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– Por falta de requisitos:
c) cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.b) y en el artículo 26 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, la persona solicitante se halle reconocida como refugiada y tenga derecho a residir o a obtener protección internacional efectiva en un tercer Estado, siempre que sea readmitida en ese país, no exista peligro para su vida o su libertad, ni esté expuesta a tortura o a trato inhumano o degradante y tenga protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de Ginebra;
d) cuando la persona solicitante proceda de un tercer país seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista que sea elaborada por la Unión Europea, donde, atendiendo a sus circunstancias particulares, reciba un trato en el que su vida, su integridad y su libertad no estén amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política, se respete el principio de no devolución, así como la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, exista la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, a recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese país y existan vínculos por los cuales sería razonable que el solicitante fuera a ese país. |
Para la aplicación del concepto de tercer país seguro, también podrá requerirse la existencia de una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;
e) cuando la persona solicitante hubiese reiterado una solicitud ya denegada en España o presentado una nueva solicitud con otros datos personales, siempre que no se planteen nuevas circunstancias relevantes en cuanto a las condiciones particulares o a la situación del país de origen o de residencia habitual de la persona interesada;
f) cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre el derecho de asilo a nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
2. La no admisión a trámite prevista en este artículo deberá notificarse en el plazo máximo de un mes contado a partir de la presentación de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada determinará la admisión a trámite de la solicitud y su permanencia provisional en territorio español, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del procedimiento. La no admisión a trámite conllevará los mismos efectos que la denegación de la solicitud.
3. La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no admisión será causa de denegación de aquélla.
Artículo 21. Solicitudes presentadas en puestos fronterizos.
1. Cuando una persona extranjera que no reúna los requisitos necesarios para entrar en territorio español presente una solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo, el Ministro del Interior podrá no admitir a trámite la solicitud mediante resolución motivada cuando en dicha solicitud concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado primero del artículo 20. |
En todo caso, la resolución deberá ser notificada a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación.
2. Asimismo, el Ministro del Interior podrá denegar la solicitud mediante resolución motivada, que deberá notificarse a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación, cuando en dicha solicitud concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) los previstos en las letras c), d) y f) del apartado primero del artículo 25;
b) cuando la persona solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información suficientemente contrastada sobre su país de origen, o de residencia habitual si fuere apátrida, de manera que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es infundada por lo que respecta al hecho de albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave.
3. El plazo previsto en el apartado anterior se ampliará hasta un máximo de diez días por resolución del Ministro del Interior, en los casos en los que, por concurrir alguna de las circunstancias previstas en la letra f) del apartado primero del artículo 25, el ACNUR, de manera razonada, así lo solicite.
4. Contra la resolución de inadmisión a trámite o de denegación de la solicitud se podrá, en el plazo de dos días contados desde su notificación, presentar una petición de reexamen que suspenderá los efectos de aquélla. La resolución de dicha petición, que corresponderá al Ministro del Interior, deberá notificarse a la persona interesada en el plazo de dos días desde el momento en que aquélla hubiese sido presentada.
5. |
El transcurso del plazo fijado para acordar la inadmisión a trámite, o la denegación de la solicitud en frontera, la petición de reexamen, o del previsto para resolver el recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución de forma expresa, determinará su tramitación por el procedimiento ordinario, así como la autorización de entrada y permanencia provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente.
Artículo 22. Permanencia del solicitante de asilo durante la tramitación de la solicitud.
En todo caso, durante la tramitación de la petición de reexamen y del recurso de reposición previstos en los apartados cuarto y quinto del artículo 21 de la presente Ley, así como en los supuestos en los que se solicite la adopción de las medidas a las que se refiere el apartado segundo de su artículo 29, la persona solicitante de asilo permanecerá en las dependencias habilitadas a tal efecto.
CAPÍTULO II
De la tramitación de las solicitudes
Artículo 23. Órganos competentes para la instrucción.
1. La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente se le atribuyan.
2. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que está compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad.
3. Serán funciones de la Comisión las previstas en esta Ley y aquellas otras que, junto con su régimen de funcionamiento, se establezcan reglamentariamente.
Artículo 24. Procedimiento ordinario.
1. |
Toda solicitud de protección internacional admitida a trámite dará lugar al inicio, por parte del Ministerio del Interior, del correspondiente procedimiento, al que se incorporarán las diligencias de instrucción del expediente. Si fuera procedente la realización de nuevas entrevistas a las personas solicitantes, aquéllas deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 17.
2. Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, quien será el competente para dictar la correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria.
3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente y de lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 19 de la presente Ley.
Artículo 25. Tramitación de urgencia.
1. |
El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la tramitación de urgencia, previa notificación al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) que parezcan manifiestamente fundadas;
b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, especialmente, por menores no acompañados;
c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;
d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de lo dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual;
e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes previsto en el apartado segundo del artículo 17;
f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.
2. Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de Internamiento para Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las solicitudes en estos términos, aquéllas que fuesen admitidas a trámite se ajustarán a la tramitación de urgencia prevista en el presente artículo.
3. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio será informada de los expedientes que vayan a ser tramitados con carácter de urgencia.
4. Será de aplicación al presente procedimiento lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, salvo en materia de plazos que se verán reducidos a la mitad.
Artículo 26. Evaluación de las solicitudes.
1. |
La Administración General del Estado velará por que la información necesaria para la evaluación de las solicitudes de protección no se obtenga de los responsables de la persecución o de los daños graves, de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados de que la persona interesada es solicitante de protección internacional cuya solicitud está siendo considerada, ni se ponga en peligro la integridad de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.
2. Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de daños graves.
Artículo 27. Archivo de la solicitud.
Se pondrá fin al procedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la persona solicitante la retire o desista de ella, en los casos y en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, se podrá presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo de treinta días el solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar información esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido convocado, o no compareciera para la renovación de la documentación de la que se le hubiera provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su voluntad.
Artículo 28. Notificación.
A efectos de comunicaciones y notificaciones, se tendrá en cuenta el último domicilio o residencia que conste en el expediente. |
Cuando no prospere este procedimiento de notificación, el trámite se realizará a través del Portal del Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los tablones de anuncios, accesibles al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de la Oficina de Extranjeros de la provincia en que conste el último lugar de residencia de la persona solicitante y, en todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. De estos extremos se informará a los solicitantes al formalizar su solicitud, que podrán exigir que se cumpla la garantía del apartado 4 del artículo 16.
Artículo 29. Recursos.
1. Las resoluciones previstas en la presente Ley pondrán fin a la vía administrativa, salvo en el caso de que se haya presentado la petición de reexamen prevista en el apartado cuarto del artículo 21, en que se entenderá que pone fin a la vía administrativa la resolución que decida dicha petición, y serán susceptibles de recurso de reposición con carácter potestativo y de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
2. Cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo y se solicite la suspensión del acto recurrido, dicha solicitud tendrá la consideración de especial urgencia contemplada en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. La persona a quien le haya sido denegada la solicitud podrá solicitar su revisión cuando aparezcan nuevos elementos probatorios, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO III
De las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional
Artículo 30. Derechos sociales generales.
1. |
Se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad, sin perjuicio, en tanto que extranjeros, de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de desarrollo.
2. Los servicios sociales y de acogida específicamente destinados a las personas solicitantes de protección internacional se determinarán reglamentariamente por el Ministerio competente.
3. Si se comprobara que la persona solicitante dispone de suficientes medios de acuerdo con la normativa vigente, para cubrir los costes inherentes a los servicios y prestaciones reservados a personas que carezcan de recursos económicos, se procederá a la reclamación de su reembolso.
Artículo 31. Acogida de los solicitantes de protección internacional.
1. Los servicios de acogida, su definición, disponibilidad, programas y servicios, específicamente destinados a aquellas personas que soliciten protección internacional, se determinarán reglamentariamente por el Ministerio competente para atender las necesidades básicas de estas personas.
Este Ministerio podrá prestar por sí mismo esos servicios de acogida de forma directa, de forma indirecta por fórmulas contractuales, o bien, mediante la correspondiente autorización de acción concertada a entidades cuando no sea necesario celebrar contratos públicos, tal y como establece el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
Asimismo, también será posible prestar los servicios de acogida a través de los centros subvencionados a organizaciones no gubernamentales. En ningún caso podrá duplicarse la financiación pública de los servicios prestados por estas organizaciones, concurriendo la financiación obtenida por la autorización de acción concertada y por las subvenciones. |
A los efectos de esta ley se entiende por acción concertada el instrumento por el que se concede la autorización a aquellas entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas de forma reglamentaria para la prestación de servicios de acogida de responsabilidad pública, debiendo el sistema que se establezca, en todo caso, cumplir todos los requisitos que contempla el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, incluidos los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.
La financiación de la acción concertada, el cumplimiento de los requisitos de acceso y el control de la prestación de los servicios se realizará por el Ministerio competente para prestar los servicios de acogida, según se establezca de forma reglamentaria.
Estas entidades habrán de acreditar la disposición de medios y recursos necesarios para la prestación de los servicios de acción concertada. En todo caso, se acreditará la propiedad de los centros en que se vaya a desarrollar la acción concertada, o, en su defecto, el derecho al uso, con este fin, de los bienes inmuebles, ya sean de propiedad privada o pública, por un periodo no inferior al de vigencia de la autorización de acción concertada, que podrá alcanzar cuatro años prorrogables de mutuo acuerdo, por igual periodo, sin perjuicio de poder solicitar una nueva autorización una vez expirada la anterior. Excepcionalmente, en situaciones de necesidad y siempre que concurran razones de interés público, dicho derecho al uso podrá ser por un periodo inferior al de vigencia de la autorización de la acción concertada.
Con carácter general, la Administración anticipará hasta el 50 % de la retribución máxima acordada por las prestaciones y servicios asignados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la acción concertada.
Los pagos anticipados se deberán asegurar mediante la prestación de garantía. |
Las entidades no lucrativas autorizadas quedan exoneradas de la constitución de garantía de los fondos entregados.
