede haber acerca de cu\\u00e1l era la verdadera ley respecto a esta cuesti\\u00f3n, aunque parece que la pr\\u00e1ctica contempor\\u00e1nea pr\\u00e1cticamente constituy\\u00f3 en letra muerta el precepto del estatuto. Adem\\u00e1s, en la sentencia de la corte inferior se declara que de prevalecer esta cuesti\\u00f3n referente a la falta de firma de testigos instrumentales todo el pleito tiene que fracasar pues algunas de las mismas escrituras originales otorgadas a la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez carec\\u00edan de la firma de testigos instrumentales. Las cortes en esa fecha evidenter mente toleraban la falta de firma de testigos instrumentales y esa interpretaci\\u00f3n contempor\\u00e1nea debe ser respetada. '\\nEn el gran c\\u00famulo de reclamaciones insostenibles que hap sido hechas por los apelantes puede que hayamos pasado por alto algunas que los apelantes han alegado con apariencia de raz\\u00f3n, pero estamos satisfechos en vista de las contiendas litigiosas que no existe ninguna reclamaci\\u00f3n qne haya sido hecha por cualquiera de los apelantes que no haya quedado resuelta por el tiempo o por los actos directos u omisiones de las partes o sus causahabientes.\\nCon una de las mociones para desestimar la apelaci\\u00f3n so acompa\\u00f1\\u00f3 una copia parcial de la demanda, original de donde consta que \\u00e9sta conten\\u00eda treinta y cinco solicitudes. Los apelantes afirman que la solicitud treinta y seis fu\\u00e9 agregada a la demanda enmendada y que la adici\\u00f3n por s\\u00ed misma produjo un cambio esencial en la demanda. La soli-citud treinta y seis es como sigue:\\n\\\"Que en el ejecutivo de Jos\\u00e9 Gallart y For gas contra la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez lian sido- defraudados los miembros de la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n C\\u00f3rdova y de Manuel Antonio L\\u00f3pez Mart\\u00ednez, y que por esta raz\\u00f3n tambi\\u00e9n dicho ejecutivo es ilegal, mandando que quede sin ning\\u00fan valor ni efecto en cuanto a todos los demandantes limitadamente, con las costas.\\\"\\nA\\u00f1ora bien, esta solicitud trig\\u00e9sima sexta muestra que la teor\\u00eda de la demanda todav\\u00eda bac\\u00eda necesario la nulidad del procedimiento hipotecario y de la hipoteca en la cual se bas\\u00f3, y si la Sucesi\\u00f3n de Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n y la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez ten\\u00edan derecho a alg\\u00fan beneficio lo hubieran obtenido de 1a. corte por el mero hecho de las alegaciones de la demanda y el hecho adicional de que eran partes en el pleito. No creemos que con esta solicitud trig\\u00e9sima sexta se introdujera ning\\u00fan cambio esencial en la demanda enmen-dada. Adem\\u00e1s todos, la corte inferior y las partes proce-dieron y actuaron como si la Sucesi\\u00f3n G-allart estuviera debi-damente ante la misma. Esto aparece claramente de los autos.\\nLa introducci\\u00f3n de la demanda es como sigue:\\n\\\"Comparecen ahora, por medio de su abogado Rafael L\\u00f3pez Lan-dr\\u00f3n, los demandantes Laura Igarav\\u00eddez Santana, por su propio derecho y como \\u00fanica y universal heredera de su hermana Hortensia Igarav\\u00eddez Santana, Leonardo R. Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, M\\u00e9dico Ciru-jano, vecino' de Coamo, P. R., Guillermo Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, abogado, vecino de M\\u00e1laga, Espa\\u00f1a, Enrique Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, propietario, vecino de Vega Baja, P. R., Sor Carmen Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, Hermana de la Caridad, vecina de Guanabacoa, Rep\\u00fablica de Cuba, Sor Milagro Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, Hermana de la Caridad, vecina de Granada, Espa\\u00f1a, y Mercedes Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, propietaria y vecina de Pe\\u00f1uelas, P. R., asistida de su leg\\u00edtimo esposo Luis Alvarado Santiago, todos ellos mayores de edad; la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n C\\u00f3rdova y la Sucesi\\u00f3n de Manuel Antonio Mart\\u00ednez, conocidas y admitidas en autos como asociadas, tambi\\u00e9n demandantes, y estable-ciendo su demanda enmendada contra la Sociedad 'Rubert Hermanos,' compuesta de los Sres. Luis, Guillermo y Juan Rubert y C\\u00e1tala y contra esos mismos se\\u00f1ores, as\\u00ed como tambi\\u00e9n contra la Sucesi\\u00f3n desconocida de Jos\\u00e9 Gallart y Forgas, cada uno por s\\u00ed alegan y exponen: ' '.\\nPor lo transcrito aparece qne la teor\\u00eda de la demanda original era la de nn pleito por la Sucesi\\u00f3n de Igarav\\u00eddez para anular la hip\\u00f3teca y el procedimiento hipotecario, y somos de parecer qne la demanda enmendada no introdujo variaci\\u00f3n sustancial alguna.\\nLos apelantes en la c\\u00f3rte inferior practicaron el servicio de emplazamiento por publicaci\\u00f3n de edictos contra G-allart. Se celebr\\u00f3 el juicio despu\\u00e9s de baber presentado su demanda enmendada y de radicada la contestaci\\u00f3n. En este juicio invirtieron los apelantes varios d\\u00edas en probar su caso contra la Sucesi\\u00f3n Gallart habi\\u00e9ndose presentado mucha prueba documental. En realidad de verdad la misma prueba docu-mental fu\\u00e9 admitida previo consentimiento de las partes en el juicio posterior de Eubert Hermanos que tuvo lugar. En otras palabras, los apelantes insist\\u00edan en la corte inferior en su derecho a que se dictara sentencia contra Gallart con motivo de la rebeld\\u00eda que basta entonces hab\\u00eda sido anotada. Si el paso fuera revocado podr\\u00edan los demandantes continnar contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart de igual modo que si no se hubiera presentado ninguna demanda enmendada puesto que la demanda enmendada no introdujo nuevos hechos ni se .ped\\u00eda en ella remedio alguno que no pndiera obtenerse con la demanda original.\\nAl ser presentada la moci\\u00f3n original para que se deses-timara esta apelaci\\u00f3n insistieron los apelantes en el hecho de que ellos intencionalmente no hab\\u00edan notificado a la Suce-si\\u00f3n de Gallart de la apelaci\\u00f3n puesto que ya estaban en rebeld\\u00eda y no ten\\u00eda m\\u00e1s derecho a ser o\\u00edda ante la corte. Los apelantes, sin embargo, sostienen ahora que debido a la pre-sentaci\\u00f3n de la demanda enmendada la cnal en realidad jam\\u00e1s fn\\u00e9 notificada mediante publicaci\\u00f3n n otra forma a la Suce-si\\u00f3n de G-allart, que dicha sucesi\\u00f3n no es parte en la apelaci\\u00f3n, y se citan los casos de McGary v. Pedrorena, 58 Cal. 91; Thompson v. Johnson, 60 Cal. 292 y de Reinhart v. Lugo, 86 Cal. 395, para probar que la presentaci\\u00f3n de una demanda enmendada abre la rebeld\\u00eda. Pero estos casos muestran que la enmienda debe ser sustancial y se insiste en esta diferencia en el caso de Cole v. Roebling Construction Co., 156 Cal. 446, 105 Pac. 257. Adem\\u00e1s, en el caso de Thompson v. Johnson, era un demandado el que impugnaba la sentencia dictada por la corte inferior por no haber sido notificado otro deman: dado. Los apelantes tambi\\u00e9n se fundan en el caso de Clarke v. Mohr, 125 Cal. 540. En ese caso se resuelve que no es necesario que el aviso de apelaci\\u00f3n contra la sentencia sea notificado a los demandados que seg\\u00fan los autos no consta hab\\u00e9rseles notificado la citaci\\u00f3n ni haber comparecido en el caso. La teor\\u00eda que se sostiene en dicho caso es que los demandados jam\\u00e1s comparecieron ante la corte sentencia-dora. El caso de Clarke v. Mohr, muestra por su propio texto que la enmienda tiene que ser esencial y que la corte debe haber dejado de adquirir jurisdicci\\u00f3n. Esta distinci\\u00f3n se establece m\\u00e1s claramente en el caso de Johnson v. Phenix Ins. Co., 146 Cal. 576-577. La corte indic\\u00f3 que lo que hab\\u00eda sido resuelto en el caso de Clarke v. Mohr no pod\\u00eda tener aplicaci\\u00f3n a un caso en que la sentencia se ha dictado a favor de una persona que seg\\u00fan los autos en realidad hab\\u00eda sido hecha parte en la acci\\u00f3n.\\nMuy poca duda pod\\u00eda existir en este caso de haberse hecho parte a la Sucesi\\u00f3n Gallart si la citaci\\u00f3n mediante publicaci\\u00f3n pod\\u00eda utilizarse. Pero \\u00bf adquiri\\u00f3 jurisdicci\\u00f3n la corte inferior sobre la Sucesi\\u00f3n de Gallart por virtud de la publicaci\\u00f3n? Esto es m\\u00e1s que dudoso pues no existe nada en los autos que muestre que la acci\\u00f3n (aunque en ella estaban envueltos bienes, inmuebles y basta ese pnnto era in fem) fuera otra cosa que una acci\\u00f3n personal, por lo menos en lo que respecta a la Sucesi\\u00f3n de Gallart. Si se considera que la acci\\u00f3n seg\\u00fan su naturaleza es solamente reivindicator\\u00eda entonces la Suce-si\\u00f3n de Gallart era completamente innecesaria puesto que Eubert Hermanos estaban en posesi\\u00f3n de la finca. Si por el contrario como m\\u00e1s bien parece, se le considerara como una acci\\u00f3n personal, al menos por lo que toca a la Sucesi\\u00f3n Gallart no vemos que dieba sucesi\\u00f3n se hubiera becbo parte debida-mente en la corte inferior y por tanto esa corte no adquiri\\u00f3 jurisdicci\\u00f3n sobre aqu\\u00e9lla. Oreemos que era necesaria la citaci\\u00f3n personal.\\nPor otra parte, la corte consider\\u00f3 el caso enteramente por sus m\\u00e9ritos y estamos de acuerdo con sus conclusiones. Las partes sometieron de tal modo el caso y se dict\\u00f3 sentencia a favor de los demandados. En vista de estas circunstancias opinamos que Eubert Hermanos tiene derecho a insistir en su sentencia. Cualquier duda que hubiera respecto a si la sucesi\\u00f3n era o n\\u00f3 parte necesaria solamente militar\\u00eda en favor de la confirmaci\\u00f3n de la sentencia despu\\u00e9s de haber sido sometido el caso y de celebrado el juicio por sus m\\u00e9ritos contra ellos. En verdad que los mismos apelantes insisten en que la Sucesi\\u00f3n Gallart no era parte en absoluto en la corte inferior. Ello.s consideran el caso como un juicio y una sentencia contra Eubert Hermanos solamente.\\nDe todos modos, si alguna duda pudiera haber sobre dene-gaci\\u00f3n o concesi\\u00f3n de la moci\\u00f3n para que se desestime el recurso preferimos resolverlo en el sentido de decidir el caso por sus m\\u00e9ritos por cuanto esa resoluci\\u00f3n conduce a la con-firmaci\\u00f3n de la sentencia y no estamos convencidos de que la Sucesi\\u00f3n Gallart era parte necesaria para el remedio principal, que solicitan los demandantes en esta acci\\u00f3n.\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\\nConfirmada la sentencia apelada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.\"}"
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+"{\"id\": \"8759475\", \"name\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido\", \"name_abbreviation\": \"Rosario v. Registrador de San Juan\", \"decision_date\": \"1916-03-24\", \"docket_number\": \"No. 270\", \"first_page\": \"621\", \"last_page\": \"625\", \"citations\": \"23 P.R. Dec. 621\", \"volume\": \"23\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:03:26.102711+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Asociados \\\"Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.\", \"parties\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido.\", \"head_matter\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido.\\nRecurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Secci\\u00f3n Ia., denegando la subsana-ci\\u00f3n de un defecto.\\nNo. 270.\\nResuelto en marzo 24, 1916.\\nCancelaci\\u00f3n de Hipoteca \\u2014 Poderes\\u2014Pecha Posterior \\u2014 Efecto Retroactivo\\u2014 Defecto Subsanable. \\u2014 En eslj recurso el registrador consign\\u00f3 en su nota el defecto subsanable de no acreditarse el car\\u00e1cter y facultades de un apo-derado para la cancelaci\\u00f3n de cierta hipoteca. Para subsanar este defecto el recurrente present\\u00f3 una escritura de ratificaci\\u00f3n y poder otorgada por la man-dante. El registrador no estim\\u00f3 subsanado el defeeto por ser el poder pre-sentado de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n y no ratificarse \\u00e9sta expresamente. \\u00bbSe resolvi\\u00f3, revocando la nota recurrida, que a\\u00fan cuando el poder fuera de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n, por \\u00e9l ratifica la mandante los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto retroactivo a las facultades otorgadas al mismo, y que la cancelaci\\u00f3n de que se trata debe surtir efectos legales desde su fecha, sin necesidad de nueva escritura.\\nLos hechos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nEl peticionario compareci\\u00f3 en nombre propio.\\nEl registrador recurrido, Sr. Jos\\u00e9 S. Belaval, tambi\\u00e9n compareci\\u00f3 en nombre propio.\", \"word_count\": \"1173\", \"char_count\": \"7095\", \"text\": \"El Juez PeesideNte Se. HeRN\\u00c1Ndez,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nPor escritura publica de 6 de agosto de 1915, Eobert Kerr vendi\\u00f3 a Jos\\u00e9 Ezequiel Rosario Santiago un solar con super-ficie de 449 metros, 56 cent\\u00edmetros cuadrados, radicado en el sitio del Macl\\u00educbal, barrio de Santurce, t\\u00e9rmino municipal de esta ciudad, que segreg\\u00f3 de otro de su propiedad de mayor cabida, hipotecado a favor de Alice Basanta, para garantir cierto cr\\u00e9dito hipotecario por los esposos Dooley de quienes Kerr hab\\u00eda adquirido el solar con la hipoteca que lo gravaba, habiendo comparecido al otorgamiento de la escritura de que se deja hecho m\\u00e9rito Albert E. Lee como apoderado de Alice Basanta y cancelado la hipoteca en la parte que afectaba al solar segregado.\\nPresentada dicha escritura en el registro para la inscrip-ci\\u00f3n de la venta y cancelaci\\u00f3n de la hipoteca, el registrador accedi\\u00f3 a ello seg\\u00fan nota de 19 de agosto de 1915, pero con-signando en cuanto a la cancelaci\\u00f3n los defectos subsanables de no acreditarse el car\\u00e1cter y facultades de Albert E. Lee y no haberse presentado la escritura de constituci\\u00f3n de hipo-teca.\\nPara subsanar ambos defectos, present\\u00f3 el recurrente la escritura de constituci\\u00f3n de hipoteca otorgada en 22 de julio de 1914 por los esposos Dooley a favor de Alice Basanta, y otra escritura de \\\"ratificaci\\u00f3n y poder\\\" otorgada en la ciu- dad de New York el 22 de diciembre de 1915 por Alice Ba-santa a favor de Albert E. Lee.\\nEl registrador estim\\u00f3 subsanado el defecto consignado en su nota de 19 de agosto, 1915, de no haberse presentado la escritura de constituci\\u00f3n de hipoteca, y no el otro defecto de falta de justificaci\\u00f3n del car\\u00e1cter y facultades del apoderado Albert E. Lee, porque el poder presentado era de fecha posterior a la de la escritura de 6 de agosto de 1915, y no se rati-ficaba expresamente la cancelaci\\u00f3n, como as\\u00ed lo hizo constar en nota de 28 de febrero de 1916, que ha sido recurrida por Jos\\u00e9 Ezequiel Rosario Santiago para ante esta Corte Su-prema.\\nEl recurrente alega que con la simple lectura de la escri-tura de poder de 22 de diciembre de 1915, podr\\u00eda apreciar esta corte que dicho documento contiene con efecto retroactivo facultades expresas bastantes para ejercitar actos de riguroso dominio y que la escritura de cancelaci\\u00f3n otorgada por el apoderado en 6 de agosto de 1915 fu\\u00e9 ratificada por la poder-dante. Examinemos aquella escritura.\\nEn la cl\\u00e1usula primera de ese documento afirma Alice Ba~ santa haber otorgado en el a\\u00f1o anterior poder general a favor de Albert E. Lee, cuyo poder, seg\\u00fan se le inform\\u00f3, hab\\u00eda su-frido extrav\\u00edo. En la cl\\u00e1usula segunda ratifica y confirma cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiere cele-brado anteriormente en representaci\\u00f3n de ella, especialmente cualquier escritura de hipoteca pendiente de registro por falta de poder o por no haberse podido exhibir el ya conferido, y autoriza al mandatario para obtener la inscripci\\u00f3n de cual-quier escritura que como tal mandatario hubiere firmado y firme, pues para ello consiente expresamente cual si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de ella. En la cl\\u00e1usula 4a. antoriza con efecto re-troactivo a Albert E. Lee para dar dinero a pr\\u00e9stamo con ga-rant\\u00eda hipotecaria, cobrando y percibiendo el principal y los intereses en su caso, y dando recibos, cartas de pago y cance-laciones totales y parciales, o ejecutando las hipotecas que tambi\\u00e9n puede sub-hipctecar, ceder, gravar, permutar, liberar en todo o en parte los bienes que las reconocen, y firmar las escrituras y documentos p\\u00fablicos y privados, precisos y con-venientes.\\nComo se ve, Alice Basanta, al otorgar la escritura de 22 de diciembre de 1915, se propuso no solamente dar poder a Albert E. Lee para el futuro con la extensi\\u00f3n que el docu-mento revela, sino que fu\\u00e9 su intenci\\u00f3n, adem\\u00e1s, convalidar los actos y contratos que anteriormente bab\\u00eda ejecutado en su nombre Albert E. Lee, con poder que, seg\\u00fan se le inform\\u00f3, bab\\u00eda sufrido extrav\\u00edo; y a ese fin la Basanta ratifica expre-samente en t\\u00e9rminos generales cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiera celebrado antes del otorgamiento de la escritura de 22 de diciembre de 1915, otorga su consen-timiento para obtener la inscripci\\u00f3n en el registro de cualquier escritura que Lee hubiere firmado en su nombre como si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de la misma,, y da efecto retroactivo a facultades que otorga a Lee en el nuevo poder, entre otras para librar en todo o en parte los bienes que garanticen hi: potecas constituidas a su favor. La frase con efecto retro-activo no puede tener otra significaci\\u00f3n que la de suplir o sub-sanar el defecto de que pudieran adolecer los actos o contra-tos otorgados anteriormente por Lee con ejercicio del poder extraviado.\\nEntendemos que la cancelaci\\u00f3n de que se trata, debe surtir efectos legales, sin necesidad de nueva escritura de ratifica-ci\\u00f3n por la mandante o por el mandatario, desde su fecha, o sea desde el otorgamiento de la escritura de 6 de Agosto de 1915, por exigirlo as\\u00ed la intenci\\u00f3n de la otorgante Alice Ba-santa, manifestada por modo indudable en la escritura de 22 de diciembre de 1915. No importa que el poder presentado sea de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n, pues como hemos dicho, por ese poder ratifica Alice Basanta los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto re-troactivo a las facultades otorgadas al mismo.\\nEs de revocarse la nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Secci\\u00f3n Ia., de 28 de febrero del corriente a\\u00f1o, en la parte en que ha sido recurrida.\\nRevocada la nota en la parte recurrida.\\nJueces concurrentes: Sres. Asociados \\\"Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.\"}"
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+"{\"id\": \"8761021\", \"name\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees\", \"name_abbreviation\": \"Gonz\\u00e1lez v. Agostini\", \"decision_date\": \"1956-06-28\", \"docket_number\": \"No. 11519\", \"first_page\": \"481\", \"last_page\": \"494\", \"citations\": \"79 P.R. 481\", \"volume\": \"79\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:48:00.909776+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees.\", \"head_matter\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees.\\nNo. 11519.\\nArgued April 2, 1956.\\nDecided June 28, 1956.\\nGerman Rieckehoff and Luis Blanco Lugo for defendants, appellants and appellees. Wilfrido Roberts and Jos\\u00e9 L. Feli\\u00fa Pes-quera for plaintiff, appellee and appellant.\", \"word_count\": \"4266\", \"char_count\": \"25280\", \"text\": \"Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel\\ndelivered the opinion of the Court.\\nBernardino Gonz\\u00e1lez brought an action for damages in the Superior Court against Jos\\u00e9 A. Agostini and United States Casualty Company, for alleged defects in the construction of two buildings and nonperformance of the conditions of the contracts.\\nThe complaint states two causes of action. In the first it is alleged that on September 14, 1950, plaintiff and defendant Agostini entered into a contract whereby the latter agreed to construct for the former a commercial and residential building in Bayam\\u00f3n, Puerto Rico, at a cost of $19,695, within a period of 150 days counted from the date of the contract, and in accordance with the plan and specifications of plaintiff ; that in the middle of May 1951, the defendant received from plaintiff the last instalment of the agreed price for the construction of the building, and delivered the building to plaintiff ; that the defendant failed to comply with the conditions of the contract by not following the plan and the specifications agreed upon, and that the construction had several defects and deficiencies which are set forth in detail; that as a consequence thereof plaintiff has suffered damages estimated at $22,800. It is further alleged that codefendant United States Casualty Co. and the defendant entered into a contract, whereby the former became liable to plaintiff for any damages resulting from any violation of the construction contract in question.\\nIn the second cause of action it is alleged that on June 13, 1951, plaintiff and defendant Agostini entered into a contract whereby the latter agreed to construct for the former, at a cost of $19,000, another commercial and residential building adjoining the building involved in the first contract; that this construction would be done in accordance with the plans and specifications of plaintiff within a period of 150 days counted from the date of the contract. It is further alleged that on December 31,1951, the defendant received the last instalment of the agreed price, and delivered the construction to plaintiff; that the defendant failed to construct the building according to the agreed plan and specifications, and that it has defects and deficiencies which have caused him damages, which are set forth in detail. Lastly, it is alleged that co-defendant United States Casualty Co. executed another warranty contract similar to that mentioned in the first cause of action.\\nAfter several motions and preliminary incidents, the defendants filed an amended answer admitting the execution of both construction contracts as well as of the performance bonds, and denying, in general, the other essential facts of the complaint, setting up, in addition, several defenses, among these the defense of res judicata as to the second cause of action. Defendant United States Casualty Co. on its part presented a cross-claim against codefendant Agostini, alleging that by virtue of an exoneration agreement the latter agreed to pay any sum disbursed by the former by reason of the execution of the bonds. Agostini admitted this fact.\\nAfter a trial on the merits, the lower court rendered judgment ordering the defendants to pay solidarily to plaintiff, for damages, the total sum of $5,668, plus costs and $400 for attorney's fees. It also ordered defendant Agostini to pay to the insurance company, codefendant herein, any sum paid by the latter to plaintiff by virtue of this judgment.\\nBoth parties appealed. We consider first the appeal of the defendants.\\nDefendants-appellants charge that the trial court erred in dismissing the defense of res judicata. The dismissal was based on the fact that the defendants did not seasonably set up that defense, either in the first answer to the complaint or in the preliminary defenses raised by motion.\\nWe do not stop to consider this question since the defense of res judicata would not prevail even if it had been timely raised. Let us see why. This defense was interposed against the second cause of action which, we have seen, arose from the second contract entered into by the parties on June 18, 1951. The former suit on which the defense of res judi-cata was predicated was brought in the Bayam\\u00f3n District of the former District Court by Agostini against Gonz\\u00e1lez, to collect a certain debt owed under the first contract entered into on September 14, 1950. The first cause of action in the present litigation is based on the first contract mentioned, but the defense of res judicata was not pleaded against that first cause of action but against the second one. But since both causes of action arise from different contracts, Gonz\\u00e1lez was not bound by Rule 13 (a) of the Rules of Civil Procedure to claim in the Bayam\\u00f3n suit, by counterclaim, the damages claimed in the second cause of action of this suit, although under subd. (5) of said Rule, it was permissible to do so. Barron and Holtzoff, pp. 795, 796, 305, and 806; Williams v. Robinson, 1 F.R.D. 211; Big Cola Corp. v. World Bottling Co., 134 F.2d 718; cf. Sastre v. Cabrera, 75 P.R.R. 1. The error was not committed.\\nIn the second assignment, defendants-appellants maintain that the lower court erred in not holding that plaintiff's claim under the first contract had prescribed.\\nIn the first contract the parties agreed:\\n\\\"In order to guarantee the faithful performance of this contract, the contractor shall deliver to the owner a 'performance bond' for the full amount of the contract.\\n\\\"This bond shall guarantee on the part of the contractor the following: The contractor guarantees the work to be constructed under the contract against any defect either of the materials or of the labor, and, upon demand by the owner, he shall correct any defect which may arise in the construction due to the materials supplied by the contractor or to the labor, supplied by the contractor, free of cost to the owner, for a period of thirty days after delivery.\\\" (Tr. Ree. 21.)\\nThe building constructed under the contract was delivered to plaintiff on May 15, 1950, and the complaint in this case was filed on November 24, 1950, after the agreed 30-day period had already expired. However, \\u00a7 1483 of our Civil Code (1930 ed.), 31 L.P.R.A. \\u00a7 4124, provides:\\n\\\"The contractor of a building which may have been destroyed by reason of defects in the construction shall be liable for the losses and damages if said building should collapse within ten years, to be counted from the completion of the construction; and during the same time the same liability shall be incurred by the architect who may have directed the work if the collapse is due to defects in the ground or in the direction.\\n\\\"If the cause should be the noncompliance of the contractor with the conditions of the contract, the action for indemnity may be brought within fifteen years.\\\"\\nThe trial court held that the applicable period was the period fixed by the Code rather than that agreed upon by the parties.\\nWe have not doubt that the warranty period fixed by \\u00a7 1483 of our Civil Code affects the public interest and security. Consequently, a waiver of that period is contrary to public order and, hence, is void. In his commentaries on the equivalent section of the Spanish Civil Code, Scaevola says:\\n\\\"Can the waiver of the period of warranty be stipulated?\\n\\\"Let us state the first point more concisely: Can the architect and the contractor agree on a warranty period if, after warning thfe owner of a defect in the ground, of the poor quality of the materials in the event the owner furnishes them, or of the inconvenience and danger of altering the plans for the construction, they yield to the owner's demand? Commentator Manresa very discreetly points out that, in his opinion, The architect is not relieved of liability if the cause of the destruction is the defect in the ground, even if he shows that he gave the owner due notice of such defect, for his duty in this case is not to follow the latter's instructions but to refuse to undertake the work, because it is in the public interest.' This is the same argument adduced by a majority of the exponents of the French Code, in opposition to Duranton and Taulier, to which we subscribe fully.\\n\\\"If the first problem affects the public interest and security, the second affects the private interest. Can the contractor or architect and the owner stipulate the waiver and release of the warranty agreement so that, if within ten years the building should collapse or its demolition were ordered because of visible signs of deterioration, they would not have to indemnify the owner? Section 637 of the German Code states that a stipulation to eliminate or limit the contractor's liability for defects in the work will not be valid whenever the contractor conceals them fraudulently. The precedent is most interesting, but, is it adaptable to our civil law? It is doubtful. For the time being, if the warranty period of a construction for the defects which may be discovered during that period is a precaution similar to the warranty in a sale, it must be noted that the same spirit which prevails in \\u00a7 637 of the German Code prevails in \\u00a7 1485 of the Spanish Code, which authorizes the making of a stipulation to waive the warranty, provided the vendor is not familiar with the hidden defects of the thing sold, for, if he is, such waiver would be deemed nonexistent. The precautions, therefore, may generally be waived since they affect only the private interest. The principle of freedom of stipulation, which is the dogmatic basis of a contract, has the same trend of thought. (Section 1255.)\\n\\\"Which are the reasons adduced to the contrary? In our opinion, one reason is that, although a stipulation waiving the warranty period affects, as already stated, the private interest, it does not come within its sphere, and another, that the freedom of stipulation is limited by the principles of public morals and interest. If the stipulation in question were valid, an unconventional architect would out-do himself to please a covetous owner, and the public security and interest would be left without the protection implied in the personal liability of an administrative technician and of an engineer contractor. For this reason, we believe that a stipulation wherebjr the owner waives the warranty period is immoral, contrary to public interest, and, hence, null and void, and that the parties bound principally or subsi-diarily by a building contract may bring an action for annulment.\\\" Scaevola, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Vol. 24, pp. 109-11.\\nManresa maintains that the construction of buildings affects the public interest. Hence, it is his opinion that an architect is not relieved from liability if the cause of the collapse is a defect in the ground, even if he proves that he gave due notice of the defect to the owner, for it is his duty in such ease not to follow the latter's instructions but to refuse to undertake the construction in the public interest. Manresa, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Vol. X, Part II, pp. 921-22; Puig Pe\\u00f1a, Derecho Civil, Vol. IV, Part II, p. 307. In this connection, see Guaroa Vel\\u00e1zquez, Responsabilidad por los Defectos en las Edificaciones, 20 Rev. Jur. de la U.P.R. 13. The French writers share the same view in their commentaries on a similar provision of the Civil Code of their country. Laurent points out that the architect's liability arises from a defect which not only interests the owner but also affects the existence of the building and, hence, the security of the people. \\\"In this connection,\\\" he says, \\\"the architect's responsibility is of a general interest. It follows that the contracting parties cannot override the architect's responsibility: first, no one may stipulate that he shall not answer for his negligence, since such a stipulation is contrary to good usage, and the contracting parties cannot, in their private stipulations, ignore laws which are of public interest.... This same rule applies to defects in construction.\\\" Laurent, Derecho Civil Franc\\u00e9s, Vol. XXVI, pp. 64-65. Colin and Capitant believe that there is a reason of public order to require the architects and contractors to exercise peritia artis, and such reason is that, if the construction is poor or defective, their clumsiness is as fatal to the security of their clients as to the public. Colin and Capitant, Derecho Civil, Vol. IV, p. 343. Planiol and Ripert are also of the view that the warranty period which the law imposes on the architect or contractor is a measure of public interest and that the nonguarantee rule is void.\\nIt follows from the foregoing that, in a building contract, the waiver of the ten-year period fixed by \\u00a7 1483 of the Civil Code is void and does not release the contractor from liability. Nor may this period be validly altered by the parties. To allow a warranty period is typically a legal obligation on the part of the contractor, according to Scaevola, and which, we have seen, cannot be waived for reasons of public order. Regarding buildings, the section under consideration contains a special and concrete exception to the general rule that the lessor's responsibility is extinguished upon delivery of the thing. \\\"The reason for the precept is clear. The delivery and inspection of the thing are not sufficient to assume that the lessee has occasion to discover any defect the thing may have. On the contrary, it is most probable that those defects are not noticeable and that only with the passing of time will they become noticeable. Drawing out this consideration from the very nature of the things, the proper and wise thing to do is to fix a period of time during which the lessor might be held responsible, and not to assume that the fact of acceptance implies that the lessee has waived any right of action which at the time he does not know whether or not he might have occasion to assert.\\\" (10 Manresa, op. cit., pp. 919-20.)\\n\\\"The Code\\\", says Scaevola, \\\"establishes a very interesting distinction as to the hidden defects in things executed under a construction contract. In the case of buildings, the construction of which as a whole is complicated and difficult to appreciate, it fixes a warranty period of ten years, which is enough in the opinion of experts for those defects to be exposed and for the extent of the damage to be measured as to the whole or part of the construction. If no construction is involved, that is, where the contract deals with personal property, the civil law does not provide a warranty period.\\\" 24 Scaevola, op. cit., p. 90.\\nThis commentator points out that the warranty period \\\"means the test against lapse of time, because it is presumed, for technical reasons, that all the hidden defects which might affect the subsistence of the construction will have been exposed within ten years.\\\" Scaevola, op. cit., p. 103. See, also, 4 Falc\\u00f3n, C\\u00f3digo Civil, 280; 9 Mart\\u00ednez Ruiz, C\\u00f3digo Civil, 633.\\nThe reasons adduced by the French commentators as underlying the precept are practically the same as those stated by the Spanish commentators.\\nSection 1483 speaks, however, of defects in the construction without distinguishing between hidden defects and those which are readily noticeable at first sight or upon routine inspection. Should a distinction be made for the purpose of determining which are the defects covered by the legal warranty period? We believe so. The very reason of the precept warrants such distinction. The opinions of the Spanish commentators on this point are sparse. A great, number of them are silent or do not discuss the problem at all. Those who discuss it are in favor of the distinction. In his commentaries on the equivalent section of the Spanish Civil Code, says Valverde:\\n\\\"These sections define the contractual liability, and it is well to state that if, as a general rule, the lessor's liability ceases upon delivery of the construction without making claim, we believe, as do the commentators, that if the defects are not noticeable at first sight nor upon routine inspection, it should not be presumed that the lessee should waive his right of action (which it is claimed by some to be personal), and the liability shall subsist as long as the defects subsist.\\\" (Valverde, Tratado de Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Vol. III, p. 598.)\\nWe know already Scaevola's opinion from the commentaries cited here. Manresa seemingly shares the same opinion, as inferred from his commentaries on \\u00a7 1589, 1590, and 1591 of the Spanish Civil Code. See, also, Nart, \\\"Contrato de Obra y Empresa\\\", Revista de Derecho Privado (1951), p. 814 et seq.\\nThe French commentators and the decisions of their country maintain that, for an architect or contractor to be liable during the warranty period fixed by law, it is essential that there be hidden defects. In the opinion of some of them, the existence of apparent defects which the owner could not overlook at the time of receiving the construction does not imply any liability on the part of the architect or contractor. \\\"The presumption is that a construction which is accepted without objection had. no apparent defects.\\\" If the defects are apparent so that they were noticeable by the person who examines and receives the construction, the case is not governed by the section which fixes a warranty period but by the common rule, whereby the reception of the construction releases the workman from all liability.\\nThe question under consideration is of importance in the decision of this case for, it will be recalled, when plaintiff received the building he was aware of the defects in the construction which gave rise to the claim for damages. If the reception had been made to complete satisfaction or without reservation, the contractor, according to the doctrine stated above, would have been released from liability as to the evident defects which were known to the owner, for such acceptance implied a waiver of any claim for such defects. Such is not the case as respects the hidden defects. We have seen, however, that plaintiff objected to the ostensible defects of which he was aware and accepted the building with that reservation. In view of this circumstance, which period governs a claim for damages resulting from the defects of the construction which were perceptible and known to him? In' our opinion, the 30-day period agreed on by the parties. A stipulation fixing a 80-day period to make claim for apparent defects is not contrary to law nor to public order. By its nature, that stipulation governs the private rights and interests of the owner and of the contractor. Consequently, the validity of the stipulation with respect to apparent defects should be upheld. As to the hidden defects, the stipulation is void.\\nThe lower court erred in not holding that plaintiff's claim under the first contract for the defects of the construction which were known to him at the time of receiving the building had prescribed.\\nThe third assignment charges that the trial court erred in awarding to plaintiff compensation for the loss of the use of the premises located on the main floor.\\nThis error is based on a wrong premise. The first build-ding was delivered to plaintiff on May 15, 1951, or 93 days in excess of the term fixed in the contract. The lower court awarded to plaintiff the sum of $883.50 as compensation for the rent which he failed to receive for those 93 days. The court allowed no compensation to plaintiff for the time the defendant occupied the business premises on the main floor for storing building materials after May 15, 1951, in the belief that the defendant was occupying the premises with plaintiff's consent. The error was not committed.\\nWe now turn to consider the appeal taken by plaintiff.\\nIt is charged that the trial court erred (1) in not allowing compensation in the sum of $18,000 because the building is out of line; (2) in not allowing the sum of $1,000 in each of the causes of action for correcting and enlarging the eaves to the width specified in the contract; (3) in not allowing the items claimed for defects in the drainage of the roof slab and porch floors. Having decided that the claim for these items had prescribed, the discussion of these errors is academic.\\nThe fourth error is directed to the sufficiency of the award for attorney's fees. These were fixed at $400. We have not been convinced that the lower court abused its discretion in fixing this amount, nor that it is insufficient, and we will not disturb the same on appeal. See Torres v. Biaggi, 72 P.R.R. 813, 820; Collazo v. Conesa, 70 P.R.R. 144, 152; cf. Soto v. Lugo, 76 P.R.R. 416. The error was not therefore committed.\\nThe judgment will be modified so as to eliminate the items of $4,000 allowed for the building being out of line, of $100 for the substitution of the electric wires, and $200 for the defects in the stairway and the drainage, and as thus modified, it will be affirmed.\\nRule 13 provides in subds. (a) and (6):\\n\\\"(a) Compulsory Counterclaims. \\u2014 A pleading shall state as a counterclaim any claim, not the subject of a pending action, which at the time of filing the pleading the pleader has against any opposing party, if it arises out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the opposing party's claim and does not require for its adjudication the presence of third parties of whom the court cannot acquire jurisdiction.\\n\\\"(b) Permissive Counterclaims. \\u2014 A pleading may state as a counterclaim any claim against an opposing party not arising out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the opposing party's claim.\\\"\\nAccording to the evidence, plaintiff-appellee did not receive the buildings to his entire satisfaction.\\nPlaniol and Ripert, Derecho Civil Franc\\u00e9s, Vol. II, pp. 194 and 207.\\nColin and Capitant, op cit., pp. 340-41; Planiol and Ripert, op cit., pp. 192-93; Laurent, op. cit., pp. 68-69. \\\"The State Council regarded \\u00a7 1792 as an exception restricted to buildings, and this is justified by Berenguer in the following terms: 'It may be readily appreciated whether a piece of furniture has been well constructed, even from mere inspection; thus, the constructor is released from all liability as of its delivery and acceptance. This, however, is not true as respects a building, because it may have all the earmarks of a solid construction and yet have hidden defects which may cause its collapse within a certain period. The architect should therefore be held liable during a certain period reasonably sufficient to warrant the stability of the construction.' \\\" 24 Scaevola, op. cit., p. 95.\\nAmong these are S\\u00e1nchez Rom\\u00e1n, Cast\\u00e1n, De Diego, Puig Pe\\u00f1a, Falcon, Mart\\u00ednez Ruiz, and De Buen.\\nThis commentator states:\\n\\\"Seemingly, the inference to be drawn from an analysis of \\u00a7 1589 and 1590 is that the lessor's responsibility ceases as soon as the work is delivered, with the exception of the special case provided in \\u00a7 1591.\\n\\\"This is, in fact, the general rule since, as stated by Laurent, if the lessee after an inspection accepts the construction without making any claim to the lessor, it would seem that this fact implies a waiver of any future claim.\\n\\\"But it is probable, as pointed out by this writer, that the defects in the thing are not noticeable at first sight nor upon routine inspection in this type of constructions, in which case it is fair and moral that the lessor should be liable for such defects which are later discovered. It should not be deemed that the lessee waives his right of action accruing from a fact of whose existence he was unaware.\\\" 10 Manresa, op. eit, pp. 918-19.\\n11 Planiol-Ripert, op. cit., p. 200.\\nXXVI Laurent, op. cit., p. 69.\\nBy the contractual warranty given, the contractor bound himself to answer for any defects aris-ing from the materials or labor supplied by him, free of cost to the owner, for a period of 30 days after delivery of the building. His warranty therefore expired at the end of 30 days after delivery of the building. Consequently, the warranty period having expired, the owner could not bring action claiming damages for apparent defects. As to the hidden defects, the contractual warranty stipulation is void and plaintiff may claim damages within the legal ten-year period in the event of collapse of the building as a result of hidden defects- in the construction.\\nThe lower court made the following finding of fact:\\n\\\"The evidence shows that the first building was delivered 248 days after signing the contract, or 93 days in excess of the 150-day period specified in the contract. Since according to the evidence the rent from the building has always been $285 a month, by reason of the 93-day delay plaintiff failed to receive the sum of $883.50 rent as well as the sum of $484.50 from the second part of the building, at the rate of $285 a month, by reason of the delay of 51 days in excess of 150 days specified in the contract to complete the construction.\\\" (Tr. Sec. 48, 49.)\"}"
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+"{\"id\": \"8761145\", \"name\": \"El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.\", \"name_abbreviation\": \"Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co.\", \"decision_date\": \"1911-06-21\", \"docket_number\": \"No. 636\", \"first_page\": \"881\", \"last_page\": \"889\", \"citations\": \"17 P.R. Dec. 881\", \"volume\": \"17\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:57:01.286752+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Juez concurrente: Sr. Wolf.\", \"parties\": \"El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.\", \"head_matter\": \"El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.\\nApelaci\\u00d3N procedente de la Corte de Distrito de . San Juan.\\nNo. 636.\\nResuelto en junio 21, 1911.\\nConteoversia Jur\\u00eddica \\u2014 Cdestiones Abstractas. \\u2014 No aleg\\u00e1ndose en la demanda que se haya realizado alg\\u00fan pacto concreto y positivo en perjuicio del deman-dante, no existe base para una controversia jur\\u00eddica que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.\\nLos hechos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n:\\nAbogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.\\nAbogados de los apelados: Sres. Hartsell y Rodr\\u00edguez Serra.\", \"word_count\": \"2515\", \"char_count\": \"15254\", \"text\": \"El Juez Asociado Sr. del Toro,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl Centro de Detallistas de San Juan, una corporaci\\u00f3n constituida con arreglo a las Leyes de Puerto Rico, entabl\\u00f3 demanda contra A. Vicente y Compa\\u00f1\\u00eda,. Sucesores de L. Vi- llamil y Compa\\u00f1\\u00eda, Sucesores de M. Lomba y Compa\\u00f1\\u00eda, J. Ochoa y Hermano, Villar y Compa\\u00f1\\u00eda, Freir\\u00eda y Compa\\u00f1\\u00eda, Sucesores de P\\u00e9rez Hermanos, S. en C., Aboy Vidal y Com-pa\\u00f1\\u00eda, M. Lamadrid y Compa\\u00f1\\u00eda, Sobrinos de'Izquierdo y Compa\\u00f1\\u00eda, Baquero y Compa\\u00f1\\u00eda, Balasquide y Compa\\u00f1\\u00eda, F. Font y Hermano, P\\u00e9rez Hermanos, R. Paniagua y Com-pa\\u00f1\\u00eda, Lui\\u00f1a Hermanos, Sucesores Benitez y Compa\\u00f1\\u00eda, Ce-recedo Hermanos y Compa\\u00f1\\u00eda, Sucesores A. Su\\u00e1rez y Com-pa\\u00f1\\u00eda, E. R. Pons y Compa\\u00f1\\u00eda, V. Mel\\u00f3n y Compa\\u00f1\\u00eda, S\\u00e1n-chez P\\u00f3rtela y Compa\\u00f1\\u00eda, Sucesores de F. Juncos y Com-pa\\u00f1\\u00eda, C. Malatrasi y Compa\\u00f1\\u00eda, Cadierno Hermanos, All\\u00e9s y Hermano, y B. Fernandez y Hermano, a fin de que la corte de distrito declarara que el \\u00fanico sistema a que deben sujetarse \\u00edas transacciones comerciales en Puerto Rico es el m\\u00e9trico decimal y que el acuerdo adoptado por las sociales demandadas es ilegal y nulo.\\nLos hechos esenciales de la demanda son que los deman-dados adoptaron el 1 de febrero de 1910, un acuerdo que fu\\u00e9 comunicado a los comerciantes detallistas, relativo a que a partir del primero de marzo pr\\u00f3ximo, quedar\\u00eda establecida por los demandados, comerciantes al por mayor, la regla de fijar sus precios para todo art\\u00edculo cuya venta haya de efec-tuarse por peso, para cada 45-3597 \\u00eddlos, equivalentes a cien libras americanas.\\n\\\"Que tal acuerdo causa perjuicios a todos los comerciantes de provisiones al detalle y a este Centro de Detallistas y a todos y a cada uno de sus socios, cambiando, sin autoridad alguna por parte de los demandantes, el sistema de peso legal, e imponiendo, para las transacciones comerciales un sistema arbitrario1, caprichoso y perjudicial para la buena marcha de los negocios del comercio de provisiones al de-talle; y\\n' ' Que el demandante nombr\\u00f3 una comisi\\u00f3n para entenderse con los demandados, habi\\u00e9ndose negado \\u00e9stos a adoptar el sistema m\\u00e9trico decimal y a revocar su acuerdo.\\\"\\nLos demandados, excepto H. Santos, P\\u00e9rez Hermanos, y A. Su\\u00e1rez y C\\u00eda., alegaron la excepci\\u00f3n previa de que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una cau-sa de acci\\u00f3n.. La corte declar\\u00f3 con lugar dicha excepci\\u00f3n y como el demandante manifestara que no ten\\u00eda m\\u00e1s hechos que exponer, orden\\u00f3 que su resoluci\\u00f3n se registrara como sentencia. As\\u00ed se hizo y contra la sentencia, registrada el 5 de noviembre de 1910, se interpuso el presente recurso de ape-laci\\u00f3n.\\nLa notificaci\\u00f3n de la apelaci\\u00f3n hecha a todos los abogados de los demandados el 14 de noviembre de 1910, se archiv\\u00f3 el mismo d\\u00eda en la oficina del secretario de la corte de distrito, y elevada la transcripci\\u00f3n de los autos a esta Corte Suprema, ambas, partes en su alegatos escritos discutieron amplia-mente el recurso en su fondo.\\nHemos estudiado cuidadosamente la transcripci\\u00f3n de los autos y los alegatos de las partes y opinamos que la senten-cia que desestim\\u00f3 la demanda por no aducir \\u00e9sta hechos sufi-cientes para determinar una causa de acci\\u00f3n, est\\u00e1 bien fun-dada y debe confirmarse.\\nDos razones fundamentales existen para ello.\\nLa primera es, que estudiado el acuerdo de los comercian-tes demandados, no aparece que est\\u00e9 en abierta oposici\\u00f3n con las prescripciones de -los art\\u00edculos 230 y 240 del C\\u00f3digo Pol\\u00edtico.\\nY la segunda es, que aun cuando se concluyera que lo estaba, en la demanda no se alega que se haya realizado un sol\\u00f3 acto concreto y positivo en perjuicio del demandante y siendo esto as\\u00ed, no existe base para una controversia jur\\u00eddica que deba ser resuelta por los tribunales de justicia. No obs-tante haberse presentado la demanda el 10 de mayo de 1910, no se consigna en ella que el acuerdo adoptado por los de-mandados en 1 de febrero de 1910, para empezar a regir el 1 de marzo del mismo a\\u00f1o, se llevara a v\\u00edas de hecho.\\nY\\u00e9ase el caso de la Liga de Propietarios v. El Ayuntamiento de San Juan, decidido por esta Corte Suprema el 12 de febrero de 1908, en donde esta \\u00faltima cuesti\\u00f3n ha sido tratada ampliamente y resuelta de modo claro y preciso.\\nNo creemos necesario entrar- en otro orden de considera-ciones. El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.\\nConfirmada.\\nJuez concurrente: Sr. Wolf.\\nJuez disidente: Sr. Presidente Hern\\u00e1ndez.\\nLos Jueces Asociados Sres. MacLeary, y Aldrey.no toma-ron parte en la resoluci\\u00f3n de este caso.'\"}"
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+"{\"id\": \"8766040\", \"name\": \"Mart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado\", \"name_abbreviation\": \"Mart\\u00ednez v. Crosas\", \"decision_date\": \"1919-07-14\", \"docket_number\": \"No. 455\", \"first_page\": \"996\", \"last_page\": \"996\", \"citations\": \"27 P.R. Dec. 996\", \"volume\": \"27\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:53:57.745940+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Mart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.\", \"head_matter\": \"No. 455.\\nMart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.\\nJulio 14, 1919.\", \"word_count\": \"16\", \"char_count\": \"112\", \"text\": \"Certiorari.\\nSin lugar.\"}"
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+"{\"id\": \"8766124\", \"name\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Olaz\\u00e1bal v. Secretary of Treasury\", \"decision_date\": \"1964-06-11\", \"docket_number\": \"No. AP-63-19\", \"first_page\": \"585\", \"last_page\": \"589\", \"citations\": \"90 P.R. 585\", \"volume\": \"90\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:47:26.603537+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Division composed of Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Rigau, and Mr. Justice D\\u00e1vila.\", \"parties\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee.\\nNo. AP-63-19.\\nDecided June 11, 1964.\\nF\\u00e9lix Ochoteco, Jr., for appellant. Rodolfo Cruz Contreras, Acting Solicitor General, for appellee.\\nDivision composed of Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Rigau, and Mr. Justice D\\u00e1vila.\", \"word_count\": \"1114\", \"char_count\": \"6723\", \"text\": \"Mr. Justice D\\u00e1vila\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThe taxpayer was engaged in the business of renting houses. He kept his books on the cash receipt and disbursement method, and his taxable year ended October 31. On June 20, 1947, eminent domain proceedings were instituted against two of taxpayer's real properties. The taxpayer litigated the reasonableness of the compensation. The court, on April 7, 1948, rendered judgment increasing said compensation, which became final on the seventh day of the following month. The additional amount granted was deposited in court on November 8, 1948. Since the taxpayer's taxable year ended on October 31, the question is when did the income represented by the increase in compensation accrue \\u2014during the taxable year of 1948 when the judgment became final, or during the taxable year of 1949? The Secretary of the Treasury sent notice of deficiency to the taxpayer for the year 1948, believing that any amount attributable to an increase in compensation corresponded to that taxable year. The matter was litigated and the trial court sustained the Secretary.\\nThe case law and the doctrine stemming therefrom consider that a taxpayer who uses the cash receipt and disbursement method of accounting is not compelled to include in his return the compensation granted as a result of a condemnation until the amount is deposited in the court at his disposal. The rendering of a judgment is not sufficient. The deposit is required for the taxable obligation to accrue. The Solicitor General argued, invoking the decision, of the trial court, that from the moment the judgment was rendered the \\\"payment, according to the condemnation laws in force, was fully guaranteed by the Constitution, and by the credit and good faith of The People of Puerto Rico\\\" and, therefore, it was an income which had already been realized by the taxpayer. If we adopted this opinion we would be grafting a new concept in order to determine the tax obligation of persons or entities on the cash receipt and disbursement basis. The economic position of a debtor in a judgment cannot be the test. In the cash receipt and disbursement method the obligation to report income arises when it is actually paid or placed at the taxpayer's disposal.\\nKeneipp v. United States, 184 F.2d 263 (D.C. Cir. 1950) presents circumstances similar to these in the case at bar. In 1941 the Government of the United States instituted condemnation proceedings against several tracts of land. The amount of $35,000 was deposited as estimated just compensation. In September 1941, a judgment was rendered fixing $48,500 as proper compensation. At that point a third party filed an intervening petition claiming the amount of $2,000. On December 12, 1941, the court ordered the disbursement to the owner of the $35,000 deposited. On April 11, 1942, the court heard the intervening petition and on August 1, 1942 entered an order of distribution directing payment to the intervenor of $1,800 with the taxpayer receiving the remaining balance. The trial court (Keneipp v. United States, 85 F.Supp. 902 (1949), in deciding the question, stated that \\\". . . The amount determined with condemnation of the plaintiffs' property became available in September, 1941, to plaintiffs upon the entry of judgment in the amount of $48,500 and represented income to the plaintiffs in 1941, properly includible in plaintiffs' 1941 personal income tax return.\\\"\\nIn reversing the judgment entered by the lower court, the Court of Appeals stated:\\n\\\"The substantive point in the case at bar is whether the gain upon the condemnation award was, under the circumstances we have related, returnable in 1941 . These taxpayers were on a cash basis. The treatment of judgments recovered by taxpayers on a cash basis has been established without deviation for many years. A judgment is treated as income to a taxpayer on a cash basis at the time when the money or property is recovered. The rule is recited in the Regulations as follows: Tf a person sues in one year on a pecuniary claim or for property, and money or property is recovered on a judgment therefor in a later year, income is realized in the later year, assuming that the money or property would have been income in the earlier year if then received.' \\\"\\nThe regulation in effect in Puerto Rico at the time of the events of the case at bar was similar to the one copied above. Article 88, Income Tax Regulations No. 1, p. 61. Similar provision appears in the Regulations now in force, Art. 42.1, 13 R.&R.P.R. \\u00a7 3042-1 (a).\\nIn Nitterhouse v. United States, 207 F.2d 618, 620 (3d Cir. 1963), cert. denied, 347 U.S. 943, reh. denied, 347 U.S. 970, an eminent domain case, it was stated that \\\"the simplest and most easily administered rule seems to us to be to make the transaction taxable when the taxpayer gets his money.\\\" The district court in rendering judgment, affirmed by the Court of Appeals, Nitterhouse v. United States, 111 F.Supp. 339 (D.C.E.D. Penn. 1953), stated that \\\"in determining how gains realized from condemnation proceedings are to be taxed, a taxpayer should apply the income tax law in effect at the time the taxpayer, on a cash basis, received payment for his property.\\\"\\nIn 2 Mertens, Law of Federal Income Taxation 182-183, \\u00a7 12.65 (1961 ed.) the rule is stated as follows:\\n\\\"Where, in condemnation proceedings, no agreed amount is paid by the condemning authority until the litigation is finally culminated, no amount need be accrued as income until the litigation is terminated. Where, however, the condemning authority not only admits liability for a stated amount but actually pays that amount into the court and it, in turn is paid to the taxpayer, the transaction as to that payment is closed. To the extent that it represents gain, it is taxable when received.\\\"\\nSee, also: Iriarte v. Secretary of the Treasury, 84 P.R.R. 164 (1961); Patrick McGuirl, Inc. v. Commissioner of Internal Rev., 74 F.2d 729 (2d Cir. 1935); Driscoll Bros. & Company v. United States, 221 F.2d 603 (D.C.N.D.N.Y. 1963); cf. Wendell v. C.I.R., 326 F.2d 600 (2d Cir. 1964).\\nCorresponding the income which is the object of the deficiency to tax year 1949, the judgment rendered by the Superior Court, San Juan Part, on May 2, 1959, is reversed and a new judgment granting the complaint is entered.\\nIt so appears in the 1954 Regulations.\"}"
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+"{\"id\": \"8768082\", \"name\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer\", \"name_abbreviation\": \"Cordero v. Industrial Commission\", \"decision_date\": \"1948-01-30\", \"docket_number\": \"No. 379\", \"first_page\": \"118\", \"last_page\": \"123\", \"citations\": \"68 P.R. 118\", \"volume\": \"68\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:10:54.152285+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer.\", \"head_matter\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer.\\nNo. 379.\\nArgued January 13, 1948.\\nDecided January 30, 1948.\\nV\\u00edctor M. Bosch for petitioner\\u2019s beneficiaries. \\u00c1ngel de Jes\\u00fas Matos, M. Maldonado Pacheco, and A\\u00edda Casa\\u00f1as Marengo for tbe State Insurance Fund.\", \"word_count\": \"1433\", \"char_count\": \"8360\", \"text\": \"Mr. Justice Marrero\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn August 20, 1945, Jos\\u00e9 Cordero P\\u00e9rez worked as gang-wayman amantero\\\") on a steamer which was close to one of the piers of the Bull Insular Line in San Juan. At about 10: 00 p. m. he had to help other workmen to place a heavy plate (galeota) over the ship's hatchway. Suddenly Cordero P\\u00e9rez felt sick and died before he was taken to the hospital. His beneficiaries submitted a claim to the Manager of the State Insurance Fund, who denied it. Subsequently, the Industrial Commission rendered a decision dismissing the claim and affirming the decision of the Manager in all its parts. A reconsideration sought was denied, and the beneficiaries thereupon instituted a proceeding in this Court pursuant to \\u00a7 11 of Act No. 45 of April 18, 1935 (Laws of 1935, pp. 250, 288), as amended by Act No. 121 of May 2, 1940 (Laws of 1940, p. 728).\\nIn their petition they urge that (A) \\\"The Industrial Commission erred in holding that in this case there is no proof of the extraordinary effort which is contemplated by the decisions of our highest tribunal, as well as those of the American courts, in connection with our Workmen's Accident Compensation Act, in order to render this accident compensable;\\\" (B) \\\" . . . in taking into consideration, as a basic and essential element, the idiopathic condition of the workman for determining the degree or character of the effort made by him, that is, in order to determine whether the workman exercised an extraordinary effort which might establish a causal connection with his death\\\"; and (C) \\\" . . . in holding that the death of Jos\\u00e9 Cordero P\\u00e9rez did not occur as a consequence of an industrial accident.\\\" They cite in support of their contentions the decisions in Montaner, Mgr. v. Industrial Com mission, 57 P.R.R. 320; Montaner v. Industrial Commission, 55 P.R.R. 867; Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 133; and Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 757. We shall discuss jointly the errors assigned.\\nAn examination of tbe above-cited cases, as well as those of Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 686; Montaner, Mgr. v. Industrial Commission, 53 P.R.R. 187; and Par\\u00eds v. Industrial Commission, 52 P.R.R. 427, which are somewhat similar to them, does not convince ns that the decision of the Industrial Commission should be reversed. It is true that some of those cases give the impression that the rdeath of a workman, which occurs in the course of his employment, is compensable when, taking into consideration his idiopathic condition, the work performed by him at the moment .of Ms death is tantamount to an effort. However, if those .\\u00abdecisions are carefully examined, it will be seen that in them this Court took into consideration, not only the physical condition of the workman, but also the kind of work performed and the effort exercised by him at the time of his death, and that in view of the attendant circumstances, said effort could be considered as extraordinary.\\nAccording to the evidence introduced in this case, on the evening of the day aforesaid, the decedent worked as gang-wayman on the deck of one of the ships of the Bull Insular Line. His work consisted principally in shouting warnings to the workmen who stood on the wharf, in order that they should be prepared to receive the cargo. He worked from 4: 00 to 6: 00 p. m., when he went out to eat, and at 7: 00 p. m. he resumed his work. At about 10:00 p. m. the overseer told him that he had to help six other workmen to place a covering or plate over the hatchway in which the work was performed. The plate (galeota) weighed over a ton and was hoisted by means of a mechanical apparatus and, when it reached a point 10\\\" or 12\\\" above the hatchway it was pushed directly over the latter and then lowered to its proper place. While said seven workmen and the overseer pushed the covering plate the deceased workman felt sick and shortly thereafter died.\\nOne of the witnesses for the beneficiaries testified before the Commission that Cordero P\\u00e9rez did not have to make any effort; but the overseer, also called by them, testified that Cordero P\\u00e9rez usually performed that kind of work, that he had to execute it in addition to his duties as gangwayman and that, in his judgment, Cordero P\\u00e9rez had to make an effort, indicating also that he had to give a hand \\\"because there are men who really have no strength.\\\"\\nIn order to decide the case we must consider not only the above evidence, but also the testimony of the medical experts who testified therein. Dr.. Jes\\u00fas M. Qui\\u00f1ones stated that the probable cause of the death was \\\"pathology, coronary arteries\\\" and that according to his diagnosis the deceased suffered from advanced stenosis of the coronaries, due to arterio-esclorosis and pulmonary edema\\\"-; that \\\"the pathological cause did not need any extraordinary effort to produce his death, because it could have by itself caused the death of the workman without his having made any extraordinary effort\\\"; that his disease was in such an advanced stage, his arteries were in such a condition, that he was bound to die at any time; he might have died in his sleep or sitting down. ' ' I)r. Jeramfel Cordero stated that the immediate cause of Cordero P\\u00e9rez's death was \\\"acute pulmonary edema, but secondary to the stenosis of the coronary arteries\\\"; that in these cases death occurs in various circumstances ranging from absolute rest during the night to the relaxation produced by the digestion of an abundant meal. He also testified that if the load had to be moved by six workmen over a flat surface to a different place, he considered that it would be an extraordinary effort; but it would be otherwise if the load was moved while hanging in the air, as he considered that the strain could not then be classified as extraordinary.\\nIn view of tlie foregoing testimony of Dr. Cordero, the witness Tom\\u00e1s L\\u00f3pez was again called to testify. With his testimony it was finally cleared that at the time the workman Cordero P\\u00e9rez felt the pain which preceded his death, he was pushing, together with seven other men, the plate which was suspended in the air.\\nThe Industrial Commission weighed the evidence and reached the conclusion that the deceased workman did not make any extraordinary effort at the time of the accident which brought about his death. In so doing it found that the accident was not compensable.\\nIn our opinion, the Commission correctly interpreted our decisions. In cases of this kind, it is not sufficient that the death of the workman be caused by an accident which, given his idiopathic condition, is tantamount to strain. In order that the accident be compensable it is necessary that the effort be an extraordinary or unusual one.\\nAs stated by the textwriter Schneider in his treatise \\\"Workmen's Compensation,\\\" 3d edition, vol. 4, \\u00a7 1240, p. 386, in many States it is held that \\\"compensation will not be awarded where the employee has chronic heart trouble which has reached such a stage that death is liable to ensue at any time, from any exertion, and death comes while he was doing the ordinary work of his employment.\\\" See also :\\u00a7\\u00a7 1302 and 1332, pp. 468, 473, 569 et seq. of the same treatise.\\nIn Balaban v. Severe, 43 Atl. (2d) 543 (Pa. 1945), it was decided, copying from the syllabus, that \\\"To constitute a compensable 'accident' it must be shown that the work in which the employee was engaged at the time of the occurrence was of a different nature and required a materially greater amount of exertion, risk or exposure than that to which he was ordinarily subjected, so as to justify a conclusion that increased severity of work was the cause of, and not merely coincidental with, the previously existing infirmity. ' ' See also Hamer v. Rishel, 24 Atl. (2d) 664 (Pa. 1942), and Rowe v. Goldberg Film Delivery Lines, 72 Pac. (2d) 432 (Arizona 1937). We agree with, the views set forth above.\\nSince the respondent Commission did not commit any of the errors assigned, the decision under review should be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8770569\", \"name\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"Isern Aponte v. Ram\\u00edrez Santana\", \"decision_date\": \"1940-07-18\", \"docket_number\": \"No. 7912\", \"first_page\": \"331\", \"last_page\": \"343\", \"citations\": \"57 P.R. 331\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant.\\nNo. 7912.\\nArgued April 10, 1940.\\nDecided July 18, 1940.\\nJaime Benitez and G\\u00e9igel <& Silva for appellant. Francisco Gonzalez Fagundo for appellee.\", \"word_count\": \"3863\", \"char_count\": \"22291\", \"text\": \"Mr. Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe plaintiff herein, t while married to the defendant Luisa Ramirez Santana, acquired by purchase a house located in the city of Caguas. The plaintiff alleged that on May 19, 1928, the plaintiff and his wife acting in agreement transferred the title to said house in favor of Bel\\u00e9n Maldonado, for her to hold the same until such time as the plaintiff should direct her to transfer it to some other person or to plaintiff and his wife; that there was no price or consideration involved in the transfer made to Mrs. Maldonado; that on November 10, 1928, Mrs. Maldonado conveyed the' title to Luisa Ramirez Santana, who was still married to the plaintiff; that in the instrument of conveyance it was falsely stated that the amount of the selling price had been received at the time of the execution of the deed and in the presence of the notary and of the witness, when as a matter of fact no price or consideration of any kind was involved; and that in said instrument it was likewise falsely stated that the money invested by Luisa Ramirez Santana in that purchase belonged to her exclusively, having inherited the same from her sister Dolores Ramirez Santana. It was further alleged that on March 1, 1934, Luisa Ramirez Santana, who had already divorced the plaintiff, transferred the house to the other defendant, Clotilde Benitez Rexach, for $500, acknowledged by the former to have been received, which was not true, as the transfer was made without any price or consideration and for the sole purpose of depriving the plaintiff of his share in the immovable. The plaintiff prayed for a judgment declaring that the house is community property and that the contract of sale entered into between the two defendants is void (inexistente).\\nThe defendant Clotilde Benitez Rexach in her answer denied generally the averments of the complaint, and alleged that the property in question had been acquired by Luisa Ramirez Santana, since 1917, by purchase from various persons surnamed Martinez Chapel; that said Mrs. Ramirez obtained from the Municipality of Caguas the usufruct of the lot on which said house was constructed; that it was she who in 1917 prosecuted a. proceeding to establish possession of said house which was recorded in her name in the registry of property; that while the house was the property of Luisa Ramirez Santana, the husband of the latter, plaintiff herein, signed the deed of transfer to Bel\\u00e9n Maldonado only for the purpose of giving his consent thereto; that Luisa Ramirez purchased the property from Bel\\u00e9n Maldonado for $500 which she paid out of funds inherited from her sister, Dolores Ramirez, according to a deed of partition dated May 23, 1928; that in the complaint in the suit for divorce, brought by Luisa Ramirez against the present plaintiff it was stated that there was no community property; that the acquisition of the property by Clotilde Benitez Rexach was a lawful contract; and that the complaint did not state facts sufficient to constitute a cause of action.\\nAfter the case was tried before the District Court of Hu-macao, the latter by a judgment declared the contract entered into between Luisa Ram\\u00edrez and Clotilde Benitez Rexach as void and nonexistent in so far as the same might affect plaintiff's share in the community property, and valid as to the share belonging to Luisa Ramirez.\\nClotilde Benitez Rexach, appellant herein, maintains that the lower court erred in denying the motion for nonsuit presented by the defendants; in sustaining in part the complaint; in weighing the evidence; in rendering judgment in contravention of section 191 of the Code of Civil Procedure; and in deciding this case by applying a different theory from that on which the complaint is based. She further urges that the judgment appealed from is contrary to law because it decides the case on the basis of legal issues not raised by the pleadings; because it is not supported by the allegations of the complaint; and because it deprives the defendant-appellant of her property without due process of law.\\nLet us examine the evidence:\\nAt the trial, the plaintiff introduced in evidence the three public deeds mentioned in the complaint and the following testimony of witnesses: Bel\\u00e9n Maldonado stated that Luisa Ramirez Santana had sold the house to her for $500, which sum she paid in bank notes in the presence of Notary Luis Mend\\u00edn Sabat; that she knew Andr\\u00e9s Mena, Esq., then present; that she had never talked to Mena regarding the deed of sale of the house; that it was not true that she told Mena that she had not paid a penny for the property and had accepted the transfer in her favor in order to please Pepito Isern and his wife; that it was not true, either, that she had told the same thing to Francisco Ramis; that the charge ofl her having told either Carmen Cruz or Ramis or Mena that she had not paid anything for the house, was false. On being asked three times by the judge as to whether she had made those statements, she emphatically answered in the negative.\\nAttorney-Notary Andr\\u00e9s Mena, npon being called to testify, stated that be knew Bel\\u00e9n Maldonado; tbat sbe went to bis law office to tell liim tbat sbe bad been subpoenaed to testify as a witness in tbis case; tbat be asked ber: \\\"What about tbis matter?\\\" and sbe answered: \\\"I am going to tell tbe truth ' '; tbat sbe told liim tbat sbe did not remember tbe date of tbe deed.\\nMrs. Carmen de la Cruz, mother of tbe girl Carmen Isern de la Cruz, who is tbe daughter and heir of Jos\\u00e9 Isern Aponte, testified tbat sbe knew Bel\\u00e9n Maldonado by sight; that tbe latter went to ber bouse to tell ber tbat sbe bad been summoned as a witness and tbat sbe bad no money for tbe trip; tbat sbe stated to ber that sbe would come to the court to tell tbe truth, that sbe bad no interest in tbis case or in anything else, tbat sbe was coming to tell what Pepito bad agreed with ber, tbat Pepito bad been accompanied by Luisa, tbat at tbat time business was very bad and tbat be was going to lose tbe bouse, and in order to avoid leaving bis wife destitute he told ber and begged ber to make tbe deed in ber name, that at tbe time sbe received no money or anything else, and tbat they agreed tbat, when tbe danger bad ceased, a new transfer would be made in favor of Luisa.\\nTbe grounds of tbe motion for nonsuit presented by tbe defendants were tbat not even tbe slightest evidence bad been introduced to overcome tbe proof regarding tbe consideration of tbe contract made by Clotilde Ben\\u00edtez, and tbat even if it were assumed tbat tbe sale to Bel\\u00e9n Maldonado was a transfer contract, tbe plaintiff would now be estopped, as against Clotilde Benitez, to attack bis own contract.\\nLet us examine tbe documentary evidence of both parties in its chronological order:\\n1. Deed of May 21, 1917, whereby Juan Martinez Chapel and five other co-owners sold six one-eigbtb undivided interests in tbe bouse of Luisa Ramirez, of legal age, married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, for $360 which the vendors acknowledged to have received. The second paragraph of the deed reads as follows:\\n\\\"Second: The purchaser, without any other requisite than the execution of this deed, shall be vested with the possession of the interests which she acquires by the present title and she ratifies in all its parts deed numbered one hundred and twenty-seven, executed before the attesting notary, whereby the husband of said purchaser accepted in his name the purchase of two undivided interests in the property described, acquired from Do\\u00f1a Mar\\u00eda del Carmen and Don Ram\\u00f3n Mart\\u00ednez Chapel.\\\"\\n,2. Deed of May 19, 1928; the Isern-Ramirez spouses stated that they were the owners of the house, having acquired the same by purchase from Rosario Martinez Chapel and others; and that \\\"Don Jos\\u00e9 Isern Aponte, assisted by and with the consent of his wife, the party herein Luisa Ramirez Santana, sells and conveys to Bel\\u00e9n Maldonado the house described in this deed.... for the agreed price of $500 which the vendor spouses receive in this act from the purchaser, in current hank notes.\\\" The notary did not certify to the delivery of the money in his presence. At the end of the document he certified to the full contents thereof.\\n3.- Deed of November 10, 1928, whereby Bel\\u00e9n Maldonado sells the house to Luisa Ramirez Santana, married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, \\\"who does not appear in this act, as the property involved belongs to the separate estate of the wife appearing herein.\\\" The sale was made for the price of $500, \\\"which the vendor receives in this act, in .the presence of myself and of the witnesses.\\\" The notary did not certify to the delivery of the money.\\nAs to the source of the money which Luisa Ramirez Santana claims to have paid to Bel\\u00e9n Maldonado as the price of the house the object of the sale, the deed recites:\\n\\\"Do\\u00f1a Luisa Ramirez Santana states that the money invested in the purchase of the house which is described in this deed, belongs exclusively to her, as she acquired it by inheritance from her sister, Do\\u00f1a Dolores Bamirez Santana, also known as Dolores Bamirez de Arellano y Santana, who died in the town of Cayey, Puerto Bieo, the deed of partition of the estate of said Dolores Bamirez Santana having been incorporated in deed numbered twenty of May 23, 1928, which was approved by the District Court of Gruayama, and therefore the said sum belongs to the separate estate of Luisa Bamirez Santana, this explanatory statement being made for the purpose of the Begistry of Property.\\\"\\nOn December 10,1928, in recording tbe sale made by Bel\\u00e9n Maldonado to Luisa Ram\\u00edrez, there was noted the curable defect of a failure to duly show the source of the money invested in the purchase, notwithstanding the recitals of the instrument, as the deed of partition of the estate of Dolores Ramirez had not been exhibited. The said defect was cured in the registry on March 13, 1934.\\n4. A copy of the complaint for divorce filed by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, on the ground of desertion, wherein the plaintiff stated that there was no community property; and a copy of the default judgment entered on April 15, 1932.\\n5. Deed of March 1, 1934, whereby Luisa Ramirez Santana, divorced, sold to Clotilde Benitez Rexach the house in question for $500 \\\"which the vendor receives from the purchaser in this act,\\\" without the notary certifying to the delivery of the money in his presence.\\n6. Deed of May 23, 1928, regarding the partition of the estate of Dolores Ramirez Santana, from which it appears that there were allotted to the heiress Luisa Ramirez Santana two houses valued at $1,500, together with $647.18 in cash, or a total sum of $2,147.18, which was to be applied to her share of $320.38 in the inheritance and the balance to the payment of certain debts of the estate.\\nThe notary Luis Mendin Sabat, before whom all of the above-mentioned deeds had been executed,' testified as a witness for the defendants and stated that property to the value of two thousand and odd dollars and cash to the amount of six hundred and odd dollars had been allotted to Luisa Ra mirez Santana; that she kept the proceeds of the property allotted to her and with that money she purchased the house for her exclusive use and convenience; that in the deed of Bel\\u00e9n Maldonado there was a payment; that there were payments in the other deeds and also in that of Clotilde Benitez Bexach.\\nThe appellant does not discuss separately the nine errors assigned in her brief hut groups them around three essential questions. In the first of these it is maintained that the lower court violated the provisions of section 191 of the Code of Civil Procedure, which reads as follows:\\n' ' Section 191. \\u2014 The relief granted to the plaintiff, if there be no answer, can not exceed that which he shall have demanded in his complaint; but in any other case, the court may grant him any relief consistent with the case made by the complaint and embraced within the issue.\\\"\\nAs in the case at bar the defendant Clotilde Benitez Bexach filed an answer to the complaint, the application of the first part of the above-quoted section is not involved, and we may disregard the same.\\nThe appellant maintains that it is inconsistent with the allegations of the complaint to decree, as the lower court did in its judgment of May 24,1938, \\\"the nullity or inexistence of the contract entered into between Luisa Bam\\u00edrez and Clo-tilde Benitez Bexach, on March 1, 1934-in so far as the same refers to or affects the share in the community property which formerly belonged to Jos\\u00e9 Isern Aponte and is now owned by his heirs, said contract to continue subsisting and in force as regards all the right and interest which Luisa Bam\\u00edrez Santana had in the property the object of the contract at the time the same was executed.\\\" If there was no consideration {precio) for the contract \\u2014 says the appellant- \\u2014 \\u2022 the same is nonexistent, according to section 1213 of the Civil Code (1930 ed.), and therefore the lower court could not uphold it as to the share of Luisa Bam\\u00edrez while annulling it as to that of Jos\\u00e9 Isern Aponte. Up to this point the appellant is correct when she says that there is inconsistency between the relief prayed for and' the one granted, since the plaintiff in his complaint did not attack partially the validity of deed No. 3, executed on March 1, 1934, bnt challenged it in its entirety on grounds which go to the very root of the contract of sale embodied in the instrument. But could the same thing be said if there had been a consideration for the contract? We think not. If contrary to what the plaintiff alleges in his complaint the three deeds attacked had been supported by a consideration, then the house the object of this suit would have belonged to the conjugal partnership constituted by Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Ramirez Santana, as the defendant did not succeed in overcoming with her evidence the presumption established by section 1307 of the Civil Code (1930 ed.), that all the property of the spouses shall be deemed partnership property in the absence of proof that it belongs exclusively to the husband or to the wife. That presumption arose in-the present case from the very moment of the execution on November 10, 1928, of deed No. 76, whereby Luisa Ramirez Santana, while married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, acquired for a consideration (a t\\u00edtulo oneroso) the house the object of this action.\\u00bb Such presumption is not destroyed by the fact that in the deed of sale the purchaser stated that he had inherited from her sister the money invested in the purchase, for, as aptly said by the lower court in its opinion, \\\" . it does not seem reasonable in law that the mere declaration of one of the spouses, made in her own benefit and against the interest of the other spouse, and without there being any subsequent ratification thereof by the latter, could be deemed sufficient to affect his right or to prejudice his interests.\\\" Nor is if destroyed by the fact that in. the suit for divorce brought by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, the latter should have suffered a judgment by default to be entered against him, the complaint reciting that there was no community property subject to liquidation.\\nThe district court decided this case on the basis of the existence, of a consideration to support the three challenged deeds. If the plaintiff had succeeded in proving the allegations of his complaint, that is, that the deed executed on May-19, 1928, November 10, 1928, and March 1, 1934, were void for want of consideration, the trial court would have had to reach the same conclusion that it did, rejecting the contention of the plaintiff. As the three deeds objected to were annulled, and as the evidence introduced by the plaintiff to overcome the presumption that the house was community property from the time that the same was acquired for herself by the defendant through deed No. 128, executed on May 21, 1917, while the defendant was still married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, the judgment of the court below could not have been different than what it was. And, since the allegations of the complaint, even if proved, would have merited the same judgment that was actually rendered, we fail to find the inconsistency urged by the appellant in this first question, which must therefore be overruled. Let us now turn to the second question.\\nIt is maintained in it that the trial court decided the action on the basis of a theory which was different from the one set forth in the complaint. The action was decided \\u2014says the appellant \\u2014 on the basis of the validity of the above-mentioned deeds; which is precisely the opposite of what is alleged in the complaint. There is no doubt that the trial court, in deciding the suit in the way it did, had to start from the premise that the said three deeds were supported by a consideration. The question is then reduced to deciding whether, in spite of the failure of the plaintiff to prove the allegations of his complaint, the court a quo could sustain it in part, upon a different theory, as claimed by the appellant. The true purpose of the complaint, according to the allegations thereof, seems to be to have the property in question declared community property. The plaintiff does not ask that title to the whole property be awarded to him exclusively. On the contrary lie is quite explicit when in the prayer of the complaint he asks that \\\". . . judgment be rendered declaring that the house described in this complaint belongs to the conjugal partnership constituted by Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Bamires Santana, and declaring as nonexistent the contract embodied in deed No. 3 of March 1, 1934, executed by Luisa Ramirez Santana in favor of Clotilde Benitez Rexach, and imposing costs on the'defendants.\\\" [4] And although it is true that the prayer for relief is not a part of the complaint, it is also true that it may serve to interpret the same. The plaintiff in praying for the nullity of deeds Nos. 19, 76, and 3 already mentioned, undoubtedly did so in order that the property should be regarded as belonging to the conjugal partnership constituted by himself and his wife Luisa Ramirez Santana.\\nIt is true that the trial court gave no credit to the evidence of the plaintiff, to the effect that there was no consideration in said three deeds. But this was no obstacle to its awarding the house in favor of the conjugal partnership. The true essence of the complaint, the only theory set forth, in accordance with the prayer for relief and with the result if the lower court had considered as proved the allegations of the complaint, was that it should be decreed by a judicial tribunal that the house belonged to the conjugal partnership that had existed between Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Ramirez Santana. We think that the theory is the same although the grounds are not so. [5] But as in accordance with the repeated decisions of this court, an appeal is not taken from the grounds of a judgment but from the judgment itself, the latter must be sustained if correct even though said grounds may be erroneous.\\nRegarding this same question, it only remains to be decided whether the defendant Clotilde Benitez Rexach is a third person under the Mortgage Law whose right was affected by the judgment appealed from. Deed No. 76, executed on November 10, 1928, was recorded in the Registry of Prop erty \\\". . . with, the curable defect of a failure to duly show the source of the money invested in the purchase, although in the document it is stated that said money belongs exclusively to Luisa Ramirez Santana, she having inherited the same from her sister Dolores Ramirez Santana, as appears from the deed of partition of the estate of said predecessor in interest, which was not exhibited and of which this registry has no knowledge. \\\" This defect was cured on March 13,1934, or twelve days after Clotilde Benitez Rexach had acquired the property from Luisa Ramirez Santana. So that at the time of such acquisition Clotilde Benitez Rexach had notice from the registry that the separate character of the property which she acquired had not been duly established, and hence in acquiring the same she ran the risk of the occurrence which subsequently took place. We do not think, therefore, that Clotilde Benitez Rexach is in a position to claim the rights which the Mortgage Law confers on third persons.\\nLet us turn now to the third question raised by the appellant in her brief, to wit: That the evidence of the plaintiff is insufficient, and that the court erred in weighing such evidence as well as that of the defendants.\\nEven conceding' that the evidence of the plaintiff was insufficient to prove that deeds Nos. 19, 76, and 3, above mentioned, were supported by a consideration, we think that the same was sufficient to establish the fact that the house in question properly belonged to the conjugal partnership. The documentary evidence of the defendants, which consisted of deed No. 76 of November 10, 1928, wherein Luisa Ramirez Santana stated that the money with which she acquired the property came from an inheritance derived from her sister, and of the record of divorce suit No. 16588, brought by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, from which appeared the allegation of the complaint therein that there was no community property subject to liquidation, and the judgment by default entered by the court, can not be considered as sufficient to overcome the presumption that the house the object of the present action is community property. And if, as we have already seen, the lower court did not apply to this case a different legal theory from the one set forth in the complaint, we must reach the conclusion that the errors which make up the third question raised have not been commited either.\\nIn virtue thereof the judgment appealed from must be affirmed.\\nMr. Justice De Jes\\u00fas took no part in the decision of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"8770871\", \"name\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Basora v. Padilla\", \"decision_date\": \"1943-07-08\", \"docket_number\": \"No. 8661\", \"first_page\": \"315\", \"last_page\": \"318\", \"citations\": \"62 P.R. 315\", \"volume\": \"62\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:57:56.834248+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Chief Justice Del Toro and Mr. Justice Snyder did not participate herein.\", \"parties\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee.\", \"head_matter\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee.\\nNo. 8661.\\nArgued June 15, 1943.\\nDecided July 8, 1943.\\nUbaldo Aponte for appellant. F. B. Aponte for defendant. Rafael Davila Ortiz for appellee.\", \"word_count\": \"863\", \"char_count\": \"5040\", \"text\": \"Mr. Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant, Basora, sued Manuel Padilla for collection of money in the Municipal Court of Yabucoa. The partnership of Basora Hermanos intervened in the suit, and the municipal court entered judgment in favor of the inter-vener, on August 21, 1942. On August 27, Basora appealed to the District Court of Humacao, and on September 10 he moved in the municipal court for an extension to file the transcript of record in the district court. The term allowed by law, which expired on September 16, 1942, -was extended by the municipal court until September 25. The transcript was filed in the district court on September 23, 1942, that is, seven days after the expiration of the original term and two days before the extension allowed by the municipal court expired.\\nOn September 28, 1942 the intervener moved in the district court for the dismissal of the appeal of Basora, on the ground that the transcript of record was filed in the district court more than twenty days after the date of appeal and that the extension of that term granted by the municipal court was null. The motion to dismiss was granted, and the plaintiff-appellant, Basora, appealed to this court.\\nThe question to consider and decide is if the municipal court had the power to extend the period fixed by law for the filing of the transcript of record in the district court.\\nSection 1 of the Act to Regulate Appeals from Judgments of Municipal Courts in Civil Cases, approved on March 11, 1908 (Code of Civil Procedure, 1933 edition, p. 137), provides that the transcript of the record must lie filed in the office of the secretary of the district court within twenty days after the filing of the notice of appeal; and it continues as follows in Spanish:\\n\\\"Si la transcripci\\u00f3n no fuere radicada en la corte de distrito dentro del t\\u00e9rmino prescrito, o de la pr\\u00f3rroga que dicha corte hu-biera concedido al efecto, se desestimar\\u00e1 la apelaci\\u00f3n.\\\" (Italics ours.)\\nThe English text of the paragraph which we have just transcribed reads as follows:\\n\\\"If the transcript is not filed in the district court within the time prescribed or within such additional time as may have been granted by the court for the purpose, the appeal shall be dismissed.\\\" (Italics ours.)\\nThe intervener-appellee argues that, in accordance with the Spanish text, supra, which in its judgment is the text which should prevail, it is the district court which has the power to extend the time to file the transcript. On the other hand, the appellant alleges that the English text should prevail, on the ground that our statute, according to him, is an adaptation of \\u00a74838 and following Sections of the Revised Code of Civil Procedure of Idaho (Idaho Revised Codes, volume 2, p. 257).\\nA comparative study of our statute and of the said Sections of the Idaho Code, as well as the corresponding Sec tions of the California, Montana, and Oregon Codes, reveals that there is no similarity between those Codes and our Code. We therefore cannot sustain the contention of the appellant that our statute comes from continental United States and that we must therefore give preference to the English text.\\nSection 13 of the Civil Code establishes the rule which must be applied in the event a discrepancy exists between the English and Spanish versions oE a local statute. In accordance with those rules, the text which must prevail is that in which the Act was originally drafted in either of the legislative houses, except in the following cases:\\n\\\" (a) If the statute is a translation or adaptation of a statute of the United States or of any State or Territory thereof, the English text shall be given preference over the Spanish, (h) If the statute is of Spanish origin, the Spanish text shall be preferred to the English, (c) If the matter of preference cannot be decided under the foregoing rules, the Spanish text shall prevail.\\\"\\nSince the question of preference cannot be decided in this case by the rules established by \\u00a713 of the Civil Code, we are forced to decide, in accordance with paragraph (a) of that Section, that the Spanish text of \\u00a71 of the Act of March 11, 1908, must prevail over the English text.\\nThe Spanish text of the statute in question is so clear that we are compelled to hold that the Legislature has conferred on the district court the power to extend the time to file the transcript in cases of appeal from judgments of municipal courts.\\nSince the extension granted in the instant case by the municipal court of Yabucoa was null because that court had no jurisdiction therefor, the district court did not err in granting the motion to dismiss the appeal.\\nThe judgment must be affirmed.\\nMr. Chief Justice Del Toro and Mr. Justice Snyder did not participate herein.\"}"
