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El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago saber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 13 establece que «la Sede de las Cortes de Aragón se determinará por una Ley de las mismas, sin perjuicio de que puedan celebrar sesiones en otros lugares dentro del territorio de Aragón».
Constituidas las Cortes de Aragón en sesión de 20 de mayo de 1983, y para hacer posible su normal y eficaz funcionamiento desde la iniciación de la legislatura, procede establecer con carácter definitivo la Sede de las mismas, que parece aconsejable sea la ciudad de Zaragoza, tanto por su tradición y situación dentro del territorio de Aragón, como por las indudables ventajas que para la fluidez de las relaciones entre las Cortes de Aragón y la Diputación General se derivan de que ambas tengan su sede en una misma localidad. Ello sin perjuicio de que, de conformidad con el propio Estatuto, puedan celebrar sesiones en otros lugares de Aragón en la forma que determinen las Cortes en su propio Reglamento.
Artículo único.
1. Las Cortes de Aragón tienen su Sede en la ciudad de Zaragoza.
2. Las Cortes de Aragón podrán, no obstante, celebrar sesiones en otros lugares del territorio de Aragón en la forma y condiciones que establezcan en su Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Zaragoza, 29 de septiembre de 1983.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,
SANTIAGO MARRACO SOLANA |
LOS ARTICULOS 23.4 Y 21.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON ESTABLECEN LA RESPONSABILIDAD POLITICA DE LA DIPUTACION GENERAL Y DE SU PRESIDENTE ANTE LAS CORTES DE ARAGON. EN EL ARTICULO 27 DEL TEXTO ESTATUTARIO SE DETERMINA QUE UNA DE LAS CAUSAS DE CESE ES LA PERDIDA DE LA CONFIANZA PARLAMENTARIA Y EL ARTICULO 17 REGULA LA RESPONSABILIDAD POLITICA DE LA DIPUTACION GENERAL Y DE SU PRESIDENTE A TRAVES DE LA MOCION DE CENSURA, EXIGIENDO EN ESTE ULTIMO CASO QUE POR LEY DE CORTES DE ARAGON, APROBADA POR MAYORIA ABSOLUTA, SE REGULE SU PROCEDIMIENTO.
EL OBJETO DE LA PRESENTE LEY ES EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTICULO 17 DEL ESTATUTO, ESTIMANDOSE CONVENIENTE, NO OBSTANTE, INCORPORAR AL TEXTO LEGAL LA REGULACION DE LA CUESTION DE CONFIANZA Y OTRAS FORMAS DE CONTROL, COMO INSTRUMENTOS BASICOS, JUNTO A LA MOCION DE CENSURA, PARA UN CONCRETO Y ARMONICO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RELACIONES ENTRE LAS CORTES DE ARAGON Y LA DIPUTACION GENERAL.
CAPITULO PRIMERO
DE LA MOCION DE CENSURA
ARTICULO 1.
LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON RESPONDE POLITICAMENTE ANTE LAS CORTES DE ARAGON DE FORMA SOLIDARIA, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE CADA CONSEJERO POR SU GESTION.
ARTICULO 2.
LAS CORTES DE ARAGON PODRAN EXIGIR LA RESPONSABILIDAD POLITICA DE LA DIPUTACION GENERAL Y DE SU PRESIDENTE, MEDIANTE LA ADOPCION DE UNA MOCION DE CENSURA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y SEGUN EL PROCEDIMIENTO FIJADO EN ESTA LEY Y EN EL REGLAMENTO DE LAS CORTES DE ARAGON.
ARTICULO 3.
1. LA MOCION DE CENSURA DEBERA SER PROPUESTA AL MENOS POR UN 15 POR 100 DE LOS DIPUTADOS Y DEBERA INCLUIR, EN TODO CASO, UN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON.
2. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGON DEBERA COMUNICAR INMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL LA PRESENTACION DE UNA MOCION DE CENSURA.
ARTICULO 4.
1. LA MOCION DE CENSURA NO PODRA SER VOTADA HASTA QUE HAYAN TRANSCURRIDO CINCO DIAS DESDE SU PRESENTACION. EN LOS DOS PRIMEROS DIAS DE ESTE PLAZO SE PODRAN PRESENTAR MOCIONES ALTERNATIVAS.
2. LA MOCION DE CENSURA ORIGINARIA Y, EN SU CASO, LAS ALTERNATIVAS PODRAN SER DEBATIDAS CONJUNTAMENTE, PERO HABRAN DE SER SOMETIDAS A VOTACION POR SEPARADO, SIGUIENDO EL ORDEN DE SU
PRESENTACION. DURANTE EL DEBATE, EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEBERA EXPONER SU PROGRAMA.
3. LA APROBACION DE LA MOCION DE CENSURA REQUERIRA, EN TODO CASO, EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS DIPUTADOS.
ARTICULO 5.
1. SOMETIDA A VOTACION UNA MOCION DE CENSURA, LA MISMA NO PODRA REPLANTEARSE HASTA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA FECHA DE LA VOTACION. SE CONSIDERARA IGUAL MOCION AQUELLA QUE SEA SUSCRITA POR LOS MISMOS SIGNATARIOS O PROPONGA IGUAL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION GENERAL.
2. LA MOCION DE CENSURA PODRA SER RETIRADA EN CUALQUIER MOMENTO POR SUS PROPONENTES.
ARTICULO 6.
1. SI PROSPERASE UNA MOCION DE CENSURA, LA DIPUTACION GENERAL Y SU PRESIDENTE CESARAN. EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA PROPUESTO EN ELLA SE ENTENDERA INVESTIDO DEL CARGO Y EL REY LO NOMBRARA PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.
2. APROBADA UNA MOCION DE CENSURA, EN NINGUN CASO PODRAN SOMETERSE A VOTACION LAS RESTANTES ALTERNATIVAS QUE HUBIEREN PODIDO PRESENTARSE.
CAPITULO II
DE LA CUESTION DE CONFIANZA
ARTICULO 7.
1. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL, PREVIA DELIBERACION DE ESTA, PUEDE PLANTEAR ANTE LAS CORTES DE ARAGON LA CUESTION DE CONFIANZA SOBRE UN PROGRAMA O SOBRE UNA DECLARACION DE POLITICA GENERAL.
2. LA CUESTION DE CONFIANZA NO PODRA SER VOTADA HASTA QUE HAYAN TRANSCURRIDO, COMO MINIMO, VEINTICUATRO HORAS DESDE SU PRESENTACION.
3. LA CONFIANZA SE ENTIENDE OTORGADA CUANDO OBTENGA LA MAYORIA SIMPLE DE LOS VOTOS EMITIDOS.
ARTICULO 8.
LA DIPUTACION GENERAL Y SU PRESIDENTE CESARAN SI LAS CORTES DE ARAGON LES NIEGAN LA CONFIANZA, DEBIENDO PROCEDERSE A LA ELECCION DE UN NUEVO PRESIDENTE.
CAPITULO III
OTRAS FORMAS DE CONTROL DE LA ACCION DE GOBIERNO
ARTICULO 9.
1. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LOS DIPUTADOS PODRAN FORMULAR MOCIONES, INTERPELACIONES Y PREGUNTAS A LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y A SUS MIEMBROS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LAS CORTES.
2. LAS CORTES Y SUS COMISIONES, A TRAVES DE SUS PRESIDENTES, PODRAN RECABAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE PRECISEN DE LA DIPUTACION GENERAL Y DE CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD QUE DE ELLA DEPENDAN. ASIMISMO, EL PRESIDENTE Y LOS CONSEJEROS DE LA DIPUTACION GENERAL TENDRAN ACCESO A LAS SESIONES DEL PLENO DE LAS CORTES Y DE SUS COMISIONES, PUDIENDO INTERVENIR SIEMPRE QUE LO SOLICITAREN.
DISPOSICION FINAL
LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE A SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON". |
LA CONSTITUCION DE 1978, CUANDO REGULA LA COMPOSICION DEL SENADO DE LAS CORTES GENERALES, ESTABLECE EN SU ARTICULO 69.5 QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DESIGNARAN UN SENADOR Y OTRO MAS POR CADA MILLON DE HABITANTES DE SU RESPECTIVO TERRITORIO, CORRESPONDIENDOLE EFECTUAR LA DESIGNACION A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA SU ESTATUTO RESPECTIVO, DEBIENDO QUEDAR ASEGURADA, EN TODO CASO, LA ADECUADA REPRESENTACION PROPORCIONAL.
EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON, EN SU ARTICULO 16.B), REGULA ESTA COMPETENCIA DE LAS CORTES ARAGONESAS Y DISPONE QUE LA DESIGNACION DE SENADORES DEBERA HACERSE EN PROPORCION AL NUMERO DE DIPUTADOS DE CADA GRUPO PARLAMENTARIO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA UNA LEY DE CORTES DE ARAGON.
EL OBJETO DE LA PRESENTE LEY ES ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LOS SENADORES REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON PARA EL SENADO DE LAS CORTES GENERALES.
LA LEY EXIGE LA CONDICION DE DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON PARA PODER SER DESIGNADO SENADOR EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. ESTA PRECISION, NO CONTEMPLADA ESPECIFICAMENTE EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, VIENE JUSTIFICADA POR UN DOBLE ORDEN DE RAZONES. POR UNA PARTE, PRETENDE ESTABLECER UNA CORRELACION DIRECTA E INMEDIATA ENTRE LA CAMARA LEGISLATIVA ARAGONESA Y EL SENADO, QUE FAVOREZCA LA REALIZACION DE SUS RESPECTIVOS COMETIDOS Y, POR OTRO LADO, REFUERZA LA INTERVENCION DE LOS ELECTORES EN EL PROCESO DE DESIGNACION DE LOS SENADORES, AL RESULTAR INDISPENSABLE HABER SIDO ELEGIDO DIPUTADO DE LAS CORTES ARAGONESAS MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE Y DIRECTO.
ARTICULO 1.
LA DESIGNACION DE LOS SENADORES EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 16.B) DE LA LEY ORGANICA 8/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON, SE EFECTUARA POR LAS CORTES DE ARAGON MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY.
ARTICULO 2.
1. PODRAN SER ELEGIDOS COMO SENADORES REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ARAGONESA LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES DE ARAGON QUE SEAN PROPUESTOS COMO CANDIDATOS.
2. SERAN CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO LAS SEÑALADAS EN LA LEGISLACION ESTATAL GENERAL Y LAS QUE DETERMINEN LAS LEYES EMANADAS DE LAS CORTES DE ARAGON.
ARTICULO 3.
1. CELEBRADAS LAS ELECCIONES PARA LAS CORTES DE ARAGON Y CONSTITUIDA LA MESA DEFINITIVA, ESTA, DE ACUERDO CON LA JUNTA DE PORTAVOCES, FIJARA EL NUMERO DE SENADORES QUE CORRESPONDE PROPONER PROPORCIONALMENTE A CADA GRUPO PARLAMENTARIO.
2. PARA ESTA ULTIMA DETERMINACION SE APLICARA LA REGLA D'HONT AL NUMERO DE DIPUTADOS EN CORTES DE ARAGON DE CADA GRUPO PARLAMENTARIO.
3. CUANDO COINCIDA EL NUMERO DE DIPUTADOS DE VARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON DERECHO A PROPONER CANDIDATOS, CORRESPONDERA EFECTUAR LA PROPUESTA A AQUEL GRUPO QUE MAYOR NUMERO TOTAL DE VOTOS HUBIESE OBTENIDO EN LA ELECCION A CORTES DE ARAGON.
4. LA PROPUESTA DE CANDIDATOS DEBERA EFECTUARSE EN EL PLAZO QUE REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINE, Y NUNCA MAS TARDE DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA MESA DE LAS CORTES.
ARTICULO 4.
1. TRANSCURRIDO EL PLAZO FIJADO REGLAMENTARIAMENTE, LA MESA DE LAS CORTES DARA TRASLADO A LA COMISION CORRESPONDIENTE DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS Y DOCUMENTACION RECIBIDA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONENTES.
2. ESTA COMISION PARLAMENTARIA EXAMINARA, EN SESION EXPRESAMENTE CONVOCADA, LA CONCURRENCIA O NO DE CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD EN LOS CANDIDATOS PROPUESTOS. A TAL EFECTO, LA COMISION PODRA RECABAR DE LOS GRUPOS PROPONENTES LA APORTACION DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE ESTIME OPORTUNOS Y, EN SU CASO, LA FORMALIZACION DE LAS DECLARACIONES PERTINENTES.
3. LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES EMITIRA, EN EL PLAZO REGLAMENTARIO ESTABLECIDO, EL OPORTUNO DICTAMEN, EN EL QUE SE CONSIGNARA SI CONCURREN O NO EN LOS CANDIDATOS LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, APARTADO 2, DE ESTA LEY.
4. EN EL SUPUESTO DE QUE EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS CONCURRIESE ALGUNA CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD, LA COMISION DETERMINARA EL PLAZO DENTRO DEL CUAL EL CANDIDATO ELEGIDO DEBERA OPTAR ENTRE EL CARGO DE SENADOR Y EL QUE DIERE ORIGEN A LA INCOMPATIBILIDAD DENUNCIADA.
ARTICULO 5.
1. EMITIDO DICTAMEN POR LA COMISION CORRESPONDIENTE, EL PRESIDENTE DE LAS CORTES HARA PUBLICOS LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS.
2. TRANSCURRIDO EL PLAZO FIJADO REGLAMENTARIAMENTE, SE PROCEDERA A LA ELECCION DE LOS SENADORES POR EL PLENO DE LAS CORTES DE ARAGON, EN SESION CONVOCADA AL EFECTO.
3. LA VOTACION SERA SECRETA Y SE EFECTUARA MEDIANTE PAPELETA, EN LA QUE CADA DIPUTADO PODRA CONSIGNAR EL NOMBRE DE AQUELLOS CANDIDATOS QUE DESEA ELEGIR DE ENTRE LOS PROPUESTOS.
4. LOS CANDIDATOS SE ENTENDERAN ELEGIDOS CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE VOTOS QUE OBTENGAN.
ARTICULO 6.
1. EFECTUADA LA VOTACION, EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DARA CUENTA A LA CAMARA DEL RESULTADO Y LO COMUNICARA A LOS SENADORES DESIGNADOS.
2. REQUERIDOS POR LA PRESIDENCIA PARA QUE ACEPTEN LA DESIGNACION Y OBTENIDO SU ASENTIMIENTO, SERAN PROCLAMADOS SENADORES EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
3. LA MESA DE LA CAMARA LES HARA ENTREGA DE LAS PERTINENTES CREDENCIALES.
ARTICULO 7.
1. LOS SENADORES ELECTOS CESARAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y, EN TODO CASO, AL CESAR COMO DIPUTADOS DE LAS CORTES DE ARAGON.
2. EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLATURA DEL SENADO CONCLUYESE, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, ANTES QUE LA DE LAS CORTES DE ARAGON, LOS NUEVOS SENADORES A DESIGNAR POR ESTAS SERAN LOS MISMOS YA ELEGIDOS CONFORME AL ARTICULO QUINTO DE ESTA LEY. A ESTOS EFECTOS, LA MESA DE LA CAMARA ARAGONESA LES HARA ENTREGA DE NUEVAS CREDENCIALES, SIN QUE SEA PRECISO PROCEDER A NUEVA VOTACION.
ARTICULO 8.
1. LAS VACANTES DE SENADORES QUE SE PRODUZCAN DURANTE UNA MISMA LEGISLATURA SERAN CUBIERTAS CON ARREGLO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY.
2. PRODUCIDA LA VACANTE Y EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS, LA MESA INICIARA EL TRAMITE AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO TERCERO DE ESTA LEY PARA LA DESIGNACION DEL NUEVO SENADOR.
DISPOSICION TRANSITORIA
LA DESIGNACION DE LOS PRIMEROS SENADORES REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON SE AJUSTARA A LAS SIGUIENTES NORMAS:
A) DENTRO DEL PLAZO DE LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, LA MESA DE LAS CORTES FIJARA EL NUMERO DE SENADORES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO.
B) EL PRESIDENTE DE LA CAMARA CONCEDERA UN PLAZO IMPRORROGABLE DE CINCO DIAS, DENTRO DEL CUAL LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON DERECHO A PROPONER CANDIDATOS EFECTUARAN SUS PROPUESTAS.
C) TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, LA MESA DE LAS CORTES, Y EN LOS TRES DIAS SIGUIENTES, DARA TRASLADO A LA COMISION DE REGLAMENTO E INCOMPATIBILIDADES DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS Y DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONENTES.
D) A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 2 DEL ARTICULO CUARTO, LA COMISION SE REUNIRA EN EL PLAZO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, EMITIENDO EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DEL MISMO PRECEPTO EN LOS TRES DIAS SIGUIENTES A SU REUNION.
E) EL PRESIDENTE DE LAS CORTES HARA PUBLICOS, EN EL PLAZO DE OTROS TRES DIAS, LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS, DEBIENDO CONVOCAR EL PLENO DE LAS CORTES, A LOS EFECTOS DE LA ELECCION PREVISTA EN EL ARTICULO QUINTO, PARA REUNIRSE EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A DICHA PUBLICACION.
F) LOS TRAMITES PREVISTOS EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTICULO SEXTO SE EFECTUARAN EN LA MISMA SESION DE LAS CORTES, Y SI ELLO NO FUERE POSIBLE, EN LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LA MISMA.
G) LA ENTREGA DE CREDENCIALES A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DEL ARTICULO SEXTO LA EFECTUARA LA MESA EN LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA ACEPTACION FORMAL DE LOS CANDIDATOS ELECTOS.
DISPOSICION FINAL
LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON". |
EL ARTICULO 15.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON ESTABLECE QUE "LA INICIATIVA LEGISLATIVA CORRESPONDE A LAS CORTES DE ARAGON Y A LA DIPUTACION GENERAL EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA UNA LEY DE CORTES". EL OBJETO DE LA PRESENTE LEY ES CUMPLIR EL MANDATO ESTATUTARIO SIN PERJUICIO DE QUE ESTA REGULACION SEA COMPLETADA POR EL REGLAMENTO DE LAS CORTES.
ESTA LEY NO CONTEMPLA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR QUE, POR SU CARACTER PECULIAR, SERA OBJETO DE LEY ESPECIFICA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CITADO PRECEPTO ESTATUTARIO.
ARTICULO 1.
LA INICIATIVA LEGISLATIVA QUE EL ARTICULO 15 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON ATRIBUYE A LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES Y A LA DIPUTACION GENERAL SE EJERCERA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY, A TRAVES DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PROYECTOS DE LEY.
ARTICULO 2.
1. LOS PROYECTOS DE LEY SERAN REMITIDOS POR LA DIPUTACION GENERAL A LAS CORTES, ACOMPAÑADOS DE UNA EXPOSICION DE MOTIVOS Y DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA PODER PRONUNCIARSE SOBRE ELLOS.
2. LA TRAMITACION PARLAMENTARIA DE LOS PROYECTOS DE LEY SE REGIRA POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LAS CORTES.
3. DICHO REGLAMENTO PODRA ESTABLECER ESPECIALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
ARTICULO 3.
CORRESPONDE A LA DIPUTACION GENERAL LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO, DEBIENDO PRESENTARLO A LAS CORTES ANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN CURSO.
EL REGLAMENTO DE LAS CORTES PODRA CONTENER UNA REGULACION ESPECIFICA PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.
ARTICULO 4.
1. LAS PROPOSICIONES DE LEY, QUE DEBERAN IR ACOMPAÑADAS DE UNA EXPOSICION DE MOTIVOS Y DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA PODER PRONUNCIARSE SOBRE ELLAS, PODRAN SER PRESENTADAS:
A) POR UN DIPUTADO CON LA FIRMA DE OTROS CUATRO MIEMBROS DE LA CAMARA.
B) POR UN GRUPO PARLAMENTARIO CON LA SOLA FIRMA DE SU PORTAVOZ.
2. EJERCIDA LA INICIATIVA, LA MESA DE LAS CORTES ORDENARA LA PUBLICACION DE LA PROPOSICION DE LEY Y SU REMISION A LA DIPUTACION GENERAL PARA QUE MANIFIESTE SU CRITERIO RESPECTO A LA TOMA EN CONSIDERACION, ASI COMO SU CONFORMIDAD O NO A LA TRAMITACION SI IMPLICARA AUMENTO DE LOS CREDITOS O DISMINUCION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS. LA DISCONFORMIDAD POR LOS INDICADOS EFECTOS ECONOMICOS SE EXPRESARA SIEMPRE DE FORMA RAZONADA. ESTE INFORME SERA DEBATIDO EN LA COMISION DE PRESUPUESTOS.
3. TRANSCURRIDO EL PLAZO FIJADO POR EL REGLAMENTO DE LAS CORTES SIN QUE LA DIPUTACION GENERAL HUBIERA NEGADO EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD A LA TRAMITACION, LA PROPOSICION DE LEY QUEDARA EN CONDICIONES DE SER INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DIA DEL PLENO PARA SU TOMA EN CONSIDERACION. SI LA CAMARA TOMA EN CONSIDERACION LA PROPOSICION, LA MESA ACORDARA SU ENVIO A LA COMISION COMPETENTE Y SEGUIRA EL TRAMITE PREVISTO PARA LOS PROYECTOS DE LEY.
ARTICULO 5.
LA INICIATIVA LEGISLATIVA PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA SE ACOMODARA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DEL MISMO.
ARTICULO 6.
1. LA DIPUTACION GENERAL PODRA RETIRAR UN PROYECTO DE LEY EN CUALQUIER MOMENTO DE SU TRAMITACION ANTE LAS CORTES, SIEMPRE QUE NO HUBIERE RECAIDO ACUERDO FINAL DE ESTAS.
2. LA INICIATIVA DE RETIRADA DE UNA PROPOSICION DE LEY POR SU PROPONENTE TENDRA PLENO EFECTO POR SI SOLA, SI SE PRODUCE ANTES DEL ACUERDO DE LA TOMA EN CONSIDERACION. ADOPTADO ESTE, SOLO SERA EFECTIVA LA RETIRADA SI LA ACEPTA EL PLENO DE LAS CORTES.
ARTICULO 7.
LAS CORTES DE ARAGON TENDRAN TAMBIEN COMPETENCIA, ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES MATERIAS:
A) SOLICITAR DEL GOBIERNO DE LA NACION LA ADOPCION DE UN CONCRETO PROYECTO DE LEY O REMITIR A LA MESA DEL CONGRESO UNA PROPOSICION DE LEY, CON TEXTO PREVIAMENTE APROBADO, DELEGANDO ANTE DICHA CAMARA UN MAXIMO DE TRES DIPUTADOS DE LAS CORTES ARAGONESAS ENCARGADOS DE SU DEFENSA.
B) SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACION LA CELEBRACION DE TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIAS DE INTERES PARA ARAGON Y, EN ESPECIAL, LOS DERIVADOS DE SU SITUACION GEOGRAFICA FRONTERIZA, MENCIONADOS EN EL ARTICULO 40.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.
C) LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS O DE DELEGACION DE COMPETENCIAS O FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 150 DE LA CONSTITUCION.
D) LA APROBACION Y REFORMA DE SU REGLAMENTO.
E) APROBAR LAS LEYES DE BASES DE DELEGACION LEGISLATIVA.
ARTICULO 8.
1. LAS CORTES DE ARAGON PODRAN DELEGAR EN LA DIPUTACION GENERAL LA POTESTAD DE DICTAR DECRETOS LEGISLATIVOS CON RANGO DE LEY, EXCEPTO EN LAS MATERIAS QUE AFECTEN AL DESARROLLO BASICO DEL ESTATUTO Y EN LA APROBACION DEL PRESUPUESTO.
2. LA DELEGACION DEBERA OTORGARSE MEDIANTE UNA LEY DE BASES CUANDO TENGA POR OBJETO LA FORMACION DE TEXTOS ARTICULADOS Y POR LEY ORDINARIA CUANDO SE TRATE DE REFUNDIR TEXTOS.
3. LA DELEGACION LEGISLATIVA HABRA DE OTORGARSE DE FORMA EXPRESA PARA MATERIA CONCRETA Y CON FIJACION DEL PLAZO PARA SU EJERCICIO. LA DELEGACION SE AGOTA POR EL USO QUE DE ELLA HAGA LA DIPUTACION GENERAL MEDIANTE LA PUBLICACION DE LA NORMA CORRESPONDIENTE. NO PODRA ENTENDERSE CONCEDIDA DE MODO IMPLICITO O POR TIEMPO INDETERMINADO Y NO SE PERMITE LA SUBDELEGACION.
4. LAS LEYES DE BASES DELIMITARAN CON PRECISION EL OBJETO Y ALCANCE DE LA DELEGACION LEGISLATIVA Y LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE HAN DE SEGUIRSE EN SU EJERCICIO.
5. LAS LEYES DE BASES NO PODRAN EN NINGUN CASO:
A) AUTORIZAR LA MODIFICACION DE LA PROPIA LEY DE BASES.
B) FACULTAR PARA DICTAR NORMAS CON CARACTER RETROACTIVO.
6. LA AUTORIZACION PARA REFUNDIR TEXTOS LEGALES DETERMINARA EL AMBITO NORMATIVO A QUE SE REFIERE EL CONTENIDO DE LA DELEGACION, ESPECIFICANDO SI SE CIRCUNSCRIBE A LA MERA FORMULACION DE UN TEXTO UNICO O SI SE INCLUYE LA DE REGULARIZAR, ACLARAR Y ARMONIZAR LOS TEXTOS LEGALES QUE HAN DE SER REFUNDIDOS.
7. SIN PERJUICIO DE LA COMPETENCIA PROPIA DE LOS TRIBUNALES, LAS LEYES DE DELEGACION PODRAN ESTABLECER EN CADA CASO FORMULAS ADICIONALES DE CONTROL.
8. CUANDO UNA PROPOSICION DE LEY O UNA ENMIENDA FUERA CONTRARIA A UNA DELEGACION LEGISLATIVA EN VIGOR, LA DIPUTACION GENERAL ESTA FACULTADA PARA OPONERSE A SU TRAMITACION. EN TAL SUPUESTO, PODRA PRESENTARSE UNA PROPOSICION DE LEY PARA LA DEROGACION TOTAL O PARCIAL DE LA LEY DE DELEGACION.
ARTICULO 9.
LAS LEYES ARAGONESAS SERAN PROMULGADAS, EN NOMBRE DEL REY, POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL, QUE ORDENARA SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON" Y EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO", EN UN PLAZO NO SUPERIOR A QUINCE DIAS DESDE SU APROBACION.
LAS LEYES ARAGONESAS ENTRARAN EN VIGOR A LOS VEINTE DIAS DE SU COMPLETA PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON", SI EN ELLAS NO SE DISPONE OTRA COSA.
DISPOSICION FINAL
LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE A SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON". |
EXPOSICION DE MOTIVOS
EL REGIMEN JURIDICO DE LA IMPUGNACION DE LIQUIDACIONES GIRADAS, EN TRIBUTOS QUE FINANCIAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, VIENE DETERMINADO POR DOS DISPOSICIONES BASICAS. DE UN LADO, LA LEY ORGANICA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1980, ESTABLECE, EN SU ARTICULO 20, QUE EL CONOCIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDERA:
A) CUANDO SE TRATE DE TRIBUTOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES, A SUS PROPIOS ORGANOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS.
B) CUANDO SE TRATE DE TRIBUTOS CEDIDOS O RECARGOS SOBRE TRIBUTOS CEDIDOS, A LOS ORGANOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO.
DE OTRO LADO, LA LEY DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RESTRINGE EN EL ARTICULO 3 LAS FACULTADES NORMATIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN TRIBUTOS CEDIDOS, Y EN SU ARTICULO 17.3 DISPONE QUE NO SON OBJETO DE DELEGACION LAS RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS INTERPUESTAS CONTRA LOS ACTOS DE GESTION TRIBUTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
HABRA QUE DIFERENCIAR, PUES, UN TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL A CONSTITUIR POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE COEXISTIRA CON LA JURISDICCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA CLASICA QUE SUBSISTE EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y QUE SE ARTICULA EN UN TRIBUNAL CENTRAL Y EN TRIBUNALES PROVINCIALES DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE HACIENDA.
LA LEY REGULADORA DE LAS TASAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, APROBADA POR LAS CORTES DE ARAGON EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1984, AL REFERIRSE AL REGIMEN DE IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA APLICACION DE ESTOS TRIBUTOS PROPIOS, ALUDIA AL ORGANO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL. POR TODO ELLO SE HACE IMPRESCINDIBLE LA CREACION DE ESTE ORGANO, INTRODUCIENDOSE, AL MISMO TIEMPO, UNA SERIE DE PRINCIPIOS QUE, SIN MENOSCABO DE LAS GARANTIAS DE LOS ADMINISTRADOS, NOS PROPORCIONE UN SISTEMA MAS AJUSTADO A NUESTRAS NECESIDADES, MAS CLARO Y MAS EFICAZ, CONSTITUYENDO UNA ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA SIN ESPECIALES COSTES ECONOMICOS QUE EVITARAN EN MUCHOS CASOS LA VIA JURISDICCIONAL, MUCHO MAS GRAVOSA.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE ARAGON EXTENDERA SU CONOCIMIENTO A LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS ACTOS DEFINITIVOS DICTADOS EN EL AMBITO DE GESTION, INSPECCION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS PROPIOS POR ORGANOS DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA, TODA VEZ QUE LA LEY DE 22 DE JUNIO DE 1984 DEL PRESIDENTE, DE LA DIPUTACION GENERAL Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON YA DISPONE EN SU ARTICULO 51 QUE LAS RESOLUCIONES DE LOS CONSEJEROS AGOTAN LA VIA ADMINISTRATIVA.
ARTICULO 1.
SE CREA EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA DE ARAGON, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA, QUE TENDRA COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS RECLAMACIONES QUE SE INTERPONGAN CONTRA ACTOS DICTADOS POR SUS ORGANOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS EN RELACION A TRIBUTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DEMAS ACTOS EN QUE ASI SE DISPONGA POR PRECEPTO LEGAL EXPRESO.
ARTICULO 2.
1. SON RECLAMABLES EN VIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA ANTE DICHO TRIBUNAL LOS ACTOS DE GESTION TRIBUTARIA QUE, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE, RECONOZCAN O DENIEGUEN UN DERECHO, O DECLAREN UNA OBLIGACION, ASI COMO LOS DE TRAMITE QUE DECIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL FONDO DEL ASUNTO O PONGAN TERMINO A LA VIA DE GESTION.
2. EN PARTICULAR, SON IMPUGNABLES LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SIGUIENTES:
A) LAS LIQUIDACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS.
B) LAS COMPROBACIONES DE VALOR DE LOS BIENES Y DERECHOS Y ACTOS DE FIJACION DE LA BASE IMPONIBLE QUE PRECEDAN A LA PRACTICA DE LA LIQUIDACION.
C) LOS QUE CON CARACTER PREVIO DENIEGUEN O RECONOZCAN REGIMENES DE EXENCION O BONIFICACION TRIBUTARIA.
D) LA IMPOSICION DE SANCIONES TRIBUTARIAS, INCLUSO LAS INDEPENDIENTES DE CUALQUIER CLASE DE LIQUIDACION.
E) LOS ACTOS ORIGINADOS POR LA GESTION RECAUDATORIA.
F) LAS RESOLUCIONES SOBRE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS.
G) Y, EN GENERAL, LOS QUE, DISTINTOS A LOS ANTERIORES, SE CONSIDEREN EXPRESAMENTE IMPUGNABLES POR DISPOSICIONES DICTADAS EN MATERIA TRIBUTARIA.
ARTICULO 3.
LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SE EXTENDERA A LAS CUESTIONES, TANTO DE HECHO COMO DE DERECHO, QUE SE SUSCITEN CON OCASION DE LA GESTION, INSPECCION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS, EXACCIONES PARAFISCALES Y, EN GENERAL, INGRESOS DE DERECHO PUBLICO PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, CON EXCLUSION EXPRESA TANTO DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO COMO DE LOS RECARGOS QUE SOBRE ELLOS PUDIERA ESTABLECER LA COMUNIDAD.
CORRESPONDERA AL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO, EN EL AMBITO DE LA COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL APARTADO ANTERIOR, LA RESOLUCION DE LAS PETICIONES DE CONDONACION DE SANCIONES, IMPUESTAS A LOS CONTRIBUYENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES FISCALES.
ASIMISMO, EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE ARAGON CONOCERA DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISION INTERPUESTOS POR LOS INTERESADOS O POR EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON CONTRA LOS ACTOS DE GESTION Y RESOLUCIONES FIRMES.
EN PARTICULAR, SERA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL:
A) EL RECONOCIMIENTO O LA LIQUIDACION POR AUTORIDADES U ORGANISMOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, DE OBLIGACIONES O DEUDA PUBLICA EMITIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON Y LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES DE PAGO POR DICHOS ORGANOS.
B) EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE TODA CLASE DE PENSIONES Y DERECHOS PASIVOS QUE SEAN DE PECULIAR COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
C) CUALESQUIERA OTRAS RESPECTO DE LAS QUE POR PRECEPTO LEGAL EXPRESO ASI SE DECLARE.
NO SON COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL LAS RECLAMACIONES EN VIA ADMINISTRATIVA PREVIA A LA JUDICIAL, CIVIL O LABORAL; TAMPOCO PODRA DEDUCIRSE RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA CONTRA LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DICTADOS POR EL CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA, QUE AGOTAN LA VIA ADMINISTRATIVA.
ARTICULO 4.
CON CARACTER PREVIO A LA RECLAMACION, PODRA INTERPONERSE RECURSO DE REPOSICION POTESTATIVO ANTE EL ORGANO QUE, EN VIA DE GESTION, DICTO EL ACTO RECURRIDO, EL CUAL SERA EL COMPETENTE PARA RESOLVERLO.
ARTICULO 5.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE ARAGON ESTARA INTEGRADO POR UN PRESIDENTE Y DOS VOCALES.
EL PRESIDENTE SERA EL DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA, Y LOS VOCALES, EL JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA Y EL JEFE DE LA ASESORIA FINANCIERA, QUE ACTUARAN COMO SECRETARIO Y VOCAL PONENTE. MEDIANTE ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA, Y ENTRE FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO CON TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO, SE NOMBRARA A UN VICESECRETARIO.
PARA LA VALIDA CONSTITUCION DEL TRIBUNAL SERA PRECISA LA CONCURRENCIA DE TODOS SUS MIEMBROS, ADOPTANDOSE LOS ACUERDOS POR MAYORIA, PUDIENDO EL DISIDENTE EXTENDER VOTO RESERVADO.
ARTICULO 6.
CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL LA CONVOCATORIA DEL ORGANO COLEGIADO, LA FIJACION DEL ORDEN DEL DIA Y LA DIRECCION DE LAS DELIBERACIONES.
ARTICULO 7.
CORRESPONDEN A LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
A) RECIBIR LOS ESCRITOS DE LOS INTERESADOS Y RECLAMAR EL EXPEDIENTE DEL ORGANO DE GESTION CORRESPONDIENTE, CON PETICION ADICIONAL DE INFORME, EN SU CASO.
B) PONER DE MANIFIESTO EL EXPEDIENTE A LOS RECLAMANTES PARA ALEGACIONES Y PROPOSICION DE PRUEBAS.
C) PROPONER AL PRESIDENTE LAS PROVIDENCIAS A DICTAR, REDACTANDO Y CURSANDO COMUNICACIONES Y CITACIONES.
D) REDACTAR LAS PONENCIAS DE RESOLUCION, PASANDO COPIA DE LAS MISMAS A CADA UNO DE LOS VOCALES.
E) NOTIFICAR LA RESOLUCION DICTADA A LOS INTERESADOS PERSONADOS, CON DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE AL ORGANO GESTOR, Y COMUNICACION A LA INTERVENCION.
F) VELAR POR LA LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO, ADVIRTIENDO DE POSIBLES INFRACCIONES AL ORDENAMIENTO JURIDICO.
G) LLEVAR LOS LIBROS-REGISTROS, LOS LIBROS DE ACTAS Y DE VOTOS PARTICULARES, ARCHIVANDO LOS TESTIMONIOS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL Y REMITIENDO LOS DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES AL CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTICULO 8.
LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL AGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA Y PUEDE SER RECURRIDA ANTE EL ORGANO COMPETENTE DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
ARTICULO 9.
EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON TENDRA COMPETENCIA PARA RECURRIR ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE ARAGON LOS ACTOS DE GESTION REFERENTES A TRIBUTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
DISPOSICION ADICIONAL
EN DEFECTO DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY, Y CUANDO NO SE OPONGA A ELLA, SERA DE APLICACION LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, EN EL REAL DECRETO 2244/1979, DE 7 DE SEPTIEMBRE; EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2795/1980, DE 14 DE DICIEMBRE, Y EN EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES
ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS DE 20 DE AGOSTO DE 1981.
DISPOSICION TRANSITORIA
DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, SE CONSTITUIRA EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO. POR EL DEPARTAMENTO SE PROCEDERA A LA DESIGNACION DE VICESECRETARIO DEL TRIBUNAL, JUNTO CON EL PERSONAL AUXILIAR NECESARIO.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON DICTARA CUANTAS DISPOSICIONES REQUIERA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LA PRESENTE LEY.
SEGUNDA
LA PRESENTE LEY ENTRARA EN VIGOR EL MISMO DIA DE SU INTEGRA PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE ARAGON". |
Por Ley 2/1991, de 4 de enero, de las Cortes de Aragón, se modifican numerosos preceptos de la Ley 1/1986, de 20 de febrero, de Medidas para la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobando la nueva redacción de aquéllos por los motivos que se expresan en el preámbulo de la citada Ley de Modificación. La Disposición Final Segunda de ésta autorizó, además, al Consejo de Gobierno para que, al amparo de lo previsto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en los términos del artículo 8 de la Ley 4/1983, de 28 de septiembre, dicte, en el plazo máximo de treinta días, un Decreto Legislativo en que quede fijado el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dentro de los límites de esa autorización legal, resulta necesario acomodar la numeración del articulado a la nueva redacción, así como reordenar con la debida precisión sistemática de bloque de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Asimismo, para mantener la homogeneización proclamada en los preceptos que se refunden, se modifica la fecha inicial para la adquisición del grado personal con el fin de adecuarla a la nueva fijada en el artículo 33 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que ha sido promulgada con ligera posterioridad a la aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley modificatoria.
Por otra parte, y en aras de la misma convivencia metodología de unidad de cuerpo normativo que aconseja la refundición de texto legal, se procede a efectuar la agrupación de las plazas de cada Escala según su clase de especialidad, tal como previene el artículo 16.2 de la Ley, aprobando –oída al efecto la Comisión de Personal– las que figuran en el anexo, que, a diferencia del artículo único del presente Decreto Legislativo, tiene meramente rango reglamentario.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, previa deliberación de Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 1991
DISPONGO:
Artículo único.
Queda aprobado el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que se inserta a continuación.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.
El objeto de la presente Ley es la ordenación y regulación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo de su Estatuto de Autonomía y de las bases establecidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
Artículo 2.
1. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En aplicación de esta Ley podrán dictarse normas específicas de desarrollo adecuadas a las peculiaridades del personal sanitario, investigador y docente.
Artículo 3.
La Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se ordena conforme a los principios de imparcialidad y profesionalidad en el ejercicio de sus funciones, para el servicio más eficaz y objetivo de los intereses generales.
CAPÍTULO II
Del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 4.
La Función Pública está integrada por los funcionarios y por el personal eventual interino y laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 5.
Son funcionarios quienes, en virtud de nombramiento y bajo el principio de carrera, están incorporados con carácter permanente a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante relación de servicios profesionales retribuidos regulada estatutariamente y sometida al Derecho Administrativo.
Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón serán desempeñados por funcionarios.
Artículo 6.
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y en régimen no permanente, ocupa un puesto de trabajo considerado de confianza o de asesoramiento especial de Presidente de la Diputación General o de los Consejeros, no reservado a funcionarios, y que figura con este carácter en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
2. En ningún caso se considerará como mérito para el acceso a la condición de funcionario, contratado laboral o para la promoción interna, la prestación de servicios en calidad de personal eventual.
3. La Diputación General determinará el número de puestos, con sus características y retribuciones, reservados a personal eventual siempre dentro de los créditos presupuestarios correspondientes.
Artículo 7.
1. Es personal interino de que, por razones de necesidad y urgencia, en virtud de nombramiento, ocupa puestos de trabajo vacantes que corresponden a plazas de funcionarios en tanto no sean provistas por éstos. También podrán ocupar, provisionalmente, puestos de trabajo en sustitución de funcionarios que disfruten de licencias, o se encuentren en alguna situación con dispensa de asistencia, que otorguen derecho a la reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstancias.
2. Los interinos deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas a los funcionarios para ocupar las plazas vacantes.
3. El personal interino cesará cuando dejen de ser necesarios sus servicios o cuando la plaza que ocupen sea cubierta por un funcionario.
4. Las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios.
Artículo 8.
1. Es personal laboral el que ocupa puestos de trabajo clasificados como tales y en virtud de contrato de naturaleza laboral, que se formalizará siempre por escrito.
2. Como excepción a la regla general establecida en el artículo 5, podrán ser desempeñados por personal laboral:
a) Los puestos de naturaleza no permanente y los precisos para satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.
b) Los puestos que aunque adscritos a funcionarios, tengan que cubrirse con urgencia inaplazable y no dispongan de dotación presupuestaria adecuada. En este supuesto la contratación laboral tendrá un límite temporal de seis meses.
c) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos.
d) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores.
e) Los puestos con funciones docentes adscritos a centros de enseñanza o formación no integrados en el sistema educativo oficial.
f) Los puestos de los organismos o centros de investigación que sean necesarios para la ejecución de proyectos determinados, sin que en ningún caso los contratos puedan tener duración superior a la del proyecto de que se trate. También podrá contratarse personal para su formación científica y técnica en la modalidad de contrato «en prácticas» regulado por el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores.
g) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.
3. El personal a que se refiere este artículo se regirá por la legislación laboral y, en su caso, por lo pactado al amparo de ella en convenio colectivo, así como por los preceptos de la presente Ley que le sean de aplicación.
Artículo 9.
La prestación de servicios en régimen interino o laboral temporal no podrá suponer mérito preferente para el acceso a la condición de funcionario o de personal laboral con carácter indefinido, sin perjuicio de que puedan computarse como méritos en los baremos de los concursos, siempre que sean adecuados a los puestos cuya provisión se convoque.
CAPÍTULO III
De los órganos superiores en materia de personal
Artículo 10.
Son órganos superiores en materia de personal:
– La Diputación General.
– El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
– La Comisión de Personal.
Artículo 11.
1. La Diputación General establece la política de personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, dirige su desarrollo y aplicación y ejerce la potestad reglamentaria en la materia.
2. Corresponde en particular a la Diputación General:
a) Determinar las competencias de sus diversos órganos en materia de Función Pública, con arreglo a criterios que permitan una administración de personal coordinada, simplificada, eficaz y participada.
b) Señalar las instrucciones a que deberán atenerse sus representantes cuando proceda la negociación con la representación sindical de los funcionarios para determinar sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados, estableciendo las condiciones de empleo cuando no se produzca acuerdo en la negociación; y señalar igualmente las instrucciones a que deberán atenerse sus representantes en la negociación colectiva con el personal laboral.
c) Acordar los nombramientos de los funcionarios que ocupen puestos provistos por el sistema de libre designación, propuesta del Consejero Titular del Departamento a que estén adscritos, previa convocatoria por el de Presidencia y Relaciones Institucionales, así como sus ceses.
d) Aprobar las directrices sobre programación de las necesidades de personal a medio y largo plazo, previo informe de la Comisión de Personal.
e) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación de los regímenes retributivos de su Función Pública, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía.
f) Aprobar la oferta anual de empleo Público, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
g) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
h) Aprobar los intervalos de niveles de puestos de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
i) Regular los sistemas para la provisión de los puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera administrativa y la promoción profesional en el ámbito de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
j) Determinar la jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
k) Aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos en caso de huelga en la Administración Pública.
l) Decidir acerca de las propuestas de resolución de expedientes disciplinarios que impliquen separación definitiva del servicio, previos los informes y dictámenes que en cada caso procedan, oída la Comisión de Personal.
ll) Fijar las directrices a que deberán ajustarse los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Consejo Superior de la Función Pública.
m) Ejercer las competencias que legal o reglamentariamente le sean atribuidas.
Artículo 12.
1. Al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales compete el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política de la Diputación General en materia de personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
2. En particular corresponde al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales:
a) Proponer a la Diputación General los proyectos o normas de aplicación a la Función Pública y dictar disposiciones generales en materia de Función Pública en cuestiones no reservadas a la Diputación General.
b) Impulsar, coordinar y en su caso establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la formación y promoción del personal.
c) Vigilar el cumplimiento de las normas de general aplicación en materia de personal por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y ejercer la inspección general en materia de personal.
d) Mantener la adecuada coordinación con los órganos de las demás Administraciones Públicas competentes en materia de Función Pública.
e) Proponer a la Diputación General la aprobación de la oferta anual de empleo público.
f) Proponer a la Diputación General las relaciones de puestos de trabajo, la valoración de los mismos y los intervalos de niveles correspondientes a cada Grupo.
g) Ordenar las convocatorias públicas para la provisión de los puestos de trabajo y resolver las de concursos de méritos.
h) Convocar las pruebas de selección del personal.
i) Nombrar los funcionarios que hayan superado las pruebas de acceso a la Administración de la Comunidad Autónoma.
j) Resolver los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
k) Ejercer las demás competencias que, en materia de Función Pública, sean de la competencia de la Comunidad Autónoma y no estén atribuidas a otros órganos de la Diputación General de Aragón.
Artículo 13.
1. La Comisión de Personal, adscrita al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales se configura como órgano de participación y ejercerá funciones de información, coordinación, asesoramiento y consulta en la política de personal.
2. La Comisión de Personal será paritaria y su composición la siguiente:
– Presidente: El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
– Vicepresidente: El Director General responsable de la Función Pública.
– Vocales: Los Secretarios Generales o cargos análogos que en cada Departamento y en el Servicio Aragonés de Salud tengan atribuidas las competencias en materia de personal, así como los Secretarios Generales de las Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel, un Letrado de la Dirección General de Servicios Jurídicos, un Jefe de Servicio de la Dirección General de Presupuestos y representantes del personal designados por las Organizaciones Sindicales conforme su representatividad respectiva.
– Secretario: Un Jefe de Servicio con responsabilidades en el área de Función Pública, que actuará con voz y voto.
Por cada uno de los miembros de la Comisión se designará un suplente, que en el caso de los que actúan en representación de la Administración habrá de tener al menos la categoría administrativa inmediatamente inferior y estar adscrito a la correspondiente Dirección General, Secretaría General o Servicio.
3. Son atribuciones de la Comisión de Personal:
– Emitir informe preceptivo en relación a las normas y disposiciones de carácter general en materia de personal.
– Informar los anteproyectos de Ley relativos a la Función Pública de la Comunidad Autónoma.
– Informar sobre las cuestiones que le sean consultadas por la Diputación General.
– Tomar conocimiento, debatir y, en su caso, proponer a la Administración la adopción de medidas dirigidas a mejorar la organización, las condiciones de trabajo y el rendimiento del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
– Informar el proyecto de relación de puestos de trabajo.
– Informar el proyecto de oferta de empleo público.
– Conocer los intervalos de niveles de puestos de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala.
– Informar los sistemas para la provisión de puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera administrativa y la promoción profesional en el ámbito de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
– Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por la normativa vigente.
CAPÍTULO IV
Del Registro de Personal
Artículo 14.
1. Existirá un Registro General de Personal dependiente del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y en la que se anotarán todos los actos que afecten exclusivamente a la vida administrativa del mismo.
2. Su organización y funcionamiento se determinará por Decreto, que deberá tener en cuenta los requisitos mínimos homogeneizadores a que se refiere el artículo 13.3 de la Ley 30/1984, a los efectos de facilitar su coordinación con el Registro Central de Personal de la Administración del Estado y con los registros de personal de las demás Administraciones Públicas.
3. En la documentación individual de todo el personal no figurará ningún dato relativo a su opinión, raza o religión.
4. Para la inclusión en nómina de las remuneraciones deberá comunicarse previamente al Registro de Personal el acto o resolución por el que han sido reconocidas.
5. La utilización de los datos que consten en el Registro que estará informatizado, quedará sometida a las limitaciones establecidas en el artículo 18.4 de la Constitución Todo el personal inscrito en el Registro tendrá libre acceso a su expediente individual.
CAPÍTULO V
De la Estructura y Organización de la Función Pública
Artículo 15.
Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma se integran en Cuerpos, estructurados en Escalas y especialidades y, encuadrados en Grupos en razón del grado de titulación exigido para el ingreso.
Artículo 16.
1. Los Cuerpos de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma son los siguientes:
En el Grupo A, el Cuerpo de Funcionarios Superiores, al que corresponde el desempeño de las funciones de administración o profesionales de nivel superior, para cuyo ejercicio se requiere título universitario de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, genérica o específicamente exigido para el ingreso.
Se integran en este Cuerpo las siguientes Escalas, de acuerdo con la naturaleza de las funciones atribuidas:
– Escala Superior de Administración.
– Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos.
– Escala Facultativa Superior.
– Escala Sanitaria Superior.
– Escala Superior de Investigación.
En el Grupo B, el Cuerpo de Funcionarios Técnicos, que desarrollan las actividades de apoyo y colaboración con las funciones de nivel superior y las profesionales propias de la titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Titulado de Escuela Universitaria o de Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente, que se hayan exigido genérica o específicamente para el ingreso.
Se integran en este Cuerpo las siguiente Escalas:
– Escala Técnica de Gestión.
– Escala Técnica Facultativa.
– Escala Técnica Sanitaria.
– Escala Técnica de Investigación.
En el Grupo C, el Cuerpo Ejecutivo, cuyos funcionarios realizan las tareas de ejecución y tramitación administrativa, para cuyo ingreso se requiere el título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
Se integran en este Cuerpo las siguientes Escalas:
– Escala General Administrativa.
– Escala de Ayudantes Facultativos.
– Escala Ejecutiva de Agentes para la Protección de la Naturaleza.
En el Grupo D, el Cuerpo Auxiliar, cuyos funcionarios desempeñan las tareas de carácter auxiliar y análogas, debiendo estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, requerido para ingresar en el Cuerpo.
Se integran en este Cuerpo las siguientes Escalas:
– Escala Auxiliar Administrativa.
– Escala de Auxiliares Facultativos.
– Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza.
– Escala Auxiliar Sanitaria y de Salud Mental.
En el Grupo E, el Cuerpo Subalterno, al que corresponde las tareas que requieren única y exclusivamente la posesión del certificado de Escolaridad.
2. En cada Escala, las plazas se agruparán según su clase de especialidad, con el fin de lograr la necesaria congruencia y racionalidad en la organización de las tareas y la asignación de funciones, mediante la provisión de los puestos de trabajo por el personal más idóneo.
3. La creación, modificación o extinción de Cuerpos y Escalas requiere Ley de las Cortes de Aragón.
4. Las Cuerpos dependen orgánicamente del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, sin perjuicio del destino o adscripción de los funcionarios a los servicios de cada Departamento u organismo autónomo.
5. La Diputación General podrá crear por Decreto. y otorgar en virtud de condiciones objetivas, los diplomas de especialización funcional que sean necesarios para la mayor eficacia de sectores concretos de la actividad administrativa y señalará los requisitos generales para acceder a los puestos directivos, previo informe preceptivo de la Comisión de Personal.
Artículo 17.
1. La Diputación General aprobará, a propuesta de Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos, en las que figurarán todos los puestos permanentes de su organización, con expresión de su naturaleza de puesto de funcionario, de contratado laboral o de personal eventual. En los dos primeros casos se especificará la denominación, el nivel o categoría el modo de provisión, los requisitos exigidos para su desempeño y las retribuciones complementarias que le correspondan.
También se determinarán en las relaciones de puestos de trabajo aquéllos que puedan ofrecerse a funcionarios dependientes de otras Administraciones Públicas, que accederán a ellos, en su caso, mediante el correspondiente sistema de provisión.
2. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. La aprobación de modificaciones en las estructuras orgánicas de los Departamentos exigirá, al mismo tiempo, la de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y la de los créditos presupuestarios necesarios para atender las remuneraciones.
3. Las relaciones de puestos de trabajo, que deberán actualizarse con carácter anual, así como sus modificaciones, se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón».
4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo, requerirá que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones.
5. En las relaciones de puestos de trabajo sólo podrán figurar clasificados como de libre designación de los de Jefatura de Servicio y asimilados, los de Secretaria de los altos cargos y aquéllos otros que excepcionalmente obtengan tal calificación en razón de la naturaleza de sus funciones.
Artículo 18.
1. En los Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma se fijará el número de dotaciones que constituyen las plazas de cada Cuerpo, las de los eventuales y las del personal laboral.
2. En los Presupuestos que corresponden a cada programa de gastos figurarán los créditos necesarios para financiar las retribuciones básicas y complementarias del personal adscrito a los mismos.
CAPÍTULO VI
De la movilidad de los funcionarios
Artículo 19.
1. Se garantiza el derecho a la movilidad interna de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo.
2. A través de las oportunas convocatorias de concurso o de libre designación en que así se exprese, los funcionarios de la Administración del Estado podrán incorporarse a la de la Comunidad Autónoma para desempeñar puestos de trabajo de contenido funcional adecuado a sus Cuerpos o Escalas. En los casos en que sea preciso, podrán solicitarse de dicha Administración el envío en primer destino de funcionarios ingresados en los Cuerpos o Escalas de la misma.
3. Los funcionarios que hubieran ingresado directamente en las Administraciones Públicas de otras Comunidades Autónomas podrán participar, en su caso, en las mismas convocatorias indicadas en el apartado anterior, cuando proceda de acuerdo con las normas de carácter general que regulen este tipo de movilidad entre Administraciones con el fin de lograr una mejor utilización de los recursos humanos, y según lo que al efecto se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.
4. Los funcionarios de la Administración Local de Aragón podrán pasar a desempeñar en la de la Comunidad Autónoma los puestos de trabajo que, en atención a su contenido funcional, sean así clasificados en las relaciones de puestos, de acuerdo con las necesidades de los servicios y siempre que así se establezca en la correspondiente convocatoria pública.
5. En todo caso, los funcionarios de la Comunidad Autónoma tendrán derecho a participar en igualdad de condiciones en las convocatorias para la provisión de los puestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se ofrezcan a funcionarios de otras Administraciones Públicas.
Artículo 20.
1. Los funcionarios transferidos, y aquéllos que según la legislación vigente tengan la misma consideración, se integran plenamente como funcionarios propios en los Cuerpos y Escalas en que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los que permanecen en la situación administrativa de activo.
2. Los demás funcionarios que, procedentes de otras Administraciones Públicas, se incorporen por traslado voluntario a la de la Comunidad Autónoma de Aragón conservarán la condición de funcionarios propios de sus Administraciones de procedencia, pero en tanto se hallen destinados en la de Aragón les será aplicable la legislación propia de ésta en materia de Función Pública y, en todo caso, sus normas relativas a promoción profesional, promoción interna, movilidad, régimen retributivo, situaciones administrativas y régimen disciplinario, con excepción de la sanción de separación del servicio.
3. Tanto a los funcionarios transferidos que se integran en la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón como a los que por traslado se incorporen a la misma se les respetarán a todos los efectos el Grupo del Cuerpo o Escala de procedencia y los derechos inherentes al grado personal que tengan reconocido, hasta el correspondiente al nivel máximo del intervalo atribuido a su Grupo en esta Administración.
Artículo 21.
1. Sin perjuicio del derecho de los funcionarios dependientes de otras Administraciones Públicas a reincorporase al servicio activo en las mismas a través de los procedimientos establecidos, se reconoce el derecho de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a desempeñar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en las respectivas normativas reguladoras. Se requerirá autorización específica en los supuestos de que se recabe a algún funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en comisión de servicios por otras Administraciones Públicas.
2. Los funcionarios propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto los de ingreso directo como los integrados en ella, que se trasladen de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, quedarán en ésta en la situación de «servicios en otras Administraciones Públicas», de efectos similares a la situación administrativa especial prevista en el artículo 12 de la Ley 30/1984, conservando el derecho a reintegrarse a aquélla en servicio activo por los procedimientos pertinentes. Si se integrasen en la Función Pública de la Administración a la que se trasladan, les corresponderá pasar en la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la situación administrativa de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29.3 a) de la Ley 30/1987, de 2 de agosto.
3. Los funcionarios incorporados para desempeñar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón sin integrarse, de acuerdo con la presente Ley, en los Cuerpos y Escalas de su Función Pública, causarán baja cuando se trasladen a otra Administración Pública.
Artículo 22.
Los concursos para la provisión por los funcionarios de los puestos vacantes se convocarán, como mínimo con carácter anual, salvo que por normas específicas se establezca otra periodicidad en la convocatoria, por razón de especialidad o por otras circunstancias que lo justifiquen.
CAPÍTULO VII
De la Oferta de Empleo Público y selección de personal
Artículo 23.
La Diputación General de Aragón aprobará la oferta anual de empleo público, que incluirá las plazas dotadas cuya provisión se considere necesaria, durante el ejercicio presupuestario, para el adecuado funcionamiento de los servicios, y que, hallándose vacantes, no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en la Comunidad Autónoma ni se reserven, en su caso, para su provisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley.
No se podrán suprimir, amortizar o transformar las plazas incorporadas a la oferta.
Artículo 24.
1. Publicada la oferta en el «Boletín Oficial de Aragón», se convocarán, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas, a las que podrá agregarse hasta un diez por ciento adicional.
2. La realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse.
3. Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración, a los tribunales o comisiones de selección u órganos que hayan de juzgar las pruebas selectivas, y a quienes participen en éstas.
Artículo 25.
La Administración de la Comunidad Autónoma seleccionará su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 26.
1. En la convocatoria de las pruebas de selección de personal funcionario o laboral se harán constar expresamente:
a) El número de vacantes, el Cuerpo o categoría laboral a que corresponde y el porcentaje que se reserva para la promoción interna.
b) Los requisitos y aspirantes.
c) El contenido de las pruebas y programas o, en su caso, la relación de méritos, así como los criterios y normas de valoración.
d) El calendario previsible para la realización de pruebas.
e) La composición del Tribunal o Comisión de Selección.
f) La cuantía, en su caso, de los derechos de examen.
g) El modelo de instancia.
2. Los tribunales estarán compuestos, como mínimo, por tres miembros designados por la Diputación General de Aragón, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, y dos miembros designados por las organizaciones sindicales, debiendo designarse otros tantos miembros suplentes. Todos habrán de poseer titulación de igual o superior nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria, y que como mínimo en dos de ellos deberá corresponder a la misma área de conocimientos específicos comprendidos en el programa de las pruebas selectivas con el fin de que quede garantizado el principio de especialidad.
3. Los tribunales o comisiones de selección no podrán aprobar ni declarar que han superado las pruebas de selección un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas que infrinjan esta norma serán nulas de pleno derecho.
Artículo 27.
1. Las pruebas de selección para ingreso en cada uno de los Cuerpos de la Administración de la Comunidad Autónoma podrán ser unitarias o específicas para una función, profesión o especialidad determinadas, y se desarrollarán a través del sistema de oposición, salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-oposición o, excepcionalmente, el de concurso.
2. Cuando la convocatoria sea unitaria se establecerán pruebas comunes para todos los aspirantes y específicas para los de una función o profesión determinada. Quienes superen las pruebas comunes deberán optar por una de las pruebas específicas que habilitan para el acceso a una función o profesión determinadas.
3. Si el ingreso se efectúa mediante convocatoria de concurso-oposición, la puntuación que se obtenga en la fase de concurso no podrá aplicarse en ningún caso para superar los ejercicios de la fase de oposición.
Artículo 28.
1. Se podrá exigir un curso de formación complementaria, dirigido a proporcionar a los aspirantes seleccionados los conocimientos y técnicas específicas que sean necesarios para un ejercicio eficaz de sus funciones o actividades la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
El curso de formación podrá tener carácter eliminatorio.
2. Los aspirantes que superen las pruebas selectivas y, en su caso, el curso de formación, así como el período de prácticas que pueda establecerse, serán nombrados por Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales funcionarios del Cuerpo correspondiente, hasta el límite de las plazas convocadas.
Los nombramientos serán publicados en el «Boletín Oficial de Aragón», a partir de cuyo momento podrán los seleccionados adquirir la condición de funcionarios de carrera previo al cumplimiento de los requisitos de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, declaración referente a las normas sobre incompatibilidades y toma de posesión en el plazo que reglamentariamente esté establecido.
3. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio y según las preferencias manifestadas por riguroso orden de puntuación final, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados en las relaciones de puestos de trabajo, a cuyo efecto podrán fijarse en éstas los puestos que por sus características se consideren idóneos como primer destino para funcionarios de una o varias Escalas del mismo Cuerpo, en relación con la formación específica exigida en el proceso selectivo.
También podrá adjudicarse destino provisional cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo.
Artículo 29.
La selección del personal interino se realizará mediante valoración de méritos y, en su caso, superación de pruebas objetivas, en convocatoria pública de libre concurrencia.
CAPÍTULO VIII
De la provisión de puestos de trabajo
Artículo 31.
1. Las convocatorias para la provisión de puestos que hayan sido clasificados como de libre designación se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón» y contendrán, como mínimo, su denominación y localización, nivel y requisitos indispensables para desempeñarlos, según figuren especificados en las relaciones de puestos de trabajo.
No podrán cubrirse por este procedimiento ningún puesto que no esté expresamente clasificado para ello, en atención a la naturaleza de sus funciones.
La provisión de estos puestos se realizará atendiendo a criterios de mérito y capacidad.
2. La adjudicación de un puesto por libre designación, que se efectuará a propuesta razonada del Consejero titular del Departamento al que esté adscrito, requerirá el informe previo del Director General de que dependa, pudiendo declararse desierto sin ninguno de los solicitantes reúne las condiciones adecuadas para el desempeño del puesto.
3. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional, mediante resolución motivada.
Artículo 31.
1. El sistema normal para la provisión de los puestos de trabajo es el de concurso, en el que se tendrán en cuenta únicamente los méritos señalados en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento realizados relacionados con las funciones del puesto a cubrir y la antigüedad.
2. Las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón», concediéndose un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes, y en ellas deberán constar en todo caso la denominación, nivel y localización de cada puesto, los requisitos necesarios o preferentes para desempeñarlo, el baremo para la puntuación de los méritos y la puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
3. Sin perjuicio de la estabilidad de la relación estatutaria, los funcionarios que accedan por concurso a puestos de trabajo podrán ser removidos por circunstancias sobrevenidas derivadas de las situaciones contempladas en el artículo 43.3 de la presente Ley o cuando su rendimiento sea notoriamente insuficiente, mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado y oída la Junta de Personal que corresponda, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 43.2, y quedando obligados a participar en las convocatorias que se publiquen siempre que reúnan los requisitos exigidos en aquéllas.
Artículo 32.
1. Están exceptuados de la convocatoria pública los puestos de Director General o asimilados, cuyo nombramiento corresponde libremente a la Diputación General.
2. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que sean nombrados Directores Generales en la misma permanecerán en la situación de servicio activo, si bien tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban, salvo que se les adjudicara otro mediante su participación en convocatoria pública.
3. El tiempo de permanencia en la situación de Director General será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.
Artículo 33.
1. Podrán participar en las convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se hallen en la situación de servicio activo, servicios especiales o servicios en otras Administraciones Públicas.
2. Asimismo, los funcionarios en situación de excedencia forzosa, excedencia voluntaria cuando reúnan los requisitos para cesar en ella, y los suspensos cuando hayan cumplido el periodo de suspensión, podrán reingresar al servicio activo a través de estos procedimientos También podrá autorizarse el reingreso de tales funcionarios, antes de la convocatoria de concurso, con destino provisional en los puestos en los que se considere urgente o conveniente para el servicio a cubrir.
3. Los funcionarios con destino o adscripción provisional estarán obligados a participar en las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo propios de su Cuerpo o Escala y, en su caso, clase de especialidad.
4. Los funcionarios no podrán participar en las convocatorias para la provisión de puestos que se publiquen dentro de los dos años siguientes a la toma de posesión del último destino adquirido por concurso, o del primero adjudicado con carácter definitivo al ingresar en el Cuerpo, salvo que hubieran debido cesar en él o soliciten puestos de libre designación o, en concurso de méritos, puestos en el mismo Departamento y localidad.
5. El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, podrá autorizar excepcionalmente permutas de puestos del mismo nivel, que no sean de libre designación, entre funcionarios en activo de la Comunidad Autónoma o destinados en ella, o en situación de servicios especiales, con sujeción a las condiciones que se establecen en el artículo 62 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero y quedando en todo caso obligados a permanecer un mínimo de dos años en el puesto obtenido por la permuta.
Artículo 34.
Las resoluciones de las convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón», incluso cuando los puestos no sean provistos por falta de candidatos idóneos, y se comunicarán al Registro de Personal.
Artículo 35.
1. Los Cuerpos y Escalas de funcionarios no podrán tener asignadas facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos. Las relaciones de puestos de trabajo podrán determinar los Cuerpos, Escalas y clases de especialidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, o los de características semejantes de otras Administraciones Públicas, a que deba adscribirse cada puesto, según su contenido funcional.
La adscripción en exclusiva de algún puesto de trabajo a los funcionarios de una determinada Escala o de una clase de especialidad únicamente procederá cuando exija la naturaleza de las funciones a desempeñar, y podrá implicar que se excluya a aquéllos del acceso a otros puestos, por Acuerdo de Consejo de Gobierno.
3. La ocupación de un puesto de trabajo clasificado para Cuerpos o Escalas de diferentes Grupos no comportará la integración del funcionario en Grupo distinto del Cuerpo o Escala a que pertenece, aunque posea la titulación académica requerida, ni tampoco la percepción de las retribuciones básicas correspondientes, sin perjuicio de que se le apliquen las complementarias propias del puesto.
CAPÍTULO IX
De la carrera administrativa
Artículo 36.
1. La carrera administrativa consiste en el ascenso de grado personal dentro de cada Cuerpo y en la promoción de un Cuerpo de un determinado Grupo a otro del Grupo inmediato superior.
2. La Diputación General podrá regular, dentro del marco de los preceptos legales, las peculiaridades de la carrera administrativa en las distintas Escalas o clases de especialidad, para los puestos de trabajo cuyo contenido fundamental corresponda al desempeño de una específica carrera o profesión y que no constituya la estructura orgánica de los Departamentos.
Los puestos de trabajo con funciones de naturaleza técnica no asignadas a las Jefaturas de las unidades de la estructura orgánica, y que constituyen actividades propias del titulo académico o de la especialización profesional concretamente exigidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala que determinan la pertenencia a una clase de especialidad, podrán clasificarse en diferentes niveles de complemento de destino, conforme a la valoración del contenido de cada uno y de acuerdo con el principio jerárquico. Su provisión se efectuará mediante convocatoria pública de concurso o libre designación, según figuren en las relaciones de puestos, entre los funcionarios de las clases de especialidad correspondientes y en consideración a méritos adecuados a las respectivas áreas funcionales. El desempeño de estos puestos no impedirá el acceso de sus titulares a los propios de la estructura orgánico-administrativa, ni viceversa, mediante la participación de los interesados en los oportunos procedimientos que se convoquen públicamente para su cobertura.
3. Tanto en el ámbito general de la estructura orgánica como en cada una de las áreas funcionales de naturaleza técnico-profesional, la carrera administrativa de los funcionarios se desarrollará con arreglo a lo preceptuado en los artículos siguientes.
Artículo 37.
1. Los puestos de trabajo se clasifican en treinta niveles.
2. El intervalo de niveles en que deben clasificarse los puestos será el mismo para todas las Escalas de cada Cuerpo, según el Grupo al que pertenezcan.
3. La Diputación General determinará los intervalos de niveles de puestos de trabajo que correspondan a cada Cuerpo o Escala, atendiendo, en todo caso, al criterio de titulación, especialización, responsabilidad técnica y mando, y cuidando su homogeneización con los de los mismos grupos e idéntico nivel de funciones del resto de las Administraciones Públicas.
Artículo 38.
1. Los funcionarios poseerán un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles de los puestos de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.
2. El reconocimiento de los grados personales compete al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, cuyas resoluciones en esta materia pondrán fin a la vía administrativa.
Estas resoluciones deberán quedar reflejadas en el Registró de Personal.
Artículo 39.
1. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. Si durante el tiempo que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los niveles al correspondiente a su grado personal consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que posean, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo se computarán los servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.
Artículo 40.
1. Los funcionarios tendrán asignado el grado personal correspondiente al nivel mínimo del intervalo establecido para el Cuerpo o Escala o clase de especialidad al que pertenezcan, hasta tanto adquieran otro superior a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.
A partir de la toma de posesión de los funcionarios de nuevo ingreso, se iniciará el cómputo del tiempo necesario para la consolidación de los respectivos grados personales, correspondientes a los niveles de los puestos que les hayan sido adjudicados en primer destino.
2. Cuando un funcionario obtenga destino en un puesto de nivel superior o inferior al del grado que tengan en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquél será computable para la referida consolidación.
3. Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Escalas por el sistema de promoción interna conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el de procedencia, siempre que se encuentren el intervalo de niveles correspondiente al Grupo al que pertenezca el nuevo Cuerpo o Escala y el tiempo de servicios prestados en aquél será de aplicación, en su caso, para la consolidación del grado personal en éste.
4. Los funcionarios sólo podrán desempeñar puestos de trabajo clasificados en los niveles del intervalo de su respectivo Cuerpo y Escala. En ningún caso podrá consolidarse un grado personal superior al nivel máximo del intervalo correspondiente al Cuerpo o Escala al que el funcionario pertenezca, sin perjuicio de que se respete la percepción del complemento de destino de nivel más alto cuando con carácter excepcional lo tuviera reconocido.
Artículo 41.
1. El periodo de permanencia en un puesto de trabajo en régimen de comisión de servicios o adscripción provisional se computará a efectos de consolidación del grado personal que corresponda al nivel del puesto propio del funcionario, salvo que éste obtuviera en destino definitivo el puesto desempeñado con tal carácter, en cuyo caso podrá acumular aquel periodo para consolidar el grado correspondiente a su nivel.
2. El tiempo de permanencia en las situaciones de servicios especiales y excedencia forzosa, así como el primer año en la de excedencia voluntaria prevista en el apartado 4 incorporado al artículo 29 de la Ley 30/1984, por el artículo 2.2 de la Ley 31/1989, de 3 de marzo, será computado a efectos de consolidación del grado personal como prestado en el último puesto desempeñado.
Artículo 42.
1. La adquisición de los grados superiores de cada Cuerpo o Escala podrá también llevarse a cabo mediante la superación de los cursos que al efecto se convoquen, o por el cumplimiento de otros requisitos objetivos que sean determinados por la Diputación General.
El acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se fundarán exclusivamente en criterios de mérito y capacidad, y la selección, en su caso, se realizará mediante concurso con garantía de la igualdad de oportunidades. La convocatoria y el resultado de estos cursos serán públicos.
2. La Diputación General aprobará el régimen de los cursos de formación específicos para la adquisición de los grados superiores del intervalo que corresponda a cada Cuerpo.
3. El contenido de los cursos consistirá en la capacitación en las técnicas sustantivas que sean necesarias para el desempeño eficaz y eficiente de los puestos de trabajo propios del grado superior.
4. Cuando se obtenga en estos cursos la calificación que se determine, supondrá la adquisición de grado máximo del Cuerpo correspondiente.
Artículo 43.
1. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo al menos del complemento de destino de los puestos de nivel correspondiente a su grado personal.
2. Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo, sin obtener otro por los sistemas previstos en los artículos 30 y 31, quedarán a disposición del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, que les atribuirá el desempeño provisional de un puesto propio de su Cuerpo o Escala, en las condiciones previstas en el apartado anterior, y deberán participar en las convocatorias para la provisión de los puestos que se ajusten a sus condiciones, con derecho preferente, en caso de concurso, para acceder a los de nivel correspondiente hasta el de su grado personal, en la localidad de su anterior destino
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes cesen por supresión del puesto o alteración sustancial de contenido del que desempeñaban continuarán percibiendo, en tanto se les asigne otro puesto y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido alterado, salvo que puedan percibir otras superiores por el desempeño provisional de un puesto que las tenga atribuidas.
Artículo 44.
1. Los funcionarios tendrán derecho a la promoción interna mediante el ascenso a una Escala y clase de especialidad del Cuerpo correspondiente al Grupo inmediatamente superior al de su pertenencia, siempre que tengan en el Cuerpo del Grupo inferior una antigüedad de al menos dos años, posean la titulación genérica o específica exigida para el ingreso en aquella Escala, reúnan los demás requisitos y superen las pruebas que se establezcan.
2. En las convocatorias de pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de la Administración de la Comunidad Autónoma se expresará el número de vacantes que se reservan para la superación interna a cada Escala y clase de especialidad.
Las plazas de promoción interna que queden vacantes por no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida en la fase de oposición para la superación de las correspondientes pruebas se acumularán a las que se ofrezcan a la convocatoria de acceso libre.
3. La Diputación General de Aragón podrá determinar las condiciones en las que los funcionarios pertenecientes a una determinada Escala y clase de especialidad tendrán opción a acceder a otra del mismo Cuerpo, cuando de ello se deriven ventajas para la gestión de los servicios, siempre que aquéllos se encuentren en posesión de la titulación académica requerida y superen las correspondientes pruebas selectivas, en las cuales se establecerá la exención de los ejercicios encaminados a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en la Escala de origen.
Artículo 45.
1. Las pruebas selectivas para ascenso se efectuarán mediante concurso-oposición.
2. En la fase de concurso se valorarán los puestos de trabajo desempeñados, los conocimientos acreditados a través de títulos o diplomas, la antigüedad, los cursos de perfeccionamiento realizados, así como cualquier actividad singular o función concreta que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
3. En la fase de oposición se podrán convalidar a los funcionarios aspirantes al ascenso determinadas materia de los programas, o examinarles de la realización de las pruebas encaminadas a la acreditación de conocimientos ya exigidos para el ingreso en el Cuerpo, Escala o clase de especialidad de precedencia, o de adaptar el contenido de algún ejercicio para una valoración más adecuada a su capacidad y experiencia. La fase de oposición consistirá en la realización de las pruebas que se establezcan, cuyo contenido responderá a las funciones a desempeñar en la Escala a la que se promociona.
4. La convocatoria de las pruebas selectivas indicadas fijará el baremo objetivo para la valoración de la fase de concurso, así como la puntuación mínima y máxima en relación con la fase de oposición.
La puntuación resultante de la fase de concurso no podrá acumularse para superar el mínimo que se establezca en la fase de oposición.
5. La Diputación General de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, podrá establecer los cursos precisos para proporcionar la formación necesaria a los aspirantes a la promoción interna, sin que en ningún caso tengan carácter de prueba.
CAPÍTULO X
Del Instituto Aragonés de Administración Pública
Artículo 46.
1. Las funciones de selección, formación, actualización y perfeccionamiento del personal al servicio de la Comunidad Autónoma se desarrollará fundamentalmente a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, bien directamente o mediante convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública. El Instituto Aragonés de Administración Pública, podrá celebrar convenios con la Universidad u otras entidades.
El aprovechamiento de los cursos a impartir para la formación, actualización y perfeccionamiento del personal se valorará mediante pruebas objetivas, extendiendo la Diputación General la certificación o título en el que se especificará para cada asistente el resultado final o la constatación de asistencia si no se realiza la correspondiente prueba evaluatoria.
2. Asimismo el Instituto Aragonés de Administración Pública, podrá convenir con las Corporaciones Locales de su ámbito territorial la selección, formación y perfeccionamiento de su personal específico.
3. De modo especial, el Instituto Aragonés de Administración Pública, tendrá a su cargo la organización de los cursos para la obtención de los grados superiores a que se ha hecho referencia en el artículo 42 de esta Ley.
4. El Instituto Aragonés de Administración Pública, desarrollará aquellas otras funciones de estudio, investigación, formación y consulta relacionadas con la Administración Pública que le encomiende la Diputación General o que deriven de los términos de los convenios que tenga suscritos.
CAPÍTULO XI
De las retribuciones
Artículo 47.
1. La Diputación General de Aragón establecerá un régimen de retribuciones de personal a su servicio, digno y acorde con la responsabilidad de las funciones desempeñadas.
2. Dicho régimen retributivo se ajustará a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Artículo 48.
1. La cuantía de las retribuciones básicas, que serán iguales a las de los funcionarios de la Administración del Estado para cada uno de los Grupos en que se clasifican los Cuerpos y Escalas, la del complemento de destino para los distintos niveles de puestos de trabajo y la de los complementos específicos para puestos concretos, deberán figurar anualmente en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
La cuantía de estos complementos se homogeneizará con las del resto de las Administraciones Públicas.
2. Corresponde a la Diputación General de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, la asignación de los niveles de los puestos de trabajo a efectos de la fijación de los complementos de destino y específico, así como determinar los servicios a los que será de aplicación el de productividad. La cuantía global de este complemento se calculará en un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada servicio, que se determinará anualmente en la Ley que apruebe el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Disposición adicional primera.
1. Los funcionarios de las Cortes de Aragón se consideran equiparados a los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En función de esa equiparación se incorporarán al Registro de Personal de la Comunidad Autónoma y se les aplicarán las normas sobre movilidad de personal.
2. La Mesa de las Cortes de Aragón, oída la Junta de Portavoces, elaborará el Estatuto del Personal al servicio de las Cortes de Aragón, inspirándose en las normas contenidas en la presente Ley.
En particular clasificará a su personal en los Grupos contenidos en ella y regulará de forma semejante el acceso a la Función Pública, la carrera administrativa y los conceptos retributivos.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la peculiaridad de trabajo parlamentario podrá justificar singularidades del régimen de prestación de trabajo y de su retribución.
Disposición adicional segunda.
1. Los funcionarios transferidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón se integrarán en los Cuerpos creados en el artículo 16 de esta Ley, con arreglo a las siguientes normas:
a) En el Cuerpo de Funcionarios Superiores, Grupo A, los funcionarios procedentes de Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas con índice de proporcionalidad 10.
En el Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Grupo B, los funcionarios procedentes de Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas con índice de proporcionalidad 8.
En el Cuerpo Ejecutivo, Grupo C, los funcionarios procedentes de Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas con índice de proporcionalidad 6.
En el Cuerpo Auxiliar, Grupo D, los funcionarios procedentes de Cuerpos. Escalas o plazas no escalafonadas con índice de proporcionalidad 4.
En el Cuerpo Subalterno, Grupo E, los funcionarios procedentes de Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas con índice de proporcionalidad 3.
b) Los funcionarios integrados, por razón de su procedencia, en los Cuerpos de la Comunidad Autónoma, que carezcan de la titulación académica necesaria para el acceso al correspondiente Grupo de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasarán a formar parte de una Escala «a extinguir» del Cuerpo de referencia, y sus plazas, a medida que queden vacantes, se convertirán en dotaciones del mismo Cuerpo.
2. En las Escalas Superior de Administración, Técnica de Gestión General Administrativa y Auxiliar Administrativa, quedan integrados, respectivamente, los funcionarios a que se refiere la letra a) del apartado anterior procedentes de Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas cuyos cometidos competenciales están dirigidos al desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, o que puedan asimilarse a ella, en el nivel adecuado a cada Grupo, y en los que ingresan por la posesión de correspondiente grado de titulación académica.
En la Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos se integran los funcionarios procedentes del Cuerpo de Abogados del Estado.
En la Escala facultativa de cada Cuerpo se integran los funcionarios procedentes de los Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas del grupo correspondiente a los que exigió para su ingreso una específica titulación académica del nivel adecuado o una concreta capacitación técnica para el desempeño de las funciones especializadas que constituyen el objeto de una determinada profesión.
En las Escalas Sanitarias se integran los funcionarios procedentes de los Cuerpos, Escalas o plazas no escalafonadas del grupo correspondiente cuyo cometido sustancial sea de naturaleza asistencial u hospitalaria.
En la Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza se integran los funcionarios procedentes del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado y de la Escala de Guardería Forestal del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, así como los Guardas «a extinguir» del Patrimonio Forestal y del Servicio de Pesca, Caza y Parques.
3. El Cuerpo Subalterno quedará «a extinguir» en cuanto a la afectación de sus vacantes al régimen jurídico funcionarial. Los funcionarios transferidos que se integran en este Cuerpo quedan encuadrados en las siguientes Escalas, de acuerdo con las tareas que tienen atribuidas:
– Escala de Ordenanzas, Telefonistas, Conductores y Mecánicos.
– Escala de Auxiliares Sanitarios y Auxiliares en Salud Mental.
– Escala de Personal de Laboratorio y de Campo.
– Escala de Personal Caminero de Obras Públicas.
4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, los funcionarios trasladados a la Administración de la Comunidad Autónoma en el marco de lo establecido en la disposición transitoria octava, párrafo tercero, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tendrán la consideración de funcionarios transferidos.
5. El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón aprobará las normas para la elaboración de las relaciones de funcionarios integrados en los Cuerpos, Escalas y clases de especialidad con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición adicional tercera.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley y en las normas para su desarrollo y aplicación, únicamente se aceptarán como «equivalentes» a otras titulaciones académicas aquéllas cuya equivalencia haya sido expresamente reconocida mediante resolución del Ministerio de Educación y Ciencia.
A los mismos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de la correspondiente licenciatura.
Disposición adicional cuarta.
Los funcionarios transferidos y los trasladados a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, procedentes de otras Administraciones Públicas, continuarán con el sistema de Seguridad Social o Previsión que tuvieran originariamente, asumiendo aquélla las obligaciones de la Administración del Estado, Corporación Local o Comunidad Autónoma correspondiente en relación con ellos.
A los funcionarios de nuevo ingreso, tanto durante el periodo de prácticas como en su condición de funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma les será aplicable el Régimen General de la Seguridad Social. También pasarán a este régimen los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que ingresen, por superación de las pruebas selectivas, en alguno de los Cuerpos de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque estuvieran previamente transferidos o incorporados a ésta.
Disposición adicional quinta.
Los funcionarios de las Escalas y clases de especialidad sanitarias de cada Cuerpo, así como, en su caso, el personal de la Seguridad Social a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podrá desempeñar, además de los específicamente asistenciales, puestos de administración de Sanidad que así se especifiquen en las relaciones de puestos de trabajo.
De igual manera, el personal funcionario investigador y, en su caso el docente, podrá acceder a los puestos de los respectivos servicios administrativos que así se clasifiquen en las relaciones.
En todos los supuestos contemplados en esta disposición habrá de estarse a razones estrictas de las funciones a realizar que justifiquen tales adscripciones.
Disposición adicional sexta.
Los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales serán admitidos, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, a las convocatorias de selección para el acceso a la Administración de la Comunidad Autónoma cuando acrediten la aptitud necesaria para el desempeño de la función.
En las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones de tiempo y medios que fueren precisas para su realización por los aspirantes minusválidos, y que no desvirtúen el contenido de la respectiva prueba ni impliquen reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible en la misma.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no interior al tres por ciento del conjunto de las vacantes para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración de la Comunidad Autónoma, siempre que aquellas superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con de desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
Disposición adicional séptima.
El personal funcionario y laboral fijo dependiente de la Diputación General de Aragón que ostente la condición de Diputado a Cortes de Aragón será dispensado de asistir al trabajo, si así lo solicita. En este supuesto tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondientes al puesto de trabajo con cargo a la Diputación General de Aragón y a la reserva de su puesto de trabajo con mantenimiento de todos los derechos que pudieran corresponderle.
Disposición transitoria primera.
La actual Escala de Auxiliares Sanitarios y Auxiliares en Salud Mental quedará en situación «a extinguir». No obstante, los miembros de la misma que posean la titulación académica correspondiente, podrán integrase en la Escala Auxiliar Sanitaria de Salud Mental, previa superación de las pruebas selectivas correspondientes.
Disposición transitoria segunda.
La actual Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza quedará en situación «a extinguir». No obstante, los miembros de la misma que posean la titulación académica correspondiente podrán integrarse en la Escala Ejecutiva de Agentes para la Protección de la Naturaleza, previa superación de pruebas específicas.
Disposición transitoria tercera.
Los funcionarios pertenecientes a la Escala «a extinguir» de Agentes de Economía Doméstica del Servicio de Extensión Agraria procedentes de la Administración del Estado, al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrán integrarse en el Grupo B si poseen la titulación necesaria y previa superación de pruebas específicas.
Disposición transitoria cuarta.
Los funcionarios que en el momento de aprobarse las relaciones de puestos de trabajo se encuentren desempeñando puestos clasificados en éstas con requisitos de titulación, adscripción a Grupos, Cuerpos o Escalas, especialización funcional u otros que ellos no cumplan, o con nivel no comprendido en el intervalo propio de su Cuerpo o Escala, no cesarán forzosamente en dichos puestos, pero no adquirirán derecho a ocupar otros similares, y se entenderá que consolidan el grado correspondiente al nivel máximo o al nivel mínimo del citado intervalo, según que los puestos de referencia tengan asignados niveles superiores o inferiores a los de éste.
Una vez que tales puestos queden vacantes, su provisión se convocará con arreglo a los requisitos y características con que figuren en las relaciones de puestos de trabajo.
Disposición transitoria quinta.
El personal con contrato laboral de carácter indefinido al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que a la entrada en vigor de la Ley esté ocupando plazas que en las relaciones de puestos de trabajo se clasifiquen como propias de funcionarios podrá aspirar a adquirir la condición funcionarial y la integración en el Cuerpo o Escala que corresponda por la naturaleza de las tareas atendidas siempre que posea la titulación académica necesaria, reúna los demás requisitos y supere las pruebas y los cursos de adaptación que se convoquen y organicen en un máximo de tres convocatorias. Deberán valorarse como mérito los servicios efectivos prestados en su condición de personal laboral.
Quienes no hagan uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, o no superen las pruebas y cursos, mantendrán su situación contractual, en la condición de «a extinguir» con respecto a la plaza clasificada como funcionarial, sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional en el ámbito de los puestos clasificados como laborales.
Disposición transitoria sexta.
Con objeto de que exista la conveniente homogeneización con los funcionarios de la Administración General del Estado, el cómputo del tiempo necesario para la consolidación del grado personal por los funcionarios transferidos o trasladados a la Administración de la Comunidad Autónoma referirá su fecha inicial al día 5 de julio de 1977, con efectos económicos desde el 1 de enero de 1991.
Disposición transitoria séptima.
Los funcionarios procedentes de los Cuerpos Sanitarios Locales mantendrán un régimen retributivo específico conforme a lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma, en tanto no se proceda a la regulación definitiva del mismo.
Disposición derogatoria.
Se derogan los textos de las Leyes 1/1986, de 20 de febrero y 2/1991, de 4 de enero, que quedan sustituidos por el contenido en el presente Decreto Legislativo, así como cuantas normas de igual o superior rango se opongan a éste.
Quedan asimismo derogados el inciso final del artículo 36 de la Ley 3/1984 de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y parcialmente los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la misma en cuanto se oponen a lo dispuesto en el artículo 12.2.g del texto refundido.
Disposición final primera.
Se faculta a la Diputación General de Aragón para dictar cuantas normas reglamentarias fueran precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a diecinueve de febrero de 1991.
El Presidente de la Diputación General,
El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales,
Hipólito Gómez de las Roces
José Ángel Biel Rivera
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedan establecidas en los Cuerpos y Escalas las siguientes clases de especialidad.
Indicativo para Número R.P.
Grupo A. Cuerpo de Funcionarios Superiores
Escala Superior de Administración (Código 2001).
Clase de especialidad:
Administradores Superiores (con opciones)
Interventores e Inspectores Financieros
Titulados Superiores de Informática
Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos (Código 2005)
Escala Facultativa Superior (Código 2002).
Clase de especialidad:
Arquitectos
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Ingenieros Agrónomos
Ingenieros de Montes
Ingenieros Industriales
Ingenieros de Minas
Médicos de Administración Sanitaria
Farmacéuticos de Administración Sanitaria
Veterinarios de Administración Sanitaria
Facultativos Superiores Especialistas (con ramas)
Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural (con ramas)
Escala Sanitaria Superior (Código 2003)
Clases de especialidad:
Médicos especialistas de Área
Médicos de Atención Primaria
Farmacéuticos Titulares
Veterinarios de Zona
Escala Superior de Investigación (Código 2004).
Clases de especialidad:
Investigación Agraria (con ramas)
Investigación Industrial (con ramas)
Escala Superior a extinguir (Código 2009).
Grupo B. Cuerpo de Funcionarios Técnicos
Escala Técnica de Gestión (Código 2011).
Clases de especialidad:
Técnicos de Gestión General
Técnicos de Gestión e Inspección Financiera
Técnicos de Informática
Escala Técnica Facultativa (Código 2012).
Clases de especialidad:
Arquitectos Técnicos
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Ingenieros Técnicos Forestales
Ingenieros Técnicos Industriales
Ingenieros Técnicos de Minas
Topógrafos
Titulados Técnicos de Administración Sanitaria
Asistentes Sociales
Facultativos Técnicos Especialistas (con ramas)
Agentes de Apoyo y Formación de Extensión Agraria
Facultativos Técnicos de Patrimonio Cultural (con ramas)
Escala Técnica Sanitaria (Código 2013).
Clases de especialidad:
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Especializada
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Primaria
Matronas de Atención Primaria
Escala Técnica de Investigación (Código 2014).
Clases de especialidad:
Investigación Agraria (con ramas)
Investigación Industrial (con ramas)
Escala Técnica a extinguir (Código 2019).
Grupo C. Cuerpo Ejecutivo
Escala General Administrativa (Código 2021).
Clases de especialidad:
Administrativos:
Ejecutivos de Bibliotecas
Ejecutivos de Informática
Escala de Ayudantes Facultativos (Código 2022).
Clases de especialidad:
Delineantes
Planimetradores y Calculistas
Monitores de Extensión Agraria
Analistas de Laboratorio
Especialistas Sanitarios
Escala Ejecutiva de Agentes para la Protección de la Naturaleza (Código 2023)
Escala de Agentes de Economía Doméstica a extinguir (Código 2024)
Escala Ejecutiva a extinguir (Código 2029).
Grupo D. Cuerpo Auxiliar
Escala Auxiliar Administrativa (Código 2031)
Escala de Auxiliares Facultativos (Código 2032).
Clases de especialidad:
Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio
Auxiliares de Campo
Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza a extinguir (Código 2033)
Escala Auxiliar Sanitaria y de Salud Mental (Código 2034).
Clases de especialidad:
Auxiliares Sanitarios
Auxiliares Psiquiátricos
Escala Auxiliar a extinguir (Código 2039).
Grupo E. Cuerpo Subalterno (a extinguir)
Escala de Ordenanzas, Telefonistas, Conductores y Mecánicos (Código 2041).
Escala de Auxiliares Sanitarios y Auxiliares en Salud Mental (Código 2042).
Escala de Personal de Laboratorio y de Campo (Código 2043).
Escala de Personal Caminero de Obras Públicas (Código 2044). |
La Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, contiene los principios generales a los que debe ajustarse la actividad económico-financiera del Gobierno, de la Administración y de los organismos públicos y empresas dependientes de aquellos y la regulación de materias e instituciones tan relevantes como son los Presupuestos y su ejecución, el control de esta actividad, la contabilidad que refleja todas estas operaciones económicas e informa sobre ellas, el endeudamiento, la tesorería, el régimen jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de naturaleza económica, así como el régimen de responsabilidades de los administradores de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Esta norma de la primera legislatura de las Cortes de Aragón ha servido eficazmente como instrumento para la correcta administración de los derechos y obligaciones que conforman la Hacienda regional, permitiendo el desarrollo y crecimiento del sector público autonómico, acompasadamente a la efectiva recepción de nuevas competencias, con sujeción a un marco básico de referencia para el desenvolvimiento de su actividad económica.
Pero la Ley de Hacienda, sin duda afectada por el proceso de constantes cambios en la configuración de la Comunidad Autónoma durante estos catorce años en los que se han producido notables avances en competencias asumidas y capacidad de autogobierno, con inmediata repercusión en la actividad financiera del sector público autonómico, ha conocido importantes modificaciones en su |
, algunas de gran calado, como las operadas por la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas, y por la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que han incorporado a la norma reguladora de la Hacienda autonómica nuevas técnicas para la gestión de los Presupuestos y su control, novedosas orientaciones sobre la configuración de la Administración institucional y la regulación general de los requisitos y características de las operaciones de deuda o endeudamiento, con expresa habilitación para la utilización de productos financieros asociados a dichas operaciones, desconocidos en 1986, entre otras innovaciones.
En aras del principio de seguridad jurídica, que garantiza la Constitución en su artículo 9.3, las Cortes de Aragón encargaron al Gobierno, mediante la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, la elaboración de un texto refundido de la Ley de Hacienda, estableciéndose en el artículo 7 de la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, el 30 de junio de 2000 como fecha límite para el ejercicio de la competencia legislativa delegada.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 29 de junio de 2000.
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se inserta a continuación como anexo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón se entenderán hechas al Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/1989, de 31 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1989, la Disposición Adicional Décima de la Ley 6/1992, de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1992, la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 7/1993, de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1993, el artículo 6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, expresamente, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Este Decreto legislativo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo del Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dado en Zaragoza, a 29 de junio de 2000.–El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo Bandres Moline.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.
Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón
TÍTULO PRELIMINAR
Principios generales
Artículo 1.
1. La administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, por las leyes especiales en la materia y por los preceptos contenidos en la Ley de Presupuestos, para cada ejercicio económico.
2. En defecto de norma directamente aplicable, regirán las de Derecho Administrativo propias de la Comunidad Autónoma, y en defecto de éstas, las específicas que sobre la materia constituyan parte del Derecho General del Estado.
Artículo 2.
1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico-financiero cuya titularidad corresponde a la misma o a sus entidades, tanto si se rigen por el derecho público como por el derecho privado.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón gozará del mismo tratamiento fiscal que la Ley otorgue al Estado y en la gestión de los derechos económicos y en el cumplimiento de sus obligaciones su Hacienda gozará de las prerrogativas reconocidas en las Leyes.
Artículo 3.
1. La Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma estará sometida al siguiente régimen:
a) De presupuesto anual y de unidad de caja, para lo cual se integrarán y custodiarán en la Tesorería todos los fondos y valores de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
b) De intervención de todas las operaciones de contenido económico, según las normas contenidas en esta Ley para cada Ente.
c) De contabilidad pública tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, como para facilitar datos e información, en general, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
2. Las cuentas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se rendirán a las Cortes de Aragón de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 h del Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas en esta materia.
Artículo 4.
1. Corresponde a la Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma cumplir sus obligaciones económicas y las de sus organismos públicos y empresas, mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad, eficacia y solidaridad intrarregional, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea competencia de la Comunidad.
2. Corresponderá, asimismo, a la Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma la ejecución de los acuerdos, decisiones y previsiones del Gobierno de Aragón, respecto a la actividad financiera de los entes locales en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Aragón.
Artículo 5.
La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón resolverá las reclamaciones que se presenten respecto a los tributos y exacciones propias y aquellas otras que la ley determine.
Artículo 6.
1. Son organismos públicos de la Comunidad Autónoma las entidades creadas por Ley de las Cortes de Aragón con personalidad jurídica propia, para cumplir cualquiera de los fines de interés público que sean de su competencia. Los organismos públicos se clasifican en:
a) Organismos autónomos.
b) Entidades de derecho público.
2. Los organismos públicos se regirán por su Ley de creación, la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y por la presente Ley, en lo que les sea de aplicación.
3. Los organismos públicos gozarán de las prerrogativas y de los beneficios fiscales que las leyes establecen.
Artículo 7.
1. Son empresas de la Comunidad Autónoma las sociedades mercantiles en cuyo capital social ésta o sus organismos públicos tengan, directa o indirectamente, participación mayoritaria.
2. Las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por las normas de derecho privado, excepto en las materias previstas en esta y otras leyes que les sean aplicables.
3. La creación de las empresas y los actos de adquisición y pérdida de la posición mayoritaria en las mismas se acordarán por el Gobierno de Aragón, comunicándoselo a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 8.
1. Los consorcios, asociaciones, fundaciones privadas de iniciativa pública y demás entidades con personalidad jurídica propia no incluidas en los artículos anteriores, en los que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón quedarán sometidos al control financiero previsto en el artículo 16.1 de esta Ley y deberán obtener autorización del Departamento competente en materia de Hacienda para la apertura de cuentas en entidades financieras.
2. Asimismo, estas entidades vendrán obligadas a formar Presupuesto de explotación y de capital en el caso de que reciban subvenciones de esta naturaleza.
3. Para la creación y extinción de las entidades citadas, así como para la adquisición y pérdida de la posición mayoritaria, se requerirá autorización del Gobierno de Aragón.
4. Se entenderá que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene representación mayoritaria en dichos entes cuando tenga capacidad de nombramiento, directamente o a través de sus organismos públicos y empresas, de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección, administración o vigilancia, o su aportación al capital fundacional o a la constitución de sus recursos propios sea también mayoritaria.
Artículo 9.
1. Se aprobarán por ley de las Cortes de Aragón las materias siguientes:
a) El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como sus modificaciones a través de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
b) El establecimiento, la modificación y la supresión de sus propios tributos y de las exenciones o bonificaciones que les afectan, así como el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a la Comunidad por la Ley específica de cesión de tributos a la misma.
c) El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.
d) La emisión y regulación de la deuda de la Comunidad Autónoma, así como las autorizaciones para concertar operaciones de crédito superiores a un año y otorgar avales.
e) El régimen de patrimonio y de la contratación de la Comunidad, sin perjuicio de la competencia establecida en el artículo 149.1.18 de la Constitución.
f) El régimen general y especial en materia financiera de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma.
g) Las grandes operaciones de carácter económico y financiero.
h) La solicitud de cesión de tributos del Estado y, en su caso, de modificación y renuncia de los mismos.
i) Las normas de organización y procedimiento de la rendición de cuentas de la Comunidad Autónoma.
j) Las restantes materias que, según el ordenamiento vigente, deban regularse por Ley.
2. La Ley de Presupuestos no podrá crear tributos, exacciones o establecer recargos sobre tributos estatales. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Artículo 10.
Se aprobarán por el Gobierno de Aragón las siguientes materias objeto de esta Ley:
a) Los Reglamentos para su aplicación.
b) Los Reglamentos de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
c) Las normas reglamentarias de los recargos propios sobre los tributos del Estado.
d) El proyecto de Ley de Presupuestos y su remisión a las Cortes.
e) Los gastos en los supuestos que determina la presente Ley u otras leyes especiales.
f) Las demás cuestiones que le atribuyan las Leyes.
Artículo 11.
Corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda:
a) Proponer al Gobierno de Aragón las disposiciones y acuerdos que procedan según el artículo 10 de esta Ley, salvo lo dispuesto en su artículo 12.
b) Elaborar y someter al acuerdo del Gobierno de Aragón el anteproyecto de Ley del Presupuesto.
c) La administración, gestión y recaudación e inspección de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
d) Velar por la ejecución del Presupuesto y por el cumplimiento de las disposiciones referentes a la Hacienda.
e) Ordenar todos los pagos de la Tesorería.
f) Dictar las disposiciones y resoluciones de su competencia en las materias a que se refiere esta Ley.
g) Velar por la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
h) Las demás competencias que le atribuyen las disposiciones vigentes.
Artículo 12.
Dentro de sus respectivas competencias y en las materias objeto de la presente Ley, son funciones de los Consejeros:
a) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de su Departamento en los términos contenidos en el Título II de esta Ley.
b) Gestionar los créditos para gastos de su correspondiente sección presupuestaria y proponer sus modificaciones.
c) Contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma.
d) Autorizar los gastos que no sean competencia del Gobierno de Aragón y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.
e) Proponer el pago de las obligaciones al Consejero competente en materia de Hacienda.
Artículo 13.
Son funciones de los organismos autónomos a que se refiere esta Ley:
a) Bajo la dirección del Consejero competente en materia de Hacienda, la administración, gestión, recaudación e inspección de los derechos económicos del propio organismo público.
b) Autorizar los gastos y ordenar los pagos según el presupuesto aprobado.
c) Elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual.
d) Las demás que le asignen las leyes.
Artículo 14.
La Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma podrá elaborar aquellos programas de gastos e inversiones plurianuales que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los planes económicos regionales y de planes comarcales específicos.
La ejecución de dichos programas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley y a los límites y demás condiciones que establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad en cada uno de los ejercicios.
Artículo 15.
1. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá las funciones de control previstas en el Título III de esta Ley, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya gestión controle. El control de la gestión económico-financiera del sector público autonómico se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos cuando les resulte de aplicación esta modalidad de control, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la Administración de la Hacienda de la Comunidad se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
Artículo 16.
1. El control financiero se ejercerá por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida reglamentariamente, respecto de los servicios, organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, para comprobar que su funcionamiento en el aspecto económico-financiero se ajusta a las disposiciones y directrices que los regulan y a los principios generales de buena gestión financiera.
2. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá el control financiero respecto de los beneficiarios de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos o a fondos de la Unión Europea, con independencia de las obligaciones de justificación impuestas a los perceptores y de las funciones interventoras que se regulan en la presente Ley.
Artículo 17.
El control de eficacia en el ámbito que determina el artículo 4 de esta Ley se ejercerá mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos de los programas en relación con su coste y utilidad o rendimiento.
Artículo 18.
Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa o negligencia graves perjudiquen a la Hacienda de la Comunidad, incurrirán en las responsabilidades civil, penal o disciplinarias que en cada caso procedan.
TÍTULO I
Del régimen de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
CAPÍTULO I
Los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
Artículo 19.
La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:
a) El rendimiento de los impuestos que establezca la Comunidad Autónoma.
b) El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
c) Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado por impuestos directos o indirectos no cedidos, incluidos los monopolios fiscales.
d) El rendimiento de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma o por la prestación por ésta de un servicio o realización de una actividad que se refiera, afecte o beneficie a un sujeto pasivo de modo particular, en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley de Tasas y Precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el de los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades en los casos previstos en el artículo 25 de la misma Ley.
e) Las contribuciones especiales que establezca la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.
f) Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado.
g) Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
h) Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de otros Entes nacionales o internacionales.
i) El producto de la emisión de deuda y de operaciones de crédito.
j) El rendimiento del patrimonio de la Comunidad.
k) Ingresos de Derecho privado, legados o donaciones, así como los débitos prescritos y demás derechos abandonados.
l) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de su competencia.
m) Cualquier otro que pueda obtenerse por la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 20.
1. Los recursos de la Comunidad Autónoma se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas.
2. Los reintegros de gastos, los remanentes de Tesorería procedentes de la liquidación de los presupuestos y los demás derechos económicos procedentes de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, se regularán por las disposiciones especiales de aplicación a cada uno de ellos, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley.
Artículo 21.
1. La administración de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda y la de los organismos autónomos a sus Presidentes o Directores.
2. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dependerán funcionalmente del Departamento competente en materia de Hacienda o del correspondiente organismo o empresa en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación y a la rendición de las respectivas cuentas.
3. Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.
Artículo 22.
1. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponden a la Comunidad Autónoma ajustándose, en todo caso, a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, a las Leyes de las Cortes de Aragón, a los Reglamentos que sean aprobados por el Gobierno de Aragón y a las normas de desarrollo dictadas por el Consejero competente en materia de Hacienda en virtud de las correspondientes autorizaciones que le sean concedidas, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en todos los casos que sean procedentes.
2. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos por el Estado que, en su caso, asuma la Comunidad Autónoma, se ajustarán a lo especificado en la Ley que regule la cesión y en los términos de lo dispuesto en el artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía.
3. Corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria de competencia de la Comunidad Autónoma.
Artículo 23.
1. No se podrán enajenar, gravar, ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma salvo en los supuestos establecidos por las Leyes.
2. Tampoco se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda de la Comunidad Autónoma salvo en los casos que determinen expresamente las Leyes.
3. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten de los mismos, sino mediante Decreto del Gobierno de Aragón.
4. No obstante lo anterior, la suscripción por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, requerirá la autorización del órgano del Departamento competente en materia de Hacienda que se determine reglamentariamente.
5. Para el desistimiento de acciones será precisa la previa autorización del Gobierno de Aragón.
Artículo 24.
1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma gozará de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los tributos y cantidades que, como ingresos de derecho público, deba percibir y actuará de acuerdo con el procedimiento administrativo correspondiente.
2. Las certificaciones acreditativas del descubierto ante la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las deudas correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior, expedidas por los funcionarios competentes, constituirán título suficiente para iniciar la vía de apremio y serán título ejecutivo contra los bienes y derechos de los deudores, con las limitaciones determinadas en las Leyes.
3. En ningún caso podrán suspenderse los procedimientos administrativos de apremio por virtud de recursos interpuestos por los interesados si no se realiza el pago del débito, se consigna su importe o se garantiza este mediante aval bancario o en otra forma reglamentariamente establecida.
4. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclamaciones en concepto de tercería o por otra acción de carácter civil, se suspenderán dichos procedimientos de apremio sólo en la parte que se refiera a los bienes o derechos controvertidos, previa anotación preventiva, en su caso, en el registro público correspondiente, sustanciándose este incidente en la vía administrativa como previa a la judicial.
5. Asimismo podrá suspenderse el procedimiento de apremio sin los requisitos establecidos en el número tres de este artículo si el interesado demuestra que ha existido en su perjuicio error material o aritmético en la determinación de la deuda tributaria que se le exija.
Artículo 25.
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, por los conceptos comprendidos en este capítulo, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
2. El tipo de interés aplicable será el legal del dinero vigente el día de vencimiento de la deuda.
Artículo 26.
1. Salvo lo establecido por las Leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirán a los cinco años los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma:
a) A reconocer y liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día que el derecho pudo ejercitarse.
b) A recaudar los créditos reconocidos o liquidados, contándose desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del deudor y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamación o de recursos y por cualquier actuación del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda.
3. Los derechos declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
4. La declaración y exigencia de responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma se ajustará a lo prevenido en el Título VI de esta Ley.
CAPÍTULO II
Las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
Artículo 27.
1. Las obligaciones económicas de la Hacienda de la Comunidad Autónoma nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen.
2. El pago de las obligaciones sólo será exigible a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, cuando resulte de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería legalmente autorizadas.
3. Si estas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Autónoma el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.
Artículo 28.
1. Las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad Autónoma no podrán seguirse por el procedimiento de apremio.
2. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, corresponderá a la autoridad administrativa que sea competente por razón de la materia, quien acordará el gasto dentro de los límites y en la forma que el respectivo presupuesto establezca.
4. Si para el pago se necesitara un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse a las Cortes de Aragón uno u otro, dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución.
Artículo 29.
Si la Comunidad Autónoma no pagara al acreedor, dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, deberá abonarle además, el interés legal del dinero vigente el día de la notificación o del reconocimiento de la obligación, calculados desde el día en que se solicite por escrito el cumplimiento de la obligación hasta el día de pago.
Artículo 30.
1. Salvo lo establecido por las Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derecho-habientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
2. La prescripción se interrumpirá según lo dispuesto en el Código Civil, salvo lo establecido en leyes especiales.
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 31.
La representación y defensa de la Hacienda de la Comunidad Autónoma ante los Juzgados y Tribunales corresponde a los Letrados de la Comunidad Autónoma de conformidad con las normas que regulen la actuación en juicio.
TÍTULO II
El presupuesto
CAPÍTULO I
Contenido y aprobación
Artículo 32.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo se podrán reconocer y de los derechos que se prevean liquidar por parte de la misma y de sus entidades y organismos.
Artículo 33.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él serán imputados:
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de su devengo.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre del correspondiente ejercicio, como consecuencia de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones u otro tipo de gastos realizados dentro del año natural y con cargo a los respectivos créditos.
Artículo 34.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma será único, equilibrado, de carácter anual, e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma y de todos sus organismos, instituciones y empresas, con el siguiente contenido:
a) Los estados de gastos, con la debida especificación de los créditos necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones.
b) Los estados de ingresos en los que figuren las estimaciones de los derechos económicos a reconocer y liquidar durante el ejercicio.
c) Los estados de recursos y dotaciones con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital de los Entes de derecho público y las entidades a que se refiere el artículo 8 de esta Ley y de las empresas de la Comunidad, así como los estados financieros que se determinen reglamentariamente.
Artículo 35.
1. La estructura del Presupuesto de la Comunidad Autónoma se determinará por el Departamento competente en materia de Hacienda de acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal, teniendo en cuenta las peculiaridades de su organización administrativa, así como las de los organismos y empresas de ella dependientes.
2. A los fines previstos en el apartado anterior, los estados de gastos se ajustarán a una clasificación orgánica, funcional, desagregada en programas y económica, especificando la clasificación territorial de los gastos de inversión que proceda, por provincias y, en su caso, por ámbito comarcal.
A estos efectos:
a) La clasificación orgánica agrupará los créditos por Departamentos y Servicios presupuestarios.
b) La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza de las actividades a realizar.
c) Los Servicios presupuestarios establecerán un sistema de objetivos que sirva de marco a su gestión presupuestaria y, de conformidad con ellos, se clasificarán los créditos por programas.
d) La clasificación económica agrupará los gastos según su naturaleza, presentándose con separación los gastos corrientes y los de capital, de acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal.
3. El estado de ingresos será elaborado por el Departamento competente en materia de Hacienda conforme a las adecuadas técnicas de evaluación y al sistema de financiación que ha de regir en el respectivo ejercicio.
Artículo 36.
El procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se ajustará a las siguientes normas:
1. Las Cortes de Aragón remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda sus estados de gastos y de ingresos antes del 15 de septiembre de cada año para su integración en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, ajustando su estructura a las normas de confección del mismo.
2. Los órganos superiores de la Comunidad Autónoma y sus Departamentos remitirán al competente en materia de Hacienda, antes del 1 de julio de cada año los anteproyectos de sus respectivos estados de gastos, debidamente documentados y ajustados a las normas legales que les sean de aplicación y a las directrices del Gobierno de Aragón.
3. Asimismo, cada Departamento remitirá los anteproyectos de los estados de ingresos y gastos y documentación complementaria de los organismos y empresas a ellos adscritos, formando un anteproyecto de presupuesto por cada uno de ellos que comprenda todas sus actividades, no pudiendo tener déficit inicial.
4. El estado de ingresos que recoja la estimación de los recursos que constituyen la Hacienda de la Comunidad Autónoma, será elaborado por el Departamento competente en materia de Hacienda.
5. Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica, por el Departamento competente en materia de Hacienda se formulará el Proyecto de Ley de Presupuestos, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma y de los relativos a sus organismos autónomos, sometiéndolo al acuerdo del Gobierno de Aragón.
6. Al Proyecto de Ley formulado según el apartado anterior, se adjuntará la siguiente documentación:
a) Una memoria explicativa de su contenido, con especial referencia a los criterios utilizados y a las finalidades a que se ha de servir, incluyendo las principales modificaciones que presenten los anteproyectos con referencia a los Presupuestos en vigor.
b) Un informe económico-financiero.
c) Un estado demostrativo de las partidas a deducir para determinar el presupuesto consolidado.
d) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de las del ejercicio corriente.
Artículo 37.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación.
Artículo 38.
1. Si las Cortes de Aragón no aprobasen la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio inmediato anterior, hasta la aprobación y publicación de aquélla en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. La prórroga automática no afectará a los créditos para cobertura de gastos correspondientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.
3. Por el Departamento competente en materia de Hacienda se determinarán las restantes condiciones a las que haya de ajustarse la prórroga del presupuesto.
CAPÍTULO II
De los créditos y sus modificaciones
Artículo 39.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a las finalidades específicas para las que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a la ley.
2. Tales créditos tienen carácter limitativo y, en consecuencia, no se podrán adquirir compromisos de gastos por cuantía superior a su importe, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que infrinjan la expresada norma.
3. Los límites establecidos en los párrafos anteriores se aplicarán a los créditos presupuestarios, tanto en su clasificación orgánica y económica como por programas.
4. Los créditos autorizados en los programas de gastos tendrán carácter vinculante a nivel de concepto, sin perjuicio de las vinculaciones que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos de cada ejercicio. No obstante, los créditos declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos del presupuesto.
Artículo 40.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo, se relacionen de manera singular en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico. Para la efectiva ampliación de estos créditos será precisa la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
2. La financiación de los créditos ampliables podrá efectuarse con mayores ingresos, incorporación de remanentes o baja en otros conceptos. En otro supuesto, para la ampliación del crédito habrá de tramitarse ante las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito.
Artículo 41.
1. La autorización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice la respectiva Ley de Presupuestos.
2. Podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros cuando tengan por objeto la realización de:
a) Inversiones reales y transferencias de capital.
b) Contratos de suministros, de asistencia técnica y científica y de arrendamientos de bienes y servicios, que no pueden ser estipulados por el plazo de un año, o que este plazo resulte más gravoso.
c) Convenios con instituciones cuya duración se extienda a más de un ejercicio, siempre que aparezca claramente explicitado en la norma autorizante del Convenio.
d) Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por la Comunidad Autónoma o por los organismos y empresas de ella dependientes.
e) Cargas financieras derivadas del endeudamiento.
3. La autorización contenida en el párrafo anterior está condicionada a que la ejecución de los gastos que se comprometen comience en el propio ejercicio, y a que el número de ejercicios futuros, a los que pueden aplicarse los gastos mencionados, en los apartados a), b) y c) no sea superior a cuatro. Asimismo, los créditos comprometidos en cada uno de ellos no podrán exceder del correspondiente a aquel en que se autoriza e inicia la ejecución de cada una de las operaciones reseñadas, de los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el setenta por ciento; en el segundo, el sesenta; y en los ejercicios tercero y cuarto, el cincuenta por ciento.
4. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, podrá ampliar el número de anualidades a comprometer o modificar los porcentajes de gasto correspondientes a cada una de ellas, en los casos especialmente justificados y siempre de manera excepcional.
5. Los compromisos a que se refiere el párrafo tercero, serán objeto de contabilización independiente.
6. De los compromisos señalados en el apartado 2 y de las modificaciones recogidas en el apartado 4 se dará cuenta a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón.
7. Las subvenciones y ayudas públicas que, de acuerdo con su normativa reguladora, hayan de concederse en ejercicios anteriores a aquel al que deban imputarse las obligaciones en el momento de ser éstas exigibles, así como los contratos de obra que, en aplicación de la legislación específica en la materia, se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, tendrán la consideración de gastos de carácter plurianual.
Artículo 42.
1. Con cargo a los créditos consignados en los estados de gastos solamente se podrán contraer obligaciones derivadas de adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se imputarán a los créditos del ejercicio vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago, las siguientes obligaciones:
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
b) Las derivadas de ejercicios anteriores, que hayan sido reconocidas en el vigente para ser imputadas a créditos que tengan la condición legal de ampliables según lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley.
c) Las de ejercicios cerrados, previa autorización del Consejero competente en materia de Hacienda, que dispondrá en cada caso la aplicación presupuestaria a la que habrán de imputarse.
3. Una vez satisfechas las obligaciones, podrán incorporarse remanentes de crédito presupuestario o saldos de autorizaciones cuando las obligaciones procedan del ejercicio anterior.
4. La justificación de los documentos expedidos para hacer efectivas este tipo de obligaciones se determinará reglamentariamente.
5. Podrá anticiparse la tramitación de expedientes de gastos autorizando los mismos en el ejercicio anterior a aquel a cuyo presupuesto vayan a ser imputados con arreglo a las normas que establezca el Departamento competente en materia de Hacienda. En los supuestos en que las normas de aplicación lo prevean, podrán comprometerse los créditos con las limitaciones establecidas en el artículo 41.
6. En todo caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los documentos que, según la naturaleza del gasto, sean adecuados deberán contener prevención expresa de que el gasto que se autoriza queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio siguiente.
Artículo 43.
Cuando se deba efectuar algún gasto, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y no exista crédito adecuado ni fuese posible su cobertura en virtud del régimen legal de las modificaciones previstas en este capítulo, el Consejero competente en materia de Hacienda someterá al Gobierno de Aragón el oportuno acuerdo, para remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario, o de suplemento de crédito, según que no existiese crédito o éste fuere insuficiente, en el que se especificará la financiación adecuada.
Artículo 44.
1. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.
2. Una vez anulados, el Consejero competente en materia de Hacienda podrá incorporar a los créditos iniciales del ejercicio posterior los siguientes:
a) Créditos extraordinarios, suplementos de créditos y ampliaciones de crédito concedidos en el último trimestre del ejercicio.
b) Créditos que amparen autorizaciones de gastos contraídas antes del último mes del ejercicio presupuestario y disposiciones de gastos contraídas antes del último día del ejercicio presupuestario.
c) Créditos para operaciones de capital.
3. Los créditos que en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior fueran incorporados se habilitarán en aplicaciones presupuestarias que permitan su seguimiento diferenciado. Dichos remanentes podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en el cual se acuerde la incorporación y, en los supuestos de los apartados a) y b), para los mismos gastos que causaron en cada caso la concesión, autorización o compromiso.
4. En los supuestos del apartado 2.c), no concurrentes con los anteriores, los remanentes podrán incorporarse a cualquier programa de la misma sección presupuestaria en créditos para operaciones de capital.
5. El Consejero competente en materia de Hacienda, previa solicitud de los Departamentos interesados, autorizará la incorporación de los remanentes de crédito derivados de gastos con financiación afectada, siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación. Los remanentes de créditos financiados con fondos propios asociados a gastos con financiación afectada podrán ser incorporados por el Consejero competente en materia de Hacienda con cargo al remanente de Tesorería no afectado hasta el límite de éste.
6. La financiación del resto de incorporaciones de remanentes de crédito se realizará con cargo al remanente de Tesorería no afectado, estando por tanto condicionadas a su existencia o con baja en otros conceptos de gasto.
Artículo 45.
1. Cuando la evolución de los recursos que globalmente financian el Presupuesto lo permita, podrán generar crédito en los estados de gastos del Presupuesto los mayores ingresos a los inicialmente previstos en el ejercicio corriente, derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Comunidad Autónoma o con alguno de sus organismos públicos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines y objetivos de los mismos.
b) Enajenación de bienes de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos.
c) Prestación de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegros de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios de ejercicios anteriores.
2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
a) En el supuesto establecido en el apartado a), el reconocimiento del derecho.
b) En los supuestos establecidos en los apartados b), c), d) y e) la efectiva recaudación de los derechos.
3. La competencia para autorizar las generaciones de crédito corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta del Departamento afectado, excepto cuando la generación se produzca en Departamento distinto al que dio origen al ingreso, en cuyo caso la competencia corresponderá al Gobierno de Aragón.
Artículo 46.
Por acuerdo del Consejero competente en materia de Hacienda, podrán reponer crédito en los estados de gastos del Presupuesto, los ingresos producidos como consecuencia de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios del ejercicio corriente derivados de las siguientes operaciones:
a) Reintegros derivados de situaciones de incapacidad laboral transitoria.
b) Reintegros de subvenciones cofinanciadas.
c) Rendimientos positivos de los derivados financieros.
d) Reintegros de pagos indebidamente realizados.
Artículo 47.
1. Los Consejeros y Presidentes de los organismos autónomos podrán redistribuir créditos dentro de un mismo concepto presupuestario, poniéndolo en conocimiento del Departamento competente en materia de Hacienda, excepto cuando se trate de créditos de personal, que requerirán el acuerdo previo favorable del Consejero competente en materia de Hacienda.
2. Los Consejeros podrán autorizar, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General que tenga a su cargo el presupuesto, transferencias entre créditos del capítulo segundo, dentro de un mismo programa.
3. El Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta de los respectivos Departamentos, podrá acordar transferencias de créditos en los siguientes supuestos:
a) Entre créditos de personal, cuando resulten procedentes en razón de reajustes de plantilla o modificación de las estructuras orgánicas entre los diferentes Servicios.
b) Entre créditos de los capítulos II y IV, y entre los del VI y VII, cuando sea necesario financiar un gasto o ejecutar una determinada inversión en forma distinta a la inicialmente prevista.
c) Entre créditos que afecten a un mismo capítulo, dentro de un mismo programa.
4. Corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, y a iniciativa de los Departamentos interesados, la autorización de transferencias que, respetando las limitaciones expresadas en el artículo 48, no supongan alteración de la suma global de los créditos ni modificación de la distribución funcional del gasto.
Artículo 48.
Las transferencias de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones, además de las ya expresadas en otros artículos de esta Ley:
a) No afectarán a créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni podrán realizarse con cargo a créditos incorporados procedentes de ejercicios anteriores.
b) No minorarán créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas, ni los que hubieran sido incrementados con suplementos o transferencias.
c) No determinarán aumento en créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, excepto cuando tales transferencias afecten a créditos de personal.
d) No se podrán realizar transferencias de créditos de operaciones de capital a los de operaciones corrientes, excepto en el caso de que se destinen a financiar los gastos derivados de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones.
Artículo 49.
1. Todas las modificaciones reguladas en este Capítulo se instrumentarán en el correspondiente expediente de modificación presupuestaria con la documentación y según el procedimiento que se determinará reglamentariamente por el Consejero competente en materia de Hacienda.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón remitirá en el mes inmediato siguiente una copia de la resolución de los expedientes citados en el párrafo anterior a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón, salvo en los supuestos recogidos en el párrafo 4º del artículo 44 de esta Ley, en que la remisión a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón deberá hacerse de forma inmediata.
CAPÍTULO III
Ejecución y Liquidación
Artículo 50.
La gestión económica y financiera de los créditos consignados en los estados de gastos del presupuesto se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases:
a) De «autorización» de gasto, que es el acto por el cual se acuerda su realización calculado en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del crédito legalmente destinado para ello.
b) De «disposición», que es el acto por el cual se determina, después de cumplir los tramites legales que sean procedentes la cuantía concreta de la autorización del gasto, quedando comprometido el crédito para la realización de la prestación que constituya su objeto. Con el acto de disposición queda formalizada la reserva de crédito por un importe y condiciones determinadas.
c) De «reconocimiento de la obligación» que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles a la Comunidad Autónoma, una vez realizada y justificada adecuadamente la prestación objeto de la disposición efectuada la correspondiente liquidación o el cumplimiento de condiciones establecidas al efecto.
d) De «Pago ordenado» que es la operación en virtud de la cual el ordenador competente expide, en relación con una obligación reconocida, la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad.
Artículo 51.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón autorizar los gastos de los Departamentos y organismos en aquellos supuestos reservados por Ley a su competencia y en los siguientes casos:
a) Expedientes de contratación de importe superior a 500 millones de pesetas.
b) Acuerdos de concesión de subvenciones por importe superior a 150 millones de pesetas.
2. En los demás supuestos, corresponde a los Órganos Superiores de la Comunidad Autónoma o a los titulares de los Departamentos autorizar los gastos propios de los Servicios a su cargo, así como efectuar la disposición del crédito y el reconocimiento de la obligación y proponer al Consejero competente en materia de Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes.
3. Con la misma reserva legal, corresponde a los Presidentes y Directores de organismos autónomos de la Comunidad Autónoma la autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos relativos a la actividad económica y financiera desarrollada por los mismos.
4. Las facultades a que se refieren los números anteriores podrán delegarse en los términos que reglamentariamente se establezca.
Artículo 52.
1. Corresponden al Consejero competente en materia de Hacienda las funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad. Esta facultad podrá ser objeto de delegación.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, al objeto de facilitar el servicio, se podrán habilitar las ordenaciones de pagos secundarias que se consideren necesarias, cuyos titulares serán nombrados por el Consejero competente en materia de Hacienda, del cual dependerán.
3. Los servicios de las Ordenaciones referidas se regirán por el reglamento que se apruebe a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda.
Artículo 53.
El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, podrá establecer un plan de disposición de fondos de Tesorería al que deberá ajustarse la expedición de las órdenes de pago.
Artículo 54.
1. A las órdenes de pago se acompañarán los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos por los que se autorizaron y comprometieron los gastos.
2. Las órdenes de pago que en el momento de la expedición no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos tendrán el carácter de a justificar, sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.
3. Los gastos periódicos y repetitivos y los de menor cuantía podrán ser satisfechos, en las condiciones que se fijen reglamentariamente mediante anticipos de caja fija, que serán dotados extrapresupuestariamente mediante provisiones de fondos de carácter permanente. Su aplicación al Presupuesto se efectuará en el momento en el que se justifiquen los gastos realizados y, en todo caso, antes de finalizar el ejercicio presupuestario en el que se hayan librado los fondos.
4. Los perceptores de las órdenes de pago a que se refieren los dos párrafos anteriores quedarán obligados a su justificación en el plazo y la forma que reglamentariamente se determine por el Departamento competente en materia de Hacienda quedando sujetos al régimen de responsabilidades que se establecen en la presente Ley. El mismo régimen se aplicará a órdenes de pago correspondientes a subvenciones que tengan el carácter de «a justificar».
5. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.
Artículo 55.
1. Con carácter general, a las órdenes de pago correspondientes a subvenciones se acompañarán los documentos que acrediten la realización por el beneficiario de la actividad o adopción del comportamiento que fundamentó la concesión y una certificación expedida por el órgano gestor acreditativa del cumplimiento de las condiciones que estableció la Administración en el acto de atribución de la subvención.
2. En el caso de subvenciones de capital superiores a 15 millones de pesetas, deberá acompañarse a las órdenes de pago el documento o acta acreditativo de haberse efectuado la comprobación material de la inversión por el órgano gestor. En el supuesto de que las subvenciones de capital concedidas excedieran de 50 millones de pesetas, será preceptivo solicitar la designación de representante de la Intervención general para el acto de comprobación material de la inversión de los fondos públicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1, d) de esta Ley.
3. Excepcionalmente, podrán realizarse anticipos de pago sobre las subvenciones concedidas cuando estén expresamente previstos en las correspondientes bases reguladoras con los límites, requisitos y, en su caso, garantías que las mismas determinen. En todo caso, se establecerán garantías en el supuesto de anticipos superiores a 10 millones de pesetas, excepto cuando el beneficiario sea una administración pública o una institución sin fines de lucro que reciba subvenciones para actuaciones de acción social y humanitarias o para el desarrollo de proyectos de investigación.
Artículo 56.
1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las devoluciones de ingresos indebidos, reconocidos como tales por el Tribunal o Autoridad competente.
3. A los efectos del presente artículo se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar los beneficios fiscales que sean procedentes.
Artículo 57.
1. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente.
2. Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a la liquidación del Presupuesto quedarán afectados a la Tesorería de la Comunidad Autónoma, según sus respectivas contracciones.
3. Las operaciones de Tesorería de la Comunidad Autónoma se contabilizarán por años naturales.
4. Los ingresos que se realicen una vez cerrado el ejercicio presupuestario quedarán desafectados del destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido, sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación con cargo al Presupuesto del ejercicio en curso.
5. Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario serán reguladas por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
Artículo 58.
1. Los Presupuestos de los organismos públicos y empresas se liquidarán a 31 de diciembre del año natural correspondiente.
2. La liquidación de los Presupuestos de los organismos públicos y las empresas a 31 de diciembre tenderá a ser equilibrada. A estos efectos, se autoriza al Departamento competente en materia de Hacienda para efectuar ajustes de los créditos presupuestarios destinados a transferencias corrientes a los organismos públicos y empresas, en la medida en que resulte innecesario transferir la totalidad del crédito presupuestario para el normal funcionamiento de aquéllos.
3. Sin perjuicio de la autorización anterior, se faculta a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para anular de oficio las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en favor de los organismos autónomos, en el supuesto de que la liquidación de sus presupuestos arrojara un resultado presupuestario positivo.
4. Si antes del cierre del ejercicio no fueran posibles las operaciones anteriores y el resultado de la liquidación de los organismos públicos y empresas fuera positivo, se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda a minorar el importe de los créditos para transferencias de naturaleza corriente a aquellos del ejercicio inmediato siguiente, en la cuantía equivalente al resultado positivo.
CAPÍTULO IV
Normas específicas para las empresas y entidades de derecho público
Artículo 59.
1. La actividad económica y financiera de las entidades de derecho público que desarrollen actividades empresariales quedará reflejada en los siguientes documentos:
a) Pormenor de ingresos y gastos con la estimación de los recursos y la evaluación de las necesidades para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio.
b) Los estados económico-financieros, que se determinen por el Departamento competente en materia de Hacienda, en los que se reflejará la información precisa para conocer la variación prevista en la composición del patrimonio de estos entes.
c) Memoria explicativa de los objetivos realizados en el ejercicio anterior, su grado de cumplimiento y de los que se prevean conseguir durante el ejercicio, con una evaluación económica de los proyectos de inversión a iniciar durante el mismo.
2. Las dotaciones incluidas en el pormenor del estado de gastos tendrán carácter de limitativas. No obstante, podrán declararse ampliables cuando esté previamente establecido que hayan de fijarse en función de los recursos generados por la actividad de que se trate, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda.
3. Las operaciones comerciales tendrán carácter estimativo no vinculante.
Artículo 60.
1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a efectuar por la entidad de derecho público o empresa estén vinculadas a un ciclo productivo específico, que no podrá ser superior a doce meses.
2. A las entidades de derecho público y, en su caso, a las empresas, les serán aplicables para la gestión de las dotaciones de carácter limitativo y ampliable, las normas recogidas en los Capítulos II y III de este título, sin perjuicio de lo establecido en su respectiva legislación en cuanto a su régimen financiero.
Artículo 61.
Las empresas elaborarán anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación que respondiendo a las previsiones plurianuales establecidas oportunamente, tendrá el siguiente contenido:
a) La expresión de los objetivos a alcanzar durante el ejercicio, entre los cuales figurarán las rentas que se espere generar.
b) Un estado que especificará cualquier tipo de subvención o ayuda, con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma, además de la elaboración de unos estados económico-financieros provisionales de los que se deduzca la necesidad y cuantía de la subvención.
c) Una memoria de inversiones que detallará en dos capítulos las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio y una evaluación de las inversiones que hayan de iniciarse durante su curso.
Artículo 62.
La estructura básica de los programas de actuación y, en su caso, de los demás estados financieros, se establecerá por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, y se desarrollará por cada empresa con arreglo a sus características y necesidades.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón dará cuenta a las Cortes de Aragón de los principios que informan los programas de actuación de las empresas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 63.
1. Las empresas remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda, antes del 1º de julio de cada año, el anteproyecto del programa de actuación, inversiones y financiación, complementado con la correspondiente documentación y estados financieros.
2. Los programas se someterán al acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, y una vez aprobados se unirán al Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo 64.
1. En los supuestos en que se establezcan convenios entre la Comunidad Autónoma y sus empresas, o con otras que, aun no dependiendo de ella, reciban subvenciones o disfruten de avales con cargo a sus Presupuestos, se instrumentarán en un contrato-programa, con arreglo al siguiente contenido básico:
a) Memoria en la que se hará contar el marco legal e institucional en que actúa la empresa, el diagnóstico de su situación, y las alternativas estratégicas propuestas.
b) El Convenio, que recogerá de forma precisa, los objetivos de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica, así como las medidas y actuaciones previstas para alcanzarlos y los métodos de evaluación de aquéllos.
c) Las aportaciones o avales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La estructura formal del Convenio será fijada por el Gobierno de Aragón, la cual establecerá el control de su ejecución y determinará las situaciones que pueden dar lugar a la revisión del mismo.
3. De los contratos-programa aprobados por el Gobierno de Aragón se informará a la Comisión correspondiente de las Cortes de Aragón.
TÍTULO III
De la intervencion y la contabilidad
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 65.
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones complementarias.
Artículo 66.
La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, con plena autonomía respecto de los órganos y entidades cuya gestión fiscalice, tendrá el carácter de:
a) Centro directivo del control interno de la actividad económico financiera.
b) Centro directivo de la contabilidad pública.
c) Centro gestor de la contabilidad pública.
CAPÍTULO II
De la intervención
Artículo 67.
Las disposiciones contenidas en este Capítulo serán de aplicación a la intervención de todos los servicios, dependencias y organismos públicos, y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aplicándose en cada supuesto la técnica más apropiada según la índole de las operaciones del Ente sometido a intervención.
Artículo 68.
1. El ejercicio de la función interventora que se refiere el artículo 15 apartado 2 de esta Ley comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios que comprenderá el examen documental y, en su caso, la comprobación material.
2. Son inherentes a la función interventora las siguientes competencias:
a) Interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes.
b) Recabar, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deban ser intervenidos lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de esta función.
c) La comprobación de los efectivos de personal y de las existencias de metálico, valores y demás bienes de todas las dependencias y establecimientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Intervenir la liquidación de los Presupuestos.
Artículo 69.
1. El ejercicio del control financiero definido en el artículo 16 de esta Ley comprenderá la emisión del correspondiente informe y afectará:
a) A los servicios, organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, abarcando tanto la regularidad de su actuación, como el análisis de los estados económico financieros que reflejen su gestión, pudiendo extenderse a la total actuación del ente o a aquellas operaciones individualizadas y concretas que por sus características, importancia o repercusión puedan afectar en grado considerable al desenvolvimiento económico-financiero del ente.
b) A las Sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma. En este caso el control tendrá por objeto determinar la situación económico-financiera del ente al que vaya destinada la subvención, crédito, aval o ayuda o su efectiva aplicación a la finalidad para que se concedieron los mismos.
2. El control financiero podrá ejercerse separada e independientemente del de las funciones Interventoras.
Artículo 70.
1. El control financiero se efectuará mediante procedimientos de auditoría sustituyendo éste a la fiscalización previa en los Entes de Derecho Público y empresas de la Comunidad Autónoma.
2. Mediante dichos procedimientos se comprobará la regularidad de los estados de cuentas que reglamentariamente tenga que formalizar o rendir el Ente auditado, y en todo caso:
a) Los ingresos y pagos realizados.
b) Los documentos justificativos de los asientos de cargo y data.
c) La realidad material de las existencias.
3. Las comprobaciones y verificaciones se efectuarán cuando así lo determine el Consejero competente en materia de Hacienda, efectuándose por los funcionarios que a tal efecto designe el Interventor General.
Artículo 71.
1. Las competencias atribuidas a la intervención y al desarrollo de la función interventora se ejercerán en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En todo caso, la competencia atribuida por el párrafo segundo del artículo 15 de esta Ley podrá ser delegada en favor de los Interventores delegados que dependerán funcionalmente de la Intervención General. No obstante, el Interventor General podrá avocar para sí cualquier actuación fiscalizadora que considere oportuna.
Artículo 72.
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos derivados de contratos menores, subvenciones con asignación nominativa y los gastos de carácter periódico y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones.
2. Por vía reglamentaria podrán ser excluidos de intervención previa todos aquellos gastos a los que sea susceptible aplicar técnicas de control distintas.
3. Los actos de reconocimiento de obligaciones a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos están sometidos a intervención previa, salvo los satisfechos a través de los sistemas de pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Artículo 73.
1. Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
2. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma la oposición se formalizará en nota de reparo, y de subsistir la discrepancia, mediante los recursos o reclamaciones que procedan.
3. Si el reparo afecta a la autorización o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación del expediente en los casos siguientes:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
c) Si faltan en el expediente requisitos o trámites que sean esenciales, a juicio de la Intervención, o cuando se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la tesorería de la Comunidad Autónoma o a un tercero.
d) Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
Artículo 74.
1. Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:
a) Cuando haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta haya confirmado el de una Intervención Delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Gobierno de Aragón adoptar la resolución definitiva.
2. La Intervención podrá emitir informe favorable no obstante los defectos que observe en el respectivo expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de aquéllos, dando cuenta a dicha oficina.
Artículo 75.
1. Cuando la fiscalización previa del reconocimiento de las obligaciones o gastos sea preceptiva, no se expedirán ni serán intervenidos los mandamientos de pago para hacerlos efectivos, sin que conste acreditado en el expediente el cumplimiento de dicho trámite.
2. Si el Interventor General o los Interventores Delegados al conocer un expediente observaran que la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado, lo manifestarán así a la Autoridad que hubiera iniciado aquél, emitiendo al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, para que uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Consejero titular del Departamento del que proceda la propuesta, si considera conveniente continuar con la tramitación del expediente, acordar que se someta lo actuado al Gobierno de Aragón.
3. Si el Consejero correspondiente acordara someter el expediente a la decisión del Gobierno de Aragón, lo comunicará así al Consejero competente en materia de Hacienda por conducto de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO III
De la contabilidad pública
Artículo 76.
La Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y la de los organismos públicos y las empresas quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 77.
1. La sujeción al régimen de la contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a los preceptores de las subvenciones de funcionamiento, ya sean corrientes o de capital concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3. Una Ley de Cortes de Aragón regulará las normas de organización y procedimiento para asegurar la rendición de cuentas a la Comunidad Autónoma, que deberán someterse a la aprobación de aquéllas, sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal de Cuentas.
Artículo 78.
Compete al Departamento competente en materia de Hacienda la organización de la contabilidad pública y el desarrollo de la contabilidad analítica al servicio de los siguientes fines:
a) Registrar la ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
b) Conocer el movimiento y la situación de su Tesorería.
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los organismos públicos y empresas.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así como de las demás cuentas estados y documentos que deban elaborarse o remitirse a las Cortes de Aragón, al Tribunal de Cuentas y a otros Entes.
e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público y su consolidación, tanto regional como estatal.
f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones.
Artículo 79.
La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón es el Centro directivo de la contabilidad pública al que le compete:
a) Someter a la decisión del Consejero competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad al que se adaptarán todos los servicios, organismos públicos, empresas y entidades incluidas en el Sector público de la Comunidad, según sus características y peculiaridades. A tal efecto podrá proponerse la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de forma que la utilización de criterios homogéneos permita consolidación con el Sector público estatal.
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar las circulares e instrucciones que le permitan las leyes y reglamentos.
c) Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme al Plan General.
d) Inspeccionar la contabilidad de todos los servicios, organismos y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Dirigir las auditorías que hayan de efectuarse por indicación del Gobierno de Aragón o del Consejero competente en materia de Hacienda.
Artículo 80.
Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Formar la Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma.
b) Formar la Cuenta de gestión de tributos cedidos.
c) Examinar, formular observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse a las Cortes de Aragón, al Tribunal de Cuentas y a otros Entes.
d) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a su examen crítico.
e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el sistema español de cuentas nacionales.
f) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 81.
1. La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas de acuerdo con los procedimientos técnicos que sean más convenientes según la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, quedando sometida a verificación ordinaria o extraordinaria a cargo de funcionarios dependientes del Interventor General y de los que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas de la Comunidad Autónoma se ajustarán a las disposiciones del Código de Comercio, o las que se dicten en su desarrollo, y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.
Artículo 82.
1. Las cuentas y la documentación que deban rendirse a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas se formarán y cerrarán anualmente.
2. La Intervención General determinará los periodos de formación y cierre de las cuentas parciales.
Artículo 83.
1. El Departamento competente en materia de Hacienda remitirá trimestralmente, y dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre, a las Cortes de Aragón para información y estudio de la Comisión competente en materia de Hacienda y publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», los siguientes datos:
a) Las operaciones de ejecución del presupuesto y sus modificaciones.
b) El movimiento y situación de Tesorería.
b) Los demás datos que se consignen en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico y aquellos otros que se consideren de interés.
2. La información a que se refiere el párrafo anterior incluirá también los siguientes puntos:
a) El grado de ejecución de proyectos individuales de inversión financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial, o por otros Fondos que financien el desarrollo de la Comunidad.
b) Memoria del control financiero realizado a que se refieren los artículos 16 y 69 de esta Ley.
CAPÍTULO IV
De la Cuenta General
Artículo 84.
1. La Cuenta General comprenderá la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las de sus organismos públicos y empresas.
2. La Cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio y constará de las siguientes partes:
a) La liquidación de los presupuestos que se dividirá en tres partes:
a).1. Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos del Presupuesto y de sus modificaciones, acompañándose un resumen comprensivo de todas las aprobadas durante el ejercicio.
a).2. Liquidación del estado de gastos.
a).3. Liquidación del estado de ingresos.
b) Cuenta General de Tesorería que ponga de manifiesto la situación de la Tesorería y de las operaciones realizadas por la misma durante el ejercicio.
c) Cuenta General de la Deuda Pública y la General del endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores.
e) Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería a que se refiere el artículo 93 de esta Ley.
f) El resultado del ejercicio con la estructura siguiente:
f).1. Los saldos de la ejecución del presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingresos realizados.
f).2. El déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo los que correspondan al presupuesto vigente y a los anteriores.
f).3. La variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la Comunidad.
g) Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a los ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en el artículo 43 de esta Ley, con detalle de los ejercicios afectados.
3. A la cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se unirá:
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
b) Una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.
c) Un estado demostrativo de la situación de las inversiones.
Artículo 85.
1. La Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se formará por la Intervención General y a ella se unirán las cuentas de cada uno de los organismos públicos y empresas y demás documentos que deban presentarse a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Ley, la Cuenta General será aprobada por las Cortes de Aragón previo conocimiento del informe y Memoria emitidos por el Tribunal de Cuentas de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13 de su Ley Orgánica.
TÍTULO IV
De la Tesorería
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 86.
1. Constituyen la Tesorería todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos y empresas.
2. Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones están sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública.
Artículo 87.
Son funciones encomendadas a la Tesorería de la Comunidad Autónoma:
a) Recaudar los derechos, pagar sus obligaciones y custodiar sus fondos.
b) Servir al principio de unidad de Caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
c) Distribuir puntualmente en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias.
d) Custodiar los avales que se depositen y responder de los avales contraídos por el Gobierno de Aragón.
e) Ejecutar los acuerdos del Gobierno de Aragón o del Consejero competente en materia de Hacienda respecto de la apertura de cuentas corrientes.
f) Realizar las demás funciones que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.
Artículo 88.
1. La Tesorería situará sus caudales en el Banco de España y entidades de crédito y ahorro, preferentemente aragonesas. Reglamentariamente se determinarán los servicios que puedan concertarse con las entidades indicadas.
2. La apertura de cuentas en cualquiera de las entidades indicadas será autorizada por el Gobierno de Aragón, estando facultado el Consejero competente en materia de Hacienda para la autorización de todas aquellas necesarias para el funcionamiento de los servicios, fundamentalmente las relativas a «cuentas restringidas de recaudación» y «cuentas de fondos a justificar».
3. Los organismos podrán abrir y utilizar cuentas en las entidades de crédito o ahorro previa autorización del Consejero competente en materia de Hacienda, atendida la especial naturaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan de realizarse.
Artículo 89.
1. Los ingresos en la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería y en las entidades de crédito o ahorro cuyas cuentas hayan sido autorizadas en la forma prevista en el artículo anterior.
2. La recaudación de derechos podrá efectuarse mediante efectivo, giros, transferencias, cheques y cualquier otro medio o documento de pago, sea o no bancario, reglamentariamente establecido.
3. La Tesorería, podrá, asimismo, pagar las obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 90.
1. Las necesidades de la Tesorería, derivadas de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos, podrán atenderse con anticipos del Banco de España, si así se acordara mediante convenio con el mismo, o de Entidades de crédito o ahorro, por acuerdo del Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda y siempre que la suma total no sea superior al 12 por 100 de los créditos iniciales reflejados en el estado de gastos de los presupuestos del propio ejercicio.
2. El Consejero competente en materia de Hacienda podrá concertar operaciones financieras activas por plazo no superior a seis meses cuando tengan por objeto colocar excedentes de Tesorería.
3. En estos casos las operaciones deberán cancelarse dentro del ejercicio en el que se hayan concertado, teniendo dichas operaciones carácter extrapresupuestario reflejándose únicamente en el presupuesto los intereses que se deriven de las mismas.
4. De dichas operaciones se dará cuenta a la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón.
Artículo 91.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, podrá conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables hasta un límite máximo del 2 % de los créditos autorizados en el estado de gastos del Presupuesto de que se trate en los supuestos siguientes:
a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera informado favorablemente la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón.
b) Cuando sea preciso atender servicios y funciones transferidos por la Administración del Estado, si se hubiera aprobado el expediente de modificación presupuestaria para situar los créditos en la Sección correspondiente del Presupuesto General del Estado.
c) Cuando la concesión del crédito esté motivada por la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la promulgación de una ley o de sentencia judicial firme debidamente notificada.
d) Cuando sea necesario ejecutar proyectos cuya financiación proceda de otras administraciones o entes del sector público y no se hayan recibido los fondos para la realización de las actuaciones pertinentes. En este supuesto el anticipo podrá llegar hasta el 50 por 100 del importe de los proyectos correspondientes.
2. Si las Cortes de Aragón no aprobasen el Proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, el importe del anticipo de Tesorería será cancelado con cargo a los créditos correspondientes al Departamento u organismo autónomo cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.
3. El Consejero competente en materia de Hacienda podrá conceder anticipos relativos a retribuciones de personal con las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
CAPÍTULO II
De las fianzas y depósitos
Artículo 92.
1. Dependiente de la Tesorería existirá la Caja de Depósitos en la que se constituirán todos los depósitos en metálico y valores que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de actos de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma, consignándose a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.
2. Las cantidades depositadas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias y no devengarán interés alguno.
3. Pertenecerán a la Comunidad Autónoma los valores y dinero constituidos en depósito respecto de los que no se haya practicado gestión alguna por los interesados, encaminada al ejercicio de su derecho de propiedad, en el plazo de veinte años.
CAPÍTULO III
De los avales
Artículo 93.
1. Las garantías otorgadas por la Comunidad Autónoma habrán de revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería que será autorizado por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, debiendo ser publicados los acuerdos de autorización en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. Los avales prestados a favor de la Tesorería podrán devengar a favor de la misma la comisión que para cada operación determine el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda.
3. Los avales serán documentados en la forma que reglamentariamente se determine y serán firmados por el Consejero competente en materia de Hacienda.
4. El importe total de los avales a prestar, las características de los mismos y el límite individual de cada uno de ellos dentro de la cuantía global asignado para tal fin, serán determinados por la Ley de Presupuesto de cada ejercicio.
5. Los expresados avales tendrán carácter administrativo cuando garanticen contratos que tengan por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, y civil o mercantil en los restantes casos.
Artículo 94.
1. La Comunidad Autónoma podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las entidades de crédito legalmente establecidas a organismos públicos y empresas de ella dependientes, así como a corporaciones locales y empresas privadas.
2. Cuando se avale a empresas privadas, habrán de presentar sus estados económico-financieros de los que se derive su viabilidad, y deberán prestarse preferentemente a favor de empresas con domicilio en Aragón, donde deben radicar la mayoría de sus activos fijos y realizarse la mayor parte de sus operaciones.
3. Los créditos garantizados tendrán como finalidad financiar gastos de inversión que supongan una mejora de las condiciones de producción o de los niveles de empleo.
4. El importe total y el saldo deudor máximo de los avales a prestar, las características de los mismos y el límite individual de cada uno de ellos dentro de la cuantía global asignada para tal fin, serán determinados por la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
Artículo 95.
1. Los avales concedidos serán objeto de adecuada e independiente contabilización.
2. La Tesorería responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses, si así se establece, sólo en el caso de no cumplir tales obligaciones el deudor principal, pudiendo convenir la renuncia al beneficio de exclusión que establece el artículo 1.830 del Código Civil.
TÍTULO V
Del endeudamiento
Artículo 96.
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería, con el límite máximo que se señale en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
2. Las operaciones a que se refiere el apartado anterior serán autorizadas por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, dándose cuenta de las mismas a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 97.
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito o préstamo por plazo superior a un año, mediante la emisión de títulos-valores o de cualquier otro documento o cuenta en que formalmente se reconozca el endeudamiento, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e interés no exceda del 25 % de los ingresos corrientes previstos inicialmente en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo 98.
1. Las operaciones de endeudamiento que realice la Comunidad Autónoma responderán a las características que se fijan en esta Ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
2. Las operaciones de endeudamiento que tengan la consideración de deuda exterior deberán cumplir los requisitos del artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre.
Artículo 99.
La apelación al crédito público mediante la emisión de deuda u otros valores negociables, dentro de los límites cuantitativos contenidos en las respectivas leyes de presupuestos, podrá representarse por medio de anotaciones en cuenta u otros títulos, con las siguientes características:
a) El tipo de interés anual deberá ajustarse al normal de mercado para operaciones de plazo similar al de la emisión, pudiendo ser el mismo fijo o variable, en función de las previsiones a medio plazo del mercado de capitales.
b) El plazo de emisión no podrá ser inferior a 18 meses ni superior a 30 años, contados a partir de la fecha de su formalización.
c) La amortización de las operaciones de endeudamiento reguladas en el presente artículo podrá realizarse bien en un sólo pago, a la cancelación de la operación, o bien mediante amortizaciones parciales.
d) La suscripción de la emisión será pública, y los títulos tendrán el carácter de computables a efectos de cobertura de los coeficientes de inversión obligatoria de las cajas de ahorro y cooperativas de crédito con domicilio en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, las operaciones de endeudamiento requerirán la autorización prevista en aquel precepto. Una vez cumplimentado dicho requisito, el Gobierno de Aragón autorizará la emisión.
Artículo 100.
Las operaciones de endeudamiento instrumentadas mediante contratos de préstamo o crédito deberán contener los requisitos y características siguientes:
a) El tipo de interés anual, que podrá ser fijo o variable, y la amortización se aprobarán por el Consejero competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta, en todo caso, los tipos de mercado que rijan para las monedas en las que se concierten los respectivos contratos, en función de los períodos de intereses y de acuerdo con la evolución de los mercados financieros.
b) La instrumentación se realizará a través de cuentas de préstamo o crédito, devengándose los intereses, en este último caso, exclusivamente sobre los saldos dispuestos.
c) La duración de las operaciones suscritas no será superior a 30 años, contados desde la fecha de formalización de la operación.
d) La amortización podrá realizarse en un sólo plazo, a la cancelación de la operación, y coincidiendo con el último pago de intereses o mediante amortizaciones parciales, en consideración a las previsiones económicas existentes al tiempo de la formalización de los contratos.
Artículo 101.
El tipo de referencia de las operaciones de endeudamiento a tipos de interés variable será alguno de los tipos básicos de las operaciones interbancarias en los mercados organizados, en relación con los plazos de devengo de los intereses.
Artículo 102.
1. Para la gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma, se faculta al Consejero competente en materia de Hacienda para concertar la refinanciación, amortización o sustitución de operaciones, siempre que al final del ejercicio presupuestario el saldo neto de deuda viva dispuesta no supere las autorizaciones aprobadas.
2. Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros, con el fin de dar cobertura o aseguramiento a los diversos riesgos propios de las operaciones de endeudamiento o mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
Artículo 103.
El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones autorizadas en los arts. 99 y 100, dando cuenta a la Comisión competente en materia de Hacienda de las Cortes de Aragón. La formalización y contabilización de las operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de Tesorería.
Artículo 104.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, podrá acordar la conversión de deuda, con la exclusiva finalidad de atender a su mejor administración, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de su emisión ni se perjudiquen los derechos económicos de los tenedores. En los demás casos regirá la misma reserva de ley que para su creación.
2. En todo caso, la modificación del destino acordado para cada emisión de Deuda Pública exigirá su aprobación por las Cortes de Aragón.
Artículo 105.
La concertación de operaciones de crédito cuando los acreedores, sean personas o entidades residentes en el extranjero, necesitará la autorización del Estado.
Artículo 106.
1. A los títulos de la Deuda Pública les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general, y gozarán, según la modalidad y las características de los mismos, de iguales prerrogativas y beneficios que los títulos emitidos por el Estado.
2. Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los veinte años cuando su titular no haya percibido sus intereses durante este tiempo ni realizado acto alguno ante la Administración de la Hacienda de la Comunidad que suponga o implique el ejercicio de su derecho.
3. Prescribirán a los cinco años las acciones para reclamar los intereses de la deuda y para devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso.
Artículo 107.
Los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma podrán emitir Deuda Pública en los términos, con los requisitos y características establecidos en los artículos anteriores de esta Ley.
Artículo 108.
El producto del endeudamiento se ingresará en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón y se aplicará al estado de ingresos del Presupuesto, con excepción de las operaciones por plazo inferior a un año reguladas en el artículo 96 de esta Ley, que se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias aplicándose al estado de ingresos del Presupuesto, en su caso, por el saldo vivo existente al finalizar el ejercicio presupuestario.
TÍTULO VI
De las responsabilidades
Artículo 109.
1. Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo, culpa o negligencia grave, adopten resoluciones o realicen actos u omisiones con infracción de las disposiciones de esta Ley y normas que la desarrollan o complementan estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que proceda.
2. La sujeción al régimen de responsabilidades descrito en el párrafo anterior se extiende a los Interventores, Tesoreros y Ordenadores de Pagos, que actúen con dolo, culpa o negligencia grave y en caso de ignorancia inexcusable, que no hubieren salvado su actuación mediante observación escrita en que se ponga de relieve la improcedencia o ilegalidad del acto, documento o expediente.
3. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo que será solidaria.
Artículo 110.
Constituyen infracciones, según determina el artículo anterior:
a) Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Comunidad.
b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda de la Comunidad sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en la Tesorería.
c) Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del presupuesto que sea aplicable.
d) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en virtud de funciones encomendadas.
e) No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos.
f) No justificar la inversión de los fondos a que se refiere el artículo 54.2 y 3 de esta Ley.
g) Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley o cualquier otra norma aplicable a la administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 111.
1. Conocida la existencia de las infracciones enumeradas en el artículo anterior, los Jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Comunidad, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Consejero competente en materia de Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
2. El Interventor que en el ejercicio de su función advierta la existencia de infracciones lo pondrá en conocimiento del Consejero competente en materia de Hacienda a los efectos previstos en el número anterior.
Artículo 112.
1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, en los supuestos contemplados en el artículo 110, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.
2. El acuerdo de iniciación, el nombramiento de juez instructor y la resolución del expediente corresponderán al Gobierno de Aragón cuando tenga la condición de autoridad de la Comunidad Autónoma y al Consejero competente en materia de Hacienda en los demás casos.
3. La resolución que ponga fin al expediente tramitado con audiencia del interesado, deberá pronunciarse sobre los daños y perjuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad y los responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y el plazo que se señalen.
4. En particular en el supuesto del párrafo a) del artículo 110 de esta Ley, la responsabilidad se exigirá mediante expediente instruido por el Tribunal de Cuentas, siguiéndose para obtener el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de los perjuicios habidos el procedimiento fijado en la normativa emanada del Tribunal de Cuentas.
Artículo 113.
1. Los perjuicios declarados en los expedientes a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos de la Hacienda de la Comunidad, gozarán del régimen a que se refieren los artículos 24 y 25 y se procederá a su cobro en su caso, por la vía de apremio.
2. La Hacienda de la Comunidad tiene derecho al interés previsto en el artículo 25 sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios en sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios.
3. Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar desde el día en que se le requiera el pago. |
El artículo 6 de la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, aprobada por las Cortes de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, apruebe un texto refundido de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluya las modificaciones introducidas por la Ley 4/ 1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas.
Asimismo, en el texto refundido se ha de considerar la Ley 4/1995, de 29 de marzo, de modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de sucesión intestada.
El plazo para la aprobación de este Decreto Legislativo ha quedado ampliado hasta el 30 de junio de 2000, en virtud de la prórroga contenida en el artículo 7 de la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
En cumplimiento del citado precepto legal se aprueba, pues, el adjunto texto refundido en el que, además de la inclusión de las modificaciones introducidas por la mencionada Ley 4/ 1998, de 8 de abril, se ha incorporado también la nueva regulación contenida en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, y la contenida en la disposición adicional primera de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 29 de junio de 2000.
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se inserta, a continuación, como anexo.
Disposición derogatoria.
Se deroga la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón; el artículo 7 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas; la disposición adicional primera de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos y el artículo 4 de la Ley 4/1995, de 29 de marzo, de modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de sucesión intestada.
Disposición final.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»
Dado en Zaragoza, a 29 de junio de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
EDUARDO BANDRÉS MOLINÉ
Texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón
TÍTULO I
El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPÍTULO I
Contenido, fuentes normativas y clasificación
Artículo 1. Contenido.
1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón está integrado, de conformidad con lo establecido en el Título IV de su Estatuto de Autonomía, por todos aquellos bienes y derechos de los que la misma sea titular, cualesquiera que sean el título de su adquisición y el destino al que se afecten.
2. También forman parte del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón los bienes y derechos de los organismos públicos dependientes de la misma, sin perjuicio de las especialidades contenidas en esta Ley y en sus leyes de creación.
Artículo 2. Fuentes normativas.
1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se rige por la presente Ley y por las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. Asimismo, serán de aplicación las normas de Derecho público o de Derecho privado que correspondan en cada caso.
2. Las propiedades administrativas especiales se regularán por sus normas específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta Ley.
3. Los bienes pertenecientes a organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, se regirán por sus leyes de creación, por las leyes especiales que les sean de aplicación y por la presente Ley.
Artículo 3. Clasificación.
Los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se clasifican en bienes de dominio público o demaniales y bienes de dominio privado o patrimoniales.
Artículo 4. Bienes de dominio público.
1. Los bienes de dominio público tienen tal carácter:
a) Por estar destinados al uso público.
b) Por estar afectos a la prestación de servicios públicos.
c) Por declararlo así, en cualquier caso, una ley.
2. Conforme a lo señalado en el apartado anterior, son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Los bienes de titularidad de la misma que tengan tal consideración por haberlo establecido así una ley estatal y los que le hayan sido transferidos como tales para el ejercicio de sus competencias y funciones, mientras no se proceda a su desafectación.
b) Cualesquiera otros bienes transferidos o adquiridos por la Comunidad Autónoma de Aragón, destinados por ésta al uso o servicio públicos, y los así declarados por ley de Cortes de Aragón.
3. Se reputarán en todo caso bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón los inmuebles de su titularidad que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la misma o de las entidades de ella dependientes, o a ubicar sus órganos estatutarios.
4. Los bienes de dominio público no perderán tal carácter aún cuando se ceda su gestión por la Comunidad Autónoma de Aragón a personas públicas o privadas, o se adscriban a organismos públicos dependientes de aquélla para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 5. Bienes patrimoniales.
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos dependientes de la misma todos aquellos cuya titularidad les pertenezca y que no tengan la consideración de demaniales, conforme al artículo anterior.
2. En especial, tienen la consideración de patrimoniales los siguientes:
a) Los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón que no estén afectos directamente a un uso o servicio públicos y los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para el ornato y decoración.
b) Los derechos derivados de la titularidad de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Los derechos reales que le pertenezcan, no afectos al uso o servicio públicos.
d) Los derechos arrendaticios y demás de carácter personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Los derechos de propiedad inmaterial que pertenezcan a la Comunidad Autónoma de Aragón.
f) Los títulos representativos del capital y demás participaciones en sociedades constituidas de acuerdo con el Derecho privado de los que sea titular la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO II
Regimen jurídico
Artículo 6. Capacidad de obrar.
El Gobierno de Aragón tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer toda clase de bienes y derechos por los medios establecidos en el ordenamiento jurídico, así como para ejercitar las acciones, excepciones y recursos que procedan para la defensa y tutela de sus derechos.
Artículo 7. Autonomía patrimonial de las Cortes.
Las Cortes de Aragón tienen autonomía patrimonial, correspondiéndoles, con sometimiento a lo establecido en esta Ley, las mismas competencias y facultades que se atribuyen al Gobierno de Aragón sobre los bienes y derechos que tengan adscritos o adquieran por cualquier título.
No obstante lo anterior, la titularidad de los bienes y derechos atribuidos a las Cortes de Aragón será, en todo caso, de la Comunidad Autónoma.
Artículo 8. Ejercicio de las funciones dominicales.
1. El ejercicio de las facultades y funciones dominicales sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma que esta Ley no atribuye a las Cortes o al Gobierno de Aragón, será competencia del departamento competente en materia de patrimonio, sin perjuicio de las funciones, obligaciones y responsabilidades que correspondan a otros departamentos y que deriven de la gestión o uso de los bienes y derechos que tengan adscritos o cedidos, con las excepciones previstas en esta Ley.
2. En especial, son funciones del departamento competente en materia de patrimonio las de proceder a la inscripción de los bienes y.derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón, asumir su representación extrajudicial, así como informar su afectación y desafectación cuando no le corresponda resolver sobre las mismas y cualesquiera otras actuaciones tendentes a proteger la integridad física o jurídica y el valor patrimonial de los señalados bienes, incluso exigiendo la constitución de garantías suficientes.
3. No obstante lo anterior, el Consejero competente en materia de patrimonio podrá proponer al Gobierno de Aragón que, en determinados casos, las facultades del precedente apartado dos, que reglamentariamente se señalen, sean conferidas a otros departamentos u organismos.
4. Tratándose de bienes y derechos patrimoniales pertenecientes a organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, las facultades antes mencionadas serán ejercidas, conforme a lo establecido en esta Ley, por quien las represente legalmente, salvo que una norma especial dispusiera lo contrario.
5. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos y no podrá allanarse a las demandas judiciales que afecten a éstos sin previo acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta motivada de los servicios jurídicos.
La representación y defensa en juicio de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón corresponderá, en todo caso, a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Cualquier ciudadano aragonés que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir del Gobierno de Aragón el ejercicio de las acciones pertinentes para la defensa de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9. Inventario patrimonial.
1. El departamento competente en materia de patrimonio procederá a confeccionar y llevar el Inventario General de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma, relacionándolos separadamente y atendiendo a su naturaleza, condición de demaniales o patrimoniales, destino, afectación, adscripción, forma de adquisición, contenido, valor y demás especificaciones que reglamentariamente se señalen.
2. El citado Inventario General, en el que se tomará razón de cuantos actos se refieran al Patrimonio inventariado, comprenderá necesariamente la totalidad de los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, así como los valores mobiliarios y demás bienes muebles de considerable valor histórico, artístico o económico, según lo que establezca el desarrollo reglamentario de esta Ley, con exclusión, en su caso, del mobiliario, instrumentos y utensilios de uso normal, vehículos y maquinaria agrícola y de obras públicas.
La relación de los bienes últimamente citados se sustituirá por un inventario actualizado, que deberán facilitar semestralmente al departamento competente en materia de patrimonio los distintos departamentos en la forma que reglamentariamente se determine.
El mismo sistema anterior, aunque referido a todos sus bienes, incluidos los inmuebles en explotación económica o que tengan la consideración de circulantes, se seguirá por los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dichos documentos conformarán relaciones separadas del Inventario General.
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, el departamento competente en materia de patrimonio podrá recabar de los distintos departamentos, entidades y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón la información y colaboración necesarias para la llevanza y actualización del Inventario General.
4. El Inventario General de la Comunidad Autónoma de Aragón será público, pudiendo acceder al mismo los particulares de conformidad con lo que establezcan las normas de desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución.
5. Dentro de los treinta primeros días del segundo periodo de sesiones de cada año, el Gobierno de Aragón dará cuenta a las Cortes de Aragón de todas las adquisiciones, enajenaciones o cualesquiera otras variaciones experimentadas en el año anterior en el Inventario patrimonial de la Comunidad.
Artículo 10. Contabilidad patrimonial.
1. Bajo la dependencia de la Intervención General, existirá una unidad de Contabilidad Patrimonial.
A la Intervención General corresponde determinarla estructura de las cuentas de inmuebles y valores mobiliarios, que se integrarán en la cuenta general de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la forma regulada en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El valor patrimonial de los bienes y derechos inventariables del Gobierno de Aragón y sus organismos públicos se determinará teniendo en cuenta los criterios que resulten del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La contabilidad patrimonial inmobiliaria permitirá la consecución de los siguientes fines:
a) Reflejar el valor por el que estos bienes se integren en el Patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, y las modificaciones y variaciones del mismo derivadas de las enajenaciones que se produzcan.
b) Rendir la cuenta de inmuebles de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos.
4. La contabilidad patrimonial mobiliaria se destinará a la consecución de los siguientes fines:
a) Reflejar todas las operaciones de gestión de los títulos y valores representativos de la participación directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sus organismos públicos en toda clase de sociedades, cualquiera que sea la forma de adquisición de los títulos.
b) Rendir la cuenta de valores mobiliarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos.
5. La contabilidad patrimonial de los organismos públicos se llevará directamente por éstos de acuerdo con las directrices emanadas de la Intervención General.
TÍTULO II
Bienes demaniales de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPÍTULO I
Caracteres y prerrogativas
Artículo 11. Caracteres.
Los bienes de dominio público, mientras conserven tal carácter, no pueden ser enajenados ni gravados de forma alguna, son imprescriptibles e inembargables, sin que sobre los mismos, ni sobre sus rentas, frutos o productos, pueda dictarse providencia de embargo ni despacharse mandamiento de ejecución.
Artículo 12. Inscripción.
Los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón serán susceptibles de inscripción registral en tanto no lo prohiba expresamente la legislación hipotecaria.
Artículo 13. Recuperación de los bienes demaniales.
1. Los bienes demaniales de la Comunidad Autónoma de Aragón que sean detentados indebidamente por terceros podrán ser recuperados por aquélla en cualquier momento.
Del mismo modo, la Comunidad Autónoma recuperará el pleno uso y disfrute de sus bienes demaniales, en el ejercicio de su potestad de autotutela, cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o circunstancias que legitimaban su utilización por terceros.
2. La resolución que ponga fin al expediente de recuperación gozará de presunción de legitimidad y será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de su impugnación en vía contencioso-administrativa. No obstante, la decisión de fondo sobre la titularidad del bien o derecho corresponde a la jurisdicción civil.
3. No se admitirán interdictos contra la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia.
Artículo 14. Potestad investigadora.
La Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad investigadora sobre los bienes demaniales que presuntamente le correspondan y comprobará el uso y destino al que efectivamente estén adscritos, con sujeción al procedimiento, requisitos y circunstancias que se señalan en los artículos siguientes.
Artículo 15. Deslinde y amojonamiento.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá proceder al deslinde y amojonamiento de sus bienes de dominio público.
2. Durante la tramitación del procedimiento administrativo de deslinde no podrá instarse ningún procedimiento de deslinde judicial, ni juicios posesorios sobre el mismo objeto.
3. El procedimiento de deslinde se sustanciará de oficio o a instancia de otras personas interesadas, con intervención, en todo caso, del departamento competente en materia de patrimonio, quien evacuará el correspondiente informe, y siempre con audiencia de los particulares interesados.
La resolución de los deslindes administrativos es competencia del titular del departamento correspondiente, tanto si se trata de bienes que tiene directamente adscritos, como si lo estuvieran en organismos públicos de la Comunidad Autónoma dependientes de dicho departamento.
Los terrenos sobrantes, tras el deslinde de los bienes de dominio público, sólo se integrarán en el Inventario General como bienes patrimoniales una vez extendida la correspondiente acta. Hasta tanto se cumplimentan dichos trámites, los citados terrenos sobrantes conservarán el carácter de bienes demaniales.
Artículo 16. Procedimiento, medidas provisionales y recursos.
1. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento al que han de estar sujetos los expedientes a que se refieren los artículos anteriores de este Capítulo, que podrán ser incoados de oficio o a instancia de terceros.
2. Durante la sustanciación de los señalados expedientes, la Administración podrá adoptar las medidas provisionales que reglamentariamente se establezcan para salvaguardar la efectividad de las pretensiones y de los actos administrativos que en su día se generen, dándose traslado, incluso, al Registro de la Propiedad para que practique las anotaciones que procedan.
3. Los actos administrativos que se dicten en la resolución de los anteriores expedientes serán recurribles en dicha vía y, agotada ésta, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las cuestiones que se susciten sobre la titularidad de los bienes se someterán a la jurisdicción civil.
Artículo 17. Ejercicio de las potestades y prerrogativas.
1. El ejercicio de las potestades y prerrogativas a que se refiere este Capítulo se realizará por la Comunidad Autónoma de Aragón, aun cuando el uso de los bienes demaniales a que afecte esté cedido por cualquier título a particulares o entidades públicas no dependientes de aquélla, quienes quedan obligados a comunicar cualesquiera circunstancias que pudieran afectar al valor, integridad física o jurídica de los señalados bienes.
2. Tratándose de bienes demaniales adscritos a organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, los mismos podrán, por razón de urgencia, adoptar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 16, dándose cuenta inmediatamente al departamento competente en materia de patrimonio de las circunstancias que fundamentaron la adopción de dichas medidas, quien continuará el procedimiento en la forma que reglamentariamente se establezca.
Artículo 18. Potestades sobre bienes afectos a concesión administrativa.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las concesiones, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá, con audiencia del concesionario y demás interesados, e incoado el oportuno expediente, ejercitar las potestades de recuperación, investigación y deslinde sobre todos los bienes afectos a la concesión y necesarios para su buen fin.
CAPÍTULO II
Uso y aprovechamiento de los bienes demaniales
Artículo 19. Clases de uso.
El uso de los bienes de dominio público podrá ser común o privativo. Aquél a su vez podrá ser general o especial.
Artículo 20. Uso común.
1. Es uso común general el que corresponde indistintamente a todas las personas, sin que la utilización por unas impida la de otras. No estará sujeto a licencia, y no tendrá otras limitaciones que las que deriven del uso por las demás personas, el respeto a la naturaleza de los bienes y su conservación, así como el obligado sometimiento a las específicas reglas de policía e instrucciones dictadas para promover su ordenada utilización.
2. El uso común se considera especial cuando, por recaer sobre bienes escasos, o por su intensidad, multiplicidad o peligrosidad, se exija una especial intervención de la Administración, manifestada en licencia o autorización, que será, en todo caso, temporal y que nunca podrá excluir el uso común general.
Corresponderá al departamento u organismo público dependiente de la Comunidad Autónoma al que se haya adscrito el bien la regulación de su uso y el otorgamiento de las licencias y permisos, debiendo comunicar al departamento competente en materia de patrimonio las variaciones que se produzcan en estas materias, en cuanto alteren los datos consignados en el Inventario General.
Artículo 21. Uso privativo.
1. Es uso privativo el que supone una utilización individualizada de los bienes de dominio público, limitando o impidiendo el libre uso a otras personas.
2. El uso privativo de bienes demaniales, tanto en favor de personas públicas como privadas, exige la previa concesión administrativa, salvo que sea a favor de organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan encomendada su gestión, conservación, explotación o utilización como soporte para la prestación de un servicio público.
3. Excepcionalmente, podrán otorgarse sobre bienes de dominio público permisos de ocupación temporal, que llevarán implícita la cláusula de precariedad y serán revocables sin derecho a indemnización.
CAPÍTULO III
Concesiones administrativas y reservas demaniales
Artículo 22. Concepto.
1. La concesión demanial es el título que otorga a una persona el uso y disfrute exclusivo y temporal de un bien de dominio público, cuya titularidad permanece en poder de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En el título concesional podrá preverse que el concesionario pueda adquirir en propiedad los frutos, rentas o productos del dominio público que sean susceptibles de separación del mismo, conforme a su naturaleza y destino.
3. En todo caso, en la concesión deberán relacionarse los bienes de dominio público afectos a la misma.
Artículo 23. Normativa de las concesiones.
1. Las concesiones de dominio público se regirán por las leyes específicas aplicables y en su defecto por la presente Ley y sus normas de desarrollo.
2. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de patrimonio, aprobará un pliego de condiciones generales para las concesiones demaniales. En desarrollo del pliego general, cada departamento propondrá al Gobierno de Aragón, para su aprobación, pliegos de condiciones particulares para cada tipo de concesiones.
3. Los departamentos competentes, en cada caso, para la adjudicación podrán, previo informe del departamento competente en materia de patrimonio, incluir condiciones nuevas y especiales, cuando así lo requiera la especificidad de la concesión.
Artículo 24. Competencia para otorgar concesiones.
1. La competencia para el otorgamiento de las concesiones corresponderá al departamento u organismo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón que tenga adscrito el bien demanial de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1
2. Cuando para la prestación en régimen de concesión o arriendo de un servicio público de la Comunidad Autónoma sea necesario el uso común especial o el uso privativo de un determinado bien de dominio público de la misma, la autorización o concesión para ese uso se entenderá implícita en la del servicio público.
En el supuesto del párrafo anterior, si el departamento u organismo público competente para la concesión del servicio no coincide con el que tiene encomendada la gestión del bien de dominio público necesario para aquél, la concesión deberá otorgarse por acuerdo del Gobierno de Aragón y llevará implícita la mutación demanial.
3. En todo caso deberá darse cuenta de las concesiones otorgadas al departamento competente en materia de patrimonio para constancia en el Inventario General.
Artículo 25. Procedimiento para otorgar concesiones.
1. El régimen de otorgamiento de las concesiones, se ajustará a la legislación específica por razón de la materia y a las normas sobre contratación administrativa, con arreglo a los principios de publicidad y concurrencia.
2. En el «Boletín Oficial de Aragón» se publicarán aquellas peticiones de concesiones de dominio público que la Administración considere procedentes, abriéndose un plazo de al menos treinta días para la presentación por otros interesados de peticiones alternativas.
3. En el pliego de condiciones podrá reconocerse a favor del peticionario inicial un derecho preferente a la adjudicación, siempre que la diferencia entre su propuesta económica en la licitación y la elegida no sea superior al diez por ciento de la primera.
Artículo 26. Duración.
Las concesiones de dominio público se otorgan siempre sin perjuicio de terceros y con duración limitada, que no podrá ser superior a noventa y nueve años, salvo que en leyes especiales se establezca un plazo inferior.
Artículo 27. Derechos y obligaciones de la Administración concedente.
1. Son, entre otros, derechos de la Administración concedente:
a) El ejercicio de las facultades dominicales que conserva derivadas de su titularidad sobre los bienes de dominio público afectos a la concesión.
b) El ejercicio de las acciones de recuperación, recobrando el uso de los bienes de dominio público concedidos, junto con los incorporados por accesión y, en su caso, las obras y mejoras que tengan la consideración de inmuebles por afectación y destino conforme se establece en el artículo 334 del Código Civil.
2. Son obligaciones de la Administración concedente:
a) Poner a disposición del concesionario los bienes inherentes a la concesión, utilizando para ello los privilegios de que dispone.
b) Ejercer las funciones de control, vigilancia y policía administrativa sobre la concesión.
c) Indemnizar, si procede, al concesionario en caso de rescate.
d) Cualesquiera otras establecidas en leyes especiales, en sus disposiciones de desarrollo y en las cláusulas de la concesión.
Artículo 28. Derechos y obligaciones del concesionario.
1. Son derechos del concesionario el uso y disfrute de la concesión, conforme a las cláusulas de la misma, y el de la prórroga, en su caso.
Cuando los bienes de dominio público pierdan tal carácter por transformarse en bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón, se respetarán los derechos de los concesionarios.
Asimismo, en el caso señalado en el apartado anterior, si se acuerda la enajenación de bienes patrimoniales en los que existan titulares de derechos vigentes sobre los mismos, que resulten de concesiones otorgadas cuando los bienes eran de dominio público, éstos tendrán derecho preferente a su adquisición en igualdad de condiciones.
2. Son obligaciones del concesionario:
a) Pagar el canon establecido que, en todo caso, deberá ingresarse en la Tesorería de la Diputación General.
b) Conservar y no disponer o enajenar el bien de dominio público concedido, ni las obras y mejoras que tengan la consideración de inmuebles por incorporación, afectación o destino, salvo que no tuvieran el carácter de necesarios al cumplimiento de la concesión y con ello no se incumpla ni se perjudique la relación especial a que están afectos.
c) Devolver a la Administración concedente los bienes en un estado, como mínimo, similar al que se entregaron, salvo el deterioro producido por el uso normal.
d) Cualesquiera otras obligaciones establecidas en leyes especiales, en sus disposiciones de desarrollo y en las cláusulas de la concesión.
Artículo 29. Extinción de las concesiones.
1. La concesión de dominio público se extingue por:
a) La caducidad de la concesión por transcurso del plazo o por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario declarado por el órgano concedente.
b) El rescate, en cuyo caso la Administración podrá recuperar por sí misma la plena disposición y uso del bien concedido, previa resolución del departamento u organismo concedente en la que se justifique la existencia de razones de utilidad pública o interés social para ello.
c) La renuncia en los términos establecidos en el Código Civil.
d) La resolución por mutuo acuerdo de las partes.
e) La desaparición o agotamiento de la cosa.
f) La degradación del título concesional por desafectación del bien demanial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.1, párrafo segundo.
g) Y cualquier otra causa admitida en Derecho.
2. Extinguida la concesión, el departamento u organismo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón concedente de la misma, incoará expediente, al que se incorporará un informe del departamento competente en materia de patrimonio, en el que se determinarán el grado de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, la situación y el valor en uso de los bienes demaniales que estaban afectos a la concesión y la exigencia, en su caso, de las responsabilidades que procedan conforme a lo señalado en el Título IV de esta Ley.
Artículo 30. Concesiones sobre bienes del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las concesiones sobre bienes integrantes del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.
Artículo 31. Reservas demaniales.
La Comunidad Autónoma podrá reservarse, en el ejercicio de sus facultades dominicales, el uso exclusivo de ciertos bienes de dominio público cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen o así lo establezca la legislación especial. Dicha reserva deberá adoptarse por acuerdo del Gobierno de Aragón e impedirá el uso o usos incompatibles con la misma por parte de otras personas.
CAPÍTULO IV
Afectación, desafectación y mutación de los bienes demaniales
Artículo 32. Concepto.
1. La afectación es la vinculación real y efectiva, mediante ley o acto administrativo, en virtud de la cual los bienes y derechos patrimoniales, propios o de terceros, pasan al concepto de bienes demaniales de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante su destino al uso general o a la prestación de servicios públicos.
2. La declaración de utilidad pública o interés social, en los supuestos de expropiación forzosa, llevará implícita la afectación de los bienes expropiados, debiendo comunicarse tal circunstancia al departamento competente en materia de patrimonio.
3. Los bienes de dominio privado de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán ser afectados al uso o servicio públicos, sin que aquéllos hayan de ser indemnizados por tal circunstancia, quedando dichos bienes de titularidad demanial de la Comunidad Autónoma.
4. Sobre los bienes destinados a un uso o servicio públicos podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza. Estas afectaciones, que tendrán carácter secundario, habrán de ser compatibles con el uso o servicio públicos determinantes de la demanialidad del bien de que se trate.
Artículo 33. Formas y clases de afectación.
La afectación podrá efectuarse:
1. Por ley de Cortes de Aragón.
La afectación legal podrá referirse a uno o varios bienes o derechos de forma concreta, o de forma genérica a todos los que tengan determinada naturaleza, carácter o condición.
2. Por un acto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo caso podrá ser:
a) Afectación expresa, cuando exista un acto administrativo explícito encaminado a tal efecto y en el que se haga constar de forma concreta el destino al que el bien queda afecto.
b) Afectación tácita, que se deduce de actos de la Administración que conllevan de forma implícita el destino de un bien o derecho al uso o servicio públicos y, especialmente, en los supuestos de expropiación forzosa.
c) Afectación presunta, que se producirá en los siguientes casos:
– Cuando los bienes de dominio privado de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón o de sus organismos públicos se destinen de forma continuada al uso o servicio públicos durante dos o más años consecutivos.
– Cuando la Comunidad Autónoma de Aragón adquiera por prescripción bienes que durante los últimos dos o más años anteriores a dicha adquisición hubiesen estado destinados al uso o servicio públicos.
Los departamentos u organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que tuvieren conocimiento de que se ha producido una afectación presunta deberán ponerlo en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio, para que se extienda la correspondiente acta a que se refiere el artículo 34.3 y se incorporen al Inventario como bienes y derechos de dominio público de la Comunidad Autónoma.
Artículo 34. Tramitación y competencia de los expedientes de afectación.
1. A petición del departamento u organismo público dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón interesado, y previo el oportuno expediente motivado, el Consejero competente en materia de patrimonio dictará resolución sobre la afectación de bienes y derechos, salvo que ésta u otras leyes dispusieran lo contrario.
2. La resolución señalará el fin o fines a los que se destinen los bienes y derechos afectados, el departamento u organismo público al que queden adscritos y el carácter demanial de dichos bienes, lo que determinará su inserción, en tal concepto, en el Inventario General de bienes y derechos y producirá los efectos previstos en la legislación del Estado en relación con los registros públicos.
3. En cualquier caso, se procederá a extender la correspondiente acta de afectación, con intervención del departamento competente en materia de patrimonio, y del departamento u organismo público al que los bienes hayan de quedar adscritos, quien desde ese momento asumirá las competencias de gestión que le correspondan sobre dichos bienes demaniales.
Artículo 35. Mutación demanial.
1. La mutación demanial se produce por el cambio de destino de los bienes, que ya tengan la consideración de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando los mismos queden adscritos a distinto departamento, bien para su gestión directa por éste, o bien a través de un organismo público dependiente del mismo.
2. Los cambios de uso o destino de los bienes demaniales que no comporten la adscripción a distinto departamento deberán comunicarse al departamento competente en materia de patrimonio para que se hagan constar en el Inventario General.
Artículo 36. Formas de mutación.
1. Puede producirse la mutación demanial:
1.º Por ley, en cuyo caso la ejecución de lo establecido en la norma corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio.
2.º Por acto expreso o de forma presunta:
a) La mutación demanial expresa se sustanciará de forma similar a la afectación, con intervención en el expediente del departamento competente en materia de patrimonio y demás departamentos y organismos públicos interesados.
b) La mutación demanial presunta se producirá cuando de hecho un bien demanial haya quedado destinado efectivamente durante dos o más años a un fin distinto del originario.
Los departamentos implicados deberán instar del departamento competente en materia de patrimonio la constatación de dicha mutación.
3.º En el caso de bienes transferidos por el Estado á la Comunidad Autónoma de Aragón, la mutación demanial de los mismos precisará acuerdo previo del Gobierno de Aragón.
2. En cualquier caso deberá suscribirse la correspondiente acta que refleje las circunstancias de la mutación, en la forma prevista en el artículo 34.3.
Artículo 37. Desafectación.
La desafectación, que deberá ser expresa, procederá cuando los bienes o derechos demaniales dejen de estar destinados al uso general o a los servicios públicos.
Salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, los bienes desafectados tendrán la consideración de bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 38. Forma y requisitos de la desafectación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá proceder a la desafectación de los bienes y derechos que dejen de estar destinados al uso o servicio públicos. A tal efecto, los distintos departamentos u organismos públicos que tengan adscritos bienes demaniales de titularidad de la Comunidad Autónoma deberán poner en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio la modificación de las circunstancias que motivaron la afectación y solicitar de éste la adopción de una resolución de desafecta ción de los bienes que no fueran necesarios para el desempeño de las competencias que tengan atribuidas.
2. Si la previa afectación se hubiera producido por ley, la ulterior desafectación deberá realizarse del mismo modo.
3. En cualquier caso, la desafectación no alcanzará plenos efectos hasta que, previa la oportuna acta a que se refiere el artículo 34.3, el departamento competente en materia de patrimonio reciba formalmente el bien y lo incorpore como patrimonial.
4. En la desafectación de los inmuebles sobrantes que resulten de los expedientes de deslinde de bienes demaniales, no serán necesarios los anteriores requisitos, excepción hecha de la extensión de la correspondiente acta por el departamento competente en materia de patrimonio, según lo previsto en el artículo 49.3.
5. A los efectos previstos en este artículo, el departamento competente en materia de patrimonio podrá investigar el uso que se haga de los bienes demaniales para que, previa audiencia de los departamentos interesados, el Gobierno de Aragón adopte la resolución oportuna.
Artículo 39. Desafectación de bienes demaniales de organismos públicos.
Los bienes demaniales que antes de su afectación fueran de titularidad de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma podrán revertir al dominio privado de los mismos cuando pierdan, por desafectación, el carácter de demaniales.
Los citados organismos públicos podrán disponer de los señalados bienes, devolviéndolos al tráfico jurídico privado, cuando ello sea acorde con las funciones que tengan atribuidas y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 60.
Artículo 40. Resolución de conflictos.
Las discrepancias que en torno a la afectación, mutación o desafectación de bienes y derechos pudieran producirse entre dos o más departamentos se resolverán por el Gobierno de Aragón.
Artículo 41. Traspaso y cesión de bienes demaniales.
1. Los traspasos de bienes adscritos a usos o servicios que se transfieran o deleguen a favor de organismos públicos o corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizarán en las condiciones señaladas en la correspondiente ley de transferencia o delegación, sin que pierdan su carácter de demaniales de la Comunidad Autónoma.
Tales bienes revertirán, en lo relativo a su uso, disfrute y administración, a la Comunidad Autónoma cuando dejen de ser necesarios para la prestación de los servicios transferidos o delegados o cuando tales servicios o funciones sean reasumidos por ésta.
2. Del mismo modo, la Comunidad Autónoma de Aragón, por acuerdo del Gobierno de Aragón, podrá ceder bienes y derechos, a título oneroso o gratuito, a otras entidades públicas para un uso o servicio públicos de su competencia y cuya finalidad deberá expresarse en el acuerdo de cesión. Dichos bienes quedarán afectados a tales usos o servicios públicos ajenos al cedente, pero sin que ello comporte cambio de titularidad de la Comunidad Autónoma.
Si los señalados bienes dejasen de ser utilizados para los fines previstos, revertirán a la Comunidad Autónoma con el carácter de demaniales, hasta tanto se extienda la correspondiente acta de desafectación.
Artículo 42. Reversión de bienes expropiados.
Para la reversión de los bienes expropiados se estará a lo establecido por la legislación sobre expropiación forzosa.
TÍTULO III
Bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPÍTULO I
Caracteres
Artículo 43. Concepto y caracteres.
1. Los bienes patrimoniales o de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos dependientes de la misma, a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley, quedarán sometidos a las reglas generales de Derecho privado, siendo por tanto alienables y prescriptibles.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los actos preparatorios relativos a la competencia y procedimiento quedarán sometidos a las reglas de Derecho público y será competente para su fiscalización, en cuanto que constituyen actos separables, la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 44. Inembargabilidad.
Los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón son inembargables, no pudiendo dictarse sobre los mismos, ni sobre sus frutos, rentas o productos, providencia de embargo, ni despacharse mandamiento de ejecución, siendo de aplicación, por lo demás, lo establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y disposiciones concordantes.
Artículo 45. Inscripción de los bienes patrimoniales.
El departamento competente en materia de patrimonio procederá a la inscripción en los registros públicos de los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás actos inscribibles que les afecten, de conformidad con lo establecido en la legislación específica para la inscripción de los bienes y derechos del Estado.
Artículo 46. Potestad de recuperación.
1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos de ella dependientes que sean poseídos indebidamente por terceros podrán ser recuperados por sí misma, previo acuerdo motivado del Consejero competente en materia de patrimonio, durante el plazo máximo de un año a contar desde la usurpación o despojo. Transcurrido dicho año, deberá acudirse a la jurisdicción civil.
2. No obstante lo anterior, si la posesión por terceros de los bienes y derechos patrimoniales derivara de relaciones jurídicopúblicas, la Comunidad Autónoma y organismos públicos dependientes de la misma conservarán sus potestades de autotutela.
Sin embargo, no podrán utilizarse las citadas potestades para la recuperación de los bienes y derechos patrimoniales, si existiera oposición, cuando haya concluido la relación jurídico privada que autorizaba su utilización. En tales casos, la Comunidad Autónoma de Aragón deberá ejercitar las acciones que procedan ante la jurisdicción ordinaria.
3. No se admitirán interdictos contra las actuaciones en esta materia, salvo cuando no hubiesen sido acordadas por el órgano competente o lo hubieran sido fuera de plazo.
Artículo 47. Potestades de investigación y deslinde.
Las potestades de investigación, deslinde y amojonamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto de sus bienes patrimoniales, se regirán por lo establecido para los bienes demaniales en los artículos 14 y 15 de esta Ley y disposiciones concordantes.
Artículo 48. Jurisdicción.
Corresponde a la jurisdicción civil resolver las cuestiones litigiosas que surjan sobre la propiedad de los bienes patrimoniales de presunta titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO II
Adquisicion de los bienes patrimoniales
Artículo 49. Forma de adquirir. Presunciones.
1. La adquisición de bienes y derechos patrimoniales por la Comunidad Autónoma de Aragón podrá efectuarse de las siguientes formas:
a) Mediante atribución por ley.
b) Mediante los correspondientes traspasos derivados de las transferencias o delegaciones de funciones y servicios del Estado y otros entes públicos, o por cualquier otro tipo de traspaso o cesión de dichos titulares originarios, en la forma regulada al efecto y sin perjuicio de la ulterior entrega que pueda realizar la Comunidad Autónoma de Aragón a favor de organismos públicos dependientes de la misma.
c) Mediante expropiación, con sujeción a la legislación específica en dicha materia.
d) Mediante hechos, actos y negocios jurídicos, onerosos o gratuitos, inter vivos o mortis causa, por accesión, ocupación, prescripción y demás formas admitidas en derecho.
2. Las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán adquirir bienes y derechos patrimoniales en las formas previstas en los apartados a) y d) anteriores y podrán ser beneficiarios de los bienes adquiridos mediante expropiación.
3. Los terrenos sobrantes como consecuencia del deslinde de bienes demaniales, conforme a lo establecido en el artículo 15 de esta Ley y preceptos concordantes, sólo tendrán la consideración de bienes patrimoniales cuando se extienda el acta correspondiente por el departamento competente en materia de patrimonio. Sustanciado dicho trámite, se integrarán en el Inventario General en el concepto de bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se procederá a su inscripción.
4. En los bienes o derechos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Aragón bajo carga de vincularlos permanentemente a determinados destinos, ésta se entenderá cumplida y extinguida si durante treinta años hubieran estado afectos a los destinos señalados y dejaran de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés general.
5. Caso de no constar el carácter demanial o patrimonial de determinados bienes, se presumirá que los mismos son de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo.
Artículo 50. Adquisición a título oneroso.
1. Las adquisiciones a título oneroso de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de Aragón y sus entidades públicas se realizarán conforme a las siguientes reglas:
1.ª Tratándose de bienes inmuebles, mediante concurso público, salvo que, por las peculiaridades de los bienes, las limitaciones del mercado o la urgencia de la necesidad, el departamento competente en materia de patrimonio, a solicitud del departamento interesado, y tras la tasación pericial del bien, acuerde la adquisición directa que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón»
La competencia para llevar a cabo dichas adquisiciones corresponde al departamento competente en materia de patrimonio, salvo que el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de aquel departamento, atribuya la competencia a otros organismos o departamentos.