La falta de constitución y acreditación de la garantía ante el órgano competente implicará la retención del pago de la retribución, hasta el momento en que se acredite, pudiendo dar lugar a la pérdida del derecho al pago de forma definitiva cuando, habiéndose realizado requerimiento previo del órgano concedente para que se acredite la constitución de la garantía, éste no fuera atendido en el plazo de 15 días.
Reglamentariamente se desarrollarán, entre otras materias, los aspectos y criterios de la organización de los servicios de acogida a través de la acción concertada, las condiciones que deben cumplir las entidades para obtener la correspondiente autorización, los supuestos de pérdida de autorización para el caso de incumplimiento de obligaciones, así como el cálculo de su retribución. Este cálculo tendrá en consideración que, la retribución se limitará a los costes necesarios para prestar los servicios establecidos.
2. Se adoptarán, con el acuerdo de los interesados, las medidas necesarias para mantener la unidad de la familia, integrada por los miembros enumerados en el artículo 40 de esta Ley, tal y como se encuentre presente en el territorio español, siempre que se reúnan los requisitos que se señalan en la presente Ley.
Artículo 32. Autorización de trabajo a los solicitantes de protección internacional.
Las personas solicitantes de protección internacional serán autorizadas para trabajar en España en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 33. Reducción o retirada de las condiciones de acogida.
1. |
El Ministerio competente en el ejercicio de las competencias sobre servicios, ayudas y prestaciones de los diferentes programas de acogida, podrá reducir o retirar alguno o la totalidad de los servicios de acogida en los siguientes casos:
a) cuando la persona solicitante abandone el lugar de residencia asignado sin informar a la autoridad competente o, en caso de haberlo solicitado, sin permiso;
b) cuando la persona solicitante accediese a recursos económicos y pudiese hacer frente a la totalidad o parte de los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere ocultado sus recursos económicos, y, por tanto, se beneficie indebidamente de las prestaciones de acogida establecidas;
c) cuando se haya dictado resolución de la solicitud de protección internacional, y se haya notificado al interesado, salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 36 de esta Ley;
d) cuando por acción u omisión se vulneren los derechos de otros residentes o del personal encargado de los centros donde estén acogidos o se dificulte gravemente la convivencia en ellos, de conformidad con lo establecido en las normas internas de los mismos;
e) cuando haya finalizado el periodo del programa o prestación autorizado.
2. Las personas solicitantes de protección internacional podrán ver reducidos o retirados los programas de ayudas del servicio de acogida, como consecuencia de las sanciones que se deriven de la comisión de alguna de las faltas enunciadas en el apartado primero de este artículo.
3. A los efectos del apartado anterior, el sistema de faltas y sanciones a aplicar en los centros de acogida será el que de forma reglamentaria establezca el Ministerio competente.
CAPÍTULO IV
Intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Artículo 34. Intervención en el procedimiento de solicitud. |
La presentación de las solicitudes de protección internacional se comunicará al ACNUR, quien podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y presentar informes para su inclusión en el expediente.
A estos efectos, tendrá acceso a las personas solicitantes, incluidas las que se encuentren en dependencias fronterizas o en centros de internamiento de extranjeros o penitenciarios.
Artículo 35. Intervención en la tramitación de protección internacional.
1. El representante en España del ACNUR será convocado a las sesiones de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
2. Asimismo será informado inmediatamente de la presentación de las solicitudes en frontera y podrá entrevistarse, si lo desea, con los solicitantes. Con carácter previo a dictarse las resoluciones que sobre estas solicitudes prevén los apartados primero, segundo y tercero del artículo 21 de la presente Ley, se dará audiencia al ACNUR.
3. En los casos que se tramiten las solicitudes mediante el procedimiento de urgencia, y en los casos de admisión a trámite del artículo 20, si la propuesta de resolución de la Oficina de Asilo y Refugio fuese desfavorable se dará un plazo de diez días al ACNUR para que, en su caso, informe.
CAPÍTULO V
De los efectos de la resolución
Artículo 36. Efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección subsidiaria.
1. La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implicará el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la normativa de la Unión Europea, y, en todo caso:
a) la protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados internacionales firmados por España; |
b) el acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido de la protección internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a la persona beneficiaria de dicha protección;
c) la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social;
d) la expedición de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condición de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección subsidiaria;
e) el acceso a los servicios públicos de empleo;
f) el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles;
g) el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero;
h) la libertad de circulación;
i) el acceso a los programas de integración con carácter general o específico que se establezcan;
j) el acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan establecerse;
k) el mantenimiento de la unidad familiar en los términos previstos en la presente Ley y acceso a los programas de apoyo que a tal efecto puedan establecerse.
2. Con el fin de facilitar la integración de las personas con estatuto de protección internacional, se establecerán los programas necesarios, procurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en su acceso a los servicios generales.
3. |
Las personas con estatuto de protección internacional podrán seguir beneficiándose de todos o algunos de los programas o prestaciones de que hubieran disfrutado con anterioridad a la concesión del estatuto en aquellos casos en que circunstancias especiales así lo requieran, con sometimiento al régimen previsto para tales programas y prestaciones por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
4. En casos específicos, debido a dificultades sociales o económicas, las Administraciones Públicas podrán poner en marcha servicios complementarios a los sistemas públicos de acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, así como servicios especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia.
Artículo 37. Efectos de las resoluciones denegatorias.
La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia;
b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.
CAPÍTULO VI
Solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados
Artículo 38. Solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados. |
Con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física, los Embajadores de España podrán promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta Ley.
El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinará expresamente las condiciones de acceso a las Embajadas y Consulados de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los mismos.
TÍTULO III
De la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección internacional
Artículo 39. Mantenimiento de la unidad familiar.
1. Se garantizará el mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria en los términos previstos los artículos 40 y 41 de la presente Ley.
2. Cuando, durante la tramitación de una solicitud de protección internacional, los miembros de la familia de la persona interesada a los que se hace referencia en el artículo 40 se encontrasen también en España, y no hubiesen presentado una solicitud independiente de protección internacional, se les autorizará la residencia en España con carácter provisional, condicionada a la resolución de la solicitud de protección internacional y en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 40. Extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria.
1. El restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la concesión, respectivamente, del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar, en los siguientes supuestos:
a) Los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus descendientes en primer grado que fueran menores de edad, quedando exceptuado el derecho a la extensión familiar en los supuestos de distinta nacionalidad. |
Las relaciones familiares de los ascendientes y descendientes deberán establecerse mediante las pruebas científicas que sean necesarias, en los casos donde no pueda determinarse sin dudas esa relación de parentesco.
b) El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, distinta nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando en el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido fundados temores de sufrir persecución singularizada por violencia de género por parte de su cónyuge o conviviente.
c) Otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, de acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicho beneficiario sea un menor no casado.
d) Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar a otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen.
2. La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de extensión familiar presentadas. Una vez instruidas se procederá, previo estudio en la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, a elevar la propuesta de resolución al Ministro del Interior, quien resolverá.
3. La resolución por la que se acuerde la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar conllevará para los beneficiarios los efectos previstos en el artículo 36.
4. En ningún caso se concederá protección internacional por extensión familiar a las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente ley.
Artículo 41. Reagrupación familiar.
1. |
Las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrán optar por reagrupar a las enumeradas en el artículo anterior, aun cuando ya se encontrasen en España, sin solicitar la extensión del estatuto de que disfruten. Esta reagrupación será siempre aplicable cuando los beneficiarios sean de nacionalidad distinta a la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria.
2. En este supuesto, que se desarrollará reglamentariamente, no se exigirá a los refugiados o beneficiarios de la protección subsidiaria, ni tampoco a los beneficiarios de la reagrupación familiar, los requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería e inmigración.
3. La resolución por la que se acuerde la reagrupación familiar implicará la concesión de autorización de residencia y, en su caso, de trabajo, de análoga validez a la de la persona reagrupante.
4. La reagrupación familiar será ejercitable una sola vez, sin que las personas que hubiesen sido reagrupadas y obtenido autorización para residir en España en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior puedan solicitar reagrupaciones sucesivas de sus familiares.
5. En ningún caso se concederá protección internacional por extensión familiar a las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente Ley.
TÍTULO IV
Del cese y la revocación de la protección internacional
Artículo 42. Cese del estatuto de refugiado.
1. |
Cesarán en la condición de refugiados quienes:
a) expresamente así lo soliciten;
b) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad;
c) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente;
d) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad;
e) se hayan establecido, de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado, o fuera del cual habían permanecido, por temor a ser perseguidos;
f) hayan abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país;
g) no puedan continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados; el Estado español tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido;
h) no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.
2. El cese en la condición de refugiado no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. A estos efectos se tendrá en cuenta el período de tiempo que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.
Artículo 43. Cese de la protección subsidiaria.
1. La protección subsidiaria cesará cuando:
a) se solicite expresamente por la persona beneficiaria;
b) la persona beneficiaria haya abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país;
c) las circunstancias que condujeron a su concesión dejen de existir o cambien de tal forma que dicha protección ya no sea necesaria. |
El Estado español tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves.
2. El cese en la protección subsidiaria no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. A estos efectos se tendrá en cuenta el período que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.
Artículo 44. Revocación.
1. Procederá la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria cuando:
a) concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de esta Ley;
b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria;
c) la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una amenaza para la comunidad.
2. La revocación de la protección internacional conllevará la inmediata aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, y, cuando así procediera, la tramitación del correspondiente expediente administrativo sancionador para la expulsión del territorio nacional de la persona interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en su normativa de desarrollo.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Oficina de Asilo y Refugio dará traslado inmediato de la revocación al órgano competente para incoar el correspondiente expediente sancionador.