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+"{\"id\": \"8770915\", \"name\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees\", \"name_abbreviation\": \"V\\u00e1zquez Sebas v. Dimas Riera\", \"decision_date\": \"1938-04-29\", \"docket_number\": \"No. 7237\", \"first_page\": \"150\", \"last_page\": \"155\", \"citations\": \"53 P.R. 150\", \"volume\": \"53\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:21:25.175443+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees.\", \"head_matter\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees.\\nNo. 7237.\\nArgued April 20, 1937.\\n\\u2014 Decided April 29, 1938.\\nAngel A. V\\u00e1zquez for appellants. Daniel Pell\\u00f3n for appellees.\", \"word_count\": \"1889\", \"char_count\": \"10955\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the court.\\nOn January 28, 1933, Jos\\u00e9 L. Soto, Marshal of the Municipal Court of San Juan, Second Section, with the aid of some men, took apart and razed to the ground a wooden house located at No. 40 Pelayo Street, now Nolasco Rubio, in the Ward of Puerta de Tierra. This drastic action was taken under authority of an order of execution issued by the clerk of the said court on December 20, 1932, pursuant to a judgment in unlawful detainer of March 23, 1932, rendered in favor \\\"of Eulogio Dimas and Josefina Dolores Riera and Ben-goecliea and their mother Josefina B. Macias, widow of Riera, against Ram\\u00f3n Eehavarry and Francisca Alfonso Marrero, intervener. The judgment above referred to was rendered in case No. 12,180 of the municipal court. We shall hereafter refer to the plaintiffs in that case, as the \\\"Rieras.\\\"\\nAs a result of the demolition of the house mentioned, Rafael V\\u00e1zquez Sebas brought suit against the Rieras for damages, alleging that at the time of the marshal's action he was the holder of the title to the house to the knowledge of the Rieras. In his complaint, V\\u00e1zquez Sebas avers that by a notarial deed of December 13, 1932, he purchased the house in question from Francisca Alfonso Marrero; that by letter of December 20th of the same year, he notified the Rieras through their attorney in fact, Mr. Antonio B. Macias, of this purchase; that despite all this the house, without notice to the plaintiff herein, was thereafter destroyed by the marshal in the unlawful detainer suit against Echavarry and his vendor, Francisca Alfonso; and that the decree of the municipal court did not expressly order said demolition. V\\u00e1zquez Sebas also alleged that the house was worth $1,800, and that the rents of which he had been deprived, to the date of the filing of the complaint amounted to $120. This suit was filed on June 21, 1933.\\nDefendants' answer denied plaintiffs' title to the house and pleaded affirmatively that the sale from Francisca Alfonso Marrero to Rafael V\\u00e1zquez Sebas was simulated and effected for the fraudulent purpose of defeating the execution of the judgment obtained by the defendants in suit No. 12,180, supra. The second paragraph attempts to deny the alleged value of the house and denies the existence of any rental income therefrom. The defendants set up the legality and regularity of the proceeding by which the house was destroyed.\\nOn October 2, 1934, Rafael V\\u00e1zquez Sebas was duly substituted as party plaintiff by his heirs, Rafael Teodoro, Juana Mar\\u00eda and Julia Luc\\u00eda Cristina V\\u00e1zquez Anqueira. They are the present appellants.\\nThe District Court of San Juan rendered judgment in favor of the defendants without costs. It is from that judgment that the appeal has been taken, and five errors are assigned.\\nWe are primarily concerned, with determining whether Rafael V\\u00e1zquez Sebas obtained a bona fide title to the house in question, and if Re did, whether that fact alone, in view of all the other circumstances, should entitle him to the rights which he now seeks to enforce in this action.\\nFor whatever ultimate importance it may have, it is well to review all the litigation which preceded this case. The complaint in the unlawful detainer suit was filed on January li, 1932. On the 25th of that same month, Francisca Alfonso Marrero filed a complaint in intervention in the above suit in which she claimed the title to the house on the plaintiffs' lot. The Municipal Court of San Juan, on March 23, 1932, rendered judgment for the plaintiffs, dismissed the complaint in intervention, and ordered the clerk of court to issue a mandate to the marshal in order that, if the defendants do not proceed to vacate the lot and remove the house therefrom, he (the marshal) should oust the defendant, Ram\\u00f3n Echavarry and the intervener, Francisca Alfonso Marrero, if the latter should be on the lot, and vacate the lot, removing the house which may be on it. The defendants appealed from that judgment, and the appeal was dismissed by the District Court on April- 30, 1932. Certiorari to the municipal court was likewise denied by the district court in the same date. The intervener, Francisca Alfonso Marrero, appealed to this court from the denial of the certiorari and this appeal was dismissed by us on May 16, 1932. In the meantime, the inter-vener had obtained a favorable judgment with regard to her title to the house, in an independent suit filed by her against the .Rieras for that purpose. It does not appear that the title to the house was ever recorded.\\nFrom the above history of events, we may conclude that the Rieras were clearly the owners of the lot on which Francisca Alfonso Marrero's house stood; that they proved their right to the ouster of the occupants of the house and to the removal of the house itself from their lot, and that a judgment to this effect had become unappealable as early as May 16, 1932.\\nLet us review tlie course of events thereafter. On November 28, 1932, Francisca Alfonso Marrero and Ram\\u00f3n Eehavarry joined in a writing which they entitled \\\"Notice of vacation of premises\\\" (\\\"Notificaci\\u00f3n de Desalojo\\\") and which they filed before the municipal court in civil case No. 12,180. The Bieras then moved, on December 16, 1932, to have the house itself severed from the premises in accordance with the judgment which they had obtained on March 23, 1932. Then,- on December 20, 1932, came a notice directed to Antonio B. Macias informing him, as attorney in fact for tile Bieras, that by deed of December 13, 1932, Bafael V\\u00e1zquez Sebas had purchased the house from Francisca Alfonso Marrero. On that same date the municipal court issued an order to the clerk, in the following terms:\\n\\\"... the Court orders the Secretary to issue a writ to the marshal so that he may proceed to the immediate ouster of the 'defendants and of all those persons who in their name, may be occupying said lot or who may be holding it under a right derived from these defendants.\\\"\\nWe have no doubt that the instructions given to the marshal by the clerk pursuant to the above order, were entirely authorized by the judgment. We must not forget that the express terms of the original judgment of March 23, 1932, sanctioned the removal of the house.\\nThe lower court \\u00abbased its opinion almost entirely on the simulated nature of the sale of December 13, supra. To arrive at that conclusion the court relied on our jurisprudence in the cases of Santini Fertilizer v. Burgos, 34 P.R.R. 830; Lebr\\u00f3n v. F. Fresno & Co. et al., 39 P.R.R. 814, and others which have followed. Although the cases refer to transfers in fraud of creditors, their ratio decidendi is applicable to the case before us. After all, the Bieras had acquired a right to the removal of the house from the lot. There are badges of fraud throughout. It is remarkable that the notice of the sale should have been given on the same day that execution of the judgment in unlawful detainer had issued. It is also significant that Rafael V\\u00e1zquez Sebas should have obtained a house, which he now alleges was worth $1,800 for the $300 recited in the deed. Another fact which can not escape our attention is that, contrary to what appellants' attorney states in his' brief, that same attorney represented Ram\\u00f3n Echavarry in the aforesaid unlawful detainer suit, as appears from the motion of November 28, 1932, already discussed. lie also appears as counsel for Francisca Alfonso Marrero on her appeal to this court from the denial of a certiorari to the municipal court in the same unlawful de-tainer suit. We merefy bring out this fact to support for whatever force it may have the statement of the district court, when it says in its opinion that more or less the same lawyers have represented the parties from the beginning of the original litigation in January 1932, but not to question the action of the attorney in accompanying the parties to the sale before Notary Public J. J. Ortiz Alibr\\u00e1n, with a ready made deed. All these considerations in addition to the fact that the deed itself merely recited that part payment had been made beforehand, and that no consideration actually passed before the notary, tend to support the conclusion of the lower court.\\nThe contention of the appellants to the effect that the court could not annul the deed of sale without a special complaint or proceeding, etc., is untenable in the face of the doctrine that the absolute nullity of a transaction can always be raised, if its validity is relied upon for the acquisition of rights, and that it can be done collaterally or directly.\\nWe have another idea with regard to this case which may be applicable. Should a plaintiff who has obtained an unappealable judgment in an unlawful detainer suit and is about to put into effect a writ of execution which permits him to destroy a house built by a third person on the premises, when the title to the house is not recorded, be affected in his proceedings by the fact that some one notifies him that he has bought the house? The purchaser knew that the house was on land which did not belong to his vendor. The vendor knew that an unappealable judgment had been rendered against her and that the'house was subject to removal at any moment. Under the circumstances, and even assuming the good faith of Rafael V\\u00e1zquez Sebas, the purchaser, he should suffer the consequences of whatever happened by virtue of his vendor's silence. If' he knew of the litigation, and we incline to think he did, his position would be considerably weakened. We have the idea that once a judgment in unlawful detainer has been obtained against a person, as here, a purchaser from that defendant or party takes the property subject to the execution of that judgment in the manner provided for by law, and is not entitled to be given any consideration within the proceeding once it has arrived at that stage. His remedy, if any, is against his immediate vendor. A different view might enable a defendant to prolong an unlawful detainer suit almost indefinitely.\\nA judgment debtor, or a defendant against whom final judgment has been rendered which directly affects some specific property, can dispose of that property to a third person but that third person takes the property subject to the obligations under the judgment. A sale after judgment should not make the purchaser a party defendant.\\nFor the above reasons we are of the opinion that Rafael V\\u00e1zquez Sebas never acquired any right against the Rieras and that any damages he may have suffered were the com-' bined result of his own action in acquiring a house situated on a third person's lot and of the undisclosed position of his own vendor.\\nThe judgment appealed from should be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8771657\", \"name\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"V\\u00e1zquez Col\\u00f3n v. D\\u00edaz\", \"decision_date\": \"1937-03-31\", \"docket_number\": \"No. 6990\", \"first_page\": \"171\", \"last_page\": \"174\", \"citations\": \"51 P.R. 171\", \"volume\": \"51\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.036675+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee.\\nNo. 6990.\\nArgued March 17, 1937.\\nDecided March 31, 1937.\\nMiguel A. Guzman Texidor for appellant. Adolfo Porra\\u00eda Doria for appellee.\", \"word_count\": \"1227\", \"char_count\": \"7031\", \"text\": \"MR. Justice C\\u00f3rdova Davila\\ndelivered the opinion of the court.\\nJosefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n brought the present suit to recover the possession of a property which is described in the complaint, and alleged substantially the following facts: That she acquired the said property in June 1931, and that since that time she has been in possession of the same uninterruptedly; that on May 11, 1934, the defendant Carlos Diaz violently entered the said property against the will of its owner, and occupied a portion thereof which is also described in the complaint; that the defendant is performing acts of ownership consisting in the preparation and trituration of the soil and the preparation thereof for a plantation, thereby preventing the plaintiff from continuing in the free posses sion and enjoyment of the said parcel of land, the defendant having refused to vacate the said parcel despite the steps taken by the plaintiff to that effect. The defendant denied the facts set forth by the plaintiff and after the introduction of the evidence, the lower court dismissed the complaint with costs against the losing party.\\nThe plaintiff urges that the District Court of Guayama erred in deciding and considering this case as one involving a question of ownership and not a question of possession, and in weighing the evidence with prejudice and passion, the judgment rendered being contrary to law and to the evidence introduced.\\nWe have carefully examined the testimonial evidence produced by both parties. Six witnesses testified for the plaintiff and eight for the defendant. The evidence is conflicting. In a well-reasoned opinion the judge of the lower court, after summarizing the testimony of the witnesses, says:\\n\\\"The most illuminating testimony produced in this case is that of Marcelo Cruz, the person who sold to Josefa V\\u00e1zquez, the plaintiff, and who tells us that the three acres are not comprised in the land of Do\\u00f1a Josefa, and that they are possessed by the defendant Carlos Diaz. This witness, who knows the property which he sold, as well as the location of its boundaries, is the person best authorized, in our opinion, to give information in the present case. Another testimony which merits our preferential attention is that of Mr. L\\u00f3-pez de Victoria, an engineer who surveyed the property of the defendant D\\u00edaz, and he assures us that the latter was in possession of the three acres, and that the landmarks are now in the same place in which they were marked on the plan when the survey (mensura) was made. Moreover, there is a detail in the evidence relating to the existence of a wire in the boundary line between the lands of the defendant Diaz and those of the plaintiff Josefa V\\u00e1zquez, which has been denied by the plaintiff and explained by the witnesses on her side by stating that the wire had been placed there as a fence for a horse, and it seems to us a very great coincidence that the fence should have been erected in the same place on which both properties are said to abut. This evidence, together with the other statements of the defendant, makes ns doubt a great deal as to the plaintiff having been in the actual possession of the piece of land of three acres, since in spite of the fact that the property has been under her control for three years, we have not been told what acts of possession she has performed in the said land, but merely that she was in possession thereof; however, there is no evidence that she has cultivated, planted, or weeded the said piece of land, which acts would be the ones constituting and showing in a clear and definite manner, the fact of possession on her part. On the other hand, we find the defendant Carlos Diaz in a constant actual possession, that is, cultivating and tilling the land in question, not only at present but for a long time in the past, which is obvious proof of an actual possession on his part. If we examine all the evidence introduced, it seems to us that a question of ownership rather than of possession is 'involved herein. The properties of the plaintiff and of the defendant are adjoining, and the dispute between the litigants is as to whether the piece of land of three acres forms part of one or the other property, a question which in our opinion cannot and should not be determined in a proceeding of the nature of an injunction to recover possession, in which only possession and not dominion or ownership should be considered. See D\\u00edas v. Ann&xy, 46 P.R.R. 354, and the cases therein cited. But even conceding that the question raised by the parties is one of possession, we have -already said that we are not convinced that the plaintiff Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n has been in the actual possession of the parcel of land to which the complaint refers, or that the same has been taken away from her by the defendant Carlos Diaz in a violent manner, as alleged; and in these circumstances there is lacking a sound basis on which to sustain the complaint in the instant case.\\\"\\nIn view of the evidence introduced, we do not think that any other judgment than the one entered by the trial court would have been proper. It is a common practice to attribute prejudice or passion to the trial judge in the weighing of the evidence. We wish to state that this charge is in no other case less justified than in the present one. The evidence is abundant and conflicting; the opinion of the court below, fair, dispassionate, and serene. Its conclusions seem correct to us, inasmuch as in view of the evidence it is not possible to reach the conclusion that the plaintiff has proved her allegations. The evidence for the defendant, .on the other hand, seems to show that he has been in possession of the claimed parcel of land for a period greater than one year from the date on which the complaint was filed. Marcelo Cruz, the vendor of the property of thirteen acres to Josefa V\\u00e1zquez, was not the only person to testify that the plaintiff has not been disturbed nor annoyed by the defendant Carlos Diaz in the possession of her land, and that the said defendant had been in possession for a long time of the three acres the object of this litigation. There were other witnesses who testified to the same effect. The evidence for the defendant tends to show that the property of thirteen acres was sold to the plaintiff in 1931, and that prior thereto Carlos Diaz had cultivated the said three acres, where he has raised more than six crops. According to this evidence, the possession of this parcel on the part of Carlos Diaz began some years ago, said land not being comprised within the property of the plaintiff. We think that the lower court did not err in holding, in view of the evidence introduced, that there was lacking a sound basis on which to sustain the complaint.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8771733\", \"name\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent\", \"name_abbreviation\": \"Rosario v. Registrar of Property of Arecibo\", \"decision_date\": \"1940-11-08\", \"docket_number\": \"No. 1073\", \"first_page\": \"592\", \"last_page\": \"594\", \"citations\": \"57 P.R. 592\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent.\", \"head_matter\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent.\\nNo. 1073.\\nSubmitted October 21, 1940.\\nDecided November 8, 1940.\\nL. Mercader for appellant. The registrar appeared by brief.\", \"word_count\": \"498\", \"char_count\": \"2917\", \"text\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the conrt.\\nThe appellant herein obtained a judgment against Otilio Sandoval for the sum of $1,000 as principal, together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum from June 3, 1940, the date of said judgment, until fully paid, and costs including $100 as attorney's fees. In order to secure the effectiveness of the judgment, the appellant requested and obtained an attachment on six properties of the defendant, and in presenting the writ for record in the registry of property he tendered only $6 in internal revenue stamps, whereupon the registrar suspended the record sought on the grounds which he set forth in the following decision:\\n\\\"The entries of attachment requested on six properties are suspended for failure to deposit the proper internal revenue stamps, amounting to twenty-five dollars, in accordance with schedule number 5 of section 22 of Act No. 32 of 1917, p. 312, and a cautionary notice is taken for 120 days on the margin of presentation entry No. 5, Day-book 221. Arecibo, August 16, 1940.\\nThe statutory provision cited by the registrar, that is, section 22, number 5, of Act No. 32 of November 30, 1917 (Sess. Laws, Yol. II, p. 308), in its pertinent part reads as follows:\\n\\\"Number Five. For each record or entry and corresponding marginal notes not embraced in the preceding numbers there shall be charged the fixed amounts established by the following scale:\\nRecords or Records or entries in full entries in brief\\nFor each estate or right whose value is less than_\\nFrom $1,001 to $1,500- $5.00 $4.00\\\"\\nIn recording an attachment on several properties it is not indispensable, as in the case of the record of a mortgage, to apportion the liability among the various properties to be affected. The person interested in the recording of the attachment, however, may make such apportionment; but as in the instant ease he has failed to do so, it is the duty of the registrar to record the attachment for the whole amount tb be secured on each of the six properties described ih the writ. Santini Fertilizer Co. v. Registrar, 34 P.R.R. 395. As the value of the right sought to be recorded by the appellant is between $1,001 and $1,500, the proper fees, in accordance with the cited act, are $5 for the entry in full and $4 for each of the five entries in brief, making a total of $25, which is precisely the amount charged by the registrar.\\nThe appellant having failed to deposit the sum of $25 in internal revenue stamps, which is the- amount of the fees for recording the. said attachment, the registrar acted correctly in suspending such record, and therefore the appeal should be overruled and the decision appealed from affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8771987\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Ruiz Torres\", \"decision_date\": \"1942-06-23\", \"docket_number\": \"No. 9243\", \"first_page\": \"604\", \"last_page\": \"606\", \"citations\": \"60 P.R. 604\", \"volume\": \"60\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:09:02.826753+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso did not participate herein.\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant.\\nNo. 9243.\\nArgued June 11, 1942.\\nDecided June 23, 1942.\\nFmeisto Ramos Antonini and V\\u00edctor Guti\\u00e9rrez Franqui for appellant. George A. Malcolm, Attorney General, R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez, Assistant Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"444\", \"char_count\": \"2709\", \"text\": \"MR. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant was convicted of voluntary manslaughter and sentenced to six years' imprisonment at hard labor in the penitentiary. He assigns as ground for this appeal that the court erred in denying his motion for a new trial and in sentencing him to the above penalty notwithstanding the recommendation to mercy from the jury.\\nThe motion for a new trial was based on newly discovered testimonial evidence; but neither in the motion nor in the so-called affidavit of merits are there set forth the reasons why such evidence was not obtained prior to the trial. It is only stated by one of the attorneys for the defendant that according to his knowledge the accused took steps to secure the testimony of Jes\\u00fas Rivera Febres, alias Ventorrillo, and of David Soto de Jes\\u00fas, alias Vieques, for submission to the court on the day of the trial and that he knows that the- defendant failed in his steps. Such mere conclusions are not supported by facts from which we might determine the sufficiency of the steps as well as the impossibility of timely securing such testimony. Apart from this defect, which by itself would be sufficient ground for denying the motion for a new trial, we may add that we have examined the testimony which would be given by said witnesses if a new trial were granted, and such testimony only constitutes cumulative evidence.\\nThe second error assigned is as much without merit as the one just discussed by us. Voluntary manslaughter is-punishable by a maximum.penalty of 10 years' imprisonment in the penitentiary, and no attenuating circumstances whatever appear from the evidence. On the other hand, if we-must give credence to the witnesses for the prosecution, the' offense is on the border line between the murder with which he was charged and the voluntary manslaughter of which the appellant was convicted. Therefore, the appellant might-have been sentenced to 10 years' imprisonment in the peni tentiary and lie was only sentenced to a 6-year term, the judge taking into consideration, as expressly stated by him, .although he was not necessarily compelled to do so, the recr commendation to mercy from the jury.\\nFor the foregoing reasons the appeal must be denied and the judgment appealed from affirmed.\\nMr. Justice Travieso did not participate herein.\"}"
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+"{\"id\": \"8772694\", \"name\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant\", \"name_abbreviation\": \"Hamburger Bros. & Co. v. D\\u00edaz Llenza\", \"decision_date\": \"1939-07-22\", \"docket_number\": \"No. 7827\", \"first_page\": \"371\", \"last_page\": \"379\", \"citations\": \"55 P.R. 371\", \"volume\": \"55\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:43:21.500489+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso took no part in the decision of this case..\", \"parties\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant.\", \"head_matter\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant.\\nNo. 7827.\\nArgued June 2, 1931.\\nDecided July 22, 1939.\\nFrancisco Gonz\\u00e1lez Fagundo for appellant. \\u2022 Luis Perey\\u00f3 for ap-pellee.\", \"word_count\": \"2340\", \"char_count\": \"13728\", \"text\": \"Mr. Chief Justice del Toro\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn October 4, 1934, the Clerk of the District Court of Humacao issued by order of the judge an order of execution addressed to the marshal of said court, to comply with a judgment for $633.97 entered in favor of L. E. D\\u00edaz, sub-rog'ated by E. Catoni, in an action for damages which he prosecuted in the court aforesaid against Hamburger Bros. & Co. In fulfillment of said order the marshal on the following day levied an attachment on an automobile which he entrusted to the custody of Juan Jim\\u00e9nez, said officer certifying besides that three days after, that is, on October 8, 1934, A. Sierra, as agent for Hamburger Bros. Co., Inc., presented to him a written statement under oath wherein he claimed the automobile attached as his own, for whose delivery he demanded a bond for one thousand three hundred dollars, that is, twice the amount in which the car had been appraised, bond which was given by E. G\\u00f3mez and J. M. Bocafort and that he (the marshal) ordered in consequence the delivery of the automobile to Sierra.\\nAfter these documents had been filed, the clerk of the court, on October 15, 1934, certified to have notified the parties about the \\\"writing in good faith, required by an \\\"Act to provide for the trial of the right to real and personal property\\\", which had been filed by Hamburger Brothers Co. Inc., claiming the automobile attached as his own, accompanied by a bond for its delivery.\\nOn October 26, Catoni, the defendant on the third party proceedings, appeared, and on November 17, 1934, Hamburger Brothers Co., Inc., filed its complaint in third party proceedings, alleging to be a corporation organized according to the laws of the United States and registered in the Office of the Executive Secretary of Puerto Bico, that the automobile attached was its exclusive property and that at no time had it belonged to Hamburger Brothers & Co., which was a different entity, and that it did not owe anything to Diaz or Catoni, nor had they any claim against it.\\nThe defendant Catoni answered denying that the third party was the owner of the automobile in question and alleging as a special defense that Hamburger Brothers & Co. had done business in Puerto Rico without being authorized by the Executive Secretary of the Island and that it transferred all its capital to the third party although both were the same person or corporation managed by the same persons, and that the automobile attached was the property of Hamburger Brothers & Co. and that it was so registered in the Department of Interior (automobile division) until the date of the attachment.\\nThe case went to trial and the court decided it by judgment entered on March 2, 1938:\\n\\\"It having been shown in the trial of this case that the businesses of Hamburger Brothers & Co. were transferred to Hamburger Brothers & Co., Inc. the third party in the case at bar, which took full charge of the assets and liabilities of the former, the complaint in third party proceedings filed is dismissed, the costs of the proceedings being imposed upon the third parties, as well as the amount of $100.00 as reasonable attorney's fees for the defendant who appears from the record. ' '\\nFeeling aggrieved the third party appealed, assigning in its brief three errors committed in its opinion by the lower court in deciding that due to the sole fact that Hamburger Bros. & Co., Inc. took charge of the assets and liabilities of Hamburger Bros. & Go. the third party proceedings filed should have been dismissed; in permitting witness Arsenio Sierra to be examined as to his relationship with Hamburger Bros. & Co. while he testified as a witness for the third party, and in acting against the law which regulates third party proceedings.\\nThe first two assignments are jointly considered.\\nThe third party began its evidence by presenting the license of the attached automobile issued in its name. Then it presented witness Arsenio Sierra. That was all the evidence offered in the case, as the party defendant did not present any, solely relying upon the documents relating to the attachment. It is necessary then, to know what the witness testified and how he was questioned in order to decide whether or not the errors assigned were committed:\\nSierra said:\\n\\\"Q. \\u2014 \\\"What is the witness's name?\\n\\\"A.' \\u2014 Arsenio Sierra.\\n\\\"Q. \\u2014 'What is your occupation?\\n\\\"A. \\u2014 I am engaged in the tobacco business.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you work for any company?\\n\\\"A. \\u2014 I work for the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you know if that corporation on or about the month of October was the owner of any automobile?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 What automo.bile?\\n\\\"A. \\u2014 A Buick, license No. 677.\\n\\\"Q. \\u2014 From whom did it buy said car?\\n\\\"A. \\u2014 From Figueroa & Gautier.\\n\\\"Q. \\u2014 At.the date when said car was attached, in whose possession was it?\\n\\\"A. \\u2014 In the possession of Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 Has that ear been on any occasion the property of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Has it ever been in the possession of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Has it ever been in the possession of Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A.- \\u2014 Yes, sir, Incorporated.\\n\\\"Q. \\u2014 Who paid that?\\n\\\"A. \\u2014 Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 And who bought it?\\n\\\"A. \\u2014 Arsenio Sierra.\\n\\\"Q. \\u2014 Has that car been on any occasion registered in the name of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A.- \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Who provides for the expenses and upkeep of that automobile since the date when it was bought?\\n\\\"A. \\u2014 The corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 What corporation?\\n\\\"A. \\u2014 Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n' ' Q. \\u2014 Do you know if that corporation which you represent owed any amount to Luis F. D\\u00edaz Lienza?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 And to Enrique Catoni?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you know if there is any judgment entered against this corporation?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 In favor of any of these persons whom I have named?\\n\\\"A. \\u2014 In Puerto Rico, none.\\n\\\"That is all.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 When was it that you acquired that ear for the corporation which you represent, on what date?\\n\\\"A. \\u2014 In the month of March.\\n' ' Q. \\u2014 In the month of May ?\\n\\\"A. \\u2014 In March, 1934.\\n\\\"Q. \\u2014 What is your position in the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A. \\u2014 Agent.\\n\\u00cd { %\\u00a3 ^\\u00a1' \\u00a1ffc ^\\n' ' Q. \\u2014 Did you know the company Hamburger Bros. & Co. ?\\n\\\"A. \\u2014 I knew it.\\n. \\\"Q. \\u2014 How did you happen to come to know this company?\\n\\\"A. \\u2014 I was at first employed with Hamburger Bros. & Go.\\n\\\"Q. \\u2014 What was your position in Hamburger Bros. & Co.?\\n, \\\"Third party: I object as I understand that that could be proven later on by my colleague when he employs him as his witness.\\n\\\"Judge: No, because he has testified in regard to both companies. \\\"Plaintiff: He has testified in regard to both companies.\\n\\\"Third party: He has testified so in answer to my questions. \\\"Judge: He may testify.\\n\\\"Third party: We respectfully take exception as we understand that our colleague is trying to prove his case with our witness. \\\"Plaintiff:\\n' ' Q. \\u2014 What was your position in Hamburger Bros. & Co. ?\\n\\\"A. \\u2014 Agent.\\n\\\"Q. \\u2014 Manager?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 What persons composed Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Of those that composed it I only knew Hamburger.\\n\\\"Judge:\\n\\\"Q. \\u2014 How is that?\\n\\\"A. \\u2014 I only knew Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 Who is that Hamburger?\\n' ' A. \\u2014 B enj amin Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 What were you to that Benjamin Hamburger here in Puerto Rico?\\n\\\"A. \\u2014 To him nothing, to the society, yes.\\n\\\"Q. \\u2014 What were you then to the society?\\n\\\"A. \\u2014 Manager of the society.\\nt ( # # #\\n\\\"Q. \\u2014 Were you the attorney in fact to act for Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Who gave you that power of attorney?\\n\\\"A. \\u2014 The firm Hamburger Bros. & Co.\\n\\\"Q. \\u2014 Look at this power which I show you.\\n\\\"Third party: Your Honor, I do not wish to disturb the court with objections, I request that all this questioning be understood as excepted to, as I understand that it is inmaterial and irrelevant at this stage of the proceedings and that my exception be noted.\\n\\\"Judge: Very well, it shall be rmderstood as objected to, a similar ruling to be entered if the same exception is taken.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 Is that tbe power of attorney granted to yon by Lnis Hamburger so that you could act?\\n\\\"A. \\u2014 Not Luis Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 Benjamin Hamburger, to act on behalf of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\" * # # #\\n' ' Q. \\u2014 \\\"Who are the persons who have incorporated the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"Third party: The best evidence would be a certificate of the incorporation.\\n\\\"Plaintiff: We have it here but I want to question him because he knows it, as he is the Manager of the corporation.\\n\\\"Judge: The question is allowed.\\n\\\"Third party: We respectfully take exception as to the ruling of the court.\\n\\\"A. \\u2014 I only know one.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 Who is that one?\\n\\\"A. \\u2014 Benjamin Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 What position does Benjamin Hamburger occupy in the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A. \\u2014 President.\\n\\\" # \\u00ab\\n\\\"Q. \\u2014 And that same person is the one who was president or owner of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Is he the same person?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir, but the entity was changed.\\n\\\"Q. \\u2014 So that that same person who is the president of the corporation is the one who gave you the power of attorney to act on behalf of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 It was granted to me by the corporation in general, not by Benjamin.\\n\\\"Judge:\\n\\\"Q. \\u2014 Tell me, the former entity, the first entity named Hamburger Bros. & Co., does it exist yet?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n'\\\"Q. \\u2014 Why does not it exist, if you know?\\n' \\\"A. \\u2014 The business of Hamburger Bros. & Co. ceased in the year 1933.\\n\\\"Q. \\u2014 Due to what did it cease?\\n\\\"A.\\u2022 \\u2014 They formed a corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 Then the partnership was dissolved?\\n\\\"A.- \\u2014 The partnership was dissolved by agreement.\\n\\\"Q. \\u2014 By common agreement of its partners?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 How was that partnership liquidated?\\n\\\"A. \\u2014 The manner in which it was liquidated, I am not sure as to the manner in which it was liquidated as a corporation was formed.\\n\\\"Q. \\u2014 Who took charge of the business and capital?\\n\\\"A. \\u2014 The corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 Did the corporation take charge of the whole capital?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Including the liabilities, of course?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n<<\\u00ab=.# \\u00bb\\n\\\"Q. \\u2014 Answer this question which I am going to ask you, if you know, being Manager of this corporation: The amount or the debt or whatever may be the case, the claim due to which that automobile was attached, was it an obligation contracted directly by the corporation or did it come from the former entity?\\n\\\"A. \\u2014 It belonged to the former entity.\\n\\\"Third party: Do you know if Hamburger Bros. & Co., Inc., took charge of the payment of that judgment of Hamburger Bros.?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Never?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 You personally know that?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\\"\\nWe do not think that there was manifest error in the manner in which the examination was conducted. In our opinion, the party defendant could have cross-examined the ' witness in the manner in which it did it without having to present him as his own witness, as the cross-questions were the logical consequence of the questions.\\nIt is in regard to the result of the evidence that we entertain some doubt. It was not shown at all that the automobile attached was at the date of the attachment the property of Hamburger Bros. & Co., nor that it was registered in its name, as it was alleged by Catoni in his answer. On the contrary, the third party proved that the automobile was registered in its name when it was attached.\\nThe truth of the judgment entered in favor of Catoni and against Hamburger Bros. & Co. arises from the return of the attachment. And in the testimony of Sierra is shown the close relationship existing between that entity and the corporation, the third party. We know that the third party is a corporation. It is not definitely known what Hamburger Bros. & Go. was. A same person, Benjamin Hamburger, was its president and is president of the third party. Upon Hamburger Bros. & Co. being dissolved, the third party took charge of the liquidation of the assets and liabilities the exact terms of the contract not being known. We are not concerned with an action for the collection of a judgment, prosecuted against the third party as liquidator. We are concerned with an automobile directly attached for the collection of a judgment entered against Hamburger Bros. & Co. in liquidation, the attachment having been levied and the automobile having been described as property belonging to th'e debtor, and in regard to this point, the evidence in truth is deficient, there existing to the contrary demonstrative evidence to the effect that said automobile is and was at the time of the attachment, the property of the third party, nothing existing in the evidence to show that the automobile originally belonged to Hamburger Bros. & Co. and that afterwards it became the property of the third party.\\nPershaps we are concerned with a just judgment, but as it is not upheld by the evidence it cannot prevail.\\nHaving arrived to this conclusion, it is not necessary that we examine the third of the errors assigned. By reason of the existence of the first one, the jugment appealed from is reversed and another entered acknowledging the right of the third party to the automobile in question and consequently declaring the attachment void, imposing the costs upon the defendant, but not attorney's fees.\\nMr. Justice Travieso took no part in the decision of this case..\"}"
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+"{\"id\": \"8772820\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Acosta\", \"decision_date\": \"1940-12-16\", \"docket_number\": \"No. 8430\", \"first_page\": \"741\", \"last_page\": \"744\", \"citations\": \"57 P.R. 741\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant.\\nNo. 8430.\\nArgued December 13, 1940.\\nDecided December 16, 1940.\\nJos\\u00e9 Veray, Jr., for appellant. George A. Malcolm, Attorney General, and B. A. Gomes, Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"808\", \"char_count\": \"4674\", \"text\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant was sentenced for the offense of aggravated assault and battery, in that he, on or about September 7 of last year, in the ward of Caimital Bajo of Aguadilla, did \\\"unlawfully, wilfully, and maliciously, and with the criminal intent to cause grave injury,\\\" assault and batter with a pistol William Rom\\u00e1n Seda, a.hoy eleven years of age, by firing a shot at him which caused a wound in his left arm. The aggravating circumstances, as set forth in the complaint, consisted in the character of the weapon, and in the fact that the defendant was an adult of robust strength and the party injured a child.\\nThe appellant urges the reversal of the judgment on the ground that the court admitted in evidence the confession of the defendant without the corpus delicti having first been established, and on the further ground that the evidence introduced was insufficient.\\nIn order to pass upon both errors assigned, it is necessary that we should make a summary of the evidence which the trial court had before it. From said evidence it appears that on the day of the occurrence the injured boy and his companion, Alfredo Abril, went out of the school and entered a property, which was later shown to belong to the defendant; that while they were trying to gather some guavas in said property, Bom\\u00e1n saw, among the branches, a hand with a revolver or pistol and immediately he heard a shot; that they ran away from the place, but immediately he became aware that he was wounded in an arm. It whs admitted by the defense that, were the boy Alfredo Abril to testify, he would corroborate the testimony of William Bom\\u00e1n, and similarly that Dr. N\\u00e9stor Cardona would testify \\\"that on September 9 of last year he had- examined the young man William Bom\\u00e1n who presented two gunshot wounds, a wound of entrance and another of exit, in the left forearm; that the bullet had apparently penetrated the-arm without producing any fracture of the bones; that this, injury was comparatively slight and would heal, without leaving (sic) any complication whatever.\\\"\\nAfter that evidence was received, Jos\\u00e9 B. Alvarez, a policeman, testified that on September 8, 1939, he went to, investigate this case and on that account he went to look for the defendant at his home, and the latter voluntarily, without the witness making any threat or offer to him, and while they were on their way, told him that he-supposed that be had come after him in connection with a bullet wound which a boy had received in an arm; that for a long time, avocados and fruits were being stolen from his property and: that on the afternoon of the occurrence he went out on an inspection tour and saw some boys who had climbed a tree; that he was carrying a firearm and fired a shot into the air, and subsequently learned that the boy William Bom\\u00e1n had been wounded.\\nThe testimony of the witnesses Bom\\u00e1n, Abril, and Cardona, who preceded the policeman on the witness stand, established the corpus delicti in this case, as from said testimony it appeared that a person fired a weapon at Bom\\u00e1n, causing him the wound already mentioned. This constitutes the corpus delicti in the present case. The corpus delicti having thus been established, it was then perfectly proper to admit the testimony of the Policeman Alvarez, which mainly consisted in the confession that the defendant, in a voluntary way and without the intervention of any inducement or threat, had made to him, such evidence tending to connect the defendant with the commission of the crime. See the case of People v. Matos et al., 26 P.R.R. 520, and Underhill on Criminal Evidence, 4th ed., sec. 35, p. 41, cited by the prosecuting attorney (Fiscal).\\nThe evidence for the prosecution \\u2014 there was none for the defense in this case \\u2014 was sufficient to prove the commission of the crime. The criminal intent can seldom be proved by direct evidence, and it is for that reason that application is made of the fundamental principle of law that every person \\u2022is responsible for the natural consequences of his own acts, if the defendant made use of a weapon which was capable of causing bodily harm and in firing the same he wounded the boy William Rom\\u00e1n, an intention to cause the injury is inferred from the act done by him.\\nIn virtue of the foregoing the appeal must be overruled and the judgment appealed from affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8772944\", \"name\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n v. Ramos\", \"decision_date\": \"1937-04-28\", \"docket_number\": \"No. 7165\", \"first_page\": \"375\", \"last_page\": \"386\", \"citations\": \"51 P.R. 375\", \"volume\": \"51\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.036675+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant.\\nNo. 7165.\\nArgued March 5, 1937.\\nDecided April 28, 1937.\\nB. Cuevas Zequeira for appellant. C. del Toro Fern\\u00e1ndez for ap-pellee.\", \"word_count\": \"4083\", \"char_count\": \"22906\", \"text\": \"\\u2022Mr. Justice C\\u00f3rdova Davila\\ndelivered the opinion - of the court.\\nNatalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n brought an action against Angel Ramos to recover a certain sum of money, and alleged that on May 1, 1929, the plaintiff delivered to the defendant, \\u00a1as a loan, the sum of $455; that on the 9th of the same month, she delivered to him also as a loan the sum of $460; axid that in January, 1930, she made another loan to him for the sum of $160.71, without interest. It is further alleged that llie defendant lias paid on account of said debt the sum of $500.71, and that the balance due the plaintiff is the sum of $575 which has not been paid either in whole or in part, notwithstanding the efforts made by the plaintiff to collect the same.\\nThe defendant admitted that he had received the sums specified in the complaint to be kept by him and to be returned by partial payments as required by the plaintiff; but he averred that the said sums have been totally paid. In his answer he included a demurrer for want of facts sufficient to constitute a cause of action.\\nThe lower court rendered judgment directing the defendant to pay to the plaintiff the sum of $575, with costs. Thereupon the defendant appealed, and he urges in the first place that the trial court erred in overruling* the demurrer for insufficiency.\\nThe appellant says that the plaintiff seeks to obtain a judgment condemning the defendant to pay a certain sum .of money which it is alleged was delivered to him as a loan, without having fixed a term for the fulfillment of the obligation. It is argued that the complaint is insufficient, because \\u2022the date of maturity of the obligation should have been alleged and because said date should have been previously fixed by the contracting parties or in default thereof by the courts of justice. As the nonperformance of the obligation does not appear, according to the appellant, the action does not lie, it having been prematurely brought.\\n. The appellant invokes section 1081 of the Civil Code, 1930 ed., according i o which 4 ' should the obligation not fix a peri od, but.it.can.be inferred from its nature and circumstances that there..was an intention-to grant it to the debtor, the courts shall fix .the duration .of the same. The court shall also fix the duration of the period when it majr have been left to libe will'of the debtor.\\\" . :\\nWe greatly doubt whether the obligation herein is one from which, because of its nature and circumstances, it could be inferred that it was intended to grant a term to the debtor. The plaintiff alleges that no term was fixed for the performance of the obligation. The defendant in his answer says that it was agreed that he would make partial payments of the money, upon the request of the plaintiff. The evidence shows that the defendant periodically delivered certain sums \\u2022to the plaintiff at her request, which shows that the defendant felt himself bound to pay whenever the plaintiff so requested. It can not be said that it is the case of a term \\u2022the duration of which must be fixed by the court. The pleadings and the evidence show that money was delivered to the defendant, without interest, and that the claim was payable iipon demand. A pleading defective by reason of the omission of some material allegation, may be aided by the pleading of the adverse party. The rule is that, if the omitted allegation be supplied by the adverse pleading, it is the same as if it were inserted in the party's own pleading. 1 Ban-croft's Code Pleading, p. 1035, par. 737.\\nIn the present case the answer served to clarify the facts rather than supply the omission, because to the allegation of the complaint that no date was fixed for the payment of the debt, it' adds that the defendant was bound to deliver the money in part payments upon the demand of the plaintiff. In our opinion, it is clear that the obligation to pay the remaining portion of the debt was enforceable upon the request of the creditor. The evidence shows that the defendant made several partial payments to the plaintiff and that the latter had some difficulty in obtaining the final settlement of the amount lastly owed to her. In the case of Sons of Tom\\u00e1s Pietri v. Vic\\u00e9ns Bros., 33 P.R.R. 241, 243, we \\u2022said that the very fact that it does not appear from the -complaint' that the debtor was allowed a certain time for payment and that this was not deducible from the nature of the obligation, renders inapplicable section 1095 (sec. 1081, 19-30 ed.) of the Civil Code alleged by the appellants to have 'been violated. 'But even if this were not so, even if from the nature and circumstances of the obligation it could h\\u00f1 inferred that there was the intention to grant a term .to--Ihe debtor, we think that in the furtherance of justice and for the sake of speediness in the proceedings, we should adhere to the rule established by this court in Nicorelli v. Ernesto L\\u00f3pez & Co., 26 P.R.R. 49, where it was held that when in an action to recover a debt which has been acknowledged in a public instrument, the court, after considering the evidence, finds that it was intended to set a time for payment, but that this was not done, it may, under the provisions of section 1095 of the Civil Code (sec. 1081, 1930 ed.), fix what il considers a reasonable time therefor, it not being necessary i,o bring an action solely for the purpose of fixing such time. The court in said case analyzes the provisions of the Civil Code, cites Manresa and Scaevola, and says that from their-reasoning, particularly that of Scaevola, it appears that the-whole question may be disposed of in a single action. And this is as it should be. The defendant in this case owes a certain sum of money to the plaintiff. He is bound to make-payment upon demand. Why should the creditor be compelled to prosecute two actions, one to fix the time for payment and another to collect the debt, when both questions-can be settled in a single action? We are of opinion that the lower court did not commit the error assigned.\\nThe appebant in his brief discusses jointly the second and fifth assignments, wherein it is claimed that the-trial court erred in sustaining the complaint and in denyingthe motion for a new trial. The appellant contends that the-plaintiff lacked a definite basis for the action she brought against the defendant. He points out that the claim in the original complaint was for $950, and that this complaint was.subsequently amended and the claim reduced to $575. This--.discrepancy, according to the appellant, is due to the indubitable fact that Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n undertook this liti.-.gation with no other basis than the belief-that the defendant had no probatory means to show..tire return- .of -the spins-. received from the plaintiff;. He adds that said fact is the only possible explanation for the plaintiff totally changing her essential allegations in relation to the amount of the cheeks, and that she had to reduce her claim as she was shown, during her testimony, checks and receipts of sums that the defendant had paid to the plaintiff or to third persons on her account.\\nThe lower court, in its decision dismissing a motion for new ivial, expressed itself as follows:\\n\\\"The plaintiff in this case is an old lady who openly admitted that she kept' no accounts whatsoever, and that if the defendant showed that he had paid or showed checks cashed by her, she was willing to admit that she had received the amounts shown by those checks. The fact that the plaintiff was sometimes incoherent in her testimony and that she made conflicting statements of little importance, in our opinion caused by her age and lack of experience in business, does not favor the case of the defendant, since as we said in our opinion in the foregoing paragraphs, the burden of proof was on the defendant and not on the plaintiff to prove the extinction of the obligation, and the court after hearing both sides, gave credit to the witnesses of the plaintiff, deciding the case in her favor. In so deciding we did not fail to consider the testimony of defendant's witness, Te\\u00f3filo Maldonado, who, although a relative of the plaintiff, was also an employee and an associate of the defendant in his newspaper business 'El Mundo,' but considering the testimony of Mr. Maldonado on its merits, we could not conclude that the partial payment of $500 was made as claimed by the defendant to apply to the account that he had with the plaintiff, since Mr. Maldonado, according to his testimony, was not in Puerto Rico on the date on which the defendant alleges that he paid to the plaintiff the $500 in question, so that he could not inform the court from his personal knowledge whether the $500 was paid to the plaintiff or to the former wife of the defendant, Natalia Cobi\\u00e1n.\\\"\\nThe defendant lays much emphasis upon the weighing of the evidence by the trial court, which he claims is erroneous,, in sustaining the complaint and in overruling the motion for a new trial. He calls our attention to the fohowing facts, which he regards as forming the gist of the controversy: This action was commenced on December 22, 1933. When the defendant divorced his wife, he bound himself to pay to her a certain sum of money at the end of the year 1935. Angel Ramos testified that upon the demand of Natalia Jim\\u00e9nez he delivered, in a cheek in favor of Natalia Cobi\\u00e1n, the sum of $500 as a final settlement of the debt that he had with his former mother-in-law. The plaintiff stated that said sum was paid on account of the share of conjugal property of Natalia Cobi\\u00e1n, who also testified to the same effect. The defendant Ramos maintains that the logical thing* was that this sum should be paid on account of an enforceable obligation, as the one with Natalia Jim\\u00e9nez, and not on account of the obligation contracted to be paid to his wife in the future. It is urged that it would have been in complete harmony with the logic of the arguments to decide the controversy in accordance with the testimony of the defendant, strengthened by the testimony of witness Te\\u00f3filo Maldonado, who, although it is true that he works for the publishing concern administered by Angel Ramos, is also closely related to the plaintiff by family ties. The' trial court, which weighed the evidence, states its reasons to justify its decision notwithstanding the testimony of Maldonado.\\nAs to the question of whether the sum of $500 was paid on account of the obligation contracted with the plaintiff or with Natalia Cobi\\u00e1n, the defendant stated that one day both these ladies went to his office to request the delivery of said sum; that offhand he considered as excessive the amount asked to go abroad; that then said ladies resorted to Te\\u00f3filo Maldonado, who is related to them, who asked him to deliver to them the $500, as it would be better for them to go, and that he had no objection to deliver personally the $500 on account of his debt with Natalia Jim\\u00e9nez. The defendant was subsequently asked whether he recalled what he had testified in the civil case No. 20100, an action of debt brought by Ana Josefa Jim\\u00e9nez Cardona against Angel Ramos, in the District Court of San Juan, and lie answered, according to the transcript of the evidence, thus:\\n\\\"A. Does the witness recall what he testified in civil case No. 20100, an action of debt, of Ana Josefina Jim\\u00e9nez Carmona v. Angel Ramos, in the District Court of San Jnan, the trial of which was held on September 19?\\n\\\"W. If you tell me what I testified .\\n\\\"A. (Reading) 'She came to my office and said that . . . The attorney interrupts: After being divorced from you? \\u2014 Answer: Yes, one year and five months thereafter. \\u2014 A year and five months after the divorce she went to your office? \\u2014 She came to my office and told me that she wanted to go abroad; she told me that she needed money. \\u2014 How much do you need ? \\u2014 $500. I want it on my account. ' Now, how do you explain that which you testified as a witness when you were not expecting the present action? Why the discrepancy?\\n\\\"W. What does it say there?\\n\\\"A. As you now state .\\n\\\"Defendant \\u2014 Read to him the whole answer.\\n\\\"A. (Reading) 'She came to my office and said that . . . The attorney interrupts: After being divorced from you? \\u2014 Answer: Yes, one year and five months thereafter. \\u2014 A year and five months after the divorce she went to your office? \\u2014 She came to my office and told me that she wanted to go abroad; she told me that she needed money. \\u2014How much do you need? \\u2014 $500.00. I want it on my account. \\u2014 - And as I did not have to give her any money, the $500 was given to her, three days before the complaint filed there, to her on account . Here is a check collected on December 4, according to the cancellation of the Royal Bank of Canada. Could you tell me when was the complaint filed?' WThy do you state now, in answer to questions put by your attorney, that the $500 was asked by her on do\\u00f1a Natalia's account?\\n\\\"W. It was delivered on do\\u00f1a Natalia's account, and it does not say there that I delivered them on account of . . .\\n\\\"A. How do you explain that contradiction?\\n\\\"Defendant: There is no contradiction.\\n\\\"Judge: Let us permit him to explain.\\n\\\"W. I do not see any contradiction! I did not say in my prior testimony that I delivered that, to be charged against her-. It does not say there to whom was it chargeable. Say to whom did I say then. Plaintiff:\\n\\\"A. I ask in relation to that contradiction, where it says 'I want it on my account.'\\n\\\"W. That is what she said.\\n\\\"A. And why do you say now that she asked for her trip . . .\\n\\\"W. I did not have to give her anything on her account.\\\"\\nThe defendant did not explain satisfactorily his prior statements, as compared with the ones he made at the trial of this canse. Previously he had stated that his wife had come to his office and said that she wanted to go abroad and that she needed the sum of $500 on her account, and now he states that the plaintiff and her daughter came to his office to ask for the said sum, to be charged to the account of the former. It is strange that Ramos, who had been required by his wife for an advance of $500 on her account, as he admitted in his previous testimony, should have made the check payable to his wife and charge the amount to the account of Natalia Jim\\u00e9nez. It seems logical that this request of his wife, asking the money for her, would have suggested to him the precaution of protecting himself by issuing the check in favor of the plaintiff, if really he had the intention of settling the balance of the debt contracted with the latter. The fact that he made the check in favor of his former wife shows nothing else than that he wished to please her by advancing the payment of the sum she demanded.\\nIt is also argued by the appellant that the lower court should have taken into account that the defendant was not receiving any material benefit in assigning the $500 to the payment of the account of the plaintiff, because it would not be logical to think that if the debt with Natalia Cobi\\u00e1n was embodied in a public instrument and was not to mature until two years later, the delivery of the $500 was made applicable to his future obligation, while the debt owing to Natalia Jim\\u00e9-nez de Cobi\\u00e1n was presently enforceable. It is true that the defendant was not receiving any material benefit in applying the $500 to the payment of the debt with the plaintiff, but it Is also true tliat Natalia Cobi\\u00e1n was not benefited at all in testifying tliat the $500 was paid to her and not to Natalia Jimenez. If this were not so, the plaintiff would appear to enrich herself at the expense of her daughter, who would then be barred from claiming a sum which according to the \\u2022defendant she had never received, as it had been paid to Natalia Jim\\u00e9nez. On the other hand, Samos would be protected by the testimony of Natalia Cobi\\u00e1n to the effect that -she had received said sum to apply to her account. For those reasons we feel inclined to conclude that the lower court was justified in making its findings of fact. The errors assigned must be overruled.\\nIn the third and fourth assignment of error it is alleged that the lower court rendered judgment for a sum greater than the one that could be justified by the admissions of the plaintiff herself, and that the action should have been brought .before the municipal court, as the claim amounted to $443 only. It is- argued that the prayer in the amended complaint Is confined to the sum of $575; that according to the allegations, the pontiff delivered to the defendant the sum of $1,075.71, of which she admitted having received three items of $100 each, divided in monthly payments of $25, and it is \\u2022contended that if to said $300 is added the sum of $342.71, which the plaintiff admitted having received from the defendant and which the court in its opinion considers as having been paid by him, it results that the total sum paid by -the defendant to the plaintiff amounts to $642.71. On those figures the defendant bases his contention that the debt in favor of the plaintiff never could exceed the sum of $433, the lower court having erred in adjudging the defendant to pay $575.\\nLet us examine the evidence to see if the contentions of the defendant are sound. The lower court found that the defendant had paid to the plaintiff the sum of $342.71, including $100 paid to Te\\u00f3filo Maldonado, with the consent of the plaintiff. The court also found that the defendant presented a check to bearer, against the American Colonial Bank, dated: February 14, 1930, for the sum of $100, which appears Collected by F. Febles & Co., and which, although the defendant alleges that he delivered it to the plaintiff, the latter, however, denies having received, endorsed, or delivered the same to F. Febles & Co.\\nThe plaintiff in. her testimony sometimes confuses the amounts which were delivered to her; but if 'the same is carefully examined it will be seen that it does- not contain the-admissions attributed to her by the defendant. The plaintiff also stated that all the payments made by the defendant were-made in checks, adding that if there was any other check that she did not recaT, she was willing to admit its existence. On pages 10 and 11 of the. transcript of the evidence the-plaintiff admits that the defendant paid, authorized by her,, the sum of $100 to Maldonado.; that afterwards the defendant told her that he was going io pay the debt in partial payments of $25, that she answered that she could not accept such a thing, that the.defendant answered: \\\"Well, all right\\\" ; that afterwards she asked for $100 and Mr. Eamos told hei~ that he could not give her that amount, at the moment but that he would pay it in amounts of $25, and that thus he paid to her $100; that subsequently she needed again $100 and he again told her that he would -give- it to her in -partial-payments of $25, thus paying to her the sum of $100; that in addition he gave her $15 to pay the dentist; that she did. not remember having received any other sums, but that if he paid them there must be a check somewhere because the-defendant always paid her by check. On pages 23 and 24 of the transcript of the evidence the plaintiff repeats that she asked first for $100 which he paid in partial payments-, of $25 a month, and later on he gave her another $100 in the-same manner; that she accepted the partial payment because-the defendant told her that he could not give her the.-whole-amount and that he could not pay the $200 at once.. On page-28 of the transcript of the evidence the plaintiff repeats 'the- same statement that the defendant paid the sum of ,$200 in monthly payments of $25 each. She was asked why she did not demand the total payment of the account since the defendant did not comply with her demands, and she answered: \\\"If when I asked him for $100 he paid it in partial payments of $25, how was he going to pay had I demanded a larger sum of money? I would have, been forced to receive the money in that manner and I could not accept that.\\\" She had already stated, at page 26, that each time she asked money from the defendant he answered that he could not pay, begging for more time to pay, and that that was the reason, why she asked for the money; that when she thought of going, abroad, she said: \\\"I must collect somehow,\\\" and therefore she did this. On page 28 of the transcript of the .evidence, the plaintiff stated that she recalled having received four checks of $100, and said: \\\"I received, as far as I remember, four cheeks of $100 each. I have already stated that one. was for me, another for Maldonado, and another was issued, to be delivered to me in monthly installments of $25.\\\"\\nThe foregoing statements show that the plaintiff was mistaken, since although she referred to four checks, she only enumerated three: the one paid to Maldonado with her permission, another paid to her, and a third one which was paid to her in partial amounts of $25.\\nAs we have said before, the court, in the statement of the case, enumerates the cheeks made to the order of the plaintiff, including that of Maldonado, and says that they give a total amount of $342.71. To this amount the defendant adds three items of $100 each, divided in monthly payments of $25, which the plaintiff admitted having received. These figures are not justified by the evidence. Besides, the defendant could have presented all the checks made to the order of the plaintiff to show that he had paid a larger sum. than the one admitted in the amended complaint, according to the evidence introduced. He failed to do so, and now he claims that the court committed error in weighing, the evidence. The lower court concluded by saying with regard to both the check for $500, which according to the defendant was paid to be applied to the obligation contracted with the plaintiff, and the check for $100, which appears indorsed by F. Febles & Co., that it had not been proved that these amounts were paid to the plaintiff. It added that, therefore, the defendant had not shown the total discharge of the obligation, and that, although according to the evidence he-appeared to owe the plaintiff a larger sum than the one claimed by her, however, as the plaintiff only prayed for the recovery of $575, it could not render judgment for an amount greater than the one claimed by Mrs. Jim\\u00e9nez. We think that the lower court has not committed the errors assigned.\\nFinally, it is contended that the lower court erred in imposing costs on the defendant. After examining the evidence introduced, we do not feel inclined to modify the award made by the court a quo in the exercise of its discretionary powers.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8773762\", \"name\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"Becerril v. Cerra\", \"decision_date\": \"1936-07-30\", \"docket_number\": \"No. 6766\", \"first_page\": \"484\", \"last_page\": \"491\", \"citations\": \"50 P.R. 484\", \"volume\": \"50\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:31:35.074331+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Wolf dissented.\", \"parties\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants.\\nNo. 6766.\\nArgued June 2, 1936.\\nDecided July 30, 1936.\\nJorge L. Cordova for appellant. Arturo Aponte for appellees.\", \"word_count\": \"2230\", \"char_count\": \"12713\", \"text\": \"Mb. Justice Tbavleso\\ndelivered the opinion of the Court.\\nBy deed of May 9, 1930, the plaintiffs leased to the defendant Domingo Cerra the \\\"Convento\\\" property in the Municipality of Fajardo, for a period of four and a half years, to expire on June 30, 1934, rental being fixed at $10,000 yearly, and the lessee agreeing to pay the taxes upon the leased property.\\nThe defendant entered into possession of the properties, devoting a part thereof to the cultivation of sugar cane; on June 6. 1930, the defendant entered into a crop loan contract with the other defendant, The United Porto Rican Bank, by which he charged and encumbered all of the plantations of cane existing upon the properties, and the sugars to be produced therefrom, to guarantee to the bank the payment of the crop advances. This lien was created for the same period as the lease.\\nThe lessee Cerra failed to pay taxes levied upon the properties from the time be took them over, amounting to $7,135.86. The government attached the properties to collect-such taxes.\\nSuch lessee having likewise failed to pay rent for the period from July 1, 1931 to December 21, 1932, amounting to $15,000, the plaintiff notified the defendant bank of such default and required it as crop loan creditor to pay such rents for the lessee. The defendant Cerra has no properties of value other than the canes growing upon the properties.\\nUpon the facts which we have just set out the plaintiffs filed a suit in which they asked for judgment as follows:\\n1. Ordering Domingo Cerra to pay the amounts owing for past due taxes and past due rents and the amounts which may become due for either or both reasons until the expiration of the lease, plus legal interest.\\n2. Declai'ing that such sums are preferred over any sum which the defendant bank may have advanced to Domingo Cerra, in accordance with the crop loan contract between them; and that the canes are subject to the plaintiffs' credit, plaintiffs being entitled to collect the same with preference over the defendant bank, which shall not be permitted to collect anything from the canes growing upon the property until the plaintiffs shall have collected in full.\\nThe defendant bank \\u00f1led a demurrer, attacking the sufficiency of the facts set out in the complaint. From the record before us it does not appear that any order whatever was entered upon such demurrer.\\nThe plaintiffs attached the plantations of cane to secure the effectiveness of the judgment; and on June 7, 1933, the court appointed a receiver with power to care for, cultivate, administer and grind the canes.\\nOn July 7, 1933, the plaintiffs asked the court for an order directing the receiver forthwith to pay from funds in his possession derived from the sugar produced by the canes,' the sum of $9,728.51 claimed by the Treasurer of Puerto' Eico for taxes upon the property. On the same date the People of Puerto Eico asked leave to intervene in the suit, for the purpose of claiming the payment of the taxes owed on the real property. The defendant bank objected to both motions, maintaining that its crop loan credit was preferred over the claim of People of Puerto Eico for taxes, for which the government has a preferred lien upon the real property.\\nThe district court allowed the People of Puerto Eico to intervene and on June 14, 1933, granted its claim and entered an order directing the clerk of court to pay the amount of the taxes so claimed and to charge the same to funds on hand derived from the sale of the attached sugar. The order of payment was complied with. The defendant bank took the instant appeal, in which neither the plaintiffs nor the intervener have appeared.\\nThe appellant has assigned in its brief the commission of seven errors, of which the last six may be consolidated into one, since actually they involved but a single question. Such errors are as follows:\\n1. That the court erred and acted without jurisdiction in ordering that the payment of $9,728.51 for taxes be made immediately after the order of the court was entered, in spite of the fact that the attorney for the defendant bank had at that moment announced that he would file a notice of appeal from such order.\\nFrom the transcript of the evidence it appears that immediately after the court entered the order appealed from, the. attorney for the defendant bank said:\\n\\\"We want it to appear that at this moment we ar.e going to file an appeal from Your Honor's order, and that, in view of the fact that such an appeal suspends Your Honor's order, the clerk be ordered not to issue the check.\\\"\\nTo this the court replied:\\n\\\"In spite of the appeal the court orders the\\\" clerk to issue the check. The People of Puerto Rico is solvent.\\\"\\nThe attorney for the defendant took an exception. On the same day on which the order was entered, but after payment had been made, the notice of appeal was filed.\\nWe have no doubt whatever that the order entered by the court below is appealable. See Santiago v. Benvenutti y Torres, 43 P.R.R. 343, and Becerril v. Cerra, 48 P.R.R. 84.\\nThe question raised by the alleged error which we are discussing is: Did the trial court have the power to deprive the party prejudiced by its order of the right to appeal, by ordering immediate compliance with its order, notwithstanding the fact that such party had caused its intention to appeal to appear in the record and that the statutory time to appeal had not elapsed?\\nThe effect of the taking of an appeal is to stay all proceedings in the court beTow with respect to the judgment or order appealed from, except in those cases in which the sale of properties which may be lost or which may deteriorate is ordered, in which cases the sale ordered may be carried out, but the proceeds thereof deposited until the appeal is disposed of. Sections 297 and 298 of the Code of Civil Procedure.\\nThe order of June 14, 1933, directing the payment from moneys deposited in court of the amount of the taxes claimed, was appealable as an order finally determining the only controversy or issue presented by the complaint in intervention of the People of Puerto Eico, which made it a final judgment and as such appealable within 30 days following the date of notification and entry, in accordance with the provisions of. Subdivision 1 of Section 295 of the Code of .Civil Procedure and the decisions of this court defining what it understood by a \\\"final\\\" judgment. See Santiago v. Benvenutti y Torres, supra; Standley v. Hendrie, 55 Pac. 723; Los Angeles v. Los Angeles Water Co., 134 Cal. 121; In re Welch, 106 Cal. 427, and Grant v. Superior Court, 106 Cal. 324.\\nThe order entered by the court below was not final and executory until after the time to appeal had expired. The court erred in refusing to withhold the issuance of the check in payment of the taxes, after the attorney for the appellant bank had announced, immediately after the order was entered, that it was his intention to appeal to this court. \\\"We find no justification whatever for the rapidity with which the payment and the issuance of the check was ordered to be made, without even giving an opportunity to the party injured by the order to draft, notify and file its notice of appeal.\\nWe cannot accept as a valid excuse that alleged by the trial court, in refusing to stop the issuance of the cheek, that is, that the People of Puerto Eico is solvent, since the solvency of an appellee, which is no excuse to justify the execution of an appealable judgment, is even less so in the case of the People of Puerto Eico, in view of the fact that tiie People may not be sued without its consent for the recovery of amounts improperly paid to it.\\n2. That tbe order appealed from is erroneous because the court, upon a simple motion, granted the final prayer and sole object sought by the complaint in intervention of the People of Puerto Rico; and because it granted more than that asked for by the plaintiffs in the principal suit.\\nIn the ease of Becerril v. Cerra y United Porto Rico Bank, 48 P.R.R. 84, by the same parties as those in the instant case, the plaintiffs filed a motion asking the court to order that from the funds in the hands of the clerk, $3,472.21 be delivered to the plaintiffs as reasonable compensation for the use of the lands for the four months of the grinding season, during which the canes were ground, which produced the funds deposited in the clerk's office and subject to the receivership. The creditor bank objected to such motion. The court directed the payment prayed for and the bank appealed. This court reversed the order appealed from, stating:\\n\\\"The allegations of the complaint clearly raise the question of whether the plaintiffs are entitled to recover, out of the cane planted by their lessee, what he owes them under the contract of lease entered into between them, with preference over any other of said lessee's creditors, including The United Porto Rican Bank, a crop loan creditor, to which the law concerning contracts for agricultural advances grants preference from the date of the recording of its contract in the registry of agricultural contracts over other subsequent credits of any kind, except debts for taxes, in regard to the fruits the object of the crop lien, during the years stipulated in the contract and until the creditor is fully reimbursed the amount of his credit. Consequently, until it is decided by a judgment that the lessors may recover out of the proceeds of the cane planted on their property by the lessee, with preference over the bank that made the crop loan and to which tKe law grants, for the collection of its credits, preference over any other subsequent credit to the recording of its crop loan contract in the registry of agricultural contracts, with the exception of taxes, it can not be ordered that the plaintiffs col lect any amount whatever ont of the proceeds of the cane subject to the crop lien, for the use of the lands by the receiver appointed in this suit. ' '\\nWe see no reason whatever to draw any substantial distinction between the instant case and the prior one. Here it is purported, as it was purported in the prior case, to put an end to the controversy between the parties by an order upon a simple motion, by entering an order and proceeding to execute it without giving the party prejudiced an opportunity to perfect its appeal within the term granted to it by law.\\nIn their complaint the plaintiffs claim the sum of $7,135.86 as taxes upon the property not paid by the lessee. The People of Puerto Rico in its complaint asked for the payment of taxes assessed against the property, not only during the period of the lease made to Domingo Cerra, that is from January 1, 1939 to June 30, 1933, but also those imposed for the period from July 1, 1928 to December 31, 1929-, when the lease contract had not even been entered into between the plaintiffs and the defendant Domingo Cerra; and prayed that payment' be ordered from the proceeds of the canes cultivated with money supplied by the creditor bank. The bank opposed this motion, contending, among other defenses, that the property subject to lease is what ought to respond exclusively for the payment of the taxes and that the most which the creditor bank could be supposed to do would be to pay the taxes for the year 1932-1933, during which the canes producing the funds deposited with the clerk of court were harvested.\\nAs may be seen, all of these contradictory averments raise issues on points of controversy between the parties, which ought to be decided by a judgment and not summarily by decision of a motion as has been done in the instant case. Litigants are entitled to have the ordinary course of proceedings followed; and the fact that the People of Puerto Rico was the moving party does not justify the action of the court below, because the government, in appearing before courts as a litigant, has no right to any different treatment from that customarily employed to dispense justice to any citizen.\\nWe consider the two errors assigned substantial and prejudicial to the interests of the appellant; and we feel that the court below did not nse its discretion wisely in entering the order appealed from and refusing to suspend execution thereon until the decision of the instant appeal.\\nThe order appealed from mnst be reversed and a judgment rendered dismissing the motion upon which it was based.\\nMr. Justice Wolf dissented.\\nMr. Justice O\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\"}"
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Pierluisi for appellee.\", \"word_count\": \"1696\", \"char_count\": \"9907\", \"text\": \"Mr. Chief Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn October 29, 1945, Francisco E. Orsini brought, in the District Court of San Juan, an action of unlawful detainer against Jos\\u00e9 S\\u00e1nchez Parra, praying for eviction of the defendant from a portion of a property in Hato Eey, in which certain buildings used as a station for the sale of gasoline, lubricants, and for motor-vehicle accessories, as well as for the washing and greasing of such vehicles, are located. The \\u2022complaint alleged that said station, together with the equipment existing therein, was leased by Orsini to S\\u00e1nchez Parra, under a contract dated April 18, 1944, in which it was expressly agreed that the lease term would be three years, with an option in favor of the lessee to extend it for four years. The complaint was founded on the nonpayment of the rent pertaining to the month of September 1945. The case went on to trial and on February 15, 1946, the District Court of San Juan rendered judgment decreeing the eviction of the defendant and adjudging him to pay costs and attorney's fees. The defendant appealed to this Court and on April 22, 1947, we affirmed the judgment appealed from. See Orsini v. S\\u00e1nchez, ante, p. 191.\\nAfter the receipt of the mandate in the lower court for the execution of the judgment of this Court, on May 12, 1947, the defendant S\\u00e1nchez Parra filed a motion in which he requested that said judgment he set aside, he having previously paid the rent due, plus costs and attorney's fees. The motion was based on the provisions of \\u00a7 1 of Act No. '268 of May 14, 1945 (Laws of 1945, p. 938), which amended \\u00a7 628 of the Code of Civil Procedure of Puerto Rico so as to read as follows:\\n\\\"Section 628. \\u2014 When the complaint is founded upon the nonpayment of the rental or price stipulated in the contract, the defendant shall not be allowed to submit any proof except the receipt or some other document showing that the payment has been made. The proofs of both parties shall include the fundamental facts in regard to the principal question at issue.\\\"\\n\\\"\\nOn May 20, 1947, the District Court of San Juan made .an order setting aside the judgment of eviction. The present appeal has been taken from that order.\\nThe appellant urges that the court a quo erred in setting aside the judgment ' ' without taking into account that the same had already become final {firme), that the statute on which it rested its order was subsequent to the date of the contract whose nonperformance has given rise to said judgment, and that its action not only deprived the plaintiff of the right which said judgment vested in him, but left him without any remedy for the violation of an essential condition of his contract.\\\"\\nThat the remedy to set aside a judgment of evic tion, granted by \\u00a7 628 of the Code of Civil Procedure, supra, \\u2022could be invoked by the defendant at any time \\\"before the proceedings end with the execution of the judgment\\\" was decided by this Court in Viera v. Municipal Court, 66 P.R.R. 29, in which there was involved an unlawful detainer proceeding to recover possession of a building used for housing accommodations.\\nIn Font v. Echeand\\u00eda, ante, p. 224, we held that a building or place used for the operation of a business for the exhibition of motion-picture films to the public for pay, is included in the provisions of \\u00a7 4 of Act No. 464.(Reasonable Rents Act), approved on April 25, 1946 (Laws of 1946, p. 1326), which provides that the provisions of said Act shall be applicable to buildings and premises for commercial and industrial purposes. Applying the provisions of \\u00a7 12 of that same Act, to the effect that so long as the tenant pays the basic or reasonable rent fixed by the Administrator, \\\"the landlord can not establish an action of unlawful detainer to recover the possession of a dwelling . or of a house or building used for businesses, professional offices, or commercial or industrial purposes, even if the term of the contract has expired\\\"; and that \\\"On and after the effective date of this Act, every unlawful detainer proceeding which does not conform to the motives, conditions, and terms fixed in this Act, shall be stayed until the termination of the emergency herein declared,\\\" we decreed the stay of the appeal pending in this Court, until the termination of the emergency. (Italics ours.)\\nIn Latoni v. Municipal Court, ante, p. 130, which dealt with the recovery of the possession of a house for dwelling-purposes, we decided that \\\"we are satisfied that when it (the Legislature) provided within the context of Act No. 464 that no action of 'unlawful detainer' shall be permitted except under certain circumstances, it meant to prohibit any action whatsoever, ordinary or summary, to recover possession of housing accommodations,\\\" and that \\\"also, \\u00a7 12 restricts eviction of tenants of commercial buildings which are not covered by the Federal Act.\\\" (Italics onrs.)\\nThe law in force at the time of the rendition of the order appealed from was the Reasonable Rents Act, No. 464, of April 25, 1946, as amended by Act No. 415 of May 14, 1947,. mentioned above. Said Act took effect, as to housing accommodations, by an order of the Executive Council, when the Federal Act expired on June 30, 1946. As to commercial premises, the Act took effect on July 17, 1946.\\nThe only question that we have to consider and decide is whether the provisions of the Reasonable Rents Act, \\u00a7 18A, which authorize the dismissal of the proceedings or the setting aside of the judgment rendered when the unlawful detainer is based on the nonpayment of the rent, are applicable to a case like the one at bar.\\nAccording to the recitals of the lease contract, Orsini is the owner of a gasoline station established on a parcel of land owned by him, with an area of 4,528 square meters,, located in Mart\\u00edn Pe\\u00f1a. Said station is equipped with all the apparatus and machinery necessary to wash and grease automobiles and with all the instruments and equipment required for the business which is ordinarily performed in stations of this sort, all said equipment being owned by Orsini. Under the third paragraph of the contract, the property leased is \\\"the gasoline station above described with the furniture which it contains.\\\" There is not involved, therefore, the lease of premises for housing accommodations or for establishing there a business or industry belonging to the lessee. What has been leased is a business already established and belonging to the lessor, to be operated by the lessee for the term and under the conditions stipulated in the contract, including the following: (1) that in case of rescission of the contract, the lessor shall buy all the stock Avhich the lessee might have on hand, paying the just value thereof; (2) that the lessee shall make all the repairs which the equipment might need; and (3) that the lessee shall not be responsible for any claim for salary wages or for any debts contracted by the lessor prior to or subsequent the contract.\\nThe Seasonable Rents Act was approved for the purpose of remedying an emergency situation created by the great demand for, and scarcity of, housing accommodations and premises for businesses, which arose from the state of war. The \\\"rental control,\\\" which consisted in the fixing by the administrator of maximum rentals and in the restriction of evictions, was established with a view to protect the tenants against the unjust practice of the lessors of demanding excessive and unreasonable rents, and to prevent the tenants of dwellings or of commercial premises from being evicted without being able to find other premises in which to establish their dwellings or to resume their commerce, business, or industry. The reasons which justify the intervention of the police power of the State for the restriction of evictions do not exist in the present case. The lessee S\\u00e1nchez Parra was not the owner of the business established in the gasoline station. All the things existing therein and used for the operation of the business \\u2014 with the exception of the stock of goods kept for sale \\u2014 are owned by the lessor Orsini. And we have already seen that, in accordance with the terms of the contract, the lessor is bound to buy said stock for its just value. The subject matter of the lease in this case is, therefore, a gasoline station with the machinery and equipment necessary for its operation and exploitation. What has been leased is a going concern which from the date of the lease was to be operated by the lessee instead of by its owner. The building or \\\"garage\\\" is purely incidental to the business established therein; since possibly the lessee would not have leased said garage unless it included the machinery and equipment installed therein and the station business already established by the lessor.\\nThe execution of the judgment of eviction would not cause any prejudice to the lessee, who would not have before him the problem of finding a new place for his business. We do not think that the Legislature had the intention of extending the remedy of restricted evictions to cases of this kind. The situation of the lessee in this ease is similar, if not identical, to that of a physician who having leased the clientele, office, instruments, and equipment of another physician should attempt, after the termination of the contract, to continue in the possession and enjoyment of the things leased under the protection of the Reasonable Rents Act.\\nThe decision appealed from is erroneous, and therefore it will be reversed.\\nThe proviso of \\u00a7 628 is identical with that of \\u00a7 18A of The Reasonable Rents Act, as amended in 1947, Sess. Laws, p. 820.\"}"
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+"{\"id\": \"8774703\", \"name\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"People v. Nieves\", \"decision_date\": \"1927-06-25\", \"docket_number\": \"No. 3215\", \"first_page\": \"36\", \"last_page\": \"36\", \"citations\": \"37 P.R. 36\", \"volume\": \"37\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:37:33.350129+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants.\\nNo. 3215.\\nArgued June 15, 1927.\\nDecided June 25, 1927.\\nE. Miranda for the appellants. Jos\\u00e9 E. Figueras for the appellee.\", \"word_count\": \"231\", \"char_count\": \"1356\", \"text\": \"Mr. Justice At .drey\\ndelivered the opinion of the court.\\nArtemio Nieves and Francisco Quinones were charged with an attempt to kill and convicted by a jury of aggravated assault and battery. They appealed from the judgment and the only error assigned for a reversal of the judgment is that the trial court overruled the challenge of the juror Tom\\u00e1s Anca.\\nThis juror declared on his voir dire that he knew the facts and had commented on them, but said in answer to the district attorney that he had not formed an opinion and was disposed to render a verdict in accordance with the evidence. He said also in answer to questions from the judge that notwithstanding the opinion he had formed he was qualified to act with full impartiality and correctness and would acquit the defendants if it were justified by the evidence.\\nAs the answers of this juror showed that notwithstanding' his knowledge of the matter he was qualified to render an impartial verdict in accordance with the evidence to be submitted at the trial, the court did not commit the error assigned and therefore the judgment appealed from must be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8775559\", \"name\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Agudo v. Domenech\", \"decision_date\": \"1936-05-06\", \"docket_number\": \"No. 7017\", \"first_page\": \"863\", \"last_page\": \"868\", \"citations\": \"49 P.R. 863\", \"volume\": \"49\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:27:45.511322+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\\nNo. 7017.\\nArgued November 8, 1935.\\nDecided May 6, 1936.\\nBebearing denied May 29, 1936.\\nLeopoldo Feli\\u00fa and Edgar 8. Belaval for appellants. B. Fernandez Garcia, Attorney General, and B. Cordov\\u00e9s Arana, Assistant Attorney General, for appellees.\\nNote, \\u2014 On appeal to the U. S. Circuit Court of Appeals for the First Circuit, this decision was affirmed. See 89 F. (2d) 481.\", \"word_count\": \"1835\", \"char_count\": \"10581\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the court.\\nAntonio and Ram\\u00f3n Agudo, doing business under the name of Agudo Bros.,' were the owners of a certain number of slot machines on which up to April 25, 1933, they had paid taxes without objection. After that date the Treasurer of Puerto Eieo, by reason of certain legislation, insisted that they should pay an increased tax. Agudo Bros, paid several increases under protest and brought this suit to recover the same. The District Court of San Juan ultimately dismissed the complaint.\\nThe appellants maintain that there is no existing law under which these increases in the tax could be validly collected. What happened was that a bill purporting to raise the tax rate per machine was passed by both Houses of the Legislature. By the act of the enrolling clerk the bill was signed by the President of the Senate and the Speaker of the House with certain words independently added and which were not in the minds of the legislators and not included in the bill as passed by them. The bill agreed upon contained the provision that each machine should pay a tax of $75 a quarter, and it was sent to the Governor with the words \\\"a tax is levied which shall not exceed $75 a quarter.\\\"\\nWhen the Legislature discovered this mistake it passed a resolution wherein a correction or an attempt at correction was made. This resolution was called a concurrent resolution. There was no request for the return of the bill, but the said concurrent resolution was sent to the Governor. The Governor with the enrolled bill and the concurrent resolution before him, struck out the matter to which the concurrent resolution referred, and then, with what may be called an amendment, approved the bill. In other words, the bill as enrolled was verbally changed back to express the original intention of the Legislature, not by action in either house or both of them, but by the Governor himself-. Non constat, if it is important, that the Governor might actually have been at the Legislature at the time that he approved the bill.\\nThe principal contention of the appellants is, it may be said, that there is no authority anywhere to put an act on the statute books in the manner attempted in the present case. More specifically, they insist that -what was done was an exercise of legislative power by the Governor in contravention of the provisions of the Organic Act; also, that once an enrolled bill is sent by the Legislature to the Governor, the former loses all power and control' over it.\\nIn another case that we have pending-, it is urged that the ordinary legislative power in enactment must be exercised by a bill introduced in either house and not by a joint resolution. The appellee maintains that the action of the Legislature was not a joint resolution but a concurrent one. The doubt here suggested as to what the Legislature can or can not do by a resolution becomes unimportant if we are-right about the fundamental conclusions at which we have, arrived.\\nThe appellants cite a certain amount of jurisprudence. It may be true as a general rule that bills as-passed by the Legislature can not be amended or changed, after they have been enrolled and sent to the Governor, but we are not at all clear that the Legislature, under adequate circumstances, may not recall a bill. Baltimore Fidelity Warehouse Co. v. Canton Lumber Co., 86 Atl. 188. We have consciously used the word \\\"passed\\\" in the previous sentence because it is the key to the whole situation. We are not begging the question. It is a conceded fact that the bill, as passed by the Legislature originally, did not contain the words that were put into the enrolled bill. The question is not whether the Legislature may add or subtract from a bill, but whether it may correct an actual mistake in its enrollment.\\nIn the judicial sphere there is no doubt that a court may correct its judgments during the term, truly to express what it intended to say or to avoid mistakes. It would be absurd to suppose that an enrolled bill hastily signed by the two presiding officers of the Legislative Houses could not be corrected at the same legislative session, and so put into force the bill actually passed. In point of fact, we find a court: correcting an enrolled bill to make it conform to the bill as actually passed. Haney v. State, 34 Ark. 263.\\nIf a conrt may do this, a matter on -which we do not careto express an opinion, then snrely there must be some way in which the Houses of the Legislature and the Governor acting together can make the correction. There must be some way, at least during the legislative session, to make a hill, erroneously enrolled, express the truth. We have no \\u2022doubt of this. It reduces itself merely to a question of the form or manner. It may be that the best practice is for the Legislature, by a resolution or otherwise, to request that the bill be returned to it. The cases to the contrary only decide that for a genuine legislative purpose, that is, with the idea of adding or subtracting, fresh legislation is beyond its power. What the Legislature wanted to accomplish was to correct a mistake in the enrollment. Assuming that the Legislature can not technically recall a bill for any purpose, then the conclusion is forced upon us that the Legislature must-be able to do something else. There can be no question that the Legislature may actually sit and physically pass resolutions which are bound to be enrolled. Whether they are to be effective or not is another question. The Legislature passed a concurrent resolution in which it told the Governor officially that a mistake had been made in the enrollment and likewise informed him how the bill had actually been passed. This for the proper action of the Governor.\\nWhen the Governor is considering a bill and it is before him for approval or disapproval the jurisprudence is clear that he is acting in a legislative capacity. Hence, on the theory that the bill could not be returned, the Governor had the residuary power to correct it to make it conform to the true will of the Legislature. In State ex rel. Ball v. Hall, 263 N. W. (Nebraska, 1935) 400, it was the Governor who acted to correct an enrolled bill and the facts are very similar to those of the case at bar, with this difference, that the governor himself discovered the error and made the corree tion. Thus we see no objection for the Legislature to do tliis in the form of a resolution whether joint or concurrent. Even if the bill could be returned we hold that it was within the power of the Legislature to make the correction by resolution.\\nThe lower court held that appellants' failure to present receipts showing the involuntary nature of the payment was fatal to their cause of action. The assignment of error on this ground would have only been important in case the bill had been declared invalid and we are holding to the contrary.\\nThe judgment appealed from should be affirmed.\\nMr. Justice Travieso took no part in the decision of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"8776636\", \"name\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Alvarez Acevedo\", \"decision_date\": \"1934-12-13\", \"docket_number\": \"No. 5553\", \"first_page\": \"716\", \"last_page\": \"717\", \"citations\": \"47 P.R. 716\", \"volume\": \"47\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:01:33.603233+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant.\\nNo. 5553.\\nArgued December 12, 1934.\\nDecided December 13, 1934.\\nJos\\u00e9 Y&ray, Jr., for appellant. R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"212\", \"char_count\": \"1312\", \"text\": \"Mr. Justice Wolf\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThis was a prosecution under the National Prohibition Act begun before the enactment of the Twenty-First Amendment, repealing the Eighteenth Amendment to the Constitution of the United States.\\nAmong other alleged errors the appellant maintains that a repealing provision of law pnts an end to all prosecntions begun before the repeal. To this the fiscal agrees and suggests a reversal. The opinion of the Supreme Court of the United States entitled U. S. v. Chambers, 291 U. S. 217, cited as U. S. v. Gibson, wherein a prosecution was begun under the Prohibition Act, determines the question. Therein, as pointed out by the fiscal, the court held that the Prohibition Act had become ineffective, that the congressional act depended upon the existence of the Eighteenth Amendment and its repeal left nothing on which to base a prosecution. Debile fwidamentum fallit opus. This is one of the rare cases where an act, qua, amendment, has a retroactive effect.\\nThe judgment will be reversed and the appellant discharged.\"}"