2.ª Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53, las demás adquisiciones onerosas de bienes muebles y derechos, que no tengan la consideración de suministros, se ajustarán a lo establecido en el apartado anterior, si bien la competencia para perfeccionarlas corresponderá al departamento que haya de utilizar o servirse de dichos bienes y derechos.
En cualquier caso, el Gobierno de Aragón podrá acordar la adquisición centralizada de determinados bienes de esta naturaleza.
3.ª Las anteriores adquisiciones a favor de organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizarán conforme a lo establecido en sus leyes de creación o en la legislación específica y, en su defecto, por las disposiciones de esta Ley. El órgano que ostente la representación legal de dichos organismos será el competente para perfeccionar las adquisiciones.
2. Las adquisiciones que sean consecuencia de procedimientos de expropiación se ajustarán a su normativa específica.
Artículo 51. Adquisiciones a título gratuito.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos públicos dependientes de la misma podrán adquirir a título gratuito, inter vivos o mortis causa, bienes y derechos, salvo que el importe de las cargas y gravámenes que les afecten superen el valor intrínseco de los mismos, según resulte de la valoración realizada y el informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
La competencia para las citadas adquisiciones corresponde, en todo caso, al Gobierno de Aragón, mediante Decreto, salvo en el supuesto de que, con iguales requisitos previos, la adquisición haya sido prevista en convenio.
2. En defecto de las personas legalmente llamados a la sucesión de quien fallezca intestado bajo vecindad civil aragonesa, sucederá la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo previsto en la Compilación del Derecho Civil de Aragón y en la regulación legal de las sucesiones por causa de muerte en Aragón.
Artículo 52. Adjudicaciones judiciales y administrativas.
1. En las adquisiciones de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos dependientes de la misma que sean consecuencia de adjudicaciones en procedimientos judiciales o administrativos, deberá procederse a la identificación y tasación de los mismos por el departamento competente en materia de patrimonio, a quien deberá trasladarse el correspondiente auto, providencia o acuerdo de adjudicación. Cumplimentados tales trámites, se formalizará, si procede, la incorporación de dichos bienes en el Inventario General del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
2. En las anteriores adquisiciones, cuando las adjudicaciones lo fueran en pago de créditos de la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades dependientes de la misma, los deudores no podrán reclamar a aquélla diferencia alguna, aun cuando el valor de tasación de lo adquirido supere el importe del crédito.
Artículo 53. Adquisición de títulos, valores mobiliarios y participaciones.
1. La competencia para la adquisición de títulos representativos de capital y demás valores mobiliarios corresponde al departamento competente en materia de patrimonio.
2. Si tales valores mobiliarios son de cotización oficial, su adquisición se realizará en bolsa al precio de cotización.
Si no lo fueran, su adquisición se realizará, con intervención de fedatario público, por precio o contraprestación que no podrá superar el valor teórico de los mismos, salvo autorización mediante decreto del Gobierno de Aragón.
El departamento competente en materia de patrimonio emitirá informe sobre el señalado valor teórico.
3. Será necesaria en todo caso autorización mediante decreto del Gobierno de Aragón:
a) Cuando la adquisición suponga una participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma en el capital o en los títulos representativos de empréstitos u otras formas de pasivo de las entidades emisoras.
b) Siempre que el conjunto de las adquisiciones en un mismo ejercicio presupuestario y relativas ala misma entidad supere los veinticinco millones de pesetas.
4. La adquisición de valores mobiliarios por organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirá, en todo lo que no esté específicamente establecido por sus normas específicas, por lo preceptuado en esta Ley, si bien la competencia para la adquisición corresponderá a su órgano rector.
Artículo 54. Arrendamiento de bienes.
1. Los arrendamientos de bienes inmuebles en los que la Comunidad Autónoma de Aragón asuma la posición jurídica de arrendatario se concertarán por el departamento competente en materia de patrimonio, mediante adjudicación, con respeto a los mismos requisitos a que se refiere el artículo 50.1 de esta Ley y con las salvedades en el mismo establecidas.
2. Lo señalado en el apartado anterior será de aplicación al arrendamiento de bienes muebles, salvo en lo relativo a la competencia para adoptar el oportuno acuerdo, que corresponderá al consejero del departamento que haya de utilizar los bienes arrendados.
3. En lo relativo a los contratos de arrendantiento-venta, arrendamiento-financiero, leasing y demás contratos mixtos de adquisición y arrendamiento, se estará a la trascendencia económica de la operación concertada, a los efectos de concretar la competencia y requisitos para el otorgamiento de los mismos.
4. Los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrán concertar a su favor el arrendamiento de bienes, de acuerdo con su legislación específica, si bien deberán solicitar informe previo, que tendrá carácter vinculante, y dar cuenta al departamento competente en materia de patrimonio de los arrendamientos de bienes inmuebles.
5. El órgano competente, según los casos, para la adjudicación o el otorgamiento de los respectivos contratos lo será para cuantas incidencias se produzcan en relación con los mismos.
Artículo 55. Deber de información.
Los distintos departamentos y organismos públicos deberán dar cuenta al departamento competente en materia de patrimonio de todas las adquisiciones de bienes y derechos que deban constar en el Inventario General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO III
Enajenación y otras formas de disposición de los bienes patrimoniales
Artículo 56. Requisitos generales.
1. La enajenación y la constitución de derechos reales, de gravámenes y demás actos dispositivos sobre bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón exigirá, en su caso, la previa delimitación de su situación física, especialmente su deslinde, así como de su situación jurídica, con expresión de sus circunstancias registrales, si se trata de bienes inscribibles en registros públicos, sin que en ningún caso puedan realizarse actos de disposición que tengan por objeto tales bienes si no constara su previa inscripción.
Tampoco podrán llevarse a cabo los citados actos dispositivos sobre bienes que se encuentren en situación de litigio, salvo que el que pretenda su adquisición asuma expresa y voluntariamente los riesgos del resultado.
2. Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación a los bienes de propiedad de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo que sus normas específicas establezcan otra cosa.
Artículo 57. Enajenación de bienes inmuebles, requisitos y competencia.
1. No podrán enajenarse bienes y derechos patrimoniales de naturaleza inmobiliaria de la Comunidad Autónoma de Aragón sin la previa declaración de alienabilidad, que deberá ser dictada por el departamento competente en materia de patrimonio, previo informe y tasación facultativa del mismo, y a la vista, en su caso, del informe del departamento u órgano al que esté adscrita la administración del inmueble.
2. La enajenación de tales bienes se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública, salvo que por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia de la operación u otras circunstancias similares, el Gobierno de Aragón, en acuerdo motivado, autorice expresamente la enajenación directa.
3. Corresponderá al Consejero competente en materia de patrimonio la competencia para la enajenación de inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma cuando su valor no exceda de cien millones de pesetas, y al Gobierno de Aragón en los restantes casos.
Artículo 58. Enajenación de bienes muebles y derechos sobre bienes incorporales.
1. La enajenación de bienes muebles y derechos de tal naturaleza de carácter patrimonial de la Comunidad Autónoma de Aragón, excepción hecha de los títulos y participaciones a que se refiere el artículo 59, se realizará con sujeción a lo previsto en el artículo anterior, salvo en lo relativo a la competencia para la declaración de su alienabilidad y para la disposición, cuando su valor no exceda de cien millones de pesetas, que corresponderá al Consejero del departamento que tenga adscrito el bien a enajenar.
De las enajenaciones realizadas se dará cuenta, semestralmente, a la Dirección General competente para la gestión del Inventario General de bienes y derechos.
2. La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por el Gobierno de Aragón, salvo que su valor supere los doscientos cincuenta millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá la autorización por ley de Cortes de Aragón.
Artículo 59. Enajenación de títulos, valores y participaciones en empresas.
1. La enajenación y demás actos dispositivos de títulos, valores y participaciones en entidades privadas de cotización oficial se realizará, siempre que ello sea posible, en Bolsa y a su precio de cotización.
2. Los señalados actos relativos a títulos y participaciones que no sean de cotización oficiarse realizarán con intervención de fedatario público y por precio o contraprestación que no sea inferior a su valor de mercado, entendiendo por tal, con carácter general, su valor teórico, deducido del último balance aprobado, previo informe de los servicios del departamento competente en materia de patrimonio, en el que se determinará ese valor y se hará constar de forma motivada si concurren circunstancias especiales que pudieran aconsejar el que se fije un valor distinto, al alza o a la baja, del teórico, y dejando a salvo lo señalado en el apartado siguiente.
3. La competencia para la disposición de estos bienes corresponde al Consejero competente en materia de patrimonio, siempre que el conjunto de operaciones en un mismo ejercicio presupuestario y respecto de títulos de una misma entidad no supere los cincuenta millones de pesetas.
En el caso de que se supere el límite anterior, en el de enajenación de todos los títulos de propiedad de la Comunidad Autónoma en una misma entidad, o de enajenación de tal volumen que suponga para aquélla perder la condición de socio mayoritario, se exigirá autorización del Gobierno de Aragón, mediante decreto. Igual autorización será necesaria cuando el precio de la transmisión fuere inferior al valor de mercado, si es que existen razones suficientes que justifiquen la disposición a tal precio político, en cuyo caso deberán publicarse las circunstancias que motivaran el correspondiente Decreto.
Los actos de disposición, a que se refiere el párrafo anterior, que superen la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesetas deberán ser autorizados por ley de Cortes de Aragón.
Artículo 60. Disposición de bienes y derechos de los organismos públicos.
1. Los actos de disposición sobre bienes que constituyan el activo circulante de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma, o que de cualquier otra forma hubieran sido adquiridos para devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico privado, o su finalidad fuera la de garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas, o en el ejercicio de su diligente administración, o para responder de los avales y garantías que deben prestar de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, se realizarán de acuerdo con lo previsto en sus leyes específicas y, en su defecto, por las disposiciones de Derecho común.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de bienes inmuebles vinculados a su actividad que hubieran dejado de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines, estos organismos públicos deberán comunicar tales circunstancias al departamento competente en materia de patrimonio, para que por éste, previa instrucción del oportuno expediente, se proceda a incorporar formalmente dichos bienes al patrimonio de la Comunidad y se incluyan en el Inventario General en el concepto de bienes de dominio privado.
3. Para los actos de disposición sobre bienes muebles y derechos distintos de los señalados en el apartado primero de titularidad de los citados organismos públicos, se estará a lo que establezcan sus normas específicas y, en su defecto, será de aplicación lo regulado en esta Ley para dicha categoría de bienes.
La competencia para sustanciar los citados actos de disposición corresponderá al órgano que ostente la representación de dichas entidades, salvo que el valor unitario de los bienes, según tasación pericial, supere los diez millones de pesetas, en cuyo caso, previo informe preceptivo y vinculante del Consejero competente en materia de patrimonio, será de aplicación lo señalado en el artículo 58.1 de esta Ley.
4. Los actos de disposición relativos a derechos sobre bienes incorporales de titularidad de las entidades a las que se refiere este artículo se regirán por lo señalado en el precedente artículo 58.2.
5. Los actos de disposición referentes a valores mobiliarios y títulos similares pertenecientes a organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo señalado en el artículo 59, salvo en lo relativo a la competencia, que corresponderá al órgano que ostente la representación de la entidad, si el valor de la enajenación no supera la cantidad de diez millones de pesetas y sin perjuicio de las demás limitaciones y requisitos contenidos en dicho artículo 59.
Artículo 61. Permuta.
1. No podrá disponerse mediante permuta si no se acredita, previa tasación pericial por el departamento competente en materia de patrimonio, que la diferencia de valor entre los bienes a canjear es inferior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, y ello sin perjuicio de la compensación pecuniaria que corresponda para obtener la equivalencia de las recíprocas prestaciones.
2. A la disposición de bienes y derechos mediante permuta le será de aplicación lo señalado en esta Ley, atendidos la naturaleza y caracteres de los mismos y la cuantía de la operación.
3. El acto o disposición que autorice la permuta de bienes requerirá la desafectación, en su caso, y la declaración de alienabilidad del bien.
Artículo 62. Gravamen y transacción.
1. Sólo podrán gravarse los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los organismos públicos dependientes de la misma, o constituir derechos reales a favor de terceros sobre dichos bienes, con sometimiento a las reglas, requisitos y límites establecidos para su enajenación.
2. Para transigir o comprometer los señalados bienes patrimoniales será necesaria autorización expresa del Gobierno de Aragón. Para someter a arbitraje las cuestiones que se susciten sobre los bienes o derechos patrimoniales, será precisa autorización por ley de las Cortes de Aragón.
Artículo 63. Derechos de adquisición preferente.
En lo relativo al ejercicio de posibles derechos de adquisición preferente en relación con la enajenación de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y organismos públicos dependientes de ella, se estará a lo que dispongan las normas específicas que regulen tales derechos.
Artículo 64. Enajenación de bienes de interés artístico o cultural.
Sin perjuicio de lo que establezcan sus leyes específicas, para los actos de disposición sobre bienes que constituyan el Patrimonio Cultural de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los organismos públicos de ella dependientes, o de los que sin estar incluidos en dicho Patrimonio hubiesen sido declarados formalmente de interés cultural o artístico, será necesaria la previa autorización por ley de Cortes de Aragón.
Artículo 65. Disposición y cesión a título gratuito de bienes patrimoniales.
1. No podrán realizarse cesiones a título gratuito, expresas o encubiertas, de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón ni de sus organismos públicos a favor de particulares, salvo lo que establezca la legislación especial sobre subvenciones y auxilios.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán cederse gratuitamente bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, cuya afectación o explotación directa por la misma no sean previsibles, a favor de sus organismos públicos, cuando dichos bienes sean necesarios para el cumplimiento de sus fines o desarrollo de su actividad. Dichas cesiones gratuitas exigirán la previa solicitud motivada por el departamento u organismo público interesado en la cesión del bien ante el Consejero competente en materia de patrimonio, quien resolverá el expediente, salvo que se trate de cesiones gratuitas de bienes inmuebles, derechos sobre bienes incorporales o demás bienes de valor superior a veinticinco millones de pesetas, en cuyo caso se exigirá acuerdo del Gobierno de Aragón.
A las cesiones reguladas en este apartado les será de aplicación lo señalado en el siguiente apartado 4
3. Del mismo modo, podrán cederse gratuitamente bienes inmuebles de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón que reúnan las características señaladas en el apartado anterior para fines de utilidad pública o interés social y a favor del Estado o de corporaciones locales, comunidades de regantes o establecimientos benéficos con sede en Aragón, con arreglo a los siguientes requisitos y tramitación:
a) La entidad interesada deberá solicitar motivadamente la cesión ante el Consejero competente en materia de patrimonio, con expresión de los fines, uso y aplicación que haya de darse a los señalados bienes.
b) La autorización de dichas cesiones corresponderá al Gobierno de Aragón, que dará cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
c) Aprobada la autorización, se formalizará a través del departamento competente en materia de patrimonio la correspondiente escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, con expresa consignación de las causas de resolución de la cesión y, en especial, las relativas al uso o destino del bien y plazo en el que debe ser aplicado a los fines previstos.
4. La falta de cumplimiento de las condiciones o circunstancias de la cesión comportará la resolución de la misma y la reversión de los bienes, con todas sus pertenencias y accesiones, a la Comunidad Autónoma en su concepto de patrimoniales, sin perjuicio de las indemnizaciones que le correspondan por el deterioro o menoscabo causado en los mismos. A tal fin, el departamento competente en materia de patrimonio podrá comprobar el uso y destino de los bienes cedidos gratuitamente e instará los expedientes de reversión que procedan.
5. Asimismo, los Departamentos podrán ceder gratuitamente, para las mismas finalidades y con el mismo régimen previsto en los dos apartados anteriores, los bienes muebles que tengan adscritos. De las cesiones realizadas se dará cuenta a la Dirección General competente para la gestión del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 66. Adscripción de bienes patrimoniales.
1. Los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán solicitar del departamento competente en materia de patrimonio la adscripción de bienes patrimoniales de aquélla, incluidos en el Inventario General, necesarios para la gestión de sus servicios, sin que dichos organismos adquieran la propiedad de los mismos, debiendo destinarlos al uso que motivara la adscripción, bien de forma directa o bien para la percepción de los frutos, rentas y productos que se deriven de su disfrute o utilización.
2. La autorización de las señaladas adscripciones corresponderá al Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de patrimonio.
3. A la adscripción de bienes regulada en este artículo le será de aplicación lo señalado en el artículo 65.4, sin perjuicio, en cualquier caso, de su revocación discrecional.
Artículo 67. Deber de información y comunicación.
1. Los departamentos y organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán informar al departamento competente en materia de patrimonio de cualesquiera circunstancias que pudieran afectar a la seguridad física o jurídica de los bienes patrimoniales de que dispongan, o cuya gestión o uso tuvieran encomendado. Asimismo, comunicarán a este departamento la circunstancia de no necesitar hacer uso de dichos bienes.
2. Para el cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley, el departamento competente en materia de patrimonio podrá investigar las circunstancias y el uso que se haga de estos bienes.
CAPÍTULO IV
Uso y administracion de los bienes patrimoniales
Artículo 68. Formas de utilización.
1. Corresponde al Consejero competente en materia de patrimonio, proponer periódicamente al Gobierno de Aragón la forma de aprovechamiento de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, incluidos en el Inventario General, que no estén destinados a ser enajenados y que fuesen susceptibles de utilización rentable.
2. La resolución del Gobierno de Aragón contendrá las circunstancias esenciales de la utilización de los citados bienes y su forma de explotación, bien directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, con expresión del departamento u órgano responsable, bien a través de organismos públicos dependientes de aquélla o confiriéndola a particulares mediante contrato, previa adjudicación en la forma prevista en el artículo siguiente.
Artículo 69. Uso o explotación por particulares.
1. Los contratos por los que se ceda a particulares la explotación de los bienes patrimoniales a que se refiere el artículo anterior se adjudicarán respetando los principios de publicidad y concurrencia de la contratación administrativa, salvo que por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia de la operación u otras circunstancias similares, proceda la adjudicación directa, en cuyo caso deberá motivarse la resolución y publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón»
2. Tratándose de bienes inmuebles, corresponde al Consejero competente en materia de patrimonio aprobar las bases generales, las particulares de cada concurso y resolver sobre su adjudicación.
Respecto de los bienes muebles, la competencia para los actos señalados en el párrafo anterior corresponde al consejero del departamento que los tenga adscritos, previo informe del departamento competente en materia de patrimonio.
No obstante, será competente el Gobierno de Aragón en los supuestos en los que la renta o canon anual sea superior a cinco millones de pesetas.
3. Los contratos a los que se refiere este artículo se formalizarán en escritura pública, a costa del adjudicatario, y se regirán por el régimen general del Derecho privado, con las especialidades previstas en esta Ley para los actos separables, excepción hecha de los contratos que tengan naturaleza de administrativos, que se regirán por su normativa especial.
En todos los contratos se estipulará la actualización anual de la renta o canon de acuerdo con el índice oficial del Instituto Nacional de Estadística que se fije.
4. El departamento competente en materia de patrimonio podrá comprobar e investigar la utilización de los bienes patrimoniales cedidos en explotación, así como adoptar las medidas oportunas para garantizar la indemnidad de los bienes, el cumplimiento del contrato y el percibo de las cantidades adeudadas.
Artículo 70. Frutos y rentas patrimoniales.
1. Los adjudicatarios de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma cedidos en explotación harán suyos los frutos, rentas y productos que se deriven de la misma.
Esta regla será de aplicación a los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma a los que se ceda el aprovechamiento de los señalados bienes, salvo que en el acto de cesión se dispusiere lo contrario, sin perjuicio de la aplicación presupuestaria que la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dé a los resultados de la actividad de dichos entes.
2. Los rendimientos derivados de los bienes patrimoniales cuya gestión se reserve la Administración de la Comunidad Autónoma se ingresarán en la Tesorería de la misma.
Artículo 71. Administración y gestión.
1. La ejecución de los actos necesarios para la conservación y buena administración de los bienes muebles e inmuebles de carácter patrimonial de la Comunidad Autónoma corresponde al departamento al que estuviesen adscritos, dejando a salvo aquellos actos cuya competencia corresponda al departamento competente en materia de patrimonio.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el departamento competente en materia de patrimonio será el competente para el ejercicio de los derechos que correspondan a la Comunidad Autónoma como titular de participaciones u otros valores en entidades privadas; proponer al Gobierno de Aragón la representación de la Comunidad en juntas y consejos, la percepción de dividendos, la suscripción preferente en ampliaciones de capital y demás actos relativos a la buena gestión y administración de la cartera patrimonial, dejando a salvo lo señalado en los capítulos anteriores de este Título en lo referente a la adquisición y enajenación de esta clase de bienes y sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de patrimonio, pudiera encomendar el señalado ejercicio a otras entidades.
3. El órgano al que corresponda la representación de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón será el que asuma, en relación con los bienes que tenga adscritos, el cumplimiento de los deberes y ejercicio de las facultades y derechos a que se refiere este artículo, salvo en lo relativo a la cesión del uso mediante el arrendamiento o por otro título obligacional de bienes inmuebles que no constituyan el objeto de su actividad o explotación, que requerirá autorización del Consejero competente en materia de patrimonio.
4. En cualquier caso, el departamento competente en materia de patrimonio podrá auditar, previa investigación, la gestión de los bienes patrimoniales a que se refiere este artículo.
CAPÍTULO V
Actividad empresarial del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 72. Marco jurídico.
Al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Aragón y con las limitaciones señaladas en su artículo 56, la Comunidad Autónoma podrá constituir su propio sector público.
Artículo 73. Organización del sector público.
1. La actividad empresarial del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón se desarrollará generalmente mediante organismos públicos o mediante empresas públicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón revestirán la forma de sociedades mercantiles.
3. La creación de sociedades mercantiles se aprobará por decreto del Gobierno de Aragón, del que deberá darse cuenta a las Cortes de Aragón antes de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» Dichas sociedades adoptarán la forma de cooperativas o cualquier otra forma social que limite la res ponsabilidad de los socios o partícipes, y a las mismas les serán de aplicación, con independencia de lo previsto en ésta u otras leyes especiales, las normas de Derecho privado, civil, mercantil o laboral, que resulten pertinentes.
Artículo 74. Rendición de cuentas y demás documentación.
1. Con independencia de lo señalado en la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma, sociedades y cooperativas a las que se refiere el artículo anterior, deberán presentar ante la Dirección General que tenga encomendadas las funciones relativas al Patrimonio de la Comunidad Autónoma, la relación anual de sus variaciones patrimoniales, conforme a lo establecido en el artículo 9 de esta Ley, así como una copia del balance, cuenta de explotación y memoria explicativa de la gestión, dentro del mes siguiente a la aprobación de dichos documentos contables.
2. La Dirección General a la que se refiere el apartado anterior será competente para realizar, por sí o en coordinación con la Intervención General, las comprobaciones e investigaciones pertinentes acerca de los organismos, sociedades y cooperativas de referencia, pudiendo recabar cuantos datos y antecedentes fueran necesarios con el fin de auditar y emitir dictamen, en su caso, al Consejero competente en materia de patrimonio sobre la situación económica y patrimonial de las mismas.
TÍTULO IV
Deberes, responsabilidades, infracciones y sanciones
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 75. Deberes genéricos.
Los usuarios del dominio público y de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán utilizar los bienes afectos a los mismos con la diligencia debida, para evitar su deterioro, y de acuerdo con las disposiciones que regulen su uso.
Artículo 76. Deberes específicos.
1. Los titulares de concesiones o autorizaciones por las que se permita el uso privativo o común especial, respectivamente, de bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón estarán obligados a la custodia, conservación, adecuada utilización y racional explotación de los mismos, así como al cumplimiento de las condiciones señaladas en aquéllas.
2. Los indicados titulares deberán, asimismo, comunicar al departamento competente en materia de patrimonio los hechos o circunstancias que puedan producir daños, perjuicios o alteraciones en los bienes objeto de concesión o autorización.
3. Los deberes recogidos en los apartados anteriores habrán de ser observados también por quienes utilicen bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de los restantes deberes derivados de las relaciones jurídico-privadas que legitimen la mencionada utilización.
4. Las personas al servicio de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la naturaleza de su relación, deberán velar por la conservación e integridad de los bienes que constituyan el Patrimonio de aquélla, procurando la adecuada utilización de los mismos y el cumplimiento de los fines a que estén destinados.
En observancia de estos deberes habrán de llevarse a cabo las actuaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
Artículo 77. Responsabilidades.
1. El que dolosa o negligentemente causara daños en el dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá, previa su valoración, indemnizar los daños y perjuicios causados, así como reponer los bienes a su estado original cuando ello fuera posible.
2. La exigencia de las responsabilidades a que se refiere el apartado anterior se sustanciará por el procedimiento del artículo 82 de esta Ley.
En la resolución que se adopte en vía administrativa se fijará un plazo para la ejecución voluntaria, procediendo, en el supuesto de que sea incumplido, la ejecución subsidiaria, sin perjuicio de los restantes medios de ejecución a que se refiere el artículo 81.4.
Artículo 78. Infracciones.
Constituyen infracciones administrativas el incumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones establecidos en esta Ley y en las leyes especiales respecto a los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en especial los siguientes:
a) La producción de daños en los bienes de dominio público.
b) La alteración de los bienes de dominio público por obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas.
c) La retención de los bienes de dominio público una vez extinguida la relación jurídico-pública por la que se autorizó su uso.
d) El uso común especial o privativo de bienes de dominio público sin la correspondiente autorización o concesión.
e) El uso de bienes de dominio público objeto de concesión o autorización sin sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las motivaron..
f) El incumplimiento del deber de los titulares de concesiones o autorizaciones de conservar en buen estado los bienes de dominio público.
g) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso común general de los bienes de dominio público.
h) Las actuaciones sobre los bienes afectos a un servicio que impidan o dificulten la normal prestación de aquél.
Artículo 79. Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se calificarán en leves, graves y muy graves.
Tendrán el carácter de leves aquellas que produzcan daños o perjuicios a la Administración o a terceros no superiores a veinticinco mil pesetas.
Las infracciones serán graves cuando los indicados daños o perjuicios se evalúen entre veinticinco mil una y un millón de pesetas.
Las infracciones serán muy graves cuando los daños o perjuicios superen en su evaluación un millón de pesetas.
2. Las infracciones administrativas a las que se refieren los apartados b), c), d), e) y h) del artículo anterior tendrán la calificación de graves, salvo que por la cuantía de los daños y perjuicios causados, en su caso, proceda su calificación como de muy graves. Las restantes infracciones tendrán la calificación de leves, siempre que la legislación especial no les otorgue otra calificación.
3. Las faltas cometidas en esta materia por funcionarios y personal laboral de la Comunidad Autónoma, por razón del servicio, serán calificadas con arreglo a sus respectivas normas estatutarias.
Artículo 80. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones leves prescriben a los dos meses de su comisión. Las graves y muy graves prescriben por el transcurso de un año.
2. En los supuestos de infracciones susceptibles de ser calificadas como continuadas, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha del último hecho constitutivo de dichas infracciones.
Artículo 81. Sanciones.
1. Las infracciones administrativas relacionadas en el artículo 78 serán sancionadas con las siguientes multas:
– Infracción leve: multa de hasta cincuenta mil pesetas.
– Infracción grave: multa, desde cincuenta mil una pesetas, a dos millones de pesetas.
– Infracción muy grave: multa, desde dos millones una pesetas, hasta cinco millones de pesetas o hasta el duplo del valor de los daños o perjuicios causados, cuando esta cantidad exceda de cinco millones de pesetas.
2. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, la intencionalidad del causante y el beneficio obtenido.
3. La obligación de reparar los daños y perjuicios causados en el dominio público de la Comunidad Autónoma será independiente de la imposición de la sanción que proceda por la infracción cometida, y ambas lo serán, a su vez, de la extinción de la concesión o autorización de uso.
4. El importe de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las responsabilidades contraídas podrán ser exigidas por los procedimientos de ejecución forzosa previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, sin que la multa coercitiva pueda superar el veinte por ciento de la sanción impuesta o de la obligación contraída por responsabilidades.
5. Las infracciones calificadas de leves serán sancionadas por la Dirección General que tenga encomendadas las funciones relativas al Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Las graves serán sancionadas por el Consejero competente en materia de patrimonio, y las muy graves, por el Gobierno de Aragón.
6. No podrá adjudicarse concesión o autorización de uso común especial sobre el dominio público a quienes hayan sido sancionados por infracción grave en los dos años anteriores a la presentación de la correspondiente solicitud, o en los cinco años anteriores si la sanción lo hubiera sido por infracción muy grave, según la calificación a la que se refiere el artículo 79.
Artículo 82. Procedimiento para la exigencia de responsabilidades e imposición de sanciones.
1. A través del procedimiento administrativo sancionador se exigirán las responsabilidades y se impondrán las sanciones a las que se refiere este Título.
2. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio, por los órganos que tengan encomendada la gestión del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, o a instancia de otros órganos o mediante denuncia.
Artículo 83. Hechos constitutivos de delito o falta.
Cuando los hechos a los que se refiere este Título pudieran ser constitutivos de delito o falta, el Consejero competente en materia de patrimonio, previo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón, lo pondrá en conocimiento de los órganos de la jurisdicción penal competente, quedando en suspenso la resolución definitiva del expediente administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se acuerde el sobreseimiento de la causa, en cuyo caso se levantará la suspensión y se continuará la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.
La sanción penal que se deduzca, en su caso, excluirá el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, quedando a salvo la exigencia de las responsabilidades patrimoniales que correspondan para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, salvo que la resolución judicial contenga pronunciamiento sobre las indemnizaciones por este concepto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Avocación.
El Gobierno de Aragón podrá avocar para sí las competencias atribuidas a órganos inferiores en cuanto al uso y aprovechamiento de bienes demaniales y patrimoniales.
Segunda. Representación en otros órganos.
El departamento competente en materia de patrimonio participará en los órganos colegiados de aquellos organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón en los que la gestión de su Patrimonio o de los bienes adscritos sea fundamental para la consecución de los fines señalados en sus leyes de creación.
Tercera. Órganos de relación.
Las secretarías generales técnicas, o el servicio que cumpla sus funciones, de los distintos departamentos que tengan encomendados el uso, la gestión o administración de bienes demaniales o patrimoniales actuarán como órgano de relación y coordinación con el departamento competente en materia de patrimonio a los efectos previstos en esta Ley.
Cuarta. Pliegos de condiciones.
El Gobierno de Aragón aprobará pliegos generales-tipo de condiciones para las concesiones demaniales y para la adjudicación del aprovechamiento de los bienes patrimoniales, sin perjuicio de que los departamentos u órganos competentes, en cada caso, para la adjudicación puedan incluir otras condiciones que sean necesarias y acordes con el contexto de las anteriores.
Quinta. Aseguramiento de bienes.
Los bienes inmuebles, los vehículos y los muebles de estimable valor económico serán asegurados, a propuesta de los servicios responsables de la defensa del Patrimonio, mediante la suscripción de las correspondientes pólizas, previa concurrencia pública de ofertas.
Esta medida de previsión es extensiva a los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan en su Patrimonio bienes de naturaleza análoga a los antes señalados. En el supuesto de bienes adscritos a estos organismos, pertenecientes al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Consejero competente en materia de patrimonio podrá ejercitar la facultad que tiene atribuida en el párrafo anterior para el aseguramiento de estos bienes, siendo a cargo de la entidad pública correspondiente el importe de las primas.
Sexta. Tasaciones periciales.
En la aplicación y ejecución de esta Ley y demás normas de carácter financiero, la realización de valoraciones, tasaciones, auditorías, trabajos técnicos y demás actuaciones periciales, se efectuará por funcionarios del departamento competente en materia de patrimonio, con título adecuado a la naturaleza de los bienes. Asimismo, podrán ser admitidas por este departamento las efectuadas por otros técnicos, seleccionados preferentemente de entre funcionarios de los demás Departamentos del Gobierno de Aragón.
Séptima. Actualización de valores y sanciones.
Tanto los límites cuantitativos relativos a la atribución de competencias por razón del valor de los bienes y derechos a que se refiere la presente Ley, como la fijación de las sanciones pecuniarias reguladas en la misma, podrán ser modificados con objeto de adecuarlos a las variaciones experimentadas por el transcurso del tiempo. Tales variaciones podrán llevarse a efecto por las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Aragón aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Hasta que se aprueben las citadas disposiciones, serán de aplicación, con carácter supletorio, las disposiciones reglamentarias de la normativa estatal que no contradigan lo dispuesto por esta Ley. |
Los artículos 156 y 157.11) de la Constitución española proclaman la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y establecen que los recursos de las mismas estarán constituidos, entre otros, por sus propias tasas. La propia Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, modificada, entre otras, por Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril, vino a ratificar el carácter de tributo propio autonómico de las tasas transferidas afectas a los traspasos de funciones y servicios del Estado, subrayando asimismo la potestad de las Comunidades Autónomas para establecer sus propias tasas conforme a unos criterios básicos. Como colofón de este marco jurídico, el artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, además de incluir las tasas entre los recursos de su hacienda, determina el ámbito objetivo de las mismas.
Ello no obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley de las Cortes Generales 8/ 1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al objeto de preservar el principio de reserva de ley declarado constitucio nalmente para el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, delimitó por confrontación los ámbitos objetivos respectivos de los precios públicos y de las tasas, definiendo a éstas como aquellas exacciones a percibir por la utilización del dominio público o por la prestación de servicios o actividades de la Administración en régimen de Derecho público, que no sean de solicitud voluntaria, que comporten una situación de monopolio de hecho o que sean imprescindibles para la vida privada o social del obligado al pago.
En consecuencia, el legislador autonómico, que ya había actuado anteriormente con la promulgación de la Ley 8/1984, de 27 de diciembre, aprobó la vigente Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, procurando coordinar el marco jurídico general con la doctrina constitucional señalada, adaptándola asimismo a las particularidades de nuestra Comunidad. Sin embargo, la propia Ley no era ajena al precario estado normativo de las tasas, recogidas, de manera dispersa y asistemática, en numerosas disposiciones estatales en su mayoría preconstitucionales, cuya presencia en nuestro ordenamiento jurídico sólo se evidenciaba
esporádicamente por la actualización de sus cuantías y elementos cuantificadores en las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Tal es así, que la disposición final primera de la citada Ley autorizó al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del hoy Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, aprobase un Decreto Legislativo que comprendiera el texto refundido en el que se clasifiquen, regulen y reordenen las distintas exacciones que percibe la Comunidad Autónoma, determinándose el plazo para el cumplimiento de dicha delegación legislativa por el artículo 2 de la Ley de Cortes de Aragón 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
Para cubrir el tránsito que viene a cerrar la presente norma, y conforme a la regla de continuidad del ordenamiento jurídico establecida en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, la propia Ley 10/1998, de 22 de diciembre, previno en su disposición transitoria que las tasas actualmente vigentes continuarán rigiéndose por la normativa aplicable con anterioridad a esta Ley, hasta que se haga uso de la autorización prevista en la disposición final primera», autorización a la que se dota de efectivo cumplimiento con la presente iniciativa legislativa.
El mandato delegante del legislador autonómico ha optado por no utilizar los conceptos constitucionales de regularizar, aclarar y armonizar inherentes a todo texto refundido, que se encuentran recogidos, por remisión, en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía y, expresamente, en el artículo 28.6 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, empleando en su lugar los de clasificar, regular y reordenar», seguramente porque no nos encontramos ante una tarea de refundición de textos legales formalmente considerados, sino ante una operación sistemática e interpretativa de regularización de las instituciones tributarias en cuestión. Debe considerarse, por otra parte, que la jurisprudencia ha afirmado rotundamente que no es función de los textos refundidos innovar el ordenamiento jurídico», pero ello no impide que, respetando los elementos esenciales de las tasas y evitando incursiones innecesarias en la creación normativa ex novo, pueda el ejecutivo, en virtud, de la delegación legislati va, normalizar las regulaciones preexistentes mediante la explicitación de reglas y normas subsidiarias allí donde existan lagunas, la depuración técnica y jurídica, la aclaración de preceptos oscuros, la armonización de sus elementos internos, la eliminación de discordancias, la actualización de sus criterios básicos y, en fin, la adaptación del trasfondo tributario de las tasas al propio ordenamiento jurídico y a la configuración institucional y orgánica de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello, el presente Decreto Legislativo se ha limitado escrupulosamente a recopilar, de forma ordenada y sistemática, la regulación específica, actual o preexistente, de cada exacción concreta, introduciendo en sus particulares regímenes jurídico-tributarios exclusivamente aquellos matices imprescindibles para facilitar su aplicación e interpretación, así como para actualizar sus presupuestos y consecuencias, que pueden alcanzar, incluso, la mera supresión para evitar así posibles ineficacias de orden práctico, pero absteniéndose, en todo caso, de introducir en las tasas, modificaciones innovadoras de sus elementos sustantivos.
Por otro lado, aunque el legislador autonómico se refiere en los términos de su autorización al concepto amplio de exacciones, deben excluirse de su ámbito los precios públicos, puesto que su naturaleza, carente de carácter tributario y ausente su consideración como prestaciones patrimoniales de Derecho público, no queda al alcance del principio de reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución, quedando diferida su regulación al ejercicio efectivo de la potestad reglamentaria, como bien reconoce la propia Ley de las Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre. No podía ser de otra forma, ya que la inclusión de los precios públicos en el presente Decreto Legislativo comportaría un efecto de congelación del rango» no deseado por el legislador, invalidando de hecho la habilitación de la vía reglamentaria y forzando a que, de conformidad con el elemental principio del contrarius actus en relación con el agotamiento en sí misma de la autorización delegante, sólo una ley posterior o una nueva delegación legislativa pudiera intervenir formalmente en el ámbito material de los precios públicos así regulados.
El presente Decreto Legislativo aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, integrando en un sólo cuerpo normativo tanto las tasas transferidas o delegadas por el Estado en virtud de los procedimientos establecidos en la Constitución española y que tienen la consideración de tributos propios, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como las creadas en virtud de Ley de las Cortes de Aragón, como es el caso de la exigida por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos, clasificándolas con arreglo a criterios materiales y de gestión burocrática de las mismas, si bien, a efectos de su control presupuestario y recaudación tributaria, la norma introduce un catálogo de codificación numérica que no desvirtúa su posterior sistemática.
Asimismo, se ha estimado conveniente reproducir los términos de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, en lo relativo a la normativa aplicable como cláusula de salvaguardia e integración del ordenamiento jurídico aragonés para futuros desarrollos y acciones legislativas en la materia. Por último, se ha respetado el esquema básico de la relación jurídico tributaria que entraña la figura de la tasa, diseñado en la citada Ley, y que fundamental mente se remite a la delimitación del hecho imponible, las posibles exenciones y bonificaciones, el sujeto pasivo y otros responsables, el momento del devengo, la base, el tipo de gravamen o tarifa y los demás parámetros o elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de junio de 2000,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con la disposición final primera de la Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y del artículo 2 de la Ley de Cortes de Aragón 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se incorpora como Anexo.
Disposición adicional primera. Tributos sobre el Juego.
No se incluye en el ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo la denominada Tasa Fiscal sobre los Juegos de suerte, envite o azar y apuestas, comprendida entre los Tributos sobre el Juego cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de la Ley 25/1997, de 4 de agosto, que se encuentra regulada en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, y demás normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de sus competencias.
Disposición adicional segunda. Codificación de las tasas.
1. Las tasas se identificarán por un código numérico formado sucesivamente por los dígitos que correspondan a la propia tasa y, en su caso, a las tarifas comprendidas en las mismas, conforme a la clasificación establecida en el Texto Refundido. A efectos de su gestión, liquidación, recaudación, inspección y control, dicha codificación deberá ir precedida de la que corresponda al Departamento gestor competente.
2. A tal objeto, se entenderá por:
a) Tasa: La denominación genérica de la exacción tributaria que delimita el hecho imponible.
b) Tarifa: La división de la tasa en consideración a los distintos servicios o actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
3. La codificación numérica responderá a la siguiente representación gráfica:
Departamento Tasa Tarifa
0/ .00/ .00
4. Los dígitos de control relativos al Departamento gestor de la tasa seguirán el orden establecido en la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada por el correspondiente Decreto del Gobierno de Aragón.
El orden departamental vigente es el siguiente:
1. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
2. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
3. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
4. Departamento de Agricultura.
5. Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
6. Departamento de Cultura y Turismo.
7. Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo.
8. Departamento de Educación y Ciencia.
9. Departamento de Medio Ambiente.
Disposición adicional tercera. Catálogo vigente de las tasas.
En tanto no se establezcan nuevas tasas mediante la correspondiente Ley de Cortes de Aragón, se entenderán reguladas como tasas propias de la Comunidad Autónoma las siguientes:
Código Denominación
01 Tasa por dirección e inspección de obras.
02 Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
03 Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas.
04 Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos e inscripción en el Registro de asociaciones
05 Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias.
06 Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida.
07 Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad.
08 Tasa por ocupación de terrenos y aprovechamiento de bienes de dominio público
09 Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación de las industrias agrícolas, forestales y pecuarias.
10 Tasa por servicios facultativos agronómicos.
11 Tasa por servicios facultativos veterinarios.
12 Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.
13 Tasa por servicios sanitarios.
14 Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas y mineras.
15 Tasa por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales.
16 Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca.
17 Tasa por servicios en materia de montes y por aprovechamientos forestales.
18 Tasa por servicios de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de productos agroalimentarios
Disposición transitoria primera. Tasas administrativas sobre el juego.
Las tasas por autorizaciones administrativas en materia de juego se regirán por lo dispuesto en la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición transitoria segunda. Precios públicos.
Las exacciones no incluidas en el presente Texto Refundido por tener la consideración de precios públicos, seguirán exigiéndose en la forma y cuantías previstas en las disposiciones vigentes que les sean de aplicación hasta tanto no se proceda a su regulación conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 10/1998, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto Legislativo y, en particular, las siguientes:
1. Ley 4/1997, de 19 de junio, reguladora de las Tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y otros productos de origen animal.
2. Los artículos 4 y 5 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.
Disposición final única. Normativa aplicable.
1. El régimen jurídico tributario de las tasas de la Comunidad Autónoma será el establecido, con carácter general, por la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como, en su caso, por las disposiciones de desarrollo, y en particular, por la ley específica de creación de cada tasa, así como por lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 10/ 1998, de 22 de diciembre, dé Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, las tarifas de cada tasa podrán ser actualizadas, mediante la modificación de sus elementos cuantificadores, a través de las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Asimismo, y con subordinación a los criterios, parámetros o elementos cuantificadores de cada ley específica o del presente Decreto Legislativo, podrá diferirse a su desarrollo reglamentario la fijación de la cuantía exigible para cada tasa.
TEXTO REFUNDIDO DE LAS TASAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON CAPITULO I
01. Tasa por dirección e inspección de obras.
Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras de la misma y de sus Organismos Públicos.
Artículo 2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que realicen obras de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos respecto de las que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 3. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del correspondiente servicio, efectuándose la liquidación de la misma al tiempo de expedir las certificaciones o realizar los servicios facultativos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 4. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por replanteo de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de adjudicación de la obra o, en su caso, de la contrata, con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El tipo de gravamen es el 0,5 por ciento.
Tarifa 02. Por la dirección e inspección de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de ejecución por contrata de las obras ejecutadas, con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, según las certificaciones expedidas por los servicios.
El tipo de gravamen es el 4,00 por ciento.
Tarifa 03. Por liquidaciones de la obra:
Constituye la base imponible de la tasa el presupuesto de liquidación de la obra, con exclusión de las cantidades correspondientes al I.V.A.
El tipo de gravamen es el 0,5 por ciento.
CAPITULO II
02. Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos.
Artículo 5. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o realización de actividades relativas a trabajos facultativos de redacción, confrontación e informes de proyectos de obras, servicios o instalaciones, así como la tasación de los mismos.
Artículo 6. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares o peticionarios de concesiones, autorizaciones administrativas o tasaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 7. Devengo y gestión.
La tasa se devengará al tiempo de la solicitud de prestación del servicio o actividad. No obstante, el pago será exigible en los siguientes momentos:
1. En el caso de petición de redacción de proyectos, en el momento de la formulación por el servicio gestor del presupuesto del proyecto solicitado.
2. En el caso de confrontación e informe, en el momento de la presentación del proyecto que ha de ser objeto de los mismos.
3. En el caso de tasación, en el momento de la emisión por el servicio correspondiente de la tasación.
Artículo 8. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto de obras, servicios o instalaciones y, en caso de tasación, el valor que resulte de la misma.
2. El importe de la tasa será el resultado de multiplicar la raíz cúbica del cuadrado de la base por los coeficientes que se señalan a continuación, según resulta de la aplicación de la fórmula siguiente:
Donde: t» = importe de la tasa; c» = coeficiente aplicable en cada supuesto; p» = presupuesto del proyecto.
3. La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En el caso de redacción de proyectos de obras, servicios e instalaciones, se aplica el coeficiente c = 2,7.
La tasa mínima es de 17.365 pesetas.
Tarifa 02. En el caso de confrontación e informe, se aplica el coeficiente c = 0,8.
La tasa mínima es de 8.680 pesetas.
Tarifa 03. En el caso de tasaciones de obras, servicios o instalaciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios, se aplica el coeficiente c = 0,5.
La tasa mínima es de 7.265 pesetas.
Tarifa 04. En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios o instalaciones, se aplica el coeficiente c = 0,3.
La tasa mínima es de 5.785 pesetas.
CAPITULO III
03. Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas.
Artículo 9. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos en general y la realización de informes técnicos, expedición de certificados y demás actuaciones facultativas enumeradas en el artículo 12 que deban realizarse en los procedimientos instados por los sujetos pasivos o cuando hayan de efectuarse con carácter preceptivo o se deriven de los propios términos de concesiones o autorizaciones otorgadas.
2. No obstante, no estarán sujetas a la presente tasa la realización de informes y otras actuaciones facultativas que se encuentren gravados con una tasa específica.
Artículo 10. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes afecte la prestación del servicio o realización de la actuación administrativa que constituyen el hecho imponible.
Artículo 11. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en los supuestos de las tarifas 02 a 04, en los que se practicará liquidación por la Administración, debiendo ingresarse su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 12. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Por servicios administrativos en general, que no se encuentren gravados con una tasa específica.
Tarifa 01. Por expedición de certificaciones, a instancia de parte: 955 pesetas.
Tarifa 02. Por compulsa de documentos técnicos o administrativos, cada uno: 470 pesetas.
Tarifa 03. Por visado de documentos, facturas y trámites equivalentes: 755 pesetas.
Tarifa 04. Por trámites administrativos que requieran informe, consulta o búsqueda de asuntos en archivos oficiales, cada uno: 1.970 pesetas.
Tarifa 05. Por consulta o búsqueda de asuntos en archivos administrativos, cada uno: 250 pesetas.
Tarifa 06. Por inscripciones y modificaciones en Registros oficiales: 2.500 pesetas.
Tarifa 07. Por diligenciado y sellado de Libros oficiales: 950 pesetas.
2. Por redacción de informe de carácter facultativo:
Tarifa 08. Cuando no sea necesario tomar datos de campo: 4.640 pesetas.
Tarifa 09. Cuando sea necesario tomar datos de campo:
1. Por día: 13.890 pesetas.
2. Por cada uno de los días siguientes: 9.260 pesetas.
Tarifa 10. Por trabajos de campo para deslindes, inspecciones de obras, levantamientos topográficos y otras actuaciones facultativas, con levantamiento de Acta, expedición de certificado final, entrega de plano o redacción del documento comprensivo de la actuación realizada, por cómputo de días, según las cuantías de la tarifa 09.
Tarifa 11. Por inspección de carácter permanente, a pie de obra, en caso de concesionarios de Obras Públicas, cuando se haya fijado en las condiciones de la concesión, se aplica el 1,5 por ciento al importe de las obras e instalaciones que se ejecuten o monten, con el mínimo que corresponda por cóm puto de días, según las cuantías de la tarifa 09.
3. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas.
Tarifa 12. Se aplica el 0,5 por mil del valor de la expropiación realizada para el establecimiento de la concesión o en defecto de ella por el valor del suelo ocupado o utilizado por la misma, con un mínimo de 470 pesetas.
4. Copias de documentos:
Tarifa 13. Por cada hoja o página DIN A-4: 15 pesetas.
Tarifa 14. Por cada hoja o página DIN A-3: 20 pesetas Tarifa 15. Por plano de copia normal, según tamaño:
DIN A-0: 400 pesetas.
DIN A-1: 195 pesetas.
DIN A-2: 125 pesetas.
DIN A-3: 60 pesetas.
DIN A-4: 45 pesetas.
Tarifa 16. Por plano de copia reproducible, según tamaño:
DIN A-0: 1.910 pesetas.
DIN A-1: 965 pesetas.
DIN A-2: 515 pesetas.
DIN A-3: 220 pesetas.
DIN A-4: 115 pesetas.
CAPITULO IV
04. Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos e inscripción en el Registro de Asociaciones.
Artículo 13.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de los servicios relativos a las autorizaciones, permisos, licencias, certificaciones e inscripciones en las materias que se determinan a continuación:
1 . Autorizaciones en materia de espectáculos públicos.
2 . Inscripción en el Registro de Asociaciones.
Artículo 14.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.
Artículo 15. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
2. No obstante lo anterior, el pago correspondiente a las tarifas incluidas en el apartado 1 del artículo 16 podrá exigirse con posterioridad a la autorización del espectáculo público de que se trate.
Artículo 16.- Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
1. Autorizaciones de espectáculos públicos.
Tarifa 01. Actos recreativos, fiestas, bailes y verbenas.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 820 pts.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 1.650 pts.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 2.500 pts.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes y de temporada: 4.145 pts.
Tarifa 02. Actos deportivos: campeonatos de tiro al plato.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 410 pts.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 820 pts.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 1.245 pts.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes y de temporada: 2.075 pts.
Tarifa 03. Espectáculos taurinos.
1. Vaquillas y becerras: 1.650 pts.
2. Novilladas sin picadores: 4.145 pts.
3. Novilladas con picadores: 6.230 pts.
4. Corridas de toros: 8.290 pts.
En poblaciones de menos de 100.000 habitantes, la cuota se reducirá en un 25%.
2. Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma.
Tarifa 04. Por expediente de inscripción en el Registro: 820 pts.
CAPITULO V
05. Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias.
Artículo 17. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios y actuaciones administrativas:
1 . El otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
2 . La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
3 . Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
Artículo 18. Sujeto pasivo.
Están obligadas al pago de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a quienes se preste cualesquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 19. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en los que el servicio o actuación se preste de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 20. Tarifas.
Los servicios y actuaciones administrativas cuya prestación constituye el hecho imponible de la tasa quedarán gravados con las siguientes tarifas:
1. Por otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 01. Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado, modificación y expedición de duplicados de las autorizaciones de transporte de viajeros y de mercancías, tanto en servicio público como en particular complementario, así como de las actividades auxiliares y complementarias de transporte, por año y vehículo o local al que, en su caso, esté referida la autorización o por cada certificación que corresponda:
1. Vehículos de menos de 9 plazas, incluido el conductor o camiones que no lleguen a 1 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 2.320 pts.
2. Vehículos de 9 a 20 plazas de 1 a 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 3.750 pts.
3. Vehículos que excedan de 20 plazas o de 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 4.640 pts.
Tarifa 02. Visado de empresas con expedición de certificado: 2.500 pesetas.
2. Por comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
Tarifa 03. Derechos de participación en cualquiera de las modalidades de pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte: 4.630 pesetas.
Tarifa 04. Expedición del título o certificado de capacitación profesional en materia de transporte, del título de consejero de seguridad o cualquier otra acreditación o certificado profesional equivalente: 4.630 pesetas.
3. Por servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 05. Emisión de informe en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias de Transporte, en relación con datos referidos a persona, autorización o empresa específica: 3.940 pesetas.
Tarifa 06. Actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global: 25.000 pesetas.
CAPITULO VI
06. TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Artículo 21. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas relativas al otorgamiento de las calificaciones y declaraciones provisionales y definitivas en materia de:
1 . Viviendas de Protección Oficial.
2 . Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
3 . Rehabilitación de viviendas y edificios.
4 . Demás actuaciones protegibles en materia de vivienda.
5 . Actuaciones administrativas en materia de sanciones de vivienda.
Artículo 22. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las actuaciones comprendidas en el hecho imponible.
Artículo 23. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones que constituyen el hecho imponible, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente mediante autoliquidación del sujeto pasivo. Todo ello, sin perjuicio de la liquidación complementaria que, en su caso, deba practicarse en aquellos proyectos en que se produzca un aumento del presupuesto que constituye la base imponible de la tasa.
Artículo 24. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe que resulte de los siguientes criterios de valoración:
a) En los supuestos de viviendas calificadas de Protección Oficial y en los de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegible, excluida la partida correspondiente a la propia tasa, conforme a los criterios de la legislación vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial.
b) En los supuestos de rehabilitación y demás actuaciones protegibles, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegido, excluidos los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, conforme a los criterios de la normativa vigente en la materia.
2. La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. El tipo de gravamen único aplicable a las distintas actividades y obras constitutivas enumeradas en los números 1 a 4 del hecho imponible es el 0,18 por ciento de la base. La cuota resultante, caso de ser fraccionaria, se redondeará a la unidad más próxima.
Tarifa 02. La cuota por informe técnico y diligencias previas en expediente sancionador, incoado a instancia de parte, en materia de vivienda del número 5 del hecho imponible: 3.305 pesetas.
CAPITULO VII
07. Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad.
Artículo 25. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección de locales o edificaciones destinados a vivienda, relativas al otorgamiento de la cédula de habitabilidad.
Artículo 26. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la cédula de habitabilidad de los locales, edificios y viviendas, tanto si los ocupan por sí mismos como si los entregan a terceras personas por cualquier título.
Artículo 27. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente, mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 28. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por derechos de expedición de la cédula de habitabilidad: 845 pesetas.
Tarifa 02. Por inspección y certificado de habitabilidad cuando ésta es procedente, se aplicará la siguiente fórmula:
C=(n+1)2.500 x Ca
C = Cuota tributaria.
donde: n = número de viviendas inspeccionadas.
Ca = coeficiente de actualización automática de la tasa, siendo su valor actual igual a 2,341.
CAPITULO VIII
08. Tasa por ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público.
Artículo 29. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos o la utilización de bienes de dominio público en los supuestos siguientes:
1 . La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos, en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de transportes.
2 . La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos que se realicen en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones en el ámbito de las competencias en materia de red de carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 30. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, titulares de las concesiones o autorizaciones, y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 31. Devengo y gestión.
La tasa se devenga en el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la concesión, el devengo se produce el 1 de enero de cada año.
Artículo 32. Tarifas.
1. La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios de valoración:
a) Por ocupación de terrenos de dominio público: el valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta los valores de los terrenos colindantes, así como los beneficios que los concesionarios obtienen de los mismos por la proximidad a vías de comunicación u obras hidráulicas. Dicha valoración deberá realizarse de acuerdo con el valor catastral de terrenos de situación análoga.
b) Por utilización del dominio público: cuando esta utilización pueda valorarse, se utiliza dicho valor como base; en caso contrario, la base imponible debe fijarse por el valor de los materiales objeto de aprovechamiento derivado de aquella utilización.
c) Por aprovechamiento de materiales: si se consumen los materiales, se utiliza como base el valor de los que hayan sido consumidos; si no se consumen, se aplica como base la utilidad que reporta su aprovechamiento.
2. La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Tarifa 01. La cuota de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen anual del 11 por ciento sobre el importe de la base imponible, con una cuota mínima de 855 pesetas.
CAPITULO IX
09. Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales y pecuarias.
Artículo 33. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y la realización de los trabajos y estudios por intervención técnico-facultativa en la ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales y pecuarias, dirigidos a su autorización e inscripción en el Registro de Industrias Agrarias, que se indican a continuación:
a) Instalación de industrias: Autorización de la nueva instalación o implantación por vez primera de bienes de equipo, con las instalaciones complementarias precisas, que originen un proceso de producción capaz de funcionar como actividad industrial independiente.
b) Ampliación o reducción: Autorización de cualquier modificación de los elementos de trabajo que suponga aumento o disminución de las capacidades totales o parciales de las instalaciones existentes o la implantación de bienes de equipo que origine un nuevo proceso de producción dependiente de aquéllas.
c) Perfeccionamiento: La modificación de los elementos de trabajo que mejoran los métodos de fabricación, con objeto de elevar o diversificar la calidad de los productos o reducir los costes de obtención, pero sin alteración de la capacidad industrial.
d) Sustitución: La renovación de las instalaciones, máquinas, motores u otros elementos del equipo industrial averiados o desgastados por el uso, reemplazándolos por otro nuevo análogas características, sin que produzca variación de la capacidad industrial.
e) Cambio de actividad: La variación sustancial de los productos tratados u obtenidos.
f) Traslado: El cambio de emplazamiento de la industria, sin modificación de sus capacidades ni de los bienes de equipo.
g) Cese de funcionamiento: La paralización total de la industria.
h) Cambio o modificación en la titularidad de la empresa.
i) Arrendamiento: La cesión del aprovechamiento temporal de la industria, mediante contrato, con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 34. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las autorizaciones de instalación, ampliación, sustitución de maquinaria, traslado de industrias, cambio de titular o de denominación social, autorización de funcionamiento y aquéllas para las que se realice la comprobación y control de las máquinas, aparatos, utensilio y demás efectos que constituyen la instalación.
Artículo 35. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos la autorización o la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 36. Tarifas.
Para la determinación de la cuota de la tasa que, en cada caso, corresponda percibir, se establecen las tarifas que se detallan a continuación:
1. Por instalación y otras modificaciones definidas en el hecho imponible.
Tarifa 01. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación
(Valor de la instalación (Pesetas)
o de sus modificaciones)
Hasta 12.000 1.095
De 12.001 a 25.000 1.966
De 25.001 a 50.000 2.950
De 50.001 a 100.000 4.386
De 100.001 a 250.000 5.814
De 250.001 a 500.000 7.552
De 500.001 a 1.000.000 9.376
De 1.000.001 a 1.500.000 11.543
De 1.500.001 a 2.000.000 14.000
Por cada millón más o fracción
hasta 20.000.000 3.346
De 20.000.001 hasta 50.000.000
cada millón más o fracción 2.242
Por encima de 50.000.000 cada
millón más o fracción 1.263
2. Por cambio de titularidad.
Tarifa 02. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación Adquirente Adquirente
(Valor de instalación) de países miembros de terceros países
de la Unión Europea
Pesetas Pesetas
Hasta 500.000 1.607 2.431
De 500.001 a 1.000.000 2.035 2.976
De 1.000.001 a 1.500.000 2.654 3.853
De 1.500.001 a 2.000.000 3.239 4.471
Por cada millón más o fracción 755 1.167
3. Por transformación y comercialización de industrias agroalimentarias.
Tarifa 03. Expedición de certificados relacionados con la transformación y comercialización agroalimentarias: 1.500 pts.
Tarifa 04. Notificación de la puesta en marcha de industrias de temporada:
Base de aplicación Autorizacion
(Valor de la instalación en pesetas) (Pesetas)
Hasta 100.000 402
De 100.001 a 250.000 539
De 250.001 a 500.000 693
A partir de 500.000 951
CAPITULO X
10. Tasa por servicios facultativos agronómicos.
Artículo 37. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios por los facultativos y técnicos agronómicos:
l . El reconocimiento de productos agrícolas a la importación y a la exportación.
2 . Los servicios de defensa contra fraudes.
3 . Los servicios de tratamientos de plagas del campo.
4 . La inspección de maquinaria agrícola o inscripción en Registros.
5 . La inspección de la fabricación y comercio de abonos.
6 . La inspección de cultivos y semillas; inspección fitopatológica de frutas y verduras; inspección fitosanitaria de conservas de frutas y verduras, y en general de productos de o para el campo.
7 . La inspección de harinas y fabricación de pan.
8 . La inspección de la fabricación, venta y circulación de productos fitosanitarios, material para aplicación de los mismos, y productos estimulantes de la vegetación.
9 . La inspección de viveros no forestales y vigilancia del comercio de sus productos.
10 . La inscripción en el Registro de productos enológicos y en el de variedades de plantas.
11 . En general, cuantos servicios se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción agrícola.
Artículo 38. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengan la condición de importadores, exportadores, agricultores, usuarios o concesionarios de servicios de carác ter agronómico, y en general cuantas personas de tal naturaleza utilicen, a petición propia o por disposición legal o reglamentaria, los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 39. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago,' mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o activi dad.
Artículo 40. Tarifas.
1. Con objeto de unificar las tarifas de la presente tasa, el Departamento competente en la materia fijará- el valor del coste de plantación para todas las diferentes especies y en las distintas comarcas y, en general, la cantidad que sirva de base para el cálculo de honorarios facultativos en los distintos casos. Asimismo, se incluirán todos los gastos materiales necesarios para la prestación del servicio, exceptuando los que hacen referencia a señalamientos y comprobaciones de cupos de materias primas y los módulos por plantaciones de frutales y arranque de plantaciones y cuantos servicios para los que se señalen fórmulas o porcentajes en los que se incluyan dichos gastos.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01.- Por los trabajos realizados con cargo a los fondos de Plagas del Campo se liquidará por el personal facultativo y técnico agronómico de los Servicios de Agricultura que lleva a cabo los planes de extinción de plagas hasta un 10,75 por ciento como máximo del importe de los mismos, en concepto de dirección y ejecución de las campañas.
Tarifa 02.- Por inspección fitosanitaria periódica a viveros y establecimientos de horticultura, arboricultura, fruticultura y jardinería; de campos y cosechas a instancia de parte; de equipos e instalaciones para tratamientos fitosanitarios, incluida cuando se precise la aprobación de sus tarifas y por inspección fitosanitaria y de calidad para el comercio interior, en origen o destino, de productos del agro o para el agro (agrícolas, ganaderas, abonos, semillas, material agrícola variedades, marcas y denominación de origen) se liquidará a razón de 0,150 por ciento del valor normal de la producción bruta de un año o del valor normal de la mercancía, y en el caso de equipos o instalaciones el 0,525 por ciento del capital invertido.
Tarifa 03.- Por inspección fitosanitaria de productos agrarios a la importación, exportación y siempre que medidas de orden fitosanitario lo aconsejen, en cabotaje, realizada por personal facultativo agronómico, se liquidará el 0,15 por ciento del valor normal de la mercancía.
Tarifa 04.- Por inspección facultativa de tratamientos fitosanitarios y redacción del oportuno informe, a razón del 2,2 por ciento del coste de dicho tratamiento.
Tarifa 05.- Por ensayos realizados por el Departamento de Agricultura de productos o especialidades fitosanitarias y enológicas, así como los que preceptivamente han de efectuarse para la inscripción de variedades de plantas, que se realicen a petición del interesado, incluidas la redacción de dictamen facultativo, censura de la propaganda y los derechos de la inscripción en el Registro correspondiente, para los análisis de los productos fitosanitarios y enológicos, y en todos los casos hasta un máximo de 8.121 pesetas.
Tarifa 06.- Por inscripción de vehículos agrícolas en los Registros oficiales:
Por inscripción: 6.000 pesetas.
Por transferencia o cambio de titularidad: 3.000 pesetas.
Por certificados, bajas y duplicados: 1.000 pesetas.
Tarifa 07. Por servicios de Registros oficiales en materia de industrias agrarias, de empresas ganaderas y de establecimientos y servicios de plaguicidas.
Por inscripción: 2.500 pesetas.
Por diligenciado y sellado de libros oficiales: 3.500 pesetas.
3. En las inspecciones obligatorias por disposición legal o reglamentaria realizadas por personal facultativo agronómico que deban efectuarse excepcionalmente fuera de la jornada normal, la tarifa aplicable se incrementará en un cincuenta por ciento.
CAPITULO XI
11. Tasa por servicios facultativos veterinarios.
Artículo 41. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios y trabajos que se presten o realicen por el personal facultativo veterinario en materia de producción y sanidad animal, como consecuencia de inspecciones, proyectos o solicitudes que se promuevan por los sujetos pasivos o en virtud de disposiciones legales o reglamentarias y, en particular, los siguientes:
1 . La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos relacionados con las actividades de elaboración, distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
2 . La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.
3 . El control de la conservación y saneamiento de la ganadería, así como de la circulación de la misma, mediante la expedición del documento acreditativo correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre epizootías.
4 . La expedición de libros oficiales e inscripción en el Registro correspondiente de explotaciones ganaderas.
Artículo 42. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados directamente al pago de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios y trabajos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 43. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. Cuando el servicio prestado consista en la realización de inspecciones facultativas necesarias para la extensión de documentos acreditativos y con posterioridad se produjeran actuaciones no previstas en la autoliquidación presentada, se girará por la Administración una liquidación complementaria.
Artículo 44. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1.- Por la inspección y comprobación anual de las delegaciones comerciales y depósitos de los productos biológicos destinados a prevenir y combatir las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias de los animales.
Tarifa 01. Por delegación: 8.457 pesetas.
Tarifa 02. Por depósito: 3.248 pesetas.
2.- Por los servicios facultativos veterinarios siguientes:
Tarifa 03. Apertura y comprobaciones anuales de los Centros de aprovechamiento de cadáveres de animales: 7.677 pesetas.
Tarifa 04. Vigilancia anual de estos Centros y análisis bacteriológicos de los productos derivados destinados para alimentos del ganado y abono orgánico, en evitación de la posible difusión de enfermedades infecto-contagiosas, 3.072 pesetas.
3.- Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad, documento que acredita que los animales procedentes de zona no infectada y que no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, necesario para la circulación del ganado, se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 05. Para équidos, bóvidos y cerdos cebados.
Por una o dos cabezas: 122 pesetas.
De una a diez cabezas: 122 pesetas por las 2 primeras, más 40 pesetas por cada cabeza que exceda de 2.
De 11 cabezas en adelante: 444 pesetas por las diez primeras, más 22 pesetas por cada cabeza que exceda de diez.
Tarifa 06. Para óvidos, cápridos y cerdos de cría.
De una a cinco cabezas (por grupo): 53 pesetas.
De cinco a diez cabezas: 53 pesetas por las 5 primeras, más 9 pesetas por cada cabeza que exceda de cinco.
De once a cincuenta cabezas: 101 pesetas por las 10 primeras, más 6 pesetas por cada cabeza que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien cabezas: 358 pesetas, por las cincuenta primeras, más 4 pesetas por cada cabeza que exceda de cincuenta.
De ciento una cabeza en adelante: 571 pesetas por las cien primeras, más 16 pesetas por cada grupo de diez cabezas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 07. Para conejos.
Por cada animal adulto: 1 peseta.
Tarifa 08. Para aves.
Pavos Adultos Cebados, hasta 10 unidades: 42 pesetas.
Cada unidad que exceda de diez: 3 pesetas por unidad.
Pollos y Gallinas: 0,20 pesetas por unidad.
Perdices Adultas: 0,50 pesetas por unidad.
Codornices Adultas: 0,10 pesetas por unidad.
Polluelos de gallina, pavipollos y patipollos: 38 pesetas hasta 100 animales; de 101 en adelante, 38 pesetas por las 100 primeras, más 22 pesetas por cada centenar o fracción.
Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no contempladas anteriormente):
38 pesetas por las 100 primeras; de 101 en adelante 38 pesetas por las 100 primeras más 7 pesetas por centenar o fracción.
Avestruces, hasta 10 unidades: 420 pesetas; por cada unidad que exceda de 10:
100 pesetas.
El resto de las aves, sin son adultas, se equipararán con los pavos adultos cebados y si son polluelos a lo contemplado en el párrafo anterior (polluelos de perdiz o codorniz).
Tarifa 09. Para animales de peletería (chinchillas, visones, etc.).
Chinchillas (familias constituidas por 1 macho y hasta 6 hembras): 96 pesetas por familia o grupo; 81 pesetas por unidad.
Visones y otras especies de peleterías, hasta 10 unidades: 262 pesetas (grupo).
De 11 en adelante: 262 pesetas por los 10 primeros y 19 pesetas por cada unidad que exceda de 10.
Tarifa 10. Por apicultura.
De una a cinco colmenas (por colmena): 53 pesetas.
De cinco a diez colmenas: 53 pesetas por las 5 primeras, más 9 pesetas por cada colmena que exceda de cinco.
De once a cincuenta colmenas: 101 pesetas por las 10 primeras, más 6 pesetas por cada colmena que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien colmenas: 358 pesetas, por las cincuenta primeras, más 4 pesetas por cada colmena que exceda de cincuenta.
De ciento una colmenas en adelante: 571 pesetas por las cien primeras, más 16 pesetas por cada grupo de diez colmenas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 11. Por ganado de deportes y sementales selectos.
La cuota aplicable vendrá determinada por el doble de las tarifas del grupo a que corresponda el animal al que afecte la guía.
4.- Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de desinfección de vehículos de transporte de ganado.
Tarifa 12. Por talonario: 500 pesetas.
5.- Por actuaciones relativas al Libro de explotaciones ganaderas.
Tarifa 13. Expedición del Libro de Explotaciones Ganaderas e Inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas: 1.000 pesetas.
Tarifa 14. Actualización del Libro de Explotaciones Ganaderas sin Inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas: 500 pesetas.
Tarifa 15. Suministro de hojas complementarias: 10 pesetas por unidad.
6.- Por expedición de documentos.
Tarifa 16. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de documentos de traslado para ganaderos de ADS, por talonario: 2.000 pesetas.
Tarifa 17. Por la expedición de documentos de identificación de bovinos, por documento de identificación: 50 pesetas.
Tarifa 18. Por la expedición de títulos de calificación sanitario ovino-caprino y bovino, por título: 500 pesetas.
CAPITULO XII
12. Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.
Artículo 45. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la prestación de las actividades realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas al consumo, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, manipulación o despiece y almacenamiento frigorífico o depósito, sitos en el territorio de la Comunidad, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.
A tal efecto, dichas tasas en lo sucesivo se denominarán:
- Inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
- Controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos destinados al consumo humano.
Dichos controles e inspecciones serán los realizados por los técnicos facultativos en las siguientes operaciones:
- Sacrificio de animales.
- Despiece de las canales.
- Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
- Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos..
2. Para la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios ante mortem» para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, y otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral, así como los animales procedentes de piscifactorias, criaderos de crustáceos y moluscos, y demás animales destinados al consumo humano.
b) Inspecciones y controles sanitarios post mortem» de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, así como el marcado o marchamado de piezas obtenidas en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se establezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente.
3. Se entenderá realizado el hecho imponible en territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando en el mismo radiquen las instalaciones o establecimientos en los que se sacrifiquen los animales, se practiquen los análisis, se despiecen las canales, se almacenen las carnes, o, en general, se encuentren las instalaciones, piscifactorias, criaderos y explotaciones análogas desde las que se realicen las entregas de los productos de origen animal.
4. No estarán sujetas a esta tasa las actuaciones de inspección sanitaria que se realicen sobre animales sacrificados en domicilios particulares, cuyo destino sea el consumo familiar, y de caza para el propio consumo del cazador.
Artículo 46 Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos obligados al pago de los tributos, según el tipo de tasa de que se trate, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en concreto, las siguientes:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales cante mortem» y post mortem» de los animales sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se lleve a cabo el sacrificio, o se practique la inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
b) En las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:
1 . Las mismas personas determinadas en la letra anterior, cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
2 . Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.
c) En las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, las personas físicas o jurídicas titulares de dichos establecimientos.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los establecimientos, ya sean personas físicas o jurídicas, donde se lleven a cabo los citados controles.
2. Los sujetos pasivos anteriores deberán trasladar, cargando su importe en factura, las tasas a los interesados que hayan solicitado la prestación del servicio, o para quienes se realicen las operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control de determinadas sustancias y residuos animales y sus productos descritos en el artículo anterior, procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la Comunidad Autónoma, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el importe de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) el artículo anterior.
Artículo 47. Responsables de la percepción del tributo.
Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de la exacción de las tasas reguladas en este Capítulo, las personas y entidades a las que se refiere el artículo 40.2 de la Ley General Tributaria, en los términos allí previstos.
Igualmente, serán responsables subsidiarios, los titulares de los establecimientos donde se expidan las carnes y demás productos animales al consumidor final, aún cuando sea en forma de producto cocinado y condimentado, siempre que no se justifique suficientemente su origen o procedencia.
Artículo 48. Devengo y gestión.
1. Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija su previo pago cuando la realización del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo o del interesado.
2. En el caso de que en un mismo establecimiento, y a solicitud del sujeto pasivo o del interesado, se realicen en forma sucesiva las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la cuantía de la tasa se determinará de forma acumu lada al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las cuotas correspondientes y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 50.
Artículo 49. Tarifas de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
1. La cuota tributaria se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas a:
- Sacrificio de animales.
- Operaciones de despiece.
- Control de almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las cuotas de las tres fases acumuladas, en la forma prevista en el artículo 50.
2. Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario ante mortem», post mortem», control documental de las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
a) PARA GANADO: (EXCEPTO AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR)
Clase de ganado Cuota por animal sacrificado
Tarifa 01. BOVINO
Mayor con más de 218 kg. de peso por canal 324
Menor con menos de 218 kg. de peso por canal 180
Tarifa 02. SOLIPEDEOS/EQUIDOS 317
Tarifa 03. PORCINO Y JABALIES
Comercial de 25 o más kg. de peso por canal 93
Lechones de menos de 25 kg. de peso por canal 36
Tarifa 04. OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES
Con más de 18 kg. de peso por canal 36
Entre 12 y 18 kg. de peso por canal 25
De menos de 12 kg. de peso por canal 12
b) PARA LAS AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR:
Clase de ganado Cuota por animal sacrificado
(pesetas)
Tarifa 05. Para aves adultas, conejos y caza
menor de pluma y pelo, con más
de 5 kg. de peso/canal 2,9
Tarifa 06. Para aves de corral jóvenes de
engorde, conejos y caza menor de
pluma y pelo, de engorde, de entre
2,5 kg y 5 kg. de peso/canal 1,4
Tarifa 07. Para pollos y gallinas de carne y
demás aves de corral jóvenes de
engorde, conejos y caza menor de
pluma y pelo, con menos de 2,5
kg. de peso/canal 0,7
Tarifa 08. Para gallinas de reposición 0,7
3. Para las operaciones de despiece y almacenamiento la cuota se determinará en función del número de toneladas sometidas a la operación de despiece y a las de control de almacenamiento. A estos últimos efectos y para las operacio nes de despiece se tomará como referencia el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos.
Tarifa 09. La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obtenidas de las canales se fija en 216 pesetas por tonelada.
4. Para el control e inspección de las operaciones de almacenamiento se exigirá, desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el Anexo de la Directiva 96/43 CE.
Tarifa 10. La cuota correspondiente se cifra en 216 pesetas por tonelada.
Artículo 50. Reglas relativas a la acumulación de cuotas.
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberán acumular cuando concurra la circunstancia de una integración de todas o algunas de las fases de devengo en un mismo establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En caso de que en el mismo establecimiento se efectúen operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se aplicarán los siguientes criterios para la exacción y devengo del tributo:
a. l . La tasa a percibir será igual al importe acumulado de las cuotas tributarias devengadas por las operaciones citadas hasta la fase de entrada en almacén inclusive.
a.2. Si la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese la totalidad de los gastos de inspección de las operaciones de despiece y control de almacenamiento, no se percibirá tasa alguna por estas dos últimas operaciones.
b) Cuando concurran en un mismo establecimiento únicamente operaciones de sacrificio y despiece, y la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese igualmente la totalidad de los gastos de inspección por operaciones de despiece, no se percibirá tasa alguna por dicho concepto.
c) En el caso de que en el mismo establecimiento se realicen solamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengará la cuota relativa a inspecciones y controles sanitarios de carnes por la operación de almacenamiento.
Se entenderá que la tasa percibida por el sacrificio cubre igualmente los gastos de control de las operaciones de despiece, o incluso por operaciones de despiece y de almacenamiento, cuando la situación de los locales en los que se desarrollan las mismas permita, a los técnicos facultativos, llevar a cabo el control de todas ellas sin un incremento apreciable del tiempo que normalmente sería preciso dedicar, por sí solo, a las operaciones de sacrificio
Artículo 51. Tarifas de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos.
Tarifa 11. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacrificio y sus carnes, practicados según los métodos de análisis previstos en las reglamentaciones técnico sanitarias sobre la materia, dictadas por el propio Estado, o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Unión Europea, se percibirá una cuota de 216 pesetas por Tm. resultante de la operación de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de cuotas.
Tarifa 12. El importe de dicha tasa a percibir, y que asciende a 216 pesetas por Tm., se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales obtenidos del sacrificio de los animales, de acuerdo con la escala que se incluye a continuación:
Unidades Cuota por unidad
(pesetas)
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal 55
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal 38
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg.
de peso por canal 16
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg.
de peso por canal 4,2
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg.
de peso por canal 1,4
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg.
de peso por canal 2,2
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg.
de peso por canal 4
De cabrito lechal de menos de 12 kg.
de peso por canal 1,4
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal 3,2
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal 4
De ganado caballar 32
De aves de corral 0,35
Tarifa 13. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura, se percibirá una cuota de 16 pesetas por Tm.
Tarifa 14. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una cuota de 3,20 pesetas por cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima.
Tarifa 15. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una cuota de 3,20 pesetas por Tm.
Artículo 52. Liquidación e ingreso.
1. El ingreso se realizará, en cada caso, mediante autoliquidación del sujetó pasivo, contribuyente o sustituto del mismo, en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los obligados al pago de las tasas trasladarán las mismas cargando su importe total en las correspondientes facturas a los interesados, practicando las liquidaciones procedentes de acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores.
2. Las liquidaciones se registrarán en un libro oficial habilitado al efecto y autorizado por la Administración de la Comunidad Autónoma. La omisión de este requisito será constitutiva de infracción tributaria y dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que puedan derivarse por la comisión de infracciones en el orden sanitario.
3. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 484 pesetas por Tm para los animales de abasto y 152 pesetas por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrificada.
Unidades Costes suplidos máximos
por auxiliares y ayudantes
(por unidad sacrificada)
De bovino mayor con más de 218 kg.
de peso por canal 125
De terneros con menos de 218 kg.
de peso por canal 86
De porcino comercial y jabalíes de más de
25 kg. de peso por canal 36
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg.
de peso por canal 10
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg.
de peso por canal 3,2
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg.
de peso por canal 7,3
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg.
de peso por canal 9
De cabrito lechal de menos de 12 kg.
de peso por canal 3,2
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal 7,3
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal 9
De ganado caballar 70
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso
por canal 0,25
Artículo 53. Exenciones y bonificaciones y restitución de las tasas.
1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas contenidas en los artículos anteriores, no se concederá exención ni bonificación alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones o el lugar en que se encuentren ubicados.
2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución a terceros a causa de la exportación de las carnes, ya sea en forma directa o indirecta.
CAPITULO XIII
13. Tasa por servicios sanitarios
Artículo 54. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sanitarios que se mencionan a continuación:
1 . Los estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
2 . La inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
3 . La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en relación con las actividades de traslado, exhumación y prácticas tanatológicas de cadáveres y restos cadavéricos.
4 . La expedición de certificados e informes, así como otras actuaciones de inspección e inscripción.
5 . Las inspecciones veterinarias de caza mayor y en campañas de sacrificio domiciliario.
Artículo 55. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sanitarios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 56. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sanitarios se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación.
Artículo 57. Tarifas.
Las bases y tipos que determinan la cuantía de las tasas por servicios sanitarios son los establecidos en las tarifas siguientes:
1. Estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
Tarifa 01. Por el estudio e informe previo de cada proyecto antes de autorizar las obras:
Con presupuestos de hasta 10.000.000 pts. 14.375 pesetas.
Con presupuestos de más de 10.000.000 pts, y hasta 100.000.000 pts.: 28.750 pesetas.
Con presupuestos demás de 100.000.000 pesetas: 43.050 pesetas.
Tarifa 02. Por la comprobación de la obra terminada y emisión del informe previo al permiso para uso o funcionamiento:
Con presupuestos de hasta 10.000.000 pts.: 21.550 pesetas.
Con presupuestos de más de 10.000.000 pesetas y hasta 100.000.000 pesetas:
43.050 pesetas.
Con presupuestos de más de 100.000.000 pesetas: 64.600 pesetas.
2. Inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
Tarifa 03. A establecimientos de hasta 10 empleados: 7.200 pesetas.
Tarifa 04. A establecimientos de 11 a 25 empleados: 14.375 pesetas.
Tarifa 05. A establecimientos de más de 25 empleados: 28.750 pesetas.
3. Cadáveres y restos cadavéricos.
Tarifa 06. Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para la concesión de las autorizaciones siguientes:
1 - Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma: 2.900 pesetas.
2 - Exhumación de un cadáver antes de los tres años de su enterramiento para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 7.250 pesetas.
3 - Exhumación de un cadáver después de los tres años de la defunción y antes de los cinco para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 4.350 pesetas.
4- Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver después de los cinco años de la defunción para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 2.150 pesetas.
5 - Inhumación de un cadáver en cripta fuera del cementerio: 20.450 pesetas:
6 - Práctica tanatológica:
A) Conservación transitoria: 4.350 pesetas.
B) Embalsamamiento: 7.200 pesetas.
Tarifa 07. Inspección sanitaria en los casos previstos por la normativa vigente: 7.200 pesetas.
4. Otras actuaciones sanitarias.
Tarifa 08. Inspección de centros de expedición de certificados de aptitud obligatorios para permisos de conducción, licencia de armas y otros análogos:
14.375 pesetas.
Tarifa 09. Inscripción de sociedades médico - farmacéuticas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la Comunidad Autónoma: 14.375 pesetas.
Tarifa 10. Emisión de informes o certificados que requieran estudios o exámenes de proyectos y/o expedientes tramitados, no comprendidos en conceptos anteriores, según el valor de la mercancía, con la siguiente escala:
Hasta 100.000 pts 650 pts.
De 100.001 pts. a 500.000 pts 1.225 pts.
De 500.001 pts. a 1.000.000 pts 1.850 pts.
De 1.000.001 pts a 2.000.000 pts. 3.050 pts.
De 2.000.001 pts. a 5.000.000 pts 4.875 pts.
Más de 5.000.001 pts 7.175 pts.
Tarifa 11. Entrega de libros oficiales de control sanitario de establecimientos y diligencia de los mismos: 1.125 pesetas.
5. Inspección veterinaria.
Tarifa 12. Reconocimiento de caza mayor y análisis triquinoscópico cuando proceda: 1.350 pesetas.
Tarifa 13. Reconocimiento de cerdos en campaña de sacrificio domiciliario:
750 pesetas.
CAPITULO XIV
14. Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas y mineras
Artículo 58. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de las señaladas tasas la prestación en el territorio de Aragón por los órganos competentes de su Administración, de la autorización del uso de su dominio público, mediante concesión, así como de los servicios y actuaciones relativos a la ordenación de las actividades industriales, energéticas y mineras, que se menciona a continuación:
1 . La aprobación de planes estratégicos y la autorización de funcionamiento, inscripción en el Registro especial de instalaciones industriales, energéticas y mineras y de sus ampliaciones, mejoras y modificaciones.
2 . Las inspecciones técnicas oportunas.
3 . Las actuaciones de verificación, contrastación y homologación.
4 . Las pruebas de presión en aparatos y recipientes que contienen fluidos.
5 . Las actuaciones de la Administración para el otorgamiento de concesiones administrativas de servicio público de suministro de gas y, en su caso, agua y otras clases de energía, así como sus prórrogas e incidencias.
6 . La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de actividades reglamentarias.
7 . Las actuaciones necesarias para la declaración de expropiación forzosa de bienes y la imposición de servidumbre de paso, en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
8 . La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos minerales.
9 . El otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones mineras de explotación, sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas con las mismas.
10 . La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de labores mineras y grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales de agua y toma de muestras.
11 . El control de uso de explosivos.
12 . El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial y su inscripción en el registro correspondiente.
13 . Las actuaciones de examen de aptitud para la obtención del carné de instalador, mantenedor u operador autorizado.
14 . El acceso a los datos de los registros oficiales.
15 . Las actuaciones de los organismos de control.
2. Los anteriores presupuestos del hecho imponible se exigirán en la forma contenida en las correspondientes tarifas.
Artículo 59. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos obligados al pago de las tasas aquí reguladas las personas naturales o jurídicas, así como las entidades señaladas en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o, en cualquier caso, para quienes se presten los servicios o se realicen las actuaciones constitutivas del hecho imponible.
2. En su caso, serán sujetos pasivos sustitutos las personas señaladas en el apartado anterior, cuando las actividades se presten en régimen de concesión, sin perjuicio de la repercusión del tributo a los sujetos pasivos contribuyentes.
Artículo 60. Devengo y gestión.
Las tasas aquí reguladas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se devengarán:
a) Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación del servicio o actividad que da origen al tributo.
No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas correspondientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y al pago del importe de la tasa o consignar su depósito previo.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o tramiten los expedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta tanto no se realice el pago del tributo correspondiente.
Artículo 61. Tarifas.
Las tasas reguladas en esta disposición se exigirán conforme a las bases, parámetros y tipos tributarios siguientes:
1. Actuaciones administrativas en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
1.1. Están sujetas por este concepto la tramitación y aprobación de planes estratégicos, autorización y puesta en funcionamiento de productos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras, sus ampliaciones, traslados, inspección e inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales, en relación con las actividades siguientes:
- Establecimientos y actividades industriales en general.
- Instalaciones de baja tensión y alta tensión.
- Inspecciones de instalaciones eléctricas de líneas de alta tensión.
- Instalaciones distribuidoras de agua que requieren proyecto.
- Instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP o GNL.
- Redes de distribución y centros de regulación y medida de gas.
- Instalaciones de almacenamiento, distribución y venta al menor de combustibles líquidos.
- Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de frío industrial.
- Aparatos a presión.
- Almacenamiento de productos químicos.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Reformas de importancia generalizada de vehículos.
- Tramitación del Plan Eólico Estratégico.
- Tramitación de proyecto presentado en competencia.
Tarifa 01. Sobre la base del valor de la inversión en maquinaria y equipos de los supuestos contenidos en este Concepto 1, se aplicará la escala de gravamen 1.1 que se señala a continuación, sin perjuicio de las Reglas Especiales y Cuotas Fijas que se indican.
Escala de gravamen 1.1.
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable Hasta pesetas Pesetas Hasta pesetas Porcentaje
500.000 10.903 20.000.000 0,1382%
20.000.000 37.852 200.000.000 0,1706%
200.000.000 344.932 500.000.000 0,0853 %
500.000.000 600.832 1.000.000.000 0,0427%
1.000.000.000 814.332 5.000.000,000 0,0213 %
5.000.000.000 1.666.332 en adelante 0,0107%
Reglas Especiales: 1ª.- A las cuotas resultantes de la liquidación por la citada escala 1.1, se aplicarán las siguientes reducciones:
- Del 80% en Industrias agroalimentarias.
- Del 90% en la tramitación de aprobación e incidencias de Planes Eólicos Estratégicos.
2ª A la tramitación de los expedientes que comporten la presentación, para su análisis y aprobación, de Separatas que afecten a reglamentaciones específicas de seguridad, se les girará, con independencia de la Liquidación que proceda por aplicación de la escala 1.1. sobre el valor de las instalaciones concretas que comprenda, una liquidación complementaria por dicha escala con reducción del 30% de la cuota resultante.
3ª La tramitación para las concesiones, autorizaciones administrativas, aprobaciones de los proyectos de instalaciones eléctricas de Alta Tensión, de gases licuados y gases canalizados, se liquidarán de acuerdo con las siguientes reglas:
3ª.1. Nuevas concesiones, autorizaciones, aprobaciones y ampliaciones: Se aplicará el 200% de la Escala 1.1.
3ª.2. Prórrogas: Se aplicará el 160% de la Escala 1.1.
3ª.3. Cambio de titularidad y otras incidencias. Se aplicará el 50% de la Escala 1.1.
3ª.4. Declaración de utilidad pública: Se aplicará el 20% de la Escala 1.1.
4ª La tramitación de la regularización de instalaciones de hecho, sin la correspondiente autorización administrativa, se liquidarán aplicando al valor originario de la maquinaria y equipo la escala 1.1., sin perjuicio de las reducciones o incrementos de la cuota resultante que procedan, según las reglas anteriores y de las sanciones tributarias correspondientes a las infracciones cometidas.
1.2. Cuotas fijas:
Tarifa 02. Quedan sujetas a cuota fija de 1.714 pesetas por expediente, los siguientes conceptos:
-Tramitación de instalaciones de Baja Tensión con memoria simplificada o sólo Boletín.
-Tramitación de instalaciones interiores de suministro de agua.
-Tramitación de ficha técnica de aparatos para la preparación rápida de café.
Tarifa 03. La cuota fija aplicable a los cambios de titularidad y ampliación de instalaciones eléctricas en vivienda de potencia igual o inferior a 5'S kw. será de 673 pesetas.
Tarifa 04. La cuota fija por inspección de las instalaciones de producción de energía, subestaciones y centros de transformación será de 57.110 pesetas.
Tarifa 05. La cuota fija por autorización de reforma de importancia generalizada de vehículo (para una misma marca y tipo)será de 13.841 pesetas.
Tarifa 06. La cuota fija por la tramitación de incidencias de Planes Eólicos Estratégicos que no tengan asociada una variación de la inversión prevista será de 49.805 pesetas.
1.3. Están sujetas por este concepto la tramitación de instalaciones específicas siguientes:
Cuantía:
Tarifa 07. Otorgamiento de la condición de productor en régimen especial (incluida la inscripción previa en el Registro de productores en régimen especial):
1.- Hasta 50 kw: 11424 ptas.
2.- De 50 kw o más: 228.439 ptas.
Tarifa 08. Verificación de la calidad de suministro de la energía eléctrica:
1.- Alta tensión: 57.110 ptas.
2.- Baja tensión: t0.904 ptas.
Tarifa 09. Pruebas de presión de instalaciones interiores c agua, depósitos de GLP o GNL, redes de distribución y centre de regulación y medida de gas:
Por cada prueba: 17.136 ptas.
Tarifa 10. Inspecciones de centros de almacenamiento,. distribución de G.L.P.:
1.- De 1ª categoría: 45.686 ptas.
2.- De 2ª y 3ª categoría: 22.848 ptas.
3.- Otros centros de almacenamiento y distribución: 10.904 ptas 4.- Inspecciones periódicas: 50% de las cuotas correspondientes, Tarifa 11. Tramitación de la puesta en marcha de instalaciones receptoras de gas:
1.- Instalaciones receptoras en viviendas (por acometida) e industriales hasta 6M3Jh: 14.280 ptas.
2.- Instalaciones receptoras industriales de 6m'lh o más: 28.560 ptas.
3.- Comprobación de la potencia calorífica de gas suministrado por concesionario: 57.110 ptas.
Tarifa 12. Tramitaciones de instalaciones de aparatos elevadores:
1.- Autorización e inspección de un aparato elevador o grúa torre: 17.136 ptas.
2.- Inspecciones periódicas: 8.568 ptas.
2. Prestación de servicios metrológicos y de contrastación de metales preciosos.
2.1. Están sujetas por este concepto las actividades de control y verificación de pesas y medidas, las de aprobación y modificación de modelos y marcas, habilitación y control de laboratorios de verificación metrológica:
Cuantía:
Tarifa 13. Instrumentos de pesaje:
1.- Verificación periódica, posreparación o modificación de básculas puente, por unidad (siendo N el número de días que dure el trabajo de verificación) 124.940 + 73.787xN ptas.
2.- Certificación y comprobación de revisión de básculas puente: 2.285 ptas.
3.- Verificación de balanzas, por unidad: 1.193 ptas.
Tarifa 14. Aparatos surtidores:
1.- Determinación volumétrica de cisternas, por unidad: 6.967 ptas.
2.- Verificación de sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos Se aplicará la siguiente escala para determinar la cuantía unitaria por sistema de medida:
Hasta 10 sistemas De 11 a 20 sistemas Más de 20 sistemas
Pesetas Pesetas Pesestas
4.478 4.080 3.927
Tarifa 15. Verificación periódica y posreparación de manómetros de uso público para neumáticos de vehículos automóviles: 6.191 ptas.
Tarifa 16. Comprobación y verificación de contadores de energía eléctrica, de gas y de agua. Limitadores eléctricos.
1.- Verificación de contadores y limitadores en Laboratorio Autorizado de energía eléctricos monofásicos, de contadores de gas hasta 6m3/h. y de agua hasta 15 mm. de calibre, en series de menos de 10 elementos.
Por cada elemento: 479 ptas.
2.- Iguales conceptos del apartado anterior, en series de 10 o más elementos.
Por cada elemento: 240 ptas.
3.- Contadores de otras características y transformadores de medida, en series de menos de 10 elementos.
Por cada elemento: 1.173 ptas.
4.- Iguales conceptos del apartado anterior, en series de 10 o más elementos.
Por elemento: 428 ptas.
5.- Verificación de equipos de medida de A.T. Por equipo: 8.940 ptas.
6.- Verificación a domicilio de equipos de medida de A.T. Por equipo: 22.848 ptas.
7.- Verificación a domicilio de contadores de B.T. Por contador: 5.350 ptas.
8.- Verificación en Laboratorio de contadores de viviendas, a instancia de parte: 673 ptas.
9.- Verificación en Laboratorio de contadores distintos de los de vivienda, a instancia de parte: 2.132 ptas.
Tarifa 17. Tramitación y resolución administrativa de verificación de instrumentos de medida realizada por Laboratorio autorizado. Por unidad:
2.285 ptas.
Tarifa 18. Por habilitación y actuaciones de control de Laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados. Por cada una: 17.136 ptas.
Tarifa 19. Tramitación y resolución administrativa de aprobación y modificación de modelo. Por cada una: 11.424 ptas.
Tarifa 20. Realización de ensayos para la aprobación y modificación de modelo. Por cada una (Siendo H el número de horas de trabajo del técnico de la Administración): 5.477 xH ptas
Tarifa 21. Autorización de cinemómetros móviles: 1.142 ptas.
2.2. Están sujetos por este concepto, la prestación del servicio de contrastación y análisis de metales preciosos.
Cuantía:
Tarifa 22. Contrastación de Platino (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 1.000 pesetas). Por cada gramo o fracción: 30,6 ptas.
Tarifa 23. Contrastación de Oro (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 500 ptas.).
1.- Objetos de oro de 3 gr. o inferior (pieza): 19,7 ptas.
2.- Objetos mayores de 3 gr. (gr.): 7,2 ptas.
Tarifa 24. Contrastación de Plata (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 250 ptas.).
1.- Objetos de 10 gr. o inferior (pieza): 5,8 ptas.
2.- Objetos mayores de 10 gr. o inferiores a 80 gr. (pieza): 22,8 ptas.
3.- Objeto mayores de 80 gr. (gr.): 0,3 ptas.
Tarifa 25. Por análisis para certificación de ley:
1.- Oro. Por cada análisis: 4.197 ptas.
2.- Plata. Por cada análisis: 2.397 ptas.
Tarifa 26. Por autorización y control de laboratorios de empresa para contraste de metales preciosos. 17.136 ptas.
Tarifa 27. Por asignación de número de punzón a fabricantes o importadores de objetos elaborados con metales preciosos: 4.151 ptas.
Regla Especial. Las cuotas anteriores de este concepto 2.2 se incrementarán en un 25%, siempre que los objetos a contrastar incorporen pedrería o estén dispuestos para ello.
3. Prestación de servicios afectos a la minería.
Tarifa 28. Por autorización de explotación y aprovechamiento de recursos mineros de la Sección A.
Cuantía
1. Nuevas autorizaciones: 69.748 ptas.
2. Prórroga de autorizaciones: 17.442 ptas.
3. Ampliación de extensión superficial: 21.114 ptas.
Tarifa 29. Por autorización de explotación y aprovechamiento de recursos mineros de la Sección B.
Cuantía:
1. Declaración de la condición mineral del agua: 57.110 ptas. 2. Autorización de aprovechamiento: 114.209 ptas.
3. Toma de muestras, cada una: 17.136 ptas.
4. Aforos de caudales de agua: 53.071 ptas.
Tarifa 30. Por rectificaciones, replanteos, divisiones, agrupaciones, intrusiones, perímetros de protección y sus informes.
Cuantía:
1. Rectificaciones: 171.319 ptas.
2. Por replanteos se aplicará la siguiente escala:
Primer punto Segundo punto Tercer punto Por cada punto siguiente Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
71.420 62.842 54.223 45.604
3. Divisiones, cada una: 114.668 ptas.
4. Concentración de concesiones mineras, por cada concesión minera a concentrar: 57.110 ptas.
5. Intrusiones
5.1. A cielo abierto: 238.129 ptas.
5.2. Subterráneas: 434.010 ptas.
6. Perímetros de protección: 171.329 ptas.
7. Informes de trabajos anteriores: 28.733 ptas.
Tarifa 31. Por confrontación y autorización de sondeos, trabajos en pozos, proyectos de restauración, planes mineros de labores y otros.
Cuantía:
1. Sondeos y pozos
1.1. Sondeos de investigación y sondeos de agua.
(N=n total de millones o fracción del presupuesto). 18.069+ 1.994xN ptas.
1.2. Pozos de agua, agrícolas, industriales y de abastecimiento. 17.136 ptas.
2. Proyectos de restauración, según presupuesto.
2.1. Canteras: 39.974 ptas.
2.2. Minas.
En los proyectos de restauración de minas, se aplicará la siguiente escala sobre la base del presupuesto del proyecto y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocido el coste de ejecución.
Base liquidable Cuota íntegra Resto base Tipo aplicable
Hasta pesetas ------ liquidable -----
Pesetas hasta pesetas Porcentaje
10.000.000 68.534 25.000.000 0,2240%
25.000.000 102.134 en adelante 0,1792%
3. Planes de labores en exterior. Canteras y Minas.
En los planes de labores en el exterior, relativos a Canteras y Minas, se aplicará la siguiente escala sobre la base del presupuesto de los proyectos y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
------ ------ -----
Hasta pesetas Pesetas Hasta pesetas Porcentaje
25.000.000 33.303 100.000.000 0,0782%
100.000.000 91.953 500.000.000 0,0590%
500.000.000 327.953 1.000.000.000 0,0405%
1.000.000.000 530.453 1.500.000.000 0,0182%
1.500.000.000 621.453 en adelante 0,0047%
4. Planes de labores en el interior.
En los planes de labores en el interior, relativos a Canteras y Minas, se aplicará la siguiente escala sobre la base del presupuesto de los proyectos y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
------ ----- -----
Hasta pesetas Pesetas Hasta pesetas Porcentaje
25.000.000 56.579 100.000.000 0,1003 %
100.000.000 131.804 500.000.000 0,0779%
500.000.000 443.404 1.000.000.000 0,0590%
1.000.000.000 738.404 1.500.000.000 0,0405 %
1.500.000.000 940.904 en adelante 0,0182%
Tarifa 32. Por tramitaciones relativas a la utilización de explosivos y disposiciones internas de seguridad.
Cuantía:
1. Informes sobre usos de explosivos, voladuras especiales (por cada proyecto) o aprobación de disposiciones internas de seguridad: 11.235 ptas.
2. Informe grandes voladuras. Igual o superior a 500 kg. de explosivo.
(N= n total de miles de kilogramos de explosivo o fracción ): 28.132 + 602xN ptas.
3. Inspección unitaria por seguridad minera de voladuras: 15.575 ptas.
Tarifa 33. Por clasificación de recursos mineros.
Cuantía: 9.491 ptas.
Tarifa 34. Por toma de muestras de minerales, cada una.
Cuantía: 17.136 ptas.
Tarifa 35. Por autorización de transmisión o arrendamiento de derechos mineros.
Cuantía:
1. De aprovechamientos y permisos de investigación.
A la autorización de la transmisión o arrendamiento de derechos de aprovechamientos y permisos de investigación, se aplicará la siguiente escala sobre la base del total importe de la transmisión:
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
------ ------ -----
Hasta pesetas Pesetas Hasta pesetas Porcentaje
10.000.000 57.110 en adelante 0,0560%
2. De concesiones mineras.
A la autorización de la transmisión o arrendamiento de concesiones mineras, se aplicará la siguiente escala sobre la base del total importe de la transmisión:
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
---- ---- ----
Hasta pesetas Pesetas Hasta pesetas Porcentaje
10.000.000 114.220 en adelante 0,0894%
Tarifa 36. Por suspensiones, abandono y cierre de labores Cuantía:
1. Informes sobre suspensiones. 25.388 ptas.
2. Abandono y cierre de labores: 50.765 ptas.
Tarifa 37. Por establecimiento de beneficio e industria minera en general:
Cuantía: Según tarifa 0 1. Escala de gravamen 1.1.
Tarifa 38. Por autorización de lavaderos de minerales e instalaciones de tratamiento.
Cuantía: Según tarifa 01. Escala de gravamen 1.1
Tarifa 39. Por prueba de aptitud de maquinistas.
Cuantía:
1. De exterior: 8.027 ptas.
2. De interior: 11.424 ptas.
3. Renovación: Se aplicará el 50 % de las cuantías anteriores.
Tarifa 40. Por permisos y concesiones mineras
Cuantía:
1. En los permisos de exploración se aplicará la siguiente escala:
Primeras 300 cuadriculas Por cada cuadricula siguiente
Pesetas Pesetas
267.556 748
2. En los permisos de investigación se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadricula Por cada cuadrícula siguiente
Pesetas Pesetas
216.107 3.249
3. En las concesión derivadas se aplicará la siguiente escala:
Primeras 50 cuadriculas Por cada cuadricula siguiente
Pesetas Pesetas
280.928 3.157
Regla especial:
En el caso de superficie distinta a la del permiso se aplicará además de las anteriores la cuantía 2 de la tarifa 30.
4. En las concesiones directas se aplicará la siguiente escala:
Primeras 50 cuadrículas Por cada cuadricula siguiente
Pesetas Pesetas
387.289 4.631
5. Demasías: 297.789 ptas.
6. Prórrogas de permisos: 91.361 ptas.
Tarifa 41. Por inspecciones de policía minera
Cuantía:
1. Extraordinaria: 44.727 ptas.
2. Ordinaria: 11.235 ptas.
Tarifa 42. Por tramitación de trabajo con contratistas.
Cuantía: 5.610 ptas.
Tarifa 43. Por revisión de cables y elementos auxiliares de las explotaciones mineras.
Cuantía: 29.978 ptas.
Tarifa 44. Por informes hidrogeológicos sobre ampliación y nueva instalación de cementerios municipales
Cuantía: 11.235 ptas.
4.- Por tramitaciones de expropiación forzosa y servidumbre de paso.
Tarifa 45. Expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso.
Primeras 8 parcelas Por cada parcela siguiente
Pesetas Pesetas
57.110 6.523
2. Acta previa a la ocupación, por cada parcela: 8.772 ptas.
3. Acta de ocupación, por cada parcela: 6.554 ptas.
5.- Por otras inscripciones regístrales y autorizaciones para el ejercicio de actividades reguladas, expedición de certificados, documentos y tasas de exámenes.
Tarifa 46. Por expedición de documentos que acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio de actividades profesionales reglamentadas (incluida la inscripción en el correspondiente Registro).
Cuantía:
1. Expedición, cada una: 2.856 ptas.
2. Renovaciones y prórrogas, cada una: 918 ptas.
Tarifa 47. Por derechos de examen para la obtención del carnet de instalador o mantenedor autorizado.
Cuantía: 3.427 ptas.
Tarifa 48. Por certificaciones y otros actos administrativos.
Cuantía:
1. Confrontación de proyectos, instalaciones, aparatos y productos: 11.189 ptas.
2. Otros certificados, cada uno: 673 ptas.
Tarifa 49. Por modificación de inscripción de establecimientos y actividades industriales en el Registro Industrial.
Cuantía: Por cambio de nombre, cambio de actividad: 6.283 ptas.
Tarifa 50. Por inscripción en el Registro Industrial de empresas de servicios a la actividad industrial.
Cuantía:
1. Nueva inscripción: 17.136 ptas.
2. Modificaciones: 8.568 ptas.
Tarifa Sl. Por inscripción en el Registro Industrial de agentes autorizados para colaborar con las Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
Cuantía:
1. Nueva inscripción: 39.974 ptas.
2. Modificaciones: 14.280 ptas.
Tarifa 52. Por inscripción de empresas o instalaciones en Registros y/o autorización para el ejercicio de actividades reguladas.
Cuantía
1. Nuevas inscripciones: 17.136 ptas.
2. Renovaciones y/o modificaciones: 11.424 ptas.
Reglas especiales:
lª.- Inscripción definitiva en el Registro de productores en régimen especial de 50 kw o más: 114.220 ptas.
2ª.- Inscripción de instalaciones de Rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 19.166 ptas.
3ª.- Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica de instalaciones y equipos de Rayos X con fines de radiodiagnóstico médico:
34.262 ptas.
Tarifa 53. Por el reconocimiento de Entidades para impartir cursos teórico-prácticos de formación de profesionales para el ejercicio de actividades reglamentadas.
Cuantía: 39.974 ptas.
Tarifa 54. Por expedición de Documentos de Calificación Empresarial.
Cuantía:
1. Nuevos: 6.283 ptas.
2. Renovaciones: 918 ptas.
Tarifa 55. Habilitación de libros de registro.
Cuantía: 1.142 ptas.
Tarifa 56. Por consulta del Registro Industrial.
Cuantía:
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 704 ptas.
2. A partir de 30 hojas: 22.848 ptas.
Tarifa 57. Por información eólica.
Cuantía:
1. Por información digital sobre Planes y Parques Eólicos (cada área o delimitación de parque): 510 ptas.
2. Por información sobre datos eólicos del territorio aragonés (cada estación): 10.904 ptas.
Tarifa 58. Por comprobación de inversiones subvencionadas. Cuantía:
1. Hasta 500.000 pesetas de subvención: Exenta.
2. De 500.001 hasta 5.000.000 pesetas de subvención: 14.280 ptas.
3. De 5.000.001 pesetas o más de subvención: 51.000 ptas.
Tarifa 59. Por duplicado de documentos.
Cuantía:
1. Con compulsa (Por cada hoja tamaño DIN A4): 452 ptas.
2. Sin compulsa (Por cada hoja tamaño DIN A4): 11 ptas.
Tarifa 60. Varios, servicios no relacionados anteriormente. Cuantía: Se aplicarán las tasas de servicios análogos.
6.- Por control administrativo de las actuaciones de los Organismos de Control.
Tarifa 61. Se aplicará a cada expediente tramitado o actuación realizada el 10 % de la tasa correspondiente según la materia que se trate 7.- Por la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos.
1. Por la inspección técnica: periódica, previa a la matriculación, para autorizar una o más reformas de importancia individualizada, de seguridad por accidente, para emisión de tarjeta de características técnicas, para cambio de matrícula por transferencia, para rehabilitación posterior a la baja defi nitiva, previa al cambio de destino, para diligencias no incluidas en los casos anteriores, voluntaria, y las efectuadas por la intervención técnica designada al efecto en los puntos de inspección establecidos para las empresas concesionarias
Cuantías:
Tarifa 62.
Por vehículo de hasta 3.500 kg. de PMA y vehículo agrícola (excepto remolque agrícola): 3.175 ptas.
Tarifa 63.
Por vehículo de más de 3.500 kg. de PMA: 4.551 ptas.
Tarifa 64.
Por vehículo de tres ruedas de hasta 400 kg. de tara, motocicleta, ciclomotor o remolque agrícola: 1.455 ptas.
2. En particular, por inspección técnica de seguridad por accidente, se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 65.
Por 1ª fase de inspección técnica de seguridad por accidente de vehículos se aplicará la cuota correspondiente
Tarifa 66.
Por 2ª fase de inspección técnica de seguridad por accidente de vehículos de hasta 3.500 kg. de PMA la cuota será de 10.571 ptas.
Tarifa 67.
Por 2ª fase de inspección técnica de seguridad por accidente de vehículos de más de 3.500 kg. de PMA y vehículos de tres ruedas de hasta 400 kg. de tara o motocicletas la cuota será de 1.455 ptas.
3. En relación con las tarifas anteriores, se aplicarán a la cuota correspondiente los siguientes incrementos:
a) Por inspección técnica para emisión tarjeta de características técnicas, para cambio de matrícula por transferencia, para rehabilitación, previa a la matriculación, previa al cambio de destino, o diligencias no incluidas en los casos anteriores, realizada simultáneamente con la inspección técnica periódica o realizada a ciclomotor, se aplicará la cuota correspondiente incrementada en 1.455 ptas.
b) Cuando se realice la inspección técnica previa al cambio de destino, o diligencias no incluidas en los casos anteriores, realizada simultáneamente con una inspección técnica para autorizar una o más reformas de importancia no se aplicara ningún incremento a la cuota correspondiente.
c) Por la inspección técnica de un conjunto de vehículos formado por tractor y remolque, para la emisión de tarjeta de características técnicas del conjunto, se aplicará la cuota correspondiente, considerando el PMA del conjunto de vehículos, incrementada en 1.455 ptas.
d) A los vehículos especiales agrícolas matriculados que posean documentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, se les canjeará por la correspondiente tarjeta de ITV, sin coste adicional, incluyendo si fuese necesario el troquelado o retoquelado del número de bastidor.
e) Por la inspección técnica periódica que conlleve la verificación de la opacidad de humos de motores diesel, se aplicará la cuota correspondiente, considerando el PMA del conjunto de vehículos, incrementada en 1.250 ptas.
Tarifa 68.
Por inspección técnica para comprobación de subsanación de defectos Cuantía:
1. Realizada dentro de los quince días hábiles siguientes ala primera inspección: Exenta.
2. Realizada entre los quince días hábiles siguientes y hasta dos meses desde la primera inspección: Se aplicará el 70 % de la cuota correspondiente por la primera inspección
Tarifa 69.
Por pesada de vehículo.
Cuantía:
1. De dos ejes: 1.021 ptas.
2. De más de dos ejes: 1.527 ptas.
Tarifa 70.
Por inspección extraordinaria de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores.
Cuantía: 5.702 ptas.
Tarifa 71.
Por revisión periódica de aparatos taxímetros y cuentakilómetros.
Cuantía: 1.021 ptas.
Tarifa 72.
Por inspección técnica de vehículo usado de importación o procedente de operaciones intracomunitarias.
Cuantía: 13.964 ptas.
Tarifa 73.
Cuando se requiera proyecto técnico.
Cuantía: Se aplicará el doble de la tasa correspondiente Tarifa 74.
Por desplazamiento al domicilio del titular.
Cuantía: Se aplicará una cuota de 8.307 ptas.
Esta cuota se aplicará al desplazamiento a un solo punto de inspección, fuera de la estación, para inspeccionar uno o más vehículos con el mismo titular.
Si existen diferentes puntos de inspección se aplicará esta cuota para cada uno de los desplazamientos. Si existen diferentes titulares en un mismo punto de inspección, se aplicará esta cuota a cada uno de los titulares.
4. Exenciones: Queda exentos del pago de cualquiera de las tasas anteriores todos los vehículos cuya titularidad ostente la Diputación General de Aragón y se les preste servicio en cualquier estación I.T.V. que sea gestionada por la misma.
5. Norma general: las cuantías incluyen todos los costes implícitos, tales como el envío certificado en los casos en que el usuario resida en municipio distinto al de la estación de ITV donde haya realizado la inspección, o el traslado de documentaciones a los Registros públicos.
CAPITULO XV
15. Tasas por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales.
Artículo 62. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de los títulos académicos y profesionales no universitarios correspondientes a las enseñanzas no obligatorias establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como la expedición de títulos de otras enseñanzas no universitarias cuando su normativa espe cífica así lo establezca.
Artículo 63. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa los solicitantes de los referidos documentos que constituyen el hecho imponible, con las exenciones totales o parciales que se establecen por la normativa vigente.
Artículo 64. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán exención total del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de honor y de segunda categoría.
2. Tendrán una bonificación del 50 por ciento del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de primera categoría.
Artículo 65. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite del órgano competente la expedición de los títulos que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 66. Tarifas.
La cuota de la tasa se determinará aplicando las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Expedición del Título de Bachillerato: 6.920 pesetas.
Tarifa 02. Expedición del Título de Técnico (Ciclo formativo Grado Medio):2.820 pesetas.
Tarifa 03. Expedición del Título de Técnico Superior (Ciclo formativo Grado Superior): 6.920 pesetas.
Tarifa 04. Expedición del Título de Bachillerato Artístico: 6.920 pesetas.
Tarifa 05. Expedición del Título de Técnico Superior (Artes Plásticas de Grado Superior): 6.920 pesetas.
Tarifa 06. Expedición del Título de Técnico (Artes Plásticas de Grado Medio):2.820 pesetas.
Tarifa 07. Expedición del Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas: 3.330 pesetas.
Tarifa 08. Expedición del Título de Profesor Superior de Música: 19.300 pesetas.
Tarifa 09. Expedición del Grado Profesional de Música: 3.330 pesetas.
Tarifa 10. Expedición del Título de Profesor de Grado Medio de Música: 12.960 pesetas.
Tarifa 11. Expedición del Diploma de Instrumentista o Cantante: 3.890 pesetas.
Tarifa 12. Expedición del Diploma de Grado Elemental de Música: 1.670 pesetas.
Tarifa 13. Expedición de duplicados:
1. Con carácter general: 620 pesetas.
2. En las modalidades previstas en las tarifas 02, 06, 07, 09, 11 y 12: 330 pesetas.
CAPITULO XVI
16. Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca
Artículo 67. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios y actuaciones administrativas siguientes:
1 . La expedición de la licencia de caza, cuya tenencia es necesaria para practicar la caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2 . La expedición de las licencias y matrículas necesarias para la práctica de la pesca continental y para la dedicación de embarcaciones y aparatos flotantes a la pesca en aguas continentales, cuya tenencia es necesaria para la práctica de la pesca continental dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3 . La expedición de los permisos de pesca.
Artículo 68. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las licencias o permisos de caza y pesca que constituyen su hecho imponible.
Artículo 69. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previó pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
Artículo 70. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por expedición de licencias de caza.
Tarifa 01. Licencias de clase A, que autorizan para el ejercicio de la caza con armas de fuego: 2.581 pesetas.
Tarifa 02. Licencias de clase B, que autorizan para el ejercicio de la caza con otros medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos de los anteriores: 2.581 pesetas.
2. Por expedición de licencias y matrículas de pesca.
Tarifa 03. Licencias de pesca: 1.287 pesetas.
Tarifa 04. Matrículas de embarcación: 1.287 pesetas.
3. Por expedición de permisos de pesca.
Tarifa 05. En cotos de pesca en régimen normal y de pesca intensiva.
1. Para pescadores ribereños y federados: 837 pesetas.
2. Para otros pescadores: 1.779 pesetas.
Tarifa 06. En cotos de pesca de captura y suelta.
1. Para pescadores ribereños y federados: 261 pesetas.
2. Para otros pescadores: 524 pesetas.
CAPITULO XVII
17. Tasa por servicios facultativos en materia de montes y aprovechamientos forestales.
Artículo 71. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de oficio o a instancia de parte, de los servicios y trabajos a ella reservados en el ámbito de la normativa vigente sobre montes, que se enumeran en las correspondientes tarifas.
Artículo 72. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios, o para las que se ejecuten los trabajos expresados en el artículo 71.
Artículo 73. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se preste el servicio o se ejecute el trabajo correspondiente. No obstante, su pago será exigible por anticipado, en el momento en que se formule la solicitud o se inicie la prestación de aquéllos.
Artículo 74. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las tarifas siguientes:
1 . Por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia de montes:
Tarifa 01. Levantamientos Altimétricos y Planimétricos.
Cuota = 158 (100 + 2N)
N: núm. de has.
Tarifa 02. Deslindes y Amojonamientos.
Cuota = 107 (5D + P + V) D: núm. de días
P: suma de las longitudes de los lados del perímetro medidos en Hm.
V: núm. de vértices
Tarifa 03. Cubicación e inventario de existencias.
Cuota = 5.294 + 1' 6 N N: núm. de unidades (m' o estéreos)
Tarifa 04. Valoraciones.
Cuota = 9% Valor tasado
Tarifa 05. Elaboración de Planes Dasocráticos.
Cuota = (21.176 + 125 N) G
N: Superficie del monte en has.
G: Grado de dificultad (baja 1, media 5, alta 10)
Tarifa 06. Análisis.
Cuota = 1.588 (1 + 0' 1 N) N: núm. de muestras
Tarifa 07. Informes.
Cuota = 5.294 (1 + 0'03 N) N: núm. de días
Tarifa 08. Redacción de Planes, Estudios o Proyectos.
Cuota = 3% presupuesto de ejecución material
2. Por aprovechamientos forestales.
Con carácter general la tarifa mínima que se cobrará será de 555 pesetas.
a) Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública, Montes de la Diputación General de Aragón y Montes Consorciados.
Tarifia 09. Aprovechamientos Maderables.
1. Cuando la forma de liquidación es a riesgo y ventura:
Cuota = 2% Importe Tasación + 35 pts. número de unidades en m'.
2. Cuando la forma de liquidación es con liquidación final:
Cuota = 2% Importe Tasación + 112 pts. número de unidades en m'.
3. Para maderas de pequeñas dimensiones:
Cuota =1 % Importe Tasación + 22 pts. número unidades en toneladas + 5.209 pesetas.
Tarifa 10. Aprovechamientos de Caza.
1. Cuota = 10% Importe Tasación cuando la tasación sea menor ó igual a 50.000 pesetas.
2. Cuota = 1 % Importe Tasación + 5.342 pts. cuando la tasación sea mayor a 50.000 pesetas.
Tarifa 11. Aprovechamientos de leñas.
1. Cuota = 5% Importe Tasación + 22 pts. * número de unidades en estéreos + 637 pts., cuando la tasación sea menor o igual a 50.000 pesetas.
2. Cuota = 1 % Importe Tasación + 22 pts. * número de unidades en estéreos + 5.209 pts., cuando la tasación sea mayor a 50.000 pesetas.
Tarifa 12. Aprovechamientos de pastos.
1. Cuota =16% Importe Tasación + 8 pts. * n de unidades en has., cuando la tasación sea menor o igual a 50.000 pesetas.
2. Cuota =1 % Importe Tasación + 5 pts. * n de unidades en has. + 10.664 pts., cuando la tasación sea mayor a 50.OOO pesetas.
Tarifa 13. Aprovechamientos de cultivos.
Cuota = 8% Importe Tasación.
Tarifa 14. Aprovechamientos apícolas, de arenas y piedras, recreativos, setas (excepto trufas), frutos y semillas, plantas industriales y otros.
Cuota = 10% Importe Tasación.
Tarifa 15. Aprovechamiento de trufas.
Cuota = 3% Importe Tasación.
Tarifa 16. Ocupaciones.
10% del canon el primer año
10% del canon a partir del segundo año con tope máximo de 100.000 pesetas.
b) Aprovechamientos en fincas particulares.
Tarifa 17. Aprovechamientos maderables de especies de crecimiento lento.
107 pesetas * número de unidades en m', para los primeros 200 m'.
53 pesetas * número de unidades en m3, para el exceso de la cantidad anterior.
Tarifa 18. Aprovechamientos maderables para especies de crecimiento rápido.
34 pts. * número de unidades en m', para los primeros 200 m3.
11 pts. * número de unidades en m3, para el exceso de la cantidad anterior.
Tarifa 19. Aprovechamientos de leñas.
26 pesetas * número de unidades en estéreos, para los primeros 500 estéreos.
11 pesetas * número de unidades en estéreos, para el exceso de la cantidad anterior.
CAPITULO XVIII
18. Tasa por servicios de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de productos agroalimentarios.
Artículo 75. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de productos agroalimentarios de Aragón, de los siguientes servicios:
1 . Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.
2 . Calificaciones y actividades complementarias de los productos amparados por la Denominación de Origen correspondiente.
3 . Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.
Artículo 76. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, granjas, secaderos o envasadores, que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos Reguladores.
Artículo 77. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio correspondiente.
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial se devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.
Artículo 78. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se destine a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de origen..
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor medio en pesetas de la producción de una hectárea en la zona y campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1%.
Tarifa 02. Sobre los animales sacrificados cuyas piezas o canales se destinen a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de Origen.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de animales sacrificados, protegidos por la. Denominación Específica, por el valor medio, en pesetas, del coste unitario del animal que corresponda, cebado en la zona de producción, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1 %.
Tarifa 03. Sobre los productos amparados en general.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto amparado por la cantidad o el volumen vendido.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 04. Sobre las canales, piezas o perniles amparados.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de canales, piezas o perniles amparados por la Denominación de Origen, por el valor medio, en pesetas, del precio de venta en la zona de elaboración o de sacrificio, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 05. Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros documentos análogos.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado de facturas o cualquier otro documento análogo será de 100 pesetas.
Tarifa 06. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, brazaletes y envases, así como por las operaciones de sellado y marcaje.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.
Artículo 79. Afectación.
Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas en el presente Capítulo se destinarán en un porcentaje no inferior al 85 %o a la financiación del Consejo Regulador que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 4/ 1986, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. |
La Constitución Española, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Por su parte, el artículo 148, que fija las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, incluye como una de ellas el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Aragón, desarrollando los mandatos constitucionales transcritos, establece, explícitamente, en su artículo 35.1.24, al enumerar las competencias exclusivas de la Comunidad, por una parte, la planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional; y por otra parte, la creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad.
Más concretamente, el artículo 57 del citado Estatuto indica que la Diputación General de Aragón fomentará, como poder público, la modernización y desarrollo económico y social en el marco de lo dispuesto en el propio texto constitucional, así como la creación y participación en empresas que procuren tales logros.
En aplicación de los principios generales expuestos, la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, arbitra entre los instrumentos para procurar aquellos propósitos de desarrollo la creación de entidades públicas, que, como dice en su exposición de motivos, deben regularse de forma flexible y adecuada a las características de estos entes para que, sin menoscabo de la agilidad y eficacia en su actuación, se pueda disponer de un conocimiento preciso sobre la realidad económica de los mismos. A tal fin, en su parte dispositiva, configura como organismos públicos de la Comunidad Autónoma las entidades de derecho público, con personalidad jurídica, que por su ley de creación hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
La Ley 11/1989, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1990, posibilitó la creación del Instituto Aragonés de Fomento al disponer que, dependiente del Departamento de Economía y mediante Ley de Cortes de Aragón, se creara el Instituto Aragonés de Fomento, cumpliéndose el mandato parlamentario con la Ley 7/1990, de 20 de junio.
La Ley 15/1999, de 29 de diciembre de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas modifica la Ley 7/1990, de 20 de junio, del Instituto Aragonés de Fomento para acomodar su dependencia orgánica y la composición de sus órganos rectores a la actual configuración de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La citada norma autoriza, además en su artículo 22, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía, y el artículo 28 de la Ley 1 / 1995, de 16 de febrero del Presidente y del Gobierno de Aragón, al Gobierno de Aragón a refundir las disposiciones vigentes en la materia, estableciéndose para ello un plazo de seis meses; alcanzando la autorización para dicha refundición a regularizar, aclarar y armonizar dichas disposiciones.
En este sentido, en el texto se han suprimido las Disposiciones Transitorias que contenía la Ley 7/1990, al haber quedado sin contenido, por el cumplimiento de sus previsiones temporales.
Cumpliéndose este mandato de las Cortes Aragonesas se aprueba este Decreto Legislativo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, conforme al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de junio de 2000,
DISPONGO
Artículo único. Queda aprobado el Texto Refundido de la Ley reguladora del Instituto Aragonés de Fomento, que se contiene como Anexo.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.- Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Ley 7/1990, de 20 de junio, del Instituto Aragonés de Fomento, modificada por la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
DISPOSICION FINAL
Unica.- Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón".
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO
Artículo 1.
- Creación.
Por la presente Ley se crea el Instituto Aragonés de Fomento, adscrito al Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Industria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.
- Naturaleza.
1. El Instituto Aragonés de Fomento es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
2. El Instituto Aragonés de Fomento, como entidad de derecho público, se regirá por lo previsto en esta Ley, en las disposiciones que la desarrollen y en aquellas que resulten de aplicación. No obstante, al régimen de contratación, tráfico patrimonial y mercantil y actividades externas le será de aplicación el ordenamiento jurídico privado.
Artículo 3.
- Objetivos.
El Instituto Aragonés de Fomento tiene como objetivos fundamentales los siguientes: a) Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón. b) Favorecer el incremento y consolidación del empleo. c) Corregir los desequilibrios intraterritoriales.
Artículo 4.
- Funciones.
Son funciones del Instituto Aragonés de Fomento las siguientes:
a) La promoción de proyectos de inversión, públicos y privados, con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del territorio aragonés. A tal fin podrá otorgar avales, conceder préstamos y subvenciones, participar en el accionariado de los mismos, promover la entrada de otros socios financieros y efectuar seguimiento y apoyo a la gestión y desarrollo de estos proyectos.
b) La promoción de infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colectivos para las empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las sociedades cooperativas y empresas de economía social.
c) El estudio de las posibilidades de desarrollo endógeno en las comarcas aragonesas y de la viabilidad de nuevas ocupaciones de acuerdo con las nuevas necesidades sociales, así como el necesario impulso para su puesta en marcha.
d) La promoción y participación en estudios de mercado y en la elaboración de trabajos sobre planificación económica de la Comunidad Autónoma.
e) El fomento de la promoción exterior y de la localización empresarial en Aragón, así como de la captación de capital, mediante la creación de sociedades o la participación en las ya existentes.
f) La asistencia técnica y asesoramiento financiero a las empresas.
g) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley.
Artículo 5.
- Organización.
Los órganos rectores del Instituto Aragonés de Fomento son:
a) El Consejo de Dirección.
b) La Presidencia.
c) La Dirección Gerencia.
Artículo 6.
- El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales a que se refiere el apartado siguiente.
2. Son vocales del Consejo de Dirección:
a) Un representante propuesto por cada uno de los Departamentos que se señalan a continuación, designados por el Gobierno de Aragón:
- Presidencia y Relaciones Institucionales.
- Economía, Hacienda y Empleo.
- Industria, Comercio y Desarrollo.
-Agricultura.
b) El Director Gerente del Instituto.
3. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un Jefe de Servicio del Departamento al que corresponda la Presidencia del Instituto, designado por el titular del mismo.
Artículo 7.
- Funciones del Consejo de Dirección.
Corresponde al Consejo de Dirección:
a) Dirigir la actuación del Instituto Aragonés de Fomento, en el marco de las directrices que pueda establecer el Gobierno de Aragón.
b) Coordinar sus actuaciones con las iniciativas que, en relación con los mismos objetivos, se planteen por otras Administraciones públicas en Aragón.
c) Fijar la planificación y plazos de las actuaciones del Instituto, a partir de un plan plurianual que establezca los objetivos y líneas de trabajo fundamentales en el inicio de cada legislatura.
d) Adoptar toda clase de acuerdos y decisiones dirigidas al cumplimiento de sus fines.
e) Aprobar la memoria anual.
f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su remisión al Departamento con competencias en materia de Economía.
Artículo 8.
- Presidencia.
Corresponderá la Presidencia del Consejo de Dirección al Consejero titular del Departamento con competencia en materia de Industria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, quien ostentará la representación legal del Instituto, dirigirá las sesiones del Consejo de Dirección y ejercerá cuantas facultades le delegue el Consejo.
Artículo 9.
- Vicepresidencia.
Corresponderá la Vicepresidencia del Consejo a un Director General del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Economía en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón propuesto por el titular del mismo. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 10.
- La Dirección Gerencia.
El Director Gerente será nombrado por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Presidente del Instituto, oído el Consejo de Dirección, entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con los fines perseguidos por el Instituto, asumiendo todas las funciones ejecutivas que determine el Consejo de Dirección.
Artículo 11.
- Recursos.
Los recursos del Instituto Aragonés de Fomento estarán integrados por:
a) Las transferencias contenidas a tal fin en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Los ingresos propios que pueda recibir por la prestación de sus servicios.
c) Los ingresos patrimoniales, ordinarios o extraordinarios, que perciba como consecuencia de su participación en sociedades.
d) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
e) Los recursos ajenos captados para su canalización hacia sociedades en que participe.
f) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades públicas o privadas.
g) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
Artículo 12.
Régimen económico-financiero.
1. El Instituto Aragonés de Fomento elaborará anualmente el anteproyecto de presupuesto, el programa de actuación, inversiones y financiación y demás documentación complementaria del mismo, que remitirá al Departamento con competencia en materia de Economía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará el control financiero del Instituto Aragonés de Fomento dentro de la forma y plazo que fije la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La concesión de avales y las operaciones de endeudamiento del Instituto Aragonés de Fomento deberán acomodarse, en todo caso, a los límites individuales y cuantías globales asignados para tales fines en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, comunicándose a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón dentro del mes siguiente a su realización.
Artículo 13.
Personal.
Con independencia del personal propio al servicio del Instituto Aragonés de Fomento, que se regirá por las normas de Derecho laboral o privado que le sean de aplicación, el Gobierno de Aragón podrá adscribir, con carácter temporal, personal de la Administración de la Comunidad Autónoma para prestar sus servicios en el Instituto Aragonés de Fomento sin merma de sus derechos.
Artículo 14.
- Control Parlamentario.
El Instituto Aragonés de Fomento remitirá a las Cortes de Aragón, dentro del segundo semestre de cada año, un plan de carácter anual que comprenda los objetivos a alcanzar por el Instituto durante el año siguiente. Así mismo, dentro del primer semestre de cada año, remitirá a las Cortes de Aragón un informe de los resultados alcanzados durante el año anterior en relación con los objetivos propuestos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Coordinación con representantes de las Corporaciones Locales.
1. El Presidente del Instituto Aragonés de Fomento, periódicamente, coordinará las actuaciones del mismo con los representantes de las Corporaciones Locales del ámbito de la Comunidad Autónoma.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Presidente del Instituto Aragonés de Fomento se reunirá conjuntamente, al menos dos veces al año, con un representante de cada una de las tres Diputaciones Provinciales de Aragón y de la asociación de municipios más representativa de la Comunidad Autónoma, a fin de recabar las demandas de los mismos y facilitarles información de las actuaciones y programas del Instituto Aragonés de Fomento.
Segunda.- Nombramiento de Asesores.
Con el fin de garantizar la eficacia en la actuación del Instituto, el Presidente podrá nombrar asesores del mismo a personas de reconocida competencia en materia empresarial o social. Los asesores del Instituto no tendrán derecho a retribución por el desempeño de su función.
Tercera.- Autorización para modificaciones de crédito.
Se autoriza al Departamento con competencia en materia de Economía para efectuarlas modificaciones de crédito necesarias, a fin de instrumentar la consignación de las dotaciones aprobadas en el estado de gastos del ente público.
DISPOSICION FINAL
Unica.- Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias y adoptar las oportunas medidas de ejecución y desarrollo de lo dispuesto en esta Ley. |
La Constitución Española, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. El Estatuto de Autonomía de Aragón, desarrollando el mandato constitucional transcrito establece explícitamente, en su artículo 35, al enumerar las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, por una parte, la planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, por otra parte, la investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado y, finalmente, la industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas generales del Estado.
El Instituto Tecnológico de Aragón se constituyó y fue regulado por primera vez por el Decreto 68/1984, de 13 de septiembre, con el objeto de potenciar la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas que inciden en un mejor aprovechamiento de los recursos económicos de Aragón.
Por Decreto 110/1992, de 26 de mayo, y Decreto 150/1995, de 6 de junio, se aprobó la constitución y modificación del objeto social de la empresa Sociedad Aragonesa de Tecnologías Aplicadas, S.A., como un instrumento de gestión adecuado en el ámbito económico, administrativo y técnico, al servicio del instituto Tecnológico de Aragón en su relación con las empresas.
En el Decreto 5/1994, de 12 de enero, se procede a una reforma que afecta a la definición de los objetivos del Instituto, para mayor aprovechamiento, racionalización y potenciación de los recursos existentes.
Desde su creación, el Instituto Tecnológico de Aragón ha venido realizando actividades relacionadas con la promoción y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, así como de actividades de soporte a la innovación; el impulso, la coordinación y, en su caso, la colaboración en la participación de las empresas en la realización de proyectos de Investigación y Desarrollo, tanto nacionales como internacionales; la colaboración con la Universidad y con otros organismos de investigación en la satisfacción de las necesidades tecnológicas de las empresas y en la introducción de nuevas tecnologías en el tejido industrial.
Posteriormente se aprueba la Ley 7/1997, de 10 de octubre, reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón que pretende conseguir que sus objetivos se alcancen con una mayor agilidad y eficacia, sin perjuicio de contemplar el interés público en su actuación. De esta forma se facilita el acceso a la financiación de proyectos a través de programas comunitarios y se evita la existencia de una sociedad instrumental para relacionarse con las empresas que demandan los servicios en que se concreta la actividad del Instituto.
Dicha regulación se produjo, siendo conscientes de la necesidad de que los entes que prestan servicios tecnológicos a las empresas dispongan de organizaciones que les permitan actuar con plena capacidad en el mercado y en sus relaciones con las distintas Administraciones, siendo preciso promover una regulación jurídica que integrara de forma adecuada la gestión del Instituto con el cumplimiento de sus objetivos, dirigidos siempre a prestar de forma dinámica los servicios a las empresas, que deben tener como finalidad la continua mejora de sus productos.
El Instituto Tecnológico de Aragón trabajará con la finalidad de que los ingresos que perciba por la prestación de sus servicios sirvan para cubrir los gastos provocados por su realización.
Por último, la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas modifica la Ley 7/1997, de 10 de octubre reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón, para acomodar su dependencia orgánica y la composición de sus órganos rectores a la actual configuración de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma. La citada norma autoriza, además en su artículo 22, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía, y el artículo 28 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero del Presidente y del Gobierno de Aragón, al Gobierno de Aragón a refundir, las disposiciones vigentes en la materia, estableciéndose para ello un plazo de seis meses; alcanzando la autorización para dicha refundición a regularizar, aclarar y armonizar dichas disposiciones.
En este sentido, en el texto se han suprimido las Disposiciones Transitorias que contenía la Ley 7/1997, al haber quedado sin contenido, tanto por el cumplimiento de sus previsiones temporales, como por la supresión de la posibilidad de adscripción de personal de la Diputación General de Aragón, acordada por el artículo 11 de la Ley 4/1998.
Cumpliéndose el mandato de las Cortes Aragonesas se aprueba este Decreto Legislativo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, conforme al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de junio de 2000,
DISPONGO:
Artículo Unico.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón que contiene como Anexo.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.- Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Ley 7/1997, de 10 de octubre, reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón, modificada por la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
DISPOSICION FINAL
Unica.- Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
Artículo 1.- Naturaleza.
1. El Instituto Tecnológico de Aragón es una entidad de derecho público, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Se regirá por lo previsto en esta Ley, en las disposiciones que la desarrollen y en la normativa que resulte de su aplicación. No obstante, al régimen de contratación, tráfico patrimonial y mercantil y actividades externas le será de aplicación el ordenamiento jurídico privado.
3. Se adscribe al Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Industria en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.- Fines.
El Instituto Tecnológico de Aragón se configura como un centro de promoción de la investigación y el desarrollo, con arreglo a los criterios del interés general, orientando su actividad a impulsar la innovación tecnológica de las empresas.
Artículo 3.- Funciones.
El Instituto Tecnológico de Aragón tiene como funciones fundamentales las siguientes:
a) Ofrecer servicios tecnológicos a la industria, tanto en el desarrollo de nuevos productos o procesos como en la implantación de tecnologías avanzadas, promoviendo la constante renovación de las empresas en este ámbito.
b) Identificar y atender las necesidades de innovación de los diferentes sectores productivos, con especial orientación a pequeñas y medianas empresas.
c) Facilitar servicios de asesoramiento en materia tecnológica o de gestión de la innovación que mejoren la productividad de las empresas.
d) Prestar servicios de ensayo y calibración de aparatos y equipos, que contribuyan a garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas.
e) Difundir la estrategia de renovación tecnológica, colaborando en la actualización técnica del personal de las empresas y su especialización en nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de actividades de formación técnica y ocupacional.
f) Promover la participación de las empresas en programas de renovación tecnológica, tanto nacionales como internacionales, dándoles soporte técnico para la presentación de proyectos y, en su caso, colaborando en la ejecución de los mismos.
g) Impulsar la optimación de los recursos tecnológicos de Aragón mediante el aprovechamiento de los servicios y equipos disponibles en otras instituciones o empresas, y la integración y coordinación, en lo posible, de los servicios tecnológicos.
h) Fomentar el desarrollo tecnológico y la investigación al servicio de las administraciones públicas, en particular en aquellos campos que suponen retos de futuro de carácter económico, social, territorial y medioambiental.
Artículo 4.- Organización.
1. Los órganos rectores del Instituto Tecnológico de Aragón son:
a) El Consejo Rector.
b) La Dirección.
2. La actividad, organización y modo de funcionamiento interno del Instituto Tecnológico de Aragón se estructurarán en áreas tecnológicas y de servicios comunes, que serán determinadas por sus estatutos o reglamento de organización y régimen interno.
3. Los estatutos o el reglamento de organización y régimen interno, una vez aprobados por el Consejo Rector, serán puestos en conocimiento del Gobierno de Aragón y publicados en el "Boletín Oficial de Aragón".
Artículo 5.- El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector tendrá la composición siguiente:
a) Presidente.
El Consejero titular del Departamento al que esté adscrito el Instituto o Director General en quien delegue, a quien corresponden las funciones de Presidente del órgano colegiado. Dispondrá de voto de calidad para dirimir los empates que puedan producirse en las votaciones del Consejo Rector.
b) Vocales.
- El Director del Instituto Tecnológico de Aragón, como vocal nato.
- Dos representantes del Departamento al que esté adscrito el Instituto.
- Un representante del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
- Un representante del Departamento de Educación y Ciencia.
- Dos representantes designados por la Universidad de Zaragoza.
- Dos representantes designados por el Consejo Superior de Investigación y Desarrollo.
- Dos representantes de los sectores industriales designados por las asociaciones empresariales más representativas de Aragón.
- Dos representantes de los trabajadores designados por las centrales sindicales más representativas de Aragón.
2. Todos los vocales, a excepción del vocal nato, serán nombrados por el Gobierno de Aragón a propuesta del Presidente del Instituto, para un periodo de cuatro años. Agotado su mandato, el Gobierno de Aragón podrá renovar su nombramiento.
3. El Presidente designará un Secretario, con voz pero sin voto, entre el personal de su Departamento.
Artículo 6.- Funciones del Consejo Rector.
Corresponde al Consejo Rector:
a) Aprobar las líneas de investigación tecnológica, programas de acción y objetivos prioritarios del Instituto, en orden al cumplimiento de sus fines.
b) Realizar cuantas acciones sean precisas para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los fines del Instituto Tecnológico de Aragón.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto y las cuentas anuales del Instituto para su remisión al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades.
e) Aprobar, previo conocimiento del Consejo de Gobierno, la participación del Instituto Tecnológico de Aragón en sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico, consorcios y otros entes jurídicos cuyo objeto social sea similar al del Instituto.
Artículo 7.- La Dirección.
1. Corresponden al Director las siguientes funciones:
a) Representar al Instituto Tecnológico de Aragón en juicio y fuera de él, en los términos previstos en los estatutos y reglamento de régimen interior.
b) Ejercer la dirección del personal y tramitar los gastos y pagos procedentes del Instituto.
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector.
d) Coordinar la ejecución y efectuar el seguimiento de las actividades del Instituto de conformidad con las directrices establecidas por el Consejo Rector.
e) Dar traslado, proponer e informar al Consejo Rector de las líneas de trabajo y de los resultados de la actividad del Instituto.
f) Elevar al Consejo Rector, para su análisis, la memoria anual de actividades y la propuesta de presupuestos anuales del Instituto.
g) La promoción y difusión del Instituto dentro de las líneas de actuación acordadas por el Consejo Rector.
2. El Director será nombrado por el Gobierno de Aragón a propuesta del Presidente del Instituto, entre personas de reconocida competencia en las materias relacionadas con los fines perseguidos por el Instituto, asumiendo todas las funciones ejecutivas que determine el Consejo Rector.
Artículo 8.- Recursos.
1. Los recursos del Instituto Tecnológico de Aragón estarán integrados por:
a) Las transferencias contenidas a tal fin en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Las subvenciones o aportaciones procedentes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
c) Los ingresos propios que pueda percibir por la prestación de sus servicios.
d) Los ingresos patrimoniales, ordinarios o extraordinarios que perciba como consecuencia de su participación en sociedades.
e) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
2. En caso de extinción o disolución de la entidad, los recursos y patrimonio existentes se destinarán a la realización de actividades que respondan al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 3 de esta Ley, sin perjuicio de que el destino preciso de estos bienes se establezca en la norma que regule la supresión del Instituto, de conformidad con lo establecido en la legislación aragonesa vigente.
Artículo 9.- Régimen económico-financiero.
1. El Instituto Tecnológico de Aragón elaborará anualmente el anteproyecto de presupuesto, el programa de actuación, inversiones y demás documentación complementaria del mismo, que remitirá al Departamento que ostente la competencia en materia de Economía, de conformidad con lo establecido la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará el control financiero del Instituto Tecnológico de Aragón en el plazo y forma dispuestos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La concesión de avales y las operaciones de endeudamiento del Instituto Tecnológico de Aragón deberán acomodarse, en todo caso, a los límites individuales y cuantías globales asignados para tales fines en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, comunicándolo a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón dentro del mes siguiente a su realización.
Artículo 10.- Régimen jurídico.
Corresponde al Consejero que ostente la Presidencia del Instituto resolver los recursos administrativos contra resoluciones dictadas por el Instituto en el ejercicio de sus potestades administrativas, la revisión de los actos nulos y la declaración de responsabilidad patrimonial, en su caso.
Artículo 11.- Personal.
El Instituto Tecnológico de Aragón tiene su propio personal contratado en régimen de Derecho Laboral.
Artículo 12.- Patrimonio inicial.
Constituyen patrimonio inicial del Instituto Tecnológico de Aragón, en su nueva forma jurídica, los bienes que estuvieran adscritos al mismo en su anterior etapa, al que se añadirán las dotaciones presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Programa para el cumplimiento de los objetivos.
En los Presupuestos anuales de la Administración de la Comunidad Autónoma existirá un programa en el que figuren los recursos precisos para atender al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 3 de la presente Ley.
Segunda.- Créditos ampliables y remanentes de créditos.
Se consideran ampliables los créditos del estado de dotaciones del presupuesto del Instituto Tecnológico de Aragón, en las cuantías correspondientes para reflejar las repercusiones producidas en su financiación, como consecuencia de las modificaciones positivas en los créditos de transferencia destinados al mismo.
Los remanentes de crédito del ejercicio anterior se incorporarán al del ejercicio vigente.
Tercera.- Generación de créditos.
Podrán generar crédito en el estado de dotaciones del presupuesto del Instituto los ingresos que pueda percibir por la prestación de sus servicios, los patrimoniales, así como las subvenciones o aportaciones de entidades públicas o privadas.
Cuarta.- Modificaciones presupuestarias.
El Departamento con competencia en materia de Economía de la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Aragón, efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias, dentro de los límites marcados por la legislación vigente.
Quinta.- Aplicación de créditos del programa de gastos.
Previo acuerdo del Gobierno de Aragón, se podrán aplicar al Instituto Tecnológico de Aragón créditos de los programas de gasto de los distintos Departamentos, cuando éstos se destinen a actividades propias de las funciones que tiene legalmente atribuidas. La efectividad el acuerdo exigirá la previa conformidad de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.- Cláusula derogatoria.
Quedan derogados: el Decreto 219/1992, de 21 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se modifican las áreas tecnológicas del Instituto Tecnológico de Aragón: el Decreto 5/1994, de 12 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se reestructuran y atribuyen competencias a los diversos órganos del Instituto Tecnológico de Aragón; el Decreto 178/1996, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Subcomisión de Investigación Aplicada y Tecnologías del Consejo Superior de Investigación y Desarrollo y se suprime el Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Aragón, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley.
DISPOSICION FINAL
Unica.- Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias y adoptar las oportunas medidas de ejecución y desarrollo de lo dispuesto en esta Ley. |
La Ley 1/1995, del presidente y del Gobierno de Aragón regula el estatuto y competencias del Presidente, el Gobierno de Aragón y los Consejeros, se refiere al ejercicio de la potestad normativa por parte del Gobierno (proyectos de ley, Decretos Legislativos, potestad reglamentaria), y configura una Comisión Jurídica Asesora como órgano consultivo cuyos dictámenes colaboran, con carácter preceptivo o potestativo según los casos, a la actuación del Gobierno.
Dicha Ley ha sido objeto de modificaciones posteriores: por un lado, por la Ley 11/1999, de 26 de octubre, por la que se crea la figura del Vicepresidente del Gobierno y se regula su estatuto y sus funciones; por otro, por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que introduce diversas modificaciones en el articulado de la Ley 11/995, al objeto de propiciar mejoras en la acción de gobierno, adaptar sus preceptos a problemas concretos que había puesto de manifiesto su aplicación o derivados de la necesidad de armonización con el Estatuto de Autonomía, tras su reforma.
Dada la trascendencia de estas materias en la organización del autogobierno de la Comunidad Autónoma y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, las Cortes de Aragón encomendaron al Gobierno, a través de la Disposición final primera de la Ley 11/2000, la elaboración de un Texto refundido de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre y de los preceptos correspondientes contenidos en la propia Ley 11/2000. El referido mandato es objeto de cumplimiento por el presente Decreto Legislativo antes de la finalización del plazo de un año fijado al efecto por la citada Disposición adicional primera.
La integración de los textos normativos ha supuesto, en la mayor parte de los casos, una simple labor de modificación, adición o supresión de los concretos preceptos legales afectados por las leyes posteriores, si bien se ha hecho uso de la facultad de regularización, aclaración y armonización prevista en la Disposición final primera de la Ley 11/2000, en algunos artículos concretos como los referidos al Vicepresidente y Presidente en funciones, orden de prelación de los Departamentos y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora. Se ha incluido entre las normas de funcionamiento del Gobierno la referencia a la Comisión de preparación de sus reuniones, procedente de la modificación de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, por entender esta ubicación más correcta
sistemáticamente.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 3 de julio de 2001,
DISPONGO.
Artículo único.-Se aprueba el Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, que se inserta a continuación como anexo.
DISPOSICION ADICIONAL.
Unica.-Concordancias.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, se entenderán hechas al Texto refundid o de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo en la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
DISPOSICION DEROGATORIA.
Quedan derogadas la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, modificada por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, así como la Ley 11/1999, de 26 de octubre, por la que se crea la figura del Vicepresidente del Gobierno y se regula su estatuto y sus funciones, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.-Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo del Texto refundido que se inserta como anexo.
Segunda.-Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL PRESIDENTE Y
DEL GOBIERNO DE ARAGON.
TITULO I
DEL PRESIDENTE.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Principios generales.
1. El Presidente ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. Igualmente preside el Gobierno de Aragón, a cuyos miembros dirige y coordina.
2. El Presidente tendrá tratamiento de excelencia, derecho a utilizar la Bandera de Aragón como guión y a los honores correspondientes a su cargo.
Artículo2.-De la elección y nombramiento del Presidente.
1. El Presidente es elegido por las Cortes de Aragón en la forma prevista en el Estatuto de Autonomía.
2. Una vez producida la elección, el Presidente de las Cortes de Aragón propondrá al Rey el nombramiento del candidato que resulte investido de la confianza de la cámara.
3. El Real Decreto de nombramiento se publicará en el "Boletín Oficial. de Aragón" y en el "Boletín Oficial del Estado".
4. El Presidente nombrado tomará posesión de su cargo en el plazo de diez días a partir de la publicación de su nombramiento en el "Boletín Oficial de Aragón".
Artículo 3.-Del cese del Presidente.
1. El Presidente cesa:
a) Después de la celebración de elecciones a Cortes de Aragón.
b) Por aprobación de una moción de censura.
c) Por denegación de una cuestión de confianza.
d) Por dimisión.
e) Por incapacidad física o psíquica que le imposibilite para el ejercicio de su cargo.
f) Por sentencia firme de los tribunales que le imposibilite para el ejercicio del cargo.
g) Por pérdida de la condición de Diputado a las Cortes de Aragón.
h) Por incompatibilidad no subsanada.
2. En los cuatro primeros supuestos del apartado primero, el Presidente deberá continuar en el ejercicio del cargo hasta que su sucesor haya tomado posesión. En el resto de supuestos y en el caso de fallecimiento, ejercerá provisionalmente las funciones de Presidente el Vicepresidente o, en su caso, el Consejero a quien corresponda según el orden de prelación de los Departamentos. En estos casos y en el de dimisión, el Presidente de las Cortes abrirá inmediatamente consultas con las fuerzas parlamentarias para presentar un candidato a la Presidencia.
3. El supuesto regulado en la letra e) del apartado primero de este artículo tendrá aplicación si el Gobierno de Aragón, por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus miembros al menos, propone motivadamente a las Cortes de Aragón el reconocimiento de la incapacidad del Presidente cuando sean notorias las deficiencias físicas o psíquicas que le impidan el ejercicio normal del cargo y dicha propuesta es estimada y acordada por mayoría absoluta de las Cortes de Aragón.
Artículo 4.-Del Vicepresidente y del Presidente en funciones.
1. El Presidente, mediante Decreto, podrá nombrar a uno de sus Consejeros como Vicepresidente.
2. A efectos oficiales, la denominación del Vicepresidente comenzará por la mención de este cargo seguida de la relativa a su Departamento.
El Vicepresidente precederá siempre a los Consejeros en el orden protocolario establecido.
3. Lo regulado en esta Ley en relación a las incompatibilidades y fuero procesal del Presidente se aplicará también al Vicepresidente. El Vicepresidente responderá políticamente de su gestión ante las Cortes de Aragón de la misma forma que lo previsto en esta Ley para los Consejeros.
4. El Vicepresidente, además de las funciones que pueda delegarle el Presidente, de las que pueda otorgarle el ordenamiento jurídico y de las propias de su Departamento, sustituirá al Presidente en los supuestos mencionados en el artículo 3.2 y también en los de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal. En todos esos supuestos se le considerará como Presidente en funciones.
5. En los supuestos de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal, las funciones de Vicepresidente serán ejercidas por el Consejero que designe el Presidente.
6. Cuando no exista Vicepresidente, el Presidente en funciones lo será el Consejero a quien corresponda según el orden de prelación de Departamentos o aquél a quien el Presidente designe expresamente.
7. El Vicepresidente, siempre que sustituya al Presidente, y el Presidente en funciones tendrán derecho a los mismos honores y tratamiento qué la presente Ley reconoce al Presidente.
8. En cualquier caso, el Presidente en funciones no podrá plantear la cuestión de confianza, disolver las Cortes ni ser objeto de una moción de censura.
Artículo 5.-De las incompatibilidades del Presidente.
1. El Presidente no podrá ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario en las Cortes de Aragón, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad laboral, profesional o empresarial.
2. El Presidente formulará declaración de sus bienes referida al día en que tomó posesión del cargo, así como de cualquier actividad que le produzca ingresos de cualquier clase, ante la Mesa de las Cortes de Aragón en el plazo de los dos meses siguientes a su torna de posesión.
Deberá formular nueva declaración de bienes referida al día del cese en el plazo de los dos meses siguientes a éste.
Artículo 6.-Del fuero procesal del Presidente.
1. El Presidente, durante su mandato y por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, no podrá ser detenido ni retenido sino en el supuesto de flagrante delito, y corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
2. Fuera del ámbito territorial de Aragón, la responsabilidad penal del Presidente será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
CAPITULO II. DE LA RESPONSABILIDAD POLITICA Y DE LA DISOLUCION DE LAS CORTES.
Artículo 7.-De la responsabilidad política.
1. El Presidente y su Gobierno responden políticamente ante las Cortes de Aragón.
2. La responsabilidad política del Presidente y de su Gobierno son solidarias, sin perjuicio de la posibilidad de exigencia de responsabilidad individual de cada Consejero por su gestión en la forma que determine el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 8.-De la moción de censura. Principios generales.
1. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, las Cortes de Aragón podrán exigir la responsabilidad política del Presidente y de su Gobierno mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por un quince por ciento de los Diputados en escrito dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso un candidato a la Presidencia.
3. Una vez presentada una moción de censura, podrán presentarse mociones alternativas en la forma y plazo que regule el Reglamento de las Cortes de Aragón.
4. El desarrollo del debate de una moción de censura se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
5. Sometida a votación una moción de censura, no podrá replantearse la misma hasta transcurrido un año desde la fecha de votación. Se considerará igual moción aquella que sea suscrita por los mismos signatarios o proponga igual candidato a la Presidencia.
Artículo 9.-Efectos de la aprobación de una moción de censura.
Si las Cortes de Aragón aprueban una moción de censura, cesarán el Presidente y, con él, su Gobierno. El candidato a la Presidencia se entenderá investido del cargo y el Presidente de las Cortes lo comunicará al Rey para su nombramiento.
Artículo 10.-De la cuestión de confianza.
1. El Presidente, previa deliberación de su Gobierno, podrá plantear ante las Cortes de Aragón la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
2. La tramitación parlamentaria de las cuestiones de confianza se regirá por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
3. La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente obtenga la mayoría simple de los votos emitidos.
4. El Presidente, junto con su Gobierno, cesará si las Cortes de Aragón le niegan la confianza. Deberá, entonces, procederse a la elección de un nuevo Presidente en la forma indicada por el artículo 2 de esta Ley.
Artículo 11.-De la disolución de las Cortes de Aragón.
1. El Presidente, previa deliberación de su Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad,.podrá acordar la disolución de las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la legislatura.
2. La disolución se acordará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable.
3. El Presidente no podrá acordar la disolución de las Cortes durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para su terminación ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar la disolución durante el primer período de sesiones ni antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. En ningún supuesto podrá el Presidente disolver las Cortes cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.
4. En todo caso la nueva cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la Legislatura originaria.
CAPITULO III. DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL
PRESIDENTE.
Artículo 12.-De las competencias del Presidente.
Al Presidente le corresponde:
1. Ostentar la representación de Aragón en sus relaciones con otras instituciones del Estado.
2. Dirigir y coordinar la acción del Gobierno, garantizando su eficacia.
3. Promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón y ordenar su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el "Boletín Oficial del Estado", en un plazo no superior a quince días desde su aprobación.
4. Convocar elecciones a Cortes de Aragón, señalando en la convocatoria el día de constitución de la cámara elegida.
5. Acordar, en los términos regulados por la presente Ley, la disolución de las Cortes de Aragón.
6. Plantear ante las Cortes de Aragón, previa deliberación del Gobierno de Aragón, la cuestión de confianza.
7. Facilitar a las Cortes de Aragón la información que soliciten del Gobierno de Aragón.
8. Proponer la celebración de debates generales en las Cortes de Aragón.
9. Firmar los convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
10. Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades del Estado.
11. Determinar el número y funciones de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como la estructura orgánica de la Presidencia.
12. Nombrar y separar al Vicepresidente, en su caso, y a los Consejeros.
13. Designar, cuando fuera necesario, en función de lo indicado en el artículo 4.6, último inciso, a quien deba sustituirle. Igualmente, y en función de lo indicado en el artículo 4.5, designar a quien deba sustituir al Vicepresidente en los supuestos de ausencia, enfermedad u otro impedimento de carácter temporal. En ambos casos se dará cuenta de dicha designación a las Cortes de Aragón.
14. Convocar y presidir las reuniones del Gobierno de Aragón.
15. Ordenar la ejecución de las decisiones del Gobierno de Aragón y velar por su cumplimiento.
16. Resolver los conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos.
17. Convocar y presidir las reuniones de las Comisiones Delegadas del Gobierno de Aragón.
18. Coordinar el desarrollo del programa legislativo del Gobierno de Aragón y la elaboración de las disposiciones de carácter general.
19. Firmar los Decretos del Gobierno de Aragón y ordenar su publicación.
20. Nombrar a los altos cargos de la Comunidad Autónoma que determine el ordenamiento jurídico.
21. Solicitar dictámenes del Consejo de Estado en los términos establecidos por la legislación vigente.
22. Solicitar dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en los términos establecidos por esta Ley.
23. Someter el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional al acuerdo del Gobierno.
24. Someter la interposición de recurso de inconstitucionalidad, en los supuestos determinados en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al acuerdo del Gobierno.
25. Ejercer cuantas otras funciones y competencias le atribuyan las disposiciones vigentes en atención a esta condición.
Artículo 13.-De la delegación de competencias del Presidente.
1. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente o en los Consejeros competentes por razón de la materia, la competencia de suscribir los convenios a que se refieren los apartados 9 y 10 del artículo anterior. Igualmente podrá decidir que la competencia regulada en el apartado 7 del mismo precepto sea encomendada al Consejero al que esté atribuida la relación con las Cortes de Aragón, con independencia de las comparecencias ante las Cortes que, conforme a lo previsto en su Reglamento, le correspondan.
2. El resto de competencias enumeradas en el artículo anterior de esta Ley son indelegables.
3. Las competencias de naturaleza administrativa que se encomienden al Presidente en otras normas del ordenamiento jurídico podrán ser delegables en el Vicepresidente o en los Consejeros, en los términos que se indiquen en esas mismas normas o en el ordenamiento jurídico de general aplicación a la delegación de competencias.
TITULO II.
DEL GOBIERNO DE ARAGON.
Artículo 14.-Principios Generales.
1. El Gobierno, bajo la dirección de su Presidente, establece la política general y dirige la Administración de la Comunidad Autónoma. El Gobierno ostenta la titularidad de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria.
2. El Gobierno de Aragón se compone del Presidente, del Vicepresidente, en su caso, y de los Consejeros. Cada Consejero estará al frente de un Departamento, sin perjuicio de la existencia de Consejeros sin cartera.
Artículo 15.-Los Departamentos.
1. La creación, modificación, agrupación o supresión de Departamentos será decidida libremente por el Presidente mediante Decreto de la Presidencia, sin que ello suponga un incremento o una disminución global de los créditos del estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma en vigor.
2. La facultad indicada en el apartado anterior incluye la de decidir la vinculación de los organismos públicos adscritos a los Departamentos afectados por la modificación.
3. El, orden de prelación de los Departamentos será el que figure en los Decretos de la Presidencia del Gobierno de organización de la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 16.-Competencias del Gobierno de Aragón.
Corresponde al Gobierno de Aragón:
1. Establecer las directrices dela acción de gobierno.
2. Ejercer la iniciativa legislativa en los términos indicados por el artículo 26 de esta Ley.
3. Promover cuantas iniciativas requiera la defensa del Estatuto, sin perjuicio de las competencias de las Cortes de Aragón, y proponer a éstas la reforma de aquél mediante el oportuno proyecto de ley.
4. Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos indicados por el artículo 27 de esta Ley, y ejercer las potestades que en materia de tramitación del presupuesto reconoce el mismo artículo.
5. Ejercer la delegación legislativa mediante Decretos Legislativos, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía y en la correspondiente ley reguladora.
6. Prestar o denegar la conformidad a la tramitación de las enmiendas o proposiciones de ley que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios, razonando su disconformidad.
7. Ejercer la potestad reglamentaria, en los términos indicados por los artículos 29 y siguientes de esta Ley.
8. Aprobar los reglamentos de ejecución de las leyes generales del Estado, cuando esta competencia corresponda a la Comunidad Autónoma.
9. Deliberar sobre la cuestión de confianza que el Presidente se proponga presentar ante las Cortes de Aragón.
10. Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y cuantas otras actuaciones ante el Tribunal Constitucional correspondan al Gobierno de Aragón.
11. Proponer a las Cortes de Aragón la incapacitación del Presidente, en los términos establecidos por el artículo 3 de esta Ley.
12. Solicitar que las Cortes de Aragón se reúnan en sesión extraordinaria.
13. Proveer para el cumplimiento de las resoluciones de las Cortes de Aragón.
14. Aprobar la estructura orgánica de los Departamentos del Gobierno de Aragón.
15. Nombrar y separar los cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma que el ordenamiento jurídico determine.
16. Atribuir a un Consejero el carácter de Secretario del Gobierno.
17. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución dentro del propio territorio de los tratados y convenios internacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacionales, en cuanto afecten a materias que correspondan a competencias de la Comunidad Autónoma, tal como prevenga el Estatuto de Autonomía.
18. Autorizar la suscripción de convenios de colaboración con el Estado en los términos indicados por el artículo 45 de esta Ley.
19. Aprobar los proyectos de convenio y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas con carácter previo a su conocimiento por las Cortes de Aragón.
20. Autorizar los gastos de su competencia.
21. Administrar y defender el patrimonio de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo establecido en su Ley reguladora y aceptar las atribuciones patrimoniales a título gratuito que se hagan a favor de aquélla, excepto las que se produzcan en ejecución de convenios.
22. Transigir sobre los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma conforme a la legislación vigente.
23. Supervisar la gestión de los servicios públicos y de los entes y empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma., 24. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales para la contratación general de obras y suministros.
25. Autorizar la celebración de contratos cuando su cuantía exceda de la fijada como atribución de los Consejeros, cuando sea indeterminada o cuando tengan un plazo de ejecución superior a un año y se comprometan recursos con cargo a ejercicios futuros.
26. Conceder honores y distinciones de acuerdo con el procedimiento que regule su concesión.
27. Establecer directrices de coordinación con las Diputaciones Provinciales en materia de interés general para Aragón.
28. Establecer directrices acerca de la dirección y control del funcionamiento de los servicios y medios transferidos o delegados a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos por la Comunidad Autónoma, con los requisitos exigidos por el Estatuto de Autonomía y restantes disposiciones reguladoras.
29. Ejercitar acciones judiciales y desistir de ellas cuando sea expresamente exigido por ley el acuerdo del Gobierno, exceptuados los casos de acreditada urgencia, y autorizar el allanamiento a las pretensiones deducidas en contra de la Administración de la Comunidad Autónoma.
30. Imponer las sanciones de separación del servicio al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma y las de despido disciplinario al personal laboral.
31. Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan las disposiciones vigentes.
Artículo 17.-De las Comisiones Delegadas del Gobierno de Aragón.
1. El Gobierno de Aragón podrá constituir Comisiones Delegadas, de carácter permanente o temporal, para preparar asuntos que afecten a la competencia de dos o más Departamentos y elaborar directrices, programas o actuaciones de carácter interdepartamental.
2. Las Comisiones Delegadas son órganos de trabajo de carácter interno a los que corresponden la deliberación y propuesta al Gobierno de la adopción de decisiones sobre sus materias específicas.
3. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas se acordará por el Gobierno de Aragón mediante Decreto, en el que se indicarán sus competencias y los Consejeros que se integran en ellas.
4. La presidencia de las Comisiones Delegadas corresponderá al Presidente, quien podrá delegarla en el Vicepresidente o en uno de los Consejeros que pertenezcan a ellas. La delegación deberá tener lugar siempre en el Vicepresidente cuando el Departamento que dirija forme parte de dicha Comisión.
Artículo 18.-De los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón.
1. Los Delegados Territoriales serán los representantes permanentes del Gobierno de Aragón en sus provincias respectivas. El Delegado Territorial representa al Gobierno aragonés y es el órgano de coordinación de los distintos sectores de la Administración autonómica en la respectiva provincia.
2. Los Delegados podrán ser invitados a las reuniones del Gobierno cuando se trate algún tema de especial interés para dichas provincias.
3. Los Delegados Territoriales del Gobierno se integrarán orgánicamente en el Departamento encargado de las materias de Presidencia y Relaciones Institucionales y serán nombrados mediante Decreto por el Gobierno a propuesta del Consejero del Departamento mencionado.
TITULO III
DE LOS CONSEJEROS.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 19.-Definiciones.
1 . Los Consejeros son los titulares de los distintos Departamentos.
2. No obstante, podrán existir Consejeros sin Departamento cuando el Presidente así lo decida libremente. En esos supuestos, el Decreto de nombramiento indicará el ámbito de funciones conferido al Consejero que en ningún caso supondrá la existencia de responsabilidad ejecutiva.
Artículo 20.-Nombramiento y cese.
1. Los Consejeros son nombrados y separados libremente por el Presidente mediante Decreto, que expresará, en su caso, el Departamento cuya titularidad se les asigne.
2. El cese del Presidente implica, en todo caso, el de los Consejeros.
Estos deberán, no obstante, continuar en sus puestos hasta la toma de posesión de los que le sucedan.
3. Los Consejeros cesarán también cuando el Presidente acepte su dimisión o cuando incurran en causa de incompatibilidad y no la subsanen en el plazo de quince días.
Artículo 21.-Sustitución.
En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento personal, los Consejeros serán sustituidos provisionalmente en el ejercicio de sus funciones por otro Consejero designado por el Presidente.
Artículo 22.-Estatuto personal.
1. Los Consejeros recibirán el tratamiento de excelentísimo y tendrán derecho a los honores que les correspondan por razón de su cargo.
2. Los Consejeros no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario en las Cortes de Aragón que, en su caso, posean, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
3. Los Consejeros formularán declaración de sus bienes referida al día en que tomaron posesión del cargo, así como de cualquier actividad que produzca ingresos de cualquier clase, ante la Mesa de las Cortes de Aragón en el plazo de los dos meses siguientes a su toma de posesión. Deberán formular nueva declaración de bienes referida al día del cese en el plazo de los dos meses siguientes a éste.
Artículo 23.-Del fuero procesal de los Consejeros.
1. Los Consejeros, durante su mandato y por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en el supuesto de flagrante delito, y corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
2. Fuera del territorio de Aragón, la responsabilidad penal de los Consejeros será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Artículo 24.-Responsabilidad.
Sin perjuicio de la responsabilidad política solidaria del Gobierno ante las Cortes de Aragón, los Consejeros responderán directamente de su gestión en la forma que indique el Reglamento de las Cortes de Aragón.
CAPITULO II. ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS.
Artículo 25.-Enumeración de atribuciones.
Corresponde a los Consejeros:
1. Desarrollar en el ámbito de su Departamento la política establecida por el Gobierno.
2. Representar a su Departamento.
3. Ejercer la dirección e inspección del Departamento del que son titulares, y velar por la ejecución de su presupuesto.
4. Proponer al Gobierno la aprobación de las normas que establezcan la estructura orgánica de su Departamento.
5. Proponer al Gobierno la aprobación de los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento en las materias propias de su Departamento.
6. Dictar disposiciones normativas para desarrollar las leyes o los reglamentos del Gobierno que le habiliten expresamente para ello.
7. Formular el anteproyecto de presupuesto de su Departamento.
8. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos de, su Departamento y suscitar los que tengan lugar con otros Departamentos.
9. Resolver, en última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las resoluciones y acuerdos de los organismos y autoridades del Departamento, que no tengan otro superior jerárquico.
10. Proponer al Gobierno el nombramiento y cese de aquellos cargos de su Departamento o de los entes con personalidad jurídica a él adscritos que exijan Decreto para ello.
11. Nombrar y cesar a los cargos de su Departamento o de los entes con personalidad jurídica a él adscritos cuando esos actos no estén reservados a otros órganos.
12. Autorizar los gastos propios de su Departamento no reservados al Gobierno de acuerdo con los créditos disponibles.
13. Firmar los contratos relativos a asuntos propios de su Departamento, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
14. Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal adscrito a su Departamento, salvo en los casos reservados a otros órganos de la Diputación General.
15. Ejercer cuantas otras facultades les atribuyan las disposiciones vigentes.
TITULO IV
DE LA POTESTAD NORMATIVA.
CAPITULO I. DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY.
Artículo 26.-De la iniciativa legislativa.
1. El Gobierno de Aragón, conforme a lo indicado en el artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía, tiene iniciativa legislativa, que ejercita mediante el envío de proyectos de ley a las Cortes de Aragón para su tramitación.
2. Los anteproyectos de ley se formularán por los Departamentos a quienes les competa según la materia. En el supuesto de que exista interés de varios Departamentos, el Gobierno determinará lo procedente acerca de su formulación.
3. El Gobierno aprobará los proyectos de ley y los enviará para su tramitación a las Cortes de Aragón acompañados de una exposición de motivos en la que, al menos, se justificará la necesidad de promulgación, su forma de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos que puedan seguirse de su aplicación. En su caso y cuando la ejecución de la ley conlleve efectos económicos, el proyecto deberá ir acompañado de la memoria económica correspondiente.
4. En los supuestos en los que así lo indique el ordenamiento jurídico, los anteproyectos de ley deberán ser sometidos a informe del correspondiente órgano consultivo. Dicho informe se enviará a las Cortes junto con el proyecto de ley.
5. El Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación, siempre que no hubiera recaído acuerdo final de las Cortes.
6. La tramitación parlamentaria de los proyectos de ley se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 27.-De la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1 . Conforme a lo indicado por el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, corresponde al Gobierno, con exclusividad, la elaboración anual del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá ser presentado en las Cortes de Aragón antes del inicio del último trimestre del ejercicio anterior.
2. El Gobierno facilitará a las Cortes la información necesaria para la más correcta tramitación de dicho proyecto de ley.
3. Las enmiendas que supongan minoración de ingresos, además de cumplir los requisitos reglamentarios, precisarán la conformidad de la Diputación General para su tramitación.
4. La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 28.-De los Decretos Legislativos.
1. Conforme a lo indicado por el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía, las Cortes de Aragón pueden delegar el ejercicio de la potestad legislativa en el Gobierno de Aragón. No cabrá la delegación en lo relativo a la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma ni para formar textos articulados en las materias que afecten al desarrollo básico del Estatuto.
2. La delegación supone la capacidad del Gobierno de dictar Decretos Legislativos, que tendrán rango de ley.
3. La delegación deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando tenga por objeto la formación de textos articulados y mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir textos.
4. La delegación legislativa habrá de otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado y tampoco se permitirá la subdelegación.
5. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso podrán:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
6. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
7. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
8. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno queda facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
CAPITULO II. DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA.
Sección lª. Régimen jurídico general.
Artículo 29.-Principios generales.
1. La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma. No obstante, los Consejeros podrán hacer uso de esta potestad cuando les habilite para ello una ley o un reglamento aprobado por el Gobierno.
2. La potestad organizatoria del Presidente de la Comunidad Autónoma regulada en el artículo 15 de esta Ley se ejercerá mediante la emisión de Decretos de la Presidencia suscritos exclusivamente por él.
3. Las disposiciones de carácter general o reglamentos del Gobierno adoptarán la forma de Decreto. Las de los Consejeros, de Orden.
4. Los Decretos del Gobierno serán firmados por el Presidente y por el Consejero o Consejeros competentes por razón de la materia.
Artículo 30.-Del principio de jerarquía.
1. Las disposiciones de carácter general se ordenarán jerárquicamente según el respectivo orden de los órganos de los que emanen.
2. Las disposiciones de carácter general no podrán contener preceptos opuestos a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las leyes y a aquellas otras disposiciones de carácter general de superior rango.
Tampoco podrán regular materias reservadas a otras normas de superior jerarquía.
3. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones de carácter general que infrinjan lo establecido en los anteriores apartados.
Artículo 31.-Publicación y control.
1. Las disposiciones de carácter general habrán de publicarse en el "Boletín Oficial de Aragón" para que produzcan efectos jurídicos.
Entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo que en ellas se establezca otro plazo distinto.
2. Las disposiciones de carácter general, sea cual fuere el órgano del que emanen, agotan la vía administrativa y contra ellas no procede ningún recurso administrativo, siendo susceptibles de recurso contencioso-administrativo en los términos indicados por la legislación procesal aplicable.
Sección 2ª. Del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.
Artículo 32.-De la elaboración.
1. La elaboración de los anteproyectos de disposiciones de carácter general corresponderá al Departamento a quien le esté atribuida la competencia correspondiente.
2. El proyecto de disposición general de que se trate deberá ir acompañado de una exposición de motivos y de una memoria que justifique la necesidad de la promulgación de la norma, su forma de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos que, a juicio del Departamento proponente, puedan seguirse de su aplicación. Cuando la ejecución del reglamento conlleve efectos.
económicos, la propuesta deberá ir acompañada de la memoria económica correspondiente.
3. En todo caso, los reglamentos aprobados deberán ir acompañados de una disposición derogatoria en la que expresamente se hagan constar los preceptos reglamentarios afectados o modificados por la promulgación del nuevo texto.
Artículo 33.-Información y audiencia públicas.
1. Cuando lo requiera la materia que sea objeto de la disposición general que se prepare, el proyecto correspondiente se someterá a información pública. Asimismo, el Departamento que hubiere elaborado aquélla deberá dirigirse específicamente a las asociaciones representativas de intereses colectivos relacionados con la materia a reglamentar cuando la existencia de estas asociaciones conste de manera indubitada para la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El mismo Departamento deberá dar audiencia previa a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, así como a las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales, en los proyectos de disposiciones de carácter general que les afecten y en la forma que se establezca reglamentariamente.
3. Los trámites de información y audiencia regulados en los apartados anteriores tendrán la duración que establezca el Consejero del correspondiente Departamento, si bien, como regla general, no será inferior a un mes. Se podrá reducir el plazo a quince días cuando razones debidamente justificadas así lo motiven.
TITULO V
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ACTUACION
DEL GOBIERNO DE ARAGON Y DE LOS CONSEJEROS.
CAPITULO I. DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS
CARGOS Y DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ARAGONES.
Artículo 34.-Concepto de alto cargo.
l. A los efectos de la regulación de incompatibilidades contenida en esta Ley, tendrán la consideración de altos cargos:
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) El Vicepresidente.
c) Los Consejeros.
d) Los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y los asimilados a ellos.
e) Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón.
2. El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros formularán declaración de bienes en la forma que se establece específicamente en los artículos 5 y 22 de esta Ley. Los otros altos cargos enumerados en este artículo formularán declaración de sus bienes referida al día que tomaron posesión del cargo, así como de cualquier actividad que produzca ingresos de cualquier clase, que se inscribirá en un, Registro específico que se custodiará en la Presidencia, en el plazo de los dos meses siguientes a su toma de posesión. Deberán formular nueva declaración de bienes referida al día en que cesaron en el plazo de los dos meses siguientes a su cese. Los Grupos Parlamentarios tendrán acceso a dicho Registro en la forma que indique el Reglamento de las Cortes.
Artículo 35.-Enumeración de incompatibilidades.
1. El ejercicio de uno de los altos cargos enumerados en el artículo anterior se desarrollará con dedicación exclusiva, siendo incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, honorarios o cualquier otra forma, incluidos los cargos de representación popular, así como los electivos en cámaras o entidades y los retribuidos de colegios profesionales, sin más excepciones que las previstas en esta Ley, 2. En cualquier caso no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los organismos y empresas de ellos dependientes, ni optar por percepciones correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones y asistencias que en cada caso correspondan por los puestos compatibles.
Artículo 36.-Incompatibilidades con otros puestos de la Administración y con el régimen de jubilación y derechos pasivos.
Conforme a lo indicado en el artículo anterior, los altos cargos enunciados son incompatibles:
a) Con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de las Administraciones, organismos o empresas, sean éstos dependientes del Estado, de la Comunidad Autónoma o de otras entidades públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos, así como con aquellas otras retribuidas mediante arancel o cualquier otra forma.
b) Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. Conforme a lo indicado en la legislación aplicable, la percepción de estas pensiones, en su caso, quedará en suspenso por el tiempo que desempeñen su función, y se recuperará automáticamente al cesar en la misma.
Artículo 37.-Actividades públicas compatibles.
1. Los altos cargos a los que se refiere este Capítulo podrán ejercer las actividades siguientes:
a) Desempeñar aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional o para los que sean designados por su propia condición.
b) Representar a la Administración aragonesa en los órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas con capital público. No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos organismos o empresas a no ser que medie autorización específica del Gobierno estrictamente justificada en razón del cargo.
2. En los casos previstos en el apartado anterior los interesados sólo podrán percibir, por los indicados cargos o actividades compatibles, las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan.
Artículo 38.-Régimen de incompatibilidades con actividades privadas.
1. El ejercicio de un alto cargo es incompatible con las siguientes actividades privadas:
a) El desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de empresas en que participe el sector público aragonés, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
b) La titularidad individual o compartida de conciertos de prestación continuada o esporádica de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, a favor de las Administraciones Públicas.
c) El ejercicio por sí o por persona interpuesta de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo, aunque unos y otros no realicen fines y servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
d) El ejercicio por sí, persona interpuesta o mediante sustitución de la profesión a la que, por razón de sus títulos o aptitudes, pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma no continuada.
e) Las prohibiciones a las que se refiere el punto 1, apartados a) y b), alcanzan igualmente a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes menores de edad de los altos cargos.
Artículo 39.-Administración del patrimonio personal o familiar.
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo anterior, salvo el supuesto de participación superior al diez por ciento, entre el interesado, su cónyuge, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes menores de edad, en empresas que tengan contratos o conciertos de obras, servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza, con la Administración pública aragonesa o los entes de ella dependientes.
Artículo 40.-Obligación de abstención.
Quienes desempeñen un alto cargo vendrán obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva, o persona de su familia dentro del segundo grado de parentesco.
Artículo 41.-No autorización de nóminas o libramientos.
La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no autorizará el pago de nóminas o libramientos en los que se infrinja alguno de los preceptos de este Capítulo.
CAPITULO II. DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE
ARAGON.
Artículo 42.-Reglas generales de funcionamiento.
1. En tanto en cuanto no exista otra normativa específica, se observarán las siguientes reglas de funcionamiento:
a) El Gobierno se reunirá mediante convocatoria del Presidente, a la que acompañará el orden del día.
b) Para que se constituyan válidamente las reuniones del Gobierno, se precisará la asistencia del Presidente, o de quien le sustituya, y de la mitad, al menos, de los Consejeros.
c) Los documentos que se presenten a las reuniones del Gobierno serán confidenciales hasta que éste los haga públicos, y las deliberaciones del mismo tendrán carácter secreto.
d) Los acuerdos del Gobierno se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes. El Presidente dirimirá con su voto los posibles empates.
e) Sólo podrán adoptarse acuerdos sobre los asuntos que figuren en el orden del día de la convocatoria, No obstante y por razones de urgencia, que será apreciada por el Presidente, el Gobierno podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día.
f) Los acuerdos del Gobierno constarán en las actas de las sesiones, que levantará el miembro que haga de Secretario. Sólo el Secretario podrá expedir certificaciones sobre el contenido de las actas relativas a las sesiones del Gobierno.
g) A las reuniones del Gobierno podrán ser convocados por el Presidente altos cargos, funcionarios de la Administración y expertos.
Su participación se limitará a la presencia en el asunto del orden del día sobre el que deban informar.
h) Los acuerdos del Gobierno constituyen la expresión unitaria de la voluntad del mismo, quedando obligados a su cumplimiento todos sus miembros.
2. Como órgano de preparación de las reuniones del Gobierno de Aragón, existirá una Comisión de Secretarios Generales Técnicos o de Viceconsejeros presidida por el Vicepresidente.
Artículo 43.-De la forma de expresión de los acuerdos del Gobierno de Aragón y de los Consejeros.
1. Las decisiones del Gobierno adoptarán la forma, de Decreto o de Acuerdo.
2. Adoptarán la forma de Decreto las disposiciones de carácter general que el Gobierno apruebe y cualquier otra decisión cuando así lo exija alguna disposición legal. En los restantes supuestos, las decisiones del Gobierno revestirán forma de Acuerdo.
3. Los Decretos serán firmados por el Presidente y refrendados por el Consejero o Consejeros competentes para formular la propuesta.
4. Las decisiones de los Consejeros adoptarán la forma de Orden.
CAPITULO III. DEL PRINCIPIO DE LA COOPERACION.
Artículo 44.-Principios generales.
1. El Gobierno aragonés colaborará con lealtad con el resto de las instituciones del Estado. y de las Administraciones públicas. En especial, y en aquellas de sus competencias que resulten ser compartidas según el orden constitucional y estatutario de distribución, procurará alcanzar acuerdos y convenios de colaboración o cooperación con el Estado y con otras Administraciones e instituciones para propiciar un mejor servicio a los ciudadanos y una utilización racional de los recursos.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Gobierno tendrá en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados.
3. El Gobierno respetará el ejercicio legítimo por otras Administraciones de sus propias competencias, prestando la cooperación y asistencia activas que dichas Administraciones pudieran recabarle, sin que dicha colaboración suponga en ningún caso la renuncia por parte del Gobierno a las competencias qué le son propias.
Artículo 45.-Convenios de colaboración con la Administración General del Estado.
1. Conforme a lo indicado en el artículo 16.18) de esta Ley, es competencia del Gobierno autorizar la suscripción de los convenios de colaboración con el Estado.
2. El Presidente o el Consejero en quien recaiga la delegación específica que realice el Gobierno aragonés suscribirá en nombre de Aragón los convenios de colaboración que se celebren con el Estado.
3. Cuando se trate de convenios-marco de los que puedan derivarse en su aplicación otros convenios, con carácter previo a la firma definitiva del convenio-marco, el Gobierno deberá en todo caso adoptar el acuerdo de autorización.
4. Todos los convenios de colaboración que se suscriban con el Estado deberán ser inscritos en el libro-registro específico que existirá en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
5. Lo indicado en los apartados anteriores es también aplicable a cuantas modificaciones sustanciales de los convenios celebrados pretendan llevarse a cabo. En todo caso se entenderá como modificación sustancial aquella que suponga una mayor colaboración financiera de la Comunidad Autónoma en la consecución de los fines pretendidos por el convenio.
6. De los convenios de colaboración suscritos y de sus modificaciones se dará cuenta a las Cortes de Aragón.
7. En todo caso los convenios de colaboración deberán ser objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Aragón" una vez que hayan sido válidamente suscritos.
Artículo 46.-Contenido de los convenios de colaboración con la Administración General del Estado.
1. Los convenios deberán especificar, cuando así proceda:
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica de las partes.
b) La competencia que ejerce cada Administración.
c) El modo de financiación del convenio.
d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.
e) El establecimiento, si se estima necesario, de un órgano de gestión.
f) El plazo de vigencia del convenio, incluyendo la posibilidad de su prórroga si así lo acuerdan las partes.
g) La extinción por causa distinta de la prevista en el apartado anterior, así como la forma de finalizar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
2. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.
Artículo 47.-De los convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Administraciones autónomas.
1. Conforme a lo previsto constitucionalmente, el Gobierno podrá suscribir convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
2. Dichos documentos serán suscritos por el Presidente o por el Consejero que designe el Gobierno aragonés.
3. Cuando se trate de convenios-marco de los que puedan derivarse en su aplicación otros convenios, con carácter previo a la firma definitiva del convenio-marco el Gobierno deberá en todo caso adoptar el acuerdo de aprobación.
4. Todos los convenios de gestión y acuerdos de cooperación que con otras Comunidades Autónomas se suscriban deberán ser inscritos en el libro-registro específico que existirá en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
5. Lo indicado en los apartados anteriores es también aplicable a cuantas modificaciones sustanciales de los convenios y acuerdos celebrados pretendan llevarse a cabo. En todo caso se entenderá como modificación sustancial aquella que suponga una mayor colaboración financiera de la Comunidad Autónoma en la consecución de los fines pretendidos por el convenio o acuerdo.
6. De los convenios y acuerdos y de sus modificaciones se dará traslado a las Cortes de Aragón a los efectos que en cada caso procedan.
7. En todo caso, los convenios de gestión y acuerdos de cooperación deberán ser objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", una vez que hayan sido realizados todos los trámites previstos en el ordenamiento jurídico aplicable para su plena validez.
Artículo 48.-Participación en las Conferencias Sectoriales.
1. El Gobierno deberá adoptar un acuerdo por el que se designe al Consejero que deba representarle en cada una de las Conferencias Sectoriales que se creen.
2. La sustitución de dicho Consejero en casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad física de asistencia será decidida por el Presidente.
3. Para la suscripción de un convenio de Conferencia Sectorial será requisito previo el acuerdo del Gobierno aragonés. Dicho acuerdo podrá, en su caso, otorgarse sobre el contenido del proyecto de convenio.
TITULO VI
DE LA COMISION JURIDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE
ARAGON.
CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 49.-Definición.
1. La Comisión Jurídica Asesora es el órgano colegiado que ejerce la función consultiva suprema del Gobierno de Aragón.
2. La Comisión Jurídica Asesora ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia. Orgánicamente está adscrita a la Presidencia.
3. La intervención de la Comisión Jurídica Asesora será la última que se produzca en el correspondiente procedimiento administrativo antes de que se eleve el expediente al órgano competente para su resolución.
Artículo 50.-Composición y condiciones generales para el acceso al cargo.
1. La Comisión Jurídica Asesora estará formada por ocho Consejeros y su Presidente, El Presidente y los Consejeros deberán poseer en todo momento del ejercicio de su cargo la condición política de aragoneses.
2. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora deberán ser juristas con al menos diez años de ejercicio profesional y con reconocido prestigio en el ejercicio de su profesión.
3. La condición de jurista de reconocido prestigio de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora propuestos por el Gobierno deberá ser apreciada, antes de su nombramiento, por la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.
Artículo 51.-Nombramiento.
1. El Gobierno nombrará mediante Decreto al Presidente y a los Consejeros. El nombramiento será por un plazo de tres años.
2. El Presidente y los Consejeros, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán promesa o juramento de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Artículo 52.-Cese.
1. El cese en el cargo tendrá lugar:
a) Por renuncia.
b) Por transcurso del plazo de nombramiento. Será posible en todo caso que, una vez expirado el término, se proceda a la renovación del cargo.
c) Por incompatibilidad sobrevenida y no resuelta a favor del ejercicio del cargo de la Comisión Jurídica Asesora.
d) Por condena por delito en virtud de sentencia firme.
e) Por incapacidad declarada en decisión judicial firme.
f) Por la pérdida de la condición política de aragonés.
g) Por incumplimiento grave de sus funciones apreciado por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión, previa audiencia del interesado.
2. El Presidente y los Consejeros deberán permanecer en sus puestos hasta que tomen posesión de su cargo quienes deban sustituirles.
3. El Gobierno podrá suspender del ejercicio de sus cargos a cualquier miembro de la Comisión en caso de procesamiento o hasta que se resuelva sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese y siempre a propuesta de la mayoría de sus miembros y previa audiencia del interesado.
Artículo 53.-Incompatibilidades.
1. Los cargos de Presidente y Consejeros son incompatibles con el ejercicio de la carrera judicial o fiscal.
2. En los supuestos en los que el Presidente o algún Consejero pueda tener interés directo o indirecto, o se produzcan casos de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con alguna de las personas o titulares de órganos que puedan tener interés en la resolución del asunto, el Presidente o el Consejero deberá abstenerse de participar en la emisión del dictamen y en su votación. De forma general se aplicarán a estos supuestos las reglas que sobre abstención y recusación de órganos se contienen en el ordenamiento jurídico aplicable.
3. La misma obligación de abstención deberá observarse cuando la Comisión Jurídica Asesora deba emitir dictamen en relación con asuntos o materias en las que algún miembro de la Comisión Jurídica Asesora haya intervenido como asesor o representante de parte interesada en su resolución.
Artículo 54.-Retribuciones.
El Presidente y los Consejeros no percibirán, retribuciones periódicas por el desempeño de su función. Recibirán las indemnizaciones y dietas que se establezcan reglamentariamente.
CAPITULO II. COMPETENCIAS.
Artículo 55.-Ambito de intervención.
1. La Comisión Jurídica Asesora extiende sus competencias a las funciones cumplidas por el Gobierno y la Administración aragonesa.
2. Igualmente, y conforme a lo autorizado por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comisión Jurídica Asesora informará en los asuntos de competencia de las entidades locales aragonesas que requieran dictamen de un órgano consultivo.
Artículo 56.-Competencia para la emisión de dictámenes preceptivos.
1. En el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre:
a) Los proyectos de Decretos Legislativos que se elaboren por el Gobierno en uso de una delegación legislativa.
b) Los proyectos de disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de una ley, sea ésta estatal o autonómica, o de una norma comunitaria, así como sus modificaciones.
c) Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.
d) Las transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda y el sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos.
e) La revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho y los recursos administrativos de revisión.
f) La interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos administrativos.
g) La modificación de los instrumentos de planificación urbanística regulados por la Ley, cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el Plan.
h) La alteración de términos municipales y la rectificación de límites territoriales.
i) La constitución y disolución de las entidades locales menores.
j) Cualquier otro asunto de competencia de la Comunidad Autónoma cuando lo exija el ordenamiento jurídico.
2. En relación con la actividad de los entes locales y además de lo especificado en el artículo 55.2, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen con carácter previo al planteamiento por los entes locales aragoneses ante el Tribunal Constitucional de los conflictos en defensa de la autonomía local a que hace referencia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
3. La Comisión Jurídica Asesora, en aquellas modificaciones normativas que se refieran a la regulación de su organización, competencia y funcionamiento, deberá ser consultada, correspondiendo al Pleno la emisión del correspondiente Dictamen.
Artículo 57.-Competencia para la emisión de dictámenes facultativos.
1. El Presidente y los Consejeros del Gobierno aragonés podrán solicitar a la Comisión Jurídica Asesora la emisión de dictámenes sobre:
a) Anteproyectos de ley.
b) Proyectos de disposiciones de carácter general distintos de aquellos para los que se exigen dictamen preceptivo.
c) Interposición de recursos de inconstitucionalidad o personación en otros asuntos ante el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios cuando se vean afectadas competencias de la Comunidad Autónoma.
d) Convenios de colaboración con el Estado y convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
e) Otros asuntos de interés para el Presidente y los Consejeros.
2. Igualmente la Comisión Jurídica Asesora, por su propia iniciativa, podrá someter al Gobierno aragonés cualesquiera informes o dictámenes sobre el ordenamiento jurídico del Estado o de otras Comunidades Autónomas.
Artículo 58.-Contenido de los dictámenes.
La Comisión Jurídica Asesora emitirá los dictámenes según consideraciones exclusivamente jurídicas, sin que quepan en ellos referencias a motivaciones de interés político, de oportunidad o de eficiencia económica.
Artículo 59.-Del respeto al contenido de los dictámenes.