4. |
No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá determinar el envío de los interesados a un país en el que exista peligro para su vida o su libertad o en el que estén expuestos a tortura o a tratos inhumanos o degradantes o, en su caso, en el que carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor o de riesgo.
Artículo 45. Procedimientos para el cese y la revocación.
1. La Oficina de Asilo y Refugio iniciará, de oficio o a instancia de parte, cuando concurra causa legal suficiente, los procedimientos de cese y revocación de la protección internacional concedida, haciéndoselo saber a los interesados.
2. En los supuestos de cese y revocación del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria, la persona afectada disfrutará, además de las previstas en el artículo 17, de las siguientes garantías:
a) que sea informada por escrito de que se está reconsiderando su derecho de asilo o de protección subsidiaria, así como de los motivos de dicha reconsideración;
b) que le sea otorgado trámite de audiencia para la formulación de alegaciones.
c) que la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sobre la situación general existente en los países de origen de las personas afectadas, y
d) que cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar el estatuto de refugiado, dicha información no se obtenga de los responsables de la persecución de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados directamente de que la persona interesada es un refugiado cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se ponga en peligro la integridad física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.
3. |
A la vista de las actuaciones practicadas en la tramitación del expediente, la Oficina de Asilo y Refugio podrá archivar el expediente, si no fuesen fundadas las causas de cese o revocación inicialmente advertidas.
4. Completado el expediente de cese o revocación, el mismo será remitido por la Oficina de Asilo y Refugio a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Si ésta entendiese que no concurren causas suficientes para proceder a la declaración de cese o revocación, ordenará el archivo del expediente.
5. Si, por el contrario, a criterio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio procediese el cese o la revocación, aquélla elevará la propuesta de resolución al Ministro del Interior, que será quien resuelva.
6. Los ceses y revocaciones conllevarán el cese en el disfrute de todos los derechos inherentes a la condición de refugiado o persona beneficiaria de protección subsidiaria.
7. El plazo para la notificación de las resoluciones recaídas en estos procedimientos será de seis meses a partir de la presentación de la solicitud por la persona interesada o de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de cese o revocación. Concluido dicho plazo, y habida cuenta de las suspensiones o ampliaciones que fuesen aplicables, se tendrá por caducado el expediente, procediéndose de oficio a su archivo.
8. Las resoluciones previstas en este Título pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de reposición con carácter potestativo ante el Ministro del Interior y de recurso contencioso-administrativo.
TÍTULO V
De los menores y otras personas vulnerables
Artículo 46. Régimen general de protección.
1. |
En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.
2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.
3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.
Artículo 47. Menores.
Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante, o que hayan sido víctimas de conflictos armados recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen.
Artículo 48. Menores no acompañados.
1. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. |
En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación de la edad del presunto menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protección internacional. Determinada la edad, si se tratase de una persona menor de edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores.
3. De forma inmediata se adoptarán medidas para asegurar que el representante de la persona menor de edad, nombrado de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, actúe en nombre del menor de edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la solicitud de protección internacional.
Disposición Adicional Primera. Reasentamiento.
El marco de protección previsto en la presente Ley será de aplicación a las personas acogidas en España en virtud de programas de Reasentamiento elaborados por el Gobierno de la Nación, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y, en su caso, otras Organizaciones Internacionales relevantes. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros del Interior y de Trabajo e Inmigración, oída la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, acordará anualmente el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España en virtud de estos programas.
Los refugiados reasentados en España tendrán el mismo estatuto que los refugiados reconocidos en virtud de las disposiciones de la presente Ley.
Disposición Adicional Segunda. Desplazados. |
La protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas será la prevista en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
Disposición Adicional Tercera. Formación.
La Administración General del Estado velará por que los empleados públicos y demás personas que se ocupen de los solicitantes de protección internacional, refugiados y personas beneficiarias de protección subsidiaria, dispongan de la formación adecuada. A estos efectos, los Ministerios competentes elaborarán programas formativos que les permitan adquirir las capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo.
Disposición Adicional Cuarta. Cooperación con otras Administraciones Públicas.
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos sanitario, educativo y social gestionarán los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la Administración General del Estado.
Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto de los recursos sociales específicos para este colectivo, así como sobre las diferentes organizaciones de atención especializada a personas solicitantes de asilo.
Disposición Adicional Quinta. Cooperación en el marco de la Unión Europea.
Las autoridades españolas, en el marco de la presente Ley, adoptarán todas las medidas necesarias, con objeto de reforzar el sistema europeo común de asilo y de protección internacional.
Disposición Adicional Sexta. Colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales.
Los poderes públicos promoverán la actividad de las asociaciones no lucrativas legalmente reconocidas entre cuyos objetivos figuren el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de protección internacional. Sus informes se incorporarán a los oportunos expedientes de solicitudes de protección internacional incoados por el Ministerio del Interior.
Disposición Adicional Séptima. Normativa supletoria en materia de procedimiento. |
En lo no previsto en materia de procedimiento en la presente Ley, será de aplicación con carácter supletorio la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposición Adicional Octava. Informe Anual.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un informe anual sobre el número de personas que han solicitado asilo o protección subsidiaria, el número de personas a las que les ha sido concedido o denegado tal estatuto, así como del número de reasentamientos que se hayan efectuado y número de personas beneficiarias de la reagrupación familiar; ceses y revocaciones y situación específica de menores u otras personas vulnerables.
Disposición Transitoria Primera. Normativa aplicable a los procedimientos en curso.
Los procedimientos administrativos en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley se instruirán y resolverán de acuerdo con lo previsto en ella, salvo que los interesados soliciten expresamente la aplicación de la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud, por considerarlo más favorable a sus intereses.
Disposición Transitoria Segunda. Normativa aplicable a las personas autorizadas a residir en España por razones humanitarias.
Las personas que hubieran obtenido una autorización para permanecer en España por razones humanitarias conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y en los términos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 31 de su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, podrán beneficiarse del derecho a la protección subsidiaria previsto en esta Ley.
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición Final Primera. Título competencial. |
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el derecho de asilo.
Disposición Final Segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar; la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional, y al contenido de la protección concedida; y la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.
Disposición Final Tercera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para dictar, en el plazo de seis meses, cuantas disposiciones de carácter reglamentario exija el desarrollo de la presente Ley.
Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 30 de octubre de 2009. |
Ley de Extranjería de España La ley de extranjería es el nombre con el que se conoc e la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, modificada por las LLOO 8/2000, 14/2003 y 2/2009. Es la norma española que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español y los derechos y las libertades que se les reconoc en. Su actual reglamento de desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (BOE de 30 de abril), que deroga al anterior Real Decreto 2393/ 2004, de 30 de diciembre. La ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El título preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia, respectivamente, a los derechos y las libertades de los extranjeros, a su régimen jurídico, a las infracciones en materia de extranjería y al procedimiento sancionador y a la coordinación de los pode res públ icos. Tradicionalmente, España ha sido un país de emigración, por lo que la produc ción legislativa se ha centrado en este ámbito, mientras que la legislación relativa a la extranjería era fragmentaria. El primer intento de paliar esto se dio con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, que fue fuertemente criticada1 por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, su regulación restrictiva en materia de derechos de los extranjeros y la deficiente técnica legal que mostraba. |
España, que iba a ingresar pronto en la entonces Comunidad Europea, trataba de evitar conve rtirse en puerta de entrada al continente: alguna s organizaciones sociales denunc iaron que se trataba de la norma más dura de Europa.2 La ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad; la Sentencia del Tribuna l Constitucional 115/1987, de 7 de julio, anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería hacia una línea más progresista. Las deficiencias de la ley y la transformación del fenómeno migratorio en España a finales de los años 1980 y en los años 1990 mostró la necesidad de una nueva ley adaptada a las circunstancias. La reforma se produjo finalmente por la Ley Orgánica 4/2000, que es la que, tras experimentar diversas modificaciones, está en vigor en la actualidad. Esta ley supuso un cambio importante al introduc ir políticas de integración,3 ampliar los derechos de los inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. No obstante, una cincuentena de ONG agrupadas en la plataforma Papeles para todos y todas. |
Ningún ser humano es ilegal, entre las que se encontraban ACSUR-Las Segovias y Asociación Pro Derechos Humanos, criticaron que, aunque existían mejoras tímidas, en conjunto se empeoraba la situación de los inmigrantes, especialmente de los indoc umentados.4 La ley fue aprobada por todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular, de derecha, que gobe rnaba en minoría y retiró su apoyo durante el trámite legislativo:5 alegaba que no se adecuaba a los acuerdos de Schengen y Tampere, que podría produc ir un "efecto llamada" y la entrada masiva de inmigrantes y que no estaba prevista una partida presupue staria suficiente. Posteriormente, tras las elecciones generales de 2000 que dieron mayoría absoluta al Partido Popular, se realizó una reforma sustancial de la norma, apoya da por el PP, Coalición Canaria y Conve rgència i Unió,6 que volvió en muchos supue stos a las soluciones de la ley de 1985, por lo que se habla de "contrarreforma".3 En un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la norma, catorce de sus veinte miembros lo consideraron un "retroceso".7 Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior, defendió la reforma afirmando que garantizaba los derechos y las libertades de los inmigrantes y se adecuaba a la normativa y a la práctica en el seno de la Unión Europea.8 Evolución de la normativa española de extranjería |
El reglamento de la nueva ley de extranjería fue adoptado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, en sustitución del anterior, de 1996. Trece de sus artículos fueron anulados por el Tribuna l Supremo en su sentencia de 20 de marzo de 2003 por violación el principio de legalidad. En ese mismo año 2003, en que se dictó la sentencia, la ley fue reformada dos veces. La primera, por la LO 11/2003, de 29 de septiembre, que afectó funda mentalmente a la expulsión y estableció la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la expulsión. L a segunda , por la LO 14/2003, de 20 de novi embre, que incorporó con rango de ley orgánica muchos de los preceptos del reglamento anulados por el Tribuna l Supremo. Además, según afirma su expos ición de motivos, la reforma pretendía adaptar la norma a los cambios en el fenómeno migratorio, incorporar instrumentos que permitieran una regulación de los flujos migratorios mejor y más sencilla e introduc ir las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea en los años anteriores. El reglamento fue aprobado por Real Decreto 2393/ 2004, de 30 de diciembre, en atención a lo previsto en la disposición final 3.ª de la LO 14/2003. La regla general en relación con los derechos de los extranjeros se establece en el artículo 3 de la ley, que establece que ejercerán los derechos reconoc idos en la Constitución española en los términos establecidos en la ley de extranjería y en los tratados internacionales, interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados vigentes sobre derechos humanos. |