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+"{\"id\": \"8776719\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Figueroa\", \"decision_date\": \"1935-06-28\", \"docket_number\": \"No. 5467\", \"first_page\": \"731\", \"last_page\": \"745\", \"citations\": \"48 P.R. 731\", \"volume\": \"48\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:33:30.989892+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant.\\nNo. 5467.\\nArgued January 30, 1935.\\nDecided June 28, 1935.\\nFelipe Col\\u00f3n D\\u00edas for appellant. R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Jcmer, Assistant Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"5375\", \"char_count\": \"31165\", \"text\": \"Mr. Justice Hutchison\\ndelivered tlie opinion of tlie court.\\nFigueroa was convicted of a violation of subdivision (a) of section 12 of the Act to regulate the operation of motor vehicles (Session Laws of 1916, pp. 140,147). That subdivision provides:\\n\\\"That persons operating motor vehicles on the public highway shall at all times exercise due care and take every reasonable precaution to insure the safety of persons and property.\\\"\\nThe complaint filed in the municipal court charged .that:\\n\\\". . . . the said Horacio Figueroa was operating the heavy motor vehicle plate-number H-469 without exercising' due care or taking every reasonable precaution to insure the safety of persons and property, with one of the back covers {tupas) of the said truck swinging by a rope from one side to the other in such a way that on passing complainant at h. 9 of the said road, the said cover (tapa) struck him in such a manner that it threw him to the ground, seriously injuring him and leaving him unconscious, with his skull fractured, with the result that he had to be confined in the Hospital de Damas de Ponce.1 '\\nThe district court when the case came on to be heard de novo, overruled a demurrer for alleged failure to state an offense, and this is assigned as error. Appellant relies on People v. Borgue, 25 P.R.R. 553, and People v. Rivera, 26 P.R.R. 392. The complaint in the Borque case set forth that \\\". . . the said defendant, while driving his own car No. 519, willfully and maliciously failed to take proper precautions in the operation of said car to insure the safety of lives and property, causing the car to strike the hoy Joaqu\\u00edn Sola, who received bruises for which he was treated in the emergency hospital at Santurce.\\\" The district attorney insisted that the complaint was good because it followed the language of the statute. What was said in the Borque case must be.construed in the light of the facts and of the question before this court. The complaint did not state an offense either under subdivision (u) or under any other subdivision of section 12 of the law. The contention of the district attorney could not have been sustained even if the complaint had followed literally the words of subdivision (a). That subdivision prescribes in broad and general terms a rule of conduct for persons operating motor vehicles on the public highway. It is not enough in such cases that the complaint should follow the language of the statute. It must be more specific so as to apprise the defendant more definitely as to the nature of the accusation against him. This is the general principle underlying the Borque case which was followed by this court in People v. Rivera, supra; People v. Salgado, 27 P.R.R. 804; People v. Matienzo, id. 838, and distinguished in People v. Garcia, 28 P.R.R. 898.\\nThis court has never said, in a case like the one at bar, that it would be impossible to state an offense under subdivision (a), unless that offense be also included in some other subdivision of section 12. Anything contained in previous opinions that might be so construed by inference or implication must be regarded as obiter dicta because we have not heretofore been called upon to consider a case such as the one before us. We are now confronted for the first time with a complaint which plainly sets forth an offense covered by the provisions of subdivision (a) and not covered by any of the other subdivisions of section 12 of the law. Subdivision (a) is not a mere preamble or introductory paragraph. It is complete in itself and wholly independent of the other subdivisions of section 12. Each of the other subdivisions is likewise complete in itself and wholly independent of subdivision (a). A violation of any one of these .other subdivisions might be charged as a separate offense \\u2022without any reference whatsoever to subdivision (a). A violation of some one or more of these other subdivisions might be charged also by way of specification as a violation of subdivision (a). This, however, is not true of all of the other subdivisions. A violation of subdivision (h) for example, could not be charged in the language of that subdivision, without more, as a violation of subdivision (a). A violation of subdivision (b) would not be in any sense a violation of subdivision (a). Subdivision (a), on the other hand, covers quite a number of offenses which could not be charged as a violation of any of the other subdivisions. A \\u2022driver who, for instance, backs his car suddenly and without warning from a side street into a crowded thoroughfare with reckless disregard for the safety of persons and property would be guilty of a flagrant violation of subdivision (a) but could not be successfully charged -with a violation \\u2022of any of the other subdivisions. The case at bar is another shining example. We need not multiply instances of this sort. If none other than violations of the other subdivisions \\u2022can be charged as a violation of subdivision (a) then the Legislature did a vain and idle thing in the enactment of that subdivision and we cannot bring ourselves to believe that this was the legislative intent. Hence, we hold that \\u2022the district court did not err in overruling the demurrer.\\nThe second assignment is that the judgment is contrary to the law and the evidence. The gist of the argument is that the prosecuting witness was guilty of contributory \\u2022negligence in travelling in the same direction as was the truck on the left hand side of the road, instead of on the right. Such contributory negligence, if any, was no defense \\u2022and the contention as developed in the brief for appellant is without merit.\\nWhat we have said disposes of the questions raised 'by appellant. In the course of our own discussion of the .ease, however, the validity of the statute itself has been .challenged. In support of the view that it is void for uncertainty our attention has been invited to the following authorities: Czarra v. Board of Medical Supervisors, 25 App. D. C. 443; United States v. Capital Traction Co., 34 App. D. C. 592; United States v. Cohen Grocery Co., 255 U.S. 81; Connally v. General Construction Company, 269 U.S. 385; State of West Virginia v. Lantz, 26 A.L.R. 894; State v. Diamond, 20 A.L.R. 1527; Cinadr v. State, 300 S.W. 64, and Stevenson v. Houston, T.C.R. Co., 19 S.W. (2d) 207.\\nIn the note to State of West Virginia v. Lantz, (1922) at page 898, the annotator says:\\n\\\"Although the Georgia and Pennsylvania cases, as shown infra, .are in conflict, it is generally held that statutes or ordinances providing that no person shall operate or drive any motor vehicle recklessly or at a rate of speed greater than is reasonable and proper, having regard to the width, traffic, and use of the highways, and the general and usual rules of the road, or so as to endanger the property, life, or limb of any person, are not invalid on the ground that they are too vague, uncertain, and indefinite to sustain a criminal conviction. ' '\\nAfter citing cases from Nebraska, Ohio and Wisconsin, the annotator quotes two interesting extracts from Mulkern v. State, (1922-Wis.) 187 N.W. 190; and State v. Schaeffer, (Ohio) 117 N.E. 220. See also Gallaher v. State, (1923) 29 A.L.R. 1059, and note; Commonwealth v. Pentz, 247 Mass. 500, 143 N.E. 322; and People v. Maki, 223 N.W. 70.\\nIn the Supreme Court of the United States there are two lines of decisions, readily distinguishable one from the other and repeatedly distinguished by the Supreme Court itself. One of these lines includes such cases as United States v. Cohen Grocery Co., and Connally v. General Construction Co., supra. The other includes such cases as Nash v. United States, 229 U.S. 373; Miller v. Strahl, 239 U.S. 426, and Omaechevarria v. Idaho, 246 U.S. 343.\\nIll the Nash case the court was dealing with the criminal provisions of the Sherman Anti Trust Act and, speaking' through Mr. Justice Holmes, said:\\n\\\"The objection to the criminal operation of the statute is thought-to be warranted by The Standard Oil Co. v. United States, 221 U. S. 1, and United States v. American Tobacco Co., 221 U. S. 106. Those cases may be taken to have established that only such contracts and combinations are within the act as, by reason of intent or the inherent nature of the contemplated acts, prejudice the public interests by unduly restricting competition or unduly obstructing the course of trade. 221 U. S. 179. And thereupon it is said that the crime thus defined by the statute contains in its definition an element of degree as to which estimates may differ, with the result that a man might find himself in prison because his honest judgment did not. anticipate that of a jury of less competent men. The kindred proposition that 'the criminality of an act cannot depend upon whether a jury may think it reasonable or unreasonable. There must be some definiteness and certainty,' is cited from the late Mr. Justice Brewer sitting in the Circuit Court. Tozer v. United States, 52 Fed. Rep. 917, 919.\\n\\\"But apart from the common law as to restraint of trade thus, taken up by the statute the law is full of instances where a man's fate depends on his estimating rightly, that is, as the jury subsequently estimates it, some matter of degree. If his judgment is. wrong, not only may he incur a fine or a short imprisonment, as here; he may incur the penalty of death. 'An act causing death may be murder, manslaughter, or misadventure according to the degree of danger attending it' by common experience in the circumstances, known to the actor. 'The very meaning of the fiction of implied malice in such cases at common law was, that a man might have to-answer with his life for consequences which he neither intended nor foresaw.' Commonwealth v. Pierce, 138 Mass. 165, 178; Commonwealth v. Chance, 174 Mass. 245, 252. 'The criterion in such eases is to examine whether common social duty would, under the circumstances, have suggested a more circumspect conduct. ' I East P. C. 262. If a man should kill another by driving an automobile furiously into a crowd he might be convicted of murder however little he expected the result. See Reg. v. Desmond, and other illustrations in Stephen, Dig. Crim. Law, art. 223, 1st ed., p. 146. If he did no more than drive negligently through a street he might get off with man slaughter or less. Reg. v. Swindall, 2 C. & K. 230; Rex v. Burton, 1 Strange, 481. And in the last ease he might be held although he himself thought that he was acting as a prudent man should. See The Germanic, 196 U. S. 589, 596. But without further argument, the case is very nearly disposed of by Waters-Pierce Oil Co. v. Texas (No. 1), 212 U. S. 86, 109, where Mr. Justice Brewer's decision and other similar ones were cited in vain. We are of opinion that there is no constitutional difficulty in the way of enforcing -the criminal part of the act.\\\"\\nIn Miller v. Strahl the court was discussing the constitutionality of a state statute which made it the duty of all proprietors of hotels of a specified class \\\"in case of fire therein to give notice of same to all guests and inmates thereof at once and to do all in their power to save such guests and inmates.\\\" From the opinion of the court by Mr. Justice, McKenna, we take the following extract:\\n\\\"Plaintiff in error contends further that the statute 'is lacking in due process of law' because 'it fails to prescribe any fixed rule of conduct.' The argument is that the requirement 'to do all in one's power' fails to inform a man of ordinary intelligence what he must or must not do under given circumstances.\\n\\\"Rules of conduct must necessarily be expressed in general terms and depend for their application upon circumstances, and circumstances vary. It may be true, as counsel says, that 'men are differently constituted,' some being 'abject cowards, and few only are real heroes;' that the brains of some people work 'rapidly and normally in the face of danger while other people lose all control over their actions.' It is manifest that rules could not be prescribed to meet these varying qualities. Yet all must be brought to judgment. And what better test could be devised than the doing of 'all in one's power' as determined by the circumstances?\\n\\\"The case falls, therefore, under the rule of Nash v. United States, 229 U. S. 373, and not under the rule of International Harvester Co. v. Missouri, 234 U. S. 199.\\\"\\nIn Omaechevarria v. Idaho, the court had under consideration a state statute which prohibited \\\"any person having charge of sheep who allows them to graze on any range previously occupied by cattle,\\\" and further provided that: \\\"priority of possessory right between cattle and sheep owners to any range is to be determined by the priority in the usual and customary use of it, as a cattle or sheep range. ' ' The opinion of the court delivered- by Mr. Justice Brand\\u00e9is reads in part as follows:\\n\\\"Second: It is also urged that the Idaho statute, being a criminal one, is so indefinite in its terms as to violate the guarantee by the Fourteenth Amendment of due process of law, since it fails to provide for the ascertainment of the boundaries of a 'range' or for determining what length of time is necessary to constitute a prior occupation a 'usual' one within the meaning of the act. Men familiar with range conditions and desirous of observing the law will have little difficulty in determining what is prohibited by it. Similar, expressions are common in the criminal statutes of other States. This statute presents no greater uncertainty or difficulty, in application to necessarily varying facts, than has been repeatedly sanctioned by this court. Nash v. United States, 229 U. S. 373, 377; Miller v. Strahl, 239 U. S. 426, 434.\\\"\\nIn Cline v. Frink Dairy Company, 274 U.S. 445, Mr. Chief Justice Taft wrote the opinion of the court. A Colorado Anti Trust statute was held to be unconstitutional. The case followed United States v. Cohen Grocery Company, supra, and other cases of that class which were reviewed at length. The doctrine of the Nash case, however, was reaffirmed and distinguished at page 464, in this wise:\\n\\\". . . It is true that, on an issue like negligence, i. e., a rule of conduct for the average man in the avoidance of injury to his neighbors, every one may be held to observe it either on the civil or criminal side of the court. It is a standard of human conduct which all \\u00e1re reasonably charged with knowing and which must be enforced agamst every one in order that society can safely exist. We said in the Nash case (p. 377), 'But apart from the common law as to restraint of trade thus taken up by the statute the law is full of instances where a. man's fate depends on his estimating rightly, that is, as the jury subsequently estimates it, some matter of degree. If his judgment is wrong, not only may he incur the penalty of imprisonment, as here; he may incur the penalty of death. \\\"An act causing death may be murder, manslaughter, or misadventure according to the degree of danger attending it\\\" by common experience in tbe circumstances known to tbe actor . . . \\\"Tbe criterion in sueb cases is to examine whether common social duty would, under tbe circumstances, have suggested a more circumspect conduct.\\\" 1 East P. C. 262.' Following tbe authority in tbe Nash case, we sustained in Miller v. Oregon, per curiam, 273 U.S. 657, a conviction of manslaughter under a statute of Oregon, which made tbe following rule of conduct a standard of criminality:\\n\\\" 'Every person operating a motor vehicle on tbe public highways of this state shall drive the same in a careful and prudent manner, not to exceed thirty miles per hour, and within the limit of incorporated cities and towns not to exceed twenty miles per hour, and at intersections and schoolhouses not to exceed twelve miles per hour, and in no case at a rate of speed that will endanger the property of another, or the life or limb of any person.' (Ch. 371, General Laws of Oregon, 1921, Section 2, sub-division 16.)\\n\\\"The ind'ctment was framed under the last clause of this statute. Such standard for the driver of an automobile on a highway is one to which it is neither harsh nor arbitrary to hold those criminally who operate such a possibly dangerous instrument of locomotion, and who are or ought to be aware of what degree of care is necessary to avoid injury to others under the conditions that prevail on a highway. See Hess v. Pawloski, ante, p. 352.\\n\\\"But it will not do to hold an average man to the peril of an indictment for the unwise exercise of his economic or business knowledge involving so many factors of varying effect that neither the person to decide in advance nor the jury to try him after the fact can safely and certainly judge the result. When to a decision whether a certain amount of profit in a complicated business is reasonable is added that of determining whether detailed restriction of particular anti-trust legislation will prevent a reasonable profit in the case of a given commodity, we have an utterly impracticable standard for a jury's decision. A legislature must fix the standard more simply and more definitely before a person must conform or a jury can act. ' '\\nComment would seem to be superfluous. Our conclusion is that subdivision (a) is not void for uncertainty.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8776882\", \"name\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Cabassa\", \"decision_date\": \"1921-11-29\", \"docket_number\": \"No. 1723\", \"first_page\": \"3\", \"last_page\": \"6\", \"citations\": \"30 P.R. 3\", \"volume\": \"30\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:24:37.147862+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Del Toro and Hutchison concurred.\", \"parties\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant.\\nAppeal from tlie District Court of Ponce in a Prosecution for Violation of Section 37 of the Excise-Tax Law.\\nNo. 1723.\\nDecided November 29, 1921.\\nExcise Tax \\u2014 Pleading.\\u2014In a prosecution for a violation of section 37 of the Excise-Tax Law of 1919, the offense being that the defendant is in possession of articles brought into Porto Bieo without having paid the tax determined by law, it is necessary to allege in the complaint that the articles were brought into Porto Bieo from the United States, and in the absence of such an allegation the complaint does not state sufficient facts.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Jos\\u00e9 Tons Soto for the appellant.\\nMr. Jos\\u00e9 E. Figueras, Fiscal, for the appellee.\", \"word_count\": \"1173\", \"char_count\": \"6859\", \"text\": \"Mr. Justice Aldrey\\ndelivered the opinion of the court.\\nJacobo L. Cabassa was charged in the Municipal Court of Ponce with a violation of section 37 of the Excise-Tax Law of Porto Pico, consisting' in that \\\" he had in his possession six automobile tubes and six rubber tires worth $357.58 which he received by the steamship Ponce, trip No. 255, under bill of lading* No. 156, without having paid on them the internal revenue tax imposed by the Excise-Tax Law of Porto Bieo, notwithstanding the fact that the merchandise was taxable under the provisions of the said law\\nThe District Court of Ponce heard this case de novo on appeal and entered a judgment of conviction from which the defendant has taken the present appeal to this court. The appellant neither appeared to argue the case nor filed a brief.\\nNo evidence was examined in the district court because it appears from the transcript of the record brought up that \\\"The parties submitted the case to the court on a stipulation wherein the defendant admitted the allegations of the complaint and the district attorney admitted that the tax on the six tubes and the six automobile tires referred to in the complaint and amounting to $17.88 was paid to the Treasurer of Porto Rico by defendant Jacobo L. Oabassa on April 3, 1920, the said articles having been received by him on March 29, 1920, submitting to the court the question of law raised by the defendant that the collection of the tax in question is unlawful and contrary to- the Constitution because the tax is actually a tax on an importation of merchandise into Porto Rico from the United States.\\\"\\nSection 37 of the Excise-Tax Law, Act No. 55 of 1919, to which the complaint refers, provides in substance that every person who possesses or has on his business premises or on any premises contiguous thereto or connected therewith, or has on' any premises under his control, any merchandise subject to tax under the provisions of the Act, on which such tax has not been paid, except such as are duly entered in a licensed manufacturer's official stock book, shall be guilty of misdemeanor. It is, therefore, one of the requisites for punishing- a person in accordance with this section of the law that the tax on the merchandise subject thereto has not been paid.\\nAccording to subdivision 18 of section 18 of the said law, automobile tubes and tires produced, manufactured, introduced or brought into Porto Rico, among other articles, are subject to a tax of five per cent ad valorem. Section 27 provides that the tax shall attach to such taxable merchandise as may be manufactured or produced in Porto Rico as soon as the same shall have been manufactured or produced, except as otherwise provided in the law, and that any person who sells, removes or otherwise disposes thereof without having paid the tax thereon shall be guilty of misdemeanor. On the other hand, section 31 provides that the tax prescribed on articles introduced or brought into Porto Rico from the United States shall be paid before such articles leave the custody of the owner or agent of the vessel in which such articles are brought, etc.\\nConsidering the wording of these sections of the law and that of the complaint, we understand that tie .appellant was not prosecuted and convicted because the said tubes and tires were manufactured in this Island and he had them in his possession and had removed them from the factory without first paying the tax thereon prescribed by law, but that the complaint intended to charge him with having introduced or brought them into Porto Rico and with having them in his possession without having paid the tax of five per cent ad valorem fixed by the law.\\nThe complaint being considered in this light, we are of the opinion that it does not allege facts sufficient to constitute the offense charged, because it does not allege that the said tubes and tires had been introduced or brought into Porto Rico, for the statement made in the complaint that the defendant received the tubes and tires by the steamship Ponce is not sufficient to charge that he introduced or brought them into Porto Rico from the United States, inasmuch as he might have received them by that steamship from any port of the Island without bringing the merchandise from the United States. It is true that the complaint states that the said merchandise is taxable under the Excise-Tax Law, but that statement is a conclusion of law unsupported by the allegations of the complaint which fails to allege that the merchandise was introduced or brought into Porto Rico.\\nIt is also true that the defendant has not attacked the sufficiency of the complaint and that, admitting the facts therein alleged, he submitted to the court the question of law of the illegality of the collection of the tax, but notwithstanding this we can not consider this question because, the complaint failing to allege that the merchandise had been imported or brought into Porto Rico from the United States, we have no facts on which to base a discussion of the ques tion and it would be academical now to decide wb.eth.er or not tbe tax imposed upon tbe said merchandise when imported or brought into Porto Pico is lawful. Cabassa only admitted tbe allegations of tbe complaint. Tbe judgment of conviction can not be sustained because tbe facts charged and admitted by Cabassa do not constitute an offense.\\nIn tbe cases of People v. Garc\\u00eda and People v. Andreu, 23 P. R. R. 678 and 698, respectively, we reversed tbe judgr ments of conviction notwithstanding tbe fact that tbe defendants bad pleaded guilty, and in tbe case of People v. Guilarte et al., 11 P. R. R. 334, although tbe defendant did not appear in this court to prosecute bis appeal, yet tbe judgment was reversed and tbe defendant discharged because tbe complaint contained tbe material or fundamental defect of not alleging facts sufficient to constitute an offense.\\nThe judgment appealed from must be reversed and defendant Cabassa discharged.\\nReversed.\\nChief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Del Toro and Hutchison concurred.\"}"
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+"{\"id\": \"8777543\", \"name\": \"Vicente Zayas Pizarro, Plaintiff and Appellant, v. Henry G. Molina, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Zayas Pizarro v. Molina\", \"decision_date\": \"1935-07-24\", \"docket_number\": \"No. 7075\", \"first_page\": \"900\", \"last_page\": \"902\", \"citations\": \"48 P.R. 900\", \"volume\": \"48\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:33:30.989892+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Vicente Zayas Pizarro, Plaintiff and Appellant, v. Henry G. Molina, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Vicente Zayas Pizarro, Plaintiff and Appellant, v. Henry G. Molina, Defendant and Appellee.\\nNo. 7075.\\nArgued July 22, 1935.\\nDecided July 24, 1935.\\nL\\u00f3pez de To'rd & Zayas Bizarro for appellant. Lids E. Dub\\u00f3n for appellee.\", \"word_count\": \"698\", \"char_count\": \"3983\", \"text\": \"Mu. Chief Justice Del Toro\\ndelivered the opinion of the court.\\nVicente Zayas Pizarro brought an action in the District Court of Ponce against Henry G-. Molina to recover damages for slander.\\nThe defendant, domiciled in San Juan, asked that the case be removed to the district court of his domicile. Plaintiff objected, and the District Court of Ponce decided the question as follows:\\n\\\"The Court has studied with care the question which has been raised, and which .was duly argued orally and in written briefs, and has reached the conclusion that the cause of action set forth in the amended complaint arises from the Act 'authorizing civil actions to recover damages for libel and slander, ' approved February 19, 1902, and not from section 1802 of the Civil Code, (see, in support of this conclusion,' how section 1868 of the Civil Code in providing for actions which prescribe in one year, distinguishes in its second paragraph between the action to demand civil liability for grave insults or calumny and those obligations which arise from section 1802). Therefore, in accordance with section 81 of the Code of Civil Procedure, the mot on to remove tins case to the District Court of San Juan must be granted.\\\"\\nFeeling aggrieved by that decision, the plaintiff appealed, and the record was filed on June 13 last. On July 8 of this year, appellee moved to dismiss the appeal as frivolous, and a hearing on the motion was had on the 22nd, at which oral argument was made by counsel for both parties.\\nIn our opinion it is clear that the action arises from the special law upon the subject referred to by the trial judge \\u2014 Act authorizing civil actions to recover damages for libel and slander, approved February 19, 1902, Revised Statutes and Codes of Puerto Rico of 1902, page 234.\\nWe cannot take into consideration the argument that if such statute had not been enacted, the courts would undoubtedly have held that, since the action arises from a crime, it would have been authorized by section 1802 of the Civil Code, 1930 ed. In this instance the Legislature was specific, separating the actions not only in enacting the special statute, but also in referring to them within the general provisions of the code to which the trial judge also refers \\u2014 section 1868 of the Civil Code, 1930 ed. \\u2014 ; and it must be concluded that in enacting the provisions of law upon which plaintiff relies \\u2014section 79 of the Code of Civil Procedure, as amended in 1928 (Act No. 34, Session Laws, p. 224) \\u2014 in which reference is made only to section 1803 of the Civil Code (sec. 1802, 1930 ed.), the Legislature did not intend to include actions arising from insult or calumny. If its intention had been otherwise, it would have spoken with the clarity with which it spoke in the latest amendment made by Act No. 18 of April 11, 1935 (Session Laws, p. 174), which, became effective oil July 11, 1935. The reasoning which moved this court to hold in the case of Alvarez v. The American R. R. Co. of P. R., 48 P.R.R. 464, that the amendment embraced the provisions of section 1803 although not expressly referred to, is distinguishable, as may be seen from the language in which the opinion is drafted.\\nThere has been no need for the court to wait until the Act of 1935 should become effective before passing upon this removal. Once the question was submitted to it, it was the duty of the court to decide it in accordance with the law then in force. If the plaintiff believes that the new statute favors him, and that under it he has acquired new rights, he may ask that the case be remanded to the district court in which it was commenced.\\nThe motion must be granted, and the appeal dismissed as frivolous.\\nMr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"8777810\", \"name\": \"Agust\\u00edn F\\u00e1bregas et al., Plaintiffs and Appellants, v. The Mayag\\u00fcez Light, Power & Ice Company, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"F\\u00e1bregas v. Mayag\\u00fcez Light, Power & Ice Co.\", \"decision_date\": \"1932-03-11\", \"docket_number\": \"No. 5302\", \"first_page\": \"197\", \"last_page\": \"200\", \"citations\": \"43 P.R. 197\", \"volume\": \"43\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:49:03.533599+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Agust\\u00edn F\\u00e1bregas et al., Plaintiffs and Appellants, v. The Mayag\\u00fcez Light, Power & Ice Company, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Agust\\u00edn F\\u00e1bregas et al., Plaintiffs and Appellants, v. The Mayag\\u00fcez Light, Power & Ice Company, Defendant and Appellee.\\nNo. 5302.\\nArgued February 5, 1931. \\u2014\\nDecided March 11, 1932.\\nOscar Souffront for appellants. J. Alema\\u00f1y Sosa for appellee.\", \"word_count\": \"803\", \"char_count\": \"4675\", \"text\": \"Me. Chief Justice Del Tobo\\ndelivered the opinion, of the Court.\\nThe hurricane which struck this Island on September 30, 1928, pulled down the two chimneys of the electric plant of the Mayag\\u00fcez Light, Power & Ice Co. On the following day the company confided to Agust\\u00edn F\\u00e1bregas and Henry Ba-rreda the technical direction of the work of restoring the two chimneys, the work to be done as quickly as possible. No price was stipulated at first. Some days later the sum of $1,250 was agreed upon to be paid by the company to F\\u00e1bre-gas and Barreda as compensation for the services contracted. The work was started at once and 19 days afterward, when protests were made by the public who were without electric light service, the company engaged another person to complete the work inasmuch as they deemed that the same was proceeding too slowly, since the smaller of the two chimneys had not yet been erected.\\nF\\u00e1bregas and Barreda had already been paid $450, but as they objected to the decision of the company, they brought this action for damages against it for breach of contract. They sought to recover the sum of $800, or the balance to the contract price for the work which they had promised to perform and which they alleged they had commenced well and faithfully and would likewise have completed if the defendant had not prevented them from so doing.\\nThe case went to trial, and based upon the evidence adduced by the parties the court found that the company had been justified in acting as it did, and that the amount paid by the company to the plaintiffs for the part of the work actually performed by them was sufficient.\\nThe plaintiffs appealed and assigned in the brief seven errors which they have argued ably and extensively. We have carefully examined the evidence and in our judgment there is not sufficient basis for concluding that the same was not properly weighed by the trial court.\\nThe defendant company was furnishing electric light service to the municipalities of Mayagiiez, San German, Cabo Rojo, Lajas, and Hormigueros. The work was contracted for to be completed within the shortest time possible. There is no doubt as to the competency of the plaintiffs, but judging from the hours consumed as recorded in the vouchers and from the results obtained, it is evident that they were proceeding so slowly as to justify the protests from the public which compelled the company to take action. The company apparently was not losing anything by reason of the delay, since its losses were covered by insurance.\\nUnder the circumstances, it was the duty of the company to push the work. Perhaps it ought to have taken action before. Rapidity of performance was an essential element of the contract.\\nSection 1877 of the Civil Code of Puerto Rico as revised and published, pursuant to Joint Resolution No. 18 of 1930 (sec. 1091 of the former code), provides in its pertinent part as follows:\\n\\\"The right to rescind the obligations is considered as implied in mutual ones, in ease one of the obligated persons does not comply with what is incumbent upon him.\\n\\\"The person prejudiced may choose between exacting the fulfillment of the obligation or its rescission, with indemnity for damages and payment of interest in either case. He may also demand the rescission, even after having requested its fulfillment, should the latter appear impossible.\\\"\\nThe party prejudiced elected to rescind and it has been held that the sum paid by it was sufficient. On this point the district court says in its opinion (and in our judgment, its conclusion is supported by the evidence):\\n\\\"The contract referred to the work of erecting both chimneys, of connecting the smokestack of chimney No. 2 with boilers Nos. 2 and 3 and of putting in place the chimney caps and guys. One of the chimneys is 90 feet high and the other 125 feet, making a total of 215 feet. The plaintiffs erected the first chimney to a height of 57% feet, or 26.74 per cent of the combined height of the chimneys -contracted for. The price agreed upon by the plaintiffs was $1,250 for the entire work. They received on account $450, or 36 per cent -of the total contract price, while executing 26.74 per cent of the work as far as the aggregate height of the chimneys is concerned. The remaining work consisted in disconnecting the parts of the other chimney; but the supervision of this work is of no great importance. ' '\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"
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+"{\"id\": \"8777974\", \"name\": \"Swiggett, Plaintiff and Appellee, v. Colmore et al., Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"Swiggett v. Colmore\", \"decision_date\": \"1922-03-07\", \"docket_number\": \"No. 2391\", \"first_page\": \"158\", \"last_page\": \"168\", \"citations\": \"30 P.R. 158\", \"volume\": \"30\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:24:37.147862+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Justices Wolf, Aldrey and Hutchison concurred.\", \"parties\": \"Swiggett, Plaintiff and Appellee, v. Colmore et al., Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"Swiggett, Plaintiff and Appellee, v. Colmore et al., Defendants and Appellants.\\nAppeal from the District Court of San Juan in an Action for Damages.\\nNo. 2391.\\nDecided March 7, 1922.\\nAgency \\u2014\\u25a0 Prohibition \\u2014 Conduct oip Agent. \\u2014 The rule laid down in Silva Brothers 4\\\" Co. v. Registrar of San Juan, 28 P. E. E. 164, that \\\"although an agent cannot acquire the property of his principal, this prohibition is to be construed strictly and if the principal himself sells the property to the agent the agency is understood to be revoked and the prohibition does not apply,\\\" is not absolute. The conduct of the agent is a decisive factor and if it can be concluded that he took advantage of the information obtained by him during the agency and procured its termination in order to profit personally on that information, without giving his principal the benefit oit, his action should not be recognized by the courts as a lawful source of right.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. J. R. F. Ravage for the appellants.\\nMr. F. H. Dexter for the appellee.\", \"word_count\": \"4144\", \"char_count\": \"23126\", \"text\": \"Mr. Chief Justice del Toro\\ndelivered the opinion of the court.\\nIn this case the plaintiff sued for $2,770 damages on a certain option for the purchase of property with which the defendants failed to comply. The defendants admitted that they gave the option, but alleged that it was void and prayed to be absolved from the complaint with the costs against the plaintiff. Several questions of law were raised and disposed of and then the case was tried, the district court finally rendering judgment against the defendants. After referring to the pleadings of the parties the trial judge concluded his opinion as follows:\\n\\\"The ease was tried and documentary and parol evidence was examined from which it appears, in the opinion of the court, that at the outset the plaintiff, as a friend of-the defendants, offered to assist them in making a sale of the property.\\n\\\"The defendants desired that the property should be sold as a whole and for cash.\\n\\\"On the 24th day of September the defendants gave to the plaintiff tlie option, or promise to sell, in the belief that the plaintiff would make a profit of from one to two thousand dollars.\\n\\\"While the contract was in full force and after the plaintiff had received an offer of $13,870 for the property, payable partly in cash and partly in instalments, which would have left him a profit of $2,770, the-defendants revoked the option.\\n\\\"We are of the opinion that there was no such error as that referred to in sections 1232 and 1233 of the Civil Code, and that neither the relation of friendship between the plaintiff and the defendants nor the relation that may have existed as between principal and agent is a cause for considering the contract invalid.\\n\\\" 'Although an agent cannot acquire the property of his principal, this prohibition is to be construed strictly and if the principal himself sells the property to the agent the agency is understood to be revoked and the prohibition does not apply.' Silva Brothers & Co. v. Registrar of San Juan, 28 P. R. R. 164.\\n\\\"Therefore, we are of the opinion that the complaint should be sustained and the defendants adjudged to pay to the plaintiff the sum of $2,770, with the costs and attorney fees.\\\"\\nTlie appellants assign eleven errors which they have fully and carefully argued. The appellee also discussed at length and carefully every question which he considered material. Because of the opinion which we have formed of the case, we shall not consider the first five assignments referring to \\\"the demurrer\\\" and to \\\"the rulings during the trial\\\" and shall analyze and dispose of the remaining assignments grouped in their brief under the heading of \\\"errors in the judgment. ' '\\nAn examination of the pleadings and the evidence together justifies the following findings: The Domestic and Foreign Missionary Society of the Protestant Episcopal Church of the United States, one of the defendants, was the owner of a parcel of land in the ward of Bayola, Santurce, San Juan, P. B., of an area of 7,325 square meters, and the title was recorded in the registry of property in the name of the other defendant, Charles B. Colmore, Bishop of the said Protestant Episcopal Church.\\nThe plaintiff testified that in May of 1918, in the office of the Home Missions in New York, he spoke with Dr. Gray, who asked his opinion about the purchase made by Bishop Colmore of the piece of land in question. The plaintiff replied that in his opinion the bishop had not made a bad bargain. The doctor asked him if he thought that $13,000 would be a good selling price for the property and the plaintiff answered that the price of a thing was never known until it was sold. Then the doctor asked him whether he would be willing to assist the bishop'in selling the property \\\"and I replied (to quote the plaintiff) that I would be very glad to help him and to do anything I could for the benefit of the church, as I always had done.\\\"\\nThe plaintiff returned .to Porto Rico. He and the bishop had several conferences and it was. agreed to place a poster on the land offering the property for sale and referring prospective purchasers to Bishop Colmore or to Swiggett Brothers for information.\\nSome time elapsed. Jos\\u00e9 Nieves, a broker, conferred with Bishop Colmore and offered to sell the property in small lots at the rate of $2.50 the square meter, free of expenses and commission. On September 21, 1918, Sebasti\\u00e1n Moll said to the plaintiff that he was interested in purchasing the property and asked him to name a price. The plaintiff replied that Moll knew the value of properties in the Condado and asked him to make an offer in writing. Moll made him a written offer of $13,870. The offer is dated September 21, 1918, and Moll testified that it was delivered \\\"two, three or four days thereafter.\\\" The plaintiff testified that he received it in the morning of the 25th of September.\\nIn the afternoon of the 24th of September the plaintiff went to the house of defendant Colmore and there the following document was signed:\\n\\\"San Juan, P. R., Sept. 24th, 1918. \\u2014 It is hereby agreed that I, Chas. B. Colmore, on or before November 1st, 1918 will sign the deed to the property situated in the Condado next to the Presbyterian Hospital and bought by me from George D. Graves in favor of E. S. Swiggett, in consideration of the price of Eleven Thousand One Hundred Dollars.\\\"\\nThere is a contradiction in the evidence of the parties regarding the circumstances which preceded the signing of the document and which led the bishop to decide as he did. The tendency of the evidence of the plaintiff is to show that, in the afternoon of the 24th he called on the bishop divested of his character of adviser or agent to treat the matter as. a simple business transaction, stating that he hoped to make' a profit of from one to two thousand dollars, and that with full knowledge of all this defendant Colmore signed the option. On the contrary the evidence of the defendants tends to represent the bishop as a man without experience in business matters, hesitant as to what decision he should make, anxious to do the best he could for the interests of his church and fully confiding in the friendship and knowledge of the. plaintiff, and that he finally decided to sign the document because the plaintiff advised him that the sale of the property in lots would be delayed and involve the risk of selling the best of them while the worst remained unsold; that there was no prospective purchaser, and that the best thing for the church would be to regain the money invested, which would be accomplished exactly, by the offer of $11,100 made by the plaintiff for the land. The said evidence admits that the plaintiff spoke about making a profit of from one to two thousand dollars, but indicates that he said that he would have to wait for it for one or two years.\\nAfter the document was signed the plaintiff went home and was immediately called over the telephone by the bishop who told him that he wanted to think over the matter more carefully and that he had acted very hastily. The plaintiff was displeased and called the bishop a little later and told him that he was going to send him the document by a mes senger. Tlie bishop told him to keep it and said that they could talk the matter over the next morning. The plaintiff in his testimony describes what occurred on the next day as follows:\\n\\\"He came to my house in the morning and told me that he had made no decision in the matter and that he desired to speak with me again. I agreed that he might do so and said that 'within fifteen' minutes I would take the trolley, because if I go to San Juan and sell this land you will do nothing but inconvenience me.' This conversation took place in my house at 9 o'clock in the morning of the day following the signing of the contract. I told him afterwards when he came to my house that morning, as I had told him the day before, that I was no longer an adviser because I was then a prospective purchaser. I had been in my store for two hours when Mr. Moll came in and offered me $13,870 for the property. He made the offer in writing. I told him that I could not accept the offer, but that if he would increase it, then I could come to an understanding with him. Then we went to La Mallorqu\\u00edna and while on our way we met Mr. Prieto, who went to see the bishop and told him '* '* . This was on September 25, 1918. At 4 o'clock in the afternoon of that day the bishop came to see me and asked me whether I was going to hold him to the contract which he had signed the afternoon before. I asked him what he meant and he replied that Mr. Prieto had sold the property for $17,500. I replied that if this was true I would not oblige him to live up to the promise \\u2022 as regards the difference between this amount and the amount of my contract. Then he insisted that I should return the contract to him and I told him that I would if he gave me a check for $2,770, which was the difference between the price under the option that he gave me and the sum for which I could have sold the property to Mr. Moll on that same day, and .that I was willing to waive the difference between the price I could have obtained from Mr. Moll and the price paid by the other purchaser.\\\"\\nDefendant Colmore's version is as follows:\\n'I went to his house in the morning and talked with him about the matter, the conversation being almost the same as that we had in afternoon of the day before. I went to his house about eight o'clock. The plaintiff was dressing. What he said to me was not exactly what he had said the day before. There was some difference. That morning I remember he said that his position was then that of a purchaser instead of ah adviser. I can not say positively that this was the first time that he had said so, but it was the first time that it was made very clear. I remember that he said on that day that during his conversation with Dr. Gray in New York Dr. Gray had said that the purchase of the property was unfortunate and that they wanted to get back their money; that this was the opportunity to do so, and- that he thought that this was the best thing for me to do. I think that in these conversations the idea was expressed that it was not possible to sell the land in lots. I do not remember his exact words in this connection. The idea that I have in mind is that his advice was not to try to sell it in lots because the opportunity to do so was not offered. This second conversation took place in the morning of the 25th. The conversation concluded in an agreement to continue the option. Mr. Swiggett did not say that I had to decide within fifteen minutes. That afternoon at about four o'clock Mr. Jos\\u00e9 Nieves Prieto called at my house. By reason of Nieves Prieto's visit I immediately went to Mr. Swig-gett's store. I asked Mr. Swiggett whether he knew what Mr. Jos\\u00e9 Nieves Prieto had said about what he could do in selling the land. I told Mr. Swiggett that the information I had from Mr. Nieves Prieto was that he had made a plan for dividing the land, had purchasers for it and had agreed to pay net $2.50 the meter. He made that offer the first time I spoke with him. The 25th was the first time I saw Mr. Nieves Prieto after the conversation that Mr. Nieves Prieto had with Mr. Swiggett in the latter's store in my presence. I immediately went to see Mr. Swiggett in the afternoon of the 25th. Mr. Swiggett was in his store. When I made these statements Mr. Swiggett asked me what I wished to do. I replied that I only wanted to know whether he was going to hold me to the option that I had given to him the night before. Mr. Swiggett thought for a moment and then said that he would not hold me to anything. Immediately after he said that a friend came up in his automobile and Mr. Swig-gett said to me: 'I have an engagement with this friend and have to go out now, I will speak with you later. ' ' '\\nThere are two instants of decisive importance in this case - \\u2014 that when the option was signed and that when defendant Colmore was in the store of the plaintiff in the afternoon of September 25th.\\nThe district court does not analyze the evidence minutely in its opinion, hut in holding that the option was valid it impliedly adjusted against the defendants the conflict as to the plaintiff's conduct and as to the plaintiff's relieving the defendants of their obligation. This being so, the judgment could be reversed only on proof that the court was influenced by passion, prejudice or partiality, or \\u2022 committed manifest error.\\nWe are convinced that themourt did not act with passion, prejudice or partiality, but, in our opinion, it plainly erred in weighing the evidence.\\nThe court cited the jurisprudence laid down by this court in the case of Silva Brothers & Co. v. Registrar of San Juan, 28 P. R. R. 164, that \\\"although an agent can not acquire the property of his principal, this prohibition is to be construed strictly and if the principal himself sells the property to the agent the agency is understood to be revoked and the prohibition does not apply.\\\"\\nPerhaps the absolute terms in which that doctrine is stated contributed to the error of the trial court. Perhaps the judge thought that as in this case it was the principal himself who sold the property directly to the agent, the prohibition was not applicable, without further consideration.\\nThe rule is not absolute. The conduct of the agent is a decisive factor and if it can be concluded that he took advantage of the information obtained by him during the agency and procured its termination in order to profit personally by that information, his action should not be recognized by the courts as a lawful source of right.\\nThere are many decisions of the American courts on this question. We shall quote only the summing up by Cyc. of those which we consider most pertinent in order not to extend this opinion unnecessarily.\\n\\\"In accordance with the above rule, good faith and loyalty to the principal's interests require that an agent must not, except with his principal's full knowledge and consent, assume any duties or enter into any transaction concerning the subject-matter of the agency in which he has or represents interests adverse to those of his principal. If he does so the principal, when he acquires full knowledge of the facts may repudiate the transaction, without regard to whether the agent acted in bad faith, or whether the transaction resulted in a loss to the principal; or the principal may adopt the transaction and compel the agent to account for any profits made thereby. Nothing will defeat this right of the principal except his own confirmation after full knowledge of all the facts, and it does not matter that the agent was a mere volunteer agent, or that he was acting gratuitously. Nor is this rule affected by a custom or usage to the contrary of which the principal had no notice, actual or constructive.\\\" 31 Cyc. 1432-33.\\n\\\"As a general rule an agent is not permitted to enter into any transaction with his principal on his own behalf respecting the subject-matter of the agency, unless he acts with entire good faith and without any undue influence or imposition, and makes a full disclosure of all the facts and circumstances attending the transaction. Since this rule, however, exists to protect the principal, it has no application to cases in which the agent openly and fairly deals with the principal, as in such cases an agent is as competent to deal with the principal as another. However, because of possible abuses of confidence and trust reposed in the agent, and of his commanding influence over the principal, and of the natural conflict of duty and interest in dealings between the principal and agent, the law views with suspicion, and scrutinizes closely, all dealings between them in the subject-matter of the agency, to see that the agent has dealt with the utmost good faith and fairness, and that he has given the principal the benefit of all his knowledge and skill, and if it appears that the agent has been guilty of any concealment or unfairness, or if he has taken any advantage of his confidential relation, the transaction will not be allowed to stand. It forms no exception to this rule that the agent had no authority to contract for his principal as to the subject-matter, but that he was merely employed to investigate or seek a person with whom the principal might deal.\\\" 31 Cyc. 1442-43.\\n\\\"Loyalty to bis principal's interests requires tbat an agent should make known to bis principal every material fact concerning tbe subject-matter of bis agency tbat comes to bis knowledge or is in bis memory in tbe course of bis agency; and if be fails to do so be is liable in damages to bis principal for any injury incurred or loss suffered in consequence of sucb failure, although it has been held tbat by so doing tbe agent makes tbe obligation or claim bis own on which be is liable to' tbe principal as tbe third person would have been.\\\" 31 Cyc. 1450-51.\\nIn the opinion of this court in the case of Ledesma et al. v. Agrait et al., 19 P. R. R. 541, 547, which, involved the question of a sale made by a principal to his agent, the following was said:\\n\\\"From these facts we do not doubt tbat Ledesma bad all tbe material knowledge tbat was in tbe possession of bis agent and that be ratified tbe sale if sucb ratification, considering tbe prohibited nature of the transaction, was in his power. ' '\\nIf we take at its full value the testimony of defendant Colmore, of his wife and of Charles Hartzell, it is evident that when on September 24, 1918, the plaintiff wanted to divest himself of the character of agent or adviser and to assume that of a purchaser, he did not give to defendant Colmore all of the information that he had, as was his duty. That same conclusion may be reached even by accepting the testimony of the plaintiff himself and analyzing it as a whole, On September 21st the plaintiff, acting as agent, received Moll's proposition. As agent he told Moll to make his offer in writing and to state the price that he was willing to pay. If on September 24th the plaintiff had informed Colmore of this fact, he would have given him an opportunity .to inquire into the offer, and as Moll had written it on the 21st, is it not reasonable to believe that if Colmore had known of it and had been informed by it that Moll offered to pay $2,770 more than the plaintiff offered for the property, he would not have signed the option on which the plaintiff bases his claim? How can we recognize in the plaintiff rights which emanate from liis silence at a time when he should have spoken out clearly? It is Moll's offer, which was at least proposed, if not consummated, and not duly made known to the defendant while the plaintiff was his agent, on which the' plaintiff relies for his claim of profits which he failed to receive.\\nFrom an examination of all of the evidence we believe that when defendant Colmore signed the option in question lie did so under the impression created by the plaintiff's statements that the latter's offer was the best that could be obtained in the interest of the church at that time, and that if the plaintiff could make any profit, it . would be at the end of a period of one or two years and under the necessity of borrowing money. We are of the opinion also that on September 24th the plaintiff did not mention to defendant Col-more the name of Moll, nor the offer received from Mm while acting as the defendant's agent.\\nThe' intendment of the law is to sanction lawful transactions, to.insure the proper performance of contracts, to reward labor and intelligence and the courage and determination which often imply the assumption of risk; but in no manner to aid those who in pursuit of their purposes assume attitudes contrary to their own previously contracted obligations. The first and principal duty of the plaintiff in this case was towards the defendants. Only by completely discharging his trust as to them and after they had received the full benefit of.the information acquired and the opportunities offered, could a new relation have originated. Perhaps the plaintiff believed that he was acting correctly. Perhaps he thought that it was sufficient to inform the defendants on the 24th of September that from that time he was no longer an adviser. But we have seen that in accordance with the law and jurisprudence this is not sufficient. It has been said that friendship and confidence are one thing and business is another. It is true that the expectation of making a profit is the principal inspiration of business relations; but the only profits that can be recognized by a well.organized social system like our own are those which are based on fair transactions; that is, those in which each party is assured of what is his, and in this case Moll's offer was virtually made to the defendants and not to the plaintiff. In order that the plaintiff could have built the structure of his claim on Moll's offer he should have communicated it first to his principal and if his principal declined it and with full knowledge of the circumstances decided to contract with the plaintiff, then he would have built upon a rock and not upon the sand, as he did in this case.\\nIn these circumstances the judgment appealed from must be reversed and it is not necessary to consider the evidence regarding the second of the two instants which we have classified as decisive of the case. We refer to the time when, according to defendant Colmore, he asked the plaintiff in the afternoon of September 25th whether he was going to hold him to the option and received an unconditional negative reply, and when, according to the plaintiff, what passed was that he agreed not to force the performance of the contract if payment was made to him of the profit which he had then made from Moll's offer, or $2,770.\\nThe appeal is sustained, the judgment appealed from is reversed and substituted by another judgment dismissing the complaint without special imposition of costs.\\nReversed.\\nJustices Wolf, Aldrey and Hutchison concurred.\"}"
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+"{\"id\": \"8778790\", \"name\": \"Heirs of Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Cintr\\u00f3n, Plaintiffs and Appellants-Appellees, v. Heirs of Alfonso G. Ag\\u00fcero V\\u00e1zquez, Defendants and Appellees-Appellants\", \"name_abbreviation\": \"Heirs of Mand\\u00e9s Cintr\\u00f3n v. Heirs of Ag\\u00fcero V\\u00e1zquez\", \"decision_date\": \"1932-03-30\", \"docket_number\": \"No. 5090\", \"first_page\": \"278\", \"last_page\": \"282\", \"citations\": \"43 P.R. 278\", \"volume\": \"43\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:49:03.533599+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Hutchison dissented.\", \"parties\": \"Heirs of Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Cintr\\u00f3n, Plaintiffs and Appellants-Appellees, v. Heirs of Alfonso G. Ag\\u00fcero V\\u00e1zquez, Defendants and Appellees-Appellants.\", \"head_matter\": \"Heirs of Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Cintr\\u00f3n, Plaintiffs and Appellants-Appellees, v. Heirs of Alfonso G. Ag\\u00fcero V\\u00e1zquez, Defendants and Appellees-Appellants.\\nNo. 5090.\\nDecided March 30, 1932.\\nTons Soto & Zapater for plaintiffs-appellants. R. Rivera Zoyas and A. L. L\\u00f3pez for defendants-appellees.\", \"word_count\": \"1210\", \"char_count\": \"6991\", \"text\": \"Me. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the Court.\\nAs outlined in our original opinion, this was an attack on a mortgage proceeding on two grounds, namely, that one of the heirs of Mand\\u00e9s had not been made a party, and that at the time of the mortgage sale Passalacqua Bros. & Co. was not the owner of the mortgage credit. A motion for reconsideration has been presented.\\nWith regard to the cession, we have little to add to our original opinion except to say that we are satisfied that the defendants were third persons and the plaintiffs do not in any way satisfy ns that at the time of the mortgage sale any of the defendants had notice or knowledge of the lack of ownership in Passalacqna Bros. & Co.; that is to say, that even supposing that the original mortgage proceeding was void or voidable, the said defect did not appear from the registry.\\nThe plaintiffs insist that when a proceeding is begun in revendication to recover a piece of property, all that a plaintiff needs to do is to show that the title is in him or his ancestor and that then the burden of proof falls upon the purchaser under a mortgage sale to show that the sale took place in due form. This might be true if the mortgage sale itself had not been recorded in the registry of property. With such a record the burden is or remains with the plaintiff to show that the record was either unduly made or that the foreclosure sale was subject to annulment. What happened in this case was, as a matter of fact, that the succession of Mand\\u00e9s, who succeeded to his rights, was composed of the widow, two natural children and Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Ortiz, who was a legitimate son. In the certificates issued by various registrars of property there is a statement or statements that the sale took place against the Succession of Mand\\u00e9s, composed of the widow and the two natural children. Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Ortiz was not mentioned as part of the said succession. It transpired at the trial that all the papers of the mortgage proceeding had been lost and no trace of them could be found. There fore, one could not actually know bow the original mortgage proceeding was brought or whether Jos\\u00e9 S. Maudes Ortiz was actually made a party. Non constat that he was made such a party, if necessary, and yet that'the transcript in the registry was not a faithful reproduction of what in point of fact happened in the proceeding.\\nWe repeat what we said in our original opinion, that the mortgage proceeding, is not an adversary one in the ordinary sense, so that in reality there are no parties but there is a demand (requerimiento) made upon the debtors or the person in charge of the property, as the case may be. Again, as the mortgage proceeding is not before us, differently from the ease of Arvelo et al. v. Banco Ter. y Agr., 25 P.R.R. 677, we can not say that the demand was not made upon the person in charge of the property. All that the record originally showed was the statement that the mortgage execution had taken place against the succession of Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s, composed of his widow and two natural children concerned. This apparently was a perfect description.. Nevertheless, the registrar of property recorded the deed with the curable defect that the property had never been recorded in the name of the said succession. This ruling of the registrar was appealed from and reversed by this Court in the ease of Pasalacqua v. Reg. of Prop., 6 P.R.R. 87.\\nWhat appeared in the registry was only a statement by the registrar as to who composed the succession, but did not show that the proceedings were-not properly initiated and followed up. Anyone purchasing at the mortgage sale could not know from the registry of any defect in the record and again the defendants until a due proceeding- were third persons so far as any defect in the mortgage proceeding was concerned. This of course does not militate against our ruling in the case of Anaud v. Mart\\u00ednez et al., 40 P.R.R. 641, that the mere record does not by itself make the title good in persons who acquired the property, but the burden neverthe less remains in one who would attack the record to show that the mortgage proceeding was in fact null and void.\\nWhat the case of Anaud and its confirmation decide is that the Mortgage Law reserves the right in a debtor to annul the mortgage proceeding. Without such annulment third persons are protected by virtue of sections 33 and 34 of the Mortgage Law. A mortgage sale duly recorded is valid until annulled. Section 34 protects third persons with the exception contained in the Mortgage Law itself, including article 175 of the Regulations.\\nNor does it make any difference that the plaintiffs in their complaint set up that Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Ortiz was not made a party defendant in the mortgage proceeding, because as we have pointed out and the defendants have insisted, there are no parties in a real sense in a mortgage proceeding. The outcome is not res judicata as the case of Anaud shows. Jurisdiction and a valid sale may arise without serving a particular heir with a demand (requerimiento). The defendant, therefore, was not hound by his failure to deny the statement contained in the complaint. The averment that Jos\\u00e9 Mand\\u00e9s Ortiz was not made a party did not exclude the possibility of a due demand (requerimiento). Also, we wish to draw attention to the fact that the registry did not authentically show who were the heirs of Jos\\u00e9 S. Mand\\u00e9s Cin-tron, ancestor of the plaintiffs.\\nThese considerations apply in a suit of revendication like the present one. We may say in passing, however, that it seems to us that article 175 of the Regulations contemplates a suit to annul the mortgage proceedings. The words of article 175 are as follows:\\n\\\"All other claims that may be brought, either by the debtor or by third persons in possession and other persons interested, including those involving the nullity of the title or of the proceedings, or the maturity, truth, extinction or amount of the debt, shall be heard in the proper plenary action, without ever producing the effect of suspending or interfering with the execution proceedings.\\\"\\nWith, the words \\\" including those involving the nullity of the title or of the proceedings,''\\\"the Legislature apparently contemplated a suit for the nullity of the mortgage proceeding, and not a revendicatory action.\\nThe plaintiffs, who succeeded in recovering two pieces of property, asked us sometime ago to send the mandate to the district court, but we have thought it more advisable to dispose of the whole case, even though the defendants have not appealed or presented a motion for reconsideration.\\nThe motion for reconsideration will be denied.\\nMr. Justice Hutchison dissented.\"}"
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+"{\"id\": \"8778924\", \"name\": \"Pablo Calcerrada, Plaintiff and Appellant, v. American Railroad Company, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Calcerrada v. American Railroad Co.\", \"decision_date\": \"1926-07-22\", \"docket_number\": \"No. 3766\", \"first_page\": \"801\", \"last_page\": \"802\", \"citations\": \"35 P.R. 801\", \"volume\": \"35\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:26:42.400558+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Pablo Calcerrada, Plaintiff and Appellant, v. American Railroad Company, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Pablo Calcerrada, Plaintiff and Appellant, v. American Railroad Company, Defendant and Appellee.\\nNo. 3766.\\nArgued January 13, 1926.\\nDecided July 22, 1926.\\nE. Martinez Aviles for the appellant. Mariano Acosta Velarde for the appellee.\", \"word_count\": \"410\", \"char_count\": \"2428\", \"text\": \"Mr. Justice Aldrey\\ndelivered the opinion of the court.\\nAfter the plaintiff had introduced his evidence and rested the court, on motion by the defendant for nonsuit, ruled that the evidence was not sufficient to support a judgment for the plaintiff and dismissed the case. That ruling of the court is one of the errors assigned by the appellant in his Appeal.\\nThe action was for damages claimed by the plaintiff because while a truck belonging to him was discharging its cargo at the station of the defendant Railroad Company in the city of Arecibo, the said truck being on the railroad track, some cars of the defendant company suddenly arrived without control and loose from their engine, through the carelessness and negligence of the company's employees, and collided, with the said truck and injured it to the extent of the amount claimed.\\nThere was no discrepancy in the testimony of the witnesses for' the plaintiff with respect to the occurrence of the fact in the manner stated, but there was some contradiction as to whether or not the truck was on the track with the consent of the defendant's employees, for while the chauffeur of the plaintiff testified that it was the custom to put the trucks there and nobody objected to it, and that the defendant's employees authorized their standing there, another witness for the plaintiff, station agent Rafael Torres, said that he did not authorize the putting of the truck at that place, as it was prohibited, and that though some people want to discharge cargo there, their attention is called to the fact that that is no place for discharging cargo.\\nThe judgment on a motion of nonsuit must rest on the lack of evidence for the plaintiff to sustain his complaint, but no weighing of the evidence is made. Gonz\\u00e1les v. Gonz\\u00e1lez, 30 P.R.R. 765. In this present case there was some evidence to the effect that the defendant permitted trucks taking cargo to the station to stand on the railroad track, and although this was contradicted by another witness for the plaintiff, the court can not, on a motion for nonsuit, decide the .question of a conflict in that evidence.\\nTherefore the judgment appealed from should be reversed and remanded.\"}"
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+"{\"id\": \"8779666\", \"name\": \"Rivera, Plaintiff and Appellant-appellee, v. Mart\\u00ednez, Defendant and Appellee-appellant\", \"name_abbreviation\": \"Rivera v. Mart\\u00ednez\", \"decision_date\": \"1918-02-07\", \"docket_number\": \"No. 1778\", \"first_page\": \"127\", \"last_page\": \"130\", \"citations\": \"26 P.R. 127\", \"volume\": \"26\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:33:00.148660+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf and Hutchi-son concurred.\", \"parties\": \"Rivera, Plaintiff and Appellant-appellee, v. Mart\\u00ednez, Defendant and Appellee-appellant.\", \"head_matter\": \"Rivera, Plaintiff and Appellant-appellee, v. Mart\\u00ednez, Defendant and Appellee-appellant.\\nAppeal from tlie District Court of Aguadilla in an Action for Libel and Damages.\\nMotion by Defendant to Correct the Record.\\nNo. 1778.\\nDecided February 7, 1918.\\nTranscript of Record \\u2014 Notice of Judgment. \\u2014 Notice of the judgment to the appellant need not appear in the transcript of the record. The fact that the appeal has been taken implies that the said party knew of the existence of the judgment, which is the purpose of such notice.\\nId. \\u2014 Appeal\\u2014Notice of Appeal. \\u2014 When both parties reside in the same city the appellant should not serve notice of appeal on the adverse party by mail, this being a ground for dismissal of the appeal unless it is shown, as was done in this ease, that the appellee was duly informed of the appeal.\\nId. \\u2014 Id.\\u2014Id.\\u2014Certificate of Clerk. \\u2014 The certificate of the clerk should state, in the language of the law, that the transcript contains a true and exact copy of the judgment roll and of the notice of appeal, but this does not mean that failure to follow literally the wording of the statute renders the certificate invalid.\\nCorrection of Record \\u2014 Answer.\\u2014The fact that a plaintiff-appellant does not file a written answer to a motion of the defendant-appellee for leave to correct the record is no ground for considering the allegations therein contained to be true. Section 132 of the Code of Civil Procedure is not applicable to the case.\\nStatement of Case. \\u2014 Section 299 of the Code of Civil Procedure prescribes the procedure to be followed for the preparation of the statement of the ease, and the day set by the trial judge is the proper time for the adverse party to appear and make such observations as he'may deem pertinent concerning the bill or statement presented by the appellant.\\nId. \\u2014 Judgment Roll. \\u2014 According to Rule 55 of -the court, proceedings for the preparation of a statement of the case cannot be reopened after it has been approved and ordered by the trial judge to be included in the judgment roll.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Lms Llorens Torres for the plaintiff.\\nThe defendant appeared pro se.\", \"word_count\": \"1480\", \"char_count\": \"8393\", \"text\": \"Mr. Justice del Toko\\ndelivered the opinion of the conrt.\\nOn January 14, 1918, the transcript ,of the record prepared by the plaintilf-appellant in an action brought by Jos\\u00e9 O. Rivera in the District Court of Aguadilla against Victor P. Martinez for damages for libel was filed in the office of \\\"the secretary of this court. On January 22 V\\u00edctor P. Mar- t\\u00ednez, defendant in the said action, filed a motion, dated the twenty-first of the same month, alleging (1) that a copy of the transcript was served on him on January 12, 1918; (2) that the judgment in the action was rendered on October 26, 1917, but it does not appear when the appellant was notified of it, therefore it must be concluded that the appeal was taken after the expiration of the legal period; (3) that the service of the notice of appeal is void because it was'made by mail although both parties reside at the same place; (4) that on December 11, 1917, the defendant filed with the secretary of the lower court certain \\\"amendments to the statement of the case and bill of exceptions, of which notice was given to this party on the fourth instant in the appeal taken by plaintiff Jos\\u00e9 C. Rivera from the judgment rendered by this court on October 26, 1917, and of which notice was given on the twenty-seventh of the same month,\\\" but that the defendant has not been notified of any ruling of the said lower court allowing or rejecting the said amendments which are copied into the motion; (5) that the certificate of the secretary subjoined to the transcript of the record does not conform to the stab utory requirements.\\nNotwithstanding allegations 2, 3 and 5, the defendant's motion prays only that this court order the record to be corrected according to\\\" the proposed amendments.\\nLater the said defendant filed another motion dated January 26 last, alleging that the first motion was verified; that notice of it had been served on the adverse party; that the hearing on the motion was set for January 28 and that his said first motion had not been opposed, wherefore according to section 132 of the Code of Civil Procedure, it should be taken as true and consequently the appellant should be ordered to correct and amend the transcript of the record according to his said first motion.\\nThe case was called for a hearing on the motion on the day set and the defendant did not appear. Only the plaintiff appeared by his attorney.\\nIn view of the limited prayer of the defendant both in-his motion of January 21 and in that of January 26, we might refuse to consider the questions raised under Nos. 2, 3 and 5 of the first of said motions, nevertheless we will proceed' to consider them.\\nIt is not necessary that the transcript should show that, the appellant was notified of the judgment. The fact of' his having appealed implies that the said party was advised of the existence of the judgment, and this is the purpose of the notice. It appears that the defendant confounds notice of the judgment with the recording of it in the books of the-court.\\nWhen both parties.reside in the same town the appellant should not serve notice of his appeal on the defendant by mail. But for the fact that the defendant's own motion shows that he was informed in time of the taking of the appeal, this would he a sufficient ground for dismissal of the appeal. See Quintero et al. v. Morales, 19 P. R. R. 1120.\\nThe statute relied on by the defendant prescribes that the record of an appeal shall be constituted by the certificate to be issued by the secretary of the court a g%io or by the attorney of the parties, of the judgment roll and of the notification of the appeal.\\nThe secretary of the lower court certified in the present case that the transcript was a true and correct copy of the material original pleadings in the action. We have examined the said transcript and find that it contains all the documents constituting the judgment roll as well as the notice of appeal. So that although the secretary did not follow the wording of the statute in his certificate as he ought to have done, it is a fact that he practically complied with all of its requirements.\\nWe now come to the final question regarding the correction of the record, and this is the opportune moment for considering also the second motion of the defendant. Section 132 of the Code of Civil Procedure, which provides that- every material allegation of tire complaint not 'controverted by the answer mnst, for the purposes of the action, be taken as true, is not applicable to this case. Indeed, it would have been much more correct for the plaintiff to- have answered the defendant's motion in writing, but his failure so to do is no ground for taking all the defendant's allegations as true.\\nWe have already said that the defendant did not appear at the hearing on his motion. The plaintiff appeared and only orally opposed the proposed amendments because this was not the time nor the proper proceeding therefor.\\nSection 299 of the Code of Civil Procedure prescribes the manner of preparing the statement of the case, and the day set by the trial judge is the proper time for the adverse party to appear and make whatever objections he may deem fit with regard to the bill of exceptions or statement filed by the appellant. The defendant does not allege in his motion that he was not given the opportunity provided for by the law, but rests his entire complaint on the fact that he had received no notice of what had been determined regarding the written amendments filed by him. The parties cannot impose upon the courts such a course of procedure as they may elect, but must submit to that provided for by the law and practiced by the courts.\\nBesides, what really is now sought is to reopen the proceedings for the preparation of a statement of the case which has already been approved and ordered by the trial court to be included as a part of the judgment roll (transcript of record, p. 55). Such a proceeding does not lie within the provisions of Buie 55 of this court.\\nTherefore, the defendant's motions of January 21 and 26 must be overruled.\\nMotion overruled.\\nChief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf and Hutchi-son concurred.\\nMr. Justice Aldrey took no part in the decision of this case:\"}"
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+"{\"id\": \"8782383\", \"name\": \"Juan H. Font, demandante, apelado y apelante, v. Ignacio L\\u00f3pez Col\\u00f3n, demandado, apelante y apelado\", \"name_abbreviation\": \"Font v. L\\u00f3pez Col\\u00f3n\", \"decision_date\": \"1942-03-19\", \"docket_number\": \"Num. 8347\", \"first_page\": \"161\", \"last_page\": \"165\", \"citations\": \"60 P.R. Dec. 161\", \"volume\": \"60\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:04:15.707600+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.\", \"parties\": \"Juan H. Font, demandante, apelado y apelante, v. Ignacio L\\u00f3pez Col\\u00f3n, demandado, apelante y apelado.\", \"head_matter\": \"Juan H. Font, demandante, apelado y apelante, v. Ignacio L\\u00f3pez Col\\u00f3n, demandado, apelante y apelado.\\nN\\u00fam. 8347.\\nSometido: Marzo 5, 1942.\\nResuelto: Marzo 19, 1942.\\nFrancis \\u2022& B-\\u00e9laval, abogados del apelante apelado; V\\u00edctor M. Pons, abogado del apelado apelante.\", \"word_count\": \"1046\", \"char_count\": \"6379\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or SnydeR\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl 29 de abril de 1937 en el pueblo de Cayey, Lorenzo Fern\\u00e1ndez, nn ni\\u00f1o de 8 a\\u00f1os de edad, fn\\u00e9 lesionado seria-mente al ser arrollado por nn autom\\u00f3vil de la propiedad de Ignacio L\\u00f3pez Col\\u00f3n, el demandado, mientras dicho autom\\u00f3-vil era conducido por el ch\\u00f3fer de \\u00e9ste. Ignacio L\\u00f3pez Co-l\\u00f3n no iba en el autom\\u00f3vil al ocurrir el accidente. El ni\\u00f1o fu\\u00e9 llevado al Hospital Municipal de Cayey. Cuando se no-tific\\u00f3 del accidente a L\\u00f3pez Col\\u00f3n, \\u00e9ste acudi\\u00f3 inmediata-mente al Hospital Municipal y orden\\u00f3 que se trasladara el ni\\u00f1o a la Cl\\u00ednica Font, propiedad de y administrada por el Dr. Juan H. Font, el demandante.\\nAl ni\\u00f1o se le practic\\u00f3 un tratamiento de shock; al d\\u00eda si-guiente se le practic\\u00f3 una grave y extensa operaci\\u00f3n abdominal; se le someti\\u00f3 a diversos ex\\u00e1menes de sangre y orina y se le suministraron diferentes medicinas durante su hos-pitalizaci\\u00f3n; se le practic\\u00f3 una operaci\\u00f3n para corregir una fractura en su pierna izquierda; fu\\u00e9 hospitalizado durante 54 d\\u00edas; y fu\\u00e9 dado de alta sufriendo a\\u00fan de par\\u00e1lisis y de un acortamiento de la pierna izquierda, condiciones ambas que' estaban destinadas a ser permanentes.\\nEl demandante inici\\u00f3 un pleito contra el demandado por la cantidad de $760.50 por los servicios profesionales as\\u00ed su-ministrados al ni\\u00f1o. La corte de distrito le concedi\\u00f3 $654.50 con intereses desde la fecha en que se radic\\u00f3 la demanda, pero sin honorarios de abogado. El demandado ha apelado y el- demandante ha radicado una apelaci\\u00f3n solicitando $500 como honorarios de abogado.\\nAunque el demandado originalmente asumi\\u00f3 la posi-ci\\u00f3n de que la demanda no aduc\\u00eda una causa de acci\\u00f3n, no ha discutido aqu\\u00ed esa cuesti\\u00f3n. La demanda era suficiente dentro de la doctrina establecida en March\\u00e1n v. Eguen Otazabal, 44 D.P.R. 408, 415, y en Garc\\u00eda v. Preston et al., 17 D.P.R. 586. Tampoco hay disputa alguna en cuanto al valor .fijado en definitiva por la corte de distrito a los servicios profesionales suministrados.\\nLa \\u00fanica cuesti\\u00f3n substancial en este caso es si el deman-dado se oblig\\u00f3 o no a pagar al demandante por los referidos servicios profesionales. Para librarse de responsabilidad el demandado invoca la llamada regla humanitaria al efecto de que cuando uno solicita atenci\\u00f3n m\\u00e9dica para una persona en angustia, no se crea por esto ninguna obligaci\\u00f3n de pagar por ella. V\\u00e9ase 125 A.L.R. 1428. El demandado tambi\\u00e9n descansa en una serie de casos decididos por esta corte re-solviendo que \\\"uno que llama a un m\\u00e9dico para que preste servicios a otro no es responsable del pago de los servicios prestados, en ausencia de un pacto expreso oblig\\u00e1ndose a ello\\\". Navas v. Aetna Casualty & Surety Co., 41 D.P.R. 140, 142, (bastardillas nuestras); Susoni v. Cubero, 38 D.P.R. 762; Morales v. Cort\\u00e9s, 50 D.P.R. 909.\\nLa contenci\\u00f3n del demandante es que en este caso hubo tal pacto expreso. El Dr. Juan Nieves, Director Auxiliar de la Cl\\u00ednica quien suministr\\u00f3 la mayor\\u00eda de los servicios pro-fesionales aqu\\u00ed envueltos, testific\\u00f3 que cuando el demandado lleg\\u00f3 a la Cl\\u00ednica Font le dijo al Dr. Nieves:\\n\\\"Asistan ese muchacho que yo soy responsable; yo me hago cargo a las curaciones de ese muchacho y c\\u00farenlo inmediatamente.\\\"\\nEl demandado niega esta conversaci\\u00f3n, pero la corte de dis-trito crey\\u00f3 al Dr. Nieves. En vista del hecho de que el de-mandado orden\\u00f3 el traslado del ni\\u00f1o, que hab\\u00eda sido arro-llado por su autom\\u00f3vil y, estaba al borde de la muerte, de un hospital de caridad p\\u00fablica a una cl\\u00ednica privada, no po-demos encontrar que la corte de distrito fu\\u00e9 irrazonable al dar cr\\u00e9dito al testimonio del Dr. Nieves. El hecho de que m\\u00e1s tarde el demandado tuviese conocimiento de la decisi\\u00f3n de esta corte bajo la cual neg\\u00f3' responsabilidad civil por el accidente (V\\u00e9ase V\\u00e9lez v. Llavina, 18 D.P.R. 656) no puede alterar alg\\u00fan compromiso que \\u00e9l ya hubiera hecho. Si en aquel momento el demandado se oblig\\u00f3 a pagar por la aten-ci\\u00f3n m\\u00e9dica del ni\\u00f1o, es inmaterial el que \\u00e9l fuera impulsado por motivos de responsabilidad legal o moral o por pura humanidad.\\nEs cierto que la clase de servicio o el tiempo du-rante el cual \\u00e9ste se iba a rendir no se especificaron en el arreglo liecbo por el demandado con el Dr. Nieves. Pero no encontramos bajo las circunstancias que los servicios en ver-dad rendidos y el valor a ellos dado por la corte excediesen una interpretaci\\u00f3n justa del lenguaje usado por el deman-dado con el Dr. Nieves. Sin embargo, debido a este factor el demandado estaba en libertad de terminar su obligaci\\u00f3n en cualquier momento, y resolvemos que \\u00e9l as\\u00ed lo Rizo colno resultado de un intercambio de telegramas que tuvo efecto cuando los representantes del demandante se dieron cuenta que el demandado y su compa\\u00f1\\u00eda de seguros alegaban que bajo la doctrina de V\\u00e9lez v. Llavina, supra, el demandado estaba exento de responsabilidad alguna para con el ni\\u00f1o. Estos telegramas eran como sigue:\\n\\\"Fines administraci\\u00f3n cl\\u00ednica Font requieren ratifique tel\\u00e9grafo manifestaciones al licenciado Pons que usted responde honorarios m\\u00e9dicos y hospitalizaci\\u00f3n menor lesionado Lorenzo Fern\\u00e1ndez. Dr. J. Nieves Col\\u00f3n.\\n' ' Compa\\u00f1\\u00eda seguros pagar\\u00e1 gastos cl\\u00ednica Lorenzo Fern\\u00e1ndez. Ignacio L\\u00f3pez.\\\"\\nPor tanto modificaremos la sentencia para excluir la con-cesi\\u00f3n de $4 diarios otorgada por la corte de distrito por hospitalizaci\\u00f3n durante 31 d\\u00edas despu\\u00e9s de haberse recibido el \\u00faltimo telegrama, ascendente en total a $124.\\nLa corte de distrito cometi\\u00f3 error al conceder intere-ses desde la fecha en que se radic\\u00f3 la demanda. No siendo este pleito por una suma l\\u00edquida, solamente debieron haberse concedido intereses desde el registro de la sentencia. Fr\\u00edas v. Berr\\u00edos, 58, D.P.R. 137.\\nLa \\u00fanica cuesti\\u00f3n levantada por la apelaci\\u00f3n del de-mandante es el haber dejado, la corte de distrito de conceder honorarios de abogado. En vista de las circunstancias arriba expuestas, no podemos concluir que la corte de distrito co- metiera error alguno a este respecto. V\\u00e9ase ley n\\u00fam. 69, Leyes de Puerto Rico, 1936.\\nCon las modificaciones agu\\u00ed indicadas la sentencia de la corte de distrito ser\\u00e1 confirmada.\\nEl Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.\"}"
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+"{\"id\": \"8783275\", \"name\": \"Andr\\u00e9s Quintana Reyes, demandante y apelante, v. La Capital de Puerto Rico, demandada y apelada\", \"name_abbreviation\": \"Quintana Reyes v. Capital de Puerto Rico\", \"decision_date\": \"1937-03-05\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 6970\", \"first_page\": \"106\", \"last_page\": \"111\", \"citations\": \"51 P.R. Dec. 106\", \"volume\": \"51\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:39:01.620894+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Los Jueces Asociados Se\\u00f1ores C\\u00f3rdpya D\\u00e1vila y Travieso :no intervinieron. - -\\u25a0 \\u2022\", \"parties\": \"Andr\\u00e9s Quintana Reyes, demandante y apelante, v. La Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.\", \"head_matter\": \"Andr\\u00e9s Quintana Reyes, demandante y apelante, v. La Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.\\nN\\u00fam. 6970.\\nSometido: Febrero 7, 1936.\\nResuelto: Marzo 5, 1937.\\nAndr\\u00e9s Quintana Beyes, por su propio derecho; Juan Valldejuli Ro-dr\\u00edguez, abogado de la apelada.\", \"word_count\": \"1939\", \"char_count\": \"11334\", \"text\": \"Ei. Juez Asociado Se\\u00f1or Wolp\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nFundamental y esencialmente el presente caso en-vuelve la interpretaci\\u00f3n del art\\u00edculo 1362 del C\\u00f3digo Civil (edici\\u00f3n de 1930) que lee as\\u00ed:\\n\\\"Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes comprado-res, la propiedad se transferir\\u00e1 a la persona que primero haya to-mado posesi\\u00f3n de ella con buena fe, si fuere mueble.\\n\\\"Si fuere inmueble, la propiedad pertenecer\\u00e1 al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.\\n\\\"Cuando no Raya inscripci\\u00f3n, pertenecer\\u00e1 la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesi\\u00f3n; y faltando \\u00e9sta, a quien presente t\\u00edtulo de fecha m\\u00e1s antigua, siempre que haya buena fe.\\\"\\nEl Municipio de San Juan adquiri\\u00f3 dos fincas de Luis de la Cruz y esposa, una de ellas en 1925 y la otra en 1926. Las dos fincas deben ser consideradas como una unidad. Sobre este terreno el municipio construy\\u00f3 en 1927 un edificio escolar, conocido con el nombre de Escuela Dr. Francisco Hern\\u00e1ndez, y desde entonces el edificio ba sido continuamente utilizado para fines educativos.\\nPor alguna raz\\u00f3n dif\\u00edcil de entender, cuando el municipio adquiri\\u00f3 primeramente las fincas dej\\u00f3 de inscribir las com-praventas en el registro. Fu\\u00e9 tan s\\u00f3lo all\\u00e1 para el 27 de sep-tiembre de 1933 que el municipio trat\\u00f3 de obtener la inscrip-ci\\u00f3n. \\u00c9sta le fu\\u00e9 denegada debido a que el t\\u00edtulo sobre la misma propiedad figuraba a nombre( de Andr\\u00e9s Quintana Reyes.\\nPor el momento no es necesario que sigamos todos los pasos mediante los cuales Andr\\u00e9s Quintana Reyes logr\\u00f3 la inscripci\\u00f3n en el registro de la propiedad. Su predecesor en t\\u00edtulo, Cipriano Manrique Gil, era acreedor por sentencia de Luis de la Cruz y como tal acreedor victorioso ejecut\\u00f3 su sen-tencia sobre la propiedad en controversia.\\nEn la corte inferior surgi\\u00f3 la cuesti\\u00f3n de si el deudor Luis de la Cruz no bab\\u00eda pagado la reclamaci\\u00f3n que Cipriano Man-rique ten\\u00eda en su contra. Asumiremos con la corte inferior que a no ser por las reclamaciones del municipio Cipriano Manrique Gil obtuvo un buen t\\u00edtulo. En todos los procedi-mientos en que Manrique Gil adquiri\\u00f3 t\\u00edtulo Andr\\u00e9s Quintana Reyes era un agente especial. En el pleito que luego se inici\\u00f3 bubo otras tentativas para atacar la buena fe del t\\u00edtulo de Quintana Reyes.\\nEl municipio tom\\u00f3 posesi\\u00f3n de esta finca al construir sobre la misma y todav\\u00eda contin\\u00faa teni\\u00e9ndola y posey\\u00e9ndola. El 18 de mayo de 1933, Andr\\u00e9s Quintana Reyes inst\\u00f3 pleito de rei-vindicaci\\u00f3n contra la Capital de Puerto Rico, o sea, contra la Ciudad de San Juan. La demandada radic\\u00f3 una contra-demanda basada en varios fundamentos y solicit\\u00f3 que el t\\u00ed-tulo a nombre de Quintana Eeyes fuese cancelado y la pro-piedad inscrita a nombre del municipio. En junio 30 de 1934, se dict\\u00f3 sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, y en su consecuencia anulando las inscrip-ciones que constaban en el registro.\\nLa corte en su opini\\u00f3n concluy\\u00f3 o resolvi\\u00f3, seg\\u00fan sea el caso: (a) que Quintana Eeyes ha residido en San .Juan desde 1912,- (b) que desde 1926 en el solar ha estado encla-vado un amplio edificio escolar; y que se aprobaron orde-nanzas municipales autorizando primero la compra del te-rreno y m\\u00e1s tarde la construcci\\u00f3n del edificio sobre el mismo; (g) que Luis de la Cruz declar\\u00f3 haber manifestado a Quin-tana en cuatro o cinco ocasiones que el terreno no era suyo, y que \\u00e9l lo hab\\u00eda vendido a la ciudad, y que tambi\\u00e9n hab\\u00eda informado de este hecho a Manrique en presencia de Quin-tana. Sucede que Manrique Gil en el pleito por \\u00e9l entablado contra Luis de la Cruz obtuvo un embargo para asegurar la efectividad de la sentencia, y que la informaci\\u00f3n dada por De la Cruz a Manrique Gil y a Quintana Eeyes tuvo lugar antes de practicarse el embargo.\\nA juicio de la corte hab\\u00eda otras consideraciones sin im-portancia y es tambi\\u00e9n un hecho que Quintana nunca ha pa-gado contribuciones sobre la propiedad. La corte dijo que exist\\u00eda otra prueba que tend\\u00eda a probar la notificaci\\u00f3n a Man-rique Gil y a Quintana Eeyes.\\nDejando a un lado los otros razonamientos de la corte de distrito para fundar su sentencia sobre los cuales existe divergencia de criterio entre los jueces de esta Corte Suprema que intervinieron en la vista del recurso, hay uno \\u2014 el del co-nocimiento por parte de Manrique y de Quintana \\u2014 que nos lleva a todos a la confirmaci\\u00f3n del fallo recurrido.\\nAsumiremos por el momento, sin discutir los detalles, que Manrique Gil y Quintana Eeyes ten\\u00edan conocimiento de que Luis de la Cruz hab\\u00eda vendido la propiedad al municipio y que ellos obtuvieron sus distintos t\\u00edtulos con pleno conoci-miento y aviso de los derechos del municipio.\\nLa definici\\u00f3n exacta del tercero ha sido objeto de seria dis-cusi\\u00f3n por los comentaristas de la Ley Hipotecaria desde que vi\\u00f3 la luz p\\u00fablica esa gran obra de legislaci\\u00f3n.\\nG-alindo y Escosura, en su tratado sobre Legislaci\\u00f3n Hipo-tecaria, volumen 2, p\\u00e1ginas 305, 306 y 307, sostienen el cri-terio de que la persona que adquiere una finca de otra que seg\\u00fan el registro tiene derecho a vender, recibe un t\\u00edtulo que una vez inscrito, es inatacable a no ser por aqu\\u00e9l de quien la hubo inmediatamente, irrespectivamente del conocimiento que el comprador tuviera de una venta anterior no inscrita hecha a otra persona. Incluyen al notario y a los testigos que in-tervinieron en la primera escritura de compraventa, como terceras personas que m\\u00e1s tarde pueden adquirir del ven-dedor y al inscribir derrotar al primer adquirente. La Serna era el propulsor m\\u00e1s importante del criterio contrario. Ba-rrachina, en su Tratado sobre Derecho Hipotecario y Notarial, tomo 1, p\\u00e1gina 231, y siguientes, h\\u00e1bilmente sustenta el criterio contrario y el del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a al efecto de que a\\u00fan bajo la Ley Hipotecaria uno debe prestar debida consideraci\\u00f3n a la cuesti\\u00f3n de buena o mala fe, y de que aqu\\u00e9l que adquiere con conocimiento de la existencia de una venta y t\\u00edtulo anteriores a favor de otra persona no puede derrotarla obteniendo una escritura e inscribi\\u00e9ndola antes que el otro. Convenimos en gran parte con lo que dice a este respecto (pag. 239), as\\u00ed:\\n\\\"Moscoso sostiene que la ley Hipotecaria prescinde por completo de la buena o mala fe; \\u00bfQu\\u00e9, acaso esta ley no pertenece al De-recho civil ? \\u00bfNo dice el C\\u00f3digo en su art\\u00edculo 433 que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su t\\u00edtulo o modo de ad-quirir exista vicio alguno que lo invalide? Pues ese testigo que ha comprado de quien sab\\u00eda que no era el due\\u00f1o, precisamente porque concurri\\u00f3 al otorgamiento de la escritura primitiva de enajenaci\\u00f3n, le constaba que su t\\u00edtulo era vicioso, adquirido de mala manera. Si al otorgar la escritura a su favor no recordaba aquella intervenci\\u00f3n, pudo enterarse por los medios que tuviera a su alcance; esto en el supuesto de cyie quisiera proceder de buena fe; lo cual no excluye que haya casos en que s\\u00ed le constan al testigo lo que luego pretexte ignorar. Para que no haya tales diferencias, la ley, previsora, no concede la inmunidad de tercero a ninguno de los que hayan inter-venido en el acto o contrato, ni a los que lo presenciaron e impre-sion\\u00f3 sus sentidos.\\\"\\ny luego en la p\\u00e1gina 246:\\n\\\"La Ley no excluye del car\\u00e1cter de tercero al Notario y testigos solamente, dada la interpretaci\\u00f3n natural del art\\u00edculo 27, sino que comprende a todos, sean o no intervinientes, que tengan conocimiento de la causa de nulidad; a los que sabiendo que uno no es due\\u00f1o de la finca por haberla enajenado, sin embargo de ello la compra; pues es un adquirente de mala fe, en raz\\u00f3n a que no ignoraba que en su t\\u00edtulo o modo de adquirir hab\\u00eda vicio que lo invalidaba (art. 433 del C\\u00f3digo) ; \\u00e9ste y no otro es el sentir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en este mismo cap\\u00edtulo hemos citado.\\n\\\"La Ley no quiere que en el t\\u00edtulo del inscribiente haya m\\u00e1cula alguna; ex\\u00edgele limpieza de origen; claro est\\u00e1 que como la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario (S. 5 Junio de 1894) quien pretenda invalidar el t\\u00edtulo del comprador, fundado en que \\u00e9ste conoc\\u00eda la venta anterior, deber\\u00e1 justificarlo, venciendo esa pre-sunci\\u00f3n juris iantum, cosa que no ocurrir\\u00eda si el inscribiente del doble contrato hubiese tenido intervenci\\u00f3n oficial en el primero, a t\\u00edtulo de Notario o en clase de testigo.\\\"\\nBlanco v. Hern\\u00e1ndez, 18 D.P.R. 711 sostiene la conclusi\\u00f3n qne inmediatamente precede.\\nEl apelante se fnnda en el caso de Escalera v. West India Oil Company, 43 D.P.R. 574, pero dicto caso no sostiene su contenci\\u00f3n una vez probado que el apelante ten\\u00eda conoci-miento de los derechos del municipio y no era por tanto un tercero de buena fe, condici\\u00f3n \\u00e9sta que concurr\\u00eda en la West India Oil Company en el caso que contra ella siguiera Cristina Escalera Pal\\u00fa. V\\u00e9ase lo que a este respecto dice la-opini\\u00f3n de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. Aldrey. Es como sigue:\\n\\\"Sostiene la apelada que la apelante no es un tercero de buena fe porque del hecho que admiti\\u00f3 como prueba y que hemos copiado aparece que al comprar ten\\u00eda conocimiento de la adquisici\\u00f3n hecha por Cristina Escalera Fal\\u00fa, pero el expresado heeho transcrito no admite tal interpretaci\\u00f3n sino la contraria de que hasta que se le notific\\u00f3 la demandada no tuvo conocimiento de la compra que hab\\u00eda hecho la apelada y de que ella alegara ser due\\u00f1a. Por consiguiente, como la apelante compr\\u00f3 ignorando la anterior venta hecha a la apelada y sin constancia de ello en el registro es un comprador de buena fe, sin que pueda decirse, como declar\\u00f3 el tribunal inferior, que no era un tercero de buena fe porque ten\\u00eda o deb\\u00eda tener cono-cimiento de que el solar no era propiedad de su deudor cuando la apelada lo adquiri\\u00f3, pues no hay hecho alguno que demuestre que ten\\u00eda tal conoeimiemto, ni deb\\u00eda tenerlo porque ignoraba esa venta, de la que tampoco le daba noticia el registro de la propiedad. El caso de Blanco v. Hern\\u00e1ndez, 18 D.P.R. 711, citado por la apelada, no apoya la sentencia recurrida pues descansa en la teor\\u00eda de que la persona all\\u00ed demandada no era tercero de buena fe porque antes de comprar sab\\u00eda que el condominio a que se refiere hab\\u00eda sido ven-dido, lo que no ocurre en el presente caso.\\\"\\nLlegamos entonces a la cuesti\\u00f3n de si el aviso a Quintana Reyes fue demostrado suficientemente. El apelante insiste en que Luis de la Cruz no era digno de cr\\u00e9dito por varias razones, y en particular por haber negado que jam\\u00e1s hiciera que la subasta fuese suspendida cuando la verdad era lo contrario. Esto pudo baber sido debido a falta de memoria o a baber dejado el letrado de bacer que su cliente se diera cuenta de lo que ocurr\\u00eda, o es susceptible de otras explicaciones. Sin embargo, a\\u00fan si Luis de la Cruz no dec\\u00eda la verdad con respecto a estas suspensiones, no podemos resolver que debe aplicarse la m\\u00e1xima falsus in uno, falsus in omnibus. No obstante, la corte inferior ten\\u00eda derecho a creer parte del testimonio de este testigo y evidentemente as\\u00ed lo hizo. Hemos considerado la aplicabilidad de esta m\\u00e1xima en el caso de Pueblo v. Ortiz, 45 D.P.R. 835.\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\\nLos Jueces Asociados Se\\u00f1ores C\\u00f3rdpya D\\u00e1vila y Travieso :no intervinieron. - - \\u2022\"}"