1. El Gobierno aragonés, los órganos administrativos y las Administraciones concernidas no podrán apartarse del contenido de los dictámenes cuando el ordenamiento jurídico les otorgue carácter vinculante.
2. Cuando ello no sea así, en las disposiciones normativas o resoluciones finales de los procedimientos administrativos en donde haya existido dictamen de la Comisión Jurídica Asesora deberá hacerse mención a si se regula o se resuelve de acuerdo con o, simplemente, visto el dictamen de este órgano.
Artículo 60.-De los plazos para la emisión de dictámenes y de su publicidad.
1. Los dictámenes deberán emitirse en el plazo máximo de treinta días tras su solicitud. El plazo comenzará a contarse cuando tenga entrada en la Comisión la solicitud junto con la documentación completa del correspondiente expediente.
2. Cuando la autoridad solicitante así lo indique motivadamente, el plazo podrá reducirse por acuerdo del Presidente.
3. En determinados supuestos de complejidad jurídica y por acuerdo del Pleno del Consejo, el plazo podrá ser de hasta tres meses.
4. La Comisión Jurídica Asesora publicará anualmente los Dictámenes emitidos junto con la Memoria de la institución. Por acuerdo del Pleno, de oficio o a solicitud del Gobierno, en los asuntos en los que la Comunidad Autónoma sea parte en un proceso ante el Tribunal Constitucional, podrá diferirse la publicación del correspondiente Dictamen hasta su conclusión.
CAPITULO III. FUNCIONAMIENTO.
Artículo 61.-Del Pleno y de la Comisión Permanente.
1. La Comisión Jurídica Asesora actuará en Pleno y en Comisión Permanente.
2. Forman el Pleno el Presidente y todos los Consejeros.
3. Forman la Comisión Permanente el Presidente y cuatro Consejeros, como máximo, elegidos por mayoría de los miembros del Pleno.
Artículo 62.-De las competencias del Presidente.
El Presidente de la Comisión Jurídica Asesora:
a) La representa en sus relaciones con los órganos de la Comunidad Autónoma o de otras Administraciones públicas.
b) Convoca y preside el Pleno y la Comisión Permanente.
c) Dirime con su voto los empates que, en su caso, se produzcan en el proceso de adopción de acuerdos.
Artículo 63.-De las competencias del Pleno.
1. Corresponde al Pleno la emisión de:
a) Dictámenes que se refieran a textos de naturaleza normativa.
b) Dictámenes que se refieran a interposición de acciones ante el Tribunal Constitucional.
2. El Pleno, por acuerdo de la mayoría de sus miembros, podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto que sea competencia de la Comisión Permanente.
3. Igualmente el Pleno aprobará con carácter anual el anteproyecto de su presupuesto y una memoria de la Institución con sus actividades, que elevará al Gobierno.
Articulo 64.-De las competencias de la Comisión Permanente.
1. Corresponden a la Comisión Permanente el restó de las funciones de la Comisión Jurídica Asesora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2.
2. En supuestos de especial trascendencia o complejidad, la Comisión Permanente podrá elevar al Pleno la resolución final sobre un tema.
Artículo 65.-De la Secretaría de la Comisión Jurídica Asesora.
Existirá una Secretaría permanente de la Comisión Jurídica Asesora, a cuyo frente se encontrará un letrado de la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma designado por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de acuerdo con el Presidente de la Comisión Jurídica Asesora.
Artículo 66.-De los acuerdos y de la obligación de secreto.
1. La aprobación de dictámenes y demás acuerdos precisará para su validez de la presencia, al menos, de la mitad más uno de los miembros de la Comisión Permanente o, en su caso, del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora.
2. Los acuerdos de la Comisión Permanente y del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, decidiendo con su voto de calidad el Presidente en caso de empate.
3. En todo caso, será posible la formulación de votos particulares por quienes se pronuncien en contra de la voluntad de la mayoría en el plazo máximo de cinco días tras la adopción del correspondiente acuerdo.
4. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora y el personal a su servicio tienen obligación de guardar secreto sobre el sentido de las deliberaciones habidas en su seno y sobre el desarrollo, en general, de sus trabajos.
Artículo 67.-De los medios de funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora.
1. El Gobierno dotará a la Comisión Jurídica Asesora de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. La plantilla de personal se cubrirá con funcionarios de la Comunidad Autónoma. La provisión de puestos de trabajo se hará por concurso, excepto en lo que haga referencia a la Secretaría del Presidente, en donde el sistema será de libre designación.
Artículo 68.-Del Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora.
El Gobierno aragonés, a propuesta de la Comisión Jurídica Asesora, aprobará el Reglamento de organización y funcionamiento de la misma, establecido de acuerdo con los principios de la presente Ley, y lo publicará para general conocimiento en el "Boletín Oficial de Aragón".
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.-Residencia del Presidente.
El Presidente tendrá derecho a ocupar, en su caso, la residencia que oficialmente pueda establecerse, con las correspondientes dotaciones de medios personales y materiales.
Segunda.-Estatuto de los ex-Presidentes de la Comunidad Autónoma.
Quienes hubieran sido Presidentes de la Comunidad Autónoma gozarán de todos los derechos, honores y precedencias que se determinen reglamentariamente.
Tercera.-Régimen de precedencias.
En los actos que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, el régimen de precedencias se regulará por lo dispuesto en la normativa básica estatal complementado por las disposiciones específicas previstas en la presente Ley y en sus normas de desarrolla. |
La Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contiene una regulación comprensiva del marco organizativo de la Administración Autónoma, así como de las distintas adaptaciones de su procedimiento de actuación exigidas por las peculiaridades de su organización propia.
El contenido inicial de dicha Ley se ha visto afectado por la modificación de ciertos aspectos del procedimiento administrativo común, de carácter jurídico, operados por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como por la posibilidad de creación del cargo de Viceconsejero, previsto en la Disposición final tercera de la Ley 11/1999, de 26 de octubre. Estas modificaciones, junto con otras mejoras de tipo técnico, han sido acogidas de modo sistemático por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Disposición final primera de la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, un Decreto Legislativo que refunda las leyes citadas, incluyendo la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En cumplimiento de dicho precepto legal se ha elaborado el correspondiente Texto refundido dentro del plazo fijado al efecto.
La integración de los textos normativos ha supuesto, en la mayor parte de los casos una labor simple de modificación, adición o supresión, si bien en aspectos singulares ha debido hacerse uso de la facultad de regularización, aclaración y armonización prevista en la Disposición final primera de la Ley 11/2000. Así se ha producido, singularmente, en lo que se refiere a la reordenación de los denominados elementos organizativos básicos contenidos en el artículo 11, a la supresión en el articulado de menciones relativas a concretos Departamentos u órganos administrativos, o, finalmente, a la inclusión, por razones de correcta ubicación sistemática, en el Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, y no en el presente Texto refundido, del apartado 4 del artículo 16 introducido por la Ley 11/2000, referido a la creación de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos o Viceconsejeros.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión de 3 de julio de 2001.
DISPONGO
Artículo único.
Se aprueba el Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se inserta a continuación como anexo.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se entenderán hechas al Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo a la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se entenderán sustituidos por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto refundido.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo del Texto refundido que se inserta como anexo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto legislativo y el Texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 3 de julio de 2001.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, José Ángel Biel Rivera.
Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
TÍTULO I
De los principios generales sobre la organización y el funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley regula la organización y el funcionamiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las especialidades del procedimiento administrativo que le son aplicables.
2. Asimismo regula los principios generales de la organización y el funcionamiento de los organismos y empresas públicas que dependen de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la aplicación, en cada caso, de su legislación específica.
Artículo 2. Principio de legalidad y personalidad jurídica de la Administración.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, bajo la dirección del Gobierno de Aragón, sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, a través de sus órganos y de sus organismos públicos. En su actuación respetará los principios de buena fe y de confianza legítima y se relacionará con el conjunto de Administraciones públicas españolas con arreglo al principio de lealtad institucional.
2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan atribuida sus organismos públicos.
Artículo 3. Potestades y prerrogativas.
1. La Administración Pública aragonesa gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado y, en todo caso, de las siguientes:
a) La potestad de autoorganización.
b) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos.
c) Los poderes de ejecución forzosa, incluida la facultad de apremio.
d) La potestad expropiatoria.
e) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes públicos.
f) La potestad sancionadora.
g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como los privilegios de prelación, preferencia y aquellos otros reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda Pública del Estado y en igualdad de derechos con las demás Comunidades Autónomas.
h) La exención de toda obligación de garantía o caución ante los órganos administrativos o ante los tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.
2. Estas potestades y prerrogativas corresponderán también a los organismos públicos en la medida en la que les sean expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, les corresponderán las recogidas en los apartados b), g) y h) del apartado anterior.
Artículo 4. Principios de organización.
La Administración de la Comunidad Autónoma se organizará con arreglo a los siguientes principios:
a) División funcional y gestión territorializada.
b) Desconcentración funcional y territorial de actividades.
c) Descentralización funcional, en su caso, para el desarrollo de actividades de gestión o de ejecución.
d) Economía y adecuada asignación de los medios a los objetivos institucionales.
e) Simplicidad y claridad de la organización, procurando evitar la creación de órganos periféricos coincidentes con los de otras Administraciones Públicas.
f) Coordinación entre los diversos órganos administrativos, que asegure una adecuada ejecución de las políticas generales.
Artículo 5. Principios de funcionamiento.
La Administración de la Comunidad Autónoma ajustará su actividad a los siguientes principios:
a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
b) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.
c) Planificación, gestión por objetivos y control de los resultados.
d) Responsabilidad por la gestión pública.
e) Racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
f) Servicio efectivo y acercamiento de la Administración a los ciudadanos.
g) Transparencia y publicidad de la actuación administrativa, que garanticen la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico atribuya a los ciudadanos, con las excepciones que la ley establezca.
h) Coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos y con las otras Administraciones Públicas.
i) Colaboración mutua y lealtad institucional respecto al resto de los Poderes y de las Administraciones Públicas.
TÍTULO II
De la organización administrativa
CAPÍTULO I
De la estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
Artículo 6. Los órganos administrativos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, podrá crear los órganos administrativos que considere necesarios para el ejercicio de sus competencias.
2. Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos se crearán, modificarán y suprimirán de acuerdo con lo establecido en la ley.
3. La creación de un órgano administrativo exigirá la delimitación de sus funciones y competencias, la determinación de su dependencia orgánica y funcional y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. En ningún caso podrán crearse órganos administrativos que supongan duplicación de otros ya existentes.
Artículo 7. División funcional y gestión territorial.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se organizará de acuerdo con los principios de división funcional en Departamentos y gestión territorial mediante Delegaciones territoriales de ámbito provincial, así como otros órganos o unidades administrativas de ámbito provincial, supracomarcal, comarcal o local que se creen de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Artículo 8. Órganos superiores y órganos directivos.
1. Los Consejeros, como titulares de los Departamentos, son los órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Los Viceconsejeros o los Secretarios Generales Técnicos y los Directores Generales se configuran como órganos directivos, dependientes directamente de los Consejeros.
Artículo 9. Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón.
1. Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón tendrán categoría de Director General.
2. Su regulación se regirá por lo previsto en el artículo 21 de esta Ley y por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Artículo 10. Los Servicios y los Servicios Provinciales.
Además de los órganos a los que se refieren los artículos anteriores, existirán servicios en la organización central y servicios provinciales en la organización periférica.
Artículo 11. Los elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas y los puestos de trabajo son los elementos organizativos básicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Las unidades administrativas estarán integradas por puestos de trabajo vinculados por las funciones que tengan atribuidas y por una jefatura común.
3. Las unidades administrativas se crearán, modificarán y suprimirán a través de las relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que dispongan las normas sobre modificación de estructuras que apruebe el Gobierno de Aragón a propuesta del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
4. Los jefes de los órganos y unidades administrativas responderán de la adecuada realización de las funciones atribuidas a aquéllos. Además, los Jefes de Servicio y los Directores de los Servicios Provinciales tendrán la responsabilidad inmediata de los recursos humanos y materiales asignados a dichos órganos y deberán promover e impulsar la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y simplificación de los procedimientos aplicables a las tareas que tengan encomendadas.
Artículo 12. Contenido de las normas organizativas.
Las normas que establezcan la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma fijarán la estructura que se considere imprescindible para el adecuado ejercicio de sus competencias y deberán distribuir éstas entre los diferentes órganos, de manera que las unidades y los puestos de trabajo se adapten con flexibilidad a los objetivos que, en cada momento, les sean asignados.
Artículo 13. Organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
1. En la Administración de la Comunidad Autónoma podrán existir organismos públicos con las siguientes denominaciones:
a) Organismos autónomos.
b) Entidades de Derecho público.
2. Podrán existir empresas de la Comunidad Autónoma dependientes de la Administración o de los organismos públicos. Su creación sólo podrá estar justificada por la necesidad de cumplir de manera más eficaz y eficiente, a través de las mismas, los objetivos que el ordenamiento jurídico atribuya a la Administración aragonesa.
3. Los principios generales del régimen jurídico de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma se regulan en el Título VI de esta Ley.
CAPÍTULO II
De la organización central de la Administración de la Comunidad Autónoma
Artículo 14. Los Departamentos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en Departamentos, cada uno de los cuales comprenderá uno o varios sectores de la actividad administrativa.
2. Corresponde al Presidente del Gobierno de Aragón la creación, modificación, agrupación y supresión de Departamentos, así como la determinación del sector o sectores de la actividad administrativa a los que se extenderá la competencia de cada uno de ellos.
3. La organización en Departamentos no obstará a la existencia de órganos adscritos directamente a la Presidencia del Gobierno. Excepcionalmente, también podrán adscribirse a la misma organismos públicos.
Artículo 15. Estructura orgánica de los Departamentos.
1. Los Departamentos se estructurarán en Secretarías Generales Técnicas –cuando no se haya procedido al nombramiento del Viceconsejero tal y como indica el artículo 16–, Direcciones Generales y Servicios. Las Secretarías Generales Técnicas tendrán nivel orgánico de Dirección General.
2. La estructura orgánica de los Departamentos será aprobada mediante Decreto por el Gobierno de Aragón a iniciativa del Departamento interesado y a propuesta de los Consejeros que estén al frente de los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa y de hacienda y en los términos establecidos en el artículo 24.
3. La Dirección General, como división orgánica fundamental de los Departamentos, tiene como función la dirección técnica, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizarán en los Servicios necesarios para el cumplimiento eficaz de las funciones que les sean asignadas.
5. Los Servicios podrán estar integrados en Direcciones Generales o depender directamente de los Consejeros o, en su caso, de los Secretarios Generales Técnicos.
Artículo 16. De los Viceconsejeros.
1. Mediante Decreto del Gobierno de Aragón y a propuesta del Consejero correspondiente, podrán nombrarse Viceconsejeros en los distintos Departamentos. Dichos Viceconsejeros tendrán la consideración de Alto Cargo.
2. En particular, les corresponderá:
a) La facultad de dirección y coordinación de una o varias Direcciones Generales. En relación a las mismas, el Viceconsejero resolverá los recursos de alzada que puedan interponerse contra los actos de dichos Directores Generales. La resolución del recurso del Viceconsejero agotará la vía administrativa.
b) La representación del Departamento en ausencia o por delegación del Consejero.
c) La asistencia a las reuniones del Gobierno, cuando sea requerido al efecto, para informar de asuntos específicos del área de responsabilidad que le haya sido atribuida.
d) La asistencia a las Comisiones Delegadas del Gobierno en caso de imposibilidad de asistencia del Consejero o por delegación de éste.
3. En todo caso, el nombramiento de dicho cargo conllevará la desaparición del cargo de Secretario General Técnico del Departamento respectivo.
Artículo 17. Los Secretarios Generales Técnicos.
1. Los Secretarios Generales Técnicos tendrán las siguientes competencias:
a) Representar al Departamento por delegación del Consejero.
b) Ejercer las competencias que el Consejero les delegue.
c) Prestar asesoramiento técnico al Consejero en relación con la planificación de la actividad del Departamento.
d) Impulsar el control de eficacia del Departamento y de sus organismos públicos mediante la realización de las actividades necesarias para la comprobación del cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de actuación y la adecuada utilización de los recursos asignados.
e) Planificar las actuaciones necesarias para la racionalización y simplificación de los procedimientos y de los métodos de trabajo del Departamento, de acuerdo con las directrices y los criterios técnicos establecidos por la Inspección General de Servicios.
f) Proponer los criterios técnicos y las directrices sobre la organización del Departamento.
g) Coordinar las actuaciones del Departamento en relación con la transferencia de funciones y servicios del Estado.
h) Ejercer la jefatura de personal del Departamento.
i) Supervisar la adquisición de suministros, bienes y servicios, así como los expedientes de contratación de cualquier tipo.
j) Preparar, en coordinación con los Directores Generales, el anteproyecto de presupuesto del Departamento.
k) Gestionar el presupuesto del Departamento.
l) Coordinar, bajo la dirección del Consejero, la actuación de las Direcciones Generales del Departamento.
m) Gestionar todos los servicios comunes del Departamento, así como aquellos que se le encomienden expresamente.
n) Ejercer las demás competencias que les sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria.
2. Los Secretarios Generales Técnicos serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento.
3. Las decisiones administrativas de los Secretarios Generales Técnicos adoptarán la forma de Resolución.
Artículo 18. Los Directores Generales.
1. Los Directores Generales son los titulares de los órganos encargados de la dirección, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas del Departamento. En el ejercicio de estas competencias, los Directores Generales tendrán las siguientes facultades:
a) Dirigir, gestionar y coordinar los Servicios integrados en su Dirección General y velar por su buen funcionamiento.
b) Gestionar los recursos humanos, financieros y materiales a su cargo.
c) Proponer al Consejero los proyectos de su Dirección General para lograr los objetivos institucionales, así como dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento.
d) Elevar al Consejero las propuestas de resolución que éste deba adoptar en materias que afecten a su Dirección General.
e) Ejercer las demás facultades que le atribuyan las leyes y las disposiciones reglamentarias.
2. Los Directores Generales serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento.
3. Las decisiones administrativas de los Directores Generales adoptarán la forma de Resolución.
Artículo 19. Los Jefes de Servicio.
1. Los Jefes de Servicio serán nombrados por el Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento, entre funcionarios de carrera de nivel superior.
El sistema de provisión de las Jefaturas de Servicio será establecido por la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma.
2. Las decisiones administrativas de los Jefes de Servicio adoptarán la forma de Resolución.
Artículo 20. Los órganos de asistencia directa.
1. El Presidente y los Consejeros podrán disponer de un Gabinete para su asistencia directa. La composición y las funciones de estos gabinetes se determinarán reglamentariamente.
Asimismo, bajo la dependencia directa del Presidente, podrá existir un Gabinete de relación con los medios de comunicación.
2. Cada uno de los miembros del Gobierno podrá disponer también de una Secretaría particular.
3. Los miembros de los gabinetes y de la Secretaría particular tendrán la consideración de cargos de confianza y de asesoramiento especial, de naturaleza eventual, y su nombramiento y cese serán decididos libremente por la autoridad de quien dependan, dentro de los límites establecidos por las consignaciones presupuestarias.
4. Las retribuciones de los miembros de los gabinetes y de la Secretaría particular serán fijadas por Acuerdo del Gobierno de Aragón, dentro de los límites establecidos por los créditos presupuestarios consignados para ello en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
5. Todos los cargos de confianza cesarán automáticamente cuando cese la autoridad que los nombró.
6. No podrá existir otro personal eventual que el que se define en los dos primeros apartados de este artículo.
7. El personal de apoyo no eventual adscrito a los gabinetes y a las secretarías particulares será designado libremente por el Presidente o por los Consejeros, entre funcionarios o personal laboral de las Administraciones Públicas, con arreglo a lo que dispongan las relaciones de puestos de trabajo y de acuerdo con las consignaciones presupuestarias, atendiendo, en cualquier caso, a criterios contrastados de eficacia y austeridad.
CAPÍTULO III
De la organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma
Artículo 21. Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón.
1. De conformidad con lo previsto en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, los Delegados Territoriales, como representantes del Gobierno en la respectiva provincia, ejercerán las funciones de dirección, impulso, coordinación y supervisión de los servicios y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma en su ámbito territorial.
2. Corresponderá a los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón:
a) Dirigir y supervisar, de acuerdo con las directrices que reciban, la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y elevar, en su caso, al Gobierno de Aragón y a los Departamentos cuantos informes y propuestas consideren procedentes.
b) Coordinar la actividad de los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y de sus organismos públicos.
c) Velar por la aplicación en la provincia de las disposiciones de carácter general de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Proponer las medidas que consideren necesarias para simplificar la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia y para racionalizar la utilización y distribución de los recursos humanos de los Servicios Provinciales y de los recursos materiales de que aquéllos dispongan, en particular de los edificios administrativos.
e) Proponer las medidas que consideren necesarias para la adecuación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia a la estructura comarcal que se vaya creando. A estos efectos, dirigirán los correspondientes informes al Departamento encargado de la organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma.
f) Ejercer la potestad sancionadora que les atribuya el ordenamiento jurídico.
g) Velar por el cumplimiento en la provincia de los principios de colaboración, cooperación, coordinación, lealtad institucional y confianza legítima que deben presidir las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con las restantes Administraciones públicas.
h) Emitir informe previo a las propuestas de nombramientos de los Directores de los Servicios Provinciales y de los Jefes de las Oficinas Delegadas en las respectivas provincias.
i) Cualesquiera otras competencias que les sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.
3. Los Delegados Territoriales del Gobierno se integrarán orgánicamente en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y serán nombrados mediante Decreto por el Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento mencionado.
4. Las estructuras orgánicas del Departamento competente recogerán la dotación de suficientes medios personales y materiales a los Delegados Territoriales para el cumplimiento de su función.
Artículo 22. Organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. La organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma se establecerá mediante Decreto del Gobierno de Aragón, de conformidad, en su caso, con lo previsto en la Ley de comarcalización de Aragón.
2. Esta organización se adaptará a los objetivos y a las necesidades de cada Departamento u organismo público.
3. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, podrá crear oficinas delegadas de carácter interdepartamental, que comprenderán una o varias delimitaciones comarcales, según las características geográficas, demográficas o sociales de las mismas.
Artículo 23. Los Servicios Provinciales.
1. Los órganos administrativos provinciales de mayor rango de cada Departamento recibirán el nombre de Servicios Provinciales, y al frente de cada uno de ellos habrá un Director del Servicio Provincial.
2. Los Servicios Provinciales serán creados y modificados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a iniciativa de los Consejeros interesados, y a propuesta del Consejero titular de las competencias en materia de organización administrativa y, en su caso, del Consejero titular de las competencias en materia de hacienda, en los términos establecidos en el artículo 24.
3. Los Directores de Servicio Provincial serán nombrados por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del Departamento al que el Servicio Provincial esté adscrito, entre funcionarios de carrera de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Las decisiones administrativas de los Directores de los Servicios Provinciales adoptarán la forma de Resolución.
CAPÍTULO IV
De las competencias en materia de organización
Artículo 24. Competencias generales.
1. Los Consejeros que estén al frente de los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa, hacienda y función pública podrán proponer o dictar, en su caso y dentro de su respectivo ámbito de responsabilidad, normas y directrices sobre organización administrativa, procedimiento, inspección de servicios y régimen jurídico y retributivo de la función pública, que serán de aplicación general a todos los Departamentos.
Asimismo, el Departamento competente en materia de organización administrativa podrá proponer a los demás Departamentos la modificación de sus estructuras organizativas cuando así se establezca en los planes de modernización o racionalización de carácter general que hayan sido aprobados por el Gobierno de Aragón.
2. El Gobierno de Aragón aprobará directrices a las que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos, y que se tendrán en cuenta al confeccionar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3. Las propuestas sobre modificación de estructuras de los diversos Departamentos deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente y tendrán que ir acompañadas de un estudio comparativo de su coste económico. Estas propuestas serán remitidas al Departamento competente en materia de organización administrativa, cuyos órganos competentes emitirán un informe dentro de los ocho días siguientes. Si el referido informe no se emitiese en dicho plazo se entenderá que es favorable.
4. En el caso de que de las propuestas de modificación de estructuras se derive un incremento del gasto, el informe a que se refiere el apartado anterior deberá emitirse conjuntamente por los Consejeros competentes en las materias de organización administrativa y de hacienda.
CAPÍTULO V
Del régimen jurídico de los órganos colegiados
Artículo 25. Legislación aplicable.
Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirán por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en este Capítulo, por sus normas o convenios de creación y por sus reglamentos de régimen interior.
Artículo 26. Presidente de los órganos colegiados.
1. En todo órgano colegiado existirá un Presidente al que le corresponderá:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda o, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
Artículo 27. Miembros de los órganos colegiados.
1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
No podrán abstenerse en las votaciones quienes, por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
Artículo 28. Secretario de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario, que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración pública correspondiente.
2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano o, en su defecto, por acuerdo del mismo.
3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si la Secretaría recae en un funcionario que no sea miembro del órgano, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
Artículo 29. Normas generales de funcionamiento de los órganos colegiados.
1. Para la válida constitución del órgano a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesario para constituir válidamente el órgano.
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.
6. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
7. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
8. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
9. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
10. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante, remitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 30. Delegación de competencias.
1. Los órganos colegiados podrán delegar en otros órganos el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas cuando así lo dispongan sus normas constitutivas.
2. El régimen jurídico de esta delegación deberá respetar los principios de carácter formal establecidos en los artículos 34 y 35 de esta Ley y en la legislación básica estatal.
Artículo 31. Normas de funcionamiento de determinados órganos colegiados.
El régimen jurídico de los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma en los que participen representantes de distintos Departamentos, de otras Administraciones Públicas y de intereses sociales será el establecido en las normas a las que se hace referencia en el artículo 25. En todo caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El Presidente del órgano dirimirá con su voto los empates cuando así lo establezcan las normas específicas del órgano.
b) La sustitución del Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o vacante deberá estar regulada en las normas específicas del órgano. En ausencia de regulación, será válido el acuerdo que, al efecto, adopte el pleno del órgano colegiado.
c) Las entidades representativas de intereses sociales que participen en la composición de un órgano colegiado podrán sustituir a sus representantes titulares en todo momento mediante la acreditación ante la secretaría del órgano del nombre del sustituto. En todo caso, deberá respetarse la regulación que establezca su normativa específica.
d) El Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, con independencia del número de miembros presentes, cuando lo estén los representantes de los intereses sociales y de las Administraciones a quienes se haya atribuido expresamente la condición de portavoces. Aunque varias organizaciones representen los mismos intereses sociales, cada una de ellas podrá designar su respectivo portavoz.
e) Cuando el órgano colegiado deba adoptar decisiones, los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma que se encuentren presentes no podrán abstenerse.
TÍTULO III
Del ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 32. Irrenunciabilidad de la competencia.
La competencia conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable y será ejercida por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo en los supuestos regulados en los siguientes capítulos de este Título.
Artículo 33. Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
1. Los órganos superiores y directivos impulsarán y dirigirán la actividad administrativa mediante la emanación de instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
2. Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que se considere conveniente su conocimiento por los ciudadanos o por el resto de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, el titular del Departamento podrá ordenar la publicación de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio en el «Boletín Oficial de Aragón».
CAPÍTULO II
De la delegación de competencias
Artículo 34. Ámbito de la delegación.
1. Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos aun cuando éstos no sean jerárquicamente dependientes de los delegantes. Igualmente, podrán delegarse competencias en los organismos públicos dependientes de los diversos Departamentos de la Administración.
2. Las competencias de naturaleza administrativa atribuidas al Presidente serán delegables en los Consejeros en los términos establecidos en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
3. Las competencias de los Consejeros serán delegables, salvo las relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a las relaciones con órganos constitucionales o estatutarios.
b) Los actos que supongan propuestas de resolución que deban ser sometidas a la aprobación del Gobierno de Aragón.
c) La adopción de disposiciones de carácter general.
d) La revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad de los actos anulables.
e) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.
f) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos recurridos.
g) Las materias en que así se determine por una norma con rango de ley.
4. Las competencias de los Secretarios Generales Técnicos, de los Directores Generales, de los Jefes de Servicio y de los Jefes de Servicio Provincial serán delegables previa autorización expresa del titular del Departamento.
5. La delegación de competencias de los Delegados Territoriales del Gobierno precisará autorización del titular del Departamento del que dependan dichos Delegados.
Artículo 35. Régimen jurídico de la delegación.
1. La delegación de competencias y su revocación, que podrá producirse en cualquier momento, deberán publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. Salvo autorización legal expresa, en ningún caso podrán delegarse las competencias que se posean, a su vez, por delegación. Tampoco podrá delegarse la competencia para resolver un expediente cuando se haya emitido con anterioridad un dictamen preceptivo por el órgano consultivo correspondiente.
3. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán, a todos los efectos, dictadas por el órgano delegante.
4. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum.
Artículo 36. Delegación de competencias en corporaciones de Derecho público.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar competencias en las corporaciones de Derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.
2. La delegación a la que se refiere el apartado anterior podrá realizarse mediante convenio específico, que deberá ser autorizado por el Gobierno de Aragón.
3. La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las competencias por la corporación delegada y hará mención especial de las formas de dirección del ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración autonómica.
4. Las resoluciones que dicte la corporación en uso de la delegación acordada no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante el Consejero al que corresponda por razón de la materia.
CAPÍTULO III
De otras formas de ejercicio de las competencias
Artículo 37. Avocación.
1. Los Consejeros podrán, en cualquier momento, avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes.
2. Los demás órganos del Departamento necesitarán la autorización expresa del Consejero para realizar la actividad a la que se refiere el apartado anterior.
Artículo 38. Encomienda de gestión.
1. La encomienda de gestión a un órgano perteneciente al mismo Departamento que el órgano encomendante, o a un organismo público dependiente del mismo, precisará de la autorización del Consejero correspondiente.
2. La encomienda de gestión a un órgano administrativo de distinto Departamento de aquél al que pertenezca el órgano encomendante, o la efectuada en favor de un organismo público dependiente de otro Departamento de la Administración autonómica, precisará de la previa autorización del Gobierno de Aragón.
3. La encomienda de gestión a un órgano o un organismo público de otra Administración Pública y la efectuada por un órgano o un organismo de otra Administración Pública en favor de un órgano o un organismo de la Administración de la Comunidad Autónoma se formalizará mediante la firma de un convenio que, en todo caso, deberá ser autorizado por acuerdo del Gobierno de Aragón, una vez comprobada la existencia de créditos presupuestarios suficientes.
4. El Decreto o la Orden mediante los que se autorice la encomienda de gestión o el convenio en el que ésta se formalice, según los casos, contendrá el régimen jurídico de la encomienda, con mención expresa de la actividad o actividades a las que afecte, plazo de vigencia, naturaleza y alcance de la gestión encomendada y obligaciones que asuman el órgano o la entidad encomendados y, en su caso, la Administración autonómica.
5. Los convenios deberán ser remitidos al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de diez días, para su incorporación al Registro de Convenios, cuyo contenido y funcionamiento se determinará reglamentariamente. Su eficacia quedará condicionada a la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 39. Delegación de firma.
1. Los Consejeros podrán, en las materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos administrativos que se encuentren bajo su dependencia.
2. Los titulares de los restantes órganos podrán delegar su firma en los órganos o unidades administrativas que dependan de ellos, con la autorización de su superior jerárquico.
3. La delegación de firma no exigirá su publicación.
Artículo 40. Suplencia.
1. Los Consejeros serán sustituidos provisionalmente en el ejercicio de sus funciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, por otro Consejero, que será designado por el Presidente.
2. El titular del Departamento será quien, en las mismas circunstancias a las que se refiere el apartado anterior, designará a quien deba sustituir al Secretario General Técnico, en su caso, y a los Directores Generales.
3. La designación para la sustitución de los Jefes de Servicio competerá a su superior jerárquico directo.
CAPÍTULO IV
De los conflictos de atribuciones
Artículo 41. Órganos encargados de resolverlos.
1. Los conflictos de atribuciones que se susciten entre los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma serán resueltos por el Presidente.
2. Los conflictos de atribuciones que se planteen entre órganos de un Departamento que no estén relacionados jerárquicamente serán resueltos por el titular del mismo.
Artículo 42. Procedimiento.
1. El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o negativa sobre el conocimiento y la resolución de un determinado asunto que manifiesten los órganos concernidos, de oficio o a instancia de los interesados en el procedimiento.
2. Tras la fijación de su posición por los órganos que entren en conflicto, el que estuviere conociendo del asunto suspenderá su tramitación y elevará las actuaciones al órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, sea competente para resolver. De todo ello se dará traslado a los interesados en el procedimiento.
3. El conflicto se resolverá dentro del plazo máximo de quince días, contados desde aquél en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver.
4. En caso de silencio, se entenderá que la competencia corresponde al órgano que estuviere conociendo del asunto originariamente, aunque hubiera declinado su competencia. En este supuesto, los interesados podrán reclamar que prosigan las actuaciones, sin perjuicio de la reserva de recursos y acciones para cuando procediere su ejercicio.
TÍTULO IV
De la actuación administrativa
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 43. Principios de colaboración, auxilio y mutua información.
1. La actuación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma se fundamentará en los principios de colaboración, auxilio y mutua información.
2. Los órganos administrativos estarán obligados a facilitarse recíprocamente la información precisa para el adecuado desarrollo de sus competencias. Los titulares de estos órganos serán responsables del cumplimiento de este deber.
Artículo 44. El principio de coordinación en la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Los Departamentos y los organismos públicos de la Comunidad Autónoma coordinarán sus actividades para una mejor consecución de los objetivos del Gobierno de Aragón.
2. Cada órgano deberá ponderar, en el ejercicio de sus competencias, no sólo sus fines propios, sino también los de la Administración de la Comunidad Autónoma en su conjunto, sin impedir o dificultar a los otros el ejercicio de las competencias que tengan encomendadas.
3. Los Consejeros tendrán, en todo caso, el deber de impulsar e instrumentar el cumplimiento del principio de coordinación en el ámbito de sus competencias.
4. La coordinación administrativa se podrá instrumentar a través de la elaboración de planes y programas departamentales o interdepartamentales, la creación de órganos de esta índole o la emisión de directrices y criterios técnicos de actuación.
5. En los planes y programas de coordinación se fijarán los objetivos comunes a los que habrán de ajustarse los centros directivos afectados, en el seno de uno o de varios Departamentos y respecto a uno o a varios sectores de la gestión administrativa.
CAPÍTULO II
De la programación de la gestión administrativa, de la racionalización de procedimientos y de los medios informáticos y telemáticos
Artículo 45. Programación de la gestión administrativa.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma establecerá programas anuales y plurianuales en los que se definirán objetivos concretos de gestión, las actividades y los medios necesarios para llevarlos a cabo, así como el tiempo estimado para su consecución. Estos programas se basarán en los objetivos políticos y en los plazos fijados por el Gobierno de Aragón y determinarán los responsables de su ejecución.
2. La actuación inversora de la Administración de la Comunidad Autónoma será objeto de una programación interdepartamental específica, de carácter anual o, en su caso, plurianual, con el fin de conseguir que dicha inversión sea coordinada y eficiente, y evitar la dispersión de esfuerzos.
3. El grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los programas a los que se refieren los apartados anteriores será evaluado periódicamente por los Departamentos y, en su caso, por los órganos con competencia específica para ello en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 46. Racionalización de los procedimientos.
1. Los Departamentos y los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma serán responsables de racionalizar y simplificar sus procedimientos y actividades de gestión, bien a iniciativa propia, bien a propuesta del Departamento competente en materia de organización administrativa.
2. Asimismo, cada Departamento elaborará anualmente una guía actualizada sobre su organización y competencias y sobre las de sus organismos públicos.
3. Los Departamentos elaborarán, en colaboración con el Departamento competente en materia de organización administrativa, manuales de procedimiento por áreas materiales de actividad.
Artículo 47. De los medios informáticos y telemáticos.
1. La introducción de medios informáticos y telemáticos en la gestión administrativa estará presidida por los principios de eficiencia y proporcionalidad de las inversiones realizadas.
2. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma existirá un órgano de carácter interdepartamental para coordinar las adquisiciones y el uso de los bienes informáticos y telemáticos, que estará adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
CAPÍTULO III
De las auditorías administrativas
Artículo 48. El control de eficacia y de eficiencia.
1. Los órganos administrativos y los organismos públicos se someterán periódicamente a controles, auditorías o inspecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les hayan sido asignados, así como su eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
2. Los controles, las auditorías o las inspecciones se realizarán por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma con competencia específica para ello.
3. El control al que se refiere el apartado anterior se realizará con arreglo a los criterios que dicte el Consejero competente en la materia de organización administrativa cuando se trate de evaluar la eficacia.
4. Cuando se pretenda evaluar la eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos, los criterios serán dictados conjuntamente por los Consejeros competentes en las materias de organización administrativa y hacienda.
CAPÍTULO IV
De los derechos de los ciudadanos frente a la actuación administrativa
Artículo 49. Realización efectiva del principio de publicidad.
1. La actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma se realizará con el máximo respeto al principio de publicidad, con objeto de garantizar la efectividad de los derechos que la legislación atribuye a los ciudadanos.
2. Corresponde a los Directores Generales, en su ámbito de competencias, apreciar la necesidad de que determinados documentos, por afectar a la intimidad de las personas, deban tener un conocimiento y una difusión restringidos de acuerdo con las exigencias de cada procedimiento.
Artículo 50. Información a los ciudadanos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de esta Ley, deberá organizar un sistema de información a los ciudadanos sobre sus competencias, funciones y organización, que garantice el conocimiento efectivo de los procedimientos administrativos, de los servicios y de las prestaciones en el ámbito de la misma. Dicho sistema será coordinado por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
2. El sistema de información deberá adecuarse a la estructura territorial de la Administración y procurará el máximo acercamiento a los ciudadanos.
Artículo 51. Errores en la presentación de escritos ante la Administración.
Los órganos administrativos que por error reciban instancias, peticiones o solicitudes de los ciudadanos darán traslado inmediato de las mismas al órgano que resulte competente para conocer de dichos documentos y lo comunicarán al interesado.
Artículo 52. Derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración.
1. Los responsables de los archivos de los órganos administrativos llevarán a cabo una correcta ordenación de los mismos que garantice la realización efectiva del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, reconocido en el ordenamiento jurídico.
2. El derecho de acceso a los archivos y registros tendrá efectividad únicamente en relación con los procedimientos administrativos que se encuentren terminados en la fecha en la que se solicita el ejercicio de este derecho.
3. Se entenderá por procedimiento administrativo terminado aquél en el que se haya producido una resolución definitiva en vía administrativa.
4. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo sólo podrá ser negado por las causas que establece la legislación básica estatal. La resolución deberá ser adoptada por los responsables del archivo o del registro dentro del plazo máximo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
TÍTULO V
Del régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPÍTULO I
Del régimen jurídico de los actos administrativos
Artículo 53. Producción de los actos administrativos.
1. Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando procedan de un órgano que tenga rango jerárquico superior a aquel que dictó la norma general.
Artículo 54. Actos que ponen fin a la vía administrativa.
1. Ponen fin a la vía administrativa los actos y las resoluciones siguientes:
a) Los del Presidente, del Gobierno, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de los Consejeros.
b) Las de otros órganos, organismos y autoridades cuando una norma de rango legal o reglamentario así lo establezca.
c) Los actos resolutorios de un recurso de alzada, cualquiera que sea el órgano que los resuelva.
d) Las resoluciones de los procedimientos de reclamación o impugnación a los que se refiere el Capítulo IV de este Título.
e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
2. Los actos y las resoluciones de los Consejeros serán susceptibles de recurso de alzada ante el Gobierno cuando una ley así lo establezca expresamente.
3. Los actos de los órganos directivos de los organismos públicos no agotarán la vía administrativa, salvo que una ley establezca lo contrario.
CAPÍTULO II
De la revisión de los actos administrativos
Artículo 55. Revisión de oficio.
La revisión de oficio de los actos declarativos de derechos se realizará conforme a las siguientes normas:
a) Cuando se trate de actos nulos, la revisión se realizará mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón. Será necesario el previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora.
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
b) La revisión de los actos anulables exigirá la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa tras la declaración de lesividad mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón.
Artículo 56. Revocación de actos administrativos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, desfavorables o de gravamen, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. Dicha revocación se realizará mediante resolución del órgano competente del que emane el acto o, en su caso, mediante Orden del titular del Departamento.
Artículo 57. Errores materiales o aritméticos.
Los órganos competentes para instruir o decidir en los procedimientos administrativos podrán, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que se hayan producido. Cuando la rectificación afecte a los interesados, deberá notificárseles expresamente.
CAPÍTULO III
Recursos administrativos y reclamaciones administrativas previas
Artículo 58. Recursos de alzada y de reposición.
1. Los actos y resoluciones que no agoten la vía administrativa serán susceptibles de recurso de alzada.
2. Los actos y resoluciones de los órganos rectores de los organismos públicos dependientes de la Administración autonómica podrán ser objeto de recurso de alzada ante el titular del Departamento al que estén adscritos cuando los actos no agoten la vía administrativa.
3. Cabrá la interposición potestativa del recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la desestimación de un recurso de alzada.
Artículo 59. Recurso de revisión.
1. Los actos y las resoluciones que agoten la vía administrativa y aquéllos contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo serán susceptibles de ser impugnados mediante el recurso extraordinario de revisión, cuando se den las circunstancias que establece la legislación básica estatal.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano administrativo que dictó el acto o la resolución recurridos, que también será el competente para resolverlo.
Artículo 60. Reclamaciones administrativas previas.
1. La reclamación administrativa previa a la vía judicial civil se dirigirá al Consejero competente por razón de la materia.
2. La reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral se dirigirá al jefe administrativo o director del establecimiento u organismo en el que el trabajador preste sus servicios.
Artículo 61. Reclamaciones económico-administrativas.
Las reclamaciones económico-administrativas en tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por su legislación específica.
CAPÍTULO IV
De la sustitución de los recursos administrativos
Artículo 62. Criterios generales.
1. De acuerdo con las previsiones de la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el recurso de alzada podrá ser sustituido por reclamación o impugnación ante una Comisión no sometida a instrucciones jerárquicas. Esta sustitución deberá establecerse, en todo caso, mediante ley.
En las mismas condiciones, las leyes podrán determinar la sustitución del recurso de reposición por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.
2. Las comisiones a las que se refiere el apartado anterior, una vez conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, emitirán la resolución que en Derecho proceda.
3. El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones se regulará mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y deberá respetar los principios, las garantías y los plazos que la legislación básica reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
4. En todo caso, la reclamación deberá presentarse dentro del mismo plazo establecido para la interposición de los correspondientes recursos administrativos, y a ella se acompañarán los documentos requeridos por el ordenamiento para dicha interposición.
5. El régimen jurídico y los efectos de la ausencia de respuesta a la reclamación presentada serán los que la legislación básica establece en relación con el correspondiente recurso administrativo.
Artículo 63. Notificaciones específicas.
En las notificaciones de los actos administrativos emitidos en los procedimientos en los que los recursos administrativos hayan sido sustituidos por la reclamación o impugnación a la que se refiere este Capítulo, deberá hacerse mención expresa de esta sustitución.
Artículo 64. Composición de las comisiones.
1. Las comisiones a las que se refiere este Capítulo estarán compuestas por un Presidente, dos vocales y un Secretario, que actuará con voz y sin voto.
2. El titular del Departamento del que emane el acto o la resolución objeto de la reclamación o impugnación designará al Presidente y a los vocales, así como a sus suplentes, de acuerdo con lo que disponga la Ley que establezca la sustitución de los recursos administrativos. Dicha Ley deberá garantizar, en todo caso, la adecuada titulación y competencia de los miembros de la Comisión y de sus suplentes.
3. El mandato del Presidente, de los dos vocales y de sus suplentes será de dos años, y sólo podrán ser removidos del cargo por su propia voluntad o por notorio incumplimiento de sus obligaciones.
4. El Secretario será un funcionario de carrera de nivel superior, designado por el titular del Departamento del que emane el acto o la resolución objeto de la reclamación o impugnación.
5. Los miembros de la comisión estarán sometidos al régimen de abstención y recusación establecido en la legislación básica estatal.
CAPÍTULO V
De la responsabilidad administrativa
Artículo 65. Principios generales.
1. La responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Aragón por los daños ocasionados a los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones de desarrollo que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El procedimiento se podrá iniciar a instancia de parte o de oficio. La resolución competerá, en todo caso, al Consejero correspondiente salvo que una ley atribuya la competencia al Gobierno previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
TÍTULO VI
De los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma
CAPÍTULO I
De los organismos públicos
Artículo 66. Definición.
Son organismos públicos las entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia, creadas conforme a las prescripciones de esta Ley, para cumplir cualquiera de los fines de interés público que el ordenamiento constitucional o estatutario establece como principios rectores de la política social y económica.
Artículo 67. Clasificación y adscripción.
1. Los organismos públicos se clasifican en:
a) Organismos autónomos.
b) Entidades de Derecho público.
2. Los organismos públicos estarán adscritos a un Departamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.3 de esta Ley.
Artículo 68. Creación.
Los organismos públicos se crearán por ley, que establecerá, al menos:
a) Los fines generales de la entidad.
b) El Departamento al que se adscriba.
c) Las funciones y competencias de la entidad y su distribución entre los órganos de dirección.
d) La determinación de los órganos de dirección, ya sean unipersonales o colegiados, y de la forma de designación de sus miembros, con indicación, en su caso, de aquéllos cuyos actos y resoluciones agoten la vía administrativa.
e) El régimen patrimonial, presupuestario, económico-financiero, contable y de control, de acuerdo con lo establecido en las Leyes de Patrimonio y Hacienda de la Comunidad Autónoma.
f) La dotación económica inicial y los recursos económicos y financieros de los que podrá disponer para su financiación.
g) Las potestades administrativas que pueda ejercitar la entidad.
h) La posibilidad de que la entidad pueda crear sociedades mercantiles o participar en las ya creadas, cuando sea imprescindible para la consecución de los fines que le hayan sido asignados.
Artículo 69. Plan inicial de actuación.
1. Al anteproyecto de ley de creación de un organismo público se acompañará un plan inicial de actuación, informado favorablemente por los Consejeros competentes en materia de organización administrativa y de hacienda.
2. El plan deberá contener, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Los objetivos a alcanzar por el organismo público y, en el caso de que las funciones que se le pretendan encomendar sean ejercidas en ese momento por la Administración de la Comunidad Autónoma, la mejora que pueda implicar la creación del mismo en cuanto a la consecución de dichos objetivos.
b) Los recursos humanos, financieros y materiales que se consideren necesarios para el funcionamiento del organismo y, en su caso, las innovaciones que en aquellas materias pueda introducir dicho organismo respecto de la situación anterior.
Artículo 70. Régimen jurídico.
1. Los organismos públicos se regirán por su norma de creación, que deberá ajustarse a los principios contenidos en la presente Ley.
2. Los organismos públicos tendrán la plena consideración de Administración Pública.
3. Su régimen económico y presupuestario estará sometido a la legislación sobre Hacienda y Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
4. Cuando ejerzan potestades administrativas, sus actos y resoluciones se someterán al Derecho Administrativo y, salvo que su norma de creación establezca otra cosa, no agotarán la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante el titular del Departamento al que estén adscritos. En el caso de que agoten la vía administrativa, los actos podrán ser objeto del recurso potestativo de reposición.
5. Cuando los organismos públicos actúen sometidos al Derecho Administrativo, la revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los anulables y la revocación de los desfavorables y de los de gravamen se realizarán por Orden del titular del Departamento al que estén adscritos.
6. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá, en todo caso, al titular del Departamento al que el organismo público esté adscrito.
7. Las obligaciones que contraigan los organismos públicos no podrán ser exigidas por vía de apremio.
8. Los bienes que puedan serles adscritos conservarán, en todo caso, su calificación jurídica originaria y no podrán ser incorporados a su patrimonio ni enajenados o permutados directamente por el organismo público, salvo que su objeto específico estuviera relacionado con el tráfico de bienes.
9. Anualmente deberán elevar al Gobierno un informe en el que den cuenta de la gestión realizada, mediante la presentación de un programa de actuaciones e inversiones futuras, así como las distintas cuentas.
Artículo 71. Extinción.
1. Los organismos públicos se extinguirán mediante ley.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los organismos públicos podrán extinguirse mediante Decreto del Gobierno de Aragón aprobado a propuesta conjunta de los Consejeros que estén al frente de los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa y de economía y hacienda, y a iniciativa del titular del Departamento al que el organismo público esté adscrito, en los siguientes casos:
a) Por el transcurso del tiempo de existencia del organismo público que se hubiera establecido en los estatutos.
b) Cuando se estimen cumplidos todos los fines que motivaron su creación.
c) Cuando los fines y los objetivos del organismo público sean asumidos por los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. La norma por la que se suprima un organismo público establecerá el destino de los bienes de los que fuera titular, así como la forma de cumplimiento de cuantas obligaciones puedan quedar pendientes en el momento de su extinción.
CAPÍTULO II
De los organismos autónomos
Artículo 72. Definición.
Son organismos autónomos los organismos públicos a los que se encomienda, en régimen de descentralización funcional, la organización y gestión de un servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el desarrollo de actividades económicas o la administración de determinados bienes de la Comunidad Autónoma.
Artículo 73. Estatutos.
1. Los estatutos de los organismos autónomos deberán regular, al menos:
a) Las funciones y competencias del organismo y su distribución entre los órganos de dirección del mismo.
b) La estructura organizativa del organismo.
c) El patrimonio que se le asigne para el cumplimiento de sus fines.
d) El régimen presupuestario, económico-financiero y de control, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. Los estatutos de los organismos autónomos se aprobarán mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a iniciativa del titular del Departamento al que se adscriban y a propuesta conjunta de los Consejeros que estén al frente de los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa y de hacienda.
3. Los estatutos deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 74. Régimen de personal.
1. Los organismos autónomos no tendrán Función Pública propia.
2. La Comunidad Autónoma les adscribirá el personal necesario para la provisión de los puestos de trabajo del organismo.
3. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en relación con la gestión de los recursos humanos del organismo, las facultades que la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma atribuya a los Consejeros. Sin perjuicio de ello, los estatutos podrán establecer la desconcentración de competencias en esta materia en órganos de rango inferior.
Artículo 75. Régimen patrimonial.
1. Los organismos autónomos, además de su patrimonio propio, podrán tener adscritos bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
2. En relación con su patrimonio propio, los organismos autónomos podrán adquirir a título oneroso o gratuito, poseer, arrendar, permutar y enajenar bienes y derechos de cualquier clase.
3. Los bienes pertenecientes al patrimonio del organismo autónomo se incorporarán al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
4. El régimen jurídico de los bienes pertenecientes a los organismos autónomos se regulará por la legislación de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 76. Régimen de contratación.
1. La contratación de los organismos autónomos se regirá por la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas.
2. En el marco de la legislación básica del Estado, las normas reguladoras de determinados organismos autónomos podrán establecer disposiciones específicas sobre contratación de estos organismos, siempre que queden respetados los principios contenidos en dicha legislación.
3. En particular, la Ley de creación del organismo autónomo determinará sus órganos de contratación, pudiendo fijar los titulares de los Departamentos a los que se hallen adscritos la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.
Artículo 77. Régimen presupuestario.
1. Cada organismo autónomo elaborará anualmente el anteproyecto de su presupuesto de acuerdo con las normas presupuestarias vigentes en la Comunidad Autónoma.
2. El anteproyecto de presupuesto será aprobado por el titular del Departamento al que esté adscrito el organismo autónomo, que lo remitirá, junto con el de su Departamento, al titular del Departamento competente en materia de hacienda para su aprobación por el Gobierno de Aragón y su integración en el proyecto de ley de Presupuestos.
Artículo 78. Régimen de contabilidad pública y controles financiero, de eficacia y de eficiencia.
1. Los organismos autónomos estarán sometidos al régimen de contabilidad pública y al control financiero, todo ello conforme a lo establecido en la legislación de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, estarán sometidos a controles de eficacia y de eficiencia, que serán ejercidos por el Departamento al que estén adscritos, y que tendrán como finalidad, respectivamente, comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos que les hayan sido asignados. Estos controles se entienden sin perjuicio del control de eficacia que establece la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO III
De las entidades de Derecho público
Artículo 79. Definición.
Son entidades de Derecho público los organismos públicos que por su Ley de creación hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
Artículo 80. Régimen jurídico.
Las entidades de Derecho público ajustarán su actuación al Derecho privado, sin perjuicio de las excepciones que puedan derivarse de lo establecido en esta Ley o en su Ley de creación.
Artículo 81. Régimen de personal.
1. El personal de las entidades de Derecho público se regirá por el derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en su caso, de otras Administraciones públicas, quienes se regirán por la legislación sobre función pública que les resulte de aplicación.
2. El personal directivo, que se determinará en los Estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a lo establecido en los mismos. El personal no directivo será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. Las retribuciones del personal directivo se fijarán por el Gobierno de Aragón. Las retribuciones del resto de personal se homologarán con las que tenga el personal de similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma.
4. La Ley de creación de cada entidad de Derecho público deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios y empleados al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de otras Administraciones públicas podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal, que, en todo caso, serán las que legalmente tienen establecidas los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 82. Régimen de contratación.
1. La contratación de las entidades de Derecho público se regirá por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en aquellos supuestos contemplados en la misma en los que deban someterse, total o parcialmente, al régimen de contratación pública.
En los restantes casos, la contratación de estas entidades se someterá al Derecho privado, pero deberá respetar los principios a los que deben ajustarse los contratos de las Administraciones Públicas, contenidos en la legislación básica estatal.
2. La Ley de creación de la entidad de Derecho público determinará sus órganos de contratación, pudiendo fijar los titulares de los Departamentos a los que se hallen adscritos, la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.
CAPÍTULO IV
De las empresas de la Comunidad Autónoma
Artículo 83. Definición.
Exclusivamente, son empresas de la Comunidad Autónoma las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria, directa o indirectamente, la Administración de la Comunidad Autónoma, por sí o a través de sus organismos públicos.
Artículo 84. Creación.
1. Las empresas de la Comunidad Autónoma se crearán mediante Decreto del Gobierno de Aragón, previa tramitación por el Departamento competente en materia de hacienda de un expediente en el que se justifique la utilidad y la oportunidad de su creación. Deberán adoptar, necesariamente, cualquiera de las formas sociales que limite la responsabilidad de los socios o partícipes.
2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará también para la suscripción y adquisición de acciones o participaciones que supongan la obtención de una posición mayoritaria en el capital de una sociedad.
3. En el Decreto se hará constar:
a) La forma jurídica de la sociedad.
b) El objeto social.
c) La duración de la sociedad y la fecha en que darán comienzo sus operaciones.
d) El capital de la misma y la participación que, directa o indirectamente, asuma la Comunidad Autónoma.
e) La organización y funcionamiento de la administración de la sociedad y, en su caso, del Consejo de Administración.
f) Las funciones que se reserve el Gobierno de Aragón, entre las que estarán el conocimiento de la gestión social y de las distintas cuentas y el programa de actuación, inversiones y financiación.
4. Será precisa la previa autorización del Gobierno de Aragón a sus representantes en el Consejo de Administración de la empresa para votar lo que proceda en los supuestos de aumento y reducción del capital social, así como en la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad.
Artículo 85. Régimen jurídico.
Las empresas de la Comunidad Autónoma se regirán por el Derecho privado, sin perjuicio de las reglas específicas que figuran en esta Ley y en la legislación de Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma o de las que puedan establecerse en su norma de creación.
Artículo 86. Participación minoritaria en otras empresas.
El Gobierno de Aragón podrá acordar la participación minoritaria en el capital social de otras empresas, siempre y cuando dicha participación sirva para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Comunidad Autónoma, que deberán quedar acreditados documentalmente ante el Departamento competente en materia de hacienda.
Artículo 87. Régimen de personal.
1. El personal de las empresas de la Comunidad Autónoma se regirá por el Derecho laboral.
2. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. Las retribuciones del personal directivo se fijarán por el Gobierno de Aragón. Las retribuciones del resto del personal se homologarán con las que tenga el personal de igual o similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 88. Régimen patrimonial.
1. Las empresas de la Comunidad Autónoma podrán tener patrimonio propio y patrimonio que les sea adscrito por la Comunidad Autónoma.
2. En la gestión de su patrimonio propio, poseerán todas las facultades que se deriven de la aplicación del Derecho privado.
3. El patrimonio que se adscriba a una empresa de la Comunidad Autónoma sólo podrá ser utilizado para los fines que justificaran su adscripción.
4. Las empresas de la Comunidad Autónoma deberán formar y mantener actualizado un Inventario de bienes y derechos, que se incorporará, como anexo, al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma. Al Inventario de la empresa tendrá acceso permanente el órgano de la Administración de la Comunidad que tenga encomendadas las funciones relativas a su Patrimonio.
Artículo 89. Régimen presupuestario.
1. El presupuesto de las empresas de la Comunidad Autónoma tendrá carácter estimativo y respetará las prescripciones que respecto al mismo se establecen en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. En el caso de que, para la consecución de los fines que tengan asignados, se produjera una aportación de medios económicos diferente de la derivada de las operaciones de suscripción de capital social por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, deberán suscribirse convenios o contratos-programa sobre la utilización de estos medios económicos para el aseguramiento y la mejora de la prestación o provisión de los bienes y servicios que figuren en los fines de estas empresas.
Artículo 90. Régimen de contabilidad pública y de control.
Las empresas de la Comunidad estarán sometidas al régimen de contabilidad pública y al control económico-financiero, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
1. El Departamento competente en materia de hacienda podrá realizar auditorías con objeto de comprobar el funcionamiento y la eficacia de estas empresas en relación con el cumplimiento de los objetivos que tengan asignados.
2. Periódicamente, se dará cuenta a las Cortes de Aragón de los resultados económicos y del cumplimiento de los fines de estas empresas.
Artículo 91. Régimen de contratación.
La contratación de las empresas públicas se regirá por el Derecho Privado, aunque deberá respetar los principios recogidos en la legislación básica sobre contratos de las administraciones públicas.
Disposición adicional primera. Relaciones de puestos de trabajo.
Corresponde a los Departamentos competentes en las materias de organización administrativa y hacienda aprobar conjuntamente, a propuesta de los correspondientes Departamentos, las relaciones de puestos de trabajo, en las que se incluirá, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 de esta Ley, la relación de las unidades administrativas de cada Departamento.
Disposición adicional segunda. Adaptación de organismos públicos.
1. Los organismos autónomos, tanto los calificados de carácter administrativo, como de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, pasan a considerarse simplemente como organismos autónomos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los hasta ahora denominados organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo podrán pasar, mediante la correspondiente reforma legal, a ser considerados como entidades de Derecho público, todo ello en el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición adicional tercera. Representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La representación y la defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos corresponderá a los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Disposición adicional cuarta. El Archivo de la Administración.
1. El Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma tiene como función recoger, seleccionar, conservar y hacer accesibles los fondos documentales de la misma que, siendo susceptibles de utilización administrativa, no sean de consulta habitual.
2. Reglamentariamente se regulará la formación, organización y utilización del Archivo.
3. Las normas sobre el ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a los archivos y registros se aplicarán también a los documentos contenidos en este Archivo.
Disposición adicional quinta. El «Boletín Oficial de Aragón».
1. El «Boletín Oficial de Aragón» es el diario oficial de la Comunidad Autónoma.
2. El «Boletín Oficial de Aragón» se integra orgánicamente en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
3. Su organización y contenido se regularán reglamentariamente.
Disposición adicional sexta. Aprobación y adaptación de los estatutos de los organismos públicos.
Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, los organismos públicos actualmente existentes deberán proceder a aprobar o, en su caso, a adecuar sus estatutos a lo establecido en la presente Ley.
Disposición adicional séptima. Adecuación de competencias sancionadoras.
1. La competencia en materia de imposición de sanciones que, según el ordenamiento jurídico vigente, corresponda a los Consejeros hasta la cantidad de dos millones de pesetas, queda atribuida a los Directores de Servicio Provincial u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
2. La competencia en materia de imposición de sanciones que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, corresponda a los Consejeros, desde la cantidad de dos millones una y hasta cinco millones de pesetas, queda atribuida a los Directores Generales u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
3. En todo caso, queda reservada a los Consejeros la imposición de sanciones cuya cuantía supere los cinco millones de pesetas.
Disposición adicional octava. Fundaciones privadas de iniciativa pública.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, para la realización de fines de su competencia, podrán constituir Fundaciones y participar en su creación con otras entidades públicas o privadas y particulares, de acuerdo con la legislación general sobre fundaciones. A estas Fundaciones no se les podrá encomendar el desempeño de servicios públicos cuya prestación en régimen de Fundación no se halle legalmente prevista.
2. La constitución de una Fundación privada de iniciativa pública deberá ser autorizada por Decreto del Gobierno de Aragón, quien determinará también las condiciones que deba cumplir la creación de la persona jurídica fundacional.
3. La dotación y el patrimonio de las Fundaciones a que se refiere esta disposición responden de las obligaciones de éstas en los términos propios del Derecho privado, sin que sea posible extender la responsabilidad como consecuencia de sus actos al patrimonio de la persona jurídica fundadora.
4. El personal dependiente de una Fundación tendrá régimen jurídico de carácter laboral.
5. La contratación de estas Fundaciones privadas de iniciativa pública se regirá por las normas de derecho privado, sin perjuicio de la atención a los principios de publicidad y transparencia propios de la actuación de la Administración pública fundadora.
6. El control de la actividad financiera de las Fundaciones privadas de iniciativa pública se desarrollará de la forma regulada en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Disposición adicional novena. Sustitución del recurso de alzada en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.
1. El recurso de alzada contra los actos de los órganos que tengan atribuida la competencia en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción queda sustituido por la reclamación o impugnación ante la Comisión cuya composición y régimen jurídico se regula en la presente disposición.
2. La Comisión se compondrá de un Presidente, dos vocales y un Secretario, que actuará con voz y sin voto. El Presidente y cada uno de los vocales contarán con un suplente.
3. La Comisión estará presidida por un Director General o asimilado designado por el titular del Departamento competente en la materia de bienestar social. El titular de este Departamento nombrará al Presidente titular y a su suplente, que será, asimismo, un Director General de dicho Departamento.
4. Los dos vocales y sus correspondientes suplentes serán nombrados por el Consejero competente en materia de Bienestar Social. Estos nombramientos deberán recaer en:
– Dos catedráticos o profesores titulares de Universidad con formación en materia de Bienestar Social, uno como titular y otro como suplente.
– Dos expertos en materia de Bienestar Social con titulación universitaria superior, uno como titular y otro como suplente.
5. El Secretario será nombrado por el Consejero competente en materia de bienestar social entre funcionarios de carrera con titulación universitaria superior.
Disposición adicional décima. Adaptación de procedimientos administrativos en relación al silencio administrativo.
1. Antes del 14 de abril del año 2001, el Gobierno de Aragón adaptará las normas reguladoras de los procedimientos de la Administración aragonesa y de sus organismos públicos al sentido del silencio administrativo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. Hasta que se lleve a cabo esta adaptación, conservará validez el sentido del silencio administrativo establecido en las normas legales o reglamentarias ahora vigentes, si bien su forma de producción y sus efectos serán los previstos en la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Disposición adicional undécima. Atribución de competencias en materia de personal.
Las competencias de los diversos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de personal serán establecidas mediante Decreto del Gobierno de Aragón.
Disposición adicional duodécima. Registro competente a los efectos de cómputo del plazo para recibir notificaciones.
En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a los efectos del cómputo del plazo para recibir notificaciones en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado previsto en el artículo 42.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la modificación acordada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se entenderá por registro del órgano competente para la tramitación de la solicitud, en cada caso, el del centro directivo, Servicio Provincial o Dirección Provincial al que esté adscrito el mencionado órgano.
Disposición adicional decimotercera. Encargos de ejecución a empresas públicas.
1. Las empresas públicas cuyo capital pertenezca íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma, directamente o a través de sus organismos públicos, en el marco de sus estatutos y objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia de los Departamentos u organismos públicos de la Administración autonómica, que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos en las distintas secciones presupuestarias, de acuerdo con las siguientes condiciones y trámites:
a) Se formalizarán a través de encargos de ejecución por los titulares de los Departamentos y los presidentes o directores de los organismos públicos correspondientes, en los que figurarán los compromisos y obligaciones que asumiere la empresa, así como las condiciones en que se realiza el encargo.
b) La determinación del importe de la actuación se efectuará según valoración económica definida en el proyecto correspondiente o en el presupuesto técnico de actuación. En ningún caso podrá ser objeto de encargo de ejecución la contratación de suministros.
c) El pago se efectuará con la periodicidad establecida en el encargo de ejecución y conforme a la actuación efectivamente realizada.
No obstante, podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad correspondiente a cada encargo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la letra b) de este apartado.
d) Los gastos generales y corporativos de la empresa podrán ser imputados al coste de las actuaciones encargadas hasta un máximo del 6% de dicho coste.
e) En las actuaciones financiadas con fondos provenientes de la Unión Europea, deberá asegurarse la elegibilidad de estos gastos, de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.
2. Las empresas definidas en el apartado anterior no podrán participar en los procedimientos para la adjudicación de los contratos convocados por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la que son medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá encargarse a la empresa la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
Disposición transitoria primera. Nombramiento de Viceconsejeros.
1. El nombramiento de Viceconsejeros previsto en el artículo 16.1 de esta Ley no podrá tener lugar antes del comienzo de la sexta Legislatura de las Cortes de Aragón.
2. La creación de Viceconsejeros en los distintos Departamentos llevará consigo la supresión del cargo de Secretario General Técnico del Departamento respectivo.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los reglamentos de los órganos colegiados.
Dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Ley, los órganos colegiados deberán revisar sus reglamentos de régimen interior para adecuarlos a lo dispuesto en la misma. |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
El objetivo de esta Ley es eliminar la discriminación que en materia de adopciones todavía existe para las parejas estables no heterosexuales.
El Preámbulo de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, destaca que, junto a las situaciones de convivencia como parejas estables heterosexuales, existen en nuestra sociedad parejas homosexuales. Continúa señalando que el principio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que tradicionalmente ha constituido la esencia y base de nuestro Derecho civil aragonés, obliga al legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a establecer la relación de convivencia afectiva más acorde con su propia sexualidad.
Junto al valor supremo de libertad proclamado por nuestra Constitución, existen otros dos valores no menos importantes, la dignidad de las personas y la justicia, sin olvidar el primero de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Es indudable que los valores de libertad y dignidad no se desarrollan plenamente cuando las personas tienen distintos derechos en función de su opción sexual. La desigualdad derivada de esta circunstancia personal hace que se resienta el valor de la justicia en que se basa nuestro texto constitucional.
La Ley relativa a parejas estables no casadas excluye del derecho de adopción a las parejas no heterosexuales sin que se aduzca motivo alguno, cuando la propia Constitución, en su art. 9.2, establece la obligación de los poderes públicos de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas».
Artículo único.—El artículo 10 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10.—Adopción.
Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente.»
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 3 de mayo de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
En virtud de la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de casinos, juegos, apuestas y combinaciones aleatorias, excepto las apuestas y loterías del Estado, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 2/ 2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Ley 2/2000, de 28 de junio, contiene una regulación genérica de los juegos y apuestas autorizados en Aragón.
La presente Ley se compone de un artículo único que modifica los artículos 16, 21 y 55 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, una disposición adicional, una disposición final y una disposición derogatoria.
En Aragón, en desarrollo del artículo 16 y concordantes de la Ley 2/2000, de 28 de junio, se autorizó mediante el Decreto 173/2001, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las condiciones para la autorización de instalación de casinos de juego en la Comunidad Autónoma de Aragón, la posibilidad de la instalación de casinos de juego permanentes y temporales. Son casinos permanentes aquellos que permanecen en funcionamiento durante todos los días del año, en tanto que los casinos temporales son aquellos que tienen un período anual de funcionamiento mínimo de dos meses y máximo de seis meses.
Con el objeto de dinamizar el desarrollo turístico de esta Comunidad Autónoma, se estima conveniente que los casinos de juego temporales, cuya instalación sólo se prevé en municipios o lugares de especial atractivo turístico, puedan tener en funcionamiento durante su horario de apertura un número de juegos exclusivos de casino inferior al mínimo de tres exigido para los casinos permanentes. Para ello se da nueva redacción a la letra c) del artículo 16 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, modificando la recogida en la Ley 4/2003, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
También se considera oportuno realizar una revisión en la calificación de las máquinas recreativas de tipo «A» de premio en especie, prevista en la letra a) del artículo 21.2 de la Ley 2/ 2000, de 28 de junio, de modo que el premio a otorgar resulte más acorde con la normativa comparada, entendiendo además que dichas máquinas constituyen una opción de ocio.
Finalmente, esta Ley modifica el artículo 55 de la Ley 2/ 2000, de 28 de junio, relativo a las tasas administrativas por la prestación de servicios administrativos y técnicos. Mediante la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se abordó una primera modificación del artículo 55 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, creando nuevas tasas por prestación de servicios o actividades de la Administración competente en materia de juego que hasta el momento no estaban gravados por falta de cobertura normativa, y revisó y reordenó alguna de las existentes.
Advertidos errores en alguna de las tarifas recogidas en la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, se subsanaron mediante corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 21, de 18 de febrero de 2002.
Posteriormente, el contenido inicial de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, fue modificado por la Ley 4/2003, de 24 de febrero, adaptando los preceptos legales a las nuevas necesidades que la aplicación diaria demandaba. En concreto, se suprimió la exigencia de que en los casinos de juego durante todo el horario de apertura de su sala de juego funcionaran la ruleta francesa, la ruleta americana y el veintiuno o «Black Jack», dejando a la iniciativa del casino de juego decidir, de entre los juegos autorizados en el Catálogo de Juegos y Apuestas, tres juegos exclusivos de los casinos; se añadió una nueva tipificación de infracción cometida en el desarrollo del juego del Bingo Plus y del Bingo Interconectado y se reformó nuevamente el artículo 55 de la Ley, relativo a las tasas administrativas por prestación de servicios administrativos en materia de juego, introduciendo un nuevo parámetro: «2.19. De explotación de expedición de apuestas», y modificando la cuantía de la tarifa «2.12. Canje de máquinas» de 120,20 euros a 60,10 euros.
Nuevamente y mediante el Anexo de Tasas de la Ley 25/ 2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2004, se ha modificado el artículo 55 de la Ley del Juego.
Conforme al artículo 53 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón: «constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios administrativos o técnicos inherentes a la gestión administrativa, en materia de juego, tales como el otorgamiento de las autorizaciones, permisos y licencias, renovaciones, modificaciones, diligenciamiento y expedición de documentos y libros, inscripciones en el Registro del Juego y demás actuaciones señaladas en el artículo 55 de la Ley».
De acuerdo con los artículos 156 y 157.1, letra b) de la Constitución, artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, artículo 7 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y artículos 6 a 23 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta la competencia para establecer, modificar y suprimir las tasas transferidas afectas a los traspasos de funciones y servicios del Estado.
Por otra parte, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público está sujeto al principio de reserva de ley, conforme a los artículos 31.3 y 133 de la Constitución y artículo 8, letra a) de la Ley General Tributaria.
El principio de reserva de Ley, la continua creación, supresión o modificación de las exacciones tributarias que devengan la prestación de servicios administrativos y técnicos de juego a través de la Ley del Juego, de las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las Leyes de Medidas que acompañan a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está generando disfunciones por la diversidad de normas que prevén las tasas administrativas del juego, induciendo a confusión a los administrados acerca de cuál es la tasa que deben de abonar en sus actuaciones con los órganos autonómicos competentes en juego y apuestas.
Por todo lo expuesto, el Gobierno de Aragón considera preciso, conforme con el principio de seguridad jurídica y con una mejor técnica jurídica, la modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, en la que se fijen las diferentes parámetros de la tasa de juego actualmente vigentes.
Con la finalidad de evitar sucesivas modificaciones de la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, el apartado segundo del artículo 55 de la Ley remite a los sucesivos Anexos de Tasas de las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón la cuantía que devenga cada epígrafe previsto en el apartado primero. De este modo se evita que diversos textos legales de distinto contenido se superpongan y se evita que mediante una norma legal de contenido material y sustantivo se aborden cuestiones de índole económica.
Se añade un nuevo párrafo en el que se indica que la expedición de duplicados por cualquiera de los conceptos comprendidos en las Tarifas 1 a 4 conllevará el pago de 10 euros por la prestación de este servicio administrativo.
Esta Ley, en su disposición adicional, cuantifica la tarifa y el epígrafe «2.12. Canje de máquinas» con el importe de 63,75 euros, y la tarifa y el epígrafe «4.8. Devolución o sustitución por aval» con 30 euros.
Artículo único.—Modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, queda modificada como sigue:
1. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:
«c) Durante todo el horario de apertura de la sala de juego deberán de estar en funcionamiento al menos tres juegos exclusivos de casino distintos. Esta obligación no será de aplicación a los casinos de juego temporales.»
2. El párrafo a) del apartado 2 del artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:
«a) De tipo «A» o recreativas. Son las máquinas que se limitan a ofrecer el esparcimiento que comporta su utilización temporal a cambio del precio de la partida. Tales máquinas no podrán conceder premio alguno en metálico.
También se considerarán máquinas de tipo «A» aquellas que, como aliciente adicional y a consecuencia de la habilidad o conocimiento del jugador, puedan ofrecer la devolución del importe pagado en la partida, la posibilidad de continuar jugando gratuitamente y, en su caso, un premio en especie o una cantidad de tiquets, fichas o similares, que podrán ser acumulables y canjeables por dichos premios en especie.»
3. El artículo 55 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La tasa por prestación de servicios administrativos y técnicos en materia de juego se exigirá conforme a los epígrafes comprendidos en las siguientes tarifas:
Tarifa 01: Inscripción en los registros de empresas de juego.
Tarifa 02: Autorizaciones administrativas:
2.1. De casinos.
2.2. De las salas de bingo.
2.3. De los salones de juego.
2.4. De los salones recreativos.
2.5. De otros locales de juego.
2.6. De rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.
2.7. De explotación de máquinas de tipo A, salvo 2.8.
2.8. De explotación de máquinas de tipo A de premio en especie.
2.9. De explotación de máquinas de tipo B.
2.10. De explotación de máquinas de tipo C.
2.11. De instalación de máquinas de tipo A de premio en especie.
2.12. Canje de máquinas.
2.13. De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo B.
2.14. De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo C.
2.15. Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo A.
2.16. Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo B y C.
2.17. Instalación de dispositivo de interconexión de máquinas de tipo B y C.
2.18. Otras autorizaciones.
2.19. De explotación de expedición de apuestas.
2.20. Comunicación de puestos de juego.
Tarifa 03: Homologación e inscripción en el Registro de Modelos:
3.1. De máquinas de tipo A.
3.2. De máquinas de tipo B y C.
3.3. Homologación de otro material de juego.
3.4. Homologación de juegos en máquinas de tipo A.
3.5. Modificación sustancial de máquinas de tipo B y C.
3.6. Modificación no sustancial de máquinas de tipo B y C.
3.7. Exclusiones del Reglamento.
3.8. Autorización de máquinas de tipo A en prueba.
3.9. Autorización de máquinas de tipo B y C en prueba.
Tarifa 04: Otros servicios administrativos:
4.1. Documentos profesionales.
4.2 Diligenciamiento de libros.
4.3. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones.
4.4. Diligenciamiento de hojas de reclamaciones por cambio de titular.
4.5. Descripción en el Registro de Prohibidos.
4.6. Expedición de Certificados.
4.7. Inspección Técnica de máquinas de tipo A, B y C.
4.8. Devolución o sustitución de avales, por cada aval.
2. Las cuantías de las tarifas enumeradas en el apartado anterior se ajustarán a lo establecido, para cada ejercicio, en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3. La renovación o modificación de los conceptos comprendidos en el apartado primero tributarán al cincuenta por ciento de los epígrafes correspondientes.
4. Por el duplicado de cualquiera de los epígrafes comprendidos en las tarifas enumeradas en el apartado primero se exigirá la cuantía fija que se establezca, para cada ejercicio, en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.»
Disposición adicional única.—Determinación de las cuantías.
1. Se fijan las cuantías de los siguientes epígrafes:
2.12. Canje de máquinas: 63,75 euros.
2.20. Comunicación de puestos de juego: 12,00 euros.
4.8. Devolución o sustitución por cada aval: 30,00 euros.
2. El duplicado de cualquiera de los epígrafes de las tarifas comprendidas en la tasa de juego genera el pago de una cuantía fija de 10 euros.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final única.—Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREÁMBULO
En los preceptos constitucionales sobre distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no existe referencia expresa a la materia de protección civil. Al respecto, el Tribunal Constitucional mantiene el carácter concurrencial de la competencia sobre protección civil entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en la acción de preservación y de protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia o ante riesgos naturales o tecnológicos, en aquellas materias que el Estatuto de Autonomía asume la titularidad de competencias sectoriales.
Las Cortes de Aragón, en el ejercicio de las competencias asumidas estatutariamente, así como de las derivadas de los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, aprobó en el Pleno de 12 de diciembre de 2002 la Ley de protección civil y atención de emergencias de Aragón, que fue objeto de reforma por Ley 15/2003, de 17 de marzo.
El Título II de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, aborda la gestión y atención de las emergencias a través del teléfono europeo único de emergencias 112, la posición del Centro de Emergencias SOS Aragón en el sistema de gestión de las emergencias individuales y colectivas y las relaciones de éste con los servicios operativos dependientes de las diversas Administraciones Públicas, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones.
El artículo 40 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, señala que «la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón prestará el servicio público de atención de llamadas de urgencia 112. La prestación de este servicio comprenderá la recepción de las llamadas de auxilio y su gestión ante los servicios públicos competentes en materia de atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la necesidad de coordinar los anteriores de protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública de la que dependan».
El artículo 41.1 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, indica que «la Administración de la Comunidad Autónoma mantendrá un centro de gestión de emergencias único para todo el ámbito territorial de Aragón como centro permanente de recepción de llamadas de emergencia, que operará bajo la denominación de «Centro de Emergencias 112 SOS Aragón».
El servicio público social de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 debe «asegurar la actuación rápida, coordinada y eficaz ante el requerimiento de auxilio a un ciudadano» y, tal y como dispone el artículo 41.4 de la referida Ley 30/2002, «deberá garantizar la prestación permanente de sus servicios, atendidos las veinticuatro horas del día, todos los días del año y la atención a las llamadas de auxilio recibidas en, al menos, dos de los idiomas oficiales en los Estados de la Unión Europea, además del idioma español. El número telefónico 112 será permanente y gratuito para los usuarios».
Es precisamente el carácter gratuito del servicio de atención de llamadas de urgencia lo que por otra parte induce a determinadas personas a realizar un uso incorrecto del servicio realizando llamadas jocosas, amenazantes e injuriosas que reducen la eficacia del servicio, al ocupar las líneas y llamadas que comunican avisos falsos de auxilio que, de no ser detectados por el personal del «Centro de Emergencias SOS 112 Aragón», pueden movilizar recursos y servicios públicos con el consiguiente gasto injustificado que esta movilización genera y, sobre todo, impidiendo que se puedan atender necesidades reales de auxilio.
Es prioritario, de interés público y consustancial a la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia por el «Centro de Emergencias SOS 112 Aragón» canalizar las peticiones de socorro, poniendo en marcha el servicio adecuado, de manera rápida, eficaz y coordinada.
La Ley 30/2002, de 17 de diciembre, con el objetivo de poner fin o, por lo menos, reducir la fraudulenta utilización del número de emergencias 112, tipificó, en los artículos 55.1, 56.1 y 57, tres infracciones, distinguiendo entre muy graves, graves y leves, según se realicen llamadas a los teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de emergencias que den lugar a la movilización de recursos, se realicen llamadas reiteradas a los teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de emergencias o se realice una única llamada de aviso falso de emergencias, respectivamente.
La aplicación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, ha puesto de manifiesto la conveniencia de abordar una serie de modificaciones al respecto.
En primer lugar, es necesario tipificar también las llamadas insultantes, amenazadoras o jocosas, puesto que, si bien no movilizan recursos, porque no confunden al personal de los servicios de recepción de llamadas del «Centro Emergencias 112 SOS Aragón», sí reducen la eficacia y operatividad del servicio al ocupar las líneas y la atención del personal, con la consiguiente merma de la capacidad de respuesta del Centro ante los avisos de urgencia o de emergencia reales.
Por otra parte, se considera conveniente suprimir la expresión subjetiva de «maliciosas», con el objeto de determinar con mayor exactitud el tipo.
En tercer lugar, se ha observado que, en el listado de las infracciones tipificadas en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley, se recogen infracciones muy variadas en materia de protección civil, que hace conveniente adecuar las diversas infracciones con las cuantías económicas previstas en el artículo 58 de la Ley, de modo que se ajusten mejor a las circunstancias concretas que concurran en cada uno de los supuestos, de acuerdo con el principio constitucional de proporcionalidad y a que, en la aplicación de la sanción, se haga depender la cuantía exacta de la sanción de la concurrencia en la comisión del ilícito de determinados perfiles o circunstancias, llamados «criterios de dosimetría punitiva», tales como la capacidad económica del infractor, la agrupación y organización para acometer la infracción o la realización de actos para ocultar su descubrimiento.
En cuarto lugar, se ha considerado conveniente, conforme al principio de seguridad jurídica, abordar una distinción en la responsabilidad por la comisión de los ilícitos cometidos por la realización de llamadas falsas, insultantes, amenazadoras, jocosas e insultantes a los teléfonos de emergencia y urgencias, según se trate de una persona mayor de edad, de un menor o incapaz o de un tercero no titular del teléfono fijo o del terminal móvil desde el que se comete la infracción.
Finalmente, se ha considerado conveniente mejorar la redacción del apartado quinto de la disposición adicional sexta, previendo junto con la suspensión de las líneas de telefonía fija, el bloqueo del número de identificación único del terminal móvil, previo procedimiento administrativo tramitado al efecto en ambos casos, conforme al artículo 134.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La suspensión y el bloqueo podrá ser temporal o definitivo.
Las medidas represivas administrativas recogidas en esta Ley no sustituyen ni comprenden una posible responsabilidad civil o penal, según los casos.
Artículo único. Modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón.
La Ley 30/2002, de 17 de diciembre de protección civil y atención de emergencias de Aragón, queda modificada como sigue:
1. Se modifica el párrafo l) del artículo 56, que queda redactado en los siguientes términos:
«l) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas de manera reiterada al teléfono de emergencia y urgencias 112 afectando a la eficacia del servicio al ocupar las líneas o realizar llamadas reiteradas comunicando avisos falsos de urgencia.»
2. Se adiciona un párrafo ll) al párrafo 1 del artículo 56, con la siguiente redacción:
«ll) Las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban ser calificadas como muy graves.»
3. Se modifica el párrafo f) del artículo 57, que queda redactado en los siguientes términos:
«f) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas al teléfono de emergencia y urgencias 112 afectando a la eficacia del servicio al ocupar las líneas o realizar llamadas comunicando avisos falsos de urgencia.»
4. Se adiciona un párrafo g) al artículo 57 con la siguiente redacción:
«g) Las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban ser calificadas como graves.»
5. Se modifica el artículo 58, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 150.001 euros hasta 600.000 euros. Además, puede ser ordenada la clausura temporal del local, del centro o de la instalación o la suspensión temporal de las actividades de riesgo.
2. Las infracciones graves se sancionan con multa de 6001 euros hasta 150.000 euros.
Cuando se cometan las infracciones tipificadas en la letra h) del artículo 55.1 y en la letra l) del artículo 56.1, se podrá imponer como sanción administrativa accesoria a la pecuniaria, la suspensión, temporal o definitiva, de la línea telefónica fija respecto de los teléfonos fijos o el bloqueo, temporal o definitivo, del número de identificación único del terminal móvil respecto de los teléfonos móviles desde los que se produzcan llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas.
3. Las infracciones leves se sancionan con multa de 150 euros hasta 6000 euros.
4. La sanción de multa impuesta por la comisión de las infracciones leves tipificadas en la letra f) del artículo 57 de esta Ley, previo el consentimiento de las personas referidas en el artículo 58 bis.2, podrá sustituirse por medidas reeducadoras.
La sanción de multa impuesta por la comisión de las infracciones tipificadas en la letra h) del artículo 55.1 y en la letra l) del artículo 56.1 de esta Ley, previo el consentimiento de las personas referidas en el artículo 58 bis.2, podrá complementarse con medidas reeducadoras.
5. Las infracciones graves y muy graves cometidas por miembros de las agrupaciones de voluntarios de emergencias conllevan, además, la baja forzosa en la respectiva agrupación y la inhabilitación para formar parte de otra.
6. La cuantía de las sanciones se gradúa atendiendo a las circunstancias que sean relevantes para determinar la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, el grado de antijuridicidad y la culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora, considerando la intencionalidad, la reiteración, la reincidencia, la trascendencia económica o social, la repercusión del perjuicio causado, la capacidad económica del infractor, la agrupación y organización para cometer la infracción, la realización de actos para dificultar o impedir su descubrimiento, la actitud del interesado en la reparación del daño causado evitando un perjuicio mayor y la subsanación durante la tramitación del procedimiento de las anomalías que dieron lugar a su incoación.
7. El Gobierno de Aragón puede actualizar periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios.»
6. Se adiciona un artículo 58 bis con la siguiente redacción:
«Responsables por llamadas al número telefónico 112.
1. La responsabilidad por las infracciones previstas en esta Ley por efectuar una llamada falsa, abusiva, insultante, amenazadora o jocosa al teléfono de emergencias y urgencias 112 recaerá directamente en el autor de la llamada.
2. Cuando el autor de la llamada sea un menor o incapaz, responderán solidariamente con éstos sus padres o quienes ostenten la autoridad familiar, tutores, acogedores o guardadores, en razón del incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores o incapaces. La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta, que podrá ser modulada por la autoridad sancionadora.
3. En los supuestos en que el autor de la llamada sea un tercero, con plena capacidad de obrar, distinto del titular de la línea o del terminal móvil, responderá éste mediante la correspondiente sanción, salvo que, cuando sea debidamente requerido en el oportuno procedimiento administrativo sancionador, identifique al responsable de la infracción.
4. En los mismos términos responderá el titular de la línea o del terminal móvil cuando no sea posible notificar la denuncia al autor de la infracción que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.»
7. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta, que queda redactado en los siguientes términos:
«4. Las llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas dirigidas al teléfono de emergencias 112, además de constituir una infracción administrativa tipificada por la presente Ley, serán comunicadas al Ministerio Fiscal por si hubiere lugar a responsabilidad penal por la acción del llamante, al demandar un falso auxilio o entorpecer la atención de otros avisos reales de emergencia colectiva o individual.»
8. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional sexta, que queda redactado en los siguientes términos:
«Llamadas al número de emergencias 112:
5. Corresponde al Director del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón comunicar a las empresas operadoras de telefonía fija o móvil la resolución administrativa por la que, de conformidad con esta Ley y con la legislación de telecomunicaciones, se acuerde en un procedimiento administrativo sancionador la medida cautelar o la sanción administrativa firme accesoria a la pecuniaria de suspensión, temporal o definitiva, de la línea telefónica fija respecto de los teléfonos fijos o el bloqueo, temporal o definitivo, del número de identificación único del terminal móvil respecto de los teléfonos móviles desde los que se produzcan llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas tipificadas por esta Ley como infracción grave o muy grave.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
Los artículos 156 y 157.1.b) de la Constitución española proclaman la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y establecen que los recursos de las mismas estarán constituidos, entre otros, por sus propias tasas. La propia Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, vino a ratificar el carácter de tributo propio autonómico de las tasas transferidas afectas a los traspasos de funciones y servicios del Estado, subrayando asimismo la potestad de las Comunidades Autónomas para establecer sus propias tasas conforme a unos criterios básicos. Como colofón de este marco jurídico, el artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, además de incluir las tasas entre los recursos de su hacienda, determina el ámbito objetivo de las mismas.
Ello no obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley de las Cortes Generales 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al objeto de preservar el principio de reserva de ley declarado constitucionalmente para el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, delimitó por confrontación los ámbitos objetivos respectivos de los precios públicos y de las tasas, definiendo a éstas como aquellas exacciones a percibir por la utilización privativa o especial del dominio público o por la prestación de servicios o actividades de la Administración en régimen de Derecho público, que no sean de solicitud voluntaria, que comporten una situación de monopolio de hecho o que sean imprescindibles para la vida privada o social del obligado al pago. En aplicación de esta doctrina, la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, recogió esta definición de tasa, que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha adoptado con vocación de continuidad, si bien simplificando su redacción y precisando lo que debe entenderse por servicios o actividades prestadas en régimen de Derecho público.
En consecuencia, también el legislador autonómico, que ya había actuado anteriormente con la promulgación de la Ley 8/1984, de 27 de diciembre, aprobó la vigente Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, procurando coordinar el marco jurídico general con la doctrina constitucional señalada, adaptándola asimismo a las particularidades de nuestra Comunidad. Sin embargo, la propia Ley no era ajena al precario estado normativo de las tasas, recogidas, de manera dispersa y asistemática, en numerosas disposiciones estatales en su mayoría preconstitucionales, cuya presencia en nuestro ordenamiento jurídico sólo se evidenciaba esporádicamente por la actualización de sus cuantías y elementos cuantificadores en las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Tal es así, que la disposición final primera de la citada Ley autorizó al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del hoy Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, aprobase un Decreto Legislativo que comprendiera el texto refundido en el que se clasifiquen, regulen y reordenen las distintas exacciones que percibe la Comunidad Autónoma, determinándose el plazo para el cumplimiento de dicha delegación legislativa por el artículo 2 de la Ley de Cortes de Aragón 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
Para cubrir el tránsito que venía a cerrar la citada norma, y conforme a la regla de continuidad del ordenamiento jurídico establecida en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, la propia Ley 10/1998, de 22 de diciembre, previno en su disposición transitoria que «las tasas actualmente vigentes continuarán rigiéndose por la normativa aplicable con anterioridad a esta Ley, hasta que se haga uso de la autorización prevista en la disposición final primera», autorización a la que se dotó de efectivo cumplimiento con la aprobación del Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El mandato delegante del legislador autonómico optó por no utilizar los conceptos constitucionales de regularizar, aclarar y armonizar inherentes a todo texto refundido, que se encuentran recogidos, por remisión, en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía y, expresamente, en el artículo 28.6 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, empleando en su lugar los de clasificar, regular y reordenar, seguramente porque no se trataba de una simple tarea de refundición de textos legales formalmente considerados, sino de una operación sistemática e interpretativa de regularización de las instituciones tributarias en cuestión.
Debe considerarse, por otra parte, que la jurisprudencia ha afirmado rotundamente que «no es función de los textos refundidos innovar el ordenamiento jurídico», pero ello no impide que, respetando los elementos esenciales de las tasas y evitando incursiones innecesarias en la creación normativa ex novo, pueda el ejecutivo, en virtud de la delegación legislativa, normalizar las regulaciones preexistentes mediante la explicitación de reglas y normas subsidiarias allí donde existan lagunas, la depuración técnica y jurídica, la aclaración de preceptos oscuros, la armonización de sus elementos internos, la eliminación de discordancias, la actualización de sus criterios básicos y, en fin, la adaptación del trasfondo tributario de las tasas al propio ordenamiento jurídico y a la configuración institucional y orgánica de la Comunidad Autónoma.
El Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2000 se convirtió, desde el primer momento, en el instrumento legal idóneo para cambiar un sistema de gestión de las tasas por otro más adecuado a su naturaleza tributaria y a su conexión con los distintos procedimientos en los que se ordenan la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas que generan las mismas. Mediante diversas Ordenes departamentales se dictaron instrucciones sobre la gestión de las tasas, al tiempo que se aprobaban los distintos modelos normalizados de liquidación y la informática se ponía al servicio de las unidades gestoras del tributo. Sin embargo, la creación y modificación de tasas, a través de leyes especiales o de leyes de medidas tributarias y administrativas, y la necesaria actualización de las tarifas a través de las leyes anuales de presupuestos, han motivado un cierto desfase entre el contenido del Texto Refundido de las Tasas y la realidad de una normativa en constante mutación.
Conscientes de esta circunstancia, las Cortes de Aragón introdujeron en una disposición final segunda en la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, una nueva autorización al Gobierno de Aragón para refundir las disposiciones legales de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón «...para que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, y a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, apruebe un nuevo texto refundido que incluya todas las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y proceda a regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales que regulan dichos tributos».
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 27 de julio de 2004,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley de Cortes de Aragón 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se incorpora como Anexo.
Disposición adicional primera. Identificación y codificación de las tasas.
1. Las tasas se identificarán por un código numérico formado sucesivamente por los dígitos que correspondan a la propia tasa y, en su caso, a las tarifas comprendidas en las mismas, conforme a la clasificación establecida en el Texto Refundido. A efectos de su gestión, liquidación, recaudación, inspección y control, dicha codificación deberá ir precedida de la que corresponda al Departamento gestor competente.
2. A tal objeto, se entenderá por:
a) Tasa: La denominación genérica de la exacción tributaria que delimita el hecho imponible.
b) Tarifa: La división de la tasa en consideración a los distintos servicios o actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
3. La codificación numérica responderá a la siguiente representación gráfica:
Departamento
4. Los dígitos de control relativos al Departamento gestor de la tasa seguirán el orden establecido en la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada por el correspondiente Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
El orden departamental vigente es el siguiente:
1. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
2. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
3. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
4. Departamento de Agricultura y Alimentación.
5. Departamento de Salud y Consumo.
6. Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
7. Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
8. Departamento de Medio Ambiente.
9. Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.
10. Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Disposición adicional segunda. Catálogo vigente de las tasas.
En tanto no se establezcan nuevas tasas mediante la correspondiente Ley de Cortes de Aragón, se entenderán reguladas como tasas propias de la Comunidad Autónoma las siguientes:
DENOMINACIÓN
Tasa por dirección e inspección de obras.
Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos.
Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas.
Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos.
Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias.
Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida.
Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad.
Tasa por ocupación de terrenos y utilización de bienes de dominio público.
Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación de las industrias forestales, agrarias y alimentarias.
Tasa por servicios facultativos agronómicos.
Tasa por servicios facultativos veterinarios.
Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.
Tasa por servicios sanitarios.
Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales.
Tasa por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales.
Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca.
Tasa por servicios en materia de montes y por aprovechamientos forestales.
Tasa por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios.
Tasa por prestación de servicios administrativos y técnicos de Juego.
Tasa por servicios farmacéuticos.
Tasa por servicios sociales.
Tasa por inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Aragón».
Tasa por inscripción y publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón.
Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción como personal funcionario o laboral en la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tasa por los servicios prestados por el Registro Territorial de la propiedad intelectual de Aragón.
Tasa por los servicios de gestión de los cotos.
Tasa por acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto Legislativo y, en particular, las siguientes:
1. El Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Los artículos 52 a 57 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Los artículos 9 a 40 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
4. Los artículos 6 a 14 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
5. La disposición adicional cuarta de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.
6. Los artículos 16 a 29 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
7. La disposición adicional única de la Ley 3/2004, de 22 de junio, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
1. El régimen jurídico tributario de las tasas de la Comunidad Autónoma será el establecido, con carácter general, por la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como, en su caso, por las disposiciones de desarrollo, y en particular, por la ley específica de creación de cada tasa, así como por lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, las tarifas de cada tasa podrán ser actualizadas, mediante la modificación de sus elementos cuantificadores, a través de las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Asimismo, y con subordinación a los criterios, parámetros o elementos cuantificadores de cada ley específica o del presente Decreto Legislativo, podrá diferirse a su desarrollo reglamentario la fijación de la cuantía exigible para cada tasa.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 27 de julio de 2004.
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
EDUARDO BANDRES MOLINE
MARCELINO IGLESIAS RICOU
TEXTO REFUNDIDO DE LAS TASAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
CAPÍTULO I
01. Tasa por dirección e inspección de obras
Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras de la misma y de sus Organismos Públicos.
Artículo 2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que realicen obras de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos respecto de las que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 3. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del correspondiente servicio, efectuándose la liquidación de la misma al tiempo de expedir las certificaciones o realizar los servicios facultativos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 4. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por replanteo de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de adjudicación de la obra o, en su caso, de la contrata, con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.
Tarifa 02. Por la dirección e inspección de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe líquido de las obras ejecutadas, con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, según las certificaciones expedidas por los servicios.
El tipo de gravamen es el 4,00 por ciento.
Tarifa 03. Por liquidaciones de la obra:
Constituye la base imponible de la tasa el presupuesto de liquidación de la obra, con exclusión de las cantidades correspondientes al I.V.A.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.
CAPÍTULO II
02. Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
Artículo 5. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o realización de actividades relativas a trabajos facultativos de redacción, confrontación e informes de proyectos de obras, servicios o instalaciones, así como la tasación de los mismos.
Artículo 6. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares o peticionarios de concesiones, autorizaciones administrativas o tasaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 7. Devengo y gestión.
La tasa se devengará al tiempo de la solicitud de prestación del servicio o actividad. No obstante, el pago será exigible en los siguientes momentos:
1. En el caso de petición de redacción de proyectos, en el momento de la formulación por el servicio gestor del presupuesto del proyecto solicitado.
2. En el caso de confrontación e informe, en el momento de la presentación del proyecto que ha de ser objeto de los mismos.
3. En el caso de tasación, en el momento de la emisión por el servicio correspondiente de la tasación.
Artículo 8. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto de obras, servicios o instalaciones y, en caso de tasación, el valor que resulte de la misma.
2. El importe de la tasa será el resultado de multiplicar la raíz cúbica del cuadrado de la base por los coeficientes que se señalan a continuación, según resulta de la aplicación de la fórmula siguiente:
t = c p2/3
Donde: «t» = importe de la tasa;
«c» = coeficiente aplicable en cada supuesto;
«p» = presupuesto del proyecto.
4. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En el caso de redacción de proyectos de obras, servicios e instalaciones, se aplica el coeficiente c = 2,7.
La tasa mínima es de 120,81 euros.
Tarifa 02. En el caso de confrontación e informe, se aplica el coeficiente c = 0,8.
La tasa mínima es de 60,40 euros.
Tarifa 03. En el caso de tasaciones de obras, servicios o instalaciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios, se aplica el coeficiente c = 0,5.
La tasa mínima es de 50,54 euros.
Tarifa 04. En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios o instalaciones, se aplica el coeficiente c = 0,3.
La tasa mínima es de 40,24 euros.
CAPÍTULO III
03. Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas
Artículo 9. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos en general y la realización de informes técnicos, expedición de certificados y demás actuaciones facultativas enumeradas en el artículo 12 que deban realizarse en los procedimientos instados por los sujetos pasivos o cuando hayan de efectuarse con carácter preceptivo o se deriven de los propios términos de concesiones o autorizaciones otorgadas.
2. No obstante, no estarán sujetas a la presente tasa la realización de informes y otras actuaciones facultativas que se encuentren gravados con una tasa específica.
Artículo 10. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes afecte la prestación del servicio o realización de la actuación administrativa que constituyen el hecho imponible.
Artículo 11. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en los supuestos de las tarifas 05, 08, 09, 10, y 12 en los que se practicará liquidación por la Administración, debiendo ingresarse su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 12. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por servicios administrativos en general, que no se encuentren gravados con una tasa específica.
Tarifa 01. Por expedición de certificaciones, a instancia de parte: 6,66 euros.
Tarifa 02. Por compulsa de documentos técnicos o administrativos, cada uno: 3,26 euros.
Tarifa 03. (...).
Tarifa 04. (...)
Tarifa 05. Por consulta o búsqueda de asuntos en archivos administrativos, cada uno: 1,74 euros.
Tarifa 06. (...)
Tarifa 07. Por diligenciado y sellado de Libros oficiales: 6,63 euros.
2. Por redacción de informe de carácter facultativo:
Tarifa 08. Cuando no sea necesario tomar datos de campo: 32,28 euros.
Tarifa 09. Cuando sea necesario tomar datos de campo:
1. Por día: 96,63 euros.
2. Por cada uno de los días siguientes: 64,42 euros.
Tarifa 10. Por trabajos de campo para deslindes, inspecciones de obras, levantamientos topográficos y otras actuaciones facultativas, con levantamiento de Acta, expedición de certificado final, entrega de plano o redacción del documento comprensivo de la actuación realizada, por cómputo de días, según las cuantías de la tarifa 09.
Tarifa 11.
3. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas.
Tarifa 12. Se aplica el 0,5 por mil del valor de la expropiación realizada para el establecimiento de la concesión o en defecto de ella por el valor del suelo ocupado o utilizado por la misma, con un mínimo de 3,28 euros.
4. Copias de documentos:
Tarifa 13. Por cada hoja o página DIN A-4: 0,11 euros.
Tarifa 14. Por cada hoja o página DIN A-3: 0,14 euros.
Tarifa 15. Por plano de copia normal, según tamaño:
* DIN A-0: 2,79 euros.
* DIN A-1: 1,37 euros.
* DIN A-2: 0,87 euros.
* DIN A-3: 0,43 euros.
* DIN A-4: 0,34 euros.
Tarifa 16. Por plano de copia reproducible, según tamaño:
* DIN A-0: 13,28 euros.
* DIN A-1: 6,72 euros.
* DIN A-2: 3,58 euros.
* DIN A-3: 1,54 euros.
* DIN A-4: 0,81 euros.
CAPÍTULO IV
04. Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos
Artículo 13. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de los servicios relativos a las autorizaciones o derivados de las tomas de conocimiento en materia de espectáculos públicos.
Artículo 14. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.
Artículo 15. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible. No obstante lo anterior, el pago podrá exigirse con posterioridad a la autorización o toma de conocimiento del espectáculo de que se trate.
Artículo 16. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Actos recreativos, fiestas, bailes, verbenas y fuegos artificiales.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 5,35 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 10,75 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 16,25 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 26,95 euros.
Tarifa 02. Actos deportivos: campeonatos de tiro al plato.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 2,70 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 5,35 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 8,10 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 13,50 euros.
Tarifa 03. Espectáculos taurinos.
Vaquillas, encierros y similares y becerradas: 10,75 euros.
Novilladas sin picadores: 26,95 euros.
Novilladas con picadores: 40,50 euros.
Corridas de toros: 53,90 euros.
CAPÍTULO V
05. Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias
Artículo 17. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios y actuaciones administrativas:
1.º El otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
2.º La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
3.º Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
4.º La emisión de tarjeta del tacógrafo digital, como sistema de control para el transporte por carretera, en sus distintos tipos: de conductor, de centro de ensayo (talleres), de compañías (empresas de transporte) y de control (autoridades de control).
Artículo 18. Sujeto pasivo.
Están obligadas al pago de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a quienes se preste cualesquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 19. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en los que el servicio o actuación se preste de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 20. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 01. Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado, modificación y expedición de duplicados de las autorizaciones de transporte de viajeros y de mercancías, tanto en servicio público como en particular complementario, así como de las actividades auxiliares y complementarias de transporte, por año y vehículo o local al que, en su caso, esté referida la autorización o por cada certificación que corresponda:
1. Vehículos de menos de 9 plazas o de carga útil inferior a 1 Tm, por autorización y año, o fracción: 16,15 euros.
2. Autobuses de 9 a 20 plazas o camiones de 1 a 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 26,09 euros.
3. Autobuses que excedan de 20 plazas o camiones de más de 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 32,28 euros.
Tarifa 02. Visado de empresas con expedición de certificado: 17,39 euros.
2. Por comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
Tarifa 03. Derechos de participación en cualquiera de las modalidades de pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte: 32,21 euros.
Tarifa 04. Expedición del título o certificado de capacitación profesional en materia de transporte, del título de consejero de seguridad o cualquier otra acreditación o certificado profesional equivalente: 32,21 euros.
3. Por servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 05. Emisión de informe en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias de Transporte, en relación con datos referidos a persona, autorización o empresa específica: 27,42 euros.
Tarifa 06. Actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global: 173,92 euros.
4. Por emisión de tarjeta del tacógrafo digital como sistema de control para el transporte por carretera de vehículos de más de 3.500 kg. o más de 9 plazas.
Tarifa 07. Emisión de tarjeta del tacógrafo digital: 34 euros.
CAPÍTULO VI
06. Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida
Artículo 21. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas relativas al otorgamiento de las calificaciones y declaraciones provisionales y definitivas en materia de:
1.º Viviendas de Protección Oficial.
2.º Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º Rehabilitación de viviendas y edificios.
4.º Demás actuaciones protegibles en materia de vivienda.
Artículo 22. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las actuaciones comprendidas en el hecho imponible.
Artículo 23. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones que constituyen el hecho imponible, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
No obstante, el pago podrá diferirse al momento en que se produzca el conocimiento del presupuesto protegido que constituye la base imponible.
Artículo 24. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe que resulte de los siguientes criterios de valoración:
a) En los supuestos de viviendas calificadas de Protección Oficial y en los de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegible, excluida la partida correspondiente a la propia tasa, conforme a los criterios de la legislación vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial.
b) En los supuestos de rehabilitación y demás actuaciones protegibles, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegido, excluidos los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, conforme a los criterios de la normativa vigente en la materia.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. El tipo de gravamen único aplicable a las distintas actividades y obras constitutivas enumeradas en los números 1º a 4º del hecho imponible es el 0,18 por ciento de la base.
Tarifa 02. (...)
CAPÍTULO VII
07. Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad
Artículo 25. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección de locales o edificaciones destinados a vivienda, relativas al otorgamiento de la cédula de habitabilidad.
Artículo 26. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la cédula de habitabilidad de los locales, edificios y viviendas, tanto si los ocupan por sí mismos como si los entregan a terceras personas por cualquier título.
Artículo 27. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente, mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 28. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por derechos de expedición de la cédula de habitabilidad: 5,88 euros.
Tarifa 02. Por inspección y certificado de habitabilidad cuando ésta es procedente, se aplicará la siguiente fórmula:
C = 16,73 n × Ca
C = Cuota tributaria.
Donde: n = número de viviendas inspeccionadas.
Ca = coeficiente de actualización automática de la tasa.
Siendo su valor actual igual a 2,71.
CAPÍTULO VIII
08. Tasa por ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público
Artículo 29. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos o la utilización de bienes de dominio público en los supuestos siguientes:
1.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos, en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de transportes.
2.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos que se realicen en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones en el ámbito de las competencias en materia de red de carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 30. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, titulares de las concesiones o autorizaciones, y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 31. Devengo y gestión.
La tasa se devenga en el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la concesión, el devengo se produce el 1 de enero de cada año.
Artículo 32. Tarifas.
1. La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios de valoración:
a) Por ocupación de terrenos de dominio público: el valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta los valores de los terrenos colindantes, así como los beneficios que los concesionarios obtienen de los mismos por la proximidad a vías de comunicación u obras hidráulicas. Dicha valoración deberá realizarse de acuerdo con el valor catastral de terrenos de situación análoga.
b) Por utilización del dominio público: cuando esta utilización pueda valorarse, se utiliza dicho valor como base; en caso contrario, la base imponible debe fijarse por el valor de los materiales objeto de aprovechamiento derivado de aquella utilización.
c) Por aprovechamiento de materiales: si se consumen los materiales, se utiliza como base el valor de los que hayan sido consumidos; si no se consumen, se aplica como base la utilidad que reporta su aprovechamiento.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. La cuota de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen anual del 11 por ciento sobre el importe de la base imponible, con una cuota mínima de 5,96 euros.
CAPÍTULO IX
09. Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación y defensa de las industrias forestales, agrarias y alimentarias
Artículo 33. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y la realización de los trabajos y estudios por intervención técnico-facultativa en materia de ordenación de las industrias forestales, agrarias y alimentarias, dirigidos a su autorización e inscripción en el Registro de Industrias Agrarias, que se indican a continuación:
a) Instalación de industrias: Autorización de la nueva instalación o implantación por vez primera de bienes de equipo, con las instalaciones complementarias precisas, que originen un proceso de producción capaz de funcionar como actividad industrial independiente.
b) Ampliación o reducción: Autorización de cualquier modificación de los elementos de trabajo que suponga aumento o disminución de las capacidades totales o parciales de las instalaciones existentes o la implantación de bienes de equipo que origine un nuevo proceso de producción dependiente de aquéllas.
c) Perfeccionamiento: La modificación de los elementos de trabajo que mejoran los métodos de fabricación, con objeto de elevar o diversificar la calidad de los productos o reducir los costes de obtención, pero sin alteración de la capacidad industrial.
d) Sustitución: La renovación de las instalaciones, máquinas, motores u otros elementos del equipo industrial averiados o desgastados por el uso, reemplazándolos por otro nuevo de análogas características, sin que produzca variación de la capacidad industrial.
e) Cambio de actividad: La variación sustancial de los productos tratados u obtenidos.
f) Traslado: El cambio de emplazamiento de la industria, sin modificación de sus capacidades ni de los bienes de equipo.
g) Cese de funcionamiento: La paralización total de la industria.
h) Cambio o modificación en la titularidad de la empresa.
i) Arrendamiento: La cesión del aprovechamiento temporal de la industria, mediante contrato, con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 34. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las autorizaciones de instalación, ampliación, sustitución de maquinaria, traslado de industrias, cambio de titular o de denominación social, autorización de funcionamiento y aquéllas para las que se realice la comprobación y control de las máquinas, aparatos, utensilio y demás efectos que constituyen la instalación.
Artículo 35. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos la autorización o la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 36. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por instalación y otras modificaciones definidas en el hecho imponible.
Tarifa 01. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación
(Valor de la instalación o de sus modificaciones en euros)
Hasta 100,00
De 100,01 a 200,00
De 200.01 a 400,00
De 400,01 a 1.000,00
De 1.000,01 a 2.000,00
De 2.000,01 a 5.000,00
De 5.001,01 a 10.000,00
Por cada 10.000,00 más o fracción hasta 100.000,00
De 100.000,00 hasta 300.000,00 cada 10.000,00 más o fracción
Por encima de 300.000,00.
Por cada 10.000,00 o fracción
2. Por cambio de titularidad.
Tarifa 02. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación (Valor de la instalación)
Adquirente de países miembros de la Unión Europea
Adquirente de terceros países
Hasta 3.000,00
De 3.000,01 a 6.000,00
De 6.000,01 a 9.000,00
De 9.000.01 a 12.000,00
Por cada 6.000,00 más o fracción
3. Por transformación y comercialización de industrias agroalimentarias.
Tarifa 03. Expedición de certificados relacionados con la transformación y comercialización agroalimentarias: 9,95 euros.
Tarifa 04. Notificación de la puesta en marcha de industrias de temporada:
Base de aplicación
(Valor de la instalación en euros)
Autorización (euros)
Hasta 1.000,00
De 1.000,01 a 2.000,00
De 2.000,01 a 5.000,00
A partir de 5.000,01
CAPÍTULO X
10. Tasa por servicios facultativos agronómicos
Artículo 37. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios por los facultativos y técnicos agronómicos:
1.º El reconocimiento de productos agrícolas en las operaciones de importación y exportación.
2.º Los servicios de defensa contra fraudes.
3.º Los servicios de tratamientos de plagas del campo.
4.º La inspección de maquinaria agrícola o inscripción en Registros.
5.º La inspección de la fabricación y comercio de abonos.
6.º La inspección de cultivos y semillas; inspección fitopatológica de frutas y verduras; inspección fitosanitaria de conservas de frutas y verduras, y en general de productos de o para el campo.
7.º La inspección de harinas y fabricación de pan.
8.º La inspección de la fabricación, venta y circulación de productos fitosanitarios, material para aplicación de los mismos, y productos estimulantes de la vegetación.
9.º La inspección de viveros no forestales y vigilancia del comercio de sus productos.
10.º La inscripción en el Registro de productos enológicos y en el de variedades de plantas.
11.º Determinaciones analíticas, realizadas en laboratorio oficial, que tengan la consideración de análisis contradictorios o dirimentes, conforme a la normativa específica de inspección y régimen sancionador en materia de producción y consumo agroalimentarios.
12.º Cuantos servicios se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción agrícola.
Artículo 38. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengan la condición de importadores, exportadores, agricultores, usuarios o concesionarios de servicios de carácter agronómico, y en general cuantas personas de tal naturaleza utilicen, a petición propia o por disposición legal o reglamentaria, los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 39. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 40. Tarifas.
1. Con objeto de unificar las tarifas de la presente tasa, el Departamento competente en la materia fijará el valor del coste de plantación para todas las diferentes especies y en las distintas comarcas y, en general, la cantidad que sirva de base para el cálculo de honorarios facultativos en los distintos casos. Asimismo, se incluirán todos los gastos materiales necesarios para la prestación del servicio, exceptuando los que hacen referencia a señalamientos y comprobaciones de cupos de materias primas y los módulos por plantaciones de frutales y arranque de plantaciones y cuantos servicios para los que se señalen fórmulas o porcentajes en los que se incluyan dichos gastos.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inspección fitosanitaria periódica a viveros y establecimientos de horticultura, arboricultura, fruticultura y jardinería; de campos y cosechas a instancia de parte; de equipos e instalaciones para tratamientos fitosanitarios, incluida cuando se precise la aprobación de sus tarifas y por inspección fitosanitaria y de calidad para el comercio interior, en origen o destino, de productos del agro o para el agro (agrícolas, ganaderas, abonos, semillas, material agrícola variedades, marcas y denominación de origen) se liquidará a razón de 19 euros por inspección 0,150 por ciento del valor normal de la producción bruta de un año o del valor normal de la mercancía, y en el caso de equipos o instalaciones el 0,525 por ciento del capital invertido.
Tarifa 02. Por inspección facultativa de tratamientos fitosanitarios y redacción del oportuno informe, 31,80 euros por informe.
Tarifa 03. Por ensayos realizados por el Departamento de Agricultura de productos o especialidades fitosanitarias y enológicas, así como los que preceptivamente han de efectuarse para la inscripción de variedades de plantas, que se realicen a petición del interesado, incluidas la redacción de dictamen facultativo, censura de la propaganda y los derechos de la inscripción en el Registro correspondiente, para los análisis de los productos fitosanitarios y enológicos, y en todos los casos hasta un máximo de 54 euros.
Tarifa 04. Por inscripción de vehículos agrícolas en los Registros oficiales:
Por inscripción: 39,80 euros.
Por transferencia o cambio de titularidad: 19,90 euros.
Por certificados, bajas y duplicados: 6,65 euros.
Tarifa 05. Por tramitación de solicitud de autorización y renovación de acondicionadores de grano para siembra se liquidará:
Por autorización: 19 euros.
Por renovación: 16 euros.
Tarifa 06. Por grupos de analítica en vinos:
Para la exportación: 18,40 euros.
Para intervención y regulación de mercados según normativa Unión Europea: 11,45 euros.
Para calificación en Denominación de Origen: 15,90 euros.
Tarifa 07. Por las determinaciones analíticas relacionadas en la siguiente tabla:
DETERMINACIÓN Parámetros Precio euros
SUELOS. Determinaciones completas
TEXTURA Arena total; Limo grueso; Limo fino; Arcilla: 15,75 euros.
RETENCIÓN DE HUMEDAD A 1/3 y a 15 atmósferas: 12,05 euros.
FERTILIDAD pH; Prueba previa; salinidad; materia orgánica; Fósforo; Potasio y Magnesio asimilables: 48,60 euros.
CARBONATOS Y CALIZA ACTIVA: 16,95 euros.
EXTRACTO PASTA SATURADA C.E. extracto; Porcentaje de saturación; Calcio; Magnesio; Sodio y Potasio solubles: 37,50 euros.
ANIONES EN EXTRACTO DE PASTA SATURADA Carbonatos; Bicarbonatos; Sulfatos; Cloruros y Nitratos: 59,55 euros.
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: 31,65 euros.
CAPACIDAD TOTAL DE INTERCAMBIO CATIÓNICO: 54,00 euros.
NITRATOS: 10,95 euros.
AGUAS NATURALES. Determinaciones completas.
ANÁLISIS TIPO Conductividad eléctrica; Bicarbonatos; Cloruros; Sulfatos; Calcio; Magnesio; Sodio; Potasio; pH; pH calculado; S. A.R; S. A.R. ajustado; Dureza e Indice Langlier: 43,70 euros.
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: 31,65 euros.
NUTRIENTES Nitratos; Nitritos; Amonio; Fosfatos y Potasio: 54,85 euros.
FERTILIZANTES. Determinaciones completas.
ANÁLISIS TIPO ABONO MINERAL Nitrógeno total; Fósforo y Potasio soluble: 34,80 euros.
ANÁLISIS TIPO ABONO ORGÁNICO Humedad; Materia orgánica; Nitrógeno; Fósforo y Potasio totales: 48,40 euros.
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: 31,70 euros.
MATERIAL VEGETAL Determinaciones completas
ANÁLISIS TIPO Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio; Sodio; Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: 85,60 euros.
MACROELEMENTOS Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio y Sodio: 55,75 euros.
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc: 36,35 euros.
RESIDUOS DE PESTICIDAS. Determinaciones completas.
MULTIRRESIDUOS 118 Determinaciones: 2.475,00 euros.
ACEITES Y GRASAS. Determinaciones completas
HABITUALES Acidez; Peróxidos; índices K270 y K232 y delta K: 29,45 euros.
ÁCIDOS GRASOS Perfil 14 Determinaciones: 189,55 euros.
RENDIMIENTO GRASO Extracción: 14,05 euros.
RENDIMIENTO GRASO Abencor: 14,05 euros.
LÁCTEOS. Determinaciones completas.
HABITUALES Grasa; extracto seco; extracto seco magro y proteína: 31,70 euros.
PIENSOS. Determinaciones completas
HABITUALES Humedad, Proteína, proteína bruta, fibra, cenizas, grasa, almidón y fósforo: 92,55 euros.
DETERMINACIONES UNITARIAS EN DISTINTAS MATRICES CLASIFICADAS POR MÉTODO ANALÍTICO
MÉTODOS CLÁSICOS pH, conductividad, humedad, calcinación, volumetrías, etc: 10,95 euros.
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV-VISIBLE: 12,95 euros. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA Metales: 12,95 euros.
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS: 20,95 euros.
ENSAYOS FÍSICOS: 10,95 euros.
OTROS MÉTODOS INSTRUMENTALES: 22,30 euros.
BOLETÍN Por muestra: 4,50 euros.
3. Las inspecciones obligatorias por disposición legal o reglamentaria realizadas por personal facultativo agronómico que deban efectuarse excepcionalmente fuera de la jornada normal, la tarifa aplicable se incrementará en un cincuenta por ciento.
CAPÍTULO XI
11. Tasa por servicios facultativos veterinarios
Artículo 41. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios y trabajos que se presten o realicen por el personal facultativo veterinario en materia de producción y sanidad animal, como consecuencia de inspecciones, proyectos o solicitudes que se promuevan por los sujetos pasivos o en virtud de disposiciones legales o reglamentarias y, en particular, los siguientes:
1.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos relacionados con las actividades de elaboración, distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
2.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.
3.º El control de la conservación y saneamiento de la ganadería, así como de la circulación de la misma, mediante la expedición del documento acreditativo correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre epizootias.
4.º La expedición de libros oficiales e inscripción en el Registro correspondiente de explotaciones ganaderas.
Artículo 42. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados directamente al pago de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios y trabajos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 43. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. Cuando el servicio prestado consista en la realización de inspecciones facultativas necesarias para la extensión de documentos acreditativos y con posterioridad se produjeran actuaciones no previstas en la autoliquidación presentada, se girará por la Administración una liquidación complementaria.
Artículo 44. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por la inspección y comprobación anual de las delegaciones comerciales y depósitos de los productos biológicos destinados a prevenir y combatir las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales.
Tarifa 01. Por delegación: 56,05 euros.
Tarifa 02. Por depósito: 21,55 euros.
2. Por los servicios facultativos veterinarios siguientes:
Tarifa 03. Apertura y comprobaciones anuales de los Centros de aprovechamiento de cadáveres de animales: 50,90 euros.
Tarifa 04. Vigilancia anual de estos Centros y análisis bacteriológicos de los productos derivados destinados para alimentos del ganado y abono orgánico, en evitación de la posible difusión de enfermedades infecto-contagiosas: 20,40 euros.
3. Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad, documento que acredita que los animales procedentes de zona no infectada y que no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, necesario para la circulación del ganado, se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 05. Para équidos, bóvidos y cerdos cebados.
Por una o dos cabezas: 0,80 euros.
De una a diez cabezas: 0,80 euros por las 2 primeras, más 0,30 euros por cada cabeza que exceda de 2.
De 11 cabezas en adelante: 2,95 euros por las diez primeras, más 0,15 euros por cada cabeza que exceda de diez.
Tarifa 06. Para óvidos, cápridos y cerdos de cría.
De una a cinco cabezas (por grupo): 0,35 euros.
De cinco a diez cabezas: 0,35 euros por las 5 primeras, más 0,06 euros por cada cabeza que exceda de cinco.
De once a cincuenta cabezas: 0,66 euros por las 10 primeras, más 0,04 euros por cada cabeza que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien cabezas: 2,36 euros por las cincuenta primeras, más 0,03 euros por cada cabeza que exceda de cincuenta.
De ciento una cabeza en adelante: 3,95 euros por las cien primeras, más 0,10 euros por cada grupo de diez cabezas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 07. Para conejos.
Por grupo de 10 o fracción: 0,07 euros.
Tarifa 08. Para aves.
Pavos Adultos Cebados: Hasta 10 unidades: 0,27 euros.
Cada unidad que exceda de diez: 0,01 euros por unidad.
Pollos y Gallinas: 0,02 euros por grupo de 10 o fracción.
Perdices Adultas: 0,03 euros por grupo de 10 o fracción.
Codornices Adultas: 0,01 euros por grupo de 10 o fracción.
Polluelos de gallina, pavipollos y patipollos: 0,25 euros hasta 100 animales; de 101 en adelante, 0,25 euros por las 100 primeras, más 0,15 euros por cada centenar o fracción.
Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no contempladas anteriormente): 0,25 euros por las 100 primeras; de 101 en adelante 0,25 euros por las 100 primeras más 0,05 euros por centenar o fracción.
Avestruces, hasta 10 unidades: 2,77 euros; por cada unidad que exceda de 10: 0,67 euros.
El resto de las aves, sin son adultas, se equipararán con los pavos adultos cebados y si son polluelos a lo contemplado en el párrafo relativo a polluelos de perdiz o codorniz.
Tarifa 09. Para animales de peletería (chinchillas, visones, etc.).
Chinchillas (familias constituidas por 1 macho y hasta 6 hembras): 0,62 euros por familia o grupo; 0,53 euros por unidad.
Visones y otras especies de peleterías, hasta 10 unidades: 1,74 euros (grupo).
De 11 en adelante: 1,74 euros por los 10 primeros y 0,13 euros por cada unidad que exceda de 10.
Tarifa 10. Por apicultura.
De una a cinco colmenas: 0,35 euros.
De cinco a diez colmenas: 0,35 euros por las 5 primeras, más 0,06 euros por cada colmena que exceda de cinco.
De once a cincuenta colmenas: 0,66 euros por las 10 primeras, más 0,04 euros por cada colmena que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien colmenas: 2,36 euros por las cincuenta primeras, más 0,03 euros por cada colmena que exceda de cincuenta.
De ciento una colmenas en adelante: 3,95 euros por las cien primeras, más 0,10 euros por cada grupo de diez colmenas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 11. Por ganado de deportes y sementales selectos.:
La cuota aplicable vendrá determinada por el doble de las tarifas del grupo a que corresponda el animal al que afecte la guía.
4. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de desinfección de vehículos de transporte de ganado.
Tarifa 12. Por talonario: 3,32 euros.
5. Por inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas.
Tarifa 13. Por inscripción o modificación de datos a instancia de parte: 16,57 euros.
6. Por actuaciones relativas al Libro de explotaciones ganaderas.
Tarifa 14. Expedición del Libro de Explotaciones: 6,45 euros.
Tarifa 15. Actualización del Libro de Explotaciones Ganaderas sin Inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas: 3,32 euros.
Tarifa 16. Suministro de hojas complementarias: 0,07 euros por unidad.
7. Por expedición de documentos.
Tarifa 17. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de documentos de traslado para ganaderos de ADS:
Para ovino: 3,40 euros por talonario.
Para bovino: 10,20 euros por talonario.
Para porcino: 6,80 euros por talonario.
Tarifa 18. Por la expedición de documentos de identificación de bovinos, por documento de identificación: 0,33 euros.
Tarifa 19. Por la expedición de títulos de Calificación Sanitario de Explotaciones, por título: 3,32 euros.
Tarifa 20. Por la expedición y tramitación de la Tarjeta Sanitaria Equina, por tarjeta: 6,37 euros.
CAPÍTULO XII
12. Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos
Artículo 45. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la prestación de las actividades realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas al consumo, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, manipulación o despiece y almacenamiento frigorífico o depósito, sitos en el territorio de la Comunidad, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.
A tal efecto, dichas tasas en lo sucesivo se denominarán:
– Inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
– Controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos destinados al consumo humano.
Dichos controles e inspecciones serán los realizados por los técnicos facultativos en las siguientes operaciones:
– Sacrificio de animales.
– Despiece de las canales.
– Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
– Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos.
2. Para la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, y otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral, así como los animales procedentes de piscifactorías, criaderos de crustáceos y moluscos, y demás animales destinados al consumo humano.
b) Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, así como el marcado o marchamado de piezas obtenidas en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se establezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente.
3. Se entenderá realizado el hecho imponible en territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando en el mismo radiquen las instalaciones o establecimientos en los que se sacrifiquen los animales, se practiquen los análisis, se despiecen las canales, se almacenen las carnes, o, en general, se encuentren las instalaciones, piscifactorías, criaderos y explotaciones análogas desde las que se realicen las entregas de los productos de origen animal.
4. No estarán sujetas a esta tasa las actuaciones de inspección sanitaria que se realicen sobre animales sacrificados en domicilios particulares, cuyo destino sea el consumo familiar, y de caza para el propio consumo del cazador.
Artículo 46. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos obligados al pago de los tributos, según el tipo de tasa de que se trate, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en concreto, las siguientes:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales «ante mortem» y «post mortem» de los animales sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se lleve a cabo el sacrificio, o se practique la inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
b) En las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:
1.º Las mismas personas determinadas en la letra anterior, cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
2.º Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.
c) En las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, las personas físicas o jurídicas titulares de dichos establecimientos.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los establecimientos, ya sean personas físicas o jurídicas, donde se lleven a cabo los citados controles.
2. Los sujetos pasivos anteriores deberán trasladar, cargando su importe en factura, las tasas a los interesados que hayan solicitado la prestación del servicio, o para quienes se realicen las operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control de determinadas sustancias y residuos animales y sus productos descritos en el artículo anterior, procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la Comunidad Autónoma, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el importe de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) el artículo anterior.
Artículo 47. Responsables de la percepción del tributo.
Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de la exacción de las tasas reguladas en este Capítulo, las personas y entidades a las que se refiere el artículo 40.2 de la Ley General Tributaria, en los términos allí previstos.
Igualmente, serán responsables subsidiarios, los titulares de los establecimientos donde se expidan las carnes y demás productos animales al consumidor final, aún cuando sea en forma de producto cocinado y condimentado, siempre que no se justifique suficientemente su origen o procedencia.
Artículo 48. Devengo y gestión.
1. Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija su previo pago cuando la realización del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo o del interesado.
2. En el caso de que en un mismo establecimiento, y a solicitud del sujeto pasivo o del interesado, se realicen en forma sucesiva las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la cuantía de la tasa se determinará de forma acumulada al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las cuotas correspondientes y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 50.
Artículo 49. Tarifas de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
1. La cuota tributaria se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas a:
– Sacrificio de animales.
– Operaciones de despiece.
– Control de almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las cuotas de las tres fases acumuladas, en la forma prevista en el artículo 50.
2. Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario «ante mortem», «post mortem», control documental de las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
a) Para ganado: (Excepto aves de corral, conejos y caza menor).
Clase de ganado.
Cuota por animal sacrificado (euros)
Tarifa 01. BOVINO.
Mayor con más de 218 kg. de peso por canal.
Menor con menos de 218 kg. de peso por canal.
Tarifa 02. SOLÍPEDOS/ÉQUIDOS.
Tarifa 03. PORCINO y JABALÍES.
Comercial de 25 o más kg. de peso por canal.
Lechones de menos de 25 kg. de peso por canal.
Tarifa 04. OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES.
Con más de 18 kg. de peso por canal.
Entre 12 y 18 kg. de peso por canal.
De menos de 12 kg. de peso por canal.
b) Para las aves de corral, conejos y caza menor:
Clase de ganado.
Cuota por animal sacrificado (euros)
Tarifa 05. Para aves adultas, conejos y caza menor de pluma y pelo, con más de 5 kg. de peso/canal.
Tarifa 06. Para aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menos de pluma y pelo, de engorde de entre 2,5 kg. y 5 kg de peso/canal.
0,00954
Tarifa 07. Para pollos y gallinas de carne y demás aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, con menos de 2,5 kg. de peso/canal.
0,00424
Tarifa 08. Para gallinas de reposición.
0,00424
3. Para las operaciones de despiece y almacenamiento la cuota se determinará en función del número de toneladas sometidas a la operación de despiece y a las de control de almacenamiento. A estos últimos efectos y para las operaciones de despiece se tomará como referencia el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos.
Tarifa 09. La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obtenidas de las canales se fija en 1,43 euros por tonelada.
4. Para el control e inspección de las operaciones de almacenamiento se exigirá, desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el Anexo de la Directiva 96/43 CE.
Tarifa 10. La cuota correspondiente se cifra en 1,43 euros por tonelada.
Artículo 50. Reglas relativas a la acumulación de cuotas.
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberán acumular cuando concurra la circunstancia de una integración de todas o algunas de las fases de devengo en un mismo establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En caso de que en el mismo establecimiento se efectúen operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se aplicarán los siguientes criterios para la exacción y devengo del tributo:
a.1 La tasa a percibir será igual al importe acumulado de las cuotas tributarias devengadas por las operaciones citadas hasta la fase de entrada en almacén inclusive.
a.2 Si la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese la totalidad de los gastos de inspección de las operaciones de despiece y control de almacenamiento, no se percibirá tasa alguna por estas dos últimas operaciones.
b) Cuando concurran en un mismo establecimiento únicamente operaciones de sacrificio y despiece, y la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese igualmente la totalidad de los gastos de inspección por operaciones de despiece, no se percibirá tasa alguna por dicho concepto.
c) En el caso de que en el mismo establecimiento se realicen solamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengará la cuota relativa a inspecciones y controles sanitarios de carnes por la operación de almacenamiento.
Se entenderá que la tasa percibida por el sacrificio cubre igualmente los gastos de control de las operaciones de despiece, o incluso por operaciones de despiece y de almacenamiento, cuando la situación de los locales en los que se desarrollan las mismas permita, a los técnicos facultativos, llevar a cabo el control de todas ellas sin un incremento apreciable del tiempo que normalmente sería preciso dedicar, por sí solo, a las operaciones de sacrificio
Artículo 51. Tarifas de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos.
Tarifa 11. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacrificio y sus carnes, practicados según los métodos de análisis previstos en las reglamentaciones técnico sanitarias sobre la materia, dictadas por el propio Estado, o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Unión Europea, se percibirá una cuota de 1,43 euros por Tm. resultante de la operación de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de cuotas.
Tarifa 12. El importe de dicha tasa a percibir, y que asciende a 1,43 euros por Tm., se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales obtenidos del sacrificio de los animales, de acuerdo con la escala que se incluye a continuación:
Unidades
Cuota por unidad (euros)
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg. de peso por canal
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal
0,00954
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso por canal
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
0,00954
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal
De ganado caballar
De aves de corral
0.00212
Tarifa 13. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura, se percibirá una cuota de 0,106 euros por Tm.
Tarifa 14. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una cuota de 0,0212 euros por cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima.
Tarifa 15. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una cuota de 0,0212 euros por Tm.
Artículo 52. Liquidación e ingreso.
1. El ingreso se realizará, en cada caso, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, contribuyente o sustituto del mismo, en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los obligados al pago de las tasas trasladarán las mismas cargando su importe total en las correspondientes facturas a los interesados, practicando las liquidaciones procedentes de acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores.
2. Las liquidaciones se registrarán en un libro oficial habilitado al efecto y autorizado por la Administración de la Comunidad Autónoma. La omisión de este requisito será constitutiva de infracción tributaria y dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que puedan derivarse por la comisión de infracciones en el orden sanitario.
3. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 3,0846 euros por Tm para los animales de abasto y 0,9646 euros por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrificada.
Unidades
Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes (por unidad sacrificada)
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg. de peso por canal
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso por canal
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal
De ganado caballar
0,44944
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
0,00159
Artículo 53. Exenciones y bonificaciones y restitución de las tasas.
1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas contenidas en los artículos anteriores, no se concederá exención ni bonificación alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones o el lugar en que se encuentren ubicados.
2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución a terceros a causa de la exportación de las carnes, ya sea en forma directa o indirecta.
CAPÍTULO XIII
13. Tasa por servicios sanitarios
Artículo 54. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sanitarios que se mencionan a continuación:
1.º Los estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
2.º La inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
3.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en relación con las actividades de traslado, exhumación y prácticas tanatológicas de cadáveres y restos cadavéricos.
4.º La expedición de certificados e informes, así como otras actuaciones de inspección e inscripción.
5.º Las inspecciones veterinarias de caza mayor y en campañas de sacrificio domiciliario.
6.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en centros, servicios y establecimientos sanitarios.
7.º Las comunicaciones de consultas profesionales.
8.º Los visados de publicidad médico sanitaria.
Artículo 55. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sanitarios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 56. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sanitarios se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación.
Artículo 57. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
Tarifa 01. Por el estudio e informe previo de cada proyecto antes de autorizar las obras:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros. 99,06 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros y hasta 601.012,10 euros: 198,10 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 296,66 euros.
Tarifa 02. Por la comprobación de la obra terminada y emisión del informe previo al permiso para uso o funcionamiento:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros: 148,41 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros. y hasta 601.012,10 euros: 296,66 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 445,24 euros.
2. Inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
Tarifa 03. A establecimientos de hasta 10 empleados: 49,52 euros.
Tarifa 04. A establecimientos de 11 a 25 empleados: 99,06 euros.
Tarifa 05. A establecimientos de más de 25 empleados: 198,10 euros.
3. Cadáveres y restos cadavéricos.
Tarifa 06. Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para la concesión de las autorizaciones siguientes:
1. Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma: 20,04 euros.
2. Exhumación de un cadáver antes de los tres años de su enterramiento para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 50,02 euros.
3. Exhumación de un cadáver después de los tres años de la defunción y antes de los cinco para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 29,28 euros.
4. Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver después de los cinco años de la defunción para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 14,74 euros.
5. Inhumación de un cadáver en cripta fuera del cementerio: 140,96 euros.
6. Práctica tanatológica:
A) Conservación transitoria: 29,98 euros.
B) Embalsamamiento: 49,52 euros.
4. Otras actuaciones sanitarias.
Tarifa 07. Inspección sanitaria en los casos previstos por la normativa vigente: 49,52 euros.
Tarifa 08. Inspección de centros de expedición de certificados de aptitud obligatorios para permisos de conducción, licencia de armas y otros análogos: 99,06 euros.
Tarifa 09. Inscripción de sociedades médico - farmacéuticas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la Comunidad Autónoma: 99,06 euros.
Tarifa 10. Emisión de informes o certificados que requieran estudios o exámenes de proyectos y/o expedientes tramitados, no comprendidos en conceptos anteriores, según el valor de la mercancía, con la siguiente escala:
Hasta 601,01 euros: 4,47 euros.
De 601,02 euros a 3.005,06 euros: 8,45 euros.
De 3.005,07 a 6.010,12 euros: 12,75 euros.
De 6.010,13 a 12.020.24 euros: 21,04 euros.
De 12.020,25 a 30.050,61 euros: 33,62 euros.
Más de 30.050,61 euros: 49,52 euros.
Tarifa 11. Entrega de libros oficiales de control sanitario de establecimientos y diligencia de los mismos: 7,78 euros.
5. Inspección veterinaria.
Tarifa 12. Reconocimiento de caza mayor y análisis triquinoscópico cuando proceda: 9,28 euros.
Tarifa 13. Reconocimiento de cerdos en campaña de sacrificio domiciliario: 5,13 euros.
Tarifa 14. Autorizaciones administrativas y de apertura de centros, servicios y establecimientos sanitarios y por su inspección.
1. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la creación, traslado y apertura de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
a) Hospitales: 265,02 euros.
b) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios: 132,51 euros.
c) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios: 66,26 euros.
2. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la modificación y apertura de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
a) Hospitales: 198,77 euros.
b) Servicios hospitalarios de nueva creación: 99,39 euros.
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios: 66,26 euros.
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios: 33,13 euros.
3. Por la tramitación de la autorización administrativa para el cierre de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 33,13 euros.
4. Por la inspección preceptiva de centros, servicios y establecimientos sanitarios para la autorización de apertura solicitada cuando anteriormente se haya concedido la autorización administrativa previa, u otras inspecciones preceptivas para la emisión de informes y certificaciones.
a) Hospitales: 198,77 euros.
b) Servicios hospitalarios de nueva creación: 165,64 euros.
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios: 132,51 euros.
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios: 82,82 euros
e) Vehículos destinados a transporte sanitario por carretera: 46,38 euros.
5. Por la inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios a instancia de parte de los interesados: 82,82 euros.
Tarifa 15. Comunicaciones de consultas profesionales.
1. Consultas relativas a actividades en las que se generan residuos sanitarios y requieran la elaboración de un «Plan de gestión infracentro» de estos residuos y la correspondiente emisión de informe sobre el mismo, y/o sobre aquéllas que dispongan de instalaciones radiactivas: 66,26 euros.
2. Consultas relativas a actividades en las que no se generan residuos sanitarios y que no dispongan de aparatos de instalaciones radiactivas: 33,13 euros.
Tarifa 16. Tramitación de visados de publicidad médico sanitaria.
1. Visados que requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 33,13 euros.
2. Visados que no requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 16,57 euros.
CAPÍTULO XIV
14. Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales
Artículo 58. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de las señaladas tasas la prestación, en el territorio de Aragón, por los órganos competentes de su Administración, de la autorización del uso de su dominio público, mediante concesión, así como de los servicios y actuaciones relativos a la ordenación de las actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, que se mencionan a continuación:
1.º La tramitación y aprobación de planes estratégicos; autorizaciones, puesta en funcionamiento, inscripción en los correspondientes Registros de instalaciones industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, y de sus ampliaciones, mejoras y modificaciones.
2.º Las inspecciones técnicas oportunas.
3.º Las actuaciones de verificación, contrastación y homologación.
4.º Las pruebas de presión en aparatos y recipientes que contienen fluidos.
5.º La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de actividades reglamentarias.
6.º Las actuaciones necesarias para la declaración de expropiación forzosa de bienes y la imposición de servidumbre de paso, en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
7.º La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos minerales.
8.º El otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones mineras de explotación, sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas con las mismas.
9.º La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de labores mineras y grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales de agua y toma de muestras.
10.º El control de uso de explosivos.
11.º El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial y su inscripción en el registro correspondiente.
12.º Las actuaciones de examen de aptitud para la obtención del carné de instalador, mantenedor u operador autorizado.
13.º El acceso a los datos de los registros oficiales y de las bases de datos de patentes y marcas.
14.º Las actuaciones de los organismos de control.
15.º La tramitación relativa al establecimiento de grandes superficies comerciales.
2. Los anteriores presupuestos del hecho imponible se exigirán en la forma contenida en las correspondientes tarifas.
Artículo 59. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o para quienes se presten los servicios o se realicen las actuaciones constitutivas del hecho imponible.
2. En su caso, serán sujetos pasivos sustitutos las personas o entidades señaladas en el apartado anterior, cuando las actividades se presten en régimen de concesión, sin perjuicio de la repercusión del tributo a los sujetos pasivos contribuyentes.
Artículo 60. Devengo y gestión.
Las tasas aquí reguladas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se devengarán:
a) Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación del servicio o actividad que da origen al tributo.
No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas correspondientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y al pago del importe de la tasa o consignar su depósito previo.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o tramiten los expedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta tanto no se realice el pago del tributo correspondiente.
Artículo 61. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Actuaciones administrativas en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
1.1 Están sujetas por este concepto la tramitación y aprobación de planes estratégicos, autorización, puesta en funcionamiento de productos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras, sus ampliaciones, cambios de titularidad, traslados, e inspecciones, en relación con las actividades siguientes:
– Establecimientos y actividades industriales en general.
– Instalaciones eléctricas.
– Instalaciones de agua.
– Aparatos e Instalaciones de gases combustibles.
– Instalaciones petrolíferas.
– Instalaciones térmicas en los edificios.
– Instalaciones de frío industrial.
– Instalaciones y aparatos de elevación y manutención.
– Aparatos a presión.
– Almacenamiento de productos químicos.
– Instalaciones de protección contra incendios.
– Reformas de importancia generalizada de vehículos y catalogación de vehículos como históricos.
– Vehículos y contenedores para el transporte de mercancías perecederas y peligrosas.
– Tramitación del Plan Eólico Estratégico.
– Tramitación de proyecto presentado en competencia.
Tarifa 01. Sobre la base del valor de la inversión en maquinaria y equipos de los supuestos contenidos en este Concepto 1, se aplicará la escala de gravamen 1.1 que se señala a continuación, sin perjuicio de las Reglas Especiales y Cuotas Fijas que se indican.
Escala de gravamen 1.1.
Base liquidable
Hasta euros
Cuota íntegra
Resto base liquidable
Hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
3.005,06
120.202,42
120.202,42
1,202.024,21
1.202.024,21
2.080,94
3.005.060,52
3.005.060,52
3,618,93
6.010.121,04
6.010.121,04
4.902,09
30.050.605,22
30.050.605,22
10.022,71
en adelante
Reglas especiales:
1.ª A las cuotas resultantes de la liquidación por la citada escala 1.1, se aplicarán las siguientes reducciones:
– Del 90% en la tramitación de aprobación e incidencias de Planes Eólicos Estratégicos.
– Del 90% en la tramitación de cambios de titularidad.
2.ª A la tramitación de los expedientes de autorización que comporten la presentación, para su análisis y aprobación de Separatas que afecten a reglamentaciones específicas de seguridad, se les girará, con independencia de la Liquidación que proceda por aplicación de la escala 1.1. sobre el valor de las instalaciones concretas que comprenda o en su caso de la tarifa 02, una liquidación complementaria por dicha escala con reducción del 50% de la cuota resultante.
3.ª La tramitación de la regularización de instalaciones de hecho, sin la correspondiente autorización administrativa, se liquidará aplicando al valor originario de la maquinaria y equipo la escala 1.1., sin perjuicio de las reducciones o incrementos de la cuota resultante que procedan, según las reglas anteriores y de las sanciones tributarias correspondientes a las infracciones cometidas.
4.ª Estarán exentas del pago de tasa las inspecciones de oficio y las que se realicen, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones o requisitos de seguridad, a instancia de parte interesada en caso de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medioambiente.
Cuotas fijas:
Tarifa 02. Tramitación de las comunicaciones relativas a la puesta en funcionamiento o modificación de industrias, instalaciones industriales o aparatos regulados por reglamentos de seguridad industrial, que no requieren autorización administrativa y las tramitaciones relativas a la puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas en edificios que no requieran proyecto.
1. Sin proyecto: 65 euros.
2. Con proyecto y/o expediente técnico: 97,50 euros.
3. Cambios de titularidad: 4,55 euros.
Tarifa 03. Quedan sujetas a cuota fija de 11,55 euros por expediente, los siguientes conceptos:
– Tramitación de instalaciones de baja tensión con sólo certificado de instalación.
– Tramitación de instalaciones interiores de suministro de agua.
– Tramitación de ficha técnica de aparatos para la preparación rápida de café.
– Tramitación de almacenamientos de combustibles líquidos de clase C de capacidad igual o inferior a 5.000 litros en exterior o 3.000 litros en interior.
– Tramitación de comunicaciones relativas a certificados de control de instalaciones, inspecciones o revisiones periódicas.
Tarifa 04. La cuota fija aplicable a las ampliaciones de instalaciones eléctricas de baja tensión en viviendas de potencia igual o inferior a 5,5 kw será de 4,55 euros.
Tarifa 05. La cuota fija por inspección de las instalaciones de producción de energía, subestaciones y centros de transformación será de 384,50 euros.
Tarifa 06. La cuota fija por autorización de reforma de importancia generalizada de vehículos (para una misma marca y tipo) o por catalogación de vehículo como histórico será de 93,20 euros.
Tarifa 07. La cuota fija por la tramitación de incidencias de Planes Eólicos Estratégicos que no tengan asociada una variación de la inversión prevista será de 335,30 euros.
Tarifa 08. Tramitación del otorgamiento de la condición de productor en régimen especial (incluida la inscripción previa en el Registro de productores en régimen especial):
1. Hasta 50 kw: 75,90 euros.
2. De 50 kw o más: 1.537,90 euros.
Tarifa 09. Verificación de la calidad de suministro de la energía eléctrica:
1. Alta tensión 384,50 euros.
2. Baja tensión 73,45 euros.
Tarifa 10. Pruebas de presión de instalaciones (por cada prueba): 115,40 euros.
Tarifa 11. Inspecciones de centros de almacenamiento y distribución de G.L.P.:
1. De 1ª categoría: 307,60 euros
2. De 2ª y 3ª categoría: 153,85 euros
3. Otros centros de almacenamiento y distribución: 73,45 euros
4. Inspecciones periódicas: 50% de las cuotas correspondientes.
Tarifa 12. Comprobación de la potencia calorífica de gas suministrado: 384,50 euros.
Tarifa 13. Inspección periódica de instalaciones de aparatos de elevación y manutención: 57,70 euros.
2. Prestación de servicios metrológicos y de contrastación de metales preciosos.
2.1 Están sujetas por este concepto las actividades de control y verificación de pesas y medidas, las de aprobación y modificación de modelos y marcas, habilitación y control de laboratorios de verificación metrológica:
Tarifa 14. Instrumentos de pesaje:
1. Verificación periódica, posreparación o modificación de básculas puente, por unidad (siendo N el número de días que dure el trabajo de verificación): 841,15+496,74 × N euros.
2. Certificación y comprobación de revisión de básculas puente: 15,40 euros.
3. Verificación de balanzas, por unidad: 8,05 euros.
Tarifa 15. Aparatos surtidores:
1. Determinación volumétrica de cisternas, por unidad: 46,95 euros.
2. Verificación de sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos.
Se aplicará la siguiente escala para determinar la cuantía unitaria por sistema de medida:
Hasta 10 sistemas: 30,15 euros.
De 11 a 20 sistemas: 27,50 euros.
Más de 20 sistemas: 26,45 euros.
Tarifa 16. Verificación periódica y posreparación de manómetros de uso público para neumáticos de vehículos automóviles: 41,70 euros.
Tarifa 17. Comprobación y verificación de contadores de energía eléctrica, de gas y de agua. Limitadores eléctricos.
1. Verificación de contadores y limitadores en laboratorio autorizado de energía eléctricos monofásicos, de contadores de gas hasta 6m3/h. y de agua hasta 15 mm. de calibre, en series de menos de 10 elementos. Por cada elemento: 3,25 euros.
2. Iguales conceptos del apartado anterior, en series de 10 o más elementos. Por cada elemento: 1,65 euros.
3. Contadores de otras características y transformadores de medida, en series de menos de 10 elementos. Por cada elemento: 7,90 euros.
4. Iguales conceptos del apartado anterior en series de 10 o más elementos. Por elemento: 2,90 euros.
5. Verificación de equipos de medida de A.T. Por equipo: 60,20 euros.
6. Verificación a domicilio de equipos de medida de A.T. Por equipo: 153,85 euros.
7. Verificación a domicilio de contadores de B.T. Por contador: 36,05 euros.
8. Verificación en laboratorio de contadores de viviendas, a instancia de parte: 4,55 euros.
9. Verificación en laboratorio de contadores distintos de los de vivienda, a instancia de parte: 14,40 euros.
Tarifa 18. Tramitación y resolución administrativa de verificación de instrumentos de medida realizada por organismos de verificación. Por unidad: 15,40 euros.
Tarifa 19. Por habilitación y actuaciones de control de laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados. Por cada una: 115,40 euros.
Tarifa 20. Tramitación y resolución administrativa de aprobación y modificación de modelo. Por cada una: 76,90 euros.
Tarifa 21. Realización de ensayos para la aprobación y modificación de modelo. Por cada una (siendo H el número de horas de trabajo del técnico de la Administración): 39,60 × H euros.
2.2 Están sujetos por este concepto, la prestación del servicio de contrastación y análisis de metales preciosos.
Tarifa 22. Contrastación de Platino (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 6,01 euros). Por cada gramo o fracción: 0,20 euros.
Tarifa 23. Contrastación de Oro (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 3,01 euros).
1. Objetos de oro de 3 gr. o inferior (pieza): 0,14 euros.
2. Objetos mayores de 3 gr. (10 gr.): 0,49 euros.
Tarifa 24. Contrastación de Plata (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 1,50 euros).
1. Objetos de 10 gr. o inferior (10 piezas): 0,39 euros.
2. Objetos mayores de 10 gr. e inferiores a 80 gr. (pieza): 0,15 euros.
3. Objetos mayores de 80 gr. (100 gr.): 0,20 euros.
Tarifa 25. Por análisis para certificación de ley:
1. Oro. Por cada análisis: 28,25 euros.
2. Plata. Por cada análisis: 16,15 euros.
Tarifa 26. Por autorización y control de laboratorios de empresa para contraste de metales preciosos: 115,40 euros.
Tarifa 27. Por asignación de número de punzón a fabricantes o importadores de objetos elaborados con metales preciosos: 27,95 euros.
Regla especial:
Las cuotas anteriores de este concepto 2.2. se incrementarán en un 25%, siempre que los objetos a contrastar incorporen pedrería o estén dispuestos para ello.
3. Prestación de servicios afectos a la minería.
Tarifa 28. Por autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección A.
1. Nuevas autorizaciones: 443,00 euros.
2. Ampliación de extensión superficial: 443,00 euros.
Tarifa 29. Por autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección B.
1. Declaración de la condición de un agua: 362,75 euros.
2. Autorización o concesión de aprovechamiento de aguas: 1.813,45 euros.
3. Toma de muestras y aforos, cada visita: 153,30 euros.
4. Modificación o ampliación del aprovechamiento de aguas 919,55 euros.
5. Ampliación o modificación del perímetro de protección:
Primer punto: 453,60 euros.
Segundo punto y siguientes: 399,15 euros.
6. Calificación de un yacimiento de origen no natural como recurso de la Sección B: 183,95 euros.
7. Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, para cada yacimiento con continuidad física: 443,00 euros.
8. Autorización de paralización de trabajos de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, y por cada prórroga: 362,75 euros.
9. Calificación de una estructura subterránea como recurso de la Sección B: 362,75 euros.
10. Autorización de aprovechamiento de estructura subterránea: 1.813,45 euros.
11. Modificación o ampliación de aprovechamientos de yacimientos de origen no natural: 214,60 euros.
12. Autorización de paralización de trabajos en estructuras subterráneas, y por cada prórroga: 362,75 euros.
Tarifa 30. Por paralización y concentración de concesiones mineras:
1. Por cada paralización o prórroga de paralización: 362,75 euros.
2. Por concentraciones o prórroga de concentración, por cada concesión minera: 362,75 euros.
Tarifa 31. Por trabajos topográficos de campo.
1. Por replanteos y deslindes, se aplicará la siguiente escala:
Primer punto: 453,60 euros.
Segundo punto: 399,10 euros.
Tercer punto: 344,40 euros.
Por cada punto siguiente: 289,65 euros.
2. Intrusiones:
2.1 A cielo abierto: 1.512,40 euros.
2.2 Subterráneas: 4.537,10 euros.
Tarifa 32. Por confrontación de sondeos y trabajos en pozos.
1. Sondeos y pozos.
1.1 Por cada sondeo de investigación o sondeo de drenaje: 114,80+12,65xN/6 euros (N=nº total de miles o fracción del presupuesto de cada pozo o sondeo).
1.2 Por cada pozo de agua agrícola, industrial o de abastecimiento: 153,30 euros.
Tarifa 33. Por estudio y tramitación de planes de labores.
1. Planes de labores en trabajos de exterior y de permisos de investigación.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar la escala 33.1.2., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadrículas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.1.1.
Base liquidable
Hasta euros
Cuota íntegra
Hasta euros
Resto base liquidable
Tipo aplicable
Porcentaje
150.253,03
601.012,10
601.012,10
1.691,97
3.005.060,52
3.005.060,52
5.947,14
6.010.121,04
6.010.121,04
9.598,29
9.015.181,57
9.015.181,57
11.239,05
en adelante
Escala 33.1.2.
A) Concesión de explotación:
Entre 1 y 10 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 11 y 20 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,333.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,666.
Entre 31 y 40 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 41 y 50 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,333.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,666.
Entre 61 y 70 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 71 y 80 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,333.
Entre 81 y 90 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,666.
Entre 91 y 100 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
B) Permiso de investigación:
Entre 1 y 10 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,5.
Entre 11 y 20 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,67.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,83.
Entre 31 y 40 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 41 y 50 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,17.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,33.
Entre 61 y 70 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,5.
Entre 71 y 80 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,67.
Entre 81 y 90 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,83.
Entre 91 y 100 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 101 y 150 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,5.
Entre 151 y 200 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 201 y 250 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,5.
Entre 251 y 300 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
2. Planes de labores de autorizaciones de explotación y derechos mineros de las secciones C) y D) cuya superficie no se corresponda con cuadrículas mineras enteras.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar la escala 33.2.1., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en hectáreas, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
En el caso de que un derecho minero conste de una superficie expresada en cuadrículas mineras y, además, otra parte del mismo no se corresponda con cuadrículas mineras completas (demasía), la tarifa se calculará según el apartado 1 de esta tarifa para las cuadrículas mineras completas, más lo que resulte de aplicar el apartado 2 de esta tarifa para el resto del derecho minero.
Escala 33.2.1.
Entre 0 y 1 hectárea: coeficiente igual a 1.
Entre 1 y 10 hectáreas: coeficiente igual 1,20.
Entre 10 y 20 hectáreas: coeficiente igual a 1,22.
Entre 20 y 30 hectáreas: coeficiente igual 1,25.
Entre 30 y 40 hectáreas: coeficiente igual a 1,30.
Entre 40 y 50 hectáreas: coeficiente igual a 1,5.
Entre 50 y 100 hectáreas: coeficiente igual a 1,8.
Más de 100 hectáreas: coeficiente igual a 2,2.
3. Planes de labores en trabajos de interior.
En los planes de labores en el interior, la tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido aplicando la escala de gravamen 33.3.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos por el valor obtenido aplicando la escala 33.1.2., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadrículas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.3.1.
Base liquidable
Hasta euros
Cuota íntegra
Resto base liquidable
Hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
150.253,03
1.078,01
601.012,10
601.012,10
2.434,34
3.005.060,52
3.005.060,52
8.052,60
6.010.121,04
6.010.121,04
13.371,56
9.015.181,57
9.015.181,57
17.022,71
en adelante
Tarifa 34. Por tramitaciones relativas a la utilización de explosivos.
1. Informes sobre usos de explosivos, voladuras especiales (por cada proyecto): 71,42 euros.
2. Informe grandes voladuras. Igual o superior a 500 kg. de explosivo (N= nº total de miles de kilogramos de explosivo o fracción): 178,65 euros + 3,82xN euros.
3. Inspección de seguridad en voladuras, cada una: 153,30 euros.
Tarifa 35. Por aprobación de disposiciones internas de seguridad.
1. Aprobación inicial: 153,30 euros.
2. Aprobación de modificaciones: 71,40 euros.
Tarifa 36. Por autorización de transmisión o arrendamiento de derechos mineros.
1. De autorización de explotación: 362,75 euros.
2. De aprovechamiento de recursos de la Sección B: 362,75 euros.
3. De permiso de exploración o investigación: 362,75 euros.
4. De concesión de explotación: 725,45 euros.
5. De solicitud de concesión derivada de un permiso de investigación: 362,75 euros.
Tarifa 37. Por abandono y cierre de labores.
1. Abandono parcial: 322,45 euros.
2. Cierre de labores: 429,15 euros.
Tarifa 38. Por autorización de establecimiento de beneficio e industria minera en general.
1. Por establecimiento de beneficio e industria minera en general: Según tarifa 01. Escala gravamen 1.1.
2. Traslado de plantas móviles: 113,45 euros.
Tarifa 39. Por prueba de aptitud de maquinistas.
1. De exterior: 51,00 euros.
2. De interior: 72,55 euros.
3. Renovación: Se aplicará el 50 % de las cuantías anteriores.
Tarifa 40. Por tramitación de solicitudes para el otorgamiento de derechos mineros de las secciones C y D.
1. En los permisos de exploración se aplicará la siguiente escala:
Primeras 300 cuadrículas: 1.699,25 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 153,30 euros.
2. En los permisos de investigación se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 1.372,50 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 153,30 euros.
3. En las concesiones derivadas se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 1.784,20 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 306,55 euros.
4. En las concesiones directas y reclasificaciones de derechos mineros se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 2.459,70 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 459,80 euros.
5. Demasías: 1.891,30 euros.
6. Prórrogas de permisos: 580,25 euros.
7. Disponibilidad de mineral: 459,80 euros:
8. Ampliación a recurso de la sección C: 232,95 euros.
Tarifa 41. Por inspecciones de policía minera.
1. Extraordinaria: 284,10 euros.
2. Ordinaria: 153,30 euros.
Tarifa 42. Por tramitación de expedientes de trabajos realizados por contrata.
1. Trabajos de explotación: 61,30 euros.
2. Trabajos de exploración e investigación: 61,30 euros.
Tarifa 43. Por instalaciones mineras.
1. Revisión de cables y elementos auxiliares de las explotaciones mineras: 190,40 euros.
2. Puesta en servicio de maquinaria e instalaciones con certificado de conformidad: 108,85 euros.
Tarifa 44. Por informes hidrogeológicos sobre ampliación y nueva instalación de cementerios municipales.
Por cada informe: 71,40 euros.
Tarifa 45. Por tramitaciones y/o emisión de informes no contemplados en otras tarifas.
1. Con revisión de expedientes. 52,15 euros.
2. Con revisión de expedientes y visita de inspección: 113,45 euros.
3. Con análisis de proyecto: 171,65 euros.
4. Con análisis de proyecto y visita de inspección: 232,95 euros.
4. Por tramitaciones de declaración de utilidad pública, expropiación forzosa y servidumbre de paso.
Tarifa 46. Declaración de utilidad pública.
Se aplicará el 20% de la escala de gravamen 1.1 de la tarifa 01.
Tarifa 47. Expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso.
1. Por inicio de expediente se aplicará la siguiente escala:
Primeras 8 parcelas: 384,50 euros.
Por cada parcela siguiente: 43,90 euros.
2. Acta previa a la ocupación, por cada parcela: 59,05 euros.
3. Acta de ocupación, por cada parcela: 44,15 euros.
5. Por inscripciones registrales, autorizaciones para el ejercicio de actividades reguladas, expedición de certificados, documentos y tasas de exámenes.
Tarifa 48. Por expedición de documentos que acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio de actividades profesionales reglamentadas (incluida la inscripción en el correspondiente Registro).
1. Expedición, cada una: 19,25 euros.
2. Renovaciones y prórrogas, cada una: 7,85 euros.
Tarifa 49. Por derechos de examen para la obtención del carné de instalador o mantenedor autorizado: 23,10 euros.
Tarifa 50. Por certificaciones y otros actos administrativos.
1. Confrontación de proyectos, instalaciones, aparatos y productos: 75,35 euros.
2. Otros certificados, cada uno: 6,50 euros.
Tarifa 51. Por inscripción de establecimientos y actividades industriales en el Registro de Establecimientos Industriales.
1. Nueva inscripción: 73,40 euros.
2. Modificaciones: 42,35 euros.
3. Cese de actividad: Exento.
Tarifa 52. Por inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de empresas de servicios a la actividad industrial o de agentes autorizados para colaborar con las Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
1. Nueva inscripción: 115,40 euros.
2. Modificaciones: 57,70 euros.
3. Cese de actividad: Exento.
Reglas especiales: Estarán exentas del pago de esta tarifa las empresas previamente inscritas en registros y/o autorizadas para el ejercicio de actividades reguladas y que hayan abonado la tarifa 53.
Tarifa 53. Por inscripción de empresas o instalaciones en Registros y/o autorización para el ejercicio de actividades reguladas.
1. Nuevas inscripciones: 134,60 euros.
2. Renovaciones y/o modificaciones: 79,90 euros.
Reglas especiales:
1.ª Inscripción definitiva en el Registro de productores en régimen especial de 50 kw o más: 768,95 euros.
2.ª Inscripción de instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 129,05 euros.
3.ª Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica de instalaciones y equipos de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 230,65 euros.
Tarifa 54. Por el reconocimiento de Entidades para impartir cursos teórico-prácticos de formación de profesionales para el ejercicio de actividades reglamentadas: 269,10 euros.
Tarifa 55. Por expedición de Documentos de Calificación Empresarial.
1. Nuevos: 42,35 euros.
2. Renovaciones: 7,85 euros.
Tarifa 56. Habilitación de libros de registro 7,70 euros
Tarifa 57. Por consulta del Registro Industrial.
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 4,75 euros.
2. A partir de 30 hojas: 153,85 euros.
Tarifa 58. Por información eólica.
1. Por información digital sobre Planes y Parques Eólicos (cada área o delimitación de parque): 3,45 euros.
2. Por información sobre datos eólicos del territorio aragonés (cada estación): 73,45 euros.
Tarifa 59. Por duplicado de documentos.
1. Con compulsa (Por cada hoja tamaño DIN A4): 3,20 euros.
2. Sin compulsa (Por cada 10 hojas tamaño DIN A4): 1,00 euros.
Tarifa 60. Varios, servicios no relacionados anteriormente: Se aplicarán las tasas de servicios análogos.
6. Por control administrativo de las actuaciones de los Organismos de Control.
Tarifa 61. Se aplicará a cada expediente tramitado o actuación realizada el 10 % de la tasa correspondiente según la materia que se trate.
7. Por la prestación de servicios en relación con actividades comerciales y artesanas.
Tarifa 62. Establecimiento de grandes superficies.
1. Por tramitación de licencia comercial: 90,30 euros.
2. Por tramitación de informe comercial: 30,20 euros.
Tarifa 63. Por tramitación del Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles y del Registro Oficial de Actividades Feriales.
1. Por nueva inscripción: 16,25 euros.
2. Por modificación: 16,25 euros.
3. Por baja: Exento.
4. Por consultas, por cada establecimiento:
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 4,75 euros.
2. A partir de 30 hojas: 153,85 euros.
Tarifa 64. Por calificación de Ferias Oficiales: 162,50 euros.
Tarifa 65. Por expedición de Documentos de Calificación Artesanal.
1. Nuevos: Exenta.
2. Renovaciones: Exenta.
8. Por la prestación de servicios en materia de patentes.
Tarifa 66. Por reproducción de documentación nacional en papel.
1. Patentes: 4,00 euros.
2. Modelos de utilidad: 1,20 euros.
3. Resúmenes, descripciones y otra documentación, por página de papel: 0,25 euros.
Tarifa 67. Por reproducción de documentación extranjera en papel disponible en el fondo documental de la OEPM.
1. Documento completo: 5,60 euros.
2. Resúmenes y/o cualquier otra documentación, por página de papel: 0,25 euros.
Tarifa 68. Por información de Bases de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Información impresa de Bases de Datos sobre situación jurídica de expedientes (SITADEX), por expediente: 1,20 euros.
2. Información impresa de Bases de Datos bibliográficos (CIBEPAT, MODINDU), (hasta 100 referencias): 19,05 euros.
3. Información impresa de Bases de Datos sobre antecedentes registrales de denominaciones de Signos Distintivos (IMPAMAR), por consulta: 17,50 euros.
CAPÍTULO XV
15. Tasas por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales
Artículo 62. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de los títulos académicos y profesionales no universitarios correspondientes a las enseñanzas no obligatorias establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como la expedición de títulos de otras enseñanzas no universitarias cuando su normativa específica así lo establezca.
Artículo 63. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los referidos documentos que constituyen el hecho imponible, con las exenciones totales o parciales que se establecen por la normativa vigente.
Artículo 64. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán exención total del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de honor y de segunda categoría.
2. Asimismo, estarán exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges e hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
3. Tendrán una bonificación del 50 por ciento del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de primera categoría.
Artículo 65. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite del órgano competente la expedición de los títulos que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 66. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Título de Bachiller: 48 euros.
Tarifa 02. Título de Técnico: 20 euros.
Tarifa 03. Título de Técnico Superior: 48 euros.
Tarifa 04. Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 20 euros.
Tarifa 05. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 48 euros.
Tarifa 06. Certificado de Aptitud del Ciclo Superior de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 24 euros.
Tarifa 07. Título Profesional de Música (Grado Medio de Música): 90 euros.
Tarifa 08. Título Superior de Música (Grado Superior de Música): 133 euros.
Tarifa 09. Título LOGSE equivalente a Diplomado: 53 euros.
Tarifa 10. Duplicados: 30% sobre importe tarifa.
CAPÍTULO XVI
16. Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca
Artículo 67. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios y actuaciones administrativas siguientes:
1.º La expedición de la licencia de caza, cuya tenencia es necesaria para practicar la caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.º La expedición de las licencias y matrículas necesarias para la práctica de la pesca continental y para la dedicación de embarcaciones y aparatos flotantes a la pesca en aguas continentales, cuya tenencia es necesaria para la práctica de la pesca continental dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º La expedición de los permisos de pesca.
Artículo 68. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las licencias o permisos de caza y pesca que constituyen su hecho imponible.
Artículo 69. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
Artículo 70. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por expedición de licencias de caza.
Tarifa 01. Licencias de clase A, que autorizan para el ejercicio de la caza con armas de fuego: 26,31 euros.
Tarifa 02. Licencias de clase B, que autorizan para el ejercicio de la caza con otros medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos de los anteriores: 26,31 euros.
2. Por expedición de licencias y matrículas de pesca.
Tarifa 03. Licencias de pesca: 8,82 euros.
Tarifa 04. Matrículas de embarcación: 8,82 euros.
3. Por expedición de permisos de pesca.
Tarifa 05. En cotos sociales de pesca en régimen normal y de pesca intensiva.
1. Para pescadores ribereños y federados: 5,73 euros.
2. Para otros pescadores: 12,19 euros.
Tarifa 06. En cotos sociales de pesca de captura y suelta.
1. Para pescadores ribereños y federados: 1,78 euros.
2. Para otros pescadores: 3,58 euros.
CAPÍTULO XVII
17. Tasa por servicios facultativos en materia de montes y aprovechamientos forestales
Artículo 71. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de oficio o a instancia de parte, de los servicios y trabajos a ella reservados en el ámbito de la normativa vigente sobre montes, que se enumeran en las correspondientes tarifas.
Artículo 72. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios, o para las que se ejecuten los trabajos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 73. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se preste el servicio o se ejecute el trabajo correspondiente. No obstante, su pago será exigible por anticipado, en el momento en que se formule la solicitud o se inicie la prestación de aquéllos.
Artículo 74. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1.º Por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia de montes:
Tarifa 01. Levantamientos Altimétricos y Planimétricos.
Cuota = 1,00 (100 + 2N)
N: núm. de has.
Tarifa 02. Deslindes y Amojonamientos.
Cuota = 0,68 (5D + P + V)
D: núm. de días
P: suma de las longitudes de los lados del perímetro medidos en Hm.
V: núm. de vértices
Tarifa 03. Cubicación e inventario de existencias.
Cuota = 33,73 + 1,6 N
N: núm. de unidades (m3 ó estéreos)
Tarifa 04. Valoraciones.
Cuota = 9% Valor tasado
Tarifa 05. Elaboración de Planes Dasocráticos.
Cuota = (134,91 + 125 N) G
N: Superficie del monte en has.
G: Grado de dificultad (baja 1, media 5, alta 10)
Tarifa 06. Análisis.
Cuota = 10,11 (1 + 0’1 N)
N: núm. de muestras
Tarifa 07. Informes.
Cuota = 33,73 (1 + 0’03 N)
N: núm. de días
Tarifa 08. Redacción de Planes, Estudios ó Proyectos.
Cuota = 3% presupuesto de ejecución material
2. Por aprovechamientos forestales.
Con carácter general la tarifa mínima que se cobrará será de 3,54 euros.
a) Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública, Montes de la Diputación General de Aragón y Montes Consorciados.
Tarifa 09. Aprovechamientos Maderables.
1. Cuando la forma de liquidación es a riesgo y ventura:
Cuota = 2% Importe Tasación + 0,22 euros × número de unidades en m3.
2. Cuando la forma de liquidación es con liquidación final:
Cuota = 2% Importe Tasación + 0,71 euros × número de unidades en m3.
3. Para maderas de pequeñas dimensiones:
Cuota = 1% Importe Tasación + 0,14 euros × número unidades en toneladas + 33,19 euros.
Tarifa 10. Aprovechamientos de Caza.
1. Cuota = 10% Importe Tasación cuando la tasación sea menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 34,04 euros cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 11. Aprovechamientos de leñas.
1. Cuota = 5% Importe Tasación + 0,14 euros × número de unidades en estéreos + 4,06 euros, cuando la tasación sea menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,14 euros × número de unidades en estéreos + 33,19 euros, cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 12. Aprovechamientos de pastos.
1. Cuota = 16% Importe Tasación + 0,05 euros × número de unidades en has., cuando la tasación sea menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,03 euros × número de unidades en has. + 67,94 euros, cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 13. Aprovechamientos de cultivos.
Cuota = 8% Importe Tasación.
Tarifa 14. Aprovechamientos apícolas, de arenas y piedras, recreativos, setas (excepto trufas), frutos y semillas, plantas industriales y otros.
Cuota = 10% Importe Tasación
Tarifa 15. Aprovechamiento de trufas.
Cuota = 3% Importe Tasación
Tarifa 16. Ocupaciones.
10% del canon el primer año.
10% del canon a partir del segundo año con tope máximo de 601,01 euros.
b) Aprovechamientos en fincas particulares.
Tarifa 17. Aprovechamientos maderables de especies de crecimiento lento.
0,68 euros × número de unidades en m3, para los primeros 200 m3.
0,34 euros × número de unidades en m3, para el exceso de la cantidad anterior.
Tarifa 18. Aprovechamientos maderables para especies de crecimiento rápido.
0,21 euros × número de unidades en m3, para los primeros 200 m3.
0,07 euros × número de unidades en m3, para el exceso de la cantidad anterior.
Tarifa 19. Aprovechamientos de leñas.
0,17 euros × número de unidades en estéreos, para los primeros 500 estéreos.
0,07 euros × número de unidades en estéreos, para el exceso de la cantidad anterior.
CAPÍTULO XVIII
18. Tasa por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios
Artículo 75. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de productos agroalimentarios de Aragón, de los siguientes servicios:
1.º Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.
2.º Calificaciones y actividades complementarias de los productos amparados por la Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida correspondiente.
3.º Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.
Artículo 76. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, granjas, secaderos o envasadores, que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos Reguladores.
Artículo 77. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio correspondiente.
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial se devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.
Artículo 78. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se destine a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de origen.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor medio en euros de la producción de una hectárea en la zona y campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1%.
Tarifa 02. Sobre los animales sacrificados cuyas piezas o canales se destinen a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de animales sacrificados, protegidos por la Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en euros, del coste unitario del animal que corresponda, cebado en la zona de producción, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1 %.
Tarifa 03. Sobre los productos amparados en general.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto amparado por la cantidad o el volumen vendido.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 04. Sobre las canales, piezas o perniles amparados.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de canales, piezas o perniles amparados por la Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en euros, del precio de venta en la zona de elaboración o de sacrificio, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 05. Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros documentos análogos.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado de facturas o cualquier otro documento análogo será de 0,65 euros.
Tarifa 06. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, brazaletes y envases, así como por las operaciones de sellado y marcaje.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.
Artículo 79. Afectación.
Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas en el presente Capítulo se destinarán en un porcentaje no inferior al 85 % a la financiación del Consejo Regulador que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO XIX
19. Tasa prestación de servicios administrativos y técnicos de juego
Artículo 80. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios administrativos o técnicos inherentes a la gestión administrativa en materia de juego, tales como el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias, renovaciones, modificaciones, diligenciamiento y expedición de documentos y libros, inscripciones en el Registro del Juego y demás actuaciones previstas en la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 81. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos en cuyo interés se realicen las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas que soliciten las actuaciones administrativas, cuando éstas deban prestarse a favor de otras personas diferentes del solicitante.
3. Son responsables subsidiarios los titulares o usuarios de los locales o establecimientos donde se realicen las actividades cuya autorización o tramite administrativo hubiese constituido el hecho generador de la tasa.
Artículo 82. Devengo.
La tasa se devengará cuando se inicie la actividad administrativa cuya ejecución constituye el hecho imponible. No obstante lo anterior, el pago se exigirá en el momento de la solicitud de la correspondiente actividad administrativa.
Artículo 83. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Inscripción en los registros de empresas de juego: 191,15 euros.
Tarifa 02. Autorizaciones administrativas.
2.1 De casinos: 3.185,40 euros.
2.2 De las salas de bingo: 955,60 euros.
2.3 De los salones de juego: 318,55 euros.
2.4 De los salones recreativos: 159,30 euros.
2.5 De otros locales de juego: 63,75 euros.
2.6 De rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 95,60 euros.
2.7 De explotación de máquinas de tipo A, salvo 2.8: 31,85 euros.
2.8 De explotación de máquinas de tipo A de premio en especie: 796,35 euros.
2.9 De explotación de máquinas de tipo B: 63,75 euros.
2.10 De explotación de máquina de tipo C: 95,60 euros.
2.11 De instalación de máquinas de tipo A de premio en especie: 12,75 euros.
2.12 Canje de máquinas: 63,75 euros.
2.13 De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo B: 127,45 euros.
2.14 De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo C: 191,15 euros.
2.15 Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo A: 8,00 euros.
2.16 Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo B y C: 31,85 euros.
2.17 Instalación de dispositivo de interconexión de máquinas de tipo B y C: 63,75 euros.
2.18 Otras autorizaciones: 31,85 euros.
2.19 De explotación de expedición de apuestas: 3.005,06 euros.
2.20 Comunicaciones de puestos de juego: 12,00 euros.
Tarifa 03. Homologación e inscripción en el Registro de Modelos.
3.1 De máquinas de tipo A: 159,30 euros.
3.2 De máquinas de tipo B y C: 318,55 euros.
3.3 Homologación de otro material de juego: 159,30 euros.
3.4 Homologación de juegos en máquinas de tipo A: 15,95 euros.
3.5 Modificación sustancial de máquinas de tipo B y C: 95,60 euros.
3.6 Modificación no sustancial de máquinas de tipo B y C: 31,85 euros.
3.7 Exclusiones del Reglamento: 31,85 euros.
3.8 Autorización de máquinas de tipo A en prueba: 31,85 euros por máquina.
3.9 Autorización de máquinas de tipo B y C en prueba: 63,75 euros por máquina.
Tarifa 04. Otros servicios administrativos.
4.1 Documentos profesionales: 19,15 euros.
4.2 Diligenciamiento de libros: 15,95 euros.
4.3 Diligenciamiento de hojas de reclamaciones: 6,40 euros.
4.4 Diligenciamiento de hojas de reclamaciones por cambio de titular: 3,25 euros.
4.5 Descripción en el Registro de Prohibidos: 31,85 euros.
4.6 Expedición de Certificados: 6,40 euros.
4.7 Inspección Técnica de máquinas de tipo A, B y C: 95,60 euros.
4.8 Devolución o sustitución de avales, por cada aval: 30 euros.
Reglas especiales:
1.ª La renovación o modificación de los conceptos comprendidos en el apartado anterior tributarán al cincuenta por ciento de los epígrafes correspondientes.
2.ª El duplicado de cualesquiera de los epígrafes de las tarifas comprendidas en este artículo generará el pago de 10 euros.
CAPÍTULO XX
20. Tasa servicios farmacéuticos
Artículo 84. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios comprendidos en el ámbito de la Ley de Cortes de Aragón 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón, y que se corresponden con los incluidos en las tarifas señaladas en el artículo 87.
Artículo 85. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 86. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento en que se solicite o se inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en el supuesto en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo ingresar su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 87. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Oficinas de Farmacia.
1. Participación en el concurso de apertura: 66,26 euros.
2. Autorización de instalación, apertura o traslado: 331,28 euros.
3. Autorización de cierre: 99,39 euros.
4. Modificaciones del local que supongan cambios en su estructura: 66,26 euros.
5. Cambio de titularidad: 132,51 euros.
6. Nombramiento de regente, sustituto o adjunto: 33,13 euros.
7. Acreditación de actividades sometidas Buenas Prácticas: 165,64 euros.
8. Otras inspecciones: 99,39 euros.
Tarifa 02. Botiquines y Depósitos de medicamentos.
1. Autorización de instalación: 99,39 euros.
2. Autorización de cierre: 66,26 euros.
3. Otras inspecciones: 66,26 euros.
Tarifa 03. Servicios Farmacéuticos.
1. Autorización de instalación y apertura: 331,28 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 66,26 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Farmacéutico responsable: 66,26 euros.
4. Acreditación de Buenas Prácticas: 331,28 euros.
Tarifa 04. Almacenes de distribución de medicamentos.
1. Autorización de instalación, apertura o traslados: 331,28 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 99,39 euros.
3. Autorización de cambios de titularidad: 132,51 euros.
4. Inspección y verificación de las Buenas Prácticas de Distribución: 331,28 euros.
5. Nombramiento de Director Técnico y Acta de toma de posesión: 66,26 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 33,13 euros.
7. Emisión de certificado de Buenas Prácticas de Distribución: 99,39 euros.
Tarifa 05. Industria farmacéutica.
1. Inspección y verificación de las normas de correcta fabricación, por cada día empleado: 331,28 euros.
2. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión en el cargo del Director Técnico: 66,26 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de muestras reglamentarias de especialidades farmacéuticas o de materias primas y productos intermedios empleados en la fabricación de medicamentos: 198,77 euros.
4. Autorización de publicidad: 165,64 euros.
5. Otras inspecciones: 66,26 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 33,13 euros.
7. Por certificado de Normas de Correcta Fabricación: 165,64 euros.
Tarifa 06. Cosméticos.
1. Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación, por cada día empleado: 331,28 euros.
2. Otras inspecciones: 66,26 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Director Técnico: 66,26 euros.
Tarifa 07. Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos.
1. Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio, por cada día empleado: 331,28 euros.
2. Ensayos clínicos: inspección y verificación de Buenas Prácticas clínicas, por cada día empleado: 331,28 euros.
3. Otras inspecciones: 66,26 euros.
Tarifa 08. Otras actuaciones.
1. Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos: 66,26 euros.
CAPÍTULO XXI
21. Tasa por servicios sociales
Artículo 88. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sociales que se mencionan a continuación:
a) La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora de los centros de servicios sociales especializados.
b) La inscripción en el registro de entidades y establecimientos de acción social.
c) El visado o diligenciado de documentos.
Artículo 89. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sociales que constituyen el hecho imponible.
Artículo 90. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sociales se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones.
Artículo 91. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la solicitud de autorizaciones administrativas e inspección.
1. Por los estudios e informes previos a la resolución del expediente de autorización de creación en fase de proyecto o construcción, apertura al público, cambio de ubicación, modificación de la capacidad asistencial o de tipología, cambio de titularidad o cierre de centros sociales especializados:
– Centros sociales con internamiento: 265,02 euros.
– Centros sociales sin internamiento: 132,51 euros.
2. Por la inspección previa al otorgamiento o denegación de la autorización solicitada en los supuestos de apertura al público, cambio de ubicación y modificación de la capacidad asistencial o de tipología.
– Centros sociales con internamiento: 165,64 euros.
– Centros sociales sin internamiento: 99,39 euros.
3. Por cada inspección a instancia de parte.
– En centros sociales con o sin internamiento: 82,82 euros.
Tarifa 02. Por la inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de acción social.
– Entidades de acción social y servicios sociales comunitarios: 16,57 euros.
Tarifa 03. Por visado o diligenciado de documentos, Reglamentos de Régimen Interior, tarifas y otros.
– Primer visado o diligencia: 16,57 euros.
– Visado o diligencia posterior por modificaciones realizadas a iniciativa de la entidad titular del establecimiento: 3,32 euros.
CAPÍTULO XXII
22. Tasa por inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Aragón»
Artículo 92. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón». En todo caso, se considerarán gravados los siguientes:
a) Los documentos de las sociedades industriales y mercantiles, sea o no su inserción obligatoria, con arreglo a las disposiciones vigentes.
b) Los procedentes de las Cajas de Ahorro y que no se refieran a operaciones de carácter benéfico.
c) Los relativos a concesiones, licencias, autorizaciones y permisos otorgados a Sociedades o particulares, para su provecho y beneficio, referentes a explotaciones industriales, obras públicas, minas y análogos, en virtud de expedientes instruidos en cualquier Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma, a instancia del concesionario, así como los de tarifas de transportes terrestres y otras explotaciones de servicio público.
2. Reglamentariamente podrán determinarse otros supuestos de anuncios no oficiales de inserción obligatoria.
3. La corrección total o parcial de un anuncio no oficial ya insertado mediante un nuevo anuncio, cuando la errata no sea imputable a la imprenta, estará sujeta asimismo a la tarifa correspondiente.
4. No estarán gravados por la presente tasa los anuncios oficiales, que serán siempre de inserción obligatoria y gratuita. A tales efectos, se entenderá por tales aquéllos expedidos por autoridad competente en cumplimiento de precepto legal que así lo prescriba.
Artículo 93. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten la inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 94. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud al órgano competente de la inserción que constituye el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio.
Artículo 95. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón»: 9,75 euros por línea impresa del |
remitido en soporte informático, del anuncio mecanografiado en su equivalente en soporte papel de formato DIN A-4, con un máximo de diecisiete palabras por línea.
Cuando el |
sea remitido exclusivamente en soporte papel, sin otro apoyo informático o electrónico, que haga necesaria su transcripción por los servicios administrativos correspondientes, la tarifa aplicable será la que resulte de multiplicar por dos la consignada en el párrafo anterior.
CAPÍTULO XXIII
23. Tasa por inscripción y publicidad de asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y consejos de colegios de Aragón
Artículo 96. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la instrucción del expediente de inscripción o modificación, así como la prestación de cualquier información que conste en los Registros de Asociaciones, de Fundaciones, de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón, gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 97. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten la inscripción, modificación o información que constituyen el hecho imponible.
Artículo 98. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en el supuesto de la tarifa 04, en el que se practicará la liquidación por la Administración, debiendo ingresarse su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 99. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y uniones: 47,80 euros.
Tarifa 02. Por expediente de inscripción de asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y consejos de colegios: 31,85 euros.
Tarifa 03. Por expediente de modificación de estatutos de las entidades a que se refieren las tarifas anteriores, o de inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 15,95 euros.
Tarifa 04. Por obtención de informaciones, certificaciones y compulsa de documentos.
Por el primer o único folio en formato DIN A-4: 3,20 euros.
A partir del segundo folio, por cada uno: 1,60 euros.
Tarifa 05. Por diligenciado de cada Libro oficial: 1,60 euros.
CAPÍTULO XXIV
24. Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción como personal funcionario o laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 100. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actuaciones administrativas relativas a la admisión o exclusión de los aspirantes en los procesos selectivos convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ingreso o promoción a sus Cuerpos, Escalas y Clases de Especialidad, o para integración en las mismas, así como para el acceso a las categorías de personal laboral de su convenio colectivo, tanto por el turno libre como por los turnos internos cuando supongan el paso a categoría distinta de la de origen del solicitante.
Artículo 101. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas que constituyen el objeto del hecho imponible.
Artículo 102. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la tramitación de la solicitud.
Artículo 103. Tarifas.
1. La tasa se exigirá conforme a las tarifas que se relacionan a continuación, siempre para el acceso, como funcionario de carrera o contratado laboral fijo, a los Cuerpos o Categorías:
Tarifa 01. Del grupo de titulación A: 19,15 euros.
Tarifa 02. Del grupo de titulación B: 15,95 euros.
Tarifa 03. Del grupo de titulación C: 12,75 euros.
Tarifa 04. Del grupo de titulación D: 9,60 euros.
Tarifa 05. Del grupo de titulación E: 6,40 euros.
2. Las cuantías exigibles por las tarifas anteriores serán objeto de publicidad expresa en las resoluciones mediante las que se convoquen las correspondientes pruebas selectivas.
CAPÍTULO XXV
25. Tasa por los servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Aragón
Artículo 104. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa los servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Aragón por:
1.1 Calificación de documentos y autentificación de firmas en los privados.
1.2 Inscripciones, anotaciones y cancelaciones.
1.3 Busca, copias, títulos, certificaciones e informes.
Artículo 105. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.
Artículo 106. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. La tasa será exigible mediante liquidación practicada por la Administración, siendo necesario el previo pago para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 107. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por compulsa con el original de los documentos presentados en el Registro, por cada página: 1,80 euros.
Tarifa 02. Por las diligencias que se practiquen ante empleados del Registro para autentificar firmas, por cada diligencia: 3,61 euros.
Tarifa 03. Por la calificación de suficiencia de documentos notariales, judiciales o administrativos presentados en el Registro, cualquiera que fuera el resultado de la misma, por cada documento: 10,82 euros.
Tarifa 04. Por la tramitación de los expedientes de solicitud de inscripción, anotación y cancelación de documentos en los que se reconozcan, constituyan, declaren, modifiquen, transmitan o extingan cualquier derecho reconocido en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, incluida la extensión y, en su caso, la denegación de los correspondientes asientos: 10,82 euros.
Tarifa 05. Solicitud de inscripción de más de una obra independiente, a partir de la segunda, por cada unidad de las mismas: 3,01 euros.
Tarifa 06. Por la búsqueda de asientos en los libros del Registro, cualquiera que fuera su antigüedad: 3,61 euros.
Tarifa 07. Por copias certificadas de escrituras y demás documentos archivados en el Registro, por cada página: 3,61 euros.
Tarifa 08. Por la expedición de certificados de inscripción: 12,86 euros.
Tarifa 09. Por expedición de certificados para hacer constar la existencia o no de inscripciones o anotaciones de derechos o documentos con relación a títulos de obras o a personas determinadas:
Si se trata de una persona o título: 10,82 euros.
Para la siguiente persona o título: 3,01 euros.
Tarifa 10. Por expedición de notas simples sobre los asientos: 3,61 euros.
Tarifa 11. Por la aportación de documentos en soporte distinto al papel, por cada soporte o unidad: 3,61 euros.»
CAPÍTULO XXVI
26. Tasa por servicios de gestión de los cotos
Artículo 108. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la de la tasa la gestión administrativa de los cotos de caza, en concreto, la tramitación de los expedientes de creación o constitución de cotos de caza; de modificación de superficies y límites; de cambios de titularidad; de anulación de cotos de caza; de tramitación de planes técnicos y planes anuales de aprovechamientos cinegéticos y de tramitación de cualquier solicitud derivada de la gestión de los cotos de caza.
Artículo 109. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares de los cotos municipales, deportivos, privados y de las explotaciones intensivas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 110. Devengo y gestión.
La tasa se devengará anualmente.
Artículo 111. Tarifas.
1. La tarifa será de 0,54 euros por hectárea para los cotos de caza mayor y de 0,36 euros por hectárea para los cotos de caza menor.
Los titulares de los cotos deportivos y municipales pagarán el 10 por 100 de esta tarifa si el coto es de caza menor y el 30 por 100 si es de caza mayor.
2. En ningún caso la tarifa de los cotos deportivos y municipales, una vez aplicados los citados porcentajes, podrá superar los 1.502,53 euros.
Artículo 112. Afectación.
Los ingresos recaudados se afectarán a la financiación de actividades cinegéticas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO XXVII
27. Tasa por acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación
Artículo 113. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas dirigidas a la obtención de la acreditación de los Laboratorios de Ensayo para el control de la Calidad de la Edificación, así como las relativas a su seguimiento y renovación.
Artículo 114. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten, en nombre de los Laboratorios de Ensayo, o para quienes se efectúen, las actuaciones administrativas constitutivas del hecho imponible.
Artículo 115. Devengo y gestión.
1. La tasa por acreditación o renovación de la misma se devengará cuando se soliciten o se inicien las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o realización de la actividad.
2. La tasa por seguimiento de la acreditación se devengará periódicamente el uno de enero de cada año. Si fueren necesarias segundas o ulteriores inspecciones anuales, como consecuencia de la formulación de reparos u objeciones en las precedentes, el devengo se producirá al iniciarse la correspondiente actuación administrativa. En ambos supuestos el pago se exigirá por anticipado mediante liquidación girada por la Administración.
Artículo 116. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por expediente de acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 500 euros.
Ensayos básicos de cada área adicional: 250 euros.
Todos los ensayos complementarios de una sola área: 400 euros.
Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 200 euros.
Por cada ensayo complementario de cualquier área: 100 euros.
Tarifa 02. Por seguimiento de la acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 250 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 125 euros.
3. Todos los ensayos complementarios de una sola área: 150 euros.
4. Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 75 euros.
5. Por cada ensayo complementario de cualquier área: 60 euros.
Tarifa 03. Por la realización de segundas o ulteriores inspecciones, considerándose como tales las realizadas como consecuencia de reparos u objeciones en la primera inspección previa a la acreditación o en la primera anual de seguimiento.
1. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de una sola área: 160 euros.
2. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de cada área adicional: 80 euros.
3. Si la inspección se refiere a todos los ensayos complementarios de una sola área: 90 euros.
4. Si la inspección se refiere a todos los ensayos básicos de cada área adicional: 60 euros.
5. Si la inspección se refiere a algún ensayo complementario de cualquier área: 50 euros.
Tarifa 04. Por renovación de la acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 230 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 115 euros.
Todos los ensayos complementarios de una sola área: 135 euros.
Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 70 euros.