Si no existiera norma específica, se entenderá que los extranjeros ejercen sus derechos en condiciones de igualdad con los españoles. La doctrina del Tribuna l Constitucional ha delimitado progresivamente9 tres grupos de derechos en cuanto al alcance de su reconoc imiento a los extranjeros. Existen derechos que corresponden a extranjeros y españoles en idénticos términos, porque su respeto es esencial para la dignidad humana. Es el caso del derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la libertad ideológica, religiosa y de culto y la tutela judicial efectiva, entre otros. En este sentido, la ley reconoce una serie de derechos a todos los extranjeros independientemente de su situación administrativa, como el derecho a la documentación, que es también un deber; el derecho de asistencia sanitaria de urgencia, plena a inscritos en el padrón municipal, los menores y las embarazadas durante el embarazo, parto y posparto; también reconoce los derechos de acceso a la enseñanza obligatoria, a los servicios sociales básicos, la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. En relación con un segundo grupo de derechos, el legislador puede, dentro del respeto a un contenido mínimo garantizado por la Constitución, establecer condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de extranjeros. Este condicionamiento se plasma en la exigencia de estar en situación administrativa regular para poder ejercer los derechos. Los derechos de libre circulación, reunión y manifestación, asociación, al trabajo y la Seguridad Social, de sindicación y de huelga se reconocen a los extranjeros que estén en situación legal de estancia o residencia. Los derechos a la educación no obligatoria, ayudas en materia e vivienda e intimidad y reagrupación familiar se reconocen solo a los extranjeros residentes. |
La titularidad y ejercicio del tercer grupo de derechos está exclusivamente reservado a los españoles: se trata de los derechos políticos. Se exceptúa el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, donde podrá concederse el derecho por tratado o por ley atendiendo a criterios de reciprocidad.Derechos y libertades Clasificación de los derechos |
En razón de su materia, por otra parte, y según María de los Ángeles Sánchez Jiménez,10 cabe ordenar los derechos reconoc idos por el régimen general de la ley de extranjería en cuatro grandes grupos: Derechos de la esfera personal, como el derecho y deber de documentación, el derecho de libre circulación, a la educación y a la reagrupación familiar. Derechos políticos, fundamentalmente el derecho de participación en los asuntos públicos. Derechos del ámbito económico y social, como las libertades de reunión, manifestación y asociación o el derecho de ayudas en materia de vivienda y el de transferencia de fondos. Derechos del ámbito laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los derechos colectivos laborales, como los derechos de sindicación y huelga. Existen determinados derechos que tienen como único sujeto a los inmigrantes o que tienen una regulación específica o una relevancia especial en derecho de extranjería. Entre ellos, cabe destacar el derecho/deber a la documentación, e l derecho a la reagrupación familiar y el derecho a la transferencia de fondos . El artículo 4 de la ley recoge el deber del extranjero a preservar su documentación en vigor y el derecho a no ser privado de la misma. La documentación a que se hace referencia es la necesaria para acreditar la propia identidad, la empleada para entrar en España o la que acredite su situación administrativa. Los documentos exigibles, por lo tanto, pueden ser variados: funda mentalmente, pasaporte o documento de viaje, visado o Tarjeta de Identidad de Extranjero. En relación con la identificación de los extranjeros debe hacerse también referencia al Número de Identidad de Extranjero, un número personal que se otorga a efectos de identificación. La documentación puede ser objeto de control policial. |
El reglamento establece que los extranjeros deben mostrar los documentos que acreditan su identidad y situación en España si así es solicitado por la autoridad que esté legitimada para hacerlo o por sus agentes. Este deber se funda menta en la protección de la seguridad ciudadana. La jurisprudencia del Tribuna l Constitucional otorga la potestad a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para considerar la necesidad de la medida siempre que encaje en el marco del artículo 20 de la ley de protección de la seguridad ciudadana. Con carácter excepcional,11 un extranjero puede ser desprovisto de su documentación en determinadas circunstancias, solo por los pode res públ icos autorizados y nunc a por un pa rticular.12 A instancias del Juez, si es condenado a una pena que suspenda o límite su libertad de residencia o circulación, o si se prohíbe la salida de España del imputado en un proceso penal. A instancias del Ministerio del Interior si se le limita el derecho al pasaporte, en el contexto de un estado de alarma, excepción o sitio. A instancias de la autoridad gubernativa, durante la tramitación del expediente sancionador en el que se haya formulado propuesta de expulsión, entregándose un resguardo que acredite la medida adoptada.Derechos específicos Derecho y deber a la documentación Derecho a la reagrupación familiar |
La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que se vincula al derecho a la vida privada familiar. En virtud del mismo, su titular puede solicitar la concesión de un permiso de residencia para determinados familiares que la Ley configura como beneficiarios del derecho. Es titular del derecho el extranjero que haya residido legalmente en territorio español durante al menos un año y tenga autorización para residir al menos otro año. Por su parte, son familiares reagrupables, funda mentalmente, el cónyuge , los hijos menores de edad o incapacitados y los ascendientes que dependan económ icamente del reagrupante. Estos familiares deben residir fuera de España. La reagrupación tiene carácter estable, ya que no se extingue porque se rompa el vínculo familiar en el que se basara; pero sí se vincula la duración del permiso de residencia de los familiares reagrupados al del reagrupante. La modificación de la ley de extranjería por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, estableció que un familiar reagrupado solo podría reagrupar a otro cuando obtuviera un permiso de residencia independiente del de su titular, prohibiendo así la reagrupación "en cadena". Esta prohibición ya había sido previamente agregada por vía reglamentaria, pero declarada nula por el Tribuna l Supremo, ya que era en ese momento una limitación sin soporte legal.13 El régimen de entrada de extranjeros en territorio nacional se regula en los artículos 25 a 27 de la ley, que se desarrolla en los artículos 1 a 16 del reglamento. La normativa española ha tenido que adaptarse, por la pertenencia a la Unión Europea, a la regulación comunitaria. |
El Tratado de Ámsterdam comunitarizó estas materias e incluyó en el Tratado de la Comunidad Europea un Título IV relativo a "Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas". Se han aprobado al respecto determinados reglamentos comunitarios, especialmente en relación con los visados, y va rias Directivas. El Tribuna l Constitucional ha afirmado, en su Sentencia 72/2005, de 4 de abril, que la Constitución española no reconoce como derecho funda mental de los extranjeros el derecho de acceder al territorio español, y que será el legislador quien podrá reconoc erlo y condicionarlo al cumplimiento de determinados requisitos. La entrada legal es un presupue sto necesario para que la situación del extranjero sea conforme a la norma y pue da ejercer plenamente todos los derechos que la ley le reconoc e. El extranjero que desee entrar en España deberá hacerlo por los pasos fronterizos habilitados y durante las horas de apertura establecidas. Si se accede al país desde un Estado del espacio Schengen, al haberse suprimido los controles fronterizos, será el extranjero quien deberá declarar la entrada en el plazo de tres días hábiles en cualquier comisaría del Cuerpo N acional de Policía u Oficina de Extranjeros. Se solicita, además, que se cumplan los siguientes requisitos: Titularidad del pasaporte o título de viaje, o del documento de identidad u otro documento cuando se haya admitido como válido en virtud de acuerdos internacionales. Titularidad del correspondiente visado, si es exigible. Justificación del objeto y las condiciones de la estancia y de la tenencia de medios económicos suficientes para la estancia, o la forma de adquirirlos. El reglamento recoge qué documentos se entenderán suficientes. |
La acreditación se realizará si así se requiere por los funcionarios responsables del control de la entrada. En la práctica se exige de manera sistemática,14 pero el Tribunal Supremo ha afirmado que solo cabe solicitarlo si existen dudas sobre la verosimilitud de los motivos de entrada.15 En todo caso, los funcionarios poseen cierto margen de apreciación que, para parte de la doctrina, puede llevar a arbitrariedad.14 El Tribunal Constitucional ha establecido límites a dicho margen de apreciación al afirmar que ninguna circunstancia debe ser valorada sino en función de un juicio de probabilidad basado en la experiencia.16 Régimen de entrada |
Presentación, en su caso, de determinados certificados médicos, o sometimiento a un examen médico. No estar sujeto a una prohibición de entrada, que puede derivarse, entre otros, de una previa expulsión o devolución. No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido. Si se cumplen estos requisitos, se estampará en el pasaporte o similar el sello de control de entrada, salvo que exista una ley o conve nio internacional que exima de dicho requisito, y se permitirá el acceso. La denegación de entrada, de produc irse, deberá ser motivada. Se informará al extranjero sobre los recursos que pueda interpone r, el plazo y la autoridad competente, así como los derechos que le asisten a la asistencia de aboga do y, si es necesario, de intérprete. De acuerdo con el artículo 29, los extranjeros pueden encontrarse en situación de estancia o residencia. La estancia, con carácter general, tiene una duración máxima de tres meses, salvo supuestos excepcionales de prórroga y el régimen especial aplicable a los estudiantes. La residencia puede ser temporal o, pa sados cinco años ininterrumpidos bajo dicha situación, devenir permanente. A estas dos situaciones administrativas debe añadirse la de tránsito. El tránsito no conlleva la voluntad de permanecer en el territorio español. Se distingue entre tránsito territorial, situación en la que se encuentran los extranjeros autorizados para desplazarse por el espacio Schengen desde un tercer Estado hasta otro que los admita, y tránsito aeroportuario, en el que se permite permanecer en la zona de tránsito internacional de un aeropue rto, durante escalas o enlaces de vuelos, sin acceder al territorio español. |
Con carácter general, salvo que esté prevista la no exigencia, es necesario el visado para ambas clases de tránsito. Se halla en situación de estancia el extranjero que, sin ser titular de un permiso de residencia, está autorizado para permanecer en España durante un máximo de tres meses en un período de seis. La estancia se corresponde con una breve permanencia por motivos turísticos, de negocios o visita a familiares, entre otros. La estancia se autoriza a través del correspondi ente visado de estancia, salvo que el extranjero sea nacional de uno de los Estados a los que no s e le exige. Los supue stos de estancia que requieren visado tienen una duración máxima de tres meses en un plazo de seis. Puede prorrogarse a solicitud del interesado si el visado tenía una duración menor de tres meses y hasta ese límite, siempre que se acrediten razones que justifiquen la prórroga. La estancia de los extranjeros que no requieren visado es también de tres meses en un plazo de seis, y pueden prorrogarse hasta los seis meses pero solo por circunstancias excepcionales.Situaciones administrativas de los extranjeros Tránsito Estancia |
La ley denomina también como de estancia el régimen especial de los estudiantes, cuya permanencia puede ser mucho m ás prolonga da. La residencia es la permanencia en territorio español por un tiempo superior a nove nta días. Puede ser temporal (hasta cinco años) o pe rmanente. La residencia temporal tiene una duración mínima de nove nta días y máxima de cinco años. La autorización se concede a través de una autorización administrativa otorgada en el marco de un procedimiento administrativo complejo, que concluye con la concesión del visado, salvo en los supue stos de residencia por circunstancias excepcionales. El acto de autorización puede tener un contenido diverso, en función de la clase de residencia de que se trate. Existen diferentes supue stos de residencia temporal, cada uno de los cuales tiene diferentes presupue stos y condiciones, y que se regulan en el artículo 31 de la ley y 35 a 70 del reglamento. Sin realizar actividades lucrativas (arts. 35 a 37): se solicita personalmente por el extranjero ante la administración española en el exterior, siendo necesario acreditar que se dispone de medios de vida suficientes. En virtud de reagrupación familiar (arts. 38 a 44): se solicita personalmente por el extranjero reagrupante ante la administración española. Deberá aportar la documentación que demuestre los vínculos familiares con los extranjeros reagrupados, así como una vivienda adecuada y medios suficientes para mantenerlos. Concedida la autorización, el reagrupado debe solicitar el visado ante la administración española en el país del que sea nacional, que vuelve a examinar el cumplimiento de los requisitos. En supuestos excepcionales (arts. 45 a 47), que comprenden razones de protección internacional, razones humanitarias, de colaboración con la justicia o los diferentes supuestos de arraigo. |