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+"{\"id\": \"8783311\", \"name\": \"The People, Plaintiff and Respondent, v. Ben\\u00edtez et al., Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"People v. Ben\\u00edtez\", \"decision_date\": \"1915-05-28\", \"docket_number\": \"No. 723\", \"first_page\": \"512\", \"last_page\": \"516\", \"citations\": \"22 P.R. 512\", \"volume\": \"22\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:27:45.249776+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Aldrey and Hutchison concurred.\", \"parties\": \"The People, Plaintiff and Respondent, v. Ben\\u00edtez et al., Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"The People, Plaintiff and Respondent, v. Ben\\u00edtez et al., Defendants and Appellants.\\nAppeal from the District Court of Humacao in a Prosecution for the Violation of Section 85 of the Penal Code.\\nNo. 723.\\nDecided May 28, 1915.\\nExecutive Power \\u2014 School Board \\u2014 Quasi-Pdblic Corporation. \\u2014 Por the purposes of section 85 of the Penal Code, the members of a sehoo] board, which is a quasi-publie corporation whose duty it is to administer the common-school system, are included in the executive branch of the Government.\\nError \\u2014 Evidence.\\u2014After considering the evidence in this case it was held that as there is nothing to show that the judge of the district court who heard all the evidence committed any fundamental error, the \\u25a0 judgment should he affirmed.\\nExecutive Officer. \\u2014 An executive officer is one whose duties are chiefly to cause the laws to he executed.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMessrs. Eugenio Benitez Casta\\u00f1o and Rossy & Guiller-mety for the appellants.\\nMr. Salvador Mestre, fiscal, for The People.\", \"word_count\": \"1226\", \"char_count\": \"7274\", \"text\": \"Mr. Justice del Toro\\ndelivered the opinion of the court.\\nThis is an appeal from a judgment of the District Court of Humacao convicting the defendants, Miguel Benitez and Pablo Luis, of the misdemeanor defined and penalized by section 85 of the Penal Code and sentencing them to pay a fine of $200 each or to be imprisoned in jail for three months.\\nThe information charged that the defendants, who were members of the school board of Yieques, in their official character asked a certain person for a gratuity of $750 to perform a certain, official act which they were required to perform without any remuneration whatever, namely, to approve an amended ordinance for the purchase of a house for school purposes.\\nAs material grounds for the appeal taken by them, the appellants allege the following:\\nFirst. That the defendants could not be foffind guilty of the offense defined and punished by 'section 85 of the Penal Code, and\\nSecond. That in any event the evidence was not sufficient to support the judgment rendered.\\nLet us examine the first ground. Section 85 of the Penal Code reads as follows :\\n\\\"Every executive or ministerial officer who knowingly asks or receives any emolument, gratuity, or reward, or any promise thereof, excepting such as may be authorized by law, for doing any official act, is guilty of a misdemeanor.\\\"\\nThe appellants contend that as members of the Vieques school board they were noil executive or ministerial officers and that, therefore, the section quoted and on which the information and the judgment are based is not applicable.\\nSaid section 85 is a part of Title VIII of the Penal Code treating of crimes by and against the executive power. The said title precedes Title IX, which treats of crimes (by and) against the legislative power, and Title IX precedes Title X which treats of crimes against public justice. In proceeding thus the Legislature included all the branches of the Government with the evident intention that no criminal act committed in relation thereto should remain unpunished.\\nThat the members of a school board, which is a quasi-public corporation, do not form part of the legislative or judiciary powers does not even admit of discussion, therefore they must be included in the executive branch for the purposes of the said Penal Code.\\nThe question has been decided by the Supreme Court of the State of Washington. In the case of State v. Womack, 4 Wash., 19-27, the said .court laid down the following doctrine :\\n\\\"An executive officer is one whose duties are mainly to cause the laws to be executed, which can be construed to include the members of a school board, whose duty it is to administer the common school system. \\\",\\nHaving disposed of'the first question raised by deciding that section 85 of the Penal Code is applicable, let us consider whether the evidence was sufficient to establish the guilt of the defendants beyond a reasonable doubt.\\nJoaqu\\u00edn Bodriguez, president of the school board of which the defendants were members, relates at length a certain transaction relative to the purchase of a house belonging to Jos\\u00e9 Agust\\u00edn Diaz for school purposes. The Commissioner of Education intervened, an agreement was- reached and the purchase price was fixed, but some difficulties arose as to tlie title, which, were duly overcome. After approving the ordinance authorizing the execution of the contract it was returned to the school board to be amended so as to include expressly in the contract certain appurtenances of the house. The amendment was a simple one and the vendor was perfectly agreeable that it should be made. Nevertheless, the matter was delayed and the witness testified that one day the son of the owner of the house called on him for the purpose of closing the transaction and told him that he attributed the attitude of the other members of the board to the fact that the vendor had not kept his promise to remunerate them in case the deal was consummated.\\nJos\\u00e9 Agust\\u00edn D\\u00edaz, the owner of the house, testified concerning the preliminary negotiations and said that when tke3r informed him that the matter had been referred to the Commissioner of Education, defendant Miguel Benitez said to him that if he sold the house he would have to make them a present, to which the witness replied, \\\"Yes,- of course.''\\nAgust\\u00edn D\\u00edaz Smaine,. the most important witness for the prosecution, son of the owner of the house and the one who treated directly with the defendants, testified in detail to the various conversations he had with them and in which they demanded $750 to approve the amendment to the ordinance authorizing the purchase. His testimony takes up more than six pages of the transcript of the record and is full and convincing.\\nFinally, witness C\\u00e1ndido L. Prado, a druggist, testified that he heard a certain conversation which took place in a private apartment of his drug store between Agust\\u00edn D\\u00edaz Smaine and defendant Benitez, in which Benitez said to Diaz that he could give him any kind of a note for the money he asked for himself but that he would have to pay the amount demanded by the other defendant, Luis, in cash.\\nThis, in brief, is the evidence for the prosecution. All the efforts of the defense in the cross-examination of the witnesses for the prosecution and in the direct examination of their own witnesses tended to show that previous differences existed between the defendants and the witnesses; that the defendants had not made the alleged demands upon Jos\\u00e9 Agust\\u00edn D\\u00edaz or his son, and that if the approval of the amended ordinance was delayed it was due to legitimate circumstances.\\nThe judge of the- district court who heard all the evidence gaye credence to the witnesses for the prosecution and found the defendants guilty. There is nothing to show that he erred in so doing and his judgment must be affirmed. The only objection which, in our opinion, could be made to his final judgment iif this case would not be favorable but adverse to the defendants. We refer to the penalty imposed on the defendants which is perhaps not sufficiently severe m view of the acts committed by them.\\nThe appeal should be dismissed and the judgment appealed from\\nAffirmed.\\nChief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Aldrey and Hutchison concurred.\"}"
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+"{\"id\": \"8784214\", \"name\": \"Francisco Donato, demandante y apelante, v. Nicol\\u00e1s Cruz, demandado y apelado\", \"name_abbreviation\": \"Donato v. Cruz\", \"decision_date\": \"1941-11-25\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 8311\", \"first_page\": \"534\", \"last_page\": \"539\", \"citations\": \"59 P.R. Dec. 534\", \"volume\": \"59\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:58:31.556335+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Francisco Donato, demandante y apelante, v. Nicol\\u00e1s Cruz, demandado y apelado.\", \"head_matter\": \"Francisco Donato, demandante y apelante, v. Nicol\\u00e1s Cruz, demandado y apelado.\\nN\\u00fam. 8311.\\nSometido: Noviembre 5, 1941.\\nResuelto: Noviembre 25, 1941.\\nFrancisco Gonz\\u00e1lez Fagundo, abogado del apelante; Faustino B. Aponte, abogado del apelado.\", \"word_count\": \"1306\", \"char_count\": \"7646\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Todd, Jr.,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nSe trata de una acci\\u00f3n reivindieatoria en la que, tanto en la demanda original como en una complementaria, el deman-dante aleg\\u00f3 que \\\"las dos parcelas descritas . . . tienen un valor superior de $500.\\\" Los demandados, al contestar ambas demandas, establecieron, entre otras, la defensa especial de que la finca objeto de litigio, tiene un valor inferior a $500 y por tanto que la Corte de Distrito de Humaeao care-c\\u00eda de jurisdicci\\u00f3n para conocer del caso. Al ser llamado \\u00e9ste para celebrarse el juicio se\\u00f1alado, al discutirse dicha defensa especial, el juez inferior pregunt\\u00f3:\\n\\\"Entonces, la cuesti\\u00f3n de la falta de jurisdicci\\u00f3n, ^las partes la someten con la prueba?\\nA lo que contest\\u00f3 el abogado del demandante:\\n\\\"Exacto.\\\"\\nDiciendo entonces el juez:\\n\\\"La Corte oir\\u00e1 la prueba y vista la prueba, resolver\\u00e1 la cuesti\\u00f3n de falta de jurisdicci\\u00f3n.\\\"\\nAl efecto, despu\\u00e9s de presentada la prueba la corte inferior dict\\u00f3 la siguiente sentencia:\\n\\\"La vista de este caso se llev\\u00f3 a efecto el d\\u00eda 12 de septiembre de 1939. Las partes comparecieron representadas por los Ledos. F. Gonz\\u00e1lez Fagundo, F. R. Aponte y Rafael S. Vidal, respectivamente.\\n\\\"La parte demandada levant\\u00f3 la cuesti\\u00f3n de que la corte care-c\\u00eda de jurisdicci\\u00f3n porque el valor o precio de la finca envuelta en el litigio no era superior a $500. Esta cuesti\\u00f3n de jurisdicci\\u00f3n fue sometida al tribunal para ser resuelta despu\\u00e9s de practicada la prueba. Practicada \\u00e9sta y examinada, tanto la prueba testifical como documental, arriba la corte a la conclusi\\u00f3n de que la finca descrita no tiene un valor superior a $500 careciendo por tanto este tribunal de jurisdicci\\u00f3n para conocer del mismo. Por esta sola cuesti\\u00f3n y sin prejuzgar los m\\u00e9ritos de las dem\\u00e1s alegaciones y prueba de las par-tes, la corte declara sin lugar la demanda, condenando al demandante al pago de costas y a satisfacer a cada uno de los demandados la cantidad de $75 por concepto de honorarios de abogado.\\\"\\nNo conforme el demandante apel\\u00f3 y alega que la corte inferior cometi\\u00f3 tres errores, a saber, primero, al apreciar la prueba para llegar a la conclusi\\u00f3n de que la finca en litigio no vale m\\u00e1s de quinientos d\\u00f3lares; segundo, al declarar que no tiene jurisdicci\\u00f3n y tercero al condenar al demandante a pagar $75 por concepto de honorarios de abogado a cada uno de los demandados.\\nEn relaci\\u00f3n con el primer error alegado, liemos le\\u00eddo la transcripci\\u00f3n de la evidencia y de ella surge un conflicto entre la prueba del demandante y la de los demandados en cuanto al valor de las dos parcelas reclamadas en la demanda. Se trata de una parcela de cinco cuerdas y otra de odio cuerdas, en total 13 cuerdas, en las que seg\\u00fan la declaraci\\u00f3n del demandante lo \\u00fanico que se sembraba y cosechaba eran yau- t\\u00edas, \\u00f1ames, batatas, pl\\u00e1tanos y guineos (T. de E. 25) y las que fueron adquiridas por el demandado Sanabria por $300. (T. de E. 84). La corte inferior estuvo justificada en dar cr\\u00e9dito a la prueba de los demandados y no habi\\u00e9ndose ale-gado que actuara movida por pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad, el primer error no fu\\u00e9 cometido.\\nEs a la discusi\\u00f3n del segundo error alegado que el apelante dedica la mayor parte de su alegato citando la conocida l\\u00ednea de casos resueltos por esta corte al efecto de que \\\"generalmente lo que determina la jurisdicci\\u00f3n por la cuant\\u00eda envuelta es la suma reclamada en la demanda o la cantidad por la cual, en el aspecto m\\u00e1s favorable para el demandante puede dictarse sentencia sobre los hechos expues-tos en la demanda.\\\" V\\u00e9anse, entre otros, Turner v. Concejo Municipal de San Juan, 24 D.P.R. 594; K\\u00f6rber & Co. v. L\\u00f3pez, 33 D.P.R. 30; M\\u00e9ndez v. Casino Hijos de Borinquen, 35 D.P.R. 270; Hamilton v. Boerman, 35 D.P.R. 542; Nazario v. Mu\\u00f1iz, 54 D.P.R. 54.\\nLa doctrina expuesta en dichos casos no es aplicable al de autos. El demandante, al solicitar la reivindicaci\\u00f3n de las dos parcelas de terreno de trece cuerdas, aleg\\u00f3 que val\\u00edan, m\\u00e1s ele $500. Ambos demandados, al contestar la demanda original y la complementaria, alegaron como defensa especial que la corte inferior carec\\u00eda de jurisdicci\\u00f3n por raz\\u00f3n de la cuant\\u00eda ya que dichas parcelas val\\u00edan menos de la suma jurisdiccional. Como hemos visto, al llamarse el caso para juicio, las partes estipularon que la corte resolver\\u00eda dicha defensa por la prueba y en efecto, as\\u00ed lo hizo. La cuesti\\u00f3n previa en controversia en este caso lo fu\\u00e9, en todo momento la de jurisdicci\\u00f3n y el propio demandante as\\u00ed lo acept\\u00f3 al estipular que la misma fuera resuelta posteriormente por la prueba que presentaron las partes.\\nSe distingue este caso de los citados anteriormente por el hecho de que en aqu\\u00e9llos la cuesti\\u00f3n de jurisdicci\\u00f3n no fu\\u00e9 planteada previamente y adem\\u00e1s de que en su mayor\\u00eda se trataba de reclamaciones de una suma determinada de dinero, bien por deuda o en concepto de da\\u00f1os y perjuicios. Cuando estos son los conceptos de la reclamaci\\u00f3n la cuant\\u00eda expuesta en la demanda es la que da jurisdicci\\u00f3n a la corte aun cuando, por la prueba, luego se rebaje a una suma inferior a la jurisdiccional. La doctrina general est\\u00e1 expuesta en 14 Am. Jur. 408 as\\u00ed:\\n\\\"Se ba sostenido casi umversalmente que la suma reclamada por el demandante en la cl\\u00e1usula ad damnum de su declaraci\\u00f3n, petici\\u00f3n o demanda, o la especificada en el emplazamiento, es la que deter-mina la cuesti\\u00f3n relativa a la jurisdicci\\u00f3n de una corte para conocer de una acci\\u00f3n original, y no el valor de la propiedad envuelta en la controversia, seg\\u00fan qued\\u00f3 establecido por la evidencia presentada en el juicio, ni tampoco la cantidad que fu\\u00e9 declarada probada por el jurado, o que en definitiva sea probada.\\\"\\nLa misma regla impera eu California, donde la Corte Suprema del Estado declar\\u00f3 en el caso de Rodley v. Curry, 120 Cal. 541, que:\\n\\\"Est\\u00e1 tan s\\u00f3lidamente establecido que la suma reclamada en la demanda determina la jurisdicci\\u00f3n de la corte, que no hay que citar autoridades. Cualquier otra regla estar\\u00eda pre\\u00f1ada de incertidumbres y complicaciones imposibles de prever.\\nEsta es la misma doctrina que aplic\\u00f3 esta corte en los casos antes citados.\\nSin embargo, en el caso de autos no se reclama suma alguna en la demanda sino que, en forma gen\\u00e9rica, se aleg\\u00f3 que la. propiedad val\\u00eda m\\u00e1s de $500 y la alegaci\\u00f3n fu\\u00e9 con-trovertida por la defensa especial y, por estipulaci\\u00f3n de las partes, se convino en que la corte inferior determinar\\u00eda el valor de la propiedad de acuerdo con la prueba y resolver\\u00eda entonces la cuesti\\u00f3n jurisdiccional planteada. Ese fu\\u00e9 en realidad, el \\u00fanico issue o materia en controversia en el caso, y la corte no err\\u00f3 al resolverlo en la forma en que lo hizo.\\nSe queja el apelante, por el tercer error, de haber sido condenado a pagar $75 como honorarios de abogado a cada uno de los demandados, y al argumentarlo sostiene que en este caso no actu\\u00f3 con temeridad pues la corte inferior no ha resuelto sobre el derecho de las partes y que si la propiedad vale menos de $500 la condena en $150 es alta-mente excesiva si se toma en consideraci\\u00f3n adem\\u00e1s el poco trabajo realizado por los abogados ya que el juicio fu\\u00e9 muy corto practic\\u00e1ndose poca prueba testifical.\\nSomos de opini\\u00f3n que el apelante tiene raz\\u00f3n en cuanto a que la cantidad concedida, bajo todas las circunstancias del caso, es excesiva y que debe ser rebajada a la suma de $25 como honorarios de abogado para cada uno de los deman-dados, y as\\u00ed modificada, se confirma la sentencia apelada.\"}"
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+"{\"id\": \"8784370\", \"name\": \"Santiago, Appellant, v. Registrar of Guayama, Respondent\", \"name_abbreviation\": \"Santiago v. Registrar of Guayama\", \"decision_date\": \"1917-11-23\", \"docket_number\": \"No. 335\", \"first_page\": \"797\", \"last_page\": \"799\", \"citations\": \"25 P.R. 797\", \"volume\": \"25\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:05:44.417124+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Justices Wolf and Hutchison concurred.\", \"parties\": \"Santiago, Appellant, v. Registrar of Guayama, Respondent.\", \"head_matter\": \"Santiago, Appellant, v. Registrar of Guayama, Respondent.\\nAppeal from a Decision of the Registrar of Property Recording a Voluntary Mortgage with Curable Defect.\\nNo. 335.\\nDecided November 23, 1917.\\nMortgage \\u2014 Voluntary Mortgage \\u2014 Acceptance\\u2014Agent\\u2014Curable Defect. \\u2014 According to the provision ol article 138 of the Mortgage Law, a voluntary mortgage may be created validly not only by the agreement of the parties but also by the exclusive act of the owner of the property on which it is imposed, and no showing is required of the acceptance by the person in whose favor the lien is created. For this reason the fact that it was not duly shown in the deed presented in the registry for record that the person appearing therein as the creditor\\u2019s agent was in fact such agent, is not a curable defect.\\nTlie facts are stated in the opinion.\\nMr. Manuel A. Rivera for tire appellant.\\nThe respondent appeared pro se.\", \"word_count\": \"783\", \"char_count\": \"4544\", \"text\": \"Mr. Justice del Toro\\ndelivered the opinion of the court.\\nIn this case the owners of various rural properties created voluntary mortgages thereon to secure a certain loan. In the execution of the deed the owners of the mortgaged properties took part in person and the mortgagee appeared by his attorney in fact. The mortgage deed recited that the attorney in fact acted as such by virtue of a public instrument, but this was not copied into the deed, nor .was it exhibited with the same when the latter was presented for record in the registry.\\nTh\\u00e9 registrar recorded the mortgage deed, but \\\" assigning the curable defect that Florencio Santiago Rivera had not proved that he was the attorney in fact of Mrs. Santiago Rivera.\\\" From that assignment of the registrar the present administrative appeal, was taken.\\nIn our opinion the appellant is right. See the decisions of the General Directorate of Registries of Spain on the; subject:\\naccording to the provisions of article 138 of the Mortgage Law, voluntary mortgages may be validly created not only by agreement between the parties but by the exclusive will of the owner of the property encumbered by such mortgages ar\\u00abl it is not necessary that the acceptance of the mortgagee shall appear.\\\" Decision of June 25, 1877.\\n* \\u00ab jn conformity with the provisions of article 138 of the Mortgage Law and the doctrine laid down in the decision of June 25, 1877, it is not necessary that the mortgagee should take part in the execution of the deed, therefore the mortgage involved in the present appeal is also recordable, even supposing that those who appeared in the name of the Bank of Castilla may not have legally proved their capacity.\\\" Decision of December 29, 1880.\\n<< in the said decisions the doctrine is laid down that it is not necessary, according to article 138 of the Mortgage Law, that the mortgagee shall be present at the execution of the mortgage deed, it being added in the last decision that the deed is recordable, although the person appearing for the purpose of accepting the mortgage in the name of a creditor corporation may not be properly shown to be its agent.\\\" Decision of November 28, 1893.\\nThe deed would undoubtedly have been more complete in form if the power of attorney or the necessary part thereof had been transcribed therein, but taking into consideration the nature of the contract entered into, the omission referred to cannot be. held to be a curable defect in view of the idea of such ruling under the provisions of the Mortgage Law.\\nIt is true that it has been held repeatedly (see among others the decisions of the'General Directorate of the Registries of Spain of November 11, 1880, and January 3, 1893, and the case of Fano v. Registrar, 15 P. R. R. 313) that the attorney in fact must present .the power of attorney in the registry or that the power of attorney or the pertinent clause thereof should be duly included in the deed, but this was in cases in which the registrar had to examine the powers of the attorney in fact in order to ascertain whether or not they were sufficient for the execution of the contract sought to be recorded. In the case now before us the mortgage deed could have been executed and would have been recordable without any intervention whatever on the part of the mortgagee. Therefore, as the registrar was not required to consider the powers of the attorney in fact, he should have recorded the deed without assigning the said defect.\\nThe decision should be reversed as to the part appealed from.\\nReversed.\\nJustices Wolf and Hutchison concurred.\\nChief Justice Hernandez and Justice Aldrey absent.\"}"
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+"{\"id\": \"8785286\", \"name\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Soto, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Soto\", \"decision_date\": \"1919-12-16\", \"docket_number\": \"No. 1431\", \"first_page\": \"853\", \"last_page\": \"855\", \"citations\": \"27 P.R. 853\", \"volume\": \"27\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:18:57.484259+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices del Toro and Ai-drey concurred.\", \"parties\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Soto, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Soto, Defendant and Appellant.\\nAppeal from the District Court of Aguadilla in a Prosecution for Breach of Peace.\\nNo. 1431.\\nDecided December 16, 1919.\\nDisturbance of the Peace \\u2014 -Evidence.\\u2014When a complaint charges a disturbance of the peace of a certain person or persons, if the evidence does not show that such persons were present when the acts charged in the complaint were committed, the court errs in finding the defendant guilty of a disturbance of the peace, although the acts committed by him and not charged in the complaint may constitute a disturbance of the peace.\\nId. \\u2014 Td.\\u2014When the defendant is not charged with the offence of having offended the ears of women and children with obscene or tumultuous language, it is error on the part of the court to permit the witnesses to bo asked whether women and children were present.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Buenaventura Esteves for the appellant.\\nMr. Jos\\u00e9 E. Figueras, Fiscal, for the appellee.\", \"word_count\": \"520\", \"char_count\": \"3063\", \"text\": \"Me. Justice Wolf\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe complaint in this case charged Sime\\u00f3n Soto with a disturbance of the public peace by having -upon a speaker's box and in presence of the public who heard him, threatened Valent\\u00edn N\\u00fa\\u00f1ez, alias Pinclie, or Ms intimates who might have been present, calling him a shameless one. (sin ver-g\\u00fcenza, a Amigar offensive epithet), threatening homicidal attacks on said Pinche and on the persons who decided to work in opposition to the purposes of the strike which the orator was supporting.\\nThe evidence fails to show that N\\u00fa\\u00f1ez was present. Indeed, the contrary may be readily inferred. We deduce from the proof that neither N\\u00fa\\u00f1ez nor any other strike breaker was present and hence the peace of none of them Avas disturbed. Perhaps the public was stirred. There was some incitation to crime in the form of the words. The complaint, however, by every fair intendment, if it meant anything', set np a disturbance of the peace of Valentin N\\u00fa\\u00f1ez or his intimates, and there is absolutely no proof of such disturbance. To find the defendant guilty of the charge in the complaint was error.\\nIt was also error to permit the witnesses to be asked if women and children were present, as the defendant was not charged with the offense of haAdng offended the ears of women and children with obscene or tumultuous language, the special offense set out in section 368 of the Penal Code.\\nMoreoA'or, it does not seem that the police themselves thought he had committed much of an offense, as they tol-ei*ated it after interrupting him and only warned him not to continue. The arrest appears to have been an afterthought. There was nothing to show that the language actually produced a breach of the peace, although it might have been so interpreted with a slightly different complaint and perhaps slight additional facts.\\nThe judgment must be reAmrsed and the defendant discharged.\\nReversed.\\nChief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices del Toro and Ai-drey concurred.\\nMr. Justice Hutchison took no part in the decision of this case.\"}"
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+"{\"id\": \"8789371\", \"name\": \"Porto Rican American Sugar Refinery, Inc., recurrente, v. Comisi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico, etc., demandada\", \"name_abbreviation\": \"Porto Rican American Sugar Refinery, Inc. v. Comisi\\u00f3n Industrial\", \"decision_date\": \"1944-05-12\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 303\", \"first_page\": \"636\", \"last_page\": \"641\", \"citations\": \"63 P.R. Dec. 636\", \"volume\": \"63\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:53:24.816117+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.\", \"parties\": \"Porto Rican American Sugar Refinery, Inc., recurrente, v. Comisi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.\", \"head_matter\": \"Porto Rican American Sugar Refinery, Inc., recurrente, v. Comisi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.\\nN\\u00fam. 303.\\n\\u2014 Sometido: Marzo 20, 1944.\\nResuelto: Mayo 12, 1944.\\nVicente Zayas Pizarro, abogado de la recurrente; I\\u00edon. Procurador General Interino M. Rodr\\u00edguez Ramos, G. Benitez Gautier, Pro-curador General Auxiliar y Joaquina P\\u00e9rez Cordero, A. de Jes\\u00fas Matos, J. Correa Su\\u00e1rez y A. Sund\\u00edn del Manzano, abogados del Pondo del Estado.\", \"word_count\": \"1528\", \"char_count\": \"9380\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1ob SnydeR\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nLos beclios en este caso est\\u00e1n expuestos sucintamente en la resoluci\\u00f3n de' la Comisi\\u00f3n' Industrial, que dice en parte como sigue:\\n\\\"La Porto Riean American Sugar Refinery, Ine., un patrono asegurado en el Pondo del Estado, utiliz\\u00f3 durante los a\\u00f1os econ\\u00f3micos 1940-41 y 1941-42, a los contratistas independientes Suen. de Miguel M\\u00e9ndez y Sucrs. de Esmoris, para la transportaci\\u00f3n de sus productos y derivados de los mismos. Fu\\u00e9 condici\\u00f3n del contrato de trans-porte, seg\\u00fan alega el referido patrono, que los contratistas indepen-dientes asegurar\\u00edan los obreros que usaran en el trabajo, en el Pondo del Estado. Pero el patrono apelante admite que dichos contratistas independientes dejaron de cumplir con-la obligaci\\u00f3n impu\\u00e9stale de asegurar a los obreros por tddo el per\\u00edodo de -1940-41, 1941-42, y admite-que tanto el patrono apelante como los contratistas indepen-dientes, al dar cuenta con sus n\\u00f3minas anuales de jornales al Pondo del Estado durante los a\\u00f1os 1940-41 y 1941-42, no incluyeron en las mismas los salarios pagados a los obreros o empleados que traba-jaron con dichos contratistas independientes.\\n\\\"All\\u00e1 para mediados del a\\u00f1o 1942, el Sr. Jacobo E. Garc\\u00eda, en su car\\u00e1cter de Investigador del Pondo del Estado, hizo una inves-tigaci\\u00f3n de la contabilidad .del patrono apelante, cubriendo el per\\u00edodo de julio 1ro. de 1940 a junio 30 de 1941, y comprob\\u00f3 la certeza de los hechos antes expuestos, por lo que el Administrador, al imponer al apelante la cuota preliminar para el a\\u00f1o 1942-43, ascendente a la cantidad de $4,857.97, la tas\\u00f3 e impuso a la vez, una prima adi-cional por los a\\u00f1os 1940-41, 1941-42, montante a $2,406.27 por el primero de dichos a\\u00f1os, y $1,612.63 por el segundo, cubriendo dicha prima adicional el riesgo en la transportaci\\u00f3n de los productos del patrono, que llevaron a cabo los contratistas independientes antes mencionados.\\n\\\"El Administrador notific\\u00f3 tanto la imposici\\u00f3n de la prima preliminar para el a\\u00f1o 1942-43, como la adicional por los a\\u00f1os 1940-41, 1941-42, al patrono apelante, con fecha 8 de septiembre de 1942, y le advirti\\u00f3 que su p\\u00f3liza estar\\u00eda en vigor desde julio 1ro. de 1942, siempre y cuando que pagara la cantidad de $6,447.89 en o antes de septiembre 23, 1942, y la cantidad de $2,428.98, en o antes de enero 2 de 1943. El montante de la prima a pagar incluyendo la preliminar para el a\\u00f1o 1942-43 y la adicional por los a\\u00f1os 1940-41, 1941-42, alcanza un total de $8,876.87.\\n\\\"El patrono pag\\u00f3 los $6,447.89 que debi\\u00f3 haber satisfecho en septiembre 23, 1942, en dos plazos, uno en septiembre 21 de 1942, montante a $1,455.53, y el otro en noviembre 21, 1942, montante a la cantidad de $4,992.56.\\n\\\"Considerando el Administrador que el patrono hab\\u00eda pagado fuera de t\\u00e9rmino, lo declar\\u00f3 patrono no asegurado por el per\\u00edodo de julio 1ro. de 1942 a noviembre 21 del mismo a\\u00f1o.\\\"\\nLa Comisi\\u00f3n Industrial confirm\\u00f3 la decisi\\u00f3n del Adminis-trador del Fondo del Estado. Para revisar la resoluci\\u00f3n de la Comisi\\u00f3n expedimos el auto a solicitud de la Porto Pican American Sugar Refinery Inc.\\nAlega la peticionaria en primer lugar que el pago de $4,992.56 fu\\u00e9 efectuado como cuesti\\u00f3n de hecho, dentro de una alegada pr\\u00f3rroga concedida a tal fin, vencedera el 30 de noviembre de 1942. Pero nada hay en el r\\u00e9cord que justi-fique esta contenci\\u00f3n. El r\\u00e9cord s\\u00ed demuestra que el 29 de agosto de 1942, la peticionaria someti\\u00f3 un memor\\u00e1ndum al Administrador del Fondo del Estado en un esfuerzo para convencerlo de la correcci\\u00f3n de su posici\\u00f3n, y que esta con-tenci\\u00f3n de la peticionaria no fu\\u00e9 rechazada finalmente por el\\\" Administrador hasta que el subadministrador le escribi\\u00f3 al abogado de la peticionaria el 17 de noviembre. Pero en ese estado de cosas nada encontramos que justifique la conclu-si\\u00f3n de que se concedi\\u00f3 una pr\\u00f3rroga para hacer el pago, vencedera el 30 de noviembre. Por el contrario, el Admi-nistrador expresamente advirti\\u00f3 a la peticionaria, como he-mos visto, que el pago deb\\u00eda hacerse en o antes del 23 de septiembre de 1942. En su consecuencia, la Comisi\\u00f3n actu\\u00f3 correctamente al resolver que la peticionaria era un patrono no asegurado desde el 1 de julio de 1942, hasta el 21 de no-viembre de 1942 cuando se hizo el pago de $4,992.56. Y toda vez que todos los' accidentes envueltos en los casos aqu\\u00ed ante nos ocurrieron entre julio 1, 1942, y noviembre 21, 1942, debe tratarse a la peticionaria como patrono no asegurado durante .dicho per\\u00edodo y por aquellos accidentes, a\\u00fan cuando, final-mente pag\\u00f3 todas las primas correspondientes al a\\u00f1o com-pleto, incluyendo las primas adicionales para los a\\u00f1os fiscales que ya hab\\u00edan expirado. (Sucrs. de J. Gonz\\u00e1lez v. Comisi\\u00f3n Industrial, 61 D.P.R. 306.) La propia peticionaria es la causante de esto al no pagar las primas dentro del t\\u00e9rmino fijado por el Administrador del Fondo del Estado (Central Cambalache, Inc. v. Comisi\\u00f3n Industrial, resuelto el 31 de marzo de 1944, ante, p\\u00e1g. 375).\\nLa peticionaria no alega que no se le exigi\\u00f3 que obtuviera p\\u00f3liza alguna contra accidentes del trabajo para cubrir los empleados de los contratistas independientes aqu\\u00ed envueltos. El art\\u00edculo 19 de la ley claramente la obliga a hacerlo, si sus contratistas independientes no lo hacen (Montaner, Administrador v. Comisi\\u00f3n Industrial, 59 D.P.R. 285; Montaner, Administrador v. Comisi\\u00f3n Industrial, 57 D.P.R. 272). Pero alega que el Administrador no pod\\u00eda im- poner las primas aqu\\u00ed envueltas, debido a que no se tom\\u00f3 ac-ci\\u00f3n sobre esto hasta despu\\u00e9s de expirados los a\\u00f1os fiscales aqu\\u00ed envueltos. La peticionaria cita como autoridad para su posici\\u00f3n los casos de Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de P. R., 54 D.P.R. 424; y Am. Railroad Co. v. Comisi\\u00f3n Industrial, 61 D.P.R. 314. Pero dichos casos eran diferentes al pre-sente. En ellos se trataba de un patrono no asegurado a quien no se pod\\u00edan cobrar las primas una vez vencido el semestre que las mismas cubr\\u00eda \\u2014 bajo dichas circunstancias nunca exis-ti\\u00f3 p\\u00f3liza alguna de seguro. Pero en el presente caso se trata de un patrono asegurado que, de conformidad con una investi-gaci\\u00f3n posterior realizada con el fin de determinar si deben imponerse primas adicionales para los dos a\\u00f1os fiscales an-teriores, dej\\u00f3 de incluir en los informes de sus n\\u00f3minas los salarios de obreros que debieron incluirse. Por tanto, en cuanto a este punto, este caso es an\\u00e1logo al de The American Railroad Company of Porto Rico v. Comisi\\u00f3n Industrial, ante p\\u00e1g. 623, resuelto el 10 de mayo de 1944. Lo mismo que en dicho caso (p\\u00e1g. 632) \\\"Sostener lo contrario equivaldr\\u00eda a permitir que la Compa\\u00f1\\u00eda recurrente se beneficiara y enri-queciera como resultado de su propia culpa, negligencia o error al no cumplir con la ley.\\\" Y, podr\\u00eda a\\u00f1adirse, resolver lo contrario equivaldr\\u00eda a despojar al Administrador d'fe sus facultades para hacer gestiones con el fin de corregir una situaci\\u00f3n creada por la negligente o deliberada omisi\\u00f3n de un patrono de incluir todos sns obreros en las n\\u00f3minas suminis-tradas al Administrador.\\nLa resoluci\\u00f3n de la Comisi\\u00f3n Industrial ser\\u00e1 confirmada.\\nEl Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.\\nEl Administrador afirma en su alegato que la p\\u00f3liza en cuesti\\u00f3n expresa-mente inclu\\u00eda los riesgos de transportaci\\u00f3n. La p\\u00f3liza no est\\u00e1, en el r\\u00e9cord ante nos, pero la peticionaria no lia impugnado esta afirmaci\\u00f3n.\\nEl art\\u00edculo 25 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, seg\\u00fan fu\\u00e9 enmendado por la Ley N\\u00fam. 160, Leyes de Puerto Eieo, 1942, dispone que \\\"Bajo ninguna circunstancia se extender\\u00e1 una p\\u00f3liza que cubra solamente una parte de las operaciones de un patrono, dejando. otras actividades sin ase-gurar. El total de operaciones del patrono deber\\u00e1 ser cubierto por una sola p\\u00f3liza. .\\\" Y el art\\u00edculo 19 dispone,-como liemos visto, que a menos que un contratista independiente estuviere asegurado como patrono, \\\"Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus n\\u00f3minas anuales, deber\\u00e1 incluir en tales n\\u00f3minas los salarios pagados a todos los obreros o empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajust\\u00f3 el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contra tado por dicho patrono. . .\\\"\\nHasta d\\u00f3nde pod\\u00eda ir el Administrador en el pasado con el fin de hacer tales imposiciones adicionales es una cuesti\\u00f3n que no est\\u00e1 ante nos y sobre la misma no hacemos comentario alguno. Sin embargo, convenimos con la manifes-taci\\u00f3n hecha en el alegato del Administrador de que si en el caso ante nos la \\\"contenci\\u00f3n [del peticionario] se considerara meritoria, . no hay duda que no podr\\u00edan cobrarse cuotas adicionales ni aun para el a\\u00f1o inmediatamente anterior, debido a la imposibilidad f\\u00edsica de liquidar en los 15 primeros d\\u00edas del a\\u00f1o o dentro do un t\\u00e9rmino .mayor las 10,000 p\\u00f3lizas de seguro obrero que en la actualidad est\\u00e1n en vigor.\\\" (Palabras en corchetes nuestras). V\\u00e9anse los art\\u00edculos 26-28 de la Ley, seg\\u00fan han sido enmendados.\"}"
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+"{\"id\": \"8790608\", \"name\": \"Eduardo M. Morera, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordov\\u00e9s Arana, Juez, demandada\", \"name_abbreviation\": \"Morera v. Corte de Distrito\", \"decision_date\": \"1939-12-08\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 334\", \"first_page\": \"742\", \"last_page\": \"743\", \"citations\": \"55 P.R. Dec. 742\", \"volume\": \"55\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:20:26.148713+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Eduardo M. Morera, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordov\\u00e9s Arana, Juez, demandada.\", \"head_matter\": \"Eduardo M. Morera, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordov\\u00e9s Arana, Juez, demandada.\\nN\\u00fam. 334.\\nSometido: Diciembre 4, 1939.\\nResuelto: Diciembre 8, 1939.\\nJusto A. Casablanca, abogado del peticionario.\", \"word_count\": \"386\", \"char_count\": \"2339\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Wolf\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEn febrero 27, 1936, se present\\u00f3 acusaci\\u00f3n contra Eduardo M. Morera por haber conducido un autom\\u00f3vil en violaci\\u00f3n del art\\u00edculo 328 del C\\u00f3digo Penal.\\nEl proceso fue abandonado por el Gobierno durante un largo per\\u00edodo de tiempo y finalmente fu\\u00e9 llamado el caso para juicio en el a\\u00f1o 1939. Entonces el acusado present\\u00f3 una moci\\u00f3n solicitando de la corte el archivo y sobreseimiento del caso a tenor de las disposiciones del art\\u00edculo 448 del C\\u00f3-digo de Enjuiciamiento Criminal, por haberse demorado la celebraci\\u00f3n del juicio m\\u00e1s de 120 d\\u00edas. La corte decret\\u00f3 el sobreseimiento el 25 de abril y orden\\u00f3 al mismo tiempo al fiscal que presentara una nueva acusaci\\u00f3n.\\nEn mayo 1, 1939, el fiscal de distrito de Guayama pre-sent\\u00f3 otra acusaci\\u00f3n contra el peticionario, basado aparente-mente en los mismos hechos. Durante la lectura de la acu-saci\\u00f3n el acusado aleg\\u00f3 a la corte que de conformidad con el art\\u00edculo 78 del C\\u00f3digo Penal la causa hab\\u00eda prescrito, toda vez que hab\\u00edan transcurrido m\\u00e1s de tres a\\u00f1os desde que se cometi\\u00f3 el supuesto delito y que en su consecuencia deb\\u00eda sobreseerse la causa. La corte declar\\u00f3 sin lugar la moci\\u00f3n.\\nEl acusado ha acudido ante este tribunal en solicitud de un auto de mandamus. Estamos plenamente convencidos de que no procede la expedici\\u00f3n del auto, toda vez que la cuesti\\u00f3n de prescripci\\u00f3n debe suscitarse mediante excepci\\u00f3n perentoria o a virtud de la alegaci\\u00f3n correspondiente a la acusaci\\u00f3n. Entonces, luego de haberse suscitado una controversia de hecho o de derecho y de haberse dictado sentencia sobre la misma, el acusado ha podido apelar y solicitar que la cuesti\\u00f3n sea revisada por este tribunal.\\nSeg\\u00fan sucede en los casos civiles la cuesti\\u00f3n de prescripci\\u00f3n, al igual que la de haber sido expuesto dos veces por el mismo delito {jeopardy), es un privilegio del acusado a que debe llamarse la atenci\\u00f3n de la corte. V\\u00e9ase Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779.\\nGeneralmente no procede el mandamus cuando el peticionario puede hacer valer sus derechos mediante el recurso de apelaci\\u00f3n.\\nNo ha lugar a expedir el auto solicitado.\"}"
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+"{\"id\": \"8791452\", \"name\": \"Enrique B\\u00e1ez Garc\\u00eda, demandante y apelado, v. Alejandrina, Mar\\u00eda Trifona, conocida por Trina, y Sab\\u00e1s Honor\\u00e9 Rivera, demandados y apelantes\", \"name_abbreviation\": \"B\\u00e1ez Garc\\u00eda v. Trifona\", \"decision_date\": \"1940\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 7999\", \"first_page\": \"927\", \"last_page\": \"928\", \"citations\": \"56 P.R. Dec. 927\", \"volume\": \"56\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:58:25.440383+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Enrique B\\u00e1ez Garc\\u00eda, demandante y apelado, v. Alejandrina, Mar\\u00eda Trifona, conocida por Trina, y Sab\\u00e1s Honor\\u00e9 Rivera, demandados y apelantes.\", \"head_matter\": \"Enrique B\\u00e1ez Garc\\u00eda, demandante y apelado, v. Alejandrina, Mar\\u00eda Trifona, conocida por Trina, y Sab\\u00e1s Honor\\u00e9 Rivera, demandados y apelantes.\\nN\\u00fam. 7999.\\nNota: Y\\u00e9as\\u00a9 la opini\\u00f3n de la mayor\\u00eda en la p\\u00e1g. 31. -\", \"word_count\": \"511\", \"char_count\": \"3055\", \"text\": \"Opinion Disidente Del\\nJuez Asociado Se\\u00f1or Wolf\\nSi uno lee el C\\u00f3digo de Enjuiciaimiento Civil se puede ver que la secci\\u00f3n 140 est\\u00e1 incluida en un cap\\u00edtulo sobre in-congruencias, errores y enmiendas en juicio, materias todas dentro de la jurisdicci\\u00f3n de la corte, y no materias en apela-ci\\u00f3n despu\\u00e9s que la jurisdicci\\u00f3n lia sido transferida. \\u00c9sta fu\\u00e1 esencialmente la interpretaci\\u00f3n dada en Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, y seguida entre otro,s por Fajardo Sugar Co. v. Santiago et al., resuelto el mismo d\\u00eda (19 D.P.R. 1193); Ex parte Deliz et al. v. Franco, 21 D.P.R. 526; D\\u00edaz v. P. R. Ry., L. & P. Co., 32 D.P.R. 95; Brown v. Pe\\u00f1a & Balb\\u00e1s, 35 D.P.R. 483; Alvarez et al. v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 925; Machuca v. Municipio, 41 D.P.R. 659; Garc\\u00eda v. Palatine Ins. Co., 42 D.P.R. 978, 979. Por estos casos qued\\u00f3 establecida la pr\\u00e1ctica de que era la Corte Suprema de Puerto Rico la que deb\\u00eda conceder un nuevo t\\u00e9rmino. Pardo v. Pardo, supra, por tanto, no puede considerarse obiter.\\nEl punto m\\u00e1s importante, sin embargo, en que se insiste es que cuando Puerto Rico adopt\\u00f3 la secci\\u00f3n 140 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil lo hizo con la interpretaci\\u00f3n que se hab\\u00eda dado al art\\u00edculo 473 de California, que ten\\u00eda disposi-ciones similares. Concedemos que en lo principal nuestro C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil sigue el de California, pero no totalmente. Nosotros ten\\u00edamos estatutos, reglas y pr\\u00e1c-ticas que difer\\u00edan de las de California.\\nAl discutir este caso acept\\u00e9, como hab\\u00eda hecho a\\u00f1os antes, que la pr\\u00e1ctica de California era permitir a la corte inferior la concesi\\u00f3n de un nuevo t\\u00e9rmino despu\\u00e9s de radicada la apelaci\\u00f3n. Un estudio m\\u00e1s detallado hace dudoso si en California exist\\u00eda la pr\\u00e1ctica alegada independientemente de casos en que se hab\\u00eda presentado una moci\\u00f3n para un nuevo juicio. Esa es la inferencia que yo deduzco leyendo los si-guientes casos: Kram v. Stockton Electric R. Co., 136 Cal. 523; Baute v. Siller, 121 Cal. 414; McWilliams v. Hudson, 98 Cal. App. 185; Stonesifer v. Kilburn, 94 Cal. 33; Pollitz v. Wichersham, 150 Cal. 238; Lukes v. Logan, 66 Cal. 33.\\nEn California el pliego de excepciones exist\\u00eda para sos-tener una moci\\u00f3n de nuevo juicio y es muy f\\u00e1cil concebir que una corte inferior deb\\u00eda tener el derecho a considerar y con-ceder un nuevo t\\u00e9rmino cuando se trataba de una moci\\u00f3n de nuevo juicio aunque el t\\u00e9rmino hubiese expirado.\\nDe todos modos, nosotros hab\\u00edamos establecido nuestra pr\\u00e1ctica, consistente con el C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil y no bah\\u00eda despu\\u00e9s de veinticinco a\\u00f1os raz\\u00f3n suficiente para cambiar la pr\\u00e1ctica y pol\\u00edtica seguida por tanto tiempo. El caso de Pardo v. Pardo, supra, en nuestra opini\\u00f3n, fu\\u00e9 una interpretaci\\u00f3n correcta de la ley.\\nConcurr\\u00ed en el resultado porque bajo las circunstancias de este caso pudimos y debimos, como en otros casos, conceder un nuevo t\\u00e9rmino al apelante.\"}"
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+"{\"id\": \"8791536\", \"name\": \"Rafael Buscaglia, en su Car\\u00e1cter de Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Bull Insular Line, Inc., interventora\", \"name_abbreviation\": \"Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico\", \"decision_date\": \"1949-03-30\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 202\", \"first_page\": \"757\", \"last_page\": \"761\", \"citations\": \"69 P.R. Dec. 757\", \"volume\": \"69\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:23:52.500127+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Sr. Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez no intervino.\", \"parties\": \"Rafael Buscaglia, en su Car\\u00e1cter de Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Bull Insular Line, Inc., interventora.\", \"head_matter\": \"Rafael Buscaglia, en su Car\\u00e1cter de Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Bull Insular Line, Inc., interventora.\\nN\\u00fam. 202.\\nSometido: Febrero 1, 1949.\\nResuelto: Marzo 30, 1949.\\nHon. Procurador General Vicente G\\u00e9igel Polanco (Jos\\u00e9 G. Aponte, Procurador General Interino, en el alegato) y C\\u00e1ndido Cebadlos, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Charles B. I-Iartzell y Jos\\u00e9 L. Novas, abogados de la interventora, que-rellante en el pleito principal.\", \"word_count\": \"1187\", \"char_count\": \"7155\", \"text\": \"El .Juez Asociado Se\\u00f1ob Todd, Je.,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nLa \\u00fanica cuesti\\u00f3n a resolver en este recurso es si el Tribunal de Contribuciones err\\u00f3 al ordenar al Tesorero de Puerto Rico la devoluci\\u00f3n de $2,819.52 a la Bull Insular Line, Inc., que le hab\\u00eda cobrado en concepto de arbitrios impuestos a unos \\\"Towmotor Lift Pork Trucks\\\", conocidos por el nom-bre de finger lift trueles, bajo la secci\\u00f3n 16, inciso 8 de la Ley n\\u00fam. 85 de 1925 (p\\u00e1g. 585), seg\\u00fan enmendada por la Ley n\\u00fam. 425 del 14 de mayo de 1947 (1) p\\u00e1g. 863), que dis-pone lo siguiente:\\n\\\"8. Otros Veh\\u00edculos y Aparatos de Autoimpulsi\\u00f3n. \\u2014 Sobre auto-vagones, camiones, autos de arrastre y otros veh\\u00edculos similares de autoimpulsi\\u00f3n (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo los veh\\u00edculos conocidos como 'jeeps', y sobre los chassis y cajas (auto bodies) para los veh\\u00edculos aqu\\u00ed enumerados, que se vendan, traspasen, usen o introduzcan en Puerto Pico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Pico.\\\"\\nAl declarar con lugar la querella de la contribuyente, el Tribunal de Contribuciones lleg\\u00f3 a las siguientes conclusiones de hecho:\\n< ' =\\u00bb # #\\n\\\"El 'Towmotor' con 'finger lift' en cuesti\\u00f3n, de acuerdo con la prueba ofrecida por la apelante, la cual no fue controvertida en forma alguna por el querellado, es usado para levantar carga y transportarla a distancias cortas, bien sea dentro del muelle o dentro do los barcos.\\n\\\"Es evidente que no se trata de los veh\\u00edculos corrientemente usados para la transportaci\\u00f3n y arrastre de carga y pasajeros a largas distancias, a relativamente mucha velocidad, tales como aqu\\u00e9- l\\u00edos a que necesariamente se .refieren los incisos 7 y 8 ele la secci\\u00f3n 16 de la Ley de Eentas Internas, supra. El 'Towmotor', seg\\u00fan ha quedado probado, es un aparato especialmente dise\\u00f1ado para faci-litar la manipulaci\\u00f3n de carga, cuando se cuenta con pisos lisos y planos y se trata de cortas distancias, a ser recorridas lentamente. No pudo ser la intenci\\u00f3n del legislador incluir \\u00e9stos en la clasifica-ci\\u00f3n que hiciera en los expresados incisos 7 y 8 de la secci\\u00f3n 16 de la Ley 85 de 1925, supra. .\\\"\\nSeg\\u00fan se desprende de la propia resoluci\\u00f3n del Tribunal de Contribuciones, \\u00e9ste encontr\\u00f3 probado que dicho aparato es uno de autoimpulsi\\u00f3n, el cual transporta mercanc\\u00eda de un sitio a otro, estando a la vez dise\\u00f1ado para elevar la mercanc\\u00eda al sitio donde se est\\u00e1 estibando.\\nSi bien es verdad que el mencionado aparato no es un autovag\\u00f3n ni un cami\\u00f3n ni un auto de arrastre, s\\u00ed es uno similar a los antes mencionados, ya que es uno de auto-impulsi\\u00f3n, siendo su principal caracter\\u00edstica el transportar mercanc\\u00eda de un sitio a otro, con la ventaja que debido a su mecanismo eleva la mercanc\\u00eda transportada, haciendo m\\u00e1s f\\u00e1cil el estibar la misma.\\nNo fue la intenci\\u00f3n legislativa al emplear la frase \\\"o\\u00edros veh\\u00edculos similares de autoimpulsi\\u00f3n\\\" que para que un ve-h\\u00edculo de esa naturaleza cayera dentro de la enumeraci\\u00f3n que anteriormente hab\\u00eda hecho en dicho inciso, ten\\u00eda que ser uno exacto o id\\u00e9ntico a los ya especificados pues entonces ning\\u00fan valor tendr\\u00eda dicha frase. V\\u00e9anse Greenleaf v. Goodrich, 101 U.S. 278 y Neff v. Gas & Electric Shop, 22 S.W. 2d 265. La frase fue usada indicando parecido o semejanza y la raz\\u00f3n es obvia, ya que diariamente se est\\u00e1n inventando nuevos aparatos de autoimpulsi\\u00f3n y llevando a efecto ade-lantos mec\\u00e1nicos en los ya existentes, que se hace imposible una enumeraci\\u00f3n espec\\u00edfica de todos ellos y el legislador, para afrontar esta situaci\\u00f3n, us\\u00f3 las frases \\\"y otros veh\\u00edculos similares de autoimpulsi\\u00f3n (sea cual fuere el nombre con que se conocieren)\\\" y as\\u00ed evitar que dichos nuevos aparatos-estuvieren exentos del impuesto.\\nNo creemos que fuera la intenci\\u00f3n legislativa limitar la imposici\\u00f3n del arbitrio \\u00fanicamente a aquellos veh\\u00edculos o aparatos usados corrientemente para la transportaci\\u00f3n y arrastre de carga y pasajeros \\\"a larga distancia y a relativa-mente mucha velocidad\\\" como resolvi\\u00f3 el tribunal inferior. El hecho es que el 'finger lift truch o Towmotor Lift Fork Truck, por su nombre es un \\\"motor de remolque o arrastre\\\" (Towmotor), es un \\\"cami\\u00f3n\\\" (truch), es de autoimpulsi\\u00f3n, arrastra mercanc\\u00eda de un sitio a otro y la levanta con el fin de estibarla. De acuerdo con los exhibits 1 y 2 de la querellante que muestran los modelos y especificaciones del Towmotor Lift Fork Truck y del Towmotor Tractor, la dife-rencia entre uno y otro consiste principalmente en que el Towmotor Tractor no tiene en su frente el aparato de levan-tamiento (lift forh) y que las ruedas delanteras son peque-\\u00f1as mientras que las del Towmotor Lift Fork Truck son grandes. lias especificaciones, con ligeras variaciones, son iguales y en cu\\u00e1nto a la velocidad a que pueden correr, el Towmotor Lift Fork Truck es de 7 millas por hora y el Tow-motor Tractor es de 10 millas por hora. La distancia que puede recorrer el Towmotor Lift Fork Truck y la velocidad a que puede hacerlo, no lo hacen a nuestro juicio, disimilar a los 'dem\\u00e1s enumerados en la ley, a tal extremo, que los exima del tributo.\\nLos casos de Bull Insular Line v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 865; Serrall\\u00e9s v. Sancho Bonet, Tes., 55 D.P.R. 96; Serrall\\u00e9s v. Sancho Bonet, Tes., 57 D.P.R. 779, no son aplicables al presente pues el inciso 8 de la secci\\u00f3n 16 enton-ces vigente, no conten\\u00eda la frase \\\"y otros veh\\u00edculos similares de autoimpulsi\\u00f3n\\\". Tampoco el de P. R. Iron Works v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 868, pues los \\\"semi-trailers\\\" y \\\"road graders'' estaban dise\\u00f1ados \\\". . de tal manera que en forma alguna puede convert\\u00edrseles en veh\\u00edculos de auto-impulsi\\u00f3n, pudiendo moverse \\u00fanicamente utilizando la fuerza de tracci\\u00f3n.\\\" S\\u00ed lo es el de Central Aguirre Sugar Co. v. Sancho Bonet, Tes., 55 D.P.R. 153, en el cual, si bien el esta-tuto no conten\\u00eda la frase antes mencionada, resolvimos que un \\\"Fowler Gyrotiller\\\" era para todo fin pr\\u00e1ctico un tractor dentro del significado de esta palabra, seg\\u00fan se usa en el inciso 8 de la secci\\u00f3n 16 de la Ley de Rentas Internas. Al mismo efecto Russell & Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 52, confirmado en Russell & Co. v. Sancho, 92 F.2d 821. Nuestra decisi\\u00f3n en el caso de Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 921-938, al interpretar el alcance de la regla de ejusdem generis y de la doctrina relacionada de nosciiur a sociis, no milita en contra de la conclusi\\u00f3n a que en el presente fiemos llegado. Por el contrario, la sos-tiene.\\nDebe revocarse la resoluci\\u00f3n recurrida y dictarse otra desestimando la querella presentada por la Bull Insular Line Inc. en el tribunal inferior.\\nEl Juez Asociado Sr. Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez no intervino.\"}"
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+"{\"id\": \"8792776\", \"name\": \"Baetjer, et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.\", \"name_abbreviation\": \"Baetjer v. Corte\", \"decision_date\": \"1940-04-26\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 1200\", \"first_page\": \"946\", \"last_page\": \"946\", \"citations\": \"56 P.R. Dec. 946\", \"volume\": \"56\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:58:25.440383+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)\", \"parties\": \"Baetjer, et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.\", \"head_matter\": \"N\\u00fam. 1200.\\nBaetjer, et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.\\nAbril 26, 1940.\\n(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)\", \"word_count\": \"138\", \"char_count\": \"800\", \"text\": \"Visto el recurso de certiorari interpuesto en el caso de ep\\u00edgrafe.\\nPor las razones expuestas en la opini\\u00f3n emitida en el recurso n\\u00fam. 1199, entre las mismas partes y sobre las mismas cuestiones legales, resuelto en esta misma fecha (ante, p\\u00e1g. 596), se anula el auto expedido y se devuelve el caso y el r\\u00e9cord original del mismo ,-a la Corte de Distrito de San Juan para que \\u00e9sta proceda a con-.\\u2022siderar y resolver el recurso de apelaci\\u00f3n ante ella pendiente.\\nEn los, siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, c:e .declar\\u00f3 no haber lugar a la solicitud:\\n.N\\u00fams. 1202, 1204 1206, 1212, 1213, 1214 y 1215.\\nHabeas Corpus: N\\u00fam. 125.\\nMandamus: N\\u00fam. 341.\"}"
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+"{\"id\": \"8794506\", \"name\": \"Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Gregorio Hern\\u00e1ndez y Hern\\u00e1ndez, Arturo, Gregorio, Isabel, Higinio Ram\\u00f3n, Armando Rafael, Gertrudis, y Luis Hern\\u00e1ndez Batista, demandados y apelados\", \"name_abbreviation\": \"Central Victoria, Inc. v. Hern\\u00e1ndez\", \"decision_date\": \"1926-06-26\", \"docket_number\": \"No. 2868\", \"first_page\": \"613\", \"last_page\": \"617\", \"citations\": \"35 P.R. Dec. 613\", \"volume\": \"35\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:06:26.142662+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Gregorio Hern\\u00e1ndez y Hern\\u00e1ndez, Arturo, Gregorio, Isabel, Higinio Ram\\u00f3n, Armando Rafael, Gertrudis, y Luis Hern\\u00e1ndez Batista, demandados y apelados.\", \"head_matter\": \"Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Gregorio Hern\\u00e1ndez y Hern\\u00e1ndez, Arturo, Gregorio, Isabel, Higinio Ram\\u00f3n, Armando Rafael, Gertrudis, y Luis Hern\\u00e1ndez Batista, demandados y apelados.\\nNo. 2868.\\nVisto: Mayo 28, 1926.\\nResuelto: Junio 26, 1926.\\nColl y Cuch\\u00ed c\\u00a7 Cruzado Silva, abogados de la apelante; Benicio S\\u00e1nchez Casta\\u00f1o y Leopoldo Feli\\u00fa, abogados de los apelados.\", \"word_count\": \"1327\", \"char_count\": \"7942\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or HutchisoN,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nLa corte de distrito se neg\\u00f3 a expedir nn interdicto man-da\\u00edorio para recobrar la posesi\\u00f3n de bienes inmuebles, ba-sada en los siguientes hechos declarados probados y por las razones expuestas a continuaci\\u00f3n:\\n\\\"En el acto del juicio la demandante prob\\u00f3 tener ocupadas, en una finca de los demandados, ciertas fajas de terreno que describe detalladamente la demanda, por las que hay tendidas una v\\u00eda f\\u00e9rrea, para transportar ca\\u00f1as, y un desv\\u00edo para el cargadero. Se alega que para llegar al cargadero los carros transportando ca\\u00f1as, hay un camino, que se dice, tambi\\u00e9n ocupado, y que \\u00e9ste ba sido obstruido por la colocaci\\u00f3n de una cerca o puerta de alambre, a su entrada, en el empalme con un camino vecinal. No se ha alegado o probado otro acto, fuera de \\u00e9se, de perturbaci\\u00f3n del uso o disfrute de la v\\u00eda f\\u00e9rrea o de la posesi\\u00f3n de las fajas donde est\\u00e1 pendida. Esta pa-rece haber sido instalada a virtud de- un contrato celebrado el 19 de Junio de 1915, entre la Compa\\u00f1\\u00eda Azucarera de la Carolina, (pre-decesora en derechos de la demandante, seg\\u00fan \\u00e9sta alega) y don Gregorio Hern\\u00e1ndez, uno de los demandados. La cl\\u00e1usula de dicho con-trato relativa a la v\\u00eda, dice as\\u00ed:\\n\\\" 'D\\u00c9CIMA sexta: Ha sido expresamente convenido que la Central instalar\\u00e1 una v\\u00eda en terrenos de mi finca de Trujillo Bajo, que entregar\\u00e1 al Colono los wagones vac\\u00edos puestos en el mismo, y que los arrastres de los wagones llenos hasta la Central, ser\\u00e1n tambi\\u00e9n hechos por cuenta de la misma, y que la v\\u00eda ser\\u00e1 instalada antes del mes de enero 1916.'\\n' ' El contrato fu\\u00e9 de - compraventa y entrega de ca\\u00f1as, y seg\\u00fan su cl\\u00e1usula XII durar\\u00eda tres a\\u00f1os, a contar del 1\\u00b0 de Julio del a\\u00f1o 1917; aparentemente ha terminado.\\n\\\"Existe una acci\\u00f3n pendiente ante esta Corte, iniciada por los demandados contra la demandante el 1\\u00b0 de Junio de 1925, seis d\\u00edas antes de haberse radicado la demanda enmendada en el presente caso, y su aparente prop\\u00f3sito es liberar la misma finca de la servidumbre que la compa\\u00f1\\u00eda demandante tiene establecida con la v\\u00eda f\\u00e9rrea de que ahora se trata.\\n\\\"Para que la presente acci\\u00f3n prosperase ser\\u00eda preciso que se hu-biese demostrado satisfactoriamente la posesi\\u00f3n material de las fajas o parcelas descritas en la demanda. Se demostr\\u00f3 en el acto del jui-cio la existencia de la v\\u00eda, del desv\\u00edo y cargadero, y del camino; y se prob\\u00f3 que \\u00e9ste ha sido cerrado por una cerca puesta por orden de D. Gregorio Hern\\u00e1ndez, uno de los demandados. Pero no se de-mostr\\u00f3 una posesi\\u00f3n material continua, tal como la que intenta pro-teger la ley especial que provee el remedio especial de injunction, ahora invocado. Si se tratase de una acci\\u00f3n ordinaria para, confirmar una servidumbre probablemente esta Corte conceder\\u00eda, en asegura-miento de la efectividad de la sentencia, alguna medida protectora de los aparentes derechos que se alegara haber sido vulnerados. Pero la posesi\\u00f3n de un camino, en la finca de los demandados, que \\u00e9stos pueden usar libremente como due\\u00f1os, con- igual frecuencia, por lo menos, que los demandantes, no es la posesi\\u00f3n o tenencia real, ex-clusiva de la demandante y por tanto incompatible con la de otros; ser\\u00eda, a lo sumo un derecho de paso por ese camino hacia el cargadero de las ca\\u00f1as que por la v\\u00eda f\\u00e9rrea deben transportarse; derecho de paso no demostrado, ni en su origen, pues no resulta del contrato de compraventa de ca\\u00f1as, ya extinguido, ni sus condiciones o r\\u00e9gimen; no habi\\u00e9ndose tampoco aducido prueba alguna relativa a la necesidad indispensable del camino para los fines o prop\\u00f3sitos de la v\\u00eda f\\u00e9rrea.\\n\\\"Por tales razones no procede espedir el auto de injunction que se solicita.\\\"\\nEl se\\u00f1alamiento de errores especifica que\\u2014\\n\\\"I. La Corte de Distrito cometi\\u00f3, error manifiesto al resolver que no se demostr\\u00f3 satisfactoriamente la posesi\\u00f3n material de las parcelas de terreno descritas en la demanda.\\n\\\"II. La Corte de Distrito cometi\\u00f3 error manifiesto al resolver que el derecho de paso no qued\\u00f3 demostrado por la demandante-apelante.\\n\\\"III. La Corte de Distrito cometi\\u00f3 error manifiesto al no decla-rar probado que la demandante-apelante hab\\u00eda sido privada ilegal-mente de la posesi\\u00f3n.\\n\\\"IV. La Corte de Distrito cometi\\u00f3 error manifiesto abusando de su discreci\\u00f3n, al apreciar la prueba y dictar una sentencia no de acuerdo con la misma.\\n\\\"Y. La Corte de Distrito cometi\\u00f3 error manifiesto al aplicar la Ley N\\u00fam. 43 de 1913 que provee- el procedimiento para recobrar la posesi\\u00f3n de propiedad inmueble, seg\\u00fan qued\\u00f3 enmendada por la Ley N\\u00fam. 11 de 1917.\\\"\\nEl juez sentenciador aparentemente admite que la demandante est\\u00e1 en posesi\\u00f3n de la v\\u00eda f\\u00e9rrea port\\u00e1til tendida sobre el terreno en cuesti\\u00f3n por el supuesto predecesor en derechos de la demandante. Hubo alguna prueba tendente a demostrar que la demandante hizo un deslinde de la faja de terreno ocupada por tal v\\u00eda f\\u00e9rrea o ramal, as\\u00ed como ciertas reparaciones en tal v\\u00eda y que adem\\u00e1s coloc\\u00f3 nuevas traviesas a lo largo de la l\\u00ednea. No hubo nada que demostrara haber habido intervenci\\u00f3n alguna por parte de los demandados con la posesi\\u00f3n material por la demandante de la v\\u00eda o ramal.\\nNo se present\\u00f3 prueba alguna en apoyo de la alegaci\\u00f3n de la demandante sobre su posesi\\u00f3n material del camino ce-rrado por los demandados. Tampoco se ha demostrado sa-tisfactoriamente que la demandante usara siquiera el citado camino o que fuera due\\u00f1a o controlara la v\\u00eda f\\u00e9rrea port\\u00e1- til usada para facilitar el transporte de ca\\u00f1a por tal ca-mino, si alguna hab\\u00eda. La prueba en conjunto, aunque floja y vaga, sugiere m\\u00e1s bien el uso y disfrute de este camino basta el d\\u00eda en que fu\\u00e9 cerrado, por otros colonos y cultiva-dores de ca\\u00f1a en aquella comarca para el trasporte de ca\\u00f1a en carretas o vagones por el terreno de los demandados.\\nPor consiguiente, la segunda alegaci\\u00f3n de la apelante tiene poco o casi ning\\u00fan fundamento en que basarse. De todos modos, la apelante no cita autoridad alguna en apoyo de la proposici\\u00f3n de que un mero derecho de entrada y sa-lida puede ser la base de una petici\\u00f3n de remedio de acuerdo con la ley de 1913, seg\\u00fan fu\\u00e9 enmendada en 1917.\\nLa ley \\u00faltimamente mencionada da un remedio por* cualquier intervenci\\u00f3n o amenaza de perturbar la posesi\\u00f3n material. Tal posesi\\u00f3n, con ciertas limitaciones y excepciones que es innecesario enumerar, es suficiente.\\nUn individuo que tenga un derecho legal claro a una servidumbre de paso continua por los terrenos de otra persona no necesita valerse de interdicto reivindicator\\u00edo {restorative) del Derecho Romano. A un demandante que se le ha privado de la posesi\\u00f3n material no se le requiere, a fin de obtener la consiguiente reivindicaci\\u00f3n {restoration), que pruebe su t\\u00edtulo legal a la propiedad en cuesti\\u00f3n. Una posesi\\u00f3n material anterior bajo alguna apariencia o color de derecho es suficiente.\\nEn el primer caso un derecho claro en ley o en equidad es un requisito previo indispensable para obtener el remedio. En el segundo, a falta de un derecho claro o de la posesi\\u00f3n material, no puede prosperar la acci\\u00f3n.\\nEl alegato de la apelante contiene una interesante y com-prensiva exposici\\u00f3n del origen, historia y desarrollo del con-cepto legal que encierra el t\\u00e9rmino posesi\\u00f3n y de la ley que rige los derechos de posesi\\u00f3n; pero el radio de nuestra dis-cusi\\u00f3n debe limitarse por ahora al campo abarcado por los hechos que los autos revelan.\\nVistas a la luz de tales hechos la tercera, cuarta y quinta de las cuestiones mencionadas en el se\\u00f1alamiento, en tanto en cuanto no lian sido ya resueltas no merecen ulterior con-sideraci\\u00f3n.\\nLa sentencia apelada debe ser confirmada.\"}"
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Fern\\u00e1ndez Diez y Jos\\u00e9 Moreda Cifuentes, demandados y apelantes.\", \"head_matter\": \"Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evarista Diez y Gonz\\u00e1lez Viuda de Fern\\u00e1ndez, Jos\\u00e9 A., Manuel E. y Benigno C. Fern\\u00e1ndez Diez y Jos\\u00e9 Moreda Cifuentes, demandados y apelantes.\\nNo. 4445.\\nSometido: Abril 20, 1928.\\nResuelto: Mayo 31, 1929.\\nM. Tous Soto, abogado de los apelantes; Oscar Sovsffront, abogado del apelado.\", \"word_count\": \"1041\", \"char_count\": \"6256\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Hutchison,\\nemiti\\u00f3 la opinion del tribunal.\\nEl demandante trata de recobrar el importe adeud\\u00e1dole por concepto de dos pagar\\u00e9s que se describen en la demanda. Uno de \\u00e9stos fu\\u00e9 expedido a la orden de Jos\\u00e9 Moreda Ci-fuentes, y fu\\u00e9 endosado por \\u00e9ste a favor del banco. Los otorgantes' son Evarista Diez y Gonz\\u00e1lez Viuda de Fern\\u00e1n-dez, Jos\\u00e9 Antonio, Benigno Claudio, y Manuel Evaristo Fer-n\\u00e1ndez Diez. El otro es un pagar\\u00e9 mancomunado y solida-rio pagadero directamente al banco y suscrito por Benigno C. Fern\\u00e1ndez, Manuel E. Fern\\u00e1ndez, Jos\\u00e9 Moreda, Evarista Diez Viuda de Fern\\u00e1ndez, y Jos\\u00e9 A. Fern\\u00e1ndez.\\nEn el primero de estos pagar\\u00e9s se expresa que se hab\\u00eda otorgado una hipoteca de igual fecha sobre un predio de terreno radicado en Maricao y sobre una finca urbana sita en Mayag\\u00fcez, con el fin de garantizar el pago del mismo- y de otras obligaciones. El actor tambi\\u00e9n alega que esta hi-poteca conten\\u00eda un convenio para pagar $500 como honora-rios de abogado en caso de que se entablara litigio por con-cepto del pagar\\u00e9. Empero, el.caso que tenemos a la vista no es un procedimiento ejecutivo hipotecario. Es una ac-ci\\u00f3n puramente personal.\\nEl 5 de octubre, Jos\\u00e9 A. Fern\\u00e1ndez Diez y Evarista Diez, residentes en San Juan, y Manuel E. Fern\\u00e1ndez, quien vive en Nueva York, solicitaron el traslado del pleito. La moci\\u00f3n iba acompa\\u00f1ada de un affidavit de m\\u00e9ritos suscrito por Jos\\u00e9 Fern\\u00e1ndez, y hac\\u00eda alusi\\u00f3n a una declaraci\\u00f3n jurada suscrita por Benigno O. Fern\\u00e1ndez y Jos\\u00e9 Moreda Cifuentes, ya radicada en apoyo de una moci\\u00f3n anterior presentada en septiembre. En esta declaraci\\u00f3n se alega el consentimiento formal de los declarantes al traslado propuesto.\\nEn octubre 23, Jos\\u00e9 A. Fern\\u00e1ndez Diez prest\\u00f3 otra decla-raci\\u00f3n jurada al efecto de que la primera de las dos causas de acci\\u00f3n alegadas en la demanda era en cobro de un pa-gar\\u00e9 garantizado con hipoteca sobre una finca urbana sita en la ciudad de Mayag\\u00fcez; que con el objeto de efectuar la proyectada partici\\u00f3n de las fincas pose\\u00eddas en com\\u00fan pro indiviso, Benigno Claudio Fern\\u00e1ndez Diez hab\\u00eda convenido con Evarista Diez y Gonz\\u00e1lez, con Manuel Evaristo Fer-n\\u00e1ndez Diez y con el declarante aceptar como su participa-ci\\u00f3n un condominio en la finca r\\u00fastica radicada en el muni-cipio de Maricao, dejando que la finca urbana ubicada en Mayag\\u00fcez fuera adjudicada a los otros condominos ;\\u2022 y- que como resultado de esta estipulaci\\u00f3n, Benigno C. Fern\\u00e1ndez Diez no ten\\u00eda inter\\u00e9s en dicha primera causa de acci\\u00f3n. Una declaraci\\u00f3n jurada suscrita por Benigno O. Fern\\u00e1ndez Diez y fechada el 22 de octubre, es al mismo efecto.\\nEl demandante alega' el otorgamiento de una hipoteca sobre dos fincas. En el pagar\\u00e9, que se copia verbatim en la demanda como base para la primera causa de acci\\u00f3n, se habla de una hipoteca sobre ambas fincas, una de las cuales se describe como una hacienda conocida con el nombre de \\\"Esperanza,\\\" sita en el municipio de Maricao, y la otra como una casa y solar formando esquin.a en la ciudad de Mayag\\u00fcez. En la moci\\u00f3n pidiendo el traslado del pleito no se hace menci\\u00f3n alguna de ning\\u00fan convenio relativo a la proyectada divisi\\u00f3n de la finca hipotecada, y ninguna de las declaraciones juradas adicionales indica la fecha del conve-venio alegado, ni asevera definitivamente que la finca de Maricao no estuviera hipotecada para garantizar el pago del pagar\\u00e9 en cuesti\\u00f3n.\\nBajo las circunstancias, y dejando a un lado la cuesti\\u00f3n relativa al efecto de tal convenio (de haberse efectuado antes de que se entablara el procedimiento) sobre la cuesti\\u00f3n de partes demandadas necesarias o propias, esta idea posterior de los apelantes no exige seria consideraci\\u00f3n. Y de todos modos, el nombre de Benigno C. Fern\\u00e1ndez encabeza la lista de las personas que suscribieron el segundo pagar\\u00e9 que no estaba garantizado con hipoteca alguna.\\nBenigno 0. Fern\\u00e1ndez resid\\u00eda en Maricao, y Jos\\u00e9 Mo-reda y Cifuentes, en Mayag\\u00fcez. La moci\\u00f3n de traslado se basaba en el consentimiento dado por estos demandados al traslado propuesto del litigio, pero en el alegato de los ape-lantes no se hace hincapi\\u00e9 sobre este aspecto del caso., La acci\\u00f3n fue debidamente entablada en el Distrito de Maya-g\\u00fcez, y el consentimiento de los demandados residentes en ese distrito no coloc\\u00f3 a los demandados no residentes den-tro de la letra de la ley que autoriza el traslado de pleitos, y, de acuerdo con la regla, tal como ha sido establecida en' California, la corte inferior no_ err\\u00f3 al declarar no haber lugar a la moci\\u00f3n. 25 Cal. Jur. 879, p\\u00e1rrafo 21, y los ca-sos citados en la nota No. 3.\\nSi en lo sucesivo nos regiremos por esta regla o no, es cuesti\\u00f3n que podr\\u00e1 resolverse al ser definitivamente levan-tada y debidamente desarrollada en alg\\u00fan caso futuro.\\nEn el alegato de los apelantes, los letrados alegan extensamente que Moreda Cifuentes, como endosante de un pagar\\u00e9 garantizado con hipoteca, no es personalmente responsable del primero de los dos pagar\\u00e9s. Como medida preliminar a la posici\\u00f3n as\\u00ed asumida, los apelantes tratan de eliminar la segunda causa de acci\\u00f3n en lo concerniente a Moreda, alegando que \\u00e9l hab\\u00eda depositado una cantidad suficiente para cubrir la reclamaci\\u00f3n mantenida por el demandante en la segunda causa de acci\\u00f3n. No se especifica ni la fecha ni el importe del dep\\u00f3sito as\\u00ed efectuado. Como hemos indicado ya, el segundo de los dos pagar\\u00e9s era solidario y mancomunado, y los autos que tenemos a la vista nada contienen que demuestre que se hiciera dep\\u00f3sito alguno antes o despu\\u00e9s de que el juez de distrito resolviera, la moci\\u00f3n de traslado. La cuesti\\u00f3n de si la corte cometi\\u00f3 o no error al denegar la moci\\u00f3n debe resolverse a virtud del estado de las \\u00bflegaciones al tiempo de hacerse y resolverse la moci\\u00f3n. 25 Cal. Jur. 90f, p\\u00e1rrafo 41.\\nDe liaber alg\\u00fan m\\u00e9rito en las abstractas cuestiones de derecho discutidas en el alegato de los apelantes, ello no decide la presente apelaci\\u00f3n.\\nDebe confirmarse la resoluci\\u00f3n denegando el traslado.\"}"
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Arturo Ramos Thulier y Celestino Ben\\u00edtez, demandados y apelados.\\nNo. 5391.\\nSometido: Mayo 19, 1931.\\nResuelto: Julio 28, 1931.\\nAdri\\u00e1n Agosto, abogado del apelante; Celestino Ben\\u00edtez, como abo-gado, por su propio derecho.\", \"word_count\": \"1240\", \"char_count\": \"7383\", \"text\": \"El Juez Pbesidente Se\\u00f1oe del Toro,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEn este caso se dict\\u00f3 sentencia sobre las alegaciones. La demanda es en cobro de dinero y se dirige contra Arturo Ramos y Celestino Ben\\u00edtez. Alega, en resumen, que el de-mandante F\\u00e9lix Ben\\u00edtez Rexach. es el due\\u00f1o de la.casa de concreto de dos plantas No. 272 de la Calle de Lo\\u00edza, San-turce, San Juan, desde el 15 de febrero de 1928; \\\"que un se\\u00f1or Juan Qui\\u00f1ones era el 30 de enero de 1928 el que es-taba encargado por el due\\u00f1o de la casa antes mencionada, de la administraci\\u00f3n de dicha casa, y en tal concepto dicho Sr. Qui\\u00f1ones alquil\\u00f3 la misma al demandado Arturo Ramos Thulier, por el canon de $45 mensuales, pagaderos mensual-mente el d\\u00eda 4 de cada mes, habiendo dicho demandado Sr. Ramos, para garantizar el fiel cumplimiento del pago men-sual de los alquileres de la misma, constituido una fianza, la cual fue prestada por el otro demandado Sr. Ben\\u00edtez, el que se constituy\\u00f3 en fiador y principal pagador de la obliga- ci\\u00f3n contra\\u00edda por el Sr. Ramos Thulier, suscribiendo ambos y entregando a dicho administrador dicha obligaci\\u00f3n, que copiada a la letra dice as\\u00ed:\\n\\\" 'Dootomento de Fianza. \\u2014 Me constituyo fiador, principal pa-gador y \\u00fanico responsable de la suma de cuarenticinco pesos alquiler mensual de arrendamiento que ocupa D. Arturo Ramos, calle de Lo\\u00edza n\\u00famero 272, cuya suma me. obligo a satisfacer it\\u00edensualmente a don Juan Qui\\u00f1ones, los d\\u00edas cuatro de cada mes, si antes no lo hubiese satisfecho mi fiado, sin dar lugar a reclamaci\\u00f3n de ninguna especie, pues en este caso me obligo igualmente a satisfacer todas las costas, costos y perjuicios que se originen, y entendi\\u00e9ndose especialmente, que esta garant\\u00eda s\\u00f3lo dejar\\u00e1 de tener efecto despu\\u00e9s de desocupada la expresada casa por mi fiado. Y para constancia con renuncia de todas las leyes que al efecto puedan favorecerme, incluso el domicilio, firmo el presente en San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1928. (Firmado) Arturo Ram'os. \\u2014 Celestino Benitez. \\u2014 El arrendador viene obligado a dar noticia por escrito al fiador, tan pronto el fiado se constituya en mora por el pago mensual del arrendamiento.\\u2014 (fdo.) Celestino Benitez;' \\\"\\nque el demandado Ramos entr\\u00f3 en posesi\\u00f3n de la casa el 30 de enero de 1928 y en ella estuvo hasta el 5 de julio, 1928, en que fue desahuciado por haber' dejado de pagar los c\\u00e1nones del arrendamiento desde el 15 de febrero hasta el 5 de julio de 1928 ascendentes a $210 que no han sido sa-tisfechos por ninguno de los demandados a pesar de los requerimientos que se le han hecho; que el demandante se vi\\u00f3 obligado a desahuciar judicialmente a Ramos y gast\\u00f3 en ello cien d\\u00f3lares, y que en cuanto Ramos se constituy\\u00f3 en mora, Benitez fue notificado.\\nNo consta si el demandado Ramos compareci\\u00f3 o no. El otro demandado Celestino Benitez compareci\\u00f3 y aleg\\u00f3 la ex-cepci\\u00f3n previa de que la demanda no aduc\\u00eda hechos suficien-tes para determinar una causa de acci\\u00f3n. La excepci\\u00f3n fu\\u00e9 declarada con lugar y a instancias del demandante se registr\\u00f3 sentencia desestimando la demanda que se apel\\u00f3 entonces para ante este tribunal.\\nEn su relaci\\u00f3n del caso y opini\\u00f3n dijo, en parte, la corte sentenciadora:\\n\\\"El documento de fianza que se copia en la demanda es suma-mente obscuro y confuso. Sin embargo, no podemos abrigar duda alguna de que la fianza que constituy\\u00f3 el demandado Ben\\u00edtez lo fu\\u00e9 a favor de Juan Qui\\u00f1ones, que no es la parte demandante en el pre-sente caso. Dice la ley de modo expreso, 'que toda acci\\u00f3n deber\\u00e1 ejercitarse a nombre de la parte realmente interesada.' De la simple lectura del documento ventos que el interesado en exigir la obli-gaci\\u00f3n suscrita por 'Ben\\u00edtez es Juan Qui\\u00f1ones que es persona distinta del demandante. No bay tampoco relaci\\u00f3n contractual alguna entre este Qui\\u00f1ones y el demandante, toda vez que no se alega en la de-manda que las obligaciones contra\\u00eddas a favor de Qui\\u00f1ones fuesen traspasadas.en todos sus derechos al demandante. Por el documento de fianza que tenemos a la vista, Ben\\u00edtez se oblig\\u00f3 a pagar por Ra-mos, pero no al demandante, sino a Juan Qui\\u00f1ones, y esta corte no est\\u00e1 en condiciones por las propias alegaciones de la demanda de saber qu\\u00e9 relaciones hubieran existido entre Qui\\u00f1ones y los anteriores due\\u00f1os del inmueble o entre Qui\\u00f1ones y el actual propietario, deman-dante en esta acci\\u00f3n. Cierto es que la ley civil dice: 'el comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones', pero el ven-dedor en este caso, seg\\u00fan aparece de la alegaci\\u00f3n segunda de la de-manda, no es Juan Qui\\u00f1ones, sino otras personas distintas a saber, Jos\\u00e9 Cruz Santana y Georgina Alejandro. No existiendo, a nuestro juicio, ninguna relaci\\u00f3n entre estas partes por la cual el actual pro-pietario se hubiera sustituido en los derechos y acciones de Juan Qui\\u00f1ones, si algunos tuvo, y siendo tambi\\u00e9n la fianza constituida a favor de Juan Qui\\u00f1ones puramente personal sin que pudiera \\u00e9ste en-dosarla a la orden de otra persona, la corte entiende que est\\u00e1 bien alegada la excepci\\u00f3n previa de falta de hechos, que es todo lo que la corte debe resolver en esta resoluci\\u00f3n, toda vez que fu\\u00e9 lo t\\u00ednico que discutieron las partes.\\\"\\nDos errores se\\u00f1ala el apelante en su alegato, a saber, 1, que err\\u00f3 la corte al declarar la demanda sin lugar no obs-tante haberse constituido Celestino Ben\\u00edtez en principal pa-gador y \\u00fanico responsable de los c\\u00e1nones debidos por Ra-mos, y 2, que err\\u00f3 tambi\\u00e9n al decidir que el demandante no tiene causa de acci\\u00f3n contra el demandado Celestino Ben\\u00edtez, por estar la obligaci\\u00f3n de fianza suscrita a favor de Juan Qui\\u00f1ones, persona distinta del demandante, y no ser endo-sable el documento.\\nLos dos errores pueden examinarse conjuntamente. La verdadera cuesti\\u00f3n a estudiar y a resolver es la de si la demanda alega hechos suficientes que hagan al demandado Celestino Benitez responsble para con el demandante F\\u00e9lix Benitez Bexach.\\nA nuestro juicio no obstante reconocer que el caso es du-doso y que los argumentos contenidos en la opini\\u00f3n de la corte de distrito tienen gran peso, nos parece que puede y debe concluirse que la demanda es suficiente ya que en ella se alega que Qui\\u00f1ones era el encargado de la casa por su due\\u00f1o y en tal concepto la alquil\\u00f3 al demandado Bamos, y habi\\u00e9ndose constituido el demandado Benitez en \\\"fiador, principal pagador y \\u00fanico responsable\\\" del alquiler de la casa en cuesti\\u00f3n, no importa que la fianza se extendiera a favor de Qui\\u00f1ones para que se concluya que lo fu\\u00e9 a favor del due\\u00f1o a quien Qui\\u00f1ones representaba.\\nLa cuesti\\u00f3n de que el contrato se celebrara cuando el de-mandante Benitez Bexach no era el due\\u00f1o, no es importante. La entidad due\\u00f1o contin\\u00faa siendo la misma.\\nAdem\\u00e1s, no est\\u00e1 desprovista de importancia la cita del art\\u00edculo 1619 del C\\u00f3digo Civil, en el caso excepcionado, que hace el apelante.\\nDebe, en tal virtud, revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra declarando la excepci\\u00f3n sin lugar, pero, atendidas todas las circunstancias concurrentes, permitiendo contestar al demandado dentro de un t\\u00e9rmino de dies d\\u00edas contados a partir del en que esta sentencia nuestra sea registrada en el libro correspondiente de la corte de distrito.\"}"
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+"{\"id\": \"8796557\", \"name\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tel\\u00e9sforo P\\u00e9rez, acusado y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. P\\u00e9rez\", \"decision_date\": \"1929-07-12\", \"docket_number\": \"No. 3758\", \"first_page\": \"862\", \"last_page\": \"870\", \"citations\": \"39 P.R. Dec. 862\", \"volume\": \"39\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:31:39.765087+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tel\\u00e9sforo P\\u00e9rez, acusado y apelante.\", \"head_matter\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tel\\u00e9sforo P\\u00e9rez, acusado y apelante.\\nNo. 3758.\\nSometido: Junio 4, 1929.\\nResuelto: Julio 12, 1929.\\nEduardo L\\u00f3pez Tizol, abogado del apelante; B. A. G\\u00f3mez, abogado de El Pite\\u00f3lo, apelado.\", \"word_count\": \"2693\", \"char_count\": \"15745\", \"text\": \"El Juez Pbesidente Se\\u00f1ce del Tobo,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nTel\\u00e9sforo P\\u00e9rez fu\\u00e9 acusado y condenado como autor de un delito de abuso de confianza. No conforme con la sen-tencia, apel\\u00f3 para ante este tribunal, se\\u00f1alando en su alegato la comisi\\u00f3n de diez y seis errores.\\nPor el primero sostiene que los becbos alegados en la acusaci\\u00f3n no constituyen un delito p\\u00fablico.\\nLa acusaci\\u00f3n, en lo pertinente, dice:\\n\\\"El referido Tel\\u00e9sforo P\\u00e9rez en el per\\u00edodo comprendido desde el mes de agosto a noviembre, A. D. 1924, y en la municipalidad de San Juan, P. R. en el Paseo Covadonga, comprendido en la parte Sur de una l\\u00ednea divisoria que, partiendo del Palacio de Santa Catalina, por toda la calle de Allen y a trav\\u00e9s de la Avenida Ponce de Le\\u00f3n, termina en el puente de Mart\\u00edn Pe\\u00f1a, que forma parte del Distrito Judicial del 2Q Distrito de San Juan, P. R., ilegal, volunta-ria y maliciosamente y con intenci\\u00f3n de defraudar, como defraud\\u00f3 a la Ice Service Co., compa\\u00f1\\u00eda o corporaci\\u00f3n autorizada legalmente para hacer negocios en Puerto Rico, en ocasi\\u00f3n de desempe\\u00f1ar el puesto de vendedor de libros de cupones de la Ice Service Co., se apropi\\u00f3 la suma de seiscientos diez y ocho dollars con cincuenta centavos, importe o valor de sesenta y cinco libros de cupones, us\\u00e1ndola en su propio beneficio y para fines ajenos al leg\\u00edtimo desempe\\u00f1o de su cargo, defraudando de esta manera a la mencionada Ice Service Co. en la suma ya indicada de seiscientos diez y ocho dollars con cincuenta centavos.\\\"\\nSeg\\u00fan el art\\u00edculo 445 del C\\u00f3digo Penal, es abuso de con-fianza la fraudulenta sustracci\\u00f3n o malversaci\\u00f3n de bienes, por una persona a quien hab\\u00edan sido confiados, y aqu\\u00ed se imputa a una persona, el acusado P\\u00e9rez, el haberse apoderado fraudulentamente del valor de ciertos libros de cupones que le fueron confiados para ser vendidos y entregar sn importe a su due\\u00f1a la lee Service (3o. La acusaci\\u00f3n es suficiente. La relaci\\u00f3n fiduciaria entre el acusado y la perjudicada se alega de modo espec\\u00edfico en ella cuando se dice que tanto la entrega como la sustracci\\u00f3n tuvieron lugar en ocasi\\u00f3n de desempe\\u00f1ar el acusado- el puesto de vendedor de libros de cupones de hielo de la perjudicada.\\nEl segundo error se formula as\\u00ed: \\\"La corte cometi\\u00f3 error al no ordenar el sobreseimiento de este caso por no haber sido le\\u00edda ni presentada la acusaci\\u00f3n en tiempo.\\\"\\nLa argumentaci\\u00f3n del error es tan confusa que no debe-r\\u00edamos detenernos a examinarlo.\\nEl se\\u00f1alamiento se limita a no haberse presentado ni le\\u00eddo en tiempo la acusaci\\u00f3n. FU argumento se extiende a la no celebraci\\u00f3n del juicio dentro del t\\u00e9rmino de ciento veinte d\\u00edas.\\nEn los autos no se incluye la moci\\u00f3n de sobreseimiento, constando s\\u00f3lo que dicha moci\\u00f3n fu\\u00e9 presentada y declarada por la corte sin lugar.\\nNo hay base, pues, para discutir y resolver si el juicio se celebr\\u00f3 o no en tiempo, y en cuanto a si en tiempo se present\\u00f3 la acusaci\\u00f3n, bastar\\u00e1 decir que as\\u00ed resulta de las propias manifestaciones del apelante, ya que dice que fu\\u00e9 arrestado el 13 de marzo de 1925 y \\u00e9sa es precisamente la fecha de la acusaci\\u00f3n. No hay constancia separada en los autos de cu\\u00e1ndo fuera que se presentara o archivara la acusaci\\u00f3n en la corte, si es que no lo fu\\u00e9 en esa fecha. S\\u00f3lo consta que se ley\\u00f3 el 28 de noviembre de 1925, habi\\u00e9ndose celebrado el juicio el 15 de enero de 1926.\\nEl acusado pidi\\u00f3 qub se hiciera m\\u00e1s espec\\u00edfica la acu-saci\\u00f3n en seis extremos. La corte neg\\u00f3 la petici\\u00f3n. Por su tercer se\\u00f1alamiento sostiene el acusado que la negativa fu\\u00e9 err\\u00f3nea.\\nA nuestro juicio no se ha demostrado abuso alguno de discreci\\u00f3n por parte de la corte. La acusaci\\u00f3n es todo, lo amplia y detallada que pueda exigirse. Y como discutir punto por punto las especificaciones solicitadas, alargar\\u00eda de modo extraordinario1 esta opini\\u00f3n sin beneficio para la \\u00a1juris-prudencia, nos limitaremos a lo dicho anteriormente.\\nPor el cuarto error se impugna la constituci\\u00f3n del jurado que intervino en la causa.\\nEl apelante sostiene que \\u00e9l ten\\u00eda derecho a que el panel del que deb\\u00eda formarse el jurado que hab\\u00eda de juzgarlo, se extrajera de la urna conteniendo los nombres -de los tres-cientos jurados del distrito, y que eso no se hizo porque se hab\\u00eda extra\\u00eddo de la propia urna otro panel para actuar en otra de las secciones de la corte.\\nSabido es que la Corte de Distrito de San Juan se com-pone de tres jueces que act\\u00faan independientemente. En 1925 la Legislatura decret\\u00f3 una ley \\u2014 la No. 105 \\u2014 cuya secci\\u00f3n 4 dice:\\n\\\"See. 4. \\u2014 La distribuci\\u00f3n del trabajo de dicha corte entre los jueces o salas de al misma, as\\u00ed como el orden para el despacho de los asuntos, se har\\u00e1n de acuerdo con los C\\u00f3digos de Enjuiciamiento-Civil y Criminal y de un Reglamento que deber\\u00e1 ser redactado por un Concejo Judicial, compuesto por el Attorney General y por los tres jueces de la Corte de Distrito.\\\"\\nEn el ejercicio de sus facultades, el 23 de noviembre de 1925, el \\\"Concejo Judicial\\\" adopt\\u00f3 la siguiente regla:\\n\\\"Debido al gran n\\u00famero de casos criminales que est\\u00e1n pendien-tes de verse ante Jurado, dos Jueces de esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R., actuar\\u00e1n al mismo tiempo en dos salas distintas en la vista de dichos casos, ante el Jurado hasta tanto se termine la aglomeraci\\u00f3n de casos en el Calendario Criminal. Esta regla especial estar\\u00e1 en vigor hasta que termine el pre-sente calendario criminal y cese la emergencia que la motiva.\\\"\\nA nuestro juicio la regla no es contraria al art\\u00edculo 199 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal que prescribe:\\n\\\"Siempre que los asuntos criminales del tribunal de distrito-requieran la presencia del jurado para juzgarlos y no se halle presente ninguno, el tribunal puede dictar providencia disponiendo que se designe por sorteo un jurado para conocer de la causa y que se le cite a comparecer ante dicho tribunal. Dicha providencia debe expresar el n\\u00famero de jurados que han de sacarse a la suerte, no debiendo este n\\u00famero exceder de veinte y cuatro, y el d\\u00eda y hora en que su presencia se requiera; y el tribunal puede disponer que los juicios criminales en que pueda necesitarse un jurado, se pro-rroguen hasta'hallarse constituido dicho jurado.\\\"\\nLa propia Legislatura que orden\\u00f3' la formaci\\u00f3n de las listas de jurados, reorganiz\\u00f3 la Corte del Distrito Judicial de San Juan con mayor n\\u00famero de jueces que las de los otros distritos de la Isla, sin alterar los preceptos relativos a la selecci\\u00f3n de los jueces de hecho.\\nLas causas criminales y los casos civiles hab\\u00edan aumentado considerablemente en el distrito. A los jueces de derecho se les nombr\\u00f3 para hacer frente a ese trabajo y para que cumplieran su cometido de modo eficaz se acord\\u00f3 que dos de ellos a la vez se dedicaran al despacho de asuntos criminales y dos paneles de veinte y cuatro jurados cada uno. se extra-jeron de la misma urna. No pod\\u00eda hacerse otra cosa y no creemos que se violara ning\\u00fan derecho fundamental del acusado. La medida en nada obstaculiz\\u00f3 el ejercicio de sus recusaciones y ninguna objeci\\u00f3n pudo levantarse en cuanto a la imparcialidad de los doce jurados que finalmente inter-vinieron en su causa.. Suponiendo que el panel extra\\u00eddo para actuar ton el juez que dirigi\\u00f3 el juicio del acusado lo hubiera sido despu\\u00e9s de haberse extra\\u00eddo el otro, quedaban a\\u00fan en 3a urna 276 nombres. La realidad es que por raz\\u00f3n de muertes, enfermedades y ocupaciones generalmente un n\\u00fa-mero mayor, de veinte y cuatro est\\u00e1 siempre de hecho elimi-nado. \\u00bfY qu\\u00e9 mejor causa de eliminaci\\u00f3n que la de estar prestando un servicio p\\u00fablico en la propia corte, cooperando as\\u00ed a que sea una verdad la garant\\u00eda constitucional del juicio r\\u00e1pido para todos los acusados del distrito?\\nLos errores quinto y sexto no tienen importancia. Era propio que el testigo R. I. Dunten, manager de la compa\\u00f1\\u00eda perjudicada, declarara sobre los deberes del acusado como vendedor, a fin de establecer la relaci\\u00f3n fiduciaria del acusado para con la perjudicada, y en cuanto a que se le permitiera decir \\\"que bab\\u00eda o\\u00eddo decir,\\\" como no se exprasa qu\\u00e9 fu\\u00e9 lo que oy\\u00f3 decir no estamos en condiciones de resolver si bubo o no error en la actitud de la corte. Quiz\\u00e1, como insin\\u00faa el fiscal en su alegato, pudo el testigo baber o\\u00eddo decir algo que beneficiara al acusado.\\nPor el error s\\u00e9ptimo se sostiene que la corte \\u00f1o debi\\u00f3 permitir que se probara la existenia de la Ice Service Oo. por prueba oral y por el octavo que la corte err\\u00f3 al permitir luego de ello que se presentara el certificado de incorporaci\\u00f3n de dicba compa\\u00f1\\u00eda.\\nLa primera prueba era suficiente.\\n\\\"La propiedad de los bienes,\\\" dice Underbill en su tra-tado sobre \\\"Criminal Evidence,\\\" p\\u00e1rrafo 208, \\\"debe pro-barse que. exist\\u00eda en otra persona que no es el acusado. .Cuando se alega que pertenece a una corporaci\\u00f3n, prueba para demostrar una corporaci\\u00f3n de facto es suficiente. Las cl\\u00e1usulas de incorporaci\\u00f3n o certificado de incorporaci\\u00f3n no son necesarios.\\\"\\nPor si pudiera existir alguna duda parece que el Pueblo present\\u00f3 despu\\u00e9s el certificado de incorporaci\\u00f3n y no - creemos que de ello pueda quejarse el acusado.\\nEl error noveno se refiere a que se permiti\\u00f3 declarar a la testigo Carmen Prado \\u2014 empleada de la perjudicada que era la .que entregaba los cupones al acusado, recib\\u00eda de \\u00e9l el importe de la venta de los mismos y llevaba nota de todo \\u2014sobre confesiones y admisiones del acusado.\\nNo existe el error. Parece que el apelante cree que debe aplicarse en esta clase de prueba la misma regla que la que se aplica a las confesiones. No es as\\u00ed. Toda admisi\\u00f3n voluntaria del acusado sobre alg\\u00fan hecho material y perti-nente a la causa que se investiga, es admisible como prueba. Esas admisiones ocurren generalmente en el curso de una conversaci\\u00f3n o en 1a. realizaci\\u00f3n de alg\\u00fan acto. Si fuera necesario advertir al acusado que podr\\u00edan ser usadas en contra suya y cumplir con todos los requisitos previos a la toma de una confesi\\u00f3n, para admitirlas, quiz\\u00e1 jam\\u00e1s podr\\u00edan aportarse como .prueba, pues cuando ocurren lo corriente es que no se piense en proceso criminal alguno.\\nRecientemente en el caso de El Pueblo v. Dom\\u00ednguez, 39 D.P.R. 664, esta corte dijo:\\n\\\"No-existe el tercero de los errores se\\u00f1alados. .Era legal permitir al testigo Juan E. Miranda que se refiriera a cierta conversaci\\u00f3n que tuvo con el acusado en la que \\u00e9ste admiti\\u00f3 ciertos hechos que le perjudicaban indudablemente pero que no constituyen una verdadera confesi\\u00f3n. En tal virtud no era aplicable la regla que rige con i especio a la admisi\\u00f3n de confesiones.\\\"\\nLa jurisprudencia sobre admisiones tanto en lo civil como en lo criminal es abundant\\u00edsima. Una parte de la que se refiere a las del acusado en causas criminales, se resume en Corpus Juris, as\\u00ed:\\n\\\"Las manifestaciones y declaraciones hechas por el acusado antes o despu\\u00e9s de la comisi\\u00f3n del delito, que aunque no equivalgan a una confesi\\u00f3n, sin embargo pueda derivarse de ellas, en uni\\u00f3n a o1, ras circunstancias, una inferencia de culpabilidad, son admisibles contra \\u00e9l como tales admisiones. Esas manifestaciones y declara-ciones constituyen evidencia original y pueden introducirse sin sentar las bases necesarias para contradecir la veracidad de un testigo. Las admisiones pueden ser escritas u orales; y no se limitan a las manifestaciones hechas bien antes o despu\\u00e9s de la fecha del delito imputado siempre que no sean demasiado remotas en lo que a tiempo se refiere. El Estado no s\\u00f3lo puede probar tales admisiones, si que tambi\\u00e9n puede demostrar cu\\u00e1ndo y d\\u00f3nde fueron hechas. En torno a esas manifestaciones y declaraciones puede declarar un testigo que no recuerde las palabras exactas o que no Alera al acusado mientras las hac\\u00eda, ni reconoci\\u00f3 su voz, siempre que las circunstancias sean tales que la voz que oy\\u00f3 no hubiera podido ser otra que la del acusado; pero la confesi\\u00f3n, ya sea oral o escrita debe ser identificada como hecha por el acusado. Cuando las mani-festaciones o admisiones del acusado tienden a relacionarlo con el delito que se le imputa, no llegan a ser inadmisibles por el hecho de que tambi\\u00e9n tienden a inculpar a otra persona a quien no se le est\\u00e9 celebrando juicio. En verdad, la manifestaci\\u00f3n del acusado de que podr\\u00eda complicar a otra persona en la comisi\\u00f3n del delito, es una admisi\\u00f3n que le perjudica y puede ser presentada como prueba. Tina declaraci\\u00f3n hed\\u00eda por el acusado no es inadmisible a favor del Pueblo por el hecho de que sea vaga, ambigua y contradictoria, o de que no fuera hecha en presencia de la persona lesionada o muerta al perpetrarse el delito. La evidencia sobre declaraciones voluntarias del acusado que demuestren c\\u00f3mo se perpetr\\u00f3 el delito alegado, es admisible en contra suya, sin tener en cuenta de si lo perjudicaban o no al tiempo de proferirlas; y en todo caso en que, al celebrarse el juicio, esas manifestaciones sean inconsistentes con la contenci\\u00f3n del acusado, pueden ser introducidas por el fiscal; pero cuando favo-recen al acusado no son admisibles por ser declaraciones en beneficio propio (self-serving declarations.)\\\" 4 C. J. p\\u00e1g. 626.\\nTampoco cometi\\u00f3 la corte el d\\u00e9cimo error se\\u00f1alado al negarse a eliminar cierta llamada opini\\u00f3n de la testigo Carmen Prado.\\nNo se trataba de nna opini\\u00f3n de la testigo. Si la Srta. Piado manifest\\u00f3 que ella dec\\u00eda a P\\u00e9rez \\\"para ma\\u00f1ana me trae el dinero, pero el Sr. P\\u00e9rez le tra\\u00eda el dinero de otro libro,\\\" basaba su conclusi\\u00f3n en la propia conducta del acusado que describe.\\nPor los se\\u00f1alamientos und\\u00e9cimo y duod\\u00e9cimo se imputa error a la corte por haber admitido como prueba las p\\u00e1ginas 4 y 190 de la libreta en la que la Srta. Prado anotaba las entregas de libros de cupones al acusado que iba luego tachando cuando el acusado a su vez le entregaba el valor de los mismos, porque tal libreta no tiene sello ni nada que la identifique como perteneciente a la corporaci\\u00f3n perjudicada y en ella s\\u00f3lo aparecen cruces.\\nLas hojas de la libreta se presentaron en relaci\\u00f3n con la declaraci\\u00f3n de la testigo. Las anotaciones se hac\\u00edan en el acto mismo de la transacci\\u00f3n y formaban por tanto parte de la res gestae y eran en tal virtud admisibles. No hubo error.\\nPor el d\\u00e9cimo tercer error se vuelve a suscitar la misma cuesti\\u00f3n que por el noveno. Se sostiene que la corte no debi\\u00f3 permitir declarar a los testigos Carmelo Rodr\\u00edguez, Alberto N\\u00fa\\u00f1ez, Jos\\u00e9 L\\u00f3pez Cepero y O. B. Frazer sobre admisiones del acusado. Hemos examinado dichas declara-ciones y todas se refieren a diferentes admisiones voluntarias' del acusado directamente relacionadas con el cargo que se le imputa.\\nEl se\\u00f1alamiento d\\u00e9cimocuarto se refiere al error que el apelante alega que la corte cometi\\u00f3 al no permitir que declarara como perito el testigo Francisco Carrera.\\nEl testigo declar\\u00f3 ampliamente sobre el sistema de venta de hielo por medio de libros de cupones y ya bien avanzada su declaraci\\u00f3n de modo insistente manifest\\u00f3 que no hab\\u00eda venido a la corte a informar como perito, que no ten\\u00eda esa pretensi\\u00f3n y entonces el juez resolvi\\u00f3 que no admit\\u00eda la declaraci\\u00f3n del testigo como perito tanto por las propias manifestaciones del testigo cuanto porque su declaraci\\u00f3n se refer\\u00eda a la compa\\u00f1\\u00eda de hielo de Bayam\\u00f3n cuyos libros de cupones eran distintos de los de la Ice Service Co.\\nNo vemos que se cometiera error alguno.\\nTampoco se cometieron los errores decimoquinto y decimo-sexto. La jurisdicci\\u00f3n de la Corte de Distrito de San Juan aparece expresamente alegada en la acusaci\\u00f3n y la prueba es m\\u00e1s que suficiente. La circunstancial de que se tratase de un hombre bien querido en la comunidad y de buena reputa-ci\\u00f3n en ella, cede a la prueba concreta del hecho delictivo por \\u00f3] realizado.\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\"}"