6. Por cada ensayo complementario de cualquier área: 60 euros. |
Advertidos errores en la publicación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 156, de 31 de diciembre de2003, se procede a su rectificación:
En la página 13197, artículo 9
donde dice:
«b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas conarreglo mio, la cuota tributaria de 3.650 euros de la tasa fiscalsobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en 21euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio máxioautorizado exceda de 0,20 euros.».
Debe decir:
«b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.708 euros, más el resultado de multiplicar por 1.536 euros el número máximo de jugadores.
2. En virtud de la presente Ley y de acuerdo con lo señalado en el artículo 134.7 de la Constitución, los tipos tributarios y cuotas fijas podrán ser modificados en las Leyes de Presupuestos.
3. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 eurosautorizado para la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 3.650 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en 21 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 0,20 euros.».
En la página 13203, Tarifa 17
donde dice
«1. Verificaciónde contadores y limitadores en laboratorio autorizado de energía eléctricos monofásicos, de contadores de gas hasta 6m(/h. y de agua hasta 15 mm de calibre, en series de menos de 10 elementos. Por cada elemento: 3,25 euros.»,
debe decir
«1. Verificación de contadores y limitadores en laboratorio autorizado de energía eléctricos monofásicos, de contadoresde gas hasta 6 m3/h y de agua hasta 15 mm de calibre, en series de menos de 10 elementos. Por cada elemento: 3,25 euros.». |
Advertidos errores en la publicación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, enel «Boletín Oficial de Aragón», núm. 156, de 31 de diciembrede 2003, se procede a su rectificación:
En la página 13201: Artículo 24, punto 2:
donde dice:
«En ambos supuestos, el pago se exigirá por anticipo mediante liquidación girada porla Administración»,
debe decir:
«En ambos supuestos, el pago se exigirá por anticipado mediante liquidación girada por la Administración».
Artículo 25, punto 2 de la Tarifa 03:
donde dice:
«Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de cada área adicional: 180 euros.»,
debe decir:
«Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de cada área adicional: 80 euros.». |
La creación del Servicio Aragonés de Salud por Ley Aragonesa 2/1989, de 21 de abril (LARG 1989, 41), respondió a la consideración de dicho organismo como instrumento que permitiera la unificación funcional de todos los centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma así como el desarrollo de los principios inspiradores de la reforma sanitaria en el territorio aragonés, dentro del marco general de la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986, 1316), General de Sanidad.
En esta línea, la Ley 8/1999, de 9 de abril (LARG 1999, 91), de Reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud introdujo modificaciones sustanciales en la anterior regulación permitiendo una real y eficaz actuación descentralizadora que hiciera posible flexibilizar la gestión del organismo hacia la adopción de decisiones demandadas por las necesidades inmediatas que la prestación de servicios planteaba.
Anteriormente, al amparo de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (LARG 1982, 703) introducida por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre (LARG 1997, 5, 73), el Servicio Aragonés de Salud vio ampliadas cualitativa y cuantitativamente sus competencias sanitarias fruto de la atribución a la Comunidad Autónoma de la ejecución de la legislación general del Estado en la gestión y asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Por otro lado, la Ley 6/2002, de 15 de abril (LARG 2002, 235), de Salud de Aragón atribuye nuevamente al Servicio Aragonés de Salud la función principal de gestión y provisión de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma si bien deroga y modifica sustancialmente el articulado de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, modificada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, y posteriormente con sucesivas modificaciones introducidas por las Leyes 13/2000, de 27 de diciembre (LARG 2000, 319), 26/2001, de 28 de diciembre (LARG 2001, 484 y LARG 2002, 62, 93) y 26/2003, de 30 de diciembre (LARG 2003, 394 y LARG 2004, 52), de Medidas Tributarias y Administrativas.
Asimismo, se han tenido en cuenta en la redacción del Texto la aprobación del Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre (LARG 2002, 80), sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y la transferencia de los Centros sanitarios de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en virtud de lo establecido en los Decretos 126/2000 (LARG 2000, 186), 127/2000 (LARG 2000, 187) y 128/2000 (LARG 2000, 188), de 29 de junio, y por los Decretos 32/2001, de 16 de enero (LARG 2001, 56), 223/2000, de 19 de diciembre (LARG 2000, 309), y 31/2001, de 16 de enero (LARG 2001, 55) que modifican y amplían los medios adscritos a los servicios, funciones y establecimientos sanitarios de las Diputaciones Provinciales traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón respectivamente.
La integración de textos normativos ha supuesto, en la mayor parte de los casos, una labor de modificación, adición o supresión de los concretos preceptos legales afectados por las Leyes posteriores, si bien se ha hecho uso de la facultad otorgada por la Disposición Final Primera de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre (LARG 2003, 394 y LARG 2004, 52), de Medidas Tributarias y Administrativas que autoriza al Gobierno de Aragón para refundir disposiciones vigentes en materia de salud de acuerdo con la siguiente redacción:
«1. En el plazo de un año, tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de Aragón aprobará el Decreto Legislativo que refunda la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, modificada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, de reforma de la anterior; por la Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas; por la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas; por la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y por la presente Ley.
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar el texto legal que ha de ser refundido».
En virtud de todo lo anterior y de conformidad con el artículo 28 , apartados 1 y 3 del Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio (LARG 2001, 223, 356), del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, a propuesta de la Consejera del Departamento responsable en materia de Salud, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en su reunión de 30 de diciembre de 2004,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, que se inserta a continuación como Anexo.
Disposición adicional única. Concordancias.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales o reglamentarias a la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, reformada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, por las Leyes 13/2000, de 27 de diciembre, 26/2001, de 28 de diciembre, y 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas y 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo en la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto Refundido del Servicio Aragonés de Salud.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley 2/1989, de 21 de abril (LARG 1989, 41), del Servicio Aragonés de Salud, reformada por la Ley 8/1999, de 9 de abril (LARG 1999, 91), por las Leyes 13/2000, de 27 de diciembre (LARG 2000, 319), 26/2001, de 28 de diciembre (LARG 2001, 484 y LARG 2002, 62, 93) y 26/2003, de 30 de diciembre (LARG 2003, 394 y LARG 2004, 52), de Medidas Tributarias y Administrativas y 6/2002, de 15 de abril (LARG 2002, 235), de Salud de Aragón, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo del Texto Refundido que se inserta como Anexo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 30 de diciembre de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
La Consejera de Salud y Consumo,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
LUISA M.ª NOENO CÉAMANOS
Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Creación y naturaleza.
1. El Servicio Aragonés de Salud es un organismo autónomo que se adscribe al Departamento responsable en materia de Salud de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El Servicio Aragonés de Salud estará dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, patrimonio propio y recursos humanos, financieros y materiales, al objeto de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y concordantes de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) .
Artículo 2. Regulación.
El Servicio Aragonés de Salud se regirá por la presente Ley, por lo previsto en el Título VI del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio (LARG 2001, 224), del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como por la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y por las demás normas que le sean aplicables.
Artículo 3. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
1. El Servicio Aragonés de Salud estará integrado por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:
a) Los propios de la Comunidad Autónoma en el momento de promulgación de esta Ley.
b) Los transferidos por las Diputaciones Provinciales así como los que se le transfieran o adscriban por convenio o por disposición legal por las corporaciones locales de Aragón.
c) Los transferidos por la Seguridad Social.
d) Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma.
2. Corresponderá al Servicio Aragonés de Salud la gestión de los conciertos con entidades sanitarias no integradas en el mismo, de acuerdo con las normas y principios establecidos en las bases estatales de ordenación del sistema sanitario y en la presente Ley.
Artículo 4. Objetivos.
Son objetivos básicos del Servicio Aragonés de Salud:
a) La atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población.
b) El aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios disponibles, con el fin de elevar el nivel de salud en la comunidad.
c) Promover la distribución equitativa de los servicios sanitarios, tendente a superar los desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
d) La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas, mediante el establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión o titularidad compartida, que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y garantizar al máximo la cantidad y calidad de la asistencia sanitaria.
Artículo 5. Principios.
1. En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Servicio Aragonés de Salud se acomodará a los siguientes principios:
a) Autonomía de gestión y organización de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, en el marco de su integración y coordinación con el sistema nacional de salud.
b) Simplificación, eficacia, agilidad, racionalización y coordinación administrativa.
c) Descentralización y desconcentración en la gestión.
d) Humanización de los servicios en la atención al usuario y máximo respeto a su dignidad y sus derechos, con aplicación, en lo posible, de la libre elección de facultativo sanitario.
e) Coordinación de los servicios sanitarios con el conjunto de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma.
f) Planificación integral en el aprovechamiento de los recursos y la prestación de los servicios sanitarios, incluidos los ajenos vinculados o concertados.
g) Ordenación territorial de los centros y servicios sanitarios, en áreas y zonas de salud, armonizándola con la comarcalización general de Aragón.
h) Evaluación continuada de la calidad asistencial de los servicios y prestaciones sanitarias, mediante sistemas de información actualizada, objetiva y programada.
i) Priorización de los objetivos de prevención y promoción de la salud individual y comunitaria.
j) Participación democrática de los ciudadanos en la orientación, evaluación y control de los servicios sanitarios en los distintos ámbitos territoriales.
k) Optimización de la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, para la adecuada protección de la salud y atención sanitaria a través de cualquier entidad de titularidad pública admitida en derecho.
2. El Servicio Aragonés de Salud aplicará y desarrollará en su ámbito territorial los principios generales del sistema nacional de salud y contribuirá al funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
Artículo 6. Funciones.
1. El Servicio Aragonés de Salud desarrollará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las siguientes funciones:
a) La gestión y coordinación integral de los recursos sanitarios y asistenciales propios existentes en su territorio.
b) La atención primaria integral mediante la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo y de la comunidad.
c) La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria.
d) La prestación de los recursos para la promoción y protección de la salud individual y colectiva, así como para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del individuo.
e) El desarrollo de los programas de atención a los grupos de mayor riesgo, así como los dirigidos a la prevención y atención de deficiencias congénitas o adquiridas.
f) Los programas de planificación familiar y la prestación de los servicios correspondientes.
g) La interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
h) La promoción y mejora de la salud mental y la prestación de la asistencia psiquiátrica.
i) La formación continuada del personal al servicio de la organización sanitaria, en colaboración con el conjunto de entidades docentes.
j) Las acciones que le correspondan en la medicina deportiva.
k) La coordinación del transporte sanitario.
l) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción y protección de la salud que se le atribuya.
2. El Servicio Aragonés de Salud, para el ejercicio de las funciones que le atribuye el apartado primero, podrá:
a) Desarrollar directamente las referidas funciones mediante los centros, servicios y establecimientos sanitarios a los que se refiere el apartado primero del artículo 3 de esta Ley.
b) Promover acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con carácter complementario a la utilización de los recursos del Servicio Aragonés de Salud.
El Gobierno de Aragón garantizará en estos casos el adecuado control, seguimiento y gestión de los mismos.
c) Promover la creación o constitución de entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho o la participación del Servicio Aragonés de Salud en las mismas, cuando así convenga a la gestión y ejecución de los servicios o actuaciones.
Artículo 7. Relación con las Corporaciones Locales
1. El Gobierno de Aragón establecerá las directrices y planes sanitarios generales a que deberán ajustarse las actuaciones sanitarias de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las responsabilidades de salud pública que le correspondan.
2. El Servicio Aragonés de Salud prestará su colaboración a los ayuntamientos para la mejor gestión de las competencias sanitarias que les son propias. Los ayuntamientos podrán recabar para este fin el apoyo técnico del personal y medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén incluidos.
Artículo 8. Delimitación territorial.
En el ejercicio de sus competencias, el Servicio Aragonés de Salud se acomodará a la delimitación territorial fijada por el Gobierno de Aragón en el mapa sanitario de la Comunidad Autónoma, de conformidad con las directrices generales de ordenación territorial establecidas en la Ley por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón (LARG 1998, 140).
CAPÍTULO II
Estructura orgánica
Artículo 9. Órganos superiores.
Son órganos superiores del Servicio Aragonés de Salud:
a) El Consejo de Dirección.
b) El Director Gerente.
Artículo 10. Composición del Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, que lo presidirá.
b) El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, que asumirá la presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente.
c) Cuatro representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, designados por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud.
d) Cinco representantes de las áreas de salud, elegidos por los consejos de salud de área de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, y nombrados por el Gobierno de Aragón.
2. Actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto, el Director de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud.
3. Los miembros del Consejo de Dirección sólo podrán ser removidos de su condición previa solicitud de los órganos que los hubieren propuesto.
4. El Presidente podrá convocar a las sesiones, con voz y sin voto, a asesores técnicos, así como a personas o representantes de organismos cuya asistencia considere de interés.
Artículo 11. Competencias del Consejo de Dirección.
Corresponden al Consejo de Dirección las siguientes atribuciones:
a) Definir los criterios de actuación del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con las directrices del Departamento responsable en materia de Salud, así como adoptar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios gestionados por el organismo.
b) Elevar al Departamento responsable en materia de Salud el anteproyecto del presupuesto anual del organismo.
c) Elevar la memoria anual de la gestión del servicio, para su aprobación, al Consejero del Departamento responsable en materia de Salud.
d) Informar el reglamento del Servicio Aragonés de Salud y elaborar su reglamento de funcionamiento interno, para su aprobación por el Departamento responsable en materia de Salud.
e) Proponer los precios y tarifas por servicios no gratuitos.
f) Proponer al Consejero del Departamento responsable en materia de Salud la autorización de acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
g) Cualquiera otra competencia del Servicio no atribuida a otros de sus órganos.
Artículo 12. Reuniones del Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente.
2. El Presidente convocará el Consejo cuando lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros para decidir sobre las cuestiones que éstos propongan. Entre esta petición y la reunión del Consejo no transcurrirán más de quince días.
Artículo 13. Competencias del Director Gerente.
1. El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud ostentará la representación legal del mismo y ejercerá la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades, de acuerdo con las directrices del Consejo de Dirección.
De forma específica, corresponden al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud las siguientes competencias:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan la actuación del Servicio Aragonés de Salud y los acuerdos adoptados por el Gobierno, Consejero del Departamento responsable en materia de Salud y Consejo de Dirección, en las materias que son de su competencia.
b) Supervisar y, en su caso, exigir el cumplimiento de las limitaciones preventivas de carácter administrativo establecidas reglamentariamente, de acuerdo con la normativa básica del Estado, para el desarrollo de las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.
c) Ejercer el control y la evaluación interna de la organización y del desarrollo de las actividades del Servicio.
d) Ejercer la jefatura del personal del Servicio Aragonés de Salud en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de las facultades de los Gerentes de las áreas de salud.
e) Contratar personal laboral temporal o nombrar funcionarios interinos, según proceda, para cubrir bajas temporales, sustituciones o vacantes, de conformidad con la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón.
f) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados por la normativa vigente en materia presupuestaria, sin perjuicio de las delegaciones que efectúe en otros órganos inferiores.
g) Resolver las reclamaciones previas.
h) Preparar y elevar al Consejo de Dirección los anteproyectos de presupuestos, plan de actividades, memoria anual y propuestas relativas a la relación de puestos de trabajo.
i) Decidir el ejercicio de acciones ante los órganos judiciales, cuando no se exija por Ley acuerdo del Consejo de Gobierno, e interponer recursos administrativos contra actos emanados de otras Administraciones públicas, conforme a lo establecido en las normas que regulan la Asesoría Jurídica de la Diputación General de Aragón.
j) Someter a la consideración del Consejo de Dirección cuantos asuntos estime conveniente.
k) Facilitar a los miembros del Consejo de Dirección toda la documentación necesaria para el desempeño de sus funciones.
l) Aquellas otras que le asignen el Departamento responsable en materia de Salud o la normativa vigente.
m) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al Organismo Autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales.
2. El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud será el órgano de contratación del organismo autónomo, con las competencias y limitaciones que la legislación en materia de contratación administrativa atribuye a dicho órgano.
3. El Director Gerente, que tendrá rango administrativo de Director General, será nombrado y separado libremente de su cargo por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud.
Artículo 14. Directores de Área.
1. Los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director-Gerente, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia del Área.
2. Los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud serán nombrados y cesados libremente por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud.
3. La contratación de los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud podrá realizarse bajo la modalidad de relación laboral especial de alta dirección, sin que puedan pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción del contrato superiores a las establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto (RCL 1985, 2011, 2156; ApNDL 3023).
4. Las retribuciones de los Directores de Área del Servicio Aragonés de Salud se fijarán por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero responsable en materia de personal, en cuanto a aquellos conceptos retributivos que no vengan impuestos legalmente.
CAPÍTULO III
Estructura territorial
Artículo 15. Estructura Básica.
Sin perjuicio de la existencia de otras demarcaciones territoriales, el Servicio Aragonés de Salud se estructura básicamente en áreas de salud, concebidas como unidades fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del organismo y de los programas y prestaciones sanitarias a desarrollar por los mismos.
En todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar las siguientes actividades:
a) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad, desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la misma.
b) En el nivel de atención especializada a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquéllos se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.
Artículo 16. Áreas de Salud.
Las áreas de salud deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos señalados en esta Ley. Para ello se tendrá en cuenta la dotación de vías y medios de comunicación, así como el diagnóstico de salud de la Comunidad, las instalaciones sanitarias y los factores geográficos socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales y climatológicos. En todo caso, en cada provincia existirá, como mínimo, un área.
Artículo 17. División de las Áreas de Salud.
Para conseguir la máxima eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud, sin perjuicio de la posible existencia de otras demarcaciones territoriales, se dividirán en zonas básicas de salud.
Artículo 18. Zonas de Salud.
1. La zona de salud es el marco geográfico y poblacional básico de la atención primaria de salud, accesible desde todos sus puntos, y debe posibilitar la prestación de una atención integral y continuada.
2. En dicho nivel se interrelacionan los recursos del sistema sanitario de la comunidad, con el fin de conseguir conjuntamente el nivel más alto posible de salud.
3. Se crean las zonas veterinarias, que estarán coordinadas al menos con las zonas de salud e integradas en las áreas de salud.
Artículo 19. Delimitación de la Zona de Salud.
En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta:
a) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido.
b) El grado de concentración o dispersión de la población.
c) Las características epidemiológicas de la zona.
d) Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.
e) La comarcalización general que se establezca en la Comunidad Autónoma.
Artículo 20. Ubicación del Centro de Salud.
En las zonas de salud en las que existan varios municipios, se marcará uno como cabecera donde se ubicará el centro de salud que dará nombre a la zona.
Artículo 21. Consejo de Salud de Zona.
1. El Consejo de Salud es el órgano de participación de la población de la zona de salud y está compuesto por:
a) Un representante del ayuntamiento donde se encuentre ubicada la zona de salud; si ésta comprendiera más de un municipio, podrán formar parte, además del representante del ayuntamiento cabecera, hasta cuatro representantes más, elegidos entre y por los restantes municipios que la compongan.
b) En el medio urbano, podrán formar parte, además del representante del ayuntamiento donde se encuentre ubicada la zona de salud, hasta un máximo de tres representantes de la junta de distrito.
c) Un representante de los servicios sociales de base o servicios sociales de carácter público existentes en la zona de salud, designados por los municipios correspondientes.
d) El coordinador del equipo de atención primaria.
e) Dos representantes del equipo, elegidos por y de entre sus miembros.
f) Un farmacéutico con ejercicio profesional en la zona de salud.
g) Un veterinario con ejercicio profesional en la zona de salud.
h) Dos representantes de organizaciones sindicales, atendiendo a los criterios de la profesionalidad según el artículo 7 del Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985, 1980; ApNDL 13091).
i) Un representante de los consejos escolares constituidos en la zona de salud.
j) Hasta un máximo de cuatro representantes de asociaciones ciudadanas radicadas en la zona de salud, elegidos de la siguiente forma:
Un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, radicadas en la zona, si los hubiere, elegidos por y de entre sus miembros.
Un representante de las asociaciones de vecinos, radicadas en la zona, si las hubiere, elegido por y de entre éstas.
Representantes de otras asociaciones ciudadanas radicadas en la zona, elegidos por y de entre sus miembros, hasta que quede completado el número de cuatro previsto para el conjunto de la representación de asociaciones ciudadanas.
2. El mandato de los vocales del Consejo de Salud tendrá una duración de tres años, pudiendo ser prorrogado por idéntico período al término de cada mandato.
3. Los gastos de funcionamiento serán con cargo al presupuesto del Servicio Aragonés de Salud.
4. El Consejo de Salud de Zona será convocado por su Presidente a iniciativa propia o cuando así lo soliciten la cuarta parte de sus miembros.
Artículo 22. Funciones del Consejo de Salud de Zona.
Las funciones del Consejo de Salud serán las siguientes:
a) Conocer y participar en el diagnóstico de salud de la zona.
b) Conocer y participar en el plan de salud de la zona.
c) Participar en el desarrollo y evaluación de los programas de salud de la zona.
d) Canalizar y promover la participación de la comunidad en las actividades de promoción y protección de la salud y, en especial, de educación para la salud.
e) Canalizar y valorar cuantas iniciativas o sugerencias permitan la mejora de atención y del nivel de salud de la zona.
f) Contribuir a las revisiones del reglamento interno de funcionamiento.
g) Informar la memoria anual de actividades del equipo.
h) Promover la protección de los derechos de los usuarios.
i) Informar sobre el horario de funcionamiento del centro.
j) Proponer la supresión o instauración de consultorios locales en la zona y la periodicidad de días de consulta en los mismos.
k) Proponer y promover soluciones mancomunadas a los problemas de salud medioambiental de la zona.
l) Informar al Departamento responsable en materia de Salud sobre la adecuación de las estructuras físicas, dotaciones materiales y plantillas de la zona.
m) Proponer al Departamento responsable en materia de Salud la modificación de la zona de salud, de acuerdo con la normativa reguladora del mapa sanitario.
n) Proponer e informar sobre cualquier asunto que le sea propuesto por el coordinador del equipo o por las instituciones con responsabilidad sanitaria en la zona de salud.
o) Recabar cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.
p) La elaboración de su reglamento de funcionamiento interno, para su aprobación por el del Departamento responsable en materia de Salud.
CAPÍTULO IV
Estructuras sanitarias en el Sistema de Salud
Artículo 23. Centros hospitalarios.
1. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
2. Los centros hospitalarios públicos desarrollarán, además de las áreas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada área de salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención primaria.
3. Cada área de salud contará, al menos, con un hospital general, dotado de los servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de la misma y los problemas de salud.
4. En todo caso, se establecerán medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre las diferentes unidades y niveles asistenciales dentro del área de salud así como la coordinación entre las distintas áreas.
5. Excepcionalmente, y por necesidades asistenciales, la población de un área podrá ser atendida por hospitales vinculados a distinta área de salud.
Artículo 24. Acreditación de los hospitales y servicios de referencia.
El Departamento responsable en materia de Salud acreditará los hospitales o servicios de referencia autonómicos a los que podrán acceder todos los usuarios del Servicio Aragonés de Salud, una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención especializada del Área de Salud.
Asimismo, el del Departamento responsable en materia de Salud establecerá los mecanismos oportunos para que, una vez superado el ámbito de la Comunidad Autónoma, los usuarios del Servicio Aragonés de Salud puedan utilizar los recursos del sistema nacional de salud.
Artículo 25. Evaluación de la calidad asistencial.
1. La evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
2. El Departamento responsable en materia de Salud establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial, oídas las sociedades científicas sanitarias.
3. Los médicos y demás personal titulado del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo.
4. Todos los hospitales deberán posibilitar y facilitar a las unidades de control de calidad externa el cumplimiento de sus cometidos, así como el estudio y tramitación de quejas y reclamaciones que puedan plantear los usuarios. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial.
Artículo 26. Red hospitalaria pública.
1. Los hospitales y centros de especialidades adscritos al Servicio Aragonés de Salud constituirán la red hospitalaria pública integrada de Aragón, sin perjuicio de la utilización que, en su caso, pueda realizarse mediante los correspondientes conciertos con centros no integrados en la misma.
2. Todas las instituciones sanitarias de la red pública existentes en el área de salud se adscribirán, a efectos de asistencia sanitaria especializada, al hospital correspondiente.
Artículo 27. Estructura orgánica de los hospitales.
1. Los órganos de dirección de los hospitales, así como sus funciones y nombramientos, se realizarán de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
2. Existirán órganos de participación comunitaria en la planificación, control y evaluación de la gestión y de la calidad de la asistencia en cada hospital, y órganos de asesoramiento a los órganos de dirección, que se establecerán reglamentariamente, así como su composición y funciones.
Artículo 28. Finalidad de la Red Hospitalaria.
Serán fines de la Red Hospitalaria Pública Integrada de Aragón:
a) Ofrecer a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados, de los que, por su especialización y características, no puede disponerse en el nivel de atención primaria.
b) Posibilitar el internamiento hospitalario a los pacientes que lo precisen.
c) Participar en la atención de las urgencias, asumiendo las que superen los niveles de la asistencia primaria.
d) Prestar la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas, que requiera la atención especializada de la población en su correspondiente ámbito territorial.
e) Participar en el conjunto del sistema sanitario, en la prevención de las enfermedades, promoción de la salud, educación sanitaria e investigación y docencia.
f) Colaborar en la formación del personal sanitario y en las investigaciones que puedan llevarse a cabo en ciencias de la salud.
Artículo 29. Sistemas de Gestión.
1. Los centros y establecimientos públicos a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley deberán contar con un sistema integral de gestión que permita implantar una dirección por objetivos y un control de resultados, delimitar claramente las responsabilidades de dirección y gestión, y establecer una adecuada evaluación de la calidad asistencial con criterios de accesibilidad, equidad y eficiencia.
2. Los establecimientos hospitalarios, a medida que se vayan constituyendo en centros de gestión desconcentrada, podrán asumir competencia para la contratación de personal con objeto de cubrir las bajas temporales, sustituciones o vacantes, de conformidad con la plantilla adscrita al centro y en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, asumirán la organización interna de los servicios y prestaciones hospitalarios y la contratación de las obras de simple reparación y de los suministros precisos para el normal funcionamiento del establecimiento, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con la normativa vigente.
3. De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, los precitados centros y establecimientos deberán confeccionar y remitir periódicamente al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud:
a) Los indicadores económicos y sanitarios que sean comunes para todos ellos.
b) La valoración económica de las actividades que desarrollan.
c) La evaluación y valoración de la rentabilidad sociosanitaria.
4. Para la gestión de los centros sanitarios públicos se desarrollarán medidas que promuevan la aplicación de los principios de autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos.
Artículo 30. Vinculación de los hospitales privados.
1. Cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y las disponibilidades presupuestarias lo permitan, los hospitales generales del sector privado que lo soliciten podrán ser vinculados al Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, tras ser debidamente acreditados y siempre que por sus características técnicas sean homologables.
2. El protocolo de vinculación y la acreditación a los que se refiere el apartado anterior serán objeto de revisión periódica.
3. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de los centros y establecimientos dependientes del mismo, así como la de las relaciones laborales del personal que en ellos presten sus servicios.
4. La prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Servicio Aragonés de Salud se realizará, en todo caso, según lo dispuesto en esta Ley y artículos 90 y concordantes de la Ley General de Sanidad.
Artículo 31. Convenios de vinculación.
1. La vinculación a la red pública de los hospitales del sector privado se realizará mediante convenios singulares, en los que se concretarán los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de prestación del servicio y régimen de contraprestaciones, de acuerdo con lo que establezcan las normas que se dicten para el desarrollo de esta Ley.
2. El hospital vinculado prestará la atención sanitaria a los beneficiarios del sistema sanitario en condiciones de igualdad, sin que esta atención pueda suponer coste alguno para dichos usuarios.
3. El cobro de cualquier cantidad a los enfermos, en concepto de atenciones no sanitarias, sólo podrá ser establecido si, previamente, es autorizado por la Administración sanitaria correspondiente.
4. El incumplimiento de las obligaciones contraídas podrá suponer la denuncia del convenio, que se realizará según lo estipulado en el mismo y en la normativa de desarrollo de la presente Ley.
5. Los hospitales vinculados estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados.
Artículo 32. Conciertos para la prestación de servicios sanitarios.
1. El Servicio Aragonés de Salud, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al mismo, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios.
2. En igualdad de condiciones de calidad, eficiencia y eficacia, se dará prioridad para el establecimiento de conciertos a los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo.
3. La Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma fijará los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a estos conciertos, así como sus condiciones económicas, atendiendo a módulos de costes efectivos, revisables periódicamente.
4. Únicamente podrán celebrar estos conciertos los centros, servicios y establecimientos sanitarios homologados previamente por la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, debiendo asegurarse que la atención sanitaria que se preste a los usuarios afectados por el concierto se realice en un plano de igualdad.
5. Los conciertos deberán establecerse con una duración temporal no superior a cuatro años. Al terminar dicho período, el Servicio Aragonés de Salud podrá establecer un nuevo concierto.
6. El régimen de conciertos será incompatible con la concesión de subvenciones económicas para la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto de concierto, salvo que se trate de la realización de actividades sanitarias calificadas de alto interés social.
Artículo 33. Centros sociosanitarios.
A fin de posibilitar una adecuada ordenación del dispositivo hospitalario público de atención al enfermo sociosanitario, se impulsará la creación de una red de cuidados paliativos domiciliarios, hospitales de media y larga estancia y servicios sociosanitarios.
Artículo 34. Acceso al sistema sanitario.
1. El acceso a los establecimientos, centros y servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, propios y concertados, se regulará por una normativa que garantice que el mismo se produce de forma igualitaria, independientemente de la condición que ostente el usuario.
2. En los centros hospitalarios la lista de espera será única y centralizada en el servicio de admisión de cada centro.
Artículo 35. Atención al usuario.
1. El Departamento responsable en materia de Salud regulará la aplicación del derecho de elección de médico de atención primaria del área de salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes, se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.
2. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Servicio Aragonés de Salud tienen derecho, en el marco de su área de salud, a ser atendidos en los servicios especializados.
Artículo 36. Centro de Salud.
1. El centro de salud es la estructura física y funcional de referencia para las actividades de atención primaria en la zona de salud.
2. El centro de salud tendrá las siguientes funciones:
a) Albergar la estructura física de consultas y demás servicios sanitarios para la población de la zona.
b) Servir como centro de reunión para potenciar las relaciones entre la comunidad y los profesionales sanitarios.
c) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.
d) Mejorar la organización administrativa y funcional de la atención sanitaria en la zona.
3. Los centros de salud contarán con el personal y recursos materiales necesarios que se determinen, de acuerdo con las características poblacionales, epidemiológicas y de nivel de accesibilidad, con el fin de cumplir los objetivos de atención de salud.
4. Los centros de salud deberán ser debidamente acreditados de acuerdo con el correspondiente protocolo.
Artículo 37. Consultorios locales.
En la zona de salud podrán existir locales diferenciados del centro de salud para la prestación de atención sanitaria, denominados «consultorios locales», que son las estructuras físicas y funcionales para la atención primaria en los municipios, localidades o barrios donde no se asiente el centro de salud. Actúan como consultorio médico y enfermería, conexo, funcionalmente, al centro de salud correspondiente, y en las unidades asistenciales que puedan configurarse se posibilitarán también funciones de atención continuada.
Artículo 38. Equipo de Atención Primaria.
1. El equipo de atención primaria es el conjunto de profesionales con responsabilidad en la prestación de atención de salud integral y continuada en la zona de salud, que tiene como centro de referencia y coordinación el centro de salud.
2. El equipo de atención primaria contará con un coordinador que asumirá la dirección funcional, y un coordinador de enfermería.
3. Asimismo el equipo de atención primaria elaborará, de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias correspondientes, un reglamento interno que regule su organización y funcionamiento.
4. Los miembros del equipo de atención primaria, en el ejercicio de sus funciones inspectoras y de control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública, tendrán el carácter de autoridad sanitaria, siendo el coordinador del equipo de atención primaria la máxima autoridad sanitaria de la zona de salud.
Artículo 39. Agrupación territorial.
1. A medida que se vayan poniendo en funcionamiento en las zonas de salud los equipos de atención primaria correspondientes, se producirá la agrupación de todos aquellos partidos médicos comprendidos en cada zona de salud en un único partido médico, coincidente con el límite geográfico de la misma, asumiendo el coordinador del equipo de atención primaria las funciones correspondientes a las anteriores jefaturas locales de sanidad.
2. Las zonas de salud se declaran demarcaciones abiertas al libre ejercicio de los profesionales sanitarios, con las limitaciones establecidas en la normativa específica de oficinas de farmacia.
Artículo 40. Formación, docencia e investigación.
1. La estructura sanitaria del Servicio Aragonés de Salud deberá estar en disposición de ser utilizada para la formación y docencia pregraduada y postgraduada.
2. El Departamento responsable de Salud promoverá la formación continuada del colectivo de profesionales del Sistema de Salud de Aragón, con el fin de lograr su mayor y mejor adecuación a las prioridades que se establezcan en función de las necesidades de la población, y fomentará la utilización de nuevas tecnologías.
3. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es el organismo encargado para la formación de los recursos humanos, el fomento de la investigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la salud de la población y sus determinantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
CAPÍTULO V
Asignación
Artículo 41. Medios personales y materiales.
Se asignarán al Servicio Aragonés de Salud, con arreglo a la normativa aplicable, los medios personales y materiales precisos para el cumplimiento de los fines que la presente Ley le atribuye.
Artículo 42. Personal del Servicio Aragonés de Salud.
1. Integran el personal del Servicio Aragonés de Salud:
a) El personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que preste sus servicios en el organismo.
b) El personal procedente de otras Administraciones públicas que se le adscriba.
c) El personal transferido de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) El personal que se incorpore al organismo, conforme a la normativa vigente.
2. Con objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal del Servicio Aragonés de Salud y mejorar la eficacia de la gestión, el Departamento responsable de Salud, podrá establecer procedimientos para la integración directa en la condición de personal estatutario de quienes presten servicio en dicho organismo autónomo como funcionarios de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.
Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del personal interino y laboral temporal en la condición de personal estatutario temporal, en la modalidad que corresponda de acuerdo con la duración del contrato de origen.
3. El Gobierno de Aragón, a propuesta de los Consejeros de los Departamentos responsables en materia de Personal y de Salud, y conforme a lo que establezca la legislación a la que se refiere el apartado anterior, fijará el marco normativo adecuado para que el Servicio Aragonés de Salud disponga de la autonomía necesaria en materia de personal.
4. Corresponde al Servicio Aragonés de Salud la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo.
5. Los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud, en el ejercicio de sus funciones que sean propias de tal condición, no podrán percibir cantidad alguna, distinta de su salario y por los conceptos previstos, por su intervención en cualquier actividad realizada en función del artículo primero del presente Texto Refundido. Esta limitación no afecta a la participación en aquellos programas especiales que puedan establecerse, para lo que será necesaria la existencia de normativa al objeto de que dicha percepción pueda producirse.
6. Corresponde al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud:
a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo.
b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo, que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialista Sanitarios), Escala Auxiliar de Enfermería.
c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior.
d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente.
Artículo 43. Bienes y derechos.
1. Se adscriben al Servicio Aragonés de Salud los siguientes bienes y derechos:
a) Aquellos cuya titularidad corresponde a la Diputación General de Aragón, afectos a los servicios de salud y asistencia sanitaria.
b) Los bienes y derechos de las corporaciones locales que, independientemente de su titularidad, se afecten a servicios propios del organismo.
c) Los bienes y derechos de toda clase afectos a la gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, transferidos a la Comunidad Autónoma.
d) Cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier otro título.
2. Serán aplicables a los bienes y derechos adscritos al organismo el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio (LARG 2000, 171), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio (LARG 2000, 172), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La declaración de utilidad pública se entiende implícita en toda expropiación relativa a obras de la competencia del Servicio Aragonés de Salud para el cumplimiento de sus finalidades específicas, y todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (RCL 1954, 1848; NDL 12531).
CAPÍTULO VI
Régimen económico-financiero
Artículo 44. Ingresos.
Constituyen ingresos del Servicio Aragonés de Salud:
a) Los recursos que le sean asignados con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Las consignaciones que deban realizar las corporaciones locales, con cargo a sus presupuestos.
c) Los productos y rentas de toda índole procedentes de sus bienes y derechos.
d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente esté autorizado a percibir el organismo.
e) Las subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades y particulares.
f) Los bienes que se transfieren juntamente con servicios procedentes de otras Administraciones públicas.
g) Cualquier otro recurso que le pudiese ser atribuido.
Artículo 45. Presupuesto.
La estructura, procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto del Servicio Aragonés de Salud, se regirán por lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 46. Intervención delegada.
1. Se crea la Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud, que dependerá orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
2. La Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud tendrá las siguientes funciones:
a) El control de todos los actos de este organismo autónomo que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de sus recursos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) La ejecución de la contabilidad del Servicio.
3. El ejercicio de la función interventora que el apartado segundo de este artículo asigna a la Intervención delegada del Servicio Aragonés de Salud comprenderá las actuaciones y competencias que el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón atribuye a dicha función.
Artículo 47. Tesorería.
1. La Tesorería del Servicio Aragonés de Salud, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, estará sometida al régimen de intervención y contabilidad pública. En ella se unificarán todos los recursos financieros que se destinen para el cumplimiento de sus fines, y tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos de este organismo, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
2. La Tesorería del Servicio Aragonés de Salud podrá abrir y utilizar en las entidades de crédito y ahorro las cuentas necesarias para el funcionamiento de los servicios, atendiendo la especial naturaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan de realizarse.
3. Los fondos que procedentes de las transferencias de asistencia sanitaria se ingresen en la Tesorería de la Comunidad Autónoma habrán de contabilizarse separadamente del resto de los recursos que administre la Tesorería. Asimismo, en su caso, los rendimientos procedentes de su colocación en las entidades financieras correspondientes habrán de contabilizarse también separadamente y aplicarse específicamente a financiar los créditos presupuestarios afectados a la Seguridad Social, mediante transferencias de estos fondos a aquellas partidas presupuestarias.
CAPÍTULO VII
Régimen jurídico
Artículo 48.
1. El régimen jurídico de los actos emanados del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en la presente Ley, así como el señalado en la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el procedimiento común a todas las Administraciones públicas.
2. Contra los actos administrativos dictados por los órganos jerárquicamente inferiores del Servicio Aragonés de Salud, podrán interponer los interesados los recursos administrativos procedentes ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, cuyas resoluciones al respecto pondrán fin a la vía administrativa.
3. Los actos administrativos dictados por el Director Gerente que no agoten la vía administrativa podrán impugnarse mediante los recursos administrativos procedentes, ante el Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. Las resoluciones del Consejero en el ejercicio de sus competencias agotan la vía administrativa.
Disposición adicional única. Incorporación al Servicio Aragonés de Salud.
Los bienes, servicios y personal dependientes del Instituto Nacional de la Salud ubicados en Aragón se incorporan orgánica y funcionalmente al Servicio Aragonés de Salud prestando todos los servicios y funciones sanitarias realizados por la Seguridad Social en Aragón. |
El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, inaugurado con la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas por Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, e instrumentado a través del conjunto de medidas fiscales y administrativas establecido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, ha operado una ampliación, no sólo de los propios tributos que son objeto de cesión, sino también de las facultades normativas que venían disfrutando las Comunidades Autónomas con los modelos de financiación anteriores, entre ellos el establecido por la derogada Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. Así, la Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, atribuye a ésta la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y condiciones establecidas en las leyes –orgánica y marco– a las que se ha aludido con anterioridad.
El ejercicio de dichas facultades normativas se ha venido materializando, con cierta habitualidad y periodicidad, a través de las sucesivas leyes de medidas tributarias que se aprueban simultáneamente con la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Como dichas medidas legislativas en materia tributaria no justificaban, por sus objetivos ni por su propia entidad jurídica, una ley sustantiva individualizada, motivos de oportunidad, que debían valorarse incluso por encima de la técnica normativa, obligaban a incluirlas en un instrumento legal apropiado para hacerlas efectivas a comienzos de cada ejercicio, incluso, respecto a determinados impuestos, para referirlas al correspondiente período impositivo.
Ello no obstante, el ejercicio reiterado y periódico de estas competencias normativas sobre los tributos cedidos, ha provocado, de forma inevitable, su dispersión legislativa, fenómeno que hace peligrar la necesaria garantía del principio de seguridad jurídica que, en un ordenamiento como el tributario, con consecuencias económicas para los ciudadanos contribuyentes, no puede abandonarse a los caprichos interpretativos del juego indescifrable de las remisiones, las derogaciones y las regulaciones fragmentadas.
Consciente de todo ello, así como de la necesidad de pulsar un proceso de formación del ordenamiento tributario aragonés, el legislador incluyó en la disposición final cuarta de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, una delegación legislativa al Gobierno de Aragón «para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, apruebe un texto refundido de las disposiciones dictadas en materia de tributos cedidos por la Comunidad Autónoma de Aragón y proceda a su sistematización, regularización, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de cesión de los tributos del Estado a las mismas».
El texto refundido no introduce, por su propia naturaleza, novedad legislativa alguna, pero en la era de la proliferación de leyes especiales, que son rápidamente modificadas o sustituidas haciendo inútil todo intento de cristalizar un determinado sector jurídico, se ha querido utilizar la técnica de la refundición para inaugurar una auténtica tarea de codificación de la normativa tributaria, ajena a cualquier estatismo y abierta permanentemente al futuro crecimiento legislativo. Esta es la principal motivación y la justificación última del espíritu de innovación que representa el texto refundido, esto es, enfatizar la fuerza centrípeta propia de los códigos como vis atractiva para las leyes que están por llegar, frente a la creciente fuerza centrífuga de las leyes especiales.
Con el fin de posibilitar esta flexibilidad y facilitar la actualización constante de la legislación tributaria aragonesa, el texto refundido ha adoptado un sistema de numeración decimal de sus preceptos, de tal forma que los artículos se constituyen con números separados por un guión. El primer número consta de tres cifras que indican, respectivamente, el título, el capítulo y la sección a los que pertenece la disposición, procurando su perfecta identificación y ubicación dentro del cuerpo normativo. Cuando alguna de estas subdivisiones no exista, el dígito 0 indicará tal circunstancia. El número siguiente corresponde a la tradicional numeración secuencial de los textos articulados, con la salvedad de que cada capítulo –o sección, en su caso– arranca desde el número 1. Este sistema, adoptado con éxito en otros países de nuestro ámbito jurídico y cultural, permitirá que las futuras leyes en las que se dicten disposiciones tributarias puedan incorporarlas automáticamente al texto refundido de referencia sin forzar su estructura y sistemática. Ello, no sólo facilitará la modificación o introducción de nuevos artículos de forma indefinida, sino incluso de completos capítulos monográficos en el tratamiento de un concreto impuesto o procedimiento tributario.
La utilización novedosa de este sistema se complementa con otra medida, inédita en nuestra comunidad, que consiste en incorporar como Anexo a los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de Aragón que modifiquen o innoven expresamente el presente texto refundido, la versión íntegra y actualizada, incluyendo las nuevas modificaciones, de dicho texto refundido, al objeto de que las Cortes de Aragón cuenten con un notable documento informativo.
Por lo demás, el texto refundido se estructura en dos títulos, dedicados el primero de ello a las «disposiciones específicas», compuesto de capítulos individualizados para cada impuesto en particular, y el título segundo, bajo la rúbrica «disposiciones comunes» aplicables a todos los tributos cedidos; comprensible de dos capítulos separados para sistematizar, por un lado, las normas procedimentales y, por otro, las obligaciones formales relativas a los tributos cedidos.
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, visto el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 26 de septiembre de 2005,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos.
De conformidad con la delegación legislativa contenida en la disposición final cuarta de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, que-se incorpora como Anexo.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El artículo 2 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas.
b) El artículo 1, los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
c) Los artículos 2 y 3 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
d) Los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
e) Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en la misma.
Disposición adicional única. Documentación de los proyectos de ley que modifiquen el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos.
Cuando el Texto Refundido que aprueba el presente Decreto Legislativo vaya a ser objeto de modificación por cualquier ley emanada de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Consejero competente en materia de Hacienda propondrá al Gobierno de Aragón que el proyecto de ley correspondiente incorpore, como anexo, una versión íntegra, que incluya aquellas modificaciones, de dicho texto refundido.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 26 de septiembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
EDUARDO BANDRES MOLINE
MARCELINO IGLESIAS RICOU
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en Materia de Tributos Cedidos
Título I. Disposiciones especificas aplicables a los tributos cedidos.
Capítulo I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
Capítulo II. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Sección 1.ª Concepto «Transmisiones Patrimoniales».
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de viviendas habituales por familias numerosas.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes muebles.
Sección 2.ª Concepto «Actos Jurídicos Documentados».
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los Documentos Notariales.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales para determinados bienes muebles.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles.
Capítulo III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Sección 1ª. Concepto «Sucesiones».
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa por hijos del causante menores de edad.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa por personas con minusvalía.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa de determinados bienes.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
Sección 2.ª Concepto «Donaciones».
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Articulo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los adquirentes de bienes o derechos.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
Capítulo IV. Tributos sobre el Juego.
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
Capítulo V. Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
Título II. Disposiciones comunes aplicables a los Tributos Cedidos.
Capítulo I. Normas procedimentales.
Sección 1.ª Tasación Pericial Contradictoria.
Artículo 211-1. Concepto.
Artículo 211-2. Procedimiento.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
Sección 2.ª Aplicación de Beneficios Fiscales.
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Capítulo II. Obligaciones formales.
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
Disposición final única. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
TÍTULO I
Disposiciones especificas aplicables a los Tributos Cedidos
CAPÍTULO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
El nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos otorgará el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los siguientes términos:
a) La deducción será de 500 euros por cada nacimiento o adopción del tercero sucesivos hijos, aplicándose únicamente en el período impositivo en que dicho nacimiento o adopción se produzca.
b) No obstante, esta deducción será de 600 euros cuando la suma de la parte general y de la parte especial de la base imponible de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no exceda de 32.500 euros.
c) La deducción corresponderá al contribuyente con quien convivan los hijos a la fecha de devengo del impuesto.
Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
El nacimiento o adopción del segundo hijo, cuando éste presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, otorgará el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los mismos términos que los establecidos en el artículo anterior.
El grado de minusvalía que da derecho a la presente deducción deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto y reconocido mediante resolución expedida por el órgano competente en materia de servicios sociales.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
1. En el supuesto de adopción internacional, formalizada en los términos regulados en la legislación vigente y de acuerdo con los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España, los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo.
Se entenderá que la adopción tiene lugar en el período impositivo correspondiente al momento en que se dicte resolución judicial constituyendo la adopción.
2. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos a que se refieren los artículos 110-1 y 110-2.
3. Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sección 1.ª Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
El tipo impositivo aplicable en la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, será el 7 por 100.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y negocios administrativos fiscalmente equiparados a aquellas, como constitución de derechos, será el 7 por 100, siempre que dichos actos lleven aparejada una concesión demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo 334 del Código Civil.
2. La ulterior transmisión onerosa por acto inter vivos de las concesiones y actos asimilados del apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo del 7 por 100.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 2 por 100 a las transmisiones de inmuebles que cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que sea aplicable alguna de las exenciones a que se refieren los números 20.º, 21.º y 22.º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Que el adquirente sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por tales adquisiciones, en el sentido en que se define tal derecho por el segundo párrafo del artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
c) Que no se haya producido la renuncia a la exención por el Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en el artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo impositivo reducido del 2 por 100 a la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean de aplicación las «Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector Inmobiliario», siempre que, simultáneamente, se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la citada transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta de una vivienda de nueva construcción, adquirida en el mismo acto por el transmitente.
b) Que el sujeto pasivo incorpore el inmueble adquirido a su activo circulante.
2. La aplicación de este tipo impositivo reducido será provisional hasta que el sujeto pasivo justifique la transmisión posterior del inmueble mediante documento público, dentro del plazo de los dos años siguientes a su adquisición.
3. En el caso de que el inmueble no se transmitiera dentro del citado plazo, el sujeto pasivo habrá de presentar una autoliquidación complementaria con aplicación del tipo general, más los correspondientes intereses de demora, contados desde la fecha final del vencimiento del período voluntario de presentación de la primera autoliquidación.
4. El plazo de presentación de la autoliquidación complementaria será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha final del periodo de dos años antes señalado.
5. Reglamentariamente se establecerán los medios de justificación de. los requisitos y condiciones a que se sujeta la aplicación de este tipo reducido.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de viviendas habituales por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto de «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 2 por 100 en las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a, constituir la vivienda habitual de una familia numerosa; siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que la adquisición tenga lugar dentro del plazo de los tres años siguientes a la fecha en que la familia del sujeto pasivo haya alcanzado la consideración legal de numerosa o, si ya lo fuere con anterioridad, en el plazo de los tres años siguientes al nacimiento o adopción de cada hijo.
b) Que en el plazo de los tres años siguientes a la fecha en que la familia del sujeto pasivo haya alcanzado la consideración legal de numerosa o, si ya lo fuere con anterioridad, en el plazo de los tres años siguientes al nacimiento o adopción de cada hijo, se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la vivienda anterior.
d) Que la suma de las bases imponibles, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de todas las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de 32.500 euros.
2. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, se reputarán cumplidos cuando ninguno de los integrantes de la familia numerosa a la que pertenezca el sujeto pasivo fuese propietario de una vivienda habitual a la fecha del devengo.
3. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobré la Renta de las Personas Físicas.
4. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que:
a) el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas;
b) el concepto de vivienda habitual es él establecido por el artículo 69.1, apartado 3° del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes muebles.
1. En la adquisición de automóviles turismo, todoterrenos, motocicletas y demás vehículos que, por sus características, estén sujetos al impuesto, la cuota tributaria será la siguiente:
a) Con más de 10 años de uso y cilindrada igual o inferior a 1.000 centímetros cúbicos: cuota de cero euros.
b) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.000 centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros cúbicos: cuota fija de 20 euros.
c) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos: cuota fija de 30 euros.
2. Al resto de vehículos sujetos al impuesto les será de aplicación el tipo de gravamen establecido para los bienes muebles en el segundo párrafo del artículo 11.1. a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Sección 2.ª Concepto «Actos Jurídicos Documentados»
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los Documentos Notariales.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general del 1 por 100 en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como «Documentos Notariales».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas operaciones puedan existir en el ordenamiento aragonés.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo del 1,5 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del subconcepto «Documentos Notariales» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 0,1 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que la adquisición tenga lugar dentro del plazo de los tres años siguientes a la fecha en que, la familia del sujeto pasivo haya alcanzado la consideración legal de numerosa o, si ya lo fuere con anterioridad, en el plazo dedos tres años siguientes al nacimiento o adopción de cada hijo.
b) Que en el plazo de los tres años siguientes a la fecha en que la familia del sujeto pasivo haya alcanzado la consideración legal de numerosa o, si ya lo fuere con anterioridad, en el plazo de los tres años siguientes al nacimiento o adopción de cada hijo, se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la vivienda anterior.
d) Que la suma de las bases imponibles por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de todas las personas que vayan a habitar la vivienda, no exceda de 32.500 euros.
2. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, se reputarán cumplidos cuando ninguno de los integrantes de la familia numerosa a la que pertenezca el sujeto pasivo fuese propietario de una vivienda habitual a la fecha del devengo.
3. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que:
a) el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas;
b) el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo 69.1, apartado 3.º, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras, las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras Administraciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales para determinados bienes muebles.
1. En los supuestos de adquisiciones de vehículos a las que sea de aplicación la cuota impositiva de cero euros; los contribuyentes no tendrán obligación de formalizar y presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 121-6, los contribuyentes, una vez formalizada la autoliquidación, no tendrán obligación de presentarla en las correspondientes Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda ni en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad Autónoma de Aragón. En estos casos, bastará con obtener la validación mecánica del pago de la cuota correspondiente por la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda del Departamento competente en materia de Hacienda o por cualquiera de las Entidades Colaboradoras, al objeto de tramitar posteriormente el cambio de titularidad del permiso de circulación del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles.
Para acreditar el importe acumulado de las bases imponibles a que se refieren los artículos 121-5 y 122-3, y hasta que el marco de colaboración previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, permita disponer a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón de dicha información, el sujeto pasivo deberá aportar las correspondientes declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las notificaciones administrativas de los cálculos relativos a la devolución en el caso de contribuyentes no obligados a declarar o, finalmente, la certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1.g) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Sección 1.ª Concepto «Sucesiones»
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición «mortis causa» por hijos del causante menores de edad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a los hijos del causante menores de edad. El importe de esta reducción no podrá exceder de 3.000.000 euros.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición «mortis causa» por personas con minusvalía.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a los minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, conforme al baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición «mortis causa» de determinados bienes.
1. Las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se aplicarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades por el cónyuge o descendientes de la persona fallecida se aplicará una reducción del 95 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser aplicada por ascendientes y colaterales hasta el tercer grado.
3. Para la aplicación de la reducción se seguirán las siguientes reglas:
a) En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber estado exentos, conforme al apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores al fallecimiento.
La reducción estará condicionada a que se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo, la afectación de los bienes y derechos recibidos a una actividad económica de cualquiera de los causahabientes beneficiados. No se perderá el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos se aportan a una sociedad y las participaciones recibidas a cambio cumplen los requisitos de la exención del mencionado artículo durante el plazo antes señalado.
b) En el caso de las participaciones en entidades deberán cumplirse los requisitos de la citada exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento; no obstante, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c) del punto 2 del citado artículo se computará conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta cuarto grado del fallecido, siempre que se trate de entidades cuya actividad económica, dirección y control radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La adquisición deberá mantenerse durante el plazo de diez años conforme a los requisitos previstos en la normativa estatal. En el caso de que como consecuencia de una operación societaria de fusión, escisión, canje de valores, aportación no dineraria o similares, no se mantuvieran las participaciones recibidas, no se perderá el derecho a la reducción excepto si la actividad económica, su dirección y control, dejaran de estar radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
1. Los beneficios fiscales relativos a adquisiciones sucesorias, estén previstos en la normativa general o en el ordenamiento jurídico aragonés, se aplicarán en la liquidación provisional que, conforme al artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se practique por la fiducia sucesoria regulada en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, sin perjuicio de que la delación de la herencia se produzca en el momento de ejecución de la fiducia o de su extinción, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 133 de la citada Ley.
2. En concreto, lo dispuesto en el apartado anterior procederá en los siguientes casos:
a) La reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
b) La reducción por la adquisición de la empresa individual o del negocio profesional procederá cuando, al menos, uno de los sujetos pasivos continúe la actividad que realizaba el causante.
En tal caso, la reducción beneficiará a todos los sujetos pasivos que tuvieran el parentesco exigido por la norma.
c) La reducción por la adquisición de determinadas participaciones en entidades se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
3. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente, según lo dispuesto en los apartados anteriores, quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, y conforme al principio de igualdad en la partición del artículo 56 del Reglamento del impuesto, dicho bien se atribuya a quien tenga derecho a la reducción.
4. La reducción prevista en el artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria, conforme a las siguientes condiciones:
a) Se entenderá cumplido el requisito de adquisición de los bienes por parte del titular de una explotación agraria prioritaria o por quien alcance esa consideración cuando, siendo sujeto pasivo por la liquidación provisional del artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la empresa agraria del causante quede afecta a la que ya se tenía, sin perder ésta la condición de prioritaria, o sea explotada por uno o varios de los sujetos pasivos que alcancen tal condición, sin que se requiera en ninguno de los dos casos la adquisición dominical de tal empresa.
b) La empresa así recibida deberá mantenerse durante el plazo de cinco años. Si en ese plazo los bienes integrantes de la empresa se enajenaran, cedieran o arrendaran, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar, como consecuencia de la reducción practicada, y los intereses de demora en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación, cesión o arriendo.
5. La reducción prevista en el artículo 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria conforme a las condiciones previstas en el apartado anterior.
6. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente según lo dispuesto en los dos apartados anteriores quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, dicho bien se atribuya a quien se aplicó provisionalmente la reducción.
Si el bien en cuestión se atribuyera a otro sujeto pasivo con derecho al beneficio fiscal, la liquidación correspondiente a tal ejecución fiduciaria incluirá la reducción.
Sección 2.ª Concepto «Donaciones»
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las reducciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la transmisión inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades, y de aquellas otras que estén reguladas en leyes especiales, para el cálculo de la base liquidable del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones resultará de aplicación la siguiente reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, regulada en el apartado siguiente.
2. En los casos en que en la base imponible de una adquisición inter vivos estuviese incluido el valor de una empresa individual o de un negocio profesional o de participaciones en entidades, para obtener la base liquidable se practicará una reducción del 95 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda proporcionalmente, al valor de los citados bienes o derechos, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, tratándose de una empresa individual o de un negocio profesional, a los citados bienes les haya sido de aplicación la exención regulada en el punto uno del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre. el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores a la donación.
b) Que, tratándose de participaciones en entidades, a los citados bienes les sea de aplicación la exención regulada en el punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en el momento de la donación.
c) Que, cuando se trate de participaciones en entidades, éstas tengan la consideración de empresas de reducida dimensión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
d) Que la actividad económica, dirección y control de la empresa individual, negocio profesional o entidad a la que correspondan las participaciones transmitidas radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la donación y en los diez años posteriores.
e) Que el donante tuviera sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.
f) Que si el donante viniese ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.
g) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados del donante.
h) Que el adquirente mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de dicho plazo.
3. La reducción contemplada en el apartado anterior será incompatible, para los mismos bienes o derechos adquiridos, con la aplicación de la reducción establecida en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
4. Tratándose los bienes transmitidos de participaciones en entidades, a los efectos de aplicar los requisitos establecidos en las letras b) y h) del apartado 2, para las transmisiones inter vivos, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c) del punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se computará, a los solos efectos de aplicar estas reducciones, conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado del donante o donatario, según proceda.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras, las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones deberán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras Administraciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas, y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.
1. El procedimiento establecido en este artículo se aplicará a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o vanos fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.
2. Cuando en el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, en el plazo de presentación y pago de la correspondiente autoliquidación, no se hubiere ejecutado totalmente el encargo fiduciario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del fallecimiento corresponderá, respecto de la parte de herencia no asignada, a quien tuviera la condición legal de heredero conforme a lo previsto en el Título VII de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, con arreglo a sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.
3. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el pago del impuesto correspondiera a varias personas, la liquidación resultante a cada una de ellas será la derivada de imputar a partes iguales el valor de la parte de la herencia no asignada.
4. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, el destino de los bienes sea distinto del que fiscalmente se tomó en consideración, se girarán liquidaciones complementarias a las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del caudal relicto que realmente se le defirió.
5. Los sujetos pasivos podrán satisfacer con cargo al patrimonio hereditario la deuda tributaria correspondiente al valor de los bienes o derechos pendientes de asignación fiduciaria que les haya sido imputado fiscalmente, siempre y cuando opten por la modalidad de autoliquidación del impuesto, mediante su presentación y pago dentro del plazo voluntario establecido, en las siguientes condiciones:
a) Se exigirá el previo acuerdo de todos los sujetos pasivos de la liquidación provisional, y, en su caso, de quien sea usufructuario de tal patrimonio. De igual modo, deberá constar la autorización del fiduciario o fiduciarios o, en el caso de la fiducia colectiva, la del administrador.
No obstante lo anterior, la opción podrá ser individual, por cada sujeto pasivo, si se acompaña a la autoliquidación un documento firmado por el propio obligado tributario y por el administrador del patrimonio hereditario en el que se haga constar la autorización expresa de este último para satisfacer el importe de la autoliquidación con efectivo, bienes o derechos del patrimonio hereditario pendiente de asignación.
b) En ningún caso el pago de las autoliquidaciones con cargo al caudal relicto supondrá la consideración de tales deudas tributarias como una carga deducible.
c) En las liquidaciones que puedan proceder con motivo de sucesivas ejecuciones fiduciarias, las cantidades detraídas del caudal relicto para el pago de las liquidaciones provisionales deberán ser consideradas a todos los efectos como bienes integrantes del mismo.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los adquirentes de los bienes o derechos.
En caso de no cumplirse los requisitos de permanencia de la adquisición o de mantenimiento de la ubicación de la actividad, su dirección y control, o del derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el artículo 132-1 o, en su caso, los requisitos de mantenimiento y permanencia que se establecen en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, deberá pagarse la parte del impuesto dejada de ingresar a consecuencia de la reducción practicada y los correspondientes intereses de demora. A estos efectos, deberá comunicarse tal circunstancia a la oficina gestora competente en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar el incumplimiento.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la opción por la aplicación del régimen de reducciones estatal o el propio de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá, ejercerse, expresamente, en el período voluntario de declaración o autoliquidación del impuesto. No obstante, cuando su aplicación no dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto y no se hubiera ejercitado la opción en dicho plazo, la reducción que hubiera de practicarse será, conforme al artículo 20 de la Ley del impuesto, la regulada por el Estado.
CAPÍTULO IV
Tributos sobre el Juego
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar.
1. En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos, la cuota aplicable debe determinarse en función de la clasificación de máquinas establecida por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo aplicables las siguientes cuotas:
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.650 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.300 euros, más el resultado de multiplicar por 1.679 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
B) Máquinas de tipo «C» o de azar:
a) Cuota anual: 5.354 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.708 euros, más el resultado de multiplicar por 1.536 euros el número máximo de jugadores.
2. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros autorizado para la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 3.650 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en 21 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 0,20 euros.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquella en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.
3. La tasa será exigible por años naturales, devengándose el día 1 de enero de cada año en cuanto a los autorizados en años anteriores. En el primer año, el devengo coincidirá con la autorización, abonándose en su entera cuantía anual los importes fijados en el apartado 1 anterior, salvo que aquélla se otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso, por ese año, se abonará solamente el 50 por 100 de la tasa.
4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionados semestrales iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de junio y noviembre, respectivamente.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20 por 100 del importe total de los billetes o boletos ofrecidos.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 por 100.
c) En las tómbolas de duración inferior a quince días, organizadas con ocasión de mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un total de 90 euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa de acuerdo con el tipo de gravamen del apartado a) o bien a razón de 7 euros por cada día de duración en capitales de provincia o en poblaciones de más de 100.000 habitantes, de 4 euros por cada día en poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes y de 1,7 euros por cada día de duración en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que durante los últimos diez años hayan venido disfrutando de un régimen especial más favorable, tributarán al 1,5 por 100 sobre el importe de los billetes ofrecidos.
Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se hayan distribuido en años anteriores.
2. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
b) En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de galgos en canódromos o de carreras de caballos en hipódromos y en las que se celebren en frontones, el tipo será del 3 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
c) Las apuestas denominadas «traviesas», celebradas en frontones y hechas con la intervención del corredor, el tipo de gravamen será el 1,5 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
3. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 por 100 del valor de los premios ofrecidos.
4. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, la celebración de rifas y tómbolas organizadas por las entidades que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley reguladora del régimen fiscal de las mismas.
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
5. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a practicar la liquidación de la misma.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
En virtud de la presente Ley y de acuerdo con lo señalado en el artículo 134.7 de la Constitución, los tipos tributarios y las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego podrán ser modificados en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO V
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
1. Los operadores de productos petrolíferos que suministren a los establecimientos de venta al por menor situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidos los que sean de titularidad del propio suministrador, alguno de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, están obligados a presentar una declaración informativa de las cantidades suministradas de cada producto a dichos establecimientos. Esta declaración deberá presentarse ante el órgano directivo competente en materia de Tributos con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que se determinen reglamentariamente.
2. Asimismo, los mencionados establecimientos de venta al público al por menor están obligados a presentar una declaración informativa de los suministros recibidos y de las ventas realizadas de cada uno de dichos productos, en las mismas condiciones y plazos que las del apartado anterior.
TÍTULO II
Disposiciones comunes aplicables a los Tributos Cedidos
CAPÍTULO I
Normas procedimentales
Sección 1.ª Tasación Pericial Contradictoria
Artículo 211-1. Concepto.
1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
No obstante lo anterior, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta.
2. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva a promoverla a que se refiere el párrafo anterior determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.
Artículo 211-2. Procedimiento.
1. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado se haya realizado por cualquier otro medio legalmente previsto.
2. Recibida por la oficina competente la valoración del perito de la Administración o la que ya figure en el expediente por haber utilizado la Administración Tributaria como medio de comprobación el de «dictamen de peritos de la Administración», se trasladará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el contribuyente, se le entregará la relación de bienes y derechos para que emita dictamen debidamente motivado.
3. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación de perito, se entenderá la conformidad del interesado con el valor comprobado, procediéndose, en consecuencia, a comunicar el cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación, concediendo un nuevo plazo de ingreso y girando liquidación por los intereses de demora devengados por el tiempo transcurrido durante la suspensión.
4. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por 100 de dicha tasación, ésta última servirá de base para la liquidación. En tal supuesto, se girará la liquidación complementaria que proceda con los correspondientes intereses de demora.
5. Si la diferencia señalada en el apartado anterior es superior, deberá designarse un perito tercero conforme al siguiente procedimiento:
a) La Administración Tributaria solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros.
b) Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
c) Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
d) Realizada la designación, se remitirá al perito o entidad de tasación designados la relación de bienes y derechos a valorar y copia de los dictámenes de los peritos anteriores, para que, en plazo de quince días, proceda a realizar una nueva valoración debidamente motivada, que será definitiva.
6. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria, la oficina gestora comunicará dicha valoración al interesado y confirmará la liquidación inicial o girará la complementaria que proceda, con intereses de demora en ambos casos.
7. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación administrativa que proceda, con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
1. Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del perito tercero serán abonados por el obligado tributario, y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
2. El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios. En este supuesto, los depósitos que deban efectuar la Administración y los interesados se realizarán, en el plazo de quince días contados a partir de la recepción de la notificación por los interesados, en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La falta de depósito por cualquiera de las partes, exigido conforme al apartado anterior, supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
4. Entregada en la oficina gestora la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
1. Cuando el perito designado por el obligado tributario o el perito tercero no pudieran presentar el resultado de la tasación en el plazo de quince días, la Administración Tributaria, previa solicitud de los mismos, podrá conceder una ampliación de dicho plazo que no exceda de la mitad del mismo. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado al solicitante.
2. La falta de presentación del resultado de la tasación del perito designado por el obligado tributario en el plazo indicado o; en su caso, en el de la prórroga del mismo, producirá además de los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 211-2, la pérdida del derecho al trámite de la tasación pericial contradictoria.
3. La renuncia del perito tercero o la falta de presentación en plazo del resultado de su tasación dejarán sin efecto su nombramiento e impedirán su designación en el ejercicio corriente y en los dos posteriores al mismo.
En ambos casos, se procederá a la designación de un nuevo perito tercero conforme al orden correlativo que proceda en la lista de profesionales a que se refiere el apartado 5 del artículo 211-2.
Sección 2.ª Aplicación de Beneficios Fiscales
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto, la opción por la aplicación de tal beneficio deberá ejercerse expresamente en el período voluntario de declaración o autoliquidación por este impuesto. De no hacerse así, y salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada beneficio fiscal, se entenderá como una renuncia a la aplicación del beneficio por no cumplir la totalidad de requisitos establecidos o no asumir los compromisos a cargo del obligado tributario.
CAPÍTULO II
Obligaciones formales
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Los Notarios, con la colaboración del Consejo General del Notariado, remitirán por vía telemática al órgano directivo competente en materia de Tributos una declaración informativa de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así como la copia electrónica de las mismas, en los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura que se determinen reglamentariamente.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en la Comunidad Autónoma de Aragón remitirán trimestralmente al órgano directivo competente en materia de Tributos relación de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a inscripción en sus registros cuando el pago de dichos tributos o la presentación de la declaración tributaria se haya realizado en otra comunidad autónoma, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya venga establecida por norma estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática que, en su caso, se determinen reglamentariamente.
Disposición final única. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para que, mediante Orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los tributos cedidos:
1.º Las condiciones de lugar, tiempo y forma de presentación de las declaraciones relativas a los tributos cedidos.
2.º En relación con el procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia, los aspectos formales y procedimentales de la opción regulada en el apartado 5 del artículo 133-2 del Texto Refundido.
3.º Un procedimiento de depósito, para el pago de los honorarios de los peritos, a través de entidades de crédito que presten el servicio de caja en las Subdirecciones Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda, de entidades colaboradoras en la recaudación de tributos o de cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de crédito.
4.º El formato y plazos en que deban cumplirse las obligaciones formales de los Notarios, establecidas en el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 52, segundo párrafo, del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, así como la remisión, en su caso, de dicha información utilizando medios telemáticos, con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que se establezcan.
5.º La autorización del uso de efectos timbrados como medio de pago destinado a satisfacer las deudas tributarias derivadas de la transmisión de determinados vehículos, estableciendo sus condiciones y forma de utilización.
6.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de la declaración informativa prevista en el artículo 150-1 del Texto Refundido, a efectos del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
7.º Los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura para el cumplimiento de las obligaciones formales de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles previstas en los artículos 220-1 y 220-2 del Texto Refundido.
8.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática para el cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria. |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
INDICE TITULO PRIMERO
De la aprobación y contenido de los presupuestos
Artículo 1. —Aprobación y contenido
TITULO SEGUNDO
De los créditos y sus modificaciones
Artículo 2.—Vinculación de los créditos
Artículo 3.—Imputación de gastos
Artículo 4.—Créditos ampliables
Artículo 5.—Transferencias de crédito
Artículo 6.—Incorporación de remanentes de crédito
Artículo 7.—Habilitación de aplicaciones presupuestarias
Artículo 8.—Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto
Artículo 9.—Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos
TITULO TERCERO
De la gestión del presupuesto
Artículo 10.—Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros
Artículo 11.—Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados
Artículo 12.—Gastos de carácter plurianual
TITULO CUARTO
De los créditos de personal
Capítulo I
Regímenes retributivos
Artículo 13.—Normas básicas en materia de gastos de personal
Artículo 14.—Adecuación de acuerdos, convenios o pactos con efectos retroactivos
Artículo 15.—Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los Directores Generales y asimilados y del personal eventual de confianza y asesoramiento
Artículo 16.—Retribuciones del personal funcionario
Artículo 17.—Conceptos retributivos aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/ 1984
Artículo 18.—Complemento de productividad y gratificaciones
Artículo 19.—Complemento personal transitorio
Artículo 20.—Retribuciones del personal laboral
Artículo 21.—Retribuciones del personal interino
Artículo 22.—Retribuciones complementarias del personal estatutario
Capítulo II
Otras disposiciones en materia de régimen de personal activo
Artículo 23.—Anticipos de retribuciones
Artículo 24.—Prohibición de ingresos atípicos
Artículo 25.—Provisión de puestos reservados a representantes sindicales
Artículo 26.—Normas generales sobre provisión de puestos, formalización de contratos de trabajo y modificación de complementos o categorías profesionales
TITULO QUINTO
De la promoción y desarrollo económico
Artículo 27.—Normas de gestión de las operaciones de capital del Programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico»
TITULO SEXTO
De las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política territorial
Artículo 28.—Normas de gestión del Fondo Local de Aragón
Artículo 29.—Programas de apoyo a la Administración local y de política territorial
TITULO SEPTIMO
De las operaciones financieras
Artículo 30.—Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento
Artículo 31.—Operaciones financieras de organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma
Artículo 32.—Otorgamiento de avales públicos
Artículo 33.—Incentivos regionales
TITULO OCTAVO
De las tasas y exacciones propias de la Comunidad
Artículo 34.—Tasas
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón
Segunda.—Normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones
Tercera.—Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la concesión de subvenciones
Cuarta.—Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones Públicas
Quinta.—Subsidiación de intereses
Sexta.—Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón
Séptima.—Fondo de Acción Social en favor del personal
Octava.—Gestión de los créditos de la Sección 30
Novena.—Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios
Décima.—Trámite de las modificaciones en materia de personal
Undécima.—Ingreso Aragonés de Inserción
Duodécima.—Ayuda a los países más desfavorecidos
Decimotercera.—Rendición y contenido de cuentas
Decimocuarta.—Autorización de los costes de personal de la Universidad de Zaragoza
Decimoquinta.—Compensación por iniciativas legislativas populares
Decimosexta.—Transferencias corrientes a las corporaciones locales para la gestión de los servicios sociales de base
Decimoséptima.—Ayudas para la prestación de servicios ferroviarios regionales acogidos al Convenio Diputación General de Aragón - RENFE
Decimoctava.—Política demográfica
Decimonovena.—Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales»
Vigésima.—Programas finalistas de servicios sociales
Vigésimo primera.—Tarifa del canon de saneamiento
Vigésimo segunda.—Finalización de los procesos de consolidación del personal interino procedente de los antiguos cuerpos de sanitarios locales
Vigésimo tercera.—Gestión de la acción concertada del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Retribuciones del personal funcionario no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984
Segunda.—Indemnizaciones por razón de servicio
Tercera.—Dotación presupuestaria del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores
Cuarta.—Dotación presupuestaria de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón
Quinta.—Dotación presupuestaria para financiar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón
Sexta.—Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón
DISPOSICION FINAL
Única. —Entrada en vigor.
PREAMBULO
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2006 contienen una decidida apuesta del Gobierno por el progreso de nuestra Comunidad a la vez que recogen los resultados de una gestión eficiente de los recursos en los ejercicios anteriores, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas sin necesidad de una mayor presión fiscal y cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Con estos presupuestos se pretende seguir acometiendo importantes políticas de gasto orientadas al bienestar y desarrollo de Aragón mediante el incremento de recursos destinados a las políticas sociales, potenciación de infraestructuras — destacando la contribución de la Comunidad Autónoma a la realización de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008—, fomento de políticas creadoras de empleo, actividad empresarial y generación de riqueza, y al fortalecimiento de la cohesión territorial.
La consecución de estos objetivos se alcanza con unos mayores niveles de calidad en la gestión de los servicios públicos, una política de rigor presupuestario y con una eficiente asignación de los recursos, cuya dotación se ha visto mejorada tras la Segunda Conferencia de Presidentes de 10 de septiembre de 2005, en pro de una mejor financiación de la sanidad pública, y cuyos acuerdos fueron ratificados por el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre de 2005.
También en pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 28 de junio de 2005 se estableció el objetivo de estabilidad para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el periodo 2006-2008, fijando el correspondiente a cada una de ellas. A la Comunidad Autónoma de Aragón se le fijó dicho objetivo para el trienio 2005-2008 en el 0,00 % del PIB en términos de contabilidad nacional.
El crecimiento de los ingresos se debe a la buena evolución de las fuentes financieras que lo sustentan, basadas a su vez en la política económica llevada a cabo por este Gobierno mediante creación de empleo y generación de riqueza, lo que ha contribuido a incrementar las bases imponibles de nuestros impuestos; la política fiscal y de gestión presupuestaria, que ha permitido una moderación manteniendo el compromiso de no elevar la presión fiscal en esta legislatura, y cuyo rigor en las cuentas públicas ha generado la confianza de los mercados financieros y no financieros, y el avance de la Administración tributaria facilitando al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.
El texto normativo se estructura en ocho títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y una disposición final. Los títulos, a su vez, se desarrollan en treinta y cuatro artículos. Los principales contenidos de esta estructura son los siguientes.
En el Título Primero se recoge el contenido necesario y esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto se recogen la totalidad de ingresos y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma. Hay que señalar como novedad la introducción con dotaciones diferenciadas de las previsiones para los entes públicos «Banco de Sangre y Tejidos» y «Corporación Aragonesa de Radio y Televisión».
En el Título Segundo, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relacionan de manera singular los créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma; se especifican algunas modificaciones requeridas para una flexible y eficiente gestión, en especial, con referencia a aquellos créditos que están financia-dos total o parcialmente por otras Administraciones Públicas, y se establece la necesidad de introducir en los respectivos expedientes determinadas precisiones, que se derivan de la aplicación de un nuevo sistema en la elaboración y aplicación del documento presupuestario, para perfeccionarlo como instrumento de gestión.
En el Título Tercero se contienen ciertas reglas en orden a una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse que todo proyecto normativo o propuesta de acuerdo, se acompañe de una memoria en la que se detallen las repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido, se incide también en la gestión de los créditos finalistas y cofinanciados, con la suficiente flexibilidad, en orden a la correcta aplicación y justificación de los mismos.
El Título Cuarto, relativo a los créditos de personal, como principio se remite a la normativa básica, constituida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Regula las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos de dirección, confianza y asesoramiento, así como las retribuciones del personal funcionario y laboral. Se incluye, asimismo, un artículo sobre determinados aspectos del sistema retributivo del personal estatutario.
El Título Quinto, bajo la rúbrica «De la Promoción y Desarrollo Económico», recoge de manera específica las cuantías que se asignan a la provincia de Teruel, en el marco de lo acordado en Convenio con el Ministerio de Economía y Hacienda, a las que se añaden las destinadas a otras actuaciones inversoras y de fomento para la corrección de ciertos desequilibrios territoriales.
El Título Sexto está dedicado a la gestión del Fondo Local y de las actuaciones en el ámbito de la política territorial, flexibilizando la forma de efectuar esa gestión.
El Título Séptimo, relativo a las operaciones financieras, contiene la autorización al Gobierno de la cuantía máxima para realizar operaciones de endeudamiento; asimismo, se detalla qué organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma pueden concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus respectivos importes máximos. Contiene también un artículo relativo al otorgamiento de avales, fijando sus características básicas y el límite de riesgo.
El Título Octavo, «De las tasas y exacciones propias de la Comunidad», contiene un artículo que da soporte al Anexo de Tasas que se une a la Ley, en el que se recogen las correspondientes tarifas, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma.
Las disposiciones adicionales tienen un contenido de diversa índole. Entre ellas cabe destacar la disposición adicional segunda que se simplifica y se adapta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las disposiciones adicionales tercera y cuarta, nuevas las dos, hacen referencia respectivamente, a los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la concesión de subvenciones y para contratar con las Administraciones Públicas.
En otras disposiciones se fija el Ingreso Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos, se regula la tarifa del canon de saneamiento y finalmente, se contienen algunas normas de gestión y de requerimientos de carácter informativo.
Se cierra la Ley con las disposiciones transitorias, cuyos aspectos más relevantes y novedosos se refieren a la autorización para la instrumentación presupuestaria y contable que permita la puesta en marcha del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, así como de la Unidad de Policía Nacional que, en virtud del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Interior, se adscribe a la Comunidad Autónoma de Aragón.
TITULO PRIMERO
De la aprobación y contenido
de los presupuestos
Artículo 1. Aprobación y contenido.
Por la presente Ley se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio económico del año 2006, integrados por:
1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, incluyéndose en el mismo el correspondiente a los organismos autónomos Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de la Juventud, en cuyo estado letra A de Gastos se conceden los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y TRECE CENTIMOS.
2. Los créditos correspondientes a los organismos autónomos señalados en el punto anterior son los siguientes:
2.1. Instituto Aragonés de la Mujer, DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y UN EUROS Y NUEVE CENTIMOS.
2.2. Instituto Aragonés de la Juventud, SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y CATORCE CENTIMOS.
3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe DE CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS, yen cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
4. El presupuesto del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS, yen cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
5. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y SEIS CENTIMOS y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
6. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS.
7. El presupuesto del ente público Instituto Tecnológico de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe DE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS.
8. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés del Agua, cuyos estados de dotaciones y de recursos aparecen equilibrados por un importe de CIEN MILLONES DOS-CIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS.
9. El presupuesto del ente público Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS.
10. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS.
11. El presupuesto del ente público Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS.
12. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe DE SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.
13. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS.
14. El presupuesto del ente público Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y SIETE CENTIMOS.
15. Los presupuestos de las empresas de la Comunidad Autónoma a las que se refiere el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las fundaciones y consorcios a los que se refiere el artículo 8 del mismo texto legal, se relacionan en Anexo unido a la presente Ley. Se consignan los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital, así como los importes resultantes de sus respectivos estados financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.c) del referido Texto Refundido.
16. La financiación de los créditos a los que se refiere el punto 1 se efectúa con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados por un importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRES-CIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y SIETE CENTIMOS.
b) El importe de las operaciones de endeudamiento recogidas por el artículo 30 de esta Ley.
TITULO SEGUNDO
De los créditos y sus modificaciones
Artículo 2. —Vinculación de los créditos.
1. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante por lo que se refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas.
2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto presupuestados se aplicará de la forma siguiente:
a) Los créditos singularizados que se declaran ampliables en el artículo 4 de la presente Ley son vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los estados de gastos, y se destinarán al tipo de gastos que se derivan de su clasificación económica.
b) Los créditos de fondos finalistas, así como los destinados a cofinanciar actuaciones finalistas, solamente podrán estar vinculados con otros que tengan este carácter y la misma finalidad.
c) Los créditos aprobados para subvenciones o transferencias nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos.
d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de artículo, excepto los créditos relativos al artículo 13 y al artículo 18, que vinculan por concepto.
e) Los créditos de los capítulos II y VI vinculan por capítulo, excepto los créditos del artículo 26, que serán vinculantes por concepto, y los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, gastos de divulgación y promoción, así como los de reuniones y conferencias, que vinculan por subconcepto.
f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por concepto económico.
El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo podrá establecer niveles de vinculación más desagregados cuando resulte necesario para el control de los créditos.
Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarán a todos los organismos autónomos y entidades de Derecho público sometidos a régimen presupuestario limitativo.
Las vinculaciones derivadas de los apartados a), b) y c) se recogen en el anexo correspondiente.
3. Con independencia de la delimitación del carácter vinculante de los créditos de gasto establecida en los párrafos anteriores, la información estadística de los mismos se hará con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los respectivos estados de gastos. Siempre que ello sea posible, se incluirá una información territorializada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3. —Imputación de gastos.
1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrán imputarse, a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo a iniciativa del Departamento correspondiente.
c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fiscalización cuando éste sea preceptivo, necesitarán su previa convalidación por el Gobierno de Aragón para poder ser imputados al ejercicio corriente.
En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a propuesta del Departamento interesado, determinará los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones, y, en el supuesto de convalidación previa, corresponderá determinarlos al Gobierno de Aragón.
3. Asimismo, podrán imputarse a los créditos del presupuesto en vigor, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones derivadas de:
a) La amortización anticipada de las operaciones de endeudamiento.
b) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para subsidiar puntos de interés.
c) Las correspondientes a adquisiciones por precio aplazado de bienes inmuebles de importe superior a SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS, en las que se podrá diferir el pago hasta en cuatro anualidades, sin que el importe de la primera anualidad pueda ser inferior al veinticinco por ciento del total del precio, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
Artículo 4. —Créditos ampliables.
1. En relación con la autorización contenida en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables, previa aprobación por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a continuación se detallan:
a) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación proveniente de tributos, exacciones parafiscales o precios que doten conceptos integrados en el estado de gastos del presupuesto.
b) Los derivados de transferencias de competencias de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas que se efectúen en el presente ejercicio, así como los derivados de nuevas valoraciones de competencias transferidas con anterioridad.
c) Los derivados de créditos finalistas gestionados por la Comunidad Autónoma, cuando la asignación definitiva de dichos créditos, por los Departamentos ministeriales y organismos autónomos de la Administración General del Estado o por la Unión Europea, resulte superior al importe estimado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.
d) Los créditos que sean necesarios en los programas de gasto de los organismos autónomos y de los entes públicos, para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos que figuran en los anexos de transferencias, con destino a los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas tales modificaciones.
e) Los destinados a las retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia de modificaciones salariales establecidas con carácter general, por decisión firme jurisdiccional o aplicación obligada de la legislación de carácter general, y por la liquidación de haberes debidamente devengados.
e) Los créditos destinados al pago de intereses y a los demás gastos derivados de las operaciones de endeudamiento que hayan sido aprobadas mediante ley de Cortes de Aragón.
g) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de insolvencias por operaciones avaladas por el Gobierno de Aragón.
h) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas del Convenio de Recaudación en vía ejecutiva.
i) Los créditos destinados a satisfacer el pago del Ingreso Aragonés de Inserción.
j) Los créditos destinados a la ejecución del Convenio Diputación General de Aragón-Renfe para la prestación de servicios ferroviarios regionales de la Comunidad Autónoma.
k) Los créditos destinados al pago del gasto de farmacia por recetas médicas del Servicio Aragonés de Salud.
1) Los créditos que sean necesarios para atender a sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia.
2. La financiación de los créditos ampliables relacionados en el punto anterior podrá efectuarse con baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con remanentes de tesorería que tengan la adecuada cobertura.
3. En el supuesto señalado en al apartado 1.b), la ampliación podrá efectuarse de acuerdo con los datos contenidos en el Real Decreto de Transferencias, teniendo en cuenta el periodo de su efectividad y sin perjuicio de su regularización, cuando se produzca la modificación correspondiente en los presupuestos generales del Estado.
4. Previa aprobación de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón, se podrán efectuar ampliaciones de crédito en los estados de gastos del presupuesto, hasta el importe del remanente neto resultante de deducir al remanente de tesorería acumulado a la liquidación del ejercicio precedente las cuantías ya destinadas a financiar las incorporaciones y otras modificaciones de crédito al presupuesto del ejercicio en vigor o que correspondan a gastos con financiación afectada. Por la Comisión de Economía y Presupuestos se determinarán o habilitarán los créditos susceptibles de ser ampliados mediante la aplicación de este recurso financiero.
Artículo 5.— Transferencias de crédito.
1. La autorización de modificaciones presupuestarias estará sujeta a la evolución de los recursos que financian el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2. Para un mejor cumplimiento de los objetivos de los Programas «Fomento del Empleo», «Fomento industrial» y «Ordenación y Promoción Comercial», el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá acordar, dentro de cada uno de ellos, transferencias de crédito entre los distintos capítulos de los mismos, a los solos efectos de ajustar los créditos a la verdadera naturaleza del gasto a realizar.
3. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios, así como las transferencias que resulten necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo o se les encomiende, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la realización de actuaciones de carácter institucional. Los créditos transferidos al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Las modificaciones necesarias para reflejar en los presupuestos de los organismos autónomos y de los entes públicos las repercusiones que en los mismos deban producirse como consecuencia de lo establecido en el punto anterior serán autorizadas por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
5. Cuando los créditos presupuestarios situados en un pro-grama del presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros programas del mismo o distinto Departamento, o se produzcan modificaciones orgánicas y de competencias, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón se podrán instrumentar las transferencias precisas para situar los créditos en los centros de gasto y programas que deban efectuar la gestión, sin alterar su naturaleza económica y su destino. No se considera modificación de destino la que afecte al órgano gestor, manteniéndose la finalidad del gasto.
Artículo 6. —Incorporación de remanentes de crédito.
1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma se aplicará con carácter excepcional y condicionada a la existencia de cobertura financiera, mediante la acreditación de remanente de tesorería disponible o la baja de otros créditos.
2. En los supuestos de créditos para gastos financiados con recursos afectados, sujetos a justificación de acuerdo con su normativa específica, será suficiente acreditar la asignación de tales recursos a favor de la Comunidad Autónoma.
Artículo 7. —Habilitación de aplicaciones presupuestarias.
1. Las transferencias, generaciones, ampliaciones de crédito e incorporaciones de remanentes, realizadas conforme a los supuestos legalmente establecidos, habilitarán para la apertura de las aplicaciones precisas en la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto a realizar. En todo caso, los conceptos o subconceptos de la clasificación económica del gasto contenidos en la Orden de elaboración del presupuesto se consideran abiertos en relación con los restantes componentes estructurales del presupuesto que con-figuran las respectivas aplicaciones, sin que sea necesaria autorización expresa al efecto, instrumentándose en contabilidad de forma automática cuando sea necesaria su utilización según la naturaleza del gasto a realizar.
2. Las transferencias de crédito que regula de manera específica la presente Ley, así como las de carácter instrumental que fuesen necesarias para adecuar los créditos a la verdadera naturaleza del gasto aprobado, quedan exceptuadas de las limitaciones contenidas en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda.
Artículo 8. —Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto.
1. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, se podrán efectuar los correspondientes ajustes en los estados de Gastos e Ingresos y Anexos correspondientes del presupuesto, que se instrumentarán mediante la figura modificativa de bajas por anulación, cuando la previsión de recursos en general, o los afectados a la financiación o cofinanciación de determinados créditos para gastos sea inferior a la inicialmente prevista o proceda legalmente.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, podrá acordar la retención de saldos presupuestarios de los departamentos y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cualquier otra medida que considere apropiada, para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
3. Con el fin de asegurar la elegibilidad de los gastos de las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo a efectuar retenciones en créditos previstos para estas actuaciones hasta la aprobación por la Comisión de la Unión Europea de los marcos comunitarios de apoyo, programas operativos, documentos únicos de programación o iniciativas comunitarias.
4. Se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación presente.
5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención General podrá promover los ajustes necesarios en los créditos para gastos de personal como consecuencia de errores materiales o de hecho y de los aritméticos detectados en el proceso de imputación de nóminas, los cuales serán autorizados por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
6. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón los ajustes realizados en los estados de gastos e ingresos del Presupuesto, a tenor de lo que faculta el presente artículo.
Artículo 9. —Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos.
1. Toda modificación en los créditos del presupuesto deberá recogerse en un expediente que exprese las razones que la justifiquen y el precepto legal que la autorice, indicando expresamente sección, servicio, programa, concepto, subconcepto, fondo financiador y proyecto de gasto.
2. El expediente de modificación deberá contener las desviaciones que en la ejecución de los programas puedan producirse, así como el grado de consecución de los objetivos correspondientes que se vean afectados.
3. Las resoluciones de modificaciones presupuestarias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, indicándose expresamente para cada una de ellas los datos relativos al programa, servicio y concepto presupuestarios; el proyecto de gasto, en su caso; la cuantía de la modificación; la autoridad que la aprueba y normativa en que se apoya, y la fecha de su aprobación.
4. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón los datos relativos a la aplicación presupuestaria de aumento y detracción, el número de expediente y la cuantía de las modificaciones de crédito.
TITULO TERCERO
De la gestión del presupuesto
Artículo 10. —Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros.
1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio del año 2006 o de cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una memoria económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa, e informe preceptivo del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a toda propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectividad quedará condicionada a que por el órgano proponente se disponga de la financiación adecuada en los programas de gasto cuya gestión le corresponde.
3. Los acuerdos o convenios que contengan compromisos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma con cualquiera de las universidades que integran el sistema universitario de Aragón deberán ser informados previamente por el Departamento competente en materia de universidades.
Artículo 11. —Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados.
1. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá acordar las oportunas retenciones en los créditos para gastos financiados con recursos afectados hasta tanto exista constancia del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que dichas retenciones no afecten a intereses sociales relevantes.
2. Los proyectos en que inicialmente esté prevista su financiación con fondos estructurales, así como los de carácter finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa específica que los regula y a la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de sus propias competencias. A tales efectos, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la adecuada justificación y gestión de los fondos.
Artículo 12. —Gastos de carácter plurianual.
Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo acordar la autorización de gastos de carácter plurianual, en los supuestos regulados en los apartados 2.b) y 2.e) del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el número y porcentaje de gasto de las anualidades, salvo que afecten a gastos por operaciones de capital. Corresponde al Gobierno de Aragón acordar la autorización en los demás supuestos contenidos en el citado artículo.
TITULO CUARTO
De los créditos de personal
CAPITULO I
Regímenes retributivos
Artículo 13. —Normas básicas en materia de gastos de personal.
1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2006, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, experimentarán la misma variación, con respecto a las del año 2005, que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Con anterioridad a la firma de toda clase de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos y cambio en las condiciones laborales de los empleados públicos, se remitirá al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo el correspondiente proyecto, acompañado de una valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros. Dicho Departamento emitirá un informe preceptivo, que versará sobre todos aquellos extremos de los que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, dando traslado del mismo al Gobierno.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de la autorización e informe previstos en este artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo establecido en el presente artículo.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Artículo 14. Adecuación de acuerdos, convenios o pactos con efectos retroactivos.
Los acuerdos, convenios o pactos que hayan de tener efectos retroactivos se adecuarán a lo establecido en las respectivas leyes de presupuestos y devendrán inaplicables las cláusulas que sean contrarias, se opongan o resulten incompatibles con las normas básicas en materia de gastos de personal vigentes en cada ejercicio económico.
Artículo 15. —Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los Directores Generales y asimilados y del personal eventual de confianza y asesoramiento.
1. Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros del Gobierno de Aragón, Viceconsejeros, Directores Generales y asimilados y personal eventual de gabinetes experimentarán la misma variación sobre el conjunto de las mismas, según la estructura vigente en el ejercicio de 2005, que resulte aplicable, en su caso, al conjunto de las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
Las retribuciones para el año 2006 de los miembros del Gobierno de Aragón se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:
Presidente del Gobierno 84.712,32 euros
Vicepresidente 70.876,08 euros
Consejeros 67.684,20 euros
2. El régimen retributivo de los Viceconsejeros y Directores Generales o asimilados será el establecido para los funcionarios públicos en los apartados 2 a) y c) y 3 a) y b) del artículo 23 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80 por 100 del complemento de destino mensual, en la paga correspondiente al mes de junio, y el 100 por 100 de este complemento en la del mes de diciembre, devengándose el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y derechos que se ostenten en dicha fecha.
A los efectos señalados, se fijan las siguientes cuantías de sueldo, pagas extras, complemento de destino y complemento específico, en cómputo anual:
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 16296
3. Además, los miembros del Gobierno de Aragón, los Viceconsejeros y los Directores Generales o asimilados tendrán derecho a la percepción, en catorce mensualidades, de la retribución por antigüedad, debidamente actualizada, que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
4. El complemento específico de los Directores Generales y asimilados podrá ser modificado por el Gobierno de Aragón cuando sea necesario para asegurar que las retribuciones asignadas a cada Director General o asimilado guarden la relación procedente con el contenido funcional del cargo.
Artículo 16. —Retribuciones; del personal funcionario.
1. Con efectos desde el 1 de enero del ano 2006, la cuantía de los componentes de las retribuciones del personal funcionario al servicio. de la Comunidad Autónoma será la derivada de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que se desempeñen, tendrán la variación porcentual que resulte aplicable para las mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últimas cuando sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá la variación porcentual que resulte aplicable para las mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2006, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignado a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan carácter análogo, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sean de aplicación las variaciones que, en su caso, pudieran experimentar las restantes retribuciones.
2. El personal perteneciente a los cuerpos de Sanitarios Locales que desempeñen puestos de trabajo propios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad Autónoma percibirá las retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de destino, en las cuantías que determine con carácter general para los funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento específico, para aquellos puestos a los que corresponda este concepto retributivo, será fijada por las normas propias de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 17. —Conceptos retributivos aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/ 1984.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo, excluidos los propios de personal docente no universitario, para los que el Gobierno de Aragón ha aprobado la aplicación del sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, serán retribuidos durante el año 2006 por los conceptos siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80 por ciento del complemento de destino mensual que perciba el funcionario, en la paga correspondiente al mes de junio, y el 100 por 100 de este complemento en la del mes de diciembre, devengándose el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha.
No obstante, cuando los funcionarios no hubieran prestado servicios durante la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a junio o diciembre o el servicio hubiese sido prestado con reducción de jornada, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional por el tiempo que no se prestó el servicio.
A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.
d) El complemento específico que, en su caso, se haya fijado al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que sean necesarias para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo.
2. Las retribuciones complementarias, complemento de destino y complemento específico deberán especificarse en la descripción del puesto que figure en la relación de puestos de trabajo correspondiente.
Solamente podrá abonarse como complemento específico la cantidad que como tal figure en la correspondiente descripción del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo.
3. Los funcionarios que desempeñen puestos propios de personal docente no universitario percibirán sus retribuciones por los conceptos retributivos yen las cuantías con que fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, actualiza-das con los incrementos legales correspondientes.
No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias en el complemento específico de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo.
4. La percepción del complemento específico especial que pueda corresponder a un determinado puesto de trabajo, en atención a la especialidad de su contenido funcional reconocida por Acuerdo del Gobierno de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones especiales, cuando dicha actividad quede debidamente acreditada por los órganos de personal competentes del respectivo Departamento u Organismo, sin perjuicio de la necesaria incorporación de tal circunstancia en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la finalización de dicha percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad que justifica tal complemento retributivo, pese a la adecuación posterior de la relación de puestos de trabajo a tal circunstancia.
Artículo 18. —Complemento de productividad y gratificaciones.
1. Para retribuir el especial rendimiento, la actividad o dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, el Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de acuerdo con la legislación vigente.
2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
3. Para la efectividad de lo dispuesto en los apartados anteriores, es necesaria la existencia de crédito adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones.
4. Se deberán comunicar trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de las gratificaciones.
Artículo 19. —Complemento personal transitorio.
1. El sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino y complemento específico establecidos por aplicación del nuevo sistema retributivo absorberán la totalidad de las remuneraciones correspondientes al sistema retributivo anterior, con excepción del complemento familiar, que continuará regulándose por su normativa específica.
2. En los casos en que la aplicación prevista en el apartado anterior suponga disminución de los ingresos de un funcionario en cómputo anual, se establecerá un complemento personal y transitorio por el importe correspondiente a dicha disminución.
3. El complemento personal y transitorio resultante experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento general que se produzca en el respectivo complemento específico. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2006, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
4. El complemento personal transitorio aplicable al personal transferido del Instituto Nacional de Servicios Sociales se absorberá en 2006 en una cuantía igual al 50% de incremento de complemento específico tipo A, conforme a lo previsto en los acuerdos sindicatos-Administración de 21 de junio de 1996, siempre que no se modifiquen las circunstancias que sirvieron de referencia para fijar dicho complemento.
Artículo 20. —Retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2006, la masa salarial del personal en régimen de derecho laboral al servicio de la Comunidad Autónoma no podrá experimentar una variación global superiora la resultante de la aplicación de lo señalado en el artículo 13 de la presente Ley, de acuerdo con los criterios que se establezcan para el personal de análoga naturaleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. Todo ello, sin perjuicio de su distribución individual, que se efectuará a través de la negociación colectiva y teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
2. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda conllevar determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal laboral durante el año 2006, será preceptivo el informe favorable del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
El mencionado informe será emitido en el plazo máximo de 20 días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto de acuerdo, pacto o mejora y su valoración versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público tanto para el año 2006 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.
3. El personal laboral con contrato laboral temporal percibirá las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñan, excluidas las que estén vinculadas al personal laboral fijo.
Artículo 21. —Retribuciones del personal interino.
1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante y las restantes retribuciones complementarias en la misma cuantía correspondiente al puesto de trabajo que desempeñen.
2. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera.
Artículo 22. —Retribuciones complementarias del personal estatutario.
1. El régimen retributivo del personal estatutario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la cuantía de los conceptos retributivos serán los establecidos con carácter general en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, son las siguientes:
a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña.
b) Complemento específico que retribuye las circunstancias particulares que puedan concurrir en los puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose las siguientes modalidades:
b.1) Complemento específico componente general (modalidad «A»): retribuye las condiciones de trabajo de todos los puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad y/o especial dificultad técnica.
b.2) Complemento específico por dedicación (modalidad «B»): destinado a retribuir la mayor dedicación horaria.
b.3) Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (modalidad «C»): Destinado a retribuir el desplaza-miento de la jornada de trabajo y/o la realización de determinadas tareas propias de ciertos puestos de trabajo en atención al esfuerzo y/o riesgo que conllevan, así como la mera realización del trabajo en régimen de turnos.
b.4) Complemento específico por incompatibilidad (modalidad «D»): retribuye la prestación de servicios en exclusiva para el sector público. El Departamento competente en materia de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible la renuncia a las diferentes modalidades de complemento específica
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resulta-dos conseguidos. La determinación individual de su cuantía se efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias previamente acordadas y de conformidad con la normativa vigente.
En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público del personal del Servicio Aragonés de Salud -el centro sanitario donde preste servicios- así como de los representantes sindicales.
d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario fijo cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente categoría.
3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y medidas necesarios en orden a hacer efectivas las retribuciones del personal estatutario, de acuerdo con lo que prevé la presente Ley.
CAPITULO II
Otras disposiciones en materia
de régimen de personal activo
Artículo 23. —Anticipos de retribuciones.
1. La concesión de anticipos de retribuciones al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma se realizará de conformidad con las normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su limite pueda superar la cifra del uno por ciento de los créditos de personal, en el ejercicio del año 2006, no excediendo el anticipo de DOS MIL QUINIENTOS EUROS por solicitud.
En las mismas condiciones, se autoriza a los directores y gerentes de los organismos autónomos y de las entidades de Derecho público a conceder anticipos de retribuciones al personal que preste sus servicios en el organismo público hasta un límite del uno por ciento de los créditos de personal que figuran en el presupuesto del organismo.
2. No será aplicable el limite previsto en el punto anterior a aquellos anticipos que hayan de reintegrarse totalmente en la primera nómina en la que se incluya el concesionario.
Artículo 24. —Prohibición de ingresos atípicos.
1. El personal al servicio del sector público aragonés, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrá percibir participación alguna en los tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas de las que correspondan al régimen retributivo.
2. En la contratación de gerentes de organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón o en los supuestos de relaciones laborales especiales de alta dirección de la Administración no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción de la relación jurídica que les une con la Comunidad.
Artículo 25. —Provisión de puestos reservados a representantes sindicales.
La provisión transitoria de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales que estén dispensados de servicio por razón de su actividad sindical, se efectuará con cargo a los créditos disponibles por cada Departamento en el capítulo de gastos de personal.
Artículo 26. —Normas generales sobre provisión de pues-tos, formalización de contratos de trabajo y modificación de complementos o categorías profesionales.
1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o la formalización de nuevos contratos de trabajo del personal laboral fijo, así como la modificación de complementos o categoría profesional, requerirán que los correspondientes puestos figuren dotados en los estados de gastos del presupuesto y relacionados en los respectivos anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, así como para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de empleo público, serán preceptivos los informes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en los cuales se constatará la existencia de las dotaciones precisas en los anexos de personal de los respectivos programas de gasto.
TITULO QUINTO
De la promoción y desarrollo económico
Artículo 27. —Normas de gestión de las operaciones de capital del Programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico».
1. Con el fin de promover el desarrollo económico y paliar los desequilibrios existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma mediante actuaciones inversoras y de fomento en áreas infradotadas, se asignan al Programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico», créditos por importe de NOVENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS Y SETENTA Y SEIS CENTIMOS, los cuales podrán ser incrementados mediante las modificaciones presupuestarias que procedan.
A tal efecto, se contemplan las siguientes actuaciones:
a) Convenio para la provincia de Teruel. Para la financiación de proyectos que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel se asignan específicamente créditos por importe de SESENTA MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS, en cumplimiento de lo acordado en Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, que serán cofinanciados por ambas Administraciones.
b) Otras actuaciones. Para la promoción de otras actuaciones, se asignan créditos por un importe de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS Y SETENTA Y SEIS CENTIMOS, destinados a los objetivos que persigue el Programa.
Se inscribirán en este apartado las subvenciones que se otorguen como complementarias de las concedidas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Económicos Regionales.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá autorizar, dentro de este Programa, las transferencias que resulten necesarias entre los créditos de sus capítulos VI y VII y la apertura de los conceptos que fuesen precisos, con el fin de adecuar la situación de los créditos y consiguiente imputación contable a la naturaleza concreta de los gastos a realizar.
3. Asimismo, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de oficio o a propuesta de los Consejeros de los Departamentos afectados, podrá efectuar transferencias desde los créditos de los capítulos VI y VII de este Programa a los correspondientes de otros programas de gasto dependientes de otros Departamentos, cuando resulte más adecuado para la gestión de las actuaciones concretas a efectuar con cargo a dicho Programa.
4. El Gobierno de Aragón tratará de que estas actuaciones se ejecuten con cofinanciación de otras Administraciones.
5. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico», dentro del apartado 1 b) de este artículo, indicando destinatario, importe y objeto del proyecto que se financia.
TITULO SEXTO
De las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política territorial
Artículo 28. —Normas de gestión del Fondo Local de Aragón.
1. Constituye el «Fondo Local de Aragón» el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de aquéllas, según se recoge en el cuadro anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades loca-les, así como de la parte destinada a éstas en programas sectoriales.
2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión de Subvenciones y Ayudas, determinará, con anterioridad al 31 de enero, las líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigidas a financiar la colaboración en el mantenimiento de actuaciones y servicios de competencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales. Dichas subvenciones no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de pago con el límite del 75% del importe concedido.
3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo Local de Aragón, indicando destinatario, importe, actividad concreta que se apoya y operación que se financia.
Artículo 29. —Programas de apoyo a la Administración local y de política territorial.
1. En el Programa de política territorial, en cuanto instrumento multisectorial de ordenación del territorio, se incluyen dotaciones que tienen como objetivo prioritario la vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, o bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del Programa.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá autorizar, dentro de cada uno de los programas de apoyo a la Administración local y de política territorial, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital, con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión.
TITULO SEPTIMO
De las operaciones financieras
Artículo 30. —Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para emitir Deuda Pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y SEIS CENTIMOS.
2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el modo en que se formalicen, podrán concertarse una o varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y de cambios que el mercado financiero ofrezca cuando se obtengan unas condiciones más ventajosas para el endeuda-miento de la Comunidad.
3. Corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad con el exclusivo objeto de disminuir el importe de los costes financieros actuales o futuros, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
4. En el marco de las operaciones fijadas en el párrafo anterior, se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los diversos riesgos, tales como opciones, futuros, permutas y otros similares, que, sin comportar un incremento de la deuda viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
5. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones autorizadas en el presente artículo, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón. La formalización y contabilización de las operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de tesorería.
6. Las características y requisitos de las operaciones de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de la materia.
Artículo 31. —Operaciones financieras de organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
1. Los organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, previa autorización expresa del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, hasta un importe máximo de:
—Instituto Aragonés del Agua: SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS.
—Instituto Tecnológico de Aragón: UN MILLON DOS-CIENTOS SESENTA MIL EUROS.
2. El resto de los organismos públicos de carácter comercial y empresas de la Comunidad Autónoma deberán obtener autorización previa del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para concertar autorizaciones de endeudamiento a largo plazo. A estos efectos, se considerarán operaciones a largo plazo aquellas que se formalicen por un plazo superior a un año, incluidas las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en el contrato.
3. Los organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma podrán concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, debiendo obtener autorización previa del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, siempre que se trate de operaciones por importe superior a cinco millones de euros, bien individualmente, o bien en conjunto si se trata de operaciones realizadas en el mismo ejercicio económico.
4. Las autorizaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para formalizar cualesquiera de las operaciones contenidas en este artículo se entenderán concedidas con una vigencia limitada al último día del ejercicio de su fecha de expedición, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
5. El Gobierno de Aragón comunicará trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón las operaciones de endeudamiento realizadas por los organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 32.—Otorgamiento de avales públicos.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, podrá prestar aval a empresas radicadas en Aragón, con prioridad a las pequeñas y medianas empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, mediante el correspondiente plan económico-financiero que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía. El importe total de los avales otorgados no podrá rebasar el límite de riesgo pendiente de amortización de TREINTA MILLONES DE EUROS, teniendo en cuenta las amortizaciones llevadas a cabo de operaciones formalizadas con anterioridad.
2. Cuando el importe de cada uno de los avales propuestos al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulando los anteriores recibidos supere los SEISCIENTOS MIL EUROS, se requerirá la previa autorización de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
3. Antes de la concesión de cualquier aval a particulares o empresas privadas deberá acreditarse que no existan deudas pendientes con la Administración general del Estado y de la Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, deberá acreditarse que no han sido sanciona-dos, mediante sanción firme, por la autoridad laboral competente por infracciones graves o muy graves y haber cumplido con la normativa vigente en materia de residuos..
4. Cuando se avale a empresas privadas, se presentarán los estados económico-financieros que sirvieron de base a los efectos de la tributación del impuesto sobre el beneficio que corresponda, con la finalidad de poder estimar su viabilidad.
Artículo 33.—Incentivos regionales.
El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón, derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre el régimen de incentivos regionales, así como del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.
TITULO OCTAVO
De las tasas y exacciones propias de la Comunidad
Artículo 34.—Tasas.
De acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Primera del vigente Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma, las tarifas de cada tasa serán las actualmente vigentes, con las modificaciones que se señalan en los correspondientes anexos incorporados a la presente Ley y, en su caso, las que se incluyan en leyes posteriores de carácter tributario.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón.
1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará los remanentes de crédito de la Sección 01 del Presupuesto para 2005 a los mismos capítulos del presupuesto para el año 2006.
2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Aragónes librarán en fume trimestralmente, y por anticipado, a nombre de las Cortes y no estarán sometidas a justificación previa.
3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transferencias de crédito en los conceptos de su presupuesto
Segunda.—Normas alas que ha de ajustarse la concesión de subvenciones.
1. El Gobierno de Aragón, como condición necesaria para otorgar cualquier tipo de ayuda, subvención o aval a empresas con cargo a los presentes presupuestos, verificará que la entidad solicitante cumpla todos los requisitos legales exigidos en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzcan, lo que deberá acreditarse mediante certificación del Departamento de Medio Ambiente, así como no haber sido sancionada por la autoridad laboral competente y cumplir la normativa mencionada en el artículo 32.3 de la presente Ley.
2. El beneficiario vendrá obligado a acreditar, en el momento que dispongan las bases reguladoras y la convocatoria de cada subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, así como que no tiene deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, se exonera del cumplimiento de la acreditación precedente cuando la cuantía dé la subvención o ayuda no exceda de SEISCIENTOS EUROS por beneficiario y año, así corno, de acuerdo con su naturaleza, en las siguientes ayudas:
— Los pagos compensatorios a la renta financiados por el FEOGA-Garantía y establecidos a favor del sector de la producción vegetal y animal, así como las medidas complementarias de la política agrícola común, salvo que en las bases reguladoras o en las Ordenes de convocatoria de las ayudas se disponga lo contrario.
— Las ayudas concedidas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación de los seguros agrarios.
— Las ayudas para sufragar los gastos de matrícula para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y las dirigidas a la formación de personal investigador; así como las ayudas destinadas a proyectos y actividades de investigación; cuando los peticionarios pertenezcan a organismos públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una subvención, aunque sea por una operación distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno de Aragón. De la misma forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita posteriormente un aval. En ningún caso podrán concurrir, respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón.
Tercera. —Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la concesión de subvenciones.
Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero, apartado 3, del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cuarta. —Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones Públicas.
Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, contemplado en la letra f) del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y regulado en los artículos 13 a 16 de su Reglamento, y a efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Quinta.—Subsidiación de intereses.
1. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones otorgadas por la Diputación General de Aragón tendrán como objetivo fundamental la creación o mantenimiento de puestos de trabajo estables y deberán corresponder a operaciones reales de préstamo o crédito.
2. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones con recursos propios de la empresa deberá suponer, como mínimo, el treinta por ciento del importe de las mismas.
3. Se podrán arbitrar fórmulas 'que permitan actualizar el importe de los puntos de interés subvencionados, para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma derivados de los respectivos convenios.
4. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el mantenimiento de puestos de trabajo serán aprobadas en función de la viabilidad de la empresa.
Sexta.—Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón un listado resumen dé las subvenciones y ayudas concedidas durante el ano 2006, por programas y líneas de subvención.
2. Trimestralmente, la Diputación General de Aragón, así como sus organismos públicos y empresas, publicarán en el Boletín Oficial de Aragón listados resumen de las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los capítulos IV y VII de sus respectivos presupuestos o, en su caso, de naturaleza análoga, con indicación en lo que proceda del programa, línea de subvención, nombre y domicilio del beneficiario, finalidad y cuantías. En las relacionadas con la creación de empleo, se indicará, además, el número de empleados fijos de la empresa y la creación de empleos netos comprometidos como condición de la subvención o ayuda.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la presente Ley, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo remitirá a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón la siguiente documentación:
a) Mensualmente, las modificaciones presupuestarias que se aprueben, así como relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen a los estados de gastos del presupuesto de 2006.
b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como la fecha del acuerdo inicial c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de personal a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley, así como de las modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo yen los anexos de personal unidos al presupuesto, todo ello por Departamentos y programas.
d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones de avales y anticipos y, en su caso, de insolvencias a las que la Diputación General de Aragón tenga que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio.
e) Trimestralmente, la situación de tesorería y del endeuda-miento vivo en curso del sector público aragonés.
f) El Gobierno de Aragón comunicará trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón la relación de contratos menores y de contratos adjudicados por el procedimiento negociado, regulado en el artículo 73 de la Ley de Contratos- de las Administraciones Públicas.
Séptima.—Fondo de Acción Social en favor del personal.
En el programa 313.5, «Acción Social en favor del personal», se dota la cuantía correspondiente al Fondo de Acción Social, por un importe de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS.
Dicho informe se entenderá referido a los empleados públicos de los tres sectores (Administración general, Educación y Sanidad), y la distribución de la citada cantidad se realizará según dispone los acuerdos Administración-sindicatos y la normativa que regula las ayudas de acción social.
La citada partida financia tanto las aportaciones del promotor al plan de pensiones como las ayudas de acción social.
Octava.—Gestión de los créditos de la Sección 30.
1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos que figuran en la Sección 30, «Diversos Departamentos», de la estructura orgánica del presupuesto, corresponderá al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo la autorización y disposición de los créditos correspondientes.
2. Las modificaciones de créditos que sea necesario efectuar para situar los fondos en los distintos programas de gasto, adecuándolos a la naturaleza económica de su aplicación definitiva, o para que la gestión de alguno de los programas o de partidas concretas se efectúe por un determinado Departamento, serán autorizadas por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Los créditos modificados al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
3. Las modificaciones de los créditos situados en el Servicio 08, «Exposición Internacional Zaragoza 2008», de esta Sección no alterarán su adscripción inicial en la estructura orgánica del presupuesto.
Novena. —Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios.
1. El Gobierno de Aragón podrá librar anticipos de subvenciones con destino a las familias e instituciones sin fines de lucro, con cargo a los artículos 48 y 78 de los presupuestos de los programas que contienen los créditos en materia sanitaria y de bienestar social para el año 2006, hasta el 50% de la cuantía total de las subvenciones que para ellas sean aprobadas, sin que sea de aplicación lo dispuesto en materia de garantías en el artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/ 1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En el ejercicio del año 2006, el anticipo al que se refiere el apartado anterior podrá alcanzar el 100% del importe cuando éste no supere los DOCE MIL QUINIENTOS EUROS, para las subvenciones concedidas con cargo al artículo 48 de los presupuestos de los programas que gestionen los créditos en materia sanitaria y de bienestar social y sus organismos autónomos.
Décima.—Trámite de las modificaciones en materia de personal.
Las propuestas de modificación de niveles en las relaciones de puestos de trabajo, de asignación de complementos específicos B y de convocatorias de plazas vacantes que formulen los distintos Departamentos se tramitarán por la Dirección General de la Función Pública, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio sobre la existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal.
Undécima.—Ingreso Aragonés de Inserción.
1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cómputo mensual, queda fijada en TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS, con efectos desde el 1 de enero del año 2006.
2. Cuando la unidad familiar esté constituida por más de una persona, a la cuantía anterior se le sumará un 0,3 de dicha cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante, 0,2 por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1 para el quinto y siguientes.
Duodécima. Ayuda a los países más desfavorecidos.
1. El Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos tendrá una dotación de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y VEINTE CENTIMOS para el año 2006, como expresión de la aportación del 0,7% de los capítulos VI y VII del presupuesta 2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos que, con tal carácter, se encuentran consignados en la Sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, ampliado hasta la cifra citada en el párrafo anterior mediante el oportuno expediente de modificación presupuestaria.
3. El Fondo se destinará a la realización de proyectos y programas que, sustentados en el principio de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades de la población de los países mas desfavorecidos. Con cargo a dichos créditos, podrá imputarse la financiación de todos los proyectos y programas aprobados sin atender a la naturaleza de sus gastos, y ello en orden a conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de la política de cooperación.
4. La distribución de este Fondo para el año 2006 será la siguiente:
a) SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS Y SETENTA Y OCHO CENTIMOS se consignan en el capítulo VII del presupuesto de la Sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, destinados a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, que se distribuirán para cada tipo de ayuda en los siguientes porcentajes:
— El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas.
— El 40% del Fondo, para programas que incidan en el desarrollo económico y social de los pueblos.
— El 10% del Fondo, para ayudas de emergencia y humanitarias.
— El 20% del Fondo, para el resto de ayudas.
En el supuesto de que las solicitudes presentadas para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la Comisión de valoración y evaluación de los proyectos y programas podrá acumular el crédito no dispuesto al resto de las tipologías, con el fin de utilizar adecuadamente la dotación presupuestaria del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos. Asimismo, podrá destinarse parte del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos al Fondo Aragonés de Cooperación para el desarrollo previsto en la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo. Las transferencias que fuera necesario instrumentar para la aplicación de este precepto no estarán sometidas a las limitaciones previstas en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda.
b) SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS Y CUARENTA Y DOS CENTIMOS se consignan en el capítulo II del presupuesto de la Sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, para realizar las tareas de formación, evaluación y seguimiento de los proyectos y programas.
7. La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón conocerá los proyectos y programas, aprobados anualmente, mediante informe que le será remitido por el Gobierno de Aragón en un plazo máximo de quince días desde que se produzca el acuerdo de éste. El informe contendrá, al menos, la relación de proyectos aprobados, el importe, la organización destinataria en su caso y el país de destino, así como el listado de los proyectos y programas no aprobados. Además, el Gobierno de Aragón dará cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos, de forma semestral, del estado de ejecución de los proyectos y programas.
8. Cualquier actuación en materia de cooperación para el desarrollo que se realice por la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el Departamento de Economía, Hacienda y: Empleo.
Decimotercera. —Rendición y contenido de cuentas.
Se autoriza al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para efectuar las operaciones contables y modificaciones presupuestarias que en su caso fueran precisas para rendir de forma independiente las cuentas de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma.
Decimocuarta. —Autorización de los costes de personal de la Universidad de Zaragoza.
Con antelación a la aprobación de su presupuesto, la Universidad de Zaragoza deberá solicitar al Departamento competente en materia de educación universitaria la autorización de los costes del personal docente, investigador y de administración y servicios.
Decimoquinta.—Compensación por iniciativas legislativas populares.
La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, queda establecida, para el año 2006, en CATORCE MIL EUROS.
Decimosexta.—Transferencias corrientes a las corporaciones locales para la gestión de los servicios sociales de base.
1. Los importes de las transferencias corrientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las corporaciones locales para colaborar en el mantenimiento y programas de los servicios sociales de base serán abonados por éste a dichas corporaciones por trimestres anticipados, por cuartas partes, cada ejercicio económico.
2. Si a fecha de 30 de enero de cada año natural no se hubiese renovado el convenio con las corporaciones locales para la gestión de los servicios sociales de base, las cantidades trimestrales tendrán la consideración de anticipos a cuenta y se abonarán sobre el montante total del ejercicio anterior.
Decimoséptima. —Ayudas para la prestación de servicios ferroviarios regionales acogidos al Convenio Diputación General de Aragón-Renfe.
La ejecución de la aplicación presupuestaria prevista para sufragar por parte de la Diputación General de Aragón el déficit de explotación de los servicios ferroviarios regionales de Renfe queda condicionada al cumplimiento estricto del programa de inversiones y mejoras pactado entre ambas partes.
Decimoctava.—Política demográfica.
El Gobierno de Aragón informará semestralmente a las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino de los créditos correspondientes a las medidas contempladas en el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los distintos Departamentos del mismo, especificando servicio gestor, importe, actividad que se desarrolla y destinatario.
Decimonovena. —Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales».
1. La gestión de los créditos consignados en la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales», corresponderá con-juntamente a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo.
2. Con carácter general, los gastos con cargo a los créditos de la Sección se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas.
3. Exclusivamente serán beneficiarias de los créditos con-signados en esta sección las comarcas constituidas.
4. Los incrementos en las dotaciones de la Sección 26 conllevarán necesariamente una disminución por igual importe en otras, secciones presupuestarias.
5. Las transferencias de crédito realizadas desde cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en esta Sección, o entre partidas de esta última, no estarán sujetas a las limitaciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Dichas transferencias serán autorizadas conjuntamente por los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo.
6. De acuerdo con el Plan propuesto por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ordenará la realización de retenciones de crédito en aquellas partidas de los programas de gasto que previsiblemente vayan a verse afectadas por el proceso de transferencias de competencias a las comarcas.
Vigésima. —Programas finalistas de servicios sociales.
1. Los programas de prestaciones básicas de servicios sociales, desarrollo del pueblo gitano, erradicación de la pobreza, voluntariado, educación familiar: apoyo a familias monoparentales e integración social de inmigrantes tienen financiación finalista de la Administración central y su gestión forma parte de las funciones transferidas a las comarcas.
2. En el marco de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y condiciones generales en relación con la planificación general para el desarrollo de los mencionados programas.
3. Ambas administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios y programas que permita mantener un conocimiento adecuado de las necesidades y a la vez garantice la igualdad en el acceso y en la prestación dé los servicios en el conjunto del territorio.
4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la información necesaria a efectos estadísticos y de planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos definidos por el IASS con carácter general, de manera que permita su utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Vigésima primera. —Tarifa del canon de saneamiento.
La tarifa del canon de saneamiento queda fijada en los siguientes términos:
a) Usos domésticos:
—Componente fijo: 3,66 euros por sujeto pasivo y mes.
—Tipo aplicable por volumen de agua: 0,44 euros por metro cúbico.
b) Usos industriales:
—Componente fijo: 14,63 euros por sujeto pasivo y mes.
—Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,36 euros por kilogramo.
—Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,50 euros por kilogramo.
—Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 4,02 euros por Siemens metro cúbico por centímetro.
—Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 11,59 euros por kiloequitox.
—Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 4,88 euros por kilogramo de equimetal.
- Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 0,98 euros por kilogramo.
Vigésima segunda. —Finalización de los procesos de consolidación del personal interino procedente de los antiguos cuerpos de sanitarios locales.
Tras haberse realizado los procesos selectivos previstos en el artículo 1 de la Ley 11/1997, de 26 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de personal, y conforme al Acuerdo adoptado por la Mesa sectorial de sanidad, en su reunión del día 13 de noviembre de 2003, se declara finalizado el proceso de consolidación de empleo previsto por dicha Ley, «sin perjuicio de las medidas que corresponda adoptar respecto al personal que haya resultado desplazado en dichos procesos».
Vigésima tercera. —Gestión de la acción concertada del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá realizar la concertación de plazas y servicios en centros de personas mayores, discapacitadas, menores y/o excluidas, mediante las siguientes modalidades:
a) Convenios singulares de colaboración con entidades locales que sean titulares de centros para personas mayores, discapacitadas, menores y/o excluidas.
b) Convenios singulares de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que sean titulares de centros para personas mayores, discapacitadas, menores, y/o excluidas.
c) Contratos administrativos, regulados por la Ley de Con-tratos de las Administraciones Públicas, con entidades priva-das con ánimo de lucro que sean titulares de centros para personas mayores, discapacitadas, menores y/o excluidas, en función de las necesidades concretas que pudieran detectarse por parte del IASS.
2. Por Orden del Departamento competente en materia de servicios sociales, se regularán los requisitos de los centros, modalidades y procedimiento, para llevar a cabo la indicada concertación de plazas, que se establecerá únicamente con los titulares del centro de que se trate.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. —Retribuciones del personal funcionario no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
El personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo no incluidos en la aplicación del sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47 y 48 de la Ley 'de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; y hasta tanto se determine dicha aplicación, seguirá percibiendo las retribuciones básicas y complementarias según la estructura y con sujeción a la normativa anterior, incrementadas en el porcentaje que, con carácter general, se apruebe para el personal funcionario en la presente Ley.
Segunda.—Indemnizaciones por razón de servicio.
1. Hasta tanto se dicte una norma específica para el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, actualizándose para el presente ejercicio en la misma cuantía que establezca la normativa estatal. El personal laboral se regulará por las normas previstas en el convenio colectivo que le resulte de aplicación.
2. Las normas contenidas en las disposiciones anteriormente citadas serán de aplicación a los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y otras comisiones creadas en el seno de la Comunidad Autónoma. En estos supuestos, el Gobierno de Aragón determinará el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas comisiones que no ostenten la condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma.
3. Las indemnizaciones por razón de servicio se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios para estas atenciones. No obstante, las indemnizaciones que hayan sido devengadas dentro del último trimestre de cada ejercicio podrán ser abonadas con cargo a los créditos del ejercicio siguiente si no hubieran podido ser liquidadas en el año económico en el que se causaron.
Tercera. —Dotación presupuestaria del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores.
1. Los créditos necesarios para financiar las operaciones del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, tras su creación por Ley 17/2003, de 24 de marzo, como organismo autónomo adscrito al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se encuentran recogidos en las dotaciones que figuran en el presupuesto del Departamento competente en materia de enseñanzas artísticas superiores.
2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar las operaciones de modificación y consolidación presupuestaria necesarias para la instrumentación contable de la dotación económica inicial y de los recursos económicos y financieros del organismo autónomo Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, para el año 2006.
Cuarta. —Dotación presupuestaria de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
1. Los créditos necesarios para financiar las operaciones de la entidad de Derecho público Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, tras su constitución, se encuentran recogidos en las dotaciones que figuran en el presupuesto del Departamento competente en materia de educación universitaria.
2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar las operaciones de modificación y consolidación presupuestaria necesarias para la instrumentación contable de la dotación económica inicial y de los recursos económicos y financieros de la entidad de Derecho público Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
Quinta. —Dotación presupuestaria para financiar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 9 de mayo de 2005 entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo del artículo 38 de su Estatuto de Autonomía, los créditos necesarios para financiar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentran recogidos en el Programa 121.9, «Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma».
2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar, dentro de este programa, las transferencias que resulten necesarias con el fin de adecuar la situación de los créditos a la naturaleza concreta de los gastos a realizar. Las transferencias de crédito que se realicen en aplicación de esta disposición no estarán sometidas a las limitaciones del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Sexta Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón.
Durante el ejercicio presupuestario 2006 se concederán subvenciones a las cámaras agrarias provinciales de Aragón para el sostenimiento de su organización conforme a lo que disponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto a tales subvenciones.
DISPOSICION FINAL
Única. —Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2006.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREÁMBULO
La presente Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene dos elementos esenciales íntimamente ligados y que constituyen la clave interna de comprensión global de las medidas adoptadas: por un lado, el alivio de la carga impositiva que determinados colectivos –familia numerosa, jóvenes, mayores, discapacitados– soportan en distintas figuras impositivas y, por otro, el uso de la política tributaria para la protección del medio natural y territorial, vía deducciones en la imposición personal, establecimiento de impuestos medioambientales, tasas de carácter ecológico en defensa del medio natural, forestal, agrícola, de los montes y de las vías pecuarias, así como medidas actualizadoras del canon para el saneamiento y depuración de las aguas.
Estos dos objetivos, que constituyen un claro ejemplo de decisiones propias de la actividad política, tienen también un significado financiero que, habiendo sido programado y publicitado en ejercicios anteriores, debe materializarse ahora a través del instrumento legal adecuado. En consecuencia, el diseño de las medidas garantiza, desde una perspectiva general, que la carga tributaria soportada por los ciudadanos aragoneses siga manteniéndose en términos similares respecto de años anteriores e, incluso, en supuestos concretos, en niveles sensiblemente inferiores.
I. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS
El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, de aplicación desde el 1 de enero de 2002, supuso una notable ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos. Así, el artículo 19.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en su vigente redacción dada por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, incluyó, por lo que respecta a determinados impuestos –sobre la renta de las personas físicas, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y tributos sobre el juego-, amplias competencias para regular y modular aspectos concretos de los elementos esenciales de dichos tributos. La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, estableció, para cada impuesto, el alcance de dichas competencias normativas. Por su parte, la Ley 25/2002, de 1 de julio, del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, mantiene la referencia que hacían sus predecesoras sobre la atribución a la comunidad aragonesa de «la facultad de dictar para sí misma normas legislativas», en los casos y en las condiciones de la citada Ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, en cuyo artículo 19 se establece cuál es la normativa aplicable a los tributos cedidos, incluyendo las normas emanadas de la Comunidad Autónoma competente, según el alcance y los puntos de conexión establecidos en la propia Ley.
A. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
De conformidad con la letra b), apartado 1, del artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre deducciones por circunstancias personales y familiares en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas competencias ya han sido ejercidas por nuestra comunidad en ejercicios anteriores a través de diversas medidas tributarias que hoy se integran en el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, como son las deducciones por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos y en atención al grado de discapacidad del segundo.
Así, continuando en la política de beneficios fiscales dirigidos a la protección de la familia, y en consideración a los programas prioritarios de acción social que tienen como protagonistas a las personas mayores o discapacitadas, la presente Ley incorpora al citado texto refundido una deducción en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas a favor de los contribuyentes con quienes convivan personas dependientes, ascendientes mayores de 75 años o ascendientes o descendientes con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.
Por otro lado, y siempre conforme al artículo citado anteriormente, la Comunidad Autónoma puede ejercer competencias normativas también para establecer deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en atención a la realización de inversiones no empresariales. Con esta habilitación y con la finalidad de reforzar los objetivos medioambientales que persigue la presente Ley, se incorpora asimismo al citado texto refundido una deducción por donaciones dinerarias, puras y simples, a favor de cualquier ente público de la Administración autonómica o de las entidades sin fines lucrativos que cuentan con un régimen fiscal especial, siempre que los mismos tengan como finalidad principal la defensa y conservación del medio ambiente.
B. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Según la letra a), apartado 1, del artículo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre tipos de gravamen en la transmisión de bienes inmuebles, en relación con la modalidad «transmisiones patrimoniales onerosas», y de los documentos notariales en relación con la modalidad «actos jurídicos documentados». Así, la Ley recoge la aplicación de sendos tipos reducidos del 3 por 100 y del 0,3 por 100, respectivamente, en los conceptos «transmisiones patrimoniales onerosas» y «actos jurídicos documentados» del impuesto, respectivamente, tratando de favorecer el acceso a viviendas de mayor superficie útil, adaptadas a sus nuevas necesidades, por parte de las familias numerosas.
Tras el tiempo de vigencia transcurrido, se ha constatado que alguno de los requisitos exigidos para la aplicación de los tipos reducidos, como el plazo para comprar la vivienda, ha motivado que sólo un escaso número de familias numerosas haya podido acogerse al citado beneficio fiscal, ya que la necesidad de una nueva vivienda se plantea generalmente con posterioridad a los tres años del nacimiento del hijo, por lo que parece conveniente desligar el plazo para la adquisición de la nueva vivienda de la fecha de nacimiento o adopción de cada hijo. Por otra parte, el requisito de obligación de vender la vivienda anterior ha de tener una excepción cuando se adquiera una vivienda contigua para ampliar aquélla. Por último, el requisito de ingresos ha de actualizarse y establecer una ponderación en función del tamaño de la familia numerosa, al tiempo que se precisa el alcance de la magnitud fiscal a considerar en relación con el requisito de ingresos para evitar dudas de interpretación.
C. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Conforme a la letra a), apartado 1, del artículo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas podrán ejercer competencias normativas sobre reducciones, tanto para las transmisiones «mortis causa» como para las ínter vivos, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la Comunidad Autónoma. Estas competencias ya han sido ejercidas por nuestra comunidad en ejercicios anteriores a través de diversas medidas tributarias que hoy se integran en el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, como son, entre otras, las reducciones del 100 por 100 previstas para las adquisiciones hereditarias por hijos del causante menores de edad o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
Desde siempre, el impuesto que grava las sucesiones por causa de muerte ha sido una de las figuras tributarias que mayor debate ha suscitado en el mundo del Derecho. En la actualidad, el debate se ha centrado en la manipulación de diversas hipótesis sobre su incremento, mantenimiento, atenuación, supresión e, incluso, sobre su sustitución por otros impuestos alternativos sobre las transmisiones gratuitas de riqueza en forma de herencia o donación. Pero, para ello, no deben manejarse solamente argumentos de oportunidad de la política tributaria, sino que deben tenerse muy presentes los efectos presupuestarios de cualquier medida. Así, dado que este impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas y que son éstas las competentes para establecer diferencias territoriales en su tratamiento, cualquier modificación del mismo debe hacerse con una perspectiva global que permita conjugar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas con el principio de igualdad de los ciudadanos y con la construcción de un ordenamiento tributario respetuoso de los principios constitucionales de progresividad y de consideración a la capacidad contributiva de cada contribuyente.
Dadas las implicaciones personales, familiares y emocionales que presenta este singular impuesto, tan ligado a un hecho trascendental como es el fallecimiento de una persona y que, por lo general, provoca una transmisión entre familiares con vínculos de proximidad y cercanía, el legislador autonómico ya estableció las reducciones anteriormente citadas en consideración a determinadas causas y limitaciones de edad o capacidad. Ahora, continuando progresivamente con el objetivo de modificar el impuesto y adaptarlo a las nuevas circunstancias de índole social que rigen nuestro sistema tributario, la Ley contempla una reducción del 100 por 100 de la base imponible en la adquisición «mortis causa» por el cónyuge y los hijos del causante. Si bien la reducción no podrá exceder de 125.000 euros, la bondad de este límite permitirá liberar a la gran mayoría de los viudos o viudas y de los descendientes del pago del impuesto.
La otra reducción prevista en esta Ley se refiere a la transmisión ínter vivos mediante la donación a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su primera vivienda habitual, la cual, con el límite de 50.000 euros, o de 100.000 euros para los contribuyentes discapacitados, otorga al donatario el derecho a una reducción del 95 por 100 de la base imponible del impuesto. Una vez más, como en el caso anterior, el legislador contempla una situación habitual entre familiares cercanos, asumiendo simultáneamente la dificultad de acceso al mercado inmobiliario para los jóvenes menores de 35 años, en el marco de aquella acción social, a la que ninguna política tributaria puede renunciar entre sus objetivos, que tiene como última finalidad salvaguardar los intereses económicos en el seno de la familia aragonesa.
II. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
La presente Ley es, en buena medida, una Ley reguladora de una nueva figura tributaria como son los impuestos medioambientales, pues tiene por objeto la creación de los citados tributos autonómicos, propios de la comunidad aragonesa, de carácter real, finalidad extrafiscal y afectados al medio ambiente, así como la regulación de todos sus elementos esenciales o sustanciales, cuyo efecto principal es el de gravar el daño medioambiental causado en los recursos naturales y territoriales de la Comunidad Autónoma por determinadas actividades contaminantes como son las instalaciones de transporte por cable, la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera o el establecimiento comercial con grandes áreas de venta, las cuales producen, de forma mediata o inmediata, pero efectivamente, el menoscabo o deterioro del medio ambiente en términos de explotación selectiva, lesiva, degradatoria, abusiva y expoliadora de sus recursos, y cuyo coste genera una carga desproporcionada para la sociedad e hipoteca el futuro desarrollo, sostenido y equilibrado, de la comunidad.
Para ello, la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de su propia potestad tributaria, reconocida constitucional y estatutariamente (artículos 133.2 y 157.1.b) CE; 4.1.b), 6 y 9, LOFCA; 16.l, 45, 47.1 y 58.1.a) EAA), por un lado, y de competencia compartida con el Estado para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente, así como de una competencia adicional dotada de plena capacidad normativa para establecer disposiciones protectoras más intensas o rigurosas (artículo 37.3 EAA). Sobre el juego de ambos títulos competenciales se superpone la doctrina constitucional sobre la transversalidad de las competencias medioambientales, pues las mismas se despliegan o afectan a las más diversas actividades humanas y a los más variados sectores del ordenamiento jurídico, provocando, por tanto, una relativa complejidad en el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuya solución, no obstante, se solventa con la posibilidad de actuación concurrente de las Administraciones implicadas en la necesidad de defensa medioambiental en un mismo espacio físico, natural o territorial.
Resulta, pues, evidente la intencionalidad de los llamados tributos ecológicos, categoría en la que seguramente la doctrina encuadrará estos impuestos medioambientales, en orden a la protección, conservación, restauración y, en general, mejora del medio ambiente. En definitiva, se busca la corrección de las deseconomías externas o externalidades, puesto que los costes sociales y ambientales que los individuos o las empresas que ejercen determinadas actividades contaminantes imponen o trasladan a la sociedad en general no son internalizados por sus causantes ni por el normal funcionamiento del mercado.
En efecto, el Tribunal Constitucional ha admitido que las Comunidades Autónomas «establezcan impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica o de pago, respondan principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza». Y es manifiesto que el medio ambiente es uno de esos intereses públicos protegibles. Basta, además, «que dicha capacidad económica exista, como riqueza real o potencial», bien entendido que tal capacidad contributiva «obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra».
Pues bien, los impuestos medioambientales responden a este principio de capacidad contributiva, y ello es así en un doble sentido: en primer lugar, porque en las conductas contaminantes hay una efectiva capacidad económica, que se refleja en los ahorros que provocan los déficits de capitalización necesaria para atenuar la producción cuando el bien público perturbado no se repone a su estado natural, con el agravante de que ese reflejo de capacidad de pago añadida no puede ser bien captado por los impuestos generales sobre la renta, que sólo apreciarán los menores costes de producción industrial o de servicios, pero no los mayores gastos necesarios para la provisión de ciertos bienes públicos que provocan las externalidades derivadas de las conductas perturbadoras del medio natural, y en segundo lugar, porque la dimensión económica del hecho imponible en estas categorías tributarias se alcanza, únicamente, mediante la combinación de postulados propios del principio de capacidad contributiva con la máxima, de inspiración y tradición eurocomunitaria, del conocido «quien contamina, paga», lo cual conduce hacia la equivalencia fiscal para someter a tributación sólo a quienes, como postula el Tribunal Constitucional, muestran capacidad de afectar como modalidad de capacidad de pago mediante conductas que lesionan el medio natural.
Pero es que, al mismo tiempo, los impuestos medioambientales gozan de una naturaleza híbrida que, además de compartir los principios constitucionales del ordenamiento tributario, tales como los de capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad, equidad distributiva y no confiscatoriedad, los configura como un tributo autonómico con finalidad extrafiscal y afectado al cumplimiento de los deberes públicos inherentes a toda política ambiental, caracteres que le otorgan una tipicidad diferencial no justificada en postulados fundamentalmente recaudatorios.
Es precisamente en esta dimensión en la que los impuestos medioambientales aparecen como un instrumento motivador de conductas. El tributo exterioriza y manifiesta constantemente los elementos suasorios ‹persuasivos o disuasorios‹ que refuerzan sus fines ecológicos y no predominantemente fiscales. Tanto su estructura externa ‹su justificación última‹ como interna ‹su articulación extrafiscal y afectación medioambiental‹ persiguen, por un lado, motivar conductas acordes con la protección del medio natural, estimulando la cesación o disminución de la actividad contaminante y, por otro, contemplar el obligado destino de los recursos generados por la recaudación en la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente contaminado, degradado o lesionado. De ahí que el propio Tribunal Constitucional mantenga que «constitucionalmente, nada cabe objetar a que, en general, a los tributos pueda asignárseles una finalidad extrafiscal y a que, ya más en particular, las Comunidades Autónomas puedan establecer impuestos con ese carácter».
En este incipiente ordenamiento tributario con fines ecológicos que las Comunidades Autónomas comienzan a construir, actúan, no obstante, los límites de los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de cuya interpretación constitucional se deduce, sintéticamente, que los tributos autonómicos no pueden coincidir, por un lado, sobre hechos imponibles gravados por el Estado –se prohíbe estrictamente la duplicidad de hechos imponibles– ni, por otro, recaer sobre las materias imponibles reservadas a las Corporaciones Locales –se prohíbe aquí cualquier solapamiento entre la fuente de riqueza gravada por un tributo local y por un nuevo impuesto autonómico–. Límites que no exceden ni invaden los nuevos impuestos, cuyo hecho imponible, en general, es el daño medioambiental causado por diversas actividades contaminantes que no asumen ni internalizan en sus procesos productivos los costes derivados de su necesaria corrección o reparación, pero que no grava el ejercicio de la propia actividad ni la titularidad o el uso de los elementos o activos patrimoniales afectos a dicha actividad, ni tampoco sujeta a gravamen otras magnitudes fiscales como la producción, el consumo o los beneficios obtenidos por aquéllas.
Esta singular naturaleza de los impuestos medioambientales tiene su correspondiente manifestación en la virtud –de la que extrae, desde luego, y entre otras causas, su legitimidad– para vincular el hecho con la base imponible, esto es, en su capacidad para aportar la medida del daño medioambiental sujeto a gravamen. En efecto, ya nadie cuestiona que la base imponible debe cumplir no sólo la función de determinar el importe de la cuota tributaria del impuesto, sino también la trascendental misión de medición de los elementos del hecho imponible que lo definen y que exteriorizan, al mismo tiempo, la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Y esto es lo que los impuestos medioambientales encarnan con la novedosa regulación de las unidades contaminantes de determinación y medida del daño medioambiental, cuyo objetivo es la cuantificación básica por referencia a los valores, magnitudes o elementos en general que integran el volumen o carga contaminante de la actividad.
Precisamente, por esos fines explicitados por la norma en orden a la defensa pública del interés medioambiental, así como por la debida coherencia de su finalidad con la articulación interna de los impuestos, la Ley ha contemplado, sin duda, de una manera ejemplar y protagonista, la importante posibilidad de deducción, respecto a la cuota tributaria, de todas aquellas inversiones efectuadas por los sujetos pasivos y destinadas a la cesación, disminución o reparación de sus efectos contaminantes. El impuesto grava el daño medioambiental en función de la cantidad o volumen de la carga contaminante; en congruencia, por tanto, el tributo también prescinde de su relativizado objetivo recaudatorio cuando el contribuyente aparece voluntariamente como agente colaborador de la Administración pública, coadyuvando con la misma a la financiación de la política autonómica medioambiental y, en consecuencia, a la minoración del daño medioambiental provocado por él mismo.
A. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable.
El objeto imponible de este impuesto responde a la necesaria asunción de un coste por parte de las empresas que, al emplear en su actividad transportes mediante líneas o tendidos de cable, dañan el medio ambiente. Es, en primer lugar, un elemento perturbador del paisaje, y, por esa misma artificialidad, incide negativamente tanto en la flora como en la fauna del territorio aragonés. Además, esas instalaciones pueden originar situaciones de riesgo para la salud humana o suponen, tanto en el caso de teleféricos como de instalaciones en el medio forestal, un impacto negativo sobre un medio (la montaña y el bosque aragoneses) objeto de especial tutela y atención.
El sujeto pasivo del impuesto no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación de la correspondiente estación alpina. Esto es, que no se grava la práctica del esquí ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores (territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en su caso, restaurados. En consecuencia, junto a su intencionalidad extrafiscal, se da una presencia clara de capacidad contributiva en los sujetos pasivos. El empleo de las instalaciones que suponen el elemento objetivo del hecho imponible pone de manifiesto una capacidad de intervención en el mercado de producción o distribución de servicios.
Por todo ello, el impuesto grava el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, sean éstas en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones de funiculares, teleféricos y remonta-pendientes de las estaciones de esquí (que pueden ser telecabinas, telesillas y telesquí) o sean de transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Y, en consecuencia, el hecho imponible se configura por referencia a ese daño ambiental causado por dichas instalaciones, agravado, en el supuesto de instalaciones de estaciones alpinas, por la utilización de las pistas con otros fines tolerados y permitidos (turísticos, deportivos), pero que implican mayores concentraciones humanas, desplazamientos masivos de automóviles o deforestación, entre otros efectos contaminantes o degradantes negativos. Y dicho daño se entiende producido aun cuando dichas instalaciones se encontraran en desuso o no hubieran entrado en funcionamiento.
El hecho imponible se ajusta al objeto de gravamen, pero cuando la instalación del transporte por cable esté afecta a la utilización de pistas de esquí alpino, el núcleo central del hecho imponible –la existencia de un daño medioambiental– se ve incrementado. Por eso mismo, se adapta la estructura de la deuda tributaria a un más intenso daño medioambiental: las estaciones de esquí afectan al medio forestal, atraen masivamente la presencia de personas, perturban el ecosistema y la fauna propia e inciden sobre la calidad del agua que atesoran las montañas en invierno. Es, pues, el sentido extrafiscal del impuesto –a un cualitativamente mayor daño ambiental, mayor gravamen– el que exige un incremento de la deuda tributaria en este concreto supuesto.
Finalmente, se ha utilizado una unidad contaminante de medida del daño medioambiental acorde y coherente con ese perjuicio, como son el número y la longitud de las instalaciones de transporte por cable, incrementada por unos coeficientes en el caso de las pistas de esquí –por ese impacto añadido, que no concurre en el supuesto de los remontes forestales– en atención al uso turístico y deportivo de las pistas para la práctica del esquí alpino, que agravan el efecto degradante y contaminante.
B. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
El impuesto tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que producen graves situaciones de contaminación atmosférica, como consecuencia de su incidencia negativa en el medio natural, humano, animal y vegetal de la Comunidad Autónoma.
Las consecuencias de la contaminación atmosférica tienen un campo de aplicación muy vasto, pues afectan tanto al elemento humano como a la fauna, a la flora e, incluso, al equilibrio climático. En cuanto a los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana, hoy sabemos los efectos perniciosos, a veces incluso mortales, de ciertos contaminantes, que provocan la aparición de enfermedades o la complicación y agravación de otras. En el mundo animal y el vegetal, la contaminación afecta directamente, como a los humanos, a través de la inhalación de gases o de partículas contaminantes, o indirectamente, por ingestión de agua o plantas contaminadas, alterando todo el equilibrio del ecosistema, por no mencionar también la incidencia de los contaminantes del aire en la conservación de edificios singulares de valor histórico o artístico, en este caso afectados por la proximidad de los grandes centros industriales. Finalmente, los compuestos químicos más contaminantes (carbono, azufre y nitrógeno), derivados, principalmente, de combustiones, fundiciones, refinados y otros procesos industriales, provocan unas complejas reacciones de la atmósfera y causan, entre otros, fenómenos como las precipitaciones por vía seca o húmeda –la conocida «lluvia ácida»– de estos ácidos en el agua y en los distintos ecosistemas.
Así pues, el hecho imponible de este concepto impositivo se refiere al daño medioambiental causado por la emisión a la atmósfera de las sustancias más contaminantes que se encuentren clasificadas como tales por la legislación sobre protección atmosférica. Los sujetos pasivos del impuesto serán los titulares de las actividades que causan el daño medioambiental, y las instalaciones en que se desarrollan estas actividades, principalmente de carácter industrial o energético, tendrán la consideración de focos emisores de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Por su parte, la base imponible se constituye por la suma de las cantidades emitidas sistemáticamente a la atmósfera de cada una de las sustancias contaminantes y por cada foco emisor durante todo el período impositivo. Por ello, la base imponible debe tener en cuenta magnitudes ecológicas y, concretamente, unidades de contaminación, de modo que la reducción del daño medioambiental por el sujeto pasivo redunde en una disminución de su carga tributaria. Es, por tanto, un gravamen que presenta la distinción de permitir cumplir una finalidad extrafiscal adicional. En efecto, mediante el gravamen de las actividades que contaminan la atmósfera, se está propiciando el desincentivar determinados usos o procedimientos industriales y la búsqueda de una operatoria empresarial más armónica con el medio ambiente.
Por tanto, la base imponible debe medir el daño medioambiental causado mediante la cuantificación de las sustancias degradantes emitidas que constituyen el objeto del impuesto y que aparecen recogidas en la definición del hecho imponible. Naturalmente, la configuración de la base imponible como la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias contaminantes por un mismo foco emisor se encuentra en perfecta correspondencia con el hecho imponible que el legislador quiere gravar para atender a su finalidad medioambiental.
C. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
El hecho imponible de este impuesto no se construye por referencia a la instalación del establecimiento comercial ni a la actividad económica ejercida en el mismo ni a su titularidad patrimonial ni a la mera utilización del mismo, sino al daño medioambiental que produce la actividad y el tráfico comercial desarrollado en estos establecimientos, que, por contar con grandes áreas de venta al público, ejercen una especial atracción al consumo y provocan un desplazamiento masivo de vehículos particulares, con la negativa incidencia que ello tiene para el medio ambiente y la ordenación del territorio. Para ello, la Ley considera grandes áreas de venta aquellas que superan los 500 m2, definición en la que entran establecimientos de muy diverso tipo y consideración, pero cuya sujeción al gravamen se modulará no sólo con un comprensivo mínimo exento, sino también en atención a las superficies dedicadas a aparcamiento y a otros usos.
Los supuestos de no sujeción al impuesto no reúnen los elementos definidos en el hecho imponible o, mejor, definen o delimitan negativamente el hecho imponible. En consecuencia, la Ley incluye como supuestos no sujetos a los establecimientos cuya actividad comercial principal y habitual tenga carácter mayorista, que se trate de mercados o establecimientos equivalentes dedicados a la alimentación o cooperativas de consumidores o usuarios, siempre que su oferta no vaya dirigida al público en general. La Ley entiende que no nos encontramos ante una afluencia masiva de consumidores por no tratarse de consumidores finales o estar limitada a socios cooperativistas, o bien porque responde a una evidente necesidad social de abastecimiento de bienes o necesidades primarias como son los alimentos, que, además, es función propia de las Corporaciones Locales. El daño medioambiental, razón primordial de la existencia del tributo, no existe en estos casos.
El impuesto grava, como sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, a los titulares de la actividad y el tráfico comercial que causa el daño medioambiental a través de su desarrollo económico en grandes áreas de venta. No queda gravado directamente, pues, el titular de la instalación o de los elementos afectos, sino el explotador, en régimen de propiedad o arrendamiento, lo cual es indiferente al impuesto, de la actividad que genera el impacto negativo en el medio natural y territorial. No persigue gravar la titularidad de los bienes, sino el daño medioambiental que conlleva implícito su utilización y el desarrollo de la actividad comercial, y que, en último término, se dirige a la internalización de los costes derivados de esa actividad contaminante o degradatoria de los bienes jurídicos protegidos.
La base imponible constituye la medida del hecho imponible o de alguno de sus elementos y, por esa cualidad de medida, la base imponible constituye la concreción o cuantificación –en distinto grado o con distinta intensidad– de la capacidad económica que denota el presupuesto de hecho del tributo. Por ello, la base imponible había de configurarse en función de un parámetro que sea lo más representativo posible del objeto del tributo, como, a su vez, también ha de ser una dimensión de algún componente material del hecho imponible. En este sentido, la superficie (esto es, los metros cuadrados del establecimiento comercial) no sólo constituye una dimensión de un componente material del hecho imponible, implícita en la objetivación del gravamen, sino también el parámetro más idóneo y el más transparente de los posibles para poder inferir objetivamente ese beneficio impropio que se obtiene al no asumir los costes medioambientales y territoriales ocasionados. Pero debe retenerse que la utilización de esta referencia para medir la magnitud del daño medioambiental está orientada a gravar el impacto que produce una determinada forma de ejercer la actividad comercial, pero que no va dirigida a gravar los propios bienes inmuebles empleados para tal fin.
En síntesis, la medición del impacto lesivo en función de las magnitudes referidas a las distintas superficies involucradas en el proceso y en la actividad comercial no se ha configurado de forma aleatoria, sino premeditada: la superficie de venta revela una mayor capacidad de oferta de productos (cualitativa y cuantitativa) y, por tanto, una mayor capacidad y afluencia de consumidores; la superficie destinada a otros usos (por ejemplo, para almacenamiento) revela también unas mayores posibilidades de reposición de los productos y de inmediatez para ponerlos a la venta al público, y la superficie de aparcamiento denota, en fin, la capacidad del establecimiento para atraer y acoger el tráfico automovilístico que, en la práctica, genera el principal efecto contaminante. Esta es la verdadera razón de inclusión de la superficie de aparcamiento en la base imponible: a mayor capacidad o número de plazas de aparcamiento, mayores estímulos y posibilidades de afluencia masiva de consumidores y usuarios, pues la inexistencia de aparcamiento o su escasa capacidad operan en la práctica como un elemento disuasorio para el ciudadano, que, finalmente, optaría por acudir a otros establecimientos donde este problema se encuentre solucionado de forma óptima y cómoda para el mismo.
Por su parte, la Ley no distingue entre la superficie de venta construida en una extensión horizontal o edificada por plantas, al objeto de no vulnerar la neutralidad del impuesto ni condicionar la forma de instalarse de estos establecimientos comerciales. El cómputo de la superficie es uniforme, cualquiera que sea el tipo de construcción o edificación, pues el impacto ecológico es homologable en ambos casos.
Finalmente, el impacto añadido sobre el medio urbanístico y territorial, que agrava considerablemente el daño producido, es considerado por la Ley atendiendo a la mayor variación en la tipología territorial en que estas actividades comerciales pueden llevarse a cabo. La Ley Urbanística de Aragón ofrece diferentes clases y tipologías de suelo en función de su finalidad y su propensión a la transformación y desarrollo urbanizador que se considera necesario preservar. A la vista de esta clasificación, parece claro que la incidencia sobre el medio ambiente, desde un punto de vista territorial, será considerablemente diferente en función de que la actividad a desarrollar se ubique en un suelo perfectamente integrado en el proceso urbanizador o se ubique en un tipo de suelo en el que concurran ciertos valores que es necesario proteger. Un gran establecimiento comercial ubicado en suelo urbano, asimilado en su entorno y su paisaje urbanístico, en el que existe posibilidad de acceso peatonal, que se encuentra integrado en el área operativa de la red de transportes públicos y que, en fin, vertebra una determinada zona comercial, de ocio y de servicios en la ciudad, no produce el mismo impacto ambiental y territorial que otro establecimiento instalado en otro tipo de suelo, ubicado en la periferia de los contornos urbanos y fuera del alcance de los transportes públicos. En atención a estas consideraciones, el impuesto ha previsto la aplicación de unos coeficientes correctores sobre la cuota tributaria, distinguiendo si se trata de suelo urbano, urbanizable, delimitado y no delimitado, con anterioridad o posterioridad a la aprobación del Plan Parcial, no urbanizable genérico y no urbanizable especial.
III. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: TASAS
A. Modificación de tasas.
La presente Ley opera diversas modificaciones del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón. Así, se modifica la Tasa 17, por servicios facultativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, distinguiendo entre el sistema de liquidación por la Administración y el de autoliquidación por los sujetos pasivos en función de las tarifas. También se modifican las escalas de gravamen de algunas tarifas de la tasa y se amplían los supuestos de exención.
Por otro lado, se modifica la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente, introduciendo en su hecho imponible una enumeración exhaustiva de los distintos conceptos que integran la materia imponible objeto de gravamen y que constituyen auténticos supuestos del ámbito tradicional reservado a las tasas, tales como autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligenciados.
Finalmente, la Ley incorpora la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente; la Tasa 29, por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad; la Tasa 30, por inscripciones en el Registro de organismos modificados genéticamente; y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, creadas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, a su norma natural de encuadramiento, el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprovechando para introducir pequeñas precisiones.
B. Creación de tasas.
En primer lugar, se crea la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y televisión digital, cuyo hecho imponible es la realización por la Administración de diversas actuaciones administrativas en el ámbito de los servicios públicos de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión digital terrestre y de televisión digital terrestre, de gestión indirecta.
En segundo lugar, se crea la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata de una tasa específica que contempla supuestos muy heterogéneos (tendidos aéreos eléctricos o telefónicos, parques eólicos, antenas, carteles y señales, balsas de regulación de agua, depósitos de construcción, estacionamiento de maquinaria, usos recreativos privativos, cultivos agrícolas, canteras y préstamos), pero que tienen en común la ocupación temporal de bienes de dominio público, como son los montes de titularidad autonómica y las vías pecuarias –a cuya protección, conservación y mejora se afecta la recaudación que se obtenga-, así como la protección de los valores medioambientales.
IV. MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: CANON DE SANEAMIENTO
La Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, establece, entre las funciones a desarrollar por el Instituto Aragonés del Agua, la de ejecutar las obras de saneamiento y depuración que la Administración de la Comunidad Autónoma determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades Locales u otros organismos derivadas de convenios con los mismos. Ante la proliferación de nuevos desarrollos urbanísticos, se da la circunstancia de numerosas solicitudes que viene recibiendo el Instituto Aragonés del Agua, por parte de los agentes urbanizadores y ayuntamientos, para conectar a los sistemas públicos de saneamiento y depuración con el fin de dotar a sus actuaciones urbanísticas del preceptivo tratamiento de aguas residuales, lo cual implica para el Instituto Aragonés del Agua la ampliación y refuerzo de las redes e infraestructuras, con el correspondiente coste económico. Ello ha motivado la modificación del actual artículo 30 de la citada Ley, para el establecimiento de un sistema de cargas urbanísticas que determine la asunción de tales obligaciones por parte de los propietarios del suelo.
Asimismo, se introducen modificaciones en la exención prevista en el artículo 51.2.d) y en la bonificación prevista en el apartado 2 de la disposición transitoria primera. En ambos casos se trata de simplificar el régimen vigente, vinculando ambos beneficios fiscales únicamente a la situación de disponer o carecer de estación depuradora de aguas residuales, con distinción entre depuradoras en funcionamiento y depuradoras respecto de las que se hayan iniciado las actuaciones administrativas preparatorias para la contratación de su construcción.
Por otra parte, se modifica el artículo 60 de la Ley de referencia para adaptarlo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en dos aspectos fundamentales: por un lado, se tipifican como infracción diversas conductas que tienen un encaje difícil en el conjunto de las conductas tipificadas como infracciones en la Ley tributaria, lo que hacía imposible sancionar determinados incumplimientos de los obligados tributarios; por otro, se separa el ejercicio de la potestad sancionadora que deriva de un procedimiento de gestión tributaria –que corresponderá a los órganos de gestión, es decir, al Instituto Aragonés del Agua– del que deriva de un procedimiento de inspección tributaria –que corresponderá a los órganos de inspección de la Dirección General de Tributos–.
En cuanto a la inspección en materia de vertidos, se refuerzan las facultades de actuación del personal del Instituto Aragonés del Agua que deba desempeñar estas funciones (artículo 68.2 de la citada Ley). Y en cuanto al régimen sancionador, se mejora sensiblemente un aspecto básico, como es el de la tipificación de las infracciones (artículo 70 de la citada Ley). La modificación que se propone pretende completar el conjunto de conductas que deben ser calificadas como infracciones.
V. MEDIDAS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
Por último, la presente Ley se enmarca en un proceso normativo singular que significa un intento de racionalización y tecnificación de la actividad legislativa en el ámbito tributario. En plena era de la «descodificación legislativa», en la que la propia complejidad y dinamicidad de la producción normativa impulsa la proliferación y la dispersión de las disposiciones legislativas, que son rápidamente modificadas o sustituidas, todo intento de refundir o codificar, con el ánimo de otorgar durabilidad a las leyes y cristalizar así un determinado sector jurídico, se convierte en una tarea inasequible para el legislador. Y ello se hace especialmente patente en un sector como el tributario, condicionado por los constantes cambios propiciados por las políticas fiscales, sociales o medioambientales, a los que tiene que adaptarse necesariamente, utilizando para ello instrumentos legales cuya permanencia en el tiempo se encuentra gravemente hipotecada por la sucesión de leyes especiales y sectoriales que se modifican, se suprimen y se superponen, en un difícil juego de vigencias y derogaciones que hacen inútil cualquier interpretación lógica y jurídica de cuál deba ser el derecho positivo aplicable en cada momento.
Por todo ello, y para paliar, en la medida de lo posible, estos efectos desestabilizadores del ordenamiento jurídico-tributario aragonés, la presente Ley inaugura una medida de técnica legislativa, inédita en nuestra comunidad, que consiste en incorporar como Anexo I una versión íntegra y actualizada, incluyendo las nuevas modificaciones operadas en esta Ley, respecto del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, y con la misma finalidad, se incluye en otro Anexo II una nueva versión íntegra y actualizada del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón. Dichas versiones actualizadas, que se incorporan como anexos a la presente Ley, carecen de carácter normativo, desplegando exclusivamente unos efectos informativos que pretenden garantizar la seguridad jurídica de los operadores en el ordenamiento tributario.
TÍTULO I
Tributos cedidos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales sobre tributos cedidos
Artículo 1. Régimen aplicable a los tributos cedidos.
Se adiciona un nuevo título preliminar al texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:
«TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 000-1. Régimen jurídico aplicable a los tributos cedidos.
Los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en los Convenios y Tratados internacionales, la Ley General Tributaria y sus disposiciones reglamentarias, la Ley propia de cada tributo y sus reglamentos generales, las demás disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, dictadas por el Estado, así como por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco establecido por las leyes que regulan la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.
Artículo 000-2. Tributos cedidos con facultades normativas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuidas facultades normativas, con el alcance y condiciones establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común, sobre los siguientes tributos cedidos:
a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) Impuesto sobre el patrimonio.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
e) Tributos sobre el juego.
f) Impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
g) Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
2. El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos se efectuará, en cada caso, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.»
CAPÍTULO II
Medidas relativas al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 2. Medida relativa a la deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
Se modifica el Capítulo I del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la introducción del siguiente artículo:
«Artículo 110-4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
1. El cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente, al menos durante la mitad del período impositivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) A los efectos de esta deducción, se considerará persona dependiente al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.
b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
c) La suma de la parte general y la parte especial de la base imponible de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no podrá exceder de 35.000 euros.
2. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribuyentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.»
Artículo 3. Medida relativa a la deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por donaciones con finalidad ecológica.
Se modifica el Capítulo I del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la introducción del siguiente artículo:
«Artículo 110-5. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por donaciones con finalidad ecológica.
Las donaciones dinerarias puras y simples otorgarán el derecho a una deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto del 15 por 100 de su importe, hasta el límite del 10 por 100 de dicha cuota, cuando aquéllas sean efectuadas durante el período impositivo a favor de cualquiera de las siguientes entidades:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y entidades públicas dependientes de la misma cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio ambiente.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
CAPÍTULO III
Medidas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 4. Medida relativa al tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas del concepto «transmisiones patrimoniales onerosas».
Se modifica la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, dándose nueva redacción al artículo 121-5:
«Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto “transmisiones patrimoniales onerosasˮ se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 en las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que, en el momento de la adquisición del inmueble, el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que, dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición, se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y, dentro del plazo indicado, se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que se refiere dicho apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo 69.1, apartado 3.º, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.»
Artículo 5. Medida relativa al tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas del concepto «actos jurídicos documentados».
Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, dándose nueva redacción al artículo 122-3:
«Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto “actos jurídicos documentadosˮ se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 0,3 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que, en el momento de la adquisición del inmueble, el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que, dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición, se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y, dentro del plazo indicado, se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo 69.1, apartado 3.º, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.»
CAPÍTULO IV
Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 6. Medida relativa a la reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos.
Se modifica la Sección 1.ª del Capítulo III del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la introducción del artículo siguiente:
«Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos.
Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón, el cónyuge y los hijos del fallecido podrán aplicarse una reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros de vida, conforme al siguiente régimen:
a) La reducción sólo será aplicable cuando el importe total del resto de reducciones de la base imponible sea inferior a 125.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida.
b) El importe de esta reducción, sumado al de las restantes reducciones aplicables por el contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no podrá exceder de 125.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite.
c) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 300.000 euros.
d) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.»
Artículo 7. Medida relativa a la reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo III del Título I del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la introducción del artículo siguiente:
«Artículo 132-2. Reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
1. La donación a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su primera vivienda habitual otorgará al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 95 por 100 de la base imponible del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) El donatario no podrá tener más de 35 años, salvo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, y la suma de la parte general y de la parte especial de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas no podrá ser superior a 30.000 euros.
b) En el documento donde se haga constar la donación deberá expresarse que el dinero donado se destina a la adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.
c) El donatario deberá adquirir la vivienda en los seis meses siguientes a la donación. En el caso de haber varias donaciones, el plazo se computará desde la fecha de la primera donación. La reducción no se aplicará a donaciones de dinero posteriores a la compra de la vivienda.
d) En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, el donatario deberá destinar el dinero donado al pago de la vivienda.
2. La base de la reducción, haya una o varias donaciones, no podrá exceder de 50.000 euros. En el caso de contribuyentes con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, este límite será de 100.000 euros.
3. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en las letras c) y d) del apartado 1, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación dentro del mes siguiente al transcurso del plazo indicado.»
TÍTULO II
Tributos propios: impuestos medioambientales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 8. Objeto.
Mediante la presente Ley se crean los siguientes impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón:
1.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
2.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
3.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
Artículo 9. Finalidad.
Los impuestos medioambientales tienen como finalidad gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta, como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el daño causado en el medio ambiente por determinados elementos, conductas y actividades contaminantes, que se realizan o desarrollan mediante la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y que provocan un grave deterioro en el medio natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 10. Naturaleza.
Los impuestos creados y regulados por esta Ley son tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal.
Artículo 11. Ámbito de aplicación.
Los impuestos medioambientales son exigibles en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 12. Afectación de la recaudación.
1. Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de los impuestos creados y regulados en esta Ley se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán establecer los criterios de afectación de los ingresos recaudados por estos impuestos.
Artículo 13. Conceptos generales.
A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de las concretas definiciones aplicables a cada impuesto, se entenderá con carácter general que:
1.º Efecto contaminante es el daño medioambiental directa y efectivamente causado por la realización y el desarrollo de determinadas actividades contaminantes a través de la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma.
2.º Actividades contaminantes son aquellas de finalidad o contenido económico, desarrolladas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que provocan una grave contaminación del medio ambiente y que se rigen materialmente por su legislación sectorial específica.
3.º Foco contaminante es el conjunto de elementos, instalaciones, construcciones, edificaciones, maquinaria u otros activos de cualquier naturaleza ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma que generan, emiten o producen un efecto contaminante en el medio ambiente.
4.º Unidades contaminantes son las unidades de determinación y medida del daño medioambiental, expresadas en diversos valores, parámetros, magnitudes o variables en función de la estimación por carga contaminante que provoca la explotación selectiva, abusiva, degradatoria o lesiva en el medio ambiente, y cuya referencia se utiliza como elemento cuantificador del impuesto.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable
Artículo 14. Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén afectos a los siguientes usos:
a) Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes.
b) Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.
Artículo 15. Definiciones.
1. A los efectos de esta Ley, se considerarán como transporte por cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas en servicio para transportar personas, mercancías o materiales.
En estas instalaciones, fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en vehículos, remolques por arrastres o remonta-pendientes, en su caso, suspendidos de cables o tirados por cables, los cuales están colocados a lo largo del recorrido efectuado.
2. En particular, se considerará que son transportes de personas por cable las instalaciones siguientes:
a) Los funiculares y otras instalaciones cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otros dispositivos de sustentación y mediante tracción de uno o más cables.
b) Los teleféricos cuyos vehículos son desplazados y/o movidos en suspensión por uno o más cables, incluyendo igualmente las telecabinas y los telesillas.
c) Los telesquís que, mediante un cable, tiran de los usuarios pertrechados de equipos adecuados.
3. Asimismo, se entenderá que:
a) Las telecabinas y los telesillas son transportes de personas por cable de tipo colectivo.
b) Los telesquís son transportes de personas por cable de tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona, se considerará incluido en las modalidades de la letra a) anterior a los solos efectos del impuesto.
c) Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el medio forestal.
Artículo 16. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de cable que se relacionan en el artículo 14.
En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la utilización de pistas de esquí alpino, el daño medioambiental se considerará agravado por el impacto negativo añadido por dicha finalidad.
2. Se entenderá producido el daño medioambiental aun cuando las instalaciones y elementos del transporte descrito se encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento.
Artículo 17. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades de explotación de las instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en el artículo 14.
Artículo 18. Base imponible.
Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
1.º El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas.
2.º El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.
Artículo 19. Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
1.º Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes:
a) Por cada transporte por cable colectivo instalado: 5.040 euros.
b) Por cada transporte por cable individual instalado: 4.560 euros.
c) Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros.
A la cuota obtenida conforme al punto 1.º anterior se le aplicará, en función de la longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí alpino a las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) Hasta 20 km/pista: 1.
b) De 20 a 40 km: 1,25.
c) Más de 40 km: 1,5.
2.º Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Por cada metro de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 euros.
2. En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años, la cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que hubiere correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o elementos de transporte.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera
Artículo 20. Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 21. Definiciones.
1. Con carácter general, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para la salud humana y el medio ambiente.
2. A los efectos de esta Ley, se considera foco emisor contaminante a cualquier unidad técnica fija donde sea objeto de explotación la actividad, mediante instalaciones de cualquier naturaleza, que causa la emisión, directa o indirectamente, de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Asimismo, el titular de la actividad contaminante será la persona física o jurídica que explote la instalación o que ostente, directamente o por delegación, un poder económico determinante respecto a aquélla.
Artículo 22. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por focos contaminantes ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias contaminantes:
a) Óxidos de azufre (SOx).
b) Óxidos de nitrógeno (NOx).
c) Dióxido de carbono (CO2).
Artículo 23. Supuestos de no sujeción.
No se encuentra sujeto al impuesto el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera producida por:
a) La combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible.
b) La realizada desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa.
Artículo 24. Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones en las que se desarrollan aquellas actividades causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera gravadas por el impuesto.
2. Será responsable solidario del pago del impuesto el propietario de la instalación causante de la emisión contaminante cuando no coincida con la persona que explota la misma.
Artículo 25. Base imponible.
1. Constituyen la base imponible del impuesto las cantidades emitidas a la atmósfera de cada una de las sustancias contaminantes por una misma instalación o foco emisor y durante el período impositivo correspondiente.
2. Las unidades contaminantes de medida del daño medioambiental se expresarán de la forma siguiente:
a) Las cantidades emitidas de óxidos de azufre (SOx) se expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de azufre (tm/año).
b) Las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno (NOx) se expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de nitrógeno (tm/año).
c) Las cantidades emitidas de dióxido de carbono (CO2) se expresarán en kilotoneladas/año.
Artículo 26. Base liquidable.
La base liquidable se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes que constituyen la base imponible las siguientes reducciones:
a) SOx: 150 toneladas/año.
b) NOx: 100 toneladas/año.
c) CO2: 100 kilotoneladas/año.
Artículo 27. Cuota tributaria.
La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes de la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
a) En los supuestos de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx): 50 euros/tm.
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/kilotonelada.
CAPÍTULO IV
Impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta
Artículo 28. Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 29. Definiciones.
1. Con carácter general, los conceptos y clasificaciones materiales propios de la ordenación comercial se regirán por lo dispuesto en la normativa autonómica dictada en materia de comercio.
2. No obstante, a los efectos de la presente Ley, se entenderá que un establecimiento comercial dispone de una gran área de venta cuando su superficie de venta al público sea superior a 500 m2.
Artículo 30. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes y se encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 31. Supuestos de no sujeción.
No están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales que reúnan alguna de las condiciones siguientes:
a) Que su actividad comercial tenga carácter mayorista y, en general, cuando se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos a disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, industriales o artesanos.
b) Que su actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre controlada por una Corporación Local o entidad concesionaria.
c) Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios, así como cualesquiera otras que suministren bienes y servicios a sus socios, o de economatos y otros establecimientos que suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la venta no vayan dirigidas al público en general.
Artículo 32. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los titulares de la actividad y el tráfico comercial que propicien el daño en el medio ambiente gravado por el impuesto.
Artículo 33. Exenciones.
Están exentos de la aplicación del impuesto los daños causados por los establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la venta exclusiva de los siguientes productos:
a) Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales.
b) Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales.
c) Viveros para jardinería y cultivos.
d) Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.
e) Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación.
f) Suministro de combustibles y carburantes de automoción.
Artículo 34. Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto la superficie total, referida a la fecha del devengo, de cada establecimiento comercial que disponga de una gran área de venta.
2. La superficie total se obtiene de sumar las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
a) La superficie de venta. A estos efectos, se considera superficie de venta real la superficie total de los lugares en los que se ofertan, venden o exponen las mercancías, o se realizan actividades comerciales con carácter habitual y permanente, o los destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras, incluyendo escaparates internos y espacios destinados al tránsito de personas y presentación o preparación de mercancías visibles. Asimismo, se incluirá también la zona de cajas y la zona entre éstas y la salida si en ellas se prestan servicios o sirven de escaparate.
b) La superficie destinada a otros usos. Se entenderá por tal la superficie destinada a servicios comunes o auxiliares como almacenes, talleres, obradores, espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios, instalaciones de evacuación de incendios y espacios comunes de paso, siempre que en ella no se produzca la venta o exposición de productos.
A estos efectos, se tomará la superficie real destinada a tales usos con el límite máximo que resulte de computar el 25 por 100 de la superficie de venta al público.
c) La superficie de aparcamiento. Se considera como tal la superficie, cualquiera que sea el título jurídico habilitante para su uso, destinada a aparcamiento de vehículos al servicio de los compradores o empleados del establecimiento o recinto comercial o destinados a los vehículos para la carga y descarga de mercancías, con independencia de su situación al aire libre o en zonas cubiertas, e incluyendo los espacios de circulación de vehículos y personas, zonas de control y otras vinculadas al servicio.
A estos efectos, la superficie de aparcamiento se obtendrá mediante la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales con aparcamiento propio o que dispongan de aparcamiento común con otros establecimientos y conste explícita y fehacientemente la superficie ocupada por las plazas de aparcamiento que les corresponden a cada uno, se tomará la superficie real de las mismas.
2.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales que dispongan de aparcamiento común y no conste explícitamente las plazas de aparcamiento que les corresponden a cada uno o las mismas no se encuentren separadas o individualizadas, se asignará a cada establecimiento la superficie de aparcamiento que resulte proporcional a la superficie de venta al público.
3.ª Asimismo, cuando se trate de establecimientos comerciales que no dispongan de aparcamiento para sus clientes en sus propias instalaciones, pero la dotación para el mismo se encuentre situada en edificios ajenos destinados exclusivamente a este uso o en estacionamientos públicos o privados, se aplicarán las reglas anteriores.
4.ª Cuando no conste explícitamente la superficie destinada a plazas de aparcamiento, pero sí el número de las mismas, se calculará a razón de 28 m_ por plaza.
En todo caso, para la determinación de la base imponible del impuesto se tomará la superficie real de aparcamiento obtenida por la aplicación de las reglas anteriores, con el límite máximo que resulte de computar el 25 por 100 de la superficie de venta al público.
Artículo 35. Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota íntegra del impuesto se obtendrá de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen:
hasta m2
Cuota resultantes
Resto B.I.
hasta m2
Tipo aplicable
euros/ m2
12,00 euros
15,00 euros
17,40 euros
129.000
en adelante
19,00 euros
2. A la cuota resultante obtenida conforme al apartado anterior se le aplicará, en función de la clase y tipología del suelo en el que esté ubicada la gran superficie comercial, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) En el suelo urbano: 1.
b) En suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente: 1,10.
c) En suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial, o en suelo no urbanizable genérico: 1,25.
d) En suelo no urbanizable especial: 1,5.
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes relativas a la obligación tributaria en los impuestos medioambientales
Artículo 36. Obligados tributarios.
1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 17, 24 y 32 de esta Ley.
2. Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, a los que pueda imputarse la condición del apartado anterior.
3. Los titulares de los permisos, autorizaciones, concesiones o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público o de sus recursos naturales y territoriales, serán sustitutos del contribuyente y vendrán obligados a cumplir, en su caso, las obligaciones tributarias derivadas de la presente Ley.
Artículo 37. Exención subjetiva de carácter general.
Están exentos de los impuestos medioambientales el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones Locales o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas se encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas.
Artículo 38. Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.
1. Con carácter general, la base imponible se determinará por el método de estimación directa mediante la declaración del sujeto pasivo o, en su caso, por los datos o documentos objeto de comprobación administrativa.
2. La declaración del sujeto pasivo deberá efectuarse conforme a las siguientes reglas generales:
1.ª Cuando las unidades contaminantes deban ser objeto de medición directa, porque así lo exija la normativa sectorial específica, o sus magnitudes consten en los correspondientes registros administrativos o inventarios sectoriales, la declaración se limitará a expresar el valor conocido así resultante.
2.ª Cuando el foco emisor disponga o incorpore, de forma voluntaria, sistemas de medición o registro de las correspondientes unidades contaminantes, previamente homologados por el órgano sectorial competente, el valor declarado será el que resulte de los mismos.
No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el sujeto pasivo podrá declarar los valores que se deriven de la utilización de otros medios o sistemas, siempre que acredite suficientemente su idoneidad técnica a los efectos de esta Ley.
Artículo 39. Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
1. En consideración a la dificultad de la estimación directa de la base imponible de cada concepto, reglamentariamente se desarrollará el método de estimación objetiva, que tendrá carácter voluntario para el sujeto pasivo.
2. A tales efectos, se establecerán los índices o módulos correspondientes a cada concepto impositivo. Entre otros, podrán utilizarse tanto el contenido potencial de efecto contaminante o daño medioambiental del combustible o materiales utilizados empleados como el derivado de los elementos resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación.
3. En la fijación de los índices o módulos se tendrán en consideración el carácter y la finalidad extrafiscal implícita en cada impuesto.
Artículo 40. Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la falta de presentación o la presentación incompleta o inexacta de alguna de las declaraciones o autoliquidaciones exigidas en la presente Ley no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible.
Se aplicará también este régimen cuando el sujeto pasivo ofrezca resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación administrativa o incumpla sustancialmente las obligaciones contables o las formales que se deriven de esta Ley o de la legislación sectorial específica.
2. Para la aplicación de este método podrán utilizarse cualesquiera de los medios contemplados en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Artículo 41. Comprobación de la base imponible.
1. La comprobación administrativa de la base imponible podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias, utilizando para ello cualesquiera de los medios recogidos en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
2. En particular, el valor de las unidades contaminantes cuantificadoras del daño medioambiental que corresponda podrá comprobarse por la Administración mediante dictamen pericial cuando el sujeto pasivo no disponga de sistemas de medición o registro homologados para tal fin.
Artículo 42. Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
1. La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción hasta el límite del 30 por 100 de su importe por la realización de inversiones en bienes del activo material situados en el ámbito de aplicación del impuesto destinadas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del impacto negativo y el efecto contaminante sobre el medio natural y territorial
2. La deducción será del 20 por 100 del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones efectivamente realizadas.
3. El resultado de restar la deducción por inversiones a la cuota íntegra será la cuota líquida.
Artículo 43. Requisitos para la aplicación de la deducción.
1. La aplicación de la deducción se encuentra sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Las inversiones realizadas deberán ser adicionales o complementarias a las que, en su caso, exija la legislación específica en el ámbito material que corresponda.
Asimismo, las medidas objeto de la inversión deberán ir dirigidas a la prevención, corrección o restauración del daño medioambiental causado, directa y efectivamente, por la concreta actividad contaminante que configura el hecho imponible de cada concepto impositivo.
2.º Las inversiones podrán estar incluidas en programas, convenios o acuerdos, o comprendidas en el marco de una colaboración general con la Administración competente en materia medioambiental o sectorial que corresponda, la cual deberá expedir, en cualquier caso, la certificación de convalidación de la inversión.
3.º No dará derecho a deducción la parte de las inversiones financiada con cargo a las subvenciones y ayudas públicas recibidas por el sujeto pasivo para la realización de las mismas.
4.º Las inversiones de reposición únicamente darán derecho a la deducción en la parte que contribuya, de manera efectiva, a incrementar la protección del medio ambiente.
2. Las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en que los bienes sean puestos en condiciones de funcionamiento.
3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos, condiciones y procedimiento de aplicación de esta deducción.
Artículo 44. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá, con carácter general, con el año natural.
2. Los impuestos medioambientales se devengarán el 31 de diciembre de cada año.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el período impositivo será inferior al año natural cuando el cumplimiento por el contribuyente de las condiciones establecidas para la sujeción al impuesto se produzca con fecha posterior al día 1 de enero. En tales supuestos, el período impositivo se iniciará en aquella fecha.
Asimismo, el período impositivo será inferior al año natural cuando se pierda la condición de contribuyente del impuesto en fecha distinta al 31 de diciembre. En tales supuestos, el período impositivo finalizará en aquella fecha.
Artículo 45. Regla de imputación temporal.
1. Cuando el período impositivo no coincida con el año natural, en los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo anterior, la cuota tributaria se obtendrá de prorratear el importe anual que hubiere resultado por el número de días del período impositivo que corresponda en cada caso.
Esta regla no será de aplicación cuando los valores o magnitudes de las unidades contaminantes objeto de gravamen sean objetivamente independientes del concreto período de tiempo en que se produzcan.
2. No obstante, en los supuestos de los puntos 1.º y 3.º del artículo 8, la modificación producida durante el período impositivo del número o longitud de las instalaciones de transportes mediante líneas o tendidos de cable, o de la superficie del establecimiento comercial, determinará el cálculo proporcional de la cuota tributaria, en función de la fecha en que se produzca la modificación efectiva de los citados elementos.
CAPÍTULO VI
Disposiciones comunes relativas a la gestión tributaria de los impuestos medioambientales
Artículo 46. Órganos de gestión.
La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los impuestos medioambientales corresponden a los órganos de la Administración tributaria del departamento competente en materia de Hacienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 47. Órganos de colaboración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los departamentos competentes en materia de Medio Ambiente, Industria, Comercio y Energía auxiliarán y colaborarán con los órganos de gestión, en el marco de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de las funciones de liquidación y comprobación del impuesto mediante las siguientes actuaciones:
a) La elaboración de un informe, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, para cada período impositivo y comprensivo de los datos, elementos y circunstancias necesarios para la gestión y liquidación del impuesto.
Asimismo, se elaborarán informes complementarios cuando se produzcan las modificaciones a que se refiere el artículo 50, con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
b) La realización de inspecciones, de oficio o a petición de los sujetos pasivos, para las actuaciones de comprobación e investigación que se consideren necesarias u oportunas a efectos de gestión del impuesto.
Artículo 48. Censo de contribuyentes.
1. A los solos efectos tributarios de lo dispuesto en esta Ley, se constituirá en la Administración tributaria competente un Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales, comprensivo de las actividades y focos emisores contaminantes explotados por las mismas que se encuentren ubicados en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las siguientes secciones:
Sección 1.ª De las instalaciones de transporte por cable.
Sección 2.ª De las instalaciones emisoras de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Sección 3.ª De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.
3. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 49. Formación del censo.
1. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales se formará a partir de los datos que los sujetos pasivos manifiesten obligatoriamente ante la Administración tributaria, en los términos establecidos en el artículo siguiente. Los datos y circunstancias que deberán constar en el mismo se determinarán reglamentariamente.
2. A los efectos de aplicación del régimen de estimación directa, los sujetos pasivos del impuesto declararán, sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación de la Administración, los valores y magnitudes resultantes, en su caso, de los sistemas de medición o registro correspondientes, y relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los órganos de la Administración tributaria podrán modificar de oficio los datos manifestados por los sujetos pasivos cuando, como resultado de una inspección o comprobación administrativa, se constate la existencia de errores o diferencias respecto a los que obren o consten por cualquier medio en poder de los mismos.
En tal caso, se concederá a los sujetos pasivos un trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días, al objeto de que puedan formular todas aquellas alegaciones que estimen convenientes o manifestar su disconformidad al resultado de las comprobaciones administrativas efectuadas.
Artículo 50. Declaración inicial y modificación de datos.
1. En el supuesto de inicio de una actividad contaminante que reúna los requisitos establecidos en la presente Ley, los sujetos pasivos del impuesto, en el plazo máximo de un mes, estarán obligados a presentar ante los órganos de la Administración tributaria una declaración inicial con todos los datos, elementos y circunstancias necesarios para la configuración del Censo, así como para la gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección del impuesto.
2. En todo caso, se harán constar los datos relativos a la titularidad, domicilio fiscal, actividad económica, ubicación de las instalaciones o elementos activos en general, longitud, extensión, superficies, volúmenes y cualesquiera otros valores o magnitudes relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen.
Reglamentariamente se establecerán los documentos y justificantes que acrediten fehacientemente la veracidad y exactitud de los datos declarados por los sujetos pasivos y que deberán acompañarse a la declaración inicial o, en su caso, complementaria de los mismos.
3. Cuando se produzcan modificaciones de los datos declarados inicialmente, el sujeto pasivo, en el plazo máximo de un mes, estará obligado a presentar ante los órganos de la Administración tributaria una declaración complementaria en la que se consigne expresamente el resultado de dichas alteraciones.
4. En el supuesto de cese de la actividad contaminante, el sujeto pasivo estará obligado a presentar la correspondiente declaración de cese, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 51. Autoliquidación por los sujetos pasivos.
1. Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación del impuesto correspondiente por cada instalación o foco emisor objeto de explotación ante la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, determinando la deuda tributaria correspondiente e ingresando su importe en el lugar, forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
La autoliquidación se cumplimentará en el modelo y en el soporte que se aprueben reglamentariamente.
2. Serán deducibles de la cuota líquida resultante de la autoliquidación practicada los pagos fraccionados satisfechos con anterioridad durante el período impositivo, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 53 de esta Ley.
Cuando la suma de los pagos fraccionados efectuados supere el importe de la cuota líquida resultante del impuesto, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso resultante.
Artículo 52. Liquidación provisional de oficio por la Administración.
1. Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de acuerdo con los datos, documentos y justificantes declarados o requeridos al efecto.
2. Asimismo, podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la concurrencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.
3. Se aplicarán a las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración los plazos de pago en período voluntario regulados en la legislación general tributaria.
Artículo 53. Pagos fraccionados a cuenta.
1. Con carácter general, los pagos fraccionados a cuenta de la liquidación del período impositivo correspondiente se efectuarán en el lugar, forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los impuestos sobre instalaciones de transporte por cable y sobre establecimientos comerciales con grandes áreas de venta, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota devengada que corresponda ingresar por la totalidad de los citados impuestos, considerando la situación de las instalaciones el primer día de cada período impositivo.
3. En el impuesto sobre emisiones contaminantes a la atmósfera, el importe máximo de los pagos fraccionados no podrá superar el 75 por 100 de la cuota devengada.
4. Si la correspondiente actividad contaminante objeto de gravamen se inicia durante el primer semestre del período impositivo, sólo se efectuarán el segundo y tercer pagos fraccionados. Si la actividad se inicia en el segundo semestre, no deberán realizarse pagos fraccionados, debiendo presentar los sujetos pasivos la autoliquidación resultante de la aplicación del impuesto a la totalidad del período impositivo.
5. Los pagos fraccionados tendrán la consideración, a todos los efectos, de deuda tributaria.
TÍTULO III
Tributos propios: tasas
CAPÍTULO I
Modificación de tasas
Artículo 54. Adiciones al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente; la Tasa 29, por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad; la Tasa 30, por inscripciones en el Registro de organismos modificados genéticamente; y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, creadas y reguladas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, quedan incorporadas al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con las siguientes equivalencias:
a) Los artículos 18 a 23 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 117 a 122 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPÍTULO XXVIII
28. Tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente.»
b) Los artículos 25 a 30 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 123 a 128 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPÍTULO XXIX
29. Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad.»
c) Los artículos 32 a 36 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 129 a 133 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPÍTULO XXX
30. Tasa por inscripciones en el registro de organismos modificados genéticamente.»
d) Los artículos 38 a 42 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 134 a 138 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPÍTULO XXXI
31. Tasa por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.»
Artículo 55. Modificaciones al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se modifica la Tasa 17, por servicios facultativos y administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, dándose nueva redacción al artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 73. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento en que se formule la solicitud de prestación de los servicios o la realización de actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios o la realización de las actuaciones administrativas. En el caso de las tarifas 17, 18, 19, 20 y 21. El pago de la tasa se efectuará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.»
2. Se modifica la tarifa 17 de la Tasa 17, en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactada de la forma siguiente:
«Tarifa 17. Por la autorización de los aprovechamientos maderables o leñosos de especies forestales en montes no gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
Volumen
de aprovechamiento
Hasta 20,0 m3
30 euros
Más de 20,0 m3
30 euros más 0,16 euros por m3 adicional
Cuando se proceda al señalamiento material del aprovechamiento por representante de la Administración se aplicará un incremento sobre la tasa del 100%.»
3. Se modifican las tarifas 20 y 21 de la Tasa 17, en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que quedan redactadas como sigue:
«Tarifa 20. Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para caravanas de más de cinco vehículos, la cuota será única por un importe de 100 euros.
Tarifa 21. Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para competiciones deportivas, la cuota será única por un importe de 150 euros.»
4. Se modifica el artículo 74bis del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado como sigue:
«Artículo 74 bis. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota adicional de la tarifa 17: las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas o leñas de diámetro normal siempre inferior a 20 cm con corteza; las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas en plantaciones de especies forestales del género Populus; las autorizaciones de los aprovechamientos forestales de maderas de cualquier tipo que se ejecuten en espacios de la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y las de los aprovechamientos forestales establecidos en Proyectos de Ordenación de Montes, Planes Dasocráticos o instrumentos de gestión equivalentes aprobados por la Administración Forestal. Estas exenciones no son acumulables en ningún caso.
Asimismo, están exentos del pago de cuota de la tarifa 17 los aprovechamientos de leñas de diámetro siempre inferior a 20 cm con corteza y volumen anual inferior a 10 m3 y los aprovechamientos sanitarios de carácter forzoso que se encuentren debidamente acreditados.
2. Están exentos del pago de las tarifas 18, 19, 20 y 21 los supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter público.»
5. Se suprime el apartado 2 de la tarifa 01 de la Tasa 21, por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios sociales, en el artículo 91 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, el vigente apartado 3 pasa a numerarse como nuevo apartado 2.
6. Se modifica el artículo 18 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, el cual, de conformidad con el artículo anterior, se incorpora como artículo 117 de la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente, del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 117. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan:
a) Declaración de impacto ambiental.
b) Autorización ambiental integrada, así como su modificación y renovación.
c) Autorización de productor de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
d) Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos, así como su modificación y traslado.
e) Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
f) Inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su modificación y traslado.
g) Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
h) Inscripción en el Registro de transportistas de residuos peligrosos, así como su modificación y ampliación.
i) Autorización de las actividades productoras de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
j) Autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
k) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
l) Certificación de convalidación de inversiones.
m) Diligenciado de libros-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
n) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero y sus modificaciones.
ñ) Inscripción en el Registro de productores de residuos industriales no peligrosos.
o) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas integrados de gestión.
p) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas individuales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.»
7. Se modifica el artículo 21 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, el cual, de conformidad con el artículo anterior, se incorpora como artículo 120 de la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente, del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la adición de las tarifas 10, 11, 12, 13 y 14, que quedan redactadas como sigue:
«Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, así como su modificación, 200 euros.