La autorización de residencia por razones de arraigo podrá concederse a quien demuestre la permanencia en situación irregular de manera continuada durante tres años junto con su integración en España (arraigo social) o la existencia de vínculos familiares con otros extranjeros residentes (arraigo familiar), o la permanencia durante dos años unido a la existencia de relaciones laborales durante al menos un año (arraigo laboral). Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración ilimitada (arts. 48 a 54): la solicitud inicial se realizará por el empresario interesado, ante la administración española. La oferta deberá ser compatible con la situación nacional de empleo, lo que significa que los nacionales españoles o comunitarios tienen preferencia para ocupar el puesto ofertado. No están sujetos a esta obligación los extranjeros que cumplan uno de los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley, ni los nacionales de Perú o Chile, en virtud de determinados convenios internacionales. Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración limitada temporalmente (arts. 55 a 57) Para el desarrollo de un trabajo por cuenta propia (arts. 58 a 62): la solicitud se presenta por el extranjero ante la oficina consular correspondiente. Debe acreditar el cumplimiento de los requisitos que la legislación española exige a los nacionales para desempeñar la actividad que se planee realizar, así como la suficiencia de la inversión y la previsión de que el ejercicio de la actividad producirá recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la actividad y el sustento del interesado, desde el primer año.Residencia Residencia temporal |
Para el desarrollo de un trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios (arts. 63 a 67) Para el desarrollo de un trabajo por aquellas personas exentas de la autorización de trabajo (arts. 68 a 70) La autorización de residencia permanente faculta al extranjero para residir en España indefinidamente. Lleva también aparejado el permiso para trabajar en igualdad de condiciones con los españoles. La categoría está promovida desde el ámbito comunitario europeo, a través de la Directiva 2003 /109/CE del Consejo, de 25 de novi embre. Con carácter general, están habilitados para solicitar la residencia permanente los extranjeros que hayan residido legal y continuadamente durante cinco años. Existen además una serie de supue stos específicos en los que puede concederse la autorización de residencia permanente: Los extranjeros residentes que tengan derecho la prestación de una pensión contributiva de jubilación por parte de la Seguridad Social española, o de una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Los nacidos en España que acrediten haber residido legalmente en España durante los tres años inmediatamente anteriores a la mayoría de edad. Los extranjeros que hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los cinco años anteriores a la mayoría de edad. Los españoles de origen que hayan perdido la nacionalidad española. Los apátridas o refugiados reconocidos por España y que se encuentren en territorio español. Los extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. La autorización en este caso se concederá por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministro del Interior. |
Tiene la consideración de estudiante el extranjero cuyo m otivo úni co o pr incipal de entrada en España sea el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación no remunerados, en centros públicos o privados reconoc idos. Los estudiantes no podrán realizar actividades lucrativas, salvo aquellas para las que se les autorice expresamente, que deberán ser compatibles con los estudios y no tener como objeto obt ener recursos necesarios para la estancia. El tratamiento jurídico de la situación de los estudiantes extranjeros ha sido objeto de sucesivos cambios. En la ley de extranjería de 1985 se hacía referencia a una situación de permanencia. Posteriormente, la Ley 4/2000 originaria la calificó como de residencia; pero la reforma por Ley 8/2000 introdujo el término estancia, que se consolidó en la última reforma, por Ley 13/2003. No obstante, la Directiva 2004/ 114/CE del Consejo, de 13 de diciembre dispone que al estudiante extranjero se le expedirá un "permiso de residencia", lo que presumiblemente replanteará la discusión y obl igará a una nueva modificación.17 En la actualidad, por el momento, la situación de los estudiantes es de estancia, si bien se trata de un régimen de estancia singular, ya que no está sometido al límite general de nove nta días. Uno de los principales motivos es evitar la adquisición de la nacionalidad española a través de la residencia, dada la facilidad de acceder a territorio español con un visado de estudiante. Entendiendo que los concepto civil y administrativo de residencia son los mismos, la calificación de la situación del estudiante como de estanciaResidencia permanente Régimen especial de estudiantes |
impide el acceso a la nacionalidad. No obstante, existe una jurisprudencia incipiente del Tribuna l Supremo de la que se deduce que se trata de conceptos autónom os;18 además, la Expos ición de Motivos de la Ley 36/2002, que reforma el Código Civil español establece que la residencia debe ser efectiva, lo que apoya ría la tesis de que lo que se solicita es que el extranjero se encuentre efectivamente en España y no esté sujeto a ninguna orden de expulsión.19 La duración de la autorización de estancia es la del curso o investigación, con un máximo de un año, renova ble siempre que el estudiante acredite el aprovechamiento académico. La autorización se concede mediante el visado, que suma así a su función de facultar para la entrada en España la de permitir la presencia en territorio nacional. La solicitud debe presentarse por el estudiante en la oficina consular de su país de origen o, si se trata de un menor, por sus padres o tutores o un representante debidamente acreditado. Debe acreditarse la admisión en un centro docente o científico, público o privado oficialmente reconoc ido, además de la tenencia de medios económ icos suficientes para costearse los estudios, estancia y regreso al país de origen. Para solicitar la nacionalidad por residencia española hay diferentes requisitos, dependiendo de si quieres una autorización de larga duración, para hijos menores de edad, para familiar comunitario o para personas comunitarias.20 Si quieres obtener la residencia de larga duración se tiene que demostrar que se ha residido en España durante los últimos 5 años. No es necesario haber cotizado en la Seguridad Social pero sí es importante el número de veces que se ha salido del país. No se permite salir más de 10 meses en los últimos 5 años y nunc a más de 6 meses seguidos. Para acreditarlo, se presenta el pasaporte. |
Si se tiene un hijo que ha nacido en España, se puede obtener la autorización por residencia española si uno de los progenitores tiene vigente una autorización por residencia en España. En estos casos, se tiene que acreditar filiación y presentar el empadronamiento. En los casos en los que no haya nacido en España, tendrá que haber permanecido en España durante 2 años y uno de los progenitores posea la autorización por residencia vigente. También es necesario acreditar escolarización, una vivienda y medios económ icos. Si se quiere obtener una autorización de residencia española de familiar comunitario, como pueden ser ascendientes directos o indirectos, cónyu ges, parejas de hecho o familiares a cargo, se tiene que acreditar vínculo familiar, medios económ icos suficientes y de pendencia económ ica.Requisitos para solicitar la nacionalidad por residencia Requisitos para obtener una autorización por residencia de larga duración Requisitos para un hijo menor de edad Requisitos para familiar comunitario Requisitos para personas comunitarias |
Si quieres solicitar la autorización por residencia en España de personas comunitarias de la Unión Europea, es necesario registrarse como ciudadano comunitario que reside en España, acreditar medios económ icos suficientes y/o presentar un c ontrato de trabajo. El régimen sancionador se recoge en la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo, así como en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/ 1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Administración. Pueden ser sujetos activos de las infracciones tanto personas físicas como jurídicas, ya sean nacionales o extranjeros, en función de la naturaleza de la infracción. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy gr aves. Son infracciones leves las omisiones o retrasos en las comunicaciones obligatorias de cambio de nacionalidad, estado civil, domicilio o ciertas circunstancias determinantes de la situación laboral del extranjero; el retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renova ción de autorizaciones o trabajar por cuenta propia con permiso de residencia pero sin el permiso de trabajo correspondi ente. Estas infracciones se castigan con multa de hasta 500 euros. Son infracciones graves las siguientes: La estancia irregular en España, bien por no haber obtenido la autorización, no haber solicitado la prórroga de la misma o haberse denegado esta. Estar trabajando en España sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo. Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio. |
El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población determinados. La participación por un extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año. Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. No solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.Infracciones y régimen sancionador Infracciones Infracciones leves Infracciones graves |
Las infracciones graves se sancionan con multa de 501 a 10 000 euros, sustituible por la expulsión del extranjero del territorio nacional para las cinco primeras infracciones listadas arriba. Se sancionan con multa de 10.001 a 100.000 euros, sustituible para infractores extranjeros por la expulsión del territorio nacional. Son infracciones muy gr aves: La realización de actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado La realización de conductas discriminatorias El transporte irregular de extranjeros por transportistas, el incumplimiento de la obligación de estos de comprobar la validez y vigencia de la documentación de los extranjeros, así como de hacerse cargo del extranjero no autorizado a entrar en España La comisión de una tercera infracción grave en el plazo de un año La contratación de trabajadores extranjeros que no tengan permiso de trabajo: en este caso se impone una multa por cada trabajador en situación irregular que se contratara. En los casos de autorizaciones limitadas a un sector de actividad determinado, cierta jurisprudencia entiende que no constituye infracción contratar al inmigrante para trabajar en un sector diferente.21 La inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la inmigración clandestina: en este caso, la multa será de 5.000 a 10 000 euros por cada viajero transportado o un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado. La ley prevé las penas de multa, decomiso y clausura de locales y establecimientos. Además establece en determinados supue stos, como sanción sustitutiva de la multa, y solo para el caso de extranjeros, la expulsión y prohibición de entrada en el territorio español por un plazo de tres a diez años. En estos casos, la expulsión puede acordarse para sanciones muy graves y para las graves que expresamente establece la ley. |
Como muchos de los extranjeros a los que se impone la multa están en situación irregular, el cobro de la misma es problemático: por ello, en la práctica se tiende a privilegiar la expulsión,22 aunque la jurisprudencia del Tribuna l Supremo afirma que, en los casos de permanencia irregular en territorio español, debe imponerse preferentemente una multa si esta es la única infracción administrativa en que ha incurrido el extranjero.23 La expulsión también se prevé como medida sustitutiva de la pena de prisión inferior a seis años o cuando, siendo superior, el extranjero haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. Esta previsión legal, incorporada al artículo 89 del Código Penal en 2003, ha sido criticada también por el Tribuna l Supremo, que afirma que es asistemática y perturbadora de la legalidad penal, y que se aparta de los fines de reinserción y r ehabilitación social que la Constitución española otorga a la pena. Los efectos de la sanción de expulsión es triple. En primer lugar, determina la salida obligatoria del territorio español, en el plazo que establezca la resolución, que no será inferior a 72 horas. En segundo lugar, lleva aparejada la prohibición de entrar en España en un plazo que se establece con carácter proporcional a la infracción cometida, con un límite inferior de tres años y un límite superior de diez. Esta prohibición seInfracciones muy graves Expulsión de extranjeros |