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+"{\"id\": \"8799507\", \"name\": \"American Colonial Bank, apldo., v. Heraclio L\\u00f3pez & Co et al. apltes.\", \"name_abbreviation\": \"American Colonial Bank v. Heraclio L\\u00f3pez & Co.\", \"decision_date\": \"1928-06-23\", \"docket_number\": \"No. 4659\", \"first_page\": \"1057\", \"last_page\": \"1057\", \"citations\": \"38 P.R. Dec. 1057\", \"volume\": \"38\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:09:56.597292+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"American Colonial Bank, apldo., v. Heraclio L\\u00f3pez & Co et al. apltes.\", \"head_matter\": \"No. 4659.\\nAmerican Colonial Bank, apldo., v. Heraclio L\\u00f3pez & Co et al. apltes.\\nJunio 23, 1928.\", \"word_count\": \"23\", \"char_count\": \"129\", \"text\": \"C. D. San Juan. Cobro de dinero.\"}"
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+"{\"id\": \"8800228\", \"name\": \"Hayd\\u00e9e-Carmen-Manuela y Gladys-Gloria Torregrosa, demandantes y apeladas, v. Victoria C. Dodd y Rafael E. Torregrosa, demandados y apelante la primera\", \"name_abbreviation\": \"Hayd\\u00e9e-Carmen-Manuela v. Dodd\", \"decision_date\": \"1936-05-26\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 6600\", \"first_page\": \"45\", \"last_page\": \"52\", \"citations\": \"50 P.R. Dec. 45\", \"volume\": \"50\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:48:36.658564+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Travieso no intervino.\", \"parties\": \"Hayd\\u00e9e-Carmen-Manuela y Gladys-Gloria Torregrosa, demandantes y apeladas, v. Victoria C. Dodd y Rafael E. Torregrosa, demandados y apelante la primera.\", \"head_matter\": \"Hayd\\u00e9e-Carmen-Manuela y Gladys-Gloria Torregrosa, demandantes y apeladas, v. Victoria C. Dodd y Rafael E. Torregrosa, demandados y apelante la primera.\\nN\\u00fam. 6600.\\nSometido: Diciembre 12, 1935.\\nResuelto: Mayo 26, 1936.\\nM. A. Garc\\u00eda del Rosario, abogado de la apelante; Luis Llorens Torres, abogado de las apeladas.\", \"word_count\": \"2105\", \"char_count\": \"12569\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Htjtghison,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nVictoria G. Dodd apela de nna sentencia adversa dictada en un pleito entablado por las menores Torregrosa para es-tablecer la superioridad de cierto gravamen hipotecario.\\nEn junio de 1924 Rafael Bigles otorg\\u00f3 hipoteca a favor -do las menores aqu\\u00ed demandantes para garantizar \\u2022! pago de la suma de $3,217.50 que les hab\\u00eda tomado a pr\\u00e9stamo. En octubre, 1925, Bigles traspas\\u00f3 la finca hipotecada a Torregrosa por $4,500. De esta suma Torregrosa pago $1,383 (sic) en efectivo y retuvo el saldo del precio ascendente a $3,217.50 para hacer frente a la hipoteca perteneciente a sus hijas. Para completar el pago en efectivo Torregrosa le tom\\u00f3 prestado a Vicente Texera $500 y otorg\\u00f3 a favor de \\u00e9ste una hipoteca para garantizar el pago de la misma. Tanto la escritura de enajenaci\\u00f3n otorgada por Bigles como la nueva hipoteca otorgada por Torregrosa a favor de Texera estaban comprendidas en nn solo documento. De confor-midad con las condiciones y cl\\u00e1usulas de dicho documento, Texera como compareciente en el mismo, estaba plenamente informado de la existencia de la. hipoteca anterior. \\u00c9l sab\\u00eda que era un segundo acreedor hipotecario. En junio de 1928 Torregrosa tom\\u00f3 a pr\\u00e9stamo a Victoria C. Dodd, cu\\u00f1ada de Texera la suma de $2,000 y otorg\\u00f3 hipoteca sobre tres fincas para garantizar el pago de la misma. Una de estas fincas lo era la casa y el solar comprados a Bigles, ya gravados por la hipoteca a favor de las menores Torregrosa. No se hizo menci\\u00f3n de esta hipoteca. El notario, al ser llamado como testigo en la corte de distrito, manifest\\u00f3 que no crey\\u00f3 nece-sario mencionarla porque Texera era el \\\"representante abso-luto\\\", porque Texera se hab\\u00eda encargado de toda la cuesti\\u00f3n \\\"con absoluta autoridad\\\" hasta el \\u00faltimo momento en que le dijo al notario que hiciera constar el nombre de su cu\\u00f1ada como acreedora hipotecaria, porque el notario entend\\u00eda que el dinero pertenec\\u00eda a Texera, y porque tomaba meramente la hipoteca a nombre de su cu\\u00f1ada como acreedora hipote-caria nominal. La prueba en su totalidad demuestra que hasta el momento de firmarse la escritura Texera se hab\\u00eda encargado de la transacci\\u00f3n, si no a nombre propio, por lo menos como agente y representante de su cu\\u00f1ada. Si ella era o no un principal no revelado (undisclosed principal) es cuesti\\u00f3n que carece de importancia. El notario que redact\\u00f3 la hipoteca de la Dodd fu\\u00e9 el mismo que hab\\u00eda redactado el documento por el cual Bigles traspasaba la finca a Torre-grosa y por el que Torregrosa otorgaba hipoteca a favor de Texera. Este \\u00faltimo tambi\\u00e9n figur\\u00f3 como compareciente en la escritura de junio 16, 1928, acus\\u00f3 recibo de los $500 que Torregrosa le deb\\u00eda y cancel\\u00f3 la hipoteca dada a su favor para garantizar el pago de la misma. Unos d\\u00edas despu\\u00e9s la hipoteca de la Dodd fu\\u00e9 inscrita en lo relativo a dos de las tres fincas hipotecadas para garantizar el pago de los $2,000. En lo que a la casa y solar hipotecados a favor de las menores Torregrosa se refiere, no se solicit\\u00f3 inscripci\\u00f3n de la hipoteca de la Dodd. De los $2,000 de principal de la hipoteca de la Dodd, s\\u00f3lo se hab\\u00edan se\\u00f1alado $800 a la casa y solar qne Bigles hab\\u00eda traspasado a Torregrosa por la snma de $4,500, mientras qne el saldo de $1,200 se hab\\u00eda dis-tribn\\u00eddo por partes iguales entre los dos solares yermos qne constitu\\u00edan el reman\\u00e9nte de la propiedad hipotecada.\\nA las 8:15 de la ma\\u00f1ana del 9 de mayo de 1932, se pre-sent\\u00f3 la hipoteca de la Dodd nuevamente en el registro de la propiedad. Al siguiente d\\u00eda, o sea el 10 de mayo, el regis-trador se neg\\u00f3 a inscribir la hipoteca en lo que a la casa y solar se refiere porque la misma aun figuraba en el registro a nombre de Bigles, mas tom\\u00f3 anotaci\\u00f3n preventiva por 120 d\\u00edas. A las 2:30 de la tarde del 10 de mayo de 1932, Texera present\\u00f3 en el registro de la propiedad la escritura de ena-jenaci\\u00f3n otorgada por Bigles a favor de Torregrosa junto con la hipoteca cuya inscripci\\u00f3n el registrador acababa de negar, con s\\u00faplica de que se inscribieran la casa y el solar a nombre de Torregrosa y de que la \\\"hipoteca convertida\\\" fuese inscrita a nombre de la se\\u00f1orita Dodd. Al siguiente d\\u00eda, es decir, el 11 de mayo, el registrador inscribi\\u00f3 el tras-paso hecho por Bigles a Torregrosa. En este asiento men-cion\\u00f3 la hipoteca de $3,217.50 a favor de las menores Torre-grosa. Entonces procedi\\u00f3 a convertir la anotaci\\u00f3n preven-tiva del d\\u00eda anterior en inscripci\\u00f3n de la hipoteca de la Dodd. La hipoteca a favor de las menores Torregrosa que hab\\u00eda sido presentada a las 2: 55 de la tarde del 10 de mayo fu\\u00e9 entonces inscrita.\\nLa teor\\u00eda de la apelante es que por virtud de los hechos que anteceden, la hipoteca de la Dodd que era una segunda hipoteca se convirti\\u00f3 en primera y que la hipoteca a favor de las menores Torregrosa, que era una primera hipoteca, fu\\u00e9 relegada a la posici\\u00f3n de una segunda hipoteca.\\nEl \\u00bfrt\\u00edculo 70 de la Ley Hipotecaria dispone:\\n\\\"Cuando la anotaci\\u00f3n preventiva de un derecho se convierta en inscripci\\u00f3n definitiva del mismo, surtir\\u00e1 esta sus efectos desde la fecha de la anotaci\\u00f3n.\\\"\\nLa m\\u00e9dula del argumento de la apelante es: que la hipo-teca de la Dodd fue presentada para su inscripci\\u00f3n a las 8:15 de la ma\\u00f1ana del 9 de mayo; que al tomarse anotaci\\u00f3n pre-ventiva por 120 d\\u00edas y al convertirse la misma en inscripci\\u00f3n permanente de la hipoteca el 11 de mayo, la hipoteca debe considerarse como inscrita el 9 de mayo; que habiendo sido presentada la escritura de enajenaci\\u00f3n a favor de Torregrosa a las 2:30 de la tarde del 10 de mayo y la hipoteca a favor de las menores Torregrosa habiendo sido mencionada en el registro por primera vez al inscribirse dicha escritura la hipoteca de la Dodd fue inscrita como primera hipoteca, 30 horas 15 minutos antes de que hubiera menci\\u00f3n alguna en el registro de la hipoteca de Torregrosa.\\nEl art\\u00edculo 70 de la Ley Hipotecaria debe ser interpretado en armon\\u00eda con los art\\u00edculos 9, 20 y 29 de la misma, cuyas partes pertinentes leen as\\u00ed:\\n\\\"Art\\u00edculo 9. \\u2014 Tocia inscripci\\u00f3n que se haga en el Registro expre-sar\\u00e1 las circunstancias siguientes:\\n' ' 3 * \\u2014 La naturaleza, extensi\\u00f3n, condiciones y cargas del derecho' sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripci\\u00f3n.\\\"\\n\\\"Art\\u00edculo 20. \\u2014 Para inscribir o anotar los t\\u00edtulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesi\\u00f3n de bienes inmuebles o derechos reales, deber\\u00e1 constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisi\\u00f3n o gravamen.\\n\\\"En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisi\\u00f3n o gravamen, los Registra-dores denegar\\u00e1n la inscripci\\u00f3n solicitada.\\\"\\n\\\"Art\\u00edculo 29. \\u2014 El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preven-tivas, aunque no est\\u00e9 consignado en el Registro por medio de una inscripci\\u00f3n separada y especial, surtir\\u00e1 efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentaci\\u00f3n del t\\u00edtulo respectivo.\\\"\\nEn Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190, este tribunal dijo:\\n. . las anotaciones preventivas que deben tomar los Registra-dores de la Propiedad cuando deniegan la inscripci\\u00f3n, o anotaci\\u00f3n de cualquier documento, por defectos insubsanables del mismo, con arre-glo a la ley votada por la Asamblea Legislativa de esta isla de 1 de marzo de 1902, sobre 'Recursos contra las resoluciones de los Re-gistradores de la Propiedad', no tienen otro objeto que garantizar el derecho de los interesados en la inscripci\\u00f3n o anotaci\\u00f3n del do-cumento, por el t\\u00e9rmino de 120 d\\u00edas que duran sus efectos, para que si dentro de dicho t\\u00e9rmino pueden presentar un nuevo t\\u00edtulo o sub-sanar cualquier obst\\u00e1culo que impidiera la inscripci\\u00f3n del anterior, puedan inscribir su derecho, retrotrayendo los efectos de la inscrip-ci\\u00f3n a la fecha de la anotaci\\u00f3n preventiva.\\\"\\nV\\u00e9anse tambi\\u00e9n Ramis v. Registrador, 18 D.P.R. 76; y Alvarez v. Quilichini, 24 D.P.R. 161.\\nEl derecho que nna anotaci\\u00f3n preventiva tiene por objeto proteger es nn derecho preexistente. La anotaci\\u00f3n preven-tiva no crea nuevos derechos. Con anterioridad a la fecha de la anotaci\\u00f3n preventiva la se\\u00f1orita Dodd ten\\u00eda derecho a inscribir su hipoteca con posterioridad, mas no antes de ins-cribirse la finca hipotecada a nombre de Torregrosa. La hi-poteca de la Dodd al quedar as\\u00ed inscrita estar\\u00eda subordinada a cualquier hipoteca o gravamen anterior mencionados en la inscripci\\u00f3n hecha a nombre de Torregrosa. La anotaci\\u00f3n preventiva no alter\\u00f3 esta situaci\\u00f3n ni confiri\\u00f3 a la se\\u00f1orita Dodd derechos nuevos o adicionales. Meramente protegi\\u00f3 el derecho que ella ya ten\\u00eda, d\\u00e1ndole la oportunidad de hacer inscribir la escritura de Torregrosa y luego inscribir su propia hipoteca, convirtiendo la anotaci\\u00f3n preventiva en ins-cripci\\u00f3n permanente, siempre que lo hiciera dentro del t\\u00e9r-mino de 120 d\\u00edas. No le confiri\\u00f3 inmunidad contra el efecto de ninguna menci\\u00f3n de cargas y grav\\u00e1menes anteriores que pudieran hacerse al inscribir la finca hipotecada a nombre de Torregrosa.\\nSi la se\\u00f1orita Dodd hubiese presentado en primera ins-tancia la escritura de Torregrosa con su hipoteca, conformo lo hizo inmediatamente despn\\u00e9s de haberse negado el regis-trador a inscribir sn hipoteca, \\u00e9ste hubiera inscrito primero la escritura de enajenaci\\u00f3n mencionando desde luego la hipo-teca anterior a favor de las menores Torregrosa, y hubiera inscrito entonces la hipoteca de la Dodd sujeta al gravamen de la hipoteca de Torregrosa. No es necesario dudar, ni dudamos, la honradez y buena fe de la se\\u00f1orita Dodd al no seguir este camino. Empero, de prevalecer el argumento de la apelante en el presente caso, cualquier segundo acreedor hipotecario poco escrupuloso podr\\u00eda evadir las desventajas del procedimiento ordinario natural y l\\u00f3gico vali\\u00e9ndose. del artificio claro de presentar primero su hipoteca y, luego de obtener una anotaci\\u00f3n preventiva, presentar nuevamente su hipoteca acompa\\u00f1ada por las escrituras no inscritas de su deudor hipotecario de la finca hipotecada. El establecer tal precedente abrir\\u00eda de par en par las puertas al fraude y hasta ese extremo destruir\\u00eda no solamente los fines de la justicia sino tambi\\u00e9n las claras disposiciones de los art\\u00edculos 9 y 20, supra.\\nDe acuerdo con los t\\u00e9rminos del art\\u00edculo 20 la inscripci\\u00f3n de la escritura de enajenaci\\u00f3n otorgada por Bigles a favor de Torregrosa era condici\\u00f3n precedente a la inscripci\\u00f3n de la hipoteca de la Dodd. Fue por esta raz\\u00f3n que el registrador, actuando en armon\\u00eda con las disposiciones expresas de la ley, se neg\\u00f3 a inscribir la hipoteca de la Dodd cuando por primera vez se le present\\u00f3 la misma en el registro de la propiedad. La menci\\u00f3n de la hipoteca de Torregrosa fue hecha en armon\\u00eda con el mandato contenido en el art\\u00edculo 9. Si la se\\u00f1orita Dodd era un tercero dentro del significado de dicho t\\u00e9rmino, seg\\u00fan se usa el mismo en el art\\u00edculo 29, ella debe ahora considerarse que tuvo pleno conocimiento despu\\u00e9s de las 2:30 de la tarde del 10 de mayo. Si ella no era un tercero no se convirti\\u00f3 en tal por la anotaci\\u00f3n preventiva o por cualquier otro asiento hecho en el registro de la propiedad. Sea ello como fuere, ante los ojos de la ley ella no era un tercero. Si la conversi\\u00f3n de la anotaci\\u00f3n preventiva en inscripci\\u00f3n permanente de la hipoteca de la Dodd se re-trotrae a la fecha de la anotaci\\u00f3n preventiva misma, y a virtud de dicha anotaci\\u00f3n a la fecha de su presentaci\\u00f3n, ella deber\\u00e1 retrotraerse a esas fechas a virtud de la inscripci\\u00f3n de la escritura de enajenaci\\u00f3n, sujeta a la menci\\u00f3n que en la inscripci\\u00f3n se hizo en la escritura de hipoteca de Torregrosa. El resolver lo contrario equivaldr\\u00eda a abrogar las claras dis-posiciones de los art\\u00edculos 9, 20 y 29 de la Ley Hipotecaria.\\nTambi\\u00e9n convenimos con el juez de distrito en que a la se\\u00f1orita Dodd se imputaba conocimiento de la existencia de la hipoteca de Torregrosa a partir de la fecha de su propia hipoteca, debido a la informaci\\u00f3n contenida en la escritura de enajenaci\\u00f3n otorgada por Bigles a favor de Torregrosa. De todos modos, la se\\u00f1orita Dodd no puede ahora alegar desconocimiento de todos los hechos conocidos por su agente, Sr. Texera, antes de otorgarse la segunda hipoteca. Ella no era un tercero.\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Travieso no intervino.\"}"
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+"{\"id\": \"8803147\", \"name\": \"Pueblo, apldo., v. Gonz\\u00e1lez, aplte.\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Gonz\\u00e1lez\", \"decision_date\": \"1929-12-09\", \"docket_number\": \"No. 3927\", \"first_page\": \"996\", \"last_page\": \"996\", \"citations\": \"40 P.R. Dec. 996\", \"volume\": \"40\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:20:54.399567+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Pueblo, apldo., v. Gonz\\u00e1lez, aplte.\", \"head_matter\": \"No. 3927.\\nDiciembre 9, 1929.\\nPueblo, apldo., v. Gonz\\u00e1lez, aplte.\", \"word_count\": \"21\", \"char_count\": \"123\", \"text\": \"O. D. Gua-yama. Infracci\\u00f3n Secci\\u00f3n 2, Ley No. 19 de 1928.\"}"
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+"{\"id\": \"8804042\", \"name\": \"F\\u00e9lix Col\\u00f3n, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de dos Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, etc., demandada y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Col\\u00f3n v. Junta de Retiro de dos Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular\", \"decision_date\": \"1935-05-03\", \"docket_number\": \"No. 6591\", \"first_page\": \"440\", \"last_page\": \"442\", \"citations\": \"48 P.R. Dec. 440\", \"volume\": \"48\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:26:57.261781+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"F\\u00e9lix Col\\u00f3n, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de dos Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, etc., demandada y apelante.\", \"head_matter\": \"F\\u00e9lix Col\\u00f3n, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de dos Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, etc., demandada y apelante.\\nNo. 6591.\\nSometido: Diciembre 4, 1934.\\nResuelto: Mayo 3, 1935.\\nSon. Procurador General Benjamin J. Horton y Angel C. Calder\\u00f3n, Subprocurador, abogados de la apelante; Juan B. Soto, abogado del apelado.\", \"word_count\": \"817\", \"char_count\": \"4942\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Wole,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nF\\u00e9lix Col\\u00f3n, alegando haber prestado servicios al Go-bierno Insular por un per\\u00edodo mayor de veinte a\\u00f1os compu-tados de acuerdo con la secci\\u00f3n 2 de la Ley No. 104 de 1925 (p\\u00e1g. 949), solicit\\u00f3 de la junta demandada el retiro a que pretend\\u00eda tener derecho de acuerdo con la secci\\u00f3n 8 de la ley antes citada.\\nLa junta deneg\\u00f3 el retiro por el fundamento de que desde el 15 de agosto de 1932 hasta el 30 de septiembre del mismo a\\u00f1o, el peticionario hab\\u00eda sido suspendido de empleo y sueldo, y que al solicitar su retiro el 31 de julio de 1933 no hac\\u00eda tres a\\u00f1os que hab\\u00eda vuelto nuevamente al servicio.\\nLa contestaci\\u00f3n de la demandada conten\\u00eda adem\\u00e1s la si-guiente alegaci\\u00f3n:\\n\\\"Que en mayo 19, 1933, present\\u00f3 el demandante una solicitud de retiro a la Junta demandada, que fu\\u00e9 denegada en julio 19, 1933, por no estar el demandante en servicio activo en la fecha en que la solicitud fu\\u00e9 presentada, habiendo sido suspendido de empleo y sueldo en agosto 15, 1932, suspensi\\u00f3n que se extendi\\u00f3 hasta septiembre 30, 1932.\\\"\\nConforme resolvi\\u00f3 la corte inferior, no hab\\u00eda duda de que el n\\u00famero de a\\u00f1os que el apelado hab\\u00eda prestado servicios \\u2022exced\\u00eda de veinte. Por tanto, seg\\u00fan la corte, toda la cues-ti\\u00f3n envuelta en el caso giraba sobre la interpretaci\\u00f3n que deb\\u00eda d\\u00e1rsele al art\\u00edculo 13 de la referida ley, que lee en parte como signe:\\n\\\" . . . Disponi\\u00e9ndose, adem\\u00e1s, que todo funcionario o empleado que habiendo dejado de prestar servicios al Gobierno Insular, volviere nuevamente al servicio despu\\u00e9s de la vigencia de esta ley, deber\\u00e1 ser-vir, por lo menos, durante tres a\\u00f1os consecutivos para tener derecho a gozar de los beneficios de esta ley.\\\"\\nEl juez de distrito se fund\\u00f3 en parte en la versi\\u00f3n inglesa, que lee as\\u00ed:\\n\\\"... Provided, further, that any officer or employee who has ceased to render services to the Insular Government and who again returns thereto after this act takes effect, shall serve for at least three consecutive years before he is entitled to enjoy the benefits of this .act.\\\"\\nLa corte resolvi\\u00f3 que el contexto de la secci\\u00f3n se refer\\u00eda a empleados o funcionarios que hab\\u00edan dejado de prestar ser-vicios antes de empezar a regir dicha ley y que el referido disponi\\u00e9ndose no pod\\u00eda ser aplicable a personas que estuvie-ran de hecho dentro del servicio al empezar a regir la ley.\\nNos inclinamos a creer que el razonamiento de la corte inferior estaba equivocado, pero su sentencia, al ordenar que se pagara la pensi\\u00f3n al peticionario, puede ser confirmada por un fundamento distinto, que tal vez ha sido ligeramente sugerido en el alegato del apelado. Es un hecho saliente que el peticionario fu\\u00e9 suspendido de empleo y sueldo desde agosto de 1932 hasta septiembre del mismo a\\u00f1o, o quiz\\u00e1 por un per\\u00edodo mayor. De los autos no se desprenden las razo-nes exactas por las cuales tuvo lugar la suspensi\\u00f3n. Eviden-temente no fu\\u00e9 un retiro voluntario.\\nDudamos que la demandada alegara suficientemente la se-paraci\\u00f3n del demandante del servicio hasta mayo o julio de 1933, pero podemos aceptar como cierta esa alegaci\\u00f3n.\\nNos sentimos obligados a resolver que el disponi\\u00e9ndose arriba citado se aplica m\\u00e1s particularmente a aquellas per-sonas que voluntariamente se ban separado del servicio por un per\\u00edodo razonable de tiempo y regresan a \\u00e9ste tan s\\u00f3lo pr\\u00e1cticamente para obtener el beneficio de la pensi\\u00f3n. Cuando una persona regresa al servicio despu\\u00e9s de una separaci\\u00f3n prolongada del mismo, voluntariamente becba, la intenci\\u00f3n de la legislatura fu\\u00e9 que tal empleado prestara nuevos servicios por un per\\u00edodo de tres a\\u00f1os.\\nCuando un empleado es suspendido de su empleo contra su voluntad, \\u00e9ste no ba dejado de prestar servicios dentro del esp\\u00edritu del referido disponi\\u00e9ndose. Aunque los becbos fue-ron algo distintos, el razonamiento de Sangu\\u00edrico v. Junta de Retiro, 46 D.P.R. 201, 206, puede ser aplicado. All\\u00ed dijimos:\\n\\\"A nuestro juicio todo depende de la interpretaci\\u00f3n que se d\\u00e9 .a las palabras 'fuera del servicio' usadas en la secci\\u00f3n 2 de la Ley No. 104 de 1925 (p\\u00e1g. 949), que es la aplicable. Creemos que un empleado 'suspendido' s\\u00f3lo puede considerarse que estuvo 'fuera del servicio' durante el tiempo de la suspensi\\u00f3n, si al resolverse su caso definitivamente se le destituye o separa de su empleo. Pero si se resuelve que vuelva a \\u00e9l por estimarse injustificadas las causas que motivaron la suspensi\\u00f3n, debe concluirse que permaneci\\u00f3 siempre dentro del servicio.\\\"\\nEn otras palabras, bajo los becbos del presente caso el peticionario no estaba \\\"fuera del servicio\\\".\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\"}"
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+"{\"id\": \"8805218\", \"name\": \"Gonz\\u00e1lez, Demandante y Apelado, v. M\\u00e9ndez, Demandado y Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Gonz\\u00e1lez v. M\\u00e9ndez\", \"decision_date\": \"1924-12-18\", \"docket_number\": \"No. 3401\", \"first_page\": \"846\", \"last_page\": \"850\", \"citations\": \"33 P.R. Dec. 846\", \"volume\": \"33\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T20:15:05.977180+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Gonz\\u00e1lez, Demandante y Apelado, v. M\\u00e9ndez, Demandado y Apelante.\", \"head_matter\": \"Gonz\\u00e1lez, Demandante y Apelado, v. M\\u00e9ndez, Demandado y Apelante.\\nNo. 3401.\\nVisto: Noviembre 10, 1924.\\nResu\\u00e9lto: Diciembre 18, 1924.\\nA. Garc\\u00eda Bucos, abogado del apelante; B. Esteves, abogado del apelado.\", \"word_count\": \"1212\", \"char_count\": \"7214\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1oe Wole,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nCuando un apelante con el fin de incorporar la prueba se \\u00e1coge al medio autorizado por la Ley No. 27 de 1917 (p. 275), y a la Ley No. 81 de 1919 (p. 675), debe atenerse a las consecuencias. Mercado v. Sucesi\\u00f3n de Ferreiro, 26 D.P.B. 492; Vieira y Ca. v. Reyes, 28 D.P.R. 80; Sanders Phillippi & C\\u00eda. Sucrs. S. en C. v. Rivera, 28 D.P.R. 957; Mart\\u00ednes v. Lopez, 31 D.P.R. 811; Pag\\u00e1n v. Pag\\u00e1n, 32 D.P.R. 640; Cruz v. Sucesi\\u00f3n Jim\\u00e9nez, 30 D.P.R. 57; Cruz y. Sucesi\\u00f3n Jim\\u00e9nez, 30 D.P.R. 853; Barcel\\u00f3 v. D\\u00edaz, 28 D.P.R. 93.\\nUn apelante por estos actos no est\\u00e1 relevado de ejercer vigilancia o de proseguir su apelaci\\u00f3n. Si est\\u00e1 para vencer \\u2022el t\\u00e9rmino en que han de presentarse las notas taquigr\\u00e1ficas a la corte, el apelante debe cuidar de que dicho t\\u00e9rmino se\\u00e1 prorrogado. El no puede confiar en el taqu\\u00edgrafo. La omi-si\\u00f3n en obtener una pr\\u00f3rroga no constituye una demora del taqu\\u00edgrafo. Es una omisi\\u00f3n imputable al apelante. El ta-qu\\u00edgrafo a lo m\\u00e1s y para los fines de una apelaci\\u00f3n es un mero agente d\\u00e9l apelante. Cualquier otra interpretaci\\u00f3n por la cual, pueda protegerse un apelante debido a las omi-siones del taqu\\u00edgrafo tender\\u00eda a convertir en anticonstitu-cionales las leyes de 1917 y 1919. Los apelados tienen de-rechos que no pueden depender de las omisiones de un ta-qu\\u00edgrafo. Los litigios deben tener un fin. Desde hace tiempo hemos previsto que la muerte o incumplimiento de un ta-qu\\u00edgrafo podr\\u00edan hacer fracasar a mi apelante. Esto fu\\u00e9 claramente tratado en el caso de Mercado v. Ferreiro, supra.\\nEn este caso, despu\\u00e9s de concedidas varias pr\\u00f3rrogas, el taqu\\u00edgrafo sali\\u00f3 de Aguadilla para San Juan. Haciendo constar la imposibilidad de conseguirse al taqu\\u00edgrafo, el apelante en' el curso de una pr\\u00f3rroga, en junio 12, 1924, present\\u00f3 una moci\\u00f3n a la corte de distrito en forma alter-nativa. Solicit\\u00f3 que se requiriera al taqu\\u00edgrafo para pre-sentar la transcripci\\u00f3n de la evidencia, o se permitiera al apelante substituir una exposici\\u00f3n del caso por tales notas taquigr\\u00e1ficas. La corte, en junio 12, 1924, concedi\\u00f3 al ape-lante diez d\\u00edas para presentar la exposici\\u00f3n del caso en vez de las notas taquigr\\u00e1ficas.\\nEn junio 16, 1924, compareci\\u00f3 de nuevo el taqu\\u00edgrafo en la corte de Aguadilla y present\\u00f3 una moci\\u00f3n solicitando una .pr\\u00f3rroga para presentar la transcripci\\u00f3n de la evidencia. La corte, posiblemente sin siquiera darse cuenta de que era el mismo caso, concedi\\u00f3 al taqu\\u00edgrafo diez d\\u00edas para pre-sentar la transcripci\\u00f3n. Tenemos entonces un espect\\u00e1culo bifurcado. El mismo apelante se propon\\u00eda radicar una ex-posici\\u00f3n del caso. El taqu\\u00edgrafo pretend\\u00eda seguir con la preparaci\\u00f3n de la transcripci\\u00f3n.\\nAparece, sin embargo, que el apelante eligi\\u00f3 radicar una exposici\\u00f3n del caso. Esto no lo hizo \\u00e9l en 22 de junio, que era cuando venc\\u00eda la pr\\u00f3rroga concedida para presentar la exposici\\u00f3n, ni siquiera en junio 26, cuando expiraba el t\\u00e9r-mino concedido al taqu\\u00edgrafo, sino que la archiv\\u00f3 en junio 30, suponiendo que la 'corte ten\\u00eda derecho a permitir la ra-dicaci\\u00f3n de la exposici\\u00f3n del caso.\\nConvenimos con el apelado en que el d\\u00eda 30 de junio es-taba enteramente fuera del t\\u00e9rmino y que la apelaci\\u00f3n debe ser desestimada por no haber sido radicada la transcripci\\u00f3n de autos dentro de los treinta d\\u00edas desde que se dict\\u00f3 la sen-tencia. De acuerdo con la ley y la constante jurispruden-cia .de esta corte una exposici\\u00f3n del caso debe presentarse dentro del t\\u00e9rmino permitido por el C\\u00f3digo, o de su pr\\u00f3-rroga. El taqu\\u00edgrafo nunca radic\\u00f3 una transcripci\\u00f3n de la evidencia y aparentemente no obtuvo ninguna otra pr\\u00f3rroga. Despu\\u00e9s del 30 de junio la exposici\\u00f3n del caso segu\\u00eda al procedimiento ordinario de oposici\\u00f3n y enmienda con inter-venci\\u00f3n de ambas partes.\\nSi pudiera suponerse que la exposici\\u00f3n del caso fu\\u00e9 pre-sentada en tiempo, o que el apelado por tomar parte en la discusi\\u00f3n de la exposici\\u00f3n estaba impedido, la apelaci\\u00f3n, sin embargo, debe ser desestimada.\\nEn junio 12, 1924, la corte concedi\\u00f3 una pr\\u00f3rroga al ape-lante, con el fin de radicar una exposici\\u00f3n del caso. Esta fu\\u00e9 la primera tentativa hecha para presentar dicha expo-sici\\u00f3n del caso. En otras palabras, varios meses despu\\u00e9s de interpuesta la apelaci\\u00f3n en marzo 7, 1924, el apelante pi-di\\u00f3 a la corte qne se le permitiera radicar tal exposici\\u00f3n cuando este t\\u00e9rmino est\\u00e1 limitado por el C\\u00f3digo a diez d\\u00edas. No se invoc\\u00f3 la secci\\u00f3n 140 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil aun suponiendo que la corte inferior tuviera facultad para proceder de acuerdo con la misma. Semejante moci\\u00f3n no fu\\u00e9 notificada al apelado. El apelante,- como liemos visto, present\\u00f3 meramente una moci\\u00f3n alternativa.\\nSu teor\\u00eda seg\\u00fan se- revela al parecer en su informe oral ante esta corte era que las leyes Nos. 27 y 81 eran enmien-das al C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil y por tanto que ha-biendo empezado eligiendo usar las notas taquigr\\u00e1ficas fu\\u00e9 posible retroceder a la exposici\\u00f3n del caso o pliego de ex-cepciones autorizados por el C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil. Si las leyes de 1917 y 1919 tuvieran que considerarse como enmiendas al C\\u00f3digo en este sentido ser\\u00edan plena-mente anticonstitucionales. En el caso de Rodr\\u00edguez v. Puerto Rico R. L. & Power Co., 30 D.P.R. 931, y Rodr\\u00edguez v. P. R. R. L. & Power Co., 32 D.P.R. 416, la contenci\\u00f3n fu\\u00e9 que las leyes de 1917 y 1919 eran anticonstitucionales por constituir enmiendas. Esta corte resolvi\\u00f3 que las leyes no eran enmiendas, sino un medio nuevo e independiente de in-corporar la prueba y por tanto quedaban fuera de la san-ci\\u00f3n de la Ley Org\\u00e1nica, secci\\u00f3n 34, p\\u00e1rrafos 9-y 10, que proh\\u00edbe la aprobaci\\u00f3n de leyes que no contengan una refe-rencia espec\\u00edfica a la enmienda como tal en el t\\u00edtulo o parte principal de las leyes. De modo que cuando uno elige pro-ceder por medio de las notas taquigr\\u00e1ficas no es un ramal o parte del modo original de incorporar la prueba mediante la exposici\\u00f3n del caso o pliego de excepciones. El apelante hizo su elecci\\u00f3n de seguir el medio menos dificultoso y las notas taquigr\\u00e1ficas nunca se completaron.\\nLa exposici\\u00f3n del caso en la cual insiste el apelante, fu\\u00e9 radicada demasiado tarde. Las notas taquigr\\u00e1ficas nunca se completaron y el apelado tiene derecho a que se desestime la apelaci\\u00f3n.\\nNinguna de las partes cit\\u00f3 nada de la anterior jurispru-dencia a esta corte, copiosa como'es. Parece imposible que los abogados no la bailaran. Por ejemplo, si se toma el vo-lumen 30 -de nuestras decisiones, en la p\\u00e1gina XLYI del mismo bay una referencia a la Ley No. 27 de 1917, indica-tiva de que se cita en el tomo en no menos de tres p\\u00e1ginas del mismo (siete en ingl\\u00e9s) en tres distintos casos. Asi-mismo el caso de Mercado v. Ferreiro, 26 D.P.R. 492, es el primero y principal caso sobre el particular, y la p\\u00e1gina 34 del tomo 30 demuestra que fue citado dos veces en el tomo. Mediante una referencia a la ley de la legislatura o a un caso principal, una vez conocido, los abogados deben poder encontrar y citar toda o la mayor parte de la juris-prudencia de esta corte.\\nDebe desestimarse la apelaci\\u00f3n.\"}"
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+"{\"id\": \"8805253\", \"name\": \"Henry Mason, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Mason v. White Star Bus Line, Inc.\", \"decision_date\": \"1937-01-19\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 6836\", \"first_page\": \"833\", \"last_page\": \"839\", \"citations\": \"50 P.R. Dec. 833\", \"volume\": \"50\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:48:36.658564+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Wolf y C\\u00f3rdova D\\u00e1vila no intervinieron.\", \"parties\": \"Henry Mason, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.\", \"head_matter\": \"Henry Mason, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.\\nN\\u00fam. 6836.\\nSometido: Junio 4, 1936.\\nResuelto: Enero 19, 1937.\\nCelestino Inarte, F. Fern\\u00e1ndez Cwyar y H\\u00e9ctor Gonz\\u00e1lez Blcmes, abo-gados de la apelante; J. Henri Brown, G. E. Gonz\\u00e1lez, G. Benitez Gcmtier y Sergio G. Gelp\\u00ed, abogados del apelado.\", \"word_count\": \"2154\", \"char_count\": \"12299\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Travieso,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl demandante reclam\\u00f3 la suma de $11,929 por concepto de indemnizaci\\u00f3n por los da\\u00f1os y perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones que recibiera al chocar dos de las guaguas pertenecientes a la demandada.\\nSe alega en la demanda que el demandante abord\\u00f3 la guagua P-16, en Santurce, para trasladarse a San Juan, como pasajero; que en el momento en que caminaba por la Avenida Ponce de Le\\u00f3n en direcci\\u00f3n a San Juan, al llegar a la curva despu\\u00e9s de pasado el puente 'G-uillermo Este-ves\\\", dicha guagua se cruz\\u00f3 con la n\\u00famero P-32, pertene-ciente tambi\\u00e9n a la demandada, produci\\u00e9ndose un choque entre ambos veh\\u00edculos, como consecuencia del cual el deman-dante sufri\\u00f3 una fractura del h\\u00famero izquierdo y otras le-siones y contusiones en varias partes del cuerpo; y que dichas lesiones tuvieron como causa \\u00fanica, pr\\u00f3xima y directa la negligencia de los empleados de la demandada que con-duc\\u00edan y operaban uno y otro veh\\u00edculo.\\nNeg\\u00f3 la demandada que las dos guaguas tuvieran colisi\\u00f3n o choque entre s\\u00ed, al cruzarse o en cualquier otro momento, y neg\\u00f3 adem\\u00e1s que las lesiones del demandante, si alguna sufri\\u00f3, fueran causadas por la negligencia de los empleados que conduc\\u00edan las dos guaguas. Y como defensas especia-les, aleg\\u00f3:\\n1. Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acci\\u00f3n.\\n2. Que el accidente tuvo como causa \\u00fanica, pr\\u00f3xima y directa la ne-gligencia y descuido del demandante, al llevar su codo y ante-brazo izquierdo fuera de la ventanilla de la guagua, en contra-venci\\u00f3n del aviso escrito fijado en el interior del veh\\u00edculo, por el cual se previene a los pasajeros contra el peligro de esa pr\\u00e1c-tica.\\n3. Que en la noche del accidente, 2 de octubre de 1932, la carretera se hallaba parcialmente obstruida por postes de la luz el\\u00e9ctrica que hab\\u00edan sido derribados por el hurac\\u00e1n del 26 de septiembre del mismo a\\u00f1o, dejando libre para el tr\\u00e1fico tan s\\u00f3lo una parte de la avenida, pero lo suficiente para que dos veh\\u00edculos pudie-ran transitar por ella al mismo tiempo; que en el momento- de cruzarse, ambos veh\\u00edculos marchaban a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes y que se cruzaron una a otra, sin que en ning\\u00fan momento chocaran entre s\\u00ed, sin que se rozaran siquiera sus costados y sin que nin-guna de las dos sufriera desperfecto alguno.\\nCelebrada la vista, durante la cual se practic\\u00f3 una ins-pecci\\u00f3n ocular del veh\\u00edculo en que viajaba el demandante, la corte dict\\u00f3 sentencia por la que se condena a la deman-dada a pagar al demandante la suma de $2,429 como indem-nizaci\\u00f3n, m\\u00e1s las costas y honorarios de abogado. La de-mandada interpuso el presente recurso.\\nLos errores se\\u00f1alados por la parte apelante son:\\n\\\"Primero. \\u2014 Err\\u00f3 la corte inferior al declarar que los veh\\u00edculos de la demandada chocaron o rozaron entre s\\u00ed.\\n\\\"Segundo. \\u2014 La corte sentenciadora cometi\\u00f3 error manifiesto al sostener que el demandante llevaba su codo y antebrazo dentro del veh\\u00edculo; al sostener que la teor\\u00eda del demandante est\\u00e1 sostenida por la prueba y se ajusta m\\u00e1s a la l\\u00f3gica que la de la demandada; y al no declarar que la conducta del demandante fu\\u00e9 negligente, quedando, por tanto, impedido de recobrar indemnizaci\\u00f3n alguna de la deman-dada.\\n\\\"Tercero. \\u2014 Err\\u00f3 la corte a quo al establecer que la causa deter-minante de los da\\u00f1os sufridos por el demandante fu\\u00e9 el supuesto cho-que o colisi\\u00f3n entre los veh\\u00edculos.\\n\\\"Cuarto. \\u2014 Err\\u00f3 la corte sentenciadora, y abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n, al condenar a la demandada a pagar al demandante las costas y ho-norarios de abogado del litigio.\\\"\\nPodemos considerar los alegados errores conjuntamente, toda vez que ellos se refieren a la apreciaci\\u00f3n de la prueba por la corte sentenciadora. Examinemos la prueba.\\nRafael R\\u00edos, Jr., declar\\u00f3: que \\u00e9l subi\\u00f3 a la guagua en el mismo sitio en que la tomaron el demandante Mason y el Sr. Urquhart, sent\\u00e1ndose Mason en el lado izquierdo del tercer asiento, de los de la izquierda de la guagua, Urquhart en el mismo asiento, al lado de Mason y el testigo R\\u00edos en el extremo izquierdo del segundo asiento de los de la de-recha, de espalda al frente de la guagua y en conversaci\\u00f3n con los otros dos; que al llegar a la curva sinti\\u00f3 \\\"a scraping noise and a cracking noise, like that of sticks\\\" (un ruido de fricci\\u00f3n y un ruido como el crujir de la madera); que en tonces el Sr. Mason se quej\\u00f3 de haberse fracturado el brazo; que sabe que las dos guaguas chocaron porque oy\\u00f3 \\\"the distinct scraping of the two buses and a cracking noise like breaking sticks, something splintered\\\" (la fricci\\u00f3n clara de las dos guaguas y un ruido como el crujido de madera que se romp\\u00eda, de algo que se hac\\u00eda astillas); que en la guagua no hab\\u00eda m\\u00e1s que ellos tres y el chauffeur; que no not\\u00f3 en qu\\u00e9 parte de la ventanilla llevaba Mr. Mason su brazo o codo izquierdo.\\nRobert Charles Duff Urquhart corrobor\\u00f3 en todas sus partes la declaraci\\u00f3n de Rafael R\\u00edos, Jr., haciendo cons-tar que sabe que las guaguas se rozaron una con otra porque oy\\u00f3 un ruido que puede describirlo solamente como el de una fricci\\u00f3n o raspado (scrape), que ten\\u00eda algo que ver con el maderamen de' la guagua; y que oy\\u00f3 ese ruido muy dis-tintamente; que a pesar de los obst\\u00e1culos que hab\\u00eda en la parte de la carretera donde ocurri\\u00f3 el accidente, hab\\u00eda espa-cio suficiente para que dos guaguas pudieran cruzarse, de-jando un fair space, un espacio como de dos pies entre una y otra.\\nHenry Mason, el demandante, declar\\u00f3 que despu\\u00e9s de haber pasado el puente, el chauffeur de su guagua toc\\u00f3 el klaxon y al mirar vi\\u00f3 que ven\\u00eda otra guagua, pero que como Rabia espacio sigui\\u00f3 Rabiando y que en seguida vi\\u00f3 con la orilla de sus ojos que esa mismla guagua en vez de seguir como ven\\u00eda vir\\u00f3 y le toc\\u00f3 en el codo; que en ese momento \\u00e9l estaba sentado con el brazo sobre el marco de la venta-nilla; que entre el asiento y el costado de la guagua Ray un espacio para poner el codo; que en el sitio donde estaba \\u00e9l sentado Rabia tres barras de Rierro que estaban a tres pulgadas la primera del borde de la caja donde \\u00e9l ten\\u00eda el brazo y a 2% pulgadas las otras dos; que el centro de la otra guagua le toc\\u00f3 y que \\\"hubo un cRoque, no exactamente un cRoque, pero un ruido fuerte, un scrape (rozadura)\\\" y en seguida sinti\\u00f3 que su brazo fu\\u00e9 roto. (En repregunta) Que durante el trayecto iba de frente Racia el frente de la guagua, con el codo izquierdo recostado contra las barras que hay en la ventanilla; que es posible que alguna parte de su brazo saliera fuera de las barras; que las tres barras ocupaban como nueve pulgadas desde la base de la venta-nilla; que no es cierto que \\u00e9l llevara su brazo sobre las tres barras protectoras; que no sabe qu\\u00e9 parte de la guagua le toc\\u00f3, pero que tiene la impresi\\u00f3n de que fu\\u00e9 el centro; que las barras estaban Racia el lado de afuera y que \\u00e9l ten\\u00eda el codo recostado en el borde de la ventanilla, contra las barras.\\nLa prueba testifical de la demandada tendi\\u00f3 a probar que las dos guaguas envueltas en el accidente sufrido por el demandante Rabian sido examinadas momentos despu\\u00e9s del suceso y no presentaban desperfecto alguno, sacando como consecuencia que no Rabia R\\u00e1bido cRoque o contacto alguno entre los dos veh\\u00edculos.\\nAntonio Vel\\u00e1zquez, el chauffeur de la guagua en que viajaba el demandante, declar\\u00f3 que Mason ven\\u00eda, sentado en el tercer asiento, .a mano izquierda, el brazo derecho sobre el respaldo del asiento y el otro sobre el protector que tiene la guagua; que vi\\u00f3 a Mason en esa posici\\u00f3n en la parada 44, en la parada 20 y varias veces m\\u00e1s; que se fijaba por el espejo y lo ve\\u00eda en esa posici\\u00f3n; que Mason llevaba el brazo izquierdo encima del \\u00faltimo protector de la ventanilla. Y a repreguntas del demandante contest\\u00f3 que no pod\\u00eda decir la posici\\u00f3n en que estaba Mason cuando ocurri\\u00f3 el acci-dente.\\nComo resultado de la inspecci\\u00f3n ocular de la guagua n\\u00fam. P-16, la corte lleg\\u00f3 a las siguientes conclusiones de hecho:\\n\\\" . La Corte aprecia que la guagua tiene cinco asientos, y uno en el fondo, con un pasillo en el medio que separa los asientos. La guagua es de marca General Motors Corp. La Corte aprecia que la distancia que hay en la parte interior, del borde interior a las barras es de dos pulgadas y media, y la distancia entre las barras es de dos pulgadas y media, y tomando la distancia desde la parte exterior a la primer barra es de tres pulgadas, y desde el vano de ventana basta la \\u00faltima barra es de nueve pulgadas. Del asiento al borde interior de la ventanilla bay diez pulgadas y media, estando sentado un pa-sajero. De la parte posterior del asiento al borde interior .de la ven-tana son trece y media pulgadas, y tres cuartos de pulgada la pes-ta\\u00f1a que est\\u00e1 a la parte interior de la ventana, y esta pesta\\u00f1a sobre-sale del borde de la ventanilla media pulgada. Tres y media pulga-das el ancho de la ventanilla incluyendo la pesta\\u00f1a.\\\"\\nY en su apreciaci\\u00f3n de esos hechos, en relaci\\u00f3n con las declaraciones de los testigos de ambas partes, la corte, en su opini\\u00f3n, lleg'a a la siguiente conclusi\\u00f3n:\\n\\u00a3\\u00ed . . . En cuanto a la forma en qne ven\\u00eda sentado Mason y que relata el mismo conductor, tambi\\u00e9n bay que desecharla por absurda. Ensaye quienquiera a poner el codo o el brazo encima de las Amrillas de hierro que cruzan las ventanillas de las guaguas y se ver\\u00e1 que por inc\\u00f3moda es insostenible esta posici\\u00f3n. Item m\\u00e1s, en la inspec-ci\\u00f3n ocular el demandante voluntariamente y a petici\\u00f3n del abogado de la demandada se sent\\u00f3 en la posici\\u00f3n en que estaba cuando el accidente, y as\\u00ed sentado nosotros apreciamos lo que consignamos en el acta de la inspecci\\u00f3n ocular y que dice as\\u00ed:\\n\\\" 'La corte aprecia que sentados dos pasajeros en el tercer asiento del lado izquierdo de la guagua est\\u00e1n juntos los pasajeros, sin dis-tancia entre ellos. El Sr. Mason se sienta y asume la misma posi-ci\\u00f3n que manifest\\u00f3 en su declaraci\\u00f3n ten\\u00eda cuando el accidente, y la corte aprecia que su brazo izquierdo descansa sobre la pesta\\u00f1a situada en el vano de la ventana y que no sobresale parte alguna de su brazo y codo fuera del interior de la guagua.' Insisti\\u00f3 de nuevo el abo-gado de la demandada en que se sentase de lado y apoyando su brazo-sobre la \\u00faltima barra o protector del lado izquierdo de la guagua y al colocarse as\\u00ed el demandado la corte expuso:\\n\\\"La corte aprecia que el testigo Sr. Mason asume la posici\\u00f3n que-pide la parte y su brazo izquierdo lo coloca por^ encima del protector,, y forma entonces un \\u00e1ngulo de 90 grados. La punta del codo en el exterior del veMeulo.' Pero ya bemos dicho que tal posici\\u00f3n no puede-sostenerse por absurda e inc\\u00f3moda.\\\"\\nEs indudable que existe un conflicto entre la prueba de-una y otra parte, y entre las teor\\u00edas desarrolladas por el demandante y por -la demandada para explicar el accidente.. Es a la corte sentenciadora a la que corresponde el deber y la responsabilidad de resolver esos conflictos, por tener ella mejores oportunidades para hacerlo, despu\\u00e9s de ver y o\\u00edr declarar a los testigos y de hacer una inspecci\\u00f3n ocular del sitio en que ocurri\\u00f3 el accidente. Y en este caso, des-pu\\u00e9s de o\\u00edr la prueba testifical y de inspeccionar el sitio del suceso, la corte sentenciadora ha llegado a la conclusi\\u00f3n de que la teor\\u00eda del demandante est\\u00e1 sostenida por la prueba y se ajusta m\\u00e1s a la l\\u00f3gica. Del r\\u00e9cord no aparece prueba alguna, y as\\u00ed lo declara la corte inferior, de que en el mo-mento de recibir el golpe que le caus\\u00f3 la lesi\\u00f3n el deman-dante llevase el brazo por encima de la \\u00faltima varilla protectora instalada en la ventanilla. El resultado de la inspecci\\u00f3n ocular llev\\u00f3 a la corte a la conclusi\\u00f3n de que la posici\\u00f3n que dice la demandada ocupaba el demandante al recibir la lesi\\u00f3n es inc\\u00f3moda, absurda e insostenible.\\nNo habi\\u00e9ndose imputado a la corte inferior haber ac-tuado por pasi\\u00f3n o prejuicio y no apareciendo, a nuestro juicio, que se haya cometido un error manifiesto en la apre-ciaci\\u00f3n de la prueba, se confirma la sentencia recurrida.\\nLos Jueces Asociados Se\\u00f1ores Wolf y C\\u00f3rdova D\\u00e1vila no intervinieron.\"}"
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+"{\"id\": \"8807249\", \"name\": \"Arden Chemical Company, demandante y apelada, v. Porto Rico Drug Co., Inc., demandada, y National Surety Company, interventora y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Arden Chemical Co. v. Porto Rico Drug Co.\", \"decision_date\": \"1934-04-25\", \"docket_number\": \"No. 6014\", \"first_page\": \"581\", \"last_page\": \"588\", \"citations\": \"46 P.R. Dec. 581\", \"volume\": \"46\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:57:18.903540+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Arden Chemical Company, demandante y apelada, v. Porto Rico Drug Co., Inc., demandada, y National Surety Company, interventora y apelante.\", \"head_matter\": \"Arden Chemical Company, demandante y apelada, v. Porto Rico Drug Co., Inc., demandada, y National Surety Company, interventora y apelante.\\nNo. 6014\\n\\u2014 Resuelto: Abril 25, 1934.\\nBesosa <& Besosa, abogados de la apelante; E. B. Wilcox, abogado de la apelada.\", \"word_count\": \"2239\", \"char_count\": \"12863\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or H\\u00fatchison,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nAl resolver este caso, dijimos:\\n\\\". \\u00c9sta apela ahora de una sentencia adversa y sostiene que la corte de distrito err\\u00f3 al considerar que no existen diferencias entre una fianza para levantar un embargo y una fianza como depositario judicial y al considerar la fianza en cuesti\\u00f3n como que hab\\u00eda sido otorgada con el objeto de levantar el embargo.\\n\\\"La apelante en su relaci\\u00f3n de hechos dice que la Porto Rico Drug Co. entreg\\u00f3 al s\\u00edndico designado por la Corte Federal todo su activo incluyendo los bienes embargados dejados en su poder al otor-garse la fianza. El alegato no hace referencia a ninguna de las p\\u00e1-ginas de los autos en apoyo de esta aseveraci\\u00f3n. Luego, en el curso de la argumentaci\\u00f3n, la apelante dice que 'de acuerdo con la prueba' la Corte ele Distrito de San Juan Rabia designado un s\\u00edndico y tomado posesi\\u00f3n de todos los bienes de l'a Porto Rico Drug Co. A este res-pecto se Race referencia a una resoluci\\u00f3n que se dice Raber sido dic-tada en el 'caso civil No. 2548, Antonio Canals et al. v. P. R. Drug Company, Corte de Distrito de San Juan', en la cual (seg\\u00fan se transcribe en el alegato) al s\\u00edndico de la corte de distrito insular se le orden\\u00f3 que entregara al s\\u00edndico designado por la Corte Federal los bienes de la Porto Rico Drug Co. No se Race referencia a p\\u00e1gina alguna o parte del r\\u00e9cord del presente caso. Fuera de esto nada Ray, aun en el alegato de la apelante, que demuestre que la perfumer\\u00eda y las medicinas de patente embargadas por la demandante, en este recurso que fueron dejadas en poder de la Porto Rico Drug Co. fue-ran jam\\u00e1s entregadas a uno u otro s\\u00edndico.\\\"\\nLuego, en dicha opini\\u00f3n manifestamos que nada hab\\u00eda en el alegato de la apelante que demostrara que ella hubiera sido perjudicada por haber dejado el juez de distrito de hacer una distinci\\u00f3n entre la fianza provista por la secci\\u00f3n 15 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias (Estatutos, secci\\u00f3n 5247) y la fianza mencionada en la secci\\u00f3n 10 de dicha ley.\\nEl primer fundamento de la moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n presentada por la apelante es que nuestra opini\\u00f3n anterior no hace distinci\\u00f3n alguna entre las dos clases de fianzas provistas por la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias y especialmente por las secciones 10 y 15 de la misma. En dicha opini\\u00f3n no pusimos en tela de juicio la teor\\u00eda de la apelante de que la fianza que ten\\u00edamos a la vista era la fianza provista por la secci\\u00f3n 10 m\\u00e1s bien que la mencionada en la secci\\u00f3n 15. El ratio decidendi fue que en ausencia de algo que demostrara por qu\\u00e9 a la interventora, bajo las circunstancias del presente caso, no deb\\u00eda hac\\u00e9rsele responsable bajo la fianza realmente otorgada por ella, cualquier error cometido por el juez de distrito al dejar de hacer una distinci\\u00f3n entre tal fianza y la fianza a que se hace referencia en la secci\\u00f3n 15 de la ley, no fu\\u00e9 perjudicial.\\nEn su alegato original la apelante dijo que la fianza por ella prestada le hac\\u00eda responsable sola y exclusivamente de los actos de la Porto Rico Drug Co. \\\"como depositar\\u00eda judicial y hasta el l\\u00edmite del valor de los bienes puestos en sn poder como tal dep\\u00f3sito.\\\" La moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n no admite tanto. La contenci\\u00f3n ahora es qne la cuant\\u00eda de la fianza no se determina por el valor de los bienes embargados, sino que puede ser fijada por el juez sentenciador, en el ejercicio de una sana discreci\\u00f3n, en una suma meramente nominal o en cualquiera otra suma, y que la responsabilidad de la fiadora se limita a los da\\u00f1os y perjuicios que la parte demandante pueda probar, en caso de que se enajenen los bienes embargados y una vez probada tal enajenaci\\u00f3n, o en caso de que la parte demandada desobedezca alguna orden de la corte. Luego de esta contenci\\u00f3n, se insiste nuevamente en la teor\\u00eda de la apelante de que la Porto Rico Drug Co. hab\\u00eda entregado los bienes embargados a un s\\u00edndico desig-nado por la Corte Federal, de conformidad con una resoluci\\u00f3n dictada por la corte de distrito insular ordenando tal entrega.\\nEl objeto de la fianza autorizada por la secci\\u00f3n 10 de la ley, al igual que el objeto del embargo y de la ley misma, seg\\u00fan su t\\u00edtulo indica, es asegurar la efectividad de cualquier sentencia que pueda dictarse en favor de un demandante. De acuerdo con los t\\u00e9rminos expresos de la secci\\u00f3n 10, la fianza responder\\u00e1 del valor de los bienes embargados. La discreci\\u00f3n de la corte existe en cuanto a la suficiencia de la fianza que debe prestarse para tal fin, pero no respecto a si el importe de la misma ser\\u00e1 o no suficiente para cubrir el valor de los bienes embargados. La fianza se refiere a una s\\u00faplica anterior de la demandada al efecto de que los bienes embargados se dejen bajo su custodia al prestar una fianza por la suma de $2,500 para responder del valor de dichos bienes. La obligaci\\u00f3n asumida por la Porto Rico Drug Co. y por la National Surety Co., conforme se hace constar en la misma fianza, lo fue para pagar a la deman-dante, Arden Chemical Company, el valor de dichos bienes hasta la suma de $2,500, \\\"garantizando as\\u00ed a dicha Porto Rico Drug Company, como tal depositar\\u00eda judicial de los ya mencionados bienes; entendi\\u00e9ndose que la citada Porto Eico Drag Company dar\\u00e1 fiel cumplimiento a toda y cualquiera orden de esta Hon. Corte, de acuerdo todo, con las leyes vigentes.\\\" Esto quer\\u00eda decir que la demandada presentar\\u00eda los bienes embargados al ser requerida; o en caso de que dejara de hacerlo as\\u00ed, la demandada o su fiadora responder\\u00eda del importe de cualquier sentencia que se dictara a favor de la demandante basta una suma que no excediera del importe especificado en la fianza, es decir, del valor de los bienes embargados. Seg\\u00fan la propia teor\\u00eda de la apelante, los da\\u00f1os provenientes de la enajenaci\\u00f3n hecha por la demandada de los bienes embargados o de la desobediencia de \\u00e9sta a una orden para que se reentregaran dichos bienes, el importe de tales da\\u00f1os ser\\u00eda el valor de los bienes embargados, siempre que la sentencia obtenida por la demandante exce-diera de tal valor, o el importe de la sentencia si el valor de los bienes embargados exced\\u00eda de tal sentencia.\\nPuede admitirse, desde luego, que de ordinario la recla-maci\\u00f3n de la demandante contra la compa\\u00f1\\u00eda fiadora ser\\u00eda precedida por alguna orden de la corte. En el presente caso, sin embargo, la compa\\u00f1\\u00eda fiadora insisti\\u00f3 en que se le hiciera parte demandada en la acci\\u00f3n original, en su contestaci\\u00f3n suscit\\u00f3 la cuesti\\u00f3n de su responsabilidad como fiadora y fu\\u00e9 a juicio sobre las controversias as\\u00ed planteadas. Se hab\\u00eda dic-tado sentencia en rebeld\\u00eda contra la demandada original mucho antes de celebrarse la vista de la contienda entre la demandante y la compa\\u00f1\\u00eda fiadora como interventora. El primer documento ofrecido como prueba por la demandante, sin objeci\\u00f3n de la interventora, fu\\u00e9 la fianza. Pr\\u00e1cticamente, la \\u00fanica cuesti\\u00f3n de hecho ante el juez sentenciador fu\\u00e9 si los bienes embargados de conformidad con una orden dictada por la corte de distrito insular, hab\\u00edan pasado a poder de un s\\u00edndico designado por la Corte Federal. La compa\\u00f1\\u00eda fiadora tuvo su d\\u00eda en corte. Fu\\u00e9 derrotada en todas las cuestiones de derecho por ella planteadas y dej\\u00f3 de establecer el elemento esencial de su defensa especial. No puede ahora quejarse de que se dej\\u00f3 de demostrar que la demandada original Rubiera desobedecido cualquier orden espec\\u00edfica en relaci\\u00f3n con los bienes embargados o con la presentaci\\u00f3n de los mismos como requisito previo a la sentencia.\\nLa apelante se refiere abora por primera vez espec\\u00edficamente a ciertas partes del testimonio de determinados testigos como tendentes a establecer la teor\\u00eda de una entrega por parte de la Porto Rico Drug Co. al s\\u00edndico designado por la Corte Federal, de conformidad con una orden de la corte de distrito insular. Uno de estos testigos dijo que al nombrarse al s\\u00edndico de la quiebra, la llave y lo que estaba en quiebra le fueron entregados. Este testigo, que era o bab\\u00eda sido el presidente de la Porto Rico Drug Co., no dice que \\u00e9l entreg\\u00f3 la llave, ni qui\\u00e9n la entreg\\u00f3, ni dice que los bienes embargados estaban incluidos \\\"en lo que estaba en quiebra.\\\" El s\\u00edndico de la quiebra declar\\u00f3 que recibi\\u00f3 de la Corte de Distrito de San Juan toda la mercanc\\u00eda \\\"que estaba en la Corte de Distrito de San Juan.\\\" Tomamos el siguiente extracto de su testimonio durante la repregunta:\\n\\\"P. \\u2014 \\u00bfUsted dice que recibi\\u00f3 de la Corte de Distrito de San. Juan los art\\u00edculos que hab\\u00edan sido embargados \\u00b6\\n\\\"R. \\u2014 Yo no s\\u00e9 si estaban embargados. Estaban en las manos de la corte.\\n\\\"P. \\u2014 \\u00bfQui\\u00e9n los tom\\u00f3 de la corte?\\n\\\"R. \\u2014 Yo no s\\u00e9.\\n\\\"P. \\u2014 \\u00bfCu\\u00e1ntos embargos bab\\u00eda en la corte de distrito?\\nWR. \\u2014 Yo no s\\u00e9 cu\\u00e1ntos embargos, pero s\\u00e9 que la mercanc\\u00eda que pertenec\\u00eda, a la Porto Rico Drug estaba en las manos de la Corte de Distrito de San Juan.\\n\\\"P. \\u2014 \\u00bfToda?\\n\\\"R. \\u2014 No s\\u00e9 c\\u00f3mo estaba all\\u00ed. Yo fui all\\u00ed con el abogado Mr. Molina, y el se\\u00f1or Sep\\u00falVeda que era el juez, le di\\u00f3 orden al m\\u00e1rshal para que me entregara todo a m\\u00ed.\\\"\\nEn el presente caso los bienes fueron embargados en marzo de 1926 y en mayo del mismo a\\u00f1o fueron puestos bajo la custodia de la demandante. El procedimiento de quiebra, fue iniciado en la Corte Federal en octubre. En ausencia de algo que demuestre una reentrega de los bienes embargados por parte de la demandada al m\\u00e1rshal, el testimonio que acabamos de citar deja de establecer una entrega de tales bienes por el m\\u00e1rshal al s\\u00edndico de la quiebra. Aun si se pudiera interpretar una orden de la corte de distrito al m\\u00e1rshal para que entregara todo al s\\u00edndico de la Corte Federal en el sentido de incluir bienes embargados que hab\\u00edan pasado a la custodia de la demandada con m\\u00e1s de cuatro meses de anterioridad a la-fecha en que se dict\\u00f3 tal orden, nada hay que demuestre que fuera as\\u00ed interpretada por el m\\u00e1rshal o que \\u00e9l tom\\u00f3 posesi\\u00f3n material de tales bienes y entreg\\u00f3 los mismos como parte de la quiebra. De todos modos, no estamos preparados para asumir con la apelante, en ausencia de cualquier cita de autoridad o raz\\u00f3n satisfac-toria para tal hip\\u00f3tesis, que la entrega de bienes embargados sin protesta u objeci\\u00f3n por parte de la demandada, sin noti-ficarse a la parte demandante y sin llamar la atenci\\u00f3n del juez de distrito a la forma en que se interpretaba y cumpl\\u00eda tal orden, hubiese relevado a la parte demandada y a su fiadora de toda responsabilidad para con la demandante.\\nEl segundo fundamento de la moci\\u00f3n de la apelante es que en nuestra opini\\u00f3n anterior pasamos por alto el hecho de que incumb\\u00eda a. la demandante establecer el valor de los bienes embargados y que la demandante no adujo prueba alguna respecto a tal valor. A este respecto la apelante tambi\\u00e9n asume, sin tratar de demostrarlo, que incumb\\u00eda a la demandante establecer el valor de los bienes embargados. Muy bien podr\\u00eda argiiirse por otra parte, que las disposiciones de la secci\\u00f3n 10 relativas a la \\\"fianza bastante a discreci\\u00f3n del tribunal para responder del valor de dichos bienes,\\\" tienen por mira necesariamente por lo menos un justiprecio tentativo de los bienes por parte de la corte y que la fianza misma, al ser presentada como prueba, es una demostraci\\u00f3n suficiente prima facie del valor de los bienes. La fianza ofrecida como prueba por la demandante dice que: \\\"en virtud de una orden de embargo librada por esta Hon. Corte, con fecha 27 de marzo de 1926, en el caso arriba in-dicado contra la Porto Pico Drug Company, demandada, el m\\u00e1rshal de esta corte ha embargado medicinas patentizadas y perfumer\\u00eda, valoradas en $2,100.\\\" De esta admisi\\u00f3n sobre el valor de los bienes embargados al tiempo de efectuarse el embargo, unida a la cuant\\u00eda de la fianza fijada por el juez de distrito, como suficiente para responder del valor de tales bienes, es l\\u00f3gico inferir que el importe de la sentencia \\u2014 menos de la mitad de tal estimado \\u2014 no exced\\u00eda del valor real de dichos bienes. Sea ello como fuere, conforme ya hemos in-dicado, \\u00e9sta no fue originalmente una acci\\u00f3n o procedimiento contra la fianza. La compa\\u00f1\\u00eda fiadora la convirti\\u00f3 en tal acci\\u00f3n o procedimiento al comparecer y solicitar voluntaria-mente que se le hiciese parte demandada, al radicar su con-testaci\\u00f3n y al plantear la cuesti\\u00f3n de su responsabilidad bajo la fianza, sin suscitar cuesti\\u00f3n alguna respecto al valor de los bienes embargados. En estas circunstancias, cual-quiera que sea la regla en una acci\\u00f3n o procedimiento ordi-narios, no estamos dispuestos a alterar el resultado, en la teor\\u00eda de que la fianza misma no bastaba para demostrar que el valor de los bienes embargados era por lo menos mayor que el importe de la sentencia.\\nDehe declararse sm hogar la moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n.\"}"
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+"{\"id\": \"8809043\", \"name\": \"Jim\\u00e9nez, apdo., v. M\\u00e1rquez et al., apltes.\", \"name_abbreviation\": \"Jim\\u00e9nez v. M\\u00e1rquez\", \"decision_date\": \"1925-06-23\", \"docket_number\": \"No. 3634\", \"first_page\": \"947\", \"last_page\": \"948\", \"citations\": \"34 P.R. Dec. 947\", \"volume\": \"34\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:23:41.834160+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Jim\\u00e9nez, apdo., v. M\\u00e1rquez et al., apltes.\", \"head_matter\": \"No. 3634.\\nJim\\u00e9nez, apdo., v. M\\u00e1rquez et al., apltes.\\nC. D. Humacao.\\nJun. 23, 1925.\", \"word_count\": \"144\", \"char_count\": \"852\", \"text\": \"Se\\u00f1alando los demandados y apelantes como \\u00fanico error el cometido a su juicio por la corte al imponerle el pago de las costas; apare-ciendo que tal error no existe, ya que la sentencia sostiene la demanda al declarar como declar\\u00f3 que la finca del demandante estaba libre de servidumbre de vistas y al ordenar como or-den\\u00f3 a los demandados demoler la balaustrada en forma de balc\\u00f3n que hab\\u00edan construido hacia la colindancia de la casa del demandante y levantar un muro hasta una altura que cu-bra totalmente el espacio exterior de la azotea y que haga f\\u00ed-sicamente imposible las vistas rectas sobre la finca del deman- dante, resultando de ello la temeridad de los demandados al oponerse, temeridad qne lleva consigo la imposici\\u00f3n de cos-tas; se confirma la sentencia.\"}"
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+"{\"id\": \"8811604\", \"name\": \"Partido Socialista Puertorrique\\u00f1o, apelado, v. Julio C\\u00e9sar P\\u00e9rez, Secretario de Hacienda; Gerineldo Barreto P\\u00e9rez, Administrador de la Comisi\\u00f3n Electoral; y su sucesora en cargo, agentes y/o empleados, apelantes\", \"name_abbreviation\": \"Partido Socialista Puertorrique\\u00f1o v. C\\u00e9sar P\\u00e9rez\", \"decision_date\": \"1980-10-21\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: O-80-563\", \"first_page\": \"313\", \"last_page\": \"327\", \"citations\": \"110 P.R. Dec. 313\", \"volume\": \"110\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:37:14.502801+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"a la cual se unen los Jueces Asociados Se\\u00f1ores D\\u00e1vila e Irizarry Yunque.\", \"parties\": \"Partido Socialista Puertorrique\\u00f1o, apelado, v. Julio C\\u00e9sar P\\u00e9rez, Secretario de Hacienda; Gerineldo Barreto P\\u00e9rez, Administrador de la Comisi\\u00f3n Electoral; y su sucesora en cargo, agentes y/o empleados, apelantes.\", \"head_matter\": \"Partido Socialista Puertorrique\\u00f1o, apelado, v. Julio C\\u00e9sar P\\u00e9rez, Secretario de Hacienda; Gerineldo Barreto P\\u00e9rez, Administrador de la Comisi\\u00f3n Electoral; y su sucesora en cargo, agentes y/o empleados, apelantes.\\nN\\u00famero: O-80-563\\nResuelto: 21 de octubre de 1980\\nMiguel A. Pagan, Eunice Sein Llompart y Jos\\u00e9 A. Cario, abo-gados del Administrador General de Elecciones y de la Comi-si\\u00f3n Estatal de Elecciones; H\\u00e9ctor A. Col\\u00f3n Cruz, Procurador General, Am\\u00e9rica Serra, Procurador General Auxiliar, y Yusif Mafuz Blanco, Fiscal Auxiliar, abogados del Secre-tario de Hacienda; Ra\\u00fal M. Olmo Olmo y H\\u00e9ctor M. Collazo, abogados del Partido Socialista Puertorrique\\u00f1o.\", \"word_count\": \"4249\", \"char_count\": \"27973\", \"text\": \"SENTENCIA\\nVistas las mociones de reconsideraci\\u00f3n, original y suple-mentarias, presentadas por la parte apelante, el Tribunal las declara sin lugar, pero ordena la devoluci\\u00f3n de los fondos con-signados en la Secretar\\u00eda de este foro.\\nEstudiados los autos originales del presente caso, as\\u00ed como los alegatos presentados por las partes, se confirma la sen-tencia del Tribunal Superior. Se emitir\\u00e1 opini\\u00f3n formal opor-tunamente. Los Jueces se reservan el derecho de expresarse individualmente.\\nAs\\u00ed lo pronunci\\u00f3 y manda el Tribunal y certifica el se\\u00f1or Secretario. Los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Rigau y Mart\\u00edn no intervinieron.\\n(Fdo.) Ernesto L. Chiesa\\n\\u2014O\\u2014\\nSecretario\"}"
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+"{\"id\": \"8811760\", \"name\": \"Francisco Rivera Pag\\u00e1n et al., Ram\\u00f3n A. Rivera Rivera ex rel., demandantes y recurridos, v. Jaime R. L\\u00f3pez Santiago y Nationwide Mutual Insurance Company, demandados y recurrentes; F\\u00e9lix Berlingeri, tercero demandado\", \"name_abbreviation\": \"Rivera Pag\\u00e1n ex rel. Rivera Rivera v. L\\u00f3pez Santiago\", \"decision_date\": \"1974-09-05\", \"docket_number\": \"N\\u00fameros: R-71-162-A, R-71-165\", \"first_page\": \"400\", \"last_page\": \"404\", \"citations\": \"102 P.R. Dec. 400\", \"volume\": \"102\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:46:18.331401+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Francisco Rivera Pag\\u00e1n et al., Ram\\u00f3n A. Rivera Rivera ex rel., demandantes y recurridos, v. Jaime R. L\\u00f3pez Santiago y Nationwide Mutual Insurance Company, demandados y recurrentes; F\\u00e9lix Berlingeri, tercero demandado.\", \"head_matter\": \"Francisco Rivera Pag\\u00e1n et al., Ram\\u00f3n A. Rivera Rivera ex rel., demandantes y recurridos, v. Jaime R. L\\u00f3pez Santiago y Nationwide Mutual Insurance Company, demandados y recurrentes; F\\u00e9lix Berlingeri, tercero demandado.\\nN\\u00fameros: R-71-162-A, R-71-165\\nResuelto: 5 de septiembre de 1974\\nJos\\u00e9 A. Rivera Mercado y Harold D. Vicente, abogados de los recurrentes; Dapena, Dwpena & Toro, abogados de los recu-rridos ; Enrique Corchado Juarbe, abogado del tercero deman-dado.\", \"word_count\": \"1247\", \"char_count\": \"7683\", \"text\": \"per CURIAM:\\nSe trata de un accidente ocurrido en horas de la noche en la carretera de Coamo a Juana D\\u00edaz. El re-currido Francisco Rivera Pag\\u00e1n caminaba por el paseo de la carretera saliendo de Coamo hacia Juana D\\u00edaz cuando fue arrollado por el recurrente Jaime L\\u00f3pez Santiago. Las con-clusiones pertinentes con respecto a la forma en que ocurri\\u00f3 el accidente fueron las siguientes:\\n\\\"1. En la noche del d\\u00eda 6 de noviembre de 1966 el demandante Francisco Rivera Pag\\u00e1n caminaba por el paseo de la carretera, por su izquierda, en direcci\\u00f3n del pueblo de Coamo hacia Juana D\\u00edaz. La noche estaba obscura. Al llegar frente a un negocio de autom\\u00f3viles usados que junto a la carretera ten\\u00eda el tercero-de-mandado F\\u00e9lix L. Berlingeri, desde dentro del negocio de dicho tercero-demandado, salieron dos perros ladrando, el m\\u00e1s peque\\u00f1o de los cuales atac\\u00f3 al demandante, tratando de morderlo, mien-tras el m\\u00e1s grande le ladraba y se le acercaba.\\n2. Acosado por los perros el demandante comenz\\u00f3 a retroce-der de frente a los perros y de espalda a la carretera adentr\\u00e1n-dose en la misma unos cuantos metros. Estando en esa posici\\u00f3n y ya dentro del \\u00e1rea de rodaje vio los reflejos de las luces del veh\\u00edculo Volkswagen que se acercaba e inmediatamente fue impactado por dicho veh\\u00edculo.\\n3. La carretera en el sitio donde ocurri\\u00f3 el accidente es recta y tiene un ancho de unos 10 metros, con un \\u00e1rea verde a los bor-des y no tiene aceras. El demandante vest\\u00eda camisa blanca, pan-talones Kaki y sombrero blanco al momento de ser arrollado.\\n4. Al momento de ocurrir el accidente no ven\\u00edan otros veh\\u00ed-culos por la carretera.\\n5. El co-demandado viajaba por la carretera, en la misma direcci\\u00f3n que el demandante a exceso de velocidad y no se percat\\u00f3 de la presencia del demandante ni de los perros (s\\u00f3lo vio un bulto) hasta que estuvo como a unos 8 a 10 pies de distancia a pe-sar de que los focos del veh\\u00edculo ten\\u00edan un alcance de 100 a 125 pies de distancia y \\u00e9l ten\\u00eda para esa \\u00e9poca una visi\\u00f3n perfecta (20x20).\\n6. El demandante fue impactado por el lado izquierdo del veh\\u00edculo y cay\\u00f3 al centro de la carretera.\\n7. El veh\\u00edculo del demandado L\\u00f3pez Santiago fue a chocar con un \\u00e1rbol unos 50 pies del sitio del impacto, destruy\\u00e9ndose el auto y resultando herido el co-demandado Jaime L. L\\u00f3pez Santiago.\\n8. Como consecuencia del accidente, el demandante Francisco Rivera Pag\\u00e1n recibi\\u00f3 contusiones en distintas partes del cuerpo y le fue amputada la pierna derecha.\\n9. Concluimos como cuesti\\u00f3n de hecho, por el resultado de la prueba, que los perros, o bien eran pose\\u00eddos por el tercero deman-dado F\\u00e9lix L. Berlingeri, o \\u00e9ste se serv\\u00eda de ellos para proteger su propiedad, ya que hab\\u00edan sido vistos por el demandante, unas veces amarrados y otras veces sueltos, en el negocio de Berlingeri cuando el demandante pasaba por all\\u00ed para ir a su trabajo en los Ba\\u00f1os de Coamo\\\".\\nEn base a tales conclusiones de hecho el Tribunal deter-min\\u00f3 que el accidente ocurri\\u00f3 en un 75% por la negligencia del recurrido L\\u00f3pez Santiago y un 25 % por la negligencia del recurrido F\\u00e9lix R. Berlingeri. Este fue tra\\u00eddo originalmente al pleito como tercero-demandado por la aseguradora de L\\u00f3-pez Santiago, la recurrente Nationwide Mutual Insurance Company.\\nDiscutiremos inmediatamente los errores apuntados en ambos recursos de revisi\\u00f3n pero antes debemos consignar que todos los hechos esenciales concluidos por el tribunal de ins-tancia tienen amplio apoyo en la prueba desfilada. As\\u00ed lo \\u2022hemos constatado mediante un detenido examen de la trans-cripci\\u00f3n del r\\u00e9cord.\\n1. Err\\u00f3 el tribunal al no aplicar la doctrina de emergencia s\\u00fabita y concluir sin base alguna en la prueba que el recurren-te Juan L\\u00f3pez Santiago conduc\\u00eda su veh\\u00edculo a velocidad exa-gerada.\\nArguye la recurrente Nationwide que la prueba estableci\\u00f3 una situaci\\u00f3n de emergencia s\\u00fabita porque el recurrido Rivera Pag\\u00e1n abandon\\u00f3 un lugar seguro como lo era el paseo de la carretera para adentrarse al \\u00e1rea de rodaje con el prop\\u00f3sito de evadir el ataque de los perros y que el conductor L\\u00f3pez Santiago no pod\\u00eda anticipar que aqu\\u00e9l se lanzar\\u00eda a la carretera interponi\\u00e9ndose al paso de su veh\\u00edculo. No tiene raz\\u00f3n.\\nLa prueba demostr\\u00f3 que L\\u00f3pez Santiago conduc\\u00eda su ve-h\\u00edculo a alta velocidad por una carretera amplia, recta y des-pejada; que las luces de su autom\\u00f3vil estaban en buenas con-diciones y ten\\u00edan un alcance de 100 a 125 metros; que Rivera Pag\\u00e1n vest\\u00eda camisa y sombrero blanco, indumentaria f\\u00e1cil de distinguir en la obscuridad, y, que no ven\\u00edan otros veh\\u00edcu-los por la carretera. A pesar de ello el conductor L\\u00f3pez testi-fic\\u00f3 que no vio a Rivera Pag\\u00e1n hasta estar cerca de 8 pies de distancia de \\u00e9l. En estas circunstancias, demostrativas de la negligencia de L\\u00f3pez, no es de aplicaci\\u00f3n la doctrina de emer-gencia s\\u00fabita.\\n2. Cometi\\u00f3 error el tribunal al aplicar incorrectamente la doctrina de responsabilidad concurrente.\\nArguye la recurrente Nationwide que el Art. 1805 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5144, impone responsabilidad absoluta al due\\u00f1o o poseedor que se sirve de un animal. De ah\\u00ed concluye que no se puede dividir la responsabilidad. El argumento es especioso. Como ya vimos, las causas que provocaron el accidente fueron tanto la alta velocidad a que conduc\\u00eda L\\u00f3pez Santiago como los ataques de unos perros sueltos, siendo imputable una causa a L\\u00f3pez Santiago y otra a Ber- lingeri. Esto quiere decir que ambos fueron co-causantes de un da\\u00f1o en la proporci\\u00f3n fijada por el tribunal. El concepto \\\"absoluto\\\" en el contexto jurisprudencial del Art. 1805 mera-mente significa que no hay que probar negligencia, pero en nada impide imponerle responsabilidad en forma concurrente al co-causante de un da\\u00f1o producido en parte por un animal.\\n3. El tercer apuntamiento de Nationwide fue cubierto ade-cuadamente al discutir anteriormente el primero.\\n4. Cometi\\u00f3 error el tribunal al no permitir que el polic\\u00eda Oscar Gonz\\u00e1lez Col\\u00f3n, quien practic\\u00f3 la investigaci\\u00f3n del acci-dente y en el curso de la misma entrevist\\u00f3 al recurrido Rivera Pag\\u00e1n minutos despu\\u00e9s de ocurridos los hechos, declarara sobre las manifestaciones que espont\\u00e1neamente y contra su inter\\u00e9s le hiciera el demandante-recurrido.\\nLa recurrente Nationwide arguye que las alegadas manifestaciones que le hizo Rivera Pag\\u00e1n al polic\\u00eda investigador eran admisibles por ser parte del res gestae. Dichas manifestaciones eran admisibles, no por ser parte res gestae, sino por ser manifestaciones contra inter\\u00e9s. El tribunal de instancia debi\\u00f3 haberlas admitido y considerarlas dentro del conjunto de la prueba. El no haberlo hecho, sin embargo, no es un error que de margen a la revocaci\\u00f3n. Rivera Pag\\u00e1n es t\\u00edo abuelo del recurrido L\\u00f3pez Santiago, y es natural que al informarle al polic\\u00eda sobre el accidente quisiera en alguna forma protegerlo contra una acusaci\\u00f3n delictiva. Por otro lado, la prueba demostr\\u00f3 sin margen a dudas la negligencia en que incurri\\u00f3 L\\u00f3pez Santiago.\\n5. En el quinto apuntamiento impugna Nationwide la con-cesi\\u00f3n de $1,000 de honorarios de abogado.\\nEl apuntamiento es completamente fr\\u00edvolo.\\nLos errores apuntados en el recurso de revisi\\u00f3n del re-currente Berlingeri est\\u00e1n cubiertos debidamente en la dis-cusi\\u00f3n de los anteriores apuntamientos.\\nSe dictar\\u00e1 sentencia confirmando la sentencia recurrida.\"}"
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+"{\"id\": \"8812873\", \"name\": \"The People v. Berm\\u00fadez\", \"name_abbreviation\": \"People v. Berm\\u00fadez\", \"decision_date\": \"1909-12-16\", \"docket_number\": \"No. 216\", \"first_page\": \"828\", \"last_page\": \"828\", \"citations\": \"15 P.R. 828\", \"volume\": \"15\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:33:45.493338+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People v. Berm\\u00fadez.\", \"head_matter\": \"No. 216.\\nThe People v. Berm\\u00fadez.\\nAppeal from the District Court of Ponce.\\nDecided December 16, 1909.\\nMr. Rossy, fiscal, for respondent.\", \"word_count\": \"29\", \"char_count\": \"185\", \"text\": \"Judgment affirmed. The appellant did not appear.\"}"
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+"{\"id\": \"8812917\", \"name\": \"Dilia Barletta, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado\", \"name_abbreviation\": \"Barletta v. Tribunal Superior de Puerto Rico\", \"decision_date\": \"1970-11-02\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: O-70-55\", \"first_page\": \"379\", \"last_page\": \"384\", \"citations\": \"99 P.R. Dec. 379\", \"volume\": \"99\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:47:30.775339+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Se\\u00f1or Juez Presidente y los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Hern\\u00e1ndez Matos y Santana Becerra no intervinieron.\", \"parties\": \"Dilia Barletta, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado.\", \"head_matter\": \"Dilia Barletta, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado.\\nN\\u00famero: O-70-55\\nResuelto: 2 de noviembre de 1970\\nH\\u00e9ctor M. Laffitte, abogado de la peticionaria.\", \"word_count\": \"1451\", \"char_count\": \"8465\", \"text\": \"per curiam:\\nLa peticionaria Dilia Barletta obtuvo sen-tencia en rebeld\\u00eda en contra de los demandados Jos\\u00e9 M. Mar\\u00edn, Hiram Barletta, Mar\\u00edn Realty Co., Inc., y Universal Investment Co., Inc., por virtud de la cual el tribunal con-cluy\\u00f3 que los demandados incumplieron un contrato de venta de condominio contra\\u00eddo por ellos con la peticionaria y en tal virtud concedi\\u00f3 en concepto de da\\u00f1os la diferencia entre el precio pactado de $35,000 y el valor de la propiedad en el mercado que se determin\\u00f3 ser la suma de $52,688, siendo dicha diferencia la suma de $17,188 m\\u00e1s las costas y $1,500 de honorarios de abogado.\\nLa notificaci\\u00f3n a las partes del archivo en autos de dicha sentencia, dictada en'24 de marzo de 1969, fue realizada en 7 de abril de 1969.\\nMientras se proced\\u00eda a la ejecuci\\u00f3n de dicha sentencia, los demandados Mar\\u00edn y Barletta, por s\\u00ed y en representaci\\u00f3n de las dos corporaciones demandadas solicitaron del tribunal en 22 de septiembre de 1969 que dejase sin efecto dicha sen-tencia alegando en apoyo de la misma que su abogado hab\\u00eda dejado de radicar la contestaci\\u00f3n a la demanda en este caso sin conocimiento o consentimiento de los demandados quienes lo hab\\u00edan instruido no s\\u00f3lo a no allanarse a la demanda y a no admitirla sino, por el contrario a oponerse a la misma y negarla, por creer que tienen buenas y leg\\u00edtimas defensas; que dicho abogado no inform\\u00f3 a los demandados de la sen-tencia en cuesti\\u00f3n; que al procederse a la ejecuci\\u00f3n de la referida sentencia solicitaron de su abogado que diera los pasos para dejarla sin efecto y \\u00e9ste les asegur\\u00f3 que todo se resolver\\u00eda dentro de un procedimiento de tercer\\u00eda iniciado por el comprador de la propiedad; que no obstante los deman-dados creen que deben pedir ser relevados de dicha sentencia. Con esta moci\\u00f3n los demandados acompa\\u00f1aron una contesta-ci\\u00f3n a la demanda negando los hechos alegados en \\u00e9sta ale-gando que el contrato de venta fue suscrito por el demandado Jos\\u00e9 M. Mar\\u00edn a nombre y en representaci\\u00f3n de Ada Ligia Corporation, la due\\u00f1a del edificio en que radica el condominio en cuesti\\u00f3n.\\nNo obstante la oposici\\u00f3n radicada por la peticionaria, luego de celebrada una vista sobre la moci\\u00f3n para que se deje sin efecto la sentencia, el tribunal de instancia en 5 de diciembre de 1969 la declar\\u00f3 con lugar, dej\\u00f3 sin efecto la sentencia en cuesti\\u00f3n, admiti\\u00f3 la referida contestaci\\u00f3n y en 16 de marzo de 1970 se\\u00f1al\\u00f3 el caso para vista.\\nPor los fundamentos relacionados a continuaci\\u00f3n conclui-mos que el tribunal de instancia incidi\\u00f3 al dejar sin efecto la sentencia que dict\\u00f3 en este caso y que su resoluci\\u00f3n al efecto debe anularse.\\nLa demanda en este caso fue radicada en 21 de agosto de 1968. Seis d\\u00edas despu\\u00e9s los demandados por conducto de su abogado solicitaron una pr\\u00f3rroga de 30 d\\u00edas para contestar. En 24 de octubre de 1968 los demandados notificaron inte-rrogatorios a la demandante los que \\u00e9sta contest\\u00f3 en 13 de noviembre de 1968. El 14 de noviembre de 1968 la deman-dante solicit\\u00f3 la anotaci\\u00f3n de la rebeld\\u00eda de los demandados. Copia de esta solicitud fue notificada al abogado de los demandados. Nada hizo. Anotada la rebeld\\u00eda, se se\\u00f1al\\u00f3 la vista del caso, se\\u00f1alamiento que se notific\\u00f3 al abogado de los demandados. A solicitud de \\u00e9stos se suspendi\\u00f3 la vista del caso para el 17 de enero de 1969. En vista de que los deman-dados no comparecieron, el tribunal de instancia suspendi\\u00f3 la vista se\\u00f1al\\u00e1ndola para el 21 de febrero de 1969. A esta vista compareci\\u00f3 la demandante y present\\u00f3 su prueba en apoyo de su reclamaci\\u00f3n. Se dict\\u00f3 la referida sentencia en 24 de marzo de 1969.\\nEn la vista de la moci\\u00f3n para dejar sin efecto la sentencia en este caso no adujeron los demandados circunstancia alguna que justificase concluir que a los demandados deba relevarse de las consecuencias de los actos y omisiones de su abogado. En dicha vista \\u00e9ste no ofreci\\u00f3 excusa o explicaci\\u00f3n alguna de su omisi\\u00f3n de radicar la contestaci\\u00f3n a la demanda o de solicitar a tiempo la reapertura de la rebeld\\u00eda. Se limit\\u00f3 a testificar que \\\"debe moverse la discreci\\u00f3n de este Tribunal, no a que se deje la sentencia sin efecto, sino que se reabra el caso a los efectos que Vuestro Honor oiga la prueba a los efectos de determinar a cu\\u00e1nto ascienden los da\\u00f1os ya que los da\\u00f1os probados son exhorbitantes que no se justifican.\\\" Luego testific\\u00f3 que la due\\u00f1a del condominio era otra corpora-ci\\u00f3n no incluida entre las demandadas. En el contrato de com-praventa en cuesti\\u00f3n que obra en el expediente del caso, aparece que una parte lo fue Jos\\u00e9 M. Mar\\u00edn y la otra la peticionaria. Sin embargo, aparece firmado por Hiram Bar-letta como el vendedor de la propiedad. El hecho de que Ada Ligia Corporation fuese due\\u00f1a de la propiedad vendida no aparece de dicho contrato cuyo incumplimiento da lugar a la acci\\u00f3n en este caso.\\nEl demandado Jos\\u00e9 M. Mar\\u00edn testific\\u00f3 en s\\u00edntesis que confi\\u00f3 el caso a su abogado; que \\u00e9ste no sigui\\u00f3 sus instruc-ciones con respecto al mismo; que no tuvo conocimiento de lo ocurrido en el mismo de parte de su abogado y s\\u00ed de otras fuentes cuando se estaba ejecutando la sentencia. No aparece del r\\u00e9cord explicaci\\u00f3n alguna de porqu\\u00e9 no se contest\\u00f3 a tiempo la demanda. Tal hecho se aleg\\u00f3 por primera vez en la contestaci\\u00f3n que se uni\\u00f3 a la moci\\u00f3n para dejar sin efecto la sentencia cuando ya \\u00e9sta estaba en proceso de ejecutarse, de todo lo cual se notific\\u00f3 al abogado de los demandados. Cele-brada la vista en esta \\u00faltima fecha sin la comparecencia de los demandados, el tribunal de instancia dict\\u00f3 la sentencia resumida previamente.\\nLa moci\\u00f3n de los demandados para que se deje sin efecto la referida sentencia se basa en que su abogado dej\\u00f3 de radicar la contestaci\\u00f3n a la demanda sin el conocimiento de los demandados; que dicho letrado no les inform\\u00f3 de dicha sentencia; y que descansaron de buena fe en que su abogado seguir\\u00eda sus instrucciones y nunca tuvieron motivos para creer que se actuar\\u00eda en sentido opuesto a las mismas. Tal solicitud no cumple con los requisitos establecidos pol-la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.\\nEn la vista de la moci\\u00f3n en cuesti\\u00f3n compareci\\u00f3 el abo-gado de los demandados pero no ofreci\\u00f3 explicaci\\u00f3n o excusa alguna por su falta de actuaci\\u00f3n en el caso en beneficio de los demandados a quienes representaba. De acuerdo con la minuta de dicha vista en la misma s\\u00f3lo testific\\u00f3 el demandado Jos\\u00e9 M. Mar\\u00edn.\\nEn D\\u00edaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966), dijimos que:\\n\\\"3. \\u2014 Por regla general, y en ausencia de circunstancias que justifiquen lo contrario, todo litigante que escoge libremente a un abogado para que lo represente en un litigio no puede evitar las consecuencias de los actos y omisiones de tal agente y debe considerarse que ha tenido aviso de todos los hechos y actos que le han sido notificados a su abogado. Link v. Wabash Railroad Co., supra; Deep South Oil Company of Texas v. Metropolitan Life Ins. Co., 310 F.2d 933 (2d Cir. 1962).\\\"\\nEn vista de lo expuesto, concluimos que no exist\\u00eda justificaci\\u00f3n alguna para dejar sin efecto la sentencia dictada en este caso y, por lo tanto, se anular\\u00e1 la resoluci\\u00f3n del tribunal de instancia a ese efecto dictada en 5 de diciembre de 1969 y se restablecer\\u00e1 la referida sentencia en toda su fuerza y vigor.\\nEl Se\\u00f1or Juez Presidente y los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Hern\\u00e1ndez Matos y Santana Becerra no intervinieron.\\nDispone la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil que:\\n\\\"Mediante moci\\u00f3n y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podr\\u00e1 relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:\\n\\\"(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;\\n\\\"(2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo a la Regla 48;\\n\\\"(3) Fraude . . . falsa representaci\\u00f3n u otra conducta impropia de una parte adversa;\\n\\\"(4) Nulidad de la sentencia;\\n\\\"(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no ser\\u00eda equitativo que la sentencia continuara en vigor; o\\n\\\"(6) Cualquier otra raz\\u00f3n que justifique la concesi\\u00f3n de un remedio contra los efectos de una sentencia.\\\"\"}"