Tarifa 11. Por el diligenciado de libro-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera, se le aplica la siguiente escala de gravamen:
N.º libros-registro
Por un libro-registro
50 euros
Por cada libro-registro que exceda de uno
10 euros
Tarifa 12. Por la inscripción en el Registro de productores de residuos industriales no peligrosos, así como su modificación o ampliación, 120 euros.
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas integrados de gestión, así como su prórroga o modificación, 600 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas individuales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su prórroga o modificación, 460 euros.»
8. Se modifica la Tasa 30, por inscripciones en el Registro de organismos modificados genéticamente, dándose nueva redacción al artículo 129 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 129. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los servicios y actividades relacionados con la tramitación, evaluación, estudios, ensayos o similares, así como su registro, derivados de las comunicaciones o de las solicitudes de autorización para la ejecución de actuaciones en las que intervengan organismos modificados genéticamente. Y, en particular, para la ejecución de las actividades siguientes:
a) La primera utilización de instalaciones específicas que impliquen la utilización confinada de organismos modificados genéticamente cualquiera que sea el riesgo asignado a la actividad.
b) La utilización confinada de organismos modificados genéticamente en actividades de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo.
c) La liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines distintos a la comercialización.»
CAPÍTULO II
Creación de tasas
Artículo 56. Creación de la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y televisión de gestión indirecta privada.
Se crea la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y televisión de gestión indirecta privada, que se incorpora al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XXXII
32. Tasa por actuaciones administrativas relativa al servicio de Radiodifusión Sonora y Televisión de Gestión Indirecta Privada
Artículo 139. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, radiodifusión digital terrestre y de televisión digital terrestre, de gestión indirecta, a implantar o implantados dentro del ámbito territorial de Aragón, de las siguientes actividades:
1.ª Otorgamiento de la concesión para la explotación del servicio.
2.ª Renovación de las concesiones.
3.ª Autorización de transferencia de la titularidad de las concesiones de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de radiodifusión sonora digital terrestre.
4.ª Autorización de modificaciones en la titularidad de acciones, participaciones o títulos equivalentes de las empresas concesionarias de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión sonora digital terrestre y de televisión digital terrestre, su transmisión, disposición o gravamen.
5.ª Autorización de las ampliaciones de capital cuando la suscripción de las acciones o títulos equivalentes no se realice en idéntica proporción entre los propietarios del capital social.
6.ª Inscripciones que se deban practicar en el Registro de empresas de los diferentes servicios de radiodifusión sonora y de televisión que se lleven en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de las competencias que le corresponden, así como la expedición de certificaciones de dicho registro.
Artículo 140. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la práctica de las actividades administrativas que integran su hecho imponible.
Artículo 141. Devengo y gestión.
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios:
1. En la adjudicación de concesiones, cuando se notifique el acuerdo de adjudicación definitiva. No podrá formalizarse el correspondiente contrato sin la acreditación del pago de la tasa devengada.
2. En la renovación de concesiones, la transferencia de su titularidad y la modificación en la titularidad del capital o su ampliación, en el momento de la solicitud, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
3. En las inscripciones y certificados registrales, cuando se formalicen o se expidan. No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento de la solicitud, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Artículo 142. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Adjudicación y renovación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de radiodifusión sonora digital terrestre, así como de televisión digital terrestre, se fijará en función de la población de su zona de servicio y será el resultado de multiplicar el 10% de la garantía definitiva máxima de cada servicio por los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de la siguiente forma:
1. “Emisoras de FMˮ, por servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36 euros) = 1.803,04 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 1.803,04 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 450,76 euros.
— Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 180,30 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 90,15 euros.
2. “Emisoras radiodifusión sonora digital terrestreˮ, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36 euros) = 1803,04 euros, por 1,4 = 2.524,25 euros y por los siguientes factores correctores poblacionales:
2.1 “Emisoras Localesˮ, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.524,25 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 631,06 euros.
— Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 252,43 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 126,21 euros.
2.2 “Emisoras regionalesˮ, por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
— Por 1,5, en todos los casos: 3.786,38 euros.
3. “Emisoras TV digital terrestreˮ, por servicios de televisión digital terrestre.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (30.050,61 euros) = 3.005,06 euros, por 1,4 = 4.207,08 euros y por los siguientes factores correctores poblacionales:
3.1 “Emisoras localesˮ, por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura local.
— Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 4.207,08 euros.
— Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.051,77 euros.
— Por 0,1, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 420,71 euros.
— Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 210,35 euros.
3.2 “Emisoras regionalesˮ, por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
— Por 1.5 en todos los casos: 6.310,63 euros.
Tarifa 02. Por transferencia de la titularidad de los servicios de radiodifusión sonora, el 2,5% del importe total de la transferencia.
Tarifa 03. Modificaciones en la titularidad del capital o ampliación de éste. Por cada autorización: 112,15 euros.
Tarifa 04. Inscripciones registrales y certificaciones registrales. Por cada inscripción o certificación registral: 55,23 euros.
Artículo 143. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa en los supuestos que grava la adjudicación y renovación de la concesión y la inscripción registral, las emisoras municipales y las emisoras de televisión digital terrestre locales gestionadas por los ayuntamientos.»
Artículo 57. Creación de la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se crea la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se incorpora al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XXXIII
33. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 144. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos en vías pecuarias o montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de autorizaciones o concesiones administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de vías pecuarias y montes.
Artículo 145. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que sean titulares de autorizaciones o concesiones y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 146. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una exención total del importe de la tarifa correspondiente las ocupaciones relativas a instalaciones destinadas al uso o servicio público titularidad de las Administraciones Públicas.
2. Tendrán una bonificación del 50% del importe de la tarifa correspondiente aquellas ocupaciones relativas a instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social.
Artículo 147. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento del otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la autorización o concesión, el devengo se producirá el 1 de enero de cada año.
2. No obstante, tanto en las ocupaciones de vías pecuarias como de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando la tasa anual sea inferior a 50 euros, el sujeto pasivo podrá optar por satisfacer la tasa mínima anual de 50 euros, independientemente de la naturaleza de la ocupación y de la superficie ocupada, o podrá satisfacer una única tasa, no inferior a 50 euros, calculada como valor actual de las rentas futuras con un interés de actualización del 4%.
En el caso de pago único, de acordarse la caducidad de la autorización o concesión de la ocupación antes del plazo prefijado por causas no imputables a la Administración, no podrá exigirse la devolución parcial de la tasa abonada.
3. En ocupaciones provisionales, el devengo de la tasa será anual con un mínimo de 50 euros.
Artículo 148. Base imponible.
La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios de valoración:
1.º El valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta el ámbito de protección del espacio en que se ubique, los valores de los terrenos colindantes y el beneficio esperado por el sujeto pasivo en comparación con los precios de mercado en ocupaciones de naturaleza similar. Para su cuantificación se aplicarán las tarifas que se describen en el artículo siguiente.
2.º Además, se computarán los daños sobre los distintos valores ambientales y sobre los aprovechamientos de la vía pecuaria o del monte, así como los usos compatibles y complementarios con los mismos y otros aprovechamientos que pudiera tener la superficie ocupada y que pudieran verse afectados por la ocupación. En todo caso, se realizará una valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones en las que se vean afectadas zonas arboladas al eliminar una vegetación forestal que requiera un largo período de reposición.
3.º La cuantía de la contraprestación por los daños medioambientales que se produzcan independientemente de la duración total de la ocupación, cuando haya una pérdida de producción que tenga un plazo de reposición superior al de un año, se abonará de una sola vez al inicio de la ocupación.
4.º Los daños por minoración de rentas identificables se añadirán a la tasa anual establecida.
Artículo 149. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar naturaleza, con servidumbre por sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de ocupación de apoyos, postes o torres y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo máximo del tendido en situación horizontal.
La anchura mínima será la razonable para el mantenimiento de la propia línea, nunca inferior a tres metros.
Cuando el tendido atraviesa de forma perpendicular a la vía pecuaria, la longitud mínima será la anchura de deslinde o, en su defecto, la de clasificación de la vía pecuaria.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y otros elementos accesorios de los tendidos eléctricos se entenderán incluidos siempre y cuando la base o su proyección quede incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En otro caso, se computará la superficie adicional con la misma tarifa.
Tarifa 01. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 02. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de servidumbre del aerogenerador y parte proporcional de ocupación. Las líneas de evacuación necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así como las subestaciones de transformación y las vías de acceso que tengan un uso privativo.
La superficie de ocupación y servidumbre es la que ocupa la proyección de las aspas en todo su recorrido.
Tarifa 03. Ocupación de vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 04. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre con todos sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de suministro o acometidas, que se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 05. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 900,00 euros. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 06. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 650,00 euros. Tarifa mínima: 50 euros.
En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a rentas reconocibles, se valorarán además los daños y perjuicios directos, que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre con su recinto. La acometida necesaria se valorará aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 07. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 4.000,00 euros/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 08. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.400,00 euros/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como un valor mínimo en unidades de ocupación de torre con su recinto. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
La superficie de ocupación y servidumbre comprenderá la envolvente del recinto vallado, si lo hay, o la ocupación física de las zapatas de sustentación o envolvente de los “vientosˮ, en su caso.
Tarifa 09. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 3.000,00 euros/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 10. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.000,00 euros/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección superficial de la conducción, incrementada en la anchura derivada de la servidumbre necesaria para la ejecución y mantenimiento de la instalación, de 0,50 a 1,00 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea, que nunca será inferior a 0,60 metros.
La longitud mínima, en caso de que atraviese de forma perpendicular una vía pecuaria, será la anchura de deslinde o de clasificación de la vía pecuaria.
Tarifa 11. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 12. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
5. Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
Tarifa 13. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 50,00 euros/m2 de cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 14. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 euros/m2 de cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
6. Instalación de puertas (que no impidan el tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de cierre.
Tarifa 15. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 40,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 16. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
7. Balsas de regulación y de abastecimiento de agua.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
Tarifa 17. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 18. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera del recinto ocupado, se valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas, o tuberías según los casos.
Tarifa 19. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 5,00 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 20. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2,50 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
9. Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas. No incluye el vallado.
Tarifa 21. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,10 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 22. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,05 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. No incluye el vallado.
La superficie de la ocupación y servidumbre será la proyección de toda el área afectada por las obras, incluyendo los taludes de desmonte y terraplén y las zonas de préstamo y vertido, si lo hubiere.
Tarifa 23. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,30 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 24. Ocupación en el resto de las vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
11. Usos recreativos privativos: campings y otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre es la envolvente del recinto vallado. Se incluyen las edificaciones e infraestructuras autorizadas en el interior del recinto siempre que no supongan porcentajes superiores al 5% del total.
Tarifa 25. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,12 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 26. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,06 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre será el área directamente afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras autorizadas en el interior del recinto, pero se valorarán las edificaciones y los recintos cercados aparte.
Tarifa 27. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,07 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 28 Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,03 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o superficie de labor. No incluye vallados o cerramientos.
Tarifa 29. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y, eventualmente, en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,30 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 30. Ocupación en el resto de vías pecuarias y, eventualmente, en el resto de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
Tarifa 31. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,22 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 32. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,11 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Artículo 150. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por ocupación de vías pecuarias y de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón se afectará a la conservación, mejora, clasificación, deslinde, apeo y amojonamiento de las vías pecuarias o de los montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el caso.»
TÍTULO IV
Tributos propios: canon de saneamiento
Artículo 58. Modificaciones a la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
1. Se modifica el artículo 30 de Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30. Financiación de las obras de saneamiento y depuración.
1. La explotación y, en su caso, la construcción de las obras de saneamiento y depuración de competencia de la Comunidad Autónoma se financiarán con cargo a la recaudación del canon de saneamiento, sin perjuicio de la existencia de otras fuentes de financiación complementaria.
2. El Instituto Aragonés del Agua comprobará en el trámite de emisión del informe a que hace referencia el artículo 22 de esta Ley que en los planes urbanísticos referidos quede asegurada la asunción por parte de los correspondientes propietarios de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y refuerzo, en su caso, de las instalaciones existentes y de la conexión a las redes generales, así como, en general, a cuantas consecuencias de orden urbanístico puedan derivarse de la planificación autonómica sobre saneamiento y depuración de aguas residuales. Del contenido del informe emitido por el Instituto se dará traslado al órgano autonómico urbanístico competente.
3. En ningún caso suscribirá el Instituto Aragonés del Agua un convenio con entidades locales o propietarios de superficies en las que vayan a tener lugar nuevos desarrollos urbanísticos, en los que no quede asegurada la asunción por los propietarios de suelo de los costes a que se refiere el apartado anterior. Los costes a asumir por los propietarios se deducirán del contenido de los proyectos técnicos correspondientes teniendo en cuenta, en todo caso, los costes de depuración por habitante-equivalente que se contemplen en el vigente Plan de Saneamiento y Depuración. El convenio contemplará la forma en que dichas cantidades deban ser transferidas por el ayuntamiento o por los propietarios al Instituto Aragonés del Agua.
4. No será posible el otorgamiento de licencias urbanísticas o autorizaciones ambientales, incluyendo la autorización ambiental integrada, si no ha sido asegurado por un medio válido en Derecho el cumplimiento por los propietarios correspondientes de las obligaciones referidas en el apartado segundo de este artículo. La licencia u autorización otorgada en estas circunstancias se considerará ilegal y contra la misma procederá la utilización de los recursos y otras actuaciones previstas por el ordenamiento jurídico para su anulación.
5. Lo regulado en este artículo no se opondrá a la existencia de un régimen específico de financiación de la construcción o ampliación de instalaciones de depuración o saneamiento o de conexión con las redes generales derivado de la declaración de estas obras como de interés general del Estado, conforme a lo que indica el artículo 26 de esta Ley, o de otras fórmulas de financiación semejantes y de contenido total o parcial en relación a los costes previstos.»
2. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 51, de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactada en los siguientes términos:
«d) Los usos de agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población cuyas aguas residuales no sean tratadas en una depuradora ni se haya licitado el contrato para la construcción de la instalación.»
3. Se modifica el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. En el caso de que corresponda a un suministrador oficial facturar y percibir el canon, éste será exigible al mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro.»
4. Se introduce un nuevo apartado, con el cardinal 3, en el artículo 55, con la siguiente redacción:
«3. En los usos domésticos cuyas aguas residuales sean conducidas a una instalación de tratamiento de titularidad privada en funcionamiento, el tipo aplicable estará afectado de los siguientes coeficientes:
a) Coeficiente 0,25, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración, cuando los rendimientos de depuración obtenidos en eliminación de materias en suspensión (MES) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) superen el 70% o el vertido presente concentraciones inferiores a 35 mg/l de MES y 25 mg/l de DBO5.
b) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración, cuando los rendimientos de depuración sean inferiores a los fijados en el apartado anterior o el vertido presente concentraciones que excedan de las fijadas en dicho apartado.
c) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración.»
5. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 55, con la siguiente redacción:
«4. La aplicación de los anteriores coeficientes se acordará por el Instituto Aragonés del Agua a solicitud del titular de la red de alcantarillado que sirva las aguas residuales a la depuradora o del propio sujeto pasivo, si éste carece de conexión a red de alcantarillado.
Los coeficientes fijados inicialmente podrán ser revisados por el Instituto Aragonés del Agua de oficio o a instancia de los sujetos legitimados para solicitar su aplicación.»
6. Se modifica el apartado 2 del artículo 59 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. El propio Instituto Aragonés del Agua será quien facture y perciba el canon directamente de los usuarios cuando no exista un suministrador oficial o así se establezca reglamentariamente.»
7. Se modifica el artículo 60 de Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 60. Régimen sancionador.
1. El régimen sancionador aplicable al canon de saneamiento es el establecido en la Ley General Tributaria y en el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
2. Se califica como infracción tributaria el hecho de que las entidades suministradoras no exijan el abono del canon al mismo tiempo y en el mismo soporte que las cuotas correspondientes al suministro de agua. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave.
La base de la sanción será la cuantía que hubiera resultado de haberse procedido a la adecuada liquidación del canon. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará conforme a los incrementos porcentuales previstos en el artículo 187 de la Ley General Tributaria.
3. Se califica como infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la declaración del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua. Esta infracción se califica, en todo caso, como leve y se sancionará conforme a lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 198 de la Ley General Tributaria.
4. Se califica como infracción tributaria la presentación de la declaración del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua de forma incompleta, inexacta o con datos falsos. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave y se sancionará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 199 de la Ley General Tributaria.
5. En defecto de norma expresa de organización aplicable a los órganos con competencia sancionadora, será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que tenga atribuida la competencia para su resolución:
a) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, será competente para resolver el órgano que lo sea para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que haya propuesto el inicio del procedimiento sancionador.
b) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de inspección tributaria, será competente para resolver el órgano de la Dirección General de Tributos que tenga atribuida la función inspectora por sus normas de organización.
A estos efectos, el órgano gestor del canon deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Tributos aquellos hechos, datos o documentos de los que puedan derivarse actuaciones inspectoras.»
8. Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. El personal del Instituto Aragonés del Agua que ejerza las funciones de inspección en materia de aguas estará facultado para:
a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en los mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o su representante, a menos que se considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que se considere necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al inspeccionado o su representante.
El Instituto Aragonés del Agua podrá recabar, cuando lo considere preciso para el adecuado ejercicio de sus funciones inspectoras, la cooperación de otras Administraciones, así como solicitar la colaboración de otras inspecciones técnicas de la Diputación General de Aragón, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.»
9. Se modifica el artículo 70 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 70. Infracciones.
1. Constituyen infracciones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales las acciones y omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.
2. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea inferior a 3.005,06 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya mediado requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las condiciones establecidas en aquella.
c) La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón al amparo del artículo 67 de la presente Ley, siempre que no constituyan infracción grave.
d) La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas reglamentariamente para la realización de controles, o su mantenimiento en condiciones no operativas.
3. Son infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea igual o superior a 3.005,06 euros e inferior a 18.030,36 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo requerimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.
c) La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón al amparo del artículo 67 de la presente Ley, siempre que, al menos en dos parámetros simultáneamente, se dupliquen los valores máximos establecidos.
d) La obstrucción a la labor inspectora de la Administración en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida, así como el incumplimiento de los deberes de información periódica que puedan haberse establecido en la autorización de vertido.
e) El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de vertidos accidentales.
f) El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños ocasionados en las instalaciones o funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento por la Administración.
g) La ejecución sin autorización de obras en los colectores de las instalaciones de saneamiento y depuración de titularidad de la Comunidad Autónoma o la construcción de más acometidas de las autorizadas.
h) La comisión de una misma infracción leve en tres ocasiones dentro de un período de dos años.
4. Son infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea igual o superior a 18.030,36 euros.
b) La comisión de una misma infracción grave en tres ocasiones dentro de un período de dos años.»
10. Se introduce una nueva Disposición Adicional Décima en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, con el siguiente contenido:
«Décima. Actualización de cuantías de infracciones y sanciones.
El Gobierno de Aragón, mediante decreto, podrá actualizar los límites económicos indicativos de la calificación de las infracciones que se establecen en el artículo 70 y la cuantía de las multas previstas en el artículo 71, ambos de la presente Ley.»
11. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. Los usos de agua que viertan las residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población que hayan de servir sus aguas residuales a una depuradora, asimismo de titularidad pública, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota tributaria hasta el momento en que la depuradora inicie su funcionamiento.»
Disposición transitoria primera. Consideración de transporte por cable en desuso.
El plazo de tres años a que se refiere el artículo 19.2 para los transportes por cable en situación de desuso, a los efectos de aplicación del impuesto sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, se computará a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria segunda. Primera declaración censal en los impuestos medioambientales.
La primera declaración censal que deben realizar los sujetos pasivos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, desarrollen una actividad contaminante objeto de gravamen se efectuará conforme al procedimiento y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Disposición transitoria tercera. Normas especiales para el primer período impositivo en los impuestos medioambientales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, en los impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable y por los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta, el primer pago fraccionado del período impositivo correspondiente al primer año de vigencia de esta Ley se efectuará durante los primeros veinte días naturales del mes de julio y el segundo pago fraccionado se realizará durante los primeros veinte días naturales del mes de octubre.
2. El primer pago fraccionado se efectuará por la mitad de la cuota tributaria que corresponda ingresar por la totalidad del mismo, considerando la situación de las instalaciones a 1 de enero de 2006.
El segundo pago fraccionado del período impositivo será del 25 por 100 de la cuota a que se refiere el apartado anterior.
3. En el ejercicio 2006, a la cuota tributaria del impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable se le aplicará una reducción del 50 por 100.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Quedan derogados los artículos 17 a 42 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley en cuanto se opongan a lo dispuesto en la misma.
Disposición final primera. Cláusula de supletoriedad.
En lo no previsto por la presente Ley y los reglamentos que la desarrollen, será de aplicación supletoria la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Disposición final segunda. Remisión a la ley de presupuestos.
Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán modificar los elementos cuantificadores de los impuestos medioambientales. En particular, podrán modificar las unidades de medida, los tipos y los coeficientes establecidos para la determinación de la cuota tributaria y actualizar, en su caso, las escalas de gravamen.
Disposición final tercera. Adaptación de los registros e inventarios sectoriales.
Los registros administrativos e inventarios sectoriales en materia de Medio Ambiente, Industria, Comercio, Energía y Transportes adaptarán su organización y régimen de funcionamiento, mediante orden del departamento competente, para garantizar el cumplimiento de los deberes de auxilio y colaboración con los órganos de gestión de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, así como el de coordinación con el Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales que se establecen en la presente Ley, en el plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor.
Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
2. Se faculta al titular del departamento competente en materia de Hacienda para que apruebe los modelos oficiales de declaración censal de datos y de liquidación de los impuestos medioambientales que se establecen en la presente Ley y dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para su efectiva aplicación.
Asimismo, el Consejero competente en materia de Hacienda fijará, mediante orden, la remuneración máxima a percibir por los peritos terceros que intervengan en procedimientos de tasación pericial contradictoria.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2006.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
ANEXO I
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos
(Versión vigente actualizada con valor informativo)
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 000-1. Régimen jurídico aplicable a los tributos cedidos.
Artículo 000-2. Tributos cedidos con facultades normativas.
Título I. Disposiciones especificas aplicables a los tributos cedidos.
Capítulo I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
Artículo 110-4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
Artículo 110-5. Deducción por donaciones con finalidad ecológica.
Capítulo II. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Sección 1.ª Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de viviendas habituales por familias numerosas.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes muebles.
Sección 2.ª Concepto «Actos Jurídicos Documentados».
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los Documentos Notariales.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales para determinados bienes muebles.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles
Capítulo III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Sección 1.ª Concepto «Sucesiones».
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa por hijos del causante menores de edad.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa por personas con minusvalía.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa de determinados bienes.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos
Sección 2.ª Concepto «Donaciones».
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades.
Artículo 132-2. Reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios.
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Articulo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los adquirentes de bienes o derechos.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
Capítulo IV. Tributos sobre el Juego.
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
Capítulo V. Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
Título II. Disposiciones comunes aplicables a los tributos cedidos.
Capítulo I. Normas procedimentales.
Sección 1.ª Tasación Pericial Contradictoria.
Artículo 211-1. Concepto.
Artículo 211-2. Procedimiento.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
Sección 2.ª Aplicación de Beneficios Fiscales.
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Capítulo II. Obligaciones formales.
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
Disposición final única. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 000-1. Régimen jurídico aplicable a los tributos cedidos.
Los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en los Convenios y Tratados internacionales, la Ley General Tributaria y sus disposiciones reglamentarias, la Ley propia de cada tributo y sus reglamentos generales, las demás disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, dictadas por el Estado, así como por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco establecido por las Leyes que regulan la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.
Artículo 000-2. Tributos cedidos con facultades normativas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuidas facultades normativas, con el alcance y condiciones establecidos en las Leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común, sobre los siguientes tributos cedidos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
e) Tributos sobre el Juego.
f) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
g) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
2 El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos se efectuará, en cada caso, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en las Leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.»
TÍTULO I
Disposiciones especificas aplicables a los tributos cedidos
CAPÍTULO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos.
El nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos otorgará el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los siguientes términos:
a) La deducción será de 500 euros por cada nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos, aplicándose únicamente en el período impositivo en que dicho nacimiento o adopción se produzca.
b) No obstante, esta deducción será de 600 euros cuando la suma de la parte general y de la parte especial de la base imponible de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no exceda de 32.500 euros.
c) La deducción corresponderá al contribuyente con quien convivan los hijos a la fecha de devengo del impuesto.
Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de discapacidad.
El nacimiento o adopción del segundo hijo, cuando éste presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, otorgará el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los mismos términos que los establecidos en el artículo anterior.
El grado de minusvalía que da derecho a la presente deducción deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto y reconocido mediante resolución expedida por el órgano competente en materia de servicios sociales.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por adopción internacional de niños.
1. En el supuesto de adopción internacional, formalizada en los términos regulados en la legislación vigente y de acuerdo con los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España, los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo.
Se entenderá que la adopción tiene lugar en el período impositivo correspondiente al momento en que se dicte resolución judicial constituyendo la adopción.
2. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos a que se refieren los artículos 110-1 y 110-2.
3. Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
El cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente, al menos durante la mitad del periodo impositivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) A los efectos de esta deducción se considerará persona dependiente al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.
b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
c) La suma de la parte general y la parte especial de la base imponible de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no podrá exceder de 35.000 euros.
d) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribuyentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.
Artículo 110-5. Deducción por donaciones con finalidad ecológica.
Las donaciones dinerarias puras y simples otorgarán el derecho a una deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto del 15 por 100 de su importe, hasta el límite del 10 por 100 de dicha cuota, cuando aquéllas sean efectuadas durante el periodo impositivo a favor de cualquiera de las siguientes entidades:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y entidades públicas dependientes de la misma cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio ambiente.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sección 1.ª Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
El tipo impositivo aplicable en la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, será el 7 por 100.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y negocios administrativos fiscalmente equiparados a aquellas, como constitución de derechos, será el 7 por 100, siempre que dichos actos lleven aparejada una concesión demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo 334 del Código Civil.
2. La ulterior transmisión onerosa por acto inter vivos de las concesiones y actos asimilados del apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo del 7 por 100.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 2 por 100 a las transmisiones de inmuebles que cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que sea aplicable alguna de las exenciones a que se refieren los números 20.º, 21.º y 22.º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Que el adquirente sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por tales adquisiciones, en el sentido en que se define tal derecho por el segundo párrafo del artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
c) Que no se haya producido la renuncia a la exención por el Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en el artículo 20, apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo impositivo reducido del 2 por 100 a la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean de aplicación las «Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector Inmobiliario», siempre que, simultáneamente, se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la citada transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta de una vivienda de nueva construcción, adquirida en el mismo acto por el transmitente.
b) Que el sujeto pasivo incorpore el inmueble adquirido a su activo circulante.
2. La aplicación de este tipo impositivo reducido será provisional hasta que el sujeto pasivo justifique la transmisión posterior del inmueble mediante documento público, dentro del plazo de los dos años siguientes a su adquisición.
3. En el caso de que el inmueble no se transmitiera dentro del citado plazo, el sujeto pasivo habrá de presentar una autoliquidación complementaria con aplicación del tipo general, más los correspondientes intereses de demora, contados desde la fecha final del vencimiento del período voluntario de presentación de la primera autoliquidación.
4. El plazo de presentación de la autoliquidación complementaria será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha final del periodo de dos años antes señalado.
5. Reglamentariamente se establecerán los medios de justificación de los requisitos y condiciones a que se sujeta la aplicación de este tipo reducido.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 en las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aún cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) de dicho apartado, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo 69, 1, apartado 3.º, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para determinados bienes muebles.
1. En la adquisición de automóviles turismo, todoterrenos, motocicletas y demás vehículos que, por sus características, estén sujetos al impuesto, la cuota tributaria será la siguiente:
a) Con más de 10 años de uso y cilindrada igual o inferior a 1.000 centímetros cúbicos: cuota de cero euros.
b) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.000 centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros cúbicos: cuota fija de 20 euros.
c) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos: cuota fija de 30 euros.
2. Al resto de vehículos sujetos al impuesto les será de aplicación el tipo de gravamen establecido para los bienes muebles en el segundo párrafo del artículo 11.1. a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Sección 2.ª Concepto «Actos Jurídicos Documentados»
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los Documentos Notariales.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general del 1 por 100 en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como «Documentos Notariales».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas operaciones puedan existir en el ordenamiento aragonés.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo del 1,5 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «Actos Jurídicos Documentados» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 0,3 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aún cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) de dicho apartado, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido por el artículo 69, 1, apartado 3.º, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras, las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras Administraciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales para determinados bienes muebles.
1. En los supuestos de adquisiciones de vehículos a las que sea de aplicación la cuota impositiva de cero euros, los contribuyentes no tendrán obligación de formalizar y presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 121-6, los contribuyentes, una vez formalizada la autoliquidación, no tendrán obligación de presentarla en las correspondientes Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda ni en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad Autónoma de Aragón. En estos casos, bastará con obtener la validación mecánica del pago de la cuota correspondiente por la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda del Departamento competente en materia de Hacienda o por cualquiera de las Entidades Colaboradoras, al objeto de tramitar posteriormente el cambio de titularidad del permiso de circulación del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las bases imponibles.
Para acreditar el importe acumulado de las bases imponibles a que se refieren los artículos 121-5 y 122-3, y hasta que el marco de colaboración previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, permita disponer a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón de dicha información, el sujeto pasivo deberá aportar las correspondientes declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las notificaciones administrativas de los cálculos relativos a la devolución en el caso de contribuyentes no obligados a declarar o, finalmente, la certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 34.l.g) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Sección 1.ª Concepto «Sucesiones»
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición «mortis causa» por hijos del causante menores de edad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a los hijos del causante menores de edad. El importe de esta reducción no podrá exceder de 3.000.000 euros.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición «mortis causa» por personas con minusvalía.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias que correspondan a los minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, conforme al baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición «mortis causa» de determinados bienes.
1. Las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se aplicarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades por el cónyuge o descendientes de la persona fallecida se aplicará una reducción del 95 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser aplicada por ascendientes y colaterales hasta el tercer grado.
3. Para la aplicación de la reducción se seguirán las siguientes reglas:
a) En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber estado exentos, conforme al apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores al fallecimiento.
La reducción estará condicionada a que se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo, la afectación de los bienes y derechos recibidos a una actividad económica de cualquiera de los causahabientes beneficiados. No se perderá el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos se aportan a una sociedad y las participaciones recibidas a cambio cumplen los requisitos de la exención del mencionado artículo durante el plazo antes señalado.
b) En el caso de las participaciones en entidades deberán cumplirse los requisitos de la citada exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento; no obstante, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c) del punto 2 del citado artículo se computará conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta cuarto grado del fallecido, siempre que se trate de entidades cuya actividad económica, dirección y control radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La adquisición deberá mantenerse durante el plazo de diez años conforme a los requisitos previstos en la normativa estatal. En el caso de que como consecuencia de una operación societaria de fusión, escisión, canje de valores, aportación no dineraria o similares, no se mantuvieran las participaciones recibidas, no se perderá el derecho a la reducción excepto si la actividad económica, su dirección y control, dejaran de estar radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
1. Los beneficios fiscales relativos a adquisiciones sucesorias, estén previstos en la normativa general o en el ordenamiento jurídico aragonés, se aplicarán en la liquidación provisional que, conforme al artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se practique por la fiducia sucesoria regulada en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, sin perjuicio de que la delación de la herencia se produzca en el momento de ejecución de la fiducia o de su extinción, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 133 de la citada Ley.
2. En concreto, lo dispuesto en el apartado anterior procederá en los siguientes casos:
a) La reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
b) La reducción por la adquisición de la empresa individual o del negocio profesional procederá cuando, al menos, uno de los sujetos pasivos continúe la actividad que realizaba el causante.
En tal caso, la reducción beneficiará a todos los sujetos pasivos que tuvieran el parentesco exigido por la norma.
c) La reducción por la adquisición de determinadas participaciones en entidades se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
3. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente, según lo dispuesto en los apartados anteriores, quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, y conforme al principio de igualdad en la partición del artículo 56 del Reglamento del impuesto, dicho bien se atribuya a quien tenga derecho a la reducción.
4. La reducción prevista en el artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria, conforme a las siguientes condiciones:
a) Se entenderá cumplido el requisito de adquisición de los bienes por parte del titular de una explotación agraria prioritaria o por quien alcance esa consideración cuando, siendo sujeto pasivo por la liquidación provisional del artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la empresa agraria del causante quede afecta a la que ya se tenía, sin perder ésta la condición de prioritaria, o sea explotada por uno o varios de los sujetos pasivos que alcancen tal condición, sin que se requiera en ninguno de los dos casos la adquisición dominical de tal empresa.
b) La empresa así recibida deberá mantenerse durante el plazo de cinco años. Si en ese plazo los bienes integrantes de la empresa se enajenaran, cedieran o arrendaran, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar, como consecuencia de la reducción practicada, y los intereses de demora en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación, cesión o arriendo.
5. La reducción prevista en el artículo 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria conforme a las condiciones previstas en el apartado anterior.
6. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente según lo dispuesto en los dos apartados anteriores quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, dicho bien se atribuya a quien se aplicó provisionalmente la reducción.
Si el bien en cuestión se atribuyera a otro sujeto pasivo con derecho al beneficio fiscal, la liquidación correspondiente a tal ejecución fiduciaria incluirá la reducción.
Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos.
Sin perjuicio e las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón, el cónyuge y los hijos del fallecido podrán aplicarse una reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros de vida, conforme al siguiente régimen:
a) La reducción sólo será aplicable cuando el importe total del resto de reducciones de la base imponible sea inferior a 125.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida.
b) El importe de esta reducción, sumado al de las restantes reducciones aplicables por el contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no podrá exceder de 125.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite.
c) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 300.000 euros.
d) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en el artículo 40 de la ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Sección 2.ª Concepto «Donaciones»
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las reducciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la transmisión inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades, y de aquellas otras que estén reguladas en leyes especiales, para el cálculo de la base liquidable del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones resultará de aplicación la siguiente reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, regulada en el apartado siguiente.
2. En los casos en que en la base imponible de una adquisición inter vivos estuviese incluido el valor de una empresa individual o de un negocio profesional o de participaciones en entidades, para obtener la base liquidable se practicará una reducción del 95 por 100 sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor de los citados bienes o derechos, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, tratándose de una empresa individual o de un negocio profesional, a los citados bienes les haya sido de aplicación la exención regulada en el punto uno del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores a la donación.
b) Que, tratándose de participaciones en entidades, a los citados bienes les sea de aplicación la exención regulada en el punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en el momento de la donación.
c) Que, cuando se trate de participaciones en entidades, éstas tengan la consideración de empresas de reducida dimensión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
d) Que la actividad económica, dirección y control de la empresa individual, negocio profesional o entidad a la que correspondan las participaciones transmitidas radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la donación y en los diez años posteriores.
e) Que el donante tuviera sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.
f) Que si el donante viniese ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.
g) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados del donante.
h) Que el adquirente mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de dicho plazo.
3. La reducción contemplada en el apartado anterior será incompatible, para los mismos bienes o derechos adquiridos, con la aplicación de la reducción establecida en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
4. Tratándose los bienes transmitidos de participaciones en entidades, a los efectos de aplicar los requisitos establecidos en las letras b) y h) del apartado 2, para las transmisiones inter vivos, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c) del punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se computará, a los solos efectos de aplicar estas reducciones, conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado del donante o donatario, según proceda.
Artículo 132-2. Reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
1. La donación a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su primera vivienda habitual otorgará al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 95 por 100 de la base imponible del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) El donatario no podrá tener más de 35 años, salvo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, y la suma de la parte general y de la parte especial de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no podrá ser superior a 30.000 euros.
b) En el documento donde se haga constar la donación deberá expresarse que el dinero donado se destina a la adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.
c) El donatario deberá adquirir la vivienda en los seis meses siguientes a la donación. En el caso de haber varias donaciones, el plazo se computará desde la fecha de la primera donación. La reducción no se aplicará a donaciones de dinero posteriores a la compra de la vivienda.
d) En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, el donatario deberá destinar el dinero donado al pago de la vivienda.
2. La base de la reducción, haya una o varias donaciones, no podrá exceder de 50.000 euros. En el caso de contribuyentes con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 este límite será de 100.000 euros.
3. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en las letras c) y d) del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación dentro del mes siguiente al transcurso del plazo indicado.
Sección 3.ª Procedimientos tributarios
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras, las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones deberán presentarse directamente en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras Administraciones públicas o formalizar convenios con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.
1. El procedimiento establecido en este artículo se aplicará a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o varios fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.
2. Cuando en el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, en el plazo de presentación y pago de la correspondiente autoliquidación, no se hubiere ejecutado totalmente el encargo fiduciario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del fallecimiento corresponderá, respecto de la parte de herencia no asignada, a quien tuviera la condición legal de heredero conforme a lo previsto en el Título VII de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, con arreglo a sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.
3. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el pago del impuesto correspondiera a varias personas, la liquidación resultante a cada una de ellas será la derivada de imputar a partes iguales el valor de la parte de la herencia no asignada.
4. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, el destino de los bienes sea distinto del que fiscalmente se tomó en consideración, se girarán liquidaciones complementarias a las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del caudal relicto que realmente se le defirió.
5. Los sujetos pasivos podrán satisfacer con cargo al patrimonio hereditario la deuda tributaria correspondiente al valor de los bienes o derechos pendientes de asignación fiduciaria que les haya sido imputado fiscalmente, siempre y cuando opten por la modalidad de autoliquidación del impuesto, mediante su presentación y pago dentro del plazo voluntario establecido, en las siguientes condiciones:
a) Se exigirá el previo acuerdo de todos los sujetos pasivos de la liquidación provisional y, en su caso, de quien sea usufructuario de tal patrimonio. De igual modo, deberá constar la autorización del fiduciario o fiduciarios o, en el caso de la fiducia colectiva, la del administrador.
No obstante lo anterior, la opción podrá ser individual, por cada sujeto pasivo, si se acompaña a la autoliquidación un documento firmado por el propio obligado tributario y por el administrador del patrimonio hereditario en el que se haga constar la autorización expresa de este último para satisfacer el importe de la autoliquidación con efectivo, bienes o derechos del patrimonio hereditario pendiente de asignación.
b) En ningún caso el pago de las autoliquidaciones con cargo al caudal relicto supondrá la consideración de tales deudas tributarias como una carga deducible.
c) En las liquidaciones que puedan proceder con motivo de sucesivas ejecuciones fiduciarias, las cantidades detraídas del caudal relicto para el pago de las liquidaciones provisionales deberán ser consideradas a todos los efectos como bienes integrantes del mismo.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la reducción a cargo de los adquirentes de los bienes o derechos.
En caso de no cumplirse los requisitos de permanencia de la adquisición o de mantenimiento de la ubicación de la actividad, su dirección y control, o del derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el artículo 132-1 o, en su caso, los requisitos de mantenimiento y permanencia que se establecen en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, deberá pagarse la parte del impuesto dejada de ingresar a consecuencia de la reducción practicada y los correspondientes intereses de demora. A estos efectos, deberá comunicarse tal circunstancia a la oficina gestora competente en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar el incumplimiento.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la opción por la aplicación del régimen de reducciones estatal o el propio de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá ejercerse, expresamente, en el período voluntario de declaración o autoliquidación del impuesto. No obstante, cuando su aplicación no dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto y no se hubiera ejercitado la opción en dicho plazo, la reducción que hubiera de practicarse será, conforme al artículo 20 de la Ley del impuesto, la regulada por el Estado.
CAPÍTULO IV
Tributos sobre el Juego
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar.
1. En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos, la cuota aplicable debe determinarse en función de la clasificación de máquinas establecida por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo aplicables las siguientes cuotas:
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.650 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.300 euros, más el resultado de multiplicar por 1.679 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
B) Máquinas de tipo «C» o de azar:
a) Cuota anual: 5.354 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «C» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.708 euros, más el resultado de multiplicar por 1.536 euros el número máximo de jugadores.
2. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros autorizado para la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 3.650 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en 21 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 0,20 euros.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquella en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.
3. La tasa será exigible por años naturales, devengándose el día 1 de enero de cada año en cuanto a los autorizados en años anteriores. En el primer año, el devengo coincidirá con la autorización, abonándose en su entera cuantía anual los importes fijados en el apartado 1 anterior, salvo que aquélla se otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso, por ese año, se abonará solamente el 50 por 100 de la tasa.
4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionados semestrales iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de los meses de junio y noviembre, respectivamente.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20 por 100 del importe total de los billetes o boletos ofrecidos.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 por 100.
c) En las tómbolas de duración inferior a quince días, organizadas con ocasión de mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un total de 90 euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa de acuerdo con el tipo de gravamen del apartado a) o bien a razón de 7 euros por cada día de duración en capitales de provincia o en poblaciones de más de 100.000 habitantes, de 4 euros por cada día en poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes y de 1,7 euros por cada día de duración en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que durante los últimos diez años hayan venido disfrutando de un régimen especial más favorable, tributarán al 1,5 por 100 sobre el importe de los billetes ofrecidos.
Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se hayan distribuido en años anteriores.
2. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter general, el 10 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
b) En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de galgos en canódromos o de carreras de caballos en hipódromos y en las que se celebren en frontones, el tipo será del 3 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
c) Las apuestas denominadas «traviesas», celebradas en frontones y hechas con la intervención del corredor, el tipo de gravamen será el 1,5 por 100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
3. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será el 12 por 100 del valor de los premios ofrecidos.
4. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, la celebración de rifas y tómbolas organizadas por las entidades que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley reguladora del régimen fiscal de las mismas.
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.
5. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a practicar la liquidación de la misma.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
En virtud de la presente Ley y de acuerdo con lo señalado en el artículo 134.7 de la Constitución, los tipos tributarios y las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego podrán ser modificados en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO V
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
1. Los operadores de productos petrolíferos que suministren a los establecimientos de venta al por menor situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidos los que sean de titularidad del propio suministrador, alguno de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, están obligados a presentar una declaración informativa de las cantidades suministradas de cada producto a dichos establecimientos. Esta declaración deberá presentarse ante el órgano directivo competente en materia de Tributos, con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que se determinen reglamentariamente.
2. Asimismo, los mencionados establecimientos de venta al público al por menor están obligados a presentar una declaración informativa de los suministros recibidos y de las ventas realizadas de cada uno de dichos productos, en las mismas condiciones y plazos que las del apartado anterior.
TÍTULO II
Disposiciones comunes aplicables a los tributos cedidos
CAPÍTULO I
Normas procedimentales
Sección 1.ª Tasación Pericial Contradictoria
Artículo 211-1. Concepto.
1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
No obstante lo anterior, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta.
2. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva a promoverla a que se refiere el párrafo anterior determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.
Artículo 211-2. Procedimiento.
1. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado se haya realizado por cualquier otro medio legalmente previsto.
2. Recibida por la oficina competente la valoración del perito de la Administración o la que ya figure en el expediente por haber utilizado la Administración Tributaria como medio de comprobación el de «dictamen de peritos de la Administración», se trasladará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el contribuyente, se le entregará la relación de bienes y derechos para que emita dictamen debidamente motivado.
3. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación de perito, se entenderá la conformidad del interesado con el valor comprobado, procediéndose, en consecuencia, a comunicar el cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación, concediendo un nuevo plazo de ingreso y girando liquidación por los intereses de demora devengados por el tiempo transcurrido durante la suspensión.
4. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por 100 de dicha tasación, ésta última servirá de base para la liquidación. En tal supuesto, se girará la liquidación complementaria que proceda con los correspondientes intereses de demora.
5. Si la diferencia señalada en el apartado anterior es superior, deberá designarse un perito tercero conforme al siguiente procedimiento:
a) La Administración Tributaria solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros.
b) Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
c) Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
d) Realizada la designación, se remitirá al perito o entidad de tasación designados la relación de bienes y derechos a valorar y copia de los dictámenes de los peritos anteriores, para que, en plazo de quince días, proceda a realizar una nueva valoración debidamente motivada, que será definitiva.
6. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria, la oficina gestora comunicará dicha valoración al interesado y confirmará la liquidación inicial o girará la complementaria que proceda, con intereses de demora en ambos casos.
7. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación administrativa que proceda, con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de depósito.
1. Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del perito tercero serán abonados por el obligado tributario, y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
2. El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios. En este supuesto, los depósitos que deban efectuar la Administración y los interesados se realizarán, en el plazo de quince días contados a partir de la recepción de la notificación por los interesados, en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La falta de depósito por cualquiera de las partes, exigido conforme al apartado anterior, supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
4. Entregada en la oficina gestora la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
1. Cuando el perito designado por el obligado tributario o el perito tercero no pudieran presentar el resultado de la tasación en el plazo de quince días, la Administración Tributaria, previa solicitud de los mismos, podrá conceder una ampliación de dicho plazo que no exceda de la mitad del mismo. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado al solicitante.
2. La falta de presentación del resultado de la tasación del perito designado por el obligado tributario en el plazo indicado o, en su caso, en el de la prórroga del mismo, producirá además de los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 211-2, la pérdida del derecho al trámite de la tasación pericial contradictoria.
3. La renuncia del perito tercero o la falta de presentación en plazo del resultado de su tasación dejarán sin efecto su nombramiento e impedirán su designación en el ejercicio corriente y en los dos posteriores al mismo.
En ambos casos, se procederá a la designación de un nuevo perito tercero conforme al orden correlativo que proceda en la lista de profesionales a que se refiere el apartado 5 del artículo 211-2.
Sección 2.ª Aplicación de Beneficios Fiscales
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios fiscales.
Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto, la opción por la aplicación de tal beneficio deberá ejercerse expresamente en el período voluntario de declaración o autoliquidación por este impuesto. De no hacerse así, y salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada beneficio fiscal, se entenderá como una renuncia a la aplicación del beneficio por no cumplir la totalidad de requisitos establecidos o no asumir los compromisos a cargo del obligado tributario.
CAPÍTULO II
Obligaciones formales
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Los Notarios, con la colaboración del Consejo General del Notariado, remitirán por vía telemática al órgano directivo competente en materia de Tributos una declaración informativa de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así como la copia electrónica de las mismas, en los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura que se determinen reglamentariamente.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en la Comunidad Autónoma de Aragón remitirán trimestralmente al órgano directivo competente en materia de Tributos relación de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a inscripción en sus registros cuando el pago de dichos tributos o la presentación de la declaración tributaria se haya realizado en otra comunidad autónoma, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información tributaria en soporte informático o telemático.
El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, ya venga establecida por norma estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática que, en su caso, se determinen reglamentariamente.
Disposición final única. Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos cedidos.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para que, mediante Orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los tributos cedidos:
1.º Las condiciones de lugar, tiempo y forma de presentación de las declaraciones relativas a los tributos cedidos.
2.º En relación con el procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia, los aspectos formales y procedimentales de la opción regulada en el apartado 5 del artículo 133-2 del Texto Refundido.
3.º Un procedimiento de depósito, para el pago de los honorarios de los peritos, a través de entidades de crédito que presten el servicio de caja en las Subdirecciones Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda, de entidades colaboradoras en la recaudación de tributos o de cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de crédito.
4.º El formato y plazos en que deban cumplirse las obligaciones formales de los Notarios, establecidas en el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 52, segundo párrafo, del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, así como la remisión, en su caso, de dicha información utilizando medios telemáticos, con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que se establezcan.
5.º La autorización del uso de efectos timbrados como medio de pago destinado a satisfacer las deudas tributarias derivadas de la transmisión de determinados vehículos, estableciendo sus condiciones y forma de utilización.
6.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de la declaración informativa prevista en el artículo 150-1 del Texto Refundido, a efectos del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
7.º Los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura para el cumplimiento de las obligaciones formales de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles previstas en los artículos 220-1 y 220-2 del Texto Refundido.
8.º Los diseños de formato, condiciones y plazos de los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o por vía telemática para el cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria.
ANEXO II
Texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón
(Versión vigente actualizada con valor informativo)
CATÁLOGO
Denominación
Tasa por dirección e inspección de obras
Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas.
Tasa por autorización en materia de espectáculos públicos
Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias
Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida
Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad
Tasa por ocupación de terrenos y utilización de bienes de dominio público.
Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación de las industrias forestales agrarias y alimentarias.
Tasa por servicios facultativos agronómicos.
Tasa por servicios facultativos veterinarios.
Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.
Tasa por servicios sanitarios.
Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales.
Tasa por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales.
Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca.
Tasa por servicios en materia de montes y por aprovechamientos forestales.
Tasa por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y de productos agroalimentarios.
Tasa por prestación de servicios administrativos y técnicos de juego.
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos farmacéuticos.
Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios sociales.
Tasa por inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Aragón».
Tasa por inscripción y publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón.
Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción como personal funcionario o laboral en la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tasa por los servicios prestados por el Registro Territorial de la propiedad intelectual de Aragón.
Tasa por los servicios de gestión de los cotos.
Tasa por acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.
Tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente.
Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad.
Tasa por inscripciones en el Registro de organismos modificados genéticamente.
Tasa por los servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Tasa por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y televisión de gestión indirecta privada.
Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO I
01. Tasa por dirección e inspección de obras
Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras de la misma y de sus Organismos Públicos.
Artículo 2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que realicen obras de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos respecto de las que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 3. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del correspondiente servicio, efectuándose la liquidación de la misma al tiempo de expedir las certificaciones o realizar los servicios facultativos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 4. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por replanteo de las obras:
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de adjudicación de la obra o, en su caso, de la contrata, con exclusión de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.
Tarifa 02. Por la dirección e inspección de las obras.
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de ejecución material de las obras, según las certificaciones expedidas por los servicios.
El tipo de gravamen es el 4,00 por ciento.
Tarifa 03. Por liquidaciones de la obra:
Constituye la base imponible de la tasa el presupuesto de liquidación de la obra, con exclusión de las cantidades correspondientes al I.V.A.
El tipo de gravamen es el 0,50 por ciento.
CAPÍTULO II
02. Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
Artículo 5. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o realización de actividades relativas a trabajos facultativos de redacción, confrontación e informes de proyectos de obras, servicios o instalaciones, así como la tasación de los mismos.
Artículo 6. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares o peticionarios de concesiones, autorizaciones administrativas o tasaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 7. Devengo y gestión.
La tasa se devengará al tiempo de la solicitud de prestación del servicio o actividad. No obstante, el pago será exigible en los siguientes momentos:
1. En el caso de petición de redacción de proyectos, en el momento de la formulación por el servicio gestor del presupuesto del proyecto solicitado.
2. En el caso de confrontación e informe, en el momento de la presentación del proyecto que ha de ser objeto de los mismos.
3. En el caso de tasación, en el momento de la emisión por el servicio correspondiente de la tasación.
Artículo 8. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto de obras, servicios o instalaciones y, en caso de tasación, el valor que resulte de la misma.
2. El importe de la tasa será el resultado de multiplicar la raíz cúbica del cuadrado de la base por los coeficientes que se señalan a continuación, según resulta de la aplicación de la fórmula siguiente:
t = c p 2/3
«t» = importe de la tasa;
«c» = coeficiente aplicable en cada supuesto;
«p» = presupuesto del proyecto
4 La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En el caso de redacción de proyectos de obras, servicios e instalaciones, se aplica el coeficiente c = 2,7.
La tasa mínima es de 128,18 euros.
Tarifa 02. En el caso de confrontación e informe, se aplica el coeficiente c = 0,8.
La tasa mínima es de 64,17 euros.
Tarifa 03. En el caso de tasaciones de obras, servicios o instalaciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios, se aplica el coeficiente c = 0,5.
La tasa mínima es de 53,61 euros.
Tarifa 04. En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios o instalaciones, se aplica el coeficiente c = 0,3.
La tasa mínima es de 42,69 euros.
CAPÍTULO III
03. Tasa por servicios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas
Artículo 9. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos en general y la realización de informes técnicos, expedición de certificados y demás actuaciones facultativas enumeradas en el artículo 12 que deban realizarse en los procedimientos instados por los sujetos pasivos o cuando hayan de efectuarse con carácter preceptivo o se deriven de los propios términos de concesiones o autorizaciones otorgadas.
2. No obstante, no estarán sujetas a la presente tasa la realización de informes y otras actuaciones facultativas que se encuentren gravados con una tasa específica.
Artículo 10. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes afecte la prestación del servicio o realización de la actuación administrativa que constituyen el hecho imponible.
Artículo 11. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en los supuestos de las tarifas 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 en los que se practicará liquidación por la Administración, debiendo ingresar su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 12. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por servicios administrativos en general, que no se encuentren gravados con una tasa específica.
Tarifa 01. Por expedición de certificaciones, a instancia de parte: 7,09 euros.
Tarifa 02. Por compulsa de documentos técnicos o administrativos, cada uno: 3,47 euros.
Tarifa 03. Por visado de documentos, facturas y trámites equivalentes: 5,54 euros.
Tarifa 04. Por trámites administrativos que requieran informe, consulta l o búsqueda de asuntos en archivos oficiales, cada uno: 14,49 euros.
Tarifa 05. Por consulta o búsqueda de asuntos en archivos administrativos, cada uno: 1,86 euros.
Tarifa 06. Por inscripciones y modificaciones en Registros oficiales: 18,36 euros.
Tarifa 07. Por diligenciado y sellado de Libros oficiales: 7,04 euros.
2. Por redacción de informe de carácter facultativo:
Tarifa 08. Cuando no sea necesario tomar datos de campo: 34,26 euros.
Tarifa 09. Cuando sea necesario tomar datos de campo:
1. Por día: 102,47 euros.
2. Por cada uno de los días siguientes: 68,31 euros.
Tarifa 10. Por trabajos de campo para deslindes, inspecciones de obras, levantamientos topográficos y otras actuaciones facultativas, con levantamiento de Acta, expedición de certificado final, entrega de plano o redacción del documento comprensivo de la actuación realizada, por cómputo de días, según las cuantías de la tarifa 09.
Tarifa 11. Por inspección de carácter permanente, a pie de obra, en caso de concesionarios de obras públicas, cuando se haya fijado en las condiciones de la concesión, se aplica el 1,5 por ciento al importe de las obras e instalaciones que se ejecuten o monten, con el mínimo que corresponda por cómputo de días, según las cuantías de la tarifa 09.
3. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas.
Tarifa 12. Se aplica el 0,5 por mil del valor de la expropiación realizada para el establecimiento de la concesión o en defecto de ella por el valor del suelo ocupado o utilizado por la misma, con un mínimo de 3,48 euros.
4. Copias de documentos:
Tarifa 13. Por cada hoja o página DIN A-4: 0,12 euros.
Tarifa 14. Por cada hoja o página DIN A-3: 0,16 euros
Tarifa 15. Por plano de copia normal, según tamaño:
DIN A-0: 2,96 euros.
DIN A-1: 1,46 euros.
DIN A-2: 0,93 euros.
DIN A-3: 0,46 euros.
DIN A-4: 0,36 euros.
Tarifa 16. Por plano de copia reproducible, según tamaño:
DIN A-0: 14,13 euros.
DIN A-1: 7,14 euros.
DIN A-2: 3,83 euros.
DIN A-3: 1,66 euros.
DIN A-4: 0,88 euros.
CAPÍTULO IV
04. Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos públicos
Artículo 13. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma de los servicios relativos a las autorizaciones o derivados de las tomas de conocimiento en materia de espectáculos públicos.
Artículo 14. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón; que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.
Artículo 15. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible. No obstante lo anterior, el pago podrá exigirse con posterioridad a la autorización o toma de conocimiento del espectáculo de que se trate.
Artículo 16. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Actos recreativos, fiestas, bailes, verbenas y fuegos artificiales.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 5,66 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 11,36 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 17,16 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 28,46 euros.
Tarifa 02. Actos deportivos: campeonatos de tiro al plato.
1. En poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 2,85 euros.
2. En poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes: 5,66 euros.
3. En poblaciones de 20.001 a 200.000 habitantes: 8,55 euros.
4. En poblaciones de más de 200.000 habitantes: 14,26 euros.
Tarifa 03. Espectáculos taurinos.
Vaquillas, encierros y similares y becerradas: 11,36 euros. Novilladas sin picadores: 28,46 euros.
Novilladas con picadores: 42,76 euros.
Corridas de toros: 56,91 euros.
CAPÍTULO V
05. Tasa por servicios en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias
Artículo 17. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios y actuaciones administrativas:
1.º El otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
2.º La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
3.º Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
4.º La emisión de tarjeta del tacógrafo digital, como sistema de control para el transporte por carretera, en sus distintos tipos: de conductor, de centro de ensayo (talleres), de compañías (empresas de transporte) y de control (autoridades de control).
Artículo 18. Sujeto pasivo.
Están obligadas al pago de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas recios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a quienes se preste cualesquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 19. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en los que el servicio o actuación se preste de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 20. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de las autorizaciones para la realización de transportes públicos y privados por carretera, así como de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 01. Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado, modificación y expedición de duplicados de las autorizaciones de transporte de viajeros y de mercancías, tanto en servicio público como en particular complementario, así como de las actividades auxiliares y complementarias de transporte, por año y vehículo o local al que, en su caso, esté referida la autorización o por cada certificación que corresponda:
1. Vehículos de menos de 9 plazas o de carga útil inferior a 1 Tm, por autorización y año, o fracción: 17,18 euros.
2. Autobuses de 9 a 20 plazas o camiones de 1 a 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 27,69 euros.
3. Autobuses que excedan de 20 plazas o camiones de más de 3 Tm de carga útil, por autorización y año, o fracción: 34,26 euros.
Tarifa 02. Visado de empresas con expedición de certificado: 18,47 euros.
2. Por comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento del requisito de capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.
Tarifa 03. Derechos de participación en cualquiera de las modalidades de pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte: 34,21 euros.
Tarifa 04. Expedición del título o certificado de capacitación profesional en materia de transporte, del título de consejero de seguridad o cualquier otra acreditación o certificado profesional equivalente: 34,21 euros.
3. Por servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de actuaciones en materia de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
Tarifa 05. Emisión de informe en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias de Transporte, en relación con datos referidos a persona, autorización o empresa específica: 29,14 euros.
Tarifa 06. Actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global: 184,54 euros.
4. Por emisión de tarjeta del tacógrafo digital como sistema de control para el transporte por carretera de vehículos de más de 3.500 kg o más de 9 plazas.
Tarifa 07 Emisión de tarjeta del tacógrafo digital: 30 euros.
CAPÍTULO VI
06. Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida
Artículo 21. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas relativas al otorgamiento de las calificaciones y declaraciones provisionales y definitivas en materia de:
1.º Viviendas de Protección Oficial.
2.º Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º Rehabilitación de viviendas y edificios.
4.º Demás actuaciones protegibles en materia de vivienda.
Artículo 22. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las actuaciones comprendidas en el hecho imponible.
Artículo 23. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones que constituyen el hecho imponible, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
No obstante, el pago podrá diferirse al momento en que se produzca el conocimiento del presupuesto protegido que constituye la base imponible.
Artículo 24. Tarifas.
1. Constituye la base imponible de la tasa el importe que resulte de los siguientes criterios de, valoración:
a) En los supuestos de viviendas calificadas de Protección Oficial y en los de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegible, excluida la partida correspondiente a la propia tasa, conforme a los criterios de la legislación vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial.
b) En los supuestos de rehabilitación y demás actuaciones protegibles, la base imponible estará constituida por el importe del presupuesto protegido, excluidos los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, conforme a los criterios de la normativa vigente en la materia.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. El tipo de gravamen único aplicable a las distintas actividades y obras constitutivas enumeradas en los números 1° a 4° del hecho imponible es el 0,18 por ciento de la base.
CAPÍTULO VII
07. Tasa por servicios de expedición de la cédula de habitabilidad
Artículo 25. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección de locales o edificaciones destinados a vivienda, relativas al otorgamiento de la cédula de habitabilidad.
Artículo 26. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la cédula de habitabilidad de los locales, edificios y viviendas, tanto si los ocupan por sí mismos como si los entregan a terceras personas por cualquier título.
Artículo 27. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones administrativas de reconocimiento e inspección, que no se llevarán a efecto o tramitarán hasta tanto no se realice el pago correspondiente, mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 28. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por derechos de expedición de la cédula de habitabilidad: 6,26 euros.
Tarifa 02. Por inspección y certificado de habitabilidad cuando ésta es procedente, se aplicará la siguiente fórmula:
C= 16,73n × Ca
C = Cuota tributaria.
n = número de viviendas inspeccionadas.
Ca = coeficiente de actualización automática de la tasa, siendo su valor actual igual a 2,875.
CAPÍTULO VIII
08. Tasa por ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público
Artículo 29. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos o la utilización de bienes de dominio público en los supuestos siguientes:
1.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos, en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de transportes.
2.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovechamiento de sus rendimientos, frutos y productos que se realicen en virtud de concesiones administrativas o autorizaciones en el ámbito ,de las competencias en materia de red de carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 30. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, titulares de las concesiones o autorizaciones, y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 31. Devengo y gestión.
La tasa se devenga en el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la concesión, el devengo sé produce el 1 de enero de cada año.
Artículo 32. Tarifas.
1. La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios de valoración:
a) Por ocupación de terrenos de dominio público: el valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta los valores de los terrenos colindantes, así como los beneficios que los concesionarios obtienen de los mismos por la proximidad a vías de comunicación u obras hidráulicas. Dicha valoración deberá realizarse de acuerdo con el valor catastral de terrenos de situación análoga.
b) Por utilización del dominio público: cuando esta utilización pueda valorarse, se utiliza dicho valor como base; en caso contrario, la base imponible debe fijarse por el valor de los materiales objeto de aprovechamiento derivado de aquella utilización.
c) Por aprovechamiento de materiales: si se consumen los materiales, se utiliza como base el valor de los que hayan sido consumidos; si no se consumen, se aplica como base la utilidad que reporta su aprovechamiento.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. La cuota de la tasa se determina aplicando el tipo de gravamen anual del 11 por ciento sobre el importe de la base imponible, con una cuota mínima de 6,31 euros.
CAPÍTULO IX
09. Tasa por servicios facultativos en materia de ordenación y defensa de las industrias forestales, agrarias y alimentarias
Artículo 33. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y la. realización de los trabajos y estudios por intervención técnico-facultativa en materia de ordenación de las industrias forestales, agrarias y alimentarias, dirigidos a su autorización e inscripción en el Registro de Industrias Agrarias, que se indican a continuación:
a) Instalación de industrias: Autorización de la nueva instalación o implantación por vez primera de bienes de equipo, con las instalaciones complementarias precisas, que originen un proceso de producción capaz de funcionar como actividad industrial independiente.
b) Ampliación o reducción: Autorización de cualquier modificación de los elementos de trabajo que suponga aumento o disminución de las capacidades totales o parciales de las instalaciones existentes o la implantación de bienes de equipo que origine un nuevo proceso de producción dependiente de aquéllas.
c) Perfeccionamiento: La modificación de los elementos de trabajo que mejoran los métodos de fabricación, con objeto de elevar o diversificar la calidad de los productos o reducir los costes de obtención, pero sin alteración de la capacidad industrial.
d) Sustitución: La renovación de las instalaciones, máquinas, motores u otros elementos del equipo industrial averiados o desgastados por el uso, reemplazándolos por otro nuevo análogas características, sin que produzca variación de la capacidad industrial
e) Cambio de actividad: La variación sustancial de los productos tratados u obtenidos.
f) Traslado: El cambio de emplazamiento de la industria, sin modificación de sus capacidades ni de los bienes de equipo.
g) Cese de funcionamiento: La paralización total de la industria.
h) Cambio o modificación en la titularidad de la empresa.
i) Arrendamiento: La cesión del aprovechamiento temporal de la industria, mediante contrato, con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 34. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las autorizaciones de instalación, ampliación, sustitución de maquinaria, traslado de industrias, cambio de titular o de denominación social, autorización de funcionamiento y aquéllas para las que se realice la comprobación y control de las máquinas, aparatos, utensilio y demás efectos que constituyen la instalación.
Artículo 35. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos la autorización o la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de las actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación girada por la Administración.
Artículo 36. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por instalación y otras modificaciones definidas en el hecho imponible.
Tarifa 01. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación
(Valor de la instalación o de sus modificaciones en euros)
Hasta 100,00
De 100,01 a 200,00
De 200.01 a 400,00
De 400,01 a 1.000,00
De 1.000,01 a 2.000,00
De 2.000,01 a 5.000,00
De 5.001,01 a 10.000,00
Por cada 10.000,00 más o fracción hasta 100.000,00
De 100.000,00 hasta 300.000,00 cada 10.000,00 más o fracción
Por encima de 300.000,00 Por cada 10.000,00 o fracción
2. Por cambio de titularidad.
Tarifa 02. Resulta de aplicar la siguiente escala de gravamen:
Base de aplicación
(Valor de la instalación)
Adquirente de países miembros de la Unión Europea
Adquirente de terceros países
Hasta 3.000,00
De 3.000,01 a 6.000,00
De 6.000,01 a 9.000,00
De 9.000,01 a 12.000,00
Por cada 6.000,00 más o fracción
3. Por transformación y comercialización de industrias agroalimentarias.
Tarifa 03. Expedición de certificados relacionados con la transformación y comercialización agroalimentarias: 10,50 euros.
Tarifa 04. Notificación de la puesta en marcha de industrias de temporada:
Base de aplicación
(Valor de la instalación en euros)
Autorización
(euros)
Hasta 1.000,00
De 1.000,01 a 2.000,00
De 2.000,01 a 5.000,00
A partir de 5.000,01
CAPÍTULO X
10. Tasa por servicios facultativos agronómicos
Artículo 37. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios por los facultativos y técnicos agronómicos:
1.º El reconocimiento de productos agrícolas en las operaciones de importación y exportación.
2.º Los servicios de defensa contra fraudes.
3.º Los servicios de tratamientos de plagas del campo.
4.º La inspección de maquinaria agrícola o inscripción en Registros.
5.º La inspección de la fabricación y comercio de abonos.
6.º La inspección de cultivos y semillas; inspección fitopatológica de frutas y verduras; inspección fitosanitaria de conservas de frutas verduras, y en general de productos de o para el campo.
7.º La inspección de harinas y fabricación de pan.
8.º La inspección de la fabricación, venta y circulación de productos fitosanitarios, material para aplicación de los mismos, y productos estimulantes de la vegetación.
9.º La inspección de viveros no forestales y vigilancia del comercio de sus productos.
10.º La inscripción en el Registro de productos enológicos y en el de variedades de plantas.
11.º Determinaciones analíticas, realizadas en laboratorio oficial, que tengan la consideración de análisis contradictorios o dirimentes, conforme a la normativa específica de inspección y régimen sancionador en materia de producción y consumo agroalimentarios.
12.º Cuantos servicios se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción agrícola.
Artículo 38. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengan la condición de importadores, exportadores, agricultores, usuarios o concesionarios de servicios de carácter agronómico, y en general cuantas personas de tal naturaleza utilicen, a petición propia o por disposición legal o reglamentaria, los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 39. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 40. Tarifas.
1. Con objeto de unificar las tarifas de la presente tasa, el Departamento competente en la materia fijará el valor del coste de plantación para todas las diferentes especies y en las distintas comarcas y, en general, la cantidad que sirva de base para el cálculo de honorarios facultativos en los distintos casos. Asimismo, se incluirán todos los gastos materiales necesarios para la prestación del servicio, exceptuando los que hacen referencia a señalamientos y comprobaciones de cupos de materias primas y los módulos por plantaciones de frutales y arranque de plantaciones y cuantos servicios para los que se señalen fórmulas o porcentajes en los que se incluyan dichos gastos.
2. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inspección fitosanitaria periódica a viveros y establecimientos de horticultura, arboricultura, fruticultura y jardinería; de campos y cosechas a instancia de parte; de equipos e instalaciones para tratamientos fitosanitarios, incluida cuando se precise la aprobación de sus tarifas y por inspección fitosanitaria y de calidad para el comercio interior, en origen o destino, de productos del agro o para el agro (agrícolas, ganaderas, abonos, semillas, material agrícola variedades, marcas y denominación de origen) se liquidará a razón de 20,10 euros por inspección 0,150 por ciento del valor normal de la producción bruta de un año o del valor normal de la mercancía, y en el caso de equipos o instalaciones el 0,525 por ciento del capital invertido.
Tarifa 02. Por inspección facultativa de tratamientos fitosanitarios y redacción del oportuno informe, 33,60 euros por informe.
Tarifa 03. Por ensayos realizados por el Departamento de Agricultura de productos o especialidades fitosanitarias y enológicas, así como los que preceptivamente han de efectuarse para la inscripción de variedades de plantas, que se realicen a petición del interesado, incluidas la redacción de dictamen facultativo, censura de la propaganda y los derechos de la inscripción en el Registro correspondiente, para los análisis de los productos fitosanitarios y enológicos, y en todos los casos hasta un máximo de 57,05 euros.
Tarifa 04 Por inscripción de vehículos agrícolas en los Registros oficiales:
Por inscripción: 42,02 euros.
Por transferencia o cambio de titularidad: 21,00 euros.
Por certificados, bajas y duplicados: 7,05 euros.
Tarifa 05. Por tramitación de solicitud de autorización y renovación de acondicionadores de grano para siembra se liquidará:
Por autorización: 20,05 euros.
Por renovación: 16,90 euros.
Tarifa 06. Por grupos de analítica en vinos:
Para la exportación: 19,45 euros.
Para intervención y regulación de mercados según normativa Unión Europea: 12,10 euros.
Para calificación en Denominación de Origen: 16,80 euros.
Tarifa 07. Por las determinaciones analíticas relacionadas en la siguiente tabla:
DETERMINACIÓN. Parámetros
Precio euros
SUELOS. Determinaciones completas
TEXTURA Arena total; Limo grueso; Limo fino; Arcilla
RETENCIÓN DE HUMEDAD A 1/3 y a 15 atmósferas
FERTILIDAD pH; Prueba previa; salinidad; materia orgánica; Fósforo; Potasio y Magnesio asimilables
CARBONATOS Y CALIZA ACTIVA
EXTRACTO PASTA SATURADA C.E. extracto Porcentaje de saturación; Calcio; Magnesio; Sodio y Potasio solubles
ANIONES EN EXTRACTO DE PASTA SATURADA Carbonatos; Bicarbonatos; Sulfatos; Cloruros y Nitratos
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc
CAPACIDAD TOTAL DE INTERCAMBIO CATIÓNICO
NITRATOS
AGUAS NATURALES. Determinaciones completas
ANÁLISIS TIPO Conductividad eléctrica; Bicarbonatos; Cloruros; Sulfatos; Calcio; Magnesio; Sodio; Potasio; pH; pH calculado; S. A.R, S. A.R. ajustado; Dureza e Índice Langlier
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc
NUTRIENTES Nitratos; Nitritos; Amonio; Fosfatos y Potasio
FERTILIZANTES. Determinaciones completas
ANÁLISIS TIPO ABONO MINERAL Nitrógeno total; Fósforo y Potasio soluble
ANÁLISIS TIPO ABONO ORGÁNICO (Humedad; Materia orgánica; Nitrógeno; Fósforo y Potasio totales
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc
MATERIAL VEGETAL Determinaciones completas
ANÁLISIS TIPO Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio; Sodio; Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc
MACROELEMENTOS Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio y Sodio
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc
RESIDUOS DE PESTICIDAS. Determinaciones completas
MULTIRRESIDUOS 118 Determinaciones
2.612,85
ACEITES Y GRASAS. Determinaciones completas
HABITUALES Acidez; Peróxidos; índices K270 y K232 y delta K
ÁCIDOS GRASOS Perfil 14 Determinaciones
RENDIMIENTO GRASO Extracción
RENDIMIENTO GRASO Abencor
LÁCTEOS. Determinaciones completas
HABITUALES Grasa; extracto seco; extracto seco magro y proteína
PIENSOS. Determinaciones completas
HABITUALES Humedad, Proteína, proteína bruta, fibra, cenizas, grasa, almidón y fósforo
DETERMINACIONES UNITARIAS EN DISTINTAS MATRICES CLASIFICADAS POR MÉTODO ANALÍTICO
MÉTODOS CLÁSICOS pH, conductividad, humedad, calcinación, volumetrías, etc.
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV-VISIBLE
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA Metales
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS
ENSAYOS FÍSICOS
OTROS MÉTODOS INSTRUMENTALES
BOLETÍN Por muestra
3. Las inspecciones obligatorias por disposición legal o reglamentaria realizadas por personal facultativo agronómico que deban efectuarse excepcionalmente fuera de la jornada normal, la tarifa aplicable se incrementará en un cincuenta por ciento.
CAPÍTULO XI
11. Tasa por servicios facultativos veterinarios
Artículo 41. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios y trabajos que se presten o realicen por el personal facultativo veterinario en materia de producción y sanidad animal, como consecuencia de inspecciones, proyectos o solicitudes que se promuevan por los sujetos pasivos o en virtud de disposiciones legales o reglamentarias y, en particular, los siguientes:
1.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos relacionados con las actividades de elaboración, distribución y dispensación de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
2.º La inspección, control, autorización e inscripción en el Registro correspondiente de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.
3.º El control de la conservación y saneamiento de la ganadería, así como de la circulación de la misma, mediante la expedición del documento acreditativo correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre epizootías.
4.º La expedición de libros oficiales e inscripción en el Registro correspondiente de explotaciones ganaderas.
Artículo 42. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados directamente al pago de la tasa, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten los servicios y trabajos que constituyen el hecho imponible.
Artículo 43. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. Cuando el servicio prestado consista en la realización de inspecciones facultativas necesarias para la extensión de documentos acreditativos y con posterioridad se produjeran actuaciones no previstas en la autoliquidación presentada, se girará por la Administración una liquidación complementaria.
Artículo 44. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por la inspección y comprobación anual de las delegaciones comerciales y depósitos de los productos biológicos destinados a prevenir y combatir las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales.
Tarifa 01. Por delegación: 59,20 euros.
Tarifa 02. Por depósito: 22,75 euros.
2. Por los servicios facultativos veterinarios siguientes:
Tarifa 03. Apertura y comprobaciones anuales de los Centros de aprovechamiento de cadáveres de animales: 53,75 euros.
Tarifa 04. Vigilancia anual de estos Centros y análisis bacteriológicos de los productos derivados destinados para alimentos del ganado y abono orgánico, en evitación de la posible difusión de enfermedades infecto-contagiosas: 21,58 euros.
3. Por los servicios facultativos correspondientes 2 extensión de la guía de origen y sanidad, documento que acredita que los animales procedentes de zona no infectada y que no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, necesario para la circulación del ganado, se aplicarán las siguientes tarifas:
Tarifa 05. Para équidos, bóvidos y cerdos cebados.
Por una o dos cabezas: 0,85 euros.
De una a diez cabezas: 0,85 euros por las 2 primeras, más 0,32 euros por cada cabeza que exceda de 2.
De 11 cabezas en adelante: 3,10 euros por las diez primeras, más 0,16 euros por cada cabeza que exceda de diez.
Tarifa 06. Para óvidos, cápridos y cerdos de cría.
De una a cinco cabezas (por grupo): 0,37 euros.
De cinco a diez cabezas: 0,37 euros por las 5 primeras, más 0,06 euros por cada cabeza que exceda de cinco.
De once a cincuenta cabezas: 0,68 euros por las 10 primeras, más 0,04 euros por cada cabeza que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien cabezas: 2,50 euros por las cincuenta primeras, más 0,03 euros por cada cabeza que exceda de cincuenta.
De ciento una cabeza en adelante: 4,17 euros por las cien primeras, más 0,10 euros por cada grupo de diez cabezas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 07. Para conejos.
Por grupo de 10 o fracción: 0,07 euros.
Tarifa 08. Para aves.
Pavos Adultos Cebados: Hasta 10 unidades: 0,28 euros.
Cada unidad que exceda de diez: 0,01 euros por unidad.
Pollos y Gallinas: 0,02 euros por grupo de 10 o fracción.
Perdices Adultas: 0,03 euros por grupo de 10 o fracción.
Codornices Adultas: 0,01 euros por grupo de 10 o fracción.
Polluelos de gallina, pavipollos y patipollos: 0,26 euros hasta 100 animales; de 101 en adelante, 0,26 euros por las 100 primeras, más 0,16 euros por cada centenar o fracción.
Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no contempladas anteriormente): 0,26 euros por las 100 primeras; de 101 en adelante 0,26 euros por las 100 primeras más 0,05 euros por centenar o fracción.
Avestruces, hasta. 10 unidades: 2,95 euros; por cada unidad que exceda de 10: 0,70 euros.
El resto de las aves, sin son adultas, se equipararán con los pavos adultos cebados y si son polluelos a lo contemplado en el párrafo relativo a polluelos de perdiz o codorniz.
Tarifa 09. Para animales de peletería (chinchillas, visones, etc.).
Chinchillas (familias constituidas por 1 macho y hasta 6 hembras): 0,65 euros por familia o grupo; 0,56 euros por unidad.
Visones y otras especies de peleterías, hasta 10 unidades: 1,83 euros (grupo).
De 11 en adelante: 1,83 euros por los 10 primeros y 0,13 euros por cada unidad que exceda de 10.
Tarifa 10. Por apicultura.
De una a cinco colmenas: 0,37 euros.
De cinco a diez colmenas: 0,37 euros por las 5 primeras, más 0,06 euros por, cada colmena que exceda de cinco.
De once a cincuenta colmenas: 0,69 euros por las 10 primeras, más 0,04 euros porcada colmena que exceda de diez.
De cincuenta y una a cien colmenas: 2,54 euros por las cincuenta primeras, más 0,03 euros por cada colmena que exceda de cincuenta.
De ciento una colmenas en adelante: 4,20 euros por las cien primeras, más 0,10 euros por cada grupo de diez colmenas o fracción que exceda de las cien primeras.
Tarifa 11. Por ganado de deportes y sementales selectos.:
La cuota aplicable vendrá determinada por el doble de las tarifas del grupo a que corresponda el animal al que afecte la guía.
4. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de desinfección de vehículos de transporte de ganado.
Tarifa 12. Por talonario: 3,52 euros.
5. Por inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas.
Tarifa 13. Por inscripción o modificación de datos a instancia de parte: 17,50 euros.
6. Por actuaciones relativas al Libro de explotaciones ganaderas.
Tarifa 14. Expedición del Libro de Explotaciones: 6,83 euros.
Tarifa 15. Actualización del Libro de Explotaciones Ganaderas sin Inscripción en el Registro Oficial de explotaciones ganaderas: 3,52 euros.
Tarifa 16. Suministro de hojas complementarias: 0,07 euros por unidad.
7. Por expedición de documentos.
Tarifa 17. Por la expedición de talonarios de impresos oficiales de documentos de traslado para ganaderos de ADS:
Para ovino: 3,62 euros por talonario.
Para bovino: 10,76 euros por talonario.
Para porcino: 7,20 euros por talonario.
Tarifa 18. Por la expedición de documentos de identificación de bovinos, por documento de identificación: 0,35 euros.
Tarifa 19. Por la expedición de títulos de Calificación Sanitario, de Explotaciones, por título: 3,52 euros.
Tarifa 20. Por la expedición y tramitación de la Tarjeta Sanitaria Equina, por tarjeta: 6,73 euros.
CAPÍTULO XII
12. Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos
Artículo 45. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la prestación de las actividades realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y sus carnes frescas destinadas al consumo, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de los servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, manipulación o despiece y almacenamiento frigorífico o depósito, sitos en el territorio de la Comunidad, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.
A tal efecto, dichas tasas en lo sucesivo se denominarán:
Inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
Controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos destinados al consumo humano.
Dichos controles e inspecciones serán los realizados por los técnicos facultativos en las siguientes operaciones:
Sacrificio de animales.
Despiece de las canales.
Operaciones de almacenamiento de carnes frescas para consumo humano.
Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos.
2. Para la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma:
a) Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, y otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral, así como los animales procedentes de piscifactorías, criaderos de crustáceos y moluscos, y demás animales destinados al consumo humano.
b) Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, así como el marcado o marchamado de piezas obtenidas en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se establezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente.
3. Se entenderá realizado el hecho imponible en territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando en el mismo radiquen las instalaciones o establecimientos en los que se sacrifiquen los animales, se practiquen los análisis, se despiecen las canales, se almacenen las carnes, o, en general, se encuentren las instalaciones, piscifactorías, criaderos y explotaciones análogas desde las que se realicen las entregas de los productos de origen animal.
4. No estarán sujetas a esta tasa las actuaciones de inspección sanitaria que se realicen sobre animales sacrificados en domicilios particulares, cuyo destino sea el consumo familiar, y de caza para el propio consumo del cazador.
Artículo 46. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos obligados al pago de los tributos, según el tipo de tasa de que se traté, las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en concreto, las siguientes:
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales «ante mortem» y «post mortem» de los animales sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se lleve a cabo el sacrificio, o se practique la inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
b) En las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:
1.º Las mismas personas determinadas en la letra anterior, cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.
2.º Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.
c) En las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, las personas físicas o jurídicas titulares de dichos establecimientos.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los establecimientos, ya sean personas físicas o jurídicas, donde se lleven a cabo los citados controles.
2. Los sujetos pasivos anteriores deberán trasladar, cargando su importe en factura, las tasas a los interesados que hayan solicitado la prestación del servicio, o para quienes se realicen las operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control de determinadas sustancias y residuos animales y sus productos descritos en el artículo anterior, procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la Comunidad Autónoma, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el importe de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) el artículo anterior.
Artículo 47. Responsables de la percepción del tributo.
Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de la exacción de las tasas reguladas en este Capítulo, las personas y entidades a las que se refiere el artículo 40.2 de la Ley General Tributaria, en los términos allí previstos.
Igualmente, serán responsables subsidiarios, los titulares de los establecimientos donde se expidan las carnes y demás productos animales al consumidor final, aún cuando sea en forma de producto cocinado y condimentado, siempre que no se justifique suficientemente su origen o procedencia.
Artículo 48. Devengo y gestión.
1. Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que se exija su previo pago cuando la realización del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo o del interesado.
2. En el caso de que en un mismo establecimiento, y a solicitud del sujeto pasivo o del interesado, se realicen en forma sucesiva las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la cuantía de la tasa se determinará de forma acumulada al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las cuotas correspondientes y sin perjuicio de -lo previsto en el artículo 50.
Articulo 49. Tarifas de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
1. La cuota tributaria se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas a:
Sacrificio de animales.
Operaciones de despiece.
Control de almacenamiento.
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las cuotas de las tres fases acumuladas, en la forma prevista en el artículo 50.
2. Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario «ante mortem», «post mortem», control documental de las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
a) PARA GANADO: (EXCEPTO AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR).
Clase de ganado
Cuota por animal sacrificado (euros)
Tarifa 01. BOVINO
Mayor con más de 218 kg. de peso por canal
Menor con menos de 218 kg. de peso por canal
Tarifa 02. SOLÍPEDOS/ÉQUIDOS
Tarifa 03. PORCINO Y JABALÍES
Comercial de 25 o más kg. de peso por canal
Lechones de menos de 25 kg. de peso por canal
Tarifa 04. OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES
Con más de 18 kg. de peso por canal
Entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De menos de 12 kg. de peso por canal
b) PARA LAS AVES DE CORRAL, CONEJOS Y CAZA MENOR:
Clase de ganado
Cuota por animal sacrificado (euros)
Tarifa 05. Para aves adultas, conejos y caza menor de pluma y pelo, con más de 5 kg. de peso/canal
Tarifa 06. Para aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menos de pluma y pelo, de engorde de entre 2,5 kg. y 5 kg de peso/canal
0,01007
Tarifa 07. Para pollos y gallinas de carne y demás aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, con menos de 2,5 kg. de peso/canal
0,00447
Tarifa 08. Para gallinas de reposición
0,00447
3. Para las operaciones de despiece y almacenamiento la cuota se determinará en función del número de toneladas sometidas a la operación de despiece y a las de control de almacenamiento. A estos últimos efectos y para las operaciones de despiece se tomará como referencia el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos.
Tarifa 09. La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obtenidas de las canales se fija en 1,51 euros por tonelada
4. Para el control e inspección de las operaciones de almacenamiento se exigirá, desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el Anexo de la Directiva 96/43 CE.
Tarifa 10. La cuota correspondiente se cifra en 1,51 euros por tonelada.
Artículo 50. Reglas relativas a la acumulación de cuotas.
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberán acumular cuando concurra la circunstancia de una integración de todas o algunas de las fases de devengo en un mismo establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En caso de que en el mismo establecimiento se efectúen operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se aplicarán los siguientes criterios para la exacción y devengo del tributo:
a.1. La tasa a percibir será igual al importe acumulado de las cuotas tributarias devengadas por las operaciones citadas hasta la fase de entrada en almacén inclusive.
a.2. Si la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese la totalidad de los gastos de inspección de las operaciones de despiece y control de almacenamiento, no se percibirá tasa alguna por estas dos últimas operaciones.
b) Cuando concurran en un mismo establecimiento únicamente operaciones de sacrificio y despiece, y la tasa percibida por la inspección en el matadero cubriese igualmente la totalidad de los gastos de inspección por operaciones de despiece, no se percibirá tasa alguna por dicho concepto.
c) En el caso de que en el mismo establecimiento se realicen solamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengará la cuota relativa a inspecciones y controles sanitarios de carnes por la operación de almacenamiento.
Se entenderá que la tasa percibida por el sacrificio cubre igualmente los gastos de control de las operaciones de despiece, o incluso por operaciones de despiece y de almacenamiento, cuando la situación de los locales en los que se desarrollan las mismas permita, a los técnicos facultativos, llevar a cabo el control de todas ellas sin un incremento apreciable del tiempo que normalmente sería preciso dedicar, por sí solo, a las operaciones de sacrificio
Artículo 51. Tarifas de la tasa por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos.
Tarifa 11. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacrificio y sus carnes, practicados según los métodos de análisis previstos en las reglamentaciones técnico sanitarias sobre la materia, dictadas por el propio Estado, o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas emanadas de la Unión Europea, se percibirá una cuota de 1,51 euros por Tm. resultante de la operación de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de cuotas.
Tarifa 12. El importe de dicha tasa a percibir, y que asciende a 1,51 euros por Tm., se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales obtenidos del sacrificio de los animales, de acuerdo con la escala que se incluye a continuación:
Unidades
Cuota por unidad
(euros)
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg., de peso por canal
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal
0,01010
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso por canal
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
0,01010
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal
De ganado caballar
De aves de corral
0,00224
Tarifa 13. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura, se percibirá una cuota de 0,112 euros por Tm.
Tarifa 14. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una cuota de 0,0224 euros por cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima.
Tarifa 15. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una cuota de 0,0224 euros por Tm.
Artículo 52. Liquidación e ingreso.
1. El ingreso se realizará, en cada caso, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, contribuyente o sustituto del mismo, en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Los obligados al pago de las tasas trasladarán las mismas cargando su importe total en las correspondientes facturas a los interesados, practicando las liquidaciones procedentes de acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores.
2. Las liquidaciones se registrarán en un libro oficial habilitado al efecto y autorizado por la Administración de la Comunidad Autónoma. La omisión de este requisito será constitutiva de infracción tributaria y dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que puedan derivarse por la comisión de infracciones en el orden sanitario.
3. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 3,2564 euros por Tm para los animales de abasto y 1,0183 euros por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrificada.
Unidades
Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes (por unidad sacrificada)
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal
De porcino comercial y jabalíes de Más de 25 kg., de peso por canal
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso por canal
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso por canal
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por canal
De ganado caballar
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal
0,00168
Artículo 53. Exenciones y bonificaciones y restitución de las tasas.
1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas contenidas en los artículos anteriores, no se concederá exención ni bonificación alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones o el lugar en que se encuentren ubicados.
2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución a terceros a causa de la exportación de las carnes, ya sea en forma directa o indirecta.
CAPÍTULO XIII
13. Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos sanitarios
Artículo 54. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sanitarios que se mencionan a continuación:
1.º Los estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
2.º La inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
3.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en relación con las actividades de traslado, exhumación y prácticas tanatológicas de cadáveres y restos cadavéricos.
4.º La expedición de certificados e informes, así como otras actuaciones de inspección e inscripción.
5.º Las inspecciones veterinarias de caza mayor y en campañas de sacrificio domiciliario.
6.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en centros, servicios y establecimientos sanitarios.
7.º Las comunicaciones de consultas profesionales.
8.º Los visados de publicidad médico sanitaria.
Artículo 55. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sanitarios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 56. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sanitarios se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo abonarse en el plazo determinado en la correspondiente liquidación.
Artículo 57. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma.
Tarifa 01. Por el estudio e informe previo de cada proyecto antes de autorizar las obras:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros. 104,58 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros y hasta 601.012,10 euros: 209,13 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 313,18 euros.
Tarifa 02. Por la comprobación de la obra terminada y emisión del informe previo al permiso para uso o funcionamiento:
Con presupuestos de hasta 60.101,21 euros: 156,68 euros.
Con presupuestos de más de 60.101,21 euros y hasta 601.012,10 euros: 313,18 euros.
Con presupuestos de más de 601.012,10 euros: 470,03 euros.
2. Inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espectáculos y servicios.
Tarifa 03. A establecimientos de hasta 10 empleados: 52,28 euros.
Tarifa 04. A establecimientos de 11 a 25 empleados: 104,58 euros.
Tarifa 05. A establecimientos de más de 25 empleados: 209,13 euros.
3. Cadáveres y restos cadavéricos.
Tarifa 06. Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para la concesión de las autorizaciones siguientes:
1. Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma: 21,16 euros.
2. Exhumación de un cadáver antes de los tres años de su enterramiento para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 52,81 euros.
3. Exhumación de un cadáver después de los tres años de la defunción y antes de los cinco para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 31,65 euros.
4. Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver después de los cinco años de la defunción para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 15,56 euros.
5. Inhumación de un cadáver en cripta fuera del cementerio: 148,81 euros.
6. Práctica tanatológica:
A) Conservación transitoria: 31,65 euros.
B) Embalsamamiento: 52,28 euros.
4. Otras actuaciones sanitarias.
Tarifa 07. Inspección sanitaria en los casos previstos por la normativa vigente: 52,28 euros.
Tarifa 08. Inspección de centros de expedición de certificados de aptitud obligatorios para permisos de conducción, licencia de armas y otros análogos: 104,58 euros.
Tarifa 09. Inscripción de sociedades médico-farmacéuticas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la Comunidad Autónoma: 104,58 euros.
Tarifa 10. Emisión de informes o certificados que requieran estudios o exámenes de proyectos y/o expedientes tramitados, no comprendidos en conceptos anteriores, según el valor de la mercancía, con la siguiente escala:
Hasta 601,01 euros: 4,72 euros.
De 601,02 euros a 3.005,06 euros: 8,92 euros.
De 3.005,07 a 6.010,12 euros: 13,47 euros.
De 6.010,13 a 12.020.24 euros: 22,21 euros.
De 12.020,25 a 30.050,61 euros: 35,49 euros.
Más de 30.050,61 euros: 52,28 euros.
Tarifa 11. Entrega de libros oficiales de control sanitario de establecimientos y diligencia de los mismos: 8,22 euros.
5. Inspección veterinaria.
Tarifa 12. Reconocimiento de caza mayor y análisis triquinoscópico cuando proceda: 9,80 euros.
Tarifa 13. Reconocimiento de cerdos en campaña de sacrificio domiciliario: 5,41 euros.
Tarifa 14. Autorizaciones administrativas y de apertura de centros, servicios y establecimientos sanitarios y por su inspección.
1. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la creación, traslado y apertura de centros y servicios sanitarios:
a) Hospitales: 279,78 euros
b) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios : 139,89 euros
c) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios. 69,96 euros
2. Por la tramitación de la autorización administrativa previa para la modificación y apertura de centros y servicios sanitarios:
a) Hospitales: 209,85 euros
b) Servicios hospitalarios de nueva creación: 104,93 euros
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios: 69,96 euros
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios: 34,97 euros
3. Por la tramitación de la autorización administrativa para el cierre de centros y servicios sanitarios: 37,97 euros
4. Por la inspección preceptiva de centros y servicios sanitarios para la autorización de apertura solicitada cuando anteriormente se haya concedido la autorización administrativa previa, u otras inspecciones preceptivas para la emisión de informes y certificaciones:
a) Hospitales: 209,85 euros
b) Servicios hospitalarios de nueva creación: 174,86 euros
c) Centros sanitarios con 15 o más trabajadores sanitarios: 139,89 euros
d) Centros sanitarios con menos de 15 trabajadores sanitarios: 87,44 euros
e) Vehículos destinados a transporte sanitario por carretera: 48,97 euros
5. Por la inspección de centros y servicios sanitarios a instancia de parte de los interesados: 4,48 euros.
6. Establecimientos sanitarios de óptica, ortopedia y audioprótesis:
a) Autorización de instalación y funcionamiento: 174,86 euros
b) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 174,86 euros
c) Autorización de otras modificaciones: 34,97 euros
d) Autorización de cierre: 34,97 euros
e) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 87,44 euros
7. Fabricación de productos sanitarios a medida:
a) Autorización inicial: 349,74 euros
b) Revalidación de la autorización: 174,86 euros
c) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 349,74 euros
d) Autorización de otras modificaciones: 34,97 euros
e) Autorización para la fabricación a medida y venta con adaptación en el sector ortoprotésico: 349,74 euros
f) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 87,44 euros
Tarifa 15. Comunicaciones de consultas profesionales.
1. Consultas relativas a actividades en las que se generan residuos sanitarios y requieran la elaboración de un «Plan de gestión infracentro» de estos residuos y la correspondiente emisión de informe sobre el mismo, y/o sobre aquéllas que dispongan de instalaciones radiactivas: 69,95 euros.
2. Consultas relativas a actividades en las que no se generan residuos sanitarios y que no dispongan de aparatos de instalaciones radiactivas: 34,97 euros.
Tarifa 16. Tramitación de visados de publicidad médico sanitaria.
1. Visados que requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 34,97 euros.
2. Visados que no requieren el asesoramiento de la Comisión Provincial de Visado de Publicidad Médico Sanitaria: 17,49 euros.
CAPÍTULO XIV
14. Tasa por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales
Artículo 58. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de las señaladas tasas la prestación, en el territorio de Aragón, por los órganos competentes de su Administración, de la autorización del uso de su dominio público, mediante concesión, así como de los servicios y actuaciones relativos a la ordenación de las actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, que se menciona a continuación:
1.º La tramitación y aprobación de planes estratégicos; autorizaciones, puesta en funcionamiento, inscripción en los correspondientes Registros de instalaciones industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, y de sus ampliaciones, mejoras y modificaciones.
2.º Las inspecciones técnicas oportunas.
3.º Las actuaciones de verificación, contrastación y homologación. .
4.º Las pruebas de presión en aparatos y recipientes: que contienen fluidos:
5.º La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de actividades reglamentarias.
6.º Las actuaciones necesarias para la declaración de expropiación forzosa de bienes y la imposición de servidumbre de paso, en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
7.º La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos minerales.
8.º El otorgamiento de permisos de exploración,, permisos de investigación y concesiones mineras de explotación, sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas con las mismas.
9.º La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de labores mineras y grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales de agua y toma de muestras.
10.º El control de uso de explosivos.
11.º El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial y su inscripción en el registro correspondiente.
12.º Las actuaciones de examen de aptitud para la obtención del carné de instalador, mantenedor u operador autorizado.
13.º El acceso a los datos de los registros oficiales y de las bases de datos de patentes y marcas.
14.º Las actuaciones de los organismos de control.
15.º La tramitación relativa al establecimiento de grandes superficies comerciales.
2. Los anteriores presupuestos del hecho imponible se exigirán en la forma contenida en las correspondientes tarifas.,
Artículo 59. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o para quienes se presten los servicios o se realicen las actuaciones constitutivas del hecho imponible.
2. En su caso, serán sujetos pasivos sustitutos las personas ó entidades señaladas en el apartado anterior, cuando las actividades se presten en régimen de concesión, sin perjuicio de la repercusión del tributo a los sujetos pasivos contribuyentes.
Artículo 60. Devengo y gestión.
Las tasas aquí reguladas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se devengarán:
a) Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación del servicio 5 actividad que da origen al tributo.
No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas correspondientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y al pago del importe de la tasa o consignar su depósito previo.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o tramiten los expedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta tanto no se realice el pago del tributo correspondiente.
Artículo 61. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Actuaciones administrativas en relación con las actividades industriales, energéticas y mineras.
1.1 Están sujetas por este concepto la tramitación y aprobación de planes estratégicos, autorización, puesta en funcionamiento de productos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras, sus ampliaciones, cambios de titularidad, traslados, e inspecciones, en relación con las actividades siguientes:
– Establecimientos y actividades industriales en general.
– Instalaciones eléctricas.
– Instalaciones de agua.
– Aparatos e Instalaciones de gases combustibles.
– Instalaciones petrolíferas.
– Instalaciones térmicas en los edificios.
– Instalaciones de frío industrial.
– Instalaciones y aparatos de elevación y manutención.
– Aparatos a presión.
– Almacenamiento de productos químicos.
– Instalaciones de protección contra incendios.
– Reformas de importancia generalizada de vehículos y catalogación de vehículos como históricos.
– Vehículos y contenedores para el transporte de mercancías perecederas y peligrosas.
– Tramitación del Plan Eólico Estratégico.
– Tramitación de proyecto presentado en competencia.
Tarifa 01. Sobre la base del valor de la inversión en maquinaria y equipos de los supuestos contenidos en este Concepto 1, se aplicará la escala de gravamen 1.1 que se señala a continuación, sin perjuicio de las Reglas Especiales y Cuotas Fijas que se indican.
Escala de gravamen 1.1.
Base liquidable hasta euros
Cuota íntegra
Resto base liquidable hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
3.110,25
124.409,50
124.409,50
1.244.095,05
1.244.095,05
2.155,30
3.110.237,65
3.110.237,65
3.747,10
6.220.475,30
6.220.475,30
5.075,20
31.102.376,40
31.102.376,40
10.375,05
en adelante
Reglas Especiales:
1.ª A las cuotas resultantes de la liquidación por la citada escala 1.1, se aplicarán las siguientes reducciones:
– Del 90% en la tramitación de aprobación e incidencias de Planes Eólicos Estratégicos.
– Del 90% en la tramitación de cambios de titularidad.
2.ª A la tramitación de los expedientes de autorización que comporten la presentación, para su análisis y aprobación de Separatas que afecten a reglamentaciones específicas de seguridad, se les girará, con independencia de la Liquidación que proceda por aplicación de la escala 1.1 sobre el valor de las instalaciones concretas que comprenda o en su caso de la tarifa 02, una liquidación complementaria por dicha escala con reducción del 50% de la cuota resultante.
3.ª La tramitación de la regularización de instalaciones de hecho, sin la correspondiente autorización administrativa, se liquidará aplicando al valor originario de la maquinaria y equipo la escala 1.1., sin perjuicio de las reducciones o incrementos de la cuota resultante que procedan, según las reglas anteriores y de las sanciones tributarias correspondientes a las infracciones cometidas.
4.ª Estarán exentas del pago de tasa las inspecciones de oficio y las que se realicen, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones o requisitos de seguridad, a instancia de parte interesada en caso de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medioambiente.
Cuotas Fijas:
Tarifa 02. Tramitación de las comunicaciones relativas a la puesta en funcionamiento o modificación de industrias, instalaciones industriales o aparatos regulados por reglamentos de seguridad industrial, que no requiere autorización administrativa y las tramitaciones relativas a la puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas en edificios que no requieran proyecto.
1. Sin proyecto: 68,60 euros.
2. Con proyecto y/o expediente técnico: 102,95 euros.
3. Cambios de titularidad: 4,80 euros.
Tarifa 03. Quedan sujetas a cuota fija de 12,20 euros por expediente, los siguientes conceptos:
– Tramitación de instalaciones de baja tensión con sólo certificado de instalación.
– Tramitación de instalaciones interiores de suministro de agua.
– Tramitación de ficha técnica de aparatos para la preparación rápida de café.
– Tramitación dé almacenamientos de combustibles líquidos de clase C de capacidad igual o inferior a 5.000 litros en exterior o 3.000 litros en interior.
– Tramitación de comunicaciones relativas a certificados de control de instalaciones, inspecciones o revisiones periódicas.
Tarifa 04. La cuota fija aplicable a las ampliaciones de instalaciones eléctricas de baja tensión en viviendas de potencia igual o inferior a 5,75 kw será de 4,80 euros.
Tarifa 05. La cuota fija por inspección de las instalaciones de producción de energía, excepto las de generación eléctrica de origen fotovoltaico inferiores a 10 kw, así como la de las subestaciones y centros de transformación, será de 405,90 euros.
Tarifa 06. La cuota fija por autorización de reforma de importancia generalizada de vehículos (para una misma marca y tipo) o por catalogación de vehículo como histórico será de 98,40 euros.
Tarifa 07. La cuota fija por la tramitación de incidencias de Planes Eólicos Estratégicos que no tengan asociada una variación de la inversión prevista será de 353,95 euros.
Tarifa 08. Tramitación del otorgamiento de la condición de productor en régimen especial (incluida la inscripción previa en el Registro de productores en régimen especial):
1. Hasta 50 kw: 81,20 euros.
2. De 50 kw o más: 1.623,55 euros.
Tarifa 09. Verificación de la calidad de suministro de la energía eléctrica:
1. Alta tensión 405,90 euros.
2. Baja tensión 77,50 euros.
Tarifa 10. Pruebas de presión de instalaciones (por cada prueba): 121,80 euros.
Tarifa 11. Inspecciones de centros de almacenamiento y distribución de G.L.P.:
1 De la categoría: 324,70 euros.
2. De 2.ª y 3.ª categoría: 162,40 euros.
3. Otros centros de almacenamiento y distribución: 77,50 euros.
4. Inspecciones periódicas: 50% de las cuotas correspondientes.
Tarifa 12. Comprobación de la potencia calorífica de gas suministrado: 405,90 euros.
Tarifa 13. Inspección periódica de instalaciones de aparatos de elevación y manutención: 60,90 euros.
2. Prestación de servicios metrológicos y de contrastación de metales preciosos.
2.1 Están sujetas por este concepto las, actividades de control y verificación de pesas y medidas, las de aprobación y modificación de modelos y marcas, habilitación y control de laboratorios de verificación metrológica:
Tarifa 14. Instrumentos de pesaje:
1. Verificación periódica, posreparación o modificación de básculas puente, por unidad (siendo N el número de días que dure el trabajo de verificación): 887,95 + 524,45 x N euros.
2. Verificación de balanzas, por unidad:
– alcance máximo del instrumento de pesaje inferior a 50 kg: 62,10 euros;
– alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a 50 kg e inferior a 300 kg: 124,20 euros;
– alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a 300 kg e inferior a 3.000 kg: 279,45 euros;
– alcance máximo del instrumento de pesaje superior o igual a 3.000 kg e inferior a 10.000 kg: 931,50 euros.
Tarifa 15. Aparatos surtidores:
1. Determinación volumétrica de cisternas, por unidad: 49,50 euros.
2. Verificación de sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos.
Se aplicará la siguiente escala para determinar la cuantía unitaria por sistema de medida:
Hasta 10 sistemas: 31,85 euros.
De 11, a 20 sistemas: 29,00 euros.
Más de 20 sistemas: 27,90 euros.
Tarifa 16. Verificación periódica y posreparación de manómetros de uso público para neumáticos de vehículos automóviles: 44,00 euros.
Tarifa 17. Comprobación y verificación de contadores de energía eléctrica, de gas y de agua. Limitadores eléctricos.
1. Verificación en laboratorio autorizado en series de menos de 10 elementos, por cada elemento;
1.1 De contadores de gas hasta m3/h. y agua hasta 15 mm. de calibre: 3,40 euros.
1.2 De contadores y limitadores de energía eléctricos monofásicos: 30,85 euros.
2. Verificación en laboratorio autorizado en series de 10 o más elementos, por cada elemento:
2.1 De contadores de gas hasta 6m3/h. y de agua hasta 15 mm. de calibre: 1,70 euros.
2.2 De contadores y limitadores de energía eléctrica monofásicos: 14,30 euros.
3. Contadores de otras características y transformadores de medida, en series de menos de 10 elementos, por cada elemento:
3.1 De contadores de gas y de agua: 8,35 euros.
3.2 De contadores eléctricos y transformadores de medida: 61,70 euros.
4. Contadores de otras, características y transformadores de medida, en series de 10 o más elementos, por cada elemento:
4.1 De contadores de gas y de agua: 3,05 euros.
4.2 De contadores eléctricos y transformadores de medida: 28,55 euros.
5. Verificación de equipos de medida de A.T., por equipo: 63,55 euros:
6. Verificación a domicilio de equipos de medida de A.T., por equipo: 162,40 euros.
7. Verificación a domicilio de contadores de B.T., por contador: 62,10 euros.
Tarifa 18. Tramitación y resolución administrativa de verificación de instrumentos de medida realizada por organismos de verificación. Por unidad: 16,25 euros.
Tarifa 19. Por habilitación y actuaciones de control de laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados. Por cada una: 121,80 euros.
Tarifa 20. Tramitación y resolución administrativa de aprobación y modificación de modelo. Por cada una: 81,20 euros.
Tarifa 21. Realización de ensayos para la aprobación y modificación de modelo. Por cada una (siendo H el número de horas de trabajo del técnico de la Administración): 38,90 x H euros.
2.2 Están sujetos por este concepto, la prestación del servicio de contrastación y análisis de metales preciosos.
Tarifa 22. Contrastación de Platino (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 6,00 euros). Por cada gramo o fracción: 0,22 euros.
Tarifa 23. Contrastación de Oro (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 3,00 euros).
1. Objetos de oro de 3 gr. o inferior (pieza): 0,14 euros.
2. Objetos mayores de 3 gr. (10 gr.): 0,52 euros.
Tarifa 24. Contrastación de Plata (Importe mínimo de facturación, no acumulable: 1,50 euros).
1. Objetos de 10 gr. o inferior (10 piezas): 0,41 euros.
2. Objetos mayores de 10 gr. e inferiores a 80 gr. (pieza): 0,17 euros.
3. Objetos mayores de 80 gr. (100 gr.): 0,21 euros.
Tarifa 25. Por análisis para certificación de ley:
1. Oro. Por cada análisis: 29,80 euros.
2. Plata. Por cada análisis: 17,05 euros.
Tarifa 26. Por autorización y control de laboratorios de empresa para contraste de metales preciosos: 121,80 euros.
Tarifa 27. Por asignación de número de punzón a fabricantes o importadores de objetos elaborados con metales preciosos: 29,50 euros.
Regla Especial:
Las cuotas anteriores de este concepto 2.2 se incrementarán en un 25%, siempre que los objetos a contrastar incorporen pedrería o estén dispuestos para ello.
3. Prestación de servicios afectos a la minería.
Tarifa 28. Por autorización de explotación de recursos de la Sección A: 467,65 euros.
Tarifa 29. Por autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección B.
1. Declaración de la condición de un agua: 382,90 euros.
2. Autorización o concesión de aprovechamiento de aguas: 1.914,45 euros.
3. Toma de muestras y aforos, cada visita: 161,75 euros.
4. Modificación o ampliación del aprovechamiento de aguas 970,80 euros.
5. Ampliación o modificación del perímetro de protección:
Primer punto: 478,85 euros.
Segundo punto y siguientes: 421,35 euros.
6. Calificación de un yacimiento de origen no natural como recurso de la Sección B: 194,15 euros.
7. Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, para cada yacimiento con continuidad física: 467,65 euros.
8. Autorización de paralización de trabajos de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, y por cada prórroga: 382,90 euros.
9. Calificación de una estructura subterránea como recurso de la Sección B: 382,90 euros..
10. Autorización de aprovechamiento de estructura subterránea : 1.914,45 euros.
11. Modificación o ampliación de aprovechamientos de yacimientos de origen no natural: 226,50 euros.
12. Autorización de paralización de trabajos en estructuras subterráneas, y por cada prórroga: 382,90 euros.
Tarifa 30. Por paralización de explotaciones y concentraciones de concesiones mineras: 382,95 euros.
Tarifa 31. Por trabajos topográficos de campo.
1. Por replanteos y deslindes, se aplicará la siguiente escala:
Primer punto: 478,85 euros.
Segundo punto: 421,35 euros.
Tercer punto: 363,55 euros.
Por cada punto siguiente: 305,75 euros.
2. Intrusiones:
2.1 A cielo abierto: 1.596,60 euros.
2.2 Subterráneas: 4.789,75 euros.
Tarifa 32. Por confrontación de sondeos y trabajos en pozos.
1. Sondeos y pozos.
1.1 Por cada sondeo de investigación o sondeo de drenaje: 121,15 + 15,35 x N/6 euros (N-n.º total de miles o fracción del presupuesto de cada pozo o sondeo).
1.2. Por cada pozo de agua agrícola, industrial o de abastecimiento: 161,75 euros.
Tarifa 33. Por estudio y tramitación de planes de labores.
1. Planes de labores en trabajos de exterior y de permisos de investigación.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar la escala 33.1.2., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadrículas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.1.1.
Base liquidable hasta euros
Cuota íntegra
Resto base liquidable hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
155.511,90
622.047,50
622.047,50
1.764,30
3.110.237,65
3.110.237,65
6.186,40
6.220.475,30
6.220.475,30
9.947,35
9,.330.712,90
9.330.712,90
11.645,55
en adelante
Escala 33.1.2.
A) Concesión de explotación:
Entre 1 y 10 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 11 y 20 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 1,333.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,666.
Entre 31 y 40 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 41 y 50 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 2,333.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,666.
Entre 61 y 70 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 71 y 80 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 3,333.
Entre 81 y 90 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 3,666.
Entre 91 y 100 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
B) Permiso de investigación:
Entre 1 y 10 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,5.
Entre 11 y 20 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,67.
Entre 21 y 30 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 0,83.
Entre 31 y 40 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1.
Entre 41 y 50 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,17.
Entre 51 y 60 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,33.
Entre 61 y 70 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,5.
Entre 71 y 80 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 1,67.
Entre 81 y 90 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 1,83.
Entre 91 y 100 cuadriculas mineras: coeficiente igual a 2.
Entre 101 y 150 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 2,5.
Entre 151 y 200 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3.
Entre 201 y 250 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 3,5.
Entre 251 y 300 cuadrículas mineras: coeficiente igual a 4.
2. Planes de labores de autorizaciones de explotación y derechos mineros de las secciones C) y D) cuya superficie no se corresponda con cuadrículas mineras enteras.
La tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido al aplicar la escala de gravamen 33.1.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos, por el valor obtenido al aplicar la escala 33.2.1., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en hectáreas, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
En el caso de que un derecho minero conste de una superficie expresada en cuadrículas mineras y, además, otra parte del mismo no se corresponda con cuadrículas mineras completas (demasía), la tarifa se calculará según él apartado 1 de esta tarifa para las cuadrículas mineras completas, más lo que resulte de aplicar el apartado 2 de esta tarifa para el resto del derecho minero.
Escala 33.2.1.
Entre 0 y 1 hectárea: coeficiente igual a 1.
Entre 1 y 10 hectáreas: coeficiente igual 1,20.
Entre 10 y 20 hectáreas: coeficiente igual a 1,22.
Entre 20 y 30 hectáreas: coeficiente igual 1,25.
Entre 30 y 40 hectáreas: coeficiente igual a 1,30.
Entre 40 y 50 hectáreas: coeficiente igual a 1,5.
Entre 50 y 100 hectáreas: coeficiente igual a 1,8.
Más de 100 hectáreas: coeficiente igual a 2,2.
3. Planes de labores en trabajos de interior.
En los planes de labores en el interior, la tarifa correspondiente se determinará por el resultado de multiplicar el valor obtenido aplicando la escala de gravamen 33.3.1., sobre la base del presupuesto de los proyectos por el valor obtenido aplicando la escala 33.1.2., sobre la base de la superficie del derecho minero expresada en cuadriculas mineras, y sin perjuicio de la ulterior liquidación que proceda, una vez conocidos los costes de ejecución.
Escala de Gravamen 33.3.1.
Base liquidable hasta euros
Cuota íntegra
Resto base liquidable hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
155.511,90
1.138,05
622.047,50
622.047,50
2.541,85
3.110.237,65
3.110.237,65
8,356,75
6.220.475,30
6.220.475,30
13.861,90
9,.330.712,90
9.330.712,90
17.640,85
en adelante
Tarifa 34. Por tramitaciones relativas a la utilización de explosivos.
1. Informes sobre usos de explosivos, voladuras especiales (por cada proyecto): 75,35 euros.
2. Informe grandes voladuras. Igual o superior a 500 kg. de explosivo (N= n.º total de miles de kilogramos de explosivo o fracción ): 188,65 euros, + 4,05xN euros.
3. Inspección de seguridad en voladuras, cada una: 161,75 euros.
Tarifa 35. Por aprobación de disposiciones internas de seguridad.
1. Aprobación inicial: 161,75 euros.
2. Aprobación de modificaciones: 75,35 euros.
Tarifa 36. Por autorización de transmisión o arrendamiento de derechos mineros.
1. De autorización de explotación: 382,90 euros.
2. De aprovechamiento de recursos de la Sección B: 382,90 euros.
3. De permiso de exploración o investigación: 382,90 euros.
4. De concesión de explotación: 765,80 euros.
5. De solicitud de concesión derivada de un permiso de investigación: 382,90 euros.
Tarifa 37 Por abandono y cierre de labores.
1. Abandono parcial: 340,40 euros.
2. Cierre de labores: 453,00 euros.
Tarifa 38. Por autorización de establecimiento de beneficio e industria minera en general.
1. Por establecimiento de beneficio e industria minera en general: Según tarifa 01. Escala gravamen 1.1.
2. Traslado de plantas móviles: 119,70 euros.
Tarifa 39. Por prueba de aptitud de maquinistas.
1. De exterior. 53,80 euros.
2. De interior. 76,60 euros.
3. Renovación: Se aplicará el 50 % de las cuantías anteriores.
Tarifa 40. Por tramitación de solicitudes para el otorgamiento de derechos mineros de las secciones C y, D.
1. En los permisos dé exploración se aplicará la siguiente escala:
Primeras 300 cuadrículas: 1.793,90 euros
Por cada cuadrícula siguiente: 161,75 euros.
2. En los permisos de investigación se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 1.448,95 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 161,75 euros.
3. En las concesiones derivadas se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula,1.883,65 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 323,60 euros.
4. En las concesiones directas y reclasificaciones de derechos mineros se aplicará la siguiente escala:
Primera cuadrícula: 2.596,65 euros.
Por cada cuadrícula siguiente: 485,35 euros.
5. Demasías: 1.996,65 euros.
6. Prórrogas de permisos: 612,55 euros.
7. Disponibilidad de mineral: 485,40 euros:
8. Ampliación a recurso de la sección C: 245,95 euros.
9. Por prórroga de concesiones de explotación.
9.1 Por cada concesión de explotación demarcada en cuadrículas:
Primera cuadrícula para la que se solicita la prórroga: 1.846,65 euros.
Por cada cuadrícula siguiente para la que se solicita la prórroga: 317,30 euros.
9.2 Por cada concesión de explotación no demarcada en cuadrículas:
Por las primeras 28,6 hectáreas o fracción para la que se solicita prórroga: 1.846,65 euros.
Por cada bloque de 28,6 hectáreas siguiente o fracción para la que se solicita prórroga: 317,30 euros.
Tarifa 41. Por inspecciones de policía minera.
1. Extraordinaria: 299,90 euros.
2. Ordinaria: 161,75 euros.
Tarifa 42. Por tramitación de expedientes de trabajos realizados por contrata.
1. Trabajos de explotación: 64,75 euros.
2. Trabajos de exploración e investigación: 64,75 euros.
Tarifa 43. Por instalaciones mineras.
1. Revisión de cables y elementos auxiliares de las explotaciones mineras: 201,00 euros.
2. Puesta en servicio de maquinaria e instalaciones con certificado de conformidad: 114,90 euros.
Tarifa 44. Por informes hidrogeológicos sobre ampliación y nueva instalación de cementerios municipales.
Por cada informe: 75,35 euros.
Tarifa 44 bis. Por derechos en materia de hidrocarburos.
1. Por tramitación de solicitudes para el otorgamiento de autorizaciones de exploración o permisos de investigación de hidrocarburos.
1.1 Por cada autorización de exploración: 1 .758,70 euros.
1.2 Por cada permiso de investigación: 3.105 + (V x 1.035) euros.
Siendo el valor de V calculado en función de las siguientes magnitudes:
Para una extensión de hasta 10.000 Ha, V = 0.
Para una extensión de entre 10.000 y 20.000 Ha, V = 1.
Para una extensión de entre 20.000 y 30.000 Ha, V =2.
Para una extensión de entre 30.000 y 40.000 Ha, V = 3.
Para una extensión de entre 40.000 y. 50.000 Ha, V 4.
Para una extensión de entre 50.000 y 60.000 Ha, V = 5.
Para una extensión de entre 60.000 y 70.000 Ha, V = 6.
Para una extensión de entre 70.000 y 80.000 Ha, V = 7.
Para una extensión de entre 80.000 y 90.000 Ha, V = 8.
Para una extensión mayor de 90.000 Ha, V= 9.
2. Por estudio de planes anuales de labores de permisos de investigación de Hidrocarburos.
Por cada Plan Anual de Labores, la cuantía de la tarifa se corresponde con un porcentaje de la inversión anual (I), con la siguiente escala:
– Plan de Labores de primer año: I x 0,021 euros.
– Plan de Labores de segundo año: l x 0,021 euros.
– Plan de Labores de tercer año: I x 0,010 euros,
– Plan de Labores de cuarto año: I x 0,010 euros.
– Plan de Labores de quinto año: I x 0,004 euros.
– Plan de Labores de sexto año y posibles prórrogas: I x 0,004 euros.
3. Por transmisiones o arrendamientos de autorizaciones de exploración o de permisos de investigación de Hidrocarburos.
Para la transmisión o el arrendamiento de un derecho, por cada adquirente: 1.552,50 euros.
Tarifa 45. Por tramitaciones y/o emisión de informes no contemplados en otras tarifas.
1. Con revisión de expedientes. 55,00 euros.
2. Con revisión de expedientes y visita de inspección: 119,70 euros.
3. Con análisis de proyecto: 181,20 euros.
4. Con análisis de proyecto y visita de inspección: 245,90 euros.
4. Por tramitaciones de declaración de utilidad pública, expropiación forzosa y servidumbre de paso.
Tarifa 46. Declaración de utilidad pública.
Se aplicará el 20% de la escala de gravamen 1.1 de la tarifa 01.
Tarifa 47. Expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso.
1. Por inicio de expediente se aplicará la siguiente escala:
Primeras 8 parcelas: 405,90 euros.
Por cada parcela siguiente: 46,35 euros.
2. Acta previa a la ocupación, por cada parcela: 62,30 euros.
3. Acta de ocupación, por cada parcela: 46,60 euros.
5. Por inscripciones registrales, autorizaciones para el ejercicio de actividades reguladas, expedición de certificados, documentos y tasas de exámenes.
Tarifa 48. Por expedición del certificado de profesional habilitado (independientemente del número de especialidades e incluida la inscripción en el correspondiente Registro).
1. Por primera expedición: 20,30 euros
2. Por renovaciones y/o ampliaciones: 8,25 euros.
Tarifa 49. Por derechos de examen para la obtención del certificado de profesional habilitado: 24,35 euros.
Tarifa 50. Por certificaciones y otros actos administrativos.
1. Confrontación de proyectos, instalaciones, aparatos y productos: 79,55 euros.
2. Otros certificados, cada uno: 6,85 euros.
Tarifa 51. Por inscripción de establecimientos y actividades industriales en el Registro de Establecimientos Industriales.
1. Nueva inscripción: 77,45 euros.
2. Modificaciones: 46,65 euros.
3. Cese de actividad: Exento.
Tarifa 52. Por inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de empresas de servicios a la actividad industrial o de agentes autorizados para colaborar con las Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
1. Nueva inscripción: 121,80 euros.
2. Modificaciones: 60,90 euros.
3. Cese de actividad: Exento.
Reglas Especiales: Estarán exentas del pago de esta tarifa las empresas previamente inscritas en registros y/o autorizadas para el ejercicio de actividades reguladas y que hayan abonado la tarifa 53.
Tarifa 53. Por inscripción de empresas o instalaciones en Registros y/o autorización para el ejercicio de actividades reguladas.
1. Primeras autorizaciones y/o inscripciones: 142,10 euros.
2. Renovaciones y/o modificaciones: 84,35 euros.
Reglas Especiales:
1.ª Inscripción definitiva en el Registro de productores en régimen especial de 50 kw o más: 811,75 euros.
2.ª Inscripción de instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 136,20 euros.
3.ª Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica de instalaciones y equipos de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico: 243,50 euros.
Tarifa 54. Por el reconocimiento de Entidades para impartir cursos teórico-prácticos de formación de profesionales para el ejercicio de actividades reglamentadas: 284,10 euros.
Tarifa 55. Por expedición de Documentos de Calificación Empresarial.
1. Nuevos: 44,65 euros.
2. Renovaciones: 8,25 euros.
Tarifa 56. Habilitación de libros de registro 8,10 euros
Tarifa 57. Por consulta del Registro Industrial.
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 5,00 euros.
2. A partir de 30 hojas: 162,40 euros.
Tarifa 58. Por información eólica.
1. Por información digital sobre Planes y Parques Eólicos (cada área o delimitación de parque): 3,60 euros.
2. Por información sobre datos eólicos del territorio aragonés (cada estación): 77,50 euros.
Tarifa 59. Por duplicado de documentos.
1. Con compulsa (Por cada hoja tamaño DIN A4): 3,35 euros.
2. Sin compulsa (Por cada 10 hojas tamaño DIN A4): 1,05 euros.
Tarifa 60. Varios, servicios no relacionados anteriormente: Se aplicarán las tasas de servicios análogos.
6. Por control administrativo de las actuaciones de los Organismos de Control.
Tarifa 61. Se aplicará a cada expediente tramitado o actuación realizada el 10 % de la tasa correspondiente según la materia que se trate.
7. Por la prestación de servicios en relación con actividades comerciales y artesanas.
Tarifa 62. Establecimiento de grandes superficies.
1. Por tramitación de licencia comercial: 95,30 euros.
2. Por tramitación de informe comercial: 31,85 euros.
Tarifa 63. Por tramitación del Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles y del Registro Oficial de Actividades Feriales.
1. Por nueva inscripción: 17,15 euros.
2. Por modificación: 17,15 euros.
3. Por baja: Exento.
4. Por consultas, por cada establecimiento:
1. Por cada hoja, hasta 30 hojas: 5,00 euros.
2. A partir de 30 hojas: 162,40 euros.
Tarifa 64. Por calificación de Ferias Oficiales: 171,50 euros.
Tarifa 65. Por expedición de Documentos de Calificación Artesanal.
1. Nuevos: Exenta.
2. Renovaciones: Exenta.
8. Por la prestación de servicios en materia de patentes.
Tarifa 66. Por reproducción de documentación nacional en papel.
1. Patentes: 4,20 euros.
2. Modelos de utilidad: 1,30 euros.
3. Resúmenes, descripciones y otra documentación, por página de papel: 0,25 euros.
Tarifa 67. Por reproducción de documentación extranjera en papel disponible en el fondo documental de la OEPM.
1. Documento completo: 5,90 euros.
2. Resúmenes y/o cualquier otra documentación, por página de papel: 0,25 euros.
Tarifa 68. Por información de Bases de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Información impresa de Bases de Datos sobre situación jurídica de expedientes (SITADEX), por expediente: 1,30 euros.
2. Información impresa de Bases de Datos bibliográficos (CIBEPAT, MODINDU), (hasta 100 referencias): 20,10 euros.
3. Información impresa de Bases de Datos sobre antecedentes registrales de denominaciones de Signos Distintivos (IMPAMAR), por consulta: 18,45 euros.
CAPÍTULO XV
15. Tasas por servicios de expedición de títulos académicos y profesionales
Artículo 62. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de los títulos académicos y profesionales no universitarios correspondientes a las enseñanzas no obligatorias establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como la expedición de títulos de otras enseñanzas no universitarias cuando su normativa específica así lo establezca.
Artículo 63. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago las personas a que se refiere el articulo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los referidos documentos que constituyen el hecho imponible, con las exenciones totales o parciales que se establecen por la normativa vigente.
Artículo 64. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán exención total del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de honor y de segunda categoría.
2. Asimismo, estarán exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges e hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
3. Tendrán una bonificación del 50 por ciento del importe de la tarifa correspondiente, los estudiantes miembros de familias numerosas de primera categoría.
Artículo 65. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite del órgano competente la expedición de los títulos que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 66. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Título de Bachiller. 50,71 euros.
Tarifa 02. Título de Técnico: 21,21 euros.
Tarifa 03. Título de Técnico Superior. 50,71 euros.
Tarifa 04. Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 21,21 euros.
Tarifa 05. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 50,71 euros.
Tarifa 06. Certificado de Aptitud del Ciclo Superior de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 25,35 euros.
Tarifa 07. Título Profesional de Música (Grado Medio de Música): 95,22 euros.
Tarifa 08. Título Superior de Música (Grado Superior de Música): 140,76 euros.
Tarifa 09. Título LOGSE equivalente a Diplomado: 55,89 euros.
Tarifa 10. Duplicados: 30% sobre importe tarifa.
CAPÍTULO XVI
16. Tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca
Artículo 67. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios y actuaciones administrativas siguientes:
1.º La expedición de la licencia de cala, cuya tenencia es necesaria para practicar la caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.º La expedición de las licencias y matrículas necesarias para la práctica de la pesca continental y para la dedicación de embarcaciones y aparatos flotantes a la pesca en aguas continentales, cuya tenencia es necesaria para la práctica de la pesca continental dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º La expedición de los permisos de pesca.
Artículo 68. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten las licencias o permisos de caza y pesca que constituyen su hecho imponible.
Artículo 69. Devengo y gestión.
La tasa se devengará cuando se solicite o inicié la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actuación administrativa correspondiente.
Artículo 70. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1. Por expedición de licencias de caza.
Tarifa 01. Licencias de clase A, que autorizan para el ejercicio de la caza con armas de fuego: 27,78 euros.
Tarifa 02. Licencias de clase B, que autorizan para el ejercicio de la caza con otros medios o procedimientos debidamente autorizados, distintos de los anteriores: 27,78 euros.
2. Por expedición de licencias y matrículas de pesca.
Tarifa 03. Licencias de pesca: 9,31 euros.
Tarifa 04. (...)
3. Por expedición de permisos de pesca.
Tarifa 05. En cotos sociales de pesca en régimen normal y de pesca intensiva.
1. Para pescadores ribereños y federados: 6,04 euros.
2. Para otros pescadores: 12,86 euros.
Tarifa 06. En cotos sociales de pesca de captura y suelta.
1. Para pescadores ribereños y federados: 1,88 euros.
2. Para otros pescadores: 3,77 euros.
Artículo 70 bis. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón mayores de 65 años que soliciten la expedición de licencias de caza y pesca.
Artículo 70 ter. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca relativa a las tarifas 01, 02 y 03 corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
CAPÍTULO XVII
17. Tasa por servicios facultativos y administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias
Artículo 71. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones administrativas que se enumeran en los distintos epígrafes de las correspondientes tarifas.
Artículo 72. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 73. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento en que se formule la solicitud de prestación de los servicios o la realización de actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios o la realización de las actuaciones administrativas. En el caso de las tarifas 17, 18, 19 20 y 21 el pago de la tasa se efectuará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Artículo 74. Tarifas.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
1.º Por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia de montes:
Tarifa 01. Levantamientos Altimétricos y Planimétricos.
Cuota = 1,05 (100 + 2N).
N: núm. de has.
Tarifa 02. Deslindes y Amojonamientos.
Cuota =0,71 (5D+P+V).
D: núm. de días.
P: suma de las longitudes de los lados del perímetro medidos en Hm.
V: núm. de vértices.
Tarifa 03. Cubicación e inventario de existencias.
Cuota = 35,60 ± 1,6 N.
N: núm. de unidades (m3 ó estéreos).
Tarifa 04. Valoraciones.
Cuota = 9% Valor tasado
Tarifa 05. Elaboración de Planes Dasocráticos.
Cuota = (142,43 + 125 N) G
N: Superficie del monte en has.
G: Grado de dificultad (baja 1, media 5, alta 10).
Tarifa 06. Análisis.
Cuota = 10,67 (1 + 0,1 N).
N: núm. de muestras.
Tarifa 07. Informes.
Cuota = 35,60 (1 + 0,03 N).
N: núm. de días.
Tarifa 08. Redacción de Planes, Estudios ó Proyectos.
Cuota = 3% presupuesto de ejecución material.
2. Por aprovechamientos forestales.
Con carácter general, la tarifa mínima que se cobrará será de 3,73 euros.
a) Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública, Montes de la Diputación General de Aragón y Montes Consorciados.
Tarifa 09. Aprovechamientos maderables.
1. Cuando la forma de liquidación es a riesgo y ventura:
Cuota 2% Importe Tasación + 0,232 euros x número de unidades en m3.
2. Cuando la forma de liquidación es con liquidación foral:
Cuota = 2% Importe Tasación + 0,745 euros x número de unidades en m3.
3. Para maderas de pequeñas dimensiones:
Cuota = 1% Importe Tasación + 0,148 euros x número unidades en toneladas + 35,03 euros.
Tarifa 10. Aprovechamientos de Caza.
1 Cuota = 10% Importe Tasación cuando la tasación sea, menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 35,94 euros cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 11. Aprovechamientos de leñas.
1. Cuota = 5% Importe Tasación + 0,148 euros x número de unidades en estéreos + 4,28 euros, cuando la tasación sea menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,148 euros x número de unidades en estéreos + 35,03 euros, cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 12. Aprovechamientos de pastos.
1. Cuota = 16% Importe Tasación + 0,052 euros x número de unidades en has., cuando la tasación sea menor ó igual a 300,51 euros.
2. Cuota = 1% Importe Tasación + 0,032 euros x número de unidades en has. + 71,72 euros, cuando la tasación sea mayor a 300,51 euros.
Tarifa 13. Aprovechamientos de cultivos.
Cuota = 8% Importe Tasación.
Tarifa 14. Aprovechamientos apícolas, de arenas y piedras, recreativos, setas (excepto trufas), frutos y semillas, plantas industriales y otros.
Cuota = 10% Importe Tasación.
Tarifa 15. Aprovechamiento de trufas.
Cuota = 3% Importe Tasación.
Tarifa 16. Ocupaciones.
10% del canon el primer año.
10% del canon a partir del segundo año con tope máximo de 634,49 euros.
b) Aprovechamientos en fincas particulares.
Tarifa 17. Por la autorización de los aprovechamientos maderables o leñosos de especies forestales en montes no gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO
Hasta 20,0 metros cúbicos
30,00 euros
Más de 20, 0 metros cúbicos
30,00 euros
más 0,16 euros por m3 adicional
Cuando se proceda al señalamiento material del aprovechamiento por representante de la Administración se aplicará un incremento sobre la tasa del 100%.
3.º Otros servicios administrativos en materia de montes y vías pecuarias.
Tarifa 18. Autorización de ocupación temporal de montes del dominio público forestal y autorización de ocupación temporal de vías pecuarias, incluidas las prórrogas y ampliaciones.
La cuota se determinará de mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
SUPERFICIE OCUPADA
HASTA 0,50 Ha
155,25 €
DESDE 0,51 Ha HASTA 5,00 Ha
310,50 €
MÁS DE 5,00 Ha
517,50 €
Tarifa 19. Autorización de roturación de montes y cambios de uso forestal.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
SUPERFICIE OCUPADA
HASTA 1,0 Ha
62,10 €
DESDE 1,0 Ha HASTA 5,00 Ha
155,25 €
MÁS DE 5,0 Ha
285,75 €
Tarifa 20. Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para caravanas de más de cinco vehículos, la cuota será única por un importe de 100 euros.
Tarifa 21. Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para competiciones deportivas, la cuota será única por un importe de 150 euros.
Artículo 74 bis. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota adicional de la tarifa 17: las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas o leñas de diámetro normal siempre inferior a 20 cm con corteza; las autorizaciones de los aprovechamientos de maderas en plantaciones de especies forestales del género Populus; las autorizaciones de los aprovechamientos forestales de maderas de cualquier tipo que se ejecuten en espacios de la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y las de los aprovechamientos forestales establecidos en Proyectos de Ordenación de Montes, Planes Dasocráticos o instrumentos de gestión equivalentes aprobados por la Administración Forestal. Estas exenciones no son acumulables en ningún caso.
Asimismo, están exentos del pago de cuota de la tarifa 17 los aprovechamientos de leñas de diámetro siempre inferior a 20 cm con corteza y volumen anual inferior a 10 m3 y los aprovechamientos sanitarios de carácter forzoso que se encuentren debidamente acreditados.
2. Están exentos del pago de las tarifas 18, 19, 20 y 21 los supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter público.
Artículo 74 ter. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios facultativos y- administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias relativa a las tarifas 17, 18, 19, 20 y 21 corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
CAPÍTULO XVIII
18. Tasa por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios
Artículo 75. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de productos agroalimentarios de Aragón, de los siguientes servicios:
1.º Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.
2.º Calificaciones y actividades complementarias de los productos amparados por la Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida correspondiente.
3.º Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.
Artículo 76. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, granjas, secaderos o envasadores, que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos Reguladores.
Artículo 77. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio correspondiente.
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial se devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.
Artículo 78. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se destine a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de origen.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor medio en euros de la producción de una hectárea en la zona y campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1%.
Tarifa 02. Sobre los animales sacrificados cuyas piezas o canales se destinen a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de animales sacrificados, protegidos por la Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en euros, del coste unitario del animal que corresponda, cebado en la zona de producción, durante la campaña precedente.
b El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1 %.
Tarifa 03. Sobre los productos amparados en general.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto amparado por la cantidad o el volumen vendido.
b El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 04. Sobre las canales, piezas o perniles amparados.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de canales, piezas o perniles amparados por la Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida, por el valor medio, en euros, del precio de venta en la zona de elaboración o de sacrificio, durante la campana precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 05. Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros documentos análogos.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado de facturas o cualquier otro documento análogo será de 0,67 euros.
Tarifa 06. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, brazaletes y envases, así como por las operaciones de sellado y marcaje.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.
Artículo 79. Afectación.
Los recursos generados por 1:es ingresos de las tasas reguladas en el presente Capítulo se destinarán en un porcentaje no inferior al 85 % a la financiación del Consejo Regulador que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO XIX
19. Tasa prestación de servicios administrativos y técnicos de juego
Artículo 80. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios administrativos o técnicos inherentes a la gestión administrativa en materia de juego, tales como el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias, renovaciones, modificaciones, diligenciamiento y expedición de documentos y libros, inscripciones en el Registro del Juego y demás actuaciones previstas en la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 81. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos en cuyo interés se realicen las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas que soliciten las actuaciones administrativas, cuando éstas deban prestarse a favor de otras personas diferentes del solicitante.
3. Son responsables subsidiarios los titulares o usuarios de los locales o establecimientos donde se realicen las actividades cuya autorización o tramite administrativo hubiese constituido el hecho generador de la tasa.
Artículo 82. Devengo.
La tasa se devengará cuando se inicie la actividad administrativa cuya ejecución constituye el hecho imponible: No obstante lo anterior, el pago se exigirá en el momento de la solicitud de la correspondiente actividad administrativa.
Artículo 83. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Inscripción en los registros de empresas de juego: 201,80 euros.
Tarifa 02. Autorizaciones administrativas.
2.1 De casinos: 3.362,83 euros.
2.2 De las salas de bingo: 1.008,83 euros.
2.3 De los salones de juego: 336,30 euros.
2.4 De los salones recreativos: 168,18 euros.
2.5 De otros locales de juego: 67,31 euros.
2.6 De rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 100,93 euros;
2.7 De explotación de máquinas de tipo A, salvo 2.8: 33,63 euros.
2.8 De explotación de máquinas de tipo A de premio en especie: 840,71 euros.
2.9 De explotación de máquinas de tipo B: 67,31 euros.
2.10 De explotación de máquina de tipo C: 100,93 euros.
2.11 De instalación de máquinas de tipo A de premio en especie: 13,47 euros.
2.12 Canje de máquinas: 67,31 euros: 134,55 euros
2.13 De instalación y emplazamiento de máquinas de tipo B
2.14 De instalación y emplazamiento de máquinas tipo C: 201,80 euros
2.15 Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo A: 8,45 euros.
2.16 Comunicación de emplazamiento de máquinas de tipo B y C: 33,63 euros.
2.17 Instalación de dispositivo de interconexión de máquinas de tipo B y C: 67,31 euros.
2.18 Otras autorizaciones: 33,63 euros.
2.19 De explotación de expedición de apuestas: 3.172,44 euros.
2.20 Comunicaciones de puestos de juego: 12,67 euros.
2.21 Traslado de máquinas de tipo «A» dentro de la Comunidad Autónoma: 22,77 euros.
2.22 Traslado de máquinas de tipo «B» dentro de la Comunidad Autónoma: 62,10 euros.
2.23 Traslado de máquinas de tipo «C» dentro de la Comunidad Autónoma: 74,52 euros.
2.24 Incorporación de nuevos juegos en máquinas de tipo «B» con señal de video: 65,99 euros.
Tarifa 03. Homologación e inscripción en el Registro de Modelos.
3.1 De máquinas de tipo A: 168,18 euros.
3.2 De máquinas de tipo B y C: 336,30 euros.
3.3 Homologación de otro material de juego: 168,18 euros.
3.4 Homologación de juegos en máquinas de tipo A: 16,84 euros.
3.5 Modificación sustancial de máquinas de tipo B y C: 100,93 euros.
3.6 Modificación no sustancial de máquinas de tipo B y C: 33,63 euros.
3.7 Exclusiones del Reglamento: 33,63 euros.
3.8 Autorización de máquinas de tipo A en prueba: 33,63 euros por máquina.
3.9 Autorización de máquinas de tipo B y C en prueba: 67,31 euros por máquina.
Tarifa 04. Otros servicios administrativos.
4.1 Documentos profesionales: 20,22 euros.
4.2 Diligenciamiento de libros: 16,84 euros.
4 3 Diligenciamiento de hojas de reclamaciones: 6,76 euros.
4.4 Diligenciamiento de hojas de reclamaciones por cambio de titular: 3,44 euros.
4.5 Descripción en el Registro de Prohibidos: 33,63 euros.
4.6 Expedición de Certificados: 6,76 euros.
4.7 Inspección Técnica de máquinas de tipo A, B y C: 100,93 euros.
4.8 Devolución o sustitución de avales, por cada aval: 31,68 euros.
Reglas especiales:
1.ª La renovación o modificación de los conceptos comprendidos en el apartado anterior tributarán al cincuenta por ciento de los epígrafes correspondientes.
2.ª El duplicado de cualesquiera de los epígrafes de las tarifas comprendidas en este artículo generará el pago de 10,56 euros.
CAPÍTULO XX
20. Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos farmacéuticos
Artículo 84. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios comprendidos en el ámbito de la Ley de Cortes de Aragón 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón, y que se corresponden con los incluidos en las tarifas señaladas en el artículo 87.
Artículo 85. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 86. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento en que se solicite o se inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. No obstante lo anterior, en el supuesto en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones, debiendo ingresar su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 87. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Oficinas de Farmacia.
1. Participación en el concurso de apertura: 69,96 euros.
2. Autorización de instalación, apertura o traslado: 349,74 euros.
3. Autorización de cierre: 104,93 euros.
4. Modificaciones del local que supongan cambios en su estructura: 69,96 euros.
5. Cambio de titularidad: 139,89 euros.
6. Nombramiento de regente, sustituto o adjunto: 34,97 euros.
7. Acreditación de actividades sometidas Buenas Prácticas: 174,86 euros.
8. Otras inspecciones: 104,93 euros.
9. Autorización de elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales a terceros: 349,74 euros
10. Acreditación de nivel para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales: 171,44 euros
Tarifa 02. Botiquines y Depósitos de medicamentos.
1. Autorización de instalación: 104,93 euros.
2. Autorización de cierre: 69,96 euros.
3. Otras inspecciones: 69,96 euros.
Tarifa 03. Servicios Farmacéuticos.
1. Autorización de instalación y apertura: 349,74 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 69,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Farmacéutico responsable: 69,96 euros.
4. Acreditación de Buenas Prácticas: 349,74 euros.
Tarifa 04. Almacenes de distribución de medicamentos.
1. Autorización de instalación, apertura o traslados: 349,74 euros.
2. Autorización de modificación de locales: 104,93 euros.
3. Autorización de cambios de titularidad: 139,89 euros.
4. Inspección y verificación de las Buenas Prácticas de Distribución: 349,74 euros.
5. Nombramiento de Director Técnico y Acta de toma de posesión: 69,96 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 34,97 euros.
7. Emisión de certificado de Buenas Prácticas de Distribución: 349,74 euros.
Tarifa 05. Industria farmacéutica.
1. Inspección y verificación de las normas de correcta fabricación, por cada día empleado: 349,74 euros.
2. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión en el cargo del Director Técnico: 69,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de muestras reglamentarias de especialidades farmacéuticas o de materias primas y productos intermedios empleados en la fabricación de medicamentos: 209,85 euros.
4. Autorización de publicidad: 174,86 euros.
5. Otras inspecciones: 69,96 euros.
6. Nombramiento de Farmacéuticos adicionales: 34,97 euros.
7. Por certificado de Normas de Correcta Fabricación: 174,86 euros.
Tarifa 06. Cosméticos.
1. Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación, por cada día empleado: 349,74 euros.
2. Otras inspecciones: 69,96 euros.
3. Servicios y actuaciones inherentes a la toma de posesión del Director Técnico: 69,96 euros.
Tarifa 07. Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos.
1. Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio, por cada día empleado: 349,74 euros.
2. Ensayos clínicos: inspección y verificación de Buenas Prácticas clínicas, por cada día empleado: 349,74 euros.
3. Otras inspecciones: 69,96 euros.
Tarifa 08. Otras actuaciones.
1. Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos: 69,96 euros.
2. Autorización de estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos: 349,74 euros.
CAPÍTULO XXI
21. Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios sociales
Artículo 88. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sociales que se mencionan a continuación:
a) La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora de los centros de servicios sociales especializados.
b La inscripción en el registro de entidades y establecimientos de acción social.
c) El visado o diligenciado de documentos.
Artículo 89. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos obligados al pago de las citadas tasas las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualquiera de los servicios sociales que constituyen el hecho imponible.
Artículo 90. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sociales se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios o actuaciones administrativas correspondientes.
2 No obstante lo anterior, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administrativa se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los interesados el inicio de dichas actuaciones.
Artículo 91. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la solicitud de autorizaciones administrativas e inspección.
1. Por los estudios e informes previos a la resolución del expediente de autorización de creación en fase de proyecto o construcción, apertura al público, cambio de ubicación, modificación de la capacidad asistencial o de tipología, cambio de titularidad o cierre de centros sociales especializados:
– Centros sociales con internamiento: 279,80 euros.
– Centros sociales sin internamiento: 140,00 euros.
2. Por cada inspección a instancia de parte
En centros sociales con o sin internamiento: 87,50 euros.
Tarifa 02. Por la inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de acción social.
– Entidades de acción social y servicios sociales comunitarios: 17,50 euros.
Tarifa 03. Por visado o diligenciado de documentos, Reglamentos de Régimen Interior, tarifas y otros.
Primer visado o diligencia: 17,50 euros.
Visado o diligencia posterior por modificaciones realizadas a iniciativa de la entidad titular del establecimiento: 3,50 euros.
CAPÍTULO XXII
22. Tasa por inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de Aragón»
Artículo 92. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la inserción de anuncios no oficiales en el Boletín Oficial de Aragón. En todo caso, se considerarán gravados los siguientes:
a) Los documentos de las sociedades industriales y mercantiles, sea o no su inserción obligatoria, con arreglo a las disposiciones vigentes.
b) Los procedentes de las Cajas de Ahorro y que no se refieran a operaciones de carácter benéfico.
c) Los relativos a concesiones, licencias, autorizaciones y permisos otorgados a Sociedades o particulares, para su provecho y beneficio, referentes a explotaciones industriales, obras públicas, minas y análogos, en virtud de expedientes instruidos en cualquier Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma, a instancia del concesionario, así como los de tarifas de transportes terrestres y otras explotaciones de servicio público.
2. Reglamentariamente podrán determinarse otros supuestos de anuncios no oficiales de inserción obligatoria.
3. La corrección total o parcial de un anuncio no oficial ya insertado mediante un nuevo anuncio, cuando la errata no sea imputable a la imprenta, estará sujeta asimismo a la tarifa correspondiente.
4. No estarán gravados por la presente tasa los anuncios oficiales, que serán siempre de inserción obligatoria y gratuita. A tales efectos, se entenderá por tales aquéllos expedidos por autoridad competente en cumplimiento de precepto legal que así lo prescriba.
Artículo 93. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten la inserción de anuncios no oficiales en el Boletín Oficial de Aragón.
Artículo 94. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud al órgano competente de la inserción que constituye el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio.
Artículo 95. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inserción de anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón»: 10,30 euros por línea impresa del |
remitido en soporte informático, del anuncio mecanografiado en su equivalente en soporte papel de formato DIN A-4, con un máximo de diecisiete palabras por línea.
Cuando el |
sea remitido exclusivamente en soporte papel, sin otro apoyo informático o electrónico, que haga necesaria su trascripción por los servicios administrativos correspondientes, la tarifa aplicable será la que resulte de multiplicar por dos la consignada en el párrafo anterior.
CAPÍTULO XXIII
23. Tasa por inscripción y publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón
Artículo 96. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la instrucción del expediente de inscripción o modificación, así como la prestación de cualquier información que conste en los Registros de Asociaciones, de Fundaciones, de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón, gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 97. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten la inscripción, modificación o información que constituyen el hecho imponible.
Artículo 98. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, salvo en el supuesto de la tarifa 04, en el que se practicará la liquidación por la Administración, debiendo ingresarse su importe, en todo caso, con anterioridad a hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 99. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y uniones: 50,47 euros.
Tarifa 02. Por expediente de inscripción de asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y consejos de colegios: 33,63 euros.
Tarifa 03. Por expediente de modificación de estatutos de las entidades a que se refieren las tarifas anteriores, o de inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 16,84 euros.
Tarifa 04. Por obtención de informaciones, certificaciones y compulsa de documentos.
Por el primer o único folio en formato DIN A-4: 3,38 euros.
A partir del segundo folio, por cada uno: 1,69 euros.
Tarifa 5. Por diligenciado de cada Libro oficial: 1,69 euros.
CAPÍTULO XXIV
24. Tasa por derechos de examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción como personal funcionario o laboral en la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 100. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actuaciones administrativas relativas a la admisión o exclusión de los aspirantes en los procesos selectivos convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ingreso o promoción a sus Cuerpos, Escalas y Clases de Especialidad, o para integración en las mismas, así como para el acceso a las categorías de personal laboral de su convenio colectivo, tanto por el turno libre como por los turnos internos cuando supongan el paso a categoría distinta de la de origen del solicitante.
Artículo 101 Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas que constituyen el objeto del hecho imponible,
Artículo 102. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas correspondientes, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la tramitación de la solicitud.
Artículo 103. Tarifas.
1. La tasa se exigirá conforme a las tarifas que se relacionan a continuación, siempre para el acceso, como funcionario de carrera o contratado laboral fijo, a los Cuerpos o Categorías:
Tarifa 01. Del grupo de titulación A: 20,22 euros.
Tarifa 02. Del grupo de titulación B: 16,84 euros.
Tarifa 03. Del grupo de titulación C: 13,47 euros.
Tarifa 04. Del grupo de titulación D: 10,14 euros.
Tarifa 05. Del grupo de titulación E: 6,76 euros.
2. Las cuantías exigibles por las tarifas anteriores serán objeto de publicidad expresa en las resoluciones mediante las que se convoquen las correspondientes pruebas selectivas.
CAPÍTULO XXV
25. Tasa por los servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Aragón
Artículo 104. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios:
1. Tramitación de expedientes de solicitud de inscripción registra.
2. Anotaciones, cancelaciones y demás modificaciones de los asientos registrales, incluidos los traslados.
3. Expedición de certificados, notas simples, copias de obras - en cualquier tipo de soportes- y autenticación de firmas.
Artículo 105. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten los servicios que constituyen el hecho imponible de la misma.
Artículo 106. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. La tasa será exigible mediante liquidación practicada por la Administración, siendo necesario el previo pago para hacer efectiva la prestación del servicio o actividad.
Artículo 107. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Para la tramitación de los expedientes de solicitud, por cada creación original, así como por anotación preventiva, cancelación o traslado de asientos registrales: 11,65 euros.
Tarifa 02. Por expedición de certificados, por cada uno: 13,85 euros.
Tarifa 03. Por expedición de notas simple, por cada una: 3,88 euros.
Tarifa 04. Por expedición de copia certificada de obras en cualquier soporte, por cada una: 10,35 euros.
Tarifa 05. Por autenticación de firmas: 3,88 euros.
CAPÍTULO XXVI
26. Tasa por servicios de gestión de los cotos
Articulo 108. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la de la tasa la gestión administrativa de los cotos de caza, en concreto, la tramitación de los expedientes de creación o constitución de cotos de caza; de modificación de superficies y limites; de cambios de titularidad; de anulación de cotos de caza; de tramitación de planes técnicos y planes anuales de aprovechamientos cinegéticos y de tramitación de cualquier solicitud derivada de la gestión de los cotos de caza.
Artículo 109. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares de los cotos municipales, deportivos, privados y de las explotaciones intensivas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 110. Devengo y gestión.
La tasa se devengará anualmente.
Artículo 111. Tarifas.
1. La tarifa será de 0,57 euros por hectárea para los cotos de caza mayor y de 0,38 euros por hectárea para los cotos de caza menor.
Los titulares de los cotos deportivos y municipales pagarán el 10 por 100 de esta tarifa si el coto es de caza menor y el 30 por 100 si es de caza mayor.
2. En ningún caso la tarifa de los cotos deportivos y municipales, una vez aplicados los citados porcentajes, podrá superar los 1.586,22 euros.
Artículo 112. Afectación.
La gestión de la tasa 26 por servicios de gestión de los cotos corresponde la Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
CAPÍTULO XXVII
27. Tasa por acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación
Artículo 113. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las actuaciones administrativas dirigidas a la obtención de la acreditación de los Laboratorios de Ensayo para el control de la Calidad de la Edificación, así como las relativas a su seguimiento y renovación.
Artículo 114. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten, en nombre de los Laboratorios de Ensayo, o para quienes se efectúen, las actuaciones administrativas constitutivas del hecho imponible.
Artículo 115. Devengo y gestión.
1. La tasa por acreditación o renovación de la misma se devengará cuando se soliciten o se inicien las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio o realización de la actividad.
2. La tasa por seguimiento de la acreditación se devengará periódicamente el uno de enero de cada año. Si fueren necesarias segundas o ulteriores inspecciones anuales, como consecuencia de la formulación de reparos u objeciones en las precedentes, el devengo, se producirá al iniciarse la correspondiente actuación administrativa. En ambos supuestos el pago se exigirá por anticipado mediante liquidación girada por, la Administración.
Artículo 116. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por expediente de acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 530,44 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 265,22 euros.
3. Todos los ensayos complementarios de una sola área: 424,35 euros.
4. Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 212,18 euros.
5. Por cada ensayo complementario de cualquier área: 106,09 euros.
Tarifa 02. Por seguimiento de la acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 265,22 euros.
1. Ensayos básicos de cada área adicional: 132,64 euros.
2. Todos los ensayos complementarios de una sola área: 159,13 euros.
3. Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 79,59 euros.
4. Por cada ensayo complementario de cualquier área: 63,65 euros.
Tarifa 03. Por la realización de segundas o ulteriores inspecciones, considerándose como tales las realizadas como consecuencia de reparos u objeciones en la primera inspección previa a la acreditación o en la primera anual de seguimiento.
1. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de una sola área: 169,74 euros.
2. Si la inspección se refiere a los ensayos básicos de cada área adicional: 84,87 euros.
3. Si la inspección se refiere a todos los ensayos complementarios de una sola área: 95,48 euros.
4. Si la inspección se refiere a todos los ensayos básicos de cada área adicional: 63,65 euros.
5. Si la inspección se refiere a algún ensayo complementario de cualquier área: 53,04 euros.
Tarifa 04. Por renovación de la acreditación.
1. Ensayos básicos de una sola área: 244 euros.
2. Ensayos básicos de cada área adicional: 122,03 euros.
3. Todos los ensayos complementarios de una sola área: 143,24 euros.
4. Todos los ensayos básicos de cada área adicional: 74,26 euros.
5. Por cada ensayo complementario de cualquier área: 63,65 euros.
CAPÍTULO XXVIII
28. Tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente
Artículo 117. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan:
a) Declaración de impacto ambiental.
b) Autorización ambiental integrada, así como su modificación y renovación.
c) Autorización de productor de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
d) Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos, así como su modificación y traslado.
e) Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
f) Inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su modificación y traslado.
g) Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
h) Inscripción en el Registro de transportistas de residuos peligrosos, así como su modificación y ampliación.
i) Autorización de las actividades productoras de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
j) Autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
k) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
l) Certificación de convalidación de inversiones.
m) Diligenciado de libros-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
n) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero y sus modificaciones.
ñ) Inscripción en el Registro de productores de residuos industriales no peligrosos.
o) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas integrados de gestión.
p) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas individuales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Articulo 118. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
Articulo 119. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios o la realización de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Articulo 120. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en la redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, así como para los supuestos del Anexo II del citado Real Decreto Legislativo, cuando se hubiera resuelto su sometimiento al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
PEM PROYECTO
HASTA 600.000,00 €
465,75 €
DESDE 600.000,01 € HASTA 6.000.000,00 €
672,75 €
MÁS DE 6.000.000,00 €
1.345,50 €
Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sea de aplicación la tarifa 03 de esta misma tasa. En los supuestos del Anexo II, se descontará de la cuota el importe abonado conforme a la tarifa 02.
Tarifa 02. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el Anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en la redacción por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, la cuota será de 258,75 €.
Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos a los que sea de aplicación la tarifa 03 de esta misma tasa.
Tarifa 03. Por el otorgamiento o renovación de la autorización ambiental integrada.
a) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
PEM PROYECTO
HASTA 600.000,00 €
1.060,87 €
DESDE 600.000,01 € HASTA 6.000.000,00 €
1.578,37 €
MÁS DE 6.000.000,00 €
3.156,75 €
b) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que no estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto, mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
PEM PROYECTO
HASTA 600.000,00 €
828,00 €
DESDE 600.000,01 € HASTA 6.000.000,00 €
1.242,00 €
MÁS DE 6.000.000,00 €
2.484,00 €
c) Para la renovación de autorizaciones ambientales integradas o para las autorizaciones ambientales integradas tramitadas en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, una cuota fija de 828,00 €.
Tarifa 04. Por la autorización de productor de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, y por la autorización de las actividades productoras de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, 207,00 €.
Tarifa 05. Por la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos, así como su modificación y traslado, 93,15 €.
Tarifa 06. Por la inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su modificación y traslado, y por la inscripción en el Registro de transportistas de residuos peligrosos, así como su modificación y ampliación, 93,15 €.
Tarifa 07. Por la autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslados, y por la autorización de las actividades de gestión de residuos sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, 476,10 €.
Tarifa 08. Por la autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y traslado, y ponla autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, 476,10 €.
Tarifa 09. Por la certificación de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, 93,15 €.
Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, así como su modificación, 200,00 euros.
Tarifa 11. Por el diligenciado de libro-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera, se le aplica la siguiente escala de gravamen:
N.° LIBROS-REGISTRO
Por un libro-registro
50,00 euros
Por cada libro-registro que exceda de uno
10,00 euros
Tarifa 12. Por la inscripción en el Registro -de productores de residuos industriales no peligrosos, así como su modificación o ampliación, 120,00 euros.
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas integrados de gestión, así como su prórroga o modificación, 600,00 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas individuales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su prórroga o modificación, 460,00 euros.
Articulo 121. Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos promovidos por la Administraciones Públicas, siempre que los mismos se ejecuten en desarrollo o ejercicio de actividades o funciones de carácter público.
Articulo 122. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
CAPÍTULO XXIX
29. Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad
Artículo 123. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones administrativos conducentes a la obtención de autorizaciones que a continuación se relacionan:
a) Autorización de observación y fotografía de especies.
b) Autorización para la tenencia de aves de cetrería.
c) Autorización para la tenencia de hurones.
d) Autorización para la creación o ampliación de centros de acuicultura.
e) Autorización para la creación o ampliación de granjas cinegéticas.
Articulo 124. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de, la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
Articulo 125. Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios ola realización de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
Articulo 126. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la autorización de observación y fotografía de especies, 51,75 €.
Tarifa 02. Por la autorización para la tenencia de aves de cetrería, 41,40 €.
Tarifa 03. Por la autorización para la tenencia de hurones, 18,63 €.
Tarifa 04. Por la autorización para la creación o ampliación de granjas cinegéticas y por, la autorización para la creación o ampliación de centros de acuicultura, 186,30 €.
Articulo 127. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa los supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter público.
Articulo 128. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.
CAPÍTULO XXX
30. Tasa por inscripción en el registro de organismos modificados genéticamente
Artículo 129. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los servicios y actividades relacionadas con la tramitación, evaluación, estudios, ensayos o similares, así como su registro, derivados de las comunicaciones o de las solicitudes de autorización para la ejecución de actuaciones en las que intervengan organismos modificados genéticamente. Y, en particular, para la ejecución de las actividades siguientes:
a) La primera utilización de instalaciones específicas que impliquen la utilización confinada de organismos modificados genéticamente cualquiera que sea el riesgo asignado a la actividad.
b) La utilización confinada de organismos modificados genéticamente en actividades de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo.
c) La liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines distintos a la comercialización.
Artículo 130. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten o para quienes se presten los servicios y actuaciones que constituyen el hecho imponible.
Artículo 131. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud o comunicación que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. La tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos.
Artículo 132. Tarifas.
Los servicios y actividades cuya prestación constituye el hecho imponible de la tasa quedarán gravados con las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo nulo o insignificante: 310 euros.
Tarifa 02. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de bajo riesgo: 621 euros.
Tarifa 03. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo moderado: 828 euros.
Tarifa 04. Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de alto riesgo: 1.242 euros.
Tarifa 05. Utilización confirmada de OMG en actividades de bajo riesgo, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada del mismo riesgo o superior: 621 euros.
Tarifa 06. Utilización confinada de OMG en actividades de riesgo moderado, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada de ese riesgo o superior: 828 euros.
Tarifa 07. Utilización confinada de OMG de alto riesgo, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada del mismo riesgo: 1.035 euros.
Tarifa 08. La liberación voluntaria de OMG con fines distintos a la comercialización: 1.242 euros.
Artículo 133. Bonificaciones y exenciones.
1. Las cuotas establecidas para las comunicaciones y autorizaciones de las actividades reguladas en las tarifas 2, 3 y 4, se bonificarán en un 30% en el caso de las instalaciones comunicadas previamente para actividades de utilización confinada de la categoría anterior.
2. La cuota establecida para actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, regulada en la tarifa 08, se bonificará en un 30% en los casos de ampliaciones de ensayo y solicitudes repetidas de la misma modificación genética que formen parte de proyectos plurianuales de investigación y desarrollo.
3. Las bonificaciones reguladas en este artículo podrán acumularse.
4. Están exentos del pago de la tasa los supuestos de actuaciones de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuando los proyectos o actividades de investigación y desarrollo sean efectuados por instituciones, entes u órganos públicos.
CAPÍTULO XXXI
31. Tasa por los servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
Artículo 134. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, de los siguientes servicios:
1. Inscripción y mantenimiento de los siguientes Registros de Operadores en la Comunidad Autónoma de Aragón:
– Registro de Operadores titulares de explotaciones de producción;
– Registro de Operadores titulares de industrias elaboradoras; y
– Registro de Operadores titulares de empresas importadoras de terceros países.
2. Certificación del producto cuando sea el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica quien actúe en funciones de Autoridad de Control.
3. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, volantes de circulación y declaraciones de exportación.
Artículo 135. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de explotaciones de producción, industrias elaboradoras y empresas importadoras de países terceros que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Artículo 136. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite la actividad que constituye el hecho imponible. No obstante lo anterior, el devengo de la tasa por mantenimiento de los Registros se producirá el 1 de enero de cada año.
2. La tasa será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo, siendo necesario el previo pago de la misma para hacer efectiva la prestación del servicio solicitado. Sin embargo, la tasa por mantenimiento de los Registros se liquidará por la Administración, debiéndose ingresar su importe en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
Artículo 137. Tarifas.
La cuantía de la Tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la inscripción y mantenimiento en registro de explotaciones agrícolas acogidas al método de producción ecológica. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y otra cuota variable. La cuota fija será de 66,79 € por explotación inscrita. La cuota variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las hectáreas de la explotación que pertenezcan a cada grupo de cultivo por el valor, €/ha, descrito en el cuadro siguiente:
Grupo de cultivo
Herbáceos de secano
Herbáceos de regadío
Hortícola
Frutales de secano
Frutales de regadío
Pastos y bosques
Las hectáreas de cultivos en barbecho recibirán el mismo tratamiento que el grupo de cultivo al que pertenecen.
Tarifa 02. Por el control en explotaciones agrícolas acogidas al método de producción ecológica que elijan ser controladas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y de una cuota variable. La cuota fija será de 103,70 € por explotación inscrita. La cuota variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las hectáreas de la explotación que pertenezcan a cada grupo de cultivo por el valor, €/ha, descrito en el cuadro siguiente:
Grupo de cultivo
Herbáceos de secano
Herbáceos de regadío
Hortícola
Frutales de secano
Frutales de regadío
Pastos y bosques
Las hectáreas de cultivos en barbecho recibirán el mismo tratamiento que el grupo de cultivo al que pertenecen.
Tarifa 03. Por la inscripción y mantenimiento en el registro de explotaciones ganaderas acogidas al método de producción ecológica. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y otra cuota variable. La cuota fija será de 66,79 € por explotación inscrita. La cuota variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las cabezas de la explotación por los valores descritos en el cuadro siguiente:
Tipo de Ganado
VACUNO:
Explotación de madres
0,88 € /madre
Explotación de cebo
0,45 €/ternero
Explotación mixta (madre + cebo)
0,98 €/madre
OVINO y CAPRINO
0,18 €/cabeza
AVÍCOLA
0,05 €/cabeza
APÍCOLA
0,29 €/colmena
PORCINO:
Explotación de madres
0,73 €/madre
Explotación de cebo
0,16 €/lechón
Explotación mixta (madre + cebo)
0,88 €/madre
CUNÍCOLA
0,05 €/cabeza
Tarifa 04. Por el control en explotaciones ganaderas acogidas al método de producción ecológica que elijan ser controladas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la suma de una cuota fija y de una cuota variable. La cuota fija será de 103,70 € por explotación inscrita. La cuota variable será la suma de las cifras obtenidas de multiplicar las cabezas de la explotación según se describe en el cuadro siguiente:
Tipo de Ganado
VACUNO:
Explotación de madres
1,32 €/madre
Explotación de cebo
0,66 € /ternero
Explotación mixta (madre + cebo)
1,47 €/madre
OVINO y CAPRINO
0,27 €/cabeza
AVÍCOLA
0,09 €/cabeza
APÍCOLA
0,45 €/colmena
PORCINO:
Explotación de madres
1,11 €/madre
Explotación de cebo
0,22 €/lechón
Explotación mixta (madre + cebo)
1,32 €/madre
CUNÍCOLA
0,09 €/cabeza
Tarifa 05. Por la inscripción y mantenimiento en el Registro de industrias elaboradoras o importadores de - terceros países, acogidos a los métodos de producción ecológica. La cuantía exigible será el resultado de la siguiente función:
CE=CF1+[(CF2+CV) • K]
CE: Cuantía exigible [€];
CF1: Cuota fija no afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 39,95 €;
CF2: Cuota fija afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 39,95 €;
CV: Cuota variable [€]. Se obtiene de multiplicar 24,22 por el número de líneas de elaboración o envasado;
K: Adoptará el valor de 1 o 2 según el siguiente cuadro:
Actividad
Valor de K
Industria con dedicación exclusiva a la agricultura ecológica
Industria que además elabora productos convencionales
Tarifa 06. Por el control de industrias elaboradoras o importadores de terceros países, acogidos a los métodos de producción ecológica, y que elijan ser controladas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica como Autoridad de Control. La cuantía exigible será el resultado de la siguiente función:
CE=CF1+[(CF2+CV) • K]
E: Cuantía exigible [€];
CF1: Cuota fija no afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 59,92 €;
CF2: Cuota fija afectada por coeficiente corrector [€]. Su valor será de 59,92 €;
CV: Cuota variable [€]. Se obtiene de multiplicar 36,30 por el número de líneas de elaboración o envasado;
K: Adoptará el valor de 1 o 2 según el siguiente cuadro:
Actividad
Valor de K
Industria con dedicación exclusiva a la agricultura ecológica
Industria que además elabora productos convencionales
Tarifa 07. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, volantes de circulación y declaraciones de exportación. La base imponible será la correspondiente al coste del documento, siendo la cuantía exigible la correspondiente al doble del mismo.
Artículo 138 Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se afectará al sostenimiento y fomento de la agricultura ecológica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO XXXII
32. Tasa por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y televisión de gestión indirecta privada
Artículo 139. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, radiodifusión digital terrestre, y de televisión digital terrestre, de gestión indirecta, a implantar o implantados dentro del ámbito territorial de Aragón, de las siguientes actividades:
1.ª Otorgamiento de la concesión para la explotación del servicio.
2.ª Renovación de las concesiones.
3.ª Autorización de transferencia de la titularidad de las concesiones de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de radiodifusión sonora digital terrestre.
4.ª Autorización de modificaciones en la titularidad de acciones, participaciones o títulos equivalentes de las empresas concesionarias de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión sonora digital terrestre, y de televisión digital terrestre, su transmisión, disposición o gravamen.
5.ª Autorización de las ampliaciones de capital cuando la suscripción de las acciones o títulos equivalentes no se realice en idéntica proporción entre los propietarios del capital social.
6.ª Inscripciones que se deban practicar en el Registro de Empresas de los diferentes servicios de Radiodifusión Sonora y de Televisión que se lleven en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de)as competencias que le corresponden, así como la expedición de certificaciones de dicho Registro.
Artículo 140. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la práctica de las actividades administrativas que integran su hecho imponible.
Artículo 141. Devengo y gestión.
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios:
1. En la adjudicación de concesiones, cuando se notifique el acuerdo de adjudicación definitiva: No podrá formalizarse el correspondiente contrato sin la acreditación del pago de la tasa devengada.
2. En la renovación de concesiones, la transferencia de su titularidad y la modificación en la titularidad del capital o su ampliación, en el momento de la solicitud, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
3. En las inscripciones y certificados registrales, cuando se formalicen o se expidan. No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento de la solicitud, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Artículo 142. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Adjudicación y renovación de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de radiodifusión sonora digital terrestre, así como de televisión digital terrestre, se fijará en función de la población de su zona de servicio y será el resultado de multiplicar el 10% de la garantía definitiva máxima de cada servicio por los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de la siguiente forma:
1. «Emisoras de FM», por servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36 euros) = 1.803,04 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
– Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 1.803,04 euros.
– Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 450,76 euros.
– Por 0.10 para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 180,30 euros.
– Por 0.05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 90,15 euros.
2. «Emisoras radiodifusión sonora digital terrestre», por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36 euros) = 1.803,04 euros, por 1.4 = 2.524,25 euros y por los siguientes factores correctores poblacionales:
2.1 «Emisoras Locales», por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura local.
– Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.524,25 euros.
– Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 631,06 euros.
– Por 0.10 para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 252,43 euros.
– Por 0.05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 126,21 euros.
2.2 «Emisoras regionales», por servicios de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
– Por 1.5, en todos los casos: 3.786,38 euros:
3. «Emisoras TV digital terrestre», por servicios de televisión digital terrestre. El 10% sobre la garantía definitiva máxima (30.050,61 euros) = 3.005,06 euros, por 1.4 = 4.207,08 euros y por los siguientes factores correctores poblacionales:
3.1 «Emisoras locales», por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura local.
– Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 4.207,08 euros.
– Por 0.25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.051,77 euros.
– Por 0.1, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 420,71 euros.
– Por 0.05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 210,35 euros.
3.2 «Emisoras regionales» por servicios de televisión digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
– Por 1.5 en todos los casos: 6.310,63 euros.
Tarifa 02. Por transferencia de la titularidad de los servicios de radiodifusión sonora, el 2,5% del importe total de la transferencia.
Tarifa 03. Modificaciones en la titularidad del capital o ampliación de éste. Por cada autorización: 112,15 euros.
Tarifa 04. Inscripciones registrales y Certificaciones registrales. Por cada inscripción o certificación registral: 55,23 euros.
Artículo 143. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa en los supuestos que grava la adjudicación y renovación de la concesión y la inscripción registral, las Emisoras Municipales y las Emisoras de televisión digital terrestre locales gestionadas por los Ayuntamientos.
CAPÍTULO XXXIII
33. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 144. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos en vías pecuarias o montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de autorizaciones o concesiones administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de vías pecuarias y montes.
Artículo 145. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sean titulares de autorizaciones o concesiones y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 146. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una exención total del importe de la tarifa correspondiente las ocupaciones relativas a instalaciones destinadas al uso o servicio público titularidad de las Administraciones Públicas.
2. Tendrán una bonificación del 50% del importe de la tarifa correspondiente aquellas ocupaciones relativas a instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social.
Artículo 147. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento del otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia de la autorización o concesión, el devengo se producirá el 1 de enero de cada año.
2. No obstante, tanto en las ocupaciones de vías pecuarias como de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando la tasa anual sea inferior a 50 euros, el sujeto pasivo podrá optar por satisfacer la tasa mínima anual de 50 euros, independientemente de la naturaleza de la ocupación y de la superficie ocupada, o podrá satisfacer una única tasa, no inferior a 50 euros, calculada como valor actual de las rentas futuras con un interés de actualización del 4%.
En el caso de pago único, de acordarse la caducidad de la autorización o concesión de la ocupación antes del plazo prefijado por causas no imputables a la Administración, no podrá exigirse la devolución parcial de la tasa abonada.
3. En ocupaciones provisionales el devengo de la tasa será anual con un mínimo de 50 euros.
Artículo 148. Base imponible.
La base imponible será la que resulte de la aplicación de los siguientes criterios de valoración:
1.º El valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en cuenta el ámbito de protección del espacio en que se ubique, los valores de los terrenos colindantes y el beneficio esperado por el sujeto pasivo en comparación con los precios de mercado en ocupaciones de naturaleza similar. Para su cuantificación se aplicarán las tarifas que se describen en el artículo siguiente.
2.º Además, se computarán los daños sobre los distintos valores ambientales y sobre los aprovechamientos de la vía pecuaria o del monte, así como los usos compatibles y complementarios con los mismos y otros aprovechamientos que pudiera tener la superficie ocupada y que pudieran verse afectados por la ocupación. En todo caso, se realizará una valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones en las que se vean afectadas zonas arboladas al eliminar una vegetación forestal que requiera un largo periodo de reposición.
3.º La cuantía de la contraprestación por los daños medioambientales que se produzcan independientemente de la duración total de la ocupación, cuando haya una pérdida de producción que tenga un plazo de reposición superior al de un año, se abonará de una sola vez al inicio de la ocupación.
4.º Los daños por minoración de rentas identificables se añadirán a la tasa anual establecida.
Artículo 149. Tarifas.
Las tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas, y otros tendidos de similar naturaleza, con servidumbre por sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de ocupación de apoyos, postes o torres y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo máximo del tendido en situación horizontal.
La anchura mínima será la razonable para el mantenimiento de la propia línea, nunca inferior a tres metros.
Cuando el tendido atraviesa de forma perpendicular a la vía pecuaria la longitud mínima será la anchura de deslinde o, en su defecto, la de clasificación de la vía pecuaria.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y otros elementos accesorios de los tendidos eléctricos se entenderán incluidos siempre y cuando la base o su proyección quede incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En otro caso, se computará la superficie adicional con la misma tarifa.
Tarifa 01. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 €/m2; Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 02. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de servidumbre del aerogenerador y parte proporcional de ocupación. Las líneas de evacuación necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así como las subestaciones de transformación y las vías de acceso que tengan un uso privativo.
La superficie de ocupación y servidumbre es la que ocupa la proyección de las aspas en todo su recorrido.
Tarifa 03. Ocupación de vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 €/m2 Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 04. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre con todos sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de suministro o acometidas que se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 05. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 900,00 €. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 06. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 650,00 €. Tarifa mínima: 50 euros.
En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a rentas reconocibles, se valorarán además los daños y perjuicios directos que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre con su recinto. La acometida necesaria se valorará aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 07. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 4.000,00 €/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 08. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.400,00 €/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como un valor mínimo en unidades de ocupación de torre con su recinto. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
La superficie de ocupación y servidumbre comprenderá la envolvente del recinto vallado, si lo hay, o la ocupación física de las zapatas de sustentación o envolvente de los «vientos», en su caso.
Tarifa 09. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 3.000,00 €/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 10. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.000,00 €/Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección superficial de la conducción, incrementado en la anchura derivada de la servidumbre necesaria para la ejecución y mantenimiento de la instalación, de 0,50 a 1,00 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea, que nunca será inferior a 0,60 metros.
La longitud mínima, en caso de que atraviese de forma perpendicular una vía pecuaria será la anchura de deslinde o de clasificación de la vía pecuaria.
Tarifa 11. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 12. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
5. Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
Tarifa 13. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 50,00 €/m2 de cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 14. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 €/m2 de cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
6. Instalación de puertas (que no impidan el tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de cierre.
Tarifa 15. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 40,00 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 16. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
7. Balsas de regulación y de abastecimiento de agua.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
Tarifa 17. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 18. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 €/m2 Tarifa mínima: 50 euros.
8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera del recinto ocupado, se valorarán aparte, como líneas aéreas ó enterradas, o tuberías según los casos.
Tarifa 19. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 5,00 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 20. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2,50 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
9. Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas. No incluye el vallado.
Tarifa 21. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,10 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 22. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,05 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. No incluye el vallado.
La superficie de la ocupación y servidumbre será la proyección de toda el área afectada por las obras, incluyendo los taludes de desmonte y terraplén y las zonas de préstamo y vertido, si lo hubiere.
Tarifa 23. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,30 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 24. Ocupación en el resto de las vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 €/m2 Tarifa mínima: 50 euros.
11. Usos recreativos privativos: campings y otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre es la envolvente del recinto vallado. Se incluyen las edificaciones e infraestructuras autorizadas en el interior del recinto siempre que no supongan porcentajes superiores al 5% del total.
Tarifa 25. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,12 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 26. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,06 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre será el área directamente afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras autorizadas en el interior del recinto, pero se valorarán las edificaciones y los recintos cercados aparte.
Tarifa 27. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0, 07 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 28. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,03 €/m2 Tarifa mínima: 50 euros.
12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación, o superficie de labor. No incluye vallados o cerramientos.
Tarifa 29. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y, eventualmente, en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,30 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 30. Ocupación en el resto, de vías pecuarias y, eventualmente, en el resto de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
Tarifa 31. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,22€/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 32. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,11 €/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Artículo 150. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por ocupación de vías pecuarias y de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón se afectará a la conservación, mejora, clasificación, deslinde, apeo y amojonamiento de las vías pecuarias o de los montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el caso. |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
Tras un largo período de preparación normativa (Ley 10/ 1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, y Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón), la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, vino a poner los cimientos definitivos para que las comarcas pudieran desempeñar, efectivamente, las competencias que se les reconocían, conteniendo distintas previsiones para ello, fundamentalmente un sistema de financiación y de dotación de personal.
Cuatro años después de la aparición de la Ley 23/2001, la estructura comarcal está prácticamente creada en su totalidad con la efectiva existencia de treinta y dos comarcas que desempeñan un apreciable número de competencias. Igualmente, se ha creado el Consejo de Cooperación Comarcal, órgano en el que participan las comarcas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que parece esencial para un funcionamiento armónico del sistema al propiciar la colaboración en el cumplimiento de las competencias entre las Administraciones territoriales mencionadas.
Parece adecuado, entonces, a la vista de la experiencia acumulada durante más de cuatro años de funcionamiento efectivo de la comarcalización, continuar el proceso normativo de creación de su ordenamiento jurídico, con un conjunto de preceptos que tienen la característica, por un lado, de situarse en la línea de plena continuidad con la legislación actualmente vigente, y que, por otro, aportan previsiones para la mejora en el cumplimiento de dicho ordenamiento y el mejor servicio consiguiente a los ciudadanos de Aragón.
Se procede a esta mejora mediante la formulación de una ley de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, previéndose la posterior existencia de un texto refundido de ambas normas y de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, que contribuya a la más segura aplicación del ordenamiento de la comarcalización por todos los operadores jurídicos. También autoriza esta Ley la formulación de un texto refundido de la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, con los preceptos relativos a la estructura territorial de cada comarca contenidos en las leyes de creación de las mismas.
En ese plano indicado en el apartado anterior de este preámbulo, hay que señalar la existencia de algunos preceptos dirigidos a introducir previsiones en el sistema de atribución y ejercicio de competencias. Por un lado, se refuerza la idea original de que la atribución competencial que realice el legislador debe ir siempre acompañada de la correspondiente financiación y de que el ejercicio efectivo de las competencias, por parte de las comarcas, deberá contar con el previo acuerdo alcanzado en las Comisiones Mixtas de Transferencias y rubricado mediante su aprobación por decreto del Gobierno de Aragón. Se refuerza, así, un marco genérico de previsiones que deberá tener en cuenta en sus futuras actuaciones el propio legislador.
Por otra parte, desde la aprobación de la Ley 23/2001, conforme al mandato contenido en su disposición adicional undécima, algunas leyes sectoriales han comenzado a introducir especificaciones sobre las competencias de las comarcas. Tal es el caso de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón, y la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón. Parece evidente que el funcionamiento armónico y en coordinación de todas las Administraciones públicas exige un proceso continuado de construcción de una legislación sectorial que tenga en cuenta, conforme a aquel mandato, la presencia y atribuciones de las comarcas. Por estos motivos, el Título I de la Ley, relativo a las competencias, no se redactó con vocación de permanencia. Podrán ser las leyes sectoriales las que, en cada momento, vayan configurando el marco competencial de las comarcas.
En línea con la voluntad original de la Ley 23/2001, se introduce como novedad el mandato para la confección de una memoria preparatoria de los decretos de transferencias y cuya principal finalidad es, al margen de facilitar la labor de las Comisiones Mixtas de Transferencias, ayudar a la preparación de las dotaciones presupuestarias que deberán ser transferidas a las comarcas y a la reordenación de la Administración de la Comunidad Autónoma afectada por el proceso de transferencias.
Con el objetivo de la citada reordenación, bajo la coordinación de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, se confeccionará la memoria, con la finalidad de señalar aquellos puestos de trabajo afectados por el proceso de transferencias. Con fundamento en esta memoria se dispone la aprobación por el Gobierno de Aragón de un Acuerdo, de forma simultánea a la aprobación mediante decreto del Acuerdo de la Comisión Mixta, aprobación que tiene como efecto inmediato señalar el comienzo de los procedimientos que procedan en materia de personal. Debe señalarse que de esta previsión legal sólo deben esperarse mejoras evidentes en el funcionamiento de la Administración autonómica.
La Ley dedica otros preceptos a la financiación de las comarcas. Como puede observarse en el |
de la Ley 23/2001, la financiación de las comarcas presenta, como regla general, la característica de su incondicionalidad, pero también se contenían en aquel texto legal previsiones para el supuesto de créditos condicionados. Ahora se añaden nuevas previsiones que tienen un evidente signo precautorio, a los efectos de cumplir programas de financiación europeos o de la Administración general que lleguen a Aragón con esa característica de condicionalidad.
Cabe destacar que la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, en su artículo 50, añadió dos nuevos apartados al artículo 40 de la Ley 23/2001, que vienen a matizar algunos aspectos en la regulación del Fondo de Cohesión Comarcal. En concreto, se refieren a la ejecución de actuaciones que afecten simultáneamente a varias comarcas y a la posibilidad de asignar transferencias a las comarcas con cargo a dotaciones provenientes de los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón.
También parece necesario concretar algunos aspectos relativos a la forma de determinar la valoración del coste de traspaso de funciones y servicios y su actualización, así como prever una revisión o nueva valoración para el caso de modificación o atribución de nuevas competencias por una ley sectorial.
Finalmente se modifican dos artículos con el fin de introducir en la Ley la previsión de informar al Consejo de Cooperación Comarcal acerca de los ritmos de transferencias y de los criterios generales de distribución del Fondo de Cohesión Comarcal.
Se incorpora también un nuevo capítulo dedicado al Consejo de Cooperación Comarcal. Con posterioridad a la aprobación de la Ley 23/2001, se creó este órgano por Decreto 345/ 2002, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Dada la importancia del Consejo como órgano de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, parece oportuno incluir ahora en la Ley la regulación general de esta figura.
Artículo único.—Modificación.
La Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, queda modificada de la siguiente forma:
Primero. Se adiciona al artículo 4 un apartado cuarto con la siguiente redacción:
«4. No cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la previsión de la correspondiente financiación, que habrá de responder a los principios generales establecidos en los artículos 39 y siguientes de esta Ley. En todo caso, el ejercicio efectivo por parte de las comarcas de las competencias atribuidas por esta Ley o por otra sectorial requerirá de la aprobación, mediante decreto, del acuerdo de las Comisiones Mixtas de Transferencias, según lo previsto en los artículos 26 y siguientes de esta Ley.»
Segundo. El apartado 3 del artículo 12 queda redactado como sigue:
«3. En las actividades reseñadas en los apartados anteriores, las comarcas colaborarán con el órgano autonómico competente en la materia y con las demás Administraciones públicas.»
Tercero. Se adiciona un último párrafo al artículo 14 con la siguiente redacción:
«Con objeto de garantizar el ejercicio de sus competencias, los municipios podrán delegar en las comarcas la ejecución de sus funciones y la prestación de los servicios, en el marco de lo previsto en la legislación básica.»
Cuarto. Se modifica el artículo 15, apartado 1, epígrafe a), que queda redactado como sigue:
«a) La propuesta de creación de escuelas infantiles, de acuerdo con la normativa vigente, y su gestión y/o la colaboración con los ayuntamientos en la gestión una vez creadas.»
Quinto. El artículo 29 queda redactado como sigue:
«Artículo 29.—Elaboración y contenido de los decretos de transferencias de funciones y servicios.
1. Como documento preparatorio para la aprobación del correspondiente acuerdo por la respectiva Comisión Mixta de Transferencias, se elaborará, bajo la coordinación de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. una memoria en la que se señalarán:
a) Las funciones y servicios que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, pueden ser objeto de traspaso.
b) Su valoración económica, con indicación de las aplicaciones presupuestarias en las que se ubican los créditos necesarios para financiar el traspaso.
c) Los medios materiales y personales que pueden estar afectados por el traspaso.
d) Una relación detallada de las actuaciones, relacionadas con las funciones y servicios que se vayan a transferir, que hayan sido realizadas por el Gobierno de Aragón durante los cuatro años anteriores a la transferencia.
2. Los decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y servicios en las materias de competencia de las comarcas, según lo regulado en esta Ley, podrán referirse al conjunto de competencias de varias comarcas o dictarse para cada una de ellas en función del desarrollo de los procesos de negociación correspondientes. En todo caso, contendrán las siguientes determinaciones:
a) Referencia a las funciones que se transfieren a la comarca correspondiente.
b) Referencia a las normas del Estatuto de Autonomía, de la legislación de comarcalización y de la legislación sectorial aplicable que justifiquen la transferencia.
c) Fecha efectiva de traspaso de las funciones.
d) Designación de los órganos que, en su caso, se traspasen.
e) Relaciones nominales del personal que, en su caso, se transfiera, con expresión de su número de registro de personal y, además, en el caso de los funcionarios, de su puesto de trabajo, situación administrativa y régimen de retribuciones; en el caso del personal contratado, de su categoría, puesto de trabajo y régimen de retribuciones.
f) Valoración del coste de los servicios transferidos y de las tasas y precios públicos afectos, así como de las propuestas de modificaciones que, en su caso, deban operar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. En el caso de que existan actuaciones relativas a esos servicios y de que estén dotadas con fondos procedentes de otra Administración pública o de la Unión Europea, se hará constar expresamente, con referencia al porcentaje o cifra total de la cofinanciación.
g) Inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se transfieren.
h) Inventario de la documentación administrativa relativa a la transferencia de las funciones y servicios correspondientes.
i) Determinación de las concesiones y los contratos administrativos afectados por la transferencia, produciéndose la subrogación en los derechos y deberes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por la comarca correspondiente.
j) Relación pormenorizada de los procedimientos administrativos asociados a cada función transferida, con indicación expresa de la normativa reguladora de cada procedimiento.
3. Una vez adoptado por la Comisión Mixta de Transferencias el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, y conforme a su contenido, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial elaborará una propuesta de acuerdo, para su aprobación por el Gobierno de Aragón, en la que se concretarán:
a) Las cuantías económicas y los medios materiales a traspasar.
b) Las unidades administrativas afectadas por el traspaso y los puestos de trabajo dependientes de las mismas cuyas funciones hayan sido total o parcialmente objeto de traspaso. En el caso de afectación parcial de puestos de trabajo, se indicarán las funciones concretas que se traspasan.
4. El Gobierno de Aragón aprobará la propuesta de acuerdo mencionada en el apartado anterior simultáneamente al decreto de transferencias de funciones y servicios a las comarcas.
5. La aprobación del acuerdo llevará consigo el inicio de los procedimientos que correspondan en materia de personal y la modificación de las estructuras administrativas afectadas.»
Sexto. El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue:
«2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, el Gobierno, tras informar al Consejo de Cooperación Comarca, podrá fijar los plazos para la negociación y entrega de las funciones y servicios relativos a las competencias indicadas en función de los ritmos de creación de las Administraciones comarcales y de las circunstancias que, atendiendo a los intereses generales, puedan hacer aconsejable para determinadas competencias unas fases distintas. De las decisiones que se adopten sobre lo regulado en este artículo se dará cumplida información a las Cortes de Aragón.»
Séptimo. Se adiciona un apartado tercero al artículo 37 con la siguiente redacción:
«3. En el caso de que existan mancomunidades municipales cuyos fines sean sólo parcialmente coincidentes con las competencias comarcales, las comarcas, previo acuerdo del Consejo Comarcal respectivo, también sucederán a las mancomunidades en todos sus bienes y derechos sin solución de continuidad y sin limitación legal de derecho disponible alguno, siempre que el acuerdo de disolución de la mancomunidad haya sido adoptado por unanimidad de sus miembros.»
Octavo. El artículo 39 se modifica en los siguientes extremos:
a) El apartado segundo queda redactado como sigue:
«2. Los gastos con cargo a los créditos de la sección, a excepción de lo regulado en esta Ley para el Fondo de Cohesión Comarcal, se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado cada trimestre a las comarcas.»
b) Se adiciona un apartado quinto con la siguiente redacción:
«5. Cuando la comarca reciba transferencias incondicionadas, financiadas total o parcialmente con cuantías provenientes de programas europeos o que tengan financiación adicional finalista de la Administración general del Estado, deberá justificar las inversiones, programas o servicios realizados, ante el Departamento competente del: Gobierno de Aragón, mediante el procedimiento establecido al efecto.»
Noveno. El apartado cuarto del artículo 40 queda redactado como sigue:
«4. Las transferencias a las comarcas provenientes del Fondo de Cohesión Comarcal se ordenarán conforme al Plan propuesto por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. Previamente se informará al Consejo de Cooperación Comarcal de los criterios generales de distribución del Plan de transferencias.»
Décimo. El artículo 44 queda redactado como sigue:
«Artículo 44.—Valoración del coste del traspaso de funciones y servicios.
1. Con independencia de las valoraciones que resulten en la aplicación de lo previsto en las letras e) y g) del apartado 2 del artículo 29 de esta Ley, los importes mínimos del coste de las funciones y servicios asociados a las competencias que pueden transferirse conforme al Capítulo 1 del Título 1 de esta Ley son los que figuran para cada programa de gasto en el anexo de esta Ley.
2. La valoración concreta del coste del traspaso de funciones y servicios se efectuará por actualización del coste fijado en el anexo de esta Ley en función de la fecha en que se realice la transferencia y de las funciones y servicios totales o parciales traspasados para cada materia y comarca en particular. Esta concreción deberá fijarse en la memoria preparatoria de los acuerdos de transferencia a que hace referencia el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley.
3. Una vez hecha efectiva la transferencia de funciones y servicios a cada comarca, la sucesiva actualización del coste del traspaso de funciones y servicios, en los ejercicios siguientes, se realizará de conformidad con lo que dispongan las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
4. De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de esta Ley, cuando una ley sectorial modifique el contenido de alguna de las competencias atribuidas a las comarcas en el Título 1 de la presente Ley, o bien les atribuya nuevas competencias, deberá prever la convocatoria de las Comisiones Mixtas de Transferencias, con el fin de promover los acuerdos que hagan posible el traspaso efectivo de las competencias y la valoración del coste del traspaso de funciones y servicios asociados. Será necesaria una revisión de la valoración de costes contenida en esta Ley, en el caso de modificación de competencias, o una nueva valoración, en el caso de atribución de nuevas competencias.»
Undécimo. Se adiciona un Capítulo V al Título III de la Ley, con la siguiente redacción:
«CAPITULO V
El Consejo de Cooperación Comarcal
Artículo 47.—Naturaleza y composición.
1. El Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano consultivo, deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y las comarcas.
2. Dicho Consejo se adscribe orgánicamente al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
3. Está integrado por representantes del Gobierno de Aragón y de las comarcas, con la distribución que se establezca reglamentariamente. Además de sus miembros, a las reuniones podrán asistir los responsables de los Departamentos del Gobierno de Aragón -o sus representantes- en razón de las materias que se vayan a tratar en cada una de sus reuniones.