extiende a los territorios de los Estados con los cuales España ha suscrito un acuerdo en tal sentido. Finalmente, la expulsión implica la extinción de cualquier autorización de permanecer en España y el archivo el procedimiento iniciado con tal objeto. Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho. Acuerdo de Schengen Autorización Código comunitario sobre visados Entrada Estancia Inmigración en España Integración social Ley de emprendedores Misión diplomática Oficina consular Permanencia Permiso de trabajo (España) Permiso de residencia Permiso de residencia para inversionistas Residencia Visado Sánchez Jiménez, Mª Ángeles (coord.) (2005). Derecho de Extranjería. Un análisis legal y jurisprudencial del Régimen Jurídico del extranjero en España. Murcia: DM. ISBN 84-8425-430- 5. Ortega Martín, Eduardo (2005). Manual de Derecho de Extranjería. Madrid: Europea de Derecho. ISBN 84-96151-89-1. Ortega Martín, Eduardo (2010). Manual de Derecho de Extranjería 4ª Edición. Madrid: LA LEY (grupo Wolters Kluwer). ISBN 978-84-8126-373-2. 1. Sánchez Jiménez, pág. 95 2. Especial El Mundo: 1970-2005: De la emigración a la inmigración (http://www.elmundo.es/es peciales/2005/02/sociedad/inmigracion/ley/ley2.html) 3. Sánchez Jiménez, pág. 96 4. El Mundo, Los grupos fuerzan al PP a aprobar ya la ley de extranjería (http://www.elmundo.e s/1999/11/11/sociedad/11N0055.html). Noticia de 11 de noviembre de 1999 5. |
Luis M. Sáenz, Ley de extranjería: mucha lealtad, pocos derechos (http://www.inisoc.org/leye x.htm) Archivado (https://web.archive.org/web/20070928040911/http://www.inisoc.org/leyex.hVéase también Referencias Bibliografía Notas y referencias |
tm) el 28 de septiembre de 2007 en Wayback Machine. 6. Información en la página del Congreso (http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/cro nologia/cronologia.jsp?anio=2000) Archivado (https://web.archive.org/web/2007040719055 9/http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/cronologia/cronologia.jsp?anio=2000) el 7 de abril de 2007 en Wayback Machine.. 7. Ver noticia (https://web.archive.org/web/20061211054625/http://www.cesarsalgado.net/2000/ 000727.htm) 8. El Mundo, Los «sin papeles» serán expulsados si Interior no les concede asilo político (htt p://www.elmundo.es/2000/07/08/sociedad/8N0105.html). Noticia de 8 de julio de 2000 9. Partiendo de la STC 107/1984, y mediante también las SSTC 99/1985, 115/1987, 112/1991, 94/1993, 116/1993, 242/1994, 130/1995, 24/2000, 95/2000 y 95/2003 10. Sánchez Jiménez, pág. 167 11. STC 169/2001, de 16 de julio, y STS de 27 de octubre de 2004 12. Ortega Martín, Cap. II, 60 13. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003 14. Sánchez Jiménez, pág. 352 15. Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2005 16. Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001, de 29 de enero; citada en Ortega Martín, cap. VII, 20 17. Sánchez Jiménez, pág. 383 18. SSTS de 23 de mayo de 2001 y 6 de noviembre de 2001 19. |
Sánchez Jiménez, pág. 384 20. Nacionalidad : Nacionalidad por Residencia (https://comovalomio.info/como-obtener-nacion alidad-residencia/) 21. Véase, por ejemplo, la Sentencia (https://web.archive.org/web/20070929085555/http://www.i ntermigra.info/extranjeria/archivos/jurisprudencia/StSancion.PDF) de 9 de marzo de 2007 del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza 22. Sánchez Jiménez, p. 645 23. Jurisprudencia consolidada en las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2005, 27 de enero de 2006, 31 de enero de 2006 y 10 de febrero de 2006 Ley de Extranjería: «Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social» (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=B OE-A-2000-544). Boletín Oficial del Estado (10): 1139-1150. 12 de enero de 2000. ISSN 0212- 033X (https://portal.issn.org/resource/issn/0212-033X). BOE-A-2000-544. Reglamento de Extranjería: «Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009» (https://www.boe.e s/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703). Boletín Oficial del Estado (103): 43821-44006. 30 de abril de 2011. ISSN 0212-033X (https://portal.issn.org/resource/issn/0212-033X). |
BOE-A-2011-7703. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (http://extranjeros.mtas.es/) de EspañaEnlaces externos Legislación Otros |
Extranjería e Inmigración en España (https://web.archive.org/web/20070329063644/http://w ww.extranjeros.es/) Obtención de la residencia por arraigo social o laboral (https://web.archive.org/web/2009022 1013444/http://arraigo.com.es/) Información y trámites a la hora de contratar a un extranjero en España (https://web.archive. org/web/20160311160226/http://www.contrataremigrantes.com/) Requisitos legales y consejos prácticos para poder entrar en España como turista (https://we b.archive.org/web/20091014012454/http://comoturista.com.es/) Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Extranjería_de_España&oldid=156263951» |
I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 26331INSTRUMENTO de Adhesión de España a la Con vención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. JUAN CAI1LOS I REY DE ESPAÑA Aprobados por las Cortes Españolas el texto de la Conven ción sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1851, y el texto del Protocolo sobre el Estatuto de Jos Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, Autorizado por consiguiente para proceder a la adhesión a los mismos, Vistos y examinados los 46 artículos, el anejo y el apéndice que integran la Convención y los 11 artículos que integran el Protocolo, Extiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de que, mediante su depósito, España pase a ser parte en la Con vención, de conformidad con su artículo 39, y en el Protocolo, de conformidad con su artículo V, con las siguientes declaracio nes y reservas: A) De acuerdo con lo previsto en la sección B, apartado l.“, del artículo 1. a los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951», que figuran en el artículo I, sección A, se entenderá como «acon tecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar»; |
B) De oonformidad con el artículo 42 de la Convención y con el VII del Protocolo: a) La expresión «el trato más favorable» será interpretada en todos los artículos en que es utilizada en el sentido de que no incluyeh los derechos que por ley o por tratado se conceden a los nacionales portugueses, andorranos, filipinos o de países ibe roamericanos, o a los nacionales de países con los que se conclu yan acuerdos internacionales de carácter regional. b) El Gobierno de España no considera el artículo 8." como una norma vinculante, sino como una recomendación. c) El Gobierno de España se reserva la aplicación del artícu lo 12, párrafo 1. El párrafo 2 del artículo 12 será interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a los derechos adquiridos por un refugiado con anterioridad al momento en que obtuvo, en cualquier país, la condición de tal. d) El artículo 26 de la Convención será interpretado en el sentido de que no impide la adopción de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados, de conformidad con la legislación española. En fe de lo cual, firmo el presente, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. Dado en Madrid a 22 de julio de 1978. JUAN CARLOS El Ministro de Asuntas Exteriores, MARCELINO OREJA AGUIRRE CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Preámbulo Las Altas Partes' Contratantes. |
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la De claración Universal de Derechos del Hombre, aprobada el 10de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, de ben gozar de los derechos y libertades fundamentales; Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales; Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuer dos internacionales anteriores referentes al Estatuto de los Re fugiados y ampliar, mediante un nuevo acuerdo, la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados; Considerando que la concesión del derecho ,de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional; Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados; Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la apli cación de las convenciones internacionales que aseguran la pro tección a los refugiados, |
y reconociendo que~la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comi sionado; Han convenido en las siguientes disposiciones:. CAPITULO I Disposiciones generales ARTICULO 1 Definición del término «refugiado » A. A los efectos de la presente Convención, el término «re fugiado» se aplicará a toda persona: 1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados; Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización In ternacional de Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a per sonas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección. |
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de / ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenen cia a determinado grupo social u opiniones politic as, se encuen tre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse á la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En los casos de personas que tengan más de una nacionali dad se entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean, y no se considerará carente de la protección del país de su na cionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea. B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951» que figuran en el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse como:. |
a) «Acontecimientos ocurridos ante del 1 de enero de 1951 en Europa», o como; b) «Acontecimientos ocurridos antes del l de enero de 1951, en Europa o en otro lugar». Y cada Estado contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, una declaración en , que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con res pecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la pre- sen te Convención. 2) Todo Estado contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá en cualquier momento extender sus obligaciones, median te la adopción de la fórmula b), por notificación dirigida al Se cretario general de las Naciones Unidas. C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Con vención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente: 1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protec ción del país de su nacionalidad; o 2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente, o 3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad, o 4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o 5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su naciona lidad. |
Queda entendido, sin embargo , que las disposiciones del pre sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones an teriores; 6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del pre sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían su residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. D. Esta Convención no será aplicable a las personas que re ciban actualmente protección o asistencia de un órgano u orga nismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado/ de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cual quier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solu cionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán, «ipso facto», derecho a los bene ficios del régimen de esta Convención. |
E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quie nes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país. F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar dis posiciones respecto de tales delitos; b) que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él. como refugiada; c) que se ha hecho culpable de actos contrarios a las fina lidades y a los principios de las Naciones Unidas. ARTICULO 2 Obligaciones generales Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en, espacial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, asi como medidas adoptadas para el man tenimiento del orden público.ARTICULO 3 Prohibición de la discriminación Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. ARTICULO 4 Religión Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favora ble como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instruc ción religiosa de sus hijos. |
ARTICULO 5 Derechos otorgados independientemente de esta Convención Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios inde pendientemente de esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados. ARTICULO 6 La expresión «en las mismas circunstancias » A los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas circunstancias» significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigiría si no fuese refugiado (y en par ticular los referentes a la duración y a las condiciones de estan cia o de residencia) para poder ejercer el derecho de qué se trate, excepto loS requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado. ARTICULO 7 Exención de reciprocidad 1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros en ge neral. 2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfrutarán en el territorio de los Estados Con tratantes la exención de reciprocidad legislativa. 3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refu giados los derechos y beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado. 4. |
Los Estados Contratantes examinarán con buena disposi ción la posibilidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3. 5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los derechos y beneficios no previstos en ella. ARTICULO 8 Exención de medidas excepcionales Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adop tarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de. sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este articulo otorga rán en los casos adecuados exenciones en favor de tales re fugiados. |
ARTICULO 9 Medidas provisionales Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excep cionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, res pecto a determinada persona, las medidas que estime indispen sables para la seguridad nacional hasta que tal Estado Contra- |