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Juan Riu, Superior del Oratorio San Juan Rosco, instituci\\u00f3n de la Iglesia Cat\\u00f3lica, sito en Santurce, P. R., envi\\u00f3 por correo a la Sra. Elisa P\\u00e9rez de Serra, aqu\\u00ed demandante, a su residencia en Gu\\u00e1nica, P. R., una carta circular mimeografiada fechada a primero de junio de ese mismo a\\u00f1o y un libro de diez boletos de a d\\u00f3lar cada uno para una rifa que se tirar\\u00eda, seg\\u00fan reza dicha carta, el 4 de julio de 1954. La mencionada carta circular, que est\\u00e1 firmada por el Padre Riu, explica que los se\\u00f1ores sacerdotes estaban allegando fondos para los fines religiosos del Oratorio y a\\u00f1ade. \\\"Para ello contamos con el \\u00e9xito de una rifa, que . . . estamos decididos a tirar en julio 4.\\\"\\nLos premios de la rifa ser\\u00edan una \\\"sortija de brillante valorada en $8,000.00\\\", un \\\"cuadro pintado a mano\\\", un radio y un rosario de plata. Dichos premios corresponder\\u00edan, en ese orden, a las personas que tuviesen en su poder los boletos con \\\"los n\\u00fameros correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto premios de la Loter\\u00eda Extraordi-naria de Puerto Rico, del d\\u00eda 4 de julio de 1954\\\", seg\\u00fan expresan los boletos.\\nLa demandante decidi\\u00f3 comprar los boletos pero tuvo que esperar hasta fines del mes de junio, cuando su esposo cobrar\\u00eda su sueldo, para poder enviarle los $10.00, importe de los boletos, al Padre Riu a San Juan. Lleg\\u00f3 el cheque del esposo, se cambi\\u00f3 el mismo y el d\\u00eda dos de julio la deman-dante fue a Yauco para enviar el dinero a San Juan con una persona conocida de ella. Esta persona era el se\\u00f1or William Oliveras, condue\\u00f1o de una l\\u00ednea de carros p\\u00fablicos que viajaban diariamente de Yauco a San Juan. Oliveras guard\\u00f3 el dinero en su escritorio con el prop\\u00f3sito de llevarlo al otro d\\u00eda, d\\u00eda tres de julio, a San Juan, al Padre Riu. Ten\\u00eda para esa fecha Oliveras un familiar muy enfermo en Ponce, el cual muri\\u00f3 y con ese motivo a Oliveras se le olvid\\u00f3 el encargo de la Sra. Serra. El dinero se qued\\u00f3 guardado en su escritorio en Yauco.\\nSe tir\\u00f3 la loter\\u00eda el d\\u00eda 4; se enter\\u00f3 do\\u00f1a Elisa que su boleto era el ganador del brillante de $8,000.00, pero tam-bi\\u00e9n se enter\\u00f3 de que a Oliveras se le hab\\u00eda olvidado hacer llegar el dinero al Padre. Para demostrar al Padre que ella hab\\u00eda entregado el dinero a Oliveras el d\\u00eda dos de julio, antes de tirarse la rifa y no despu\\u00e9s, do\\u00f1a Elisa Serra se person\\u00f3 en el Oratorio en Santurce, acompa\\u00f1ada del propio Oliveras. Le explicaron lo sucedido al Padre Riu y le hicieron entrega de los $10.00 en pago de los boletos, dinero que el Padre acept\\u00f3. En esa ocasi\\u00f3n el Padre le dijo a la demandante que le entregar\\u00eda el brillante, pero que no lo ten\\u00eda all\\u00ed en el Oratorio sino en un banco en San Juan; que pasados dos d\\u00edas se lo entregar\\u00eda. Se qued\\u00f3 la demandante en San Juan y transcurridos los dos d\\u00edas llam\\u00f3 al sacerdote con miras a recoger el brillante. Entonces el Padre le inform\\u00f3 que no se lo entregar\\u00eda porque el asunto estaba en manos de un abogado y de una comisi\\u00f3n. Esa misma semana el Reve-rendo envi\\u00f3 al abogado y a dos personas m\\u00e1s a visitar a la demandante para devolverle los $10.00 y para ratificarle que no le entregar\\u00edan el premio. La demandante rehus\\u00f3 aceptar el dinero.\\nAunque renuente a \\\"llegar a ese extremo,\\\" pero \\\"como el Padre me dijo que \\u00e9l ten\\u00eda un abogado,\\\" declar\\u00f3 la deman- dante, ella tambi\\u00e9n se busc\\u00f3 el suyo. Acompa\\u00f1ada de su abogado la demandante fue a ver al Padre de nuevo. En esa entrevista el Padre le pidi\\u00f3 \\\"pruebas\\\" de que ella era la ganadora. En cumplimiento de esa solicitud la demandante trajo de Yauco a San Juan, a ver al Padre, a las cuatro per-sonas que estaban presentes en la oficina de Oliveras en Yauco el dos de julio cuando ella le entreg\\u00f3 el dinero a Olive-ras para que \\u00e9l lo llevase al Padre. Esas personas eran el propio William Oliveras, su secretario Pablo Mercado, y dos se\\u00f1oras clientes de la l\\u00ednea de carros de Oliveras (Ana P\\u00e9rez y Adelina Santiago). Le volvieron a explicar al sacerdote lo ocurrido y le informaron que esos cuatro testigos hab\\u00edan hecho declaraciones juradas al efecto. Tambi\\u00e9n la deman-dante entreg\\u00f3 al Padre Riu una carta de recomendaci\\u00f3n del p\\u00e1rroco de Arecibo quien le hab\\u00eda casado a ella y a su esposo hac\\u00eda dieciocho a\\u00f1os; le trajo otras cartas de recomendaci\\u00f3n y \\\"el n\\u00famero del peri\\u00f3dico\\\" al cual nos referiremos en breve. A pesar de los testigos y de las cartas el Padre se ratific\\u00f3 en su decisi\\u00f3n de no entregar el premio.\\nLa loter\\u00eda se tir\\u00f3, como hemos dicho, el d\\u00eda 4 de julio. De la prueba surge adem\\u00e1s lo siguiente. La demandante y Oliveras le entregaron el dinero importe de los boletos al Padre Riu el siete o el ocho de julio. Con fecha de 14 de julio el Padre Riu envi\\u00f3 a los compradores de los boletos de la rifa una carta circular mimeografiada y firmada por \\u00e9l, en la cual informaba sobre los ganadores de los premios. Aparece en dicha carta con el n\\u00famero uno, la demandante Do\\u00f1a Elisa P\\u00e9rez de Serra, de Gu\\u00e1nica. Adem\\u00e1s informa la carta que \\\"fueron tambi\\u00e9n obsequiados con sendos televisores\\\" dos personas: Do\\u00f1a Demetria Rodr\\u00edguez y el Dr. Manuel Garc\\u00eda Estrada. Tambi\\u00e9n el 17 de julio se public\\u00f3 en el peri\\u00f3dico \\\"El Mundo\\\" de San Juan una nota del Oratorio San Juan Bosco en la cual se informa sobre los ganadores de la \\\"acti-vidad\\\" del 4 de julio y se menciona en primer lugar a Do\\u00f1a Elisa P\\u00e9rez de Serra, de Gu\\u00e1nica. Tambi\\u00e9n se menciona, entre otros favorecidos, al Dr. Manuel Garc\\u00eda Estrada.\\nEn el acto del juicio el Dr. Manuel Garcia Estrada fue uno de los testigos de los demandados. Su participaci\\u00f3n en los hechos consisti\\u00f3 en que \\u00e9l fue uno de los miembros de la comisi\\u00f3n que fue a visitar a la demandante de parte del Padre Riu para devolverle los diez d\\u00f3lares a ella. Luego de prestar declaraci\\u00f3n el Dr. Garc\\u00eda Estrada, en la repregunta, el abogado de la demandante le pregunt\\u00f3 al doctor si \\u00e9l hab\\u00eda recibido el televisor que seg\\u00fan la carta circular del Padre Riu del 14 de julio \\u00e9l se hab\\u00eda ganado. La respuesta del doctor fue la siguiente: \\\"Primera noticia del televisor. Yo no he recibido ni el televisor ni el aviso del Padre Riu ni nada.\\\"\\nFinalmente, al fracasar todas las tentativas de persua-si\\u00f3n de la demandante, \\u00e9sta interpuso acci\\u00f3n civil en el Tribunal Superior solicitando que se condene a los demandados a entregarle la sortija de brillante valorada en $8,000.00 o esa suma en dinero, m\\u00e1s las costas y honorarios de abogado. Declarada con lugar la demanda por el tribunal de instancia recurren ante nos los demandados, el Padre Riu y la Sociedad Salesiana, e imputan a dicho tribunal la comisi\\u00f3n de seis errores. A continuaci\\u00f3n transcribimos verbatim el primer error se\\u00f1alado: \\\"El Tribunal inferior incurri\\u00f3 en grave y fundamental error al denegar la moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n, la moci\\u00f3n sobre sentencia sumaria y la defensa especial alegada en la contestaci\\u00f3n, basadas todas en que el Tribunal no tiene jurisdicci\\u00f3n para entender en este caso, ya que expresamente le est\\u00e1 vedado por ley por raz\\u00f3n de la materia, y en que por igual motivo la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acci\\u00f3n.\\\"\\nEn otras palabras, la cuesti\\u00f3n planteada ante nosotros es \\u00bfPueden los tribunales prestarle el auxilio que solicita la demandante? \\u00bfSer\\u00eda eso compatible con nuestro deber de sostener las leyes? \\u00bfEs ello posible en vista de la ley expresa vigente? Veamos la naturaleza del contrato celebrado entre las partes y cual es la situaci\\u00f3n de derecho respecto al mismo.\\nLas rifas, loter\\u00edas y dem\\u00e1s juegos de azar est\\u00e1n prohibi-dos por ley. S\\u00f3lo est\\u00e1n permitidos algunos por v\\u00eda de excep-ci\\u00f3n y en estos casos la Asamblea Legislativa ha tenido razones de orden p\\u00fablico para as\\u00ed hacerlo. El Art\\u00edculo 291 de nuestro C\\u00f3digo Penal dispone que:\\n\\\"Se entiende por loter\\u00eda, para los efectos de este c\\u00f3digo, cualquier plan para la disposici\\u00f3n o distribuci\\u00f3n de dinero o bienes por suerte, entre personas que hayan pagado o prometido pagar cualquier precio o compensaci\\u00f3n por correr la aventura de obtener dichos objetos o parte de ellos, o cualquiera acci\\u00f3n o inter\\u00e9s en los mismos, en virtud de alg\\u00fan acuerdo, inteligen-cia, o esperanza de que habr\\u00e1n de distribuirse por suerte, ll\\u00e1mese loter\\u00eda, rifa, empresa de regalos o por cualquier otro nombre.\\\" [\\u00c9nfasis suplido.] 33 L.P.R.A. see. 1211.\\nEn el art\\u00edculo siguiente (Art. 292) dispone dicho c\\u00f3digo que \\\"Toda persona que inventare, preparare, estableciere o jugare cualquier loter\\u00eda, ser\\u00e1 reo de delito menos grave.\\\" En cuanto a la venta de boletos de loter\\u00eda el C\\u00f3digo Penal expresa que:\\n\\\"Todo el que vendiere, cediere, o en cualquiera forma supliere o traspasare a otro o para un tercero, alg\\u00fan billete, suerte, acci\\u00f3n o inter\\u00e9s, o alg\\u00fan papel, certificado o instrumento que se presumiere o entendiere ser o representar alg\\u00fan billete, suerte o acci\\u00f3n, o inter\\u00e9s en cualquiera loter\\u00eda, o que dependiere del resultado de la misma, ser\\u00e1 reo de delito menos grave.\\\" Art. 293; 33 L.P.R.A. sec. 1213.\\nTambi\\u00e9n ser\\u00e1 reo de delito menos grave todo el que ayu-dare a establecer, dirigir o jugar una loter\\u00eda (Art. 294) y los valores y objetos ofrecidos para su reparto en contravenci\\u00f3n de las citadas disposiciones, ser\\u00e1n confiscados. Art\\u00edculo 297; 33 L.P.R.A. sees. 1214 y 1217.\\nNo hay duda de que la rifa que motiv\\u00f3 este caso cae den-tro de los t\\u00e9rminos del citado Art\\u00edculo 291 del C\\u00f3digo Penal, el cual define la \\\"loter\\u00eda\\\" que los subsiguientes Art\\u00edculos 292 al 298 del mismo c\\u00f3digo proh\\u00edben. Comprende la rifa que aqu\\u00ed consideramos un \\\"plan para la disposici\\u00f3n o distribu- ci\\u00f3n\\\" de \\\"bienes por suerte, entre personas que hayan pagado o prometido pagar\\\" un precio \\\"por correr la aventura de obtener dichos objetos o parte de ellos\\\" en virtud de un acuerdo o esperanza de que habr\\u00e1n de distribuirse por suerte.\\\" Adem\\u00e1s de que dicha rifa cae dentro del articulado del C\\u00f3digo que la prohibe, concurren en ella los tres elementos que tradicionalmente han sido considerados por la jurispru-dencia como esenciales para que exista la loter\\u00eda o juego de azar prohibido por los estatutos. Estos tres elementos son (1) el premio, (2) el azar o suerte por medio del cual se gana el premio y (3) el pago o prestaci\\u00f3n (\\\"consideration\\\") que se hace o se promete para tener derecho a participar en la rifa o loter\\u00eda. En el caso de autos est\\u00e1n claramente pre-sentes esos tres elementos esenciales, los cuales expresados en ese mismo orden son (1) la sortija con diamante, (2) el azar de poseer o no el boleto con el n\\u00famero correspondiente al primer premio de la Loter\\u00eda de Puerto Rico y (3) el d\\u00f3lar que se pagaba por cada boleto de la rifa. Pueblo v. Swiggett, 37 D.P.R. 911, 915 (1928).\\nEn el mismo sentido que acabamos de expresar pueden verse los siguientes casos interpretativos del Art. 319 del C\\u00f3digo Penal de California, art\\u00edculo que es igual al Art. 291 de nuestro C\\u00f3digo y del cual el nuestro procede. People v. Postma, 160 P.2d 221 (1945); People v. Gonz\\u00e1lez, 144 P.2d 605 (1944); People v. Babdaty, 30 P.2d 634 (1934); People v. Cardas, 28 P.2d 99 (1934); People v. Hecht, 3 P.2d 399 (1931).\\nEl asunto est\\u00e1 establecido por la jurisprudencia hasta la saciedad. F.C.C. v. American Broadcasting Co., 347 U.S. 283, 98 L. Ed. 699, 706 (1954) (J. Pres. Warren); Homer v. U. S., 147 U.S. 449, 37 L.Ed. 237, 241 (1893); Affiliated Enterprises v. Truber, 86 F.2d 958, 959 (1959); J. C. Martin Corp. v. F. T. C., 242 F.2d 530, 533, (1957); U. S. v. 83 Cases of Marchandise, 29 F. Supp. 912, 914 (1939); Affiliated Enterprises v. Rock-Ola Mfg. Corp., 23 F. Supp. 3, 5-7 (1937); Central States Theater Corp. v. Patz, 11 F. Supp. 566, 568 (1935); State v. Jones, 107 P.2d 324, 326 (1940); Iowa v. Hundling, 264 N. W. 608, 609 (1936); Anotaciones en 96 L. Ed. 312, 313-314; 113 A.L.R. 1121; 109 A.L.R. 709; 103 A.L.R. 866; 60 A.L.R. 349; 57 A.L.R. 424; y 48 A.L.R. 1116.\\nSi en cualquier actividad coinciden los tres elementos (premio, azar y pago) que juntos constituyen el juego pro-hibido por la ley, la misma cae dentro de la prohibici\\u00f3n esta-tutaria no importa el nombre que se le de o atribuya a dicha actividad (loter\\u00eda, rifa, regalo, etc.). Holmes v. Saunders, 250 P.2d 269, 270 (1952); Grimes v. State, 178 So. 69 (1937), cert. denegado 178 So. 73; State v. Wonk Took, 265 P. 459 (1928); State v. Danz, 250 P. 37 (1926). Y si la actividad transgrede la ley no queda legalizada porque sus motivos reales o alegados sean o parezcan buenos, ya sean estos caritativos, religiosos, de promoci\\u00f3n comercial, etc. Fairchild v. Schanke, 113 N. E.2d 159, 163 (1953); Commonwealth v. Malco-Memphis Theatres, 169 S.W.2d 596 (1943); People v. Kiefer, 16 N.Y. S.2d 858 (1940) State ex rel Trampe v. Multerer, 289 N.W. 600 (1940); Harriman Institute v. Carrie, 84 P.2d 1088 (1938). Tampoco es necesario que resulte ganancia o lucro. Pueblo v. Mart\\u00ednez, 23 D.P.R. 228, 230 (1915). Ni es relevante que la \\\"loter\\u00eda\\\" prohibida se jugase en combinaci\\u00f3n con la de Puerto Rico o con la de otro pa\\u00eds. Pueblo v. Sierra, 49 D.P.R. 510, 513 (1936).\\nResultando del anterior an\\u00e1lisis que en este caso se trata de una rifa o loter\\u00eda prohibida por la ley, nos resta ver cual es la situaci\\u00f3n de los litigantes ante el Derecho.\\nComienza nuestro C\\u00f3digo Civil con unas disposiciones preliminares que porque se presumen tan conocidas suelen a veces olvidarse. A manera de introducci\\u00f3n a lo que m\\u00e1s adelante vamos a decir conviene que expresemos aquellos de esos principios que son pertinentes a este caso: La igno-rancia de las leyes no excusa de su cumplimiento; son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley; las leyes s\\u00f3lo se derogan por otras leyes posteriores y no prevalecer\\u00e1 contra su observancia el desuso, la costumbre, o la pr\\u00e1ctica en contrario; es cuando no haya ley aplicable que el tribunal todos . . . C\\u00f3digo Civil, Art\\u00edculos 2, 4, 5, 7 y 22; 31 L.P.R.A. secciones 2, 4, 5, 7 y 22 respectivamente.\\nContra ese trasfondo y a la luz de las disposiciones del C\\u00f3digo Penal antes discutidas examinemos las disposiciones espec\\u00edficas del C\\u00f3digo Civil que determinan la soluci\\u00f3n de este caso.\\n\\\"La ley no concede acci\\u00f3n para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar,\\\" dispone en lo pertinente nuestro C\\u00f3digo Civil en su Art\\u00edculo 1698. 31 L.P.R.A. see. 4771. La disposici\\u00f3n citada se refiere a los juegos prohi-bidos; el propio C\\u00f3digo aclara en su art\\u00edculo 1701 que \\\"El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente.\\\" Es tan fuerte la pol\\u00edtica p\\u00fablica con-tenida en el Art. 1698 antes citado que aun en este caso de excepci\\u00f3n del Art. 1701 el propio art\\u00edculo 1701 a\\u00f1ade que \\\"la autoridad judicial puede, sin embargo, no estimar la demanda cuando la cantidad que se cruz\\u00f3 en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la obligaci\\u00f3n en lo que excediere de los usos de un buen padre de familia.\\\" 31 L.P.R.A. see. 4774.\\nLos art\\u00edculos del cap\\u00edtulo de nuestro C\\u00f3digo Civil que trata sobre esta materia de juego y apuestas son iguales a los del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol, de donde proceden. Se\\u00f1ala Puig Pe\\u00f1a comentando estos art\\u00edculos, que en general las legislaciones han adoptado un temperamento ecl\\u00e9ctico, per-mitiendo, y hasta fomentando, los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo y prohibiendo los de azar o estricta suerte. Discutiendo una situaci\\u00f3n parecida a la de autos el mismo autor expresa:\\n\\\"Si el jugador, en un juego prohibido, pierde y no paga, podr\\u00e1 tener un reproche de su conciencia o, si se quiere, del c\\u00edrculo social en que vive; pero sabe que en el plano jur\\u00eddico est\\u00e1 libre de reclamaci\\u00f3n. Terminantemente dice el art\\u00edculo 1798 que la ley no concede acci\\u00f3n para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar. El incumplimiento, pues, est\\u00e1 desprovisto de un recurso jur\\u00eddico para restaurar el 'orden' perturbado. Y es que hay una causa torpe para ambas partes, y adem\\u00e1s de tipo penal, seg\\u00fan dijimos, y cuando la nulidad de una obligaci\\u00f3n provenga de ser il\\u00edcita la causa u objeto del con-trato, si el hecho constituye un delito o falta com\\u00fan a ambos contratantes carecer\\u00e1n de toda acci\\u00f3n entre s\\u00ed.\\\" Puig Pe\\u00f1a, obra citada, p. 475.\\nPuig Brutau lo expresa lac\\u00f3nicamente: \\\"el ordenamiento jur\\u00eddico no interviene para obligar a pagar una deuda de juego...\\\" S\\u00e1nchez Rom\\u00e1n se\\u00f1ala que la ley civil es con-cordante con la penal, que prohibe los juegos de suerte o azar, al no conceder acci\\u00f3n para reclamar lo que se gana en un juego de esta clase. Cast\\u00e1n reitera el concepto contenido en el art. 1798 espa\\u00f1ol (que es id\\u00e9ntico al 1698 puertorri-que\\u00f1o) en el sentido de que la ley no concede acci\\u00f3n para reclamar lo que se gane en un juego de azar y a\\u00f1ade que resulta absurdo que siendo el juego prohibido una instituci\\u00f3n antijur\\u00eddica se le pueda considerar siquiera fuente de obliga-ciones naturales.\\nManresa escribe: \\\"Hall\\u00e1ndose prohibidos por la ley los juegos de suerte, envite o azar, es evidente que la ley no pod\\u00eda autorizar que los mismos dieran acci\\u00f3n para reclamar eficazmente lo ganado en un juego de dicha clase, y por eso no pod\\u00eda dejar de consignar el C\\u00f3digo el precepto contenido en la primera parte del art\\u00edculo 1.798, pues lo contrario hubiera sido incurrir en innegable contradicci\\u00f3n.\\\" Con-cluye dicho autor que \\\"siendo nulo el acto por ser contrario a la ley que prohibe tales juegos y apuestas, no puede produ-cir obligaci\\u00f3n ni efecto jur\\u00eddico alguno.\\\" Se\\u00f1ala que hay acuerdo casi universal en la legislaci\\u00f3n de los pueblos cultos, y en sus concordancias menciona los c\\u00f3digos europeos e hispanoamericanos que contienen sobre el particular pre-ceptos iguales o similares a los del nuestro. Manresa, obra citada, p\\u00e1gs. 56-60.\\nScaevola se manifiesta de acuerdo con Laurent, al \\u00e9ste comentar el C\\u00f3digo Civil franc\\u00e9s y con Giorgi al \\u00e9ste refe-rirse al italiano, y expresa que en estos casos la demanda debe ser rechazada a limine, de plano, cuando el juego sea notoriamente il\\u00edcito, pues, dice, \\\"no debemos exponer a los Tribunales de justicia como juguetes o entretenimiento de demandas claramente il\\u00edcitas, ni que siquiera cupiese el allanamiento a ellas, porque los Tribunales no podr\\u00edan reco-nocerlo: se trata de cuesti\\u00f3n de orden publico\\\"\\nAdem\\u00e1s del art. 1698, antes citado, hay otros art\\u00edculos del C\\u00f3digo Civil que tambi\\u00e9n se expresan con ejemplar claridad al respecto. El art. 1207 dispone que \\\"Los contra-tantes pueden establecer los pactos, cl\\u00e1usulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden publico.\\\" [\\u00c9nfasis su\\\\plido.] 31 L.P.R.A. see. 3372. El 1227: \\\"Los contratos sin causa, o con causa ilicita, no producen efecto alguno. Es il\\u00edcita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral\\\" [\\u00c9nfasis suplido.] 31 L.P.R.A. sec. 3432. Y el 1257, en su parte pertinente: \\\"Cuando la nulidad provenga de ser il\\u00edcita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta com\\u00fan a ambos contratantes, carecer\\u00e1n de toda acci\\u00f3n entre s\\u00ed, y se proceder\\u00e1 contra ellos, d\\u00e1ndose adem\\u00e1s a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicaci\\u00f3n prevenida en el C\\u00f3digo Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta.\\\" [\\u00c9nfasis suplido.] 31 L.P.R.A. sec. 3516.\\nEn Pueblo v. Medina, 19 D.P.R. 709 (1913) a la p\\u00e1gina 711, este Tribunal, por voz del Juez Asociado entonces Sr. del Toro, dijo: \\\"Es cierto que el juego de loter\\u00eda... est\\u00e1 prohibido por la ley en Puerto Rico, y es cierto tambi\\u00e9n que la ley no concede acci\\u00f3n para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar, y que es una regla bien esta-blecida que en transacciones con motivo de loter\\u00edas, como generalmente en todos los contratos ilegales, las cortes dejar\\u00e1n a las partes en la misma situaci\\u00f3n en que se encuentren y no les prestar\\u00e1n su ayuda para obtener el cumplimiento o la rescisi\\u00f3n del contrato... ya que el poder de la justicia no va a emplearse en ayudar a un individuo a conseguir el fruto de una transacci\\u00f3n il\\u00edcita . . [Citas omitidas.] En igual sentido que el caso de Medina, supra, y trat\\u00e1ndose tambi\\u00e9n de loter\\u00eda prohibida bajo el estatuto de California, que como hemos dicho es igual al nuestro, vide People v. Lain, 134 P.2d 284 (1943); People v. Rosen, 78 P.2d 727 (1938), 116 A.L.R. 991; y Holmes v. Saunders, supra.\\nAunque cuando una persona ha aceptado los beneficios derivados de un contrato, \\u00e9sta puede estar impedida de atacar la existencia, validez y efecto del mismo, una excep-ci\\u00f3n bien reconocida a esa regla es que cuando el contrato es nulo por ser contrario a la pol\\u00edtica p\\u00fablica, la persona que ha aceptado un beneficio bajo el mismo no estar\\u00e1 impedida de defenderse de dicho contrato al tratarse de poner en vigor contra ella. Pag\\u00e1n v. Sucn. Padilla, 42 D.P.R. 968, 975 (1931); S\\u00e1nchez v. Coll, 69 D.P.R. 925, 928 y 929 (1949):\\nAl enviarse por correo los boletos de la rifa y la carta circular ofreciendo los boletos, probablemente se cometi\\u00f3 un delito federal y se viol\\u00f3 una disposici\\u00f3n de ley que castiga el enviar por correo cartas, circulares y publicaciones relativas a cualquier loter\\u00eda o plan similar que ofrezca premios a base de suerte o azar. 62 Stat. 762, c. 645, Junio 25, 1948, 18 U.S.C.A. sec. 1302; Anotaci\\u00f3n en 96 L. ed. 312, \\\"Offenses against the mails: ivhat is a lottery or similar scheme 72 C.J.S., Post Office, sec. 53... Sobre el particular nada tenemos que resolver.\\nEn vista de que el contrato que en esta acci\\u00f3n se pretende que pongamos en vigor es ilegal y de que nuestra ley civil mediante varias disposiciones expl\\u00edcitas y claras determina que en esas circunstancias la ley no concede acci\\u00f3n, o como dice Puig Brutau, el ordenamiento jur\\u00eddico no interviene, resolvemos que se cometi\\u00f3 el primer error se\\u00f1alado y que debe revocarse la sentencia apelada. Los litigantes han incurrido en una conducta prohibida por la ley y no podemos nosotros auxiliarlos para que perfeccionen su transgresi\\u00f3n. Adem\\u00e1s, ser\\u00eda un contrasentido que por un lado la ley declarase delito p\\u00fablico un acto y por otro lado los tribunales compeliesen a su consumaci\\u00f3n. Prima facie esta decisi\\u00f3n puede parecer dura y legalista pero no lo es porque no est\\u00e1 basada en inconsecuentes sutilezas de derecho sino en nues-tro inevitable deber de sostener las leyes y de darle vigencia a una premisa que va al propio meollo del sistema de ley en que vivimos \\u2014 aquella que precept\\u00faa que la ley es igual para todos. En cuanto a la demandante, recordemos que habiendo ley aplicable no podemos recurrir a equidad y adem\\u00e1s, que trat\\u00e1ndose, como se trata, de una cuesti\\u00f3n de orden p\\u00fablico, tambi\\u00e9n hay una equidad que le debemos a la comunidad en general. La equidad de uno no puede basarse en la negaci\\u00f3n de la justicia para los dem\\u00e1s.\\nNo es necesario discutir los otros errores se\\u00f1alados. Se revocar\\u00e1 la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 6 de mayo de 1957.\\nNo es necesario continuar la cita de autoridades al respecto. En 54 C.J.S., \\\"Lotteries\\\", see, 2, escolio 14, puede verse citas de abundante jurisprudencia resolviendo en el mismo sentido que la anteriormente citada, procedente de Ala., Ariz., Cal., Conn., Del., D.C., P\\u00eda., Ga., Iowa, Mass., Mich., Minn., Miss., Mo., Mont., Neb., N.H., N.Y., Okl., Or,. Pa., R.I., S.C., Tenn., Tex., Wash., W.Va., y Wis.\\nFederico Puig Pe\\u00f1a, Tratado de Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Madrid, 1951, tomo 4, vol. 2, p. 470.\\nJos\\u00e9 Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1956, Tomo 2, Vol. 2, p. 520.\\nFelipe S\\u00e1nchez Rom\\u00e1n, Estudios de Derecho Civil, 2da. ed., tomo 4, p. 824.\\nJos\\u00e9 Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Com\\u00fan y Foral, 84 ed., 1956, tomo 4, p. 680.\\nJos\\u00e9 Ma. Manresa y Navarro, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, 5ta. ed., 1951, Tomo 12, p. 44.\\nManresa, obra citada, p. 53.\\nScaevola, C\\u00f3digo Civil, Madrid, 1953, tomo 28, p. 154.\"}"
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Predomina lo que dicho autor caracteriza como \\\"Derecho resultante de la casu\\u00edstica profesional [que] representa el elemento verda-deramente creador y que impulsa la evoluci\\u00f3n de los sistemas jur\\u00eddicos.\\\" El caso de autos rebasa sus hechos sencillos, para poner de manifiesto la realidad antes expuesta. Veamos^.\\nLa demandante recurrente, Futurama Import Corp., im-port\\u00f3 por la v\\u00eda a\\u00e9rea de Italia un cargamento de ropa de mu-jer. La mercanc\\u00eda fue llevada a Nueva York por la l\\u00ednea Iberia. All\\u00ed fue descargada y m\\u00e1s tarde transportada a Puerto Rico por la Trans Caribbean Airways, aqu\\u00ed demandada recu-rrida. En el \\u00cdnterin en que la mercanc\\u00eda estuvo en Nueva York, parte de la carga se da\\u00f1\\u00f3 por haber quedado expuesta a la lluvia antes de ser cargada en el avi\\u00f3n de la demandada.\\nLa firma importadora estim\\u00f3 el valor de la mercanc\\u00eda da\\u00f1ada en $5,565.60. El tribunal de instancia acept\\u00f3 esa cifra como correcta. Un inspector o ajustador de seguros, quien 35 d\\u00edas despu\\u00e9s de recibida la mercanc\\u00eda en Puerto Rico fue a estimar la p\\u00e9rdida, no pudo hacerlo porque la importa-dora le inform\\u00f3 que la hab\\u00eda rematado por $350.\\nLa mercanc\\u00eda hab\\u00eda sido asegurada en Italia con la Riu-nione Adri\\u00e1tica, una compa\\u00f1\\u00eda aseguradora de aquel pa\\u00eds, la cual pag\\u00f3 a Futurama la mitad de la p\\u00e9rdida. Futurama re-clam\\u00f3 a Trans Caribbean Airways la otra mitad y en vista de que \\u00e9sta se rehus\\u00f3 a pagar, le demand\\u00f3 por la totalidad de la p\\u00e9rdida.\\nEn su sentencia original el tribunal de instancia con-den\\u00f3 a la demandada a pagar el total de la p\\u00e9rdida menos los $350 que Futurama hab\\u00eda recobrado al vender la mercanc\\u00eda da\\u00f1ada, lo que arroj\\u00f3 un balance de $5,215.60. Previa moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n de la demandada Trans Caribbean Airways, el tribunal de instancia, en sentencia enmendada, reconsider\\u00f3 y redujo la sentencia a $2,432.80. Dicha cifra es el resul-tado de haberle restado los $2,782.80 que la demandante hab\\u00eda recibido de la compa\\u00f1\\u00eda aseguradora italiana.\\nInvocando la aplicaci\\u00f3n de la doctrina de la fuente co-lateral \\\"collateral source doctrine\\\" la recurrente argumenta que debi\\u00f3 mantenerse la cifra original de $5,215.60. Si bien los hechos particulares del caso nos convence que debemos confirmar la sentencia recurrida, es necesario una breve ex\\u00e9gesis al respecto.\\nReiteramos la vigencia en nuestra jurisdicci\\u00f3n de dicha doctrina, que como regla general impide al causante de un da\\u00f1o deducir del importe de la indemnizaci\\u00f3n de la cual responde, la compensaci\\u00f3n o beneficios que haya recibido el perjudicado de una tercera persona o entidad, esto es, de una fuente no relacionada con el demandado, denominada \\\"collateral source rule\\\". Constituye la norma que aplic\\u00e1ramos en los casos de Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956 ); Pereira v. Commercial Transport Co., 70 D.P.R. 641 (1949) y Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942), en que sostuvimos el derecho de una parte a reclamar unos salarios por lucro cesante, no em-pece hab\\u00e9rselos pagado su patrono, por estimar que se trata-ban de unas donaciones que no pod\\u00edan beneficiar al demandado. El pago de salarios durante vacaciones o enfermedad del em-pleado se reconoce por razones distintas a las que dan lugar a una compensaci\\u00f3n por negligencia. Los salarios se originan en un contrato de trabajo, y en caso de ausencia por acciden-te hasta podr\\u00edan tener car\\u00e1cter de bonificaci\\u00f3n o donaci\\u00f3n a un buen empleado para beneficio de su familia que depende de ese ingreso; no es una compensaci\\u00f3n propiamente dicha. Un an\\u00e1lisis de la abundante literatura sobre esta doctrina, de-muestra que la misma descansa sobre fundamentos racionales y l\\u00f3gicos, que si bien a veces resultan complejos, no necesaria-mente anulan su eficacia y la variedad de beneficios en que es susceptible de ser correctamente aplicada.\\nEl valor o inter\\u00e9s social de una norma jur\\u00eddica sobre da\\u00f1os est\\u00e1 subordinado al principio rector de hacer justicia independientemente de su origen. La utilidad de la doctrina que nos ocupa no puede circunscribirse en t\\u00e9rminos, exclusivos de castigar al causante del da\\u00f1o o de premiar al perjudicado. Tampoco puede basarse en una premisa de costo. El enfoque trasciende tal disyuntiva para darle cabida a un principio de mayor val\\u00eda, a saber, si a una persona se le permitir\\u00e1 cosechar el fruto de su propio esfuerzo en determinadas circunstancias. La preocupaci\\u00f3n en torno a la llamada \\\"doble compensaci\\u00f3n\\\" o el exceso de compensaci\\u00f3n se desvanece al constarse que ello no es a costa ni con cargo del demandado, mientras que, por el contrario, la no aplicaci\\u00f3n de la regla, de ordinario, perjudica-r\\u00eda al demandante \\u2014 v\\u00edctima\\u2014ya que \\u00e9l pag\\u00f3 las primas, en el caso del seguro, o soport\\u00f3 los descuentos para, por ejemplo, la pensi\\u00f3n de retiro y otros.\\n\\\"Cuando la v\\u00edctima es indemnizada, el perjuicio ha desapare-cido. Por ello no cabr\\u00eda demandar de nuevo reparaci\\u00f3n. El prin-cipio es simple. Pero su aplicaci\\u00f3n origina numerosas dificulta-des. Se refieren a que es delicado en ocasiones saber si ha sido total la indemnizaci\\u00f3n de la v\\u00edctima; cuando no la haya sido, la v\\u00edctima puede demandar el complemento. Se refieren tambi\\u00e9n a que, en algunos casos, el accidente permite a la v\\u00edctima recibir de un tercero una suma de dinero; \\u00bfse encuentra todav\\u00eda la v\\u00edc-tima con derecho para reclamar una indemnizaci\\u00f3n al autor del da\\u00f1o ?\\nLa segunda constituye lo que puede llamarse el problema de la acumulaci\\u00f3n de las indemnizaciones. La v\\u00edctima no puede acumu-lar varias indemnizaciones por el mismo perjuicio. As\\u00ed, cuando el da\\u00f1o le haya sido causado por varias personas, aqu\\u00e9lla tiene derecho a reclamar reparaci\\u00f3n de la totalidad a uno solo de los coautores; pero, si obtiene satisfacci\\u00f3n, no puede reclamar ya nada a los restantes coautores (cfr. infra, ns. 536 y 1.072). La cuesti\\u00f3n es m\\u00e1s dif\\u00edcil de resolver cuando cabe dudar acerca de la naturaleza de la suma que la v\\u00edctima ha recibido de un tercero: \\u00bfes una indemnizaci\\u00f3n?; en ese caso, su acci\\u00f3n se ha extinguido, ya que est\\u00e1 reparado el da\\u00f1o sufrido; \\u00bfse trata de una suma abonada por otro t\\u00edtulo?; entonces, la v\\u00edctima conserva su acci\\u00f3n contra \\u00e9l autor del da\\u00f1o.\\\" (\\u00c9nfasis suplido.)\\nAnte la alternativa de aplicar mec\\u00e1nicamente la doctrina o rechazarla en su totalidad, somos de opini\\u00f3n que lo m\\u00e1s razonable es el identificar en cada caso' sus circunstancias peculiares, y de acuerdo a la naturaleza del da\\u00f1o sufrido y del examen del origen y prop\\u00f3sito o raz\\u00f3n de ser del beneficio colateral de que se trate, determinar la improcedencia o la justificaci\\u00f3n de la acumulaci\\u00f3n de compensaciones. Contrario a las posiciones extremas aludidas, \\u00e9sta toma en cuenta las diversas clases de fuentes de beneficios colaterales y las diferencias entre las mismas. \\\"Es incorrecto analizar el \\u00e1mbito o frontera de la regla en el contexto de lograr una regla sencilla aplicable.\\\" Feeley v. United States, 337 F.2d 924, 927 (1964); Helfend, supra, p\\u00e1gs. 61-63, escolio 3.\\nA los fines de decidir la aplicabilidad o no de la doctrina, en el campo de seguro es necesario establecer una distinci\\u00f3n entre seguros de cosas y los seguros sobre la vida o contra accidentes susceptibles de ocurrirle a las personas.\\nEn el caso de autos, bajo la vertiente civilista de acumulaci\\u00f3n de indemnizaciones o bajo la doctrina anglosajona, es obvio que la cantidad adicional que reclama la recurrente no s\\u00f3lo tiene el mismo concepto y naturaleza que la ya recibida de la compa\\u00f1\\u00eda aseguradora italiana, sino que se funda en un seguro por p\\u00e9rdida de cosa, en el cual predomina el aspecto de indemnizaci\\u00f3n. Ya fue, por tanto, resarcida de esa parte de los da\\u00f1os y no debe aspirar a una indemnizaci\\u00f3n adicional por los mismos.\\nFinalmente, es conveniente recordar que sin menoscabo de nuestra tradici\\u00f3n civilista, tanto ayer como al presente, son v\\u00e1lidas las siguientes expresiones:\\n\\\"Ciertamente que en esta jurisdicci\\u00f3n la ley com\\u00fan no es una frase que debemos oir como un conjuro, y por otro lado tampoco debemos alarmarnos por la mera circunstancia de que cualquier doctrina en particular, por estar basada en la justicia y la raz\\u00f3n universal, resulte tener su origen en la ley com\\u00fan. Al confrontarnos con un caso que no est\\u00e9 previsto en nuestro C\\u00f3digo Civil u otra disposici\\u00f3n legislativa no debemos temer los males ni rechazar las bondades que pueden hallarse en los principios de la ley com\\u00fan u en otras fuentes de la humana experiencia. Pocos tribunales se hallan menos embarazados por los preceden-tes, o en materias no previstas por el estatuto, tan libres para seguir los dictados de la conciencia y del sentido com\\u00fan que los tribunales de esta isla. Levantar una s\\u00f3lida estructura sobre los principios fundamentales que tan amenudo se encuentran arrai-gados lo mismo en la jurisprudencia americana que en la es-pa\\u00f1ola que comprenda los mejores elementos de los dos grandes sistemas, y que en tanto sea posible quede libre de los defectos de ambos, es nuestro especial privilegio si solamente aprovecha-mos la oportunidad que se nos presenta.\\\" El Municipio de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632, 637-638 (1919).\\nLa sentencia ser\\u00e1 confirmada.\\nEl Juez Presidente, Se\\u00f1or Tr\\u00edas Monge y el Juez Aso-ciado, se\\u00f1or Rigau, emitieron opiniones concurrentes por se-parado con las cuales concurre el Juez Asociado, Se\\u00f1or Iri-zarry Yunqu\\u00e9.\\nV\\u00e9ase la documentada opini\\u00f3n del Tribunal Supremo de California de Helfend v. Southern California Rapid Transit Dist., 465 P.2d 61 (1970) la cual hace un extenso estudio sobre la doctrina, pondera las cr\\u00edticas a la misma y le reitera en principio su adhesi\\u00f3n. Tambi\\u00e9n Tyminski v. United States, 481 F.2d 257 (1973).\\nUn comentarista cr\\u00edtico de la doctrina concluye: \\\"No obstante, ante el sistema prevaleciente, la regla realiza un fin social. En lo menos, remueve de la escena del juicio cuestiones controversiales complejas. En lo m\\u00e1s, en algnnos casos, opera como un instrumento de lo que la mayor\\u00eda de nosotros estar\\u00edamos inclinados a llamar justicia.'' Maxwell, The Collateral Source Rule in the American Law of Damages; 46 Minn. L. Rev., p\\u00e1gs. 669, 695 (1962). (\\u00c9nfasis y traducci\\u00f3n nuestro.)\\nMazeaud, Derecho Civil, Parte II, Traducci\\u00f3n de Luis Aleal\\u00e1-Zamora y Castillo, p\\u00e1gs. 62 a 63 (ed. 1960).\\nV\\u00e9anse: Cooper, A Collateral Benefits Principle, 49 The Canadian Bar Review 601 (1971) y; Sedler, The Collateral Source Rule and Personal Injury Damages: The Irrelevant Principle and The Functional Approach, Part II, 68 Ky.L.J. 86, en especial a la p\\u00e1g. 63 (1969-70); James, Social Insurance and Tort Liability, 27 N.Y.U.L. Rev. 637 (1962).\"}"
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Tribunal.\\nPrescribe el art\\u00edculo 117 del C\\u00f3digo Penal, ed. 1937, 33 L.P.R.A. see. 421, que ser\\u00e1 culpable de perjurio \\\"toda persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o cer-tificar la verdad ante cualquier tribunal, funcionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley per-mitiere tomar tal juramento, declare ser cierto cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad.\\\" Una de las reglas para determinar la suficiencia de las alegaciones en una acusaci\\u00f3n por el delito mencionado est\\u00e1 contenida en el ar-t\\u00edculo 89 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, 34 L.P.R.A. see. 144 que dice que \\\"bastar\\u00e1 exponer la esencia del pleito o asunto con referencia al cual se cometi\\u00f3 el delito y en qu\\u00e9 tribunal y ante qui\\u00e9n fue prestado el juramento que se denuncia como falso, y que el tribunal, o la persona ante quien el juramento fue prestado, ten\\u00eda facultad para tomarlo, con alegaciones convenientes acerca de la falsedad del asunto en que el perjurio est\\u00e1 indicado.\\\"\\nContra el apelante se inici\\u00f3 un proceso criminal por per-jurio mediante acusaci\\u00f3n por el fiscal que literalmente lee como sigue:\\n\\\"El referido acusado Luis Ortiz Col\\u00f3n all\\u00e1 para el 17 de abril de 1958 y en Ponce, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, y mientras declaraba como testigo en el caso de . . . sobre H\\u00e1beas Corpus, civil n\\u00famero CS-58-259, que es un procedimiento autorizado por Ley, sobre Impugnaci\\u00f3n de Causa Probable para el arresto y encarcelamiento de los mencionados peticionarios por el de-lito de Asesinato Gen\\u00e9rico, como co-autores y principales por la muerte de . en el Tribunal Superior de Ponce, Foro con jurisdicci\\u00f3n y competencia para resolver dicho caso, presidida la Sala por . y habiendo jurado en Sala abierta, ante un Sub-secretario de dicha Sala, funcionario autorizado para tomar juramentos, testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante dicho Tribunal, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, y contrario a dicho juramento, jur\\u00f3 como hechos ciertos, entre otras cosas, que\\nel 10 de enero de 1958 el . . . no lo fue a buscar en el carro Lincoln de dicho . a la l\\u00ednea Kofres\\u00ed; que . . . no lo invit\\u00f3 a entrar al autom\\u00f3vil ni le pidi\\u00f3 que le hiciera un favor; que : . : no lo llev\\u00f3 por la carretera de Juana D\\u00edaz; que . no le dijo que hab\\u00eda pasado un accidente y que lo ayudara a sacar una cosa que ten\\u00eda en el carro; que el aqu\\u00ed acusado no le dijo que 's\\u00ed' . . . y que \\u00e9ste no lo mand\\u00f3 a buscar a un carro; que no fue a la l\\u00ednea Kofres\\u00ed el aqu\\u00ed acusado ni cogi\\u00f3 el carro marca Dodge verde, tablillas P-48-813; que el acusado no fue a la casa . y que . no le dijo que dejara el carro all\\u00ed y se viniera con \\u00e9l en el Lincoln; que . . . y el acusado no dieron una vuelta ni se dieron una cer-veza ni volvieron otra vez a casa de . ; que . . . , la esposa . . . , no estaba esper\\u00e1ndolos en el balc\\u00f3n; que . no lo llam\\u00f3 ni se montaron en el carro del acusado; que . no le dijo que cogiera por la carretera de Juana D\\u00edaz ni le dirigi\\u00f3 hasta un sitio desolado; y que el acusado . y su esposa no llegaron alrededor de las once de la noche donde hay un lago en el barrio Coto Laurel de Ponce, Puerto Rico; que . y su esposa . no se apearon ni abrieron la puerta derecha del asiento de atr\\u00e1s del carro ni sacaron el cad\\u00e1ver de una mujer que despu\\u00e9s result\\u00f3 ser . . . ; que . no ech\\u00f3 en ning\\u00fan canal de riego ni deposit\\u00f3 all\\u00ed el cad\\u00e1ver de . . . ; que el acusado no se puso a discutir con . ni con . . . porque hasta ese momento el acusado no sab\\u00eda que el favor que se le hab\\u00eda pedido era llevar el cad\\u00e1ver all\\u00ed; que el acusado no se puso nervioso; que . ni su esposa . le repet\\u00edan que no se apurara, que el aqu\\u00ed acusado no le iba a pasar nada porque eso no se iba a averiguar; que el acusado y . y su esposa . . . no se montaron en el carro y volvieron a Ponce, donde el acusado dej\\u00f3, cerca de la casa de ellos; que el Fiscal . le hizo se\\u00f1alar el sitio donde fue tirado el cad\\u00e1ver de . . . sin que el aqu\\u00ed acusado tuviera conocimiento alguno de dicho sitio o de que hubiera sido tirado all\\u00ed dicho cad\\u00e1ver; que en uno de sus viajes a Salinas, Puerto Rico, no le dijo el aqu\\u00ed acusado a . . . 'que hac\\u00eda tiempo estaba loco por decirle eso a las autoridades porque su conciencia no lo dejaba tranquilo,' refiri\\u00e9ndose a la participaci\\u00f3n de . y del aqu\\u00ed acusado con la muerte y desaparici\\u00f3n de . . . ; que el Fiscal . le dijo que dijera en una declaraci\\u00f3n jurada ante dicho Fiscal por el aqu\\u00ed acusado que . y el aqu\\u00ed acusado llevaron a . y la echaron en un canal de riego y la dejaron all\\u00ed; y que el Fiscal . le dijo al aqu\\u00ed acusado 'Qu\\u00e9 has hecho, no ves que hay una demanda de un mill\\u00f3n de pesos; yo tengo hijos, no sabes que yo tengo hijos y que mi t\\u00edtulo est\\u00e1 corriendo peligro'; que el Fiscal . . . le gritaba 'te metemos a la c\\u00e1rcel por treinta a\\u00f1os' en ocasi\\u00f3n en que el aqu\\u00ed acusado prestara bajo juramento la declaraci\\u00f3n a que hemos hecho referencia,\\nsiendo falso lo as\\u00ed declarado por el aqu\\u00ed acusado, quien, all\\u00ed y entonces, ten\\u00eda conocimiento de la falsedad de su testimonio, con intenci\\u00f3n, all\\u00ed y entonces, de que dicha declaraci\\u00f3n surtiera efectos favorables a los peticionarios . en el procedimiento de H\\u00e1beas Corpus incoado por ellos y que era objeto de audien-cia, siendo los hechos antes rese\\u00f1ados esenciales para la Corte pudiera dictaminar sobre la existencia o no de causa probable para el arresto y encarcelamiento de los mencionados . . . por el delito de Asesinato Gen\\u00e9rico como co-autores de la muerte de . , teniendo, all\\u00ed y entonces, adem\\u00e1s conocimiento el aqu\\u00ed acusado de que dichos hechos eran esenciales para el tribunal resolver el mencionado recurso de H\\u00e1beas Corpus.\\\"\\nFue convicto y sentenciado a cumplir una pena de dos a diez a\\u00f1os de presidio. Apel\\u00f3.\\n1. El primer error planteado se refiere a la suficiencia de la acusaci\\u00f3n y se funda en la ausencia de una alegaci\\u00f3n que establezca los hechos ver\\u00eddicos por v\\u00eda de ant\\u00edtesis, pri-v\\u00e1ndole as\\u00ed del derecho a ser informado con claridad de los actos delictivos que se le imputan, y, por ende, de la oportu-nidad de preparar una defensa adecuada.\\nTodo cuanto se requiere por el estatuto como uno de los elementos esenciales en una acusaci\\u00f3n por perjurio es que contenga una alegaci\\u00f3n expresa con respecto al car\\u00e1cter esen- cial y la materialidad de los hechos que el acusado jurara como ciertos conociendo su falsedad, Pueblo v. Nadal, 64 D.P.R. 361 (1946) ; Pueblo v. Marchany, 61 D.P.R. 699 (1943) ; Gand\\u00eda v. El Pueblo, 29 D.P.R. 109 (1921); Pueblo v. Garc\\u00eda, 24 D.P.R. 698 (1917); Pueblo v. Ayala, 13 D.P.R. 201 (1907); Pueblo v. Col\\u00f3n, 10 D.P.R. 1207 (1906), y adem\\u00e1s que los hechos declarados por el acusado son fal-sos. Pueblo v. Berm\\u00fadez, 76 D.P.R. 760 (1954); 38 Cal. Jur. 2d. \\u00a729. Ambos requisitos fueron cumplidos en la acu-saci\\u00f3n presentada en el presente caso, pues de la misma surge claramente que el acusado prest\\u00f3 testimonio en un procedi-miento judicial sobre ciertos hechos \\\"esenciales para que la Corte pudiera dictaminar sobre la existencia o no de causa probable para el arresto y encarcelamiento de...\\\", y previa-mente se expone que es \\\"falso lo as\\u00ed declarado por el aqu\\u00ed acu-sado.\\\" Cfr. las acusaciones por el mismo delito en Pueblo v. Berm\\u00fadez, 75 D.P.R. 760, 763 (1954; 3 Pueblo v. Corret-jer, 58 D.P.R.. 43, 45 (1941) ; Pueblo v. Capre, 44 D.P.R. 113, 115 (1932) ; Pueblo v. Viader, 23 D.P.R. 724 (1916) ; Pueblo v. Oritz, 11 D.P.R. 405 (1906); Pueblo v. L\\u00f3pez, 8 D.P.R. 575, 576 (1905) ; Pueblo v. Pab\\u00f3n, 7 D.P.R. 380 (1904).\\nLa regla imperante bajo el derecho com\\u00fan requer\\u00eda que se alegara la falsedad de los hechos declarados por el acusado mediante una exposici\\u00f3n de los hechos ver\\u00eddicos, y no era su-ficiente una alegaci\\u00f3n general al efecto de que lo declarado era falso, State v. Nelson, 77 N.W. 223, 224 (Minn. 1898). En algunas jurisdicciones se ha sostenido la necesidad de ale-gar la verdad de los hechos por v\\u00eda de ant\\u00edtesis. Chenault v. State, 122 So. 98, 100 (Miss. 1929), citando a State v. Silverberg, 29 So. 761 (Miss. 1901) ; State v. Blitch, 120 So. 355, 356 (Fla. 1929), citando a Fudge v. State, 49 So. 128 (Fla. 1909). Pero la regla m\\u00e1s favorecida establece que es innecesario alegar la verdad por v\\u00eda de ant\\u00edtesis sobre los cuales el acusado declar\\u00f3 falsamente, Gray v. State, 111 P. 825, 827-829 (Okla. 1910), y que \\u00fanicamente cuando se trata de una declaraci\\u00f3n general \\u2014 que contiene hechos ver\\u00eddicos y hechos falsos \\u2014 es que surge la necesidad de particularizar los. extremos jurados falsamente mediante una exposici\\u00f3n de los hechos que son ciertos, People v. Bradbury, 103 P. 215, 217 (Cal. 1909) ; cf. People v. Kriton, 166 P.2d 45 (Cal. 1946).. Tampoco ello es indispensable cuando de la narraci\\u00f3n de Ios-hechos surgen claramente aquellos cuya falsedad alegada-mente conoc\\u00eda el acusado, Carter v. State, 27 S.W.2d 781, (Ark. 1930) ; cf. Dodson v. State, 276 S.W. 2d 306 (Tex. 1955). La regla federal (1) tampoco requiere que se aleguen,, por ant\\u00edtesis, los hechos ciertos, United States v. Hiss, 185 F.2d 822 (CA 2, 1950); United States v. Laut, 17 F.R.D. 31 1955).\\nEl prop\\u00f3sito que anima la particularizaci\\u00f3n de los hechos falsos declarados por el acusado es permitir a \\u00e9ste que prepare una defensa adecuada y colocarle en posici\\u00f3n de alegar \\u2022exposici\\u00f3n anterior en caso de que sea posteriormente encau-sado por un delito similar que surja de la misma situaci\\u00f3n de hechos. Hemos examinado la acusaci\\u00f3n presentada en este casos y no vemos c\\u00f3mo pueda menoscabarse la defensa del acusado. Adem\\u00e1s, para determinar los hechos ver\\u00eddicos s\\u00f3lo es necesario suprimir el adverbio negativo \\\"no\\\" y la conjun-ci\\u00f3n copulativa \\\"ni\\\" que aparecen en la relaci\\u00f3n de hechos expuestos en la acusaci\\u00f3n. Tampoco se trata de una declara-ci\\u00f3n general susceptible de crear confusi\\u00f3n, sino de una serie de hechos particulares, en relaci\\u00f3n con todos los cuales se imputa al acusado que declar\\u00f3 falsamente.\\n2. Sostiene el acusado apelante que la omisi\\u00f3n del mi-nisterio p\\u00fablico de probar la falsedad de todos los hechos ex-puestos en la acusaci\\u00f3n requiere que se le absuelva por insu-ficiencia de la prueba. Invoca la doctrina legal denominada \\\"in solido\\\". Se admite que qued\\u00f3 establecido por la prueba que el acusado hizo las siguientes afirmaciones: \\\"que... y su esposa... no se apearon ni abrieron la puerta derecha del asiento de atr\\u00e1s del carro ni sacaron el cad\\u00e1ver de una mujer que despu\\u00e9s result\\u00f3 ser...; que el Fiscal... le hizo se\\u00f1alar el sitio donde fue tirado el cad\\u00e1ver de . . sin que el aqu\\u00ed acu-sado tuviera conocimiento alguno de dicho sitio o de que hu-biera sido tirado all\\u00ed dicho cad\\u00e1ver; que en uno de sus viajes a Salinas, Puerto Rico, no le dijo el aqu\\u00ed acusado a.. . 'que hac\\u00eda tiempo que estaba loco por decirle eso a las autoridades porque su conciencia no lo dejaba tranquilo', refiri\\u00e9ndose a la participaci\\u00f3n de... y del aqu\\u00ed acusado con la muerte y desa-parici\\u00f3n de...; que el Fiscal... le dijo que dijera en una declaraci\\u00f3n jurada ante dicho Fiscal por el aqu\\u00ed acusado que...., . y el aqu\\u00ed acusado llevaron a... y la echaron en un canal de riego y la dejaron all\\u00ed; y que el Fiscal... le dijo al aqu\\u00ed acusado 'Qu\\u00e9 has hecho, no ves que hay una de- manda de un mill\\u00f3n de pesos; yo tengo hijos, no sabes que yo tengo hijos y que mi t\\u00edtulo est\\u00e1 corriendo peligro'; que el Fiscal... le gritaba 'te metemos a la c\\u00e1rcel por treinta a\\u00f1os'' en ocasi\\u00f3n en que el aqu\\u00ed acusado prestara bajo juramento la declaraci\\u00f3n a que hemos hecho referencia.\\\"\\nLa doctrina de \\\"in solido\\\", que tambi\\u00e9n tiene sus ra\\u00edces en el derecho com\\u00fan, en efecto establece que cuando en la acusaci\\u00f3n se hace una relaci\\u00f3n general de la declaraci\\u00f3n que contiene los hechos falsos, y no se separan o particularizan dichos hechos, es necesario probar la falsedad de todo lo ale-gadamente falso. Welch v. State, 227 S.W. 301 (Texas 1921). Esta regla no se sigue en California, de donde pro-cede nuestro estatuto, People v. Mizer, 99 P.2d 333, 335 (Cal. 1940); People v. Pahrman, 4 P.2d 242, 244 (Cal. 1931). Cuando, como en el presente caso, se alega se prest\\u00f3 testimo-nio falso sobre una serie de hechos, y la prueba lo establece en cuanto a uno o varios, pero no respecto a todos, se sosten-dr\\u00e1 la convicci\\u00f3n siempre que aquellos sobre los cuales haya prueba sean esenciales o materiales, cfr. People v. Gray, 127 P.2d 72 (Cal. 1942) ; People v. Pustau, 103 P.2d 224 (Cal. 1940) ; People v. Curtis, 98 P.2d 228 (Cal. 1939). Un exa-men de los hechos que el propio apelante acepta como proba-dos demuestra que la prueba se refiere a hechos esenciales y materiales. Adem\\u00e1s, si el acusado ten\\u00eda dudas sobre cu\\u00e1les eran los hechos cuya declaraci\\u00f3n falsa se le imputaba pudo haber presentado una solicitud de especificaciones, United States v. Yetman, 196 F. Supp. (Conn. 1961). No se come-ti\\u00f3 el error se\\u00f1alado.\\n3 Se queja el apelante de la actuaci\\u00f3n del tribunal de instancia al recibir en evidencia la declaraci\\u00f3n jurada pres-tada por Ortiz Col\\u00f3n durante la investigaci\\u00f3n preliminar efectuada por los fiscales con miras a determinar responsa-bilidad criminal por la muerte de V... O..., delito por el cual se acus\\u00f3 finalmente a otras dos personas, pero del cual no se le preces\\u00f3 personalmente, sin que se le permitiera ofre-cer evidencia para impugnar la voluntariedad de la misma.. No nos detendremos a considerar este planteamiento porque 1) no se trata de una confesi\\u00f3n que requiera previamente se establezca su car\\u00e1cter voluntario \\u2014 efr. Commonwealth v. Sumrak, 25 A.2d 605, 607 (Pa. 1942) \\u2014 ; y 2) la declara-ci\\u00f3n se ofreci\\u00f3 \\u00fanicamente para corroborar el testimonio de otros testigos sobre el hecho esencial de que el acusado hizo a sabiendas y bajo juramento manifestaciones falsas sobre he-chos esenciales. V\\u00e9ase, Pueblo v. Medina Rivera, 38 D.P.R. 693, 697 (1928) en donde se trataba de una declaraci\\u00f3n falsa prestada por el acusado en una investigaci\\u00f3n practicada por el fiscal, y respecto a la admisibilidad de dicha declaraci\\u00f3n en un proceso por perjurio dijimos que \\\"la -declaraci\\u00f3n no era una confesi\\u00f3n, sino una acusaci\\u00f3n contra otra persona. No se trata de una acusaci\\u00f3n contra Medina con motivo de una confesi\\u00f3n hecha por \\u00e9l... y no hallamos motivo alguno para revocar la sentencia debido a tal supuesta falta de esponta-neidad.\\\" V\\u00e9anse, Pueblo v. Llera, 37 D.P.R. 164 (1927) y Pueblo v. Pab\\u00f3n, 7 D.P.R. 389 (1904).\\nA este respecto debe recordarse que la imputaci\\u00f3n de per-jurio se refer\\u00eda a la declaraci\\u00f3n prestada por Ortiz Col\\u00f3n en la vista del recurso de h\\u00e1beas corpus y no a la declaraci\\u00f3n prestada durante la investigaci\\u00f3n criminal, o sea la cuesti\\u00f3n en controversia era la falsedad de los hechos declarados en el h\\u00e1beas corpus. As\\u00ed lo reconoci\\u00f3 expresamente el abo-gado del acusado cuando al intentarse ofrecer el testimonio de uno de los fiscales investigadores objet\\u00f3 el testimonio por \\\"irrelevante\\\", \\\"porque no se est\\u00e1 enjuiciando a Luis Ortiz Co-l\\u00f3n por nada que dijera en el curso de una investigaci\\u00f3n, sino que se est\\u00e1 enjuiciando por lo que dijera en un caso de h\\u00e1beas corpus,... y ese testimonio del Fiscal no tiene nada que ver con el caso de h\\u00e1beas corpus.\\\" T.E., p\\u00e1g. 210.)\\n4. Los errores relacionados con las instrucciones al ju-rado y otros comentarios hechos por el tribunal son insustan- dales. Le\\u00eddas las instrucciones en conjunto \\u2014 y no entresa-cando meras frases aisladas del texto \\u2014 puede apreciarse que el tribunal expuso adecuadamente el derecho aplicable a los miembros del jurado, y que las instrucciones solicitadas por la defensa estaban comprendidas en las transmitidas o eran claramente improcedentes. Los comentarios y manifestacio-nes de que se queja el apelante no tienen la importancia que se les atribuye y no le causaron perjuicio, pues giran m\\u00e1s-bien alrededor de cuestiones semasiol\\u00f3gicas.\\nSe confirmar\\u00e1 la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 12 de junio de 1959.\\nEl art\\u00edculo 66 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, 34 L.P.R.A. see. 121, establece que \\\"Todas las formas de alegaci\\u00f3n en acciones penales, y las reglas por virtud de las cuales se determina la suficiencia de las alegaciones, son las que prescribe este C\\u00f3digo.\\\" Cfr. Reglas 6.5 y 7 de las de Procedimiento Civil de 1958, 33 L.P.R.A. (Supl. 1960), p\\u00e1gs. 99-101.\\nEl apelante cita de 70 C.J.S. sec. 46(a) para sostener su posici\\u00f3n sobre la necesidad de alegar la ant\\u00edtesis de los hechos que se alega son falsos, pero esta glosa todo cuanto expone es la procedencia de contener una negaci\\u00f3n sobre la veracidad del testimonio alegadamente falso. Dice textualmente: \\\"It is necessary to negative the truth of the alleged false matter.\\\"\\nLa secci\\u00f3n que trata sobre la exposici\\u00f3n de los hechos ver\\u00eddicos por v\\u00eda de ant\\u00edtesis es la 46(b) de dicha obra.\\nEn la discusi\\u00f3n del quinto error el apelante demuestra claramente que no se le perjudic\\u00f3 pues pudo determinar despu\\u00e9s de desfilar la prueba de cargo, los hechos sobre los cuales el fiscal no estableci\\u00f3 su falsedad.\\nEn cuanto a los antecedentes del presente caso, v\\u00e9anse, 80 D.P.R. 250 (1958) y 80 D.P.R. 688 (1958).\\n) En las Reglas de Procedimiento Criminal sometidas a la Asam-blea Legislativa no se hace referencia expresa al contenido de una acu-saci\\u00f3n por el delito de perjurio como se hace en el c\\u00f3digo vigente. Se propone la Regla 35(c), que sigue sustancialmente la Regla 7(c) federal bajo la cual se decidi\\u00f3 el caso de Hiss, infra, y que lee as\\u00ed:\\n\\\"Una exposici\\u00f3n de los hechos esenciales constitutivos del delito, re-dactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia com\\u00fan. Las palabras usa-das en dicha exposici\\u00f3n se interpretar\\u00e1n en su acepci\\u00f3n usual en el lenguaje corriente, con excepci\\u00f3n de aquellas palabras y frases defini-das por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretar\\u00e1n en su significado legal. Dicha exposici\\u00f3n no tendr\\u00e1 que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podr\\u00e1 emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ning\\u00fan caso ser\\u00e1 necesario el expresar en la acu-saci\\u00f3n o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial.\\\"\"}"
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+"{\"id\": \"8814598\", \"name\": \"Bienvenido Feliciano, etc., demandantes y recurrentes, v. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico et al., demandados y recurridos\", \"name_abbreviation\": \"Feliciano v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados\", \"decision_date\": \"1966-06-24\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: R-65-161\", \"first_page\": \"655\", \"last_page\": \"661\", \"citations\": \"93 P.R. Dec. 655\", \"volume\": \"93\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:45:50.579918+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Sala Segunda integrada por su Presidente el Juez Asociado Se\\u00f1or Belaval y los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Santana Becerra, Blanco Lugo y Ram\\u00edrez Bages.\", \"parties\": \"Bienvenido Feliciano, etc., demandantes y recurrentes, v. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.\", \"head_matter\": \"Bienvenido Feliciano, etc., demandantes y recurrentes, v. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico et al., demandados y recurridos.\\nN\\u00famero: R-65-161\\nResuelto: 24 de junio de 1966\\nMario B\\u00e1ez Garc\\u00eda, abogado de los recurrentes; Rieckehoff, Calder\\u00f3n, Vargas & Arroyo, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; Mart\\u00ednez Mu\\u00f1oz, Agrait Oliveras & Otero, abogados de Adolfo Garc\\u00eda.\\nSala Segunda integrada por su Presidente el Juez Asociado Se\\u00f1or Belaval y los Jueces Asociados Se\\u00f1ores Santana Becerra, Blanco Lugo y Ram\\u00edrez Bages.\", \"word_count\": \"1912\", \"char_count\": \"11745\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Blanco Lugo\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEn 4 de octubre de 1962, Bienvenido Feliciano, en su car\\u00e1cter de administrador de la sociedad de gananciales, inst\\u00f3 acci\\u00f3n en reclamaci\\u00f3n de da\\u00f1os por las lesiones sufridas por su esposa en un accidente ocurrido alrededor de diez meses antes. Como partes demandadas figuran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, el Municipio de Mayag\\u00fcez y el se\\u00f1or Adolfo Garc\\u00eda. En la misma fecha se expidieron los correspondientes emplazamientos, que no fueron diligenciados hasta el 19 de enero de 1965, en cuanto a la mencionada instrumentalidad gubernamental, y el seis de mayo del mismo a\\u00f1o en cuanto al se\\u00f1or Garc\\u00eda. Ya antes, debido a la falta de actividad de la parte actora, el tribunal de instancia hab\\u00eda dictado \\u00f3rdenes en 22 de julio de 1963 y 5 de febrero de 1964 para que se mostraran causas por las cuales no proced\\u00eda el archivo; la parte demandante expuso razones para ello que se consideraron suficientes para lograr que se continuase la tramitaci\\u00f3n.\\nEn 10 de febrero de 1965 la Autoridad solicit\\u00f3 la deses-timaci\\u00f3n de la demanda alegando que la causa de acci\\u00f3n hab\\u00eda prescrito. Adujo que \\\"Si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha dicho que la radicaci\\u00f3n de una demanda interrumpe el t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n, entendemos que tal doctrina necesariamente implica que la radicaci\\u00f3n de una de-manda conlleva adem\\u00e1s el perfeccionamiento del inicio de un pleito. La mera radicaci\\u00f3n no trae ante la jurisdicci\\u00f3n del Tribunal ninguna parte demandada. Entendemos que la mera radicaci\\u00f3n de una demanda sin perfeccionar el tr\\u00e1mite, esto es, sin notificar en t\\u00e9rmino razonable a la parte demandada, no es bastante para interrumpir el t\\u00e9rmino prescriptivo de dicha acci\\u00f3n.\\\" El tribunal a quo se solidariz\\u00f3 con este plan-teamiento y accedi\\u00f3 a la desestimaci\\u00f3n solicitada.\\nPrecept\\u00faa el Art. 1873 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, disposici\\u00f3n de car\\u00e1cter sustantivo que rige la materia, que la prescripci\\u00f3n de las acciones se interrumpe, entre otros casos, por su ejercicio ante los tribunales. Nos hemos manifestado en el sentido de que la interposici\\u00f3n de la demanda dentro del per\\u00edodo prescriptivo produce efecto interruptivo aunque el tribunal carezca de competencia para en-tender en la acci\\u00f3n, Diez v. Green, 32 D.P.R. 814 (1924), \\u00f3 se declare sin lugar la instancia mediante moci\\u00f3n de non-suit, Parrilla v. Lo\\u00edza Sugar Co., 52 D.P.R. 241, 247 (1937). Una lectura de las opiniones en los casos citados nos autoriza a se\\u00f1alar que en ellos la parte actora prosigui\\u00f3 los pleitos diligentemente y llev\\u00f3 a cabo las gestiones necesarias para su tramitaci\\u00f3n. De modo que procede que examinemos la cuesti\\u00f3n en la forma escueta en que se plantea ahora.\\nLa m\\u00e1s moderna glosa contenida en la \\u00faltima edici\\u00f3n de Scaevola, C\\u00f3digo Civil (Instituto Editorial Reus, 1965), t. XXXII, p\\u00e1gs. 952-953, nos ofrece la soluci\\u00f3n al discutir el efecto de la gesti\\u00f3n judicial como medio interruptivo, com- par\\u00e1ndola desde los puntos de vista de la usucapi\\u00f3n y de la prescripci\\u00f3n extintiva. Dice:\\n\\\"Pensamos que no existe contradicci\\u00f3n cuando un mismo acto, productor de tal efecto, lo origina en dos momentos distintos, seg\\u00fan la clase de prescripci\\u00f3n a que afecta. Efectivamente, cuando se pretende interrumpir la usucapi\\u00f3n, como lo que con el acto conciliatorio se interrumpe es la posesi\\u00f3n que le sirve de base, no ha de bastar la simple intenci\\u00f3n de interrumpir que la interposici\\u00f3n de la papeleta patentizada, sino el efectivo impacto en aquella posesi\\u00f3n, la inquietud, cese de pacificidad en la posesi\\u00f3n que, pac\\u00edficamente, deb\\u00eda continuarse para engendrar la adquisi-ci\\u00f3n del dominio. En consecuencia, es preciso que lleve al poseedor esa manifiesta inquietud, esa perturbaci\\u00f3n, esa oposici\\u00f3n, en suma, a la posesi\\u00f3n pac\\u00edfica y no interrumpida que ven\\u00eda man-teniendo, pues, como dice Planiol, precisa que en estos casos se haga una interpelaci\\u00f3n lo suficientemente en\\u00e9rgica para que no quede dude al poseedor acerca de l\\u00e1 voluntad del interpelante. De aqu\\u00ed que debe carecer de tales efectos la simple presentaci\\u00f3n de la papeleta conciliatoria de la que a\\u00fan no se ha llevado noticia al demandado poseedor. Es, por el contrario, preciso que se le notifique, que se le emplace o cite, para que legalmente pueda conocer la inquietud y ataque que, con la noticia, se trata de producir en su estado posesorio. Poco importa, por lo mismo, que el Juez que cita sea incompetente, que haya o no avenencia o que el acto se celebre o se intente por el actor sin efecto, porque, de todos modos, ese impacto, oficialmente, se ha producido en la creencia o buena fe, en la pacificidad de la posesi\\u00f3n, al producirse, siquiera de hecho, que es lo que importa.\\n\\\"En cambio, en la prescripci\\u00f3n extintiva no interesa para nada el efectivo conocimiento por parte del deudor beneficiado con la misma, de esa intenci\\u00f3n impeditiva o interruptora, de su acreedor, con tal de que, en Derecho, que es lo que priva ahora, se pruebe una voluntad rebelde y contraria de aqu\\u00e9l a toda idea de presunci\\u00f3n de abandono de la acci\\u00f3n llamada a prescribir. Por ello, present\\u00e1ndose hoy la papeleta de conciliaci\\u00f3n y el acto o la previa citaci\\u00f3n al demandado, por circunstancias imputables al Juzgado, no se celebra hasta que transcurran dos a\\u00f1os, una pres-cripci\\u00f3n que s\\u00f3lo se funda en el no ejercicio de la acci\\u00f3n, ya no puede producirse, porque se interrumpe \\u2014 mejor, se impide \\u2014 a consecuencia de la interferencia de un expreso acto, judicialmente constatado, demostrativo de que la acci\\u00f3n no quiso abandonarse y el ejercicio de nuestros derechos se ha producido en saz\\u00f3n.\\n\\\"Esto nos autoriza a concretar aqu\\u00ed, en el caso de prescripci\\u00f3n adquisitiva, que se interrumpir\\u00e1 el transcurso desde que el de-mandado haya sido citado en forma \\u2014 o se haya dado por citado \\u2014 , prescindiendo tambi\\u00e9n de toda idea de efectiva celebraci\\u00f3n del acto \\u2014 pues, de otro modo, el intentado sin efecto, tampoco tendr\\u00eda eficacia para interrumpir la posesi\\u00f3n- \\u2014 -porque la citaci\\u00f3n produce, de por s\\u00ed, el efecto perseguido y desde el instante en que tiene lugar. En la prescripci\\u00f3n extintiva, desde la efectiva presentaci\\u00f3n de la demanda, cualquiera que sea la fecha que la misma contenga y cualquiera tambi\\u00e9n que sean las vicisitudes posteriores a tal presentaci\\u00f3n, porque ya de por s\\u00ed sirve al efecto que se persigue de manifestar la oposici\\u00f3n a una legal presunci\\u00f3n de abdicaci\\u00f3n o abandono del concreto derecho.\\\" (\\u00c9nfasis nuestro.)\\nEn t\\u00e9rminos parecidos se pronuncian Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Puig Pe\\u00f1a y Manresa. V\\u00e9anse, adem\\u00e1s, las sentencias del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 9 de noviembre de 1954, 19 de febrero de 1945, 14 de febrero de 1928 y 28 de junio de 1926.\\nLa interventora nos urge que adoptemos la interpreta-ci\\u00f3n de algunas cortes federales que sostienen que para que la interposici\\u00f3n de la acci\\u00f3n judicial logre el efecto interrup-tivo no basta con la sola presentaci\\u00f3n del pleito sino que, con-forme a la Regla 4(a), es necesario adem\\u00e1s que se notifique a la parte demandada. Hoffman v. Wair, 193 F.Supp. 727 (1961), y casos citados a la p\\u00e1g. 733. Irrespectivamente de las diferencias existentes en los estatutos sobre la interrup-ci\\u00f3n de la prescripci\\u00f3n de las acciones, cf. Sylvester v. Messler, 246 F.Supp. 1 (1964); Mich. State Acc. Fund. v. Catsman Co. Incorporated, 136 N.W.2d 21 (1965); Sylvestri v. Warner & Swasey Co., 244 F.Supp. 524 (1965); Burns v. Lewis, 192 N.E.2d 213 (1962), nuestra tradici\\u00f3n civilista requiere una soluci\\u00f3n contraria, pues el fundamento reconocido de la in-terrupci\\u00f3n es la manifestaci\\u00f3n inequ\\u00edvoca de qui\\u00e9n, amenaza-do con la p\\u00e9rdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Por otro lado, trat\\u00e1ndose de un precepto sustan-tivo, dudamos que cualquier interpretaci\\u00f3n de una disposici\\u00f3n procesal, pueda vulnerar su eficacia. Es significativo que bajo la anterior Regla 4 (c) de Enjuiciamiento Civil de 1943, por la cual se requer\\u00eda que se diligenciara el emplazamiento dentro de noventa d\\u00edas de su expedici\\u00f3n, sostuvimos que este t\\u00e9rmino era directivo, y que a su expiraci\\u00f3n pod\\u00eda autori-barse un nuevo emplazamiento. Salas v. Cabassa, 69 D.P.R. 457 (1958).\\nConviene advertir que esta norma sobre el efecto interruptivo que produce la mera radicaci\\u00f3n de la demanda no constituye una licencia para demorar injustificadamente la determinaci\\u00f3n de la responsabilidad de un obligado ya que tanto la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil de 1958 como la 11 (a) de las de Administraci\\u00f3n proveen para la desestimaci\\u00f3n del pleito cuando no se prosiguiere con diligencia o se dejare de efectuar el tr\\u00e1mite correspondiente. V\\u00e9ase, comentarios a la Regla 4.3 en Pr\\u00e1ctica Forense Puertorrique\\u00f1a, Vol. 1, p\\u00e1g. 18. En el presente caso el tribunal, advertido de la inactividad de la parte demandante, dict\\u00f3 las \\u00f3rdenes correspondientes sobre mostraci\\u00f3n de causas por las cuales no proced\\u00eda decretarse el archivo y ante los planteamientos h\\u00e9chosle, en el uso de su discreci\\u00f3n permiti\\u00f3 la continuaci\\u00f3n de la gesti\\u00f3n judicial. No nos corresponde ahora, ni correspond\\u00eda al juez de instancia al resolver la solicitud de desestimaci\\u00f3n, pasar sobre el ejercicio de discreci\\u00f3n de sus predecesores.\\nDe Jes\\u00fas v. De Jes\\u00fas, 37 D.P.R. 152 (1927) y Parrilla v. Lo\\u00edza Sugar, 52 D.P.R. 241, 247 (1937), disponen del planteamiento al efecto de que un nuevo t\\u00e9rmino prescriptivo comenz\\u00f3 a correr a partir de la fecha de la interposici\\u00f3n de la demanda. Es claro que el nuevo t\\u00e9rmino comienza a contar desde que concluye la acci\\u00f3n litigiosa cuya iniciaci\\u00f3n interrumpi\\u00f3 el plazo prescriptivo. Entre las causas de terminaci\\u00f3n est\\u00e1 la desestimaci\\u00f3n por abandono, pero como hemos visto, tal circunstancia no ha acontecido en el presente caso.\\nSe revocar\\u00e1 la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayag\\u00faez, en 1 de junio de 1965, y se devolver\\u00e1 el caso para ulteriores procedimientos.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Belaval concurre con el resultado.\\nLas razones aducidas fueron, en 1 de agosto de 1963, la dificultad para emplazar a la parte demandada \\\"la cual se compone de varias per-sonas, pero el demandante ya ha conseguido localizarlas\\\"; y en 7 de febrero de 1964, el traslado del demandante a San Juan.\\nE1 tribunal estim\\u00f3 que el ejercicio de la acci\\u00f3n se limit\\u00f3 a la presentaci\\u00f3n de la demanda y que en tal d\\u00eda comenz\\u00f3 a contarse un nuevo per\\u00edodo prescriptivo pues en esa fecha cesaron los efectos del ejercicio de la acci\\u00f3n puesto que el demandante cruz\\u00f3se de brazos y no efectu\\u00f3 ninguna gesti\\u00f3n ulterior para proseguir diligentemente el pleito.\\nCarb\\u00f3 v. Portilla, 53 D.P.R. 703 (1938). V\\u00e9anse los Arts. 1845 y 1846 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5266 y 5267, y Sucn. Rosa v. Sucn. Jim\\u00e9nez, 77 D.P.R. 551 (1954) y Calder\\u00f3n v. Sociedad de Auxilio Mutuo, 42 D.P.R. 414 (1931).\\nDerecho Civil Espa\\u00f1ol, Com\\u00fan y Foral (1963), t. 1, vol. 2, p\\u00e1gs. 847-848.\\nTratado de Derecho Civil Espa\\u00f1ol (1958), tomo I, vol. II, p\\u00e1g. 449.\\nComentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol (ed. 1951), t. XII, p\\u00e1gs. 954-958.\\nConforme a la Sec. 6 del Art. V de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las reglas procesales que se adopten por el Tribunal Supremo no pueden menoscabar, ampliar o modificar derechos sustantivos de las partes.\"}"
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+"{\"id\": \"8814634\", \"name\": \"Mar\\u00eda R\\u00edos M\\u00e9ndez, demandante y recurrente, v. Banco Popular de Puerto Rico, demandado y recurrido\", \"name_abbreviation\": \"R\\u00edos M\\u00e9ndez v. Banco Popular de Puerto Rico\", \"decision_date\": \"1959-05-27\", \"docket_number\": \"N\\u00famero 11461\", \"first_page\": \"378\", \"last_page\": \"434\", \"citations\": \"81 P.R. Dec. 378\", \"volume\": \"81\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:26:02.253044+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Sr. Belaval disinti\\u00f3 por las razones que expone en opini\\u00f3n separada.\", \"parties\": \"Mar\\u00eda R\\u00edos M\\u00e9ndez, demandante y recurrente, v. Banco Popular de Puerto Rico, demandado y recurrido.\", \"head_matter\": \"Mar\\u00eda R\\u00edos M\\u00e9ndez, demandante y recurrente, v. Banco Popular de Puerto Rico, demandado y recurrido.\\nN\\u00famero 11461.\\nReasignado: 9 de agosto de 1957.\\nResuelto: 27 de mayo de 1959.\\nAntonio J. Amadeo, abogado de la recurrente; Dami\\u00e1n Montserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Baraga\\u00f1o, Jr., abo-gados del recurrido.\", \"word_count\": \"18722\", \"char_count\": \"113118\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Salda\\u00f1a\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nReducida a t\\u00e9rminos breves y precisos, la cuesti\\u00f3n fundamental que se plantea en este recurso es la siguiente: \\u00bfcu\\u00e1ndo comienza a correr el t\\u00e9rmino para la prescripci\\u00f3n de la acci\\u00f3n subsidiaria de da\\u00f1os y perjuicios proveniente de la nulidad de un ejecutivo hipotecario? Teniendo en cuenta la natura-leza de dicha acci\\u00f3n y lo dispuesto en los arts 1864 y 1869 del C\\u00f3digo Civil (ed. 1930), 31 L.P.R.A. sees. 5294 y 5299, nos parece indudable que el plazo para la prescripci\\u00f3n se cuenta desde el momento en que, verificada la subasta con el consiguiente remate y consignaci\\u00f3n del precio, el alguacil en representaci\\u00f3n del deudor adjudica los bienes hipotecados a favor del rematante. Hay que considerar dicha adjudicaci\\u00f3n como una especie de compraventa, pues produce una trasmi-si\\u00f3n por precio, en la cual por ministerio de ley el consenti-miento del due\\u00f1o se sustituye por el acto de un funcionario p\\u00fablico. Los bienes quedan \\\"subastados\\\" y \\\"vendidos\\\" en ese instante y, si el adjudicatario lo solicitase, tambi\\u00e9n se le pon-dr\\u00eda inmediatamente en posesi\\u00f3n de los mismos. 32 L.P.R.A. see. 1142. Cf. Llor\\u00e9ns v. Arbona, 61 D.P.R. 279 (1943). Es decir, la venta se verifica por el solo hecho de la adjudicaci\\u00f3n, aunque posteriormente deba formalizarse en una escritura p\\u00fablica que sirve de t\\u00edtulo de dominio a los fines de la inscrip-ci\\u00f3n en el registro. De ah\\u00ed que si el ejecutivo es nulo, con la adjudicaci\\u00f3n se consuma el acto de despojo de la propiedad, se lesiona el derecho del deudor que puede ser inmediatamente reivindicable y nace la acci\\u00f3n correspondiente para conse-guirlo, bien sea por medio de la reivindicaci\\u00f3n con devoluci\\u00f3n de los frutos, mientras los bienes no hayan pasado a manos de un tercero hipotecario, o por medio de la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y per-juicios equivalente o subsidiaria cuando resulte imposible obtener la devoluci\\u00f3n espec\\u00edfica de los bienes con sus frutos. Y como no existe disposici\\u00f3n especial que otra cosa determine, el tiempo para la prescripci\\u00f3n de la acci\\u00f3n del deudor perju-dicado debe contarse desde ese d\\u00eda en que sin duda tiene expedito su derecho para ejercitarla. Art. 1869 del C\\u00f3digo Civil (ed. 1930), 31 L.P.R.A. see. 5299.\\nEn el caso de autos la alegada nulidad del ejecutivo suma-rio seguido por el Banco Popular de Puerto Rico se fund\\u00f3 en el hecho de que el acreedor cobr\\u00f3 intereses de mora que no estaban garantizados hipotecariamente. Aunque el deman-dado en su contestaci\\u00f3n original se opuso a la nulidad, luego admiti\\u00f3 que el procedimiento sumar\\u00edsimo era nulo y que la propiedad hab\\u00eda pasado a manos de un tercero hipotecario, descansando exclusivamente en su defensa de que la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios ejercitada hab\\u00eda prescrito. La prueba practicada en la vista correspondiente ante el tribunal de ins-tancia demostr\\u00f3 que el escrito inicial del procedimiento de ejecuci\\u00f3n se present\\u00f3 el 15 de marzo de 1934; que el requeri-miento de pago al deudor fue cumplimentado por el alguacil el 20 de marzo de 1934; que los bienes hipotecados fueron subastados y adjudicados al acreedor Banco Popular de Puerto Rico con fecha 26 de junio de 1934; que la escritura de adju- dicaci\\u00f3n en venta judicial fue otorgada por el alguacil ante el notario don Dami\\u00e1n Monserrat y Suro a favor del Banco Popular el 30 de junio de 1934; y que el inmueble fue poste-riormente vendido por dicho Banco a Do\\u00f1a Trinidad Soler mediante escritura p\\u00fablica otorgada el 16 de noviembre de 1934. Como cuesti\\u00f3n de derecho el Tribunal Superior resol-vi\\u00f3: primero, que el ejecutivo hipotecario seguido por el Banco era nulo seg\\u00fan la propia admisi\\u00f3n del demandado; segundo, que por haber pasado la propiedad a manos de un tercero hipotecario, seg\\u00fan la propia admisi\\u00f3n del demandado, la acci\\u00f3n ejercitada por el deudor bas\\u00e1ndose en la nulidad del procedimiento sumario no era la de reivindicaci\\u00f3n del inmue-ble con devoluci\\u00f3n de sus frutos, sino la equivalente o subsi-diaria de da\\u00f1os y perjuicios contra el acreedor ejecutante; tercero, que dicha acci\\u00f3n subsidiaria de da\\u00f1os y perjuicios, iniciada por el demandante el 20 de junio de 1949, es una ex contractu que prescribe a los 15 a\\u00f1os; y cuarto, que el t\\u00e9rmino para la prescripci\\u00f3n de esa acci\\u00f3n empieza a correr desde la fecha en que el requerimiento de pago es cumplimen-tado por el alguacil. Fund\\u00e1ndose en las anteriores conclu-siones, el tribunal a quo decret\\u00f3 que la acci\\u00f3n para recobrar los da\\u00f1os provenientes de la nulidad del ejecutivo hipotecario hab\\u00eda prescrito y dict\\u00f3 sentencia declarando sin lugar la de-manda. Ante nos la parte demandante sostiene que el Tribunal Superior err\\u00f3 al resolver que su acci\\u00f3n se hallaba prescrita. A nuestro juicio tiene raz\\u00f3n: la acci\\u00f3n se inici\\u00f3 antes de transcurrir 15 a\\u00f1os a partir de la subasta y adjudi-caci\\u00f3n de los bienes hipotecados, o sea, desde el 26 de junio de 1934, y el plazo para la prescripci\\u00f3n debe contarse desde esa fecha y no desde el momento en que el requerimiento de pago fue cumplimentado por el alguacil.\\nEs preciso aclarar, en primer lugar, la naturaleza de la acci\\u00f3n aqu\\u00ed ejercitada bas\\u00e1ndose en la nulidad del procedimiento sumario. Conforme se ha indicado, no es la de reivindicaci\\u00f3n del inmueble, sino la equivalente o subsidiaria de da\\u00f1os y perjuicios contra el acreedor ejecutante. Dicha acci\\u00f3n se funda en el art. 38 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 63) y en el art. 169 del Reglamento para la ejecuci\\u00f3n de la misma (30 L.P.R.A. see. 1090). El primero de esos art\\u00edculos consigna en lo pertinente que \\\" . En todo caso en que la acci\\u00f3n resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme a lo dispuesto en esta secci\\u00f3n, se podr\\u00e1 ejercitar la personal correspondiente para la indemnizaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios por el que los hubiere causado\\\". (Bastardillas nuestras.) El segundo, o sea, el 169 del Reglamento, dispone en lo esencial: \\\". . . El escrito [inicial] a que se refiere esta secci\\u00f3n, autorizado siempre con firma del letrado, enumerar\\u00e1 los hechos y las razones jur\\u00eddicas determinantes de la certeza, la subsistencia y la exi-gibilidad del cr\\u00e9dito y de la competencia del juzgado; se\\u00f1alar\\u00e1 categ\\u00f3ricamente las cantidades cobradas en concepto de inte-reses o a cuenta del capital de la deuda, expresando tambi\\u00e9n la garant\\u00eda l\\u00edquida de la reclamaci\\u00f3n que por el solo acto de iniciar el procedimiento contraer\\u00e1 el acreedor, sujet\\u00e1ndose a indemnizar cuantos da\\u00f1os y perjuicios irrogare al deudor o a terceros interesados por malicia o negligencia en la fiel expo-sici\\u00f3n de los hechos y las circunstancias que ha de apreciar el juez para autorizar el procedimiento y para continuarlo (Bastardillas nuestras.) Conviene se\\u00f1alar que en el juicio ejecutivo espa\\u00f1ol (arts. 1429 y siguientes de la Ley de Enjui-ciamiento Civil) se exige \\\"la protesta de abonar pagos leg\\u00ed-timos\\\" (art. 1439). Seg\\u00fan indica De La Plaza, Derecho Procesal Civil Espa\\u00f1ol, Vol. II, primera parte (3a ed. 1955) 412-413, realmente este requisito ritual es una mera super-vivencia hist\\u00f3rica. Cf. 5 Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (3a ed. 1910) 467. Por tanto, la dispo-sici\\u00f3n del art. 169 del Reglamento Hipotecario sobre la responsabilidad \\\". . . que por el solo acto de iniciar el proce-dimiento contraer\\u00e1 el acreedor . . .\\\", s\\u00f3lo ten\\u00eda el alcance de relevar a \\u00e9ste de hacer la protesta que exig\\u00eda la ley procesal espa\\u00f1ola en la demanda del juicio ejecutivo ordinario. V\\u00e9ase Gonz\\u00e1lez Alegre, Los Procedimientos Judiciales de la Ley Hipotecaria (2a ed. 1955) 98. En nuestro derecho, esa dis-posici\\u00f3n ya no juega ning\\u00fan papel, pues ha desaparecido el requisito de la protesta de abonar pagos leg\\u00edtimos y tambi\\u00e9n la acci\\u00f3n ejecutiva del enjuiciamiento civil espa\\u00f1ol.\\nDada la situaci\\u00f3n privilegiada del acreedor ejecutante en la acci\\u00f3n hipotecaria, los preceptos contenidos en los arts. 38 y 169 antes citados consisten en una imposici\\u00f3n absoluta del deber de veracidad con respecto a los hechos y circuns-tancias que ha de apreciar el juez para autorizar el procedimiento sumario. De conformidad con el art. 175 del Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. see. 1096), el procedi-miento ejecutivo s\\u00f3lo puede suspenderse en tres casos: (1) existencia de un procedimiento criminal por falsedad del t\\u00edtulo hipotecario en que se haya admitido querella o dictado auto de procesamiento; (2) interposici\\u00f3n de una tercer\\u00eda de dominio fundada en t\\u00edtulo de propiedad inscrito con fecha anterior a la inscripci\\u00f3n de la hipoteca y no cancelado en el Registro; (3) prueba de la cancelaci\\u00f3n de la hipoteca me-diante certificaci\\u00f3n del Registro o copia aut\\u00e9ntica de la escri-tura de cancelaci\\u00f3n con la debida nota de presentaci\\u00f3n. Se-g\\u00fan el precepto concreto del art. 175 antes citado, . . todas las dem\\u00e1s reclamaciones que puedan formular, as\\u00ed el deudor como los terceros poseedores y los dem\\u00e1s interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del t\\u00edtulo o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinci\\u00f3n o cuant\\u00eda de la deuda, se ventilar\\u00e1n en el juicio plenario que corresponda, sin pro-ducir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedi-miento ejecutivo . . .\\\" Es decir, el procedimiento ejecutivo continuar\\u00e1 de ordinario su curso aunque el deudor pueda demostrar la inexactitud o falsedad de los hechos alegados en el escrito inicial. Por eso la ley exige que el acreedor ejecu-tante diga la verdad al exponer los hechos en el escrito inicial.\\nLa \\\"malicia o negligencia\\\" que menciona el citado art. 169 del Reglamento Hipotecario se refiere tanto a la ocultaci\\u00f3n o falseamiento de la realidad a sabiendas, como a una falta de veracidad por error de derecho o por descuido en la investigaci\\u00f3n de los hechos que figuren en el escrito inicial. Por mandato legal, se hace responsable al acreedor y se le obliga a indemnizar los da\\u00f1os y perjuicios que por ilegalida-des en el ejercicio de su acci\\u00f3n se ocasionen al deudor ejecu-tado. As\\u00ed lo hemos declarado reiteradamente, al resolver: (1) que es preciso ajustarse de modo riguroso a los tr\\u00e1mites y requisitos del procedimiento sumar\\u00edsimo, incurri\\u00e9ndose en nulidad de lo actuado al apartarse de los mismos; y (2) que el cobro de intereses excesivos o de otras cantidades que no est\\u00e9n hipotecariamente garantizadas, constituye un error sustancial en perjuicio de los derechos del deudor que vicia de nulidad el procedimiento ejecutivo seguido, aunque tal ilegalidad se deba a un mero error de derecho o a un mero descuido en la investigaci\\u00f3n de los hechos que figuren en el escrito inicial. V\\u00e9anse, entre otros, Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957); Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412 (1949); Buil v. Banco Popular, 69 D.P.R. 254 (1948); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525 (1946); Costas v. G. Llin\\u00e1s & Co., 66 D.P.R. 730 (1946); De Jes\\u00fas v. Assad, 63 D.P.R. 137 (1944); Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811 (1941); V\\u00e1zquez Vda. de McCormick v. Guti\\u00e9rrez, 52 D.P.R. 170 (1937); Guti\\u00e9rrez Vda. de Crosas v. Longpr\\u00e9, 44 D.P.R. 667 (1933); Martorell v. Cr\\u00e9dito y Ahorro Ponce\\u00f1o, 42 D.P.R. 655 (1931); Santos v. Cr\\u00e9dito y Ahorro Ponce\\u00f1o, 41 D.P.R. 946 (1931). Pero esa condena no procede \\u2014hay que subrayarlo \\u2014 a menos que se pruebe la existencia del da\\u00f1o irrogado por el incumplimiento de la obligaci\\u00f3n que asume el ejecutante. V\\u00e9anse la Sentencia del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 4 de junio de 1952, 39 Jur. Civ. (2a s.) 76; 4 Roca Sastre, Derecho Hipotecario (5a ed., 1954) 835; y Gonz\\u00e1lez Alegre, Los Procedimientos Judiciales de la Ley Hipotecaria (2a ed., 1955) 93.\\nPorque esto es un hecho: en \\u00faltima instancia la acci\\u00f3n del propietario ejecutado para resarcirse del da\\u00f1o que le cause la nulidad del procedimiento sumario, est\\u00e1 basada en el incum-plimiento de una obligaci\\u00f3n contractual del acreedor hipote-cario. En efecto, el contrato de hipoteca impone al acreedor la obligaci\\u00f3n de ejercitar su derecho de ejecuci\\u00f3n sobre los bienes gravados sin incurrir en ilegalidades. Si incurre en \\u00e9stas, entonces incumple la obligaci\\u00f3n contra\\u00edda. As\\u00ed lo se\\u00f1a-lamos en Gim\\u00e9nez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, 132 (1906) al decir que: \\\". . . El procedimiento sumario para el cobro de hipoteca es el resultado de un contrato entre partes en el que se han convenido las prestaciones y se ha pactado tambi\\u00e9n el medio de hacer efectivo el cr\\u00e9dito en casos de incumpli-miento, o sea, en el de falta de pago por parte del deudor.\\\" Esta idea tiene una ra\\u00edz hist\\u00f3rica muy honda. Como indica Prieto Castro, el procedimiento ejecutivo sumario es en verdad A . una derivaci\\u00f3n ideol\\u00f3gica y real del pacto de sumisi\\u00f3n a la ejecuci\\u00f3n en el derecho espa\\u00f1ol primitivo.\\\" V\\u00e9ase 177 Rev. Grab de Legis. y Jurisp. 493 (1947). El deudor hipotecante acepta que, en caso de incumplimiento, el acreedor tiene dere-cho a ejecutar directamente los bienes hipotecados por v\\u00eda de apremio, es decir, sin acci\\u00f3n personal o contenci\\u00f3n relativa al cr\\u00e9dito, fuera del tr\\u00e1mite previo para la comprobaci\\u00f3n de la certeza, exigibilidad y subsistencia del mismo. Esta compro-baci\\u00f3n se realiza sin juicio alguno o fase procesal de conten-ci\\u00f3n entre las partes. Depende de los hechos y circunstancias, que el acreedor ejecutante haga constar en su escrito inicial para que el juez mande a substanciar el procedimiento suma-rio. 4 Roca Sastre, Derecho Hipotecario (5a ed. 1954) S20-887. El acreedor por su parte viene obligado por el contrato y por la ley a cumplir con los tr\\u00e1mites del procedi-miento ejecutivo para cobrar la hipoteca. Se comprende f\\u00e1cilmente, pues, que \\\". . . la malicia o negligencia a que se- contrae el art\\u00edculo 169 [del Reglamento Hipotecario] tiene su origen en una obligaci\\u00f3n contractual o por lo menos en su antecedente contractual, pues a no mediar relaciones contrac-tuales entre los litigantes de este caso, jam\\u00e1s hubiera surgido la obligaci\\u00f3n de la demandada a indemnizar a la demandante como consecuencia de no haberse interpuesto la acci\\u00f3n del procedimiento sumario para el cobro de la hipoteca de confor-midad con las disposiciones de la Ley Hipotecaria.\\\" F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 537-538 (1946).\\nN\\u00f3tese que en esta acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios la parte demandante tiene derecho a recobrar el valor que ten\\u00eda la propiedad en el mercado cuando fue privado de ella en la subasta. Tambi\\u00e9n tiene derecho a recobrar el equivalente de los frutos civiles y rentas producidos por el inmueble mientras \\u00e9ste estuvo en manos del ejecutante, si \\u00e9ste fue el adjudicatario en la subasta, e intereses sobre su valor si el ejecutante no se adjudic\\u00f3 el inmueble en la subasta o si posteriormente lo vendi\\u00f3 a un tercero, desde la fecha de la subasta o de la venta al tercero hasta la fecha en que quede firme la sentencia que dicte el Tribunal Superior o este Tribunal Supremo en caso de apelaci\\u00f3n. Por otro lado, para determinar la cuant\\u00eda de esos da\\u00f1os, hay que descontar (1) las contribuciones pagadas por la parte demandada, (2) el capital del pr\\u00e9stamo hipotecario, y (3) los intereses desde el vencimiento del cr\\u00e9dito hipotecario hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia que dicte el Tribunal Superior o este Tribunal Supremo en caso de que se interponga una apelaci\\u00f3n. V\\u00e9anse Arvelo v. Banco Territorial y Agr\\u00edcola de Puerto Rico, 29 D.P.R. 1066 (1921); Isaach v. Del Toro, 33 D.P.R. 1000 (1925); Pont\\u00f3n v. Sucrs. de Huertas Gonz\\u00e1lez, 42 D.P.R. 529 (1931); Santana v. Orcasitas, 47 D.P.R. 735 (1934); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, supra; y Nogueras v. Mu\\u00f1oz, 67 D.P.R. 441 (1947). Es decir, la indemnizaci\\u00f3n que el ejecutante viene obligado a pagar al deudor en esta acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios, se determina de conformidad con los arts. 1255 y 1259 del C\\u00f3digo Civil (ed. 1930), que rigen las obligaciones de los contratantes cuando se declara la nulidad de una obligaci\\u00f3n.\\nDe aqu\\u00ed resulta que la acci\\u00f3n contra el acreedor ejecutante para el resarcimiento de los da\\u00f1os causados por la nulidad del ejecutivo hipotecario constituye una acci\\u00f3n personal ex contractu y no una ex delicto. Y no teniendo se\\u00f1alado t\\u00e9rmino especial alguno, dicha acci\\u00f3n prescribe a los quince a\\u00f1os desde el momento en que sea ejercitadle, seg\\u00fan lo dispuesto en los arts. 1864 y 1869 del C\\u00f3digo Civil (ed. 1930), 31 L.P.R.A. sees. 5294 y 5299. La jurisprudencia constante de este Tribunal as\\u00ed lo tiene declarado. V\\u00e9anse, entre otros, Buil v. Banco Popular, 69 D.P.R. 254, 266 (1948); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 536-540 (1946); Guti\\u00e9rrez Vda. de Crosas v. Longpr\\u00e9, 44 D.P.R. 667 (1933); y Arvelo v. Banco Territorial y Agr\\u00edcola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728 (1917). Siendo esto as\\u00ed, el momento preciso en que se inicia la prescripci\\u00f3n es el d\\u00eda en que pudo ejercitarse la acci\\u00f3n contra el acreedor ejecutante por la lesi\\u00f3n que le caus\\u00f3 al derecho del deudor la nulidad del ejecutivo hipotecario. Y como es sabido, no debe tenerse en cuenta ninguna raz\\u00f3n o circunstancia que no afecte a la posibilidad legal del ejercicio de dicha acci\\u00f3n. Cabe pues preguntar \\u00bfen qu\\u00e9 momento naci\\u00f3 esa acci\\u00f3n? La \\u00fanica respuesta es sin duda: cuando el derecho del deudor pudo ser realizado porque fu\\u00e9 lesionado o violado por el acreedor. De ah\\u00ed que el t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n corre desde el instante en que se despoja ilegalmente al deudor de su propiedad, o sea, desde la fecha de la subasta y adjudicaci\\u00f3n de los bienes hipotecados. Ese es el acto que lesiona los derechos del deu-dor y que hace legalmente posible el ejercicio de la acci\\u00f3n para reivindicarlos. En efecto, la obligaci\\u00f3n del acreedor consiste en no despojar al deudor hipotecante de su propiedad sin cumplir estrictamente con las disposiciones que para el procedimiento sumario fija la ley. Se trata de una obligaci\\u00f3n de no hacer un acto, es decir, dirigida a una omisi\\u00f3n, por lo cual es imprescindible la consumaci\\u00f3n del acto contrario para que nazca la acci\\u00f3n del deudor. Mientras no quede consu-mado dicho acto de despojo de la propiedad contrario a la obligaci\\u00f3n asumida por el acreedor hipotecario, el deudor no puede legalmente ejercitar ninguna acci\\u00f3n de da\\u00f1os y per-juicios. A ese momento hay que atenerse para fijar la iniciaci\\u00f3n de la prescripci\\u00f3n. Cf. la Sentencia del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 8 de mayo de 1903, 95 Jur. Civ. 736; Cast\\u00e1n, Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Com\\u00fan y Foral, Tomo I, Vol. II (9a ed., 1955) 716-718; 12 Manresa, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol (5a ed., 1951) 944-946; 1 Borrell y .Soler, Derecho Civil Espa\\u00f1ol (1955) 507-515.\\nEs cierto que, seg\\u00fan doctrina reiterada de este Tribunal, al admitir el procedimiento sumario el juez dicta en realidad una sentencia firme fundada en el contrato entre las partes. Por eso el requerimiento de pago al deudor constituye la notificaci\\u00f3n de dicha sentencia. V\\u00e9anse V\\u00e1zquez Vda. de McCormick v. Guti\\u00e9rrez, 52 D.P.R. 170 (1937); Arsuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001 (1932) y Perales v. Corte, 43 D.P.R. 902 (1932). Sin embargo, el deudor hipotecante tiene un t\\u00e9rmino de treinta d\\u00edas para pagar despu\\u00e9s del requerimiento. Adem\\u00e1s si no se verifica el pago, la ley dispone que se publicar\\u00e1n edictos anunci\\u00e1ndose la subasta por un t\\u00e9rmino de veinte d\\u00edas. Una vez celebrada la subasta, se procede a la adjudicaci\\u00f3n de la propiedad al mejor postor, a poner en posesi\\u00f3n judicial de los bienes al adjudicatario y a la formalizaci\\u00f3n de dicha venta mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura. Por tanto, el procedimiento sumario no termina cuando el requerimiento de pago es cumplimentado por el alguacil. V\\u00e9anse Salas v. Cabassa, 69 D.P.R. 457, 467 (1948); Federal Land Bank v. Corte Mpal. y Santi, Int., 47 D.P.R. 421 (1934); Gratac\\u00f3s v. Corte, 46 D.P.R. 175 (1934); y Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269 (1929). Por otro lado, hemos resuelto que . .la corte no agota su facultad al autorizar el requerimiento de pago, ni pierde todo dominio sobre tal procedimiento [ejecutivo], sino que, al descubrir cualquier defecto jurisdiccional que es aparente de la faz de la petici\\u00f3n o de los documentos uni-dos a la misma, puede dejar sin efecto su resoluci\\u00f3n original, bien a iniciativa propia o a instancia de una de las partes en el procedimiento\\\". Miranda v. Corte, 41 D.P.R. 619, 623 (1930) y Domenech v. Suau, Fiol & Co., 49 D.P.R. 755, 757 (1936). As\\u00ed pues, el incumplimiento sensu stricto de la obli-gaci\\u00f3n contractual del acreedor no queda consumado ni por la presentaci\\u00f3n de un escrito inicial que contenga asevera-ciones falsas o err\\u00f3neas, ni por la autorizaci\\u00f3n del pro-cedimiento sumario en virtud de auto judicial, ni por la notificaci\\u00f3n del requerimiento de pago al deudor. Mientras no se verifica el acto de subasta y adjudicaci\\u00f3n s\\u00f3lo existe una posibilidad futura de incumplimiento. Este s\\u00f3lo queda realizado cuando el alguacil vende mediante adjudicaci\\u00f3n los bienes al adquirente o rematante en la subasta. En ese momento tambi\\u00e9n surgen los da\\u00f1os que, como se\\u00f1alamos ante-riormente, constituyen un requisito indispensable para el ejercicio de la acci\\u00f3n de indemnizaci\\u00f3n basada en el art. 169 del Reglamento Hipotecario. Sentencia del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 4 de junio de 1952, 39 Jur. Civ. (2a s.) 76. Sin duda, el procedimiento hipotecario puede impugnarse, aunque el mismo no haya terminado todav\\u00eda (aun antes del requerimiento de pago), mediante la presen-taci\\u00f3n de una acci\\u00f3n personal ordinaria. Art. 175 del Regla-mento Hipotecario, 30 L.P.R.A. see. 1096; Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 148 (1922); Roca Sastre, op. di. supra, 882-883. Pero es obvio que en este \\\"juicio plenario\\\" el deudor no podr\\u00eda formular contra su acreedor una reclama-ci\\u00f3n por da\\u00f1os y perjuicios que s\\u00f3lo sufrir\\u00e1 al venderse los bienes en p\\u00fablica subasta. As\\u00ed por ejemplo: en Arvelo v. Banco Territorial Agr\\u00edcola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728 (1917) la propiedad objeto del ejecutivo sumario fue adju-dicada al banco demandado el 26 de septiembre de 1898 y la demanda de da\\u00f1os y perjuicios no fue iniciada hasta el 7 de septiembre de 1913. Resolvimos que la acci\\u00f3n no se hallaba prescrita, a pesar de que el requerimiento de pago fue hecho en 23 de febrero de 1898. De haberse tomado esa fecha como punto de partida para la prescripci\\u00f3n \\u2014 tal cual sostiene aqu\\u00ed el banco recurrido \\u2014 este Tribunal hubiera tenido necesaria-mente que llegar a una conclusi\\u00f3n distinta.\\nN\\u00f3tese adem\\u00e1s que el traspaso posterior de los bienes por el adjudicatario a un tercero hipotecario y la inscripci\\u00f3n por \\u00e9ste de los mismos en el Registro, no puede l\\u00f3gicamente alterar el plazo de la prescripci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios provenientes de la nulidad del ejecutivo. Sin embargo, en Carmona v. Cuesta, 20 D.P.R. 229 (1914) declaramos que el t\\u00e9rmino de la prescripci\\u00f3n de dicha acci\\u00f3n se cuenta desde la fecha en que se inscriben los bienes ejecutados en el Registro a nombre de un tercero. Esa doctrina es err\\u00f3nea y debe ser revocada. El hecho de que la acci\\u00f3n personal para la indemnizaci\\u00f3n de los da\\u00f1os y perjuicios sufridos por el deudor ejecutado tenga car\\u00e1cter de \\\"subsidiaria\\\", s\\u00f3lo significa que debe acudirse en primer lugar a la acci\\u00f3n principal de reivindicaci\\u00f3n o de mera declaraci\\u00f3n de la propiedad, si el procedimiento ejecutivo est\\u00e1 viciado de nulidad y los bienes no han pasado a manos de un tercero hipotecario, Salvo en casos excepcionales, la consecuen-cia normal en nuestro derecho del incumplimiento de las diversas clases de obligaciones, tanto cuando se trata de una de dar o hacer como de una de no hacer, es la ejecuci\\u00f3n in natura o cumplimiento espec\\u00edfico de la prestaci\\u00f3n. V\\u00e9anse 3 Cast\\u00e1n, Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Com\\u00fan y Foral (8a ed. 1954) 160 y sigtes.; 2 Colin y Capitant, Cours Elementaire de Droit Civil Francais (10 ed. 1948) 111 y sigtes.; Szladits, The Concept of Specific Performance in Civil Lavo, 4 Am. J. of Comp. Law 208 (1955). De ah\\u00ed que deba exigirse en forma espec\\u00edfica el cumplimiento de la obligaci\\u00f3n contractual del acreedor ejecutante, al decretarse la nulidad del procedi-miento, mediante la devoluci\\u00f3n de la finca y de los frutos. S\\u00f3lo cuando es imposible procurar la ejecuci\\u00f3n de dicha obli-gaci\\u00f3n en naturaleza hay lugar a la sustituci\\u00f3n de \\u00e9sta por la indemnizaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios, que es un cumpli-miento equivalente y subsidiario. Pero no podr\\u00eda sostenerse que la acci\\u00f3n personal contra el acreedor ejecutante para el resarcimiento de los da\\u00f1os y perjuicios nace o se origina cuando resulta imposible legalmente la reivindicaci\\u00f3n del inmueble. Es decir, dicha acci\\u00f3n de da\\u00f1os no es \\\"subsidia-ria\\\" en el sentido de que nace cuando se extingue la de reivin-dicaci\\u00f3n. Se considera una acci\\u00f3n equivalente o subsidiaria porque sustituye el cumplimiento natural adecuado de la obligaci\\u00f3n del ejecutante. As\\u00ed por ejemplo, en una acci\\u00f3n por violaci\\u00f3n de un contrato bilateral de promesa de venta, lo normal es exigir el cumplimiento espec\\u00edfico mediante el otor-gamiento de la correspondiente escritura de compraventa; pero si esto resulta imposible porque la propiedad ya no se encuentra en el patrimonio del promitente, entonces hay lugar al resarcimiento de los da\\u00f1os y perjuicios. Y claro est\\u00e1, el t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n de la acci\\u00f3n que tiene el beneficiario de la promesa corre desde la fecha del incumplimiento imputable al promitente. No se inicia la prescripci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de indemnizaci\\u00f3n de da\\u00f1os cuando la ejecuci\\u00f3n en forma espec\\u00edfica resulta imposible. Tanto en ese caso hipot\\u00e9tico como en el de autos, el derecho contractual lesionado puede ser reivindicado inmediatamente despu\\u00e9s que queda consu-mada la violaci\\u00f3n del mismo. Advi\\u00e9rtase que el derecho contractual del deudor hipotecante queda definitivamente le-sionado con el acto de la subasta. Por eso carece de impor-tancia la regla procesal de que el ejecutivo sumario no termina con la subasta. Como se\\u00f1alamos anteriormente la adjudicaci\\u00f3n a favor del rematante en la subasta es una especie de compraventa y a partir de ese momento los bienes quedan \\\"vendidos\\\" seg\\u00fan dispone la ley. El otorgamiento de una escritura posterior s\\u00f3lo sirve de t\\u00edtulo a los fines de la inscripci\\u00f3n en el registro. En Puerto Rico para fines pro-cesales \\u00fanicamente se ha resuelto que el procedimiento eje-cutivo hipotecario termina (1) \\\". . . con la posesi\\u00f3n, la escritura y su inscripci\\u00f3n\\\", Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269; (2) \\\". . . con la posesi\\u00f3n dentro de los treinta d\\u00edas, sin per-juicio de que la corte puede ordenar dicha posesi\\u00f3n despu\\u00e9s de expirados esos treinta d\\u00edas, en el ejercicio de sus facul-tades discrecionales\\\", Gratac\\u00f3s v. Corte, 46 D.P.R. 175; (3) \\\" . . . con la subasta y con el otorgamiento de la escri-tura . Salas v. Cabassa, 69 D.P.R. 457. No tenemos que precisar cu\\u00e1ndo termina en verdad el car\\u00e1cter sumar\\u00ed-simo del ejecutivo. Esa cuesti\\u00f3n de car\\u00e1cter procesal no se plantea en el caso de autos. V\\u00e9ase el escolio n\\u00fam. 3, supra.\\nLa doctrina sobre la iniciaci\\u00f3n de la prescripci\\u00f3n que se adopt\\u00f3 en el caso de Carmona resulta tambi\\u00e9n inaceptable por razones pr\\u00e1cticas. La prescripci\\u00f3n existe por motivos de necesidad y utilidad social. Como indica Cast\\u00e1n, op. cit. supra, tomo I, p\\u00e1g. 705, \\\". . . asegura la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los dem\\u00e1s derechos . [y] facilita o hace innecesaria la prueba de situaciones jur\\u00eddicas perfectamente legales, que a veces ser\\u00edan de costosa o imposible justificaci\\u00f3n\\\". Naturalmente el per\\u00edodo de prescripci\\u00f3n tiene que ser arbitrario hasta cierto punto, pero no debe fijarse en forma que resulte irrazonable. Ahora bien, hemos resuelto que la acci\\u00f3n para solicitar la nulidad del ejecutivo hipotecario no prescribe nunca. V\\u00e9anse Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412, 426-427 (1949); Sucrs. de Huertas Gonz\\u00e1lez v. D\\u00edaz, 72 D.P.R. 537, 541 (1951); Costas v. G. Llin\\u00e1s & Co., 66 D.P.R. 730, 741 (1946). Esto significa que la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios contra el acreedor ejecutante, bajo la teor\\u00eda de Carmona, podr\\u00eda en muchos casos instarse dentro de un t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os despu\\u00e9s de transcurrir los 30 a\\u00f1os de la usucapi\\u00f3n extraordinaria. Tal situaci\\u00f3n ser\\u00eda irrazonable y peligrosa para la estabilidad econ\\u00f3mica y jur\\u00eddica en Puerto Rico.\\nAunque la acci\\u00f3n para solicitar la nulidad del ejecutivo hipotecario no prescribe nunca porque \\\"la prescripci\\u00f3n no corre contra lo inexistente [y] el decurso del tiempo no puede insuflar vida a lo que legalmente nunca la tuvo\\\", puede que sea imposible obtener la devoluci\\u00f3n de la finca y de los frutos. As\\u00ed por ejemplo: (1) cuando el ejecutante vende la propiedad a otra persona que tiene la condici\\u00f3n de tercero de acuerdo con el art. 84 de la Ley Hipotecaria, y (2) cuando el acreedor ejecutante adquiere un t\\u00edtulo por la usucapi\\u00f3n extraordinaria. Cf. Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412, 424 (1949); D\\u00edaz v. Qui\\u00f1ones, 68 D.P.R. 249, 253-254 (1948); Costas v. G. Llin\\u00e1s & Co., 66 D.P.R. 730, 740-741 (1946). Ya hemos indicado que la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios basada en el art. 38 de la Ley Hipotecaria y en el art. 169 del Reglamento Hipo-tecario, no es \\\"subsidiaria\\\" en el sentido de que nace cuando resulta imposible legalmente la reivindicaci\\u00f3n del inmueble. S\\u00f3lo sustituye el cumplimiento espec\\u00edfico de la obligaci\\u00f3n del ejecutante: a saber, la devoluci\\u00f3n de la finca con sus frutos. Como la acci\\u00f3n de da\\u00f1os prescribe a los 15 a\\u00f1os a contar desde la fecha en que se adjudican los bienes por el alguacil en la subasta, la inacci\\u00f3n del deudor podr\\u00eda colocarlo en una situaci\\u00f3n de desventaja si el acreedor ejecutante vende la propiedad a un tercero hipotecario poco tiempo antes de transcurrir esos 15 a\\u00f1os. En tal caso, al vencerse el t\\u00e9rmino de la acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios, el deudor perder\\u00eda todos sus derechos. Pero esto no puede esgrimirse como una obje-ci\\u00f3n v\\u00e1lida contra nuestra teor\\u00eda. El inconveniente apuntado surgir\\u00eda de la incuria del propio deudor. Adem\\u00e1s es indispensable para la econom\\u00eda del pa\\u00eds que en tal caso por el transcurso de 15 a\\u00f1os se produzca un estado de derecho inatacable.\\nEn suma: la adjudicaci\\u00f3n en favor del acreedor ejecu-tante, o sea el Banco Popular, fue hecha por el alguacil del extinto Tribunal de Distrito de San Juan, ante el cual se tramit\\u00f3 el ejecutivo sumario, el 26 de junio de 1934. Esa es la fecha que sirve de punto de partida para computar el t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n de quince a\\u00f1os. Como la acci\\u00f3n en el caso de autos se inici\\u00f3 el 20 de junio de 1949, es evidente que no se hallaba prescrita. Fue, por tanto, un error del tribunal a quo declarar sin lugar la demanda por ese motivo.\\nDebe revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para ulteriores pro-cedimientos compatibles con esta opini\\u00f3n.\\nEl Juez Asociado Sr. Belaval disinti\\u00f3 por las razones que expone en opini\\u00f3n separada.\\nEl Juez Asociado Sr. Santana Becerra concurre \\u00fanica-mente con el resultado por los motivos que expresa en opini\\u00f3n separada.\\nBn Sucn. Ram\\u00edrez de Arellano v. Tribunal Superior, ante p\\u00e1g. 357, se\\u00f1alamos que : \\\"No corresponde al juez investigar o determinar la exac-titud o falsedad de los hechos alegados en el escrito inicial para auto-rizar el procedimiento sumario. Tal responsabilidad recae de lleno sobre el acreedor ejecutante. Y tampoco es necesario para que el proce-dimiento sea nulo que la conducta del ejecutante pueda equipararse al dolo. Basta un error que constituya negligencia porque la aseveraci\\u00f3n sea con-traria a los hechos o a las reglas jur\\u00eddicas.\\\"\\nRezan as\\u00ed:\\n\\\"Declarada la nulidad de una obligaci\\u00f3n, los contratantes deben resti-tuirse rec\\u00edprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en las secciones siguientes.\\\" (Art. 1255.)\\n\\\"Siempre que el obligado por la declaraci\\u00f3n de nulidad a la devoluci\\u00f3n de la cosa, no pueda devolverla por haberse perdido, deber\\u00e1 restituir los frutos percibidos y el valor que ten\\u00eda la cosa cuando se perdi\\u00f3, con los intereses desde la misma fecha.\\\" (Art. 1259.)\\nCopiados a la letra, dicen as\\u00ed:\\n\\\"La acci\\u00f3n hipotecaria prescribe a los veinte a\\u00f1os, y las personales que no tengan se\\u00f1alado t\\u00e9rmino especial de prescripci\\u00f3n, a los quince.\\\" (Art. 1864.)\\n\\\"El tiempo para la prescripci\\u00f3n de toda clase de acciones, cuando no haya disposici\\u00f3n especial que otra cosa determine, se contar\\u00e1 desde el d\\u00eda en que pudieron ejercitarse.\\\" (Art. 1869.)\\nUna vez ordenada la venta de los bienes en p\\u00fablica subasta, el procedimiento sumario para el cobro de cr\\u00e9ditos hipotecarios debe ajustarse en todos sus tr\\u00e1mites ulteriores a lo dispuesto en la Ley de 9 de marzo de 1905 (32 L.P.R.A. sees. 1141-1147). Sin embargo, la Ley n\\u00fam. 69 de 1931 (Leyes, p\\u00e1g. 433) restableci\\u00f3 con ciertas enmiendas el art. 127 de la Ley Hipotecaria. Font v. Registrador, 52 D.P.R. 850 (1938). V\\u00e9ase 2 Mu\\u00f1oz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, 214-236 y los casos all\\u00ed citados.\\nNo hay duda que esta acci\\u00f3n denominada \\\"principal\\\" nace inme-diatamente despu\\u00e9s de verificarse la subasta. En la acci\\u00f3n real reivindica-tor\\u00eda que se ejerce erg a omnes, cualquiera que sea el detentador, es imprescindible que el demandado tenga la posesi\\u00f3n de la cosa que se reclama. Rosso v. Rosso, 23 D.P.R. 131, 134-135 (1915) y Sucn. Gorbea v. P\\u00e9rez, 10 D.P.R. 480, 463 (1906). Pero no es indispensable que el deman-dado tenga la posesi\\u00f3n natural de la cosa, bastando s\\u00f3lo la posesi\\u00f3n leg'al. De Buen, Derecho Civil Com\\u00fan y Foral (1931) 238 y sigtes. Por otro lado, la acci\\u00f3n de mera declaraci\\u00f3n o constataci\\u00f3n de la propiedad \\\". . . no exige que el demandado sea poseedor . . V\\u00e9ase la sentencia del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 21 de febrero de 1941, comentada en 25 Rev. de Derecho Privado 206-207; y 2 Cast\\u00e1n, Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Com\\u00fan y Foral (7a ed. 1950) 114 \\u2014 124. O sea que la protecci\\u00f3n y defensa de la propiedad puede ejercitarse mediante cualquiera de estas acciones: \\\". . .la cl\\u00e1sica y propia acci\\u00f3n reivindicator\\u00eda que sirve de medio para la protec-ci\\u00f3n del dominio frente a una privaci\\u00f3n o una detentaci\\u00f3n posesoria, diri-gi\\u00e9ndose fundamentalmente a la recuperaci\\u00f3n de la posesi\\u00f3n, y la acci\\u00f3n de mera declaraci\\u00f3n o constataci\\u00f3n de la propiedad que no exige que el demandado sea poseedor, y tiene como finalidad la de obtener la declaraci\\u00f3n de que el actor es propietario de la cosa . . .\\\". Ibid., 115.\\nSi la acci\\u00f3n para el resarcimiento de los da\\u00f1os y perjuicios que causa el acreedor ejecutante al deudor nace o se origina cuando resulta imposible la acci\\u00f3n de reivindicaci\\u00f3n (bien sea la \\\"real\\\" o la declaratoria), poco importa que tal imposibilidad se deba a la existencia de un t\\u00edtulo adquirido por la usucapi\\u00f3n extraordinaria o de un t\\u00edtulo que se mantiene en el tercero por virtud del art. 34 de la Ley Hipotecaria. En ambos casos se tratar\\u00eda de la misma causa de acci\\u00f3n. En efecto, la obligaci\\u00f3n que impone al acreedor ejecutante el art. 169 del Reglamento Hipotecario es la de \\\". . . indemnizar cuantos da\\u00f1os y perjuicios irrogare al deudor . . . por malicia o negligencia en la fiel exposici\\u00f3n de los hechos y las circunstancias que ha de apreciar el juez para autorizar el procedimiento y para con-tinuarlo.\\\"\\nV\\u00e9anse Parad\\u00eds v. Fern\\u00e1ndez, 47 D.P.R. 321, 329-330 (1934); Martorell v. Cr\\u00e9dito y Ahorro Ponce\\u00f1o, 42 D.P.R. 655 (1931) y Arvelo v. Banco Territorial y Agr\\u00edcola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728 (1917).\"}"