Artículo 48.-Organización y funciones.
1. El Consejo funcionará conforme a lo establecido en su reglamento interno de funcionamiento.
2. Corresponde al Consejo el ejercicio de funciones de colaboración, cooperación y coordinación, pudiendo adoptar acuerdos y emitir informes y dictámenes en relación con las actuaciones y materias establecidas reglamentariamente.»
Disposición adicional única.—Ejercicio efectivo de las competencias.
Para lograr una mejor prestación de los servicios públicos, las comarcas deberán ejercer las competencias transferidas, asumiendo las funciones y prestando los servicios traspasados de manera eficiente y en colaboración con el resto de Administraciones.
En los casos de incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por las comarcas en virtud de las competencias transferidas o notoria negligencia o ineficacia en la gestión de las funciones y servicios transferidos, por ley de Cortes de Aragón será posible la revocación de las competencias transferidas. El correspondiente proyecto de ley se aprobará por el Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo de Cooperación Comarcal y audiencia de la comarca interesada.
Para evitar procesos de desequilibrio territorial, el Gobierno de Aragón realizará los estudios pertinentes mediante análisis oportunos de la situación comarcal aragonesa.
Disposición final primera.—Autorización para refundir.
1. El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses, deberá aprobar un decreto legislativo que refunda la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, con los preceptos de las leyes de creación de las diversas comarcas que se refieran a la estructura territorial de cada una de ellas.
2. El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses, deberá aprobar un Decreto Legislativo que refunda la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, con las modificaciones y adiciones incluidas en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en la Ley 23/ 2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, en la Ley 25/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y en la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
3. Las refundiciones incluirán la armonización de los textos legales, atendida la evolución del proceso de comarcalización, así como la sistematización y ordenación de sus artículos y la actualización de las remisiones entre ellos.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Disposición final tercera. Autorización reglamentaria.
El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1. de la Constitución y de los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 8 de junio de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREÁMBULO
El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, atribuye en su artículo 35.1 a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, así como de ferias y mercados interiores (número 19.ª), y en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma (número 24.ª). Todo ello sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado, de la legislación sobre defensa de la competencia y de la ordenación de la actividad económica general que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución española atribuye en exclusiva al Estado.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de comercio está regulado en el Capítulo III del Título VI de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial de Aragón, y en el Título IV de la Ley de Cortes Generales 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Durante el tiempo transcurrido desde la promulgación de las citadas leyes ha habido cambios legislativos en materia de horarios, apertura en festivos o tramitación de licencias comerciales de establecimientos comerciales en gran superficie, entre otros, que hacen conveniente compilar, actualizar y revisar estos aspectos de la vigente normativa sobre el régimen de inspección y sancionador en materia de comercio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo único. Sustitución del régimen de inspección y sancionador en materia de comercio.
1. Se modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, sustituyendo el Capítulo III del Título VI de la misma, que queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO III
Función inspectora y régimen de infracciones y sanciones
Sección 1.ª De la inspección de comercio
Artículo 55. Objeto.
La inspección de comercio es la actividad por la que el Departamento competente en materia de comercio, con medios propios, examina, controla y vigila la actividad comercial, así como a las personas responsables, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comercial aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otros órganos y Administraciones públicas en ejercicio de sus competencias.
Artículo 56. Personal de la inspección y sus facultades.
1. Las funciones de inspección se realizarán por empleados públicos adscritos a un órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de inspección, en las actividades que constituyen el ámbito de la normativa comercial aplicable.
2. Para el cumplimiento de su función, el personal que realice las actividades de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) Acceder en cualquier momento a los establecimientos comerciales o a las empresas sujetas a inspección.
b) Requerir la comparecencia del titular o de los responsables del establecimiento comercial, empresa o actividad, o de quien les represente, durante el tiempo que resulte preciso para el desarrollo de sus actuaciones.
c) Requerir información al titular o a los responsables del establecimiento comercial, empresa o actividad sobre cualquier asunto relativo al cumplimiento de la normativa comercial aplicable.
d) Solicitar información del personal al servicio del establecimiento, empresa o actividad comercial, en el supuesto de que el titular no se halle presente.
e) Recabar, cuando lo considere preciso, la colaboración del personal y servicios dependientes de otras Administraciones públicas, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. El personal encargado de la función inspectora de comercio deberá identificarse adecuadamente como tal, con la correspondiente acreditación.
4. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las actividades inspectoras, tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
5. La función inspectora se guiará por los principios de potestad discrecional, confidencialidad, eficacia y reserva por parte del personal actuante.
Artículo 57. Actas de inspección.
1. De cada visita de la inspección de comercio se levantará acta, que reflejará las actuaciones de investigación y comprobación realizadas y sus resultados, además de los hechos o circunstancias que se constaten como relevantes. En concreto, en las actas se hará constar la identificación del presunto infractor y de los demás posibles responsables, si los hubiera, el lugar de comprobación, y los hechos que se constaten por el personal actuante. Asimismo, a las actas se podrá adjuntar como anexos todos aquellos documentos o copia de los mismos que prueben o respalden las infracciones manifestadas en las mismas.
2. Las actas se extenderán, siempre que sea posible, en presencia del titular del establecimiento, empresa o actividad comercial, sus responsables o representantes legales o, en su caso, de cualquier empleado, los cuales podrán hacer constar en ellas cuanto consideren conveniente y firmarlas. En todo caso, las actas deberán estar firmadas por el inspector de comercio actuante.
3. Las actas de inspección elaboradas con las debidas garantías tienen valor probatorio en los consiguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las circunstancias de fecha, hora, lugar y otras circunstancias y hechos manifestados en las mismas.
4. Del acta se entregará copia a la persona ante quien se extienda, haciéndolo constar expresamente en la misma.
Sección 2.ª De las infracciones
Artículo 58. Disposiciones generales.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de ordenación de la actividad comercial las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley o en la legislación estatal sobre comercio, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o de orden penal que pudieran derivarse.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes.
3. En relación con las subvenciones en materia de comercio, se aplicará lo dispuesto para esta materia en la normativa de subvenciones por los órganos competentes previstos en esta ley.
4. Las infracciones a las que se refiere la presente ley prescribirán en el tiempo y la forma descritos en el artículo 67 de la misma.
Artículo 59. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) No exhibir la preceptiva autorización, homologación, comunicación, fianza o garantía en la forma establecida en la normativa comercial aplicable.
b) El incumplimiento de la inscripción en el Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón, o de las modificaciones que se produzcan en los datos registrados.
c) El incumplimiento de la obligación de informar al público sobre los días y horas de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, o no hacerlo en un lugar visible desde el exterior del establecimiento, así como el incumplimiento de otras obligaciones de información a los compradores previstas en la normativa comercial aplicable.
d) El incumplimiento de los deberes de información y comunicación a la Administración sobre la actividad comercial previstos en la normativa comercial aplicable.
e) La incorrecta denominación de las ventas promocionales.
f) El incumplimiento del deber de comunicación de ventas en liquidación, según dispone el artículo 45 de la presente ley.
g) El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en la normativa comercial aplicable no tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 60. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La negativa, obstrucción o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades, o sus agentes, o el personal de las Administraciones públicas en ejercicio de las funciones de inspección, así como el suministro de información inexacta, incompleta o falsa.
b) El incumplimiento del requerimiento en el cese de actividades contrarias a la normativa de comercio.
c) La realización simultánea de actividad comercial mayorista y minorista sin establecer la adecuada diferenciación.
d) Ejercer la actividad comercial sin la obtención de la licencia comercial, en los casos en los que sea preceptiva, o incumplir los requisitos impuestos en la misma.
e) El desarrollo de actividades comerciales fuera del establecimiento comercial incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley.
f) La venta ambulante que infrinja lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley.
g) La venta en establecimientos y mercados de ocasión de productos no autorizados para su comercialización en los mismos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 18.2 de la presente ley.
h) La realización de ventas por inercia, sin el expreso consentimiento del comprador, prohibidas por el artículo 24 de la presente ley, y las ventas en cadena, ventas domiciliarias, ventas a distancia, ventas automáticas por medio de máquinas o cualquier otra venta no sedentaria incumpliendo las condiciones y limitaciones que para éstas se establecen en la normativa comercial aplicable, salvo que tal incumplimiento constituya otro tipo de infracción.
i) El incumplimiento por las cooperativas de consumidores y usuarios o por los economatos de lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.
j) El incumplimiento del régimen general de horarios de apertura establecidos en la normativa comercial aplicable.
k) La apertura de establecimientos comerciales en domingos o días festivos no autorizados, o el incumplimiento del régimen de horarios que esté establecido para estos días.
l) La realización de ventas promocionales faltando a la veracidad en la publicidad de la oferta, o incumpliendo las condiciones y requisitos que para éstas se establecen en la normativa comercial aplicable, no tipificadas como leves en los apartados d), e) y f) del artículo 59 de esta ley.
m) Realizar venta a pérdida incumpliendo las condiciones y requisitos que para ellas se establece en la normativa comercial aplicable.
n) Exigir cuantías superiores a aquellas fijadas para precios o tarifas de los bienes y servicios sujetos a autorización previa de la Administración.
ñ) El incumplimiento de las obligaciones formales en las transacciones económicas con los compradores o usuarios de servicios, en lo relativo a la falta de emisión y contenido de las facturas o documento sustitutivo, en los casos en que la normativa comercial haga preceptiva su entrega o sea solicitada por el consumidor.
o) La reincidencia en infracciones leves por la comisión de más de tres infracciones leves de la misma naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 61. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La comisión de infracciones que, siendo la conducta merecedora de ser considerada grave por encajar, en principio, en alguno de los tipos del artículo anterior, exista un grave riesgo para la salud o la seguridad de las personas, de los bienes o del medio ambiente, o hayan supuesto una facturación superior a 500.000 euros, tales circunstancias permitan calificar la conducta como muy grave.
b) La reincidencia por la comisión de más de una infracción grave de la misma naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 62. Personas responsables.
1. Serán personas responsables de las infracciones administrativas tipificadas en la presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares de la empresa, establecimiento o actividad comercial, que serán, salvo prueba en contra, aquellas a cuyo nombre figure la licencia comercial, de actividad o licencia fiscal correspondiente.
b) Las personas físicas o jurídicas que, no disponiendo de la correspondiente licencia comercial, de actividad o licencia fiscal obligatoria, en cada caso, realicen la actividad o mantengan abiertos establecimientos comerciales.
c) Las personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, contravengan lo dispuesto en la presente ley.
2. El titular de la empresa, establecimiento o actividad comercial será responsable subsidiario, a los efectos de esta ley, de las infracciones cometidas por el personal a su servicio, en el caso de haber procedido contra el supuesto responsable y no poder determinar su responsabilidad directa.
Sección 3.ª De las sanciones
Artículo 63. Sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones a lo dispuesto en la presente ley se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente las circunstancias establecidas en los artículos siguientes.
2. En ningún caso podrá producirse más de una sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos.
3. Las infracciones serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves, desde apercibimiento hasta 4.500 euros.
b) Las infracciones graves, desde 4.501 hasta 25.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, desde 25.001 hasta 600.000 euros.
4. Cuando, a consecuencia de la infracción, se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido específicamente en la operación.
5. Las infracciones muy graves que supongan alto riesgo para la salud, la seguridad de los consumidores o el medio ambiente, grave perjuicio económico o tengan una importante repercusión social podrán ser sancionadas con el cierre temporal de la empresa o del establecimiento comercial o con la suspensión de la actividad donde se haya producido la infracción, por plazo no superior a un año. En el caso de producirse reincidencia, se podrá proceder a la clausura definitiva.
6. El órgano administrativo competente, en las infracciones graves o muy graves, podrá imponer, en su caso, además, una sanción accesoria, consistente en una cantidad equivalente a las subvenciones recibidas en materia de comercio durante los últimos dos años, para las infracciones graves, y hasta cuatro años para las muy graves, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
7. De las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez que sean firmes en vía administrativa, podrá darse publicidad en el “Boletín Oficial de Aragón” o en el de la Provincia correspondiente, o en los medios de comunicación de ámbito autonómico, comarcal o local, siendo los gastos de publicación a cargo del infractor.
Artículo 64. Determinación de las sanciones.
Para la determinación de la cuantía de las sanciones correspondientes, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reparación de los efectos derivados de la infracción, siempre que no se hayan derivado perjuicios a terceros.
b) La cuantía del beneficio ilícito obtenido, en su caso.
c) La trascendencia social de la conducta infractora, la gravedad de los efectos socioeconómicos ocasionados, su incidencia en el mercado y el número de personas afectadas, en su caso.
d) El plazo de tiempo durante el cual se haya venido cometiendo la infracción.
e) La intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
f) La reincidencia, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo de infracción.
g) La capacidad económica del infractor o el volumen de facturación de la empresa, establecimiento o actividad comercial.
Artículo 65. Multas coercitivas.
1. El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas, una vez impuesta la sanción, como medio para lograr el restablecimiento de la legalidad.
2. En el supuesto de infracciones leves y graves, las cuantías que se hayan establecido en aplicación del artículo 63.3 se podrán incrementar en un diez por ciento por cada día que pase sin que el infractor atienda al cese de la actuación que dio lugar a la imposición de la sanción. En el supuesto de infracciones muy graves, dicho incremento será del veinte por ciento.
3. Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y reiterada, por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
Sección 4.ª Procedimiento sancionador
Artículo 66. Disposiciones generales.
1. Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Director del Servicio Provincial competente en materia de comercio en el lugar de producción de los hechos, siendo el personal de dicho Servicio el que llevará a cabo su instrucción.
2. Serán autoridades competentes para la imposición de sanciones en materia de comercio:
a) El Director del Servicio Provincial, en las sanciones leves.
b) El Director General competente, en las sanciones graves.
c) El Consejero competente, en las sanciones muy graves.
3. El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de un año, a contar desde la fecha de su iniciación. Caducado un procedimiento, si la infracción hubiera prescrito, se declarará la caducidad del mismo. En caso de que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador, pudiendo incorporarse al mismo los elementos probatorios y otros actos de instrucción válidamente realizados durante la tramitación del procedimiento caducado.
Artículo 67. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de tres años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.
El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará en la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha de su cese. Se entenderá cometida la infracción cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la misma.
2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en esta ley será de tres años para las referidas a infracciones muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se inicia al día siguiente de aquel en que la resolución sancionadora en vía administrativa sea firme.
Artículo 68. Medidas cautelares.
1. Durante la tramitación del procedimiento, antes de su resolución, e incluso con anterioridad al inicio del mismo, sin perjuicio de la sanción que en su caso proceda, podrá el órgano administrativo competente ordenar la intervención o decomiso de aquellas mercancías con relación a las cuales, y de acuerdo con las diligencias practicadas, se presuma adulteración, falsificación, fraude, insuficiente identificación o que puedan suponer riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente. Los gastos que se deriven de las operaciones de intervención, depósito, decomiso, transporte y destrucción de la mercancía serán por cuenta del infractor.
2. En el supuesto de infracciones muy graves, cuando la conducta suponga alto riesgo para la salud o la seguridad de las personas o del medio ambiente, grave perjuicio económico o tengan una importante repercusión social, el órgano administrativo competente podrá ordenar el cierre temporal de la empresa o del establecimiento comercial o la suspensión de la actividad durante la tramitación del procedimiento, antes de su resolución, e incluso con anterioridad al inicio del mismo, sin perjuicio de la sanción que proceda.»
2. Se añade una Disposición transitoria sexta, con la redacción siguiente:
«Sexta. Régimen sancionador en materia de actividades feriales.
Las siguientes infracciones relativas a las actividades feriales, tipificadas en los apartados i) y j) del artículo 56 y clasificadas como leves en el artículo 57.a) de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, en su redacción original, estarán vigentes hasta que se apruebe, para la Comunidad Autónoma de Aragón, una normativa específica al respecto:
a) La utilización indebida de las denominaciones contempladas en el artículo 19.
b) El incumplimiento por parte de las instituciones a que se refiere el artículo 21 de la obligación de inscripción en el Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón.»
3. Se añaden dos Disposiciones finales, tercera y cuarta, con la siguiente redacción:
«Tercera. Actualización de sanciones.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las sanciones establecidas en esta ley, de acuerdo con el índice general de precios al consumo.
Cuarta. Régimen sancionador de la actividad ferial en Aragón.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de Aragón elaborará el régimen que inserte los preceptos oportunos relativos al régimen sancionador que regule la actividad ferial en Aragón.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2006.
MARCELINO IGLESIAS RICOU
Presidente del Gobierno de Aragón |
LEY 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO I
La Ley de Cortes de Aragón 8/1984, de 27 de diciembre, fue la primera iniciativa legislativa autonómica que recogió la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón para la regulación de las tasas, como categoría tributaria de sus recursos autonómicos. Con dicha norma se abordaban una serie de objetivos, como eran: regularizar y ratificar la legalidad de las tasas procedentes de las transferencias de servicios y funciones de la Administración General del Estado a nuestra Comunidad, calificar dichos tributos como recursos propios de normativa autónoma y, finalmente, establecer los principios y requisitos para la creación de nuevas tasas.
Además del contenido de los artículos 156 y 157.1.b) de la Constitución, el marco normativo en el que dicha Ley se promulgó lo componían: el Estatuto de Autonomía de Aragón, que, en su artículo 47.4, tras incluir las tasas entre los recursos de su Hacienda, concretaba el ámbito objetivo de estos tributos, y la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que no sólo ratifica el carácter de tributo propio autonómico de las tasas transferidas afectas a los traspasos de servicios y funciones desde el Estado o las Corporaciones locales, sino que además contemplaba los criterios básicos para establecerlas.
Sin embargo, este marco normativo fue modificado por la Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril, que dio nueva redacción a ciertos artículos de la LOFCA; en concreto, al artículo 4, que regula los recursos de las Comunidades Autónomas, entre los que se añadieron los precios públicos, y el artículo 7, que definía el concepto de tasa y delimitaba el ámbito objetivo de esta categoría tributaria, eliminando de su contenido la «utilización del dominio público», que se incorporaba así al marco de los precios públicos. No obstante, declarada la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre de 1995, los criterios generales delimitativos del ámbito objetivo de las tasas se vieron afectados, lo que determinó la ulterior modificación del citado artículo 7 de la LOFCA, por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, siguiendo la doctrina alumbrada en la sentencia de referencia que, para preservar el principio de reserva de ley señalado en el artículo 31.3 de la Constitución para el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público y en relación con su artículo 133, rescataba del ámbito objetivo de los precios públicos tanto las exacciones a percibir por la utilización del dominio público, como las exigibles por la prestación de servicios o actividades de la Administración en régimen de derecho público, que no fueran de solicitud voluntaria, que comportasen una situación de monopolio de hecho o que fuesen imprescindibles para la vida privada o social del obligado al pago. Como consecuencia, resultaba alterado el espacio de las tasas, que, de esta forma, atraían sobre su ámbito objetivo los señalados supuestos de hecho a los que debe afectar la reserva de ley, con lo que el ámbito de las tasas retornaba a una configuración muy similar a la que tradicionalmente les había sido propia. II
La Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se encargó de poner orden en el sector afectado por este tipo de ingresos de derecho público, tratando de coordinar toda la normativa general citada, así como la doctrina constitucional, y adaptándola a las particularidades de nuestra Comunidad Autónoma; asimismo, se aportaban soluciones a los problemas que la gestión de dichos recursos planteaba, e incorporaba la diferenciación, legalmente propuesta, de esas dos formas de ingresos públicos que son las tasas y los precios públicos.
Las primeras están comprendidas en la categoría de tributos, ya que son establecidas con carácter coactivo por el legislador, con lo que su obligación surge ex lege, ya que su hecho generador lo constituyen ciertas prestaciones públicas que no pueden ser ofertadas por el sector privado. Por tanto, se fundamentan en el principio del beneficio, ya que su exacción está vinculada a la divisibilidad e individualización de la utilización de ciertos bienes de dominio público y de la prestación de determinados servicios públicos. Esta circunstancia es la que determina la posible compatibilidad con los impuestos que, genéricamente, gravan la capacidad de pago que denota la constitución de derechos sobre el dominio público o la prestación de servicios públicos, no obstante la incidencia de ambas categorías tributarias sobre parecidos parámetros cuantificadores de dichas tasas e impuestos.
Los precios públicos, por el contrario, no surgen de una obligación tributaria: la Administración actúa en competencia con el sector privado para la prestación del servicio y la relación con el usuario es puramente contractual y voluntaria, por cuanto que los servicios o actividades que se ofertan no son de solicitud o recepción obligatoria, al no estar impuestos normativamente, o no son indispensables para satisfacer las necesidades teóricas de la vida personal o social de los particulares.
Por otra parte, la cuantía de las tasas está genéricamente limitada, al no poder superar su total rendimiento el valor de la utilización del dominio público o los costes del servicio, incluidas las amortizaciones y gastos de mantenimiento y de desarrollo de la actividad, aun cuando, para acoplar el principio de equivalencia con el de capacidad económica, el establecimiento de cierta progresividad para hacer efectivo dicho principio constitucional rompa, en algún caso, la exacta aplicación de aquel principio de equivalencia. Por contra, en los precios públicos no existe tal límite, si bien, todos los costes deberán ser cubiertos necesariamente por los ingresos. III
En este marco normativo, sin embargo, la propia Ley 10/1998, de 22 de diciembre, no era ajena al precario estado normativo de las tasas, recogidas, de manera dispersa y asistemática, en numerosas disposiciones estatales, en su mayoría preconstitucionales, cuya presencia en nuestro ordenamiento jurídico sólo se evidenciaba esporádicamente por la actualización de sus cuantías y elementos cuantificadores en las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Tal es así, que la disposición final primera de la citada Ley autorizó al Gobierno de Aragón para aprobar un texto refundido en el que se clasificasen, regulasen y reordenasen las distintas exacciones percibidas por la Comunidad Autónoma.
El cumplimiento del mandato delegante del legislador autonómico se efectuó a través del Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho texto refundido se limitó escrupulosamente a recopilar, de forma ordenada y sistemática, la regulación específica, actual en ese momento o preexistente, de cada concreta exacción, introduciendo en sus particulares regímenes jurídico-tributarios exclusivamente aquellos matices imprescindibles para facilitar su aplicación e interpretación, así como para actualizar sus presupuestos y consecuencias, pero absteniéndose, en todo caso, de introducir en las tasas, modificaciones innovadoras de sus elementos sustantivos.
El Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2000 se convirtió, desde el primer momento, en el instrumento legal idóneo para cambiar un sistema de gestión de las tasas por otro más adecuado a su naturaleza tributaria y a su conexión con los distintos procedimientos en los que se ordenan la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas que generan las mismas. Mediante diversas Ordenes departamentales se dictaron instrucciones sobre la gestión de las tasas, al tiempo que se aprobaban los distintos modelos normalizados de liquidación y la informática se ponía al servicio de las unidades gestoras del tributo. Sin embargo, la creación y modificación de tasas, a través de leyes especiales o de leyes de medidas tributarias y administrativas, y la necesaria actualización de las tarifas a través de las leyes anuales de presupuestos, motivaron un cierto desfase entre el contenido del Texto Refundido de las Tasas y la realidad de una normativa en constante mutación. Conscientes de esta circunstancia, las Cortes de Aragón introdujeron en una disposición final segunda en la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, una nueva autorización al Gobierno de Aragón para refundir las disposiciones legales de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y proceder a la regularización, aclaración y armonización de las disposiciones legales que regulan dichos tributos. Fruto de esta nueva autorización es el vigente Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. IV
Ordenado, de esta forma, el sector tributario autonómico relativo a las tasas, la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha supuesto, no obstante, que su incidencia en este ámbito obligue al legislador aragonés a la elaboración y aprobación de una nueva ley, como la presente, que adopte no sólo el nuevo concepto de tasa introducido en la nueva Ley General Tributaria, sino también que asuma los principios y las disposiciones generales de carácter material o procedimental aplicables a todas las categorías tributarias.
La Ley General Tributaria define las tasas como «los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado». Desaparecen así los criterios mantenidos por la normativa precedente para dilucidar cuándo se trataba de servicios o actividades que no eran de solicitud voluntaria por los administrados, al tiempo que se añade un nuevo inciso para delimitar el alcance de lo que debe entenderse por servicios o actividades prestados o realizados en régimen de derecho público, que se extiende a cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público, siempre que su titularidad corresponda a un ente público.
La tasa se define así a partir de los tres presupuestos de hecho que configuran el hecho imponible, a saber, la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la efectiva prestación del servicio público y la realización de actividades en régimen de derecho público, cohesionados los tres por un elemento común como es la existencia del requisito de referencia, afección o beneficio particular que, desde una perspectiva fiscal, ha servido precisamente para separar la tasa del impuesto. En definitiva, la presente Ley acoge este nuevo concepto de tasa y trae de la Ley General Tributaria aquellas disposiciones necesarias e imprescindibles para diseñar su régimen jurídico-tributario, como se ha dicho anteriormente, tanto desde sus elementos sustantivos como desde una dinámica más puramente de gestión tributaria concebida en amplios términos.
Finalmente, la presente Ley pretende cerrar definitivamente este sector del ordenamiento tributario aragonés con dos previsiones, la primera de carácter normativo, para que el Gobierno de Aragón dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y, en particular, las relativas a los distintos procedimientos de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos; y la segunda, de tipo divulgativo e informativo, para que el Consejero competente en materia de Hacienda ordene la publicación anual de un catálogo actualizado que recoja, a título informativo, los elementos esenciales y las tarifas vigentes de las tasas para cada ejercicio presupuestario.
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.-Objeto y naturaleza.
1.-El objeto de esta Ley es el establecimiento de los principios, elementos y requisitos de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como recursos integrantes de su Hacienda, así como la regulación del régimen jurídico aplicable a los mismos.
2.-Tienen el carácter de tributo propio de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Las tasas establecidas mediante Ley de Cortes de Aragón, de acuerdo con lo previsto en el Título I de esta Ley.
b) Las tasas transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón por las Corporaciones Locales de su ámbito territorial o por el Estado, junto con los bienes de dominio público, servicios o actividades en régimen de Derecho público, cuya utilización, prestación o realización se encuentren gravados por las mismas.
3.-Tienen el carácter de ingreso de Derecho público no tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón los precios públicos establecidos mediante Orden conjunta del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento del que dependa el órgano u organismo público al que corresponda su exacción, de acuerdo con lo previsto en el Título II de esta Ley.
Artículo 2.-Normativa aplicable.
1.-Las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por:
a) Las normas de Derecho internacional y de Derecho comunitario europeo que contengan cláusulas o disposiciones en la materia.
b) La presente Ley de Tasas y Precios Públicos.
c) La norma de creación de cada tasa y de los distintos precios públicos.
d) Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Los textos refundidos, aprobados por Decreto Legislativo del Gobierno de Aragón, donde, en su caso, se recojan las regulaciones de las distintas exacciones.
f) Las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.
2.-En lo no previsto por las mismas, se aplicarán supletoriamente la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y la legislación general en materia tributaria y presupuestaria.
Artículo 3.-Ambito de aplicación.
1.-La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.-El ámbito objetivo de esta Ley viene determinado por la utilización del dominio público y la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos y demás entidades dependientes de la misma, con independencia del lugar de realización del hecho imponible.
3.-Seguirán rigiéndose por sus propias normas, al no estar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las contraprestaciones recibidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos y demás entidades dependientes de la misma, por la prestación de servicios y realización de actividades en régimen de Derecho privado.
Artículo 4.-Principio de unidad e intervención.
1.-Los recursos regulados en esta Ley se ingresarán en las cajas de la Tesorería o en las cuentas restringidas autorizadas al efecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2.-El rendimiento de las tasas y precios públicos se destinará a satisfacer el conjunto de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se establezca la afectación de alguno de estos recursos a finalidades determinadas.
3.-Las tasas y precios públicos regulados en esta Ley serán intervenidos y contabilizados por la Intervención General, en los términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y demás disposiciones aplicables.
Artículo 5.-Responsabilidades.
1.-Las autoridades y demás personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus entidades y organismos públicos, así como sus agentes o asimilados, que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, de la Ley de Hacienda o de la legislación general tributaria y presupuestaria, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
A estos efectos, la exigencia indebida o en cuantía improcedente de una tasa o precio público será considerada como falta disciplinaria muy grave.
2.-Cuando el acto o la resolución se dictase mediante dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta Ley.
En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal a que se refiere el apartado 1 sólo responderán de los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal. A estos efectos, la Administración de la Comunidad Autónoma tendrá que proceder previamente contra los terceros correspondientes para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.
Artículo 6.-Recursos y reclamaciones.
1.-Contra los actos de aplicación de las tasas y exacción de los precios públicos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como contra las sanciones derivadas de aquéllos, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano que dictó el acto reclamable, el cual lo remitirá a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora
2.-Asimismo, contra dichos actos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa, ante el órgano que dictó el acto impugnable. En tal caso, no podrá promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio administrativo.
TITULO I
Tasas CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 7.-Concepto.
Son tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón los tributos propios cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Artículo 8.-Creación y regulación de las tasas.
1.-Las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecerán por Ley de Cortes de Aragón, que deberá regular, al menos, el hecho imponible, las exenciones y bonificaciones, los obligados y responsables tributarios, el devengo, la base imponible, el tipo de gravamen o tarifa y los demás parámetros o elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como la afectación, en su caso, a finalidades determinadas.
2.-Para adecuar las tarifas de las tasas al valor del uso de los bienes de dominio público o al coste variable de la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público que las motivan, las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma podrán modificar los elementos cuantificadores de las mismas, aun cuando ello no esté previsto en la Ley específica de creación del tributo. Asimismo, con subordinación a los criterios, parámetros o elementos cuantificadores de cada Ley específica, se podrá diferir a su desarrollo reglamentario la fijación de la cuantía exigible para cada tasa.
3.-Toda propuesta normativa de creación, regulación o modificación de las tasas deberá someterse a informe del órgano directivo que tenga atribuidas las funciones en materia tributaria y acompañarse de la memoria económico-financiera prevista en el artículo 15.
Artículo 9.-Principios de equivalencia y de capacidad económica.
1.-El importe líquido de las tasas no podrá exceder en su conjunto del valor real del uso privativo o del aprovechamiento especial del dominio público, ni del coste previsto o real del servicio, o, en su caso, del valor agregado por la actividad de la Administración, cuya prestación o realización constituye su hecho imponible. A tales efectos, deberá tenerse en consideración lo previsto en el artículo 14 y en la memoria económico-financiera exigida en el artículo 15.
2.-En la fijación de la cuantía de las tasas se tendrá en cuenta, en cuanto lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de los obligados a satisfacerlas.
CAPITULO II
La relación jurídico-tributaria
Artículo 10.-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón la utilización privativa o el aprovechamiento especial de su dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público, por la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y entidades dependientes de la misma, cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público.
Artículo 11.-Exenciones y bonificaciones.
1.-Las exenciones y bonificaciones en materia de tasas deberán atender a los principios establecidos constitucional o estatutariamente y, en especial, al de capacidad económica, en cuanto lo permitan las características del tributo.
2.-Asimismo, podrán establecerse beneficios tributarios a favor de los entes públicos territoriales o institucionales.
Artículo 12.-Devengo y exigibilidad.
1.-El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y determina el momento en que surge, para el sujeto pasivo, la obligación de satisfacer el importe de la tasa.
Ello no obstante, la ley propia de cada tasa podrá establecer su exigibilidad, total o parcialmente, en un momento distinto al de su devengo.
2.-Las tasas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se devengarán:
a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio publico, o se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.
No obstante, será necesario el previo pago o depósito de la tasa, para hacer efectivos el uso concedido, la prestación del servicio o la realización de la actividad.
b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o expedientes correspondientes, que no se realizarán o tramitarán hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente.
3.-En caso de discrepancia sobre la procedencia o cuantía de la tasa, no procederá la suspensión de la prestación del servicio o actividad por falta de pago, salvo que su regulación la autorice, exigiéndose correlativamente el depósito de su importe o la constitución de garantía. Si el sujeto pasivo no justifica la presentación en plazo reglamentario del correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa, tanto las cantidades depositadas como la realización de la garantía serán ingresadas en la Tesorería de la Comunidad con carácter definitivo, salvo que proceda su devolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.
Artículo 13.-Obligados y responsables tributarios.
1.-Son sujetos pasivos, como contribuyentes de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad jurídica propia que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que resulten beneficiarios de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma, o quienes soliciten o resulten afectados o beneficiados de manera singular, personalmente o en sus bienes, por la prestación de servicios o la realización de actividades constitutivas del hecho imponible, así como los que se subroguen en la posición jurídica de éstos.
2.-La Ley reguladora de cada tasa podrá designar un sustituto del contribuyente, quien podrá repercutir el importe de la misma a este último.
3.-La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración de la Comunidad Autónoma.
4.-La Ley reguladora de cada tasa podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios, junto a los obligados principales, a otras personas o entidades.
5.-Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público lleve aparejada una destrucción o deterioro del mismo, no prevista en la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo 15, el sujeto pasivo de la tasa estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables, la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de reposición de los bienes destruidos.
6.-Son responsables solidarios las entidades o sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos que constituyan el hecho imponible de una tasa.
7.-En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los usuarios u ocupantes de cualquier tipo de inmueble, son responsables subsidiarios sus propietarios.
Artículo 14.-Elementos cuantificadores.
1.-La cuantificación de las tarifas se efectuará de modo que su rendimiento estimado no exceda, en su conjunto, del valor del uso o aprovechamiento de los bienes demaniales cuya utilización se ceda o de los costes reales o previsibles del servicio, función o actividad de que se trate o del valor de la prestación recibida. A tales efectos, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público, la base tributaria deberá tener en consideración el valor real de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas, o el valor de la utilidad o del aprovechamiento que reporte al usuario, atendiendo en particular, en la valoración, al impacto ambiental que tales bienes pueden suponer.
b) En las tasas por prestación de servicios o realización de actividades, los parámetros para la determinación de las tarifas deberán comprender tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste, incluidos los financieros, amortizaciones de inmovilizado y demás gastos generales, y, en su caso, el valor agregado como consecuencia de la actividad de la Administración.
c) En cualquier caso, los parámetros señalados podrán comprender los gastos de mantenimiento, mejora y desarrollo de la actividad, atendiendo, si ello es posible, a la capacidad económica del obligado al pago.
2.-De acuerdo con los criterios y parámetros señalados en el apartado anterior, las operaciones de determinación de la base imponible de la tasa podrán efectuarse por el órgano que conceda, autorice o adjudique el derecho al uso o aprovechamiento de bienes demaniales, o que preste el servicio o realice la actividad determinante de la exacción de cada tasa. La cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija, o bien determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre parámetros cuantitativos, dinerarios o no, que sirvan de base tributaria. También podrá concretarse conjuntamente por ambas formas de cuantificación.
Artículo 15.-Memoria económico-financiera.
Sin perjuicio de la memoria económica que, en su caso, debe acompañar a los proyectos normativos a que se refieren la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, toda propuesta normativa para el establecimiento de nuevas tasas o de modificación específica de los elementos cuantificadores de las vigentes en ese momento, deberá incluir además, entre los antecedentes para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre los valores de mercado del uso de los bienes demaniales susceptibles de cesión, así como del coste o valor global del servicio o actividad que originan su exacción y, en su caso, el previsible valor agregado derivado de dichas prestaciones.
CAPITULO III
Procedimiento tributario
Artículo 16.-Gestión.
1.-La gestión de las tasas corresponderá a los distintos Departamentos, organismos públicos y demás entidades dependientes de los mismos a los que estén afectos los bienes del dominio público cedidos en uso o a los que tengan atribuida la competencia para prestar el servicio o realizar la actividad que origina el devengo de la tasa.
2.-No obstante lo anterior, corresponde al Departamento competente en materia de Hacienda el control y la coordinación de la gestión de las tasas por los órganos que la tienen encomendada, así como las funciones de inspección, investigación, comprobación e intervención del propio tributo, en los términos previstos por la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 17.-Liquidación por la Administración y autoliquidación.
1.-Las tasas se exigirán mediante liquidación efectuada por el órgano gestor competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, el cual realizará las operaciones de cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria. Las liquidaciones tendrán los requisitos y se notificarán en la forma prevista por la Ley General Tributaria.
2.-No obstante lo anterior, la Ley de creación de cada tasa podrá obligar a los sujetos pasivos a practicar las operaciones de autoliquidación y a realizar el ingreso de la cuota resultante.
Artículo 18.-Extinción de la deuda tributaria.
Las deudas tributarias derivadas de las tasas podrán extinguirse total o parcialmente por cualquiera de las formas y con los requisitos previstos en la Ley General Tributaria, y, en especial, mediante el pago, prescripción, compensación total o parcial, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, así como mediante la condonación de las mismas. Tal condonación sólo podrá acordarse en virtud de Ley de Cortes de Aragón, en la forma, cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
Artículo 19.-Medios de pago.
1.-El pago de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará en efectivo, por los medios, en la forma y con los efectos liberatorios que se determinen reglamentariamente.
2.-En todo caso, para satisfacer una misma deuda tributaria no podrán simultanearse varios medios de pago.
Artículo 20.-Plazos para el pago.
1.-Cuando las tasas sean objeto de liquidación por la Administración, los plazos de ingreso en período voluntario de la deuda tributaria serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c) Las tasas objeto de notificación colectiva y periódica, en los plazos o fechas señalados en su normativa reguladora, que, en todo caso, no será inferior a dos meses.
2.-Las tasas que sean objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo deberán ingresarse en los plazos específicos señalados por las normas reguladoras del tributo. En su defecto, el plazo general de ingreso será de un mes contado a partir del momento del devengo del tributo.
Artículo 21.-Aplazamiento y fraccionamiento.
Corresponde a los órganos del Departamento competente en materia de Hacienda, resolver sobre la concesión o denegación de aplazamientos o fraccionamientos del pago de las tasas, previa solicitud de los sujetos pasivos y, en su caso, aportación de garantía suficiente en la forma y con los requisitos previstos en la Ley General Tributaria.
Artículo 22.-Devolución.
El sujeto pasivo tiene derecho a la devolución de las tasas que ha satisfecho si, por causas que no le son imputables, no se han prestado las actividades o servicios gravados o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
Artículo 23.-Recaudación ejecutiva.
La recaudación de las tasas no ingresadas en período voluntario se realizará en el período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, a través del procedimiento de apremio, de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria, normas complementarias y disposiciones de desarrollo.
Artículo 24.-Régimen sancionador.
La calificación de las infracciones tributarias y la imposición y graduación de las sanciones que corresponda aplicar, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaría, normas complementarias y disposiciones de desarrollo.
TITULO II
Precios públicos CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 25.-Concepto.
Son precios públicos los ingresos no tributarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, derivados de las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan a su Administración por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
Artículo 26.-Creación y modificación.
1.-El establecimiento y fijación de la cuantía de los precios públicos se efectuará por Orden conjunta del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento del que dependa el órgano u organismo público al que corresponda su exacción.
2.-Toda propuesta de fijación o modificación de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera, que justifique el importe propuesto para los mismos.
3.-En lo no previsto en la norma reguladora del precio público o en este Título, serán supletoriamente aplicables las normas establecidas en materia de Hacienda para los ingresos de Derecho público y, en su defecto, las disposiciones reguladores de las tasas, de acuerdo con la naturaleza jurídica y financiera de las exacciones.
CAPITULO II
Elementos sustantivos de los precios públicos
Artículo 27.-Elemento objetivo.
Constituye el elemento objetivo y hecho generador de los precios públicos la prestación de un servicio o la realización de una actividad y las entregas de bienes accesorias a las mismas, por parte de la Administración de la Comunidad o de sus organismos públicos, en los supuestos definidos en el artículo 25 de esta Ley.
Artículo 28.-Exigibilidad.
1.-Los precios públicos se exigirán desde que se preste el servicio o se realice la actividad que constituyan su presupuesto objetivo o hecho generador.
2.-No obstante, la norma de creación de cada precio público podrá prever la exigencia del cobro anticipado, del depósito previo de su importe total o parcial o el establecimiento de garantías.
Artículo 29.-Elemento subjetivo.
1.-Son sujetos obligados al pago de los precios públicos las personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad jurídica propia, que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que actúen como tales en el tráfico mercantil, que sean destinatarios o beneficiarios del servicio prestado o actividad realizada.
2.-Se presumirá esta condición en la persona que solicite o reciba las prestaciones de servicios o actividades.
Artículo 30.-Responsables solidarios y subsidiarios.
1.-Responderán solidariamente del pago de los precios públicos las personas físicas o jurídicas o los entes sin personalidad que soliciten los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos.
2.-Serán responsables subsidiarios los propietarios de los inmuebles cuyos usuarios u ocupantes estén obligados a satisfacer precios públicos por razón de servicios o actividades que les benefician o afectan.
Artículo 31.-Cuantía de los precios públicos.
1.-Los precios públicos se fijarán de manera que, como mínimo, cubran los costes directos e indirectos originados por la prestación de los servicios o realización de las actividades, o se equiparen a la utilidad obtenida por el beneficiario.
2.-Los precios públicos podrán cifrarse en una cuantía fija o determinarse en función de un porcentaje sobre parámetros cuantitativos ciertos.
3.-Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán establecerse precios públicos por un importe inferior al resultante de lo previsto en el apartado 1 anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.
CAPITULO III
Administración y cobro de los precios públicos
Artículo 32.-Gestión y medios de pago.
1.-La gestión y administración de los precios públicos corresponde a los Departamentos u organismos públicos que deban prestar el servicio o realizar la actividad determinante de su exención, sin perjuicio de las facultades de dirección, coordinación y control que la Ley de Hacienda atribuye al Departamento competente en materia de Hacienda.
2.-Mediante Orden del citado Departamento de Hacienda podrá establecerse de forma razonada, con carácter obligatorio para determinados precios públicos, algún medio de pago concreto entre los que se determinen reglamentariamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley.
3.-Los precios públicos podrán exigirse en régimen de autoliquidación.
Artículo 33.-Devolución.
Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, no se realice la actividad o no se preste el servicio, o se haya prestado de forma notoriamente deficiente, procederá la devolución del importe que corresponda.
Artículo 34.-Recaudación ejecutiva.
1.-Las deudas derivadas de precios públicos podrán exigirse en período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, a través del procedimiento de apremio, cuando el obligado al pago no las hubiera satisfecho en el plazo del período voluntario en que sean exigibles. La Administración deberá extender documentación acreditativa del impago en el plazo máximo de tres meses.
2.-A tales efectos, los órganos encargados de la gestión de los precios deberán remitir trimestralmente al Departamento competente en materia de Hacienda la documentación que identifique a los deudores y acredite las deudas respectivas para proceder a su cobro en vía ejecutiva, de acuerdo con las normas que regulen este procedimiento. DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.-Derogación expresa y por incompatibilidad.
1.-Queda derogada la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.-Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley en cuanto se opongan o contradigan lo establecido en la misma. DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda.
El Consejero competente en materia de Hacienda podrá regular, mediante Orden, las siguientes materias:
a) El establecimiento de la obligación de utilizar, para determinadas tasas o precios públicos, algún concreto medio de pago de los previstos reglamentariamente.
b) La elaboración y publicación anual en el «Boletín Oficial de Aragón» de un catálogo actualizado que recoja, a título informativo, los elementos esenciales y las tarifas vigentes de las tasas para cada ejercicio presupuestario, incluyendo todas las modificaciones efectuadas desde la última publicación.
Segunda.-Habilitaciones a los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas.
Los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas, previo el informe a que se refiere el apartado 3 del artículo 8, aprobarán, mediante Orden, los modelos de autoliquidación correspondientes y dictarán instrucciones complementarias para la gestión y liquidación de las tasas exigidas por dicho régimen.
Tercera.-Remisión al desarrollo reglamentario por el Gobierno de Aragón.
1.-El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, aprobará mediante Decreto, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente Ley y, en particular, las relativas a los distintos procedimientos de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propias tasas.
2.-Asimismo, se autoriza al Gobierno de Aragón para regular los requisitos y condiciones en los que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Cuarta.-Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
La Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, fue dictada al amparo de las competencias exclusivas que, en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado, tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el artículo 35.1.29.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como de las que en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía, le atribuye el artículo 35.1.12.ª de la misma norma institucional y de las que tiene reconocidas en virtud de su artículo 36.3 en materia de fomento de la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Aragón.
En el preámbulo de la citada ley se pone de manifiesto la necesidad de que, recogiendo nuevas orientaciones españolas y europeas, el ejercicio de la actividad pública de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación agroalimentarias debería seguir estrategias que fuesen capaces de incidir en los mercados, transfiriendo al sector agroalimentario nuevos productos o nuevas técnicas de producción eficientes y respetuosas con el medio ambiente y que pudiesen generar mayor rentabilidad económica para las explotaciones agrarias y las empresas agroindustriales.
Para el logro de tales objetivos, se indica en el citado preámbulo que debería afrontarse en Aragón un triple reto: desarrollar, en primer lugar, tecnologías y productos adaptados al entorno natural y a nuestros mercados europeos; transferirlos después eficazmente al sector para que redunden en su continua innovación y, por último, garantizar la eficiencia y continuidad del esfuerzo, potenciando equipos humanos que estén en vanguardia de la investigación a través de su constante estímulo y participación en proyectos y redes nacionales, europeas e internacionales.
Asimismo, para hacer efectivo el cumplimiento de tales retos, y haciendo uso de la potestad de autoorganización reconocida estatutariamente a la Comunidad Autónoma en el artículo 35.1.1.ª, que le habilita para dotarse de una Administración institucional propia, se optó por la creación de un organismo público, bajo la forma de entidad de derecho público, como instrumento ágil que permita realizar políticas en materia de investigación y transferencia en el sector agroalimentario que faciliten la gestión de los resultados obtenidos y oriente con eficacia sus líneas de investigación en función de las necesidades existentes, fomentando la innovación de las explotaciones y empresas agroalimentarias, y todo ello con tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
En la citada ley de creación, se atribuyen al Centro, fundamentalmente, la misma naturaleza, fines y funciones que venía desarrollando en materia de investigación, transferencia y formación la desaparecida Dirección General de Tecnología Agraria del entonces Departamento de Agricultura.
Por lo que se refiere a la conformación de sus órganos colegiados y en concreto al Consejo Rector del Centro, éste fue configurado en la ley como un órgano de dirección con una amplia representación, que responde a la consideración de que las grandes líneas de investigación, desarrollo y transferencia son estrategias a largo plazo basadas en el acuerdo social, económico y político.
En relación con el régimen de personal del Centro, existe en la ley una reserva expresa para personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de los puestos de trabajo de carácter permanente relacionados con la investigación, el desarrollo, la transferencia y la administración, siéndoles de aplicación, respectivamente, la legislación sobre función pública y el convenio colectivo vigente en cada momento junto al resto de la normativa aplicable al personal laboral.
La Ley 29/2002, de 17 de diciembre, fue objeto de modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. En síntesis, los aspectos más significativos de la modificación efectuada en su articulado fueron la incorporación al texto de la consideración del Centro como organismo público de investigación contenida en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón; la supresión de las prerrogativas para el ejercicio de potestades administrativas atribuidas al Centro en la anterior redacción de su artículo 4, y una nueva redacción para la composición de parte del Consejo Rector del Centro.
Sobre los objetivos proclamados en la ley, no cabe sino hacer un claro reconocimiento de su vigencia y oportunidad. Por lo que se refiere al modelo organizativo previsto para el Centro como entidad de derecho público, sin perjuicio de que ésta haya de quedar necesariamente sujeta a lo dispuesto en el régimen general de los citados organismos públicos establecido en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, puede observarse cierta falta de correspondencia entre lo ambicioso de los retos planteados en la ley y lo restrictivo que ha podido resultar para el Centro el régimen jurídico articulado para su configuración, aspecto este que no favorece las posibilidades de que el Centro logre cumplir eficientemente los objetivos para los que fue creado, quedando así justificada la necesidad de introducir modificaciones que puedan asegurar su adaptabilidad a las condiciones y necesidades del entorno y a la necesaria versatilidad que se exige para captar la atención de los mercados.
Una de las razones que han podido contribuir a esta asimetría entre el modelo elegido y su capacidad para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad es la concurrencia de cambios sustanciales, normativos y organizativos, producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que justifican la conveniencia de reconsiderar algunos aspectos referidos al contenido de la propia ley.
La Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, conocida como la «Ley de la Ciencia» de Aragón, surge con la pretensión de establecer las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de investigación y con el objeto de fomentar y coordinar la actividad investigadora y la transferencia de conocimientos a la sociedad en la Comunidad Autónoma de Aragón, bajo los principios de calidad y oportunidad y a través de un único departamento competente en las citadas materias. Todo ello, en aras de conseguir una mejora continua del entorno social, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la población aragonesa.
Los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón (PAID) se confirmaron en la Ley de la Ciencia como el instrumento básico para la consecución de los objetivos marcados en la misma y a cuyo logro está llamado a contribuir de modo decisivo el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria en el ámbito de las actividades programadas en el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón 2005-2008, aprobado mediante Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
En coherencia con lo previsto en la citada ley, en virtud del Decreto de 7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se crea el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad «para hacer efectivas las competencias que tiene atribuidas el ejecutivo autonómico en materia de investigación, innovación y transferencia de conocimientos y para responder a las nuevas necesidades de la sociedad aragonesa», tal como se indica en su exposición de motivos. Asimismo, mediante Decreto de 22 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se adscribe al nuevo departamento el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, anteriormente adscrito al entonces Departamento de Agricultura.
La estructura orgánica del nuevo departamento se aprobó en virtud del Decreto 251/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, correspondiéndole, de acuerdo con los fines reconocidos en el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, competencias en materia de transferencia de conocimientos a los sectores productivos aragoneses y a la sociedad aragonesa, así como la planificación y programación de la actividad investigadora.
Pues bien, en el ejercicio de tales competencias y atendiendo a este último enunciado normativo de pertinencia social, es decir, a la necesidad de responder a los requerimientos que surgen de la sociedad aragonesa y de orientar todas sus estrategias a dar respuesta a sus necesidades, el nuevo departamento creado ha promovido la elaboración de un Plan Estratégico para el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria que ha permitido sacar importantes conclusiones para definir su nueva andadura a partir de su actual posicionamiento estratégico como centro de investigación, de sus potencialidades para ofrecer productos y servicios competitivos y para hacer visible la importante función social y económica que puede representar el Centro como eje central de cooperación alrededor del cual se produzca la transformación del actual campus en el que se encuentra ubicado, en el primer parque científico español especializado en agroalimentación y medio ambiente. Cuenta para ello con investigadores, técnicos y auxiliares con una dilatada trayectoria profesional y un alto grado de especialización que han de insertarse en una organización inequívocamente puesta al servicio de la transferencia y puesta en valor de logros científicos propios y de su consolidación como soporte científico y tecnológico necesario para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario.
Independientemente de los cambios producidos desde su publicación, hay aspectos significativos en la citada Ley 29/ 2002 que han resultado determinantes en la actual configuración del Centro y cuya reconsideración se propone modificando parcialmente su articulado.
La atribución al Centro, fundamentalmente, de los mismos fines, naturaleza y funciones que venía desarrollando en materia de investigación, transferencia y formación un centro directivo de carácter administrativo, ha podido resultar un modelo poco apropiado para permitir al Centro una adecuada adaptación a los nuevos requerimientos y exigencias del mercado agroalimentario. En su conjunto, el modelo organizativo elegido y desarrollado en la ley de referencia reproduce un esquema presidido por normas pensadas para organizaciones netamente administrativas, no respondiendo, por ello, al espíritu y la letra de la propia norma cuando invoca en su preámbulo la necesidad de dotarse de un instrumento ágil y proclama en su articulado la necesidad de ajustar su actividad al Derecho privado, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse. A dar respuesta adecuada y eficaz a las nuevas necesidades suscitadas en los sectores económicos de la sociedad aragonesa responde la existencia de las entidades de derecho público, para las que se ha establecido un régimen jurídico propio y diferenciado del de las organizaciones puramente administrativas.
Un segundo aspecto destacable en la ley es la opción elegida para la configuración de los órganos colegiados del Centro, como es el caso del Consejo Rector, con una composición basada en un amplio acuerdo y representación social, económica y política, como garantía de mantenimiento en el tiempo de las estrategias de investigación, desarrollo y transferencia adoptadas por el Centro.
A este respecto, y sin perjuicio de los valores que cabe atribuir al consenso en la conformación de los foros de representación, es preciso dotar al Consejo Rector del carácter propio de un auténtico órgano de dirección, que es como aparece definido en la ley, evitando así su identificación con la naturaleza propia de un órgano de participación comunitaria. Para ello, se modifica su composición, reduciendo la presencia de vocales de representación pública en aras de una mayor representación científica y técnica, aspecto que se contempla en la nueva redacción que se propone del artículo 7.
En relación con el Consejo Científico, su actual composición podría recordar más a un modelo autoadaptativo con fuerte representación del Centro que a un órgano cuyo papel debe estar reservado a la aprobación y evaluación de las líneas estratégicas del mismo en relación con su idoneidad y adaptabilidad a las demandas y requerimientos del sector agroalimentario, valores estos que se juzgan y aprecian de modo más objetivo a partir de la incorporación al citado órgano de científicos e investigadores ajenos a la gestión ordinaria de las actividades desarrolladas por el propio Centro. De ahí la necesidad de contar también con profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, tal como se propone en la nueva redacción dada al artículo 11 de la ley.
Por último, un tercer aspecto que condiciona definitivamente la naturaleza y la andadura del Centro es la exclusividad que se atribuye en la ley a las funciones desempeñadas por el personal funcionario y laboral fijo de la Comunidad Autónoma adscrito al Centro, reservando a este personal «los puestos de trabajo de carácter permanente relacionados con la investigación, desarrollo, transferencia y administración...», con las limitaciones que ello representa para la captación de perfiles profesionales idóneos y adaptados a las nuevas necesidades del Centro, más allá de las reducidas posibilidades que ofrece el ámbito propio de la Administración Pública. Tal reserva no encuentra justificación alguna en la actualidad, sobre todo a partir de la supresión de las prerrogativas para el ejercicio de potestades administrativas que tenía atribuidas el Centro, introducida mediante la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
La actual regulación del régimen jurídico del personal del Centro, contenida en el capítulo III de la ley, se separa innecesariamente en su redacción de lo normado con carácter general en la misma materia para el resto de entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidas aquellas que tienen adscrito personal funcionario y laboral fijo al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyos derechos adquiridos quedan en todo caso preservados. Ello justifica una nueva redacción para los artículos incluidos en el citado capítulo III, suprimiendo la reserva de puestos efectuada en el artículo 19 y autorizando la contratación de personal laboral propio del Centro no necesariamente vinculado a proyectos de investigación.
Otros aspectos del contexto en el que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón desarrolla sus actividades también han cambiado. En la actualidad, el citado Centro está llamado a configurarse como núcleo básico de colaboración en el proceso de transformación del campus de Aula Dei, en el que está ubicado el mismo, en el primer parque científico español especializado en agroalimentación y medio ambiente. Se trata de liderar una iniciativa de base territorial, situada en la proximidad de otros institutos y centros superiores o centros de investigación avanzada, destinada a estimular crecimientos económicos basados en el nuevo conocimiento, promoviendo activamente la transferencia de tecnología desde las instituciones de investigación al tejido y a la organización incluida en el ámbito o extensión del parque. La función principal del parque se constituye por las actividades de investigación, desarrollo y planeamiento, por la concepción de nuevos productos y servicios y por el desarrollo de los pasos finales hacia la fase de comercialización.
Al Centro corresponderá asimismo desarrollar programas integrales para la creación de bioempresas, identificar ideas empresariales, formar potenciales emprendedores, incorporar nuevas tecnologías para el sector y formar bioemprendedores apoyando la elaboración de planes de negocio, siendo éstos atributos diferenciales del Centro que pueden posicionarle como referente para el encuentro entre ciencia, tecnología y sociedad, contribuyendo a reforzar la importancia vertebradora del hecho agrario y dando respuesta a sus necesidades de innovación.
Por la renovada orientación que pretende darse al Centro, se hace imprescindible contar con eficientes órganos colegiados de dirección y de asesoramiento que sean determinantes en la definición de las líneas y prioridades de investigación del Centro en el marco de la política agroalimentaria y de investigación e innovación tecnológica fijada por el Gobierno de Aragón, incorporando a los mismos a asesores externos nacionales e internacionales que favorezcan las posibilidades de acceso del Centro a programas estatales y europeos de investigación y revisen y evalúen sistemáticamente sus proyectos estratégicos, sin perjuicio de la evaluación externa de la labor investigadora y de la idoneidad de las líneas estratégicas adoptadas por el Centro que por éste deba requerirse. Esta pretensión pretende ser atendida con la nueva redacción dada a los artículos 7, 10 y 11 de la ley.
En la dinámica que se pretende impulsar, es preciso mejorar el modelo de gobierno y de gestión actual del Centro e incentivar el alineamiento de los profesionales con los objetivos estratégicos del mismo, promoviendo cambios necesarios en el perfil laboral de su plantilla y estableciendo mecanismos transparentes de progresión de las retribuciones salariales de acuerdo con las categorías profesionales y con la evaluación del desempeño en los puestos, combinando la definición de una carrera científica propia de los profesionales con su necesaria disposición y capacidad para ofrecer aplicaciones innovadoras.
Es necesario, por tanto, respetando las situaciones individuales, admitir nuevas opciones laborales, valorando habilidades, méritos académicos y experiencia, fijando un marco estratégico de política salarial en función de requisitos ligados a la labor investigadora y favoreciendo también la incorporación de incentivos económicos y no económicos, definiendo indicadores de avance en el cumplimiento de objetivos, de visibilidad de la producción científica, de competencia para captar recursos humanos y materiales para la investigación, de dirección de tesis doctorales y de divulgación científica, entre otros. La nueva redacción dada a los artículos 18, 19, 20 y 21, así como la nueva disposición adicional tercera, referida a la transferencia tecnológica del Centro, pretenden atender estos requerimientos.
En consideración a las observaciones efectuadas, puede concluirse en el sentido de que, para aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno, para fortalecer y dar mayor relevancia a las líneas de trabajo de los investigadores de nueva incorporación, para afianzar los trabajos desarrollados por unidades del Centro que pueden considerarse de excelencia investigadora, para evitar la fuga de científicos e investigadores del Centro a otros centros por sus mejores condiciones de trabajo y para atender con más flexibilidad las demandas no cubiertas de la industria agroalimentaria, debe promoverse una modificación parcial de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en la actual redacción dada a los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21, así como de su parte final, en la que se introduce una nueva disposición adicional tercera, quedando asimismo suprimido el actual contenido de los artículos 22 y 23, al objeto de adaptar el marco normativo a las nuevas expectativas y orientación del Centro. Por último, en la presente ley se incluye una disposición final dirigida a elaborar un decreto legislativo que refunda las disposiciones legales vigentes relativas al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Artículo primero. Modificación del articulado de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
La Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Organización.
1. El Centro dispondrá de los siguientes órganos de dirección y asesoramiento:
a) El Consejo Rector, la Comisión Permanente y el DirectorGerente, como órganos de dirección.
b) El Comité Científico, como órgano de asesoramiento.
2. Los estatutos del Centro determinarán su organización interna para la gestión de las funciones que se le atribuyen en esta ley.»
Dos. Se añade al artículo 6 el apartado g), con la siguiente redacción:
«g) Proponer al Gobierno de Aragón las retribuciones del personal directivo que no lo sea por su condición de funcionario y las retribuciones complementarias del resto del personal al servicio del centro.»
Tres. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7. Composición y funcionamiento del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará presidido por el Consejero del departamento competente en materia de investigación agroalimentaria y contará con dos vicepresidentes:
a) El Director Gerente del Centro, como Vicepresidente primero.
b) El Director General responsable en materia de investiga-ción agroalimentaria, como Vicepresidente segundo.
2. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente, por su orden, en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
3. El Consejo Rector estará integrado, además, por los siguientes vocales:
a) El Secretario General Técnico, o el Viceconsejero en sucaso, o un Director General, del departamento con competencia en materia de investigación agroalimentaria.
b) Un representante por cada uno de los departamentoscompetentes en materia de agricultura, economía, medio ambiente, industria y salud, designados a propuesta de los respectivos Consejeros.
c) El Presidente del Comité Científico del Centro.
d) El Director del Instituto Tecnológico de Aragón.
e) El Presidente de la Agencia Aragonesa de SeguridadAlimentaria.
f) Un representante de la Universidad de Zaragoza, designado a propuesta de su Rector.
g) Un representante del Instituto Nacional de Investigacióny Tecnología Agraria y Alimentaria, designado a propuesta de su Director.
h) Un miembro del Comité Científico del Centro, designado a propuesta de su Presidente.
i) Tres investigadores de reconocido prestigio, uno de loscuales deberá pertenecer a la plantilla del Centro, designados a propuesta del Presidente del Consejo Rector.
j) Un representante de las organizaciones profesionalesagrarias más representativas de Aragón, designado a propuesta de éstas.
k) Un representante de las uniones, federaciones y confede-raciones de cooperativas agrarias con domicilio social en Aragón, designado a propuesta de éstas.
l) Un representante de las industrias agroalimentarias condomicilio social en Aragón, designado a propuesta de las asociaciones más representativas.
m) Un representante de las denominaciones de origen pro-tegidas y de las indicaciones geográficas protegidas existentes en Aragón o de las entidades que las sustituyan, designado a propuesta de éstas.
n) Dos representantes de los trabajadores designados por las centrales sindicales más representativas de Aragón.
ñ) Un representante de las organizaciones sociales cuyo objeto principal sea la protección y conservación del medio ambiente, designado a propuesta de éstas.
o) Un representante de las organizaciones de consumidoresy usuarios con domicilio social en Aragón, designado a propuesta de éstas.
p) Un representante del Comité Aragonés de AgriculturaEcológica, designado a propuesta de éste.
q) Un representante de los órganos de representación delpersonal del Centro, designado a propuesta conjunta de la Junta de Personal y de los Comités de Empresa.
4. Será Secretario del Consejo Rector, con voz pero sin voto, un miembro del personal del Centro, designado por su Presidente.
5. Los vocales serán nombrados por acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Presidente del Consejo Rector, por un período de cuatro años, previa designación efectuada en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. Agotado su mandato, el Gobierno de Aragón podrá renovar su nombramiento por una sola vez, sin que esta limitación sea de aplicación a los vocales que formen parte del Consejo Rector en virtud del cargo que ocupen.
6. Los estatutos del Centro especificarán el régimen de organización y funcionamiento del Consejo Rector.»
Cuatro. Se suprime la letra c) del artículo 9.1.
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. El Director Gerente del Centro, que tendrá categoría de Director General, será nombrado por decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero con competencia en materia de investigación agroalimentaria.»
Seis. Las referencias al «Director del Centro» contenidas en los artículos 9, 13 y 14.2 se entenderán realizadas al «Director Gerente del Centro».
Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10. Funciones del Comité Científico.
1. Existirá en el Centro un Comité Científico, como órgano de asesoramiento en materia científica, investigación agroalimentaria, transferencia de resultados y formación.
2. Son funciones generales del Comité Científico, en el ámbito propio de sus competencias:
a) Informar, con carácter previo a su aprobación por elConsejo Rector, la política científica e investigadora del Centro, proponiendo sus líneas y prioridades en el marco de la política agroalimentaria y de investigación e innovación tecnológica fijada por el Gobierno de Aragón.
b) Evaluar periódicamente los planes y líneas estratégicasadoptados así como sus resultados, proponiendo la adopción de medidas en la estructura y en la organización científica del Centro orientadas a incorporar de modo eficiente nuevas tecnologías para el sector agroalimentario aragonés. A estos efectos, el Comité Científico remitirá un informe anual al Director Gerente del Centro y al Presidente del Consejo Rector, sin perjuicio del traslado a los citados órganos de todos los acuerdos que adopte.
c) Asesorar e informar sobre aquellos asuntos que seanexpresamente sometidos a su conocimiento por el Presidente del Consejo Rector y por el Director Gerente del Centro.»
Ocho. Se modifica el artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 11. Composición del Comité Científico.
1. El Comité Científico estará integrado por, al menos, seis miembros de acreditada relevancia en el campo de la investigación científica y técnica agroalimentaria, de los cuales dos podrán ser de nacionalidad no española, siendo todos ellos nombrados, a propuesta del Consejero del departamento competente en materia de investigación agroalimentaria, por acuerdo del Gobierno de Aragón y por una duración de cuatro años.
2. El Comité Científico, de entre sus miembros, elegirá a su Presidente.
3. Los estatutos del Centro determinarán el régimen de organización y funcionamiento del Comité Científico.»
Nueve. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18. Personal.
1. El personal del Centro estará integrado por personal directivo y por personal no directivo.
2. Tendrá la consideración de personal directivo el Director Gerente y aquel otro que, de acuerdo con la organización y las funciones que se le encomienden, se determine en los estatutos de la entidad.
3. Tendrá la consideración de personal no directivo:
a) El personal funcionario y laboral de la Administración dela Comunidad Autónoma incorporado inicialmente al Centro y aquel otro que, con posterioridad, obtenga destino en el mismo a través de las formas de provisión previstas en la legislación sobre función pública.
b) El personal laboral fijo y temporal propio del Centro, contratado por la entidad mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
c) El personal investigador, científico y técnico, contratadode acuerdo con la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y disposiciones que la desarrollan.
4. Respecto de los puestos de la plantilla que estén dotados y no ocupados, así como de los que en el futuro puedan quedar vacantes, el Director Gerente del Centro valorará la necesidad de proceder a su amortización o a su provisión por los procedimientos señalados en los apartados a) y b) de este artículo. En esta valoración influirán de forma determinante las líneas prioritarias que, de acuerdo con los informes del Comité Científico, haya adoptado o vaya a adoptar el Centro, así como las previsiones que sobre ordenación de recursos humanos se hayan formulado por el mismo.»
Diez. Se modifica el artículo 19, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 19. Régimen jurídico del personal.
1. La contratación del personal directivo que no lo sea por su condición de funcionario se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, bajo la modalidad de relación laboral especial de alta dirección, sin que puedan pactarse cláusulas de indemnización por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con el Centro.
2. El personal no directivo se regirá por las siguientes normas:
a) El personal funcionario o laboral de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de Aragón incorporado inicialmente al Centro, o con posterioridad a través de los procedimientos de movilidad previstos en la normativa de aplicación, se regirá, respectivamente, por la normativa sobre función pública y por el convenio colectivo vigente en cada momento y, supletoriamente, por la normativa que resulte de aplicación.
En tanto dure su destino en el Centro, el citado personal mantendrá todos sus derechos en lo relativo a antigüedad, categoría, niveles retributivos y acción social derivados del puesto de origen, así como los correspondientes a la carrera y promoción profesional que le correspondan como funcionario o personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de su adecuación funcional y del régimen de prestación de servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines del Centro, de acuerdo con lo establecido en los estatutos del mismo.
b) El personal laboral propio del Centro se regirá por elconvenio colectivo vigente en cada momento y, supletoriamente, por la normativa que resulte de aplicación.
Once. Se modifica el artículo 20, cuya redacción queda del siguiente modo:
«Artículo 20. Retribuciones del personal del Centro.
1. Las retribuciones del Director Gerente y demás personal directivo del Centro se fijarán por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo Rector.
2. Las retribuciones básicas del personal no directivo del Centro se homologarán a las establecidas con carácter general en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el personal de similar nivel de clasificación y categoría, fijándose las retribuciones complementarias por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo Rector del Centro, con criterios de homogeneidad con las establecidas para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. En ningún caso las retribuciones totales en cómputo anual del personal propio contratado por el Centro serán inferiores a las correspondientes a puestos de idéntico grupo y nivel del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.»
Doce. Se adiciona un nuevo artículo 20 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 20 bis. Personas en formación.
1. El Centro podrá contar con personas en formación investigadora, científica y técnica que desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, postdoctorales o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo con su normativa específica.
2. Estas personas carecerán de vinculación jurídico-laboral con el Centro, sin perjuicio de lo que pueda disponer al respecto la normativa de aplicación.»
Trece. Se modifica el artículo 21, cuya redacción queda del siguiente modo:
«Artículo 21. Contrato-programa.
1. Entre el departamento competente en materia de investigación agroalimentaria y el propio Centro, podrá suscribirse anualmente un contrato-programa vinculado a objetivos de investigación y a la realización de servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades del sector agroalimentario y de los departamentos de la Administración autonómica, fijando los niveles de participación de las unidades que integran el Centro, definiendo los indicadores de avance en el cumplimiento de objetivos, de visibilidad de la producción científica, de competencia para captar recursos humanos y materiales para la investigación, de dirección de tesis doctorales y de divulgación científica, entre otros.
2. En el contexto de los objetivos pactados en el contratoprograma que se suscriba y sin perjuicio de la carrera profesional que pueda establecerse reglamentariamente para el personal investigador y técnico del Centro, podrán fijarse incentivos económicos de productividad vinculados al cumplimiento evaluado de los objetivos pactados.»
Catorce. Queda suprimido el contenido de los artículos 22 y 23.
Quince. Los preceptos que se relacionan a continuación, cuyo texto permanece inalterado, modifican su numeración en la siguiente forma:
‒ El artículo 24 pasa a ser el artículo 22.
‒ Los artículos 25, 26 y 27 pasan a ser, respectivamente, los artículos 23, 24 y 25.
Artículo segundo. Modificación de las disposiciones de la parte final de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Uno. Se suprime la disposición transitoria segunda.
Dos. Se suprime la disposición final primera.
Tres. Se añade una disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera. Transferencia tecnológica del Centro.
Para hacer posible la eficiente transferencia al sector agroalimentario de las actividades y resultados de la investigación realizada en el Centro, éste promoverá la creación, colaboración o participación en parques tecnológicos, entidades u organizaciones de iniciativa pública que tengan la citada función entre sus objetivos esenciales.»
Disposición final primera. Autorización para refundir.
1. El Gobierno de Aragón aprobará un decreto legislativo que refunda las disposiciones vigentes relativas al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón contenidas en la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón; en el artículo 43 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y en la presente ley.
2. La autorización para refundir alcanza a regularizar, aclarar y armonizar las citadas disposiciones legales.
3. El texto refundido resultante de la presente delegación legislativa será objeto de control por las Cortes de Aragón, en los términos previstos en el artículo 156 de su Reglamento.
Disposición final segunda. Estatutos del Centro.
El Consejo Rector del Centro, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, elevará al Gobierno de Aragón para su aprobación los estatutos del Centro, a través del departamento al que esté adscrito.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario de la ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, con su previsión de que una ley de Cortes de Aragón pudiera ordenar y regular la constitución de comarcas, realizó una apuesta decidida desde el más alto nivel normativo posible por una forma diversa de organización territorial de Aragón. La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, fue el primer paso en el desarrollo de las previsiones estatutarias, y mediante su aprobación, las Cortes de Aragón ofrecieron un modelo de organización desde los puntos de vista procedimental, competencial, orgánico y financiero, modelo que tuvo la virtud de clarificar las diversas opciones teóricamente existentes a partir de la mención estatutaria y de ir preparando una siempre delicada labor de transición. En esa senda, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, cumplió las previsiones de la disposición adicional segunda de la Ley 10/1993, estableciendo un mapa comarcal completo de Aragón, previa consulta con las entidades locales. También la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, hizo algunas menciones a la comarca pero el paso decisivo fue dado por la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, promulgada cuando ya existía alguna comarca constituida. En el tiempo de su vigencia, y teniendo en cuenta algunas pequeñas modificaciones normativas realizadas por las Leyes 25/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas y 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, se han acabado constituyendo 32 de las 33 comarcas previstas, faltando hoy por crearse solamente la Comarca de Zaragoza. Finalmente, la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, ha realizado pequeñas modificaciones de perfeccionamiento del ordenamiento jurídico sugeridas por la práctica de la comarcalización y ha autorizado al Gobierno a la formación de dos textos refundidos, uno de los cuáles es al que este preámbulo sirve de pórtico y que está dedicado a la ordenación de todo el conjunto normativo no relacionado con la delimitación comarcal.
El texto refundido aprobado por este decreto legislativo sistematiza y ordena un plural conjunto normativo teniendo en cuenta, además, cómo algunas leyes sectoriales (por ejemplo la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón, y la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón) han afectado a algunas de las competencias de las comarcas basándose, además, en el papel preponderante que para la legislación sectorial disponía la misma Ley 23/2001, de 26 de diciembre. Se persigue con ello un objetivo siempre necesario de claridad en el ordenamiento jurídico, de mucha mayor utilidad en un ámbito en el que la Comunidad Autónoma tiene un interés supremo pues en él se basa, fundamentalmente, la organización territorial de la misma.
En el aspecto formal, la ley se ha estructurado en «títulos» y dentro de éstos se ha procedido a una división en capítulos. En algunos casos tal división en títulos no se encontraba en las normas a refundir, más simples a esos efectos, pero la refundición de varios textos ha llevado consigo una complejidad al articulado que hace aconsejable tal tipo de división.
Respecto a las cuestiones de fondo, cabe destacar que en lo relativo a la descripción general de las competencias se ha seguido fundamentalmente el contenido de la Ley 23/2001, ya que la Ley 10/1993 había quedado superada por ella. La yuxtaposición entre preceptos generales y abstractos de la Ley 10/1993 y los más concretos de la Ley 23/2001, ha aconsejado una división del título III del texto refundido en distintos Capítulos.
La cuestión de la transferencia de competencias, aun conceptualmente relacionada con la anterior, tiene sustantividad propia y presenta una gran importancia operativa, por lo que se le ha dotado de un título propio, el IV, dividido a su vez en dos capítulos.
La organización de las comarcas ha sido cuestión fundamentalmente tratada por la Ley 10/1993 con algunas matizaciones y complementos hechos por la Ley 23/2001. Así en el título V se han integrado las disposiciones recogidas en la Ley 10/1993 y las precisiones de la Ley 23/2001 que se encontraban tanto en su articulado como en algunas de sus disposiciones adicionales. Considerando que toda la regulación es ya sustantiva, lo regulado en aquellas disposiciones adicionales se integra ahora en el cuerpo articulado del texto.
La financiación de las comarcas es una cuestión fundamental, por lo que cada vez que el legislador ha intervenido ha considerado necesario hacer algunas precisiones sobre el particular. Por ello, la sistematización y el orden han sido las directrices fundamentales de la refundición. Desde esa perspectiva se ha concluido que los preceptos de la Ley 10/1993, dedicados a la financiación, contenían algunos principios poco coherentes, pues se consideraba en el mismo plano la financiación procedente de la Comunidad Autónoma y la que, hipotéticamente, podía provenir de las provincias y municipios. Ello ha determinado la necesidad de separar en el texto refundido los preceptos relativos a las provincias y municipios, incluyéndolos en un capítulo separado del resto. Así pues, el acento fundamental se ha puesto en la regulación de la financiación a partir de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que ha obligado a una tarea de coordinación fundamental de las distintas normas dictadas a partir de la Ley 23/2001.
Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 27 de diciembre de 2006.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.
De conformidad con lo establecido en la disposición final primera 2, de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón que se incorpora como Anexo.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este decreto legislativo y, en particular, las siguientes:
1. Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón.
2. Disposición adicional sexta de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
3. Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.
4. Disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2002.
5. Artículo 21 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
6. Artículo 50 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
7. Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este decreto legislativo y el Texto refundido que por él se aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, a 27 de diciembre de 2006.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JOSE ÁNGEL BIEL RIVERA
MARCELINO IGLESIAS RICOU
Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza y fines de las comarcas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, podrán constituirse en comarcas que gozarán de la condición de entidades locales.
2. Las comarcas tendrán a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón.
3. Asimismo, las comarcas cooperarán con los municipios que las integren en el cumplimiento de sus fines propios.
Artículo 2. Objeto de esta ley.
La presente ley establece las normas generales a las que se ajusta la organización comarcal de Aragón. La ley de creación de cada comarca podrá regular las peculiaridades específicas de las mismas en cuanto a las competencias o estructura de los órganos de gobierno.
Artículo 3. Potestades de las comarcas.
1. Las comarcas, como entidades locales territoriales, tienen personalidad jurídica propia y gozan de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.
2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a las comarcas:
a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización.
b) Las potestades financiera y tributaria, circunscrita ésta exclusivamente al establecimiento de tasas por prestación de servicios o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de precios públicos.
c) La potestad de programación y planificación.
d) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
f) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas en la Hacienda Pública en relación con sus créditos, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.
h) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
Artículo 4. Territorio.
1. El territorio de cada comarca, constituido por el conjunto de los términos de los municipios que la integren, deberá coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya población esté vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia.
2. Un municipio sólo podrá pertenecer a una comarca. Si como consecuencia de la alteración de términos municipales resultasen afectados los límites comarcales, deberá tramitarse simultáneamente la correlativa alteración de la división comarcal.
3. El territorio de las comarcas, con referencia a los distintos municipios que integran cada una de ellas, se encuentra definido en el Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.
4. En todo caso, las comarcas deberán tener continuidad territorial.
Artículo 5. Denominación, capitalidad y sedes de los servicios.
1. Las comarcas se identifican por su denominación, establecida en la ley que las crea.
2. La ley creadora de cada comarca determinará el municipio en el que se establece su capitalidad. En él tendrán su sede oficial los órganos de la comarca.
3. No obstante lo indicado en el apartado anterior, las leyes creadoras de las comarcas podrán atribuir a otros municipios la sede de determinados servicios y considerar que ello supone otorgarles el carácter de capital a los efectos de la gestión o de la representatividad externa de la materia correspondiente.
4. Los servicios que preste la comarca podrán establecerse en cualquier lugar dentro de los límites comarcales.
TÍTULO II
Creación de las comarcas
Artículo 6. Creación por ley.
1. La creación de las comarcas se realizará por ley de las Cortes de Aragón, que determinará su denominación, ámbito territorial, capitalidad, composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que las formen, así como las competencias y recursos económicos propios de las mismas.
En dichas leyes quedarán recogidas, dentro de los criterios establecidos por esta ley, las peculiaridades de cada una de las comarcas aragonesas.
2. La creación de comarcas no exigirá su generalización a todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 7. Iniciativa de creación.
1. La iniciativa de creación de una comarca podrá adoptarse:
a) Por todos o algunos de los municipios que hayan de integrarla, mediante acuerdo del pleno de los respectivos ayuntamientos o concejos abiertos, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Deberá ser promovida la iniciativa, al menos, por un número de municipios no inferior a las dos terceras partes de los que deban constituir la comarca y que representen dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente.
b) Por una mancomunidad de interés comarcal, mediante acuerdo de su órgano plenario de gobierno, adoptado por los dos tercios del número legal de sus miembros, y que representen, al menos, a las dos terceras partes del censo electoral.
c) Por acuerdo del Gobierno de Aragón, siempre y cuando el proceso de comarcalización se haya desarrollado en, al menos, el setenta por ciento del territorio aragonés.
2. Dicha iniciativa deberá basarse en un estudio documentado en que se justifique la creación de la comarca y, en especial, los siguientes extremos:
a) Denominación.
b) Municipios que comprende.
c) Capitalidad.
d) Relación de funciones y servicios que haya de desempeñar.
e) Órganos de gobierno y su composición.
f) Medios económicos.
g) Existencia de vínculos históricos, económicos, sociales y culturales que configuren la comarca.
h) Eficacia administrativa para la gestión de los servicios que se vaya n a prestar.
i) Presupuesto estimativo de la puesta en marcha y coste ordinario de funcionamiento.
3. En el caso de que la iniciativa parta de los municipios, el Departamento competente en materia de política territorial, una vez recibido testimonio de los acuerdos y de la documentación justificativa, los trasladará a los demás ayuntamientos que no hayan participado en la iniciativa y que estén comprendidos en la delimitación comarcal propuesta.
Cuando sea una mancomunidad de interés comarcal la que ejerza la iniciativa, se dará traslado de la misma a todos los municipios incluidos en el ámbito de la comarca propuesta.
4. Si la iniciativa partiese del Gobierno de Aragón, el Departamento competente en materia de política territorial remitirá a todos los municipios y mancomunidades interesados, el correspondiente acuerdo y la documentación justificativa en que se base.
5. Los municipios y mancomunidades interesados adoptarán acuerdo sobre dicha iniciativa en el plazo de tres meses desde la recepción de los acuerdos y documentación complementaria.
En caso de no adoptar acuerdo, se entenderá que no presentan objeción a la misma.
6. Cuando la iniciativa parta del Gobierno de Aragón o de una mancomunidad de interés comarcal, no podrá continuarse el trámite si se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en la comarca, siempre que tales municipios representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.
En este caso, no podrá reiterarse dicha iniciativa hasta la celebración de nuevas elecciones locales, o cuando los municipios que se hubieran opuesto reconsiderasen su negativa y acordasen sumarse a tal iniciativa.
Artículo 8. Resolución sobre la iniciativa comarcal.
1. Conocido el parecer de todos los ayuntamientos afectados y emitido informe por el Departamento competente en materia de política territorial, el Gobierno de Aragón adoptará acuerdo sobre la procedencia y viabilidad del ente comarcal.
2. En el supuesto de que la decisión sea favorable a la constitución de la comarca, el Gobierno de Aragón redactará el correspondiente anteproyecto de ley, en el plazo máximo de tres meses, con referencia concreta a las distintas cuestiones necesitadas de regulación, que será sometido a información pública por plazo de cuatro meses, dando la máxima difusión a dicha consulta.
Podrán comparecer a la misma, además de los municipios interesados, las mancomunidades y provincia o provincias afectadas, así como cuantas entidades representativas de intereses económicos, sociales y culturales y personas individuales lo consideren oportuno.
3. A la vista del resultado de la información pública, el Gobierno de Aragón aprobará el correspondiente proyecto de ley de establecimiento y regulación de la comarca, que contendrá su estatuto propio y se remitirá a las Cortes de Aragón para su trámite parlamentario.
4. En el supuesto de que el Gobierno de Aragón considerara inviable la creación de la comarca, lo comunicará así a los ayuntamientos o mancomunidades promotoras de la iniciativa, remitiendo a las Cortes de Aragón comunicación del acuerdo y de los informes y dictámenes emitidos sobre dicha iniciativa.
TÍTULO III
Competencias de las comarcas
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 9. Competencias propias.
1. Las comarcas podrán ejercer competencias en su territorio, con el contenido y de la forma que se indica en este título, en las siguientes materias:
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10) Deporte.
11) Juventud.
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores y usuarios.
15) Energía, promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18) Enseñanza.
19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente ley, pudieran ser ejercidas en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspondiente.
2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regulan en esta ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses propios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su autonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones específicas de la legislación sectorial aplicable.
4. No cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la previsión de la correspondiente financiación, que habrá de responder a los principios generales establecidos en los artículos 60 y siguientes de esta ley. En todo caso, el ejercicio efectivo por parte de las comarcas de las competencias atribuidas por esta ley o por otra sectorial, requerirá de la aprobación, mediante decreto, del acuerdo de las Comisiones Mixtas de Transferencias, según lo previsto en los artículos 39 y siguientes de esta ley.
Artículo 10. Competencias delegadas y encomienda de funciones.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 96.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias o encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia a las comarcas.
2. Las provincias podrán delegar en las comarcas el ejercicio de competencias en relación con:
a) Gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en el ámbito comarcal.
b) Asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica a los municipios.
3. Los municipios que integren la comarca podrán delegar en ésta sus competencias conforme a lo regulado en la legislación básica de régimen local. La delegación procederá cuando las competencias se refieran a actuaciones de interés comarcal o supramunicipal y cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen.
Los municipios podrán delegar en la comarca sus facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.
4. La delegación de competencias exigirá, en cada caso, el traspaso de los medios precisos para su ejercicio y la aceptación expresa por el Consejo comarcal, excepto cuando venga determinada por ley.
Artículo 11. Planes y programas de ordenación del territorio y zonas de montaña.
1. Las comarcas, en virtud de convenio, delegación o transferencia, según los casos, tendrán a su cargo la gestión de las actuaciones prioritarias específicas que se fijen en los respectivos planes y programas territoriales aprobados en desarrollo de las directrices de ordenación del territorio y que se refieran a la zona geográfica de que se trate.
2. Corresponderá igualmente a las comarcas, la participación en la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y la gestión de las obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
Artículo 12. Cooperación y asistencia a municipios.
1. Sin perjuicio de las competencias que en este ámbito correspondan a las provincias, cada comarca podrá crear un servicio de cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en materia jurídico-administrativa, económica y financiera y de obras y servicios.
2. En el caso de que el Gobierno de Aragón acuerde, a petición del municipio interesado, la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos, atendidas sus características peculiares, se podrá atribuir su establecimiento y prestación a la comarca.
Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones económicas que procedan.
3. Cuando por carencia de medios para sostener el puesto de Secretaría-Intervención, un municipio sea dispensado de la obligación de sostenerlo, podrá encomendarse a la comarca la prestación de dicha función, si la provincia no garantiza adecuadamente su ejercicio.
En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.
4. Las comarcas podrán establecer convenios con los municipios de su ámbito para la cooperación en cualquier materia de interés común.
Artículo 13. Gestión por la comarca de servicios autonómicos.
1. A través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados servicios, la comarca podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando por sus características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.
2. El acuerdo de asignación será adoptado por el Gobierno de Aragón, previa aceptación del Consejo comarcal interesado, determinándose en el mismo las facultades que se reserve la Administración de la Comunidad Autónoma y los medios con que se dote.
Artículo 14. Gestión por los municipios de servicios comarcales.
1. A través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondientes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.
2. El acuerdo de asignación será adoptado por el Consejo comarcal, previa aceptación del ayuntamiento interesado, determinándose en el mismo las facultades que se reserve la comarca y los medios con que se dote.
Artículo 15. Derecho de participación de la comarca.
1. En todos aquellos asuntos que afecten directamente a sus intereses, deberá asegurarse el derecho de la comarca a participar en el proceso de toma de decisiones y seguimiento de su gestión.
2. Con tal fin, se mantendrá una recíproca y constante información entre los municipios, comarcas, provincias y Comunidad Autónoma; se facilitará su acceso a los instrumentos de planificación y programación, y se contará con su presencia en los órganos de representación y colaboración en que hayan de debatirse asuntos que afecten al interés comarcal respectivo.
CAPÍTULO II
Contenido de las competencias de las comarcas
Artículo 16. Ordenación del territorio y urbanismo.
En lo relativo a ordenación del territorio y urbanismo, corresponde a las comarcas:
A) En el ámbito de las funciones de participación, informe e iniciativa:
a) La participación en la elaboración de los distintos instrumentos de planificación regulados por la legislación autonómica de ordenación del territorio desde el punto de vista de los intereses de la comarca y, especialmente, en la elaboración de las directrices territoriales de alcance comarcal.
b) Informar las Normas Subsidiarias Provinciales en su aplicación al territorio de la comarca, en especial en lo que afecte al suelo en municipios que no tengan planeamiento urbanístico y al suelo clasificado por el planeamiento como no urbanizable o urbanizable no delimitado.
c) Informar los proyectos supramunicipales que tengan por objeto regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública que se asienten sobre territorio superior a la comarca o las que, asentadas solamente en un término municipal, transciendan fuera de la comarca por su magnitud, importancia o especiales características.
d) El ejercicio de la iniciativa en la formulación de proyectos supramunicipales en el ámbito territorial de la comarca, para actividades industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos tales como los que sirvan de soporte a las actividades y a los servicios de carácter sanitario, asistencial, educativo, cultural, turístico, comercial, administrativo, de seguridad y protección civil, recreativo o deportivo, así como las infraestructuras destinadas a comunicaciones, transportes y telecomunicaciones, ejecución de la política hidráulica, ejecución de la política energética, lucha contra la contaminación y protección de la naturaleza u otras análogas y edificación de viviendas de promoción pública.
e) La participación en los procesos de información y audiencia pública que se celebren para la formación del planeamiento municipal, la realización de las evaluaciones de impacto ambiental o los análisis de impacto territorial y el asentamiento en el territorio de actividades económicas y sociales tanto de agentes públicos como privados.
B) En el ámbito de su actividad de cooperación y asistencia a los municipios de la comarca, las comarcas podrán crear una oficina de consulta y asesoramiento urbanístico mediante la cual y además, en su caso, del ejercicio de las anteriores funciones, se puedan llevar a cabo las siguientes:
a) El apoyo económico y administrativo al planeamiento, ejecución y gestión del régimen urbanístico de los municipios de la comarca. Ello incluye la ayuda para la articulación y consolidación del sistema constituido por los distintos instrumentos de planificación.
b) La creación y mantenimiento de un archivo del planeamiento urbanístico de los municipios de la comarca.
c) La elaboración y desarrollo de programas de formación de funcionarios municipales en las técnicas del planeamiento, ejecución y gestión urbanística.
d) Gestión de los expedientes en materia urbanística, incluida la redacción de informes a los municipios de la comarca que lo soliciten, cuando carezcan de personal técnico en la materia.
e) La realización de campañas específicas de protección del suelo no urbanizable y, en general, la formación en urbanismo y ordenación del territorio de los escolares de la comarca en coordinación con los centros educativos y el Consejo Escolar Comarcal, en su caso.
C) Además de lo anteriormente indicado, corresponde también a las comarcas:
a) El ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística y sancionadora por subrogación a que se refieren los artículos 198.1 y 210.2 y 3 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística. En el caso de que la comarca no se subrogue en el ejercicio de las competencias municipales, podrá hacerlo el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) La declaración del interés supramunicipal de los proyectos que tengan por objeto regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública que se asienten sobre un territorio superior al término municipal o que, aun asentados sólo sobre el término de un municipio, tengan una influencia comarcal sin que puedan calificarse de interés de la Comunidad Autónoma.
c) El establecimiento de un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno de Aragón y para la actividad urbanística de los municipios de la comarca, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilidad de las decisiones municipales con las de la Administración autonómica.
d) El suministro de las previsiones y los criterios básicos para la formulación de las políticas sectoriales y para la programación de los recursos de la Administración autonómica que deban aplicarse en el territorio de la comarca.
e) La colaboración con la Comunidad Autónoma en la gestión de las carreteras de su titularidad, participando en la elaboración del Plan de carreteras e informando los proyectos técnicos que se elaboren en su desarrollo.
Artículo 17. Acción social.
1. En lo relativo a acción social, corresponde, en general, a las comarcas:
a) La gestión y coordinación de las políticas relativas a los servicios, prestaciones y actuaciones de la Comunidad Autónoma.
b) La gestión y coordinación de los recursos sociales propios.
c) La gestión de los centros sociales de su titularidad y la regulación de la prestación de servicios.
d) El análisis de las necesidades sociales de la comarca y la elaboración del Plan comarcal de acción social, de acuerdo con las directrices del Plan director regional de acción social.
2. En particular, corresponden a las comarcas las siguientes funciones:
a) La propuesta a la Administración de la Comunidad Autónoma de los objetivos a conseguir en las diversas políticas relativas a la acción social.
b) La ejecución de las actividades, funciones y servicios en materia de acción social en el marco de la planificación de la Comunidad Autónoma.
c) La regulación del acceso a los centros que gestionen en el marco de las condiciones generales establecidas en la normativa de la Comunidad Autónoma.
d) La gestión de los conciertos, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas o privadas.
e) La emisión de informe en la tramitación de los procedimientos de autorización, apertura, modificación o cierre de los centros sociales de la comarca.
f) La colaboración en el control de las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos de los servicios sociales.
Artículo 18. Cultura.
En lo relativo a cultura, corresponde a las comarcas:
a) La promoción, fomento y apoyo a la difusión de la cultura en todas y cada una de sus manifestaciones (teatro, cine, conciertos, exposiciones, artes plásticas y expresiones culturales semejantes), con atención especial a la cultura aragonesa.
b) La elaboración y ejecución del Plan comarcal de equipamientos culturales.
c) El fomento del asociacionismo de carácter cultural.
d) El fomento de la lectura y de la creación literaria.
e) El fomento y la atención de las bibliotecas públicas y privadas en el marco del sistema de bibliotecas de Aragón.
f) El impulso, la promoción y coordinación de las ferias del libro que se celebren en los municipios de su territorio.
g) La gestión de los archivos comarcales que puedan crearse, así como la protección y la colaboración en la ejecución de las funciones de censo, inventario y catalogación de los documentos contenidos en los archivos públicos, privados y en las instituciones relevantes de las comarcas, en el marco del sistema de archivos de Aragón.
h) La gestión de los museos comarcales que puedan crearse, así como el fomento de los museos locales de titularidad pública o privada de su territorio, todo ello en el marco del Sistema de Museos de Aragón.
Artículo 19. Patrimonio cultural y tradiciones populares.
1. En lo relativo a patrimonio cultural, corresponde a las comarcas:
a) La promoción, planificación, coordinación y fomento de las actuaciones que garanticen la protección, conservación, acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural Aragonés. En el ejercicio de esta competencia, la comarca velará por el retorno de aquellos de sus bienes patrimoniales que se hallen fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
b) La colaboración en la ejecución de programas de otras Administraciones públicas relativos a las finalidades mencionadas en el párrafo anterior, incluso con intervenciones directas en la restauración de los bienes del Patrimonio Cultural Aragonés.
c) La colaboración con los municipios en la redacción de los planes especiales de protección de los conjuntos de interés cultural que se declaren.
d) La colaboración con los municipios en los procedimientos de declaración de ruina de bienes incluidos en el Patrimonio Cultural Aragonés.
e) La ejecución de cuantas actuaciones incidan, directa o indirectamente, en el conocimiento, conservación y difusión del Patrimonio Cultural Aragonés.
2. Como manifestaciones particulares de las competencias reseñadas en el apartado anterior, las comarcas ejercitarán en relación a las tradiciones populares:
a) La promoción de las labores de estudio, documentación, investigación y recogida de información sobre los bienes, costumbres y tradiciones que integran el patrimonio etnográfico, con atención especial a la recogida exhaustiva de los bienes etnográficos inmateriales en soportes que garanticen su transmisión a generaciones futuras.
b) La coordinación de las políticas sobre el patrimonio etnográfico con las políticas públicas que se lleven a cabo en la comarca y, en especial, con las políticas educativa, medioambiental, de turismo y de ordenación del territorio.
Artículo 20. Artesanía.
En lo relativo a artesanía, corresponde a las comarcas:
a) La promoción y fomento de las actividades artesanales, en general.
b) La colaboración en la formación de los planes específicos que apruebe sobre el sector la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 21. Deporte.
En lo relativo a deporte, corresponde a las comarcas:
A) Con carácter general:
a) La promoción y fomento de la actividad deportiva realizada en la comarca a través de las entidades asociativas, clubes y otros entes deportivos de carácter público o privado.
b) La ejecución de programas de fomento de la enseñanza y práctica de la actividad físico-deportiva escolar y juvenil, con especial incidencia en la difusión de los deportes tradicionales aragoneses.
c) La promoción del desarrollo de las actividades físico-deportivas para las personas de todas las generaciones, con especial atención a quienes sufran cualquier tipo de disminución.
d) El apoyo a la formación técnica y la ayuda médica a los deportistas.
e) La planificación y dotación de instalaciones y equipamientos deportivos.
B) En particular, corresponden a las comarcas las siguientes competencias:
a) En lo relativo a instalaciones y equipamientos deportivos:
a’) La participación en la elaboración del Plan general de instalaciones deportivas.
b’) La elaboración y ejecución, en su caso, de Planes comarcales de construcción y modernización de instalaciones y equipamientos deportivos.
c’) El establecimiento y aprobación de los criterios y requisitos para la utilización y aprovechamiento de los equipamientos, con el respeto de las normas autonómicas sobre la materia.
b) En lo relativo a competiciones deportivas:
a’) La organización y colaboración en la organización de competiciones deportivas de ámbito comarcal, en especial las fases comarcales de los Juegos Escolares de Aragón, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las federaciones deportivas aragonesas y a las entidades locales.
b’) La autorización de las actividades físico-deportivas de carácter competitivo celebradas fuera de las instalaciones deportivas correspondientes.
c’) La elaboración y actualización del censo deportivo comarcal de instalaciones y equipamientos deportivos.
C) Las comarcas gestionarán el Servicio Comarcal de Deportes referido en el artículo 9 de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, ejercitando a través de él las funciones reguladas en la ley mencionada.
D) En el ámbito de la actuación en materia de instalaciones y equipamientos deportivos, las funciones de la comarca deberán desarrollarse de acuerdo con el Plan general de instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma.
E) Las comarcas velarán por el cumplimiento de los requisitos generales de accesibilidad en las instalaciones deportivas que se encuentren en su territorio.
Artículo 22. Juventud.
En lo relativo a juventud, corresponde a las comarcas:
A) En lo que tiene que ver con asociación:
a) La promoción y fomento del asociacionismo juvenil.
b) El apoyo a las iniciativas formativas, de ocio y tiempo libre, culturales y artísticas de las asociaciones juveniles.
B) En cuanto al uso de infraestructuras, las comarcas coordinarán los usos de las residencias, albergues, campamentos juveniles y espacios físicos que permitan el desarrollo integral de los jóvenes de la comarca, todo ello en coordinación con los usos de dichas infraestructuras por jóvenes de otros lugares.
Artículo 23. Promoción del turismo.
1. En lo relativo a turismo y teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, corresponde, con carácter general, a las comarcas:
a) La promoción de la actividad y de la oferta turística de la comarca en los diversos mercados existentes, en coordinación con la propia actividad de la Comunidad Autónoma.
b) La promoción de la creación y gestión de infraestructuras turísticas comarcales.
c) El desarrollo de las directrices autonómicas para la ordenación de la actividad turística en la comarca.
2. En particular, corresponde a las comarcas:
A) En el ámbito de la promoción turística:
a) La coordinación de la red de oficinas de turismo en la comarca.
b) El fomento de la creación de productos turísticos y su comercialización en coordinación con el sector privado.
B) En el ámbito de la gestión de infraestructuras turísticas:
a) La planificación, coordinación y establecimiento de controles de las infraestructuras turísticas públicas.
b) La participación en su explotación y la coordinación de la actividad de las infraestructuras de servicios del sector público y privado.
C) En el ámbito de la ordenación y regulación de las actividades turísticas:
a) La planificación y ejecución de actuaciones en materia de oficinas de turismo.
b) La emisión de informe sobre la declaración de fiestas de interés turístico.
c) En general, la ejecución de actuaciones relativas a la mejora, modernización y coordinación del sector turístico.
3. En las actividades reseñadas en los apartados anteriores, las comarcas colaborarán con el órgano autonómico competente en la materia y con las demás Administraciones Públicas.
Artículo 24. Agricultura, ganadería y montes.
1. En materia de agricultura, ganadería y montes, corresponde a las comarcas:
a) La gestión en los procedimientos de calificación de explotaciones agrarias prioritarias. La calificación e inscripción en el registro corresponderá al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) La explotación directa de determinados bienes del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, cuando así lo aconsejen circunstancias apreciadas por el órgano competente del Departamento de Agricultura.
c) El fomento de la actividad agraria.
d) La cooperación en actividades, servicios, asesoramiento e investigación en colaboración con las oficinas comarcales agroambientales y otros servicios con competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma.
e) La gestión y administración de los montes declarados de utilidad pública, la declaración y tutela de los montes protectores, así como, en general, la gestión forestal regulada por la legislación de montes, todo ello en el caso de que los montes se encuentren íntegramente en su territorio.
f) La gestión y administración de las vías pecuarias que se encuentren íntegramente en su territorio, de acuerdo con lo recogido en la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
g) El control sanitario de explotaciones ganaderas y del movimiento pecuario intracomarcal.
h) La colaboración en la elaboración de los planes de formación y capacitación de los agricultores y su ejecución.
2. La gestión de las competencias mencionadas en el apartado primero se realizará de forma coordinada con las que en materia de protección del medio ambiente les corresponden según lo preceptuado en el artículo 27 de esta ley.
Artículo 25. Sanidad y Salubridad pública.
1. En lo relativo a sanidad y salubridad pública, corresponde a las comarcas, sin perjuicio de las competencias reconocidas a los municipios en la legislación básica y en el marco de lo que disponga el Plan de Salud de Aragón:
a) El control sanitario del medio ambiente relativo a la contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos y residuos peligrosos.
b) El control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.
c) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas y guarderías, campamentos turísticos y áreas de actividad físicodeportiva y de recreo.
d) El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como sus medios de transporte.
e) El control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria.
f) El desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos.
2. Con objeto de garantizar el ejercicio de sus competencias, los municipios podrán delegar en las comarcas la ejecución de sus funciones y la prestación de sus servicios, en el marco de lo previsto en la legislación básica.
Artículo 26. Enseñanza.
1. En lo relativo a enseñanza, y de acuerdo con la planificación educativa corresponde a las comarcas:
a) La propuesta de creación de escuelas infantiles, de acuerdo con la normativa vigente, y su gestión y/o la colaboración con los ayuntamientos en la gestión una vez creadas.
b) La gestión del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado escolarizado en centros públicos de la comarca y, en su caso, la prestación del servicio a alumnos residentes en la comarca y que por necesidades de escolarización deban desplazarse a centros públicos de una Comunidad Autónoma limítrofe.
c) La gestión de las ayudas y becas establecidas para garantizar la gratuidad del transporte escolar, de acuerdo con la normativa vigente
d) La gestión del servicio complementario de comedor escolar para el alumnado escolarizado en centros públicos de la comarca y, en su caso, la prestación del servicio a alumnos residentes en la comarca y que por necesidades de escolarización deban desplazarse a centros públicos de una Comunidad Autónoma limítrofe.
e) La colaboración con la Administración educativa para la gestión de la formación permanente de adultos, escuelas-taller y talleres ocupacionales.
f) Colaborar con la Administración educativa en el análisis de las necesidades de la oferta educativa existente, para contribuir a su adecuación al sistema productivo de la comarca.
2. El ejercicio de las competencias reguladas en el apartado anterior se realizará en colaboración con los ayuntamientos, debiendo las comarcas prestarles asistencia para el más eficaz ejercicio de sus competencias de vigilancia de la escolarización de los alumnos que tengan la edad propia de la enseñanza obligatoria.
Artículo 27. Protección del medio ambiente.
En lo relativo a protección del medio ambiente, corresponde a las comarcas
A) En el ámbito del abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 27 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, y de la planificación administrativa aplicable:
a) La gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.
b) La aprobación y ejecución de inversiones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales.
c) La inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales.
d) La recaudación del canon de saneamiento cuando la comarca sea entidad suministradora y, en general, la colaboración en su gestión de acuerdo con lo establecido en la legislación tributaria aplicable.
e) La gestión de auxilios y ayudas a los municipios para obras del ciclo hidráulico.
B) En el ámbito de los espacios naturales protegidos y de acuerdo con la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón:
a) La gestión de los espacios naturales protegidos, cuando éstos se ubiquen íntegramente en el territorio de la comarca y sin perjuicio de las labores de planificación y control reservadas a la Administración de la Comunidad Autónoma.
b) La gestión del resto de los espacios que integren la Red Natura 2000 y que se ubiquen íntegramente en su territorio de acuerdo con lo que se disponga por el ordenamiento jurídico aplicable.
c) La participación en los patronatos de los espacios naturales protegidos que superen el territorio comarcal.
C) En materia de actividades clasificadas, corresponde a las comarcas el ejercicio de las competencias de calificación atribuidas a las mismas por la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
D) Otras competencias:
a) La colaboración en la conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales sitos en su territorio y la lucha contra la erosión.
b) La preservación, regulación y promoción de las actividades y usos tradicionales relacionados con el medio ambiente.
c) La promoción de la formación, sensibilización social y la participación ciudadana en las cuestiones ambientales, impulsando la realización de campañas y actividades formativas y divulgadoras.
d) La colaboración en la prevención de la contaminación atmosférica.
e) La colaboración en la conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de los recursos piscícolas y cinegéticos. La colaboración en la tramitación de las licencias y permisos relacionados con el aprovechamiento de estos recursos.
f) La gestión de los cotos de caza y pesca regulados por la legislación sectorial.
Artículo 28. Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
1. En lo relativo a residuos urbanos, corresponde, en general, a las comarcas, y sin perjuicio de las competencias propias de los municipios:
a) El desarrollo y ejecución de las actuaciones y planes autonómicos de gestión de los residuos urbanos por sí o en colaboración con otras comarcas.
b) La participación en el proceso de elaboración de los planes y programas autonómicos en materia de residuos.
2. En particular, corresponden a las comarcas las siguientes competencias:
a) El establecimiento de un sistema de recogida selectiva de residuos urbanos para los municipios menores de 5.000 habitantes.
b) La autorización para la realización de las actividades de valorización de residuos.
c) La colaboración en la ejecución de los planes y programas autonómicos de prevención, transporte, disposición de rechazos, sellado de vertederos incontrolados y reciclado de los residuos urbanos.
d) La colaboración en la ejecución de los planes y programas autonómicos en materia de residuos inertes provenientes de las actividades de construcción y demolición, neumáticos, residuos voluminosos y residuos de origen animal.
e) La gestión y coordinación de la utilización de infraestructuras y equipos de eliminación de residuos urbanos.
f) El establecimiento de medidas de fomento para impulsar y favorecer la recogida selectiva, la reutilización y el reciclado de residuos urbanos.
g) La promoción y planificación de campañas de información y sensibilización ciudadanas en materia de residuos urbanos.
h) La vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de residuos urbanos.
Artículo 29. Ferias y mercados comarcales.
1. En lo relativo a ferias y mercados comarcales, corresponde, en general, a las comarcas:
a) La colaboración en la organización y funcionamiento de las ferias que se celebren en el territorio de la comarca.
b) La participación en la elaboración de la planificación sobre los mercados de su territorio.
c) El fomento de la actividad ferial desarrollada en su territorio.
2. En particular, corresponde a las comarcas:
a) La representación en las instituciones feriales que organicen actividades feriales en el ámbito territorial comarcal.
b) El control y la supervisión financiera de las actividades feriales de índole comarcal y la suspensión de los certámenes feriales que no cuenten con la autorización correspondiente.
c) Emitir informe en los procedimientos de autorización de actividades feriales.
d) El control sanitario de los certámenes ganaderos que se celebren.
Artículo 30. Protección de los consumidores y usuarios.
En lo relativo a protección de los consumidores y usuarios, corresponde a las comarcas:
a) La realización de campañas de inspección y análisis de los bienes y servicios en coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
b) La coordinación de la actividad de las oficinas de titularidad pública de información al consumo y, en su caso, la organización de una oficina comarcal.
c) La tramitación de las reclamaciones en materia de consumo que puedan presentarse en sus oficinas.
d) La tramitación de las solicitudes de las asociaciones de consumidores para su inscripción en el Registro General de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y sin perjuicio de la organización de un registro de asociaciones de consumidores propio de la comarca.
e) La realización de campañas informativas y actuaciones programadas de control de calidad en colaboración con las entidades locales y las asociaciones de consumidores y usuarios.
f) La formación en programas de educación del consumo por sí o en colaboración con otras Administraciones Públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios.
g) La regulación de la participación de los consumidores y usuarios en los servicios públicos vinculados a la actividad de la comarca en el marco del ordenamiento jurídico aplicable.
h) Velar por la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo, comunicando al órgano autonómico competente las irregularidades que se detecten.
Artículo 31. Protección civil y prevención y extinción de incendios.
En lo relativo a protección civil y teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, corresponde a las comarcas:
a) La redacción de un Plan comarcal de protección civil y de los Planes especiales correspondientes a los riesgos específicos de la comarca, sin perjuicio de su integración en el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón.
b) La formación de personal en materia de protección civil.
c) El fomento y promoción de actividades relacionadas con la protección civil.
d) El fomento de las agrupaciones de voluntarios de emergencias mediante la realización de campañas de información, divulgación y reconocimiento de las actividades de voluntariado.
e) La determinación de la estructura organizativa y los procedimientos de prevención, intervención, catalogación de recursos, información a la población y cuantas actividades pueda desempeñar ante emergencias concretas que puedan producirse en el territorio de la comarca, en colaboración con los correspondientes planes de ámbito autonómico.
f) La colaboración con las entidades públicas competentes en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Artículo 32. Energía, promoción y gestión industrial.
1. En lo relativo a energía, corresponde a las comarcas:
a) La emisión de informe en los expedientes que se tramiten en aplicación de la legislación de conservación de la energía para las instalaciones radicadas en su territorio.
b) La colaboración con el órgano autonómico competente para la promoción del ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables.
c) La colaboración con el órgano autonómico competente para la formación y difusión en materia de uso racional de la energía y para la profundización en el estudio y análisis de la estructura energética de Aragón y de las tecnologías energéticas.
2. En lo relativo a promoción y gestión industrial, corresponde a las comarcas:
a) El fomento de nuevas inversiones y la modernización del tejido industrial.
b) La prestación de asistencia técnica y asesoramiento a las empresas sitas en su territorio o que deseen instalarse en él.
c) Proporcionar información y criterios al órgano autonómico competente para la formación de los programas autonómicos de promoción industrial que deban tener aplicación en la comarca.
d) La emisión de informe en las solicitudes de otorgamiento de derechos mineros para actividades a desarrollar en la comarca.
e) El fomento en el ámbito de la minería no energética.
f) En general, la colaboración con el órgano autonómico competente y las entidades locales en la elaboración de estudios sobre el desarrollo industrial de la comarca.
Artículo 33. Transportes.
En lo relativo a transportes, corresponde a las comarcas:
A) En relación al transporte por carretera:
a) La emisión de informe en los procedimientos que tramite el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, para la ejecución de la legislación general del Estado sobre el transporte interurbano que se desarrolle íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma.
b) En relación al transporte por carretera urbano:
1. La ordenación, establecimiento y coordinación de las llamadas Áreas de Transporte, ejercitando las competencias que para ellas contiene el artículo 9 de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La ordenación, establecimiento y coordinación de las llamadas Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, ejercitando las competencias que para ellas contiene el artículo 35 de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
B) En relación al transporte por cable que se desarrolle dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) La participación en la planificación y programación que lleve a cabo el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) El establecimiento y gestión de servicios de transporte por cable.
c) Las funciones de policía, inspección y sanción de estos servicios.
C) En relación al transporte por ferrocarril, las comarcas emitirán informe en los procedimientos de formación de la planificación y programación que lleve a cabo el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO III
Otros principios relativos a las competencias de las comarcas
Artículo 34. Gestión de subvenciones y ayudas.
1. En los casos en los que esta Ley se refiera a la transferencia a las comarcas del fomento y promoción de actividades en distintas materias, ello incluirá, en su caso, la convocatoria de subvenciones y ayudas al sector privado con cargo a los presupuestos de la comarca.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá convocar subvenciones y ayudas en esas materias en los casos en que, por el carácter de la actividad a subvencionar en relación a los intereses generales de la Comunidad o por la necesidad de gestión centralizada o derivada de la normativa de la Unión Europea, no baste con la actividad que libremente puedan llevar a cabo las comarcas.
3. En los supuestos indicados en el apartado anterior, las comarcas podrán colaborar con el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma y, previo convenio con ésta, en las labores de difusión de las convocatorias, tramitación e informe sobre las solicitudes formuladas en relación a las subvenciones y ayudas convocadas.
Artículo 35. Gestión de otros procedimientos administrativos.
En los decretos de transferencia de funciones y servicios a que se refiere el título IV de esta ley y en atención a los principios de eficacia en la gestión administrativa y proximidad al ciudadano, podrá contenerse la atribución competencial a las comarcas de la gestión de procedimientos administrativos, incluyendo la resolución final, siempre que éstos se refieran a las materias enumeradas en el apartado 1 del artículo 9.
Artículo 36. Principios sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. En los casos en los que la transferencia de competencias regulada en esta ley lleve anejo necesariamente el ejercicio de la potestad sancionadora, se seguirán los siguientes principios:
a) La iniciación del procedimiento sancionatorio corresponderá al Presidente de la comarca. El escrito de iniciación determinará a quién corresponde su instrucción.
b) La instrucción y resolución de los expedientes se regulará por el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) La competencia para sancionar corresponderá al Presidente de la comarca.
d) Las cuantías de las sanciones, en el caso de las multas, serán las establecidas en la legislación sectorial aplicable, teniendo en cuenta su tipificación como leves, graves y muy graves.
2. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria propia, las comarcas podrán complementar y adaptar el sistema de infracciones y sanciones establecido en las leyes sectoriales, introduciendo las especificaciones o graduaciones que consideren conveniente sin que, en ningún caso, supongan nuevas infracciones o sanciones ni alteren su naturaleza o límites.
3. Igualmente y mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria propia, las comarcas podrán atribuir la competencia sancionatoria a órganos diversos al establecido en el apartado primero de esta ley, siempre y cuando ello no suponga el desconocimiento de lo establecido en la legislación sectorial, en su caso.
CAPÍTULO IV
Competencias de las comarcas y su relación con las mancomunidades municipales existentes.
Artículo 37. Mancomunidades municipales existentes en la comarca.
1. En el caso de que existan en las comarcas que se creen mancomunidades municipales cuyos fines sean coincidentes con las competencias que las comarcas asuman efectivamente como consecuencia de los procesos de transferencia regulados en esta ley, se observarán las siguientes prescripciones:
a) Las comarcas sucederán a las mancomunidades como sujetos públicos titulares de las funciones mancomunadas y, por ello, se procederá al traspaso por las mancomunidades a las comarcas de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión. Se entenderá que, entre estos medios, figuran las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y por otras Administraciones Públicas para la financiación de los servicios mancomunados. Los fondos correspondientes a las extintas mancomunidades se destinarán a financiar inversiones de carácter supramunicipal.
b) Las comarcas y las mancomunidades deberán actuar de tal forma que la disolución y liquidación de una mancomunidad municipal, por conclusión de su objeto, garantice la continuidad por la comarca en la prestación de los correspondientes servicios.
2. En los decretos de transferencia de funciones y servicios a que se refiere el artículo 42 de esta ley, se fijará el plazo máximo de realización de lo indicado en el apartado primero de este artículo. El incumplimiento del plazo dará lugar al cese de cualquier subvención o ayuda que la Comunidad Autónoma tuviera establecida a favor de la mancomunidad afectada.
3. En el caso de que existan mancomunidades municipales cuyos fines sean sólo parcialmente coincidentes con las competencias comarcales, las comarcas, previo acuerdo del Consejo comarcal respectivo, también sucederán a las mancomunidades en todos sus bienes y derechos sin solución de continuidad y sin limitación legal de derecho disponible alguno, siempre que el acuerdo de disolución de la mancomunidad haya sido adoptado por unanimidad de sus miembros.
4. La subrogación por las comarcas en la gestión de los servicios hasta ese momento realizados por las Mancomunidades municipales no comportará por sí alteración del régimen estatutario del servicio respecto de los usuarios y, en su caso, del concesionario.
5. Lo establecido en los apartados anteriores en relación a las mancomunidades municipales, se aplicará igualmente a los municipios que, en virtud de convenio o encomienda de la Comunidad Autónoma, estén cumpliendo fines coincidentes con las competencias de las comarcas reguladas en esta ley.
Artículo 38. Mancomunidades municipales cuyo ámbito territorial no coincida con la delimitación comarcal.
1. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecientes a distintas delimitaciones comarcales, todas las entidades locales afectadas deberán proceder a concretar los fines de la mancomunidad que pueden ser asumidos por una o todas las comarcas y las repercusiones que ello pueda tener sobre la mancomunidad. En su caso, se procederá a la modificación de los estatutos de la mancomunidad para adaptarlos a la nueva situación.
2. Si, en función del análisis realizado, la continuidad de la mancomunidad fuera inviable y debiera disolverse, una comarca podrá, al tiempo que asuma la realización de los fines de la mancomunidad extinguida, formalizar convenios con los municipios de otras comarcas limítrofes que lo requieran, para asegurar el cumplimiento en sus términos de los fines cumplidos por la mancomunidad extinguida hasta el momento en que se constituya la correspondiente comarca.
TÍTULO IV
Reglas para la transferencia de las funciones y servicios vinculados a las competencias
CAPÍTULO I
Comisión mixta de transferencias
Artículo 39. Creación, naturaleza y funciones.
1. En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo comarcal, se constituirá una Comisión mixta de transferencias entre la comarca correspondiente y la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La Comisión es un órgano de colaboración entre ambas Administraciones y tiene la finalidad de preparar las transferencias de funciones y servicios correspondientes a las competencias que posea cada comarca, incluyendo, en su caso, los traspasos de medios personales y materiales. Igualmente, en el seno de la Comisión se alcanzarán acuerdos en relación a posibles delegaciones de competencias o a encomiendas de gestión que se instrumentarán mediante la suscripción del correspondiente convenio interadministrativo. La Comisión constatará, también, la coincidencia de fines entre las mancomunidades municipales existentes y las competencias de las comarcas a los efectos de la aplicación de lo previsto en los artículos 37 y 38 de esta ley.
3. A los efectos de lo indicado en el apartado anterior, en el seno de las Comisiones se decidirán de común acuerdo las competencias que, dentro de las especificadas en esta ley, vaya a asumir cada comarca, la financiación de que vayan a ir acompañadas junto con los medios personales y materiales que, en su caso, se vinculan a su funcionamiento, y se elaborarán los calendarios correspondientes, realizándose las propuestas oportunas al Gobierno de Aragón para su aprobación mediante decreto.
Artículo 40. Composición.
1. En todos los casos, las Comisiones estarán compuestas por:
a) Un Presidente, que será el Consejero del Departamento competente en materia de Política territorial.
b) Un Vicepresidente, que será el Presidente de la comarca respectiva.
c) Seis Vocales, tres designados por el Gobierno de Aragón y los otros tres por el Consejo comarcal respectivo.
2. La composición de cada Comisión se aprobará por orden del Departamento competente en materias de organización territorial, de la que se dará general conocimiento a través de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
3. Tanto el Presidente como el Vicepresidente podrán delegar el ejercicio del cargo en un directivo del Departamento o en un Vicepresidente de la comarca, respectivamente.
4. Los miembros de la Comisión podrán acudir a las reuniones con asistencia de expertos o técnicos, que actuarán con voz pero sin voto.
5. En cada Comisión existirán también un Secretario y un Vicesecretario. El primero será un funcionario del Departamento competente en materia de organización territorial nombrado por su titular. El Vicesecretario será quien ejerza la Secretaría del Consejo comarcal.
6. Las reuniones podrán ser preparadas por comisiones sectoriales o grupos de trabajo que harán sus propuestas correspondientes a la Comisión Mixta.
Artículo 41. Funcionamiento.
1. Las reuniones de la Comisión serán convocadas por su Presidente, de acuerdo con el Vicepresidente, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. La convocatoria señalará el lugar de reunión, hora y orden del día. Igualmente se indicará la forma de consulta de los documentos que sirvan de apoyo para la discusión sobre los asuntos que deban ser tratados y que estarán a disposición de los miembros de la Comisión en la sede de la Secretaría al menos durante el tiempo indicado.
2. Para la válida celebración de cada sesión será precisa la asistencia del Presidente y del Vicepresidente o de las personas en quienes deleguen. Igualmente, deberán asistir por cada parte dos de los tres vocales al menos.
3. De cada reunión se levantará acta por el Secretario y, en su ausencia, por el Vicesecretario. Las actas se custodiarán en la Secretaría de la Comisión y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión que celebre la Comisión.
4. Para el eficaz funcionamiento de la Comisión, ésta podrá reclamar por conducto reglamentario de los órganos y centros directivos dependientes de ambas Administraciones la documentación e informes que sean necesarios para la adopción de acuerdos. Igualmente se podrá encomendar por Acuerdo de la Comisión Mixta a alguno de los Vocales, el ejercicio de las funciones que parezcan necesarias para el mejor funcionamiento de la Comisión.
5. En lo no previsto en esta ley, se aplicará el régimen jurídico del funcionamiento de los órganos colegiados regulado en la legislación de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO II
Decretos de transferencia de funciones y servicios
Artículo 42. Elaboración y Contenido de los decretos de transferencia de funciones y servicios.
1. Como documento preparatorio para la aprobación del correspondiente acuerdo por la respectiva Comisión Mixta de Transferencias, se elaborará, bajo la coordinación de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, una memoria en la que se señalarán:
a) Las funciones y servicios que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, pueden ser objeto de traspaso.
b) Su valoración económica, con indicación de las aplicaciones presupuestarias en las que se ubican los créditos necesarios para financiar el traspaso.
c) Los medios materiales y personales que pueden estar afectados por el traspaso.
d) Una relación detallada de las actuaciones, relacionadas con las funciones y servicios que se vayan a transferir, que hayan sido realizadas por el Gobierno de Aragón durante los cuatro años anteriores a la transferencia.
2. Los decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y servicios en las materias de competencia de las comarcas, según lo regulado en esta ley, podrán referirse al conjunto de competencias de varias comarcas o dictarse para cada una de ellas en función del desarrollo de los procesos de negociación correspondientes. En todo caso, contendrán las siguientes determinaciones:
a) Referencia a las funciones que se transfieren a la comarca correspondiente.
b) Referencia a las normas del Estatuto de Autonomía, de la legislación de comarcalización y de la legislación sectorial aplicable que justifiquen la transferencia.
c) Fecha efectiva de traspaso de las funciones.
d) Designación de los órganos que, en su caso, se traspasen.
e) Relaciones nominales del personal que, en su caso, se transfiera, con expresión de su número de registro de personal y, además, en el caso de los funcionarios, de su puesto de trabajo, situación administrativa y régimen de retribuciones; en el caso del personal contratado, de su categoría, puesto de trabajo y régimen de retribuciones.
f) Valoración del coste de los servicios transferidos y de las tasas y precios públicos afectos, así como de las modificaciones que, en su caso, deban operar en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. En el caso de que existan actuaciones relativas a esos servicios y que estén dotadas con fondos procedentes de otra Administración pública o de la Unión Europea, se hará constar expresamente, con referencia al porcentaje o cifra total de la cofinanciación.
g) Inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se transfieren.
h) Inventario de la documentación administrativa relativa a la transferencia de las funciones y servicios correspondientes.
i) Determinación de las concesiones y los contratos administrativos afectados por la transferencia, produciéndose la subrogación en los derechos y deberes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por la comarca correspondiente.
j) Relación pormenorizada de los procedimientos administrativos asociados a cada función transferida, con indicación expresa de la normativa reguladora de cada procedimiento.
3. Una vez adoptado por la Comisión Mixta de Transferencias el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, y conforme a su contenido, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial elaborará una propuesta de acuerdo, para su aprobación por el Gobierno de Aragón, en la que se concretarán:
a) Las cuantías económicas y los medios materiales a traspasar.
b) Las unidades administrativas afectadas por el traspaso y los puestos de trabajo dependientes de las mismas cuyas funciones hayan sido total o parcialmente objeto de traspaso. En el caso de afectación parcial de puestos de trabajo, se indicarán las funciones concretas que se traspasan.
4. El Gobierno de Aragón aprobará la propuesta de acuerdo mencionada en el apartado anterior simultáneamente al decreto de transferencia de funciones y servicios a las comarcas.
5. La aprobación del acuerdo llevará consigo el inicio de los procedimientos que correspondan en materia de personal y la modificación de las estructuras administrativas afectadas.
Artículo 43. Ritmos de transferencia.
1. El conjunto de las funciones y servicios relativos a las competencias mencionadas en el Título III se asumirá por las comarcas de la forma como se indica en el presente título.
2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, el Gobierno, tras informar al Consejo de Cooperación Comarcal, podrá fijar los plazos para la negociación y entrega de las funciones y servicios relativos a las competencias indicadas en función de los ritmos de creación de las Administraciones Comarcales y de las circunstancias que, atendiendo a los intereses generales, puedan hacer aconsejable para determinadas competencias unas fases distintas. De las decisiones que se adopten sobre lo regulado en este artículo se dará cumplida información a las Cortes de Aragón.
TÍTULO V
Organización de las comarcas
Artículo 44. Órganos de la comarca.
1. La organización comarcal responde a las siguientes reglas:
a) El Presidente, los Vicepresidentes y el Consejo comarcal existen en todas las comarcas.
b) Podrá existir una Comisión de Gobierno en aquellas comarcas que así lo prevean en sus Leyes de creación o en el reglamento orgánico comarcal que aprueben. La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de consejeros no superior a un tercio de su número legal. El número de miembros de la Comisión de Gobierno será determinado por el Presidente, quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presidente como miembros de la Comisión de Gobierno.
Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente.
c) Una Comisión especial de Cuentas, constituida por miembros de los grupos políticos integrantes del Consejo comarcal, informará las cuentas anuales de la entidad, antes de someterse a su aprobación.
2. El Consejo comarcal, mediante la aprobación de un reglamento orgánico comarcal, que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta, podrá regular los órganos complementarios que considere necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los órganos comarcales y los municipios respectivos.
Artículo 45. El Consejo comarcal.
1. El gobierno y la administración comarcal corresponden al Consejo comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.
2. El Consejo comarcal está integrado por el número de miembros que resulte de la aplicación de la siguiente escala, referida a los residentes de la comarca:
Hasta 10.000 habitantes
De 10.001 a 25.000 habitantes
De 25.001 a 50.000 habitantes
De más de 50.001 habitantes
Artículo 46. Elección del Consejo comarcal.
1. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la comarca, la Junta Electoral de Aragón procederá de inmediato a formar una relación de todos los partidos, coaliciones, federaciones, y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal y, al menos, el tres por ciento o más de los votos de la comarca, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios de menos de doscientos cincuenta habitantes, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la lista correspondiente hasta un máximo de cuatro.
Se corregirán por defecto las fracciones resultantes.
3. Realizada esta operación, la Junta procederá a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada comarca, dividiendo el número de votos obtenido por cada candidatura por uno, dos, tres o más, hasta un número de puestos igual a los correspondientes al Consejo comarcal.
Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los cocientes mayores y se procederá a la atribución por orden decreciente de los mismos.
4. Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjesen coincidencias de cocientes entre listas distintas, la vacante se atribuirá a la que hubiera obtenido mayor número de votos, y, en caso de empate, se resolverá por sorteo.
5. Una vez realizadas las operaciones mencionadas en los artículos anteriores, la Junta Electoral de Aragón convocará en la sede de las Cortes de Aragón a las personas que hayan resultado elegidas concejales y pertenezcan a los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que deban disfrutar de puestos en el Consejo comarcal, para que designen las personas que hayan de ser proclamadas miembros del mismo y, además, los suplentes referidos en cada Ley de creación de comarca.
6. Cuando se produzca empate en el procedimiento de elección de los consejeros o de sus suplentes, y en ausencia de renuncia voluntaria de alguno o algunos de los candidatos empatados que solucionara el problema creado, se procederá a un sorteo entre los candidatos empatados, que será dirigido por la Junta Electoral de Aragón.
7. En los casos en que no sea posible, por ausencia de candidatos, que un partido, coalición o federación pueda cubrir todos los puestos de consejero que le correspondieran en aplicación de lo regulado en los apartados 1 a 4 de este artículo, quedará vacante el puesto o puestos que les correspondieran. En el momento en que, por los motivos que fuera, hubiera un candidato con capacidad para ocupar el puesto, la Junta Electoral competente procederá a realizar las actuaciones necesarias para la elección del consejero o consejeros que faltaren de acuerdo con lo previsto en la ley de creación de la comarca que sea aplicable.
Artículo 47. Constitución del Consejo comarcal.
1. El Consejo comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comarca el primer día hábil después de transcurridos quince días naturales, contados a partir del día siguiente al acto de proclamación de los miembros electos.
2. La sesión constitutiva estará presidida por una mesa de edad, integrada por el Consejero de mayor edad y por el de menor edad presentes en el acto, y actuará como Secretario el de la Corporación comarcal.
Artículo 48. Elección del Presidente.
1. El Consejo comarcal elegirá, de entre sus miembros, a su Presidente en la misma sesión constitutiva.
2. Para ser elegido Presidente, el candidato deberá obtener mayoría absoluta de votos en la primera votación bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.
3. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los municipios.
A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los Consejeros.
Artículo 49. Inelegibilidades, incompatibilidades y recursos.
1. Las causas de inelegibilidad son las establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, en su caso, por la Ley Electoral de Aragón.
Las causas de incompatibilidad son las establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los Diputados provinciales.
2. Los recursos contencioso-electorales contra los acuerdos de la Junta Electoral sobre proclamación de electos y sobre la elección y proclamación del Presidente del Consejo comarcal, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Artículo 50. Duración del mandato de los miembros del Consejo.
1. La duración del mandato de los miembros del Consejo comarcal coincidirá con la de las Corporaciones municipales a quienes representen.
Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo comarcal continuarán en funciones únicamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los cuales sea legalmente necesaria una mayoría cualificada.
2. La pérdida de la condición de concejal determinará también la pérdida de la condición de miembro del Consejo comarcal.
Artículo 51. Atribuciones de los órganos comarcales y régimen de funcionamiento.
1. El Consejo comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde contenidas en la legislación de régimen local.
2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue.
Serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales.
Artículo 52. Sesiones del Consejo comarcal.
1. El Consejo comarcal, sin perjuicio de la aplicación de las normas particulares de cada comarca que determinen una mayor frecuencia, celebrará como mínimo una sesión ordinaria cada tres meses y se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros, con petición de inclusión de uno o varios asuntos en el orden del día. En el caso de solicitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuerdos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable de régimen local.
3. El Consejo comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comarca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento orgánico.
Artículo 53. Consulta a los ayuntamientos.
El reglamento orgánico comarcal regulará la convocatoria a los alcaldes de los municipios de la comarca, o concejales en quienes deleguen, para que puedan informar ante el Consejo comarcal sobre asuntos de especial interés para el municipio respectivo, antes de someterlos a la aprobación del Consejo.
Artículo 54. Participación ciudadana.
En lo relativo a la participación ciudadana, el reglamento orgánico comarcal recogerá los instrumentos y procedimientos incluidos en la legislación sobre régimen local.
TÍTULO VI
Personal al servicio de las comarcas
Artículo 55. Régimen del personal al servicio de la Comarca.
1. El personal al servicio de la comarca se regirá por lo dispuesto con carácter general para el personal al servicio de la Administración Local en las leyes de aplicación en esta materia.
2. Son funciones públicas necesarias en todas las comarcas cuya responsabilidad está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.
La Administración de la Comunidad Autónoma clasificará los puestos de trabajo reservados a los funcionarios con habilitación nacional atendiendo a criterios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y presupuesto a gestionar.
Artículo 56. Oferta de empleo público y selección de personal.
1. Las comarcas formularán su oferta de empleo público con carácter anual.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, deberá realizarse mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 57. Relaciones de puestos de trabajo y movilidad del personal.
1. La comarca formará y aprobará la relación de puestos de trabajo existentes en su organización de acuerdo con lo que indica para las relaciones de puestos de trabajo la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. En esas relaciones podrán preverse puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por funcionarios de otras comarcas.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma prestará asesoramiento a las comarcas que lo deseen para la formación de esta relación de puestos de trabajo.
3. De forma coordinada con la aprobación de la relación de puestos de trabajo, la comarca y la Administración de la Comunidad Autónoma podrán suscribir un convenio en el que, con el objeto de facilitar la aplicación de la movilidad del personal, se contenga un catálogo de equivalencias entre los cuerpos, escalas y especialidades del personal funcionario y los niveles, grupos y categorías del personal laboral de ambas Administraciones.
4. El personal transferido desde la Comunidad Autónoma a las comarcas, con motivo de los decretos de transferencia aprobados por el Gobierno de Aragón, gozará de movilidad entre las diferentes comarcas para acceder al desempeño de puestos de trabajo de contenido funcional adecuado a sus Cuerpos, Escalas y Clases de Especialidad. Las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben por las comarcas deberán respetar, en todo caso, dicho régimen de movilidad.
Artículo 58. Situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
1. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que sean transferidos a las comarcas con ocasión de la aprobación de los decretos de transferencia de funciones y servicios a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, quedarán en la Administración de la Comunidad Autónoma en situación de «servicios en otras Administraciones Públicas», de efectos similares a la situación administrativa especial prevista en el artículo 12 de la Ley 30/1984, conservando el derecho a reintegrarse a aquella en servicio activo por los procedimientos pertinentes.
2. A los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma transferidos a las comarcas se les respetará, a todos los efectos, el Grupo del Cuerpo y Escala de procedencia y los derechos inherentes al grado personal que tengan reconocido hasta el correspondiente al nivel máximo de intervalo atribuido a su Grupo en la Administración comarcal.
TÍTULO VII
Financiación de las comarcas
CAPÍTULO I
Hacienda de las comarcas
Artículo 59. Ingresos de la comarca.
1. La Hacienda de las comarcas estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Tasas por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
c) Los percibidos en concepto de precios públicos.
d) Contribuciones especiales.
e) Subvenciones.
f) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de las provincias en favor de las comarcas, en concepto de:
– Participación en sus ingresos sin carácter finalista.
– Traspaso de medios en virtud de redistribución legal.
– Transferencia o delegación de competencias.
g) Aportaciones de los municipios que las integren.
h) Los procedentes de operaciones de crédito.
i) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus competencias.
j) Cualesquiera otras que resulten establecidas mediante ley.
2. El régimen presupuestario de intervención y contabilidad de las comarcas será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.
CAPÍTULO II
Financiación de las comarcas a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 60. Transferencias de la Comunidad Autónoma en favor de las comarcas. Principios generales.
Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establecerán, con carácter anual, transferencias incondicionadas a favor de las comarcas, destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento de su organización y actividades.
Su cuantía se determinará en función de módulos objetivos relativos a su población, superficie, número de núcleos habitados, nivel de calidad de servicios, esfuerzo fiscal y cualesquiera otros que, atendiendo a criterios de oportunidad, estime conveniente la Comunidad Autónoma.
Artículo 61. Sección presupuestaria propia y su gestión.
1. A los efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 60, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón existirá la Sección presupuestaria 26, denominada «A las Administraciones Comarcales» donde se ubicarán los créditos destinados a financiar las transferencias de competencias realizadas a favor de las comarcas. La dotación de dicha sección se producirá en función de la asunción de las correspondientes funciones y servicios por las comarcas, financiándose dichas dotaciones con créditos provenientes de los programas de gastos que atendieran el gasto para el ejercicio de las competencias transferidas.
2. La gestión de los créditos consignados en la Sección presupuestaria 26 corresponderá conjuntamente a los Consejeros competentes en las materias de política territorial y de hacienda. Los gastos con cargo a los créditos de la sección se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado cada trimestre a las comarcas salvo lo dispuesto en esta ley para el Fondo de Cohesión Comarcal. Exclusivamente serán beneficiarias de los créditos consignados en la sección las comarcas constituidas.
3. Los incrementos en las dotaciones de la Sección 26 conllevarán necesariamente una disminución por igual importe en otras secciones presupuestarias. Las transferencias de crédito realizadas desde cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en esta sección, o entre partidas de esta última, no estarán sujetas a las limitaciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Dichas transferencias serán autorizadas conjuntamente por los Consejeros competentes en las materias de política territorial y de hacienda. De acuerdo con el Plan propuesto por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, el Consejero competente en materia de hacienda, ordenará la realización de retenciones de crédito en aquellas partidas de los programas de gasto que previsiblemente vayan a verse afectadas por el proceso de transferencias de competencias a las Comarcas.
4. En todo caso, la transferencia de crédito para ubicar en la sección presupuestaria regulada en este artículo los gastos para puesta en marcha y funcionamiento de la comarca se ordenará dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley de constitución de la misma. La transferencia de crédito desde los programas de gastos afectados por los traspasos de funciones y servicios a la sección presupuestaria adecuada se ordenará dentro de los quince días siguientes a la publicación del decreto de transferencia de funciones y servicios.
5. Cuando la comarca reciba transferencias incondicionadas, financiadas total o parcialmente con cuantías provenientes de programas europeos o que tengan financiación adicional finalista de la Administración General del Estado, deberá justificar las inversiones, programas o servicios realizados, ante el Departamento competente del Gobierno de Aragón, mediante el procedimiento establecido al efecto.
Artículo 62. Fondo de Cohesión Comarcal
1. Dentro de la sección definida en el artículo anterior, se ubicará, hasta que se culminen los procesos de traspaso de funciones y servicios, un Fondo de Cohesión Comarcal destinado a corregir los desequilibrios y desajustes que se pudieran producir.
2. El Fondo de Cohesión Comarcal se financiará con una parte de las cantidades detraídas de los programas de gastos de los Departamentos y Organismos del Gobierno de Aragón para financiar el coste de las funciones y servicios transferidos.
3. Las transferencias con cargo a los créditos del Fondo de Cohesión Comarcal tendrán naturaleza finalista.
4. Las transferencias a las comarcas provenientes del Fondo de Cohesión Comarcal se ordenarán conforme al Plan propuesto por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. Previamente se informará al Consejo de Cooperación Comarcal de los criterios generales de distribución del Plan de transferencias.
5. Cuando la corrección de desequilibrios territoriales implique la ejecución de actuaciones que afecten simultáneamente a varias comarcas, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial podrá adoptar acuerdos para la financiación de éstas con cargo al Fondo de Cohesión Comarcal, proponiendo, en cada caso, el modelo de gestión más adecuado en función de su complejidad técnica, pudiendo encomendar la ejecución de la actuación a una o varias de las comarcas afectadas, o a las entidades u órganos de gestión más idóneos, incluidos los de la Comunidad Autónoma, según la materia de que se trate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.1 y en el primer párrafo de éste, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, a propuesta de los Departamentos, podrá adoptar acuerdos para asignar transferencias a las comarcas, que computarán en el Fondo de Cohesión Comarcal, con cargo a créditos de las distintas secciones presupuestarias. Dichos acuerdos, cuyo objeto será la financiación de actuaciones comarcales con la finalidad de corregir los desequilibrios y desajustes territoriales, se elevarán para su aprobación al Gobierno de Aragón.
Artículo 63. Fondo para Gastos de Personal.
1. Con independencia de lo previsto en el artículo 42, apartado 2, letra e), dentro de la sección presupuestaria definida en el artículo 61, se ubicará un Fondo para Gastos de Personal destinado a financiar la estructura de personal necesaria para el ejercicio por las comarcas de las competencias transferidas por la Comunidad Autónoma.
2. Dicho Fondo se nutrirá con las dotaciones de personal amortizadas en los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón y deberá actualizarse con referencia a los porcentajes de aumento salarial que sucesivamente figuren en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Conforme las distintas comarcas vayan recibiendo de forma efectiva transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma, se instrumentarán las modificaciones presupuestarias precisas para ubicar las cuantías necesarias desde el Fondo para Gastos de Personal a las partidas presupuestarias de la sección en las que se recojan las transferencias incondicionadas para cada comarca.
4. En tanto no se completen los traspasos de funciones y servicios a las comarcas, los servicios de contabilidad del Gobierno de Aragón realizarán de oficio retenciones de crédito sobre las dotaciones de todos los puestos de trabajo vacantes o que en el futuro quedaren en tal situación, en cualquier programa de gasto de los Departamentos u Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón, a excepción de los puestos de trabajo con funciones docentes o sanitarias. Dicha retención sólo podrá ser levantada por orden conjunta de los consejeros competentes en política territorial y en hacienda, a propuesta del Departamento afectado.
5. Será nula de pleno derecho la provisión de un puesto de trabajo vacante, cualquiera que sea la forma de aquélla, en la que no se haya seguido el trámite regulado en el número anterior.
6. En tanto no se culmine el proceso de transferencia de competencias a las comarcas, las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma incorporarán en los anexos de personal una relación con el detalle de plazas que previsiblemente van a ser amortizadas a lo largo del ejercicio presupuestario del que se trate.
Artículo 64. Programa de Política Territorial.
1. Aquellas comarcas que tengan constituido su Consejo comarcal recibirán, anticipadamente y de forma incondicionada, las cuantías del Programa de Política Territorial destinadas a financiar inversiones de carácter supramunicipal en su territorio. Igualmente, recibirán las cuantías presupuestadas que vayan dirigidas al mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales realizadas en ejercicios anteriores.
2. La previsión contenida en el número anterior no se hará efectiva cuando, en el ejercicio en que se constituya el Consejo comarcal, ya se hubieren acordado las concretas inversiones supramunicipales a realizar en el ámbito de la delimitación comarcal.
3. El Programa de Política Territorial incluirá las cuantías anuales necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organización y actividades de las comarcas constituidas de acuerdo con la siguiente escala:
* Hasta 10.000 habitantes
114.192,30 euros
* De 10.001 a 25.000 habitantes
150.253,03 euros
* De 25.001 a 50.000 habitantes
210.354,24 euros
* De más de 50.000 habitantes
234.394,72 euros
4. Las comarcas cuyo Consejo comarcal se constituya con posterioridad al 1 de enero del ejercicio del que se trate verán disminuida la cuantía determinada conforme al punto anterior, para ese año, en la cantidad proporcional al tiempo transcurrido desde aquella fecha.
5. Con carácter previo a las transferencias a las comarcas previstas en este artículo, se realizarán las correspondientes transferencias de crédito desde la sección presupuestaria correspondiente al departamento competente en política territorial a la regulada en este capítulo.
Artículo 65. Valoración del coste del traspaso de funciones y servicios.
1. Con independencia de las valoraciones que resulten en la aplicación de lo previsto en el artículo 42, apartado 2, letras e) y g) de esta ley, los importes mínimos del coste de las funciones y servicios asociados a las competencias que pueden transferirse conforme al capítulo II del título III de esta ley, son los que figuran para cada programa de gasto en el anexo de la misma.
2. La valoración concreta del coste del traspaso de funciones y servicios se efectuará por actualización del coste fijado en el anexo de esta Ley en función de la fecha en que se realice la transferencia y de las funciones y servicios totales o parciales traspasados para cada materia y comarca en particular. Esta concreción deberá fijarse en la memoria preparatoria de los acuerdos de transferencia a que hace referencia el apartado 1 del artículo 42.
3. Una vez hecha efectiva la transferencia de funciones y servicios a cada comarca, la sucesiva actualización del coste del traspaso de funciones y servicios, en los ejercicios siguientes, se realizará de conformidad con lo que dispongan las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
4. De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 9 de esta ley, cuando una ley sectorial modifique el contenido de alguna de las competencias atribuidas a las comarcas en el título III, o bien les atribuya nuevas competencias, deberá prever la convocatoria de las Comisiones Mixtas de transferencias, con el fin de promover los acuerdos que hagan posible el traspaso efectivo de las competencias y la valoración del coste del traspaso de funciones y servicios asociados. Será necesaria una revisión de la valoración de costes contenida en esta ley, en el caso de modificación de competencias, o una nueva valoración en el caso de atribución de nuevas competencias.
Artículo 66. Fórmula de reparto comarcal.
1. Las cuantías reflejadas en el anexo al que hace referencia el artículo anterior, a excepción de las dotaciones de personal y una vez deducido lo consignado en el Fondo de Cohesión Comarcal, se repartirán entre las delimitaciones comarcales de acuerdo con las siguientes reglas:
* Una cantidad fija resultante de distribuir por partes iguales el 40 % de la cuantía anterior entre todas las delimitaciones comarcales.
* El 60% restante se distribuirá con arreglo a los siguientes criterios y porcentajes:
* El 25%, en proporción al número de municipios y núcleos de población diferenciados existentes en cada delimitación comarcal.
* El 75% restante, en proporción al número de habitantes de derecho de los municipios de la delimitación comarcal.
2. Las comarcas constituidas recibirán las cuantías resultantes de la aplicación de las reglas anteriores para cada competencia que tengan efectivamente traspasada.
3. Las cuantías no aplicadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, vincularán a los representantes del Gobierno de Aragón en las Comisiones Mixtas de Transferencias previstas en el título IV de esta ley.
4. La dotación correspondiente a los costes de personal se repartirá de conformidad con los módulos fijados en el anexo a esta ley.
Artículo 67. Transferencias a las comarcas.
1. Las transferencias incondicionadas a las comarcas para los gastos de puesta en marcha y funcionamiento se ordenarán en los primeros quince días del ejercicio. Si se trata del primer ejercicio, se realizarán dentro de los quince días siguientes a la constitución del Consejo comarcal.
2. Las transferencias incondicionadas que compensen el coste de las funciones y servicios traspasados, se ordenarán dentro de los quince primeros días de cada trimestre. Si se trata del primer ejercicio en que estas entran en vigor, dicha transferencia se realizará en los veinte primeros días siguientes a la fecha en que sean efectivas, y se reducirán proporcionalmente al tiempo transcurrido entre el comienzo del ejercicio y la fecha de efectividad del traspaso.
Artículo 68. Territorialización de inversiones e Informe anual a las Cortes de Aragón.
1. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma deberán contener un estado territorializado por comarcas en que se reflejen las inversiones y transferencias de capital destinadas a cada una de ellas, como visión de conjunto de los programas de los distintos Departamentos, en la parte que sea posible dicha territorialización, atendidos los proyectos que incluyan.
2. Cada año, el Gobierno de Aragón elevará a las Cortes un informe sobre el proceso de asunción de competencias por las comarcas, grado de cumplimiento y la correlativa asignación de recursos económicos a las mismas.
CAPÍTULO III
Otras posibles formas complementarias de financiación
Artículo 69. Aportaciones de las provincias a la financiación de las comarcas.
1. En aquellos casos en que la comarca asuma la ejecución de obras y prestación de servicios a los municipios de su ámbito, que tengan el carácter legal de mínimos y obligatorios o de funciones públicas necesarias, sin haberse resuelto su realización por la provincia, ésta deberá colaborar económicamente en su financiación en la proporción que se convenga, atendida la trascendencia de la actuación, la población beneficiada y la contribución que suponga a la mejora del equilibrio de las condiciones de vida en el ámbito provincial.
2. Los presupuestos de las provincias podrán establecer transferencias incondicionadas a favor de las comarcas, en atención al conjunto de los servicios de cooperación y asistencia a los municipios que subsidiariamente presten.
3. Anualmente, en el mes de septiembre, las diputaciones provinciales elevarán a las Cortes de Aragón un informe en que se detalle la territorialización por comarcas en la respectiva provincia del gasto realizado o programado en obras, servicios y actividades a través de los distintos planes aprobados en el ejercicio.
Artículo 70. Aportaciones de los municipios.
1. Las aportaciones de los municipios a la comarca se determinarán teniendo en cuenta su número de habitantes y el aprovechamiento de los servicios prestados por la comarca.
Atendidas las peculiaridades de cada comarca, podrán incluirse índices correctores relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios o de prestación de los servicios fundamentales de su competencia.
2. El Consejo comarcal revisará cada año, al aprobar el Presupuesto, los criterios para determinar dichas aportaciones.
TÍTULO VIII
Consejo de Cooperación Comarcal
Artículo 71. Naturaleza y composición.
1. El Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano consultivo, deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y las comarcas.
2. Dicho Consejo se adscribe orgánicamente al Departamento competente en materia de política territorial.
3. Está integrado por representantes del Gobierno de Aragón y de las comarcas, con la distribución que se establezca reglamentariamente. Además de sus miembros, a las reuniones podrán asistir los responsables de los Departamentos del Gobierno de Aragón –o sus representantes– en razón de las materias que se vayan a tratar en cada una de sus reuniones.
Artículo 72. Organización y funciones.
1. El Consejo funcionará conforme a lo establecido en su reglamento interno de funcionamiento.
2. Corresponde al Consejo el ejercicio de funciones de colaboración, cooperación y coordinación, pudiendo adoptar acuerdos y emitir informes y dictámenes en relación con las actuaciones y materias establecidas reglamentariamente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Ejercicio efectivo de las competencias.
1. Para lograr una mejor prestación de los servicios públicos, las comarcas deberán ejercer las competencias transferidas, asumiendo las funciones y prestando los servicios traspasados de manera eficiente y en colaboración con el resto de Administraciones.
2. En los casos de incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por las comarcas en virtud de las competencias transferidas o notoria negligencia o ineficacia en la gestión de las funciones y servicios transferidos, será posible la revocación de las competencias transferidas mediante ley de las Cortes de Aragón. El correspondiente proyecto de ley se aprobará por el Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo de Cooperación Comarcal y audiencia de la comarca interesada.
3. Para evitar procesos de desequilibrio territorial, el Gobierno de Aragón realizará los estudios pertinentes mediante análisis oportunos de la situación comarcal aragonesa.
Segunda. Mancomunidades de interés comarcal.
Obtenida por una mancomunidad la declaración de interés comarcal, podrá hacerse cargo provisionalmente de las funciones, servicios y medios que corresponderían a una entidad comarcal, desde la formalización de la iniciativa de creación de la comarca, al objeto de facilitar su inmediata puesta en marcha tan pronto se apruebe la correspondiente ley de creación de la misma.
Tercera. Consejos consultivos comarcales.
1. En tanto no se generalice la implantación de la comarca como entidad local en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrán constituirse Consejos consultivos comarcales respecto de aquellas zonas en las que no exista entidad local comarcal.
Los Consejos consultivos comarcales podrán constituirse a iniciativa de los propios municipios o de alguna mancomunidad y siempre que la iniciativa sea promovida, al menos, por un número de municipios no inferior a las dos terceras partes de los que deban constituir la comarca y que representen, al menos, dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente.
2. Formarán parte de dichos Consejos, de carácter deliberante y consultivo, los alcaldes de los municipios de un determinado ámbito comarcal, conforme a la delimitación aprobada.
Los alcaldes podrán delegar en otros miembros de la Corporación.
3. El Consejo consultivo comarcal respectivo podrá ser convocado cuando la trascendencia de un asunto de interés supramunicipal aconseje su conocimiento, debate e informe por dicho órgano.
4. La reunión del Consejo podrá tener lugar por convocatoria del Gobierno de Aragón o de un número de alcaldes de la zona no inferior a cinco, debiendo señalarse en la convocatoria la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día de la misma y efectuarse con antelación mínima de diez días.
Para constituirse válidamente deberán asistir representantes de la mayoría de los municipios del ámbito comarcal de que se trate.
5. La presidencia del Consejo, al simple efecto de mantener el orden de sus deliberaciones y declarar su resultado, corresponderá por rotación a cada uno de los alcaldes miembros, siguiéndose el orden de los municipios de mayor a menor población.
De los acuerdos de dicho Consejo levantará acta un Secretario, designado al efecto entre sus miembros al comienzo de cada sesión.
6. En los casos en que una disposición legal o reglamentaria prevea la participación de la comarca en un determinado procedimiento administrativo, se entenderá atribuida dicha participación al Consejo consultivo comarcal en tanto no se constituya la entidad comarcal.
Cuarta. Sociedades y consorcios de interés comarcal.
Si por falta de iniciativa, o por estimarse carente de viabilidad la formulada, un determinado ámbito territorial carece de entidad comarcal constituida, y en tanto persista esta situación, el Gobierno de Aragón podrá adoptar el acuerdo de creación de una entidad, con la participación de los municipios interesados, a través de la constitución de un consorcio o de una sociedad.
Quinta. Medidas de fomento de la comarcalización.
1. El Gobierno de Aragón prestará especial asesoramiento y apoyo a la constitución de nuevas comarcas, así como al funcionamiento de las existentes.
2. El proceso de organización y puesta en marcha de cada administración comarcal será apoyado especialmente por el Gobierno de Aragón mediante la concesión de ayudas para las inversiones necesarias y para los gastos de funcionamiento en proporción a la cuantía de los mismos y a los servicios efectivamente gestionados que los determinen.
3. En todos los supuestos en que pueda beneficiarle, se computará como población de la comarca la totalidad de los habitantes de los municipios que la formen.
4. Las obras y servicios promovidos por comarcas podrán beneficiarse de subvenciones a fondo perdido, acceso al crédito u otras ayudas prevista s en los programas de inversiones en los que se incluyan, sin que ello suponga discriminación al resto de los municipios y mancomunidades.
Sexta. Utilización de instalaciones municipales por la comarca.
Con la conformidad del municipio interesado y mediante la formalización del correspondiente convenio, la comarca podrá optar por utilizar los servicios propios de aquél, para prestar sus competencias propias, en todo o en parte.
Séptima. Bienes adquiridos con cargo al Programa Territorial.
Cuando tenga lugar la creación de las comarcas, en el supuesto de los bienes adquiridos por los municipios con cargo al Programa de Política Territorial se estará a lo dispuesto en los convenios específicos que hayan suscrito con la Administración de la Comunidad Autónoma.
Octava. Competencias de las diputaciones provinciales.
1. En relación a las competencias de las diputaciones provinciales, el Gobierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de las Comisiones Mixtas que se creen al efecto. En particular, se procurará que las comarcas puedan asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito territorial y disfrutando de las dotaciones económicas adecuadas.
2. Las competencias de asistencia a los municipios de las diputaciones provinciales y las de las comarcas reguladas en esta ley deberán ejercitarse en colaboración suscribiendo ambas entidades, a esos efectos, los correspondientes convenios.
Novena. Encomienda de gestión.
1. En tanto las comarcas no cuenten con personal propio, las funciones de naturaleza técnica, atribuidas a Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se precise titulación de grado superior o medio y que sean necesarias para el ejercicio de las competencias definidas en los artículos 24.1 e) y g), 25, 27 B), a) y b) y C), 29.2.d) y 33 B), serán desempeñadas por el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que viniera realizándola en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Los decretos de transferencia de funciones y servicios contendrán las bases a las que habrán de ajustarse los correspondientes convenios en que se formalice la encomienda de gestión.
2. La regulación prevista en el apartado anterior será de aplicación a las funciones de custodia, policía y conservación de los recursos naturales en el ejercicio de las competencias definidas en los artículos 24.1.e) y f) y 27 B) a) y b) y D) b) y f).
Décima. Régimen económico especial de la Comarca de Zaragoza.
1. En la aplicación de la fórmula de reparto comarcal contemplada en el artículo 66 no se computarán los habitantes de la ciudad de Zaragoza.
2. Los decretos de transferencia de funciones y servicios que afectan a la Comarca de Zaragoza contemplarán, en su caso, compensaciones atendiendo a la naturaleza de la competencia transferida.
Undécima. Asesoramiento técnico a las Administraciones comarcales.
El Gobierno de Aragón prestará asesoramiento técnico a las comarcas en todos aquellos aspectos encaminados a garantizar la transición al nuevo marco competencial. En particular, se prestará asesoramiento, a petición de las Administraciones comarcales, en materia de tramitación, gestión e informatización de los procedimientos administrativos.
Duodécima. Adecuación de la legislación sectorial.
El Gobierno formulará sistemáticamente proyectos de modificación de la legislación sectorial para insertar en ellos las competencias que esta ley reconoce a las comarcas.
Decimotercera. Gestión comarcal de las subvenciones específicas.
Cuando los programas de gastos incluyan dotaciones destinadas a actuaciones concretas y específicas en determinados municipios, y como tales no contempladas en el anexo a esta ley, dichas dotaciones deberán considerarse excluidas de la aplicación de la fórmula de reparto prevista en el artículo 66, si bien podrá ser encomendada su gestión a la correspondiente comarca en los términos que se convenga en cada caso.
Decimocuarta. Dotación mínima a transferir.
La dotación prevista en el Anexo de transferencias de esta ley constituirá la cantidad mínima (en euros correspondientes a 2002) a traspasar a las comarcas. En el futuro, dicha cantidad mínima podrá ser modificada al alza, pero nunca a la baja.
Decimoquinta. Tramitación de expedientes y efectividad de traspasos.
1. Los expedientes correspondientes a las competencias que estén pendientes de resolución definitiva antes de la fecha de efectividad de la transferencia se entregarán a la comarca para su decisión.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los recursos administrativos contra resoluciones de la Administración de la Comunidad Autónoma se tramitarán y resolverán por ésta. Las consecuencias económicas que, en su caso, resulten, serán de cuenta de quien hubiere adoptado la resolución definitiva.
3. La entrega de bienes, derechos y obligaciones y documentación deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepción conforme a la normativa correspondiente.
4. La inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de la comarca de bienes inmuebles procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma podrá llevarse a cabo, exclusivamente, con la certificación expedida por la Comisión Mixta de transferencias de los acuerdos de traspaso debidamente aprobados y publicados en el Boletín Oficial de Aragón. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria.
Decimosexta. Zaragoza y su área metropolitana.
En el caso de que por Ley de las Cortes de Aragón se cree el Area Metropolitana de Zaragoza con el carácter de entidad local, podrán corresponder a la misma las competencias atribuidas a la comarca respecto de su propio ámbito territorial.
Decimoséptima. Unificación de divisiones comarcales.
El Gobierno de Aragón unificará las divisiones comarcales y supramunicipales que vengan aplicándose por los distintos Departamentos a efectos de organización y gestión de los servicios a su cargo, al objeto de procurar la homogeneización del mapa comarcal como base geográfica de servicios periféricos, de modo que éstos se refieran siempre a un área comarcal o a un conjunto de áreas comarcales determinadas.
Decimoctava. Organización administrativa.
En el momento de aprobarse el presente Texto Refundido de la Ley de Comarcalización, el Departamento competente en materia de Política Territorial es el de Presidencia y Relaciones Institucionales y el Departamento competente en materia de hacienda es el de Economía, Hacienda y Empleo.
Decimonovena. Referencias normativas.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón y a la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en este texto refundido.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Desarrollo reglamentario.
Queda autorizado el Gobierno de Aragón a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en este Texto refundido.
(Se corresponde con el de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización)
1. Valoración del coste de las funciones y servicios asociados al ejercicio de las competencias*
Materias
Programas económicos de gasto
Importe en euros
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
13.03.4321 Urbanismo.
2.395.206,43
Acción Social.
16.11.3132 Gestión y desarrollo de la acción social.
23.148.088,90
Cultura.
17.02.4553 Promoción y acción cultural.
2.358.831,93
17.02.4522 Gestión de bibliotecas.
1.021.180,64
17.02.4521 Archivos y museos.
802.644,48
Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares.
17.03.4581 Protección y difusión del patrimonio cultural.
4.459.662,32
Artesanía.
15.02.6221 Ordenación y promoción comercial.
429.721,28
Deporte y Juventud.
17.04.4571 Fomento y apoyo a la actividad deportiva.
5.748.417,12
17.04.3231 Promoción de la juventud.
2.376.656,84
Promoción del Turismo.
17.05.7511 Ordenación, promoción y fomento del turismo.
6.463.461,77
Agricultura, Ganadería y Montes.
14.05.5311 Mejora de estructuras agrarias y desarrollo rural.
6.874.592,05
14.01.7122 Coordinación y gestión de servicios agrarios.
1.952.697,33
14.02.7123 Producción agraria y gestión de ayudas.
6.638.616,07
19.02.5331 Protección y mejora del medio natural.
6.591.294,41
Sanidad y Salubridad Pública.
16.10.4121 Asistencia sanitaria.
1.095.871,26
Enseñanza.
18.01.4211 Servicios Generales (transporte escolar).
8.492.562,95
18.03.422 Educación (comedores escolares).
3.753.194,34
Protección del medio ambiente.
19.02.5331 Protección y mejora del medio natural.
2.972.012,10
19.04.5121 Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos.
13.492.606,62
Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
19.03.4422 Protección y mejora del medio ambiente.
13.911.807,19
Ferias y mercados comarcales.
15.02.6221 Ordenación y promoción comercial.
1.156.061,78
Protección de los consumidores y usuarios.
16.03.4431 Control del consumo.
493.151,81
Protección civil y prevención y extinción de incendios.
11.05.1213 Servicios de seguridad y protección civil.
413.026,41
Energía, promoción y gestión industrial.
15.03.7311 Fomento y gestión energética.
1.140.986,59
15.02.7231 Fomento industrial.
8.415.338,87
Transportes.
13.04.5132 Transportes y comunicaciones.
1.704.276,84
Total materias:
128.301.968,33
* Dicho coste está calculado en relación a las transferencias producidas en el ejercicio 2002. Con posterioridad, el coste se actualiza de conformidad con lo que dispongan las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Dotación a secuenciar correspondiente a los costes de personal asociados al ejercicio de las competencias.
Módulo de dotación
Importe en euros
Comarcas hasta 25.000 habitantes
262.322,21
Comarcas de más de 25.000 habitantes
420.183,45 |
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
EXPOSICION DE MOTIVOS
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Objeto
Artículo 2.—Finalidades
Artículo 3.—Ambito de aplicación
Artículo 4.-Definiciones
Artículo 5.-Regímenes de intervención administrativa ambiental
Artículo 6.—Cooperación interadministrativa
Artículo 7.—Fraccionamiento de proyectos o actividades
Artículo 8.-Efectos transfronterizos
Artículo 9.-Información ambiental y participación pública
Artículo 10.-Respeto al secreto industrial y comercial
TITULO II. EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Capítulo I. Evaluación ambiental de planes y programas
Artículo 11.-Planes y programas sometidos a evaluación ambiental
Artículo 12.-Organo ambiental competente
Artículo 13.—Determinación caso por caso de la necesidad de evaluación ambiental
Artículo 14.—Informe de sostenibilidad ambiental
Artículo 15.—Documento de referencia
Artículo 16.—Contenido del informe de sostenibilidad ambiental
Artículo 17.-Consultas e información pública
Artículo 18.—Propuesta de plan o programa
Artículo 19.—Memoria ambiental
Artículo 20.—Integración de los aspectos ambientales en el plan o programa
Artículo 21.—Publicidad
Artículo 22.-Seguimiento
Artículo 23.—Procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento urbanístico
Capítulo II. Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 24.—Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental
Artículo 25.-Organo ambiental competente
Artículo 26.-Estudio caso por caso
Artículo 27.-Estudio de impacto ambiental
Artículo 28.—Consultas previas
Artículo 29.—Inicio del procedimiento
Artículo 30.—Información pública
Artículo 31.—Declaración de impacto ambiental
Artículo 32.—Efectos de la declaración de impacto ambiental
Artículo 33.—Seguimiento y vigilancia
Capítulo TII. Disposiciones comunes
Artículo 34.—Tramitación urgente de los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 35.—De los redactores de los estudios de impacto ambiental y de los informes de sostenibilidad ambiental
TITULO III. EVALUACION AMBIENTAL EN ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES
Artículo 36.—Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles
Artículo 37.—Organo ambiental competente
Artículo 38.—Procedimiento
Artículo 39.—Seguimiento y vigilancia
TITULO IV. AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA
Capítulo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 40.—Instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada
Artículo 41.—Modificación de la instalación
Artículo 42.—Objeto de la autorización ambiental integrada
Capítulo II. Procedimiento
Artículo 43.—Organo ambiental competente
Artículo 44.—Consultas previas
Artículo 45.—Informe de compatibilidad urbanística
Artículo 46.—Contenido de la solicitud
Artículo 47.—Tramitación
Artículo 48.—Integración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
Artículo 49.—Resolución
Artículo 50.—Motivación
Artículo 51.—Contenido de la autorización ambiental integrada
Artículo 52.—Impugnación
Capítulo III. Coordinación con otros mecanismos de intervención ambiental
Artículo 53.—Coordinación con el régimen aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental cuando corresponda a la Administración del Estado
Artículo 54.—Coordinación con el régimen de la licencia ambiental de actividades clasificadas
Capítulo IV. Otras disposiciones
Artículo 55.—Obligación de informar
Artículo 56.—Renovación de la autorización ambiental integrada
Artículo 57.—Modificación de oficio de la autorización ambiental integrada
Artículo 58.—Transmisión de la titularidad de la autorización ambiental integrada
Artículo 59.—Caducidad de la autorización ambiental integrada
TITULO V. LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 60.—Actividades sometidas a licencia ambiental
Artículo 61.—Finalidad
Artículo 62.—Modificación sustancial de actividades
Capítulo II. Procedimiento
Artículo 63.—Organo competente
Artículo 64.—Solicitud
Artículo 65.—Procedimiento
Artículo 66.-Calificación ambiental
Artículo 67.—Resolución
Artículo 68.—Contenido de la licencia
Capítulo III. Modificación, transmisión y extinción de la licencia
Artículo 69.—Modificación de la licencia
Artículo 70.—Transmisión de la licencia
Artículo 71.—Caducidad, anulación y revocación
TITULO VI. LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
Artículo 72.—Solicitud
Artículo 73.—Acta de comprobación de las instalaciones.
Artículo 74.—Resolución
Artículo 75.—Autorizaciones de suministros
TITULO VII. REGIMEN DE INSPECCION
Artículo 76.—Finalidad y objetivos de la inspección
Artículo 77.—Competencias de inspección
Artículo 78.—Planificación de las inspecciones
Artículo 79.—Personal inspector de las actividades sometidas a intervención ambiental
Artículo 80.—Facultades del personal inspector
Artículo 81.—Sometimiento a la acción inspectora
Artículo 82.—Publicidad
Artículo 83.—Denuncia de deficiencias en funcionamiento
Artículo 84.—Deberes de comunicación
Artículo 85.—Suspensión de actividades
Artículo 86.—Ejecución subsidiaria de medidas correctoras
TITULO VIII. REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 87.—Infracciones
Artículo 88.—Infracciones muy graves
Artículo 89.—Infracciones graves
Artículo 90.—Infracciones leves
Artículo 91.—Prescripción de las infracciones
Artículo 92.—Responsabilidad
Artículo 93.—Sanciones
Artículo 94.—Graduación de las sanciones
Artículo 95.—Otros efectos de las sanciones
Artículo 96.—Concurrencia de sanciones
Artículo 97.—Medidas restauradoras de la legalidad
Artículo 98.—Medidas provisionales
Artículo 99.—Competencia sancionadora
Artículo 100.—Prescripción de las sanciones
Artículo 101.—Multas coercitivas
Artículo 102.—Vía de apremio
Artículo 103.—Registro de infractores
Artículo 104.—Prestación ambiental sustitutoria
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Creación de las comisiones técnicas de calificación
Segunda.—Sustitución del procedimiento especial de autorización de construcciones en suelo no urbanizable por el procedimiento de autorización ambiental integrada
Tercera.—Tasas
Cuarta.—Documentación en soporte papel y en soporte digital
Quinta.—Planes Integrales Específicos
Sexta.—Inaplicabilidad del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en la Comunidad Autónoma de Aragón
Séptima.—Medios materiales y personales
Octava.—Delegación de las funciones de inspección
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Atribución de competencias a las comarcas
Segunda.—Régimen de adaptación aplicable a las instalaciones existentes
Tercera.—Régimen de las actividades clasificadas sin licencia
Cuarta.—Procedimiento de evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia
Quinta.—Evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales
Sexta.—Procedimientos en curso
Séptima.—Eficacia de las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Unica
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión del agua de Aragón
Segunda.—Modificación de anexos
Tercera.—Actualización de la cuantía de las multas
Cuarta.—Habilitación Quinta. Entrada en vigor
Anexo I. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón
Anexo II. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 24
Anexo III. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 24
Anexo IV. Criterios para determinar la posible significación de las repercusiones sobre el medio ambiente
Anexo V. Zonas ambientalmente sensibles
Anexo VI. Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 40
Anexo VII. Actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas
PREAMBULO
La protección y conservación del medio ambiente se ha convertido en los últimos años en una creciente preocupación social y en uno de los objetivos esenciales de las políticas de los poderes públicos.
La Constitución Española, norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, reconoce en su artículo 45 el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El mismo precepto constitucional contiene un mandato dirigido a los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
La protección del medio ambiente en cuanto bien colectivo, aunque susceptible de disfrute individual, queda encomendada a todas las actividades económicas y a la sociedad en general, si bien de forma principal a los poderes públicos. Se configura, así, una función pública de cuidado de los recursos naturales frente a las actuaciones que puedan lesionarlos o utilizarlos de forma abusiva e irracional.
La protección del medio ambiente es un derecho de los ciudadanos que precisa con frecuencia de un alto grado de intervención administrativa en los aspectos preventivos de las actividades y en la corrección de los factores y efectos de la contaminación y degradación ambientales. Esta determinación de procedimientos y técnicas tiene un doble fin: en primer lugar, el incremento de las garantías que la acción humana debe asegurar para el mantenimiento de la calidad de vida y de un medio ambiente saludable, y, en segundo término, la configuración de un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y poner éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Esa función pública de protección ambiental puede llevarse a cabo a través de diversas maneras que implican distintos grados de presencia de las Administraciones públicas. Está demostrado que la restauración de los daños ocasionados al medio ambiente es, frecuentemente, más difícil y costosa que la prevención de los mismos y suele requerir medidas de paralización o desmantelamiento de la actividad, con graves perjuicios tanto económicos como sociales. La prevención se manifiesta, así, como el mecanismo más adecuado, por lo que la Administración debe dotarse de instrumentos para conocer a priori los posibles efectos que las diferentes actuaciones susciten sobre el medio ambiente.
Para conseguir este objetivo se aprueba la presente Ley, como expresión jurídica positiva de la política ambiental autonómica, en desarrollo de las competencias reconocidas a la Comunidad Autónoma en los artículos 35.1.15.a, 35.1.17.a, 37.3 y 40.4 de su Estatuto de Autonómica. Su vocación es convertirse en un texto legal esencial del ordenamiento jurídico autonómico, como medio de alcanzar la máxima protección posible del medio ambiente en su conjunto, regulando las distintas formas de intervención administrativa ambiental en la aprobación de determinados planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades a fin de lograr la prevención, reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el suelo y la biodiversidad, y potenciar, dentro de cada procedimiento, la participación pública y la información ambiental.
En cuanto a su contenido, la Ley se ocupa del régimen de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental, los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental y aquellos sometidos a evaluación ambiental por tener incidencia en zonas ambientalmente sensibles, las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada y el régimen de actividades sujetas a licencia ambiental de actividades clasificadas.
Para la regulación de los regímenes citados, la Ley parte, como no podía ser de otro modo, de la normativa comunitaria y de la legislación básica estatal. Así, la Ley toma en consideración la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE, la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa ala evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 96/61/CEE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. La Ley desarrolla, asimismo, la normativa básica estatal existente en la materia, constituida, fundamentalmente, por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 6 de marzo, y por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
El articulado de la Ley se estructura en ocho Títulos. El Título I recoge las disposiciones generales de la Ley que permitirán a los órganos competentes y a los particulares afectados, tanto su correcta aplicación a través de la delimitación precisa de su objeto y de su ámbito de aplicación, como su adecuada interpretación mediante la definición de aquellos conceptos que se consideran claves para el cumplimiento de la misma. Se prevé también, en el citado Título, la obligación del departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de medio ambiente de disponer de los servicios y herramientas de información necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre libertad de acceso a la información ambiental.
En el Título II se regula el régimen jurídico que posibilite una eficaz actuación preventiva orientada a evitar, reducir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la puesta en marcha o ejecución de determinados planes, programas, proyectos y actividades.
El Capítulo I de este Título regula la denominada evaluación ambiental de planes y programas. Con este novedoso procedimiento se evalúa la incidencia ambiental de los planes o programas de forma anticipada a la ejecución de los proyectos o actividades que aquéllos puedan prever y con independencia de la evaluación de impacto ambiental que la ejecución de dichos proyectos pueda requerir. El procedimiento de evaluación ambiental finaliza con la memoria ambiental del plan o programa, que tiene carácter preceptivo en el procedimiento de aprobación del plan o programa.
Debe destacarse, en este capítulo, la regulación específica que se hace de la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico a fin de coordinar dicho procedimiento con el previsto en la legislación urbanística para la aprobación de los citados planes.
El Capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos, públicos o privados, sobre el medio ambiente. En primer lugar, se clarifica el ámbito de aplicación del mencionado procedimiento incluyéndose en el mismo todos los proyectos anteriormente sometidos a evaluación de impacto por las distintas leyes sectoriales autonómicas y fijándose los criterios de sujeción para las actividades del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo previsto en el apartado tercero de su artículo primero. Asimismo, se ha optado por que algunos de los proyectos que se desarrollan en las zonas incluidas en la Red Ecológica Europea Natura 2000 se sometan en todo caso a evaluación de impacto ambiental, mientras que, para el resto de proyectos que puedan afectar de forma apreciable a alguna de esas zonas, su sometimiento a evaluación de impacto ambiental dependerá de la decisión que se adopte caso a caso. En segundo lugar, se establecen los distintos trámites procedimentales de la evaluación de impacto ambiental, así como el contenido del estudio de impacto ambiental y de la ulterior declaración de impacto ambiental en los supuestos en que su emisión corresponda al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El Título III regula el procedimiento de evaluación ambiental a que deben someterse determinados proyectos, instalaciones y actividades que tengan incidencia en las zonas ambientalmente sensibles que se recogen en el Anexo V de la Ley, y que son tanto los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de protección y las áreas comprendidas en el ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales, declarados al amparo de la legislación estatal o autonómica, como las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/ CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar, las reservas de la biosfera, así como las áreas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas.
Este procedimiento de evaluación ambiental se aplica a aquellos proyectos, instalaciones o actividades que tengan incidencia en dichas zonas y que no se encuentren sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni al de calificación ambiental regulados en esta Ley.
Este Título viene, así, a completar las previsiones del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a sustituir al procedimiento de autorización de usos previsto en el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón, unificando los procedimientos de control ambiental previstos para todos esos espacios.
En el Título IV se regula el régimen de la autorización ambiental integrada. Para ello, la Ley parte de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para otorgar la autorización ambiental integrada, sin perjuicio de la intervención de otras Administraciones públicas en el procedimiento de autorización mediante el preceptivo informe vinculante de la Confederación Hidrográfica sobre los vertidos a las aguas continentales y de las entidades locales sobre la compatibilidad urbanística de la actividad y sobre los aspectos que afecten a las competencias del municipio en el que se pretende ubicar la instalación.
La presente Ley desarrolla y adapta a la Comunidad Autónoma de Aragón el régimen establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que traspuso la Directiva 96/61/CE. Mediante la autorización ambiental integrada se supeditan la instalación y el funcionamiento de las instalaciones que se encuentren bajo su ámbito al cumplimiento de las condiciones ambientales que en ella se establezcan, entre las que deben destacarse los valores límite de emisión de contaminantes basados en las mejores técnicas disponibles. Esta autorización sustituye el conjunto disperso de autorizaciones ambientales exigibles a estas instalaciones de acuerdo con la normativa sectorial mediante su integración en un único acto. A tal efecto, la presente Ley exige la inclusión en el procedimiento de otorga-miento de la autorización ambiental integrada no sólo de las autorizaciones previstas en la legislación estatal, sino también de la declaración de impacto ambiental, de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero para aquellas instalaciones que la precisen de acuerdo con su normativa reguladora y de la autorización especial para construcciones en suelo no urbanizable cuando sea necesaria conforme a la normativa urbanística.
Poro lo que se refiere a las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental, debe destacarse el esfuerzo que la Ley dedica a coordinar, en el marco de las competencias autonómicas, dicho procedimiento y el de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, dada la similitud que ambos presentan no sólo 'por su contenido, sino también por ser el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el organismo público de la Administración de la Comunidad Autónoma competente para su tramitación. En cualquier caso; la Ley mantiene el trámite de discrepancias con el órgano sustantivo, dado el carácter básico que dicha exigencia tiene en la legislación estatal.
Finalmente, teniendo en cuenta la finalidad preventiva de la técnica de evaluación de impacto ambiental, no resulta apropiado someter a dicho procedimiento aquellas actividades clandestinas ya en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren incursas en un proceso de regularización. Por este motivo, cuando una actividad clandestina se encuentre sometida a evaluación de impacto ambiental, la Ley prevé un procedimiento simplificado de evaluación ambiental de actividades sin licencia que, entre otras cuestiones, no exige la presentación de un estudio de impacto ambiental en el que se valoren las alternativas a su ubicación.
En el caso de las actividades en funcionamiento y sin autorizar, sometidas a autorización ambiental integrada, se entiende que la evaluación ambiental de las mismas se realiza de forma suficiente en el procedimiento de otorgamiento de la mencionada autorización.
Dado que la autorización ambiental integrada aspira a refundir en una sola todas las autorizaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de las instalaciones industriales, con objeto de garantizar una visión global e integrada de todas las facetas de la contaminación procedente de las mismas, lógicamente han de tenerse en cuenta las responsabilidades ejecutivas que la legislación atribuye alas entidades locales y, singularmente, las que les asigna en materia de actividades clasificadas.
A tal efecto, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ha previsto distintos momentos para la intervención de las autoridades locales: el informe urbanístico previo, el informe de los ayuntamientos sobre los aspectos ambientales que sean de su competencia y la licencia municipal de actividades clasificadas dejando a salvo, tras la autorización ambiental integrada, la resolución definitiva de la autoridad municipal.
Sin embargo, en la presente Ley se parte de la consideración de que la autonomía local no sólo puede garantizarse a través de una licencia propia, sino que queda incluso más garantizada si el pronunciamiento final del ayuntamiento se sustituye por la emisión de un informe previo a la concesión de la autorización ambiental integrada y de carácter vinculante exclusivamente en los aspectos de competencia municipal, informe preceptivo en que el ayuntamiento puede hacer valer sus competencias, aunque sea en un procedimiento único resuelto por la Administración autonómica.
Nada hay en ello contrario a la autonomía local, teniendo en cuenta a este respecto lo previsto en los artículos 62 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y 162 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que justifican plenamente los procedimientos de gestión coordinada en supuestos como el que nos ocupa.
El Título V de la Ley establece una nueva regulación de las denominadas actividades clasificadas, sujetas al control y a la intervención ambiental de los municipios en cuyos territorios se pretendan ubicar, que desplaza la aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, exclusivamente en los concretos aspectos regulados en esta Ley.
Por lo que se refiere a las actividades sujetas a licencia, ambiental de actividades clasificadas, se ha optado por no establecer una lista que necesariamente habría de tener carácter no exhaustivo, sino que, por el contrario, se ha preferido acudir a un sistema de cláusula o fórmula general, respetando plenamente el espíritu del citado Reglamento estatal. Así, se encuentran sometidas a este régimen las actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes, siempre que no estén sujetas a la autorización ambiental integrada. Asimismo, para facilitar la aplicación de la norma y con una mera finalidad hermenéutica, se ha optado por excluir expresamente de este régimen a una serie de actividades que venían siendo tradicionalmente sometidas a calificación y cuyo control se ha demostrado en la práctica que queda suficientemente garantizado a través de la licencia de apertura de actividades no clasificadas regulada en la legislación autonómica de régimen local.
Se atribuye expresamente a las comarcas la competencia, ya reconocida en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comercalización, de calificación de las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas prevista en la Ley, si bien será precisa su previa transferencia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y su aceptación expresa por aquéllas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas. La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que las comarcas puedan delegar en los ayuntamientos la competencia de calificación con arreglo a lo previsto en la legislación de régimen local.
Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, corresponderá su ejercicio a las comisiones territoriales de medio ambiente, que se crearán, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, como órganos colegiados dependientes del departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencias en materia de medio ambiente. En cualquier caso, en tanto no se creen dichas comisiones, las actuales Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio continuarán ejerciendo las competencias que, en materia de medio ambiente, les atribuye la legislación vigente.
Finalmente, el Título VI de la Ley regula la licencia de inicio de actividad, que deberá obtenerse del ayuntamiento en cuyo territorio se ubiquen las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas con carácter previo a su puesta en funcionamiento. Esta licencia tiene por objeto comprobar que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas. Se da, pues, sustantividad propia a la visita de comprobación que ha venido hasta el momento configurándose como una fase más de la licencia de actividad, coordinándose la actuación municipal con la del órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma en los casos de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada o evaluación de impacto ambiental.
El Título VII se dedica al régimen de inspección ambiental de las actividades sometidas a intervención ambiental, con la finalidad de posibilitar a las Administraciones públicas competentes ejercer eficazmente sus competencias.
Para la redacción de este Título se ha tenido en cuenta la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros. Así, por un lado, se clarifican las competencias inspectoras y las facultades del personal inspector en el ejercicio de esta potestad administrativa. Por otro, para facilitar la actividad inspectora, se prevén su necesaria planificación y una serie amplia de deberes de comunicación dedos titulares de las instalaciones sometidas a los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados en esta Ley.
Los mecanismos de inspección atribuidos a las Administraciones se refuerzan con el reconocimiento del personal oficialmente designado para realizar labores de inspección como agentes de la autoridad, con las pertinentes prerrogativas al caso.
Se regulan el supuesto de deficiencias en el funcionamiento de actividades y la posibilidad de que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, puedan paralizar total o parcialmente, con carácter cautelar, cualquier actividad sometida a intervención ambiental en fase de construcción o explotación, así como establecer medidas restauradoras conducentes a reponer las cosas a su estado anterior, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley.
La transparencia de esta actividad queda garantizada por la necesaria publicidad de las actividades de inspección, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa de acceso a la información ambiental.
Finalmente, el Título VIII, con fundamento en el apartado tercero del artículo 45 de la Constitución española, regula el régimen sancionador mediante la tipificación de infracciones, sus correspondientes sanciones y la determinación de los criterios para su graduación. La Ley atribuye la potestad sancionadora a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, respecto a las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental; respecto a las demás actividades, atribuye la potestad sancionadora a los ayuntamientos en cuyo término municipal se desarrollen. Se prevé, además, la creación de un registro de infractores de normas ambientales de la Comunidad Autónoma y se establece la prestación ambiental sustitutoria como una forma de cumplimiento de las sanciones pecuniarias.
La Ley se completa con ocho disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y siete Anexos.
En consecuencia, en el marco de la distribución de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo en la materia de protección del medio ambiente, se dicta la presente Ley.
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El objeto de la presente Ley es regular el sistema de intervención administrativa ambiental de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente en el ámbito territorial de Aragón, como forma de prevención, reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental.
Artículo 2.—Finalidades.
Las finalidades de la presente Ley son:
a) Establecer un control administrativo ambiental previo de determinados planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones.
b) Regular el proceso de integración de las variables ambientales en la redacción, puesta en marcha y ejecución de planes, programas y proyectos relativos a las actividades de las que puedan derivarse repercusiones significativas sobre el medio ambiente, mediante la evaluación ambiental y el seguimiento y vigilancia posteriores de ésta.
c) Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.
d) Racionalizar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración y coordinación entre todas las Administraciones públicas competentes.
e) Fomentar la participación social en los procedimientos, administrativos regulados en la presente Ley y garantizar la efectividad de los trámites de información pública previstos.
f) Promover la responsabilidad social a través del conocimiento de los efectos que sobre el medio ambiente llevan implícitos la puesta en marcha o ejecución de los planes, proyectos o actividades regulados en la presente Ley.
Artículo 3.—Ambito de aplicación.
La presente Ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades desarrollados en el ámbito territorial de Aragón, susceptibles de producir efectos sobre el medio ambiente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, sin perjuicio de aquellos cuyo control y evaluación corresponda a la Administración General del Estado conforme a las competencias que se le atribuyen por la legislación básica estatal.
Artículo 4.-Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por:
a) Actividad: explotación de una industria o servicio, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente.
b) Afección apreciable: repercusión significativa sobre las condiciones medioambientales y/o sobre los objetivos de conservación de una zona ambientalmente sensible.
c) Alternativa cero: alternativa contemplada en el informe de sostenibilidad ambiental de planes y programas que contiene los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no aplicación del plan o programa.
d) Autorización ambiental integrada: es la resolución del órgano ambiental competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley, así como de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
e) Autorizaciones sustantivas: en el procedimiento de autorización ambiental integrada, se entienden por tales las autorizaciones de industrias o instalaciones industriales que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. En particular, tendrán esta consideración las autorizaciones establecidas en la Ley 54/ 1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo II de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en lo referente a las instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
f) Calificación ambiental: informe de la Administración competente que, en el marco del procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas, califica la actividad y, en su caso, establece las medidas correctoras que la misma habrá de cumplir.
g) Consumo ineficiente de recursos naturales y energía: la cantidad de agua, materias primas y energía por unidad de producción que, para cada instalación, se considera superior al limite admisible de la eficiencia ambiental, con base en las mejores técnicas disponibles.
h) Contaminación: la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
i) Declaración de impacto ambiental: resolución del órgano ambiental que pone fin a la evaluación de impacto ambiental y en la que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
j) Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
k) Estudio de impacto ambiental: documento técnico que debe presentar el titular o el promotor de un proyecto o actividad para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos previsibles que la realización del proyecto o actividad, incluyendo todas sus fases (construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento), producirá sobre el medio ambiente.
1) Evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles: procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos sobre el medio ambiente de la ejecución de los proyectos, instalaciones y actividades que tengan incidencia en una zona ambientalmente sensible.
m) Evaluación ambiental de planes y programas: procedimiento para evaluar, corregir y controlar los efectos que sobre el medio ambiente puedan tener determinados planes o programas, con el fin de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible, a través de la integración de la variable ambiental en la preparación y adopción de los referidos planes y programas.
n) Evaluación de impacto ambiental: procedimiento para evaluar, corregir y controlar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o actividad causa sobre el medio ambiente.
ñ) Indicadores ambientales de estado cero: conjunto de parámetros medibles que definan la calidad ambiental previa del ámbito territorial donde se quiere desarrollar un proyecto o implantar una actividad, que permitan analizar su evolución en el tiempo y, con ello, un seguimiento de las repercusiones ambientales reales que el proyecto o actividad tiene sobre su entorno.
o) Memoria ambiental: informe del órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en el que manifiesta su criterio sobre cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación ambiental del plan o programa y sobre la conveniencia o no de realizar dicho plan o programa.
p) Informe de sostenibilidad ambiental: documento técnico que debe presentar el órgano promotor, en el que se identifican, describen y evalúan de manera apropiada las repercusiones ambientales de la aplicación de dicho plan o programa, incluyendo todas las fases en que se desarrolle el mismo, así como las distintas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
q) Instalación: en el procedimiento de autorización ambiental integrada se entiende por tal cualquier unidad técnica fija o móvil en donde se desarrollen una o más de las actividades industriales enumeradas en el Anexo VI de la presente Ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
r) Instalación existente: en el procedimiento de autorización ambiental integrada, se entiende por tal cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad al 3 de julio de 2002 o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable para su funcionamiento y puesta en marcha, siempre que se haya puesto en funcionamiento a más tardar doce meses después de dicha fecha.
s) Licencia ambiental de actividades clasificadas: resolución del órgano competente de la Administración local por la que se permite el desarrollo de una actividad clasificada bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley.
t) Licencia de inicio de actividad: resolución del órgano competente de la Administración local que tiene por objeto comprobar que las obras de las instalaciones o actividades sometidas a autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas se han ejecutado con arreglo a lo dispuesto en dichos títulos.
u) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas, conforme al anejo 4 de la Ley 16/2002.
A estos efectos, se entenderá por:
«Técnicas»: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada.
«Disponibles»: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
«Mejores»: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.
v) Modificación menor: en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, se entiende por tal cualquier cambio en las características de los planes o programas ya aprobados o adoptados que no suponga variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología, pero que pueda producir diferencias en las características de los efectos previstos o en la zona de influencia.
w) Modificación sustancial: cualquier modificación de la instalación o de las características o funcionamiento de la actividad que en opinión del órgano competente para conceder la autorización ambiental integrada o la licencia ambiental de actividades clasificadas, y de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 40 y 61 de la presente Ley, respectivamente, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
x) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del funcionamiento o de la extensión de la instalación o del desarrollo de la actividad que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
y) Organo sustantivo: en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles regulados en esta Ley, se considera órgano sustantivo, aquel al que corresponda la aprobación o autorización necesaria por razón de la materia para el ejercicio de la actividad o la realización del proyecto.
z) Plan o programa: conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.
aa) Promotor: persona física o jurídica, privada o pública, que inicia un procedimiento de los previstos en esta Ley, en relación con un plan o programa o un proyecto o actividad para su tramitación y aprobación.
bb) Proyecto: documento técnico previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad, que la define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, incluidas las destinadas a la utilización de los recursos naturales.
cc) Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
dd) Público interesado:
1) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2) Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos:
—Que tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate.
—Que lleve al menos dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
ee) Redactor: persona física o jurídica identificada que asume, con su firma, la responsabilidad del informe de sostenibilidad ambiental y del estudio de impacto ambiental.
ff) Sustancia: los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las sustancias radiactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, y de los organismos modificados genéticamente regulados en la Ley 9/ 2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada; liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y en sus correspondientes normas de desarrollo o normativa que las sustituya.
gg) Titular: cualquier persona física o jurídica que explote o posea la instalación sometida al instrumento de intervención ambiental que corresponda.
hh) Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados. Los valores límite de emisión de las sustancias se aplicarán generalmente en el punto en que las emisiones salgan de la instalación, y en su determinación no se tendrá en cuenta una posible dilución. En lo que se refiere a los vertidos indirectos al agua, y sin perjuicio de la normativa relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático, podrá tenerse en cuenta el efecto de una estación de depuración en el momento de determinar los valores límite de emisión de la instalación, siempre y cuando se alcance un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno.
ii) Zonas ambientalmente sensibles:
—Los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de protección así, como el ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales declarados al amparo de la normativa internacional, comunitaria, del Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/ 409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
—Los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar.
—Reservas de la biosfera.
—Areas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas.
jj) Zonas de reducido ámbito territorial: en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, se consideran como tales aquellas zonas en las que, por sus escasas dimensiones, el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental de otro plan o programa, bien mediante la aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen.
Artículo 5.-Regímenes de intervención administrativa ambiental.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecen los siguientes regímenes de intervención administrativa:
a) Evaluación ambiental para los planes y programas a que se refiere el artículo 11.
b) Evaluación de impacto ambiental para los proyectos a que se refiere el artículo 24.
c) Evaluación ambiental en las zonas ambientalmente sensibles a las que se refiere el artículo 36.
d) Autorización ambiental integrada para las instalaciones a las que se refiere el artículo 40.
e) Licencia ambiental de actividades clasificadas para las actividades a las que se refiere el artículo 60.
f) Licencia de inicio de actividad para las instalaciones y actividades previamente sometidas a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas a las que se refiere el artículo 72.
g) Evaluación de planes de restauración minera.
Artículo 6.-Cooperación interadministrativa.
Para la puesta en práctica de una adecuada protección ambiental y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes ajustaran sus actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración. A tal efecto, las consultas que deba realizar una Administración pública garantizarán la debida ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en particular, la de aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones públicas. En particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coordinación de sus intervenciones en la tramitación de la memoria ambiental, de la declaración de impacto ambiental, de la autorización ambiental integrada, de la licencia ambiental de actividades clasificadas y de la licencia de inicio de actividad.