tante llegue a determinar que tal persona es realmente un re fugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional. ARTICULO 10 Continuidad, de residencia 1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la se gunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante y resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio. 2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda gue rra mundial, deportado del territorio de un Estado Contratante y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la pre sente Convención para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará como un período ininterrumpido en todos los casos en qué se requiera residencia ininterrumpida. ARTICULO 11 Marinos refugiados En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará con benevolen cia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admi tirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país. CAPITULO II Condición jurídica ARTICULO 12 Estatuto personal 1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de.su residencia. 2. |
Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, serán respetados por todo Estado Con tratante, a reserva, en su caso, del cumplimiento de las for malidades establecidas por la legislación de dicho Estado y siempre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del respectivo Estado si el interesado no hubiera sido refugiado. ARTICULO 13 Bienes muebles e inmuebles Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los .extranjeros en las mismas circunstancias, respecto de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. ' ARTICULO 14 Derechos de propiedad intelectual e industrial En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autbr sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de'tal país. En el territorio de cual quier otro Estado Contratante se le concederá la misma protec ción concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente. |
ARTICULO 15 Derecho de-asociación En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucra tivas y a los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable voncedido en las mismas circuns tancias a los nacionales de un país extranjero.ARTICULO 16 Acceso a los Tribunales 1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refu giado tendrá libre acceso a ios Tribunales de-Justicia. 2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia ha bitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los Tribunales, incluso la asistencia judi cial y la exención de la caución «judicatum solvi». 3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual. CAPITULO III Actividades lucrativas ARTICULO 17 Empleo remunerado 1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legal mente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de paí ses extranjeros. 2. |
En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para prote ger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los re fugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante inte resado, o .que reúnan una de las condiciones siguientes: a) Haber cumplido tres años de residencia en el país; b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge; c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia. 3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos re munerados, de los derechos de todos los refugiados a los dere chos de los nacionales, especialmente para los refugiados que Kayán entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de in migración. Articulo is Trabajo por cuenta propia Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente -en el territorio de tal Estado el fráto más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el .concedido en las mismas circunstancias generalmente a los ex tranjeros en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer Compañías comerciales e indus triales. |
ARTICULO 10 Profesiones liberales 1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme á sus leyes y constituciones, el asentamien to de tales refugiados en los territorios distintos del metropoli tano, de cuyas relaciones internacionales sean responsables. CAPITULO IV Bienestar ARTICULO 20 Racionamiento Cuando la población en su conjunto esíé sometida a un sis tema de racionamiento que reglamente la distribución general |
de productos que escaseen, los refugiados recibirán el mismo trato que los nacionales. ARTICULO 21 Vivienda En materia de vivienda, y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las auto ridades oficiales, los Estados Contratantes concederán ' a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros. ARTICULO 22 Educación pública 1. Los Estados Contratantes* concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la ense ñanza elemental. 2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favora ble que el concedido en las mismas circunstancias a los ex tranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de b.ecas. ARTICULO 23 Asistencia pública Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mis mo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos. ARTICULO 24 Legislación del trabajo y Seguros Sociales 1. |
Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando for men parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de , los beneficios de los contratos co lectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas. b) Séguros Sociales (disposiciones legales respecto a acci dentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, en fermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, res ponsabilidades familiares y cualquiera otra contingencia que, conforme a las leyes o reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones si guientes: i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conserva ción de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición. |
ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concer nientes a los beneficios o la participación en los beneficios pa gaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación pres critas para la concesión de una pensión normal. „ 2. El derecho a indemnización por la muerte de un refu giado, a resultas de accidentes del trabajo o enfermedad pro fesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derecho- habiente resida fuera del territorio del Estado Contratante. 3. Los Estados Contratantes harán extensivos á los refugia dos los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o con cluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos adqui ridos y de los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo lo posible, de los be neficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes. CAPITULO V Medidas administrativas ARTICULO 25 Ayuda administrativa 1. |
Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado ne cesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda. 2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán, o harán que bajo su vigilancia se expidan, a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serian expedi dos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por con ducto de éstas. 3. Los documentos o certificados así expedidos reemplaza rán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario. 4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los re fugiados indigentes, pueden asignarse derechos por los servi cios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos. 5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28. |
ARTICULO 28 Libertad de circulación Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. ARTICULO 27 Documentos de identidad Los Estados Contratantes-expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Es tados y que no posea un documento válido de viaje. ARTICULO 28 Documentos de viaje 1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados do cumentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, y las disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el terri-: torio de tales Estados y tratarán con benevolencia a los refu giados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que residan legalmente. 2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo. |
ARTICULO 29 Gravámenes fiscales 1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas. |
, 2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá apli car a los refugiados las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad. ARTICULO 30 Transferencia de haberes 1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Es tado.- 2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los refugiados para que se les per mita transferir sus haberes, donde quiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos. ARTICULO 31 Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones pena les, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refu giados que, llegando directamente del territorio donde.su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. |
Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones sé aplicarán únicamente hasta que se haya re gularizado su situación en el país o hasta que el refugiado ob tenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes con cederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facili dades necesarias para obtener su admisión en otro país. Articulo 32 Expulsión 1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado al guno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. 2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los pro cedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la auto ridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados Contratantes-concederán, en tai caso, al re fugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se re servan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias. ARTICULO 33 Prohibición de expulsión y de devolución («refoulemen t») 1. |
Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devo lución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado gru po social o de sus opiniones políticas. 2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la pre sente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena de finitiva por delito particularmente grave, constituya una ame naza para la comunidad de tal país. '. ARTICULO 34 Naturalización Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Se esforza rán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites.CAPITULO VI Disposiciones transitorias y de ejecución ARTICULO 35 Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas 1. Los Estados Contratantes Se comprometen a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquiera otro organismo de laS Nacio nes Unidas que le sucediere en el ejercicio de sus funciones, y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención. 2. |
A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a ios órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de: a) La condición de los refugiados. b) La ejecución de esta Convención. c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados. ARTICULO 38 Información sobre leyes y reglamentos nacionales Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario general de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los regla mentos que promulgaren para garantizar la aplicación de esta Convención. ARTICULO 37 Relación con Convenciones anteriores Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención reemplaza entre las Partes en ella a los Acuer dos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las Conven ciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Pro tocolo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octu bre de 1946. |
CAPITULO VII Cláusulas finales ARTICULO 38 Solución de controversias Toda controversia entre las Partes en esta Convención, res pecto de su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Inter nacional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia. ARTICULO 39 Firma, ratificación y adhesión 1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951, y después de esa fecha será depositada en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951 y quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952. 2. Esta Convención estará abierta a la firma do todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de cual quier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotencia rios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apatridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser rati ficada, y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. |
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. |
ARTICULO 40 Cláusula de aplicación territorial 1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal decla ración surtirá efecto a partir del momento en que la Conven ción entre en vigor para el Estado interesado. 2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los noventa días, contados a partir de la fecha en la cual el Secretario general de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posi ble, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del consenti miento de los Gobiernos de 'tales territorios, cuando sea nece sario por razones constitucionales. |
ARTICULO 41 Cláusula federal Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se apli carán las disposiciones siguientes: a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legis lativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en .esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales. b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades com petentes de los Estados, provincias o cantones. c) . Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquiera otro Estado Contra tante que le haya sido transmitida por el Secretario general de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación ■y en sus unidades cons tituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición. ARTICULO 42 Reservas 1. |
En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16, párrafo 1); 33 y 36 a 46 inclusive. 2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. ARTICULO 43 Entrada en vigor 1. Esta Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, 2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 'del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha del depósito por tal Estado de su 'instrumento de ratificación o de adhesión. ARTICULO 44 Denuncia 1. Todo Estado contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Se cretario general de las Naciones Unidas.2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el Secretario general de las Naciones Unidas la haya recibido. 3. |