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Cabrera, Procuradores Auxilia-res, abogados del apelado.\", \"word_count\": \"2162\", \"char_count\": \"12992\", \"text\": \"\\u2022El Juez Asociado Se\\u00f1or Marrero\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl Pueblo de Puerto Rico, representado por su Tesorero, radic\\u00f3 ante el antiguo Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico en 29 de agosto de 1949 una petici\\u00f3n cuyas alegaciones esenciales son las siguientes: (1) espera ser parte en una acci\\u00f3n de la cual habr\\u00e1 de conocer dicho tribunal, pero* al pre-sente est\\u00e1 imposibilitado de iniciar la misma y para ello nece-sita perpetuar el testimonio que solicita; (2) se trata de una reclamaci\\u00f3n de contribuciones en la suma de $4,593.77 ya impuestas y adeudadas por United Theatres, Inc., corpora-ci\\u00f3n organizada bajo nuestras leyes y disuelta en o alrededor del 7 de abril do 1942; (3) los hechos que desea estable-cer mediante el testimonio interesado son los siguientes: (a) qui\\u00e9nes eran los accionistas y directores de la corpora-ci\\u00f3n a la fecha de su disoluci\\u00f3n, y n\\u00famero de acciones y valor de las mismas en esa fecha, pertenecientes a cada accionista o director; (\\u00f3) directores que se hicieron cargo de la liquida-ci\\u00f3n de la corporaci\\u00f3n a su disoluci\\u00f3n y valor total de los bie-nes de la corporaci\\u00f3n que pas\\u00f3 a manos de los liquidadores; (c) de haber terminado la liquidaci\\u00f3n, fecha de ella y can-tidad recibida o con qu\\u00e9 se benefici\\u00f3 cada accionista o director liquidador; (d) deudas pagadas por la corporaci\\u00f3n en liqui-daci\\u00f3n; (e) de no haber terminado la liquidaci\\u00f3n, bienes de la corporaci\\u00f3n en poder de los liquidadores; y que en la act\\u00faa- lidad y debido al indicado estado de liquidaci\\u00f3n, al peticionario no le es posible determinar los hechos arriba enumerados, esenciales a la causa de acci\\u00f3n; (4) que espera habr\\u00e1n de ser partes adversas United Theatres, Inc., en liquidaci\\u00f3n, Rafael Ramos Cobi\\u00e1n como su presidente, Eduardo G. Gon-z\\u00e1lez, como vicepresidente, Julio R. Bruno como secretario, y Am\\u00e9rico Miranda como vocal, no incluy\\u00e9ndose al tesorero, C. Steward Graham por haber fallecido, m\\u00e1s otros accionistas que el peticionario desconoce; (5) las personas a ser exami-nadas sobre los extremos antes expuestos son Rafael Ramos Cobi\\u00e1n, Eduardo G. Gonz\\u00e1lez, Julio R. Bruno y Am\\u00e9rico Miranda, especific\\u00e1ndose sus direcciones respectivas, todos los cuales son mayores de edad y no est\\u00e1n incapacitados. Noti-ficada debidamente esa petici\\u00f3n, se personaron en autos tanto la United Theatres, Inc., como las personas cuyas deposiciones se interesaban, dict\\u00e1ndose por el extinto Tribunal de Contri-buciones en 30 de abril de 1951 una razonada opini\\u00f3n autori-zando la toma de las deposiciones solicitadas. Pedida recon-sideraci\\u00f3n en su oportunidad, la misma fu\\u00e9 declarada sin lugar por resoluci\\u00f3n del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan,( ) con fecha 24 de febrero de 1953. Los opositores apelaron. Se\\u00f1alan como \\u00fanico error que el tribunal a quo err\\u00f3 \\\"al ordenar en este caso que se tomen deposi-ciones para perpetuar testimonio bajo la Regla 27 de Enjui-ciamiento Civil en vista de que, de acuerdo con las alegaciones del peticionario, el \\u00fanico fin que \\u00e9ste persigue es obtener un descubrimiento de pruebas antes de iniciar su acci\\u00f3n, sobre hechos que \\u00e9l desconoce y que desea esclarecer para estar en' condiciones de radicar una demanda.\\\" Asiste a \\u00e9stos la raz\\u00f3n.\\nLa n\\u00famero 27 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil para las cortes de Puerto Rico dispone textualmente, en su apartado (a) (1) lo siguiente:\\n\\\"(a) Antes de la Acci\\u00f3n.\\n\\\"(1) Petici\\u00f3n. \\u2014 Una persona que desee perpetuar su propio testimonio o el de otra persona, con referencia a un asunto del cual puede conocer cualquier corte de Puerto Rico, podr\\u00e1 pre-sentar una petici\\u00f3n jurada en la corte de distrito del distrito donde resida cualquier persona que pueda ser una parte adversa al peticionario. La petici\\u00f3n ser\\u00e1 intitulada con el nombre del peticionario, y en ella se har\\u00e1 constar: 1, que el peticionario espera ser parte en una acci\\u00f3n de la que deber\\u00e1 conocer una corte de Puerto Rico, pero que por el presente est\\u00e1 imposibilitado para iniciarla o para hacer que sea iniciada; 2, la cuesti\\u00f3n envuelta en la acci\\u00f3n que se espera y su inter\\u00e9s en la misma; 3, ios hechos que desea establecer mediante el testimonio propuesto y las ra-zones que tenga para desear su perpetuaci\\u00f3n; 4, los nombres o una descripci\\u00f3n de las personas que el peticionario espera habr\\u00e1n de ser partes adversas y sus direcciones, si fueren conocidas; -y 5, los nombres y direcciones de las personas que han de ser examinadas especificando si alguna de ellas fuere menor o inca-paz y la substancia del testimonio que espera obtener de cada una, y suplicar\\u00e1 se dicte una orden autorizando al peticionario para tomar las deposiciones de las personas mencionadas en la petici\\u00f3n para ser examinadas, con el prop\\u00f3sito de perpetuar su testimonio.\\\"\\nHa habido bastante controversia sobre el alcance e inter-pretaci\\u00f3n del apartado antes copiado de la Regla 27. Sin embargo, casi toda la jurisprudencia y comentarios que sobre la misma nos han sido citados, o que hemos podido hallar, son al efecto de que las \\\"deposiciones antes de iniciarse una ac-ci\\u00f3n\\\" autorizadas por esa Regla s\\u00f3lo proceden para perpetuar testimonio que siendo del conocimiento de la parte que interesa su perpetuaci\\u00f3n, existe, sin embargo, el peligro de que pueda perderse o desaparecer, as\\u00ed como de que antes de iniciarse una demanda o procedimiento, esa Regla no puede ser utilizada con el \\u00fanico y exclusivo prop\\u00f3sito de descubrir prueba para incoar tal demanda o procedimiento. Ello es as\\u00ed no obstante estar autorizadas por las Reglas de Enjuiciamiento Civil las llamadas expediciones de pesca. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, 66 D.P.R. 844; Hickman v. Taylor, 329 U. S. 495, 507; Bergstrom v. Continental Ins. Co., 7 F.R.D. 548. Pero aqu\\u00ed no se trata de una simple expedici\\u00f3n de pesca. Se trata de algo m\\u00e1s.\\nVeamos c\\u00f3mo se expresan los tribunales y tratadistas so-bre la cuesti\\u00f3n que nos ocupa. El Juez Mandelbaum, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York en el asunto de la Petici\\u00f3n de Exstein, 7 Fed. Rules Serv. 536, nos dice que la Regla 27 autoriza dos m\\u00e9todos alternativos para perpetuar testimonio: \\\"el viejo \\u2014 mediante acci\\u00f3n para perpetuar tes-timonio a tenor de la secci\\u00f3n 644 del T\\u00edtulo 28 del C\\u00f3digo de los Estados Unidos (Regla 27 C) \\u2014 y el nuevo m\\u00e9todo sencillo, bajo la Regla 27 (a) que bajo el antiguo m\\u00e9todo el objetivo de la petici\\u00f3n era preservar testimonio conocido del peligro de que se pierda; que ese procedimiento no puede utilizarse con el prop\\u00f3sito de obtener informaci\\u00f3n para redactar una demanda y que la Regla 27 no ampli\\u00f3 los l\\u00edmites de la antigua pr\\u00e1ctica. Dijo, adem\\u00e1s, \\\"Nada encuentro en el contexto de la Regla misma o en los procedimientos habidos ante el Co-mit\\u00e9 Consultivo (Advisory Committee) designado para re-dactar las nuevas reglas federales, que. indique que esa regla pueda ser usada para fines distintos a los permitidos por la vieja pr\\u00e1ctica. Por el contrario, encuentro expresiones al efecto de que la Regla 27 no tiene por miras permitir el des-cubrimiento de prueba\\u2022 con el prop\\u00f3sito de redactar una de-manda.\\\" (Bastardillas nuestras.)\\nEl Juez Caffey, tambi\\u00e9n del Distrito Sur de Nueva York, hace en el recurso intitulado \\\"Petition of Ferkauf\\\" 7 Fed. Rules Serv. 537, 3 F.R.D. 89, el estudio m\\u00e1s acabado que hemos hallado de una cuesti\\u00f3n similar a la aqu\\u00ed envuelta. De \\u00e9l son las palabras siguientes:\\n\\\"Aunque la Regla por sus t\\u00e9rminos expresos no indica que no pueda ser utilizada con el \\u00fanico prop\\u00f3sito de redactar una demanda, de una lectura de la misma, conjuntamente con las otras reglas que tratan de la toma de deposiciones \\u2014 Reglas 26 y 28 a 33 \\u2014 es aparente que el objetivo de la misma no fu\\u00e9 que se utilizara con tal prop\\u00f3sito.\\n\\\"En las notas a la Regia 27 preparadas por el Comit\\u00e9 Con-sultivo designado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para coadyuvar en la preparaci\\u00f3n de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil . se hace constar que 'esta regla ofrece un m\\u00e9todo sencillo de perpetuar testimonio en aquellos casos que de ordinario la pr\\u00e1ctica de equidad o los estatutos modernos lo permiten.' El Comit\\u00e9 se refiere entonces a tres casos. \\u00c9stos son los de State of Arizona v. State of California, 1934, 292 U. S. 341, 54 S. Ct. 735, 78 L. Ed. 1298; Todd Engineering Dry Dock & Repair Co. v. United States, 5 Cir., 1929, 32 F.(2d) 734; Hall v. Stout, 1871, 4 Del. Ch. 269.\\n\\\"Los tres casos citados revelan qu\\u00e9 fu\\u00e9 lo que el Comit\\u00e9 Con-sultivo tuvo en mente al redactar la Regla 27. Enfatizan el hecho de que la intenci\\u00f3n del Comit\\u00e9 fu\\u00e9 que la Regla se aplicara a situaciones en que, por una raz\\u00f3n u otra, un litigante en pers-pectiva pod\\u00eda perder ese testimonio a no ser que el mismo se tomara inmediatamente, sin esperar a que se iniciara un pleito o procedimiento legal. Tal testimonio ser\\u00eda en su consecuencia perpetuado o su existencia conservada y, de ser necesario, esta-r\\u00eda disponible para ser utilizado en alg\\u00fan momento futuro.\\n\\\"En la reuni\\u00f3n celebrada por el 'American Bar Association Institute of Federal Rules', celebrada en Cleveland, Ohio, en el a\\u00f1o 1938 el problema espec\\u00edfico fu\\u00e9 presentado a la considera-ci\\u00f3n del profesor Edson R. Sunderland, catedr\\u00e1tico de derecho en la Universidad de Michigan y miembro del Comit\\u00e9 Consultivo. Al hac\\u00e9rsele una pregunta \\u00e9l la contest\\u00f3 as\\u00ed: 'A tenor del con-texto literal de la Regla, la sugesti\\u00f3n que ustedes hacen \\u2014 de que la regla sea utilizada para fines de descubrimiento \\u2014 quiz\\u00e1s sea posible. La Regla dispone que la petici\\u00f3n demostrar\\u00e1, primero, que el peticionario espera ser parte en una acci\\u00f3n de la que deber\\u00e1 conocer un tribunal de los Estados Unidos, pero que por el presente est\\u00e1 imposibilitado para iniciarla o para hacer que sea iniciada, y podr\\u00eda alegar que al presente no est\\u00e1 en condi-ciones de instarla por no tener conocimiento de hechos suficientes para redactar su demanda. Si bien \\u00e9sa es una interpretaci\\u00f3n posible de su contexto, no fu\\u00e9 la intenci\\u00f3n del Comit\\u00e9 permitir semejante uso de la regla.' . . .\\n\\\". . . La intenci\\u00f3n de la Regla Federal fu\\u00e9 que la misma se utilizara primordialmente para la perpetuaci\\u00f3n de testimonio que habr\\u00e1 de ser utilizado como prueba, y no primordialmente para descubrir \\u00e9ste. . . .\\n\\u2022 \\\"De lo que antecede me parece claro que el prop\\u00f3sito de la Regla 27 no fu\\u00e9 que se le utilizara como un es'tatuto de descubri-miento de prueba ni para permitir a un litigante en perspectiva descubrir hechos a virtud de los cuales pueda redactar su de-manda. La Regla 26, y no la Regla 27, es la que precept\\u00faa el m\\u00e9todo para descubrir hechos y esa regla s\\u00f3lo puede ser utili-zada luego de haberse iniciado la acci\\u00f3n. . . .\\\" (Bastardillas nuestras.)\\nEn sentido similar se pronuncia el Juez Kennedy, del distrito oriental de Nueva York, en el recurso intitulado \\\"In the Matter of the Petition of Johanson Glove Co., Inc.\\\", 9 Fed. Rules Serv. 566, 7 F.R.D. 156.\\nEl tratadista Moore en su obra sobre Pr\\u00e1ctica Federal, Vol. 4, segunda edici\\u00f3n, nos dice a la p\\u00e1gina 1825 que:\\n\\\"Sin embargo, cuando no hay peligro de que \\u00e9l testimonio se pierda, una persona no puede valerse de la Regla 27 meramente con el prop\\u00f3sito de determinar hechos en que basar una de-manda.'' (Bastardillas nuestras.)\\nV\\u00e9ase tambi\\u00e9n XXXVIII Columbia L. Rev. 1179, donde se dice a la p\\u00e1gina 1198 que la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York ha resuelto, sin opini\\u00f3n, que el estatuto no permite el examen de una parte en perspectiva simplemente con el fin de obtener hechos en que fundar una demanda.\\nEstamos enteramente de acuerdo con el criterio antes enunciado. No estamos aqu\\u00ed ante un caso en que el peticio-nario tiene conocimiento de los hechos que desea perpetuar y abriga el temor de perderlos. Si as\\u00ed fuera, podr\\u00eda ampa-rarse en la regla 27. Estamos m\\u00e1s bien en uno en que ei peticionario desea descubrir prueba para entonces redactar su demanda. Lo procedente en una situaci\\u00f3n como la des-crita en la petici\\u00f3n \\u2014 en la que se dice que se trata de una reclamaci\\u00f3n de contribuciones en la suma de $4,593.77 ya impuestas y adeudadas \\u2014 es radicar una demanda esquem\\u00e1-tica (skeleton complaint) y luego de haber adquirido el tribunal jurisdicci\\u00f3n sobre la parte demandada, solicitar la toma de deposiciones en armon\\u00eda con lo provisto por la Regla 26. As\\u00ed lo aconsejan algunos de los casos ya citados.\\nDebe revocarse la resoluci\\u00f3n apelada y declararse sin lugar la petici\\u00f3n.\\nEl Juez Presidente Sr. Snyder no intervino.\\n(1) V\\u00e9ase la Ley 11 de 24 de julio de 1952 (Ses. Extr., p\\u00e1g. 31).\"}"
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P\\u00e9rez Casalduc, abogado del apelante; Antonio Reyes Delgado, abogado de la apelada.\", \"word_count\": \"2283\", \"char_count\": \"13450\", \"text\": \"El Juez Presidente Se\\u00f1or Todd, Jr.,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEn esta acci\\u00f3n civil el demandante solicit\\u00f3 se condenara a la demandada, bien a poner al demandante en posesi\\u00f3n material de cierta finca y pagarle ciertos c\\u00e1nones de arrenda-miento adeudados o, en la alternativa, si ella deseaba recobrar el dominio de dicha finca, pagar al demandante $4,000 y el importe de los c\\u00e1nones adeudados. Al declarar parcialmente con lugar la demanda, en la segunda alternativa de su s\\u00faplica, el tribunal a quo lleg\\u00f3 a las siguientes conclusiones de hecho:\\n\\\"1. En 4 de febrero de 1946 don Regino Rivera y su esposa otorgaron a favor del demandante Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u, mediante es-critura n\\u00fam. SO, ante el notario J. C\\u00f3rdova Rivera, un llamado contrato de compraventa con pacto de retracto en relaci\\u00f3n con la siguiente propiedad: (Se describe.)\\n\\\"2. Don Regino Rivera qued\\u00f3 en posesi\\u00f3n de la fii^a y pag\\u00f3 al demandante la suma de cuarenta d\\u00f3lares ($40) mensuales en calidad de supuesto canon de arrendamiento durante cinco meses y despu\\u00e9s treinta d\\u00f3lares ($30).\\n\\\"3. En 18 de mayo de 1948 y ante el notario J. C\\u00f3rdova Rivera, se otorg\\u00f3 la escritura n\\u00famero 117 mediante la cual don Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u Soto y su esposa retrovend\\u00edan la descrita propiedad a don Regino Rivera.\\n\\\"4. En esa misma fecha y mediante escritura n\\u00fam. 118 otor-gada ante el mismo notario, don Regino Rivera y su esposa ven-dieron la descrita finca a la demandada do\\u00f1a Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez.\\n\\\"5. En esa misma fecha y mediante escritura n\\u00fam. 119 otor-gada ante el mismo notario, Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez le vendi\\u00f3 a don Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u la descrita finca por el precio de cuatro mil d\\u00f3lares ($4,000), habi\\u00e9ndose convenido un pacto de retroventa por un t\\u00e9rmino de seis meses; oblig\\u00e1ndose adem\\u00e1s la demandada Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez a pagar un canon de arrendamiento de treinta d\\u00f3lares ($30) mensuales, quedando la vendedora en posesi\\u00f3n de dicha finca. (V\\u00e9ase el hecho 2do. de la escritura n\\u00fam. 119, exhibit 1ro. del demandante.)\\n\\\"6. En noviembre 18 de 1948 se cumpli\\u00f3 el plazo durante el cual la demandada debi\\u00f3 haber ejercido el derecho de retracto pero no lo hizo. No obstante, continu\\u00f3 en posesi\\u00f3n de la finca y continu\\u00f3 pagando los c\\u00e1nones mensuales de $30 hasta el mes de diciembre de 1949. Estos pagos eran hechos por el hermano de la demandada, don Pablo Gonz\\u00e1lez, quien hizo pagos hasta la suma de seiscientos d\\u00f3lares ($600).\\n\\\"7. El contrato de compraventa entre Regino Rivera y Am\\u00e9-rica Gonz\\u00e1lez (v\\u00e9ase exhibit 4to. del demandante) se llev\\u00f3 a cabo en la siguiente forma:\\n\\\"Pablo Gonz\\u00e1lez le adeudaba a su hermana Am\\u00e9rica $3,000. Era due\\u00f1o de un negocio llamado 'El Porvenir'. Hizo una tran-sacci\\u00f3n con Regino Rivera en relaci\\u00f3n con la propiedad objeto de este litigio, a virtud de la cual le daba su negocio de restaurant, valorado en $5,000. Al otorgarse los documentos, la transacci\\u00f3n se hizo a favor de Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez en la forma que aparece del exhibit 4to. del demandante, para en esa forma garantizar la deuda que con ella ten\\u00eda contra\\u00edda su hermano Pablo.\\n\\\"8. El t\\u00e9rmino a virtud del cual Regino Rivera pod\\u00eda hacer uso del derecho de retracto venci\\u00f3 el 4 de febrero de 1948. No obstante, se otorg\\u00f3 la escritura n\\u00famero 117 (Exhibit 3ro. del demandante) en 18 de mayo de 1948, a virtud de.la cual el deman- dante le vend\\u00eda la citada finca por la suma de CUATRO mil d\\u00f3la-res ($4,000) o sea (la misma suma por la cual \\u00e9l hab\\u00eda adquirido la citada finca).\\n\\\"9. La propiedad objeto de este litigio tiene un valor de diez mil d\\u00f3lares ($10,000) \\\"\\nEn sus conclusiones de derecho, despu\\u00e9s de citar el ar-t\\u00edculo 1410 del C\\u00f3digo Civil, ed. de 1930, el tribunal hizo constar, entre otras,'las siguientes:\\n\\\"En el presente caso, ya hemos expuesto en las conclusiones de hecho, que Regino Rivera qued\\u00f3 en posesi\\u00f3n de la finca; pag\\u00f3 durante cinco meses un canon de $40 mensuales y de ah\\u00ed en ade-lante hasta que se otorg\\u00f3 el contrato de retroventa $30 mensuales. El demandante Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u nunca ha estado en posesi\\u00f3n material de dicha finca. Dichos c\\u00e1nones de arrendamiento cons-tituyen una forma usada por el demandante para cobrarle a Re-gino Rivera intereses usurarios. El precio que se hizo figurar como precio de enajenaci\\u00f3n es una cantidad enteramente inade-cuada. La transacci\\u00f3n realizada entre el demandante y Regino Rivera nunca fu\\u00e9 un contrato de venta con pacto de retroventa, siempre fu\\u00e9 un pr\\u00e9stamo con garant\\u00eda de hipoteca y se utiliz\\u00f3 la venta con pacto de retroventa como un medio para facilitarle al demandante el cobro de intereses en exceso del inter\\u00e9s legal, usando para los intereses el nombre de canon de arrendamiento.\\n\\\"2) El contrato realizado entre el demandante y Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez la demandada, est\\u00e1 redactado m\\u00e1s o menos en los mis-mos t\\u00e9rminos, excepto que en la escritura o documento a virtud de la cual don Regino Rivera y su esposa les vendieron a don Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u no se estipularon c\\u00e1nones de arrendamiento; y en la escritura otorgada por do\\u00f1a Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez a favor de don Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u s\\u00ed se estipularon los llamados c\\u00e1nones de arrendamiento.\\n\\\"En esta ocasi\\u00f3n tampoco Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u entr\\u00f3 en posesi\\u00f3n material de la finca; Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez pag\\u00f3 intereses con la de-nominaci\\u00f3n de c\\u00e1nones de arrendamiento, y en el caso de Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez tambi\\u00e9n se hizo figurar en el contrato como precio de enajenaci\\u00f3n una cantidad enteramente inadecuada. El contrato otorgado por do\\u00f1a Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez a favor de don Regino Rivera (sic, pues debe decir Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u) fu\\u00e9 tambi\\u00e9n un contrato de pr\\u00e9stamo con garant\\u00eda hipotecaria y los intereses pagados por do\\u00f1a Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez tambi\\u00e9n son usurarios.\\n\\\"3) La Ley de Usura, aprobada en 1ro. de marzo de 1902, enmendada por la Ley n\\u00fam. 5 de 17 de agosto de 1933 en su sec-ci\\u00f3n Ira. y en la parte pertinente dispone lo siguiente:\\n\\\" 'Disponi\\u00e9ndose, sin embargo, que no podr\\u00e1 fijarse un tipo de inter\\u00e9s, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) d\\u00f3lares anuales sobre cada cien (100) d\\u00f3lares o sobre su equi-valente en valor, cuando el capital objeto del pr\\u00e9stamo o del convenio no exceda de $3,000, y de ocho (8) d\\u00f3lares anuales por cada cien (100) d\\u00f3lares, cuando pase dicha cantidad . . .'\\n\\\"Si hemos concluido que Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez pagaba $30 men-suales, el inter\\u00e9s pagado por \\u00e9sta era de un 9 por ciento o sea, como la cantidad adeudada era de $4,000, intereses en exceso de los autorizados por la ley. El demandante s\\u00f3lo pod\\u00eda cobrar el 8 por ciento, el 9 por ciento de inter\\u00e9s cobrado por \\u00e9l a virtud de las disposiciones de la ley constituyen intereses usurarios.\\n\\\"4) La secci\\u00f3n 4ta. de dicha ley posteriormente enmendada por la Ley n\\u00fam. 47 de 13 de abril de 1916, dispone lo siguiente:\\n\\\" 'Excepto como queda autorizado por la secci\\u00f3n 3 de esta ley, ninguna persona podr\\u00e1 exigir o recibir, directa o indirecta-mente, dinero o mercanc\\u00edas, a un tipo de inter\\u00e9s mayor por el pr\\u00e9stamo o la pr\\u00f3rroga del pr\\u00e9stamo de alg\\u00fan dinero, que el tipo fijado por la presente. Nada de lo contenido en esta ley se interpretar\\u00e1 en el sentido de prohibir la venta de efectos al contado a un precio m\\u00e1s bajo que al cr\\u00e9dito.\\n\\\" 'Ning\\u00fan contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de inter\\u00e9s mayor que el que se permite por esta ley, podr\\u00e1 hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado, y la Corte deber\\u00e1, adem\\u00e1s, disponer en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de'su deudor el 75 por ciento de dicho capital y que el 25 por ciento restante sea adjudicado y recobrado por El Pueblo de Puerto Rico, quien podr\\u00e1 obtener mand\\u00e1miento de ejecuci\\u00f3n, del mismo modo que el demandante, y sin preferencia sobre el montante adjudicado a \\u00e9ste, para hacer efectivo el 25 por ciento as\\u00ed adjudicado.'\\n\\\"El pacto o estipulaci\\u00f3n hecho por Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez con el demandante Jos\\u00e9 Mar\\u00eda Gir\\u00e1u a los efectos de pagar $30 men-suales bajo el nombre de c\\u00e1nones de arrendamiento y en calidad de intereses, es nulo por disposici\\u00f3n de ley, estando impedido el demandante de recobrar ninguna cantidad de dinero por tal con-cepto. El art\\u00edculo 1069 del C\\u00f3digo Civil tambi\\u00e9n dispone que las condiciones prohibidas por la ley anular\\u00e1n la obligaci\\u00f3n que de ellas dependa.\\\"\\nEn su consecuencia dict\\u00f3 sentencia con los siguientes pro-nunciamientos :\\n\\\"1. Que la transacci\\u00f3n realizada entre el demandante y la demandada constituye un pr\\u00e9stamo con garant\\u00eda de hipoteca.\\n\\\"2. Que los c\\u00e1nones de arrendamiento pagados por Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez al demandante constituyen intereses en exceso del tipo legal y que el demandante no puede cobrar dichos intereses.\\n\\\"3. Que el importe de la deuda es de Cuatro Mil D\\u00f3lares ($4,000). Que la demandada Am\\u00e9rica Gonz\\u00e1lez viene obligada a pagar al demandante la suma de Tres Mil D\\u00f3lares ($3,000), a cuya suma deber\\u00e1 abonarse e imputarse como abono al capital la suma de Seiscientos D\\u00f3lares ($600) pagados por \\u00e9sta al deman-dante, debiendo pagar la diferencia, o sea, Dos Mil Cuatrocientos D\\u00f3lares ($2,400).\\n\\\"4. Que los restantes Mil D\\u00f3lares ($1,000) deber\\u00e1 pagarlos al Pueblo de Puerto Rico como penalidad impuesta por ley al de-mandante por haber incurrido en una violaci\\u00f3n a la Ley de Usura.\\n\\\"5. Que el demandante ha sido temerario y ha pretendido uti-lizar al Tribunal para cobrar lo que la ley no le permite, por lo que la Corte entiende que debe condenarse al pago de las costas y honorarios de abogado y le condena a pagar la suma de Tres-cientos D\\u00f3lares ($300) por concepto de honorarios de abogado m\\u00e1s las costas y gastos en que haya incurrido la demandada en este litigio.\\\"\\nNo conforme el demandante apel\\u00f3 y en este recurso sos-tiene que el tribunal sentenciador err\\u00f3 (1) al calificar el con- trato celebrado entre las partes-como de pr\\u00e9stamo de dinero con intereses usurarios y aplicar las leyes vigentes dirigidas a hacer inefectivos contratos de esa naturaleza, y (2) al con-denar al demandante a pagar a la demandada $300 para hono-rarios de abogado.\\nAl argumentar el primer error el apelante admite que el contrato celebrado por \\u00e9l y Regina Rivera el 4 de febrero de 1946 violaba las disposiciones de la Ley de Usura, citada por el tribunal inferior, y que Rivera hubiera podido levantar con \\u00e9xito la defensa de usura. Empero, sostiene que la apelada no puede alegar a su favor la nulidad de dicho contrato ya que la defensa de usura s\\u00f3lo puede ser planteada por el deudor original, y no por una tercera persona como lo es la apelada, quien al adquirir el inmueble en la forma en que lo hizo equivali\\u00f3 a una novaci\\u00f3n del contrato celebrado entre el apelante y Regino Rivera.\\nAceptando, sin resolverlo, que el contrato entre el apelante y la apelada constituyera una novaci\\u00f3n del contrato original celebrado entre el apelante y Rivera, ese hecho no imped\\u00eda que la apelada planteara, como plante\\u00f3, la defensa de usura, no obstante la disposici\\u00f3n del art\\u00edculo 1162 del C\\u00f3digo Civil, ed. de 1930. Y esto es as\\u00ed porque, seg\\u00fan indicamos en Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923; cf. Rosario v. Ruiz, 62 D.P.R. 326 y ahora resolvemos, ning\\u00fan contrato que viola la Ley de Usura puede hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, por mandato de su secci\\u00f3n 4, seg\\u00fan enmendada en 1916, supra, disponiendo tambi\\u00e9n la secci\\u00f3n 4 que los derechos en ella definidos \\\"no son renunciables\\\". Por tanto, no empece la disposici\\u00f3n del art\\u00edculo 1162 del C\\u00f3digo Civil, supra, si la causa de nulidad en el contrato objeto de novaci\\u00f3n se debe a que el mismo infringe la Ley de Usura, el deudor no est\\u00e1 im-pedido de invocar la nulidad de dicho contrato y de probarse, como se prob\\u00f3 en el presente caso, que el apelante, tanto en el contrato original celebrado con Rivera (y esto lo admite el apelante en su alegato) como en el que celebr\\u00f3 con la apelada, estipul\\u00f3 y cobr\\u00f3 intereses en exceso de los permitidos por ley, no err\\u00f3 el tribunal sentenciador al dar cumplimiento a las dis-posiciones de la Ley de Usura en la forma en que lo hizo en su sentencia.\\nEn cuanto al segundo error se\\u00f1alado, repetidas veces hemos resuelto que determinada la temeridad de la parte perdidosa procede la concesi\\u00f3n de honorarios de abogado. Y no creemos que al fijar su cuant\\u00eda, el tribunal abusara de su discreci\\u00f3n en el presente caso. Collazo v. Conesa, 70 D.P.R. 155; Cerra v. Motta, 70 D.P.R. 861; Santiago v. Gonz\\u00e1lez,, 71 D.P.R. 942; Font v. Pastrana, ante p\\u00e1g. 247.\\nDebe confirmarse la sentencia.\\nEste art\\u00edculo dispone lo siguiente:\\n\\\"Art\\u00edculo 1410. \\u2014 Toda venta de propiedad inmueble con pacto de re-troventa se presumir\\u00e1 que constituye un contrato de pr\\u00e9stamo por el mon-tante del precio, con garant\\u00eda hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:\\n\\\"Primero: Cuando el comprador no hubiere entrado en posesi\\u00f3n material de la cosa vendida.\\n\\\"Segundo: Cuando el vendedor pague inter\\u00e9s al comprador por el pre-cio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le d\\u00e9 otro nombre cualquiera.\\n\\\"Tercero: Cuando se hiciere figurar en el contrato, como precio de ena-jenaci\\u00f3n una cantidad enteramente inadecuada.\\\"\\nEste art\\u00edculo dispone:\\n\\\"Art\\u00edculo 1162. \\u2014 La novaci\\u00f3n es nula si lo fuere tambi\\u00e9n la obligaci\\u00f3n primitiva, salvo que la causa de nulidad s\\u00f3lo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificaci\\u00f3n conv\\u00e1lide los actos nulos en su origen.\\\"\"}"
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+"{\"id\": \"8815812\", \"name\": \"Manuel Resto Negr\\u00f3n, etc., et al., Plaintiffs and Appellees, v. Puerto Rico Telephone Company and The Commonwealth of Puerto Rico, Defendants and Appellant the latter; Anastacio Ortiz, Third-Party Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Negr\\u00f3n v. Puerto Rico Telephone Co.\", \"decision_date\": \"1969-05-14\", \"docket_number\": \"Nos. R-66-145-R-66-147\", \"first_page\": \"305\", \"last_page\": \"315\", \"citations\": \"97 P.R. 305\", \"volume\": \"97\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:36:56.273865+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Second Division composed of Mr. Justice Hern\\u00e1ndez Matos, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Santana Becerra, Mr. Justice D\\u00e1vila, and Mr. Justice Torres Rigual.\", \"parties\": \"Manuel Resto Negr\\u00f3n, etc., et al., Plaintiffs and Appellees, v. Puerto Rico Telephone Company and The Commonwealth of Puerto Rico, Defendants and Appellant the latter; Anastacio Ortiz, Third-Party Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Manuel Resto Negr\\u00f3n, etc., et al., Plaintiffs and Appellees, v. Puerto Rico Telephone Company and The Commonwealth of Puerto Rico, Defendants and Appellant the latter; Anastacio Ortiz, Third-Party Defendant and Appellee.\\nNos. R-66-145-R-66-147.\\nDecided May 14, 1969.\\nAngel Manuel Ciordia for plaintiffs-appellees. Rivera Zayas, Rivera Cestero & R\\u00faa and Adrian Mercado for the P.R. Telephone Company. J. B. Fernandez Badillo, Solicitor General, and Lolita Miranda, Assistant Solicitor General, for the Commonwealth of Puerto Rico. H\\u00e9ctor Martinez Mu\\u00f1oz for Anastacio Ortiz.\\nSecond Division composed of Mr. Justice Hern\\u00e1ndez Matos, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Santana Becerra, Mr. Justice D\\u00e1vila, and Mr. Justice Torres Rigual.\", \"word_count\": \"3233\", \"char_count\": \"19138\", \"text\": \"Mr. Justice D\\u00e1vila\\ndelivered the opinion of the court.\\nOn February 20, 1960 the minor Manuel Enrique Resto sustained an accident. The trial court found that:\\n\\\"On February 20, 1960, Manuel Enrique Resto had been shopping with his parents at the store of Enrique Montes. His father Manuel Resto Negr\\u00f3n gave him two gallons of kerosene inside a sack to take home. Manuel Enrique Resto and a younger brother headed towards their home, along highway 149 from Villalba to C\\u00edales, taking the left walk. In reaching km. 20 Hm. 5 where the aforesaid branch was [said branch had been cut on January 20, 1960, by independent contractor Anasta-cio Ortiz Torres, by virtue of a lopping contract with the P.R Telephone Co. which in turn had obtained a permit from the Department of Public Works to cut the branches which could be in contact with its lines], Manuel Enrique Resto stopped to tamper with the sack, lowering it to the ground. By then he was standing at the walk very close to the branch.\\n\\\"At that moment a public-service automobile which ran in the direction from Villalba to C\\u00edales stopped at its right-hand side but over the pavement of the roadway, in opposite direction to where Manuel Enrique Resto was tampering with the sack. From the curve which is in the direction of Villalba, at a few meters from the place where the public carrier was parked, came another vehicle which intended to pass by the left side of the one which was parked. The left front tire of said vehicle stumbled against the end of the branch, of about one and a half feet, which was lying over the paved part of the highway. Said stumbling caused the branch to move and hit Manuel Enrique Resto a strong blow on the leg.\\n\\\"The blow received by Manuel Enrique Resto threw him out of the highway, by the hillside. He was taken out of that place by his father, Manuel Resto Negr\\u00f3n and others, . he was taken to the Municipal Hospital of C\\u00edales.\\n\\\"The blow received by Manuel Enrique Resto caused him a comminuted compound fracture of the lower third of the left tibia and fibula, with an external wound four inches long in the same zone of the fracture, with exposition of the bones and muscles, he also suffered a simple fracture of the upper third of the tibia and fibula of the same left leg.\\n\\\"From the Municipal Hospital, Manuel Enrique Resto was sent to the District Hospital of Arecibo.\\n\\\". . . under general anesthesia, a thorough cleaning of the wound which had strange material, wood, dirt and grass was made; the fractures were reduced, he was immobilized with a plaster cast from the hip down to the side of the foot and he was hospitalized.\\n\\\"He had the plaster cast which was put on him when he entered, until March 10, 1960, when it was replaced.\\n\\\"Manuel Enrique Resto returned to his home on March 12, 1960 and was confined to bed. He had pains in the wound and he smelled bad at the place of the fracture. For those reasons he returned to the District Hospital on March 26,1960.\\n\\\". . . He was admitted again in the Hospital and since there was danger that the bone could become infected, he was administered antibiotics twice a day until April 5, 1960. Then he remained confined until April 20, 1960. During that time the wound was treated with germicidal soap through an opening which was made in the plaster cast.\\n\\\"On April 20, 1960 he was discharged once more in order to receive ambulatory treatment....\\n\\\". . . he returned home on April 20, 1960 and was confined to bed, going to the Hospital for the ambulatory treatment. The wound smelled bad again and he was hospitalized once more on June 9, 1960.\\n\\\"During this third confinement he was administered antibiotics until July 28, 1960 but he remained in the hospital until August 12,1960.\\n\\\"From August 12, 1960 to November 28, 1961, when he was definitively discharged, he received ambulatory treatment, including physiotherapy.\\n\\\"On January 31, 1964, Manuel Enrique Resto had a shortening of two and a half (2%) inches on the left leg, it showed the cicatrized wound of four (4) inches long by three (3) inches wide, with depression in the lower third of the left leg; he had a partial atrophy of the left lower extremity in its entire extension, when compared said leg with the other it showed the following differences:- at 7 and 21 inches there was a one inch difference in the circumference, and at 14 and 28 inches there was a difference of one and a half (1%) inches, he suffered an osteoarthritis of the. ankle related to the fracture which causes him permanent pain for which -he needs analgesics, besides, the. shortening of the left leg causes a deviation in the spinal column, from the thorax down to the hip,- which causes him pain in the spinal column.\\\"\\nThe minor's parents filed complaint-in their own right and in representation of the minor against the Puerto Rico Telephone Co. and the Commonwealth of Puerto Rico. The Commonwealth filed a cross-claim against the Puerto Rico Telephone Co. and the latter in turn filed third-party complaint against Anastacio Ortiz Torres (the independent contractor who had cut the branches). The Superior Court, Arecibo Part, Civil Section, concluded as a matter of law: \\\"The accident involved in this case which occurred on February 20, 1960, as a result of which plaintiffs sustained damages, was due to the negligent action of the employees of Anastacio Ortiz in cutting, throwing and leaving the branch over the highway. . . . For the occurrence of the accident, there concurred the negligent omission of the foreman of the highway in failing to remove or causing to be removed from the aforesaid place the branch or stick, which remained in said position from the time it was cut in the period between Three King's Day and January 20, 1960 until the day of the accident, over thirty days, since using ordinary care he could have had knowledge of the dangerous condition created by the branch or stick for those using the highway.\\\" The court also concluded that: \\\"Anastacio Ortiz Torres breached the contract which he had with Puerto Rico Telephone Co. . . . since he did not remove the branch or stick from the highway, assuming, for such nonperformance, all liability derived from said negligent act.\\\"\\n\\\"It is also concluded that in view of the conditions stipulated in permit No. . 9.1-908-779 which the Bureau of Operations of the Department of Public Works of the Commonwealth of Puerto Rico granted to the Puerto Rico Telephone Co. in order to perform the lopping . . . the latter is liable to the Commonwealth of Puerto Rico for the amount it may be ordered to pay, since the damages caused to plaintiffs is the result of . . . the execution of the lopping . . . work conditionally authorized.\\n\\\"Anastacio Ortiz Torres \\u2014 as independent contractor \\u2014 is liable for damages caused to plaintiffs for the negligent act of leaving the branch or stick in the aforesaid manner; the Commonwealth of Puerto Rico is liable for the foreman's negligence in allowing said branch or stick to remain on the highway for so long disturbing the free use of the same; Puerto Rico Telephone Co. is liable to the Commonwealth for the amount it may be ordered to pay according to the conditions of the permit granted to it and, by reason of the lopping contract between Anastacio Ortiz Torres and Puerto Rico Telephone Co., said contractor, in turn, will be liable to the company for what the latter shall have to pay for failing to perform its obligation to '. . . remove the product of the lopping....' \\\"\\nThe trial court granted the complaint ordering Anastacio Ortiz Torres and the Commonwealth \\u2014 up to $15,000 the latter \\u2014 to pay jointly and severally the amount of $25,000, for damages sustained by the minor; they were also ordered to pay jointly and severally, the spouses, Manuel Resto Negr\\u00f3n and Mar\\u00eda Ricarda Hern\\u00e1ndez the amount of $5,000.\\nThe court granted also the cross-claim, ordering the Puerto Rico Telephone Co. to pay to the Commonwealth of Puerto Rico the amounts which the latter may pay by reason of this judgment; likewise Anastacio Ortiz Torres was ordered to pay to the Puerto Rico Telephone Co. the amounts which the latter may pay by reason of this judgment. The third-party defendant and the Commonwealth were ordered to pay costs, the first was also ordered to pay $2,000 for attorney's fees.\\nThe Commonwealth, the Puerto Rico Telephone Co. and the third-party defendant appeal from said judgment. The Commonwealth alleges that the trial court erred in determining that it was negligent. The Telephone Company assigns two errors: error in granting the cross-claim and error in fixing damages at the amount of $30,000. The third-party defendant assigns the commission of six errors: error in con- eluding that the damages were the result of the combined negligence of the third-party defendant and of the Commonwealth; error in failing to conclude that the damages were the proximate and only result of a third person driving negligently a motor vehicle; error in fixing the damages at $30,000; error in ordering the third-party defendant to pay damages to original plaintiffs' notwithstanding the fact that the latter did not claim anything directly from him, depriving him from raising against them, among others, the defense of prescription; error in ordering him to pay plaintiffs' attorney's fees; error in granting the third-party complaint.\\n1. \\u2014 In the first place we will analyze the Commonwealth's liability on this set of facts. We have that \\u00a7 403 of the Political Code (3 L.P.R.A. \\u00a7 421) establishes the obligation of the state to keep the highways in good condition. Said obligation is nondelegable and the fact of having contracted the performance of the work with a third person does not relieve it of its liability. Section 404 of the aforesaid Code (3 L.P.R.A. \\u00a7 422) establishes the extent of civil liability of the state in these cases. It provides:\\n\\\"The Commonwealth of Puerto Rico shall be liable for injuries to persons or property occurring through a defect, or want of repair, or of sufficient protection, in or upon a Commonwealth highway in charge of the Department of Public Works, except where it shall be proven that such defects were caused by violence of the elements and that there had not been ample time in which to repair them.\\\"\\nThe function of the state previously discussed being nondelegable, the \\\"Lopping permit\\\" granted to the Telephone Company is irrelevant in the determination of its liability. Although it is true that the aforesaid section does not make the state the absolute guarantor of the security of persons using our highways, on the other hand we do not find under the facts of this case that the accident was caused by violence of the elements or that there had not been ample time to remove the branch in question. On the contrary, the evidence showed that said branch was lopped or cut about January 20, 1960, remaining there until February 20 (thirty days more or less), date on which the accident occurred, without it being removed by the foreman of Public Works of that section, or by any of the roadmen in his brigade. According to the testimony of Jaime Mayol the branch in question was lopped after Three King's Day, being left on the walk, coming out about one and a half feet obstructing the highway. He also testified that every day he used to see the foreman, who lived and had his business at about an hectometer from his, going by the place where the branch was.\\nThe foreman of the Department of Public Works of that section testified that he used to go by the place of the accident two or four times a day although he denied having seen any branch obstructing the highway, however he testified that in coming near the place the day of the accident, the police showed him a branch which was on the walk.\\nFrom the foregoing it is inferred that ever since the branch was lopped until the moment of the accident there was reasonable and sufficient time. (about 30 days) for the Commonwealth to remove the branch by means of its foreman or members of his brigade.\\nThe court did not err, then, in holding the Commonwealth liable for the negligent omission of its foreman, who allowed the existence of said obstacle on the highway for a period of about thirty days. In similar situations, the state has been held liable in other jurisdictions. Battistoni v. State, 149 N.Y.S.2d 614 (1956); Pardy v. State, 210 N.Y.S.2d 248 (1960); Jones v. State, 227 N.Y.S.2d 297 (1962); Miami Shores Village v. Lingler, 157 So.2d 716 (1963); McEvoy v. City of Sault Ste. Marie, 98 N.W. 1006 (1904); Doherty v. Romano, 135 Atl. 62 (1926).\\n2. \\u2014 Now we turn to analyze the determination of liability of the Puerto Rico Telephone Co. made by the trial court. As we said previously the Telephone Company merely assigns the commission of two errors, these being: the granting of the cross-claim, brought by the Commonwealth and the fixing of the amount for damages caused to plaintiffs. Despite the fact that the judge did not make express determination granting the complaint against the Puerto Rico Telephone Co. it is evident that it was so determined by him. It is the unavoidable consequence of having granted the third-party complaint and the cross-claim.\\nOn November 12, 1959 the Secretary of Public Works of the Commonwealth, through the Director of the Bureau of Operations, Manuel Martorell, granted the Telephone Company a permit for the lopping of trees. This permit provided in its clause seven that the Telephone Company would be the only one liable for the damage which might be caused to life or to particular property by the performance of the work. We consider that this was not the exclusive source in this permit of the Telephone Company's liability. We understand that clause nine made said lopping untransferable and not subject to subcontracting. It provided:\\n\\\"9. This permit is personal and untransferable and the grantee cannot transfer it to any other person without the previous consent of the Secretary of Public Works.\\\"\\nThere was no proof of such consent. Nondelegable and un-transferable rights and obligations were created by means of a contract. The Telephone Company subcontracted the lopping in violation of the express terms of the permit. On the other hand clause six of the permit was also violated, this violation constituting the proximate cause of the damages. To wit:\\n\\\"6. The products of the lopping shall be removed from the highway and from its walks and ditches the same day on which the work is executed.\\\"\\nAlthough it is true that the third-party defendant was an independent contractor, the Telephone Company's liability arises from the terms accepted and stipulated in the lopping permit. They were not performed. The trial court did not err, then, in holding the Puerto Rico Telephone Co. liable, in granting the cross-claim and in ordering the Telephone Company to pay the Commonwealth the amounts which the latter had to pay to plaintiff.\\nIn connection with the second error after considering the circumstances of the case, the nature of the injuries received, the percent of incapacity of the injured extremity, and the percent of the resulting general incapacity, the injured's age, what he would earn in the light of life expectancy, and the sufferings and mental anguish of the minor and his parents, we do not believe that the compensation of $30,000 is excessive.\\n3. \\u2014 Let us now consider the errors assigned by the third-party defendant, the contractor who performed the lopping. These come down to the following: error in determining that the damages were the result of the combined negligence of the third-party defendant and the Commonwealth, and in turn failing to conclude that it was the sole negligence of a third person not involved in the suit; error in holding the third-party defendant directly liable to original plaintiff, and error in granting the third-party complaint and the payment of attorney's fees.\\nThe evidence presented showed fully that the negligent act of the third-party defendant, in cutting and leaving the branch obstructing the highway, as well as the omission of the Commonwealth by its foreman, in failing to remove it from the highway, concurred in causing the damage.\\nAlthough it is true that a third person, who ran over the branch with his vehicle, intervened in the accident, this was an intervening cause which could be reasonably foreseen, in view of the place and the position in which the branch was left. The accident was an incident or normal effect of the risk created. Its existence was allowed for about 30 days. The chain of causality was not broken. Gin\\u00e9s v. Aqueduct and Sewer Authority, 86 P.R.R. 490 (1962); Cruz Costales v. Commonwealth, 89 P.R.R. 102 (1963). The contention of the third-party defendant is to the effect that the driver hit the minor directly with his vehicle and that afterwards he collided with a tree which was near the place of the accident. That said driver was coming fast and besides he did not have a driver's license and that he had a plaster cast on his right leg. However, the detective who investigated the accident rebutted that theory with his testimony. He testified that he had examined and inspected the vehicle and that the latter showed no damage on its front part. He also testified that he had found a long branch, which has some blood spots on its thinnest part and some automobile tire tracks on its thick part.\\nThe trial court did not err in granting the third-party complaint brought by the Telephone Company. From the contract subscribed to by the third-party defendant and the Telephone Company on October 26, 1959, the first was bound \\\"to remove the product of the lopping from the place in which the work is being performed and shall deposit it in the city dump.\\\" He did not do it. In said contract the third-party defendant \\\"is liable for any damage which may be caused to property or to persons during the performance of the work.\\\" To those effects he was bound to obtain a policy with coverages for:\\n\\\"Public Liability $50,000.00\\nAccidental death 25,000.00\\nGroup insurance 250,000.00\\\"\\nHe did not entirely execute or perform the contractual terms being thus liable to the Telephone Company for everything which the latter shall have to pay to the Commonwealth and to plaintiffs plus $2,000 for attorney's fees and costs.\\nThe judgment will be affirmed.\\nMorales v. Castro, 85 P.R.R. 275 (1962).\"}"
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+"{\"id\": \"8815976\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Jos\\u00e9 Manuel Prados Garc\\u00eda, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Prados Garc\\u00eda\", \"decision_date\": \"1970-11-05\", \"docket_number\": \"No. CR-69-99\", \"first_page\": \"373\", \"last_page\": \"386\", \"citations\": \"99 P.R. 373\", \"volume\": \"99\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:29:35.753186+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Chief Justice Negron Fern\\u00e1ndez and Mr. Justice Santana Becerra did not participate herein.\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Jos\\u00e9 Manuel Prados Garc\\u00eda, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Jos\\u00e9 Manuel Prados Garc\\u00eda, Defendant and Appellant.\\nNo. CR-69-99.\\nDecided November 5, 1970.\\n\\u00c1ngel Viera Martinez for appellant. Gilberto Gierbolini, Solicitor General, and J. F. Rodriguez Rivera, Deputy Solicitor General, for The People.\", \"word_count\": \"4028\", \"char_count\": \"22893\", \"text\": \"per curiam:\\nDefendant was accused of murdering his wife, Evang\\u00e9lica Jim\\u00e9nez Rivera. Informations of murder in the first degree, assault to commit murder, and violations of \\u00a7 8 and 6 of the Weapons Law, were filed against him. He was found guilty of murder in the first degree, aggravated assault, and of carrying and possession of weapons, being ordered to serve life imprisonment, two months in jail, from one to four years in the penitentiary, and one year in jail, respectively. On February 19, 1968, he filed motion for new trial which was denied. He took appeal from all judgments, as well as from the order denying a new trial.\\nThe events occurred on December 2, 1964, about 7:30 p.m. The evidence presented during the trial was very abundant. The first witness for the prosecution was Angel Luis Flores Arzuaga, who testified that he was the godfather of appellant's child and the husband of appellant's sister-in-law (married to a sister of the victim, daughter of Armando Jim\\u00e9nez). On the night of the events he was in Armando Jim\\u00e9nez' house until about 7 p.m., then he went to his house in Urbani-zaci\\u00f3n El Comandante, and a few minutes after arriving there he received a telephone call, for which reason he went with his wife and children to the scene of the events, Armando Jim\\u00e9nez' house. In one of the corners of the first room of the house he saw a pool of blood. From there he went to the hospital in Carolina, where he saw Evang\\u00e9lica Jim\\u00e9nez in an automobile in front of the hospital. He felt her pulse \\\"to see if she was alive, and she was dead.\\\" (Tr. Ev., Part I, 91.) Some days before, he had gone with appellant to visit a spiritist in Bay am\\u00e9n, and on the way to that place the former had told him \\\"that he wanted to sell his business equipment, and that if he could not sell it, he was going to kill his wife and children, and then he was going to shoot himself,\\\" and that he tried to dissuade him from his purpose. (See Tr. Ev., Part I, 94.) He informed defendant's statements to Evan-g\\u00e9lica Jim\\u00e9nez. On November 28, 1964, in a visit paid by defendant to the witness in his business, the former stated that he needed a revolver, to which the witness answered that he could not provide one for him. He also said that in the year 1963 the defendant had lost a revolver in a gas station. (Tr. Ev., Part 1,113-116.)\\nThe second witness for the prosecution was Jos\\u00e9 Luis Rivero Cervera, who testified that he was the deceased's relative and who identified the corpse in Forensic Medicine. (Tr. Ev., Part II, 301.)\\nThe third witness for the prosecution was Oscar Landrau, who testified that he was the owner, on the day of the events, of Farmacia La Providencia, located in De Diego Street in Carolina. That he had a .45 caliber Smith and Wesson revolver, and had a license to carry weapons. That he kept the revolver in a wardrobe in the rear part of his pharmacy and that defendant knew about this fact. That on the day of the events appellant went to his business a short time before 7 p.m. and went in to make a telephone call, but the telephone was out of order. That he left the pharmacy to make the call and some time later he returned. That he treated him with a drink from a bar next door to the pharmacy, to which there was access through the rear part of the pharmacy where the wardrobe was located. That he finished his drink and continued watching the television program Taberna India, and that defendant left the pharmacy upon termination of said program about 7:30 p.m. About 8 p.m. he noticed that the revolver was missing. That it was loaded with four steel jacketed bullets and two lead bullets. He also testified that he trusted defendant and that the latter could go inside his business. (Tr. Ev., Part II, 329-338.)\\nThe fourth witness for the prosecution was Manuel Santos Arag\\u00f3n, owner of the bar in Mu\\u00f1oz Rivera Street in Carolina. He testified that on the day of the events defendant entered his business between 7:30 and 8:00 p.m. That he told him: \\\"I come in order that you hand me over to the police, I killed my wife.\\\" (Tr. Ev., Part II, 395.) That he laid the revolver on the counter. That he became nervous and left the business, and that another person took him to the police station. That he did not notice any bloodstain on defendant's shirt or on his pants. That he closed the business and went to his home. That he was the friend of both, defendant's and the deceased's family.\\nThe fifth witness for the prosecution was Juan Medina Morales, retired from the Police of Puerto Rico. On the date of the events he was a Police Sergeant and was rendering services in Carolina. He testified that on the night of the events he was serving the 8 to 4 a.m. shift in the police station, and that the defendant appeared there and handed him a revolver. That upon delivering the revolver he stated \\\"I just shot my wife with this revolver.\\\" (Tr. Ev., Part II, 420.) That he also informed him that the revolver belonged to Landrau. That he arrested him.\\nThe sixth witness was Armando Jim\\u00e9nez Rivero, the deceased's father. He testified that he was a merchant and that he had an auto-parts business situated in the entrance to Rolling Hills, on the old road to Carolina, next to his residence. That on the date of the events his daughter Evang\\u00e9-lica had been living in his house with her children for two weeks, being separated from her husband. That on the night of the events he had taken defendant's oldest son to buy some ice cream at El Caporal, on 65 de Infanter\\u00eda highway. That when he returned he delivered the child to his wife at the back door of his house and that he went to his business to fill out some orders for auto parts. It was about 7:15 p.m. Some time after he was in his business he heard some cries saying, \\\"Daddy, daddy, he kills me,\\\" (Tr. Ev., Part II, 474), and he heard some shots. Upon hearing them he went running to his house and entered through the back door which was open, meeting his wife in the dining room with her hands on her head. Upon seeing him his wife told him: \\\"Oh, Mandin, he killed her, Mandin, he killed her.\\\" (Tr. Ev., Part II, 476.) That at that very moment defendant was trying to open the front door of the house and that all at once the latter fired at him. That he does not know how many shots he heard, only that the shots were continuous. That he ran to the kitchen and took a revolver which belonged to his brother Harry Ji-m\\u00e9nez, and which was on top of a cabinet (about five or six feet high) and ran to the dining room, always protecting himself with the wall, and fired two or three times at defendant, while the latter was trying to open the door. (Tr. Ev., Part II, 487.) At this moment, defendant opened the door and left the house, and the witness then went to the room where his daughter was lying in a pool of blood. That then he ran out of the room and went out of the house through the rear part and the defendant was already getting on his bus and going toward the road to Carolina. The witness went after him but he lost sight of him, returning to his house again at the time when they were taking his daughter to the hospital. That they took her to the hospital in Carolina.\\nThe seventh witness for the prosecution was special agent Teodoro Marcucci Cruz. He testified in relation to what he had observed during the investigation at the scene of the events. That in the room there was a bed, a chest of drawers, a pool and stains of blood, and bullets. (Tr. Ev., Part III, 926.) That the room had one door. That there were two bullets on the floor (one in the pool of blood and the other one nearby), there was a bullet imbedded in the chest of drawers (on the upper drawer), and another one in the living room. (Tr. Ev., Part III, 940.)\\nThe eighth witness for the prosecution was Dr. N\\u00e9stor Loinaz, who was the forensic pathologist who performed the autopsy on the victim's body. He testified that the death was the result of the multiple bullet wounds on the neck and thorax, which fractured the spinal column and lacerated the spinal cord and the subclavian artery. He also testified that the deceased had received six bullet wounds. (Tr. Ev., Part IV, 120-134.)\\nThe ninth witness for the prosecution was Tomasa Rivera Jim\\u00e9nez, the victim's mother. She testified that on the date of the events her daughter had been living with them for two weeks. That two weeks before the events she had gone to her daughter's house, finding her with bruises on one eye, her mouth swollen, and bruises bn one hand and arm. She decided to take her and the children to her house (Tr. Ev., Part IV, 292-294). That on the night of the events her husband had gone with appellant's oldest son to buy some ice cream for him and when he returned about 7:30 p.m. he handed her the child at the door, and went to the business without entering the house. That her daughter had talked on the telephone with defendant that night at about 7:15 for about 15 minutes. That about 7:30 defendant arrived at her house and that her daughter saw him through the room window and told her so, ordering her to lock the door. That the back door through which the child had entered was ajar. That defendant entered and knocked at the bedroom door and she became nervous and opened it. That the defendant was not bringing anything-in his hand and that she tried to push him with both hands. (Tr. Ev., Part IV, 314-316.) That defendant pushed her and she fell against the wall and that the defendant immediately took out the revolver from his waist band and pointed upwards. That her daughter, who was sitting on the edge of the bed, stood up and started to yell \\\"daddy, daddy, he kills me,\\\" raising her hands up, and right then defendant started to shoot. (Tr. Ev., Part IV, 316-317.) After the shooting defendant went out towards the exit door of the living room leading to the porch. That then her husband came in running and then the defendant fired at him and her husband fired at defendant. That her husband was not carrying any weapon in his hand. That the defendant could finally open the door and fled, and that she went to the front of the house yelling, \\\"Mag\\u00edn, Mag\\u00edn, he killed her, run, he killed Babeling.\\\" (Tr. Ev., Part IV, 326.) One of the first persons to arrive was Luis Mag\\u00edn Vel\\u00e1zquez. Upon being questioned by the defense she testified that she did not know whether buttons were loosened from defendant's shirt when she pushed him. She assured also that her husband was not carrying a revolver before the events, and that she had not seen a revolver in her. house.at any time before the events. She also testified that before the shooting she remained quiet and nervous and that she did not call anybody.\\nThe tenth witness for the prosecution was Luis Mag\\u00edn Velazquez, who testified that he was the neighbor of the victim's parents, that he was the best man in appellant's and the deceased's .wedding. On the night of the events he was in his house and upon hearing the shooting coming from Armando Jim\\u00e9nez' house, he told his wife to call the police and he went there. That he saw defendant when he ran out and when he boarded his bus and went in the direction to Carolina. That the deceased's mother called him asking for help. That first he heard continuous shots, about four, and that about one minute or a minute and a half later, he heard two or three more shots. That he entered the house and in the first room he found Evang\\u00e9lica between the chest of drawers and the wall. He raised her and noticed a wound and proceeded to lay her down on the bed. (Tr. Ev., Part IV, 421-501.)\\nThe eleventh and last witness for the prosecution was Esteban Santiago Echevarria, who testified in relation to the six bullet caps (Exh. IX) admitted in evidence and who marked them with some lines inside those caps. (Tr. Ev., Part IV, 502.)\\nThe evidence fpr the defense, as the Solicitor General points out in his brief, centered on \\\"aspects and circumstances foreign to the facts, mainly of expert nature.\\\"\\nThe first witness for the defense was Braulio Mu\\u00f1oz, keeper of arms of the police. He was brought to testify on the license to have and possess a weapon corresponding to Harry Jim\\u00e9nez Rivero (brother of the victim's father). With his revolver the victim's father fired at the defendant.\\nThe second witness for the defense was Jorge Luis Reyes, state policeman. He testified that in his presence Armando Jim\\u00e9nez delivered a revolver to policeman Jos\\u00e9 I. Santini..\\nThe third witness was Camilo Arcelay, expert in ballistics. He worked for the police for thirteen years. His testimony was centered mainly on projectiles discharged on the night of the events and the effects and characteristics of the latter in the body of the deceased. To questions of the defense he testified that according to the entrance orifices described by the pathologist in his Autopsy Report, these orifices should have been the result of two firearms of different calibers. (See Tr. Ev., Part VI, 43-206.)\\nThe fourth and fifth witnesses presented by the defense were defendant's two sisters, Gloria and Georgina Prados Garcia, who testified in relation to the family relations between defendant and the deceased, trying to establish the cordiality thereof.\\nAppellant assigns on appeal the commission of eleven errors, to wit:\\n\\\"1. The trial court erred in failing to reasonably exclude juror Ada Beauchamp, upon motion of the defense, for which reason appellant did not have an impartial and fair trial.\\n\\\"2. The trial court erred in denying the motion for new trial.\\n\\\"3. The trial court erred in permitting the administering of the 'voir dire' in relation to juror Roberto Val\\u00e9s; that the prosecuting attorney examined him again without a basis therefor, and then took peremptory challenge against him, all with the objection of the defense.\\n\\\"4. The trial court erred in failing to give instructions on voluntary manslaughter as requested in a document attached to the record.\\n\\\"5. The trial court erred in giving instructions on escape, because the latter were not justified and were prejudicial to the defendant. (Tr. 21 Instructions.)\\n\\\"6. The trial court erred in failing to give the instructions marked 2 to 10 in the petition for instructions filed by the defense, which appears in the record.\\n\\\"7. The trial court erred in failing to admit certain documentary evidence to buttress the competence of the expert in ballistics, Camilo Arcelay.\\n\\\"8. The trial court erred in permitting the prosecuting attorney to present a detailed theory in which he referred to inadmissible former acts of violence against the victim attributed to defendant and which the court repeated upon referring to the theory of the prosecuting attorney in the turn for the summary of the evidence to the jury and in admitting indirect acts of aggression through witness Tomasa Rivera, the victim's mother, as to the obstinacy of the prosecuting attorney in calling Dr. Rivera Ayala in the presence of the jury to establish, by inferences, aggressions to the victim on the part of defendant.\\n\\\"9. The trial court erred in admitting evidence through the witness for the prosecution, \\u00c1ngel Luis Flores, to the effect that on occasions prior to December 2, 1964, and as remote as 1963, he saw defendant carrying a revolver.\\n\\\"10. The trial court erred in permitting the pathologist to testify on matters proper of an expert in ballistics and for which the latter was not qualified.\\n\\\"11. The trial court erred in taking for granted that if it was believed that defendant made certain statements, the same would constitute an admission.\\\" (Tr. Ev., Part VIII, 23-24.)\\nThe errors assigned were not committed.\\n(1-3) We shall discuss jointly the first three errors assigned. As to the first error assigned, failing to reasonably exclude Ada Beauchamp, it is proper to point out in the first place that, either sustaining or denying challenges for cause is in a great measure discretionary with the court. People v. Gallart, 11 P.R.R. 361 (1906) ; People v. V\\u00e1zquez, 68 P.R.R. 62 (1948). In examining the transcript of evidence in relation to the interrogatory to which said juror Beauchamp was submitted during the drawing of the names of jurors, the latter stated that during the school vacations, from May to August, she heard her daughter's comments in her house in relation to the facts of the case, but that she did not give them any consideration. Before said events she had heard no version. She answered that she had formed no opinion on the basis of said version, and that furthermore, her daughter did not express any opinion as to whether defendant was innocent or guilty. To questions by the judge she declared that in the event that the evidence presented in the court was completely different to the version given by her daughter, she would take as basis for her decision the evidence presented in court, and that she would not take into consideration her daughter's version. The court did not abuse its discretion in denying the challenge for cause of juror Beauchamp. See People v. Rivera, 83 P.R.R. 452, 458 (1961).\\nIn relation to the motion for new trial, the same was based on the sworn statement given by juror Angelita L\\u00f3pez Rom\\u00e1n and on her testimony in the hearing of the motion for new trial. In the sworn statement this juror stated that after the jury was impaneled and before commencing the presentation of the evidence and during the course of the trial, jurors Beauchamp and Julia Rios Maldonado, and a substitute juror, expressed opinions adverse to defendant, stating that the latter had committed the offense and that he was guilty. That furthermore juror Beauchamp, on more than one occasion during the recesses, stated that she had been threatened and that she was going to tell it to the judge. To questions posed by the prosecuting attorney, she stated that defendant's relatives had approached her and that she was doing a favor, and that if she was mistaken, there was a judge in heaven. That on several occasions defendant's sisters had asked her for help and that she had prayed to God to enlighten her. She assured that the alleged comments of the jurors did not affect her mind upon voting in favor of finding defendant guilty of murder in the second degree.\\nThe court did not err in denying the motion for new trial. It was not established that the impartiality of the jury was affected and even less, that the foregoing had deprived the jurors in this case from exercising reason and serene judgment in judging the facts before them. It must also be assumed that the jury based its verdict on the evidence introduced and not on extraneous facts or under undue influence or pressure. We understand that this presumption was not overcome in the case at bar. People v. D\\u00edaz, 74 P.R.R. 348 (1953); People, v. Emmanuelli, 67 P.R.R. 626 (1947) and People v. B\\u00e1ez, 45 P.R.R. 498 (1933).\\nThe third error challenges the discretion of the court in permitting the administering of the \\\"voir dire\\\" in relation to juror Roberto Vales, giving rise to the prosecuting attorney's peremptory challenge and to the coming of other jurors, who, in the opinion of defendant, were not acceptable. It suffices to reaffirm the discretion of the judge in relation to the process of selection and impaneling of the jurors.\\n(4) Defendant assigns the error of the court in failing to give the jury instructions on voluntary manslaughter. After examining the evidence presented we have found no basis for such instructions, there being no evidence whatsoever as to sudden quarrel or heat of passion. The evidence established that the interchange of shots between the defendant and his father-in-law occurred after appellant had fired against his wife.\\nIn People v. Serb\\u00eda, 75 P.R.R. 370 (1953), we stated at p. 373:\\n\\\"Undoubtedly, in a murder case the trial court must instruct the jury as to manslaughter if there is some evidence in the record which would justify a verdict of manslaughter. [Citations] Even if this evidence is slight or weak, it must be weighed by the jury, not by the court. On the other hand, the trial-court may not give instructions as to manslaughter if the record is barren of testimony which would support such a verdict. [Citations] To permit the latter practice would be in effect to enable the jury to impose punishment different from that prescribed for the offense which was in fact committed.\\\" (Italics ours.)\\nSee, also, the cases of People v. Galarza, 71 P.R.R. 520 (1950); People v. Carri\\u00f3n, 35 P.R.R. 828 (1926); People v. Burgos, 76 P.R.R. 187 (1954) and People v. Barreto, 85 P.R.R. 723 (1962).\\nThat is the reason why the judge was justified in transmitting the instructions of aggravated assault in the case of assault to commit murder and in refusing to give those of manslaughter in the case of murder.\\n(5) In relation to the instruction on escape, although it is true that it is correct in its text and that all the time the judge raised it as a matter of fact, as to the fact whether or not he escaped, to be settled by the jury and which they did not have to consider if they understood that there was no escape, we understand that in view of the facts of the subsequent shooting-with the deceased's father and the short time elapsed from the time he left the scene of the events to the time when the defendant went to Manuel Santos Arag\\u00f3n and then to the police station (about 8 p.m., the events having occurred about 7:30 p.m.), such instructions as to escape were not proper under the facts of the case. But in the light of the overwhelming evidence of defendant's guilt, the fact of having given such instruction did not have decisive effect on the verdict returned.\\n(6) Appellant assigns that a series of instructions requested by the defense were not given. We have examined the latter in the light of the evidence presented and have found nothing to support appellant's position.\\n(7) The prosecuting attorney having accepted the competence of the expert witness presented by the defense, the presentation of the documents offered praising his work was not proper.\\n(8-9) The evidence presented to support the information of murder is so decisive that even if it were considered that admitting evidence on the strained relations be tween defendant and his wife constituted error, it would not justify the reversal of the judgment. The same happens with the evidence concerning the carrying of firearms prior to the day of the events.\\n(10) The remaining errors lack merit.\\nThe judgment appealed from will be affirmed.\\nMr. Chief Justice Negron Fern\\u00e1ndez and Mr. Justice Santana Becerra did not participate herein.\"}"
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+"{\"id\": \"8816665\", \"name\": \"Conchita Cuchi Coll de Carlo, Plaintiff and Appellant, v. Government of the Capital, represented by its Mayoress, Felisa Rinc\\u00f3n de Gautier et al., Defendants and Appellees\", \"name_abbreviation\": \"Cuchi Coll de Carlo v. Government of the Capital\", \"decision_date\": \"1966-06-30\", \"docket_number\": \"No. R-65-56\", \"first_page\": \"715\", \"last_page\": \"719\", \"citations\": \"93 P.R. 715\", \"volume\": \"93\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:56:39.428192+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Second Division composed of Mr. Justice Belaval, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Hern\\u00e1ndez Matos, Mr. Justice Blanco Lugo, and Mr. Justice Ram\\u00edrez Bages.\", \"parties\": \"Conchita Cuchi Coll de Carlo, Plaintiff and Appellant, v. Government of the Capital, represented by its Mayoress, Felisa Rinc\\u00f3n de Gautier et al., Defendants and Appellees.\", \"head_matter\": \"Conchita Cuchi Coll de Carlo, Plaintiff and Appellant, v. Government of the Capital, represented by its Mayoress, Felisa Rinc\\u00f3n de Gautier et al., Defendants and Appellees.\\nNo. R-65-56.\\nDecided June 30, 1966.\\nEduardo Cuchi Coll for appellant. Gonzalez & Rodriguez for appellees.\\nSecond Division composed of Mr. Justice Belaval, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Hern\\u00e1ndez Matos, Mr. Justice Blanco Lugo, and Mr. Justice Ram\\u00edrez Bages.\", \"word_count\": \"953\", \"char_count\": \"5783\", \"text\": \"Mr. Justice Belaval\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn September 3, 1963, plaintiff-appellant suffered a fall on the sidewalk of Mu\\u00f1oz Rivera Avenue in R\\u00edo Piedras, P.R., and, as it is alleged, through the fault of the Government of the Capital which has control of the sidewalk where plaintiff fell down, plaintiff-appellant suffered a fracture of the right arm in addition to other injuries which have partially disabled her; that in compliance with the provisions of \\u00a7 96 (a) of Act No. 142 of July 21, 1960, on April 13, 1964, plaintiff gave written notice to defendant of her claim in this case, which notice was made in an authentic manner with all the legal requisites established in subsections (b) and (c) of \\u00a7 96; that on May 28, 1964 she instituted an action for damages against the Government of the Capital.\\nThe Government of the Capital filed a motion for summary judgment, alleging that the accident having occurred on September 3, 1963, and notice thereof having been presented on April 13, 1964, the requirement of written notice to the Government of the Capital had not been complied with within the ninety days following the date on which the accident occurred, as provided by Act No. 142 of July 21, 1960, for which reason the right of action does not accrue. Besides objecting to the summary judgment because plaintiff had not learned of the fracture until February 10, 1964, upon being examined by a doctor, plaintiff requested leave to amend the allegations of the complaint to join as a defendant the insurer, Consolidated Mutual Insurance Company. After a new amended complaint was filed, with the consent of the court, the Government of the Capital presented again its motion for summary judgment against the amended complaint. On the other hand, and after several motions to avoid default, Consolidated Mutual Insurance Company also moved for summary judgment, on the same ground of untimely notice to the Government of the Capital.\\nThe trial court rendered judgment against plaintiff - appellant on the following ground. \\\"From the face of the complaint and the arguments of counsel, as well as from the evidence introduced, it appears that plaintiff did not comply with the law as to the notice to the municipalities . Said amended complaint, moreover, does not state facts constituting a cause of action against codefendant, Consolidated Mutual Insurance Company. Therefore, summary judgment will be entered dismissing the above-mentioned amended complaint.\\\"\\nIn her petition for review before us, plaintiff-appellant assigns two errors: (1) the trial court erred in stating that plaintiff did not comply with the law as to notice requirement to the municipal corporation within the ninety days following the date of the accident, nor the damages sustained, the amount of the compensation, etc.; (2) it also erred in declaring that the amended complaint did not state facts constituting a cause of action against the defendant Consolidated Mutual Insurance Company.\\n1-2. We are not so sure that we should apply our former case law as to the date on which the nature or extent of the damage was actually known, as the date to begin counting the ninety days within which notice should be pre sented to any municipal government or to the Government of the Capital giving a description of the accident and its cause, the amount of the monetary compensation or the type of remedy corresponding to the damage sustained, required by Act No. 142 of July 21, 1960. Now then, a summary judgment being involved, we believe that it is more convenient, in furtherance of justice, to set aside the pronouncement of the trial court in order to give plaintiff an opportunity to introduce her evidence as to any - circumstances which contrary to the general rule may warrant an exception to our manner of understanding or construing said prohibition, leaving the solution of the legal question for when all the evidence which both parties want to introduce has been received.\\nHowever, as to the second pronouncement of the judgment, in the sense that the failure to notify the municipal corporation relieves the insurer from liability, the same is clearly erroneous. \\u2022 To understand it thus, we need only to refer to our decision in the case of Garc\\u00eda v. Northern Assurance Co., 92 P.R.R. 236, 247 (D\\u00e1vila) (1965), in which, contrasting the provisions of \\u00a7 96(a) of Act No. 142 of July 21, 1960 with the provisions of \\u00a7 20.030 of our Insurance Code of 1957, we established the rule that: \\\"The requirement of service within the 90 days of the occurrence of the accident as a precedent condition to the filing of a complaint against a municipal government, is of strict compliance and operative as estoppel . If there is no service no action may be instituted' against the municipality but there is no bar to its filing against the insurance company, it being a direct action against the latter. The insurance company does not profit from the aforementioned provision' of the Municipal Law, which in effect is solely a condition for filing the action against the Municipality.\\\"\\nThe summary judgment rendered on February 25, 1965 by the Superior Court of' Puerto Rico, San Juan Part, will be reversed and the case remanded for further proceedings consistent with this opinion.\\nMr. Justice Blanco Lugo concurs in the result.\"}"
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+"{\"id\": \"8816701\", \"name\": \"AMECO, Augusto Men\\u00e9ndez Construction Corporation, Plaintiff and Appellant, v. Jaress Corporation, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"AMECO v. Jaress Corp.\", \"decision_date\": \"1970-03-17\", \"docket_number\": \"No. R-68-237\", \"first_page\": \"820\", \"last_page\": \"827\", \"citations\": \"98 P.R. 820\", \"volume\": \"98\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:39:21.069884+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Chief Justice Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez did not participate herein.\", \"parties\": \"AMECO, Augusto Men\\u00e9ndez Construction Corporation, Plaintiff and Appellant, v. Jaress Corporation, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"AMECO, Augusto Men\\u00e9ndez Construction Corporation, Plaintiff and Appellant, v. Jaress Corporation, Defendant and Appellee.\\nNo. R-68-237.\\nDecided March 17, 1970.\\nBar aga\\u00f1o, Trias, Saldana & Francis, Oronte Oliveras Sifre, and Jos\\u00e9 A. Cestero for appellant. Rodolfo R. Aponte for appellee.\", \"word_count\": \"2280\", \"char_count\": \"13425\", \"text\": \"Me. Justice Santana Becerra\\ndelivered the opinion of the Court.\\nPlaintiff-appellant, AMECO, Augusto Men\\u00e9ndez Construction Corporation, alleged in an amended complaint filed in the Superior Court, San Juan Part, against defendant-appellee Jaress Corporation, that on June 22, 1964, it leased to the latter for a term of 4 months and for a rental of $4,400, a certain construction equipment composed of a tower and other appurtenances which it described in the complaint; that on December 19, 1964, defendant returned the equipment leased in a useless condition; that an insurance company had paid for the cost of repairing and restoring said equipment to its' operative condition; that by reason that defendant had delivered the equipment leased in useless condition, plaintiff could not use the same or lease it as of the date when it was returned and during a period which was later stipulated as 4 months and 10 days; and that as a consequence thereof it had a loss of $1,100 monthly until said equipment could be used again.\\nThe trial court dismissed the complaint. Its second, third, fourth, and fifth findings of fact are as follows:\\n\\\"2. \\u2014 By virtue of Section 9 of the Lease Contract the lessee assumed the obligation to compensate the lessor for the loss of or damage to the property leased.\\n\\\"3. \\u2014 According to the agreement the tower was installed on the grounds of the Flamboy\\u00e1n Hotel, then under construction. A series of bridges protruded from the tower which provided access to the different floors of the building under construction. These bridges or platforms were solidly constructed and according to the highest standards in the construction industry. The platforms were inspected by the State Insurance Fund and by the Department of Labor. They were also periodically inspected by defendant's agents and representatives. On the date of the accident which caused the damages to the leased tower, the latter, as well as the platforms, were in the possession of defendant's subcontractor called Demora. In the morning of the accident the subcontractor notified the defendant's representative that one of the poles of platform No. 8 was out of place. Immediately, defendant's representative, Engineer Benjamin Miller, a person of vast experience in the construction field, went to the place and upon noticing the defect gave orders in the sense that all the personnel should move away from the tower. A few seconds afterwards there was a downfall and 10 to 12 platforms fell down. The day before the accident the tower had been inspected, and the pole which on the day of the accident they noticed was out of place, was in a correct position. It is probable that this pole was displaced upon receiving a strong blow. It is unknown when and how it received the blow.\\n\\\"4. \\u2014 As a result of the fall of the platforms the tower suffered damages, but the cost of the repairs was paid by an insurance company.\\n\\\"5. \\u2014 The tower was returned on December 19, 1964, and it could not be repaired until the last days of the month of April, since they had to order the necessary parts and accessories from the United States for repairing it. During the time the tower was being repaired defendant was precluded from using it in some construction projects it was developing or from leasing it to a third person.\\\"\\nAs a matter of law the trial- court determined that the damage sustained by the equipment was not the lessee's fault, and it stated that the possible cause of the accident was \\\"a strong blow upon one of the supports of the tower, which blow was received under unknown circumstances,\\\" for which reason it concluded that the damages sustained by the equipment were not the lessee's fault.\\nAccording to the third clause of the lease contract involved in this transaction, the lessee bound itself to pay a rental of $1,100 for each additional month that the latter retained the equipment after the expiration of the 4-month period agreed upon. According to the seventh clause the lessee was bound to see that the equipment leased would not be subject to careless or needlessly rough usage, would maintain it in good condition, and would return it in such good condition. Furthermore, it would utilize competent or well-trained personnel for the operation of the equipment. Under the ninth clause the lessee bound itself to indemnify plaintiff against all damages sustained by the equipment during the rental period, and any such physical damage would be computed on the basis of a capital value of $15,000.\\nThe following sections of the Civil Code are presumptions of law applicable to this issue:\\nSection 1445, second paragraph, which binds the lessee to use the thing leased as a diligent father of a family would, applying the same to the use agreed upon; \\u00a7 1446 to the effect that if either the lessor or the lessee should not comply with the obligations respectively imposed on them by \\u00a7 \\u00a7 1444 and 1445, they may request the rescission of the contract or indemnity for damages; \\u00a7 1453 which provides that the lessee is liable for the deterioration or loss suffered by the thing leased, unless he proves that it took place without his fault; and \\u00a7 1458 in the sense that if the thing leased is lost or any of the contracting parties does not comply with what has been stipulated, the provisions of \\u00a7 \\u00a7 1136 and 1137, and of \\u00a7 \\u00a7 1054 and 1077 shall be respectively observed.\\nTo that effect, \\u00a7 1137 provides that whenever the thing should be lost, when in the possession of the debtor, it shall be presumed that the loss occurred by his fault and not by a fortuitous event, unless there is proof to the contrary; and \\u00a7 1054 provides that those who in fulfilling their obligations are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner whatsoever act in contravention of the stipula tions of the same, shall be subject to indemnity for the losses and damages caused thereby.\\nSection 1058, which provides that no one shall be liable for events which could not be foreseen, or which having been foreseen were inevitable, with the exception of the cases expressly mentioned in the law or those in which the obligation so declares; and more particularly \\u00a7 1059, which provides that the indemnity for losses and damages includes not only the amount of the loss which may have been suffered, but also that of the profit which the creditor may have failed to realize, are presumptions of law applicable to the issue herein.\\nAccording to the findings of fact of the trial court, the equipment was damaged as a result of the collapse of some platforms while the latter and the equipment were in possession and were used by a subcontractor.\\nIn Cabinero v. Cobi\\u00e1n Theatres, 81 P.R.R. 926 (1960), we discussed rather amply the responsibility of a lessee concerning the return of the thing leased. According to what we said in said case, in the light of the cases cited therein, and pursuant to the aforementioned sections of the Code,- lessee herein would be relieved from liability, or as it has been said, there would be no fault on its part in failing to return the equipment as agreed upon, only in case of a fortuitous event, that which cannot be foreseen, or which, having been foreseen, is inevitable. Section 1058.\\nConsidering that in the case of a lessee the fortuitous event is not assumed by express provision of \\u00a7 1137 concomitant with \\u00a7 1458, and that 'on the contrary, the fault is assumed, the findings of fact of the trial court do not support at law the inexistence of fault on the part of lessee by reason of the fortuitous event. The fact that there was the necessary inspection is not the only determining factor of the inexistence of said fault. The fact that a blow on the poles of the tower, in the normal course of the operation or function without there having occurred any unusual event of force majeure, had displaced one of the posts of the platforms, causing the collapse thereof, could disprove the firmness or correctness of the installation of said platforms or lead to the conclusion that there was careless operation.\\nIn the light of the rule of law governing fortuitous events, the inevitable accident although foreseeable in some cases, we cannot agree that the facts, as they were determined by the trial court, constitute a situation of a fortuitous event exculpating the lessee. See: Ruiz v. Umpierre, 49 P.R.R. 262 (1935), and cases cited; Cabinero v. Cobi\\u00e1n Theatres, supra.\\nAfter arriving at the preceding conclusion, let us see what lessee is' liable for. It is liable not only for the consequential damage, which is not in issue herein, since it was paid for, but also for the loss of profit. Section 1059 of the Civil Code.\\nIn Le\\u00f3n Parra v. Gerardino, 58 P.R.R. 494 (1941), a case involving a lease in which the lessee returned the thing in a condition of deterioration, we sustained a claim for uncollected rentals (loss of profit) during a reasonable period of time to obtain and perform the necessary repairs. And see: Mu\\u00f1iz v. Aetna Casualty & Surety Co., 38 P.R.R. 752, 761 (1928) : \\\"the best measure of damage is the cost of its restoration and the value of the use of the property while the repairs are being made.\\\" Fern\\u00e1ndez v. Ortiz, 33 P.R.R. 6 (1924); Hoffman v. Cuadrado, 14 P.R.R. 573 (1908); P\\u00e9rez v. Sampedro, 86 P.R.R. 498, 502-3 (1962).\\nAppellee requests us to uphold the conclusion of the trial court to the effect that granting damages for loss of profit in this case would be tantamount to extending the scope of the contract between the parties.\\nNo, because although obligations may be created by contract, they are also created by law, pursuant to \\u00a7 1042. In order that \\u00a7 1059 should not apply to this case, it would have been necessary that by express agreement, the lessee should have been free from this binding liability imposed by law. Nothing was agreed upon to the contrary. Furthermore, \\u00a7 1210 of the Civil Code extends the obligatoriness of the contract to cover not only what has been expressly stipulated, but also with regard to all \\\"the consequences\\\" which, according to their nature, are in accordance with good faith, use, and the law.\\nThe record shows that appellant accepted the delivery of the damaged equipment to permit the use of the hotel, without waiving its contractual rights. It had been agreed upon originally that the lessee would pay at the rate of $1,100 per month during all the time it retained the equipment after the termination of the contract. On rendering the judgment which the trial court should have rendered, and in the absence of any other evidence, according to our former decisions, the amount of the loss of profit may be reasonably fixed in $1,100 monthly, as claimed in the complaint, making a total of $4,766.66 for the 4 months and 10 days the equipment was being repaired.\\nThe judgment appealed from dismissing the complaint will be reversed, and another rendered sustaining it and granting a compensation of $4,766.66 in favor of plaintiff, with costs, and $800 for attorney's fees in the trial court.\\nMr. Chief Justice Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez did not participate herein.\\nThe number of the sections correspond to the 1930 edition.\\nThe contract expressly prohibited the sublease of the equipment. The trial court concluded that there was no violation of the contract in that sense, in view of the manner in which constructions are performed today. The latter, however, would not affect the lessee's contractual and legal obligation to return the equipment in the good condition in which it had received the same.\\nDefendant's Exhibit C, which appears in the record, is an illustrated page of the San Juan Star corresponding to the edition of Thursday, November 19, 1964. It contains four photographs, two in the upper part and two in the lower part, and between them, all across the page, in large type, the word \\\"COLLAPSE.\\\" The larger of the photographs represents a twelve-story building under construction and the platforms before the collapse, installed from the ground to the last floor. At the bottom of' the photograph it is stated in the English language in which this newspaper is published:\\n\\\"WHAT FELL \\u2014 Arrow at the top of the picture, right, points to the long vertical line of scaffolding that fell yesterday. This picture was taken last week. (STAR photo)\\\"\\nThe second photograph shows the lower part of the building under construction, many men working, and it has this caption:\\n\\\"DIGGING OUT \\u2014 Workmen clear away fallen scaffolding at Flam-boyan Hotel construction site. Eleven tiers of scaffolding fell. (STAR photo by Marvin W: Schwarts) \\\"\\nA third photograph shows men working, and underneath it, this caption:\\n\\\"SEARCHING \\u2014 Laborers pry into rubble in quest of fellow workers buried by the crash. (STAR photo by Marvin W. Schwarts)\\\"\\nThe last photograph shows a man and a woman embracing each other and it says:\\n\\\"HAPPY REUNION \\u2014 In the midst of yesterday's tragedy at the construction site, this woman had a happy reunion with her husband, one of the workers. She had rushed, to the site after hearing about the accident and found her husband safe. They are unidentified. (STAR photo by Jos\\u00e9 Garc\\u00eda) \\\"\"}"