Artículo 7.-Fraccionamiento de proyectos o actividades.
El fraccionamiento de proyectos o actividades de naturaleza análoga no impedirá su sometimiento a los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados en esta Ley, aun cuando dicho sometimiento venga exigido a partir de determinados umbrales, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada una de las fracciones del proyecto o actividad.
Artículo 8. Efectos transfronterizos.
1.-En el supuesto de que los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de intervención administrativa ambiental regulados en la presente Ley estimen que un plan, programa, proyecto, actividad o instalación de los sometidos a dichos procedimientos, pudieran tener efectos ambientales significativos en otro Estado miembro de la Unión Europea, deberán remitir una copia de la solicitud de inicio de dichos procedimientos y de la documentación presentada por el solicitante a dicho Estado para que formule las alegaciones que estime oportunas, y, posteriormente, se le enviará copia de la resolución definitiva, todo ello a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria y a lo regulado por las normas estatales.
2.-Cuando los órganos competentes señalados en el apartado anterior estimen que un plan, programa, proyecto, actividad o instalación de los sometidos a los procedimientos de intervención administrativa regulados en la presente Ley, pudieran tener efectos ambientales significativos en otra Comunidad Autónoma, deberán remitir una copia de la solicitud de inicio de dichos procedimientos y de la documentación presentada por el solicitante a dicha Comunidad Autónoma.
3.-Cuando el departamento competente en materia de medio ambiente tenga conocimiento del desarrollo en otra Comunidad Autónoma de un plan, programa, proyecto o instalación que pudiera tener efectos ambientales significativos en el territorio aragonés, recabará la información necesaria para su adecuado seguimiento, adoptando las medidas oportunas para garantizar la mínima afección.
Artículo 9.-Información ambiental y participación pública.
1.-El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, los organismos públicos a él adscritos, deberán garantizar el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente en la forma y términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.
2.-La información que, de manera sistematizada, esté en disposición en el departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, en los organismos públicos a él adscritos, se hará pública utilizando los medios que faciliten su acceso al conjunto de los ciudadanos, incluyendo, a estos efectos, los medios o soportes digitales e informáticos existentes, así como la asistencia técnica personalizada suficiente.
3.-Sin perjuicio de los trámites previstos en los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados en la presente Ley, la Administración que en cada caso resulte competente garantizará el derecho de participación pública y de acceso a la información ambiental en la forma y términos establecidos en la normativa que regula su ejercicio.
4.-Las entidades locales afectadas por los procedimientos administrativos regulados por la presente Ley incorporarán a los expedientes correspondientes un pronunciamiento expreso acerca de la sostenibilidad social del plan, proyecto o actividad que podrá ser considerado por la Administración competente a los efectos de la resolución administrativa correspondiente.
Artículo 10. Respeto al secreto industrial y comercial.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley se desarrollará dentro del respeto al secreto industrial y comercial, de acuerdo con la normativa aplicable.
TITULO II
Evaluación ambiental de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos
CAPITULO I
Evaluación, ambiental de planes y programas
Artículo 11.-Planes y programas sometidos a evaluación ambiental.
1.-Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental, con carácter previo a su aprobación, los planes y programas, así como sus revisiones, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se elaboren o aprueben por la Administración pública autonómica o local.
b) Que sean exigidos por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Gobierno de Aragón.
c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente los planes y programas incluidos en el apartado primero del Anexo I.
2.-No obstante, los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y las modificaciones menores de aquellos, se someterán al procedimiento de evaluación ambiental previsto en este capítulo cuando así lo decida el órgano ambiental tras un análisis caso a caso conforme a lo previsto en el artículo 13.
3.—Asimismo, se someterán al procedimiento de evaluación ambiental previsto en este Capítulo, cuando así lo decida el órgano ambiental, previo análisis caso por caso conforme a lo previsto en el artículo 13, los siguientes planes y programas:
a) Los planes y programas distintos a los previstos en el apartado primero de este artículo que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos y que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
b) Los planes y programas que, individualmente o en combinación con otros planes o programas, puedan afectar de forma apreciable a zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/ CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, sin tener relación directa con la gestión o conservación de dichos espacios o sin ser necesarios para la misma.
4.—No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de modificaciones menores de los planes urbanísticos generales y en el caso de los planes urbanísticos de desarrollo, únicamente se someterán al procedimiento de análisis caso por caso previsto en el artículo 13, aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el apartado segundo del Anexo I.
5.—En ningún caso se someterán al procedimiento de evaluación ambiental regulado en este Capítulo, los planes y programas en materia de protección civil en casos de emergencia, los de tipo financiero o presupuestario y aquellos cuya aprobación sea competencia de la Administración General del Estado.
Artículo 12.-Organo ambiental competente.
A los efectos de lo previsto en este Capítulo, se considera órgano ambiental al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Artículo 13.-Determinación caso por caso de la necesidad de evaluación ambiental.
1.-La determinación de la necesidad de someter a evaluación ambiental un plan o programa de los previstos en los apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 11 se hará caso por caso según lo previsto en este artículo.
2.-A estos efectos, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento al respecto, para lo que deberá presentar el borrador del plan o programa junto con un análisis preliminar de su incidencia ambiental, realizado de acuerdo con los criterios que se establecen en el Anexo IV.
3.—El órgano ambiental contará con un plazo máximo de tres meses para decidir, de forma motivada, si el plan o programa debe o no debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental. A tal fin, el órgano ambiental consultará, en el plazo de diez días, a las Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la protección del medio ambiente, a las entidades locales previsiblemente afectadas por la aprobación y futura ejecución del plan o programa y al Consejo de Protección de la Naturaleza para que se pronuncien sobre la necesidad de someter o no el mismo a evaluación ambiental, y, en caso afirmativo, sobre los extremos previstos en el apartado 2 del artículo 15, en el plazo máximo de treinta días. De forma simultánea, podrá extender dicha consulta en idénticos plazos a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, asimismo vinculadas a la protección del medio ambiente.
4.—La resolución se notificará al promotor en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud o desde el inicio, de oficio, del procedimiento y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón». De no emitirse y notificarse la resolución en este plazo, se entenderá que el plan o programa debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental.
5.—En el supuesto de que se acuerde el sometimiento del plan o programa al procedimiento de evaluación ambiental, la resolución incluirá, asimismo, el documento de referencia previsto en el artículo 15 de esta Ley, entendiéndose cumplidos los trámites previstos en dicho artículo.
6.—Cuando no se considere necesario realizar la evaluación ambiental, se especificarán los motivos razonados de esta decisión.
Artículo 14. Informe de sostenibilidad ambiental.
Cuando un plan o programa deba someterse a evaluación ambiental de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, el promotor elaborará un informe de sostenibilidad ambiental en el que se identificarán, describirán y evaluarán los potencia-les efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo todas las fases en que se desarrolle el mismo, así como un conjunto de alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus objetivos y ámbito geográfico de aplicación.
Artículo 15.-Documento de referencia.
1.—Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental a que se refiere el artículo anterior, el promotor consultará, en todo caso, al órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el mismo, para lo que deberá presentar, junto con la solicitud, una memoria resumen del plan o programa junto con un análisis preliminar de su incidencia ambiental, realizado de acuerdo con los criterios que se establecen en el Anexo IV.
2.—En un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la documentación a que hace referencia el apartado anterior, el órgano ambiental trasladará al promotor un documento de referencia que incluya los siguientes aspectos:
a) Contenido y nivel de detalle necesario del informe de sostenibilidad ambiental. A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
1. Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
II. El contenido y grado de especificación del plano programa.
III. La fase del proceso de decisión en que se encuentra y si es más adecuado, en su caso, llevar a cabo la evaluación de determinados aspectos en una posterior evaluación de impacto ambiental de proyectos con objeto de evitar su repetición.
b) Administraciones públicas y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente previsiblemente afectadas por el plan o programa, a quienes se deberá consultar en los términos previstos en el artículo 17.
3.—Para la elaboración del documento de referencia, el órgano ambiental consultará, en el plazo de diez días, a las Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la protección del medio ambiente, a las entidades locales previsiblemente afectadas por la aprobación y futura ejecución del plan o programa, al Consejo de Protección de la Naturaleza y al público interesado para que se pronuncien sobre esos extremos en el plazo máximo de treinta días. De forma simultánea, podrá extender dicha consulta en idénticos plazos a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
4.—De no emitirse y notificarse el documento de referencia en el plazo previsto en el apartado 2, el promotor podrá continuar con el procedimiento.
Artículo 16.-Contenido del informe de sostenibilidad ambiental.
1.—El promotor elaborará el informe de sostenibilidad ambiental que, en su caso, seguirá el documento de referencia que motive el acuerdo de sometimiento a evaluación ambiental si esta no fuera preceptiva.
2.—El informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa deberá aportar información sobre los siguientes extremos:
a) Contenido y objetivos del plan o programa y su relación con otros planes o programas.
b) La «alternativa cero» o aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa.
c) Descripción de la alternativa seleccionada y de las demás alternativas consideradas para alcanzar los objetivos del plan o programa, incluyendo una exposición de los motivos ambientales para la selección de las alternativas contempladas y de la alternativa elegida y una descripción de la manera en que se evaluaron y de las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
d) Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.
e) Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo, en concreto, los relacionados con zonas ambientalmente sensibles.
f) Objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico o local que guarden relación con el plan o programa, así como la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental hayan sido tenidos en cuenta durante su elaboración.
g) Análisis de todos los efectos, ya sean secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos o negativos, sobre el medio ambiente del plan o programa y metodología utilizada para el análisis, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos aspectos.
h) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante sobre el medio ambiente derivado de la aplicación del plan o programa. Dichas medidas se acompañarán de un conjunto de indicadores que permitan realizar un análisis de su grado de cumplimiento y de su efectividad.
i) Medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental de la ejecución de las distintas fases del plan y programación temporal de dichas medidas.
j) Resumen no técnico de la información facilitada en los epígrafes precedentes a fin de que el informe de sostenibilidad ambiental, como parte integrante de la documentación del plan o programa, sea accesible e inteligible para el público y las Administraciones públicas.
3.—El informe de sostenibilidad tendrá la amplitud y el grado de especificación que se determinen en el documento de referencia, y, en todo caso, deberá tener el nivel de detalle suficiente que permita una evaluación adecuada de la incidencia ambiental del plan o programa y de sus diferentes etapas de ejecución.
4.—El órgano ambiental pondrá a disposición del promotor cualquier documentación que obre en su poder que resulte de utilidad para la realización del informe de sostenibilidad ambiental.
5.—Reglamentariamente se podrá concretar el contenido del informe de sostenibilidad ambiental previsto en este artículo para determinados tipos de planes o programas.
Artículo 17.-Consultas e información pública.
1.—El promotor someterá, de forma simultánea, el borrador del plan o programa, incluyendo el informe de sostenibilidad ambiental, a las consultas previstas en el documento de referencia y a información pública mediante anuncio, a su cargo, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en medios de comunicación autonómicos, comarcales o locales, por un periodo de dos meses.
2.—En el caso de planes o programas de iniciativa privada, será el órgano competente para su aprobación el que lleve a cabo los trámites previstos en este artículo, para lo cual el promotor deberá remitirle la documentación necesaria.
Artículo 18.—Propuesta de plan o programa.
1.—El promotor elaborará la propuesta de plan o programa teniendo en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, el resultado de las consultas y las alegaciones formuladas en el trámite de información pública a que se refiere el artículo anterior.
2.—El promotor remitirá al órgano ambiental la propuesta de plan o programa, el informe de sostenibilidad ambiental y una memoria en la que se explique cómo se ha tenido en cuenta en ambos documentos el resultado de las consultas e información pública.
Artículo 19. Memoria ambiental.
1.—Con posterioridad a la celebración de los trámites previstos en el artículo anterior y antes de la aprobación del plan o programa o de su remisión, cuando corresponda, a las Cortes de Aragón para su aprobación, el promotor deberá recabar del órgano ambiental, con carácter preceptivo, la elaboración de la memoria ambiental.
2.—En la memoria ambiental, el órgano ambiental valorará la manera en que se han llevado a cabo el procedimiento de evaluación ambiental, la propuesta del plan o programa y el informe de sostenibilidad ambiental y la manera en que se han integrado en ellos los aspectos ambientales, el proceso de consultas, los impactos significativos que se prevean por la aplicación del plan o programa, la conveniencia o no de realizar el plan o programa y las principales razones para ello, así como, en caso favorable, las condiciones que deberían establecerse para la adecuada protección del medio ambiente.
3.—En función de la naturaleza y características concretas del plan o programa, la memoria ambiental podrá establecer, asimismo, los planes, programas, proyectos o actividades derivados del plan o programa analizado que, por sus características particulares, deban ser sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas o al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como los que, no encontrándose en el caso anterior, puedan requerir la adopción de medidas correctoras y precauciones especiales por sus previsibles afecciones ambientales, señalando, además, las alternativas que, en principio, pudieran tener menor impacto ambiental.
4.—La memoria ambiental deberá ser remitida al promotor en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la misma.
5.—La memoria ambiental se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 20. Integración de los aspectos ambientales en el plan o programa.
El promotor del correspondiente plan o programa o, en el caso de planes y programas de iniciativa privada, el órgano competente para su aprobación tendrá en cuenta durante la elaboración y antes de su aprobación o de su remisión, cuando corresponda, a las Cortes de Aragón, el contenido del informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas e información pública y la memoria ambiental, incluyendo a sus resultas las condiciones que sean precisas para la adecuada protección del medio ambiente.
Artículo 21.—Publicidad.
Una vez aprobado el plan o programa, el promotor o, en el caso de planes y programas de iniciativa privada, el órgano competente para su aprobación publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» la siguiente documentación:
a) El plan o programa aprobado.
b) Un resumen que indique de qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales y cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas y la memoria ambiental, así como las razones de la elección del plan o programa aprobados en relación con las alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
d) Un resumen no técnico de la documentación contenida en los puntos b) y c).
Artículo 22.—Seguimiento.
1.—Los promotores de planes y programas o el órgano competente para su aprobación en el caso de los planes o programas de iniciativa privada deberán realizar un seguimiento de los efectos para el medio ambiente de su aplicación o ejecución, identificando eficazmente cualquier efecto contrario al medio ambiente y no previsto y adoptando cualquier otra medida que, a tal fin, fuera necesaria para evitarlo.
2.—El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas y podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la información que figura en el informe de sostenibilidad ambiental.
3.—Para evitar duplicidades se podrán utilizar mecanismos de seguimiento ya existentes.
Artículo 23. Procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento urbanístico.
1.—El procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y modificaciones, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores, con las siguientes particularidades:
a) El informe de sostenibilidad ambiental deberá presentar-se al órgano ambiental junto al documento de avance del planeamiento que vaya a someterse a información pública conforme a la legislación urbanística.
b) El informe de sostenibilidad ambiental deberá contener, además de los extremos contemplados en el artículo 16, cuanta información sea exigida, en su caso, al promotor por la normativa sectorial ambiental de aplicación al planeamiento urbanístico en la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) En el plazo de tres meses, contados a partir de la recepción por el órgano ambiental de la documentación legalmente prevista, deberá emitirse una memoria ambiental provisional. Esta memoria será previa a la aprobación inicial del plan y será notificada al promotor, que la someterá, junto con la documentación a que se refiere la letra a) de este artículo, al trámite de información pública previsto en dicha letra.
El promotor deberá tener en cuenta el contenido de la memoria ambiental provisional en la redacción del documento que se someterá a información pública.
d) Una vez concluido el procedimiento de aprobación inicial, el promotor enviará al órgano ambiental la documentación completa del plan que vaya a ser objeto de la aprobación provisional, incluido el resultado de la información pública y de las consultas formuladas. Con la remisión de esta documentación se entenderá cumplido lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.
e) El órgano ambiental contará con un plazo de dos meses, contados desde la recepción de la documentación a que se refiere el apartado anterior, para emitir, con carácter previo a dicha aprobación provisional, la memoria ambiental.
f) Para la elaboración de la memoria ambiental, ya sea provisional o definitiva, el órgano ambiental recabará todos aquellos informes que, según la normativa sectorial ambiental, sean preceptivos y deban emitir otros órganos, servicios o entidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo para la emisión de estos informes será el establecido en su normativa sectorial específica o, en su defecto, el de treinta días.
2.—El procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo sujetos al mismo se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores.
CAPITULO II
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 24.—Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
1.—Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en la presente Ley y demás normativa que resulte de aplicación, los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de esta Ley, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.—Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo III de esta Ley sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, en la forma prevista en esta Ley, aplicando los criterios establecidos en el Anexo IV.
3.—Igualmente se someterá a estudio caso por caso cualquier cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los Anexos II y III de esta Ley ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. A estos efectos, se entenderá que producen dichas repercusiones significativas cuando, en los porcentajes o umbrales que se determinen reglamentariamente, impliquen uno o más de los siguientes efectos:
a) Incremento de las emisiones a la atmósfera.
b) Incremento de los vertidos de aguas residuales.
c) Incremento en la generación de residuos o incremento en la peligrosidad de los mismos.
d) Incremento de la utilización de recursos naturales y energía.
e) Incidencia en una zona ambientalmente sensible.
4.—Los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado se regirán por lo dispuesto en la legislación básica estatal en materia de evaluación de impacto ambiental, si bien en tales casos deberá informar preceptivamente el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma cuando el proyecto afecte al territorio de Aragón.
Artículo 25.—Organo ambiental competente.
Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 26.—Estudio caso por caso.
1.—Para el cumplimiento de lo establecido en los apartados dos y tres del artículo 24, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento al respecto, para lo que deberá presentar un documento ambiental del proyecto con al menos el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas estudiadas.
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
2.—A tal efecto, el órgano ambiental elevará consultas, en el plazo de diez días, a las Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la protección del medio ambiente, a las entidades locales y a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, previsiblemente afectadas por el proyecto para que se pronuncien sobre esos extremos en el plazo máximo de treinta días.
3.—La resolución motivada se notificará al promotor del proyecto en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud o desde el inicio, de oficio, del procedimiento y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», entendiéndose, a falta de acuerdo notificado en plazo, que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
4.-En el supuesto de que se acuerde el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la resolución incluirá, asimismo, información sobre el contenido y grado de especificación que deberá tener el estudio de impacto ambiental a presentar por el promotor, dándole traslado de las contestaciones recibidas.
Artículo 27.-Estudio de impacto ambiental.
1.-Los titulares o promotores de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en esta Ley deberán presentar un estudio de impacto ambiental con el contenido que se determinará reglamentariamente, debiendo contener en todo caso:
a) La descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la justificación de la elección de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) La evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.
d) Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto, detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación.
e) Las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Un documento de síntesis del estudio redactado en términos comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.
2.-El órgano ambiental pondrá a disposición del promotor del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
3.-En el caso de proyectos englobados dentro de planes o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas regulado en esta Ley, el estudio de impacto ambiental deberá respetar, de forma obligatoria, lo establecido en la memoria ambiental.
Artículo 28.-Consultas previas.
1.-Para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto a que se refiere el artículo anterior, el promotor consultará al órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener dicho estudio, para lo que deberá presentar, junto con la solicitud, una memoria del proyecto con al menos el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
2.-El órgano ambiental elevará consultas, en el plazo de diez días, a las Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la protección del medio ambiente y a las entidades locales afectadas por la ejecución del proyecto, pudiendo ampliarlas a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, previsiblemente afectadas por el proyecto, para que se pronuncien sobre esos extremos en el plazo máximo de treinta días.
3.-En el plazo máximo de treinta días desde que reciba las contestaciones a las consultas efectuadas o desde que haya transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior para su emisión sin haber recibido aquellas, el órgano ambiental se pronunciará y notificará al promotor el resultado de las mismas, que deberá ser tenido en cuenta para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que el órgano ambiental haya realizado la citada notificación, el promotor podrá proceder a elaborar el estudio de impacto ambiental.
4.-No será de aplicación lo previsto en el presente artículo en los supuestos en que los proyectos hayan sido objeto de un estudio caso por caso, en los que se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 26.
Artículo 29.-Inicio del procedimiento.
1.-El promotor deberá remitir al órgano sustantivo competente para la aprobación del proyecto la documentación completa del mismo y el estudio de impacto ambiental.
2.-En el caso de promotores públicos, el estudio de impacto ambiental del proyecto, la documentación a que se refiere el apartado anterior y, en su caso, el resultado del trámite de información pública previsto en el procedimiento de autorización o aprobación del proyecto se presentarán directamente ante el órgano ambiental.
Artículo 30. Información pública.
1.-El estudio de impacto ambiental será sometido, junto con el proyecto, al trámite de información pública en el marco del propio procedimiento de aprobación del proyecto si en el mismo estuviese prevista la información pública. Finalizado dicho trámite, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental, en el plazo de quince días, el expediente completo, incluido el resultado de la información pública.
2.-Cuando en el procedimiento sustantivo no se hubiera previsto un trámite de información pública, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el estudio de impacto ambiental y el resto de la documentación que conforme el expediente en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud, sometiéndose por el órgano ambiental al trámite de información pública mediante anuncio, a cargo del promotor, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en medios de comunicación autonómicos, comarcales o locales por un periodo de treinta días.
3.-En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, recibido el estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, este recabará los informes que, en cada caso, estime oportunos. En todo caso, el órgano ambiental deberá consultar a las entidades locales que puedan verse afectadas por el proyecto y recabará los informes que, según la normativa sectorial ambiental, sean preceptivos y deban emitir los órganos o entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo para la emisión de estos informes será el establecido en su normativa sectorial o, en su defecto, el de treinta días.
Artículo 31.-Declaración de impacto ambiental.
1.-Una vez finalizada la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental emitirá la declaración de impacto ambiental, teniendo en cuenta el contenido del estudio de impacto ambiental, las alegaciones recibidas en el periodo de información pública y el resto de la documentación obrante en el expediente.
2.-La declaración de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad, los principales motivos en los que se ha basado la decisión y, en caso favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
3.-El plazo máximo para la emisión de la declaración de impacto ambiental será de cuatro meses, contados desde la recepción por el órgano ambiental del estudio de impacto ambiental y del resto de documentación a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, cuando el trámite de información pública lo haya llevado a cabo el órgano sustantivo, o desde la finalización del trámite de información pública, cuando este trámite lo haya llevado a cabo el órgano ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido la declaración de impacto ambiental, esta se entenderá emitida en sentido desfavorable.
4.-La declaración de impacto ambiental se remitirá al promotor del proyecto y al órgano sustantivo para que sea incluida en el contenido de la resolución administrativa que autorice o apruebe el proyecto o actividad y será publicada por el órgano ambiental en el «Boletín Oficial de Aragón».
5.-En el caso de proyectos englobados dentro de planes o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación ambiental previsto en esta Ley, la declaración de impacto ambiental no podrá entrar en contradicción con el condicionamiento establecido en la memoria ambiental, salvo que se produjesen cambios significativos debidamente justificados en las condiciones ambientales del medio que pudiera verse afectado por la ejecución del proyecto o actividad.
6.-La resolución administrativa que autorice o apruebe el proyecto o actividad se hará pública por el órgano sustantivo, incluyendo, al menos; el siguiente contenido:
a) Decisión adoptada y condiciones impuestas.
b) Las principales razones y consideraciones en las que se basa la decisión en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental.
c) Una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos.
7.-La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados miembros que hayan sido consultados según el artículo 8 de la presente Ley.
Artículo 32. Efectos de la declaración de impacto ambiental.
1.-Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental según lo establecido en esta Ley no podrán autorizarse o ejecutarse sin haberse formulado la correspondiente declaración de impacto ambiental.
2.-En caso de discrepancia sobre el contenido de la declaración de impacto ambiental entre los órganos sustantivo y ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma, resolverá el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el resto de los supuestos no cabrá trámite de discrepancias, y la declaración de impacto ambiental tendrá carácter vinculante.
3.-Transcurridos dos años desde la emisión de la declaración de impacto ambiental sin haberse iniciado la ejecución del proyecto, y en el caso de que el promotor quiera llevarlo a cabo, deberá comunicarlo al órgano ambiental para que en el plazo de dos meses valore la necesidad de establecer nuevas medidas correctoras o en su caso, iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si las circunstancias del medio hubieran variado significativamente.
4.-El promotor tendrá la obligación de comunicar al departamento competente en materia de medio ambiente, con un plazo mínimo de un mes, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.
Artículo 33. Seguimiento y vigilancia.
Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente recabar la información necesaria del órgano sustantivo para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, así como efectuar las comprobaciones precisas para verificar el cumplimiento en la ejecución del condicionado ambiental, sin perjuicio de las que sean propias del órgano sustantivo.
CAPITULO III
Disposiciones comunes
Artículo 34.-Tramitación urgente de los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
1.-En casos excepcionales, cuando lo requiera la naturaleza del proyecto o del plan o programa a evaluar y así sea considerado por el Gobierno de Aragón mediante un informe razonado en el que explique la excepcionalidad del caso, tanto en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas como en la evaluación de impacto ambiental de proyectos se podrá acordar la tramitación de los mismos por el procedimiento de urgencia, en cuyo caso se reducirán los plazos de los distintos trámites, excepto los de información pública, a la mitad.
2.-La tramitación del procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental por el procedimiento de urgencia requerirá acuerdo del Gobierno de Aragón.
Artículo 35. De los redactores de los estudios de impacto ambiental y de los informes de sostenibilidad ambiental.
1.-Los estudios de impacto ambiental y los informes de sostenibilidad ambiental previstos en esta Ley deberán ser realizados por redactores que posean la titulación universitaria adecuada, capacidad y experiencia suficientes. Reglamentariamente se establecerán los criterios de acreditación de la capacidad y experiencia suficientes.
2.-Los redactores de los estudios de impacto ambiental y de los informes de sostenibilidad ambiental previstos en esta Ley son responsables solidarios, junto a los promotores de los mismos, del contenido y fiabilidad de los datos de dichos estudios, quedando exonerados los primeros de dicha responsabilidad en los casos en que los datos hayan sido proporcionados erróneamente por el promotor o resulten de la información recibida por las Administraciones públicas, siempre que se acredite fehacientemente el contenido de esta.
TITULO III
Evaluación ambiental
en zonas ambientalmente sensibles
Artículo 36.-Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles.
1.-Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental previsto en el presente Título los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que tengan incidencia en las zonas ambientalmente sensibles previstas en el Anexo V y que no se encuentren sometidos ni al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni al de calificación ambiental regulados en esta Ley.
2.-A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá que un proyecto tiene incidencia en una zona ambientalmente sensible siempre que se dé alguna de las siguientes condiciones:
a) Pueda afectar de forma apreciable a las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, sin tener relación directa con la gestión o conservación del lugar o sin ser necesario para la misma.
b) Se desarrolle en un espacio natural protegido o en su zona periférica de protección, así como en el ámbito territorial de un plan de ordenación de los recursos naturales, y requiera un informe preceptivo o autorización de contenido ambiental en virtud de lo establecido en sus normas de declaración o instrumentos de planificación.
c) Se desarrolle en el ámbito de aplicación de los planes previstos en la normativa reguladora de conservación de especies amenazadas y requiera informe preceptivo o autorización de contenido ambiental de conformidad con dichos planes.
d) Se desarrolle y pueda afectar de forma apreciable a los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar o a reservas de la biosfera.
3.—Quedan exceptuadas del procedimiento de evaluación ambiental regulado en este Título las actuaciones desarrolladas por el departamento competente en materia de medio ambiente o los organismos públicos de él dependientes cuando, en el ejercicio de la propia competencia, tengan relación directa con la gestión o conservación de las zonas ambientalmente sensibles o sean necesarias para la misma.
Artículo 37.—Organo ambiental competente.
Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos que tengan incidencia en zonas ambientalmente sensibles.
Artículo 38.—Procedimiento.
La evaluación ambiental de los proyectos a que se refiere el artículo 36, a efectos de comprobar la adecuación del proyecto, actividad o instalación pretendida a los fines de protección de la zona en que se pretenda ubicar, se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:
a) Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones sujetos a la obtención de autorización o licencia administrativa previa, el órgano sustantivo deberá solicitar, con carácter previo a su otorgamiento, el informe del órgano ambiental competente, para lo que deberá remitir al mismo, junto a su petición razonada, el expediente administrativo completo. El informe, que será vinculante a los solos efectos medioambientales cuando sea desfavorable o imponga medidas correctoras y/o compensatorias, deberá evacuarse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de recepción del expediente, entendiéndose en todo caso desfavorable de no evacuarse en dicho plazo.
b) Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones no sujetos a la obtención de autorización o licencia administrativa previa, corresponderá al órgano ambiental competente la autorización del proyecto, actividad o instalación. Para ello, el promotor deberá acompañar a la solicitud de autorización una memoria resumen que contenga una descripción básica del proyecto, la actividad a desarrollar y las características de la instalación y que defina los posibles impactos negativos del mismo sobre el medio ambiente. El plazo máximo para resol-ver y notificar al interesado esta autorización será de tres meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud presentada.
Artículo 39.-Seguimiento y vigilancia.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano sustantivo, corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe autorización a que se refiere el artículo anterior.
TITULO IV
Autorización ambiental integrada
CAPITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 40.—Instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada.
Se someten al régimen de autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones de titularidad pública o privada donde se desarrolle alguna de las actividades industriales contenidas en el Anexo VI de la presente Ley, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
Artículo 41. Modificación de la instalación.
1.-La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
2.-A fin de calificar la modificación de una instalación como sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, en los siguientes aspectos:
a) El tamaño y producción de M. instalación.
b) Los recursos naturales utilizados por la misma.
c) Su consumo de agua y energía.
d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
f) El grado de contaminación producido.
g) El riesgo de accidente.
h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
3.—Se considera, en todo caso, que se produce una modificación sustancial cuando los cambios que se pretendan introducir impliquen, por sí mismos, el cumplimiento de alguno de los umbrales establecidos en el Anexo VI de la presente Ley.
4.—El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en los apartados anteriores, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.
5.—Cuando el titular de la instalación considere que la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a cabo, siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no le notifique lo contrario en el plazo de un mes.
6.—Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada como sustancial, aquella no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental integrada.
Artículo 42.—Objeto de la autorización ambiental integrada.
1.—La autorización ambiental integrada tiene como finalidad integrar en una única resolución del órgano ambiental de la Administración autonómica las siguientes actuaciones:
a) Las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos para la implantación y puesta en marcha de las instalaciones en materia de:
—producción y gestión de residuos;
—suelos contaminados;
—vertidos al dominio público hidráulico;
—vertidos al sistema integral de saneamiento;
—contaminación acústica y atmosférica, incluidas las determinaciones referentes a compuestos orgánicos volátiles, así como, en su caso, la autorización de emisión de gases de efecto invernadero para aquellas instalaciones que la precisen de acuerdo con la normativa reguladora del régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero.
b) La autorización especial para construcciones o instalaciones a implantar en suelo no urbanizable prevista en la legislación urbanística cuando aquella sea exigible.
c) La declaración de impacto ambiental.
2.-El otorgamiento de la autorización ambiental integrada, así como la modificación a que se refiere el artículo 57, precederán, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias; entre otras, las autorizaciones sustantivas de las industrias señaladas en el párrafo e) del artículo 4.
3.-La autorización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la legislación de aguas y demás normativa que resulte de aplicación.
Se exceptúan de lo establecido en este apartado las autorizaciones de vertidos a las aguas continentales, que se incluyen en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con esta Ley.
CAPITULO II
Procedimiento
Artículo 43.-Organo ambiental competente.
Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada.
Artículo 44.-Consultas previas.
1.-Con carácter previo a la presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada, el titular de una instalación donde se desarrollen alguna o parte de las actividades comprendidas en el Anexo VI de la presente Ley podrá solicitar al órgano ambiental competente información sobre el procedimiento de autorización ambiental integrada, acompañando dicha petición de una memoria resumen que recoja las características básicas del proyecto de instalación.
2.-El órgano ambiental podrá elevar consultas, en el plazo de diez días, a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuyas competencias pudieran verse afectadas para que, en el plazo máximo de treinta días, remitan la información que, a su juicio, puede resultar de interés para la preparación de la solicitud por parte del titular de la instalación.
3.-El órgano ambiental, en el plazo máximo de treinta días desde que reciba las contestaciones a las consultas efectuadas o desde que haya transcurrido el plazo previsto a tal fin, se pronunciará y notificará al promotor el resultado de las mis-mas, que deberá ser tenido en cuenta para la formulación de la solicitud de autorización ambiental integrada, sin perjuicio del derecho del titular de la instalación a presentarla solicitud que da inicio al procedimiento a falta de notificación en plazo.
Artículo 45. Informe de compatibilidad urbanística.
1.-Previamente a la solicitud de la autorización ambiental integrada, el titular de la instalación deberá solicitar del ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar la misma la expedición de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico teniendo en cuenta siguientes aspectos:
a) La clasificación urbanística del suelo.
b) El planeamiento al que está sujeta la finca, así como su localización y su grado de urbanización.
c) Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de carácter estrictamente urbanístico.
d) Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que pudieran afectar a la ubicación de la instalación.
e) Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación urbanística para las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos.
2.-El informe de compatibilidad urbanística será expedido por el ayuntamiento en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la fecha de solicitud, y deberá determinar el periodo de validez del mismo, si procede, y la compatibilidad o no de la instalación proyectada con la normativa y el planeamiento municipal.
3.-En el supuesto de que no se expida el informe en el plazo indicado en el apartado anterior, el titular presentará, junto con la solicitud de autorización ambiental integrada, copia de la solicitud del mismo.
4.-En el caso de que el informe emitido por el ayuntamiento sea negativo, el órgano ambiental competente dictará resolución motivada poniendo final procedimiento y archivará las actuaciones, siempre y cuando, con independencia del momento en que haya sido emitido, el informe haya sido recibido por el citado órgano con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
5.-El informe urbanístico a que se refiere el presente artículo es independiente de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación y, en consecuencia, no prejuzga la actuación del órgano municipal competente respecto de las citadas autorizaciones o licencias.
Artículo 46.-Contenido de la solicitud.
1.-La solicitud de autorización ambiental integrada deberá dirigirse al órgano ambiental competente acompañando la siguiente documentación e información:
a) Proyecto básico, que deberá ir firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que incluya, al menos, el contenido y los aspectos recogidos en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. El contenido del mismo se ajustará a la normativa e instrucciones técnicas vigentes para el tipo de actividad que se trate.
b) El informe de compatibilidad urbanística favorable al que se refiere el artículo anterior o copia de la solicitud del informe en caso de que este no se haya emitido en plazo.
c) Estudio de impacto ambiental, excepto para las instalaciones en funcionamiento a la entrada en vigor de esta Ley.
d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales. Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias, esta documentación será inmediatamente remitida al organismo de cuenca para que manifieste si es preciso requerir al solicitante que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
e) En su caso, la documentación e información exigida de conformidad con la normativa reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
f) En su caso, el informe preliminar de situación exigido por la normativa reguladora de suelos contaminados.
g) En su caso, la información requerida de acuerdo con la normativa urbanística que resulte de aplicación.
h) Identificación de los responsables técnicos de la ejecución del proyecto, debidamente aceptada con su firma.
i) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
j) Un resumen no técnico del proyecto formulado de forma comprensible para los administrados.
k) Un breve resumen de las principales alternativas estudia-das por el solicitante, si las hubiere.
1) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable, incluida, en su caso, la referida a fianzas y seguros obligatorios que sean exigibles de conformidad con la referida legislación sectorial.
m) Las ordenanzas del ayuntamiento en cuyo territorio vaya a ubicarse que resulten de aplicación.
n) Cualquier otra documentación e información que se determine en la normativa aplicable o de desarrollo de la presente Ley.
2.—En los supuestos de modificación sustancial de una instalación ya autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a la parte o partes de la misma afectadas por la referida modificación.
Artículo 47.—Tramitación.
1.—Una vez recibida la documentación de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, el órgano ambiental competente someterá el expediente a información pública mediante anuncio, a cargo del promotor, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en medios de comunicación autonómicos, comarcales o locales.
2.—El trámite de información pública tendrá una duración no inferior a treinta días y será común para la evaluación de impacto ambiental y para aquellos procedimientos cuyas resoluciones se integran en la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los procedimientos de las autorizaciones sustantivas que precise la instalación.
3.—De forma simultánea al trámite de información pública, el órgano ambiental solicitará del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación que la apertura del trámite de información pública sea notificada personalmente a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto a los efectos de que puedan alegar lo que estimen oportuno. Dicha notificación indicará, al menos, el lugar en el que tendrán a su disposición el expediente relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada para consulta y formulación de las alegaciones que se consideren pertinentes.
4.—Se exceptuarán de la información pública los datos de la solicitud y la documentación presentada que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente.
5.—El órgano ambiental competente remitirá copia del expediente, junto con las alegaciones y observaciones recibidas, a la Comunidad Autónoma que pudiera verse afectada por los efectos de la instalación al objeto de que emitan los informes oportunos.
6.—Una vez concluido el periodo de información pública, el órgano ambiental competente remitirá copia del expediente, junto con las alegaciones y observaciones recibidas, a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que deban pronunciarse sobre materias de su competencia para que informen sobre dichas materias dentro de los plazos fijados por la presente Ley y, en su caso, en los fijados en la normativa sectorial que resulte de aplicación.
7.—El ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación; una vez recibida la documentación a la que se refiere el apartado anterior, emitirá, en el plazo de treinta días desde la recepción del expediente, un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. Dicho informe será vinculante exclusivamente en los extremos relativos a la competencia municipal.
8.—De no emitirse el informe en el plazo señalado, el órgano ambiental requerirá al ayuntamiento para que lo emita en un plazo máximo de quince días. Transcurrido el plazo sin recibirse el citado informe, proseguirán las actuaciones y se podrá otorgar la autorización ambiental integrada estableciendo en la misma las condiciones y medidas correctoras que resulten procedentes de conformidad con la legislación sectorial aplicable y las ordenanzas del ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación. No obstante, el informe emitido fuera de plazo, pero recibido antes de dictar resolución, deberá ser valorado por el órgano ambiental.
9.—Cuando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio deba pronunciarse sobre la autorización para la construcción en suelo no urbanizable prevista en la normativa urbanística, el informe deberá emitirse en el plazo de dos meses a contar desde la recepción del expediente. En caso de no emitirse el informe en el plazo señalado, el órgano ambiental competente requerirá a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio para que lo emita con carácter urgente en el plazo de quince días. De no emitirse el informe en este plazo, el mismo se entenderá favorable y proseguirán las actuaciones. En caso de ser negativo dicho informe, el órgano ambiental dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.
10.—En los supuestos en que la instalación sometida a autorización ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas intercomunitarias, concluido el trámite de información pública, se solicitará del organismo de cuenca competente la emisión del informe sobre la admisibilidad del vertido contemplado en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, acompañando copia del expediente y de las alegaciones y observaciones recibidas en el trámite de información pública.
11.—El informe del organismo de cuenca tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de seis meses desde la recepción del expediente. En caso de no emitirse dicho informe en el plazo señalado, el órgano ambiental requerirá al organismo de cuenca para que lo emita con carácter urgente en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el plazo previsto sin recibirse el citado informe, proseguirán las actuaciones y se podrá otorgar la autorización ambiental integrada, estableciendo el órgano ambiental, en la misma, las características del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable.
No obstante, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización ambiental integrada deberá ser tenido en consideración por el órgano ambiental.
Si el informe vinculante regulado en este artículo considerase que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano ambiental dictará resolución motivada denegando la autorización.
12.—El órgano ambiental, una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, elaborará una propuesta de resolución que, ajustada al contenido establecido en el artículo 51 de esta Ley, incorporará las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos, tras un trámite de audiencia a los interesados.
13.—Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se hubiesen realizado alegaciones sobre cuestiones que hubieran sido objeto de los informes vinculantes emitidos, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los órganos competentes para emitir informes vinculantes en trámites anteriores para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten lo que estimen conveniente, que igualmente tendrá carácter vinculante en los aspectos referidos a materias de su competencia.
Artículo 48.—Integración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
1.—Cuando corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la formulación de la declaración de impacto ambiental, el procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada integrará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, salvo en lo referente al trámite de discrepancias.
2.—A tal efecto, en caso de que la instalación precise de autorización sustantiva, el órgano ambiental competente remitirá la propuesta de resolución de la autorización ambiental integrada a la Administración competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva para que, en el plazo de quince días, realice las alegaciones u observaciones que tenga por convenientes sobre el contenido de la declaración de impacto ambiental.
3.—En caso de discrepancias entre los órganos sustantivo y ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma, resolverá el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 49.—Resolución.
1.-El órgano ambiental competente para otorgar la autorización ambiental integrada dictará resolución motivada otorgándola o denegándola en un plazo máximo de diez meses.
2.-Transcurrido el plazo de diez meses sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
3.-En los supuestos de modificación sustancial de una instalación ya autorizada, el órgano ambiental competente otorgará una nueva autorización ambiental integrada que sustituirá a la anterior, refundiendo las condiciones impuestas originariamente para el ejercicio de la actividad y aquellas que, en su caso, se impongan como consecuencia de la modificación sustancial de la instalación.
4.-La resolución deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, al municipio en que se ubique la instalación y a los órganos que hubieran emitido informes vinculantes y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 50.-Motivación.
La resolución sobre la autorización ambiental integrada deberá ser motivada e incluirá, entre otros aspectos, información sobre las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y sobre la valoración que las mismas han merecido a la hora de dictar la correspondiente resolución.
Artículo 51.—Contenido de la autorización ambiental integrada.
1.-La autorización ambiental integrada tendrá el contenido siguiente:
a) La declaración de impacto ambiental.
b) Los valores límite de emisión de contaminantes basados en las mejores técnicas disponibles y, en su caso, los parámetros o medidas técnicas equivalentes que los sustituyen, según la naturaleza y características de la instalación, su ubicación geográfica, la naturaleza de las emisiones y las condiciones locales relacionadas con el medio ambiente.
En el caso de instalaciones sujetas a la normativa reguladora del régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero, la autorización ambiental integrada no incluirá valores limite de emisión de gases de efecto invernadero para las emisiones directas de tales gases, a menos que sea necesario para garantizar que no se provoque contaminación local significativa. Igualmente, en tales supuestos, en la autorización ambiental integrada no se impondrán requisitos relativos a la eficiencia energética respecto de las unidades de combustión o de otro tipo que emitan dióxido de carbono en el emplazamiento.
Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a las instalaciones excluidas temporalmente del régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero.
c) Las medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los valores límite de emisión, la protección del suelo, del agua y de la atmósfera, así como los procedimientos de gestión de residuos.
d) Las prescripciones y procedimientos relativos a la producción y gestión de residuos cuando proceda.
e) En su caso, las características del vertido a las aguas continentales o al sistema integral de saneamiento, así como las medidas correctoras requeridas.
f) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación del régimen de explotación y la metodología de medición, la frecuencia, el procedimiento de evaluación de las mediciones y la obligación de comunicar, con la periodicidad que se determine, al órgano ambiental los datos necesarios para comprobar el contenido de la autorización.
g) El establecimiento, en caso de que proceda, de condiciones y prescripciones para minimizar la contaminación a larga distancia o transfronteriza.
h) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o el cierre definitivo.
i) Las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y las demás que se consideren pertinentes.
j) El plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.
k) En su caso, las condiciones de protección de los valores o causas que hayan motivado la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable especial o como zona ambientalmente sensible.
1) Cualquier otra medida o condición que, de acuerdo con la legislación vigente, sea adecuada para la protección del medio ambiente, en su conjunto, afectado por la instalación.
2.—Cuando, para el cumplimiento de los requisitos de calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación aplicable, sea necesaria la aplicación de condiciones más rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la aplicación dé condiciones complementarias, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para respetar las normas de calidad medioambiental. Asimismo podrá incluir las medidas de autocontrol que deba adoptar el titular a los efectos de controlar la incidencia de la instalación en el medio ambiente.
3.—La autorización ambiental integrada podrá incluir excepciones temporales de los valores límite de emisión aplicables cuando el titular de la instalación proponga alguna de las siguientes medidas, que deberán ser aprobadas por la Administración e incluirse en la autorización ambiental integrada, formando parte de su contenido:
a) Un plan de rehabilitación que garantice el cumplimiento de los valores límite de emisión en el plazo máximo de seis meses.
b) Un proyecto que implique una reducción de la contaminación.
Para poder otorgar la excepción temporal, el órgano ambiental competente deberá analizar si las condiciones del medio receptor lo permiten sin alterar gravemente su calidad. La evaluación de las medidas propuestas y su viabilidad se llevará a cabo junto con la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
4.—Para las instalaciones en las que se desarrollen algunas de las categorías de actividades incluidas en el epígrafe 9.3 del Anexo VI de la presente Ley, el órgano ambiental competente deberá tener en cuenta, a la hora de fijar las prescripciones sobre gestión y control de los residuos en la autorización ambiental integrada, las consideraciones prácticas específicas de dichas actividades, teniendo en cuenta los costes y las ventajas de las medidas que se vayan a adoptar.
Artículo 52.—Impugnación.
1.—Los interesados podrán oponerse a los informes vinculantes emitidos en el procedimiento regulado en esta Ley mediante la impugnación de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, para los casos en que los citados informes vinculantes impidiesen el otorgamiento de dicha autorización.
2.-Cuando la impugnación en vía administrativa de la resolución que ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada afecte a las condiciones establecidas en los informes vinculantes, se dará traslado del recurso a los órganos que los hubiesen emitido, con el fin de que estos, si lo estiman oportuno, presenten alegaciones en el plazo de quince días. De emitirse en plazo, las citadas alegaciones serán vinculantes para la resolución del recurso.
CAPITULO III
Coordinación con otros mecanismos
de intervención ambiental
Artículo 53.-Coordinación con el régimen aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental cuando corresponda a la Administración del Estado.
1.--Cuando corresponda al órgano ambiental de la Administración General del Estado la formulación de la declaración de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y su normativa de desarrollo, no podrá otorgarse la autorización ambiental integrada sin que previa-mente se haya dictado dicha declaración.
2.-A estos efectos, el órgano ambiental estatal, tan pronto como haya formulado la declaración de impacto ambiental o tras la resolución por el Consejo de Ministros de discrepancias con el órgano competente para conceder la autorización sustantiva, remitirá una copia de la misma al órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, que deberá incorporar su condicionado al contenido de la autorización.
Artículo 54.-Coordinación con el régimen de la licencia ambiental de actividades clasificadas.
1.-El procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas, evacuándose en tal caso el informe municipal previo, preceptivo y vinculante, sobre la adecuación de la instalación a tal fin.
2.-En su caso, la autorización ambiental integrada será vinculante asimismo para la autoridad municipal cuando implique la denegación de la licencia o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales que integran su contenido conforme a la presente Ley y a la legislación básica estatal.
CAPITULO IV
Otras disposiciones
Artículo 55.-Obligación de informar.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá informar al órgano ambiental de cualquier cambio relativo a las condiciones de autorización, a las características o al funcionamiento de la instalación que pueda alterar las condiciones de la autorización otorgada.
Artículo 56. Renovación de la autorización ambiental integrada.
1.-La autorización ambiental integrada se otorgará por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.
2.-Con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada, su titular solicitará su renovación de acuerdo con el procedimiento simplificado que se establezca reglamentariamente.
3.—Si, vencido el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgarla no hubiera dictado resolución expresa sobre la solicitud de renovación a que se refiere el apartado anterior, esta se entenderá estimada y, consecuentemente, renovada la autorización en las mismas condiciones.
Artículo 57.-Modificación de oficio de la autorización ambiental integrada.
1.-En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Si la contaminación producida por la instalación hace conveniente la revisión de los valores limite de emisión o de cualesquiera otras condiciones, determinados en la autorización, o la inclusión de nuevos valores.
b) Si se produce una variación importante del medio receptor con respecto a las condiciones que presentaba en el momento del otorgamiento de la autorización.
c) Si la aparición de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles, validadas por la Unión Europea, permite reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos.
d) Si la seguridad de funcionamiento del proceso o la instalación hace necesario utilizar otras técnicas.
e) Cuando el organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión o modificación de la autorización en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización a fin de que inicie el procedimiento de modificación en un plazo máximo de veinte días.
f) Si así lo exigiera la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación.
2.-Los supuestos de modificación establecidos en el apartado anterior no generan derecho alguno a indemnización para el titular de la instalación.
3.-El procedimiento para la modificación de oficio regulada en este artículo se iniciará mediante una resolución del órgano ambiental competente, dictada por propia iniciativa o a requerimiento del organismo de cuenca en el supuesto previsto en la letra e) del apartado primero, en la que se especificarán y motivarán los aspectos que se pretenden revisar en la autorización ambiental integrada.
Esta resolución se notificará al titular de la autorización ambiental integrada indicando, en su caso, la documentación que se deberá aportar para llevar a cabo la revisión.
4.-La resolución mediante la que se modifique la autorización ambiental integrada se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 58.-Transmisión de la titularidad de la autorización ambiental integrada.
1.-Cuando se transmita la titularidad de la autorización ambiental integrada, será precisa la previa comunicación de dicha transmisión al órgano ambiental por los sujetos que intervengan en la transmisión.
2.-Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y obligaciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación previstas en esta Ley.
3.-Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular.
Artículo 59.-Caducidad de la autorización ambiental integrada.
1.-Las autorizaciones ambientales integradas caducarán en los plazos y supuestos siguientes:
a) Cuando la actividad no comience a ejercerse en el plazo de dos años a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización, siempre que en esta no se fije un plazo superior.
b) Cuando la instalación se paralice por plazo superior a dos años, excepto en casos de fuerza mayor.
2.—No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por causas justificadas, el titular de la instalación podrá solicitar del órgano competente una prórroga de los plazos anteriormente señalados.
TITULO V
Licencia ambiental de actividades clasificadas
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 60. Actividades sometidas a licencia ambiental.
1.—Se someten al régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las actividades clasificadas de titularidad pública o privada.
2.—Son actividades clasificadas las que merezcan la consideración de molestas, insalubres, nocivas para el medio ambiente y peligrosas con arreglo a las siguientes definiciones:
a) Molestas: las que constituyan una perturbación por los ruidos o vibraciones o que produzcan manifiesta incomodidad por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.
b) Insalubres: las que den lugar a desprendimientos o evacuación de sustancias o productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.
c) Nocivas para el medio ambiente: las que sean susceptibles de causar daños a la biodiversidad, la fauna, la flora, la tierra, el agua o el aire o supongan un consumo ineficiente de los recursos naturales.
d) Peligrosas: las que tengan por objeto fabricar, manipular, transportar, expender, almacenar o eliminar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga naturaleza para las personas o los bienes con arreglo a la legislación vigente.
3.-En todo caso se excluirán del sometimiento a la licencia ambiental de actividades clasificadas los siguientes supuestos:
a) Aquellas actividades que estén sujetas al otorgamiento de autorización ambiental integrada.
b) Aquellas actividades que, según lo dispuesto en esta Ley, no tengan la consideración de clasificadas y, en todo caso, las enumeradas en el Anexo VII, que estarán sujetas a la licencia municipal de apertura prevista en la legislación de régimen local.
4.—No se someterán a la calificación ambiental regulada en este Título las actividades que estén sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 61.—Finalidad.
La licencia ambiental de actividades clasificadas tiene como finalidad:
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones contaminantes al aire, agua y al suelo que pueden producir las correspondientes actividades que son susceptibles de afectar al medio ambiente.
b) Comprobar, en el marco de las competencias municipales, la adecuación de la actividad a las ordenanzas municipales, a la legalidad urbanística, a la normativa de seguridad, sanitaria, ambiental y aquellas otras que resulten exigibles.
Artículo 62. Modificación sustancial de actividades.
1.—A fin de calificar la modificación de una actividad como sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente en los siguientes aspectos:
a) El tamaño y producción de la instalación en que se desarrolla la actividad.
b) Los recursos naturales utilizados por la misma. Su consumo de agua y energía.
c) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
d) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
e) El grado de contaminación producido.
f) El riesgo de accidente.
g) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
2.—El titular de una actividad que pretenda llevar a cabo una modificación de la misma en su ejercicio deberá comunicarlo al ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación en la que desarrolla la actividad, mediante una comunicación razonada y documentada a tal fin, indicando si considera que tiene carácter sustancial o no.
3.—Si el ayuntamiento no manifiesta en el plazo de un mes desde la fecha en la que se le comunicó dicha voluntad su criterio contrario a la calificación como no sustancial de la modificación pretendida, el titular podrá ejecutarla o realizarla directamente.
4.—Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el ayuntamiento como sustancial, esta no podrá llevarse a cabo, en tanto no sea otorgada una nueva licencia ambiental de actividades clasificadas.
CAPITULO II
Procedimiento
Artículo 63.—Organo competente.
Será competente para el otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas el alcalde del ayuntamiento en cuyo término municipal vaya a desarrollarse la actividad.
Artículo 64.—Solicitud.
1.—Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una actividad clasificada o la modificación sustancial de la que venía realizando como tal, deberá solicitar la licencia ambiental de actividades clasificadas con carácter previo ante el ayuntamiento correspondiente al término municipal en que se ubique la instalación en la que se va a desenvolver o se desenvuelve su actividad.
2.—A la solicitud deberá acompañarse la documentación establecida reglamentariamente, y, como mínimo, la siguiente:
a) Proyecto técnico completo redactado por técnico competente en la materia y visado por el colegio oficial correspondiente.
b) Memoria descriptiva de la actividad, que contendrá como mínimo los aspectos relativos al emplazamiento de la actividad y su repercusión en el medio ambiente, en especial la descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, emisiones contaminantes en todas sus formas, incluidos ruidos y vibraciones, la gestión prevista para ellos, riesgo de incendios y otros de la actividad, el estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de autocontrol previstas, así como las técnicas de restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área restaurada, en los casos de desmantelamiento de las instalaciones y cese de la actividad.
c) Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable a la actividad, de la normativa de seguridad y salud y, en su caso, de las ordenanzas municipales que resulten de aplicación.
d) Declaración de los datos que a juicio del solicitante gozan de confidencialidad amparada en la normativa vigente.
e) Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actuación desde el punto de vista ambiental.
3.—Si la actividad estuviera, asimismo, sometida a procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la forma y supuestos previstos en la presente ley, a la solicitud se acompañará un estudio de impacto ambiental en lugar de la memoria descriptiva o, en su caso, la correspondiente declaración de impacto ambiental si esta se hubiera formulado ya por el órgano ambiental competente.
4.—En los supuestos de modificación sustancial de una actividad ya autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a la parte o partes de la misma afectadas por la referida modificación.
Artículo 65.—Procedimiento.
1.—Una vez recibida la documentación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el alcalde, previo informe de los servicios municipales de urbanismo, denegará el otorgamiento de la licencia en el caso de que la actividad sea contraria al ordenamiento jurídico y, en particular, no sea compatible con los instrumentos de planificación urbanística y/o las ordenanzas municipales.
2.—De no concurrir los motivos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, pueden dar lugar a la denegación de la licencia, el expediente se someterá a información pública por un periodo de quince días mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento. La apertura del trámite de información pública se notificará personalmente a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto, a los efectos de que puedan alegar lo que estimen oportuno. Se exceptuarán de la información pública los datos de la solicitud y la documentación que estén amparados por el régimen de confidencialidad. De igual forma se solicitarán los informes de los servicios del ayuntamiento que fueren necesarios de acuerdo con la naturaleza de la actividad.
3.—En los supuestos en que la actividad esté, asimismo, sujeta a evaluación de impacto ambiental, el expediente se someterá a información pública, conjuntamente con el estudio de impacto ambiental, por un periodo de treinta días.
4.—Finalizado el periodo de información pública, las alegaciones presentadas, junto con los informes emitidos, se unirán al expediente con informe razonado del ayuntamiento sobre el establecimiento de la actividad y se remitirá el expediente ala comarca correspondiente.
Artículo 66.—Calificación ambiental.
1.—Corresponde a la comarcas la calificación de las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas.
2.—Una vez recibido el expediente, la comarca recabará los informes que, en cada caso, estime oportunos y aquellos que según la normativa sectorial sean preceptivos y deban emitir los órganos, servicios o entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todo caso, se solicitará informe vinculante al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuando se trate de un proyecto que tenga incidencia en una zona ambientalmente sensible en los términos previstos en el artículo 36 de la presente Ley.
3.—A la vista de los antecedentes obrantes en el expediente y los informes recibidos, la comarca emitirá, con carácter previo a la resolución de la licencia ambiental de actividades clasificadas, y en el plazo de sesenta días desde la recepción del expediente, un informe de calificación sobre el proyecto de construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de la actividad.
4.—El informe de calificación será vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia o la imposición de medidas correctoras.
5.—Las comarcas podrán delegar en los ayuntamientos la competencia para calificar las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas con arreglo a lo previsto en la legislación de régimen local.
6.—Los ayuntamientos podrán solicitar la exención de calificación por las comarcas en los términos previstos en la legislación aplicable.
Artículo 67.—Resolución.
1.—El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la licencia ambiental de actividades clasificadas será de cuatro meses.
2.—Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse estimada la solicitud presentada, siempre que se haya emitido el informe de calificación de la actividad con carácter favorable.
Artículo 68.—Contenido de la licencia.
1.—La licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará las prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente, detallando, en su caso, los valores límite de emisión de contaminantes y las medidas preventivas de control y de garantía que sean procedentes, así como las prescripciones necesarias relativas a la prevención de incendios y a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, y de la ciudadanía en general.
2.—En el caso de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental.
3.—La licencia deberá establecer, asimismo, el plazo para el comienzo de la actividad, que, en todo caso, deberá respetar la normativa sectorial aplicable.
CAPITULO III
Modificación, transmisión
y extinción de la licencia
Artículo 69.—Modificación de la licencia.
La licencia ambiental de actividades clasificadas podrá ser modificada de oficio o a instancia de parte, sin que genere derecho a indemnización alguna cuando se persiga como fin la adaptación a las modificaciones de la normativa aplicable y al progreso técnico y científico.
Artículo 70.—Transmisión de la licencia.
1.—Cuando se transmita la titularidad de la licencia ambiental de actividades clasificadas, será precisa la previa comunicación de dicha transmisión al ayuntamiento por los sujetos que intervengan en la transmisión.
2.—Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y obligaciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación previstas en esta Ley.
3.—Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular.
Artículo 71.—Caducidad, anulación y revocación.
El régimen de caducidad, anulación y revocación de la licencia ambiental de actividades clasificadas será el previsto en la legislación de régimen local.
TITULO VI
Licencia de inicio de actividad
Artículo 72.—Solicitud.
1.—Con carácter previo al comienzo de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad.
2.—A tal efecto, el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique esta la solicitud de licencia de inicio de actividad acompañada de la documentación que acredite que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas. Dicha documentación deberá consistir en:
a) Un certificado del técnico director de la ejecución en el que se especifique la conformidad de la instalación o actividad a la autorización ambiental integrada o a la licencia ambiental de actividades clasificadas, o un certificado emitido por un organismo de control autorizado en el que se acredite el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas.
b) Acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabaja-dores, si los hubiera, o a sus representantes la solicitud de licencia de inicio de la actividad.
Artículo 73.—Acta de comprobación de las instalaciones.
1.—El ayuntamiento, una vez comprobada la idoneidad de la documentación presentada, y previa citación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competentes por razón de la materia, levantará acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, copia de la cual se remitirá a la comarca que hubiere calificado la actividad.
2.—En el supuesto de que la actividad se hubiera sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o, en su caso, de que las instalaciones en las que se desenvuelve hayan sido objeto de autorización ambiental integrada, el ayuntamiento, comprobada la idoneidad de la documentación que acompaña a la solicitud, la remitirá directamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para que, previo su examen, se practique por aquel el acta de comprobación conforme al proyecto aprobado y al condicionado de la autorización ambiental integrada o de la declaración de impacto ambiental, informando al ayuntamiento, y todo ello en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación por el órgano ambiental.
3.—El ayuntamiento quedará vinculado por el informe emitido por el órgano ambiental cuando se proponga la denegación de la licencia.
4.—De no emitirse informe por el órgano ambiental en dicho plazo, se entenderá en sentido favorable, prosiguiendo la tramitación del procedimiento.
5.—Cuando se estime que concurren deficiencias subsanables, el ayuntamiento concederá trámite para su subsanación al titular de las instalaciones, según el procedimiento previsto reglamentariamente.
Artículo 74.—Resolución.
1.—El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la licencia de inicio de actividad será de un mes contado desde la fecha de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de dos meses desde la fecha de su solicitud.
2.-Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse estimada la solicitud presentada.
Artículo 75.-Autorizaciones de suministros.
La obtención de la licencia de inicio de actividad será previa a la concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de suministro de agua potable de consumo público y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad. No obstante lo anterior, podrán concederse autorizaciones provisionales de enganche para la realización de las pruebas precisas para la comprobación del funcionamiento de la actividad.
TITULO VII
Régimen de inspección
Artículo 76.—Finalidad y objetivos de la inspección.
1.—La inspección de las actividades sometidas a intervención ambiental tiene por finalidad garantizar su adecuación a la legalidad ambiental y verificar el cumplimiento y la eficacia de las condiciones establecidas en los regímenes de intervención regulados en la presente Ley.
2.—En particular, la inspección de las actividades sometidas a intervención ambiental tiene los siguientes objetivos:
a) Comprobar que las actividades se realicen según las condiciones en que se hubiere autorizado o aprobado su realización, así como su adecuación a la legalidad ambiental.
b) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección de la contaminación, así como de las de protección ambiental que se hayan fijado en los distintos actos de control e intervención administrativa previa.
Artículo 77.—Competencias de inspección.
Sin perjuicio de las específicas funciones inspectoras atribuidas a otros órganos administrativos por razón de la legislación sectorial, la inspección de las instalaciones y actividades sometidas a la presente Ley corresponde:
a) Para las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, al departamento competente en materia de medio ambiente.
b) Para las instalaciones sometidas a la licencia ambiental de actividades clasificadas, al ayuntamiento en cuyo ámbito territorial estén ubicadas.
Artículo 78.—Planificación de las inspecciones.
1.—El departamento competente en materia de medio ambiente elaborará planes de inspección medioambiental con la finalidad de articular, programar y racionalizar las inspecciones medioambientales que se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.—Dichos planes serán aprobados por el consejero titular del departamento competente en materia de medio ambiente y vincularán al personal inspector que actúe en el ámbito del medio ambiente y en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 79.—Personal inspector de las actividades sometidas a intervención ambiental.
1.—El Departamento competente en materia de medio ambiente designará y acreditará al personal funcionario para realizar labores de verificación e inspección de las actividades e instalaciones sometidas a intervención ambiental de acuerdo con la presente Ley, que gozará, en el ejercicio de las funciones que le son propias, de la consideración de agente de la autoridad.
2.—Para el ejercicio de la función inspectora, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá contar con el concurso de personal externo o de organismos de control autorizados que cuenten con adecuada capacidad y cualificación técnica para la realización de las inspecciones, con arreglo a lo que se determine reglamentariamente.
Artículo 80.—Facultades del personal inspector.
1.-El personal inspector está facultado para recabar la exhibición de cualquier documentación ambiental obrante en poder de los titulares de actividades o instalaciones sometidas a los regímenes de intervención administrativa ambiental previstos en la presente Ley, así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las instalaciones donde se desarrollen las actividades sujetas ala presente Ley.
2.—Cuando para el ejercicio de sus funciones inspectoras fuera precisa la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, deberá solicitar la oportuna autorización judicial.
3.—Las actas e informes que el personal inspector extienda en el ejercicio de sus facultades tendrán naturaleza de documentos públicos y valor probatorio de los hechos que motiven su formalización, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados que desvirtúen los hechos que se han hecho constar en las mismas.
Artículo 81.-Sometimiento a la acción inspectora.
1.—Los titulares de actividades e instalaciones sometidas a la intervención ambiental regulada en la presente Ley deberán prestar la colaboración necesaria al personal inspector a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su misión.
2.—Los titulares de las actividades que proporcionen información a las distintas Administraciones públicas en relación con esta Ley, podrán invocar el carácter de confidencialidad de la misma en los aspectos relativos a los procesos industriales y a cualesquiera otros aspectos cuya confidencialidad esté prevista legalmente.
Artículo 82.—Publicidad.
Los resultados de las actuaciones de inspección deberán ponerse a disposición del público, garantizando de esta manera lo establecido en la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, y sin más limitaciones que las establecidas en la misma.
Artículo 83.—Denuncia de deficiencias en funcionamiento.
1.—Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el departamento competente en materia de medio ambiente, para las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, y el ayuntamiento para las sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas, requerirán al titular de la misma para que corrija las citadas deficiencias en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar, que no podrá ser superior a seis meses ni inferior a uno, salvo casos especiales debidamente justificados.
2.—Dicho requerimiento podrá llevar aparejada la suspensión cautelar de la actividad, previa audiencia al interesado, cuando exista un riesgo de daño o deterioro grave para el medio ambiente o un peligro grave para la seguridad o salud de las personas.
3.—Respecto a las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, los ayuntamientos tendrán la obligación de poner en conocimiento del departamento competente en materia de medio ambiente cualquier deficiencia o comportamiento anormal que observen o del que tengan noticia.
Artículo 84.-Deberes de comunicación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación, los promotores de proyectos y los titulares de una actividad o instalación sometida a control previo de la Administración ambiental competente deberán poner en su conocimiento inmediato cualquiera de los siguientes hechos:
a) El funcionamiento anormal de las instalaciones o de los sistemas de autocontrol, así como cualquier otra incidencia que pueda producir daños a la salud de las personas, a sus bienes o al medio ambiente.
b) La existencia de un accidente que pueda implicar riesgos, reales o potenciales, para la salud de las personas o para el medio ambiente, indicando expresamente las medidas adoptadas al respecto y facilitando a la Administración competente toda la información disponible para que esta tome las decisiones que considere pertinentes.
c) La interrupción voluntaria de la actividad por un plazo superior a seis meses, salvo para industrias de campaña, así como el cese definitivo de la misma.
d) La transmisión de la autorización o licencia de la actividad o instalación autorizada.
e) Cualquier otra circunstancia que se especifique en la propia autorización ambiental o en la licencia ambiental de actividades.
Artículo 85.—Suspensión de actividades.
1.—La Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán paralizar, con carácter cautelar, cualquier actividad sometida a intervención ambiental en fase de construcción o explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:
a) Inicio de la ejecución del proyecto, instalación o actividad sin contar con la preceptiva autorización ambiental integrada, licencia ambiental de actividades clasificadas, declaración de impacto ambiental o licencia de inicio de actividad.
b) Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de intervención ambiental.
c) El incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto o el desarrollo de la actividad.
d) Cuando existan razones fundadas de daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para las personas o bienes, en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo adoptar las medidas necesarias para comprobar o reducir riesgos.
2.—La suspensión de actividades se efectuará siempre previo requerimiento formal, bajo apercibimiento de suspensión y previo trámite de audiencia al interesado, salvo en los casos en que por razones de urgencia, atendiendo a la existencia de un peligro inminente para la seguridad o la salud humana o para el medio ambiente, se adopte de forma inmediata, sin requerimiento previo y sin audiencia.
3.—En cualquier caso, la resolución que así lo acuerde será motivada y fijará el plazo o las condiciones que deben concurrir para el alzamiento de la suspensión.
Artículo 86.—Ejecución subsidiaria de medidas correctoras.
1.—Cuando el titular de una actividad o instalación sometida a intervención ambiental, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar alguna medida correctora que le haya sido impuesta en virtud de la presente Ley, la Administración que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario a costa del responsable, pudiendo ser exigidos los gastos de la ejecución subsidiaria por la vía de apremio, con independencia de la sanción que, en su caso, pueda imponerse.
2.—No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.
TITULO VIII
Régimen sancionador
Artículo 87. Infracciones.
1.—Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial, constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en la presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
2.-La exigencia de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones administrativas lo será sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que tales hechos pudieran dar lugar.
3.—Las infracciones a la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 88. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental o con él caducado o suspendido, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
c) Iniciar la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental sin haber obtenido declaración de impacto ambiental favorable.
d) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse al procedimiento de evaluación ambiental de zonas ambientalmente sensibles previsto en el Título III de la presente Ley, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
e) Incumplir las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental o en el informe o en la autorización de evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles, así como las correspondientes medidas protectoras o correctoras, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
t) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
g) Incumplir las resoluciones de cierre o clausura de establecimientos, siempre que se haya producido un deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
h) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 98 de la presente Ley.
i) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el plan de restauración minera, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
j) Cualquier acción u omisión tipificada como infracción grave cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
k) La comisión de tres o más faltas graves en un periodo de dos años.
Artículo 89. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental o con él caducado o suspendido, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
c) Incumplir las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental o con el informe o la autorización de evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles, así como las correspondientes medidas protectoras y correctoras, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
d) Incumplir la obligación de recabar el pronunciamiento del órgano ambiental que se impone en los apartados 2 y 3 del artículo 24.
e) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse a evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles previsto en Título III de la presente Ley, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
f) Ocultar los datos, su falseamiento, manipulación o alteración maliciosa de la información exigida en los procedimientos regulados en esta Ley.
g) El incumplimiento, por parte de los promotores de los proyectos del Anexo III, de la obligación de suministrar la documentación a que se refiere el artículo 26 de la presente Ley.
h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y vigilancia de la Administración.
i) Ejercerla actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y registro, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad ola salud de las personas.
j) No someter la actividad incluida en el régimen de autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas a los controles periódicos que resulten preceptivos.
k) Incumplir las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto o actividad.
1) No comunicar al órgano competente las modificaciones realizadas en las instalaciones o actividades que no revistan carácter de sustanciales.
m) No informar inmediatamente al órgano competente de cualquier circunstancia, incidente o accidente que pudiera afectar de forma significativa al medio ambiente.
n) Transmitir la titularidad de la autorización ambiental integrada o de la licencia ambiental de actividades clasificadas sin comunicarlo al órgano competente para otorgar la misma.
o) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el plan de restauración minera, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
p) La comisión de tres o más faltas leves en un periodo de dos años.
Artículo 90. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) No aportar los documentos solicitados por la Administración.
b) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación, sin que se haya producido ningún tipo de daño o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las prescripciones establecidas en la presente Ley, o la omisión de actos que fueran obligatorios, cuando no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.
d) El impago de la actualización de la fianza exigida para la ejecución del plan de restauración minera.
Artículo 91.—Prescripción de las infracciones.
1.—Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones muy graves, a los cinco años.
b) Las infracciones graves, a los tres años.
c) Las infracciones leves, al año.
2.—El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día en que la infracción se hubiese cometido.
Artículo 92.—Responsabilidad.
1.—Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia.
2.—Cuando en la infracción hubieren participado varias personas conjuntamente y no sea posible determinar el grado de intervención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas ellas será solidaria.
3 Será responsable subsidiario por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, el titular de la actividad o instalación sometida al instrumento de intervención ambiental que corresponda.
Artículo 93.—Sanciones.
1.—Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de 250.001 a 2.500.000 euros.
b) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
c) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a cinco años.
d) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo no superior a dos años.
e) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo no superior a cinco años.
2.—Por la comisión de infracciones graves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de 25.001 a 250.000 euros.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a dos años.
c) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo no superior a un año.
d) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo no superior a un año.
3.—Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta 25.000 euros.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a seis meses.
4.—Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble y, como máximo, hasta el triple del importe en que se haya beneficiado el infractor.
Artículo 94.—Graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La importancia del daño o deterioro causado al medio ambiente o a la salud de las personas o el peligro creado para la seguridad de las mismas.
b) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
c) La existencia de intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.
d) La reincidencia por la comisión de más de una infracción tipificada en la presente Ley cuando así se haya declarado por resolución firme, en el plazo de los cinco años siguientes a la notificación de esta.
e) La adopción, con antelación a la incoación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos negativos sobre el medio ambiente
Artículo 95.-Otros efectos de las sanciones.
La imposición de sanciones graves podrá conllevar la pérdida del derecho a obtener subvenciones, así como la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante un plazo de dos años; en el caso de infracciones muy graves, el plazo se aumentará a tres años.
Artículo 96.—Concurrencia de sanciones.
1.—Cuando, por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta Ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.
2.—Cuando el órgano competente estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al órgano jurisdiccional penal competente o al Ministerio Fiscal.
El órgano instructor del procedimiento administrativo sancionador deberá suspender su tramitación hasta que recaiga resolución judicial en los supuestos en que existiere identidad de hechos, sujetos y fundamento entre el ilícito administrativo y el ilícito penal.
Artículo 97.—Medidas restauradoras de la legalidad.
1.—Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor deberá restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la infracción cometida, así como, en su caso, abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. La valoración de los daños se hará por la Administración competente previa tasación contradictoria cuando el titular de la instalación o actividad no prestara su conformidad a aquella.
2.—Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición o restauración establecida en el apartado anterior, la Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los responsables.
3.—No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.
Artículo 98.—Medidas provisionales.
1.—El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, para evitar los efectos de la infracción y para atender las exigencias de los intereses generales; en particular, las siguientes:
a) La suspensión total o parcial de la actividad o proyecto en ejecución.
b) La clausura temporal, parcial o total, de locales o instalaciones.
c) Precintado de aparatos o equipos.
d) La exigencia de fianza.
e) La retirada de productos.
f) La imposición de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño.
2.—Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser adoptadas por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento en casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, si bien deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción y que podrá ser objeto de recurso.
Artículo 99.—Competencia sancionadora.
1.—Corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos, según su respectiva competencia, la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores con relación a las infracciones tipificadas en la presente Ley.
2.—La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores instruidos por la Administración de la Comunidad Autónoma corresponderá al departamento competente en materia de medio ambiente, a través de los siguientes órganos:
a) Al Director del Servicio Provincial respectivo, para las sanciones por la comisión de infracciones leves.
b) Al Director General correspondiente, para las sanciones por la comisión de infracciones graves.
c) Al Consejero, para las sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
3.—La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores instruidos por los ayuntamientos corresponderá a los órganos municipales que tengan atribuida esta competencia según lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Artículo 100.—Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años; por la comisión de infracciones graves, a los tres años, y por la comisión de las infracciones leves, al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Artículo 101.—Multas coercitivas.
1.—Cuando los órganos competentes impongan sanciones o la obligación de adoptar medidas encaminadas a la restauración de las cosas al estado anterior a una infracción cometida, medidas para la corrección de deficiencias en el funcionamiento o características de la instalación o la actividad, así como actuaciones que en cualquier forma afecten a la misma y deban ser ejecutadas por sus titulares, podrán imponer multas coercitivas, con periodicidad mensual, y por una cuantía, cada una de ellas, que no supere el tercio de la sanción o del coste de la actuación impuesta.
2.—Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las sanciones que, en su caso, se impongan por la infracción cometida.
Artículo 102.—Vía de apremio.
Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones pertinentes serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 103.-Registro de infractores.
1.—El departamento competente en materia de medio ambiente creará un registro de infractores de normas ambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el cual se inscribirá a las personas físicas o jurídicas sancionadas en virtud de resolución firme.
2.—Reglamentariamente se desarrollará este registro de infractores.
Artículo 104.—Prestación ambiental sustitutoria.
El órgano sancionador competente, a solicitud de la persona sancionada, podrá autorizar la sustitución de las multas, una vez que adquieran firmeza, por una actuación de restauración, conservación o mejora ambiental de valor equivalente a la cuantía de la multa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Creación de las comisiones técnicas de calificación.
1.—Se crean las comisiones técnicas de calificación, como órganos colegiados dependientes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que asumen las competencias en materia de medio ambiente que tienen atribuidas las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
2.—En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se regularán reglamentariamente su composición, competencias y régimen de funcionamiento, haciendo efectiva su constitución.
Segunda.—Sustitución del procedimiento especial de autorización de construcciones en suelo no urbanizable por el procedimiento de autorización ambiental integrada.
Para las instalaciones que se relacionan en el Anexo VI de esta Ley se sustituye el procedimiento especial de autorización de construcciones en suelo no urbanizable genérico previsto en la legislación urbanística por el procedimiento previsto en la presente Ley para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
Tercera.—Tasas.
1.—La realización de actividades y la prestación de los servicios administrativos relativos a los procedimientos previstos en la presente Ley devengarán las correspondientes tasas, que serán aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón o los entes locales según proceda.
2.—Las tasas correspondientes a las actividades realizadas o a los servicios prestados por los entes locales, incluidos los desarrollados en el marco del procedimiento de autorización ambiental integrada, serán reguladas por las correspondientes ordenanzas fiscales.
3.—La Comunidad Autónoma de Aragón establecerá una tasa por la realización de las actividades y servicios previstos para la calificación ambiental regulada en la presente Ley, cuyos elementos esenciales serán fijados en la ley autonómica correspondiente.
Cuarta. Documentación en soporte papel y en soporte digital.
La documentación a que se refieren los artículos 13.2, 14.1, 17.1, 26.1, 28.1, 29.1 y 46.1 de la presente Ley, deberá ser presentada por el promotor tanto en soporte papel como en soporte digital. Las características técnicas y especificaciones del soporte digital se determinarán por el órgano ambiental competente.
Quinta.—Planes integrales específicos.
1.—Los promotores de proyectos relativos a actuaciones de creación o desarrollo de centros de esquí y montaña y de cualquier otra infraestructura asociada a los mismos, campos de golf asociados a desarrollos urbanísticos e infraestructuras de naturaleza turística o grandes complejos que requieran la ocupación de más de tres hectáreas de terreno o exijan una superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados y que se ubiquen en suelo no urbanizable, denominados a los efectos de esta disposición, proyecto origen, que puedan tener repercusiones significativas sobre la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente o las infraestructuras energéticas, deberán elaborar un plan integral específico en el que se contemplen todas aquellas actuaciones que vayan a realizar sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.—Reglamentariamente se determinará el contenido de los planes integrales específicos, que contendrá al menos los siguientes aspectos:
a) Descripción detallada del proyecto origen.
b) Descripción detallada de las actuaciones asociadas para la viabilidad y desarrollo efectivo del proyecto origen.
c) Análisis de alternativas.
d) Informe de sostenibilidad ambiental.
3.—La tramitación de los planes integrales específicos incluirá un informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, que se realizará con carácter previo a la emisión de la memoria ambiental.
4.—El órgano competente para la aprobación de los planes integrales específicos se determinará caso a caso por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
5.—El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, podrá ampliar los proyectos que deban someterse a la obligación de presentar un plan integral específico.
Sexta.—Inaplicabilidad del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
No es de aplicación en Aragón el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en los aspectos regulados en la presente Ley.
Séptima.—Medios materiales y personales.
El Gobierno de Aragón dotará al departamento competente en materia de medio ambiente de los medios materiales y personales suficientes para la correcta aplicación de la presente Ley.
Octava.—Delegación de las funciones de inspección.
Los ayuntamientos competentes para llevar a cabo actuaciones de control e inspección de las actividades incluidas en esta Ley, en el caso de que no dispongan de los medios técnicos suficientes para valorar la incidencia ambiental, podrán delegar el ejercicio de estas funciones en otras administraciones, de acuerdo con la normativa local.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Atribución de competencias a las comarcas.
1.—La atribución efectiva a las comarcas de la competencia de calificación ambiental prevista en la presente Ley exigirá su previa transferencia por parte de la Comunidad Autónoma y su aceptación expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas.
2.—Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, corresponderá su ejercicio a las comisiones técnicas de calificación a que se refiere la disposición adicional primera.
3.—Hasta la efectiva constitución de las comisiones técnicas de calificación, las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio continuarán ejerciendo las competencias de medio ambiente que les atribuye la legislación.
Segunda.-Régimen de adaptación aplicable a las instalaciones existentes.
1.—Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en el artículo 4 s) de esta Ley, deberán adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, fecha en la que deberán contar con la pertinente autorización ambiental integrada.
A estos efectos, si la solicitud de la autorización ambiental integrada se presentara antes del día 1 de enero de 2007 y el órgano competente para otorgarla no hubiera dictado resolución expresa sobre la misma con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, las instalaciones existentes podrán continuar en funcionamiento de forma provisional hasta que se dicte dicha resolución, siempre que cumplan todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la normativa sectorial aplicable.
2.—En el caso de modificaciones sustanciales de instalaciones existentes que tengan lugar antes del 30 de octubre de 2007, la solicitud de autorización ambiental integrada deberá ir referida solo a los aspectos afectados por la modificación siempre que sea posible una evaluación integrada independiente del resto de las instalaciones. En caso contrario, deberá someterse a autorización ambiental integrada la instalación en su conjunto.
Tercera.—Régimen de las actividades clasificadas sin licencia.
1.—Quienes a la entrada en vigor de esta Ley vinieren ejerciendo actividades de las consideradas clasificadas con arreglo a la presente Ley sin la correspondiente licencia, deberán solicitar la licencia ambiental de actividades clasificadas en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor.
2.—Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a aquellas actividades incluidas en el Anexo VI.
3.-El plazo de un año previsto en el apartado primero no será de aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre.
Cuarta.—Procedimiento de evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia.
1.—Las actividades a que se refiere la anterior disposición que estén sometidas a evaluación de impacto ambiental con arreglo a lo previsto en la presente Ley, deberán ser objeto de evaluación por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con carácter previo a la solicitud para la obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada.
2.—Dicha evaluación se llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
a) El promotor deberá presentar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un diagnóstico ambiental verificado por un organismo de control autorizado o un técnico competente que contendrá, al menos, la siguiente información:
—Descripción de la actividad, que deberá incluir, entre otros datos, localización y dimensiones; instalaciones anexas; características de los procesos productivos, con indicación de la naturaleza y cantidad de los materiales utilizados; balance de materia y de energía y ocupación de suelo.
—Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos y emisiones contaminantes en todas sus formas, y de la gestión de los mismos, así como cualquier otro elemento derivado tanto de la actividad como de la fase de clausura o cese de la actividad.
—En su caso, estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, e indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las mismas.
—Programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas propuestas, indicando la metodología y el cronograma de las mismas. Asimismo deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su efectividad.
—Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
b) El diagnóstico ambiental presentado será sometido a información pública por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por un plazo de veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
c) El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a partir de la documentación presentada, procederá a evaluar la actividad y a emitir un informe en el que determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de la continuidad de la misma y, en caso favorable, las condiciones que, en su caso, deban adoptarse para lograr una adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
d) Dicho informe deberá emitirse en el plazo máximo de cinco meses, contados a partir de la recepción por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del mencionado diagnóstico ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el mencionado informe, se entenderá que el mismo es desfavorable.
3.—El informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental condicionará el otorgamiento ulterior de la licencia ambiental de actividad clasificada, debiéndose acompañar a la solicitud del titular.
4.—El procedimiento previsto en la presente disposición no será de aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre.
Quinta.—Evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales.
El procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales se llevará a cabo de conformidad con lo que establezca en cada caso la legislación urbanística.
Sexta.—Procedimientos en curso.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.
Séptima.—Eficacia de las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Las licencias de actividades clasificadas otorgadas a la entrada en vigor de esta Ley, de conformidad con el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se entenderán, a los efectos de la presente Ley, como licencias ambientales de actividades clasificadas.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
1.—Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.
2.—Queda derogado el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón.
3.—En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley continúan en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las siguientes normas:
—Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de intervención de la Diputación General en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
—Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, por la que se regula la exención del trámite de calificación o informe de determinadas actividades por las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente.
—Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, sobre documentación que acompaña a la solicitud de licencia para ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y regulación del trámite de visita de comprobación para el ejercicio de tales actividades.
—Decreto 216/1993, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo y de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
—Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión del agua de Aragón.
1.—Se da una nueva denominación al título del artículo 13 de la Ley, que pasa a ser el siguiente:
«Artículo 13.—Evaluación ambiental de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos.»
2.-Se da una nueva redacción al apartado primero del artículo 13 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
«1.—Los planes y programas regulados en esta Ley estarán sujetos al procedimiento de evaluación ambiental en los términos establecidos en la normativa reguladora de dicha técnica. Asimismo, los proyectos parciales o cualquier actuación a realizar en su ejecución, incluso aquellos que se ejecuten en ausencia de planeamiento, estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos en la normativa reguladora de dicha técnica.»
Segunda.—Modificación de Anexos.
Se faculta al Gobierno de Aragón para que, mediante Decreto, pueda modificar los Anexos de esta Ley con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de carácter técnico.
Tercera.—Actualización de la cuantía de las multas.
Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar, mediante Decreto, la cuantía de las multas previstas en la presente Ley.
Cuarta.—Habilitación.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Quinta.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón
MARCELINO IGLESIAS RICOU
ANEXO I
Planes y programas
sometidos a evaluación ambiental
en la Comunidad Autónoma de Aragón
1.—Planes y programas que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos susceptibles de ser sometidos a evaluación de impacto ambiental y que se elaboren con respecto a:
a) Agricultura y ganadería.
b) Silvicultura.
c) Acuicultura y pesca.
d) Energía.
e) Industria.
f) Minería.
g) Transporte.
h) Gestión de residuos.
i) Gestión de recursos hídricos.
j) Telecomunicaciones, en especial, los planes de cobertura o despliegue de estaciones base que operen con radiofrecuencias.
k) Turismo.
1) Ordenación del territorio urbano y rural.
m) Planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones.
2.—Planes urbanísticos que se someten a evaluación ambiental previo a su análisis caso a caso:
a) Modificaciones menores del planeamiento urbanístico general que afecten al suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no delimitado.
b) Planes Parciales cuyo ámbito territorial sea superior a 50 hectáreas que afecten al suelo urbanizable no delimitado.
ANEXO II
Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 24
GRUPO 1.—AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS
Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas, con un área afectada superior a 50 ha.
Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas, que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/ 409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.
Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva con una ocupación de superficie mayor de 100 hectáreas, o mayor de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20 por 100.
Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva, con ocupación de superficie mayor de 10 hectáreas, que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos de consolidación y mejora de regadíos.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas desarrollándose en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/ CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades:
1.a 40.000 plazas para gallinas.
2.a 55.000 plazas para pollos.
3.a 25.000 plazas para pavos.
4.a 40.000 plazas para patos u ocas.
5.a 1.000 plazas para avestruces.
6.a 200.000 plazas para perdices.
7.a 600.000 plazas para codornices.
8.a 2.000 plazas para cerdos de engorde.
9.a 750 plazas para cerdas de cría.
10.a 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
11.a 300 plazas para ganado vacuno de leche.
12.a 600 plazas para vacuno de cebo.
13.a 20.000 plazas para conejos.
Concentraciones parcelarias que se desarrollen en zonas designadas en aplicación 'de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
GRUPO 2.-INDUSTRIA EXTRACTIVA
PROYECTOS
Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se de alguna de las circunstancias siguientes:
1.a Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 hectáreas.
2.a Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año.
3.a Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4.a Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Explotación de depósitos marinos.
5.a Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos.
6.a Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos declarados con arreglo ala Ley 6/1998, de Espacios Naturales de Aragón, o a la legislación estatal, o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores naturales.
7.a Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación «in situ» y minerales radiactivos.
8.a Explotaciones que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 deabril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, cuando la superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5 ha, o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público hidráulico, o en la zona de policía de un cauce.
9.a Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovecha-miento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o minerálúrgicas, etcétera).
Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.a Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan una alteración del medio natural 2.a Que exploten minerales radiactivos.
3.a Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro (medido en plano) de distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovecha-miento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).
Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando la cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas, por concesión.
GRUPO 3.-INDUSTRIA ENERGETICA
PROYECTOS
Refinerías de petróleo y gas:
a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.
Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, genera-dores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua). Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación.
Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:
1.° La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.° El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta actividad.
3.° El depósito final del combustible nuclear irradiado.
4.° Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.
5.° Exclusivamente el almacenamiento (proyectado) para un periodo superior a diez años de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en lugar distinto del de producción.
Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kilómetros.
Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar
Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos mayores de 100.000 toneladas.
Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.
Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/ CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/ CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Insalaciones para la producción de energía eléctrica, a partir de energía solar, destinada a su venta en la red, que se desarrollen en zonas especialmente sensibles designadas en la aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Proyectos de urbanizaciones incluidas, la construcción de centros comerciales y aparcamientos de más de 200 plazas superiores a 10 hectáreas o fuera de zonas urbanas.
GRUPO 4.-INDUSTRIA SIDERURGICA Y DEL MINERAL. PRODUCCION Y ELABORACION DE METALES PROYECTOS
Plantas siderúrgicas integrales.
Instalaciones para la producción de amianto y para la fabricación de productos basados en el amianto.
Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
Instalaciones para la elaboración y transformación de meta-les ferrosos en que se realice alguna de las actividades siguientes:
1.a Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en bruto por hora.
2.a Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
3.a Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.
Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electroquímicos. Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, incluida la aleación, así como los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolitico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las lineas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.
Instalaciones de calcinación o de sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso.
Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de clinker en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. Instalaciones para la fabricación de cal en hornos rotatorios, o de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por horno.
Coquerías (destilación seca del carbón).
Instalaciones de gasificación y licuefacción del carbón y pizarras bituminosas.
GRUPO 5.-INDUSTRIA QUIMICA, PETROQUIMICA, TEXTIL Y PAPELERA PROYECTOS
1.ª Fabricación a escala industrial mediante transformación química de los productos siguientes:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados), alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas, epóxidos.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, amidas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos orgánicos metálicos.
h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensoactivos y agentes de superficie.
1) Cualquier otro producto químico orgánico.
2.ª Fabricación a escala industrial mediante transformación química de los productos siguientes:
a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Acidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (soda), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
f) Cualquier otro producto químico inorgánico.
3.ª La producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.ª La producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas.
5.ª La producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico.
6.ª La producción de explosivos.
Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas.
Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.
Plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
Plantas industriales para la producción de pasta de papera partir de madera o de otras materias fibrosas.
Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.
GRUPO 6.-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS
Carreteras:
1.° Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado.
2.° Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
3.° Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
4.° Circunvalaciones y variantes de población significativas.
Construcción de líneas de ferrocarril de largo recorrido.
Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de al menos; 2.100 metros.
Construcción de aeródromos que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Centros de esquí y montaña, pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas a todos estos proyectos.
Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/ CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
GRUPO 7.-PROYECTOS DE INGEÑIERIA HIDRAULICA Y DE GESTION DEL AGUA PROYECTOS
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos.
Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos.
Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
1.° Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 de metros cúbicos al año.
2.° Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 por 100 de dicho flujo.
3.° En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo II.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad de tratamiento sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.
Plantas de tratamiento de aguas residuales que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/ CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las a es silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua cuando el volumen de agua extraída sea superiora 10.000.000 de metros cúbicos.
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/ segundo que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/ 43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/ 43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
GRUPO 8.-PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS PROYECTOS
Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así como las de eliminación de dichos residuos.
Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, de una capacidad de más de 10 toneladas por día.
Instalaciones para la valorización energética de residuos por autogestores.
Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, con una capacidad superior a 50 toneladas por día.
Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, de una capacidad de más de 3 toneladas por hora.
Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes.
Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en los epígrafes anteriores que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Vertederos de residuos inertes que ocupen más de una hectárea de superficie medida en verdadera magnitud, que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 'mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
GRUPO 9.—INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTOS
Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación, incluido el envasado y enlatado, de productos animales y vegetales, destinadas a la fabricación de productos alimenticios a partir de:
a) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
b) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la leche, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.
Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas por día.
GRUPO 10.—OTROS PROYECTOS
PROYECTOS
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 10 hectáreas que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/ CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Parques temáticos.
Campos de golf de superficie superior a 20 hectáreas, incluyendo las construcciones asociadas. Todos los campos de golf, incluyendo las construcciones asociadas, que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Proyectos para la realización de las obras o instalaciones de cámpines ubicados en suelo no urbanizable, siempre que tengan una capacidad igual o superior a ochocientas plazas.
Proyectos cuyo sometimiento a evaluación de impacto ambiental venga exigido por los planes de ordenación o los planes de gestión de los espacios naturales protegidos.
NOTA: El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
ANEXO III
Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 24
GRUPO 1.—AGRICULTURA, SILVICULTURA, ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTOS
Proyectos de concentración parcelaria (excepto los incluidos en el anexo II).
Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas no incluidos en el anexo II.
Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el anexo II.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha (proyectos no incluidos en el anexo II), o bien proyectos de consolidación o mejora de regadíos de más de 100 ha.
Instalaciones para acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 150 toneladas al año.
Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales no incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en el anexo II, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado no incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. Azucareras con capacidad de tratamiento de materia prima superior a 300 toneladas por día.
GRUPO 2.-INDUSTRIA EXTRACTIVA PROYECTOS
Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
1.º Perforaciones geotérmicas.
2.° Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.° Perforaciones para el abastecimiento de agua.
Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
Explotaciones (no incluidas en el anexo II) que se hallen ubicadas en terrenos de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos/año o en zona de policía de cauces y su superficie sea superior a 50.000 metros cuadrados.
Dragados fluviales (no incluidos en el anexo II) cuando el volumen de producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos.
GRUPO 3.-INDUSTRIA ENERGETICA
PROYECTOS
Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en el anexo II), excepto en suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 kilómetros.
Instalaciones industriales para el. transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en el anexo II), cuya longitud sea superior a 3 kilómetros.
Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (cuando, según lo establecido en el anexo II, no lo exija cualquiera de las obras que constituye la instalación). Parques eólicos no incluidos en el anexo II.
Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
Almacenamiento de gas natural sobre el terreno en tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.
Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos (no incluidos en el anexo II).
Instalaciones para la producción de energía eléctrica, a partir de energía solar, destinada a su venta en la red, cuando no estén incluidas en el Anexo II y ocupen una superficie superior a 10 hectáreas.
GRUPO 4.-INDUSTRIA SIDERURGICA Y DEL MINERAL. PRODUCCION Y ELABORACION DE META-LES PROYECTOS
Instalaciones para la producción de fibras minerales artificiales no incluidas en el anexo II.
Astilleros.
Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.
Embutición por explosivos 1.
GRUPO 5.-INDUSTRIA QUIMICA, PETROQUIMICA, TEXTIL Y PAPELERA PROYECTOS
Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos no incluidos en el anexo II.
Producción de pinturas, barnices y elastómeros Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
GRUPO 6.-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS
Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales no incluidas en el anexo II.
Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo II).
Proyectos de zonas industriales.
Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos.
Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
GRUPO 7.-PROYECTOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y DE GESTION DEL AGUA PROYECTOS
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.° Grandes presas, según se definen en el Reglamento técnico de seguridad de presas y embalses, cuando no estén incluidas en el anexo II.
2.° Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de almacena-miento, nuevo o adicional, superiora 200.000 metros cúbicos.
Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuyo volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000 de metros cúbicos (proyectos no incluidos en el anexo II).
Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales no incluidos en el anexo II cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas.
Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad de tratamiento superior a 10.000 habitantes-equivalentes (proyectos no incluidos en el anexo II).
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 40 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/ segundo (proyectos no incluidos en el anexo II).
Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos/ día.
Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentran en otro de los supuestos contemplados en este anexo III. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
GRUPO 8.—PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS PROYECTOS
Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo II.
Depósitos de lodos2.
Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados e instalaciones de desguace.
GRUPO 9.—OTROS PROYECTOS
PROYECTOS
Proyectos parada realización de las obras o instalaciones de cámpines ubicados en suelo no urbanizable no incluidos en el Anexo II.
Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros y extrahoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
Los proyectos del anexo II que sirven exclusiva o principal-mente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
Proyectos que se lleven a cabo en suelo no urbanizable especial y que no estén previstos por las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Re-cursos Naturales, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico.
Cualquier proyecto no incluido en el anexo II que, individualmente o en combinación con otros proyectos, pueda afectar de forma apreciable directa o indirectamente a zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
Cualquier cambio o ampliación de los proyectos de los anexos II y III, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
1.ª Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.ª Incremento significativo de los vertidos a cauce público.
3.ª Incremento significativo en la generación de residuos.
4.ª Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.ª Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de la de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, o a humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
NOTA: El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
ANEXO IV
Criterios para determinar
la posible significación
de las repercusiones sobre el medio ambiente
A) Planes y programas
1.-Características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.
2.—Características de los efectos y del área previsiblemente afectada, considerando en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) La naturaleza transfronteriza de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por ejemplo, a accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).
f) Las características geográficas de los territorios afectados (elementos del medio físico, población y poblamiento, actividades económicas y paisajes).
g) El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de:
—Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.
—La superación de estándares de calidad ambiental o de valores límite.
—La explotación intensiva del suelo.
h) Los efectos en zonas o parajes incluidos en el Anexo V.
B) Proyectos y actividades
1.—Características de los proyectos.
Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) La magnitud del proyecto.
b) La utilización de recursos naturales.
c) La generación de residuos y aguas residuales.
d) La contaminación producida.
e) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías aplicadas.
f) La acumulación de sus efectos ambientales o de su riesgo de accidente con otros proyectos o actividades.
g) Las actividades inducidas y complementarias que se generen.
h) El consumo de agua y energía.
2.—Ubicación de los proyectos.
La sensibilidad ambiental y las características territoriales de las áreas que puedan verse afectadas por los proyectos o actividades deberán considerarse teniendo en cuenta, en particular:
a) El uso existente del suelo.
b) La abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.
c) Redes de infraestructuras y la distribución de equipamientos.
d) La capacidad de carga del medio en el que se ubique, con especial atención a las áreas siguientes:
a. Zonas ambientalmente sensibles.
b. Areas de montaña y de bosque.
c. Areas en las que se hayan rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria, estatal o autonómica.
d. Areas de muy alta o muy baja densidad demográfica.
e. Paisajes con significación histórica, cultural, natural o arqueológica.
3.—Características de los impactos potenciales.
Deben considerarse en relación con lo establecido en los puntos 1 y 2, teniendo en cuenta en particular:
a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población).
b) El carácter transfronterizo del impacto.
c) La magnitud y complejidad del impacto.
d) La probabilidad del impacto.
e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
ANEXO V
Zonas ambientalmente sensibles
A los efectos previstos en esta Ley, se consideran zonas ambientalmente sensibles:
1.—Los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de protección, así como el ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales declarados al amparo de la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.—Las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/ 409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa ala conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
3.—Los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar.
4.—Reservas de la biosfera.
5.—Areas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas.
ANEXO VI
Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 40
Nota: los valores umbral mencionados en cada una de las actividades relacionadas en la siguiente tabla se refieren, con carácter general, a capacidades de producción o a rendimientos. Si un mismo titular realiza varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o en el emplazamiento, se sumarán las capacidades de dichas actividades.
1.—Instalaciones de combustión.
1.1.—Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
1.2.—Refinerías de petróleo y gas:
a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.
1.3.—Coquerías.
1.4.—Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón.
2.—Producción y transformación de metales.
2.1—Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.
2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
2.3.—Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.
2.4.—Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
2.5.—Instalaciones:
a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
2.6-Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.
3.—Industrias minerales.
3.1.-Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de clínker en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. Instalaciones para la fabricación de cal en hornos rotatorios, o de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
3.2.—Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos a base de amianto.
3.3—Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
3.4. Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
3.5.—Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno.
4.-Industrias químicas.
La fabricación, a efectos de las categorías de actividades de esta Ley, designada fabricación a escala industrial, mediante transformación química de los productos o grupos de productos mencionados en los epígrafes 4.1 a 4.6.
4.1.—Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas, epóxidos.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
t) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos orgánicos metálicos.
h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.
4.2.—Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de base, como:
a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Acidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales, como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
4.3.—Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.4.—Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y de biocidas.
4.5.—Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos de base.
4.6.—Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
5.-Gestión de residuos.
Se excluyen de la siguiente enumeración las actividades e instalaciones en las que, en su caso, resulte de aplicación lo establecido en el artículo 14 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, excepto en el supuesto contemplado en el apartado 5.4.
5.1.—Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día.
5.2.—Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, de una capacidad de más de 3 toneladas por hora.
5.3.—Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares distintos de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día.
5.4.—Instalaciones para la valorización energética de residuos por autogestores.
5.5.—Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes.
6.—Industria del papel y cartón.
6.1.—Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:
a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas.
b) Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.
6.2.—Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
7.-Industria textil.
Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.
8.—Industria del cuero.
Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
9.—Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
9.1.—Instalaciones para:
a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.
b) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de:
b-1) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
b-2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
c) Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
9.2.—Instalaciones para la eliminación o el aprovecha-miento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.
9.3.—Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras.
b) 75.000 pollos de engorde.
c) 40.000 patos u ocas.
d) 25.000 pavos.
e) 1.000 avestruces.
f) 200.000 perdices.
g) 600.000 codornices.
h) 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg).
i) 750 emplazamientos para cerdas.
10.—Consumo de disolventes orgánicos.
Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
11.—Industria del carbono.
Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.
ANEXO VII
Actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas
a) Actividades de comercio al por menor, siempre que la potencia mecánica instalada no supere los 15 kW y su superficie no supere los 300 m2:
1.—Alimentación.
2.—Bebidas y tabaco.
3.—Maquinaria y equipo mecánico.
4.—Máquinas de oficina y ordenadores.
5. Maquinaria y material eléctrico.
6.—Material electrónico.
7.—Accesorios y piezas de recambio para vehículos auto móviles, motocicletas y bicicletas, excepto aceites y grasas.
8.—Instrumentos de precisión, óptica y similares.
9.—Productos de la industria textil.
10.-Productos de la industria del cuero.
11.—Productos de la industria del calzado y del vestido y de otras confecciones textiles.
12.-Productos de las industrias de madera, corcho y muebles de madera y metálicos.
13.—Productos de la industria del papel y artículos de papel, artes gráficas y edición.
14.-Productos de las industrias de transformación del caucho y materias plásticas.
15.-Productos de otras industrias manufactureras (joyería, bisutería, instrumentos de música, instrumentos fotográficos, juguetes y artículos de deporte).
16.-Productos de ferretería, droguería y perfumería, higiene y belleza.
17.-Prensa periódica, libros y revistas.
18. -Productos artesanales.
19.—Productos de jardinería, materiales de construcción y similares.
20.—Distribución de películas y alquiler de material de video y cinematográfico.
21.—Floristerías.
22.—Armerías.
b) Actividades industriales:
1.—Talleres auxiliares de construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad, fontanería, calefacción y aire acondicionado, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
2.—Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, y otros afines a los anteriormente indicados, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
3.—Talleres de confección, cestería, encuadernación y afines, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
4.—Talleres de confección, sastrería, peletería, géneros de punto, carpintería y guarnicionería, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
5.—Talleres de reparación de electrodomésticos, maquinaria de oficina y maquinaria asimilable, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
6.—Talleres de reparación de calzado, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
c) Actividades agropecuarias:
1.—Corrales domésticos, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias cuya capacidad no supere 2 cabezas de ganado vacuno o equino, 3 cerdos de cebo, 4 cabezas de ganado ovino o caprino, 10 conejas madres y 30 aves.
2.—Instalaciones para cría o guarda de perros, susceptibles de albergar como máximo 2 perros mayores de tres meses.
3.-Actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas, siempre que no cuenten con sistemas de refrigeración y/o sistemas forzados de ventilación, que como máximo contengan 2.000 litros de gasóleo u otros combustibles.
4.—Actividades trashumantes de ganadería e instalaciones fijas en cañadas o sus proximidades ligadas a estas actividades y que se utilizan únicamente en el desarrollo de la trashumancia.
d) Otras actividades:
1.—Actividades de hostelería, siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 15 kW y su superficie sea inferior a 300 m2, excepto bares musicales, discotecas y otras actividades hosteleras con equipos de sonido.
2.—Centros e instalaciones de turismo rural.
3.—Residencias de ancianos, centros de día y guarderías infantiles.
4.—Centros y academias de enseñanza, excepto de baile, música y canto.
5.—Despachos profesionales, gestorías y oficinas.
6.—Peluquerías, saunas, institutos de belleza y similares, siempre que su superficie no supere los 200 m2.
7.—Actividades de almacenamiento de objetos y materia-les, siempre que su superficie sea inferior a 500 m2, excepto las de productos químicos o farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras o neumáticos.
8.—Garajes para estacionamiento de vehículos excepto los comerciales.
9.—Antenas de telecomunicaciones. |
La Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, dictada según lo previsto por la Disposición adicional segunda de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, procedió a denominar y describir territorialmente el territorio de las 33 comarcas que debían crearse en Aragón como decisión autonómica específica en relación a su organización territorial propia y con fundamento último en lo previsto en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Con posterioridad a la Ley 8/1996, algunas leyes de creación de comarcas llevaron a cabo distintas modificaciones de lo previsto en dicho texto con lo que el papel unificador y sistematizador que representó en su origen la Ley 8/1996, fue perdiendo poco a poco consistencia. El papel decisivo de las leyes de creación comarcal en este ámbito vino fundamentado en el artículo 3 de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización, que diferió a las leyes de creación de cada comarca su denominación y delimitación territorial, advirtiendo expresamente, que de esta forma se entendería modificada, en su caso, la denominación y descripción territorial presente en la Ley 8/1996.
Pero el papel fundamental desde muchos puntos de vista y, entre ellos, el de la seguridad jurídica que pueden tener leyes auténticamente basilares, sobre las cuales se sustente un conjunto normativo ordenador de distintos sectores del ordenamiento jurídico, no se ha perdido de vista en ningún momento. El legislador ha tenido ocasión de recordarlo con la promulgación de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, cuya Disposición final primera contiene dos previsiones para dictar textos refundidos en materia de comarcalización y, en concreto, su apartado primero ordena al Gobierno de Aragón que en el plazo de seis meses apruebe un decreto legislativo mediante el que se proceda a la refundición de «la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, con los preceptos de las leyes de creación de las diversas comarcas que se refieran a la estructura territorial de cada una de ellas».
Este es, pues, el objeto del texto refundido aprobado por este decreto legislativo mediante el que, cumpliendo el mandato de las Cortes de Aragón, se ofrece una visión sistemática del conjunto de las comarcas aragonesas tal y como resulta, finalmente, de las distintas leyes de creación y teniendo en cuenta que sólo falta la iniciativa para la creación de una de ellas, la de Zaragoza, lo que se ha reflejado en el anexo del Texto refundido con la expresión «Delimitación Comarcal de Zaragoza» frente a las 32 restantes en las que, propiamente, se utiliza la expresión «Comarca de...» seguida de la correspondiente denominación. Debe advertirse que se han suprimido en la configuración del texto refundido aquellas disposiciones de la Ley 8/1996, que resultan sobrepasadas por la aplicación de lo previsto en ella y en la misma legislación de comarcalización, pues tal y como dispone el apartado 3 de la Disposición final primera, de la Ley 3/2006, el encargo de refundición incluirá la armonización de los textos legales «atendida la evolución del proceso de comarcalización», así como la sistematización y ordenación de sus artículos y la actualización de las remisiones entre ellos.
La competencia del Gobierno de Aragón para la emisión del Texto Refundido se apoya en lo previsto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, teniendo en cuenta su remisión expresa a los artículos 82 y siguientes de la Constitución Española y la regulación material del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio.
Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 27 de diciembre de 2006,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.
De conformidad con lo establecido en la Disposición final primera 1, de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón que se incorpora como anexo.
Disposición adicional única. Referencias normativas.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto refundido.
Disposición derogatoria.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este decreto legislativo y, en particular, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón.
2. Permanecen vigentes los preceptos de las distintas leyes de creación de comarcas que contienen la delimitación comarcal en cuanto lo previsto en ellas sobre delimitación y denominación de comarcas es enteramente congruente con la descripción establecida en la Ley que se refunde a través de este Decreto Legislativo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este decreto legislativo y el texto refundido que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 27 de diciembre de 2006.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, José Ángel Biel Rivera.
Texto refundido de la Ley de Delimitacion Comarcal de Aragón
Artículo 1. Denominación y delimitación.
La denominación y delimitación de las Comarcas aragonesas, así como los municipios que integran cada una de ellas, son los que se detallan en el anexo del presente Texto refundido.
Artículo 2. Iniciativa comarcal.
El ejercicio de la iniciativa comarcal deberá tener como base las delimitaciones comarcales detalladas en el anexo, que tienen carácter mínimo.
Artículo 3. Modificación de las delimitaciones comarcales.
1. Cualquier modificación de las demarcaciones comarcales deberá hacerse por ley.
2. La iniciativa para la modificación podrá ser impulsada por los municipios o mancomunidades interesadas y por el Gobierno de Aragón.
En cualquier caso, deberá contar con los estudios técnicos correspondientes y someterse a consulta de todas las entidades locales que, sin haber ejercido la iniciativa, pudieran verse afectadas por la modificación propuesta.
Disposición adicional única. Adaptación de los servicios periféricos de la Administración aragonesa.
1. Los Departamentos de la Administración aragonesa utilizarán como base territorial para sus servicios periféricos las divisiones recogidas en la delimitación comarcal que se contiene en el anexo de este decreto legislativo.
2. Excepcionalmente, cuando en un sector concreto de la acción pública deban atenderse áreas de menor extensión, el conjunto de dos o más subcomarcas deberá coincidir con una de las áreas comarcales que se establecen.
Disposición final. Desarrollo reglamentario.
Queda autorizado el Gobierno de Aragón a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en este Texto refundido.
1. Comarca de La Jacetania.
Aragüés del Puerto.
Artieda.
Canal de Berdún.
Canfranc.
Castiello de Jaca.
Mianos.
Puente la Reina de Jaca.
Salvatierra de Escá.
Santa Cilia.
Santa Cruz de la Serós.
Sigüés.
Valle de Hecho.
Villanúa.
2. Comarca del Alto Gállego.
Biescas.
Caldearenas.
Hoz de Jaca.
Panticosa.
Sabiñánigo.
Sallent de Gállego.
Yebra de Basa.
Yésero.
3. Comarca de Sobrarbe.
Abizanda.
Aínsa-Sobrarbe/L´Aínsa-Sobrarbe.
Bárcabo.
Bielsa.
Boltaña.
Fiscal.
Fueva, La/A Fueba.
Gistaín/Chistén.
Labuerda/A Buerda.
Laspuña.
Puértolas.
Pueyo de Araguás, El/O Pueyo d´Araguás.
San Juan de Plan/San Chuan de Plan.
Tella-Sin.
4. Comarca de la Ribagorza.
Arén/Areny de Noguera.
Benabarre/Benavarri.
Benasque/Benás.
Bisaurri.
Bonansa.
Capella.
Castejón de Sos/Castilló de Sos.
Castigaleu.
Estopiñán del Castillo/Estopanyá.
Foradada del Toscar.
Isábena.
Lascuarre.
Laspaúles/Laspaúls.
Monesma y Cajigar/Monesma i Caixigar.
Montanuy/Montanui.
Perarrúa.
Puebla de Castro, La.
Puente de Montañana/Pont de Montanyana.
Santa Liestra y San Quílez.
Secastilla.
Sopeira.
Tolva/Tolba.
Torre La Ribera.
Valle de Bardají.
Valle de Lierp.
Veracruz.
Viacamp y Litera/Viacamp i Lliterà.
Villanova/Billanoba.
5. Comarca de Cinco Villas.
Ardisa.
Bagüés.
Castejón de Valdejasa.
Castiliscar.
Ejea de los Caballeros.
Frago, El.
Isuerre.
Layana.
Lobera de Onsella.
Longás.
Luesia.
Marracos.
Navardún.
Pedrosas, Las.
Piedratajada.
Pintanos, Los.
Puendeluna.
Sádaba.
Sierra de Luna.
Sos del Rey Católico.
Tauste.
Uncastillo.
Undués de Lerda.
Urriés.
Valpalmas.
6. Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Agüero.
Albero Alto.
Alcalá de Gurrea.
Alcalá del Obispo/Alcalá d’o Bispe.
Alerre.
Almudévar/Almudébar.
Angüés.
Antillón.
Argavieso.
Arguis.
Ayerbe.
Banastás/Banastars.
Biscarrués.
Blecua y Torres.
Casbas de Huesca/Casbas de Uesca.
Chimillas.
Gurrea de Gállego.
Huesca/Uesca.
Ibieca.
Igriés.
Loarre/Lobarre.
Loporzano.
Loscorrales/Os Corrals.
Lupiñén-Ortilla.
Monflorite-Lascasas.
Murillo de Gállego/Morillo de Galligo.
Novales.
Peñas de Riglos, Las.
Pertusa.
Piracés.
Quicena.
Salillas.
Santa Eulalia de Gállego/Santolaria de Galligo.
Siétamo/Sietemo.
Sotonera, La.
Tramaced.
Vicién/Bizién.
7. Comarca de Somontano de Barbastro.
Abiego.
Adahuesca.
Alquézar.
Barbastro.
Barbuñales.
Berbegal.
Bierge.
Castejón del Puente.
Castillazuelo.
Colungo.
Estada.
Estadilla.
Grado, El.
Hoz y Costeán.
Laluenga.
Laperdiguera.
Lascellas-Ponzano.
Olvena.
Peralta de Alcofea.
Peraltilla.
Pozán de Vero.
Salas Altas.
Salas Bajas.
Santa María de Dulcis.
Torres de Alcanadre.
8. Comarca del Cinca Medio.
Albalate de Cinca.
Alcolea de Cinca.
Alfántega.
Almunia de San Juan.
Binaced.
Monzón.
Pueyo de Santa Cruz.
San Miguel del Cinca.
9. Comarca de La Litera/La Llitera.
Albelda.
Alcampell/el Campell.
Altorricón/el Torricó.
Azanúy-Alins.
Baélls.
Baldellou/Valdellou.
Binéfar.
Camporrélls.
Castillonroy/Castellonroi.
Esplús.
Peralta de Calasanz.
San Esteban de Litera.
Tamarite de Litera/Tamarit de Llitera.
Vencillón/Vensilló.
10. Comarca de los Monegros.
Albalatillo.
Albero Bajo.
Alberuela del Tubo.
Alcubierre.
Almolda, La.
Almuniente.
Barbués.
Bujaraloz.
Capdesaso.
Castejón de Monegros.
Castelflorite.
Farlete.
Grañén.
Huerto.
Lalueza.
Lanaja.
Leciñena.
Monegrillo.
Peñalba.
Perdiguera.
Poleñino.
Robres.
Sangarrén.
Sariñena.
Senés de Alcubierre.
Tardienta.
Torralba de Aragón.
Torres de Barbués.
Valfarta.
Villanueva de Sijena.
11. Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca.
Ballobar.
Belver de Cinca.
Candasnos.
Chalamera.
Mequinenza/Mequinensa.
Ontiñena.
Osso de Cinca.
Torrente de Cinca/Torrent de Cinca.
Velilla de Cinca/Villella de Cinca.
Zaidín/Saidí.
12. Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Alcalá de Moncayo.
Añón de Moncayo.
Buste, El.
Fayos, Los.
Grisel.
Litago.
Lituénigo.
Novallas.
San Martín de la Virgen del Moncayo.
Santa Cruz de Moncayo.
Tarazona.
Torrellas.
Trasmoz.
Vera de Moncayo.
Vierlas.
13. Comarca de Campo de Borja.
Ainzón.
Alberite de San Juan.
Albeta.
Bisimbre.
Bulbuente.
Bureta.
Fréscano.
Fuendejalón.
Magallón.
Maleján.
Mallén.
Novillas.
Pozuelo de Aragón.
Tabuenca.
Talamantes.
14. Comarca del Aranda.
Aranda de Moncayo.
Brea de Aragón.
Calcena.
Illueca.
Jarque.
Mesones de Isuela.
Purujosa.
Sestrica.
Tierga.
Trasobares.
15. Comarca de la Ribera Alta del Ebro.
Alagón.
Alcalá de Ebro.
Bárboles.
Boquiñeni.
Cabañas de Ebro.
Figueruelas.
Gallur.
Grisén.
Joyosa, La.
Luceni.
Pedrola.
Pinseque.
Pleitas.
Pradilla de Ebro.
Remolinos.
Sobradiel.
Torres de Berrellén.
16. Comarca de Valdejalón.
Almonacid de la Sierra.
Almunia de Doña Godina, La.
Alpartir.
Bardallur.
Calatorao.
Chodes.
Lucena de Jalón.
Lumpiaque.
Morata de Jalón.
Muela, La.
Plasencia de Jalón.
Rueda de Jalón.
Salillas de Jalón.
Santa Cruz de Grío.
Urrea de Jalón.
17. Delimitación Comarcal de Zaragoza.
Alfajarín.
Botorrita.
Burgo de Ebro, El.
Cadrete.
Cuarte de Huerva.
Fuentes de Ebro.
Jaulín.
María de Huerva.
Mediana de Aragón.
Mozota.
Nuez de Ebro.
Osera de Ebro.
Pastriz.
Puebla de Alfindén, La.
San Mateo de Gállego.
Villafranca de Ebro.
Villanueva de Gállego.
Zaragoza.
18. Comarca de la Ribera Baja del Ebro.
Alborge.
Alforque.
Cinco Olivas.
Escatrón.
Pina de Ebro.
Quinto.
Sástago.
Velilla de Ebro.
Zaida, La.
19. Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.
Chiprana.
Fabara/Favara.
Fayón/Faió.
Maella.
Nonaspe/Nonasp.
20. Comarca de la Comunidad de Calatayud.
Abanto.
Alarba.
Alconchel de Ariza.
Alhama de Aragón.
Aniñón.
Arándiga.
Belmonte de Gracián.
Berdejo.
Bijuesca.
Bordalba.
Bubierca.
Cabolafuente.
Calatayud.
Calmarza.
Campillo de Aragón.
Carenas.
Castejón de Alarba.
Castejón de las Armas.
Cervera de la Cañada.
Cetina.
Cimballa.
Clarés de Ribota.
Contamina.
Embid de Ariza.
Frasno, El.
Fuentes de Jiloca.
Godojos.
Jaraba.
Malanquilla.
Maluenda.
Miedes de Aragón.
Monreal de Ariza.
Monterde.
Montón.
Morata de Jiloca.
Munébrega.
Nigüella.
Nuévalos.
Paracuellos de la Ribera.
Paracuellos de Jiloca.
Pozuel de Ariza.
Ruesca.
Saviñán.
Sediles.
Sisamón.
Terrer.
Torralba de Ribota.
Torrehermosa.
Torrelapaja.
Torrijo.
Valtorres.
Velilla de Jiloca.
Villafeliche.
Villalba de Perejil.
Villalengua.
Villarroya de la Sierra.
Vilueña, La.
21. Comarca de Campo de Cariñena.
Aguarón.
Aguilón.
Aladrén.
Alfamén.
Cariñena.
Cosuenda.
Encinacorba.
Longares.
Mezalocha.
Paniza.
Villanueva de Huerva.
Vistabella.
22. Comarca de Campo de Belchite.
Almonacid de la Cuba.
Almochuel.
Azuara.
Belchite.
Fuendetodos.
Lagata.
Lécera.
Moneva.
Moyuela.
Plenas.
Puebla de Albortón, La.
Samper de Salz.
Valmadrid.
23. Comarca del Bajo Martín.
Albalate del Arzobispo.
Azaila.
Castelnou.
Jatiel.
Puebla de Híjar, La.
Samper de Calanda.
Urrea de Gaén.
Vinaceite.
24. Comarca de Campo de Daroca.
Acered.
Aldehuela de Liestos.
Anento.
Badules.
Balconchán.
Berrueco.
Cerveruela.
Cuerlas, Las.
Daroca.
Fombuena.
Gallocanta.
Herrera de los Navarros.
Langa del Castillo.
Lechón.
Luesma.
Mainar.
Manchones.
Murero.
Nombrevilla.
Orcajo.
Retascón.
Romanos.
Santed.
Torralba de los Frailes.
Torralbilla.
Val de San Martín.
Valdehorna.
Villadoz.
Villanueva de Jiloca.
Villar de los Navarros.
Villarreal de Huerva.
Villarroya del Campo.
25. Comarca del Jiloca.
Allueva.
Bádenas.
Báguena.
Barrachina.
Blancas.
Burbáguena.
Calamocha.
Caminreal.
Castejón de Tornos.
Cucalón.
Ferreruela de Huerva.
Fonfría.
Fuentes Claras.
Lagueruela.
Lanzuela.
Loscos.
Monforte de Moyuela.
Monreal del Campo.
Nogueras.
Ojos Negros.
Peracense.
Pozuel del Campo.
Rubielos de la Cérida.
San Martín del Río.
Santa Cruz de Nogueras.
Singra.
Tornos.
Torralba de los Sisones.
Torre los Negros.
Torrecilla del Rebollar.
Torrijo del Campo.
Villafranca del Campo.
Villahermosa del Campo.
Villar del Salz.
26. Comarca de Cuencas Mineras.
Alcaine.
Aliaga.
Anadón.
Cañizar del Olivar.
Castel de Cabra.
Cortes de Aragón.
Cuevas de Almudén.
Escucha.
Fuenferrada.
Hinojosa de Jarque.
Hoz de la Vieja, La.
Huesa del Común.
Jarque de la Val.
Maicas.
Martín del Río.
Mezquita de Jarque.
Montalbán.
Muniesa.
Palomar de Arroyos.
Salcedillo.
Segura de Baños.
Torre de las Arcas.
Utrillas.
Villanueva del Rebollar de la Sierra.
Vivel del Río Martín.
Zoma, La.
27. Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Alacón.
Alloza.
Andorra.
Crivillén.
Ejulve.
Estercuel.
Gargallo.
Oliete.
28. Comarca del Bajo Aragón.
Aguaviva/Aiguaviva de Bergantes.
Alcañiz.
Alcorisa.
Belmonte de San José/Bellmunt de Mesquí.
Calanda.
Cañada de Verich, La/Canyada de Beric, la.
Castelserás.
Cerollera, La.
Codoñera, La/Codonyera, la.
Foz-Calanda.
Ginebrosa, La/Ginebrosa, la.
Mas de las Matas.
Mata de los Olmos, La.
Olmos, Los.
Parras de Castellote, Las.
Torrecilla de Alcañiz.
Torrevelilla/Torre de Vilella.
Valdealgorfa.
29. Comarca de la Comunidad de Teruel.
Ababuj.
Aguatón.
Aguilar de Alfambra.
Alfambra.
Almohaja.
Alobras.
Alpeñés.
Argente.
Camañas.
Camarillas.
Cañada Vellida.
Cascante del Río.
Cedrillas.
Celadas.
Corbalán.
Cuervo, El.
Cuevas Labradas.
Escorihuela.
Fuentes Calientes.
Jorcas.
Libros.
Monteagudo del Castillo.
Orrios.
Pancrudo.
Peralejos.
Perales del Alfambra.
Pobo, El.
Riodeva.
Santa Eulalia.
Teruel.
Tormón.
Torrelacárcel.
Torremocha de Jiloca.
Tramacastiel.
Valacloche.
Veguillas de la Sierra.
Villarquemado.
Villastar.
Villel.
Visiedo.
30. Comarca de Maestrazgo.
Allepuz.
Bordón.
Cantavieja.
Cañada de Benatanduz.
Castellote.
Cuba, La.
Fortanete.
Iglesuela del Cid, La.
Mirambel.
Miravete de la Sierra.
Molinos.
Pitarque.
Tronchón.
Villarluengo.
Villarroya de los Pinares.
31. Comarca de la Sierra de Albarracín.
Albarracín.
Bronchales.
Calomarde.
Frías de Albarracín.
Gea de Albarracín.
Griegos.
Guadalaviar.
Jabaloyas.
Monterde de Albarracín.
Moscardón.
Noguera de Albarracín.
Orihuela del Tremedal.
Pozondón.
Ródenas.
Royuela.
Rubiales.
Saldón.
Terriente.
Toril y Masegoso.
Torres de Albarracín.
Tramacastilla.
Valdecuenca.
Vallecillo, El.
Villar del Cobo.
32. Comarca de Gúdar-Javalambre.
Abejuela.
Albentosa.
Alcalá de la Selva.
Arcos de las Salinas.
Cabra de Mora.
Camarena de la Sierra.
Castellar, El.
Formiche Alto.
Fuentes de Rubielos.
Linares de Mora.
Manzanera.
Mora de Rubielos.
Mosqueruela.
Nogueruelas.
Puebla de Valverde, La.
Puertomingalvo.
Rubielos de Mora.
San Agustín.
Sarrión.
Torrijas.
Valbona.
Valdelinares.
33. Comarca del Matarraña/Matarranya.
Arens de Lledó/Arenys de Lledó.
Beceite/Beseit.
Calaceite/Calaceit.
Cretas/Queretes.
Fórnoles/Fórnols.
Fresneda, La/Freixneda, La.
Fuentespalda/Fontdespatla.
Mazaleón/Massalió.
Monroyo/Montroig.
Peñarroya de Tastavíns/Pena-roja de Tastavins.
Portellada, La.
Ráfales/Ráfels.
Torre de Arcas/Torredarques.
Torre del Compte/Torre del Comte, La.
Valdeltormo/La Vall del Tormo.
Valderrobres/Vall de Roures.
Valjunquera/Valljunquera. |
En la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril ha tenido lugar un intenso y duradero temporal de lluvia y nieve en la Comunidad Autónoma de Aragón y en otras Comunidades Autónomas limítrofes, lo que ha traído consigo el desbordamiento del río Ebro y de algunos de sus afluentes, provocando inundaciones especialmente severas y permanentes en parte de los términos de los municipios afectados de la cuenca del Ebro.
Tal evento ha justificado la aprobación por el Gobierno de la Nación, del Real Decreto Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro, durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007, que comprende un conjunto de medidas encaminadas a reparar los daños sufridos en los territorios afectados, entre los que se encuentran diversos términos municipales de Aragón, los cuales quedan aun pendientes de determinar por la Administración General del Estado. Ha quedado acreditado lo inusual de la situación conforme a los datos que, sobre el acontecimiento, dispone el Organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro, tanto respecto al caudal como a la altura del cauce que en las semanas en cuestión alcanzó el río Ebro y cuyo desbordamiento supuso la inundación durante varios días consecutivos de miles de hectáreas de cultivo.
La crecida ha traído consigo la inundación de infraestructuras públicas y privadas, principalmente de riego, así como cuantiosas pérdidas en las explotaciones agrarias y daños al medio natural y a sus infraestructuras de gestión y uso público, por lo que resulta preciso que la Comunidad Autónoma complete las medidas adoptadas en el antedicho Real Decreto Ley 3/2007, con un conjunto de nuevas actuaciones que tienen por objeto la reparación de los daños causados por las inundaciones, tratando de restablecer la normalidad en la zona afectada con la máxima urgencia posible.
Las medidas consisten en actuaciones variadas, comprendiendo aspectos que pretendan facilitar y agilizar la actuación de la Administración encaminada a la reparación de infraestructuras dañadas y a compensar los daños sufridos en los intereses económicos de los afectados, para lo que se contienen las previsiones precisas que permitirán poner en marcha los instrumentos correspondientes mediante las disposiciones reglamentarias que habrán de dictarse en aplicación de las previsiones de este decreto ley.
Procede hacer una mención específica al sector agrario, como parte de la actividad económica que ha sufrido una importante porción de los daños, teniendo el acontecimiento sufrido la consideración de desastre natural, tal y como expresamente señala el preámbulo del Real Decreto Ley 3/2007, y habiendo aceptado en otros casos la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las inundaciones puedan tener la consideración de desastre natural, circunstancia expresamente declarada en la actualidad en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (2006-C319/01) recientemente aprobadas por la Comisión.
En tales circunstancias, las medidas han de ser variadas y cubrir la reparación de daños en infraestructuras públicas de riego, las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y las ayudas para la restauración de parcelas agrícolas y de las infraestructuras permanentes de las explotaciones agrarias.
Esta disposición también establece la previsión de que se formalicen los mecanismos de colaboración entre las Administraciones Públicas implicadas, pudiendo suscribir para ello los convenios precisos, lo que también se haría, llegado el caso, para facilitar y agilizar el acceso a líneas preferentes de crédito por parte de los afectados, suscribiéndose entonces los instrumentos necesarios con las entidades y agentes financieros.
El decreto ley contiene las decisiones financieras precisas para dotar de los medios económicos necesarios a los Departamentos de la Administración de esta Comunidad Autónoma, para ejecutar con absoluta prontitud las medidas previstas y cumplir con las directrices comunitarias sobre ayudas estatales antes citadas, que establecen como una exigencia para el adecuado tratamiento de los apoyos en casos de desastre natural, que las ayudas se paguen con la máxima prontitud posible.
El artículo 71. en su apartado 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 23 de abril, determina que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. El mismo precepto, en su apartado 17ª establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y ganadería y en sus apartados 20ª y 21ª, en materia de montes y vías pecuarias, pastos, servicios y aprovechamientos forestales y en materia de espacios naturales protegidos. Bajo los señalados títulos competenciales se aprueba este decreto ley, como norma con rango de ley que, conforme al artículo 44 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reemplaza al aprobado mediante Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, puede aprobar el Gobierno de Aragón, siempre que su contenido no afecte a las materias relacionadas en el apartado 1 del antedicho artículo y lo sea en caso de necesidad urgente y extraordinaria, como lo es, sin duda alguna, el acontecimiento que motiva la aprobación de esta norma que tiene la calificación de desastre natural.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta de los Consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 8 de mayo de 2007.
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto
1. Este decreto ley tiene por objeto, adoptar las medidas necesarias para reparar, en los municipios de Aragón, los daños causados y las pérdidas que se deriven de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento en la cuenca del río Ebro producido en la última semana de marzo y en la primera de abril del presente año.
2. Asimismo se autoriza la habilitación de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito para la cobertura financiera de las actuaciones que se deban realizar a tal fin.
Artículo 2. Ambito territorial de aplicación
1. Las medidas previstas en este decreto ley se aplicarán en los términos de los municipios de Aragón afectados por las inundaciones, que concretamente se designen en las disposiciones que se dicten para su aplicación.
2. A los efectos de la realización de las actuaciones reparadoras se entenderán también incluidos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta ejecución de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de las diversas Administraciones Públicas.
Artículo 3. Daños relativos a infraestructuras públicas de riego
1. El Departamento de Agricultura y Alimentación ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en infraestructuras públicas de riego, así como aquellas necesarias para asegurar el mismo, incluidas las de titularidad de las comunidades de regantes comprendidas en su ámbito de competencia.
2. Tendrán consideración de obras de emergencia aquellas cuya ejecución sea indispensable conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 4. Indemnización de daños en producciones agrícolas y ganaderas
1. El Departamento de Agricultura y Alimentación establecerá las condiciones para la indemnización por daños producidos en las producciones agrícolas, de forma complementaria a lo establecido en el Real Decreto Ley 3/2007, de 13 de abril.
2. Las indemnizaciones por daños en las producciones agrícolas se determinarán conforme a los criterios y módulos que establezca el Departamento de Agricultura y Alimentación, quien a la hora de cuantificar la indemnización podrá tener en cuenta que los beneficiarios hayan suscrito póliza de seguro agrario.
Artículo 5. Apoyo para la restauración de parcelas agrícolas y sobre los gastos en explotaciones ganaderas
1. El Departamento de Agricultura y Alimentación podrá establecer subvenciones para atender las siguientes situaciones producidas en las explotaciones agrarias:
a) Paliar los gastos extraordinarios derivados del traslado y manutención del ganado como consecuencia de la inundación.
b) Restaurar los daños sufridos en las parcelas agrícolas consistentes en: la sistematización de las tierras, la reparación de las instalaciones de regadío y de edificaciones agrarias, los gastos de reposición de plantaciones de cultivos plurianuales completamente perdidas como consecuencia de las inundaciones, así como otros daños de carácter estructural en las explotaciones agrarias.
2. Las medidas previstas en este apartado se cuantificarán aplicando los criterios y módulos que para cada caso apruebe el Departamento de Agricultura y Alimentación.
Artículo 6. Reparación de daños medioambientales
1. El Departamento de Medio Ambiente ejecutará las actuaciones necesarias para reparar los daños al medio natural y a sus infraestructuras de gestión y uso público, causados por las inundaciones que se contemplan en el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón de 17 de abril de 2007.
2. Tendrán consideración de obras de emergencia aquellas cuya ejecución sea indispensable conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 7. Régimen de contratación
Las actuaciones materiales que realice la Administración de la Comunidad Autónoma en ejecución de este decreto ley están sujetas al régimen jurídico de contratación que determina el artículo 8 del Real Decreto Ley 3/2007.
Artículo 8. Concesión de un crédito extraordinario
Se concede un crédito extraordinario, por importe de dos millones quinientos mil euros, en la siguiente aplicación presupuestaria:
Sección 14. Departamento de Agricultura y Alimentación.
Servicio 05. Dirección General de Desarrollo Rural.
Programa 531.1. Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural.
Capítulo 7, artículo 77, concepto 770, subconcepto 770.093, financiación 91002.
Artículo 9. Concesión de un suplemento de crédito
Se concede un suplemento de crédito, por importe de tres millones quinientos mil euros, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Sección 14. Departamento de Agricultura y Alimentación.
Servicio 05. Dirección General de Desarrollo Rural.
Programa 531.1. Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural.
Capítulo 6, artículo 60, concepto 607, subconcepto 607.000, financiación 91002.
Importe: dos millones quinientos mil euros
Sección 19. Departamento de Medio Ambiente.
Servicio 02. Dirección General del Medio Natural.
Programa 533.1. Protección y Mejora del Medio Natural.
Capítulo 6, artículo 60, concepto 607, subconcepto 607.000, financiación 91002.
Importe: un millón de euros
Artículo 10.-Financiación.
El crédito extraordinario y el suplemento de crédito que se conceden en los artículos 8 y 9, se financiarán con baja, por el importe total de seis millones de euros, en las aplicaciones presupuestarias de las secciones que se detallan en el anexo unido al presente decreto ley. Con ello se da cumplimiento al principio general de estabilidad presupuestaria.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Convenios con otras Administraciones Públicas
La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir con la Administración General del Estado y con las Administraciones Locales afectadas por las inundaciones, los convenios de colaboración que exijan o aconsejen la ejecución de las medidas previstas en este decreto ley o en otros instrumentos.
Segunda. Convenios con entidades financieras
En el caso de que alguno de los apoyos a las empresas, personas físicas o jurídicas, se concrete en líneas preferenciales de crédito, la Administración Autonómica podrá formalizar los convenios precisos para facilitar su pronta y mejor aplicación, pudiendo también tener por objeto facilitar a los beneficiarios el acceso a garantías que soporten la eventual concesión del crédito.
Tercera. Límites de las ayudas
El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este decreto ley, en lo que a daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.
Cuarta. Modificaciones de los créditos
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá redistribuir los créditos previstos en el presente decreto ley, cuando se derive de las necesidades de gestión de los mismos. Estos créditos tendrán el carácter de ampliables mediante acuerdo del Gobierno de Aragón.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación a los Departamentos afectados.
Se faculta a los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo, de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los instrumentos necesarios para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este decreto ley.
Segunda. Entrada en vigor.
Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 8 de mayo de 2007.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
El Consejero de Agricultura
y Alimentación,
GONZALO ARGUILE LAGUARTA
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO
ANEXO I
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del presente decreto ley, la financiación del crédito extraordinario y del suplemento de crédito se efectuará con baja de créditos en las aplicaciones presupuestarias que, de acuerdo con la habilitación contenida en la disposición final primera, se determinarán por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en las secciones presupuestarias y por los importes siguientes:
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 7185 |
La Ley de Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón fue, en buena medida, una ley reguladora de una nueva figura tributaria como son los Impuestos Medioambientales, con el carácter de tributos propios de la comunidad aragonesa, de carácter real, finalidad extrafiscal y afectados al medio ambiente, cuyo objeto principal es gravar el daño medioambiental causado en los recursos naturales y territoriales de la Comunidad Autónoma por determinadas actividades contaminantes como son las instalaciones de transporte por cable, la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, o el establecimiento comercial con grandes áreas de venta, las cuales producen, de forma mediata o inmediata pero efectivamente, el menoscabo o deterioro del medio ambiente en términos de explotación selectiva, lesiva, degradatoria, abusiva y expoliante de sus recursos, y cuyo coste genera una carga desproporcionada para la sociedad e hipoteca el futuro desarrollo, sostenido y equilibrado, de la comunidad.
Por otra parte, la experiencia adquirida durante el primer período impositivo en la gestión tributaria de estos Impuestos Medioambientales recomendó efectuar una serie de precisiones de carácter conceptual, procedimental y temporal que, no obstante, no afectaban a la regulación sustancial de los mismos, sino que estaban dirigidas a garantizar su efectiva aplicación y, al mismo tiempo, facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes. Esta operación de pequeños retoques normativos fue realizada por la Ley de Cortes de Aragón 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Precisamente, su disposición final tercera estableció que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, se autorizaba al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada Ley, y a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, aprobase un texto refundido de la legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón y procediese a su sistematización, regularización, aclaración y armonización.
Debe considerarse, por otra parte, que la jurisprudencia ha afirmado rotundamente que «no es función de los textos refundidos innovar el ordenamiento jurídico», pero ello no impide que, respetando los elementos esenciales de los tributos y evitando incursiones innecesarias en la creación normativa ex novo, pueda el ejecutivo, en virtud de la delegación legislativa, normalizar las regulaciones preexistentes mediante la explicitación de reglas y normas subsidiarias allí donde existan lagunas, la depuración técnica y jurídica, la aclaración de preceptos oscuros, la armonización de sus elementos internos, la eliminación de discordancias, la actualización de sus criterios básicos y, en fin, la adaptación del trasfondo tributario de los Impuestos Medioambientales al propio ordenamiento jurídico y a la configuración institucional y orgánica de la Comunidad Autónoma. No obstante lo anterior, la refundición efectuada se ha limitado casi exclusivamente a una operación técnica de ordenación y sistematización.
Subrayar, por último, que el presente Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales se enmarca en un proceso normativo singular que significa un intento de racionalización y tecnificación de la actividad legislativa en el ámbito tributario. En plena era de la «descodificación legislativa», en la que la propia complejidad y dinamicidad de la producción normativa impulsa la proliferación y la dispersión de las disposiciones legislativas, que son rápidamente modificadas o sustituidas, todo intento de refundir o codificar con el ánimo de otorgar durabilidad a las leyes y cristalizar así un determinado sector jurídico, se convierte en una tarea inasequible para el legislador. Y ello se hace especialmente patente en un sector como el tributario, condicionado por los constantes cambios derivados de las políticas fiscales, sociales o medioambientales, a los que tiene necesariamente que adaptarse, utilizando, para ello, instrumentos legales cuya permanencia en el tiempo se encuentra gravemente hipotecada por la sucesión de leyes especiales y sectoriales, que se modifican, se suprimen y se superponen, en un difícil juego de vigencias y derogaciones que hacen inútil cualquier interpretación lógica y jurídica de cuál deba ser el derecho positivo aplicable en cada momento.
No debe olvidarse, sin embargo, que los propios textos refundidos no son inmunes a dichos efectos desestabilizadores del ordenamiento jurídico-tributario aragonés, ajenos como están a la secular inmutabilidad de los cuerpos legales codificados. Precisamente por esta razón, la citada Ley 13/2005, de 30 de diciembre, inauguró una medida de técnica legislativa, inédita en nuestra comunidad, que consistió en incorporar como anexos, las versiones íntegras y actualizadas del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, así como del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
Seguramente por el éxito de esta operación técnica, la también citada Ley 19/2006, de 29 de diciembre, ha elevado a exigencia legal la publicación de las versiones vigentes de los textos refundidos en materia tributaria, como anexos de las leyes tributarias que los innoven o modifiquen, con un carácter exclusivamente informativo, nunca normativo. En definitiva, con la elaboración de textos refundidos en todas las materias de competencia tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación de sus textos actualizados, estamos garantizando, por un lado, el necesario principio de seguridad jurídica y, por otro, consolidando lo que ya comienza a tomar cuerpo como un auténtico Código Tributario Aragonés.
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 18 septiembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único.-Aprobación del Texto Refundido de la Legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con la delegación legislativa contenida en la disposición final tercera de la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se incluye como Anexo.
Disposición derogatoria única.-Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 8 a 53, la disposición transitoria primera y las disposiciones finales primera a cuarta de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Los artículos 13 a 26, la disposición transitoria única y las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango al presente Decreto Legislativo en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en la misma.
Disposición final única.-Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo, y el Texto Refundido que aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 18 de septiembre de 2007.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
ANEXO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
CAPITULO I. Disposiciones generales.
Artículo 1.-Objeto.
Artículo 2.-Finalidad.
Artículo 3.-Naturaleza.
Artículo 4.-Ambito de aplicación.
Artículo 5.-Afectación de la recaudación.
Artículo 6.-Conceptos generales.
CAPITULO II. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
Artículo 7.-Objeto del impuesto.
Artículo 8.-Definiciones.
Artículo 9.-Hecho imponible.
Artículo 10.-Sujetos pasivos.
Artículo 11.-Base imponible.
Artículo 12.-Cuota tributaria y tipo de gravamen.
CAPITULO III. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Artículo 13.-Objeto del impuesto.
Artículo 14.-Definiciones.
Artículo 15.-Hecho imponible.
Artículo 16.-Supuestos de no sujeción.
Artículo 17.-Obligados tributarios.
Artículo 18.-Base imponible.
Artículo 19.-Base liquidable.
Artículo 20.-Cuota tributaria.
CAPITULO IV. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
Artículo 21.-Objeto del impuesto.
Artículo 22.-Definiciones.
Artículo 23.-Hecho imponible.
Artículo 24.-Supuestos de no sujeción.
Artículo 25.-Sujetos pasivos.
Artículo 26.-Exenciones.
Artículo 27.-Base imponible.
Artículo 28.-Cuota tributaria y tipo de gravamen.
CAPITULO V. Disposiciones comunes relativas a la obligación tributaria en los Impuestos Medioambientales.
Artículo 29.-Obligados tributarios.
Artículo 30.-Exención subjetiva de carácter general.
Artículo 31.-Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.
Artículo 32.-Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
Artículo 33.-Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
Artículo 34.-Comprobación de la base imponible.
Artículo 35.-Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
Artículo 36.-Requisitos para la aplicación de la deducción.
Artículo 37.-Período impositivo y devengo.
Artículo 38.-Regla de imputación temporal.
CAPITULO VI. Disposiciones comunes relativas a la gestión tributaria de los Impuestos Medioambientales.
Artículo 39.-Organos de gestión.
Artículo 40.-Organos de colaboración.
Artículo 41.-Censo de Contribuyentes.
Artículo 42.-Formación del censo.
Artículo 43.-Declaración inicial y modificación de datos.
Artículo 44.-Autoliquidación por los sujetos pasivos.
Artículo 45.-Liquidación provisional de oficio por la Administración.
Artículo 46.-Pagos fraccionados a cuenta.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Unica. Exención por apoyo a acontecimientos de excepcional interés público en los Impuestos Medioambientales.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Cláusula de supletoriedad.
Segunda.-Remisión a la ley de presupuestos.
Tercera.-Adaptación de los registros e inventarios sectoriales.
Cuarta.-Facultades de desarrollo.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.-Objeto.
Mediante el presente Texto Refundido se regulan los Impuestos Medioambientales, creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y modificados por la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se enumeran a continuación:
1º. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable.
2º. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera.
3º. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
Artículo 2.-Finalidad.
Los Impuestos Medioambientales tienen como finalidad gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta, como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el daño causado en el medio ambiente por determinadas elementos, conductas y actividades contaminantes, que se realizan o desarrollan mediante la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y que provocan un grave deterioro en el medio natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3.-Naturaleza.
Los Impuestos Medioambientales son tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal.
Artículo 4.-Ambito de aplicación.
Los Impuestos Medioambientales son exigibles en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 5.-Afectación de la recaudación.
1. Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de los Impuestos Medioambientales se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma podrán establecer los criterios de afectación de los ingresos recaudados por estos impuestos.
Artículo 6.-Conceptos generales.
A efectos de lo dispuesto en este Texto Refundido, y sin perjuicio de las concretas definiciones aplicables a cada impuesto, se entenderá con carácter general que:
1º. Efecto contaminante es el daño medioambiental directa y efectivamente causado por la realización y el desarrollo de determinadas actividades contaminantes a través de la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma.
2º. Actividades contaminantes son aquéllas de finalidad o contenido económico, desarrolladas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que provocan una grave contaminación del medio ambiente y que se rigen materialmente por su legislación sectorial específica.
3.º Explotación, instalación o establecimiento contaminantes son el conjunto de elementos, construcciones, edificaciones, maquinaria u otros activos de cualquier naturaleza, ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que generan, emiten o producen un efecto contaminante en el medio ambiente.
4º. Unidades contaminantes son las unidades de determinación y medida del daño medioambiental, expresadas en diversos valores, parámetros, magnitudes o variables en función de la estimación por carga contaminante que provoca la explotación selectiva, abusiva, degradatoria o lesiva en el medio ambiente, y cuya referencia se utiliza como elemento cuantificador del impuesto.
CAPITULO II
Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable
Artículo 7.-Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén afectos a los siguientes usos:
a) Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes.
b) Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.
Artículo 8.-Definiciones.
1. A los efectos de este Texto Refundido, se considerarán como transporte por cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas en servicio para transportar personas, mercancías o materiales.
En estas instalaciones, fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en vehículos, remolques por arrastres, o remonta-pendientes, en su caso, suspendidos de cables o tirados por cables, los cuales están colocados a lo largo del recorrido efectuado.
2. En particular, se considerará que son transportes de personas por cable las instalaciones siguientes:
a) Los funiculares y otras instalaciones, cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otros dispositivos de sustentación y mediante tracción de uno o más cables.
b) Los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados y/o movidos en suspensión por uno o más cables, incluyendo igualmente los telecabinas y los telesillas.
c) Los telesquís que, mediante un cable, tiran de los usuarios pertrechados de equipos adecuados.
3. Asimismo, se entenderá que:
a) Los telecabinas y los telesillas son transportes de personas por cable de tipo colectivo.
b) Los telesquís son transportes de personas por cable de tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona se considerará incluido en las modalidades de la letra a) anterior a los solos efectos del impuesto.
c) Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el medio forestal.
4. A los efectos del presente Texto Refundido, se considera explotación a toda unidad económica y geográfica a la que se encuentren afectas una o varias instalaciones de transporte por cable de personas o mercancías para el desarrollo de su actividad principal.
Artículo 9.-Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de cable, que se relacionan en el artículo 7.
En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la utilización de pistas de esquí alpino, el daño medioambiental se considerará agravado por el impacto negativo añadido por dicha finalidad.
2. Se entenderá producido el daño medioambiental aun cuando las instalaciones y elementos del transporte descrito se encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento.
Artículo 10.-Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades de explotación de las instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en el artículo 7.
Artículo 11.-Base imponible.
Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
1ª. El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas.
2º. El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.
Artículo 12.-Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
1º. Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes:
a) Por cada transporte por cable colectivo instalado: 5.040 euros.
b) Por cada transporte por cable individual instalado: 4.560 euros.
c) Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros.
A la cuota obtenida conforme al punto 1º anterior, se le aplicará, en función de la longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí alpino a las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) Hasta 20 km/pista: 1.
b) De 20 a 40 km: 1,25.
c) Más de 40 km: 1,5.
2º. Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Por cada metro de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 euros
2. En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años, la cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que hubiere correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o elementos de transporte. El plazo de tres años en situación de desuso podrá computarse a partir del 1 de enero de 2006.
CAPITULO III
Impuesto sobre el daño medioambiental causado
por la emisión de contaminantes a la atmósfera
Artículo 13.-Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 14.-Definiciones.
1. Con carácter general, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para la salud humana y el medio ambiente.
2. A los efectos del presente Texto Refundido, se considera instalación a cualquier unidad técnica fija donde sea objeto de explotación una o varias actividades contaminantes, mediante elementos de cualquier naturaleza, que causan la emisión, directa o indirectamente, de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Asimismo, el titular de la actividad contaminante será la persona física o jurídica que explote la instalación o que ostente, directamente o por delegación, un poder económico determinante respecto a aquélla.
Artículo 15.-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por las instalaciones contaminantes ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias contaminantes:
a) Oxidos de azufre (SOx).
b) Oxidos de nitrógeno (NOx).
c) Dióxido de carbono (CO2).
Artículo 16.-Supuestos de no sujeción.
No se encuentra sujeto al impuesto el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera producida por:
a) La combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible.
b) Las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa.
Artículo 17.-Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones en las que se desarrollan aquellas actividades causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera gravadas por el impuesto.
2. Será responsable solidario del pago del impuesto el propietario de la instalación causante de la emisión contaminante cuando no coincida con la persona que explota la misma.
Artículo 18.-Base imponible.
1. Constituyen la base imponible del impuesto las cantidades emitidas a la atmósfera, de cada una de las sustancias contaminantes y por una misma instalación contaminante, durante el período impositivo correspondiente.
2. Las unidades contaminantes de medida del daño medioambiental se expresarán de la forma siguiente:
a) Las cantidades emitidas de óxidos de azufre (SOx) se expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de azufre (Tm/año).
b) Las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno (NOx) se expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de nitrógeno (Tm/año).
c) Las cantidades emitidas de dióxido de carbono (CO2) se expresarán en kilotoneladas/año.
Artículo 19.-Base liquidable.
La base liquidable se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes que constituyen la base imponible las siguientes reducciones:
a) SOx: 150 toneladas/año.
b) NOx: 100 toneladas/año.
c) CO2: 100 kilotoneladas/año.
Artículo 20.-Cuota tributaria.
La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes de la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
a) En los supuestos de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx): 50 euros/tm.
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/kilotonelada.
CAPITULO IV
Impuesto sobre daño medioambiental causado
por las grandes áreas de venta
Artículo 21.-Objeto del impuesto.
El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 22.-Definiciones.
1. Con carácter general, los conceptos y clasificaciones materiales propios de la ordenación comercial se regirán por lo dispuesto en la normativa autonómica dictada en materia de comercio.
2. No obstante, a los efectos del presente Texto Refundido, se entenderá que un establecimiento comercial dispone de una gran área de venta cuando su superficie de venta al público sea superior a 500 m2.
Artículo 23.-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes y se encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 24.-Supuestos de no sujeción.
No están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales que reúnan alguna de las condiciones siguientes:
a) Que su actividad comercial tenga carácter mayorista y, en general, cuando se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos a disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, industriales o artesanos.
b) Que su actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre controlada por una Corporación Local o entidad concesionaria.
c) Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios, así como cualesquiera otras que suministren bienes y servicios a sus socios, o de economatos y otros establecimientos que suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la venta no vaya dirigida al público en general.
Artículo 25.-Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los titulares de la actividad y el tráfico comercial que propicien el daño en el medio ambiente gravado por el impuesto.
Artículo 26.-Exenciones.
Están exentos de la aplicación del impuesto los daños causados por los establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la venta exclusiva de los siguientes productos:
a) Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales.
b) Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales.
c) Viveros para jardinería y cultivos.
d) Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.
e) Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación.
f) Suministro de combustibles y carburantes de automoción.
Artículo 27.-Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto la superficie total, referida a la fecha del devengo, de cada establecimiento comercial que disponga de una gran área de venta.
2. La superficie total se obtiene de sumar las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
a) La superficie de venta. A estos efectos, se considera superficie de venta real la superficie total de los lugares en los que se ofertan, venden o exponen las mercancías, o se realizan actividades comerciales con carácter habitual y permanente, o destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras, incluyendo escaparates internos y espacios destinados al tránsito de personas y presentación o preparación de mercancías visibles. Asimismo, se incluirá también la zona de cajas y la zona entre éstas y la salida, si en ellas se prestan servicios o sirven de escaparate.
b) La superficie destinada a otros usos. Se entenderá por tal la superficie destinada a servicios comunes o auxiliares como almacenes, talleres, obradores, espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios, instalaciones de evacuación de incendios y espacios comunes de paso, siempre que en ella no se produzca la venta o exposición de productos.
A estos efectos, se tomará la superficie real destinada a tales usos, con el límite máximo que resulte de computar el 25 por ciento de la superficie de venta al público.
c) La superficie de aparcamiento. Se considera como tal la superficie, cualquiera que sea el título jurídico habilitante para su uso, destinada a aparcamiento de vehículos al servicio de los compradores o empleados del establecimiento o recinto comercial, o destinados a los vehículos para la carga y descarga de mercancías, con independencia de su situación al aire libre o en zonas cubiertas, e incluyendo los espacios de circulación de vehículos y personas, zonas de control y otras vinculadas al servicio.
A estos efectos, la superficie de aparcamiento se obtendrá mediante la aplicación de las siguientes reglas:
1ª. Cuando se trate de establecimientos comerciales con aparcamiento propio o que dispongan de aparcamiento común con otros establecimientos, y conste explícita y fehacientemente la superficie ocupada por las plazas de aparcamiento que les corresponde a cada uno, se tomará la superficie real de las mismas.
2ª. Cuando se trate de establecimientos comerciales que dispongan de aparcamiento común y no conste explícitamente las plazas de aparcamiento que corresponde a cada uno, o las mismas no se encuentren separadas o individualizadas, se asignará a cada establecimiento la superficie de aparcamiento que resulte proporcional a la superficie de venta al público.
3ª. Asimismo, cuando se trate de establecimientos comerciales que no dispongan de aparcamiento para sus clientes en sus propias instalaciones, pero la dotación para el mismo se encuentre situada en edificios ajenos destinados exclusivamente a este uso o en estacionamientos públicos o privados, se aplicarán las reglas anteriores.
4ª. Cuando no conste explícitamente la superficie destinada a plazas de aparcamiento, pero sí el número de las mismas, se calculará a razón de 28 m_ por plaza.
En todo caso, para la determinación de la base imponible del impuesto se tomará la superficie real de aparcamiento obtenida por la aplicación de las reglas anteriores, con el límite máximo que resulte de computar el 25 por ciento de la superficie de venta al público.
Artículo 28.-Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota íntegra del impuesto se obtendrá de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen:
B.I. Cuota resultante euros Resto B.I. Tipo aplicable
hasta m2 hasta m2 euros/m2
2.000 0 1.000 12,00 euros
3.000 12.000 2.000 15,00 euros
5.000 42.000 5.000 17,40 euros
10.000 129.000 en adelante 19,00 euros
2. A la cuota resultante obtenida conforme al apartado anterior se le aplicará, en función de la clase y tipología del suelo en el que esté ubicada la gran superficie comercial, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) En suelo urbano: 1.
b) En suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente: 1,10
c) En suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial, o en suelo no urbanizable genérico: 1,25.
d) En suelo no urbanizable especial: 1,5.
CAPITULO V
Disposiciones comunes relativas a la obligación tributaria
en los Impuestos Medioambientales
Artículo 29.-Obligados tributarios.
1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 10, 17 y 25 de este Texto Refundido.
2. Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, a los que pueda imputarse la condición del apartado anterior.
3. Los titulares de los permisos, autorizaciones, concesiones o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público o de sus recursos naturales y territoriales, serán sustitutos del contribuyente y vendrán obligados a cumplir, en su caso, las obligaciones tributarias derivadas del presente Texto Refundido.
Artículo 30.-Exención subjetiva de carácter general.
Están exentos de los Impuestos Medioambientales, el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones Locales, o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas se encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas.
Artículo 31.-Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.
1. Con carácter general, la base imponible se determinará por el método de estimación directa mediante la declaración del sujeto pasivo o, en su caso, por los datos o documentos objeto de comprobación administrativa.
2. La declaración del sujeto pasivo deberá efectuarse conforme a las siguientes reglas generales:
1ª. Cuando las unidades contaminantes deban ser objeto de medición directa, porque así lo exija la normativa sectorial específica, o sus magnitudes consten en los correspondientes registros administrativos o inventarios sectoriales, la declaración se limitará a expresar el valor conocido así resultante.
2.ª Cuando la instalación emisora disponga o incorpore sistemas de medición o registro de las correspondientes unidades contaminantes, previamente autorizados por el órgano medioambiental competente, el valor a declarar será el que resulte de los mismos, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación administrativa a que se refiere el artículo 34 del presente Texto Refundido.
Artículo 32.-Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
1. En consideración a la dificultad de la estimación directa de la base imponible de cada concepto, reglamentariamente se desarrollará el método de estimación objetiva, que tendrá carácter voluntario para el sujeto pasivo.
2. A tales efectos, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, reglamentariamente se establecerán los correspondientes índices o módulos. Entre otros, podrán utilizarse tanto el contenido potencial del efecto contaminante o daño medioambiental del combustible o materiales utilizados, como el derivado de los elementos resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación.
Asimismo, podrá utilizarse el método de estimación objetiva para la determinación de la base imponible aplicando métodos normalizados o aceptados por el órgano medioambiental competente para la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero o para la declaración de las emisiones sujetas a la realización del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes.
3. En la fijación de los índices o módulos se tendrán en consideración el carácter y la finalidad extrafiscal implícita en cada impuesto.
Artículo 33.-Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la falta de presentación o la presentación incompleta o inexacta de alguna de las declaraciones o autoliquidaciones exigidas en el presente Texto Refundido no permita a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible.
Se aplicará también este régimen cuando el sujeto pasivo ofrezca resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación administrativa o incumpla sustancialmente las obligaciones contables o las formales que se deriven de esta norma o de la legislación sectorial específica.
2. Para la aplicación de este método podrán utilizarse cualesquiera de los medios contemplados en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Artículo 34.-Comprobación de la base imponible.
1. La comprobación administrativa de la base imponible podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignadas en las declaraciones tributarias, utilizando para ello cualesquiera de los medios recogidos en la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
2. En particular, el valor de las unidades contaminantes cuantificadoras del daño medioambiental que corresponda podrá comprobarse por la Administración mediante dictamen pericial cuando el sujeto pasivo no disponga de sistemas de medición o registro homologados para tal fin.
Artículo 35.-Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
1. La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción, hasta el límite del 30 por 100 de su importe, por la realización de inversiones en bienes o derechos del inmovilizado material o inmaterial, situados o destinados dentro del ámbito de aplicación del impuesto, y dirigidas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón
2. La deducción será del 20 por ciento del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones efectivamente realizadas.
3. El resultado de restar la deducción por inversiones a la cuota íntegra será la cuota líquida.
Artículo 36.-Requisitos para la aplicación de la deducción.
1. La aplicación de la deducción se encuentra sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Las inversiones realizadas deberán ser adicionales o complementarias a las que, en su caso, sean exigidas por la normativa específica de ámbito sectorial o por las autorizaciones que sean preceptivas en el sector de la actividad correspondiente. Asimismo, no podrá practicarse la deducción por inversiones cuando se haya producido cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en las citadas normas o autorizaciones.
No obstante lo anterior, las medidas objeto de la inversión deberán ir dirigidas a la prevención, corrección o restauración del medio ambiente, sin que sea precisa una relación directa de la inversión con la actividad contaminante ejercida por el propio sujeto pasivo.
2.º Las inversiones realizadas en bienes del inmovilizado material podrán estar incluidas en programas, acuerdos o convenios con las Administraciones competentes en la materia medioambiental o sectorial que corresponda. Las inversiones efectuadas en derechos del inmovilizado inmaterial deberán estar incluidas necesariamente en algún instrumento de colaboración con la Administración competente.
En cualquier caso, el Departamento competente en materia de Medio Ambiente expedirá la certificación de convalidación que acredite la idoneidad medioambiental de la inversión y de otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.
3º. No dará derecho a deducción la parte de las inversiones financiada con cargo a las subvenciones y ayudas públicas recibidas por el sujeto pasivo para la realización de las mismas.
4º. Las inversiones de reposición únicamente darán derecho a la deducción en la parte que contribuya, de manera efectiva, a incrementar la protección del medio ambiente.
2. Las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en que los bienes sean puestos en condiciones de funcionamiento.
3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos, condiciones y procedimiento de aplicación de esta deducción.
Artículo 37.-Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá, con carácter general, con el año natural.
2. Los Impuestos Medioambientales se devengarán el 31 de diciembre de cada año.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el período impositivo será inferior al año natural cuando el cumplimiento por el contribuyente de las condiciones establecidas para la sujeción al impuesto se produzca con fecha posterior al día 1 de enero. En tales supuestos, el periodo impositivo se iniciará en aquella fecha.
Asimismo, el período impositivo será inferior al año natural cuando se pierda la condición de contribuyente del impuesto en fecha distinta al 31 de diciembre. En tales supuestos, el período impositivo finalizará en aquella fecha.
Artículo 38.-Regla de imputación temporal.
1. Cuando el período impositivo no coincida con el año natural, en los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo anterior, la cuota tributaria se obtendrá de prorratear el importe anual que hubiere resultado por el número de días del período impositivo que corresponda en cada caso.
Esta regla no será de aplicación cuando los valores o magnitudes de las unidades contaminantes objeto de gravamen sean objetivamente independientes del concreto período de tiempo en que se produzcan.
2. No obstante, en los Impuestos sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable y por las grandes áreas de venta, las altas y modificaciones producidas durante el período impositivo, relativas al número o longitud de las instalaciones o a la superficie de los establecimientos, determinarán el cálculo proporcional de la cuota tributaria, en función de la fecha de efectividad en que se produzca el alta o modificación.
A estos efectos, la fecha de efectividad será la del primer día del trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si éste fuera anterior.
CAPITULO VI
Disposiciones comunes relativas a la gestión tributaria
de los Impuestos Medioambientales
Artículo 39.-Organos de gestión.
La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los Impuestos Medioambientales corresponde a los órganos de la Administración tributaria del Departamento competente en materia de Hacienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Reglamentariamente podrá determinarse el órgano que asuma dichas funciones en relación con los Impuestos Medioambientales.
Artículo 40.-Organos de colaboración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los Departamentos competentes en materia de Medio Ambiente, Transportes e Industria, Comercio y Turismo, auxiliarán y colaborarán con los órganos de gestión, en el marco de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de las funciones de liquidación y comprobación de los Impuestos Medioambientales mediante las siguientes actuaciones:
a) La elaboración de un informe, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, para cada período impositivo y comprensivo de los datos, elementos y circunstancias necesarios para la gestión y liquidación del impuesto.
Asimismo, se elaborarán informes complementarios cuando se produzcan las modificaciones a que se refiere el artículo 43, con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
b) La realización de inspecciones, de oficio o a petición de los sujetos pasivos, para las actuaciones de comprobación e investigación que se consideren necesarias u oportunas a efectos de gestión del impuesto.
Artículo 41.-Censo de contribuyentes.
1. A los solos efectos tributarios de lo dispuesto en este Texto Refundido, se constituirá en la Administración tributaria competente un Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales comprensivo de las explotaciones, instalaciones y establecimientos que se encuentren ubicados en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las siguientes secciones:
Sección 1ª. De las instalaciones de transporte por cable.
Sección 2ª. De las instalaciones emisoras de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Sección 3ª. De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.
3. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 42.-Formación del censo.
1. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales se formará a partir de los datos que los sujetos pasivos manifiesten obligatoriamente ante la Administración tributaria, en los términos establecidos en el artículo siguiente. Los datos y circunstancias que deberán constar en el mismo se determinarán reglamentariamente.
2. A los efectos de aplicación del régimen de estimación directa, los sujetos pasivos del impuesto declararán, sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación de la Administración, los valores y magnitudes resultantes, en su caso, de los sistemas de medición o registro correspondientes, y relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los órganos de la Administración tributaria podrán modificar de oficio los datos manifestados por los sujetos pasivos cuando, como resultado de una inspección o comprobación administrativa, se constate la existencia de errores o diferencias respecto a los que obren o consten por cualquier medio en poder de los mismos.
En tal caso, se concederá a los sujetos pasivos un trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días, al objeto de que puedan formular todas aquellas alegaciones que estimen convenientes o manifestar su disconformidad al resultado de las comprobaciones administrativas efectuadas.
Artículo 43.-Declaración inicial y modificación de datos.
1. En el supuesto de inicio de una actividad contaminante que reúna los requisitos establecidos en la presente norma, o se encuentre en funcionamiento a la entrada en vigor de la misma, los sujetos pasivos del impuesto, en el plazo máximo de un mes, estarán obligados a presentar ante los órganos de la Administración tributaria, una declaración inicial por cada explotación, instalación o establecimiento, con todos los datos, elementos y circunstancias necesarios para la configuración del Censo, así como para la gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección del impuesto.
Reglamentariamente podrá exonerarse de esta obligación a aquéllos sujetos pasivos cuya actividad contaminante no supere los límites establecidos en el propio reglamento. Ello implicará, asimismo, que dichos sujetos pasivos no estarán obligados a realizar pagos fraccionados ni practicar autoliquidación en tanto no superen los citados límites.
2. En todo caso, se harán constar los datos relativos a la titularidad, domicilio fiscal, actividad económica, ubicación de las instalaciones o elementos activos en general, longitud, extensión, superficies, volúmenes y cualesquiera otros valores o magnitudes relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen.
Reglamentariamente se establecerán los documentos y justificantes que acrediten fehacientemente la veracidad y exactitud de los datos declarados por los sujetos pasivos y que deberán acompañarse a la declaración inicial o, en su caso, complementaria de los mismos.
Asimismo, las declaraciones censales se cumplimentarán en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
3. Cuando se produzcan modificaciones de los datos declarados inicialmente, el sujeto pasivo, en el plazo máximo de un mes, estará obligado a presentar ante los órganos de la Administración tributaria una declaración complementaria en la que se consigne expresamente el resultado de dichas alteraciones.
4. En el supuesto de cese de la actividad contaminante, el sujeto pasivo estará obligado a presentar la correspondiente declaración de cese, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 44.-Autoliquidación por los sujetos pasivos.
1. Los sujetos pasivos deberán presentar una autoliquidación del impuesto correspondiente por cada explotación, instalación o establecimiento, ante el órgano competente de la Administración Tributaria, determinando la deuda tributaria e ingresando su importe en el lugar, forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.
La autoliquidación se cumplimentará en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
2. Serán deducibles de la cuota líquida resultante de la autoliquidación practicada los pagos fraccionados satisfechos con anterioridad durante el período impositivo, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 46 de este Texto Refundido.
Cuando la suma de los pagos fraccionados efectuados supere el importe de la cuota líquida resultante del impuesto, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso resultante.
3. Si durante un período impositivo se produjera una nueva alta sujeta a alguno de los Impuestos Medioambientales, o alguna modificación de las instalaciones o superficies que afectara a la base imponible del impuesto, éstas se computarán, a efectos de la autoliquidación, a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si éste fuera anterior.
Artículo 45.-Liquidación provisional de oficio por la Administración.
1. Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de acuerdo con los datos, documentos y justificantes declarados o requeridos al efecto.
2. Asimismo, podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la concurrencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.
3. Se aplicarán a las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, los plazos de pago en período voluntario regulados en la legislación general tributaria.
Artículo 46.-Pagos fraccionados a cuenta.
1. Los sujetos pasivos deberán realizar los pagos fraccionados por cada explotación, instalación o establecimiento, a cuenta de la autoliquidación del período impositivo correspondiente en el lugar, forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
Los pagos fraccionados se cumplimentarán en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los impuestos sobre instalaciones de transporte por cable y sobre establecimientos comerciales con grandes áreas de venta, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre del período impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de la cuota devengada que corresponda ingresar por la totalidad de los citados impuestos, considerando la situación de las instalaciones el primer día de cada período impositivo.
3. En el impuesto sobre emisiones contaminantes a la atmósfera el importe máximo de los pagos fraccionados no podrá superar el 75 por 100 de la cuota devengada.
4. Si la correspondiente actividad contaminante objeto de gravamen se inicia durante el primer semestre del período impositivo, sólo se efectuarán el segundo y tercer pagos fraccionados. Si la actividad se inicia en el segundo semestre, no deberán realizarse pagos fraccionados, debiendo presentar los sujetos pasivos la autoliquidación resultante de la aplicación del impuesto a la totalidad del período impositivo.
No obstante, en relación con el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando una instalación inicie su actividad durante un período impositivo, los sujetos pasivos no realizarán pagos fraccionados y procederán, en su caso, a la práctica de la correspondiente autoliquidación.
5. Los pagos fraccionados tendrán la consideración, a todos los efectos, de deuda tributaria.
Disposición transitoria única.-Exención por apoyo a acontecimientos de excepcional interés público en los Impuestos Medioambientales.
Están exentas de los Impuestos Medioambientales todas las actividades e instalaciones afectas exclusivamente a la organización y desarrollo de la «Exposición Internacional Zaragoza 2008» que pudieran comprenderse en el ámbito de aplicación de los mismos.
Disposición final primera.-Cláusula de supletoriedad.
En lo no previsto por el presente Texto Refundido y por los Reglamentos que lo desarrollen, será de aplicación supletoria la legislación general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Disposición final segunda.-Remisión a la ley de presupuestos.
Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán modificar los elementos cuantificadores de los Impuestos Medioambientales. En particular, podrán modificar las unidades de medida, los tipos y los coeficientes establecidos para la determinación de la cuota tributaria y actualizar, en su caso, las escalas de gravamen.
Disposición final tercera.-Adaptación de los Registros e inventarios sectoriales.
Los Registros administrativos e inventarios sectoriales en materia de Medio Ambiente, Transportes e Industria, Comercio y Turismo, adaptarán su organización y régimen de funcionamiento, mediante Orden del Departamento competente, para garantizar el cumplimiento de los deberes de auxilio y colaboración con los órganos de gestión de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, así como el de coordinación con el Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales que se establecen en el presente Texto Refundido.
Disposición final cuarta.-Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Texto Refundido.
En particular, el Gobierno de Aragón podrá regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales derivadas de la aplicación de los Impuestos Medioambientales y, en concreto, podrá establecer un procedimiento para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, así como para el pago, por medios telemáticos, que sea de obligatoria utilización para los sujetos pasivos.
2. Sin perjuicio de las facultades reglamentarias atribuidas al Gobierno de Aragón, se faculta al titular del Departamento competente en materia de Hacienda para que apruebe los modelos oficiales de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación que se establecen en el presente Texto Refundido y dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para la gestión y efectiva aplicación de los Impuestos Medioambientales. |
El ordenamiento urbanístico aragonés está conformado en la actualidad fundamentalmente por la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, y el Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. Ambas normas fueron aprobadas en el marco de lo establecido en la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. En consecuencia, Ley y Reglamento aragoneses incorporaron los principios inspiradores de la norma estatal, que se proclamaba abiertamente liberalizadora del mercado del suelo. Dicha norma fue interpretada de forma muy favorable a la expansión de las competencias autonómicas en la materia en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, que contribuyó decisivamente a clarificar el marco competencial en la materia, inicialmente abordado en la anterior Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997.
Recientemente, las Cortes Generales han aprobado la Ley 8/ 2007, de 28 de mayo, de suelo. Esta norma plantea uña enérgica reacción frente a los principios inspiradores de la anterior Ley 6/1998 que se plasma en una novedosa regulación del suelo como recurso y de todos los derechos y libertades que giran en torno al mismo. En particular, dicha norma afecta de manera decisiva a aspectos tales como el régimen de clasificación del suelo, las reservas para vivienda protegida y los límites de repercusión de precios del suelo en la vivienda protegida, el control de riesgos, sostenibilidad económica y ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los límites entre modificación y revisión del planeamiento, los convenios urbanísticos, la conversión a metálico de aprovechamientos, el régimen de las actuaciones de dotación, cesiones de aprovechamiento y patrimonios públicos de suelo.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía habilita al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley en caso de necesidad urgente y extraordinaria siempre que no afecte a las materias en dicho precepto establecidas. La profundidad de los cambios que la nueva legislación estatal de suelo trata de impulsar, su entrada en vigor en los momentos iniciales de la legislatura que no permiten impulsar con suficiente rapidez las nuevas normas legales precisas para incorporarla al ordenamiento aragonés y el tremendo dinamismo del sector inmobiliario que puede impulsar prácticas tendentes a eludir el rigor de la nueva norma estatal amparándose en diferentes aspectos de su régimen transitorio, hacen que nos encontremos ante una situación extraordinaria, derivada de las profundas discordancias entre la nueva norma estatal, que resulta urgente resolver.
Por otra parte, la voluntad del Gobierno de avanzar de manera firme en la redacción de las nuevas Leyes de ordenación del territorio y de urbanismo, que en breve volverán a remitirse a las Cortes una vez revisados ambos textos, las exigencias de la seguridad jurídica y, de forma destacable, la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de la economía aragonesa en los últimos años sin que ello suponga quiebra alguna del principio de desarrollo sostenible justifican la adopción de diversas medidas en el ámbito urbanístico y de las políticas de vivienda que impulsen la acción pública y privada en tales materias. Asimismo, resulta absolutamente necesario y urgente a juicio del Gobierno, impulsar una serie de medidas legislativas que permitan dar respuesta a la perentoria demanda social de vivienda asequible para facilitar el acceso a la misma de amplias capas de la población, acceso que hoy se ve dificultado especialmente por la coyuntura alcista de los tipos de interés, el retraimiento de la oferta y la dificultad para generar nuevos espacios que puedan servir de soporte con la suficiente rapidez para promover vivienda protegida.
Es por ello que resulta esencial hoy día, máxime en un ámbito donde confluyen intereses tan complejos y valiosos como el urbanístico e inmobiliario y necesidades tan perentorias y relevantes para los aragoneses como el acceso a la vivienda, evitar rápidamente posibles contradicciones entre la normativa urbanística aragonesa y la estatal y arbitrar las medidas precisas para dar respuesta ala situación actual del mercado de la vivienda.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su sesión del día 4 de diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto-ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento urbanístico vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo establecido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, imponiendo las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del planeamiento urbanístico, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y adoptar las medidas precisas para impulsar políticas que contribuyan a facilitar el acceso a la vivienda en Aragón.
Artículo 2. Modificaciones de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística.
Uno. El artículo 14.2 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos de suelo urbano que el Plan General defina expresamente como tales por estar sometidos a procesos de urbanización, renovación o reforma interior y, en todo caso, los sometidos a actuaciones de dotación conforme a lo establecido en la normativa estatal. Todo el suelo urbano que el Plan General no defina expresamente como no consolidado se considerará suelo urbano consolidado».
Dos. El artículo 18.b) queda redactado del siguiente modo:
«b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el planeamiento, las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos. Entre tales obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y las infraestructuras de transporte público que el planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en función de los nuevos tráficos que genere».
Tres. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos clasificados como tales por el planeamiento por concurrir alguna de las circunstancias siguientes:
a) En todo caso, el suelo preservado de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza ó de patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes graves.
b) Que no se considere conveniente su transformación en urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana y ocupación territorial establecido por el plan general, y en su caso, por proyectos supramunicipales.
Cuatro. El apartado primero del artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías de suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial. El suelo no urbanizable genérico será la clase y categoría residual».
Cinco. La letra a) del artículo 24 queda redactado del siguiente modo:
«Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público por su contribución a la ordenación o al desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural».
Seis. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que sean clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible transformación, a través de su urbanización, en las condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio».
Siete. El artículo 30.1 queda redactado del siguiente modo:
«El propio Plan General establecerá las condiciones para el desarrollo del suelo urbanizable delimitado. Podrá también ordenar directamente los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado, incorporando necesariamente las determinaciones propias de los planes parciales y potestativamente las de los proyectos de urbanización. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones locales y la densidad máxima serán en todo caso los establecidos para los planes parciales».
Ocho. Se crea tres nuevos apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 30, quedando el actual apartado segundo como apartado quinto:
«2. Son sectores de suelo urbanizable delimitado concertado los promovidos, previa declaración de interés general de la actuación por el Gobierno de Aragón, conjuntamente por la Administración de la Comunidad Autónoma y el Municipio en que se ubiquen, o por ambos con la iniciativa privada, a través de un consorcio o sociedad de capital mayoritariamente público, con objeto de implantar actividades industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos o ejecutar los programas y políticas públicos de vivienda y suelo.
3. Los procedimientos administrativos precisos para la delimitación, ordenación y ejecución de estos sectores se declaran urgentes a los efectos establecidos en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y de contratación administrativa y serán prioritarios para su despacho y tramitación ante la Administración de la Comunidad Autónoma o las entidades locales aragonesas. La aprobación definitiva del planeamiento que delimite sectores de suelo urbanizable delimitado concertado implicará también la declaración de urgencia de la expropiación cuando el planeamiento establezca el sistema de actuación de expropiación, delimite las unidades de ejecución, e incorpore, conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la descripción de los bienes y derechos afectados que deberá haberse sometido a información pública en la forma establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
4. Los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado para la ejecución de los programas y políticas públicos de vivienda y suelo o, en todo caso, aquellos que autoricen la promoción de vivienda en su ámbito sólo podrán aprobarse en Municipios que tengan obligación de reservar terrenos para la construcción de vivienda protegida conforme a la normativa de vivienda y, cuando se delimiten y ordenen mediante modificación del plan general vigente, deberán reservar para la construcción de vivienda protegida al menos el doble de los terrenos que hubiesen resultado ordinariamente exigibles en el municipio de que se trate».
Nueve. Se crean dos nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 32 con la siguiente redacción:
«3. El plan general de ordenación urbana deberá concretar el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio, ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes criterios:
a) Primará la ciudad compacta y evitará consumos innecesarios de recursos naturales y, en particular, de suelo.
b) Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de diez años.
c) Salvo que de forma expresa y específica se establezcan criterios y parámetros diferentes, al alza o a la baja, en directrices de ordenación territorial o en un proyecto supramunicipal, el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio no podrá modificar el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población, ya sea generando nuevos núcleos o alterando los existentes de manera que se modifique significativamente su capacidad o su superficie con respecto a las iniciales, ni podrá prever desarrollos en el horizonte temporal máximo de gestión que impliquen crecimientos cuya ejecución no resulte previsible dentro del mismo en función de criterios tales como las características del municipio, su evolución previsible, la capacidad de las redes y servicios generales prestados por las diferentes Administraciones públicas y la situación de mercado. En la memoria deberán analizarse y justificarse específicamente los desarrollos previstos.
d) Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del suelo, el Plan General podrá prever los futuros desarrollos que considere coherentes con el modelo de evolución urbana y ocupación del suelo más allá de su horizonte temporal máximo de gestión. La actuación en dichos ámbitos estará condicionada a la previa revisión del Plan General una vez concluido el horizonte máximo de gestión.
4. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio deberá ser específicamente evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental del plan general teniendo en cuenta, especialmente, el informe o memoria de sostenibilidad económica al que se refiere la normativa estatal».
Diez. El artículo 34.a) queda redactado del siguiente modo:
«a) Asignación y ponderación de usos, intensidades, tipologías y densidades edificatorias de las diferentes zonas».
Once. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«En el suelo urbanizable no delimitado, el Plan General establecerá, ya sea con carácter general o referido a áreas concretas del mismo, los usos, densidades y edificabilidades globales, los usos incompatibles con esta categoría de suelo, la delimitación de sectores o, en su defecto, las condiciones para proceder a su delimitación garantizando su adecuada inserción en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a la delimitación posterior. Tales criterios podrán establecerse con carácter general o diferenciado para cada una de las áreas en que se hubiera dividido a estos efectos el suelo urbanizable no delimitado y podrán referirse a aspectos tales como los relativos a magnitud, usos, dotaciones, equipamientos, sistemas generales que deban ejecutarse y conexiones con los mismos, mayores reservas de terrenos respecto de las legalmente exigibles para la construcción de viviendas protegidas habilitando a la Administración para tasar su precio o renta, así como prioridades para garantizar un desarrollo urbano racional y sostenible ambiental y económicamente, todo ello con la finalidad de garantizar la adecuada inserción de cada nuevo sector en la estructura urbanística municipal. En particular, el plan general podrá condicionarla delimitación o desarrollo de los sectores de suelo urbanizable no delimitado al desarrollo de los de suelo urbanizable delimitado previstos en el mismo».
Doce. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las determinaciones del Plan General establecidas en los artículos anteriores se desarrollarán en la memoria, los planos de información y de ordenación urbanística, incluyendo los mapas de riesgos, los catálogos, las normas urbanísticas y el estudio económico. En el estudio económico se analizará específicamente el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
2. En los municipios obligados a reservar terrenos para vivienda protegida la memoria del plan general incluirá un estudio de necesidades de vivienda y de dotación de vivienda protegida en el municipio que justifique las decisiones de clasificación de suelo residencial adoptadas.
3. En los municipios de más de ocho mil habitantes, los colindantes con ellos y en aquellos otros que se determinen mediante Orden del Consejero competente en materia de urbanismo, la memoria del plan general incluirá un estudio de movilidad que analice los flujos previstos que generará la ejecución del planeamiento y los medios adecuados para encauzarlos atendiendo al principio de movilidad sostenible».
Trece. El artículo 42.2 queda redactado del siguiente modo:
«2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva motivadamente, por falta de cumplimiento de las prohibiciones y exigencias procedimentales, competenciales, documentales y materiales establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio y de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como cuando el Plan no respete los principios de desarrollo sostenible, equilibrio territorial, movilidad sostenible, justificación de la correcta organización del desarrollo urbano y coherencia con las políticas de vivienda, medio ambiente, patrimonio cultural u otras que, como consecuencia de los desarrollos previstos, exigiesen la programación de inversiones estatales o autonómicas para la dotación de infraestructuras y servicios a los ámbitos urbanizados en ejecución del planeamiento».
Catorce. Al final del artículo 48 se añade el siguiente inciso:
«Deberá incluirse asimismo un estudio detallado de riesgos, estudio económico que analice el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos».
Quince. Se modifica el apartado segundo del artículo 72 y se crea un nuevo apartado tercero con la siguiente redacción:
«2. Tendrá la consideración de revisión del Plan General de Ordenación Urbana cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio o la estructura general y orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres y otros.
3. Se considerará sustancial en todo caso la alteración que determine, por sí misma o en unión de las aprobadas en los últimos dos años, sin computar a estos efectos las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado, la superación del treinta por ciento de incremento de las viviendas o la superficie urbanizada residencial existentes incrementados, siempre que se hubiesen aprobado definitivamente los instrumentos de gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con las viviendas o la superficie urbanizada residencial previstas conforme al mismo. Este límite no será de aplicación respecto de las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado».
Dieciséis. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 74 con la siguiente redacción:
«Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro».
Diecisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 77 con la siguiente redacción:
«4. La determinación de la ubicación de un proyecto supramunicipal en el acuerdo de declaración del interés supramunicipal comporta la declaración de utilidad pública por tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos años más por causa justificada, previa audiencia a los propietarios afectados. Asimismo, cuando se hayan cumplido los trámites establecidos en la normativa de expropiación forzosa, comportará también la necesidad de ocupación a los efectos expropiatorios».
Dieciocho. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 83 con la siguiente redacción:
«4. Serán nulos de pleno derecho los convenios con particulares en los siguientes supuestos:
a) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo Plan General o la revisión del vigente.
b) Los que permitan la percepción de cualesquiera prestaciones, en metálico o en especie, antes de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento correspondiente.
c) Los que prevean obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas que las que procedan legalmente sobre el ámbito objeto del convenio en perjuicio de propietarios afectados incluidos en dicho ámbito que no sean parte en el convenio incluso en aquellos supuestos en los que aun siendo asumidas únicamente por las partes firmantes del convenio, se prevea la posterior repercusión o asunción de dichas cargas, aun voluntariamente, por el resto de propietarios».
Diecinueve. El artículo 84.2 queda redactado del siguiente modo:
«Mediando convenio, el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Municipio podrá tener lugar mediante el pago de cantidad sustitutoria en metálico excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública incluido en el ámbito correspondiente o, si lo ofreciese el obligado a ceder, en otros del mismo Municipio. En cualesquiera supuestos en los que se sustituya la forma ordinaria de cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento urbanístico deberá incluirse en el expediente valoración de dicho aprovechamiento realizada por sociedades de tasación independientes».
Veinte. El artículo 85 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos que dispongan de Plan General de Ordenación Urbana deberán constituir su respectivo patrimonio público de suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y los restantes fines establecidos en el artículo siguiente.
2. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación del plan general de ordenación urbana sin que haya tenido lugar la constitución del patrimonio municipal del suelo se entenderá constituido por ministerio de la ley, quedando sujetos los bienes que lo integren al régimen jurídico establecido en esta Ley.
3. El Consejero competente en materia de urbanismo podrá dispensar a municipios con población de derecho inferior a dos mil habitantes de la obligación de constituir el patrimonio municipal del suelo. En el expediente deberá acreditarse la innecesariedad del patrimonio municipal del suelo atendida la finalidad del mismo de conformidad con esta Ley.
4. La exención quedará sin efecto por ministerio de la Ley, salvo que medie resolución en sentido contrario del Consejero competente en materia de urbanismo, en aquellos municipios que, habiendo sido eximidos, superen durante cinco años consecutivos el umbral demográfico establecido en este apartado. En todo caso, el Consejero competente en materia de urbanismo podrá revocar la exención, a instancia del Municipio o del Director General competente en materia de urbanismo, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que justificaron la exención».
Veintiuno. El apartado primero del artículo 86 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente en metálico se destinarán a la conservación y ampliación del patrimonio público del suelo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable o, mediante acuerdo específico del órgano competente, a los usos propios de su destino, entre los que se incluyen en todo caso los siguientes:
a) Obras de urbanización.
b) Obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo urbano consolidado o de sistemas generales.
c) Construcción de equipamientos públicos u otras instalaciones de uso público autonómico o municipal, siempre que sean promovidas por las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
d) Actuaciones de iniciativa pública de renovación urbana, reforma interior o rehabilitación de vivienda.
e) Gastos de realojo y retorno.
f) Compra y, en su caso, rehabilitación de edificios para vivienda protegida o equipamientos públicos».
Veintidós. El artículo 87 queda redactado del siguiente modo:
«Integrarán el correspondiente patrimonio público del suelo los siguientes terrenos:
a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren clasificados como suelo urbano o urbanizable.
b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones urbanísticas de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén afectos al establecimiento de sistemas generales o dotaciones locales públicas en tanto se mantenga la afección. El importe de las cesiones en metálico también se incorporará a este patrimonio.
c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los patrimonios públicos del suelo».
Veintitrés. Se introduce un nuevo apartado tercero en el artículo 89 con la siguiente redacción:
«El régimen de disposición de los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos del suelo dependerá del uso al que estén destinados de conformidad con los siguientes criterios:
a) Cuando el planeamiento los destine a usos residenciales sin concretarse en el mismo o mediante acuerdo expreso del órgano municipal competente, que lo sean de vivienda protegida, se enajenarán mediante permuta, conforme a la normativa de vivienda y garantizando la publicidad y concurrencia en los términos establecidos en la normativa de contratación y patrimonio de las Administraciones públicas.
b) Cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso del órgano municipal competente se destinen a usos residenciales de vivienda protegida, se enajenarán mediante concurso, sin perjuicio de su posible adjudicación directa, cuando éste quedase desierto, o de la cesión entre Administraciones, todo ello conforme a la normativa de vivienda.
c) Cuando el planeamiento los destine a usos no residenciales, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos siguientes».
Veinticuatro. El artículo 92 queda redactado del siguiente modo:
«Los municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos, directamente e incluso a título gratuito, comprendidos los de los patrimonios públicos de suelo, con fines de promoción de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras infraestructuras o instalaciones de uso público o interés social».
Veinticinco. El artículo 102 queda redactado del siguiente modo:
«1. En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el objetivo establecido en el planeamiento.
2. En las operaciones aisladas de rehabilitación, siempre que se conserve la edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación, si se dala circunstancia de que la edificabilidad materializada históricamente supera el aprovechamiento objetivo señalado por unidad de superficie en el planeamiento, se tomará tal edificabilidad como referencia de aprovechamiento subjetivo.
3. En el suelo urbano no consolidado el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la propiedad el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o, en su caso, del sector. En las actuaciones de dotación el aprovechamiento correspondiente al propietario será, además del anterior, el residual resultante de deducir del total el diez por ciento del incremento del aprovechamiento medio atribuido al ámbito correspondiente. El resto del aprovechamiento subjetivo corresponde en todo caso a la Administración.
4. Los planes generales podrán modificar el aprovechamiento subjetivo en suelo urbano no consolidado conforme a las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado sometido a reforma interior podrá reducir excepcionalmente y de forma específicamente motivada el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado.
b) En aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de referencia.
5. El Plan General de Ordenación Urbana podrá prever que el destino de los inmuebles singulares del Patrimonio Cultural Aragonés y de los protegidos por el planeamiento urbanístico a usos hosteleros y comerciales no consuma la edificabilidad correspondiente a la unidad de ejecución o sector».
Veintiséis. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo 103 con la siguiente redacción, quedando el actual apartado tercero como apartado cuarto:
«3. El Plan General podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de referencia en aquellos sectores en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo urbanizable. No podrá reducirse el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en ningún caso».
Veintisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 121 con la siguiente redacción:
«4. Cualquier persona podrá instar ante el Ayuntamiento la declaración de incumplimiento de los plazos aplicables en el sistema de compensación y su sustitución conforme a lo establecido en el apartado anterior por el sistema de concesión de obra urbanizadora. El Ayuntamiento podrá optar, no obstante, por aplicar un sistema de actuación directa en lugar de fijar el sistema de concesión de obra urbanizadora».
Artículo 3. Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán establecer, en sectores o unidades de suelo urbano no consolidado o urbanizable cuyo uso característico sea el residencial, las siguientes reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas habilitando a la Administración para tasar su precio o renta:
a) En Huesca, Teruel y Zaragoza, los terrenos equivalentes, al menos, al cuarenta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en suelo urbanizable y el treinta por ciento en suelo urbano no consolidado.
b) En los municipios con población de derecho superior a tres mil habitantes en todo caso, en los que establezcan los planes de vivienda aprobados por el Gobierno de Aragón, así como, mediando acuerdo del Consejero competente en materia de vivienda, en los municipios que por su relevancia territorial lo requieran, los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado.
c) En los restantes municipios, las reservas que considere oportunas, que nunca serán superiores a las establecidas con carácter general en la letra b) anterior.