Todo Estado que haya hecho una declaración o una noti ficación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al Secretario general de las Na ciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a deter minado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario general haya recibido esta notificación. ARTICULO 45 Revisión 1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario general de las Na ciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención. 2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomen dará las medidas que eventualmente hayan de adoptarse res pecto de tal petición. ARTICULO 46 Notificación del Secretario general de las Naciones Unidas El Secretario general de. |
las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las Naciones' Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39 acerca de: ; a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 1; b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39; c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40; d) Las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42; e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al articulo 43; f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el ar tículo 44; g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45. En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus .respectivos Gobiernos la presente Convención. Hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Na ciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el ar tículo 39. ANEXO PARRAFO 1 1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de esta Convención será conforme al modelo que figura en el ad junto apéndice. 2. El documento estará redactado por lo menos en dos idio mas, uno de los cuales será el inglés o el francés. |
PARRAFO 2 Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de .un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto. PARRAFO 3 Los derechos que se perciban por la expedición del docu mento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales. PARRAFO 4 Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor número posible de países. PARRAFO 5 El documento tendrá validez por uno o dos años, a discre ción de la autoridad que lo expida. |
PARRAFO 6 1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad qué lo expida, mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legal mente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior. 2. Los representantes diplomáticos o consulares, especial- mente autorizados a tal efecto, estarán facultados para prorro gar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos. 3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad dé renovar o prorrogar la validez de los docu mentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugia dos que ya no residan legalmente en el territorio de tales Esta dos y no puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal. PARRAFO 7 Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los docu mentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención. PARRAFO 8 Las autoridades competentes del país al cual desee trasla darse el refugiado, si están dispuestas a admitirle y si se requiere un visado, visarán el documento que posea. PARRAFO 9 1. - Los Estados Contratantes se comprometen a expedir vi sados de tránsito a los refugiados! que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo. • 2. |
Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de visado a cualquier ex tranjero. PARRAFO 10 Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada. • o de tránsito no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros. PARRAFO 11 Cuando un refugiado haya establecido legalmente su resi dencia en el territorio de otro Estado Contratante, la responsa bilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá -solicitarlo el refugiado. PARRAFO 12 La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, si el an tiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo. PARRAFO 13 1. Cada Estado Contratante se compromete a permitir al titular de un documento de viaje expedido por tal Estado con arreglo al articula 28 de esta Convención, regresar a su territo rio en cualquier momento durante el plazo "de validez dél do cumento. 2. |
Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de ese docu mento se someta a todas las formalidades que pueden impo nerse a los que salen del país o a los que regresan a él. 3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos excepcio nales o en casos en que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses. PARRAFO 14 Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida. PARRAFO 15 Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad._ _ _ PARRAFO 16 La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes diplomáticos o consulares del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho de protección. APENDICE Modelo de documento de viaje El documento tendrá la forma de una libreta (aproximada mente 15 x 10 centímetros). |
Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda ras padura o alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras «Convención del 25 de julio de 1951* se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento. (Cubierta de la libreta) DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 25 de julio de 1951) N.° ................................... . (1) DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 25 de julio de 1951) Este documento expira el ........................................ . a menos que Su validez sea prorrogada o renovada. Apellido (s) ............................................ :.................................................. Nombre (s) ............... .................................................................................. Acompañado por ................................................ :.................. (niños). 1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar-al titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional. No prejuzga ni modifica en modo alguno la nacionalidad del titular. 2. El titular está autorizado a regresar a .»............................... ............. ,............................. lindiquese el país cuyas autoridades expiden el documento! el o antes del .................................... ........... , a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ul terior. 1E1 plazo durante el cual el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres meses. 1 3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento, deberá, si desea viajar de nuevo, soli citar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su residencia. |
IEl antiguo documento de viaje será re mitido a la autoridad que .expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió.! (1) (2) Lugar y fecha de nacimiento ............................................................. Profesión ....................... ........ .............................. ................................ . Domicilio actual '...................................... ................................................ (*) Apellido(s) de soltera y nombre(s) de la esposa ............ ........ (*) Apellido(s) y nombre(s) del esposo .......... ............................. Descripción Estatura ............................................................. Cabello ............ .................................................. Color de los ojos .................................. ......... Nariz ...................................... ............ .............. Forma de la cara ............................................ Color de la tez ............................................... Señales particulares ...................................... (1) La frase entre paréntesis cuadrados podrá ser insertada por los Gobiernos que lo deseen. |
Niños que acompañan al titular Lugar de Apellido (s) Nombre (s) nacimiento Sexo Táchese lo que no sea del caso. (Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.) (3) Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento Huellas digitales del titular (si se requieren) Firma del titular .......................................................................................... (Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.) (4) 1. Este documento es válido para los siguientes países: 2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el presente documento: Expedido en ......................................... . Fecha .................................. ...................... Firma y sello de la autoridad que expide el documento: Derechos percibidos: (Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.) (5) Prórroga o renovación de validez Derechos percibidos: Hecha en ................................... Desde ............. ................... ................ Hasta ................................................. Fecha ......................... ........... ........... Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: Prórroga o renovación de validez Derechos percibidos: Hecha en ................................... Desde ............ ..................................... Hasta ................ ................................. Fecha ................................................. Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: (Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.)(6) Prórroga o, renovación de validez Derechos percibidos: Hecha en .................................. ; Desde .......... ...................................... . |
Hasta ..................... ........................ Fecha ............ ~................................... Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento:; Prórroga o renovación de validez Derechos percibidos: Hecha en ......................... ...... t: Desde ................................. ;.............. . Hasta ................................................. . Fecha ................................................. . Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: (Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.) (7-32) .Visados En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento. (Este .documento contiene ....... páginas, sin contar la cubierta.) RESOLUCION 2198 (XXI) DE LA ASAMBLEA GENERAL Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados La Asamblea General, Considerando que la Convención sobre el, Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 (1), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condi ción como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951; Considerando que han surgido nuevas situaciones de refu giados desde que la Convención fue adoptada y que hay la po sibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en él ámbito de la Convención; Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de enero de 1951, Tomando nota de la recomendación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2), |
tendiente a que el proyecto de Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados /sea presentado a la Asam blea General, después de ser examinado por el Consejo Eco nómico y Social, a fin de que pueda autorizarse al Secretario general de las .Naciones Unidas a abrir el Protocolo a la adhe sión de los gobiernos lo antes posible; Considerando que, en su resolución 1188 (XLI) de 18 de noviembre de 1966, el Consejo Económico y Social ha tomado nota con aprobación del proyecto de Protocolo -que figura en la adición al informe anual del Alto Comisionado de las Na ciones Unidas para los Refugiados y que contiene medidas en caminadas a ampliar el alcance de la Convención en lo que se refiere a las personas a las que se aplica (3) y ha transmitido dicho documento a la Asamblea General, ■ . / 1. Toma nota del Protocolo sobre el Estatuto de los Refu giados, cuyo texto (3) figura en la adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; (1) Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, 1954, núm. 2.545. (2) Véase A/6311/Rev. 1/Add. 1, parte 11, párr. 38. (3) lbld., parte I, párr. 2. |
2. Pide al Secretario general que transmita el texto del Pro tocolo a los Estados mencionados en su artículo V a fin de que puedan adherirse al Protocolo (1). 1495ª sesión plenaria, 16 de diciembre de 1966. PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Los Estados Partes en el presente Protocolo, Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (denomi nada en lo sucesivo la Convención), sólo se aplica a los refu giados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951; Considerando que han surgido nuevas situaciones de refu giados desde que la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención; Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de enero de 1951, Han convenido en lo siguiente: ARTICULO I Disposiciones generales 1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artículos 2 a 34, inclusive, de la Convención a los refugiados que por el presente se definen. 2. |
A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el tér mino «refugiado» denotará toda persona comprendida en la de finición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras «como resultado de acontecimientos ocurridos antes del l de enero de 1951 y ...» y las palabras «... a consecuencia de tales acontecimientos», que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1. 3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Par tes en el mismo sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya sean Partes en la Convención, de conformidad con el inciso a) del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo ARTICULO II Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas 1. Los Estados Partes én el presente Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le suce diere; en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplica ción de las disposiciones del presente Protocolo. 2. |