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En dicha sentencia se declara con lugar una demanda de cobro de dinero presentada por Lugo Auto Sales, Inc.\\nExaminados en su totalidad los autos del caso y el derecho aplicable, resolvemos revocar la sentencia recurrida.\\nI\\nEl 30 de noviembre de 2000, Lugo Auto Sales, Inc. (\\\"Lugo Auto\\\"), localizado en Hormigueros, Puerto Rico, present\\u00f3 una demanda en cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, contra la Sra. Judith Rivera Cortes (\\\"Sra. Rivera\\\"), alegando que esta \\u00faltima le adeudaba la cantidad de $1,389.96 por concepto de servicios de mec\\u00e1nica. Adujo, adem\\u00e1s, que la Sra. Rivera hab\\u00eda expedido un cheque por la suma adeudada, pero que luego paraliz\\u00f3 el cobro del mismo y se hab\\u00eda negado a pagar lo adeudado.\\nEl 5 de diciembre de 2000, el tribunal de instancia le notific\\u00f3 a la Sra. Rivera sobre una vista de Regla 60 pautada para el 19 de enero de 2001. Esta compareci\\u00f3 a dicha vista sin representaci\\u00f3n legal y el tribunal le concedi\\u00f3 t\\u00e9rmino para contratar un representante legal.\\nEl 7 de marzo de 2001, la Sra. Rivera present\\u00f3 su contestaci\\u00f3n a la demanda e interpuso una reconvenci\\u00f3n. Aleg\\u00f3 en dicha reconvenci\\u00f3n que en septiembre de 1999 hab\\u00eda convenido verbalmente con Lugo Auto la reparaci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de su propiedad, consistente en cambio del bumper trasero que estaba chocado y cambio de aceito y filtro del motor, por la suma de $1,200.00. Adujo que al momento que le comunicaron que el veh\\u00edculo hab\\u00eda sido reparado, no le fue posible recogerlo porque iba a ser intervenida quir\\u00fargicamente. Un mes despu\\u00e9s de notificada que el veh\\u00edculo hab\\u00eda sido reparado, Lugo Auto entreg\\u00f3 el veh\\u00edculo en San Juan a un representante de la Sra. Rivera, quien le entreg\\u00f3 al representante de Lugo Auto un cheque de la Sra. Rivera por la cantidad de $1,389.96, cantidad que alegadamente cubr\\u00eda el cambio del bumper trasero, cambio de aceite y filtro y cambio de bater\\u00eda.\\nLa Sra. Rivera arg\\u00fcy\\u00f3 que al inspeccionar el veh\\u00edculo al otro d\\u00eda de entregado se percat\\u00f3 que la reparaci\\u00f3n hab\\u00eda sido defectuosa, pues en lugar de reemplazar el bumper trasero seg\\u00fan acordado, el mismo hab\\u00eda sido reparado. No estando satisfecha con el arreglo del veh\\u00edculo, la Sra. Rivera procedi\\u00f3 a paralizar el pago del cheque {\\\"stop payment\\\") y a comunicarse con Lugo Auto para que pasaran a recoger el veh\\u00edculo para cambiarle el bumper trasero seg\\u00fan acordado. En la reconvenci\\u00f3n, la Sra. Rivera reclam\\u00f3 da\\u00f1os y perjuicios por la suma de $6,000.00.\\nEl 20 de marzo de 2001, el tribunal emiti\\u00f3 orden aceptando la contestaci\\u00f3n a demanda y reconvenci\\u00f3n, con virtiendo el proceso en uno ordinario y pautando la conferencia con antelaci\\u00f3n al juicio para el 2 de mayo de 2001. En esa vista, las partes sometieron el informe sobre conferencia preliminar entre abogados y se se\\u00f1al\\u00f3 la vista del caso para el 18 de septiembre de 2001. La Sra. Rivera y Lugo Auto presentaron su prueba documental mediante mociones presentadas el 12 de septiembre de 2001 y el 30 de agosto de 2001 respectivamente.\\nLa vista del caso no pudo celebrarse seg\\u00fan pautada por haberse recibido en el tribunal aviso de artefacto explosivo. La vista, fue transferida para el 28 de enero de 2002. Esa vista tuvo que ser suspendida porque el perito de la Sra. Rivera no se present\\u00f3 a pesar de haber sido citado. La vista en su fondo se transfiri\\u00f3 para el 16 de abril de 2002. Luego, el tribunal, motu proprio, transfiri\\u00f3 la misma para el 25 de junio de 2002.\\nEl 25 de junio de 2002, la representaci\\u00f3n legal de la Sra. Rivera no compareci\\u00f3 al tribunal.\\nEl 22 de julio de 2002, archivada en autos y notificada a las partes el 16 de agosto de 2002, el Tribunal de Primera Instancia emiti\\u00f3 sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a la Sra. Rivera a satisfacer a Lugo Sales la suma de $1,389.96, m\\u00e1s intereses desde la radicaci\\u00f3n de la demanda, gastos, costas y la suma de $300.00 por concepto de honorarios de abogado.\\nEl 2 de agosto de 2002, se present\\u00f3 moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n en la que el representante legal de la Sra. Rivera aleg\\u00f3 que el d\\u00eda de la vista, 25 de junio de 2002, ten\\u00eda pautado otro se\\u00f1alamiento en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Baja, al que acudi\\u00f3 primero. Adujo que cuando llam\\u00f3 a la Sala 604, donde originalmente estaba pautado el caso, se le indic\\u00f3 que el mismo hab\\u00eda sido trasladado a la Sala 602. Arg\\u00fcy\\u00f3 que cuando se pudo comunicar a la oficina del juez que presidi\\u00f3 en este caso para solicitar un tumo posterior, se le inform\\u00f3 que se hab\\u00eda desestimado la demanda. Aclar\\u00f3 que luego de discutir el caso con la Sra. Rivera y el perito hojalatero, se enter\\u00f3 que el tribunal \\\"hab\\u00eda declarado Ha Lugar la presente demanda, sin haber escuchado prueba por parte de los testigos de la parte demandante-reconvendonada\\\". Dicha moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n fue rechazada de plano.\\nInconforme, la Sra. Rivera acude ante este Tribunal mediante escrito de apelaci\\u00f3n, acogido como certiorari, y se\\u00f1ala los siguientes errores:\\n\\\"Err\\u00f3 el Honorable Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan, al imponer como primer sanci\\u00f3n a la parte apelante por su representante legal haber llegado tarde a la vista en su fondo del caso, el dictar sentencia a favor de la parte demandante, sin que se desfilara prueba alguna por ninguna de las partes.\\nErr\\u00f3 el Honorable Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan, al dictar una sentencia, en la cual s\\u00f3lo se expresa que se declar\\u00f3 Ha Lugar la Demanda; sin embargo, no hace expresi\\u00f3n alguna, en cuanto las alegaciones a la parte apelante, si se eliminaron las mismas o no, ni tampoco hace expresi\\u00f3n sobre qu\\u00e9 ocurri\\u00f3 con la Reconvenci\\u00f3n radicada por la parte demandante. \\\"\\nEl 29 de octubre de 2002 emitimos resoluci\\u00f3n concedi\\u00e9ndole t\\u00e9rmino a la apelada, Lugo Auto, para presentar su alegato. El 2 de diciembre de 2002 se present\\u00f3 el alegato de la apelada. Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, pasamos a resolver la controversia en sus m\\u00e9ritos.\\nII\\nEl procedimiento sumario bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 60, fue analizado recientemente por el Tribunal Supremo en Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., _ D.P.R. _ (2002), 2002 J.T.S. 17. All\\u00ed, dicho foro aclar\\u00f3 que el concepto procesal de la Regla 60 de Procedimiento Civil tuvo su origen en las cortes especializadas en reclamaciones peque\\u00f1as, que comenzaron en Massachusetts y California, y existen actualmente en los distintos sistemas judiciales estatales de Estados Unidos. Su prop\\u00f3sito original era simplificar los procedimientos en causas de menor cuant\\u00eda para as\\u00ed facilitar el acceso al proceso judicial del litigante pobre. P\\u00e9rez Col\\u00f3n v. Cooperativa de Cafeteros, 103 D.P.R. 555, 558-559 (1975).\\nA tenor con la Regla 60, la comparecencia de la parte demandante a la vista es esencial para que el tribunal pueda determinar si procede dictar sentencia a su favor. Una vez celebrada la vista, si el demandado no tiene una defensa sustancial, no puede refutar la prueba presentada por el demandante, o no demuestra que la acci\\u00f3n es contraria al inter\\u00e9s de la justicia, el tribunal dictar\\u00e1 sentencia inmediatamente a favor del demandante. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la p\\u00e1g. 665.\\nPara simplificar los procedimientos, en el procedimiento sumario de la Regla 60 se prescinde de la contestaci\\u00f3n a la demanda y del descubrimiento de prueba. Adem\\u00e1s, \\u00e9ste no contempla la presentaci\\u00f3n de alegaciones tales como la reconvenci\\u00f3n y demanda contra terceros, entre otras. En cuanto a los dict\\u00e1menes en rebeld\\u00eda, \\u00e9stos han quedado atemperados a la naturaleza de la Regla 60. As\\u00ed pues, para que un tribunal pueda dictar sentencia en rebeld\\u00eda, tiene que no s\\u00f3lo cerciorarse que el demandado fue debidamente notificado y citado, sino tambi\\u00e9n asegurarse, a base de la prueba aportada por el demandante, que \\u00e9ste tiene una reclamaci\\u00f3n en cobro de dinero contra el demandado que es l\\u00edquida y exigible. En otras palabras, no puede descansar simplemente en las alegaciones, aunque \\u00e9stas contengan hechos espec\\u00edficos y detallados sobre el particular. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la p\\u00e1g. 666.\\nEn esto difiere sustancialmente de la sentencia en rebeld\\u00eda dictada al amparo de los procedimientos ordinarios, donde se dan por admitidos los hechos bien alegados en la demanda, obviando as\\u00ed la necesidad de presentar prueba sobre \\u00e9stos. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815-816 (1978); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 931 (1996); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 577 (1997). De ah\\u00ed surge que en el procedimiento bajo la Regla 60 sea indispensable la comparecencia del demandante a la vista en su fondo. As\\u00ed pues, se balancean los intereses del demandante y el demandado, haciendo menos rigurosa la notificaci\\u00f3n-citaci\\u00f3n al demandado, al mismo tiempo que exige del demandante prueba de las alegaciones para que \\u00e9ste pueda obtener una sentencia en rebeld\\u00eda. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, A.C.A.A. v. Travelers Ins. Co., 104 D.P.R. 844, 846-847 (1976).\\nOtro aspecto importante de este procedimiento sumario es que el demandado no est\\u00e1 atado a continuar con el procedimiento bajo la Regla 60 si le demuestra al tribunal que \\\"tiene alguna reclamaci\\u00f3n sustancial, o [que] en el inter\\u00e9s de la justicia\\\" amerita que el caso se vea por la v\\u00eda ordinaria. As\\u00ed pues, aunque el caso inicialmente se haya comenzado a tramitar bajo el procedimiento sumario de la Regla 60, en etapas posteriores podr\\u00e1 seguirse bajo el procedimiento ordinario si el tribunal as\\u00ed lo determina, ya sea porque el derecho de cobro no surge claro, se necesita hacer descubrimiento de prueba, se tiene una reconvenci\\u00f3n compulsoria o se necesita a\\u00f1adir un tercer demandado, entre otras cosas. Cuando ocurre esta conversi\\u00f3n, el Juez debe, luego de notificarle a las partes, seguir el curso ordinario. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra.\\nPor otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que al interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como principio rector, que \\u00e9stas no tienen vida propia y s\\u00f3lo existen para viabilizar la consecuci\\u00f3n del derecho sustantivo de las partes. Con el fin de resolver justicieramente los reclamos de las partes, el tribunal deber\\u00e1 hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que \\u00e9stas garanticen una soluci\\u00f3n justa, r\\u00e1pida y econ\\u00f3mica de la controversia. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, _ D.P.R. _ (2001), 2001 J.T.S. 82.\\nC\\u00f3nsono con lo anterior, en Maldonado v. Srio. de Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982), el Tribunal Supremo explic\\u00f3 como los tribunales deben responder gradualmente ante el incumplimiento de las personas que se someten a su jurisdicci\\u00f3n:\\n\\\"Planteada ante un tribunal una situaci\\u00f3n que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita una imposici\\u00f3n de sanciones, \\u00e9ste debe, en primer t\\u00e9rmino, imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acci\\u00f3n disciplinaria no produce frutos positivos, proceder\\u00e1 la imposici\\u00f3n de la severa sanci\\u00f3n de la desestimaci\\u00f3n de la demanda o la eliminaci\\u00f3n de las alegaciones, tan s\\u00f3lo despu\\u00e9s que la parte haya sido debidamente informada y/o apercibida de la situaci\\u00f3n y de las consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. La experiencia se\\u00f1ala que en la gran mayor\\u00eda de los casos que presentan esta clase de dificultades -el presente caso es un ejemplo de ello-, las partes no est\\u00e1n enteradas de las actuaciones negligentes de sus abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situaci\\u00f3n es corregida de inmediato. Una parte que haya sido informada y apercibida de esta clase de situaci\\u00f3n y no tome acci\\u00f3n correctiva, nunca se podr\\u00e1 querellar, ante ning\\u00fan foro, de que se le despoj\\u00f3 injustificadamente de su causa de acci\\u00f3n y/o defensas. \\\"\\nV\\u00e9anse adem\\u00e1s, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Lluch v. Espa\\u00f1a Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).\\nPosteriormente, en Amaro Gonz\\u00e1lez v. First Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042, 1052 (1993), el Tribunal Supremo indic\\u00f3 que subsiste en nuestro ordenamiento procesal civil la imposici\\u00f3n de sanciones severas en aquellos casos en que no hay duda de la contumacia de la parte contra quien se toman dichas medidas. Sin embargo, y en armon\\u00eda con lo antes expresado, la tendencia ha sido la de imponer sanciones econ\\u00f3micas, en primera instancia, contra aquella parte que observe una conducta censurable bajo las Reglas de Procedimiento Civil. Id. La imposici\\u00f3n de sanciones de tipo econ\\u00f3mico ha sido utilizada en el pasado por los tribunales, con efectividad, para agilizar el descubrimiento de prueba. Ramos Carrillo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 756 (1974); Girard Industries v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 680 (1975). Por ello, en nuestra pol\\u00edtica judicial, se prefiere la dilucidaci\\u00f3n de los casos en su fondo, con el \\u00e1nimo de hallar la verdad y hacer debida justicia. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992); Mercado v. Panther's Military Soc. Inc., 125 D.P.R. 98 (1990); Echevarr\\u00eda Jim\\u00e9nez v. Sucn. P\\u00e9rez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989). Tambi\\u00e9n es pol\\u00edtica judicial imperante la de que los casos se resuelvan en los m\\u00e9ritos. Amaro Gonz\\u00e1lez v. First Fed. Savs., supra.\\nSe colige de la jurisprudencia citada que la resoluci\\u00f3n de un pleito sin contar con la comparecencia del demandado o sus alegaciones constituye una sanci\\u00f3n sumamente dr\\u00e1stica que debe s\\u00f3lo tomarse en \\u00faltima instancia. Ello debe aplicarse una vez la imposici\\u00f3n de sanciones puramente econ\\u00f3micas a la parte o a su abogado han resultado inefectivas.\\nDe igual forma, se ha resuelto que en casos en los que se ha anotado la rebeld\\u00eda como sanci\\u00f3n por incomparecencia, constituye un claro abuso de discreci\\u00f3n el no reabrir el caso una vez se ha solicitado cuando existe la posibilidad de que la parte demandada cuente con una buena defensa. En J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805 (1971), se dijo: \\\"Como regla general, una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los m\\u00e9ritos, a menos que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un \\u00e1nimo contumaz o temerario por parte del querellado\\\". Id., p\\u00e1g. 811.\\nIII\\nDiscutiremos los errores en conjunto por encontrarse los mismos \\u00edntimamente relacionados.\\nLa Sra. Rivera alega que el Tribunal de Primera Instancia aplic\\u00f3 como primera sanci\\u00f3n el declarar con lugar la demanda de Lugo Auto sin que las partes hubieran desfilado prueba alguna. Arguye que la sanci\\u00f3n impuesta por el tribunal de instancia es demasiado dr\\u00e1stica e irrazonable, pues tiene el efecto de privarla de su d\\u00eda en corte. Argumenta, adem\\u00e1s, que el tribunal nada dispuso sobre la reconvenci\\u00f3n presentada por ella, por lo que entiende que la misma est\\u00e1 pendiente de resolver, pues ella no ha desistido voluntariamente de lo alegado en la reconvenci\\u00f3n.\\nLa sentencia dictada en este caso, que aparenta ser un proyecto de sentencia de la parte demandante, resolvi\\u00f3 la controversia como si se tratara de un caso bajo el procedimiento sumario de la Regla 60, en lugar de lo que verdaderamente era, es decir, un cobro de dinero por la v\\u00eda ordinaria. Un examen del expediente de este caso revela que el tribunal de instancia no se percat\\u00f3 que desde el 20 de marzo de 2001 otro juez que intervino en el caso hab\\u00eda emitido orden convirtiendo el proceso de Regla 60 en uno ordinario. Ello as\\u00ed porque la Sra. Rivera ten\\u00eda una reconvenci\\u00f3n compulsoria que no pod\\u00eda ser atendida mediante el procedimiento sumario de la Regla 60.\\nAdem\\u00e1s, para todos los efectos, el tribunal dict\\u00f3 sentencia en rebeld\\u00eda, lo cual no proced\\u00eda bajo un cobro de dinero por la v\\u00eda ordinaria ni bajo el procedimiento sumario de la Regla 60. Veamos.\\nLa Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 45.1, permite anotar la rebeld\\u00eda a una parte en un pleito cuando \\u00e9sta \\\"haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma seg\\u00fan se dispone en estas reglas\\\". El remedio tambi\\u00e9n aplica cuando una de las partes en el pleito ha incumplido con alg\\u00fan mandato del tribunal, lo que motiva a \\u00e9ste a imponerle la rebeld\\u00eda como sanci\\u00f3n. Alamo v. Sup. Grande, Inc., _ D.P.R. _ (2002), 2002 J.T.S. 124.\\nPor otro lado, la Regla 45.2(b) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 45.2, le permite a un tribunal emitir una sentencia en rebeld\\u00eda por la incomparecencia del demandado. Su prop\\u00f3sito es no conferir ventaja a los demandantes o querellantes para obtener una sentencia, sino estimular la tramitaci\\u00f3n adecuada de los casos. Rom\\u00e1n Cruz v. D\\u00edaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1987). Ahora bien, para que un tribunal pueda dictar sentencia en rebeld\\u00eda le es necesario comprobar la veracidad de cualquier alegaci\\u00f3n, o hacer una investigaci\\u00f3n sobre cualquier otro asunto, o deber\\u00e1 celebrar las vistas que estime necesarias y adecuadas. Hern\\u00e1ndez v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 272 (1998). V\\u00e9ase adem\\u00e1s, Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997). Adem\\u00e1s, debemos recordar que a una parte demandada que ha comparecido previamente le cobija el derecho a conocer del se\\u00f1alamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte contraria, impugnar la cuant\\u00eda de los da\\u00f1os y apelar la sentencia. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra. Asimismo, la Regla 43.6 de Procedimiento Civil, supra, dispone que, no empece la celebraci\\u00f3n de una vista en rebeld\\u00eda, una sentencia en rebeld\\u00eda no ser\\u00e1 de naturaleza distinta ni podr\\u00e1 conceder m\\u00e1s remedios que los que se hayan solicitado en la demanda. Alamo v. Sup. Grande, Inc., supra.\\nEn este caso, no proced\\u00eda que se le anotara la rebeld\\u00eda a la Sra. Rivera porque el d\\u00eda de la vista su representante legal se ausent\\u00f3, especialmente cuando ella s\\u00ed estuvo presente. El abogado alega que no fue su intenci\\u00f3n ausentarse de la vista y que hizo gestiones para que se le asignara un tumo posterior, pero que esas gestiones no dieron \\u00f1uto por haberse trasladado el caso de la sala original a otra sala. Cuando finalmente se comunic\\u00f3 con la oficina del juez que presidi\\u00f3 en este caso, se le inform\\u00f3 que ya el mismo hab\\u00eda sido resuelto.\\nAl adjudicar la controversia ante s\\u00ed, el tribunal no tom\\u00f3 en consideraci\\u00f3n que la parte, es decir, la Sra. Rivera estuvo presente, que quien se ausent\\u00f3 fue su abogado y que contra \\u00e9ste lo \\u00fanico que proced\\u00eda era imponerle una sanci\\u00f3n monetaria. Si bien es cierto que la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra, le permite a un tribunal emitir una sentencia en rebeld\\u00eda por la incomparecencia del demandado, no es menos cierto que no es su prop\\u00f3sito el conferir ventaja a los demandantes o querellantes para obtener una sentencia. El prop\\u00f3sito de la misma es estimular la tramitaci\\u00f3n adecuada de los casos. V\\u00e9ase, Rom\\u00e1n Cruz v. D\\u00edaz Rifas, supra. Por ello, es necesario que el tribunal compruebe la veracidad de cualquier alegaci\\u00f3n, o que haga una investigaci\\u00f3n sobre cualquier otro asunto o que celebre las vistas que estime necesarias y adecuadas antes de poder dictar una sentencia en rebeld\\u00eda. V\\u00e9ase, Alamo v. Sup. Grande, Inc., supra; Hern\\u00e1ndez v. Espinosa, supra; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra. Contrario a lo dispuesto en la jurispmdencia citada, en este caso, el tribunal resolvi\\u00f3 el pleito sin contar con el testimonio de la Sra. Rivera, a pesar de que \\u00e9sta compareci\\u00f3 a la vista, y sin que se le permitiera contrainterrogar los testigos de la parte contraria o impugnar la cuant\\u00eda de los da\\u00f1os, lo que constituye una sanci\\u00f3n sumamente dr\\u00e1stica que debe s\\u00f3lo tomarse en \\u00faltima instancia.\\nPor otro lado, aun suponiendo que en este caso aplicaba el procedimiento sumario de la Regla 60, tampoco proced\\u00eda que se dictara una sentencia en rebeld\\u00eda.\\nComo mencion\\u00e1ramos, bajo el procedimiento sumario de la Regla 60, el tribunal puede dictar sentencia en rebeld\\u00eda luego de cerciorarse que el demandado fue debidamente notificado y citado y que, a base de la prueba aportada por el demandante, \\u00e9ste tiene una reclamaci\\u00f3n en cobro de dinero contra el demandado que es l\\u00edquida y exigible. Es decir, que el tribunal no puede descansar simplemente en las alegaciones de la demanda aunque las mismas contengan hechos espec\\u00edficos y detallados sobre el particular. V\\u00e9ase, Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra.\\nEn este caso no se dieron los requisitos de la Regla 60 que permiten al tribunal dictar sentencia en rebeld\\u00eda. El tribunal adjudic\\u00f3 la controversia basado en la prueba documental que obraba en el expediente, es decir, sin o\\u00edr las partes. As\\u00ed lo confirma el apelado en su alegato al afirmar que \\\"[e]l tribunal manifest\\u00f3 que trat\\u00e1ndose de un caso bajo la Regla 60 y por la prueba documental que obraba en el expediente, las estipulaciones anteriores y el Informe de Conferencia con Antelaci\\u00f3n la Juicio, dictar\\u00eda sentencia a favor de la parte demandante apelada\\\". Alegato del apelado, p\\u00e1g. 3.\\nCumpliendo con el proceso esbozado en Maldonado v. Srio Recursos Naturales, supra, y reiterado en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, el Tribunal de Primera Instancia debi\\u00f3 imponer, en primera instancia, sanciones de tipo econ\\u00f3mico, y de ello resultar infructuoso, apercibir a la parte demandada del incumplimiento de su representaci\\u00f3n legal con los se\\u00f1alamientos de vista pautados por el tribunal, y las consecuencias que ello conlleva, antes de recurrir a la resoluci\\u00f3n del pleito en su contra sin contar con su comparecencia o sus alegaciones. Al considerar los hechos de este caso dentro de este contexto normativo, no podemos validar la determinaci\\u00f3n del Tribunal de Primera Instancia.\\nIV\\nPor los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia dictada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para la continuaci\\u00f3n de los procedimientos de forma compatible con lo aqu\\u00ed resuelto. El tribunal podr\\u00e1 imponer al abogado de la parte demandada-peticionaria cualquier sanci\\u00f3n que estime procedente y deber\\u00e1 celebrar una vista en los m\\u00e9ritos en la que ambas partes desfilen prueba sobre sus respectivas alegaciones y reclamaciones.\\nAs\\u00ed lo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIO 2003 DTA 129\\n1. La Regla 60 tambi\\u00e9n provee para que un juez pueda dilucidar un caso presentado por la v\\u00eda ordinaria bajo la Regla 60, si el caso cumple con todos los requisitos y en la demanda no se especifica que se quiere que el mismo se tramite por la v\\u00eda ordinaria. Esta situaci\\u00f3n requiere que el juez le notifique a las partes que el caso se tramitar\\u00e1 bajo la Regla 60.\"}"
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+"{\"id\": \"9048905\", \"name\": \"JOSE AUGUSTO GONZALEZ ROBLES; CARMEN M. NEVAREZ ALONSO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA Apelantes v. ANTILLES INSURANCE COMPANY Apelada\", \"name_abbreviation\": \"Gonzalez Robles v. Antilles Insurance Co.\", \"decision_date\": \"2003-08-25\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-2002-00126\", \"first_page\": \"479\", \"last_page\": \"487\", \"citations\": \"9 T.C.A. 479\", \"volume\": \"9\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:27:38.242909+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, Juez Ortiz Carri\\u00f3n y los Jueces Segarra Olivero y Negroni Cintr\\u00f3n\", \"parties\": \"JOSE AUGUSTO GONZALEZ ROBLES; CARMEN M. NEVAREZ ALONSO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA Apelantes v. 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Nev\\u00e1rez Alonso y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (los apelantes), nos solicitan la revocaci\\u00f3n de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual se resolvi\\u00f3 que de conformidad con la p\\u00f3liza de seguro emitida por Antilles Insurance Company (Antilles Insurance) a favor de los apelantes, no proced\\u00eda la reclamaci\\u00f3n de \\u00e9stos por la p\\u00e9rdida de un muro de contenci\\u00f3n y de una verja ocurrida durante el paso del Hurac\\u00e1n Hortensia.\\nPor los fundamentos que m\\u00e1s adelante exponemos, se confirma la sentencia apelada.\\nExaminemos los hechos esenciales y el tr\\u00e1mite procesal que dieron margen a la presentaci\\u00f3n de este recurso seg\\u00fan se desprende de los documentos que obran en nuestro expediente.\\nI\\nAntilles Insurance otorg\\u00f3 la p\\u00f3liza de seguro n\\u00famero D-90\\u00d30014 para cubrir los riesgos y da\\u00f1os a la residencia de los apelantes localizada en la calle 68 Maracaibo, Park Gardens, R\\u00edo Piedras, P.R. 00926.\\nEn cuanto a las cubiertas, en la p\\u00f3liza se indica lo siguiente:\\n\\\"Este seguro aplica a la Localizaci\\u00f3n Descrita, a las Cubiertas para las cuales se indica un L\\u00edmite de Responsabilidad y a los Peligros Asegurados para los cuales se estipula una prima.\\nCubierta A- Vivienda\\nNosotros cubrimos:\\n1. la vivienda en la Localizaci\\u00f3n Descrita en las Declaraciones, usada principalmente para fines residenciales, incluyendo las estructuras anexas a la residencia;\\n2. materiales y suministros ubicados en o adyacentes a la Localizaci\\u00f3n Descrita, usados para construir, alterar o reparar la vivienda o dem\\u00e1s estructuras en la Localizaci\\u00f3n Descrita; y\\n3. Si no se cubren distintamente en esta p\\u00f3liza, los equipos de edificios y equipos exteriores usados para servir la Localizaci\\u00f3n Descrita y ubicados ah\\u00ed.\\nEsta cubierta no aplica a los terrenos; inclusive a los terrenos en que est\\u00e1 ubicada la vivienda.\\nCubierta B- Otras estructuras\\nNosotros cubrimos otras estructuras ubicadas en la Localizaci\\u00f3n Descrita, separadas de la vivienda por un espacio libre. Esto incluye las estructuras conectadas a la residencia por solamente una verja, servidumbre p\\u00fablica o conexi\\u00f3n similar.\\nEsta cubierta no aplica a los terrenos, inclusive los terrenos en que est\\u00e1n ubicadas las otras estructuras.\\nNo cubrimos otras estructuras:\\n1. usadas total o parcialmente para fin\\u00e9s comerciales, fabriles o agr\\u00edcolas; ni\\n2. alquiladas o destinadas para alquiler a cualquier persona que no sea inquilino de la vivienda, a menos que se usen exclusivamente como garaje privado.\\nEn cuanto a los peligros asegurados, se estableci\\u00f3 que:\\nA menos que la p\\u00e9rdida est\\u00e9 excluida en las Exclusiones Generales, aseguramos contra la p\\u00e9rdida material directa a la propiedad ocasionada por uno de los Peligros a continuaci\\u00f3n:\\n1.\\n2. Tormenta de viento, hurac\\u00e1n o granizo.\\nEste peligro no incluye p\\u00e9rdidas:\\na. Al interior de un edificio ni a la propiedad contenida en un edificio, ocasionadas por lluvia, nieve, cellisca, arena o polvo, a menos que la fuerza directa del viento o del granizo da\\u00f1e el edificio, ocasionando una abertura en el techo o pared y la lluvia, nieva, cellisca, arena o polvo entren por esta abertura, ni\\nb. a la propiedad siguiente si est\\u00e1 fuera del edificio;\\n(1) toldos o marquesinas de lona, metal, pl\\u00e1stico o madera, r\\u00f3tulos o antenas de radio o televisi\\u00f3n exteriores y otras clases de antenas, inclusive su alumbrado, cables de entrada, m\\u00e1stiles y torres; ni\\n(2) botes de remos o canoas; ni\\n(3) \\u00e1rboles, arbustos, plantas o c\\u00e9spedes. \\\"\\nEn cuento a las exclusiones generales se estableci\\u00f3 lo que sigue:\\n\\\"No aseguramos contra p\\u00e9rdidas ocasionadas directa o indirectamente por ninguna de las siguientes causas. Dichas p\\u00e9rdidas quedan excluidas independientemente de toda otra causa o suceso que contribuya concurrentemente o en el orden que sea a dicha p\\u00e9rdida.\\n1.\\n2.\\n3. Da\\u00f1os por Agua, que significa:\\na. Inundaci\\u00f3n, agua superficial, oleaje, marejada, desbordamiento de una extensi\\u00f3n de agua o roc\\u00edo proveniente de uno de los anteriores, ya sea o no impulsado por el viento;\\nb. agua que retroceda a trav\\u00e9s del alcantarillado o drenaje o que se desborde de un sumidero; o\\nc. agua por debajo de la superficie del suelo, incluyendo el agua que ejerza presi\\u00f3n contra o se filtre o gotee a trav\\u00e9s de un edificio, acera, entrada de veh\\u00edculos, cimiento, piscina y dem\\u00e1s estructuras. \\\"\\nEl 10 de septiembre de 1996, el Hurac\\u00e1n Hortensia afect\\u00f3 a Puerto Rico con vientos huracanados y lluvia copiosa.\\nLos apelantes le reclamaron a Antilles Insurance la suma de $25,600.00 como indemnizaci\\u00f3n por la p\\u00e9rdida de una verja y de un muro de contenci\\u00f3n localizados en la propiedad protegida.\\nAntilles Insurance rechaz\\u00f3 la reclamaci\\u00f3n de los apelantes aduciendo lo siguiente:\\n\\\"Su p\\u00f3liza, entre otras cosas, cubre da\\u00f1os a la estructura causados por tormenta de viento, hurac\\u00e1n o granizo.\\nEste peligro no incluye p\\u00e9rdidas:\\n(a) Al interior de un edificio ni a la propiedad contenida en un edificio, ocasionadas por lluvia, nieve, cellisca, arena o polvo, a menos que la fuerza directa del viento o del granizo da\\u00f1e el edificio, ocasionando una abertura en el techo o pared y la lluvia, nieve, cellisca, arena o polvo entren por esta abertura.\\nLamentablemente, por lo expuesto en el p\\u00e1rrafo anterior, no podemos honrar su reclamaci\\u00f3n, ya que los da\\u00f1os reclamados por usted son a consecuencia de inundaci\\u00f3n, escorrent\\u00edas y deslizamientos del terreno.\\\"\\nLos apelantes presentaron una demanda por incumplimiento de contrato de seguro contra Antilles Insurance mediante la cual alegaron que los da\\u00f1os a la verja y al muro de contenci\\u00f3n estaban cubiertos por la p\\u00f3liza emitida por dicha compa\\u00f1\\u00eda porque los mismos ocurrieron en el exterior del edificio principal y no estaban excluidos de la protecci\\u00f3n contra huracanes. Adem\\u00e1s, alegaron que para garantizar la seguridad de su propiedad y mitigar los da\\u00f1os ocurridos a ra\\u00edz del paso del hurac\\u00e1n, tomaron un pr\\u00e9stamo ascendente a $25,600.00, y que se vieron obligados a contratar con otra casa aseguradora para evitar subsiguientes situaciones similares. Solicitaron del tribunal apelado que declarara con lugar la demanda y que, en consecuencia, le ordenara a Antilles Insurance pagar la cubierta correspondiente, gastos relacionados, intereses retroactivos a la fecha de la denegaci\\u00f3n, costas y honorarios de abogado.\\nEn su contestaci\\u00f3n a la demanda, Antilles Insurance neg\\u00f3 que los da\\u00f1os al muro de contenci\\u00f3n y a la verja estuvieran cubiertos bajo la p\\u00f3liza, Adem\\u00e1s, levant\\u00f3 las siguientes defensas afirmativas: que la demanda dej\\u00f3 de exponer una reclamaci\\u00f3n que amerite la concesi\\u00f3n de un remedio; que la causa de acci\\u00f3n podr\\u00eda estar prescrita; que los da\\u00f1os reclamados no est\\u00e1n cubiertos por la p\\u00f3liza; y que los mismos fueron causados por una inundaci\\u00f3n.\\nPosteriormente, Antilles Insurance le envi\\u00f3 un interrogatorio a los apelantes por medio del cual les solicit\\u00f3 la siguiente informaci\\u00f3n:\\n\\\"Indique qu\\u00e9 parte de su propiedad espec\\u00edfica sufri\\u00f3 da\\u00f1os.\\nIndique si dichos da\\u00f1os fueron causados por inundaci\\u00f3n o corriente de agua.\\nIndique si dichos da\\u00f1os fueron causados por vientos.\\nIndique si el terreno alrededor de la verja de su casa cedi\\u00f3. \\\"\\nLas respuestas de los apelantes a las preguntas anteriores fueron las siguientes:\\n\\\"Parte de la propiedad espec\\u00edfica que sufri\\u00f3 da\\u00f1os: patio y muro de contenci\\u00f3n.\\nLos da\\u00f1os fueron causados por corrientes de agua.\\nLos da\\u00f1os no fueron causados por vientos.\\nEl terreno cedi\\u00f3 debido a erosi\\u00f3n por la lluvia. \\\"\\nAs\\u00ed las cosas, los apelantes presentaron una moci\\u00f3n para que se dictara sentencia sumariamente. Alegaron que no exist\\u00eda una controversia material en cuanto a los hechos esenciales del caso y reprodujeron las alegaciones expuestas en su demanda. Solicitaron del tribunal apelado que le ordenara a Antilles Insurance pagar la suma de $25,600.00, los intereses devengados y los que fueran venciendo cada mes.\\nEn su moci\\u00f3n en oposici\\u00f3n a la moci\\u00f3n de sentencia sumaria, Antilles Insurance aleg\\u00f3 que de conformidad con las respuestas al interrogatorio ofrecidas por los apelantes bajo juramento, los da\\u00f1os a la verja y al muro de contenci\\u00f3n no est\\u00e1n cubiertos por la p\\u00f3liza, pues los mismos no fueron causados por el viento huracanado, y s\\u00ed por un peligro no asegurado, a saber, las corrientes de agua.\\nLuego de varios tr\\u00e1mites procesales, el tribunal apelado dict\\u00f3 sentencia sumaria y desestim\\u00f3 la demanda presentada por los apelantes por los siguientes fundamentos: 1) que tanto la verja como el muro de contenci\\u00f3n no constituian estructuras y, por ende, propiedad cubierta bajo la p\\u00f3liza de seguro, y 2) que tanto la p\\u00e9rdida del muro de contenci\\u00f3n como la de la verja fueron causadas por peligros no protegidos, ya de la p\\u00f3liza surge claramente que las p\\u00e9rdidas cubiertas son aquellas ocasionadas por los vientos, y no las ocasionadas directa o indirectamente por el agua.\\nInconforme, los apelantes acudieron ante nos y formularon los siguientes se\\u00f1alamientos de error:\\n\\\"Err\\u00f3 el Honorable Tribunal de Primera Instancia al interpretar la p\\u00f3liza de manera restrictiva sin observar las directrices interpretativas sobre p\\u00f3lizas de seguro para determinar riesgos cubiertos y da\\u00f1os excluidos.\\nErr\\u00f3 el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir que la p\\u00f3liza no cubre los da\\u00f1os ocasionados por el Hurac\\u00e1n Hortense al muro de contenci\\u00f3n, ya que en su opini\\u00f3n, la palabra \\\"estructura\\\" excluye la propiedad destruida por el Hurac\\u00e1n Hortense y al utilizar la definici\\u00f3n de hurac\\u00e1n tomada de un diccionario descartando la prueba pericial en el r\\u00e9cord.\\nErr\\u00f3 el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dejar de considerar las consecuencias jur\\u00eddicas de un contrato de adhesi\\u00f3n.\\nErr\\u00f3 el Honorable Tribunal de Primera Instancia al apreciar la prueba y la eventual conclusi\\u00f3n de que proced\\u00eda la desestimaci\\u00f3n de la demanda e imponer las costas a la parte recurrente.\\\"\\nPor estar \\u00edntimamente relacionados, discutiremos de forma conjunta los se\\u00f1alamientos de error.\\nII\\nEl Art. 11.250 del C\\u00f3digo de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1125, dispone lo siguiente:\\n\\\"Todo contrato de seguro deber\\u00e1 interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus t\\u00e9rminos y condiciones, seg\\u00fan se expresen en la p\\u00f3liza y seg\\u00fan se hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la p\\u00f3liza y que forme parte de \\u00e9sta.\\\"\\nEn materia de interpretaci\\u00f3n de contratos de seguros, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci\\u00f3 en Mar\\u00eda Dom\\u00ednguez Vargas v. Great American Life, 157 D.P.R. _ (2002), 2002 JTS _ , lo siguiente:\\n\\\"Enmarcados dentro de la voluntad legislativa, hemos expresado lo siguiente: \\\"fijos t\\u00e9rminos de las p\\u00f3lizas de seguro deben ser generalmente entendidos en su m\\u00e1s corriente y usual significado, sin atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las voces.\\\" Morales Garay v. Rold\\u00e1n Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981). Adem\\u00e1s, PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). (Enfasis suplido.) El derecho de seguros puertorrique\\u00f1o confiere al asegurado el derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece leyendo sus cl\\u00e1usulas conforme al sentido popular de sus palabras. Id.\\nReiteradamente, hemos establecido que cuando las cl\\u00e1usulas de un contrato de seguro son ambiguas, \\u00e9stas se interpretar\\u00e1n vigorosamente en contra del asegurador, y liberalmente a favor del asegurado. Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra; Mel\\u00e9ndez Pi\\u00f1ero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521 (1991). La raz\\u00f3n es que los t\\u00e9rminos de una p\\u00f3liza de seguros no son producto de la negociaci\\u00f3n de las partes, sino que \\u00e9stos son prefijados por el asegurador sin que el asegurado tenga la facultad de variarlos. Mel\\u00e9ndez Pi\\u00f1ero v. Levitt & Sons ofP.R., supra. Por tratarse de un contrato de adhesi\\u00f3n, \\\"[e]l asegurador, quien adopta o redacta las p\\u00f3lizas de seguro conforme a sus propios intereses sin la intervenci\\u00f3n directa del asegurado, tiene la obligaci\\u00f3n de hacer clara su intenci\\u00f3n; en otras palabras viene obligado a establecer en la p\\u00f3liza, de manera di\\u00e1fana, los riesgos por los que viene obligado a responder.\\\" Id., a la p\\u00e1g. 547.\\nEn Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, supra, a la p\\u00e1g. 155, establecimos claramente que no se favorecer\\u00e1n las interpretaciones sutiles que tiendan a liberar al asegurador de su responsabilidad. \\\"Corresponde a los tribunales buscar el sentido y significado que a las palabras de la p\\u00f3liza en controversia le dar\\u00eda una persona normal de inteligencia promedio que fuese a comprar la misma.\\\" Id. Los tribunales est\\u00e1n llamados a determinar cu\\u00e1les eran las expectativas de las partes al perfeccionarse el contrato de seguro, manteniendo en perspectiva que toda ambig\\u00fcedad debe ser resuelta a favor del asegurado. A.A.A. v. Librotex, 142 D.P.R. 820 (1997).\\nEn cuanto a las cl\\u00e1usulas de exclusi\\u00f3n, de ordinario, \\u00e9stas no son favorecidas, por lo que en un contrato de seguros \\u00e9stas deben ser interpretadas restrictivamente en contra del asegurador. Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, supra; Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91 (1974).\\nPor supuesto, lo antes expresado no significa que toda cl\\u00e1usula se interprete a favor del asegurado. Ciertamente, una cl\\u00e1usula clara y libre de ambig\\u00fcedad que favorece al asegurador debe considerarse obligatoria para el asegurado. Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, supra; D\\u00edaz Ayala, et al. v. E.L.A., supra. En tales casos no se admitir\\u00e1 una interpretaci\\u00f3n que vulnere el claro prop\\u00f3sito y voluntad de las partes. \\\"Por el hecho que el asegurador redacte unilateralmente el contrato de seguro, no podr\\u00e1 entenderse que \\u00e9ste necesariamente sea en perjuicio del asegurado, toda vez que los formularios de p\\u00f3lizas se rigen por los preceptos legales estatuidos en el propio C\\u00f3digo de Seguros.\\\" R. Cruz, Derecho de Seguros, Publicaciones JTS, 1999, Sec. 14.1, p\\u00e1g. 167.\\nNo hay duda alguna de que las p\\u00f3lizas que se ofrecen y venden dentro de la industria de seguros en Puerto Rico son, de ordinario, las p\\u00f3lizas modelos que venden las compa\\u00f1\\u00edas de seguros estadounidenses. Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, supra; Guerrido Garc\\u00eda v. U.C.B., 143 D.P.R. 337; Mel\\u00e9ndez Pi\\u00f1ero v. Levitt & Sons of P.R., supra. \\\"En ese sentido, este Foro no ha descartado que al resolver aquellos pleitos de seguros en que se requiere interpretar las cl\\u00e1usulas de la p\\u00f3liza, se utilicen las normas del derecho angloamericano sin descartar las normas del derecho civil.\\\" Guerrido Garc\\u00eda v. U.C.B., supra, a la p\\u00e1g. 347. (Enfasis suplido.) V\\u00e9ase adem\\u00e1s, Qui\\u00f1ones L\\u00f3pez v. Manzano Pozas, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra; Mel\\u00e9ndez Pi\\u00f1ero v. Levitt & Sons of P.R., supra.\\nEn el caso de autos, el tribunal apelado resolvi\\u00f3 que tanto el muro de contenci\\u00f3n como la verja no eran estructuras y, por ende, propiedad no cubierta por la p\\u00f3liza al definir el t\\u00e9rmino estructura como \\\"armadura generalmente de acero u hormig\\u00f3n armado y que fija al suelo, sirve de sustentaci\\u00f3n a un edificio\\\", y como \\\"la distribuci\\u00f3n y orden de las partes de un edificio.\\\" Actu\\u00f3 incorrectamente el tribunal.\\nSabido es que las p\\u00f3lizas que ofrece la industria de seguros en Puerto Rico son, de ordinario, las p\\u00f3lizas modelos que mercadean las compa\\u00f1\\u00edas de seguros estadounidenses, Mar\\u00eda Dom\\u00ednguez Vargas v. Great American Life, supra. Por esta raz\\u00f3n, el tribunal apelado no debi\\u00f3 limitarse a definir el concepto estructura, sino que tambi\\u00e9n debi\\u00f3 definir el concepto \\\"structure\\\" en acato al principio de hermen\\u00e9utica interpretativa que nos remite al idioma original en que se redacta un documento, que en el caso de autos es la p\\u00f3liza modelo de la cual la p\\u00f3liza que nos ocupa es su traducci\\u00f3n.\\nCiertamente, el Diccionario de la Real Academia Espa\\u00f1ola, Vig\\u00e9sima Segunda Edici\\u00f3n, 2001, nos brinda las dos acepciones a las cuales hizo referencia el tribunal apelado en su sentencia. Sin embargo, el Diccionario Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Gramercy Books, 1989, p\\u00e1g. 1410, define el t\\u00e9rmino estructura (structure) como: 1) mode of building, construction or organization; arrangement of parts, elements, or constituents: a pyramidal structure, 2) something built or constructed, as a building, bridge, dam, etc.\\nEl Black's Law Dictionary, 6ta. Ed., West Publishing Co., 1990, p\\u00e1g. 1424, define el t\\u00e9rmino \\\"structure\\\", as\\u00ed:\\n\\\"Any construction, or any production or piece of work artificially built up or composed of parts joined together in some definite manner. That which is built or constructed; an edifice or building of any kind.\\nA combination of materials to form a construction for occupancy, use or ornamentation whether installed on, above, or below the surface of a parcel or of land. \\\"\\nAntilles Insurance, por ser quien redact\\u00f3 la p\\u00f3liza de seguro, ten\\u00eda la obligaci\\u00f3n de hacer clara su intenci\\u00f3n con respecto a las propiedades a las cuales brindar\\u00eda protecci\\u00f3n bajo la p\\u00f3liza. No empece lo anterior, la mencionada compa\\u00f1\\u00eda aseguradora se limit\\u00f3 a establecer que bajo la cubierta \\\"A\\\" estar\\u00eda protegida, entre otras propiedades, la vivienda de los apelantes; y que bajo la cubierta \\\"B\\\" estar\\u00edan protegidas otras estructuras. No obstante, no defini\\u00f3 el concepto \\\"otras estructuras\\\".\\nHabida cuenta de que toda cl\\u00e1usula ambigua en un contrato de seguro debe ser interpretada liberalmente a favor del asegurado, y dado que el t\\u00e9rmino \\\"estructura\\\" puede referirse a cualquier cosa construida, resolvemos que tanto el muro de contenci\\u00f3n como la verja constituyen estructuras, y por consiguiente propiedad asegurada bajo la p\\u00f3liza emitida por Antilles Insurance, sujeta, claro est\\u00e1, a otras excepciones que contiene la p\\u00f3liza.\\nIII\\nSeg\\u00fan Couch on Insurance, 3rd Ed., Westgroup, sec. 153.4 (1998),\\n\\\"It has long been recognized that insurance may validly be effected against damage from wind, tornados, cyclone, hurricane, and so forth, and that exclusions from coverage may be stated without destroying that validity, even when the perils so excluded are of a type that often can accompany the covered peril.\\\"\\nUn examen de la p\\u00f3liza de seguros emitida por Antilles Insurance nos lleva a concluir que la propiedad objeto de la controversia s\\u00f3lo estaba protegida contra los vientos de un hurac\\u00e1n, y no contra las lluvias e inundaciones asociadas o producidas por ese fen\\u00f3meno atmosf\\u00e9rico.\\nEllo es as\\u00ed porque, en cumplimiento de su obligaci\\u00f3n de establecer los peligros por los cuales les responder\\u00eda a los apelantes, Antilles Insurance estableci\\u00f3 de forma clara y precisa que la p\\u00f3liza de seguro s\\u00f3lo cubrir\\u00eda la p\\u00e9rdida material directa ocasionada por un hurac\\u00e1n, si la referida p\\u00e9rdida no estaba excluida por alguna de las exclusiones generales.\\nCon respecto a las exclusiones generales, la referida compa\\u00f1\\u00eda aseguradora espec\\u00edficamente se\\u00f1al\\u00f3 que no brindar\\u00eda protecci\\u00f3n contra p\\u00e9rdidas ocasionadas directa o indirectamente por inundaciones o agua superficial, fueran \\u00e9stas impulsadas o no por el viento, y con independencia de que otra causa o suceso hubiese contribuido concurrentemente, o en el orden que fuera, al da\\u00f1o producido por el agua.\\nPor \\u00faltimo, la p\\u00f3liza establec\\u00eda que los da\\u00f1os al interior de un edificio o a la propiedad contenida en el mismo, ocasionados por la lluvia, s\\u00f3lo estar\\u00edan cubiertos si se demostraba que los da\\u00f1os fueron causados por la fuerza directa del viento que produjera una abertura en el techo o la pared del edificio por donde pudo pasar la lluvia.\\nDe lo anterior puede concluirse que Antilles Insurance excluy\\u00f3 de los peligros y da\\u00f1os asegurados aqu\\u00e9llos que fueran producidos por el agua asociada a un hurac\\u00e1n, y que a esta exclusi\\u00f3n s\\u00f3lo se\\u00f1al\\u00f3 una excepci\\u00f3n, a saber: que los da\\u00f1os producidos por la lluvia a la propiedad ubicada dentro de un edificio protegido ser\\u00edan indemnizables si la lluvia entr\\u00f3 por una apertura provocada por la fuerza del viento.\\nSeg\\u00fan, Appleman, Insurance Law and Practice, sec. 3144, p\\u00e1g. 455 (1987):\\n\\\"Hurricanes may of course be covered by a windstorm or all risk policy. But where a policy insured against direct loss or damage by tornado, windstorm, or cyclone, but excludes liability for damage by water or rain except under specified conditions, those conditions must be found to exist before liability will be imposed. Where the policy only covers water damage to the roof or walls due to wind, and then only for damage caused by water entering through the break made by the wind, has been held to be covered.\\\"\\nEn el caso de autos, los apelantes aceptaron que los da\\u00f1os sufridos en el muro de contenci\\u00f3n y la verja fueron ocasionados por las corrientes de agua que ocurrieron a ra\\u00edz del paso del Hurac\\u00e1n Hortensia y no por los vientos huracanados. Toda vez que la p\\u00f3liza no cubre aquellos da\\u00f1os ocasionados por agua, y habida cuenta que los da\\u00f1os producidos por la lluvia no fueron causados en el interior de un edificio protegido debido al hecho de que la fuerza del viento provoc\\u00f3 un hueco por donde la lluvia pudo pasar, resulta forzoso concluir que la p\\u00e9rdida reclamada por los apelantes no est\\u00e1 cubierta y que, por tanto, no tienen derecho a recibir indemnizaci\\u00f3n alguna bajo la p\\u00f3liza emitida por Antilles Insurance.\\nLa prueba presentada por los apelantes demostr\\u00f3 que los da\\u00f1os sufridos por el muro de contenci\\u00f3n y por la verja fueron causados por un peligro no asegurado. En consecuencia, el tribunal apelado no err\\u00f3 al evaluar la prueba y al concluir que proced\\u00eda la desestimaci\\u00f3n de la demanda.\\nIV\\nAunque por fundamentos distintos a los esbozados por el tribunal a quo, se confirma la sentencia apelada, toda vez que la apelaci\\u00f3n se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. P\\u00e9rez v. Criado Amunategui, _ D.P.R. _ (2000), 2000 JTS 105.\\nAs\\u00ed lo pronunci\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIOS 2003 DTA 135\\n1. Al concluir en su sentencia que los da\\u00f1os sufridos por el muro de contenci\\u00f3n y la verja fueron provocados por el agua, y que \\u00e9sta no era un peligro asegurado, el tribunal apelado se\\u00f1al\\u00f3 lo siguiente: \\\"considerada la p\\u00f3liza globalmente, entendemos que el inciso 2 del cap\\u00edtulo de \\\"Peligros Asegurados\\\" no establece una cubierta por las p\\u00e9rdidas ocasionada por la precipitaci\\u00f3n o escorrent\\u00edas de aguas producidas por un hurac\\u00e1n. Del inciso 2(a) surge claramente que las p\\u00e9rdid\\u00e1s cubiertas son aqu\\u00e9llas ocasionadas por los vientos\\\".\\nNo obstante, el tribunal apelado continu\\u00f3 y en apoyo a su conclusi\\u00f3n se\\u00f1al\\u00f3 que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Espa\\u00f1ola, el t\\u00e9rmino hurac\\u00e1n significa \\\"viento sumamente impetuoso y temible que a modo de torbellino, gira en grandes c\\u00edrculos, cuyo di\\u00e1metro crece a medida que avanza apart\\u00e1ndose de las zonas de calmas tropicales, donde suele tener origen \\\".\\nLos apelantes sostienen que el tribunal apelado err\\u00f3 al descartar el informe del meteor\\u00f3logo Dr. Jos\\u00e9 A Col\\u00f3n, el cual fue presentado por ellos en apoyo a su moci\\u00f3n de sentencia sumaria En el mismo, el Dr. Col\\u00f3n, aunque sostiene que un hurac\\u00e1n es b\\u00e1sicamente un sistema de vientos, define este fen\\u00f3meno atmosf\\u00e9rico como un sistema de viento y lluvia intenso, cuyos estragos son causados por tres fen\\u00f3menos principales a saber, por la fuerza del viento, actuando sobre toda propiedad vulnerable a la acci\\u00f3n del viento; por la lluvia copiosa y las consecuentes inundaciones de calles, carreteras y r\\u00edos y por la acci\\u00f3n del mar sobre la costa. No obstante lo anterior, la definici\\u00f3n del concepto hurac\\u00e1n resulta inmaterial para la soluci\\u00f3n de este caso por los fundamentos que m\\u00e1s adelante exponemos.\\n2. Lo anterior encuentra apoyo en la p\\u00f3liza que nos ocupa, pues en la misma se reconoce la posibilidad de que estructuras que no sean edificios constituyan propiedad asegurada. As\\u00ed, en la p\\u00f3liza se establece lo que sigue: Ajuste de p\\u00e9rdidas. Las p\\u00e9rdidas a la propiedad cubierta se ajustan como sigue: (1) Propiedad personal; (2) Toldos, o marquesinas de lona, metal, pl\\u00e1stico o madera, alfombras, accesorios dom\\u00e9sticos, antenas, accesorios dom\\u00e9sticos, antenas exteriores y equipos exteriores, est\\u00e9n o no est\\u00e9n conectados; (3) Estructuras que no son edificios.\"}"
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M\\u00e1s tarde, durante el proceso huelgario, sin embargo, la PRTC redujo a \\u00fanicamente siete horas diarias las horas extraordinarias que dicha entidad estaba dispuesta a pagar. Los trabajadores reclamaron su derecho a la remuneraci\\u00f3n adicional ante el Tribunal de Primera Instancia, Subsecci\\u00f3n de Distrito, Sala de Guaynabo, mediante la presentaci\\u00f3n de una demanda sobre cobro de dinero y cumplimiento espec\\u00edfico de contrato, caso D2AC98-0080. El Tribunal de Primera Instancia paraliz\\u00f3 los procedimientos ante s\\u00ed y orden\\u00f3 que la controversia se dilucidara en el \\u00e1mbito administrativo.\\nEl caso ante nos es, pues, para todos los efectos, una revisi\\u00f3n administrativa sui generis, toda vez que, en lugar de haber pasado por todo el proceso administrativo interno, se origina cuando el Tribunal de Primera Instancia, mediante una orden de 26 de marzo de 1999, remite el caso a la PRTC.\\nEl 16 de abril de 1999, el Director del Departamento de Asuntos Laborales de la PRTC asign\\u00f3 el caso, bajo el n\\u00famero de queja 99-006, a la consideraci\\u00f3n de la oficial examinadora, a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de Personal para Empleados Gerenciales de la Puerto Rico Telephone Company, de 4 de abril de 1983. La oficial examinadora celebr\\u00f3 una vista que se extendi\\u00f3 durante varias sesiones, desde el 11 de agosto de 1999 hasta el 10 de mayo de 2000, y a la cual las partes comparecieron acompa\\u00f1adas por sus respectivos abogados.\\nEn la vista declararon, como testigos de la parte querellante, los cuatro supervisores demandantes, y de parte de la PRTC, el Sr. Percy Rier Romero, gerente de la Oficina Central (Metro Este) y supervisor inmediato de los supervisores querellantes, y el Sr. Steven J. Maranville Lorenzo, el director de la Oficina Central y supervisor inmediato del se\\u00f1or Rier. Tras haber presentado ambas partes sendos memorandos de derecho en apoyo de su posici\\u00f3n, el 30 de enero de 2001, como dijimos, la oficial examinadora emiti\\u00f3 la resoluci\\u00f3n recurrida, que pas\\u00f3 a ser la resoluci\\u00f3n oficial de la agencia.\\nEs de dicha determinaci\\u00f3n administrativa que recurren ante nos los se\\u00f1ores Jorge Rentas Cruz, H\\u00e9ctor Luis Navarro Huertas, Aurelio Mart\\u00ednez Valent\\u00edn y Rafael Rivera Molina (en adelante, los empleados querellantes), empleados permanentes exentos de la PRTC que ocupan puestos como supervisores en distintas \\u00e1reas de la compa\\u00f1\\u00eda relacionadas con el mantenimiento de la planta interna. Nos solicitan que revoquemos la resoluci\\u00f3n emitida por dicha compa\\u00f1\\u00eda el 30 de enero de 2001, mediante la cual deneg\\u00f3 la petici\\u00f3n de pago adicional instada por ellos, para que se les compensara, como dijimos, por las 16 horas trabajadas en exceso de las ocho horas regulares de trabajo, los d\\u00edas en que dichos empleados permanecieron en el lugar de trabajo las 24 horas del d\\u00eda.\\nLos empleados querellantes alegan que err\\u00f3 la oficial administrativa que presidi\\u00f3 la vista: (1) al desestimar la reclamaci\\u00f3n y emitir la resoluci\\u00f3n recurrida, ya que la misma no est\\u00e1 sostenida por la prueba presentada en la referida vista, es irrazonable y caprichosa, y (2) al no contener dicha resoluci\\u00f3n determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, conforme lo requieren la ley y la jurisprudencia.\\nCon el beneficio de la comparecencia de la PRTC, y tras haber elevado el expediente administrativo y la transcripci\\u00f3n de las vistas celebradas, estamos en posici\\u00f3n de resolver. Como veremos a continuaci\\u00f3n, tienen raz\\u00f3n los empleados querellantes.\\nI\\nReiteradamente, ha indicado el Tribunal Supremo que las determinaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran deferencia y respeto. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R._(2000), 2000 J.T. S. 193; Misi\\u00f3n Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R._(1998), 98 J.T.S. 77. Normalmente, los tribunales tenemos la obligaci\\u00f3n de guardar la m\\u00e1s profunda deferencia a las agencias administrativas en los asuntos sobre los cuales dichas agencias tienen vasta y profunda experiencia y conocimiento. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). Esa deferencia, sin embargo, no implica que los tribunales renunciemos a nuestra funci\\u00f3n revisora, Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978), sobre todo si se trata de un aspecto que no est\\u00e1 relacionado con el conocimiento especializado de la agencia o si la agencia administrativa cometi\\u00f3 un error en la aplicaci\\u00f3n de la ley. Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996); Fuertes y otros v. A.R.P.E., supra. Despu\\u00e9s de todo, seg\\u00fan la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley 170 de 12 de agosto de 1988, seg\\u00fan enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2175, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables en toda su extensi\\u00f3n.\\nPara comenzar, antes de analizar a fondo el derecho aplicable, debemos examinar un aspecto que, aunque no fue se\\u00f1alado directamente como error, es crucial en el caso de autos. Despu\\u00e9s de todo, los tribunales apelativos tenemos la obligaci\\u00f3n de analizar los errores, aun si \\u00e9stos no han sido se\\u00f1alados por las partes. V\\u00e9anse, Vega v. Yiyi Motors, Inc., 146 D.P.R._(1998), 98 J.T.S. 97; Hern\\u00e1ndez v. Espinosa, 145 D.P.R._(1998), 98 J.T.S. 41; L\\u00f3pez Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); R\\u00edos Qui\\u00f1ones v. Adm. Servs. Agr\\u00edcolas, 140 D. P.R. 868 (1996).\\nEn la resoluci\\u00f3n recurrida, la oficial examinadora, una abogada independiente contratada por la PRTC para entender en el caso, indica, en un momento dado, lo siguiente:\\n\\\"Desafortunadamente, la representaci\\u00f3n legal de los querellantes no present\\u00f3 en su Memorando de Derecho planteamientos legales serios que sustentaran su posici\\u00f3n. Se limitaron a esbozar principios generales del derecho que son de aplicaci\\u00f3n y para el beneficio de [la] misma forma a ambas partes en este caso.\\nPor lo tanto, aunque reconocemos el m\\u00e9rito de la reclamaci\\u00f3n de los querellantes en la presente situaci\\u00f3n de hechos, no se ha planteado fundamento jur\\u00eddico de suficiente peso para que dentro del balance de intereses que tenemos que considerar, poder decidir a su favor. Es por esto que declaramos sin lugar la solicitud de los querellantes de que se les pague por las ocho horas de descanso. Esto no significa que cada uno de ellos [no] pueda solicitar el pago de horas trabajadas durante su tiempo de descanso. \\\"\\nResoluci\\u00f3n recurrida, a la p\\u00e1g. 3 del ap\\u00e9ndice de los querellantes.\\nEn otras palabras, la oficial examinadora consider\\u00f3 que, al no presentar la representaci\\u00f3n legal de los querellantes argumentos que ella considerara suficientes en derecho, ella no estaba obligada a proveer el remedio adecuado, a pesar de que entend\\u00eda que la reclamaci\\u00f3n presentada ten\\u00eda m\\u00e9rito. Con esa actitud, err\\u00f3 dicha funcionar\\u00eda. Veamos.\\nSabido es que los tribunales deben conceder lo que en derecho proceda, aunque no sea solicitado. Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 43.6; Soto L\\u00f3pez v. Col\\u00f3n, 143 D.P.R. 282 (1997); D\\u00e1vila v. Valdejulli, 84 D.P.R. 101 (1961); Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957). Y es norma claramente establecida que en derecho administrativo, nada impide que las agencias, en los casos apropiados, apliquen las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Si bien los procedimientos ante una agencia administrativa se rigen, en primer lugar, por las disposiciones de la ley o la reglamentaci\\u00f3n aplicable, las referidas reglas pueden utilizarse como fuente supletoria, sobre todo, cuando \\u00e9stas sirvan para propiciar la soluci\\u00f3n justa de la controversia. Berrios v. Comisi\\u00f3n de Miner\\u00eda, 102 D.P.R. 228 (1974). V\\u00e9anse, adem\\u00e1s, Romero Santiago v. F.S.E., 125 D.P.R. 596 (1990); Santiago D\\u00e1vila v. F.S.E., 113 D.P.R. 627 (1982).\\nEs de notar que en la revisi\\u00f3n que nos ocupa, el Art. 6 del Reglamento para Regir en los Procedimientos Adjudicativos ante Oficiales Examinadores de la PRTC, Reglamento 4968, excluye, espec\\u00edficamente, las Reglas de Procedimiento Civil relativas al descubrimiento de prueba. Dicho reglamento no excluye, sin embargo, la aplicaci\\u00f3n de las restantes Reglas de Procedimiento Civil.\\nNada dispone al respecto, tampoco, el otro reglamento aplicable, el Reglamento de Personal para Empleados Gerenciales de la Puerto Rico Telephone Company, supra.\\nDe otro lado, el Art. II del citado Reglamento para Regir en los Procedimientos Adjudicativos ante Oficiales Examinadores, supra, dispone que el mismo se interpretar\\u00e1 de modo que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de los empleados y una soluci\\u00f3n justa, r\\u00e1pida y econ\\u00f3mica de todo procedimiento. Una disposici\\u00f3n an\\u00e1loga se incluye en el Reglamento de Personal para Empleados Gerenciales, supra, que, en el Art. 12, Procedimiento para atender quejas del personal gerencial, dispone, en la Sec. 12.1 que se adopta dicho procedimiento para considerar efectiva y r\\u00e1pidamente cualquier queja de un empleado gerencial.\\nEn conclusi\\u00f3n, la oficial examinadora ten\\u00eda la obligaci\\u00f3n de aplicar el principio estatuido en la Regla 43.6 de Procedimiento Civil, supra, y conceder lo que en derecho procediera, aunque no hubiese sido solicitado. En otras palabras, no s\\u00f3lo se cometi\\u00f3 el error se\\u00f1alado por los supervisores querellantes, de no incluir verdaderas conclusiones de derecho en la resoluci\\u00f3n recurrida, sino que, en realidad, la oficial examinadora, ampar\\u00e1ndose en que las partes no la hab\\u00edan ilustrado sobre el derecho aplicable, no analiz\\u00f3 las normas de derecho correspondientes. Despu\\u00e9s de todo, como veremos a continuaci\\u00f3n, ello le hubiera permitido llegar a una soluci\\u00f3n justa y econ\\u00f3mica en el caso de autos. Berrios v. Comisi\\u00f3n de Miner\\u00eda, supra.\\nII\\nNo hay ninguna duda de que los cuatro empleados querellantes, como empleados gerenciales exentos, normalmente, no tienen derecho a remuneraci\\u00f3n por horas trabajadas en exceso de las ocho horas regulares diarias. V\\u00e9ase, la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act), 29 U.S.C. secs. 201 y ss.\\nTampoco hay ninguna duda de que la Compa\\u00f1\\u00eda tiene, entre otros planes de contingencia, un plan espec\\u00edfico para situaciones obrero-patronales y de que, de acuerdo con el mismo, los empleados gerenciales exentos est\\u00e1n obligados, como parte de sus funciones, a reportarse a trabajar en situaciones huelgarias, bajo riesgo de ser disciplinados de no hacerlo. Eso tampoco est\\u00e1 en controversia. De hecho, los empleados querellantes admiten, indirectamente, en sus testimonios que, aunque n\\u00f3 se les hubiera prometido remuneraci\\u00f3n adicional, hubieran trabajado durante el per\\u00edodo huelgario, como parte de sus deberes.\\nLa PRTC, sin embargo, ha adoptado una denominada pr\\u00e1ctica -el Procedimiento Departamental PFI-011 (Compensaci\\u00f3n Suplementaria para el Personal Exento)- que permite, mediante una autorizaci\\u00f3n previa solicitada en conformidad con el procedimiento establecido en la referida pr\\u00e1ctica, pagar horas extras a empleados exentos. Dicha pr\\u00e1ctica es utilizada durante el curso normal del a\\u00f1o, como una manera de compensar a los empleados exentos por el tiempo adicional trabajado en situaciones que exigen trabajar en exceso de las horas reglamentarias, casi siempre en proyectos especiales que se han podido programar, y para los cuales, los gerentes de cada \\u00e1rea pueden prever la fuerza laboral que necesitan y el tiempo que conlleva, obtienen la aprobaci\\u00f3n previa necesaria, y luego, administran y distribuyen las horas adicionales ya aprobadas.\\nEl 1 de julio de 1998, en medio del proceso huelgario, la entonces presidenta de la PRTC, Sra. Carmen Ana Culpeper, public\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n, cuyo texto, en papel timbrado de la Oficina de la Presidenta, es el siguiente:\\n\\\"i de julio de 1998\\nVicepresidente Ejecutivo\\nVicepresidentes Seniors\\nVicepresidentes\\nVicepresidentes Auxiliares\\nCarmen Ana Culpeper\\nComo consecuencia de la situaci\\u00f3n actual por la cual atraviesa la Puerto Rico Telephone Company, asociada con la huelga decretada por la Uni\\u00f3n Independiente de Empleados Telef\\u00f3nicos (UlET) y la Hermandad Independiente de Empleados Telef\\u00f3nicos (HIETEL), nuestro personal gerencial exento ha trabajado tiempo adicional a la jomada regular de trabajo. Con gran esfuerzo, sacrificio y dedicaci\\u00f3n, han mantenido en operaci\\u00f3n uno de los servicios necesarios y de beneficio para nuestro pueblo, el servicio telef\\u00f3nico.\\nConforme con lo anterior y en recompensa por la ardua labor realizada por este personal, demostrando una vez m\\u00e1s su compromiso para con la empresa y, por ende, con el pueblo de Puerto Rico, autorizamos que se le compense el tiempo adicional hasta un m\\u00e1ximo de siete (7) horas diarias. El Procedimiento Especial PFI-011 (Compensaci\\u00f3n Suplementaria para el Personal Exento), ser\\u00e1 de aplicabilidad durante el per\\u00edodo que dure la huelga, tomando en consideraci\\u00f3n la excepci\\u00f3n antes mencionada.\\nLa excepci\\u00f3n arriba indicada no se limitar\\u00e1 a siete (7) horas en aquellas \\u00e1reas en las cuales se haya requerido al personal exento laborar en forma continua, tales como las responsables de la protecci\\u00f3n y restablecimiento de la planta. El tiempo adicional en que incurra este personal deber\\u00e1 ser evaluado por el Director y Vicepresidente del \\u00e1rea concernida y[,J de ser aprobado, deber\\u00e1 ser sometido a mi atenci\\u00f3n para la autorizaci\\u00f3n final.\\\"\\nMemorando de la Presidenta, de 1 de julio de 1998.\\nEl memorando tiene indicado, en manuscrito, que el mismo debe ser circulado, igualmente, a los directores de grupo, directores y, entre otros nombres espec\\u00edficos, el de Steven Maranville. No se incluye ni a los gerentes ni a los empleados exentos, entre las personas a quienes se circular\\u00eda el memorando.\\nSi analizamos la referida comunicaci\\u00f3n, podemos concluir que la misma establece dos procedimientos. El primero autoriza el pago hasta de 7 horas extras adicionales, mediante un procedimiento an\\u00e1logo al establecido por la . pr\\u00e1ctica PFI-011, como una excepci\\u00f3n a la misma. El segundo m\\u00e9todo autoriza una variante a esa excepci\\u00f3n, permitiendo pagar en exceso de las siete horas arriba mencionadas, en aquellas \\u00e1reas en que se haya requerido al personal exento laborar en forma continua, tales como las responsables de la protecci\\u00f3n y restablecimiento de la planta. En ese caso, el procedimiento requiere la evaluaci\\u00f3n por las siguientes personas: (1) el Director del \\u00e1rea concernida, (2) el Vicepresidente del \\u00e1rea en cuesti\\u00f3n y, (3) de ser aprobado, deber\\u00e1 ser sometido a la atenci\\u00f3n de la Presidenta.\\nEn el caso de autos, una vez concluido el proceso huelgario, los supervisores querellantes completaron el formulario requerido para solicitar el pago de las horas extras -no s\\u00f3lo de las ocasiones en que permanecieron las 24 horas en las dependencias de la PRTC, sino de las horas extras trabajadas los d\\u00edas en que s\\u00ed pod\\u00edan acudir a sus casas. El se\\u00f1or Rier, gerente de la Oficina Central y supervisor inmediato de ellos, firm\\u00f3 los referidos formularios, autorizando as\\u00ed la compensaci\\u00f3n adicional, y los remiti\\u00f3 al se\\u00f1or Maranville, quien tambi\\u00e9n los firm\\u00f3 y autoriz\\u00f3. Es decir, las dos primeras aprobaciones requeridas por el procedimiento que establecen la PFI-011 y el memorando del 1 de julio de 1998 se satisficieron. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando se sometieron los formularios en cuesti\\u00f3n al Vicepresidente a cargo del \\u00e1rea. De la transcripci\\u00f3n de la vista, no se deduce claramente qu\\u00e9 ocurri\\u00f3 con los referidos formularios. El se\\u00f1or Maranville declar\\u00f3 que los firm\\u00f3, concediendo as\\u00ed su aprobaci\\u00f3n, incluso a\\u00fan despu\\u00e9s de tener conocimiento del 1 de julio de 1998, por lo que reconoci\\u00f3 que, a su entender, dichos empleados ameritaban la compensaci\\u00f3n adicional autorizada por el memorando de la Presidenta.\\nDe acuerdo a lo declarado por el se\\u00f1or Maranville, no obstante, dichos formularios no salieron nunca de su oficina. Es decir, nunca pasaron, abiertamente, al pr\\u00f3ximo paso, la aprobaci\\u00f3n del vicepresidente a cargo del \\u00e1rea. Fueron devueltos a los supervisores querellantes -al igual que a los otros supervisores que tambi\\u00e9n los hab\\u00edan completado, pero que renunciaron posteriormente a la reclamaci\\u00f3n- con instrucciones verbales para que los modificaran y limitaran el pago solicitado a un m\\u00e1ximo de siete horas diarias.\\nPara todos los efectos pr\\u00e1cticos, lo que hizo la PRTC, sin declararlo abiertamente, fue denegar de facto, la compensaci\\u00f3n adicional solicitada por el per\\u00edodo en que los supervisores querellantes permanecieron las 24 horas en su trabajo. Al as\\u00ed hacerlo, la PRTC actu\\u00f3 contrario a la doctrina habitual en este tipo de caso.\\nAl examinar la jurisprudencia norteamericana en b\\u00fasqueda de direcci\\u00f3n sobre el tema, dado el hecho de que la legislaci\\u00f3n que cobija la reclamaci\\u00f3n en el caso de autos es la citada Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, supra, identificamos un caso cuyos hechos son muy similares al nuestro: Campbell v. Jones & Laughlin Steel Corp., 70 F.Supp. 996 (W.D.Pa. 1947). En Campbell, durante una huelga, una compa\\u00f1\\u00eda fabricante de acero solicit\\u00f3 a los guardias de seguridad que empleaba que permanecieran dentro de las dependencias durante las 24 horas del d\\u00eda. Los guardias trabajaban un tumo de 8 horas y descansaban el pr\\u00f3ximo, en ciclos continuos, resultando que, en un d\\u00eda, trabajaban 16 horas y descansaban 8 y, en el siguiente, trabajaban 8 y descansaban 16. Los per\\u00edodos de descanso se pod\\u00edan interrumpir, no obstante, en cualquier momento, aunque, en efecto, fueron pocas las ocasiones en que se interrumpieron. El patrono les prove\\u00eda alimentos y un lugar donde dormir. En los per\\u00edodos de descanso ten\\u00edan actividades diversas: jugaban juegos de mesa, escuchaban radio y una o dos veces por semana les proyectaban pel\\u00edculas. Pero no pod\\u00edan abandonar la f\\u00e1brica a voluntad.\\nAl principio del per\\u00edodo huelgario se les inform\\u00f3 que se les pagar\\u00edan las 24 horas, el modo en que se hab\\u00eda pagado durante una huelga anterior, y as\\u00ed se les pag\\u00f3 los primeros dos d\\u00edas de huelga. Por alguna raz\\u00f3n, m\\u00e1s tarde en el proceso, se redujo el pago a ocho horas regulares, m\\u00e1s 8 horas de tiempo extra. Los guardias instaron una acci\\u00f3n legal para solicitar la compensaci\\u00f3n adicional, a base de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, supra.\\nEl Tribunal de Distrito federal concluy\\u00f3 que los guardias ten\\u00edan derecho a compensaci\\u00f3n por las 24 horas. Despu\\u00e9s de todo \\\"the entire twenty four hours... was spent by the plaintifs for the benefit of the defendants\\\". Campbell, a la p\\u00e1g. 997. Fundament\\u00f3 su decisi\\u00f3n en decisiones previas del Tribunal Supremo de Estrados Unidos en la que \\u00e9ste hab\\u00eda indicado la importancia de examinar las circunstancias de cada caso, pues nada en la referida ley ni en los precedentes judiciales imped\\u00eda que se pudiera considerar el tiempo de espera como tiempo trabajado. V\\u00e9anse, Skidmore v. Swift and Co., 323 U.S. 134 (1944); Armour & Co. v. Wanbtock, 323 U.S. 126 (1944). En cada caso deben examinarse los t\\u00e9rminos del contrato entre el patrono y su empleado, la naturaleza del servicio, el tipo de espacio o habitaci\\u00f3n que se provee para vivir y dormir y las dem\\u00e1s circunstancias pertinentes, con el fin de. determinar si el per\\u00edodo por el cual se solicita compensaci\\u00f3n adicional se utiliz\\u00f3 primordialmente para el beneficio del patrono o de los empleados. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Beaston v. Scotland School for Veterans' Children, 693 F.Supp. 234 (M.D.Pa. 1988).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha examinado en distintas ocasiones controversias relacionadas con la de autos. En Sucn Mel\\u00e9ndez v. Central San Vicente, 86 D.P.R. 398 (1962), se trataba de los miembros de la sucesi\\u00f3n de un empleado fallecido que hab\\u00edan reclamado la compensaci\\u00f3n por las horas extras trabajadas por su causante, chofer de un administrador de central, mientras esperaba (waiting time) a recibir \\u00f3rdenes para el pr\\u00f3ximo viaje. El Tribunal Supremo, al enunciar la norma vigente en esa jurisdicci\\u00f3n, se bas\\u00f3 mayormente en la jurisprudencia norteamericana sobre el tema y tras no encontrar en la legislaci\\u00f3n local disposiciones espec\\u00edficas sobre el tema, resolvi\\u00f3.\\n\\\"Aunque no puede establecerse una norma fija para determinar cu\\u00e1ndo la espera es compensable, y es necesario considerar las circunstancias de cada caso en conjunto, puede asegurarse que la soluci\\u00f3n depende en gran medida de: (1) el grado de libertad para dedicarse a actividades personales de que disfruta el empleado durante el per\\u00edodo de inactividad en que est\\u00e1 sujeto a ser llamado a prestar servicios; (2) el n\\u00famero de horas consecutivas durante las cuales el empleado est\\u00e1 sujeto a ser llamado; (3) el beneficio que representa la espera para el patrono o el negocio de \\u00e9ste. \\\"\\nSucn Mel\\u00e9ndez, a la p\\u00e1g. 403.\\nSi examinamos el caso de autos a base de dichos criterios, corroboramos que: (1) los supervisores querellantes no ten\\u00edan pr\\u00e1cticamente ninguna libertad para dedicarse a actividades personales durante el per\\u00edodo de inactividad, pues estaban obligados a permanecer en el edificio del patrono; (2) el n\\u00famero de horas consecutivas durante las cuales el empleado estaba sujeto a ser llamado y ten\\u00eda que responder a una situaci\\u00f3n de emergencia, era cualquier momento durante las supuestas 16 horas adicionales a las ocho horas de trabajo regulares; y (3) para la PRTC, el tener a dichos empleados disponibles las 24 horas del d\\u00eda significaba asegurar la continuidad del servicio y prevalecer, en gran medida, sobre los empleados en huelga, -es decir, el beneficio que representaba ese per\\u00edodo de espera era totalmente para el patrono y para el negocio de \\u00e9ste.\\nSi analizamos, adem\\u00e1s, los otros criterios de la jurisprudencia norteamericana, tales como los t\\u00e9rminos del contrato entre patrono y empleado, la naturaleza del servicio, el tipo de espacio o habitaci\\u00f3n que se provee para vivir y dormir, entre otros, el resultado es similar.\\nEn el caso de autos, los empleados tuvieron que llevarse sus pertenencias desde los d\\u00edas anteriores a la huelga, para estar preparados, y tuvieron que pernoctar en condiciones precarias, en las mismas \\u00e1reas de trabajo. Aunque ten\\u00edan tiempo para alimentarse, descansar y recrearse, no ten\\u00edan ninguna libertad para abandonar el lugar. Estaban, para todos los efectos, cautivos en sus oficinas.\\nEn t\\u00e9rminos del tipo de relaci\\u00f3n contractual entre patrono y empleado, el memorando del 1 de julio de 1998 constituy\\u00f3, para todos los efectos, una alteraci\\u00f3n al contrato de trabajo entre la PRTC y los empleados querellantes.\\nAnalizando el otro aspecto, el de la naturaleza del servicio, se deduce, de acuerdo a lo declarado por los supervisores querellantes en la vista, que ellos forman parte, a la larga, de la planta interna, los encargados de mantener, en materia de conexi\\u00f3n de la red, un elemento esencial para que la red telef\\u00f3nica trabaje.\\nComo hemos visto, la jurisprudencia considera que per\\u00edodos como los del caso de autos, durante los cuales el empleado puede incluso dormir, pero durante los cuales se les puede interrumpir su sue\\u00f1o para que realicen alguna tarea y, sobre todo, durante los cuales no pueden abandonar el lugar, constituyen tiempo trabajado. Sobre todo cuando, como en el caso de autos, dicho per\\u00edodo de trabajo es en beneficio del patrono y no del empleado.\\nDistintas ser\\u00edan las circunstancias durante per\\u00edodos normales en los que no hay huelga, durante el cual los supervisores en cuesti\\u00f3n, como parte de las funciones de su trabajo, estando libres, pueden ser llamados a resolver alguna situaci\\u00f3n de emergencia en la PRTC. Aunque \\u00e9stos tengan la obligaci\\u00f3n de responder a alguna llamada de la compa\\u00f1\\u00eda, son libres de desplazarse y llevar a cabo sus actividades normales. V\\u00e9anse, e.g., L\\u00f3pez Figueroa v. Vald\\u00e9s, 94 D.P.R. 238 (1967); Dey\\u00e1 v. Otis Elevator Co., 91 D.P.R. 669 (1965). Dichos empleados no se encuentran trabajando bajo la Ley Federal de Horas y Salarios, supra. L\\u00f3pez Figueroa v. Vald\\u00e9s, supra. De otro lado, la jurisprudencia puertorrique\\u00f1a ha destacado la metodolog\\u00eda de interpretaci\\u00f3n liberal de la legislaci\\u00f3n laboral a favor del obrero o empleado. V\\u00e9anse, Mu\\u00f1oz Hern\\u00e1ndez v. Polic\\u00eda de P.R., 134 D.P.R. 486, 496 (1993), y los casos all\\u00ed citados.\\nEn conclusi\\u00f3n, la oficial examinadora -y por lo tanto, la PRTC-, incurri\\u00f3 en los dos errores se\\u00f1alados por los supervisores querellantes.\\nIII\\nCon estos antecendentes, se revoca la resoluci\\u00f3n recurrida y se ordena a la PRTC pagar a los supervisores querellantes las horas extras reclamadas durante los d\\u00edas en que pernoctaron en las dependencias de la PRTC durante el per\\u00edodo huelgario.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la se\\u00f1ora Secretaria del Tribunal de Circuito de Apelaciones.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria del Tribunal del Circuito de Apelaciones\\nESCOLIOS 2002 DTA 50\\n1. En ese sentido, en el ap\\u00e9ndice del caso de autos se sustituye la copia de la querella, normalmente requerida en los casos de revisiones administrativas, a tenor con lo dispuesto por la Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 59 (E), por una copia de la demanda.\\n2. El referido reglamento fue adoptado por la PRTC a ra\\u00edz de una decisi\\u00f3n del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Torres Ponce v. Jim\\u00e9nez, 113 D.P.R. 58 (1982), en el cual dicho foro determin\\u00f3 que el principio del m\\u00e9rito aplicaba a la entonces existente Autoridad de Tel\\u00e9fonos y a su subsidiaria, la PRTC, por la naturaleza p\\u00fablico-privada de esta \\u00faltima. Es preciso notar, adem\\u00e1s, que, a la fecha de los hechos que nos ocupan, la PRTC era una corporaci\\u00f3n p\\u00fablica, propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La ley que autoriz\\u00f3 la venta de la PRTC es la Ley 54 de 4 de agosto de 1997, 27 L.P.R.A. sees. 431 y ss. Dicha venta se efectu\\u00f3 el 2 de marzo de 1999.\\n3. Tambi\\u00e9n excluye, en el Art. 10, inciso (F), la aplicaci\\u00f3n espec\\u00edfica de las Reglas de Evidencia, aunque dispone que los principios fundamentales de evidencia podr\\u00e1n ser aplicados.\\n4. De acuerdo al testimonio vertido en las vistas, durante las situaciones normales de trabajo, las horas adicionales que tiene que trabajar el personal exento, en casos de emergencia cuando no se ha podido solicitar previamente la autorizaci\\u00f3n mediante la pr\\u00e1ctica PFI-011, muchas veces se compensa, extraoficialmente, mediante tiempo compensatorio.\\n5. La huelga comenz\\u00f3 el 18 de junio de 1998 y concluy\\u00f3 el 29 de julio de 1998.\\n6. Estas \\u00faltimas no est\\u00e1n en controversia.\"}"
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+"{\"id\": \"9388607\", \"name\": \"El Pueblo de Puerto Rico en inter\\u00e9s del menor M.A.G.O\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo ex rel. M.A.G.O.\", \"decision_date\": \"1995-02-22\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: AC-92-538\", \"first_page\": \"20\", \"last_page\": \"28\", \"citations\": \"138 P.R. Dec. 20\", \"volume\": \"138\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:26:06.843125+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri disinti\\u00f3 sin opini\\u00f3n escrita.\", \"parties\": \"El Pueblo de Puerto Rico en inter\\u00e9s del menor M.A.G.O.\", \"head_matter\": \"El Pueblo de Puerto Rico en inter\\u00e9s del menor M.A.G.O.\\nN\\u00famero: AC-92-538\\nResuelto: 22 de febrero de 1995\\nM\\u00e1ximo R. Ruid\\u00edaz, abogado del apelante; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.\", \"word_count\": \"2326\", \"char_count\": \"13910\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Hern\\u00e1ndez Denton\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n\\ndel Tribunal.\\nEl menor M.A.G.O. apela la resoluci\\u00f3n dictada por el Tribunal Superior que lo ha declarado incurso en una falta Tipo II y le ha impuesto como pena la entrega de su custo-dia por un (1) a\\u00f1o al Hogar Juvenil de Humacao. Se cues-tiona \\u00fanicamente ante nos la validez de la pena impuesta. El caso de autos se perfeccion\\u00f3 para nuestra revisi\\u00f3n des-pu\\u00e9s de que el foro de instancia decretara el cese de custo- dia, cierre y archivo de \\u00e9ste. El Procurador General en su informe sostiene que el caso es acad\\u00e9mico. Le asiste la raz\\u00f3n.\\nI \\u2014 I\\nEl Procurador de Menores present\\u00f3 una querella contra el menor M.A.G.O. que le imputa una infracci\\u00f3n al Art. 15 de la Ley N\\u00fam. 18 de 5 de agosto de 1988 (9 L.P.R.A. see. 3214) consistente en que de forma ilegal, voluntaria y ma-liciosa, al obrar en concierto y mutuo acuerdo con un adulto, posey\\u00f3, retuvo y dispuso de un veh\\u00edculo de motor marca Datsun, a sabiendas de que era hurtado. Este per-tenece al Sr. Gonzalo Torres Gonz\\u00e1lez y est\\u00e1 valorado en siete mil d\\u00f3lares ($7,000).\\nEl Tribunal Superior celebr\\u00f3 Tina vista adjudicativa a la que compareci\\u00f3 el menor acompa\\u00f1ado por su madre y re-presentado por un abogado. A trav\\u00e9s de su abogado, el me-nor hizo alegaci\\u00f3n de no incurso en la falta imputada. Luego de que el Ministerio P\\u00fablico desfil\\u00f3 la prueba y la defensa contrainterrog\\u00f3 a los testigos presentados, el tribunal de instancia declar\\u00f3 al menor incurso en falta.\\nComo medida dispositiva, el tribunal a quo orden\\u00f3 que la custodia del menor fuese entregada al Departamento de Servicios Sociales por un t\\u00e9rmino de un (1) a\\u00f1o para que fuese ubicado en un centro de tratamiento social de la Ad-ministraci\\u00f3n de Instituciones Juveniles y le brindasen ser-vicios de rehabilitaci\\u00f3n.\\nOportunamente, el menor present\\u00f3 una moci\\u00f3n de re-consideraci\\u00f3n ante el Tribunal Superior que solicitaba la modificaci\\u00f3n de la pena impuesta. El tribunal la declar\\u00f3 sin lugar.\\nPosteriormente, el menor present\\u00f3 ante esta Curia un escrito de apelaci\\u00f3n en el cual plante\\u00f3 que no estaba con-forme con la pena que le fue impuesta y expuso cuatro (4) se\\u00f1alamientos de error que se refieren a \\u00e9sta. En esen-cia, aleg\\u00f3 que la pena fue arbitraria, inadecuada y capri-chosa y que, adem\\u00e1s, no respond\\u00eda a los mejores intereses del menor ni de la comunidad, ya que no conduc\\u00eda a la rehabilitaci\\u00f3n.\\nEl 6 de mayo de 1993, luego de un sinn\\u00famero de tr\\u00e1mi-tes procesales relacionados con la preparaci\\u00f3n de la expo-sici\\u00f3n narrativa de la pena imputada, el apelante someti\\u00f3 su alegato ante nos. Pendientes los procedimientos ante nos, el foro de instancia llev\\u00f3 a cabo una vista el 27 de mayo de 1993 para revisar la pena impuesta. En dicha vista se dispuso que el menor continuase bajo la custodia de la Administraci\\u00f3n de Instituciones Juveniles en pase extendido en la comunidad, residiendo con sus padres y bajo la supervisi\\u00f3n de la Oficina Local de Carolina. Poste-riormente, el 27 de agosto de 1993, se celebr\\u00f3 otra vista para revisar dicha pena y, luego de examinar el informe social presentado en el expediente y al escuchar a las par-tes en Sala, el tribunal de instancia decret\\u00f3 el cese de cus-todia, cierre y archivo del caso.\\nAs\\u00ed las cosas, el 1ro de noviembre de 1993 se elevaron los autos originales del caso a esta Curia. A esa fecha este tribunal no ten\\u00eda ante s\\u00ed el informe del Procurador General. El 4 de marzo de 1994 emitimos m\\u00eda resoluci\\u00f3n que le conced\\u00eda a \\u00e9ste un t\\u00e9rmino improrrogable de veinte (20) d\\u00edas para presentar su informe correspondiente. El Procurador General someti\\u00f3 una moci\\u00f3n informativa en la cual adujo que el alegato sometido por el apelante el 6 de mayo de 1993 no le hab\\u00eda sido notificado.\\nEl 28 de marzo de 1994, el Procurador General present\\u00f3 ante nos una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n por haberse tomado acad\\u00e9mica la apelaci\\u00f3n, la cual decretamos sin lugar. En esta ocasi\\u00f3n le concedimos veinte (20) d\\u00edas para que pre-sentase su informe. Finalmente, el 15 de abril de 1994 el Procurador General present\\u00f3 dicho informe. No fue hasta esa fecha que el caso qued\\u00f3 perfeccionado para nuestra revisi\\u00f3n.\\nEn su informe el Procurador General atendi\\u00f3 los se\\u00f1a-lamientos de error que present\\u00f3 el apelante y sostuvo que la pena que le fue impuesta al menor se encuentra dentro de los l\\u00edmites establecidos por el ordenamiento. A\\u00f1adi\\u00f3 que el menor no hab\\u00eda demostrado que el tribunal de instancia abusara de su discreci\\u00f3n al imponer la pena de custodia durante un (1) a\\u00f1o.\\nPor otro lado, el Procurador General plante\\u00f3 que la pre-sentaci\\u00f3n del recurso de apelaci\\u00f3n tuvo como prop\\u00f3sito cambiar o modificar la pena impuesta que ya hab\\u00eda sido cumplida. Al haber ordenado el foro de instancia el cierre y archivo del caso, el recurso se torn\\u00f3 acad\\u00e9mico, por lo que \\u2014alega el Procurador\\u2014 debe ser desestimado.\\nh-1\\nLa controversia que hoy nos toca resolver consiste en si es acad\\u00e9mico un recurso que cuestiona \\u00fanicamente la pena impuesta, luego de haber sido cumplida.\\nLa autoridad de los tribunales proviene del principio elemental de que \\u00e9stos existen \\u00fanicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tengan un inter\\u00e9s real en obtener un remedio que afectar\\u00e1 sus relaciones jur\\u00eddicas. Noriega v. Hern\\u00e1ndez Col\\u00f3n, 135 D.P.R. 406 (1994).\\nNuestra jurisprudencia ha establecido que un caso puede convertirse en acad\\u00e9mico cuando los cambios f\\u00e1cticos o judiciales acaecidos durante el tr\\u00e1mite judicial de una controversia tomen en ficticia su soluci\\u00f3n, para convertirse as\\u00ed en una opini\\u00f3n consultiva sobre asuntos abstractas de derecho. El Vocero v. Junta de Planificaci\\u00f3n, 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega v. Hern\\u00e1ndez Col\\u00f3n, supra.\\nEn E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958), expusimos lo que constituye un caso acad\\u00e9mico:\\n.\\\"uno en que se trata de obtener un fallo sobre una contro-versia disfrazada, que en realidad no existe, o una determina-ci\\u00f3n de un derecho antes que \\u00e9ste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna raz\\u00f3n no podr\\u00e1 tener efectos pr\\u00e1cticos sobre una controversia existente\\\".\\nExisten, sin embargo, una serie de excepciones a la aplicaci\\u00f3n de la doctrina de academicidad. Por ejemplo, no es necesariamente acad\\u00e9mico un caso criminal en \\u00e9l cual la pena bajo ataque sea tan breve que por lo regular ha expirado antes de que pueda ser revisada. En aquellos casos cuando el fallo condenatorio acarree consecuencias legales colaterales, la apelaci\\u00f3n no se considerar\\u00e1 acad\\u00e9mica. El Vocero v. Junta de Planificaci\\u00f3n, supra.\\nEl Tribunal Supremo federal se expres\\u00f3 sobre este particular en el caso de Sibron v. New York, 392 U.S. 40 (1968). En este caso, el se\\u00f1or Sibron cumpli\\u00f3 con la pena de seis (6) meses que le fue impuesta antes de que le fuese f\\u00edsicamente posible apelar el fallo condenatorio en su caso. El Ministerio Fiscal plante\\u00f3 que al haber cumplido la pena su caso se hab\\u00eda convertido en acad\\u00e9mico. La Corte federal concluy\\u00f3 que el mero hecho de que el apelante hubiera cumplido con la pena que le fue impuesta no tornaba la apelaci\\u00f3n del fallo de culpabilidad en acad\\u00e9mica.\\nCitando a St. Pierre v. United States, 319 U.S. 41 (1943), el tribunal expuso dos (2) posibles excepciones a la doc-trina de academicidad en lo criminal. Exceptu\\u00f3, en primer lugar, aquellos casos en que no resulta aparente que el peticionario hubiera podido someter el caso para ser revi-sado antes de que expirase la pena impuesta. En segundo lugar, excluy\\u00f3 aquellos casos criminales en que el convicto podr\\u00eda quedar expuesto, bajo leyes federales o estatales, a m\\u00e1s penalidades o restricciones como resultado del fallo cuya pena impuesta ya fue cumplida. Es decir, siempre que puedan surgir consecuencias legales colaterales del fallo condenatorio, a pesar de que la pena ya fue cumplida por el convicto, la apelaci\\u00f3n no ser\\u00e1 acad\\u00e9mica.\\nPosteriormente, en Lane v. Williams, 455 U.S. 624 (1982), el Tribunal Supremo fed\\u00e9ral ratific\\u00f3 la doctrina ex-puesta en Sibron v. New York, supra, y concluy\\u00f3 que cuando la apelaci\\u00f3n de un convicto s\\u00f3lo ataca la pena im-puesta y \\u00e9sta haya expirado mientras se llevan a cabo los procedimientos en instancia, el recurso ser\\u00e1 acad\\u00e9mico. Esa es precisamente la situ\\u00e1ci\\u00f3n del caso de autos.\\nExaminada cuidadosamente la normativa ex-puesta en Sibron v. New York, supra, y en los casos poste- riores, hoy adoptamos la doctrina all\\u00ed expuesta. Un caso criminal en que se apele el fallo condenatorio, cuando la pena impuesta ha sido cumplida por el convicto, es acad\\u00e9-mico si se demuestra que no hay posibilidad de que se im-pongan consecuencias legales colaterales a base de dicho fallo. En segundo lugar, ser\\u00eda acad\\u00e9mica la apelaci\\u00f3n de un fallo condenatorio si resulta aparente que el peticionario hubiera podido someter el caso para ser revisado antes de que expirase la pena. En tercer lugar, un caso es acad\\u00e9mico cuando el convicto s\\u00f3lo apela la pena impuesta y \\u00e9sta ha sido cumplida al momento cuando se perfecciona la apelaci\\u00f3n.\\nHH HH \\u2022HH\\nEn esencia, lo que apela el menor ante nos es \\u00fanica-mente la pena que le fue impuesta por el foro de instancia luego de que \\u00e9sta hab\\u00eda sido cumplida, por lo que es inne-cesario discutir si surgen o no consecuencias legales cola-terales del fallo condenatorio. El caso de autos fue perfec-cionado ante esta Curia para nuestra revisi\\u00f3n despu\\u00e9s de que el foro de instancia decret\\u00f3 el cese de custodia del me-nor y el cierre y archivo del caso. Veamos.\\nEl apelante present\\u00f3 su alegato ante nos en mayo de 1993. As\\u00ed las cosas, en agosto de 1993 el menor cumpli\\u00f3 con la pena que impugnaba y el tribunal de instancia decret\\u00f3 el cierre y archivo del caso. No fue hasta abril de 1994 que el Procurador General someti\\u00f3 su informe ante esta Curia y el caso qued\\u00f3 perfeccionado para nuestra revisi\\u00f3n. En otras palabras, al momento cuando el caso qued\\u00f3 perfeccio-nado ante nos, ya el menor hab\\u00eda cumplido con la pena impugnada.\\nDel expediente no surge que le fue f\\u00edsicamente imposible al menor someter su caso para ser revisado antes de que expirase la pena. Por el contrario, el apelante no someti\\u00f3 su alegato reglamentario hasta el 6 de mayo de 1993. Como el Procurador General no recibi\\u00f3 una copia del alegato del peticionario, el recurso no pudo ser perfeccio-nado hasta abril de 1994. Ya para esa fecha el menor hab\\u00eda cumplido con la pena impuesta y el Tribunal hab\\u00eda cerrado el caso. Recordemos que un caso queda perfeccionado ante nos cuando todas las partes hayan sometido sus escritos. V\\u00e9ase Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre las apelaciones.\\nEn conclusi\\u00f3n, el caso de autos es acad\\u00e9mico pues el menor s\\u00f3lo apel\\u00f3 la pena que le fue impuesta como resul-tado del fallo condenatorio en su contra y al momento cuando el caso qued\\u00f3 perfeccionado ante nos \\u00e9sta ya hab\\u00eda expirado. Los cambios f\\u00e1cticos y judiciales acaecidos du-rante el tr\\u00e1mite del caso en cuesti\\u00f3n convirtieron en ficticia su soluci\\u00f3n.\\nPor los fundamentos antes expuestos, procedemos a des-estimar el recurso.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri disinti\\u00f3 sin opini\\u00f3n escrita.\\nEn su resoluci\\u00f3n, el Tribunal Superior expuso que:\\n\\\" 'La medida dispositiva de entrega de custodia por un a\\u00f1o (menos del m\\u00e1ximo de dos a\\u00f1os autorizado por ley para falta clase II) se impuso tomando en considera-ci\\u00f3n la naturaleza de la falta, la participaci\\u00f3n del joven, el impacto adverso de sus actos en la comunidad y en el perjudicado, as\\u00ed como la situaci\\u00f3n social del joven. La custodia de un a\\u00f1o es la consecuencia y la responsabilidad que deber\\u00e1 asumir.' \\\" Informe del Procurador General, p\\u00e1g. 3.\\n\\\"A: Cometi\\u00f3 error el Honorable Tribunal de Menores, Sala de Carolina, al no celebrar vista dispositiva conforme al Art\\u00edculo 23 de la Ley de Menores y las Reglas 18.1 y 8.2 del Reglamento para Asuntos de Menores violando con ello el debido proceso de ley.\\n\\\"B. Cometi\\u00f3 error el Honorable Tribunal de Menores al utilizar su propio y personal criterio ignorando su deber de aplicar los criterios que establece el Art\\u00edculo 25 de la Ley de Menores para imponer medidas dispositivas.\\n(2 ) \\\"A. Cometi\\u00f3 error el Honorable Tribunal de Menores, Sala de Carolina, al imponer una medida dispositiva que no se ajusta a los hallazgos y recomendaciones del informe social, resultando la misma en una inadecuada, arbitraria y caprichosa, que no responde a los mejores intereses del menor y de la comunidad, ni propende la rehabilitaci\\u00f3n del menor.\\n\\\"D. Cometi\\u00f3 error el Honorable Tribunal al no expresar fundamento alguno que sostenga la medida dispositiva impuesta seg\\u00fan lo requiere [la Ley y el Reglamento].\\\" Informe del Procurador General, p\\u00e1g. 2.\\nEntre \\u00e9stas se encuentran los pasos en los cuales aun cuando la decisi\\u00f3n del tribunal no afecta a las partes involucradas, \\u00e9sta presenta una cuesti\\u00f3n recurrente o repetitiva del asunto planteado; Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814 (1969); So. Pac. Terminal Co. v. Int. Comm. Comm., 219 U.S. 498 (1911); los casos en que la propia parte demandante termina voluntariamente su conducta ilegal; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); City of Mesquite v. Adaddin's Castle, Inc., 455 U.S. 283 (1982), y los casos en que la situa-ci\\u00f3n de hechos ha sido cambiada voluntariamente por el demandado, pero que no tiene visos de permanencia, United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629 (1953). De igual manera, se plantea una excepci\\u00f3n cuando en un caso se ha certificado por el tribunal una piase, en conformidad con la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la controversia se torna acad\\u00e9mica para un miembro de la clase, mas no para su representante. Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975); Franks v. Bowman Transportation Co., 424 U.S. 747 (1976).\"}"
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