2. Para el establecimiento de las reservas de terrenos establecidas en este artículo se seguirán las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado las reservas se computarán y exigirán respecto de cada unidad de ejecución o, si estuviese delimitado, sector de uso predominante residencial y en suelo urbanizable respecto de cada sector de uso predominante residencial, sin que en ningún caso el cómputo global pueda resultar inferior al porcentaje mínimo anteriormente señalado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero.
b) El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada deberá fijar en los terrenos precisos la calificación correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón. El Plan General, cuando establezca la reserva sobre ámbitos que no ordene pormenorizadamente, podrá remitir al planeamiento de desarrollo la determinación de los terrenos a los que corresponderá la calificación correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón.
c) El porcentaje de reserva de edificabilidad residencial en cada caso aplicable se aplicará igualmente sobre el número total de viviendas del ámbito de que se trate, que deberán ser igualmente objeto de reserva independientemente de la relación entre techo y vivienda resultante del planeamiento.
d) Cuando en el ámbito correspondiente existan terrenos de los patrimonios públicos de suelo, la reserva se prorrateará entre los mismos y los de titularidad privada en función de su participación total en el ámbito de referencia, sin que ello condicione en modo alguno la equitativa distribución de los aprovechamientos residenciales resultantes de los procesos de gestión urbanística.
e) Cuando no sea posible, de conformidad con la normativa sobre calificación de actuaciones protegidas, hacer efectivas total o parcialmente las reservas para la construcción de viviendas protegidas establecidas en esta Ley por resultar inviable la calificación, dichas reservas podrán sustituirse, en las condiciones que establezca el Gobierno de Aragón, por actuaciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de actuación, o su equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia del precio de mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a protección y el precio máximo medio legalmente establecido para la vivienda protegida.
f) La cesión de aprovechamiento que legalmente corresponda al Municipio se calculará aplicando el porcentaje procedente a la totalidad de productos inmobiliarios resultantes de la actuación salvo que medie acuerdo con el Municipio.
g) Los umbrales demográficos se considerarán en el momento de la aprobación inicial del Plan General.
3. No podrán aprobarse inicialmente planes urbanísticos que establezcan la ordenación pormenorizada incumpliendo el régimen de reservas sin previo acuerdo de exención del Gobierno de Aragón. Sólo podrá eximirse de la reserva establecida en este artículo, de manera excepcional y motivada, en los siguientes supuestos:
a) En ámbitos del mismo sujetos a actuaciones consideradas de renovación o reforma interior conforme a la normativa urbanística. La exención podrá ser total o parcial en función de las mayores cargas de urbanización, dotacionales u otras de carácter público que, por sus características y ubicación, deba asumir la actuación.
b) En otros ámbitos distintos de los anteriores, siempre que quede garantizado en el instrumento de ordenación correspondiente el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. La exención podrá ser total o parcial y se compensará necesariamente, en las mismas condiciones y cuantías, en otros ámbitos del municipio, en la misma o diferente clase de suelo. En estos supuestos no podrá aprobarse definitivamente el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada del ámbito exento antes de que haya recaído acuerdo dé aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que garantice dicho cumplimiento íntegro conforme al principio de cohesión social.
En cualesquiera supuestos, las propuestas de exención podrán ser elevadas al Gobierno de Aragón únicamente por el Departamento competente en materia de urbanismo, a iniciativa propia o del Municipio correspondiente.
4. La calificación del suelo con destino a vivienda protegida de Aragón tendrá carácter permanente, independientemente de la situación jurídica de las viviendas promovidas sobre el mismo.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma o los Municipios podrán expropiar los terrenos destinados por el planeamiento a la construcción de viviendas protegidas cuando su titular incumpla los plazos establecidos en el planeamiento para edificarlas o, en su defecto, el de dos años desde que la parcela correspondiente adquiera la condición de solar. El justiprecio se determinará conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Podrá expropiarse con beneficiario que será seleccionado mediante concurso conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
6. El coeficiente de ponderación del uso residencial de vivienda protegida será establecido en el planeamiento general y será único para todas las tipologías. Mediante Orden del Departamento competente en materia de vivienda se establecerán, justificadamente por referencia a su valor de mercado en relación con el característico, coeficientes de ponderación supletorios respecto de los establecidos por el planeamiento general para todo Aragón o para las concretas áreas geográficas que se determinen.
7. Los Notarios y Registradores exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, proyectos de reparcelación la acreditación del cumplimiento del régimen de reservas establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. Se considerará acreditado el cumplimiento en todo caso cuando el informe autonómico al planeamiento habilitante así lo considere expresamente.
Dos. Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 8 con la siguiente redacción:
«3. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al importe total del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del veinte por ciento, o del treinta por ciento en el caso de viviendas de precio tasado, de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta por metro cuadrado que resulte de aplicación por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. En promociones que incluyan diferentes tipologías de vivienda protegida la repercusión de suelo se calculará aplicando el porcentaje que corresponda a cada tipología por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas de las diferentes tipologías».
Tres. Se crea una nueva sección tercera, rubricada «Regímenes especiales de vivienda en alquiler», en el capítulo tercero del título primero con un único artículo, el 18 bis, con la siguiente redacción:
«1. Las viviendas protegidas en régimen de alquiler, salvo las que otorguen opción de compra, podrán ser adjudicadas por la entidad promotora, directamente o mediante entidad interpuesta según lo establecido en este apartado, conforme a los criterios generales, requisitos y modelos de contrato aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de viviendas protegidas en régimen de alquiler promovidas por administraciones públicas o sus entidades instrumentales destinadas a domicilio habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras formas de cesión justificadas por razones sociales, y adjudicadas, especialmente con fines de integración social, entre jóvenes de hasta treinta y cinco años, personas mayores de 65 años y sus familias, discapacitados, víctimas de la violencia de género o terrorista, familias numerosas, familias monoparentales o personas con discapacidad y sus familias u otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la administración pública promotora u otras administraciones públicas o sus entidades instrumentales, así como, por razones de interés público o social, por otras entidades sin ánimo de lucro siempre que, en este último supuesto, se destinen a domicilio habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda habitual y la residencia colectiva y tengan características adecuadas para atender a los colectivos a que se dirijan.
b) Cuando se trate de viviendas de promoción privada en régimen de alquiler destinadas a trabajadores de la empresa promotora o de su grupo de empresas, en aquellos supuestos en los que, por la ubicación de la actividad empresarial y los elevados precios de la vivienda en la zona derivados del carácter predominantemente turístico del uso residencial, existan dificultades objetivas de alojamiento.
c) Cuando se trate de viviendas en régimen de alquiler promovidas por administraciones públicas o sus entidades instrumentales destinadas a trabajadores con contrato de temporada en zonas en las que existan dificultades objetivas de alojamiento. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la administración pública promotora u otras administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
d) Viviendas universitarias, en régimen de alquiler. En estos supuestos podrá convenirse con la universidad correspondiente la forma de gestión de las viviendas y el procedimiento de adjudicación.
2. En todos los supuestos del apartado anterior no será preciso cumplir los requisitos de inscripción en el Registro de Solicitantes de Viviendas Protegidas de Aragón ni la inscripción previa de los adjudicatarios. No obstante, la adjudicación deberá comunicarse al Registro para la constancia y control del arrendamiento u ocupación de las viviendas, a los efectos establecidos en su normativa reguladora. Podrán establecerse para ello procedimientos de comunicación telemática.
3. Queda habilitado el Departamento competente en materia de vivienda para desarrollar mediante Orden lo establecido en este artículo».
Disposición adicional única. Programación de sectores residenciales de suelo urbanizable concertado.
1. Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, el Consejero competente en materia de vivienda acordará la formulación del catálogo de sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado previstos para el próximo cuatrienio, que se tramitará y tendrá rango de directriz sectorial de ordenación del territorio.
2. La aprobación del catálogo por el Gobierno de Aragón surtirá los efectos establecidos en la normativa de ordenación del territorio e implicará, además; la declaración de interés general de las actuaciones incluidas en el mismo.
3. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda, podrá declarar el interés general de actuaciones en sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado antes de la aprobación del catálogo.
Disposición transitoria primera. Instrumentos urbanísticos vigentes.
1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos urbanísticos vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley continuarán aplicándose en los contenidos que no sean contrarios al mismo y se adaptarán a este Decreto-ley cuando se proceda a su revisión, sin perjuicio de la aplicación dedo establecido en las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, sexta y novena.
2. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a través del procedimiento establecido para los planes generales en la legislación urbanística. En todo caso, cuando se proceda a su revisión deberán adaptarse a la misma.
Disposición transitoria segunda. Modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes.
A las modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes que se aprueben inicialmente tras la entrada en vigor de este Decreto-ley les será de aplicación lo establecido en el artículo 72, apartados 2 y 3 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en la redacción dada por este Decreto-ley.
Disposición transitoria tercera. Régimen aplicable a los instrumentos de ordenación urbanística en tramitación.
1. Los instrumentos de ordenación urbanística inicialmente aprobados a la entrada en vigor de este Decreto-ley se regirán por la normativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta, sexta y novena.
2. Los procedimientos de adaptación o modificación iniciados a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial o se presentó la solicitud de homologación ante la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta, sexta y novena.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio del suelo urbanizable.
En el suelo urbanizable no delimitado clasificado bajo el régimen resultante de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, no podrán aprobarse Planes Parciales en tanto se incorpore al planeamiento general el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio regulado en los apartados tercero y cuarto del artículo 32 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, introducido por este Decreto-ley. Excepcionalmente en estos supuestos, el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio podrá incorporarse al planeamiento general por el procedimiento de modificación.
Disposición transitoria quinta. Régimen aplicable a los proyectos supramunicipales.
El régimen de los proyectos supramunicipales establecido en este Decreto-ley no será de aplicación a los proyectos supramunicipales que hayan sido aprobados antes de su entrada en vigor salvo que el Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento promotor, acuerde lo contrario.
Disposición transitoria sexta. Aprovechamiento subjetivo.
Lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en la redacción dada por este Decreto-ley no será de aplicación cuando a su entrada en vigor se hubiesen aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación, el proyecto expropiatorio o el proyecto de obras ordinarias correspondientes ala actuación de que se trate o se hubiese otorgado licencia condicionada a la simultánea ejecución de la urbanización.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los convenios urbanísticos.
Quedarán sujetos a lo establecido en este Decreto-ley los convenios urbanísticos que no hayan sido definitivamente aprobados y suscritos a su entrada en vigor.
Disposición transitoria octava. Constitución de los patrimonios municipales de suelo
1. Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto-ley sin que haya tenido lugar la constitución del patrimonio municipal del suelo en municipios obligados a ello se entenderá constituido por ministerio de la ley.
2. La obligación de constituir el patrimonio público de suelo se extiende a los municipios que disponen de normas subsidiarias municipales, aun cuando no hayan sido adaptadas como plan general. En defecto de acto municipal de constitución, el patrimonio municipal del suelo se entenderá constituido una vez transcurran seis meses desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria novena. Aplicación de la reserva le suelo para vivienda protegida.
1. El régimen de reservas establecido en este Decreto-ley se aplicará desde su entrada en vigor conforme a las siguientes reglas:
a) La reserva de terrenos para la construcción de viviendas protegidas en suelo urbano o urbanizable, conforme a lo establecido en este Decreto-ley, será de aplicación en todo caso cuando se proceda a la revisión o modificación del planeamiento general vigente.
b) En el suelo urbano no consolidado en todo caso, así como hubiese sido definitivamente aprobada a la entrada en vigor de este Decreto-ley, no resultará de aplicación el régimen de reservas establecido en el mismo salvo que se proceda a la revisión o modificación del planeamiento antes de su ejecución. No obstante, será de aplicación el régimen de reservas establecido en este Decreto-ley cuando transcurran los plazos previstos para su desarrollo o en su defecto el de tres años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, y ésta no se haya llevado a efecto por causa no imputable a la Administración. Se entenderá que no se ha llevado a efecto el desarrollo cuando no se hayan aprobado todos los instrumentos de gestión precisos para ejecutar la urbanización y ésta se haya iniciado materialmente.
c) En el suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada no hubiese sido definitivamente aprobada antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley se aplicará el régimen de reservas establecido en el mismo.
2. Cuando de conformidad con esta disposición el planeamiento de desarrollo haya de establecer reservas, los umbrales demográficos se considerarán en el momento de su aprobación inicial.
3. Los Municipios que a la entrada en vigor de este Decreto-ley estén obligados a realizar reservas conforme a la normativa anterior continuarán estándolo, independiente mente de su población, conforme al régimen que resulte de aplicación en cada caso.
Disposición derogatoria única. Derogación por incompatibilidad.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-ley.
2. Quedan expresamente derogados el apartado cuarto del artículo 153 y los artículos 215 a 219 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de este Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 4 de diciembre de 2007.
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
ALFONSO VICENTE BARRA
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras un largo período de crecimiento ininterrumpido, la economía aragonesa muestra una fuerte desaceleración, en consonancia con la coyuntura económica nacional e internacional. Esta ralentización del ritmo de crecimiento tiene como causas principales la evolución de los precios del petróleo y de las materias primas, junto con la fuerte caída del sector de la construcción de la vivienda y las restricciones de liquidez del sistema financiero.
La importancia de la situación obliga a una acción normativa inmediata en forma de Decreto-Ley como complemento a otras medidas ya adoptadas de acuerdo social y la elaboración de unos presupuestos para el año 2009 ajustados a la actual situación económica y con medidas de apoyo a la financiación de las empresas, y a otras que más adelante deberán adoptarse en función de la evolución de los acontecimientos. La urgencia en la actuación exige un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia.
La concurrencia de las notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad de la situación de crisis económica justifican el presupuesto habilitante del presente Decreto-Ley dictado en virtud de la facultad legislativa excepcional que el Gobierno de Aragón tiene atribuida por el artículo 44 del nuevo Estatuto de Autonomía, que dispone que «en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley», siempre que no afecten a las materias señaladas en el mismo precepto.
La doctrina del Tribunal Constitucional ha venido afirmando que la figura del Decreto-Ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, como la que está atravesando actualmente la economía aragonesa. Dentro de estas medidas han podido ser incluidas legítimamente, señala este Tribunal, cambios en los procedimientos administrativos en un sentido de simplificación y de agilización en relación con la actividad empresarial.
El presente Decreto-Ley es plenamente respetuoso con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para su posible utilización, por cuanto todas las medidas recogidas en él traen su justificación en la necesidad de contribuir a impulsar la actividad económica pública y privada en Aragón con objeto de dar una respuesta urgente a la actual situación de desaceleración que sufre la economía aragonesa. Existiendo, asimismo, la también requerida adecuación entre la situación de urgencia habilitante del empleo de esta fuente de Derecho y las soluciones normativas contenidas en la norma, pues todas ellas están encaminadas a que la Administración autonómica, bien de una forma directa o indirecta, flexibilice su funcionamiento para facilitar al máximo las inversiones en Aragón, sin que ello suponga hacer dejación de funciones de control y garantía de los intereses generales de los ciudadanos.
El Decreto-Ley se compone de un total de once artículos distribuidos en tres títulos, contando asimismo con dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El título preliminar delimita de forma concreta cuál es el objeto y finalidad última que se pretende alcanzar con esta norma. De lo que se trata es de impulsar la actividad económica pública y privada en Aragón a través de reformas en el funcionamiento administrativo para potenciar las inversiones y la creación de empleo en Aragón.
A lo largo del título I se dictan varias disposiciones para el impulso de la actividad administrativa. Se flexibiliza la distribución de competencias y se insta a las Administraciones públicas aragonesas a revisar los procedimientos administrativos de su competencia con el fin de minimizar los costes a las empresas y a los ciudadanos durante la gestión administrativa. Asimismo, ante la actual coyuntura económica se declara la necesidad provisional, hasta el 31 de diciembre de 2009, de tramitar por vía de urgencia determinados contratos administrativos como los de obras, los concesión de obra pública y los de colaboración entre el sector público y el sector privado, por entender que son estos contratos los que implican más inversión y una mayor creación de empleo, de lo que la economía aragonesa esta necesitada de forma urgente ante el brusco descenso de los marcadores económicos.
También se incluye como una disposición de impulso administrativo la creación de la figura de la declaración responsable que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la Administración, eso sí cumpliendo determinadas garantías y sin perjuicio de las comprobaciones que podrá realizar la Administración, de manera que si hay falsedad en dicha declaración la Administración podría iniciar las oportunas actuaciones sancionatorias ordenando incluso el cese de la actividad. Reglamentariamente se deberán determinar que actividades económicas deben ajustarse a este procedimiento.
El título II regula las inversiones de interés autonómico que se definen como las declaradas por el Gobierno de Aragón por tener una especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial en Aragón. La actual coyuntura exige la creación urgente de este instrumento pues permitirá que importantes proyectos de inversión en Aragón puedan acelerarse y de este modo potenciar la creación de nuevo empleo. Su régimen jurídico se inspira claramente en la Ley 2/2006, de 6 de abril, de medidas en relación con la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008, que tan buenos resultados ha dado para la ejecución de las inversiones en la muestra internacional recientemente clausurada.
El que una inversión sea declarada de interés autonómico tendrá importantes consecuencias, en concreto esta declaración supondrá que la inversión y los procedimientos administrativos que conlleve gozarán de tramitación preferente y urgente, reduciéndose además a la mitad los plazos ordinarios de trámite de dichos procedimientos. La reducción de plazos se trata de manera específica en materias como el urbanismo y el medio ambiente.
Por último, se incluyen tres disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales con el fin de que el presente Decreto-Ley se aplique con la mayor celeridad posible para impulsar la actividad económica en Aragón.
El Decreto-Ley se dicta al amparo de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de Aragón según los artículos 71 9ª, 10ª, 22ª y 32ª, y 75 3ª, 11ª y 12ª de su Estatuto de Autonomía.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el art. 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 30 de octubre de 2008,
DISPONGO:
TÍTULO PRELIMINAR.
OBJETO Y FINALIDAD DEL DECRETO-LEY
Artículo 1. Objeto y finalidad
El conjunto de las disposiciones que se recogen en el presente Decreto-Ley tienen por objeto impulsar de forma urgente la actividad económica pública y privada en Aragón.
En concreto, se pretende que el sector público aragonés, mediante reformas en sus procedimientos de actuación, facilite al máximo las iniciativas económicas y de este modo se favorezca el mantenimiento y la creación de empleo en Aragón.
TÍTULO I.
DISPOSICIONES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 2. Atribución y avocación de competencias.
1. La atribución de la competencia a los distintos órganos de la Administración autonómica podrá realizarse por el Gobierno de Aragón mediante Decreto, sin perjuicio de las facultades del Presidente.
2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de cualquiera de sus miembros, y los Consejeros, como titulares de los distintos Departamentos podrán, en cualquier momento, avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole social, económica, territorial, técnica o jurídica lo hagan conveniente.
Artículo 3 Simplificación de trámites e impulso de la acción administrativa
1. Las Administraciones públicas aragonesas deberán revisar los procedimientos administrativos de su competencia y proceder a su modificación para que se simplifiquen sus trámites, se reduzcan sus plazos de resolución y se minimicen los costes a las empresas y a los ciudadanos durante la gestión administrativa.
2. En todo procedimiento administrativo tramitado por las Administraciones aragonesas una vez superado el plazo señalado para los distintos actos de trámite, de oficio se declarará la preclusión del mismo y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se impulsará de nuevo el procedimiento, con excepción de los supuestos de informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución.
Artículo 4 Contratación Administrativa
1. Los motivos que justifican el presente decreto ley constituyen una razón de interés público para la tramitación urgente de los expedientes de contratos de obras, de concesión de obras públicas y de colaboración entre el sector público y el sector privado que formalicen las entidades del sector publico en Aragón hasta el 31 de diciembre de 2009.
2. Los distintos órganos encargados de la tramitación de los contratos a los que se refiere el párrafo anterior deberán, en su caso, incluir en el expediente de contratación la declaración de la urgencia conforme al presente decreto-ley
Artículo 5. Creación de la declaración responsable.
1. El titular de una actividad empresarial o profesional, o la persona que debidamente le represente, mediante la suscripción de una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de una actividad sometida a licencia o autorización administrativa podrá iniciar la actividad económica de que se trate en los casos en que se acuerde mediante Decreto del Gobierno de Aragón, todo ello sin perjuicio de la ulterior obtención de la licencia, autorización o registro. También se podrá reglamentariamente sustituir la licencia o autorización administrativa por la declaración responsable.
2. La declaración responsable deberá ir acompañada de la prestación de una fianza en los casos que se determine reglamentariamente.
3. En determinadas actividades también se podrá exigir proyecto técnico visado por el colegio profesional competente que acredite el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de que se trate.
4. Presentado este documento de declaración responsable, el órgano u organismo competente por razón de la materia de las distintas administraciones publicas aragonesas, podrá en cualquier momento, realizar las comprobaciones pertinentes para verificar la conformidad de los datos declarados.
5. Si de las comprobaciones realizadas resulta la falsedad o inexactitud de los datos declarados, previa audiencia del interesado, se suspenderá la actividad con incautación de la fianza, sin perjuicio de que, si procede, pueda incoarse un expediente de subsanación de defectos o, en su caso, sancionador. En caso de riesgo para las personas o las cosas la suspensión se podrá adoptar de forma cautelar e inmediata.
TÍTULO II.
LAS INVERSIONES DE INTERÉS AUTONÓMICO
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 6. Concepto
Son inversiones de interés autonómico las declaradas como tales por el Gobierno de Aragón por su especial relevancia para el desarrollo económico y social y territorial en Aragón Artículo 7. Declaración y tramitación de las inversiones de interés autonómico
1. La declaración de una inversión de interés autonómico se acordará por el Gobierno de Aragón, a propuesta de cualquiera de sus miembros.
2. Será competente para el impulso del procedimiento el Departamento que lo sea por razón de la materia. En el caso de que existan varios departamentos competentes decidirá el Gobierno de Aragón.
3. La declaración de interés autonómico se podrá acordar en cualquier momento de la tramitación administrativa, pero sólo surtirá efectos a partir de la fecha en que se declare el interés autonómico de la inversión.
CAPÍTULO II.
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA PREFERENTE
Artículo 8. Principio General
Las inversiones de interés autonómico tendrán en sus distintos trámites administrativos un impulso preferente y urgente por las Administraciones públicas aragonesas.
Artículo 9. Principio general de reducción de los plazos administrativos.
Los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa aragonesa cuando afecten a inversiones declaradas de interés autonómico se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Artículo 10. Urbanismo.
1. Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tengan por objeto obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.
2. Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualesquiera licencias que resulten precisas para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones.
3. En los casos en que se requiera licencia de actividad clasificada o de apertura podrá tramitarse y concederse anticipadamente la licencia urbanística.
Artículo 11. Medio Ambiente.
Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en aquellos procedimientos medioambientales que resulte preciso tramitar para la ejecución de las inversiones declaradas de interés autonómico, todo ello sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación básica del Estado.
Disposición Adicional Primera. Fijación y cumplimiento de objetivos de ahorro e inversión por los departamentos.
Los departamentos que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón informarán periódicamente al Gobierno sobre el conjunto de actuaciones que van a llevar a cabo tendentes a reducir costes y a incrementar la inversión en el marco del presente Decreto-Ley.
Disposición Adicional Segunda. Adaptación de procedimientos.
En el plazo de un mes los departamentos de la Administración autonómica elevarán al Gobierno para su aprobación mediante decreto las adaptaciones de los procedimientos de su competencia a las disposiciones del presente Decreto-Ley. La elaboración de los proyectos de decreto únicamente requerirá como trámite preceptivo el informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos
Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio para los procedimientos de contratos.
La aplicación de la tramitación de urgencia a los contratos a que se refiere el artículo 4 del presente Decreto-Ley será de aplicación a aquéllos cuya tramitación se inicie a partir de su entrada en vigor.
Disposición Final Primera. Habilitación reglamentaria.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de este Decreto-ley.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. El artículo 4 perderá su vigencia y quedará por tanto derogado el 31 de diciembre de 2009.
Dado en Zaragoza, 30 de octubre de 2008.
El presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Vicepresidente del Gobierno de Aragón,
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA |
Las principales economías del mundo están experimentando en este momento una grave contracción en su actividad económica, que también afecta a la economía española. Igualmente, la situación de la economía aragonesa ha variado radicalmente en los últimos meses como consecuencia de los efectos negativos de la actual crisis económica que han incidido significativamente en la evolución, hasta ahora positiva, que durante los últimos años venía manteniendo el mercado de trabajo aragonés. La intensa creación de empleo de los últimos años se ha visto perturbada por el frenazo en el sector de la construcción de viviendas y la precipitada destrucción de empleo en este sector y por las tensiones en los mercados financieros que se han traducido en un endurecimiento considerable de las condiciones de crédito, dificultando el normal desarrollo de la actividad económica de las empresas, perjudicando su liquidez y limitando su capacidad de inversión, lo que, a su vez, está provocando una progresiva destrucción de empleo y un preocupante aumento del desempleo en los últimos meses. Estas dificultades y su negativo efecto en el mercado de trabajo están dando lugar a una creciente incertidumbre en la ciudadanía que se traduce en una significativa inhibición de la demanda privada, tanto en el ámbito del consumo de las familias, como en el de la inversión empresarial, con efectos negativos inmediatos para la economía aragonesa, en relación con su nivel de actividad y, en consecuencia también, con su nivel de empleo.
Las políticas de empleo deben responder a la actual coyuntura y contribuir a atajar el paulatino deterioro del mercado de trabajo. El Gobierno de Aragón ha adoptado ya numerosas medidas para hacer frente a la crisis económica. Algunas de estas medidas se han articulado en el marco del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón, suscrito el pasado 18 de septiembre de 2008 entre el Gobierno de Aragón, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y las organizaciones empresariales CREA y CEPYME. Dicho acuerdo encomienda al Gobierno la adopción de medidas dirigidas tanto a atender a los desempleados afectados por la crisis del sector de la construcción o por procesos de regulación de empleo sufridos por muchas empresas de nuestro entorno, como a combatir el desempleo femenino o juvenil, a favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, a atajar la excesiva temporalidad de los contratos laborales o a favorecer el empleo por cuenta propia y la creación de empresas de economía social como cooperativas de trabajado asociado y sociedades laborales. En desarrollo de estos acuerdos, recientemente se han articulado dos decretos de promoción de empleo que contribuirán durante los próximos años a minorar los efectos de la crisis. Los Decretos 56/2009 y 57/2009, del Gobierno de Aragón, ambos de 14 de abril, establecen, respectivamente, dos ejes de subvenciones para la promoción de la contratación estable y de calidad y para favorecer el empleo y la competitividad en cooperativas y sociedades laborales.
Igualmente otros programas de promoción de empleo vienen favoreciendo cada año por medio de subvenciones el establecimiento de trabajadores autónomos y la creación de empleo en el ámbito de colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las Corporaciones Locales aragonesas o con entidades sin ánimo de lucro.
Todos estos ejes de actuación se vienen mostrando útiles para estimular la creación de empleo de forma directa, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Cientos de trabajadores acceden anualmente al empleo gracias al estímulo económico que suponen las subvenciones que desde el Gobierno de Aragón se destinan a este fin por medio de las medidas citadas.
Pero en el actual contexto económico y ante la gravedad que está adquiriendo la situación del mercado de trabajo, es necesario redoblar esfuerzos, priorizando y reforzando, con carácter urgente, aquellas medidas que ya se han mostrado eficaces en la creación de empleo.
La instrumentación de los recursos presupuestarios necesarios para las medidas de promoción de empleo articuladas en el presente Decreto Ley se realizará mediante las modificaciones presupuestarias oportunas. A tal efecto, dada la urgencia de las actuaciones a realizar, se procede a declarar ampliables los créditos presupuestarios que financian los programas de empleo aprobados.
Las medidas adoptadas en este Decreto-Ley vienen a reforzar y ampliar programas de promoción de empleo ya existentes y se estructuran en dos bloques. El primer bloque amplía las medidas destinadas a la promoción de la contratación de trabajadores por cuenta ajena y a la promoción del empleo autónomo. Las subvenciones de ambos programas de fomento se gestionan en régimen de concesión directa y el fin perseguido con la ampliación de las medidas vigentes es estimular e intensificar la creación de empleo por medio este tipo de ayudas.
El bloque segundo tiene por objeto reforzar los programas de colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con entidades locales, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de interés general y social. Estos programas, que tienen un significativo impacto en la creación de empleo, contemplan subvenciones para la financiación de los costes salariales de los trabajadores contratados por las citadas entidades y se otorgan en régimen de concurrencia competitiva en convocatorias públicas de probado éxito, tanto por el elevado número de peticionarios, como por el número de proyectos adjudicados y de trabajadores contratados para su ejecución. Las nuevas medidas contempladas en estos programas de colaboración posibilitarán la creación de más empleo.
En definitiva, con este Decreto-ley el Gobierno de Aragón quiere favorecer aquellos programas de empleo que contribuyan a dinamizar a corto plazo el mercado de trabajo y a favorecer el empleo de trabajadores en situación de paro.
Las medidas establecidas mediante este Decreto-ley se amparan en las competencias que atribuye a la Comunidad Autónoma el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en cuyo artículo 26 se establece que compete a los poderes públicos aragoneses promover el pleno empleo. Asimismo, el apartado 2 de su artículo 77 atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencias de ejecución sobre trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas de ocupación.
Por su parte, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo, establece en su artículo 26 que, tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea, programas específicos destinados a fomentar la ocupación de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.
La urgencia en la aprobación de esta norma obedece a la necesidad de actuar con la máxima celeridad frente a la rápida destrucción de empleo. El mal comportamiento de la tasa de desempleo en las circunstancias extraordinarias actuales, determina, pues, la necesidad de adoptar de manera urgente las medidas que se aprueban en el presente Decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el \l «a44» artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 12 de mayo de 2009,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto-ley tiene por objeto aprobar una serie de medidas extraordinarias y urgentes para el mantenimiento y la promoción del empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tal fin, a través del presente Decreto-ley se actuará en los siguientes ámbitos:
a) Promoción del empleo autónomo dirigida a las personas desempleadas que decidan establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propia.
b) Promoción de la contratación de trabajadores por cuenta ajena a través de incentivos a los empleadores que generen empleo mediante la contratación de personas en situación de desempleo. A tal fin, se establece un régimen transitorio de ayudas para fomentar la contratación temporal de estas personas.
c) Colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con entidades locales, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajadores desempleados en la ejecución de proyectos de interés general y social.
CAPÍTULO II
Medidas para la promoción del empleo
Artículo 2. Subvenciones para la promoción del empleo autónomo.
Se concederán subvenciones para promocionar el empleo autónomo de personas en situación de desempleo que se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia. Dichas subvenciones se otorgarán conforme lo previsto en la Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo.
Artículo 3. Subvenciones a la contratación de trabajadores desempleados.
1. Los empleadores que contraten bajo cualquier modalidad contractual vigente desde la entrada en vigor de este Decreto-ley y hasta el 31 de octubre de 2009 a trabajadores desempleados que cumplan los requisitos dispuestos en el número 2 de este artículo tendrán derecho a una subvención de 2.000 euros, siempre que la duración inicial del contrato subvencionado sea al menos de un año.
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la cuantía de la subvención se reducirá en proporción a la jornada pactada.
2. Los trabajadores desempleados deberán figurar inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio Público de Empleo, así como haber finalizado su última relación laboral en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la correspondiente oferta de empleo y no percibir prestación prestaciones o subsidios por desempleo regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
3. El empleador beneficiario deberá mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado durante al menos un año desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación, a la sustitución del trabajador subvencionado en el plazo de un mes desde que se produjese la extinción de su relación laboral o, en su defecto, al reintegro total de la subvención otorgada.
No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo subvencionado se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, por muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. En estos casos no procederá el reintegro de la subvención.
4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y atendiendo a su carácter singular, las subvenciones contempladas en este artículo se otorgarán en régimen de concesión directa, dado su interés público, económico y social, derivado de las particulares circunstancias económicas y sociales del colectivo de trabajadores desempleados, destinatarios finales de estas subvenciones.
5. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador que genera el derecho a la subvención.
6. La Subdirección de Promoción de Empleo de la Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza y las Secciones de Promoción de Empleo en las Direcciones Provinciales del INAEM en Huesca y Teruel serán los órganos instructores del procedimiento con respecto a las solicitudes de las subvenciones. Estas solicitudes las resolverá el/la Director/a Provincial del Instituto Aragonés de Empleo, por delegación de la Directora Gerente de dicho Instituto, en virtud de Resolución de 26 de diciembre de 2002 («Boletín Oficial de Aragón» 27/01/03).
7. En lo no previsto en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas en el Decreto 56/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación estable y de calidad, y en particular en su artículo 2 en lo referente a beneficiarios y exclusiones, en su artículo 21 en lo relativo al límite máximo de subvenciones y en su artículo 24 en lo relativo a la solicitud y tramitación del procedimiento.
8. La subvención a que se refiere este artículo será incompatible con cualesquiera otras concedidas para la misma finalidad de fomento de empleo, excepto con las desgravaciones fiscales, así como con las deducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social contempladas en Programas estatales de fomento del empleo.
Artículo 4. Colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las entidades locales para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
1. Se concederán subvenciones a entidades locales aragonesas que contraten a trabajadores desempleados para la ejecución de obras y servicios de interés general y social en el ámbito de la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con dichas entidades. Dichas subvenciones se otorgarán conforme a lo previsto en la Orden de 24 de noviembre de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula dicho programa de colaboración, a excepción de las previsiones hechas en los números siguientes de este artículo.
2. Quedan excluidas las agrupaciones de municipios inferiores al ámbito comarcal, salvo que no exista comarca constituida en su ámbito de actuación, así como las entidades de carácter local de ámbito inferior al municipio. Los Organismos Autónomos, Sociedades Públicas y demás entidades dependientes de las corporaciones locales podrán solicitar, siempre que dependan en su totalidad de una Corporación Local no excluida.
3. La cuantía máxima de la subvención a percibir por las entidades locales beneficiarias será igual al resultado de multiplicar el número de trabajadores desempleados contratados por el número de meses de duración del contrato y por el importe del módulo que le corresponda en función del grupo de cotización a la Seguridad Social del trabajador contratado. Cuando los contratos se concierten a tiempo parcial, la cuantía que corresponda se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada.
Los módulos correspondientes a cada grupo de cotización de los trabajadores contratados serán los siguientes:
Módulo A: Los costes salariales totales a subvencionar por el Instituto Aragonés de Empleo podrán ascender hasta 1.200 euros mensuales por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 10 y 11.
Módulo B: Los costes salariales totales a subvencionar por el Instituto Aragonés de Empleo podrán ascender hasta 1.600 euros mensuales por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 9 al 5, ambos inclusive.
Módulo C: Los costes salariales totales a subvencionar por el Instituto Aragonés de Empleo podrán ascender hasta 2.400 euros mensuales por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 4 al 1, ambos inclusive.
En ningún caso la subvención a otorgar podrá superar el coste salarial total del trabajador subvencionado.
4. Los trabajadores contratados para la ejecución de obras y servicios por los que se otorgue la subvención del Instituto Aragonés de Empleo, deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio Público de Empleo y se considerarán con carácter prioritario aquellos que hubiesen finalizado su última relación laboral en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la correspondiente oferta de empleo y que no perciban prestaciones ni subsidios por desempleo regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
5. Los contratos deberán formalizarse a jornada completa o a tiempo parcial igual o superior al 50% de la jornada pactada en convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal y no podrán tener una duración inferior a seis meses ni superior a ocho.
6. Las entidades beneficiarias deberán iniciar los proyectos aprobados en el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2009, no pudiendo extenderse su duración en ningún caso más allá del 30 de junio del ejercicio presupuestario siguiente.
7. Una vez justificado el inicio de la obra o servicio por la entidad beneficiaria en los términos previstos en la Orden reguladora de 24 de noviembre de 2004, el Instituto Aragonés de Empleo procederá a abonar el 100% de la subvención con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio 2009.
8. Si el presupuesto existente no fuese suficiente para hacer frente a todas las solicitudes presentadas, se procederá valorarlas en función del número de personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo en el ámbito geográfico de la entidad solicitante, teniendo preferencia aquellas entidades en las que exista un mayor número de desempleados.
Artículo 5. Colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de trabajadores desempleados para la realización proyectos de interés general y social.
1. Se concederán subvenciones a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que contraten a trabajadores desempleados para la ejecución de proyectos de interés general y social en el ámbito de la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo. Dichas subvenciones se otorgarán conforme lo previsto en la Orden de 30 de diciembre de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula dicho programa de colaboración, a excepción de las previsiones hechas en los números siguientes de este artículo.
2. La cuantía de la subvención a percibir por los organismos y entidades beneficiarias se determinará conforme a las reglas previstas en el número 3 del artículo 4 de este Decreto-ley.
3. Los trabajadores contratados para la ejecución de los proyectos por los que se otorgue la subvención del Instituto Aragonés de Empleo, deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio Público de Empleo y se considerarán con carácter prioritario aquellos que hubiesen finalizado su última relación laboral en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la correspondiente oferta de empleo y que no perciban prestaciones ni subsidios por desempleo regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
4. Los contratos deberán formalizarse a jornada completa o a tiempo parcial igual o superior al 50 % de la jornada pactada en convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Dichos contratos no podrán tener una duración inferior a seis meses ni superior a nueve.
5. Las entidades beneficiarias deberán iniciar los proyectos aprobados en el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2009, no pudiendo extenderse su duración en ningún caso más allá del 30 de junio del ejercicio presupuestario siguiente.
6. Una vez justificado el inicio del proyecto por la entidad beneficiaria en los términos previstos en la Orden reguladora de 30 de diciembre de 2004, el Instituto Aragonés de Empleo procederá a abonar el 100 % de la subvención con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio 2009.
7. Si el presupuesto existente no fuese suficiente para hacer frente a todas las solicitudes presentadas, se procederá a la aplicación del baremo previsto en el apartado quinto de la resolución de 22 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se convocan para el año 2009, las subvenciones a conceder por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos adscritos o dependientes, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.
CAPÍTULO III
Créditos ampliables
Artículo 6. Créditos ampliables.
1. Tienen la condición de ampliables en el presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo los siguientes créditos:
G/3221/410014/91002 Subvención a la contratación de desempleados
G/3221/440048/91002 Subvención a la contratación de desempleados
G/3221/450002/91002 Subvención a la contratación de desempleados
G/3221/460050/91002 Subvención a la contratación de desempleados
G/3221/470030/91002 Fomento de la contratación estable
G/3221/470037/91002 Integración laboral discapacitados
G/3221/470039/91002 Programa de fomento de empleo de autónomos
G/3221/480149/91002 Subvención a la contratación de desempleados
2. Su efectiva ampliación y financiación está sujeta a los procedimientos previstos en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, y en el artículo 6 de la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2009.
Disposición adicional primera. Convocatoria de las subvenciones.
1. La solicitud y concesión de las subvenciones contempladas en este Decreto-ley requerirá convocatoria previa efectuada mediante Orden del Departamento competente en materia de empleo y se realizará con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y libre concurrencia de los potenciales beneficiarios, así como de determinar la financiación de las subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios a los que hayan de imputarse las mismas.
2. Dicha convocatoria determinará el plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Disposición adicional segunda. Derecho supletorio.
En lo no regulado expresamente en el presente Decreto-ley, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en su artículo 3 y en su Disposición Final Primera y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en este Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
En Zaragoza, 12 de mayo de 2009.
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
ALBERTO LARRAZ VILETA
MARCELINO IGLESIAS RICOU |
La situación de los mercados inmobiliarios y financieros ha variado radicalmente en los últimos meses quebrando abruptamente la escalada inflacionista de los precios del suelo y la vivienda de los últimos diez años. Así, de incrementos que superaban ampliamente el diez por ciento anual se ha pasado en la actualidad a decrementos en términos reales y monetarios. Asimismo, de un mercado inmobiliario extraordinariamente dinámico se ha pasado hoy a un mercado agarrotado, a un desencuentro muy acentuado entre demanda, oferta y financiación.
Aun cuando pudiera pensarse que situaciones como la actual resultan de la normal evolución de los ciclos económicos el problema al que se enfrentan los sectores inmobiliario y financiero parece ser hoy diferente. El normal funcionamiento de los mecanismos de mercado difícilmente resolverá por sí mismo, sin estímulos adicionales, el embolsamiento de oferta producto de la gran caída de la demanda en estos meses. Ello no debe suponer, sin embargo, que los poderes públicos deban sustituir al mercado. Ni puede ni debe ser así en el actual contexto europeo y constitucional.
Pero la situación actual sí requiere, en cambio, que los poderes públicos adopten medidas que, incidiendo en los aspectos más problemáticos determinantes de las disfunciones detectadas, estimulen la recuperación del mercado, corrijan los problemas advertidos y reubiquen al sector inmobiliario en una senda de crecimiento racional y sostenible que contribuya decisivamente a la recuperación económica en general y del empleo en particular.
En definitiva, en la especial situación actual confluyen una serie de problemas de gran repercusión en el desarrollo económico y social de la sociedad que precisan la adopción de inmediatas medidas que permitan contribuir a su solución, medidas que exigen ser adoptadas por norma con rango de ley. La concurrencia de todas estas circunstancias ponen de manifiesto la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de un decreto-ley.
Es por ello que mediante este decreto-ley se adoptan medidas para estimular la comercialización del parque de vivienda libre existente, para facilitar las transacciones. Se trata, por tanto, de ayudar al mercado, no de suplantarlo como mecanismo regulador de precio, oferta y demanda. El objetivo es resolver el apalancamiento financiero negativo del sector inmobiliario derivado de la existencia de importantes stocks de vivienda que no encuentran comprador, ayudar a las familias atrapadas entre transacciones y facilitar el acceso al crédito de las familias mediante el aval del Gobierno para la adquisición de vivienda garantizada, libre o protegida. Es preciso igualmente fijar unos precios máximos de referencia razonables, realistas, sujetos al mercado, teniendo en cuenta la repercusión que soportan las diferentes promociones. Es necesario, por último, abrir una vía nueva para que quienes siendo potenciales adjudicatarios de vivienda protegida y disponiendo de recursos suficientes para hacer frente a la adquisición de una vivienda garantizada encuentren satisfacción a su necesidad de vivienda.
Para ello, este decreto-ley regula un plan especial de dinamización y garantía del sector de la vivienda, diferente aunque complementario de los planes estatal y aragonés de vivienda protegida y suelo, que gira en torno a la nueva vivienda garantizada, que podrá ser toda aquella vivienda libre o protegida que cumpla las condiciones de promoción, precio y transmisión para ella establecidas. Además, se incorporan al decreto-ley las medidas anticíclicas implementadas por el Estado, al permitir transitoriamente la calificación de viviendas iniciadas como libres como protegidas o la financiación de su transmisión como viviendas usadas hasta el 31 de diciembre de 2009.
Es indispensable la colaboración de todos los operadores para lograr la eficacia de este decreto-ley. La administración autonómica quiere colaborar con las entidades financieras, las empresas inmobiliarias y los agentes inmobiliarios para resolver eficazmente los problemas a los que se enfrenta el sector. Sobre tales bases, colaborando con las entidades financieras que se adhieran mediante convenio al sistema y con los restantes operadores del sector, prestará aval y aportará los recursos disponibles en las condiciones establecidas en relación con las transacciones de vivienda garantizada, libre o protegida, que se realicen durante su vigencia. En todo caso, la vigencia de este plan especial está limitada al transcurso de dos años o a la prestación de avales por la totalidad del importe autorizado. Para ello se establece que durante el año 2009 se podrán conceder avales hasta un importe máximo de noventa millones de euros, considerándose incrementado en dicha cuantía el límite establecido en el artículo 36 de la Ley 10/2008 de 29 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2009; sin perjuicio, lógicamente, de que durante la tramitación de las Leyes de Presupuestos para 2010 y 2011 resulte necesario establecer un incremento del límite de avales que permita continuar aplicando las medidas previstas en este decreto-ley.
Las medidas establecidas mediante este decreto-ley se amparan en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma los apartados décimo y trigésimo segundo del artículo 71 del Estatuto de Autonomía y se enmarcan en la actividad de fomento que, en ejercicio de dichas competencias, puede desarrollar de conformidad con el artículo 79 del mismo Estatuto.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 14 de abril de 2009,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este decreto-ley tiene por objeto:
a) Regular el plan especial de dinamización del sector de la vivienda.
b) Autorizar al Gobierno de Aragón para la prestación de avales en los supuestos en él establecidos a favor de los adquirentes o inquilinos de las viviendas que se incluyan en el mismo.
c) Regular el régimen transitorio de calificación de determinadas viviendas libres como protegidas o autorizar ayudas a sus adquirentes como viviendas usadas a los efectos de los planes estatal y aragonés de vivienda.
Artículo 2. Ámbito temporal de aplicación.
Podrán declararse viviendas garantizadas o comprometer la prestación de avales conforme a este decreto-ley hasta que se produzca uno de los siguientes hechos:
a) El transcurso del plazo de dos años contados desde el día de entrada en vigor de este decreto-ley.
b) El agotamiento del importe máximo del aval autorizado mediante este decreto-ley. De esta circunstancia se dará publicidad cancelando el plan especial mediante orden conjunta de los departamentos competentes en materia de hacienda y vivienda.
CAPÍTULO II
Plan especial de dinamización y autorización de avales
Artículo 3. Plan especial de dinamización del sector de la vivienda.
El Plan especial de dinamización del sector de la vivienda podrá incluir todas las viviendas que sean declaradas como viviendas garantizadas.
Artículo 4. Vivienda garantizada.
1. Podrán declararse viviendas garantizadas, en las condiciones establecidas en este decreto-ley, las siguientes:
a) Viviendas libres cuyas obras se iniciaron en virtud de licencia de obras obtenida con posterioridad al 1 de enero de 2006 y antes de la entrada en vigor de este decreto-ley que en esta última fecha no hayan sido objeto de primera transmisión.
b) Viviendas libres que constituyan o hayan constituido residencia habitual de unidades familiares que adquirieron con posterioridad al 1 de enero de 2006 y antes de la entrada en vigor de este decreto-ley otra vivienda para trasladar directamente a la misma su residencia habitual siempre que el producto de la venta de la vivienda originaria haya de reinvertirse en la compra de la segunda.
2. Las viviendas protegidas de Aragón o viviendas acogidas a las ayudas para la adquisición de vivienda usada adquiridas durante la vigencia de este decreto-ley podrán declararse viviendas garantizadas a los solos efectos de lo establecido en el artículo 11 y en el apartado cuarto de artículo 16.
3. Las viviendas garantizadas deberán estar ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y destinarse a domicilio habitual y permanente de sus adquirentes durante el periodo de garantía. Si se transmitiesen antes podrá revocarse la garantía prestada por la administración de la Comunidad Autónoma cuando, a su juicio, se alteren sustancialmente las condiciones de solvencia en las que fue otorgado.
4. La declaración de vivienda garantizada deberá constar expresamente en los instrumentos públicos que documenten la primera y ulteriores transmisiones y en su inscripción registral.
Artículo 5. Régimen jurídico.
1. El régimen jurídico de las viviendas garantizadas será el establecido en este decreto-ley y comportará:
a) La sujeción a los precios y rentas máximos establecidos de acuerdo con este decreto-ley durante el periodo de garantía.
b) La obtención de financiación por sus adquirentes o arrendatarios en el marco de los convenios celebrados por el Gobierno de Aragón y entidades financieras.
c) La prestación de aval por el Gobierno de Aragón, por plazo máximo de diez años desde la adquisición o primer contrato de arrendamiento y por importe no superior al diez por ciento del precio de compraventa.
d) La aplicación del régimen de declaración y de las condiciones técnicas establecidas de acuerdo con este decreto-ley.
2. La duración legal del periodo de garantía de las viviendas garantizadas, durante el cual estará vigente el aval y se aplicará a las viviendas el régimen establecido en este decreto-ley, será de diez años desde su declaración.
3. Las viviendas a las que se refiere el apartado segundo del artículo cuarto se regirán íntegramente por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 11 y en el apartado cuarto de artículo 16 de este decreto-ley.
Artículo 6. Compatibilidad con planes de vivienda.
Las viviendas de nueva construcción podrán considerarse viviendas usadas, a los efectos de obtención de las ayudas y subvenciones previstas en los planes de vivienda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando haya transcurrido al menos un año entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de arrendamiento con opción de compra o compraventa.
b) Cuando, no existiendo opción de compra ni compraventa en el plazo señalado en la letra anterior, durante el mismo la vivienda haya sido ocupada en régimen de arrendamiento con promesa de venta otorgada por el titular de la vivienda a favor del inquilino. La promesa de venta se otorgará al menos durante el año siguiente al establecido en la letra anterior.
c) En los supuestos establecidos en el artículo 18 de este decreto-ley.
Artículo 7. Tipologías.
Las tipologías de las viviendas garantizadas serán las siguientes:
a) Venta.
b) Arrendamiento con promesa de venta.
Artículo 8. Precios y rentas máximos.
1. El precio máximo de las viviendas garantizadas será el resultante de aplicar las siguientes reglas:
a) Los precios máximos aplicables a la vivienda, que podrán incrementarse con el importe correspondiente a los anejos, serán los establecidos en la tabla recogida en el Anexo I de este decreto-ley en función de la superficie útil y ubicación de la vivienda.
b) Los anejos de las viviendas garantizadas, vinculados o no, estarán sujetos al régimen jurídico general y de precios previsto en relación con los anejos de las viviendas protegidas de Aragón. En particular, serán de aplicación las normas para la determinación de precios máximos de anejos establecidas en la normativa de vivienda protegida.
c) Para la determinación del precio máximo podrán computarse como máximo noventa metros cuadrados útiles destinados a vivienda y treinta y tres metros cuadrados útiles destinados a anejos vinculados, considerando para ello las superficies que consten en la inscripción registral o, en su caso, en la calificación definitiva, todo ello en la forma y con las excepciones establecidas en la normativa de vivienda protegida.
2. Las rentas máximas de las viviendas garantizadas serán las resultantes de aplicar sobre el precio máximo de venta un cuatro por ciento en la forma establecida en la normativa de vivienda protegida.
3. Los precios y rentas máximos de las viviendas protegidas declaradas garantizadas serán los que resulten de aplicación conforme a la normativa que las regula.
4. La infracción del régimen de precios y rentas máximos se sancionará en la forma establecida para las viviendas protegidas de Aragón en el título III de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Artículo 9. Condiciones técnicas.
1. Las viviendas garantizadas deberán cumplir la normativa de habitabilidad y la superficie mínima de vivienda exigible conforme a la normativa urbanística y de vivienda que resulte de aplicación.
2. El cumplimiento de condiciones técnicas se acreditará mediante copia cotejada de la cédula de habitabilidad, calificación definitiva o la licencia de primera ocupación.
Artículo 10. Adquirentes o arrendatarios.
1. Los adquirentes o arrendatarios con promesa de venta de viviendas garantizadas deberán estar inscritos o inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón, pertenecer a unidades de convivencia cuyos ingresos anuales calculados conforme a la normativa de vivienda protegida no superen los máximos admisibles para acceder al registro de solicitantes y reunir las condiciones de solvencia que señalen los convenios a los que se refiere el artículo 13 de este decreto-ley.
2. Los adquirentes o arrendatarios con promesa de venta serán propuestos por el titular de la vivienda, acreditando fehacientemente su conformidad y aportando la documentación preceptiva y, en el caso de requerir el adquirente financiación con garantía hipotecaria y estar ya inscrito en el registro de solicitantes de vivienda protegida, oferta vinculante de entidad financiera que haya suscrito el convenio al que se refiere el artículo 13 de este decreto-ley. Cuando en la fecha de propuesta el adquirente o inquilino no estuviese inscrito en el registro de solicitantes no se exigirá dicha oferta vinculante hasta que le sea notificada la inscripción. La oferta vinculante tendrá una vigencia mínima de un mes.
3. No podrán acogerse a este decreto-ley compraventas o arrendamientos con promesa de venta a adquirentes o inquilinos que no cumplan lo establecido en este artículo.
Artículo 11. Aval público.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón la prestación de avales para la adquisición o arrendamiento con promesa de venta de viviendas garantizadas, incluidas en todo caso las viviendas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 4 de este decreto-ley.
2. Los avales se prestarán, como garantía adicional del préstamo hipotecario, en la forma establecida en la legislación de hacienda y presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, a iniciativa del Departamento competente en materia de vivienda.
3. Los avales se referirán únicamente al principal de la operación de que se trate y tendrán carácter civil o mercantil, según proceda.
4. El importe individual de cada aval no podrá superar el diez por ciento del precio de compraventa o promesa de venta de la vivienda, incluidos anejos vinculados. La prestación de aval en los supuestos de arrendamiento con promesa de venta se hará efectiva una vez se ejecute la promesa de venta.
5. El importe total de avales a prestar durante todo el periodo de vigencia de este decreto-ley no podrá superar los noventa millones de euros.
En el año 2009 se podrán conceder avales hasta un importe máximo de noventa millones de euros, considerándose incrementado en dicha cuantía el límite establecido en el artículo 36 de la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2009.
6. El aval devengará a favor del Gobierno de Aragón una comisión del dos por ciento anual sobre el importe avalado, con un mínimo de veinticinco euros al mes, que se cargará prorrateada en las cuotas mensuales del préstamo hipotecario.
7. En caso de incumplimiento por el avalado del préstamo garantizado resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 1838 y siguientes del Código Civil.
8. No cabrá la ejecución parcial del aval.
Artículo 12. Derecho de tanteo previo a la ejecución hipotecaria.
1. Las viviendas garantizadas libres se considerarán protegidas a los efectos de los derechos de adquisición preferente establecidos en relación con las viviendas protegidas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma mientras dure el periodo de garantía.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer los derechos de adquisición preferente, en la forma establecida en la normativa general de vivienda, antes de que se proceda a la ejecución de la hipoteca y desde que sea notificada tal circunstancia por parte de la entidad financiera beneficiaria de la garantía.
3. Del precio de la vivienda, que no superará el de la compraventa a la que se refirió el aval actualizado conforme al índice de precios al consumo, se entregará al propietario lo que reste una vez descontados los gastos en que por su causa hubiese incurrido la Administración de la Comunidad Autónoma y el importe correspondiente a la deuda pendiente determinada por la entidad financiera antes de instar la ejecución hipotecaria.
4. Antes de instar la ejecución de la hipoteca, la entidad financiera podrá ofrecer al titular de la vivienda la adquisición de la vivienda con compromiso recíproco de arrendamiento con opción de compra.
5. Si llegase a ejercerse el derecho de adquisición preferente por la Administración de la Comunidad Autónoma, como regla general tendrá lugar a favor de tercero en la forma establecida en la normativa de vivienda. Sólo excepcionalmente la adquirirá el Gobierno de Aragón, para sí o para sus entidades instrumentales.
6. La infracción del régimen de los derechos de adquisición preferente a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma producirá los efectos establecidos en el título II de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida y se sancionará en la forma establecida para las viviendas protegidas de Aragón en el título III de la misma Ley.
Artículo 13. Convenios con entidades financieras.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la celebración de convenios con entidades financieras que deseen colaborar en la ejecución del plan especial regulado en este decreto-ley.
2. Los convenios tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Objeto y plazo de vigencia.
b) Condiciones de solvencia de adquirentes o inquilinos para acceder a la financiación.
c) Características y condiciones financieras de los préstamos convenidos.
d) Procedimiento de aprobación de las operaciones de préstamo por ambas partes concretando plazos máximos.
e) Contenido de las escrituras de préstamo.
f) Participación comprometida por cada entidad financiera y, en particular, condiciones de difusión y gestión del plan especial a través de su red de oficinas o, en su caso, de oficinas mixtas.
g) Gestión de ayudas financieras.
h) Régimen de ejecución de la garantía prestada por la Comunidad Autónoma. A tal fin se autoriza al Gobierno de Aragón a convenir la renuncia al beneficio de excusión y que el aval sea a primer requerimiento.
i) Acuerdos sobre seguimiento y coordinación de actuaciones.
Artículo 14. Sistema de difusión de oferta de vivienda.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma creará un sistema de difusión de la oferta de vivienda, coordinado con el registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón, con la finalidad de facilitar el normal funcionamiento del mercado, estimular la oferta de vivienda garantizada y promover la transparencia en el sector inmobiliario.
2. El sistema de difusión de la oferta de vivienda podrá recibir las ofertas de vivienda que pudiera ser declarada garantizada, la canalizará hacia los solicitantes inscritos en el registro de vivienda protegida de Aragón que reúnan las condiciones mínimas de solvencia para acceder a ella y facilitará la comunicación entre demandantes y oferentes de vivienda.
3. Podrán solicitar la inclusión de viviendas susceptibles de ser calificadas como viviendas garantizadas en el sistema público de difusión de oferta de vivienda, independientemente de que se trate de vivienda nueva o usada, las siguientes personas o entidades:
a) Sus titulares.
b) Los agentes de intermediación en el sector inmobiliario que cuenten con habilitación suficiente para ello por parte del titular de la vivienda siempre que se comprometan fehacientemente a no obtener como contraprestación por su intervención profesional y por todos los conceptos una retribución superior al dos por ciento del precio efectivo de compraventa de la vivienda, que deberá abonar el vendedor.
Artículo 15. Declaración.
1. Las personas y entidades legitimadas podrán solicitar simultáneamente la declaración como vivienda garantizada y la resolución de autorización de la compraventa o arrendamiento con promesa de venta a la unidad de convivencia que se proponga. Deberán aportar la documentación acreditativa que se establezca mediante Orden conjunta de los Departamentos competentes en materia de vivienda y hacienda.
2. La declaración y autorización de venta o arrendamiento con promesa de venta, así como el acuerdo de prestación de aval y el reconocimiento del derecho a financiación concertada cuando proceda, serán objeto de resolución simultánea.
3. Para la declaración como garantizadas de las viviendas protegidas o que se acojan a las ayudas para adquisición de vivienda usada y el otorgamiento de aval se requerirá únicamente la solicitud, acompañada del contrato de compraventa y oferta vinculante de la correspondiente entidad financiera.
Artículo 16. Préstamos convenidos y ayudas públicas.
1. Los adquirentes de viviendas garantizadas podrán acogerse a préstamos convenidos en los términos que establezcan los convenios con las entidades financieras.
2. Los préstamos convenidos tendrán las características generales previstas en el artículo 12 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con las siguientes especialidades:
a) El plazo de amortización no será superior a treinta y cinco años, salvo que medie acuerdo entre la entidad financiera y el prestatario.
b) El tipo de interés no será superior en ningún caso al vigente en cada momento para los préstamos convenidos estatales a los adquirientes de vivienda protegida de nueva construcción.
c) Los préstamos convenidos podrán concederse por importe equivalente al noventa por ciento del precio de venta efectivamente pactado, dentro de los límites establecidos en este decreto-ley.
d) La entidad financiera y el prestatario podrán acordar periodos de carencia para la amortización del capital prestado no inferiores a un año ni superiores a tres.
e) El cumplimiento de las condiciones de solvencia y de los restantes requisitos establecidos en los convenios con las entidades financieras será necesario para la obtención del préstamo convenido, previa verificación por parte de la entidad financiera concedente.
3. El Gobierno de Aragón subsidiará los préstamos convenidos a adquirientes o inquilinos con promesa de venta de vivienda garantizada que no haya sido calificada como protegida ni se acoja a las ayudas de vivienda usada, siempre que sus ingresos familiares no superen los límites que se establecen, conforme a las siguientes cuantías anuales por cada diez mil euros de préstamo convenido:
Ingresos de los adquirentes
>3,5 y 54,5 IPREM
>2,5y <3,5 IPREM
≤5.2,5 IPREM
4. El Gobierno de Aragón subsidiará los préstamos convenidos a adquirientes de vivienda garantizada acogida a las ayudas de vivienda usada siempre que los préstamos convenidos no puedan ser objeto de la subsidiación establecida en la normativa estatal por superarse el precio máximo correspondiente a las viviendas de régimen general. La subsidiación será la prevista en el apartado anterior.
CAPÍTULO III
Calificación de viviendas libres como protegidas y ayudas a su adquisición como viviendas usadas
Artículo 17. Calificación de viviendas libres como protegidas.
1. Los promotores de viviendas libres que hubieran obtenido una licencia de obras antes del 1 de septiembre de 2008 podrán solicitar, hasta el 31 de diciembre de 2009, su calificación como viviendas protegidas, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes, plazos mínimos de protección y cumplimiento del código técnico de la edificación en cuanto resulte exigible.
2. La calificación podrá otorgarse para viviendas individuales o para la promoción completa y comportará la sujeción de la vivienda al régimen jurídico de la tipología de vivienda protegida que conste en la calificación en las materias establecidas en el apartado anterior.
3. La Dirección General competente en materia de vivienda podrá autorizar la calificación provisional de estas viviendas o promociones, aunque no se acredite el cumplimiento del límite de repercusión del suelo y urbanización sobre la vivienda protegida de que se trate, previa justificación de las garantías económicas que aseguren el cumplimiento de la limitación de precios de las viviendas protegidas. Esta autorización sólo será posible en el caso de que el promotor haya adquirido el suelo con anterioridad al 1 de septiembre de 2008.
Artículo 18. Ayudas a adquisición de viviendas usada.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2009 no será aplicable el periodo mínimo de un año a partir de la licencia de primera ocupación, certificado final de obras o cédula de habitabilidad, según corresponda, para considerar como adquisición de vivienda usada, a efectos de las ayudas al adquirente, la de una vivienda libre cuando se cumplan las condiciones previstas en la letra c) del apartado segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
2. Estas viviendas podrán ser adquiridas mediante una forma de acceso diferido a la propiedad, en un plazo máximo de 5 años durante el cual el vendedor de la vivienda podrá cobrar una renta del 5,5 por ciento del precio máximo de una vivienda usada que corresponda en la fecha del contrato de compraventa. El precio máximo de venta de la vivienda, transcurrido el período de 5 años, será de 1,18 veces el citado precio máximo tomado como referencia para el cálculo de la renta máxima. Al menos el 30 por ciento de los alquileres satisfechos se descontarán, sin actualizaciones, del precio a hacer efectivo en el momento de la compra de la vivienda.
Artículo 19. Prórroga.
El límite de 31 de diciembre de 2009 al que se refieren los dos artículos anteriores se entenderá prorrogado automáticamente en el caso y en los términos que pudiera acordar el Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto-ley.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Quedan autorizados los titulares de los Departamentos competentes en materia de hacienda y vivienda para dictar las disposiciones de desarrollo de este decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
1. Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, sólo podrá solicitarse la declaración de viviendas garantizadas una vez publicada la Orden a la que se refiere el apartado primero del artículo 15 de este decreto-ley.
Zaragoza, 14 de abril de 2009.
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
ALFONSO VICENTE BARRA
MARCELINO IGLESIAS RICOU
Tabla de precios máximos de las viviendas garantizadas prevista en el artículo 8.1.a)
Sup Viv (2)
225.000,00
2.500,00
196.473,60
2.183,04
159.634,80
1.773,72
122.796,00
1.364,40
223.612,50
2.512,50
195.262,01
2.193,96
158.650,39
1.782,59
122.038,76
1.371,22
222.205,50
2.525,06
194.033,40
2.204,92
157.652,14
1.791,50
121.270,87
1.378,08
220.778,84
2.537,69
192.787,62
2.215,95
156.639,94
1.800,46
120.492,26
1.384,97
219.332,36
2.550,38
191.524,52
2.227,03
155.613,68
1.809,46
119.702,83
1.391,89
217.865,89
2.563,13
190.243,98
2.238,16
154.573,24
1.818,51
118.902,49
1.398,85
216.379,28
2.575,94
188.945,85
2.249,36
153.518,50
1.827,60
118.091,15
1.405,85
214.872,35
2.588,82
187.629,97
2.260,60
152.449,35
1.836,74
117.268,73
1.412,88
213.344,94
2.601,77
186.296,22
2.271,91
151.365,68
1.845,92
116.435,14
1.419,94
211.796,89
2.614,78
184.944,44
2.283,26
150.267,35
1.855,15
115.590,27
1.427,04
210.228,03
2.627,85
183.574,48
2.294,68
149.154,26
1.864,43
114.734,05
1.434,18
208.638,18
2.640,99
182.186,19
2.306,15
148.026,28
1.873,75
113.866,37
1.441,35
207.027,17
2.654,19
180.779,44
2.317,69
146.883,30
1.883,12
112.987,15
1.448,55
205.394,84
2.667,47
179.354,06
2.329,27
145.725,18
1.892,53
112.096,29
1.455,80
203.741,02
2.680,80
177.909,91
2.340,92
144.551,81
1.902,00
111.193,70
1.463,07
202.065,51
2.694,21
176.446,84
2.352,62
143.363,06
1.911,51
110.279,27
1.470,39
200.368,16
2.707,68
174.964,69
2.364,39
142.158,81
1.921,06
109.352,93
1.477,74
198.648,79
2.721,22
173.463,30
2.376,21
140.938,93
1.930,67
108.414,56
1.485,13
196.907,21
2.734,82
171.942,53
2.388,09
139.703,30
1.940,32
107.464,08
1.492,56
195.143,25
2.748,50
170.402,21
2.400,03
138.451,79
1.950,03
106.501,38
1.500,02
193.356,73
2.762,24
168.842,19
2.412,03
137.184,28
1.959,78
105.526,37
1.507,52
191.547,46
2.776,05
167.262,31
2.424,09
135.900,62
1.969,57
104.538,94
1.515,06
189.715,27
2.789,93
165.662,41
2.436,21
134.600,70
1.979,42
103.539,00
1.522,63
187.859,96
2.803,88
164.042,33
2.448,39
133.284,39
1.989,32
102.526,45
1.530,25
185.981,36
2.817,90
162.401,90
2.460,63
131.951,55
1.999,27
101.501,19
1.537,90
184.079,28
2.831,99
160.740,97
2.472,94
130.602,04
2.009,26
100.463,11
1.545,59
182.153,53
2.846,15
159.059,38
2.485,30
129.235,74
2.019,31
99.412,11
1.553,31
180.203,92
2.860,38
157.356,94
2.497,73
127.852,52
2.029,41
98.348,09
1.561,08
178.230,25
2.874,68
155.633,51
2.510,22
126.452,23
2.039,55
97.270,94
1.568,89
176.232,35
2.889,05
153.888,91
2.522,77
125.034,74
2.049,75
96.180,57
1.576,73
174.210,01
2.903,50
152.122,97
2.535,38
123.599,91
2.060,00
95.076,86
1.584,61
172.163,04
2.918,02
150.335,53
2.548,06
122.147,61
2.070,30
93.959,70
1.592,54
170.091,25
2.932,61
148.526,40
2.560,80
120.677,70
2.080,65
92.829,00
1.600,50
167.994,44
2.947,27
146.695,43
2.573,60
119.190,04
2.091,05
91.684,64
1.608,50
165.872,40
2.962,01
144.842,44
2.586,47
117.684,48
2.101,51
90.526,52
1.616,55
163.724,95
2.976,82
142.967,24
2.599,40
116.160,89
2.112,02
89.354,53
1.624,63
161.551,87
2.991,70
141.069,68
2.612,40
114.619,11
2.122,58
88.168,55
1.632,75
159.352,97
3.006,66
139.149,56
2.625,46
113.059,02
2.133,19
86.968,48
1.640,91
157.128,04
3.021,69
137.206,72
2.638,59
111.480,46
2.143,86
85.754,20
1.649,12
154.876,88
3.036,80
135.240,97
2.651,78
109.883,29
2.154,57
84.525,61
1.657,36
152.599,28
3.051,99
133.252,13
2.665,04
108.267,36
2.165,35
83.282,58
1.665,65
150.295,03
3.067,25
131.240,03
2.678,37
106.632,52
2.176,17
82.025,02
1.673,98
147.963,92
3.082,58
129.204,47
2.691,76
104.978,63
2.187,05
80.752,79
1.682,35
145.605,75
3.097,99
127.145,27
2.705,22
103.305,53
2.197,99
79.465,79
1.690,76
143.220,29
3.113,48
125.062,25
2.718,74
101.613,08
2.208,98
78.163,91
1.699,22
140.807,34
3.129,05
122.955,22
2.732,34
99.901,12
2.220,02
76.847,02
1.707,71
138.366,68
3.144,70
120.824,00
2.746,00
98.169,50
2.231,13
75.515,00
1.716,25
135.898,09
3.160,42
118.668,39
2.759,73
96.418,07
2.242,28
74.167,74
1.724,83
133.401,36
3.176,22
116.488,20
2.773,53
94.646,67
2.253,49
72.805,13
1.733,46
130.876,26
3.192,10
114.283,25
2.787,40
92.855,14
2.264,76
71.427,03
1.742,12
128.322,58
3.208,06
112.053,33
2.801,33
91.043,33
2.276,08
70.033,33
1.750,83
125.740,09
3.224,10
109.798,26
2.815,34
89.211,08
2.287,46
68.623,91
1.759,59
123.128,56
3.240,23
107.517,83
2.829,42
87.358,24
2.298,90
67.198,65
1.768,39
120.487,78
3.256,43
105.211,86
2.843,56
85.484,63
2.310,40
65.757,41
1.777,23
(1) Los precios «APMS A», «APMS B» y «APMS C» se aplicarán a viviendas sitas en las áreas de precio máximo singular declaradas conforme a la normativa de vivienda protegida. A las restantes viviendas se aplicarán los precios «Resto».
(2) Los restos se valorarán aplicando el precio por metro cuadrado que corresponda en función del tipo de municipio y superficie de la vivienda. |
Título I. Medidas Horizontales.
Capítulo I. Administración Local.
Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Capítulo II. Consumidores y usuarios de los servicios.
Artículo 2. Modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
Capítulo III. Servicios profesionales.
Artículo 3. Modificación de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón.
Título II. Servicios industriales y comerciales.
Capítulo I. Servicios industriales.
Artículo 4. Modificación de la Ley 12/2006, de 27 diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
Capítulo II. Servicios comerciales.
Artículo 5. Modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón.
Artículo 6. Modificación de la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de actividades feriales de Aragón.
Título III. Servicios medioambientales y de agricultura.
Capítulo I. Servicios medioambientales.
Artículo 7. Modificación de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
Artículo 8. Modificación de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
Artículo 9. Modificación de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.
Capítulo II. Servicios de agricultura.
Artículo 10. Modificación de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.
Título IV. Otras medidas.
Artículo 11. Modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
Artículo 12. Modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Aragón.
Artículo 13. Modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición adicional primera. Cumplimiento de la obligación de notificación a la Comisión Europea.
Disposición adicional segunda. Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio en normas preexistentes.
Disposición transitoria primera. Vigencia de la exigencia de visado colegial.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las obligaciones de colegiación.
Disposición transitoria tercera. Implantación de la ventanilla única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios de las organizaciones colegiales.
Disposición transitoria cuarta. Normas transitorias para la obtención licencia comercial.
Disposición transitoria quinta. Normas de adaptación de licencias o informes comerciales.
Disposición transitoria sexta. Modificaciones de licencias comerciales otorgadas e informes comerciales emitidos antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio general.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Incorporación de Derecho Comunitario.
Disposición final segunda. Adaptación de la normativa vigente.
Disposición final tercera. Habilitación y desarrollo reglamentario.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior establece una serie de principios de aplicación general para la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y su ejercicio dentro de la Unión Europea. El objetivo de esta norma es alcanzar un auténtico mercado único de servicios que permita a los prestadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas, extender sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior y que, al mismo tiempo, ofrezca a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionándoles más posibilidades de elección y unos servicios de calidad a precios más bajos.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio ha incorporado parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Tal y como expresa su propio Preámbulo, esta Ley intensifica los principios de la citada Directiva, si bien excluye expresamente a los servicios no económicos de interés general de su ámbito de aplicación. Su fin es impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios y proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que incentive la creación de empresas y genere ganancias en eficiencia, productividad y empleo en las actividades de servicios, además del incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
La mejora de la regulación de este sector requiere no solo el establecimiento de las disposiciones y principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios sino la modificación o derogación de aquella normativa que no sea conforme con los principios y criterios que la Ley establece.
Así se desprende de la propia Directiva 2006/123/CE cuyo artículo 44 incluye un mandato a los Estados miembros para que pongan en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, estableciendo la Disposición final tercera de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio, que corresponde a las Administraciones Públicas competentes, en su respectivo ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de dicha Ley.
En este sentido, el artículo 97.3 del Estatuto de Autonomía prevé que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales y actos normativos de las organizaciones internacionales en lo que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma. Más específicamente el artículo 93.2 señala que la Comunidad Autónoma de Aragón aplica y desarrolla el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias.
El objeto del presente Decreto-Ley es, por tanto, adaptar la normativa de rango legal de la Comunidad Autónoma de Aragón a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio así como transponer la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las modificaciones legislativas que se abordan exigen acudir a la figura del Decreto-Ley prevista en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de llevar a cabo la regulación que contiene. Esta adaptación es necesaria ya que para hacer efectivas las medidas de la Ley 17/2009 no basta con modificar la normativa básica estatal, se debe modificar igualmente la normativa de la Comunidad Autónoma de rango legal lo que a su vez permitirá modificar las normas de rango reglamentario que supondrán en primer lugar, la efectiva aplicación y desarrollo de los principios y medidas establecidos tanto en la citada Ley como en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que incorpora parcialmente al derecho español, y, en segundo lugar, la conformidad del ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que declara el carácter básico de la mayoría de las modificaciones legislativas que establece.
La situación jurídica existente justifica, por tanto, la urgencia en la aprobación de esta norma ya que, de otro modo, se produciría una situación de inseguridad jurídica para los prestadores de servicios que quieran establecerse o ejercer su actividad en Aragón. Así, la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, implica un desplazamiento de la normativa aragonesa que resulte incompatible con las disposiciones de esta norma que en muchos casos resultará igualmente contraria a la normativa básica del Estado tras la aprobación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Salvar esta situación mediante la aprobación de las modificaciones legislativas que esta norma contiene requiere una eficacia inmediata que viene ya demorada por el retraso en la adaptación normativa que arrastra la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que la incorporación efectiva de la Directiva de Servicios tenía como fecha límite el 27 de diciembre de 2009 y la entrada en vigor tanto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, como de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conforme a su Disposición final sexta y a su Disposición final quinta respectivamente, se establece en dicha fecha. Todo ello, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la Disposición final cuarta de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Por otra parte, la peculiaridad de las medidas que se incorporan mediante el presente Decreto-Ley, destinadas a permitir principalmente a las pequeñas y medianas empresas, prestadoras de servicios, a beneficiarse efectivamente del mercado interior y, al mismo tiempo, a ofrecer a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionándoles más posibilidades de elección y unos servicios de calidad a precios más bajos, requieren igualmente, sobre todo en el actual contexto económico, una rápida incorporación al ordenamiento de la Comunidad Autónoma de manera que se reduzcan con la máxima celeridad posible las trabas administrativas que puedan entorpecer el desarrollo del sector servicios, lo que contribuirá sin duda a una dinamización del mercado y a una mejora de la situación económica general.
El Decreto-Ley consta de 13 artículos agrupados en cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El Título I –«Medidas horizontales»– concreta diversas modificaciones que afectan de forma genérica a las actividades de servicios. Se introduce expresamente la figura de la comunicación y la declaración responsable en el ámbito local sujetando el régimen de autorizaciones en la Administración local a los principios de la Directiva de servicios. Se refuerza la normativa de defensa de consumidores y usuarios que adapta su contenido a los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en relación con las obligaciones de información de los prestadores y sus obligaciones en materia de reclamaciones. Se adaptan igualmente aspectos básicos de la regulación en materia de servicios profesionales mediante la modificación de la normativa que regula los Colegios profesionales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Título II –«Servicios industriales y comerciales»– incluye aspectos referentes a la simplificación administrativa y a la tramitación telemática de procedimientos y, partiendo del principio ya establecido de la libertad de ejercicio y establecimiento de actividades industriales y comerciales, refuerza la restricción de controles previos al inicio de la actividad que convierte en un régimen excepcional, manteniendo la licencia comercial autonómica únicamente en los casos de grandes equipamientos comerciales. Se restringen igualmente los regímenes de autorización en materia de actividades feriales manteniendo las inscripciones registrales obligatorias pero no habilitantes del ejercicio de la actividad, registros que se mantienen con un carácter de instrumentos al servicio de la transparencia y la información a favor del consumidor.
El Título III –«Servicios medioambientales y de agricultura»– en relación a la materia de medioambiente incluye diversas modificaciones legislativas en las que se eliminan requisitos prohibidos de carácter discriminatorio y se sustituye la figura de la autorización por la declaración responsable en casos determinados en relación con las vías pecuarias. Por último se establece la obligación, en consonancia con la Disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de proceder, en su caso, a realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la declaración responsable cuando ésta sea la forma de control de la actividad.
En materia de agricultura se suprime la necesidad de autorización de las entidades de control y certificación de productos agroalimentarios, lo que favorecerá tanto la libertad de establecimiento como la prestación de servicios de las entidades que hayan presentado válidamente su solicitud o estén ya acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El Título IV –«Otras medidas»– especifica modificaciones en diferentes sectores de los servicios relacionados con los servicios sanitarios, se suprime la comunicación previa, en los casos de falta de resolución, para la entrada en funcionamiento de establecimientos públicos que pretenden desarrollar actividades sujetas a la legislación de espectáculos y actividades recreativas y se elimina la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita de manera que, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 25/2009, se flexibilizan los instrumentos de promoción comercial.
La Disposición adicional primera se refiere al cumplimiento de la obligación de notificación a la Comunidad Europea. La Disposición adicional segunda se refiere a la vigencia del silencio administrativo desestimatorio regulado en normas con rango de ley o derivadas de la normativa comunitaria preexistentes.
Las disposiciones transitorias primera y segunda determinan la vigencia de la exigencia del visado colegial y las obligaciones de colegiación, respectivamente. La Disposición transitoria tercera se refiere a la implantación de la ventanilla única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios para las organizaciones colegiales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta se refieren al régimen transitorio de la licencia comercial y la disposición transitoria séptima establece un régimen transitorio general para los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley.
La Disposición derogatoria deja sin vigor cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales se opongan a lo dispuesto en el Decreto-Ley.
La Disposición final primera se refiere a la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el marcado interior, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Disposición final segunda establece un plazo para la adaptación de la normativa que fue dictada en desarrollo de las Leyes que son objeto de modificación al presente Decreto-Ley. La Disposición final tercera contiene la habilitación necesaria para el desarrollo y aplicación del Decreto-Ley. Por último, la Disposición final cuarta establece la entrada en vigor de la norma.
Las modificaciones que se incorporan mediante este Decreto-Ley se amparan en las competencias que atribuye a la Comunidad Autónoma el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón en sus apartados 11, desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades locales; 26, consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la protección y defensa de los consumidores y usuarios; 30, colegios profesionales; 25, comercio, que comprende los equipamientos comerciales y la regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta, así como ferias y mercados interiores; 47, artesanía; 48, Industria; 20, montes y vías pecuarias; 22, normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente; 17, agricultura; 55, sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios; 54, espectáculos y actividades recreativas, y 50, juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia, del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, del Consejero de Agricultura y Alimentación, de la Consejera de Salud y Consumo, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y del Consejero de Medio Ambiente, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 27 de abril de 2010,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas Horizontales
CAPÍTULO I
Administración Local
Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 193 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 193. De la función de policía.
1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
a) Ordenanzas y Decretos normativos de emergencia.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención se ajustará a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos, respeto a la libertad individual y proporcionalidad.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales.»
Dos. El artículo 194 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 194. Autorizaciones y licencias.
1. Las autorizaciones y licencias se exigirán en los términos previstos en la legislación sectorial que sea de aplicación por razón de la materia.
2. Los regímenes de autorización deberán basarse en criterios que delimiten el ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades competentes con el fin de que dicha facultad no se ejerza de forma arbitraria.
3. El otorgamiento de autorizaciones y licencias se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª La competencia para otorgarlas corresponde al Alcalde, a no ser que la legislación sectorial la atribuya a otro órgano. Su concesión se producirá una vez se haya determinado, a la vista de un examen adecuado, que se cumplen las condiciones para obtenerlo.
2.ª Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la obtención de una licencia en cuyo otorgamiento hayan de intervenir diversas unidades o servicios municipales, se les dará tramitación conjunta y simultánea en un único procedimiento que concluirá en una sola resolución.
3.ª Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y las de la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá establecerse un procedimiento de gestión coordinada que comportará una sola autorización de una de las dos administraciones. La Administración que no adopte la autorización final deberá informar con carácter previo en relación con el ejercicio de sus competencias propias.
4.ª Aquellos procedimientos en que deban emitir informe o hayan de intervenir otras Administraciones, y la resolución final corresponda a la entidad local, ésta recabará de aquéllas la realización de las actuaciones pertinentes conforme a la competencia que tuvieran atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración de la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, será de dos meses. Si no se emitiese, se entenderá que es favorable.
5.ª Las autorizaciones o licencias se entenderán concedidas si transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud no hay resolución expresa de la entidad local, excepto en los supuestos previstos en la normativa de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En ningún caso se podrán entender otorgadas por falta de resolución expresa facultades relativas a la utilización u ocupación del dominio público local.
4. Las entidades locales sólo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización, en los términos previstos en la legislación sectorial que resulte de aplicación, cuando reúnan las siguientes condiciones:
a) que no sea discriminatorio para el prestador de que se trata;
b) que esté justificado por una razón imperiosa de interés general;
c) que el objetivo perseguido no pueda lograrse mediante una medida menos restrictiva, en concreto, que un control a posteriori no resultare eficaz.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 194 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 194 bis. Comunicación previa o declaración responsable.
Las Entidades locales, salvo que una ley sectorial establezca lo contrario, podrán prever en sus ordenanzas la sustitución de la necesidad de obtención de licencia por una comunicación previa o declaración responsable, por escrito, del interesado a la Entidad Local, cuando se trate del acceso a una actividad de servicios y su ejercicio u otras actuaciones previstas en dichas ordenanzas. En cualquier momento, la entidad local podrá verificar la concurrencia de los requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución motivada, el cese de la actuación en tanto no se ajuste a lo requerido.»
CAPÍTULO II
Consumidores y usuarios de los servicios
Artículo 2. Modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
La Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado n) del artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«n) En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados precedentes, los prestadores de servicios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el consumidor o usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre el servicio ofertado o contratado. Los prestadores comunicarán su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.
Los prestadores de servicios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación. En caso de que en dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los prestadores de servicios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos facilitarán al usuario el acceso al mismo cuando éste reúna los requisitos previstos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo y en la Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan sido notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo.
Los empresarios a que se refiere este apartado y aquellos que estén adheridos a códigos de conducta, incluidos los elaborados a escala comunitaria, o sean miembros de asociaciones u organismos profesionales que ofrezcan sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos que reúnan los requisitos previstos, indicarán en las ofertas comerciales que presenten de forma detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos que ofrecen a los consumidores y usuarios, el modo de obtener información sobre sus características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.»
Dos. El contenido del actual apartado n) del artículo 16 pasa a formar parte de un nuevo apartado o).
Tres. El artículo 80.a) queda redactado del siguiente modo:
«a) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.»
CAPÍTULO III
Servicios profesionales
Artículo 3. Modificación de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón.
La Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón queda modificada en los siguientes términos:
Uno. En el art. 4 se introducen los párrafos 2, 3 y 4 con la siguiente redacción:
«2. Los acuerdos, decisiones, y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
3. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley.
Los Estatutos de los Colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben los Colegios, podrán contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.
4. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o a través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.»
Dos. Se modifican los apartados c) y e) del artículo 17 en los siguientes términos:
«c) Representar institucional y exclusivamente los intereses generales de la profesión o actividad profesional cuando estén sujetas a colegiación obligatoria.
e) Defender los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.»
Tres. Se modifican los siguientes apartados del número 1 del art. 18 con la siguiente redacción:
«g) Se suprime, quedando sin contenido.
h) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en el artículo 46.
o) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de una Comunidad Autónoma o Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
p) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
q) En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios.»
Cuatro. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 22. Exigencia de colegiación para el ejercicio de las profesiones y actividades profesionales colegiadas.
1. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones en Aragón hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de esta Ley.
2. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en alguna provincia o territorio de la Comunidad Autónoma, la obligación de colegiación sólo afectará a los profesionales que tengan su domicilio profesional único o principal en dicha provincia o territorio, pudiendo también ejercer en toda la Comunidad Autónoma quienes tengan su domicilio profesional único o principal en la provincia o territorio donde no exista colegio profesional.
3. Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.
4. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que correspondan al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
5. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de un Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.
6. Los funcionarios y el personal laboral de las Administraciones Públicas en Aragón no necesitarán estar colegiados para el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo que dispongan el Estatuto de la Función Pública y la legislación básica del Estado.»
Cinco. Se añade un nuevo Título VI constituido por los siguientes artículos:
«Artículo 43. Ventanilla única.
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio Profesional.
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.
e) El contenido de los códigos deontológicos.
3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, los colegios profesionales y, en su caso, los Consejos de Colegios de Aragón podrán poner en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.
4. Los Colegios profesionales de ámbito territorial facilitarán a los Consejos de Colegios de Aragón la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos.
Artículo 44. Memoria anual.
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos en caso de disponer de ellos.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad de visado.
Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.
3. El Consejo de Colegios hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.
4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos de Colegios de Aragón la información necesaria para elaborar la Memoria Anual.
Artículo 45. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.
1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.
2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.
Artículo 46. Visado.
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. En ningún caso los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.
2. El objeto del visado es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el artículo 43.2.
b) la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.
En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.
3. En caso de daños derivados de un trabajo que haya visado el Colegio, en los que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.
Artículo 47. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional quinta.
Artículo 48. Igualdad de trato y no discriminación.
El acceso y ejercicio a profesiones colegiadas se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, en los términos de la Sección III del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.»
Seis. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. La organización colegial.
1. Se entiende por organización colegial el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada profesión.
2. Son corporaciones colegiales los Consejos de Colegios de Aragón y los Colegios Profesionales territoriales de Aragón.»
Siete. Se añade una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Valoración de los colegios para la tasación de costas.
Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.»
Ocho. Se añade una nueva disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Facultad de control documental de las Administraciones Públicas.
Lo previsto en esta Ley no afecta a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas de Aragón, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación documental, técnico o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.»
Nueve. Se añade una nueva disposición adicional séptima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. Departamento competente y recurso de alzada.
1. Toda referencia al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales que se hace en la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, debe entenderse realizada al Departamento competente en materia de colegios profesionales.
2. De igual manera, cada vez que se menciona la posibilidad de recurso ordinario, debe entenderse referido al recurso de alzada.»
TÍTULO II
Servicios industriales y comerciales
CAPÍTULO I
Servicios industriales
Artículo 4. Modificación de la Ley 12/2006, de 27 diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
La Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12. Impulso.
1. Se reconoce el derecho a realizar a distancia, mediante instrumentos telemáticos, todos los trámites administrativos que resulten precisos para el ejercicio de la actividad industrial.
2. La Administración favorecerá e impulsará la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, la tramitación de procedimientos administrativos y la formación y el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el departamento competente facilitará el inicio de los procedimientos administrativos en soporte digital mediante la disponibilidad electrónica de todos los modelos de formularios normalizados que se encuentren a su disposición en soporte papel en las dependencias de la Administración.
3. Salvo que, por la naturaleza de los procedimientos o de los interesados, reglamentariamente se establezca lo contrario, los interesados siempre podrán optar por utilizar los medios convencionales admitidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común o por servirse, en su totalidad o parcialmente, de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.»
Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17. Comunicación previa y declaración responsable.
1. En los casos en que resulten de aplicación normas de seguridad industrial, previo al ejercicio de la actividad se presentará ante el Departamento competente en materia de industria una declaración responsable o una comunicación previa.
Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos aplicables para la presentación de las comunicaciones previas o declaraciones responsables y en su caso la documentación acreditativa de la plena adecuación de la actividad industrial a las normas por razones de seguridad industrial. La presentación se podrá realizar a través de las entidades habilitadas para ello.
2. En ningún caso la presentación de la documentación exigida supondrá su aprobación por parte de la Administración de la comunidad autónoma ni su idoneidad técnica.»
Tres. Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Se exigirá autorización para la instalación, ampliación, traslado o cierre de actividades industriales cuando se establezca en tratados internacionales o normas comunitarias europeas.
2. En todo caso, constituye una excepción al principio de libertad, conforme a la normativa aplicable a los mismos, el régimen de actuación de los organismos de control.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma deberá prever procedimientos para el reconocimiento de la cualificación profesional de los profesionales habilitados, en los casos que así lo establezca una norma comunitaria europea o el correspondiente reglamento de seguridad industrial.
4. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos competentes en materia de industria de certificaciones, homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan de resolver otros órganos.»
Cuatro. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 20. Otras comunicaciones y autorizaciones.
Las comunicaciones, las declaraciones responsables, las autorizaciones, los permisos o los títulos habilitantes objeto de la presente Ley serán exigibles sin perjuicio de lo establecido por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en materia de utilización de los registros administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, gestionará tanto la información derivada del Registro Industrial de Aragón como la información técnica y económica asociada a las tramitaciones relativas a las actividades industriales, los agentes del sistema de la seguridad industrial y las ayudas públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho departamento.»
Seis. Se modifica la denominación de la Sección 2.ª del Capítulo IV, que pasa a denominarse «Registro Industrial de Aragón».
Siete. Se modifica el artículo 24, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 24. Constitución.
Se crea el Registro Industrial de Aragón como registro administrativo de carácter público gestionado por el departamento competente en materia de industria. Corresponde al Gobierno de Aragón establecer su organización, los datos objeto de inscripción y el procedimiento para ello, el sistema de publicidad y acceso, la difusión de los datos inscritos y las normas de confidencialidad aplicables.»
Ocho. Se modifica el artículo 25, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25. Fines.
El Registro Industrial tiene por finalidad garantizar:
a) La disponibilidad de la información básica sobre la actividad industrial y la distribución territorial de la misma necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas en materia social, económica e industrial.
b) La publicidad de la información sobre los establecimientos industriales, los servicios relacionados con las actividades industriales y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, entendida como servicio para la ciudadanía y, particularmente, para el sector empresarial.
c) El suministro a los órganos competentes de la Administración de la comunidad autónoma de los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales.»
Nueve. Se modifica el artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26. Ámbito.
1. El Registro Industrial de Aragón ejerce sus funciones respecto a establecimientos, actividades, servicios, infraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la comunidad autónoma, con independencia del domicilio social de las empresas titulares de los mismos.
2. El ámbito material del Registro Industrial de Aragón incluye la información industrial relativa a los establecimientos y las actividades empresariales de carácter industrial, a los servicios relacionados con ellos y a la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, así como a las demás actividades industriales que se determinen reglamentariamente.»
Diez. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 27. Contenido.
1. El Registro Industrial de Aragón contendrá:
a) Los datos básicos y complementarios establecidos en la legislación básica.
b) Los datos que se establezcan en la disposición que regule el Registro Industrial de Aragón, teniendo en cuenta los criterios de colaboración entre Administraciones y minimización de costes para las empresas.
2. La inscripción en el Registro Industrial de Aragón de nuevos establecimientos y actividades o de modificaciones de los mismos no supone ni autorización administrativa ni aprobación técnica por parte de la Administración de la comunidad autónoma.»
Once. Se modifica la denominación y los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 28. Inscripción.
1. El Registro Industrial incorporará los datos exigidos por la legislación estatal, además de los que puedan establecerse como datos complementarios por la Comunidad Autónoma, a partir de:
a) Los datos de las autorizaciones concedidas en materia industrial.
b) Los datos aportados en las comunicaciones o las declaraciones responsables realizadas por los interesados.
c) Los datos exigidos para acogerse a los beneficios derivados de los programas de modernización, fomento y promoción, así como de las ayudas, subvenciones, préstamos y avales que pueda establecer la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El departamento competente realizará un continuo mantenimiento del Registro Industrial de Aragón con el fin de conservarlo siempre actualizado, utilizando para ello los mecanismos necesarios.
3. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades no sujetas a autorización, declaración responsable o comunicación, podrán aportar datos sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su inscripción de oficio en el Registro Industrial, una vez iniciada la actividad.
4. No será necesaria respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.»
Doce. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29. Acceso.
1. Los datos básicos incluidos en el Registro Industrial de Aragón tienen carácter público, con excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y las que se declaren de interés para la defensa nacional.
También tienen carácter público los siguientes datos ordenados por provincias o comarcas:
a) Identificación del sujeto inscrito.
b) Domicilio.
c) Actividad.
2. No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Los datos relativos a enumeración de productos utilizados podrán sustraerse del conocimiento público cuando así lo solicite el interesado por razones justificadas en el secreto industrial o comercial.
3. Los datos complementarios del Registro Industrial de Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titular.
4. En todo caso, se observará la legislación aplicable sobre los datos de carácter personal y el secreto comercial e industrial.»
Trece. Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30. Colaboración.
1. El Registro Industrial de Aragón facilitará al Registro Industrial Integrado la información que proceda conforme a lo previsto en su normativa reguladora.
2. Todos los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los organismos dependientes o vinculados a ellos, así como los agentes del sistema de la seguridad industrial, remitirán al Registro Industrial de Aragón los datos relativos al ámbito material del mismo que obren en sus correspondientes registros, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente.»
Catorce. Se modifica el artículo 31, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 31. Registros especiales.
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Industrial de Aragón, los titulares incluidos en el ámbito material del mismo que, por razón de la legislación aplicable, hayan de estar inscritos en registros especiales deben comunicar a los mismos los datos pertinentes.»
Quince. Se modifica al artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 37. Requisitos.
Para obtener la condición de beneficiario de los planes y programas de promoción y fomento industrial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y salvo que, mediante norma reglamentaria, se exceptúe de manera expresa y para supuestos específicos, se deberá facilitar a la Administración los datos de la empresa que se determinen, los cuales podrán incluirse de oficio en el Registro Industrial de Aragón.»
Dieciséis. Se añade un tercer apartado al artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:
«3. En los casos en que exista una relación de causalidad directa entre la actividad profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, el Gobierno de Aragón impulsará y regulará la creación de instrumentos de control que permitan a los prestadores asegurar de forma voluntaria la calidad de sus servicios. Con tal fin, se promoverá la participación de los agentes del sistema de la seguridad industrial.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 2 del artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. Son agentes del sistema de la seguridad industrial: el departamento competente; los organismos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras; las entidades de formación en el ámbito de la seguridad industrial; los profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores de obra; los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales, y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, compuesta por organismos de normalización, entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de calibración industrial, verificadores medioambientales y empresas prestadoras de servicios a las que la regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya funciones de seguridad industrial.»
Dieciocho. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 47, que quedan redactados en los siguientes términos:
«2. Los organismos de control podrán intervenir como entidades habilitadas para la tramitación de las comunicaciones, declaraciones responsables o autorizaciones exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad industrial cuando así se establezca en la normativa aplicable.
3. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos en los que se exigirá que, en la documentación emitida por los distintos agentes del sistema de la seguridad industrial que deba acompañar a una comunicación, a una declaración responsable o a una solicitud de autorización, se incluya un informe adicional emitido por un organismo de control dictaminando la corrección jurídica y técnica del proyecto o de las obras o instalaciones ya realizadas con el alcance que en cada supuesto se determine. También podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su inclusión no esté exigida.»
Diecinueve. Se modifica la denominación y los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 49. Régimen de actuación.
1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de actividad que éstos realicen en la Comunidad Autónoma, especialmente los que se refieren a recursos humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. La Administración competente en materia de seguridad industrial supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiéndole revocar las habilitaciones que haya otorgado, así como prohibir o suspender la actividad de cualquiera de estos agentes del sistema de la seguridad industrial en la Comunidad Autónoma, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando ésta no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión o revocación de la habilitación o prohibición de la actividad, dará traslado de lo actuado a la Administración competente por razón del domicilio o de la actividad principal, por si procediera la adopción de una u otra medida.
3. Cuando, de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca la ausencia de competencia técnica o de otros requisitos legalmente necesarios para el desempeño de la actividad, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá proceder a la revocación de la habilitación o a la prohibición del ejercicio de la actividad, previo el correspondiente procedimiento en el que se acrediten los hechos y se dé audiencia al interesado, en aquellos casos en que fuese competente para el otorgamiento de la habilitación, haya adquirido la competencia para su renovación, hubiese sido el receptor de la comunicación o declaración responsable o hubiese adquirido la competencia por traslado del domicilio o del ámbito principal de actividad del sujeto. Asimismo, reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de habilitaciones o la prohibición del ejercicio de la actividad.
4. En caso de no ser competente para acordar la revocación de la correspondiente habilitación o para prohibir el ejercicio de la actividad, dará traslado de los hechos a la Administración Pública competente. En tal supuesto, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la habilitación o de la actividad en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.»
Veinte. Se modifica el apartado 3 del artículo 57, al que se añade la letra c) con la redacción siguiente:
«c) La existencia y grado de implantación de instrumentos de control de la calidad de los servicios por parte de los agentes del sistema de la seguridad industrial.»
Veintiuno. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 59, con la redacción siguiente:
«g) Suspensión de la actividad de un organismo de control, profesional habilitado, empresa instaladora o mantenedora o entidad de formación.»
Veintidós. Se modifican y reordenan las letras del artículo 64, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 64. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La fabricación, la importación, la venta, el transporte, la instalación, la distribución, la comercialización, el suministro o la utilización de productos, aparatos o elementos, así como la realización de las actividades sujetas a seguridad industrial sin cumplir la normativa aplicable, cuando comporte peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) El inicio de la actividad industrial careciendo de la correspondiente autorización cuando ésta sea preceptiva.
c) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
d) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
e) La ocultación o alteración dolosa de los datos que deban figurar obligatoriamente en el Registro Industrial de Aragón, así como la resistencia a proporcionarlos o la demora reiterada, siempre que no esté debidamente justificada.
f) La ocultación deliberada de información relevante, la resistencia a facilitar la información requerida o la reiterada demora en proporcionarla a la Administración competente, así como su provisión falseada, cuando hubiese obligación de presentar la misma.
g) La negativa a admitir las verificaciones o inspecciones acordadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la obstrucción que impida su práctica de la manera establecida.
h) La no solicitud de las verificaciones o inspecciones establecidas en la normativa o acordadas por la Administración de la Comunidad Autónoma cuando se genere un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
i) La expedición dolosa de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
j) Las inspecciones, ensayos o pruebas, revisiones o actuaciones realizadas por los agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para ello de forma incompleta en relación con el objetivo de la inspección o prueba o con resultados inexactos cuando ello se deba a una insuficiente constatación de los hechos o a una deficiente aplicación de normas técnicas.
k) El incumplimiento de las prescripciones, instrucciones u órdenes dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta Ley y con las normas que la desarrollen.
l) El incumplimiento de las prescripciones o la no subsanación de las deficiencias detectadas por un organismo de control o un agente habilitado cuando de las mismas se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
m) La no realización de las inspecciones o revisiones de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
n) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente.
o) La aplicación de las ayudas y subvenciones públicas a fines distintos de los determinados en su concesión, así como no efectuar su reintegro cuando así se hubiera establecido.
p) La falta de entrega o negativa a entregar la documentación técnica que preceptivamente tenga que expedirse en relación con la instalación, parte de la instalación o labores de mantenimiento o revisión realizadas.
q) El intrusismo profesional cometido por personas o empresas que realicen actuaciones de instalación o mantenimiento de aparatos o instalaciones sujetos al ámbito de esta Ley sin contar con la competencia legalmente reconocida para ello o fuera del ámbito de actuación reconocido por la acreditación profesional con que cuenten, o por empresas o profesionales que realicen labores de verificación del cumplimiento sin estar habilitados para ello.
r) La actuación del titular de la actividad industrial que fomente o se aproveche dolosamente del intrusismo profesional.
s) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto exigibles.
t) El incumplimiento de la obligación de conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables cuando de ello se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
u) El no mantenimiento de las condiciones que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla.
v) La reincidencia en la comisión de una misma infracción leve, declarada por resolución firme en vía administrativa, antes de transcurrido el período de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa.»
Veintitrés. Se modifican y reordenan las letras del artículo 65, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 65. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en esta Ley no incluida como infracción grave o muy grave.
b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en las letras a), h), i), j), k), l), m), n), p), q), s), t) del artículo anterior cuando no hubiesen generado riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
c) La no comunicación al departamento competente de los cambios que pudiesen afectar a la seguridad de los establecimientos, instalaciones y productos industriales, así como las modificaciones e incidencias de la actividad industrial que, legal o reglamentariamente, estén establecidas.
d) La demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por el órgano competente cuando tal conducta no sea reiterada.
e) La falta de colaboración con el personal inspector en el ejercicio por éste de las funciones derivadas de esta Ley.
f) La no aportación de cualquiera de los datos obligatorios en la declaración responsable o la comunicación presentada por los interesados a la Administración competente en materia de industria.
g) La no comunicación al departamento competente de los cambios o modificaciones de las condiciones que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla.
h) El incumplimiento de las normas de seguridad industrial, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.»
Veinticuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 69, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1. En los supuestos de infracciones graves, además de la sanción pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por plazo no superior a un año, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad o de la instalación o la suspensión de la actividad del profesional habilitado, de la empresa instaladora o mantenedora, de la entidad de formación, o del organismo de control.
2. En los supuestos de infracciones muy graves, además de la correspondiente multa, podrán acordarse las siguientes sanciones por acuerdo del Gobierno de Aragón:
a) El cierre del establecimiento o la suspensión, total o parcial, de la actividad por un plazo no superior a cinco años.
b) La clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o de la actividad.
c) La prohibición de ejercer funciones de profesional habilitado, o la actividad de empresa instaladora o mantenedora, o de entidad de formación o de organismo de control, pudiendo establecerse la prohibición de solicitar una nueva habilitación profesional, realizar una comunicación o declaración responsable para el ejercicio de la actividad o autorización como organismo de control, por un periodo de hasta cinco años.»
CAPÍTULO II
Servicios comerciales
Artículo 5. Modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón.
La Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 4.
1. Podrán ejercer la actividad comercial en Aragón quienes, de conformidad con la legislación vigente, posean la capacidad jurídica necesaria, según lo establecido en la legislación civil y mercantil, y cumplan los requisitos establecidos por esta Ley.
2. Son requisitos generales para el ejercicio de cualquier actividad comercial:
a. Estar dado de alta a efectos tributarios y de Seguridad Social.
b. Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación.
c. Acreditar, en su caso, la titulación y colegiación oficial, así como prestar las fianzas y demás garantías exigidas por la legislación vigente para la venta de determinados productos o la prestación de determinados servicios.
d. En caso de que la actividad concreta a realizar exija estar inscrito en registro especial, acreditar la inscripción en él.
3. Cualquier requisito adicional para el ejercicio de actividades comerciales deberá reunir las siguientes características:
a. No discriminación: especialmente el requisito no podrá ser directa o indirectamente discriminatorio por razón de la nacionalidad.
b. Necesidad: el requisito deberá estar justificado por razones imperiosas de interés general.
c. Proporcionalidad: el requisito deberá ser el adecuado para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo.»
Dos. El artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 11.
1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales los locales edificados y las construcciones e instalaciones fijas permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores a una edificación, exentas o no, con o sin escaparates, en los que se desarrolle profesionalmente una actividad comercial conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
2. Los establecimientos comerciales podrán ser individuales o colectivos. Tendrá la consideración de establecimiento comercial colectivo, o recinto comercial, el conjunto de establecimientos destinados a la realización de actividades comerciales situados en uno o más edificios conectados o situados en un mismo parque o zona gestionado bien bajo una sola titularidad bien con un criterio de gestión unitaria compartiendo servicios comunes.»
Tres. El artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 12.
1. En el Departamento competente en materia de Comercio, existirá un Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles. El Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles se configura como un Registro de carácter público y naturaleza administrativa, a los solos efectos de información y publicidad.
2. El Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles tiene como finalidades básicas:
a) Disponer de un censo actualizado sobre los establecimientos comerciales y las actividades relacionadas, con fines estadísticos, así como para dar la publicidad precisa a efectos de la protección y defensa de los consumidores.
b) Disponer de la información básica sobre la actividad comercial y su distribución territorial de la misma necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas.
3. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar actividad comercial en Aragón deberán comunicar sus datos al Registro en los primeros 3 meses desde el inicio de su actividad. La falta de comunicación no impedirá el ejercicio de la actividad sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionatorio previsto en esta Ley.
4. Entre los datos a comunicar al Registro figurarán, los datos identificativos del empresario o empresa, actividad o actividades a que se dedica, el número de establecimientos comerciales de que sea titular, la situación de los mismos, y el nombre comercial de los mismos.
5. Asimismo cuando haya cambios en la información comunicada al Registro el interesado tendrá la obligación de comunicar dichos cambios en el plazo de tres meses desde que se produzcan. La falta de comunicación únicamente podrá llevar aparejada las consecuencias de establecidas en materia de infracciones y sanciones previstas en esta Ley.
6. No obstante todo lo anterior, el encargado del Registro podrá, actuando de oficio y previa audiencia del interesado, en base a la documentación de que tenga conocimiento derivada de cualesquiera procedimientos, anotar los datos oportunos de las empresas y establecimientos mercantiles a que se refiere este artículo, rectificarlos y cancelarlos.»
Cuatro. El artículo 14 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 14.
1. Se considerarán grandes superficies a los efectos de esta Ley los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.
2. Por superficie a los efectos del cómputo de gran superficie se entiende superficie edificada y dedicada a sala o espacio de exposición y ventas.
3. Reglamentariamente se podrá establecer un sistema de cómputo de superficie específico para determinados tipos o clases de establecimiento que, por la especificidad del género o negocio a que se dediquen, requieran una gran extensión de superficie de exposición y venta.
4. Reglamentariamente, y siempre y cuando, fundadamente, no se prevea lesión al interés general, se podrá aumentar la superficie necesaria para tener la consideración de gran superficie. A tal fin el Departamento competente en materia de Comercio incoará un procedimiento en el que se dará audiencia a los municipios afectados, así como la oportuna información y audiencia públicas.
5. Reglamentariamente, atendiendo siempre a fundadas razones de interés general, se podrán determinar zonas especialmente vulnerables en las cuales no sea preciso alcanzar la superficie de 2.500 metros cuadrados para la consideración de gran superficie. En cada zona especialmente vulnerable, atendidas sus especiales características en función de los intereses generales a proteger, se determinará la superficie precisa para que un establecimiento comercial tenga la consideración de gran superficie; en función de la circunstancia que determine su vulnerabilidad, y dentro del marco de lo establecido en esta Ley, se podrán establecer requisitos adicionales de protección del interés general.
6. Para la declaración de una zona como especialmente vulnerable, el Departamento competente en materia de Comercio incoará un procedimiento en el que se dará audiencia a los municipios afectados, se dará la oportuna información y audiencia públicas y concluirá, si procede, con la determinación de zona especialmente vulnerable por Decreto del Gobierno de Aragón, en cuya resolución se tendrán en cuenta razones de interés general.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 14 Bis del siguiente tenor:
«Artículo 14 Bis.
1. La instalación de todo tipo de establecimientos comerciales no estará sujeta a licencia o autorización comercial alguna, esto no obstante, con fin de protección del interés general, se sujeta la instalación de las grandes superficies a licencia comercial, otorgada por el Departamento competente en materia de comercio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Los requisitos y circunstancias que condicionen o, en su caso, denieguen el otorgamiento de la licencia comercial habrán de basarse en razones imperiosas de interés general, entre otras, orden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido de los artículos 52 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, seguridad vial, objetivos de política cultural y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.
3. La licencia comercial tiene como finalidad comprobar la ausencia de afección al interés general de la actividad. La licencia comercial sólo se podrá tramitar y, en su caso, otorgar una vez que el Ayuntamiento correspondiente haya concedido expresamente las licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas. En ningún caso podrá entenderse concedida la licencia comercial sin la previa obtención de las correspondientes licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas.
4. En el caso de que la licencia concedida a una gran superficie comercial consistente en un establecimiento colectivo sea de tal precisión que permita conocer los establecimientos individuales proyectados y determinar su falta de afección al interés general, podrá establecerse en la concesión la exención de la obligación de solicitar licencia comercial por los titulares de dichos establecimientos individuales que sean de por sí gran superficie comercial. Dicha exención determinará las circunstancias que han de darse para que surta efecto; en caso de modificación de éstas, se especificará la obligación de solicitud de licencia comercial.
5. Se deberá solicitar, asimismo, licencia comercial en el caso de superficies comerciales en las que haya un cambio de actividad principal que determine su sujeción al régimen de licencia comercial con arreglo a lo dispuesto en la Ley. El mero cambio de titularidad no está sujeto a licencia comercial, ni tampoco el cambio de actividad cuando sea de naturaleza similar a la anterior.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 14 Ter del siguiente tenor:
«Artículo 14 Ter.
1. Solicitadas las licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas, el Ayuntamiento, deberá poner en conocimiento del interesado, la necesidad o no de la obtención de la licencia comercial regulada por esta Ley, así como de los plazos establecidos para la obtención de las preceptivas licencias municipales, órgano competente para su resolución, y sentido del silencio administrativo para el caso de producirse el mismo.
2. El Ayuntamiento pondrá al interesado en conocimiento de la circunstancia a que especialmente se refiere el párrafo anterior, en la primera comunicación que le remita tras la solicitud de las licencias municipales de obras y ambiental de actividades clasificadas.
3. Otorgadas expresamente las licencias municipales, el Ayuntamiento, remitirá al Departamento competente en materia de Comercio del Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón copia de la documentación precisa para la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia comercial. Al remitir la documentación el Ayuntamiento notificará dicha circunstancia al interesado.
4. Reglamentariamente se determinará la documentación precisa que deberá remitir el Ayuntamiento al Departamento competente en materia de Comercio y a la que se refiere el apartado anterior. Esto no obstante deberá remitirse en todo caso copia de la memoria explicativa de la actividad a desarrollar, los planos del establecimiento y de su situación, y las licencias urbanísticas y ambientales otorgadas por el Ayuntamiento. En todo caso, si al recibo de la documentación no se considerara suficiente, el Departamento podrá solicitar al Ayuntamiento si obran en el expediente municipal o, en cualquier caso, directamente al interesado que se adicionen otros extremos que considere conveniente. De solicitarse ampliación de la documentación remitida quedará suspendido el plazo para dictar resolución.
5. Caso de que el Ayuntamiento no remita la documentación antes señalada, el Departamento competente podrá incoar el procedimiento de concesión de la licencia comercial si juzga que tiene datos e informes suficientes para ello, sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones a que le habilite la legislación sobre régimen local.
6. Recibida la documentación por el Departamento competente en materia de Comercio, se acusará recibo al Ayuntamiento remitente y se notificará al interesado dicha recepción indicándole el plazo de resolución, órgano competente para ello y sentido del silencio administrativo. Incoado, en su caso, el procedimiento en la forma descrita en el apartado anterior, se comunicará dicha incoación al Ayuntamiento y al interesado.»
Siete. Se introduce un nuevo artículo 14 Quáter del siguiente tenor:
«Artículo 14 Quáter.
1. El procedimiento ordinario de concesión de la licencia comercial se regirá, sin perjuicio de lo establecido en esta ley, por los trámites del procedimiento administrativo común e incluirá en todo caso una fase de información pública y audiencia a interesados no inferior a veinte días.
2. En tanto no se resuelva el procedimiento relativo a la licencia comercial, no podrá realizarse, en ejecución de las licencias municipales obtenidas, obra, ni ejercicio de actividad alguna, por parte del solicitante, debiendo considerarse en suspenso las licencias municipales.
3. En la tramitación del procedimiento se podrán solicitar los informes pertinentes de los distintos Departamentos o Administraciones competentes en dependencia del interés general que pueda verse afectado con suspensión del plazo de resolución, suspensión que, para ser efectiva, deberá comunicarse al interesado.
4. El plazo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la recepción de la documentación remitida por el Ayuntamiento en el Departamento competente en materia de Comercio o, en su defecto, desde la incoación de oficio por el citado Departamento, salvo en el caso de establecimientos colectivos, en el que será de cuatro meses.
5. Transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado ésta, el solicitante podrá entender concedida la licencia comercial por silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común.
6. La licencia comercial podrá otorgarse de forma condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos impuestos para protección de los fines de interés general que legitiman la sujeción a la misma.
7. La licencia comercial sólo podrá denegarse si el establecimiento y su actividad lesionan el interés general sin posibilidad de adopción de condicionamientos o medidas correctoras que preserven el citado interés general.
8. La licencia comercial se concederá por tiempo indefinido.
9. La licencia comercial no supondrá, en ningún caso, validación de exámenes técnicos o de comprobaciones de legalidad urbanística o medio ambiental, así como de cualesquiera otras materias, que deban efectuarse con motivo de la concesión de las previas licencias municipales. En el trámite de concesión de la licencia comercial no podrán revisarse actuaciones previas propias de la competencia municipal.»
Ocho. Se introduce un artículo 14 Quinquies del siguiente tenor:
«Artículo 14 Quinquies.
1. En el caso de establecimientos de superficie de exposición y venta inferior a 10.000 metros cuadrados situados en cualquier término municipal de Aragón con excepción de los pertenecientes a la delimitación comarcal de Zaragoza, se tramitará un procedimiento abreviado que, sobre el procedimiento ordinario descrito en el artículo anterior, tendrá las especialidades que se determinan en este artículo.
2. Incoado el procedimiento abreviado se comprobará si el índice de población dependiente de la comarca donde se vaya a instalar el establecimiento es inferior a la media aragonesa o si la densidad de población es superior a la media aragonesa excluida del cómputo, en ambos casos, la población de la delimitación comarcal de Zaragoza. De ser así, y sin necesidad de trámite de información pública y audiencia a interesados, se concederá la licencia si no resulta acreditada ninguna fundada razón de interés general que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, conlleve su desestimación. El plazo para dictar resolución será de un mes sin distinción de tipo de establecimiento, individual o colectivo, y el silencio se entenderá positivo en todo caso.
3. Si el índice de población dependiente de la comarca donde se vaya a instalar el establecimiento es superior a la media aragonesa y la densidad de población es inferior a la media aragonesa, excluida del cómputo en ambos casos, la población de la delimitación comarcal de Zaragoza, se seguirá la tramitación propia del procedimiento ordinario establecido en el artículo anterior.»
Nueve. Se introduce un artículo 14 Sexies del siguiente tenor:
«Artículo 14 Sexies.
1. En caso de silencio administrativo en la tramitación de las licencias municipales y, caso de que el silencio se entienda positivo, el interesado podrá, acreditando dicha circunstancia, solicitar directamente del Departamento competente en materia de Comercio la tramitación de la licencia comercial.
2. Recibida la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, el Departamento comprobará la misma, y, acreditados todos sus extremos, requerirá al Ayuntamiento en cuestión copia de la documentación que según esta Ley ha de remitir y cualquier otra que pudiere considerar de interés. El Ayuntamiento deberá evacuar tal solicitud en el plazo de un mes desde la recepción del requerimiento. A la recepción en el Departamento competente de la documentación remitida por el Ayuntamiento se iniciará el procedimiento de concesión de la licencia comercial; sin perjuicio de que pudiera solicitarse del Ayuntamiento o del interesado cualquiera otra documentación complementaria para resolver y que con dicha solicitud se interrumpa el plazo para dictar resolución. »
Diez. El artículo 16 queda sin contenido.
Once. El artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 17.
Los Ayuntamientos podrán regular, mediante las correspondientes ordenanzas municipales, las ventas en mercadillos estableciendo para ello límites y requisitos fundados en razones imperiosas de interés general como la protección del entorno urbano, de orden público, sanitarias, de policía, determinando el número de puestos de cada uno, su superficie y el tipo de productos que pueden ser vendidos, de conformidad con la legislación en vigor en materia de ventas fuera del establecimiento.»
Doce. El artículo 26 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 26.
1. Se considera venta ambulante aquella actividad comercial minorista realizada fuera del establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones móviles, en los lugares y fechas autorizados para ello. También, se considera venta ambulante la venta temporal en hoteles o establecimientos similares.
2. Los Ayuntamientos podrán regular, mediante las correspondientes ordenanzas municipales, la venta ambulante estableciendo para ello límites y requisitos fundados en razones de protección del entorno urbano, de orden público, sanitarias y de policía u otras de razones imperiosas de interés general.
3. Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirán, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 4 de la presente Ley, y sin perjuicio de las competencias de los municipios y las comarcas en sus respectivos territorios, los particulares siguientes:
a. Estar en posesión de la correspondiente licencia o autorización municipal, con pronunciamiento expreso favorable a la realización de la actividad ambulante.
b. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
c. Cumplir los requisitos establecidos por la normativa específica reguladora del producto objeto de venta.
4. En el caso de venta ambulante, el interesado deberá comunicar los datos correspondientes al Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles, transcurridos tres meses continuos desde el ejercicio de la actividad por más de una vez. Esta comunicación incluirá los datos propios del comerciante sin necesidad de dato alguno sobre ningún tipo de establecimientos salvo que, además, lo hubiere.
5. La falta de comunicación únicamente podrá llevar aparejada las consecuencias de establecidas en materia de infracciones y sanciones previstas en esta Ley.
6. La autorización municipal será siempre de carácter personal, y con un periodo de vigencia no superior a un año.»
Trece. El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 27.
1. Las ordenanzas municipales regularán el régimen de venta ambulante especificando, en todo caso, lo siguiente:
a) Delimitación de los perímetros urbanos donde podrá realizarse.
b) Determinación del número máximo de puestos de venta ambulante y de las autorizaciones a conceder por la administración municipal, superficie y ubicación concreta de los puestos, así como de los productos cuya venta se autoriza.
c) Fechas y horarios para el ejercicio de cualesquiera de las distintas modalidades de venta ambulante.
d) Controles que aseguren un efectivo cumplimiento de las obligaciones contempladas por la legislación vigente.
e) Descripción de las distintas modalidades de venta ambulante con arreglo a las categorías establecidas en el artículo 28.
2. En ningún caso podrán ser objeto de venta ambulante los bienes o productos cuya propia normativa lo prohíba, especialmente los de carácter alimenticio, con excepción de los ofrecidos directamente por el productor en los términos establecidos en el apartado e) de este artículo, y aquellos otros que, por razón de su presentación u otros motivos, no cumplan la normativa técnico-sanitaria y de seguridad.»
Catorce. El artículo 30 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 30.
1. Para el ejercicio de la venta domiciliaria se exigirán, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 4, los siguientes particulares:
a. Cumplir los requisitos establecidos por la normativa específica reguladora del producto que se venda o del servicio que se preste.
b. Prestar una fianza caucional de garantía por la posible responsabilidad que se pueda contraer en la práctica de este sistema de venta, en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. En el caso de venta domiciliaria el interesado deberá realizar la pertinente comunicación al Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles, transcurridos tres meses continuos desde el inicio de la actividad o cinco discontinuos en el periodo de un año. Esta comunicación incluirá los datos propios del comerciante sin necesidad de dato alguno sobre ningún tipo de establecimientos salvo que, además, lo hubiere.
3. La falta de comunicación únicamente podrá llevar aparejada las consecuencias de establecidas en materia de infracciones y sanciones previstas en esta Ley.»
Quince. El artículo 36 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 36.
Las máquinas destinadas a este tipo de venta deberán reunir los requisitos que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, los siguientes:
a) Acreditar el cumplimiento de la normativa técnica pertinente.
b) Contener un sistema automático de recuperación de monedas para los supuestos de error, inexistencia de mercancías o mal funcionamiento de la máquina.
c) Llevar claramente expuesto el nombre o razón social y el domicilio del empresario a quien pertenecen, así como un número de teléfono al que dentro de los horarios de apertura se puedan cursar avisos en los supuestos de avería y reclamación.
d) Llevar claramente expuesto el precio exacto del productos o servicios que vendan, así como los tipos de monedas que se admiten para la obtención de aquellos.»
Dieciséis. El artículo 59 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 59.
Son infracciones leves:
a. Falta de exhibición de la previa autorización, comunicación, fianza o garantía en la forma establecida en la normativa comercial aplicable.
b. Negativa a atender al requerimiento de la Administración de realizar la comunicación de datos al Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles una vez transcurridos los plazos establecidos en esta Ley para ello.
c. El incumplimiento de la obligación de informar al público sobre los días y horas de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, o no hacerlo en un lugar visible desde el exterior del establecimiento, así como el incumplimiento de otras obligaciones de información a los compradores previstas en la normativa comercial aplicable.
d. El incumplimiento de los deberes de información y comunicación a la Administración sobre la actividad comercial previstos en la normativa comercial aplicable.
e. La incorrecta denominación de las ventas promocionales.
f. El incumplimiento del deber de comunicación de ventas en liquidación, según dispone el artículo 45 de la presente Ley.
g. El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en la normativa comercial aplicable no tipificada como infracción grave o muy grave.»
Diecisiete. Se añade una disposición adicional primera con la siguiente redacción.
«Disposición adicional primera. Planeamiento.
1. En la aprobación definitiva de los Planes urbanísticos o de sus modificaciones o revisiones, siempre que se definan por primera vez, o se modifiquen, zonas destinadas a equipamientos comerciales, el órgano competente para otorgarla solicitará, con carácter previo, informe del Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón competente en materia de Comercio.
2. El citado informe se referirá a la coherencia en la configuración del equipamiento comercial en atención al modelo de desarrollo del municipio y a su configuración, con especial referencia a la incidencia del equipamiento comercial previsto en relación a los municipios del entorno. Se atenderá especialmente a si la configuración comercial favorece o no el modelo de ciudad compacta, si las nuevas zonas comerciales prevén la armonía de usos del espacio urbano así como la incidencia que la nueva actividad comercial puede a tener sobre el municipio y su área de influencia.
3. El Departamento competente en materia de comercio tendrá el plazo de un mes para evacuar dicho informe, de no evacuarse en dicho plazo, se entenderá favorable al planeamiento proyectado.
4. En caso de que el planeamiento informado favorablemente por el Departamento competente en materia de Comercio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón contuviera un importante grado de detalle y viniera acompañado de documentación complementaria que indicara la actividad a desarrollar en los equipamientos comerciales contenidos en él, podrá excepcionarse de la tramitación del procedimiento de licencia comercial a los establecimientos incluidos en dicho planeamiento que en el futuro tuvieran necesidad de ella.
5. La excepción en la solicitud de licencia comercial señalada en el apartado anterior deberá recogerse en el informe favorable del Departamento competente en materia de Comercio, en el cual se indicarán los parámetros mínimos que no podrán ser objeto de modificación para que la excepción surja plenos efectos y se entienda exceptuado el trámite de licencia comercial.»
Dieciocho. Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Planeamiento de iniciativa privada.
En los procedimientos de aprobación de los planes que sean consecuencia de un procedimiento de iniciativa privada, y que contengan zonas de equipamientos comerciales, no se podrá denegar su tramitación ni su aprobación por parte de las Administraciones Públicas competentes con base en una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se valoren los efectos económicos posibles o reales de la actividad, o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente. Esta prohibición no afectará a los requisitos de planificación que no sean de naturaleza económica, sino que defiendan razones imperiosas de interés general.»
Diecinueve. Se añade una disposición adicional tercera con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera. Autorización ambiental integrada.
En caso de que la apertura de un establecimiento comercial requiera de autorización ambiental integrada, y ésta sustituya a la licencia ambiental de actividades clasificadas conforme a la normativa ambiental vigente, las menciones relativas a esta última licencia contenidas en la presente ley deben entenderse realizadas a la autorización ambiental integrada.»
Artículo 6. Modificación de la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de actividades feriales oficiales de Aragón.
La Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 2. Clasificación de las Actividades Feriales.
1. Se considera feria, a efectos de la presente Ley, la actividad ferial de carácter periódico que se dirige principalmente al público profesional sin que pueda realizarse la venta directa con retirada de mercancía, salvo en casos especiales en que exista comunicación previa efectuada al Departamento competente en materia de ferias. El procedimiento de comunicación previa de la venta directa se regulará por Orden del Consejero competente en materia de ferias.
2. Se considera exposición o muestra, a efectos de la presente Ley, la actividad ferial que no tiene una periodicidad establecida, dirigida principalmente al público profesional, en la que no puede realizarse venta directa de lo expuesto con retirada de mercancía, salvo en casos especiales en que exista comunicación previa efectuada al Departamento competente en materia de ferias. El procedimiento de comunicación previa de la venta directa se regulará por Orden del Consejero competente en materia de ferias.
3. Se considera feria-mercado, a efectos de la presente Ley, la actividad ferial de carácter periódico en la que se admite la venta directa con retirada de mercancía y que se dirige al público en general.
4. Las actividades feriales se clasifican en multisectoriales, si la oferta exhibida es representativa de bienes y servicios pertenecientes a varias ramas y sectores de la actividad económica, y sectoriales o monográficas, que son aquellas que se circunscriben a determinados bienes o servicios de un único sector.»
Dos. El artículo 3 queda sin contenido.
Tres. El artículo 4 queda sin contenido.
Cuatro. El artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5. Calificación de las Actividades Feriales Oficiales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrá otorgar la calificación de Feria o Exposición Oficial de Aragón e inscribirla en el Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón, a aquellas actividades feriales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar organizada por una institución ferial o entidad reconocida como entidad organizadora de actividades feriales oficiales.
b) Tener como principal objetivo la promoción comercial de los expositores profesionales en relación con la actividad económica del territorio en el que se celebra el certamen.
c) Dirigirse a un ámbito territorial mínimo de influencia supracomarcal.
d) Realizarse en instalaciones permanentes adecuadas para el desarrollo de la actividad ferial.
e) Poseer un reglamento de participación de los expositores que regule la admisión, exclusión y sanción de los expositores, el orden de prioridad para atender las distintas solicitudes de participación, los derechos y obligaciones de los expositores así como la regulación de un órgano arbitral, el cual decidirá, con carácter dirimente, todas aquellas cuestiones que se susciten entre los participantes.
2. La calificación y correspondiente inscripción en el registro, de Feria o Exposición Oficial de Aragón, se otorgará por Orden del Consejero competente en materia de ferias, y podrá ser revocada por incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para su obtención.
3. El procedimiento de concesión de la calificación y su inscripción en el registro se regulará por Orden del Consejero competente en materia de ferias.»
Cinco. El artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 8. Calificación de las Actividades Feriales Oficiales de Interés Preferente.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá otorgar la calificación de feria o exposición oficial de interés preferente de Aragón e inscribirlas como tales en el Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón, a aquellas actividades feriales ya reconocidas como oficiales y que además, reúnan los siguientes requisitos:
a) Realizarse en recintos feriales permanentes, entendiendo como tales, los locales edificados y las construcciones e instalaciones fijas permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores a una edificación, dotados de los servicios necesarios, en los que se desarrolle profesionalmente una actividad ferial.
b) Tener un ámbito territorial de influencia igual o superior al territorio de Aragón.
c) Haber adoptado un procedimiento de seguimiento y auditoría y disponer de reglamentos y normativa por los que se vaya a regir la correspondiente feria.
d) Haberse celebrado como mínimo tres ediciones consecutivas que acrediten la consolidación de la feria o exposición.
2. La calificación y correspondiente inscripción en el registro, de Feria o Exposición Oficial de Interés Preferente de Aragón, se otorgará por Orden del Consejero competente en materia de ferias, y podrá ser revocada por incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para su obtención.
3. El procedimiento de concesión de la calificación y su inscripción en el registro se regulará por Orden del Consejero competente en materia de ferias.»
Seis. El artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 13. Obligaciones de todas las entidades organizadoras de ferias y exposiciones oficiales.
1. Las entidades organizadoras de ferias y exposiciones, que podrán ser instituciones feriales o personas jurídicas públicas o privadas, estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Solicitar y obtener la calificación de ferias y exposiciones oficiales y de interés preferente de las actividades feriales que correspondan.
b) Realizar la actividad ferial en las condiciones que la resolución de calificación haya señalado.
c) Presentar en el Departamento competente en materia de ferias, antes del día 30 de junio del año anterior la relación y fechas de los certámenes a celebrar durante el año siguiente, para su publicación en el Calendario Anual de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón.
d) Llevar el control presupuestario y la contabilidad de la entidad, así como de cada certamen que se organice.
e) Cumplir las prescripciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de aquellas otras exigidas por su normativa específica.
f) Garantizar el mantenimiento del orden público dentro del recinto ferial, con especial atención a la seguridad de las personas, medio ambiente, productos e instalaciones, sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
g) Suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier daño a las personas o a los bienes durante la celebración de la actividad ferial.
2. Celebrada la actividad ferial calificada, las entidades organizadoras deberán presentar en el plazo máximo de dos meses ante el Departamento competente en materia de comercio, una memoria descriptiva del desarrollo de la citada actividad, que permita una valoración de sus resultados económicos y la repercusión sobre la actividad productiva y social de la zona de influencia.»
Siete. Se modifica la denominación del Capítulo V y el artículo 18 queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO V
Consejo de Actividades Feriales de Aragón
Artículo 18. Consejo de Actividades Feriales de Aragón.
1. El Consejo de Actividades Feriales de Aragón es el órgano representativo, colegiado, consultivo y de participación en materia de ferias comerciales.
2. El Consejo tendrá como fines estimular el consenso y la unidad de acción en materia de ferias comerciales y la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyen en la misma.
3. En su composición estarán representadas las asociaciones feriales más representativas, los principales agentes económicos y sociales y los profesionales y agentes del sector ferial de Aragón y los Departamentos con competencias conexas o relacionadas en la materia.
4. El Consejo de Actividades Feriales de Aragón se adscribe sin dependencia jerárquica al Departamento competente, y será presidido por su titular, a quien corresponderá el nombramiento de sus miembros, a propuesta de los órganos directivos de cada uno de los sectores representados o de las Administraciones implicadas. El Consejo podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente, y se podrán crear comisiones especializadas.
5. Se atribuirán al Consejo de Actividades Feriales funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento en relación con la política en materia de ferias de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular sobre coordinación administrativa, participación de los agentes económicos y sociales, elaboración de disposiciones generales, planes y programas en la materia, y emisión de informes a petición del Gobierno de Aragón o del Departamento competente en materia de ferias.
6. Reglamentariamente se determinarán su composición, su organización, su régimen de funcionamiento y sus funciones.»
Ocho. El artículo 19 queda sin contenido.
Nueve. El artículo 20 queda sin contenido.
Diez. El artículo 21 queda sin contenido.
Once. El artículo 22 queda sin contenido.
Doce. El artículo 23 queda redactado como sigue:
«Artículo 23. Carácter, finalidad y estructura:
1. En el Departamento competente en materia de ferias, existirá un Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón. El Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón se configura como un Registro de carácter público y naturaleza administrativa, en el que deberán inscribirse las personas jurídicas que organicen actividades feriales oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón así como las actividades oficiales o actividades oficiales de interés preferente calificadas como tales, según lo establecido en los artículos 5 y 8 de la presente Ley.
2. El Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón tiene como finalidad:
a) Disponer de un censo actualizado sobre las entidades organizadoras de actividades feriales de carácter oficial o de interés preferente, así como de las propias actividades feriales mencionadas, con fines estadísticos así como de dar la publicidad precisa a efectos de la protección y defensa de los consumidores.
b) Disponer de la información básica sobre la actividad ferial y su distribución territorial necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas.
3. Estructura:
a) El Registro Oficial de Actividades Feriales de Aragón estará compuesto por el Libro General de Entidades Organizadoras y el Libro General de Actividades Feriales de Aragón.
b) En el Libro General de Entidades Organizadoras se inscribirán las instituciones feriales y sus estatutos y las modificaciones de éstos, así como las demás entidades organizadoras de actividades feriales oficiales.
c) En el Libro General de Actividades Feriales se inscribirán, con carácter general, las ferias y exposiciones oficiales clasificadas con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.»
Trece. El artículo 28 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 28. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones tipificadas por la presente Ley se clasifican en leves, graves o muy graves.
1. Se consideran infracciones leves:
a) La venta directa con retirada de mercancía del recinto ferial sin comunicación previa en las ferias y exposiciones oficiales.
b) El incumplimiento de deberes formales establecidos por norma con rango de ley, que no comporten ningún tipo de perjuicio de carácter económico y no puedan ser calificadas como graves o muy graves.
2. Se consideran infracciones graves:
a) El uso indebido de las clasificaciones otorgadas según el artículo 2 de esta Ley.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la calificación.
c) La no comunicación del cambio de datos de la actividad ferial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la presente Ley.
d) La inobservancia de las normas de funcionamiento de las instituciones feriales.
e) Las conductas que supongan irregularidades formales o materiales, establecidas por norma con rango de ley que causen perjuicios de carácter económico y no puedan ser calificadas como muy graves.
f) La reincidencia, declarada firme por resolución en vía administrativa, en la comisión de infracciones consideradas leves en los dos últimos años.
3. Se consideran infracciones muy graves:
a) La celebración de actividades feriales con atribución del carácter de oficiales o de interés preferente sin estar debidamente calificadas como tales.
b) La no realización de una feria o exposición oficial calificada salvo que concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.
c) Las conductas tipificadas en norma con rango de ley, de las que se deriven alteraciones del orden público o un perjuicio notorio para el interés general.
d) La reincidencia, declarada firme por resolución en vía administrativa, en la comisión de infracciones consideradas graves en los últimos dos años.»
Catorce. El artículo 30 queda redactado como sigue:
«Artículo 30. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 29, se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) En las infracciones leves, la cancelación total o parcial de las ayudas y subvenciones que hayan solicitado u obtenido por razón de la actividad ferial, la devolución de las cantidades recibidas en su caso y, ser excluidas del acceso a esas ayudas por el período máximo de un año.
b) En las infracciones graves, la revocación de la calificación de actividad ferial oficial o de interés preferente, la anulación de la inscripción registral y exclusión del Calendario de Actividades Feriales Oficiales de Aragón por un período no inferior a un año ni superior a tres, así como la cancelación, total o parcial, de las subvenciones y ayudas que hayan solicitado u obtenido de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón por razón de la actividad ferial, la devolución de las cantidades recibidas en su caso y ser excluidas del acceso a esas ayudas por el período máximo de dos años.
c) En las infracciones muy graves, la revocación de la calificación de actividad ferial oficial o de interés preferente, la anulación de la inscripción registral y exclusión del Calendario de Actividades Feriales Oficiales de Aragón, por un período no inferior a tres años ni superior a cinco, así como la cancelación, total o parcial, de las subvenciones y ayudas que hayan solicitado u obtenido de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón por razón de la actividad ferial, devolver las cantidades percibidas en su caso y, ser excluidas del acceso a esas subvenciones y ayudas por el período máximo de tres años.»
TÍTULO III
Servicios medioambientales y de agricultura
CAPÍTULO I
Servicios medioambientales
Artículo 7. Modificación de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
La Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se incorpora un nuevo apartado tercero al artículo 35, con la siguiente redacción:
«3. Cuando la circulación de vehículos motorizados esté vinculada a una actividad de servicios, la autorización prevista en el apartado segundo de este artículo se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días, ante el Servicio Provincial correspondiente o, en su caso, la comarca que deberán comprobar la compatibilidad de la circulación del vehículo motorizado con lo establecido en el apartado segundo del artículo 4.»
Dos. El actual apartado tercero pasa a ser el apartado cuarto con su misma redacción.
Tres. Se incorpora un nuevo apartado tercero al artículo 37, con la siguiente redacción:
«3. Cuando se trate de instalaciones vinculadas a una actividad de servicios, dicha autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días ante el Servicio Provincial correspondiente o, en su caso, la comarca, que deberán comprobar la compatibilidad de los equipamientos referidos en el apartado segundo, con lo establecido en el apartado segundo del artículo 4.»
Cuatro. El actual apartado tercero del artículo 37, pasará a ser el nuevo apartado cuarto.
Cinco. Se añade una letra j) en el artículo 50, con la siguiente redacción:
«j) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por el órgano competente para el ejercicio de la misma.»
Seis. Se añade una letra k) en el artículo 50, con la siguiente redacción:
«k) La inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.»
Siete. Se modifica la disposición adicional segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:
«El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental será el competente para realizar las actuaciones recogidas en los artículos 25.1, 25.2, 25.3, 27.4, 27.5, 28.2, 29, 30, 31, 32, 35.2, 37.2, 37.4 y 38.
Artículo 8. Modificación de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se numera el único apartado del artículo 69 y se añade un nuevo apartado segundo a dicho precepto, con la siguiente redacción:
«Artículo 69. Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad pública.
2. En los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de los dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,
b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.
Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente.
La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él.»
Artículo 9. Modificación de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.
La Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 32, con la siguiente redacción:
«1. ...
Cuando para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se exija una declaración responsable o una comunicación y, además, el correspondiente proyecto deba someterse a evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo previsto en el presente artículo, la declaración responsable o comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.»
CAPÍTULO II
Servicios de agricultura
Artículo 10. Modificación de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.
La Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se da nueva redacción a las letras a) y d) del apartado 2 del artículo 39, quedando redactadas del siguiente modo:
«a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya). La selección de la entidad independiente de control será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios que rigen la contratación de las Administraciones Públicas.»
«d) El consejo regulador, siempre que se haya acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).»
Dos. Se da nueva redacción a las letras a) y d) del apartado 2 del artículo 47, quedando redactado del siguiente modo:
«a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya). La selección de la entidad independiente de control será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios que rigen la contratación de las Administraciones públicas.»
«d) El propio Comité aragonés de agricultura ecológica, siempre que se haya acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).»
Tres. Se da nueva redacción al artículo 53, quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 53. Registro de entidades de control y certificación.
1. Las entidades independientes de control y certificación de productos agroalimentarios que pretendan actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán inscribirse en el Registro de entidades de control y certificación de productos agroalimentarios, dependiente del Departamento competente en materia de agricultura y alimentación.
2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de inscripción de dichas entidades de control y certificación que corresponderá al mismo Departamento.»
TÍTULO IV
Otras medidas
Artículo 11. Modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se dota de nueva redacción al artículo 36.b), que queda redactado del siguiente modo:
«b) La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro, por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente Ley, cuando se trate de servicios sanitarios comprendidos en el artículo 2.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el párrafo anterior, deberán cumplir las condiciones siguientes:
1. No resultarán discriminatorios ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a sociedades, por razón de ubicación del domicilio social.
2. Deberán estar justificados en la protección de la salud pública.
3. Se cuidará que el régimen que se establezca sea el instrumento adecuado para garantizar la consecución del objetivo de protección de la salud pública, no vaya más allá de lo necesario para conseguirlo, así como que no pueda sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.
4. Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones o registros a los que se refiere esta ley deberán ser claros e inequívocos, objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de protección de la salud pública y darse a conocer con antelación.»
Artículo 12. Modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Aragón.
La Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«2. En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud a que se refiere el número anterior, el Ayuntamiento, tras girar visita de inspección, otorgará o denegará, en su caso, la licencia de funcionamiento. Una vez transcurrido el señalado plazo sin que se haya resuelto lo pertinente de forma expresa, los solicitantes de la licencia podrán iniciar la actividad, pudiendo en todo caso el municipio proceder al cierre del local cuando el establecimiento no se ajuste a los requisitos establecidos en las licencias o difiera del proyecto presentado.»
Artículo 13. Modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 25 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25. Rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y otros juegos.
1. Corresponde al Departamento competente en materia de espectáculos y establecimientos públicos la autorización para la celebración de rifas, tómbolas, sorteos, campeonatos de naipes y demás juegos de envite, en las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, incluso en los casos en que el producto de la actividad del juego se destine íntegramente a fines benéficos, filantrópicos o a la financiación de fiestas populares y otras similares.
2. Los premios de las rifas y tómbolas necesariamente tendrán que ser en especie y no canjeables por dinero o signo que lo represente.
3. No se exigirá autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.»
Disposición adicional primera. Cumplimiento de la obligación de notificación a la Comisión Europea.
Los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general en los que se prevean requisitos de los previstos en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, acompañados de la memoria justificativa de su compatibilidad con los criterios señalados en los artículos 11.2 o 12.3, respectivamente, serán remitidos por el órgano competente para su elaboración, con carácter previo a su aprobación, al Departamento de Presidencia a los efectos de su posterior notificación, en los términos y por los cauces reglamentariamente establecidos, a la Comisión Europea.
Disposición adicional segunda. Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio en normas preexistentes.
En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entiende que concurren razones imperiosas de interés general en todos los procedimientos en los que, en virtud de norma con rango de ley o de Derecho comunitario anterior a la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa en el plazo previsto.
Disposición transitoria primera. Vigencia de la exigencia de visado colegial.
Hasta la entrada en vigor de la norma estatal que establezca los visados que serán exigibles a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la exigencia de visado se regirá por la normativa vigente.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las obligaciones de colegiación.
Hasta la entrada en vigor de la Ley estatal que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes.
Disposición transitoria tercera. Implantación de la ventanilla única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios de las organizaciones colegiales.
1. El 27 de junio de 2010, las organizaciones colegiales tendrán operativos los medios necesarios para articular la Ventanilla única previstos en el artículo 43 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, cuya modificación se establece en este Decreto-Ley.
2. El 27 de junio de 2010, los Colegios Profesionales de Aragón tendrán en funcionamiento el servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios previstos en el artículo 45 de la Ley citada en el número anterior.
Disposición transitoria cuarta. Normas transitorias para la obtención licencia comercial.
1. En tanto no se apruebe el Reglamento de desarrollo relativo a la licencia comercial autonómica que sustituya lo dispuesto en esta Disposición transitoria las causas para la denegación de la licencia o los condicionamientos a la misma serán los establecidos en esta Disposición transitoria.
2. Para la denegación de la licencia comercial se valorará:
a) Que la actividad que pueda generar establecimiento en su entorno o área de influencia afecte gravemente a la imagen, promoción o conservación del patrimonio histórico artístico, parques culturales o espacios naturales, así como de su entorno jurídicamente protegido.
b) Que el proyecto no justifique la capacidad de las infraestructuras viarias para dar satisfacción a la afluencia de público y tráfico de mercancías así como para la evacuación del establecimiento en caso de siniestro.
c) Que el establecimiento produzca un efecto de pérdida de servicios básicos o de abastecimiento en zonas del territorio con grave incidencia en población de tercera edad o dependiente.
d) Que el establecimiento produzca un efecto ambiental en la zona que deteriore el medio ambiente urbano, en particular cuando supere los niveles de ruido establecidos por la normativa vigente, y ello como consecuencia de la previsible afluencia de público y tráfico de mercancías.
1. Si no existe posibilidad de adopción de condicionamientos o medidas correctoras que preserven el interés general, podrá denegarse la licencia. En su consecuencia, en los casos que se citan en este apartado podrán establecerse obligaciones complementarias.
a) Respecto a la imagen, promoción o conservación del patrimonio histórico artístico, parques culturales o espacios naturales, y su entorno, se podrán imponer obligaciones complementarias cuya aceptación sea condicionante para la obtención de la licencia.
b) Respecto de la capacidad de las infraestructuras para dar satisfacción a la afluencia de público y para la evacuación del establecimiento en caso de siniestro, se podrán establecer obligaciones complementarias cuya aceptación sea condicionante para la obtención de la licencia.
c) Respecto pérdida de servicios básicos o de abastecimiento en zonas del territorio con grave incidencia en sectores de población de tercera edad o dependiente, se podrá imponer la obligación de garantizar el mencionado abastecimiento o prestación de servicios de carácter básico relacionados con la actividad a prestar por el establecimiento. Dicha obligación podrá establecerse como condicionante para la obtención de la licencia.
d) Respecto del deterioro del medio ambiente urbano podrán imponerse medidas de corrección del nivel de ruidos con carácter condicionante a la obtención de la licencia. Cuando el deterioro obedezca a razones de afluencia o ruidos externos al establecimiento, no cabrá la imposición de medidas correctoras.
Todo ello, sin perjuicio de que, en la tramitación de la licencia, el interesado pueda proponer las medidas correctoras que estime oportunas y éstas se consideren suficientes.
Disposición transitoria quinta. Normas de adaptación de licencias o informes comerciales.
1. Los procedimientos de solicitud de licencia comercial o de informe comercial incoados y no resueltos antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley se adaptarán a sus prescripciones con arreglo a lo que establece esta disposición.
2. El órgano instructor comunicará al solicitante si su establecimiento se halla o no sujeto a la licencia comercial establecida por el artículo 5 de este Decreto-Ley.
3. Si el establecimiento no se hallare sujeto a licencia comercial, se comunicará al interesado el archivo del procedimiento.
4. Si el establecimiento se hallara sujeto a licencia comercial, se procederá a adaptar el procedimiento a lo dispuesto en la Ley de ordenación de la actividad comercial en Aragón, en la redacción dada por el artículo 5 del presente Decreto-Ley. Para la adaptación del procedimiento se tendrá en cuenta si el interesado tiene las oportunas licencias municipales de obra y ambiental de actividad clasificada o carece de ellas. Si ha obtenido las licencias, se solicitará al interesado su aportación al procedimiento y se procederá a decidir, con base en lo dispuesto en esta Ley, sobre la concesión de la licencia comercial. Si el interesado no hubiere obtenido las licencias, se le comunicará que el procedimiento queda paralizado hasta la obtención de las licencias y su aportación al procedimiento.
Disposición transitoria sexta. Modificaciones de licencias comerciales otorgadas e informes comerciales emitidos antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley.
1. Las licencias comerciales o licencias municipales en cuya tramitación se hubiere emitido informe comercial, otorgadas antes de la entrada en vigor de esta Ley, conservarán todo su contenido sin modificación alguna y se considerarán indefinidas si estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Decreto-Ley.
2. En el caso de que los titulares de las licencias citadas en el apartado 1 de esta disposición que amparan establecimientos individuales soliciten la ampliación del espacio de exposición y ventas, requerirán licencia comercial si con dicha ampliación el establecimiento supera la superficie establecida para ser considerado gran superficie comercial y supone un 10% más de la superficie originaria de espacio de exposición y ventas. Si el establecimiento ya superase la superficie establecida en esta Ley para ser considerado gran superficie comercial, deberá solicitar licencia comercial si la ampliación excede en un 20% la superficie comercial originaria.
3. En el caso de que los titulares de las licencias citadas en el apartado 1 de esta disposición que amparan establecimientos colectivos soliciten la ampliación del espacio de exposición y ventas, requerirán licencia comercial si con dicha ampliación el establecimiento supera la superficie establecida para ser considerado gran superficie comercial y supone un 25% más de la superficie originaria de espacio de exposición y ventas. Si el establecimiento ya superase la superficie establecida en este Decreto-Ley para ser considerado gran superficie comercial, deberá solicitar licencia comercial si la ampliación excede en un 25 % la superficie comercial originaria.
4. Esta disposición transitoria regirá para las solicitudes de ampliación del espacio de exposición y ventas instadas después de la entrada en vigor del Decreto-Ley, así como para las instadas antes y no resueltas, expresa o presuntamente, a su entrada en vigor.
5. En cuanto a los cambios de actividad se estará a lo dispuesto en este Decreto-Ley.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio general.
Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-Ley se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la tramitación y resolución se produce a partir de la entrada en vigor de esta norma y la normativa de aplicación incluye requisitos prohibidos según el artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, éstos no se tendrán en cuenta por el órgano competente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias así como los estatutos de corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales en cuanto se opongan a lo establecido al presente Decreto-Ley.
Disposición final primera. Incorporación de Derecho Comunitario.
En las materias que son de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Aragón, mediante este Decreto-Ley se incorpora parcialmente al Derecho aragonés la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Disposición final segunda. Adaptación de la normativa vigente.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, las normas que fueron dictadas en desarrollo de las Leyes que son objeto de modificación deberán adaptarse al presente Decreto-Ley en lo que contradigan o se opongan a la misma.
Disposición final tercera. Habilitación y desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto-Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 27 de abril de 2010.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO
El Consejero de Agricultura y Alimentación,
GONZALO ARGUILÉ LAGUARTA
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARÍA NOENO CEAMANOS
El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONÉ PUEYO |
La disposición adicional primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de un año desde el 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de esta Ley, apruebe, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», un Decreto Legislativo que refunda:
a) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
e) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
g) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.
La autorización a que se refiere esta disposición incluye, según dice su apartado 2, la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Por último, el apartado 3 de la citada disposición adicional final dice que la elaboración del texto normativo previsto en los apartados precedentes podrá realizarse utilizando la técnica de codificación y la sistemática más adecuadas para favorecer el mantenimiento actualizado del Código de Derecho Foral de Aragón en caso de incorporación de nuevos contenidos.
Con la Ley de Derecho civil patrimonial de 2010, última de las leyes objeto de refundición, se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.
Su crecimiento ha sido más en intensidad que en extensión: en esta fase ha parecido oportuno al legislador mantener la regulación legal, básicamente, en el ámbito de las instituciones que ya tenían asiento en la Compilación, sin pretender agotar la competencia legislativa asumida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución. Ahora bien, el número de preceptos se ha multiplicado con la finalidad de aclarar y completar las normas anteriores, proporcionar pautas de interpretación, aumentar de este modo la seguridad jurídica y robustecer la eficacia social de las normas en cuanto conformadoras de las relaciones privadas.
La instauración del Estado autonómico supuso la apertura de una nueva etapa para el Derecho foral aragonés, símbolo de nuestra identidad originaria. Aragón recuperaba su capacidad para legislar en materia de Derecho civil propio, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La tarea legislativa de conservar, modificar y desarrollar el Derecho aragonés, así como la de aprobar el Derecho procesal derivado de las particularidades del Derecho sustantivo aragonés, corresponde a las Cortes de Aragón, de acuerdo con el artículo 149.1.8ª y 6ª de la Constitución, en la amplia interpretación avalada por el Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia 88/1993, de 12 de marzo.
Tras asumir estas competencias en el art. 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de 1982, la primera actuación de las Cortes de Aragón fue la promulgación de la Ley 3/1985, de 21 de mayo, para integrar en el ordenamiento jurídico aragonés la Compilación de 1967, así como para actualizarla con arreglo a los nuevos principios constitucionales de igualdad entre los cónyuges y no discriminación entre los hijos por razón de la filiación. Con posterioridad a ésta, hubo dos reformas de detalle, la Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de hijos adoptivos, y la Ley 4/1995, de 29 de marzo, sobre modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma en materia de sucesión intestada.
La renovación sistemática del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación es desde la aprobación de la Ponencia General de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil de 1996 un objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad. Esta tarea de largo aliento la inicia en 1999 la Ley de Sucesiones por causa de muerte (Ley 1/1999, de 24 de febrero), que deroga el Libro Segundo de la Compilación. La Compilación entonces vigente, originada hacía ya más de treinta años en circunstancias muy distintas de las de aquel momento, a pesar de su notable altura técnica y de su acierto en la conservación de las instituciones del Derecho civil aragonés para las generaciones futuras, resultaba insuficiente y parcialmente inadecuada para las necesidades y expectativas de los aragoneses.
En el ámbito del Derecho civil, que ha configurado en moldes de tradición secular realidades tan íntimas y, a la vez, tan decisivas en la vida social como las relaciones familiares o el destino de los bienes de las personas cuando llega su muerte, las intervenciones del legislador no tienden, como dice el Preámbulo de la Ley de Sucesiones, a una ruptura con el pasado, sino más bien a dar satisfacción a nuevas necesidades sentidas por el cuerpo social enlazando armónicamente valores e instituciones que han determinado históricamente el modo de ser aragonés con las valoraciones y aspiraciones del presente. Se entiende así que el nuevo Cuerpo legal de Derecho civil tienda a incorporar cuanto de bueno y útil hay en la Compilación, que es casi todo, para actualizarlo, desarrollarlo y completarlo con las normas que parecieron más conformes con los ideales cívicos y las circunstancias vitales de los aragoneses y aragonesas de hoy y de mañana.
La superior extensión de la regulación de las sucesiones en la citada Ley es consecuencia de la finalidad propuesta de aclarar, desarrollar y profundizar nuestro Derecho de sucesiones, de modo que sea más constante y segura su aplicación en la práctica. La Ley de Sucesiones por causa de muerte ha convivido primero con las restantes partes de la Compilación del Derecho civil de Aragón (exceptuados sus artículos 89 a 142, derogados en 1999) y luego con las Leyes de 2003, 2006 y 2010 que las han ido derogando. Ningún problema especial ha derivado de ello, pues una y otras Leyes han formado, sustantivamente, el mismo Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Como es obvio, la Ley de Sucesiones se apoya en las normas compiladas a la vez que contribuye a su interpretación.
La Disposición adicional primera de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003 dio nueva redacción a tres artículos de la Ley de sucesiones: al artículo 139, por haber desaparecido el precepto de la Compilación a que se remitía y no ser posible hacer ahora la remisión a otro equivalente; al 202.2 y al 221, sobre el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, para tener en cuenta su actual dependencia de la Diputación General. Por su parte la disposición adicional primera de la Ley de Derecho de la persona de 2006 modifica tres artículos de la Ley de sucesiones (31, 51 y 52), con incidencia muy pequeña en su contenido, bien para suprimir remisiones ya indebidas a disposiciones de la Compilación, bien para remitir a los preceptos de la nueva Ley.
Al margen de la política legislativa diseñada en 1996 se aprobó la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, en las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal, ya sean del mismo o distinto sexo, dando el legislador aragonés respuesta a las principales cuestiones que estos tipos de convivencias provocan, especialmente en los casos de extinción en vida o en caso de fallecimiento de uno de los convivientes.
La Ley equipara a estas parejas con los matrimonios en materias como la adopción (desde la Ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley relativa a parejas estables no casadas, la equiparación se extiende a las parejas homosexuales), la ausencia, la delación dativa de la tutela, el derecho de alimentos, el testamento mancomunado, los pactos sucesorios, la fiducia y la normativa aragonesa de Derecho público.
La Ley de parejas estables no casadas ha sido modificada también por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que ha derogado el apartado 2 del art. 7 y el art. 8 y ha dado nueva redacción a la letra b) del art. 7.1 y al apartado 3 del art. 7 que pasa a ser ahora el 2.
La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, constituyó un segundo paso, de gran importancia por su extensión y contenido, para la renovación del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Se avanzó así en este «objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad» que señalaba el Preámbulo de la Ley de Sucesiones por causa de muerte. La Ley de 2003 sigue el camino trazado por aquélla.
Desde la entrada en vigor de la Ley de 2003 quedaron derogados los artículos 7 y 22 y los Títulos IV, V y VI, artículos 23 a 88, del Libro Primero de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y sustituidos por las normas de esta Ley. No se produjo con ello una ruptura sustancial con el pasado, que sería impensable tratándose de las normas que con figuran el consorcio conyugal, la libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio o el derecho de viudedad. La Ley de 2003 no fue una reforma de la Compilación, sino una nueva formulación legal de las normas que han de regir las relaciones patrimoniales familiares. Su contenido coincide en gran medida con el de las normas entonces derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero fue pensado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con los principios constitucionales, las aspiraciones reconocibles de los aragoneses y aragonesas, las enseñanzas de su aplicación por los jueces, la experiencia de los profesionales del Derecho y las sugerencias de la doctrina especializada. En consecuencia, las adiciones, modificaciones y aun supresiones fueron numerosas.
La disposición adicional segunda de la Ley de Derecho de la persona de 2006 modificó tres artículos de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad: armonizó la regulación de la asistencia al mayor de catorce años (art. 17), suprimió las referencias a la prodigalidad (arts. 17, 60 y 63) y a la quiebra (art. 63), y adaptó el precepto aragonés a lo dispuesto en la Ley concursal.
La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, que tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces hasta entonces contenidas en la Compilación, es la tercera Ley que de forma sistemática desarrolló el Derecho civil aragonés.
La disposición derogatoria única de la Ley de 2006 privó de vigencia al Libro Primero («Derecho de la persona y de la familia») de la Compilación del Derecho civil de Aragón en su totalidad. En consecuencia, al entrar en vigor esta Ley, la Compilación quedó reducida a su fundamental Título Preliminar, sobre «Las normas en el Derecho civil de Aragón», y dos breves Libros, el Tercero y el Cuarto, con algunos preceptos sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente.
Como en las otras dos leyes autonómicas antes mencionadas, y a diferencia de la Compilación, las normas de la Ley de Derecho de la persona no se presentan como peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus principios generales, a la vez que atienden a concreciones y pormenores hasta entonces no reflejados en las leyes y que resultan muy convenientes para precisar el alcance práctico de los preceptos.
La labor de actualización de nuestro Derecho Civil continúa, aunque igualmente al margen de la política legislativa diseñada en 1996, con la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, aprobada en ejercicio de la competencia exclusiva de Aragón en las materias de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil foral aragonés y de Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés, reconocidas en los artículos 149.1.8.ª y 6.ª de la Constitución y 71.2 y 3 del Estatuto de Autonomía de 2007. Esta Ley tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, promoviendo el ejercicio de la custodia de forma compartida por ambos, en desarrollo de los principios rectores contenidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón de protección de la familia y de igualdad entre el hombre y la mujer.
Esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.
La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos básicos: por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar.
Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantienen lazos de afectividad y una relación continuada con ambos padres, permite una mejor aceptación de la nueva situación familiar por parte de los hijos, ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos, debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos.
Finalmente el articulado de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, desarrolla el contenido del Libro tercero, «Derecho de bienes», y del Libro cuarto, «Derecho de obligaciones», de la Compilación del Derecho civil de Aragón. Como es sabido, estos Libros, muy lejos de regular toda la materia de los derechos reales o de las obligaciones y contratos, se circunscribían a muy concretas instituciones: relaciones de vecindad, servidumbres, derecho de abolorio y contratos sobre ganadería. Estas instituciones fueron el objeto de la nueva Ley.
Con la disposición derogatoria referida a los preceptos de la Compilación sobre las materias de esta Ley ya sólo los tres artículos del Título preliminar de la misma (las normas en el Derecho civil de Aragón) quedaron en vigor. Razón por la que la Disposición Final Primera ordena también su refundición con las Leyes civiles autonómicas ya descritas.
El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de la autorización para refundir las mencionadas Leyes civiles aragonesas, contenida en la disposición adicional primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, y previa encomienda de su preparación a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, ha aprobado, con el Título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido que se inserta a continuación como Anexo.
El contenido y la sistemática del nuevo Cuerpo Legal del Derecho civil de Aragón se hallan descritos en su completo Preámbulo, y de una manera general en su apartado 1. En resumen, el Código del Derecho Foral de Aragón consta de 599 artículos, divididos en cuatro Libros y un Título Preliminar; los Libros están divididos en Títulos, Capítulos, Secciones y, ocasionalmente, Subsecciones. El orden de exposición de las materias es básicamente el mismo de la Compilación.
En la parte final del Código se recogen las disposiciones adicionales y transitorias de las Leyes refundidas, debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo.
El articulado va precedido de un completo preámbulo, que es también refundición de los preámbulos que acompañan a las Leyes objeto de refundición, excepción hecha de los párrafos relativos al proceso de actualización y desarrollo del texto de la Compilación aragonesa acometido por el legislador autonómico, que han sido usados para la Exposición de Motivos de este Decreto Legislativo.
Al principio del Código ha parecido conveniente incluir un índice que facilite su consulta.
En la refundición efectuada se ha hecho uso, en los pocos casos en que se ha considerado necesario, de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundidos. No ha parecido oportuno, por el momento, introducir un sistema de numeración decimal del articulado.
Se prevé la entrada en vigor del Código del Derecho Foral de Aragón, lo mismo que la del presente Decreto Legislativo, el día 23 de abril de 2011, no en vano un 23 de abril entraron en vigor también tres de las Leyes objeto de refundición. Con ello se da seguridad en cuanto al día exacto de su entrada en vigor y se hace coincidir con la fecha señalada en que la Comunidad Autónoma celebra el día de Aragón, dado que el Derecho Foral es una de sus señas de identidad.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, oído el Consejo Consultivo, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de marzo de 2011.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», del Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.
Se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, que se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias realizadas en otras disposiciones a las Leyes objeto de refundición se deben entender hechas a los artículos correspondientes del Código del Derecho Foral de Aragón.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto Legislativo y al Texto Refundido que, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», se aprueba y, en particular, las siguientes:
a) El Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
e) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
g) La Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que se aprueba con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», entrarán en vigor el día 23 de abril de 2011.
Zaragoza, 22 de marzo de 2011.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.–La Consejera de Presidencia, Eva Almunia Badía.
Código del Derecho Foral de Aragón
PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR. Las normas en el Derecho Civil de Aragón
LIBRO PRIMERO. Derecho de la persona
TÍTULO PRIMERO. De la capacidad y estado de las personas
Capítulo Primero. Capacidad de las personas por razón de la edad
Sección primera. Mayoría y minoría de edad
Sección 2ª. La persona menor de catorce años
Sección 3ª. El menor mayor de catorce años
Sección 4ª. El menor emancipado
Capítulo II. Incapacidad e incapacitación
Sección primera. La persona incapaz y la incapacitada
Sección 2ª. Prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda
Capítulo III. La ausencia
TÍTULO II. De las relaciones entre ascendientes y descendientes
Capítulo Primero. Efectos de la filiación
Capítulo II. Deber de crianza y autoridad familiar
Sección primera. Principios generales
Sección 2ª. Ejercicio de la autoridad familiar por los padres
Sección 3ª. Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo
Subsección primera. Disposiciones generales
Subsección 2ª. El pacto de relaciones familiares
Subsección 3ª. Mediación familiar
Subsección 4ª. Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares
Subsección 5ª. Medidas provisionales
Sección 4ª. Autoridad familiar de otras personas
Sección 5ª. Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar
Capítulo III. Gestión de los bienes de los hijos
TÍTULO III. De las relaciones tutelares
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Delación
Sección primera. Delación voluntaria
Sección 2ª. Delación dativa
Sección 3ª. Delación legal
Capítulo III. Capacidad, excusa y remoción
Capítulo IV. La tutela
Sección primera. Disposiciones generales
Sección 2ª. Contenido y ejercicio
Sección 3ª. Extinción de la tutela y rendición final de cuentas
Capítulo V. La curatela
Capítulo VI. El defensor judicial
Capítulo VII. La guarda de hecho
Capítulo VIII. La guarda administrativa y el acogimiento
Sección primera. La guarda administrativa
Sección 2ª. El acogimiento familiar
TÍTULO IV. De la Junta de Parientes
LIBRO SEGUNDO. Derecho de la familia
TÍTULO PRIMERO. Efectos generales del matrimonio
TÍTULO II. De los capítulos matrimoniales
TÍTULO III. Del régimen económico matrimonial de separación de bienes
TÍTULO IV. Del consorcio conyugal
Capítulo Primero: Bienes comunes y privativos
Capítulo II. Deudas comunes y privativas
Capítulo III. Gestión del consorcio
Sección primera. De la economía familiar
Sección 2ª. Gestión de los bienes comunes
Sección 3ª. Gestión de los bienes privativos
Capítulo IV. Disolución, liquidación y división del consorcio
Sección primera. Disolución del consorcio
Sección 2ª. La comunidad que continúa tras la disolución
Sección 3ª. Liquidación y división
TÍTULO V. De la viudedad
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. El derecho de viudedad durante el matrimonio
Capítulo III. Usufructo vidual
TÍTULO VI. De las parejas estables no casadas
LIBRO TERCERO. Derecho de sucesiones por causa de muerte
TÍTULO PRIMERO. De las sucesiones en general
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Capacidad e indignidad para suceder
Capítulo III. Sustitución legal
Capítulo IV. Aceptación y repudiación de la herencia
Capítulo V. Responsabilidad del heredero
Capítulo VI. Colación y partición
Sección primera. Colación
Sección 2ª. Partición
Sección 3ª. Pago de las deudas hereditarias por los coherederos
Capítulo VII. Consorcio foral
TÍTULO II. De la sucesión paccionada
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Institución a favor de contratante
Sección primera. Disposiciones generales
Sección 2ª. Institución de presente
Sección 3ª. Institución para después de los días
Capítulo III. Institución recíproca
Capítulo IV. Pacto a favor de tercero
Capítulo V. Pactos de renuncia
Capítulo VI. Revocación, modificación e ineficacia
TÍTULO III. De la sucesión testamentaria
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Testamento mancomunado
Capítulo III. Invalidez e ineficacia de los testamentos
Sección primera. Nulidad y anulabilidad
Sección 2ª. Revocación e ineficacia
TÍTULO IV. De la fiducia sucesoria
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. La herencia pendiente de asignación
Capítulo III. Ejecución de la fiducia
Capítulo IV. Extinción
TÍTULO V. Normas comunes a las sucesiones voluntarias
Capítulo Primero. Designación de sucesor
Capítulo II. Legados
Capítulo III. Derecho de acrecer
Capítulo IV. Albacea
TÍTULO VI. De la legítima
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Intangibilidad cuantitativa
Capítulo III. Intangibilidad cualitativa
Capítulo IV. Preterición
Capítulo V. Desheredación y exclusión
Capítulo VI. Alimentos
TÍTULO VII. De la sucesión legal
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Sucesión de los descendientes
Capítulo III. Recobros y sucesión troncal
Capítulo IV. Sucesión de los ascendientes
Capítulo V. Sucesión del cónyuge y los colaterales
Capítulo VI. Sucesión en defecto de parientes y cónyuge
LIBRO CUARTO. Derecho patrimonial
TÍTULO PRIMERO. De las relaciones de vecindad
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Capítulo II. Árboles y plantaciones
Capítulo III. Construcciones
Capítulo IV. aguas pluviales
Capítulo V. Luces y vistas
TÍTULO II. De las servidumbres
Capítulo Primero. Disposiciones generales
Sección primera. Concepto, clases y caracteres
Sección 2ª. Contenido de las servidumbres
Sección 3ª. Constitución de las servidumbres
Sección 4ª. Usucapión de las servidumbres
Sección 5ª. Extinción y modificación de las servidumbres
Capítulo II. Servidumbres de luces y vistas
Capítulo III. Servidumbre forzosa de paso
Capítulo IV. Servidumbre forzosa de acceso a red general
Capítulo V. Derechos de pastos y ademprios
Sección primera. Servidumbres
Sección 2ª. Comunidades
TÍTULO III. Del Derecho de abolorio o de la saca
TÍTULO IV. De los contratos sobre ganadería
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PREÁMBULO
1Contenido y sistemática del Código
El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de la autorización para refundir las Leyes civiles aragonesas contenida en la disposición final primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, y previa encomienda de su preparación a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, ha aprobado, con el Título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el presente Texto Refundido.
El Código del Derecho Foral de Aragón consta de 599 artículos, divididos en cuatro Libros y un Título Preliminar; los Libros están divididos en Títulos, Capítulos, Secciones y, ocasionalmente, Subsecciones.
El orden de exposición de las materias es el mismo de la Compilación, si bien el Libro Primero de esta («Derecho de la persona y de la familia») se ha desdoblado en dos (Libro Primero: «Derecho de la persona» y Libro Segundo: «Derecho de la familia»), en atención al considerable grado de extensión que tanto el Derecho de la persona como el de la familia han alcanzado con las últimas reformas legales; el Libro Tercero se ocupa del Derecho de sucesiones por causa de muerte y el Cuarto del Derecho patrimonial; en este último Libro se agrupan los contenidos de los Libros Tercero («Derecho de bienes») y Cuarto («Derecho de obligaciones») de la Compilación, como ya hiciera la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial.
De esta forma el orden que resulta es el siguiente: Título Preliminar: «Las normas en el Derecho Civil de Aragón»; Libro Primero: «Derecho de la Persona»; Libro Segundo: «Derecho de la Familia»; Libro Tercero: «Derecho de sucesiones por causa de muerte» y Libro Cuarto: «Derecho patrimonial».
En la parte final del Código se recogen las disposiciones adicionales y transitorias de las Leyes refundidas, debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo.
El articulado va precedido de este preámbulo, que es también refundición de los preámbulos que acompañan a las Leyes objeto de refundición, excepción hecha de los párrafos relativos al proceso de actualización y desarrollo del texto de la Compilación aragonesa acometido por el legislador autonómico. Por consiguiente, cuando en él se hace referencia a «nueva regulación» se entiende la introducida por las Leyes refundidas, mientras que la referencia a la legislación anterior lo es a la vigente hasta la entrada en vigor de dichas Leyes.
Al principio del Código ha parecido conveniente incluir un índice que facilite su consulta.
El Título Preliminar, «Las normas en el Derecho Civil de Aragón», reproduce los hasta ahora vigentes artículos 1 a 3 de la Compilación aragonesa, en la redacción dada en 1999 por la Ley de sucesiones por causa de muerte.
El Libro Primero, «Derecho de la persona», recoge el articulado de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, sin otra modificación en su sistemática que la derivada de la intercalación de los artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que se han colocado en el Título II, «De las relaciones entre ascendientes y descendientes», como una Sección nueva del Capítulo II («Deber de crianza y autoridad familiar»), posterior a la Sección 2ª que se ocupa del «ejercicio de la autoridad familiar por los padres» y antes de la Sección dedicada a la «autoridad familiar de otras personas», que pasa a ser ahora la núm. 4. La nueva Sección 3ª lleva por título «efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo».
El Libro Segundo, «Derecho de la familia», incluye, en primer lugar y en el mismo orden que tienen en la Ley de procedencia, los cinco Títulos de que consta la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, referidos todos ellos a la familia matrimonial, y se añade como Título VI, rubricado «De las parejas estables no casadas», el articulado procedente de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
El Libro Tercero, «Derecho de sucesiones por causa de muerte», incorpora con su misma sistemática el articulado de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, en la redacción vigente en el momento de la refundición.
El Libro Cuarto, «Derecho patrimonial», incorpora con su misma sistemática el articulado de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial. En la rúbrica de este Libro se ha suprimido el adjetivo «civil» porque el Libro es parte de un Código de Derecho civil.
IITítulo preliminar
2Las normas en el Derecho civil de Aragón
El Preámbulo de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, de la que procede la redacción actual de los tres artículos que integran el Título Preliminar del presente Código, dice que la finalidad de la reforma es expresar con mayor rigor y justeza el sistema de fuentes del Derecho civil de Aragón, para lo que tiene competencia plena la Comunidad Autónoma en virtud del inciso final del artículo 149-1-8.ª de la Constitución. La nueva redacción respeta al máximo el texto anterior de estos artículos, que es de notable altura técnica y está bien consolidado en nuestra cultura jurídica, modificándolo en lo necesario para expresar mejor el sistema ya existente como consecuencia de los cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Las fuentes se enumeran en el apartado uno del artículo primero de manera directa y sintética, dejando a los artículos siguientes la determinación de su jerarquía y relaciones. En el apartado dos del mismo artículo se señala la forma en que el Derecho estatal actúa como supletorio en el ámbito del Derecho civil aragonés, respetando, por lo demás, plenamente los ámbitos competenciales establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
En los artículos segundo y tercero se aclara que no hay más normas imperativas o prohibitivas aplicables en el Derecho civil de Aragón –límites, en consecuencia, tanto de la costumbre como del principio standum est chartae– que las del Ordenamiento jurídico aragonés y las superiores al mismo, es decir, la Constitución; evitando así alguna duda interpretativa a la que acaso se prestaba el texto de la Compilación, que fue redactado en el marco jurídico preconstitucional. Naturalmente, en el ámbito de la competencia del Estado, las normas imperativas del Código civil y de las demás leyes estatales producirán sus efectos propios, conforme al sistema de fuentes estatal; pero es igualmente claro que las normas del Código civil o de otras leyes del Estado, en cuanto actúan como supletorias de las aragonesas en el ámbito de la exclusiva competencia autonómica, operan únicamente en defecto, no solo de ley, sino también de costumbre y después de que despliegue todos sus efectos el principio standum est chartae, es decir, en la forma indicada en el apartado 2 del artículo 1.
Para propiciar, aun en limitada medida, una mayor aplicación de las normas consuetudinarias, en el artículo 2 se sustituyó, en 1999, la expresión «el propio conocimiento» por la de «las propias averiguaciones», que es la que proponían todos los proyectos de Compilación elaborados en Aragón en los años sesenta. Aunque bien podía entenderse que el propio conocimiento incluía la realización de averiguaciones para formarlo, la invitación más explícita a los jueces y tribunales a averiguar con los medios que las leyes de procedimiento les brindan la vigencia de una costumbre es acorde, a la vez, con la creciente iniciativa que van asumiendo legalmente en los procesos civiles y con la conveniencia de que no dejen de aplicarse, cuando proceda, costumbres realmente existentes.
IIILIBRO PRIMERODerecho de la persona
3Contenido y sistemática
En el Derecho aragonés histórico tuvo especial importancia la regulación de la capacidad de las personas en razón de la edad, como consecuencia de que en Aragón no tuvo entrada la patria potestad romana. De consuetudine Regni non habemus patriam potestatem es aforismo recogido en las Observancias que no solo expresa unas relaciones entre padres e hijos menores dirigidas al bienestar de los hijos, sino que, caso raro en Europa hasta la edad contemporánea, no conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las necesarias para su protección por su minoría de edad o las graves dificultades para gobernarse por sí mismos.
Al no haber patria potestad, todos los aragoneses y aragonesas alcanzaban la plena capacidad de obrar al cumplir determinada edad, fijada en los Fueros más antiguos en los catorce años, y que se mantuvo así con el complemento de una protección a su inexperiencia hasta cumplir los veinte: edad que seguía contrastando con la de los veinticinco, que, procedente del Derecho romano, era la más habitual en la Península Ibérica y en Europa.
También, por no reconocerse la patria potestad, pudo admitirse que la madre mantuviera unas relaciones jurídicas con sus hijos idénticas a las del padre; así como que la madre, en los mismos casos que el padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda.
El sistema histórico, en definitiva, se adelantó en siglos a lo que hoy puede leerse en los Códigos de nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con aquella realidad histórica y su plasmación en la Compilación de 1967, a la vez que declaraciones internacionales y españolas establecen parámetros muy exigentes en el tratamiento de los derechos de las personas menores de edad o incapaces de obrar. No hay contradicción entre nuestro Derecho histórico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desarrollo del Derecho aragonés enlaza con toda naturalidad con las más altas exigencias e ideales de la regulación del Derecho de la persona.
La nueva regulación del Derecho de la persona tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces anteriormente contenidas en la Compilación, y, como criterio, los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad, sin olvidar el Derecho histórico en lo mucho que tiene de actual y enriquecedor. También se ocupa el Libro Primero de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo.
El Libro Primero se estructura en cuatro Títulos: el Primero se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes. Como puede verse, las rúbricas siguen casi exactamente las de los correspondientes Títulos del Libro Primero de la Compilación, lo que es buena muestra de la continuidad con el Derecho anteriormente vigente. La técnica legislativa, sin embargo, es distinta de la de la Compilación, pues son visibles la intención sistemática, la enunciación de principios y la regulación más detallada.
En el Título II, la Sección 3ª del Capítulo II («Deber de crianza y autoridad familiar»), titulada «efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo», contiene los artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
4Mayoría y minoría de edad
El Título Primero («De la capacidad y estado de las personas») consta de tres Capítulos: Primero, «Capacidad de las personas por razón de la edad»; II, «Incapacidad e incapacitación», y III, «Ausencia».
El más extenso es el primero, dividido a su vez en cuatro Secciones.
En la Sección primera («Mayoría y minoría de edad») prevalecen los planteamientos sistemáticos y de principio. La mayoría de edad se adquiere al cumplir dieciocho años, tal como es en Aragón desde 1978 (cuando se redujo la mayoría de edad para toda España), y armoniza muy bien con nuestra tradición histórica, en la que las limitaciones a la capacidad de obrar de los mayores de catorce años no llegaban sino hasta cumplir los veinte. También, de acuerdo con una regla del Derecho histórico respetada hasta el presente, son mayores de edad los que han contraído matrimonio. De este modo, quien se ha casado deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es capaz para todos los actos de la vida civil.
La minoría de edad no es una situación de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requieren una formación adecuada a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas dirigidas a los menores, están presididas siempre por el criterio del interés del menor. Criterio este hoy central y decisivo en estas materias en todos los países de nuestro entorno, pero que en Aragón pudo ser enunciado sencillamente hace muchos siglos (en particular, por Jerónimo Portolés en el siglo XVI), como consecuencia de que en Aragón no se ha conocido la patria potestad.
Por la misma razón, los padres no eran considerados, en cuanto tales, representantes de sus hijos, y ahora la representación por el padre o la madre se extingue en edad temprana, a los catorce años, que fue durante siglos en Aragón el límite de la minoría de edad. De manera general expresa el artículo 5 que al cumplir los catorce años termina la representación legal, de manera que la capacidad de los menores se completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. Es decir, a partir de los catorce años, el menor aragonés actúa siempre por sí (sin representante), con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Esta regla, como en general todas las relativas a la mayoría y minoría de edad, se aplica en todas las ramas del ordenamiento, pues es el Derecho civil el que determina de manera central la capacidad de obrar de las personas y los medios de suplir o completar la falta de capacidad para determinados actos. De ahí también la trascendencia del principio enunciado en el artículo 7, según el cual las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva: la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepción.
En algunos ámbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como mínimo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce años) ha de ser oído antes de la adopción por otros (particulares o autoridades públicas) de medidas que le afecten en su persona o bienes (artículo 6). El criterio del juicio suficiente no es de aplicación tan simple y automática como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al mismo, por sí solo o con adición de otros, cuando, fuera del ámbito de los derechos y el tráfico patrimoniales, se trata de tomar decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la vida, la integridad física, el honor, la intimidad o la propia imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar no solamente el desarrollo psíquico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino también la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisión que ha de tomarse, de modo que cuando la decisión se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce años, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (artículo 34).
En particular, el menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo ejercer los derechos de la personalidad (artículo 7), ejercicio en el que, en ningún caso, es posible la representación. Esta regla general estará matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado aplicables en Aragón por encima de este Código del Derecho Foral de Aragón, en particular leyes orgánicas, desdichadamente poco coherentes entre sí en este punto y en las que las limitaciones habrán de interpretarse en sentido restrictivo, como se ha dicho. También hay que tener en cuenta que en este Código se regulan diversos supuestos de intromisión de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisión (artículos 20 y 24, según el menor haya cumplido o no los catorce años).
En esta Sección, las disposiciones sobre materia estrictamente patrimonial atienden únicamente a cuestiones de principio. Al menor titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute, según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés en razón de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno (artículo 8, que recoge en lo esencial el texto del artículo 11 de la Compilación). La administración de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria asistencia en cada caso. El artículo 9 hace referencia también a los supuestos en los que la administración y disposición de ciertos bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión).
En cualquier caso, el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con los usos sociales (artículo 7).
La Sección se cierra con una concisa norma sobre cómputo de la edad (artículo 11) y una disposición que legitima en términos muy amplios la intervención judicial, incluso a instancia del propio menor, dirigida a apartar al menor de un peligro o a evitarle perjuicios, en los casos tipificados en el propio precepto o en cualesquiera otros (artículo 10).
5La persona menor de catorce años
La edad de los catorce años, que en los Fueros señalaba la mayoría de edad (F. De contractibus minorum, 1247), determina en el Derecho hasta ahora vigente un cambio sustancial dentro de la minoría de edad de los sujetos. En esta línea sigue el presente Código, que, por ello, regula por separado la situación de la persona menor de edad según haya cumplido o no los catorce años.
La Sección 2.ª del Capítulo I del Título I se ocupa de «la persona menor de catorce años». Esta opera de ordinario en la vida jurídica mediante los actos de sus representantes legales, excepto en los actos relativos a los derechos de la personalidad y los demás enunciados en el artículo 7, que realiza por sí sola si tiene para ello suficiente juicio. Corresponde su representación legal a las personas que ejercen la autoridad familiar o, en su defecto, al tutor, pero también y preferentemente, para la administración y disposición de determinados bienes, a los administradores de los mismos, de conformidad con el artículo 9.
Se regulan con detalle las situaciones en las que entre representante o representantes del menor y este mismo existe oposición de intereses, siguiendo en lo esencial los criterios hoy aplicables y buscando también armonizar la regulación con la necesidad de autorizaciones en muchos casos. En particular, se admite que el padre o madre único titular de la autoridad familiar, así como el tutor único, puedan actuar en representación del menor de catorce no obstante estar en conflicto de intereses con él, considerando suficiente cautela la autorización por la Junta de Parientes o por el Juez, de manera que, prestada esta autorización, no se precisa otra (la que procedería en razón de lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16). Con esto se evita la necesidad de intervención judicial cuando la autorización, en este caso, la preste la Junta de Parientes. No se admite la misma solución simplificadora cuando la oposición de intereses exista con ambos padres, entre otras razones porque, en tal caso, los miembros de la Junta son necesariamente parientes de ambos representantes, lo que hace prudente la autorización judicial para los actos en los que esta se exige.
Cuáles sean los actos de los representantes legales que requieren autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez viene especificado en los artículos 14 (atribuciones gratuitas), 15 (actos de disposición) y 16 (adicionalmente, para actos del tutor). Los criterios no se apartan mucho del Derecho hasta ahora aplicable, si bien se aclaran y precisan muchos de los supuestos.
La división de un patrimonio o cosa común no requiere autorización previa, pero sí aprobación posterior por la Junta de Parientes o por el Juez en ciertos casos. Es de señalar el supuesto en el que interviene en representación del menor su único padre o madre titular de la autoridad familiar en situación de oposición de intereses, caso en el que es necesaria aprobación posterior o autorización previa, que pueden ser prestadas por la Junta de Parientes. El supuesto es frecuente en la práctica a la hora de dividir la herencia resultante del fallecimiento de uno de los padres viviendo el otro.
Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los menores de catorce años (artículo 22), o de los otorgados en su nombre por sus representantes sin la necesaria autorización o aprobación (artículo 19). En todos los casos se evita la nulidad absoluta cuando la invalidez persigue proteger el interés particular de persona determinada, siguiendo la tónica de la legislación civil aragonesa. Solo será nulo de pleno derecho el acto realizado por un menor que vulnere leyes que exijan una capacidad específica o le señalen prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto distinto. En los demás, será la anulabilidad el régimen de invalidez, de manera que el propio menor estará siempre legitimado para anular el acto desde que cumpla catorce años, con la debida asistencia en principio, y sin ella cuando por la mayoría de edad o la emancipación hubiera podido realizar el acto sin asistencia; la acción prescribirá a los cuatro años contados desde este momento. Además, estará legitimado el representante legal (solo el que no haya intervenido en el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorización o aprobación) hasta que el menor cumpla los catorce años. Quienes pueden anular pueden también, alternativamente, confirmar. Por otra parte, cabe que los actos del menor sean válidos originariamente si, no siendo de los que necesitarían intervención de la Junta de Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, este ha autorizado el acto del menor.
A todo lo largo del Libro Primero del presente Código, se atiende a la libertad y los intereses morales y existenciales de los sujetos tanto o más que a sus intereses patrimoniales. Buena expresión de esta actitud del legislador es el artículo 7, ya aludido, así como los artículos 20, 24 y 35, que versan sobre «intromisión en los derechos de la personalidad» de los menores de catorce años, de los menores que han cumplido esta edad y de los mayores no incapacitados que no están en condiciones de decidir por sí mismos. En todos estos casos se da por supuesta la aplicación de las leyes generales del Estado (leyes orgánicas la mayor parte de ellas), desgraciadamente no exentas de oscuridades y contradicciones, para atender exclusivamente a la cuestión puramente de Derecho civil de la validez del consentimiento prestado por las personas menores de edad o que carecen, de modo duradero o circunstancial, de juicio suficiente. Por ello, los tres artículos (20, 24 y 35) comienzan circunscribiendo su ámbito de aplicación a los supuestos en los que, «con arreglo a las leyes [que son, en primer lugar, las aludidas leyes estatales], la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en los derechos de la personalidad». Supuestos caracterizados son, por ejemplo, la intromisión en los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, o bien en la integridad física, que presenta a su vez variedades muy distintas, como la cirugía, el trasplante de órganos, las transfusiones de sangre, la cirugía estética o la práctica de tatuajes o de perforaciones corporales.
Tratándose de menores de catorce años (artículo 20), si la persona tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier intromisión de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo que contra su voluntad la injerencia solo será posible con autorización judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino que, para su protección, requiere autorización conjunta de quienes ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorización que podrá suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la intromisión solo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
Para los menores que han cumplido catorce años (artículo 24), la regla es que la intromisión de terceros en sus derechos de la personalidad depende exclusivamente de su voluntad, si bien, cuando su decisión suponga un grave riesgo para su vida o su integridad física o psíquica, necesitará adicionalmente la autorización de uno cualquiera de sus padres que estén en el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. Contra la voluntad del mayor de catorce años solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor. Si no está en condiciones de decidir sobre la intromisión (contra la presunción del artículo 34) esta solo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
6El menor mayor de catorce años y el emancipado
La regulación de la capacidad del menor mayor de catorce años, característica secular del Derecho aragonés, sigue las pautas de la Compilación. De hecho, el artículo 23 recoge literalmente la mayor parte del artículo 5-1 de la Compilación, cuya referencia final a la anulabilidad se desarrolla en el artículo 29, al tiempo que el apartado 2 da lugar al artículo 28.
La idea central es que el menor que ha cumplido catorce años realiza por sí toda clase de actos y contratos. No tiene representante legal (aunque cabe que los administradores de sus bienes realicen en este ámbito actos en representación suya: artículo 26). Ahora bien, en la generalidad de los casos, la plena validez de sus actos requiere la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del tutor.
La doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jurídica de esta asistencia, que, cuando la introdujo con este nombre el Apéndice de 1925, no tenía parangón en otras leyes civiles españolas. El artículo 27 proporciona unas pautas prácticas que permitirán actuar con la deseable seguridad. No se ha configurado exactamente como una declaración de voluntad de quien autoriza, sino como expresión de su criterio a afirmativo sobre la conformidad del acto con los intereses del menor, para lo cual es necesario que conozca suficientemente el contenido y circunstancias de tal acto. Por ello no puede prestarse una asistencia meramente genérica. No puede prestarse la asistencia con posterioridad a la realización del acto, pues con ello se frustraría el componente de consejo y asesoramiento que la asistencia conlleva, si bien la conformación del acto anulable evitará la anulación. En la asistencia simultánea al acto se llega a admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposición signifique prestación de la asistencia.
El menor mayor de catorce años puede actuar por sí solo, sin necesidad de asistencia, en todos los casos en los que también podría actuar de este modo el menor de catorce años con suficiente juicio y además, respecto de la administración de bienes, en los casos señalados en el artículo 26. Su voluntad es decisiva para consentir intromisiones en los derechos de la personalidad, con las matizaciones que establece el artículo 24, ya mencionado en el apartado anterior.
El supuesto de oposición de intereses entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia se regula en el artículo 28 partiendo de los criterios del artículo 5-2 de la Compilación, con pequeñas aclaraciones y la adición del caso en que la contraposición de intereses se dé entre varios menores o incapacitados que habrían de ser asistidos por la misma persona.
El artículo 29 cierra esta Sección con reglas sobre la anulabilidad de los actos realizados sin la debida asistencia. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Compilación, y para sustituir a la confusa regulación estatal aplicable hasta la entrada en vigor de la Ley de Derecho de persona, se concreta la legitimación para anular o confirmar y se precisa el momento inicial del plazo de prescripción de cuatro años.
La emancipación es instituto procedente del Derecho romano y vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la misma, por lo que algunas críticas pusieron de manifiesto su inadecuación teórica en el Derecho aragonés. Sin embargo, nunca ha dejado de utilizarse en la práctica, en la que puede seguir prestando buenos servicios. En consecuencia, se han recogido sus rasgos esenciales adaptándolos al sistema aragonés. En particular, se aclara que es posible conceder la emancipación al menor desde que cumple catorce años. Por otra parte, los efectos de la emancipación, determinados en este Código directamente o por remisión al artículo 15, se producen también para el emancipado por vida independiente, ampliándose de este modo las previsiones del artículo 5-3 de la Compilación.
Obviamente, no cabe en Aragón ni ha existido nunca la emancipación por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la situación de mayor de edad.
7Incapacidad e incapacitación
En las leyes civiles aragonesas anteriores a la nueva regulación había numerosas referencias a las personas incapaces y a las incapacitadas, así como, en el Derecho histórico, una regulación de la tutela y la curatela que las incluía. La nueva regulación, en el Capítulo II del Título Primero, dedicado a la incapacidad e incapacitación, se propone superar las dificultades conocidas de armonización de las leyes estatales sobre la materia con las normas y principios del Derecho aragonés sobre capacidad de las personas, autoridad familiar y tutela. En lo demás seguirá aplicándose como supletorio el Derecho general del Estado.
Es de notar la presunción de capacidad sentada en el artículo 34, referida a toda persona mayor de catorce años no incapacitada judicialmente, de manera coherente con la ausencia de representación legal a partir de esta edad y la posibilidad de realizar por sí (con la necesaria asistencia según los casos) toda clase de actos y contratos.
Para las personas mayores no incapacitadas que no estén en condiciones de decidir por sí mismas se prevé un cauce relativamente flexible para permitir intromisiones en los derechos de la personalidad; para permitir el internamiento o la permanencia en el mismo contra su voluntad se requiere siempre autorización judicial (artículos 35 y 36).
El artículo 37 viene a llenar un vacío legal al precisar el tipo de invalidez de los actos realizados por personas no incapacitadas en situación (duradera o transitoria), en la que carecían de aptitud para entenderlo y quererlo. Puesto que se trata de proteger intereses particulares, se opta por la anulabilidad, precisando los aspectos de legitimación y prescripción, salvo que el acto, además, vulnere otras leyes.
Las causas de incapacitación previstas en el artículo 38 no se apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se refiere a la prodigalidad. El Derecho histórico la excluía como causa autónoma («por costumbre del Reino no se da curador al que dilapida o disipa sus bienes, a no ser que además sea mentecato y privado de razón»: Observancia. 7.ª De tutoribus) y esto mismo expresa el apartado 3 del artículo 38. Es decir, cabe incapacitar (para protegerlo, como en los demás supuestos de incapacitación) al que dilapida sus bienes cuando por enfermedad o deficiencia psíquica no pueda gobernarse por sí mismo, pero no, sin este presupuesto, limitar su capacidad de obrar en el ámbito patrimonial como medida protectora de intereses ajenos, tal como, en su ámbito de aplicación, establece el Código civil.
La Ley estatal 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, se aplica en Aragón en lo necesario –pues buena parte de su contenido de Derecho civil era ya posible en Aragón en virtud del principio standum est chartae– y así prevé el artículo 40 que siga siendo en adelante, con pequeñas adaptaciones.
La prórroga y la rehabilitación de la autoridad familiar estaban admitidas en Aragón, adaptando en lo necesario las prescripciones del Código sobre la patria potestad, como muestra la referencia textual en los artículos 31 y 51 de la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999. Los artículos 38 a 42 de la Ley de Derecho de persona, y ahora los artículos 41 a 45 de este Código, completan y aclaran tanto los supuestos en los que procede como el régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, así como las causas de su extinción.
8La ausencia
La ausencia es el objeto del Capítulo III del Título Primero. En el Derecho histórico, dos fueros y una observancia atendieron a algunas consecuencias esenciales de la situación de ausencia, en particular para determinar la administración de los bienes del ausente, en la que se da entrada a su mujer. Tanto el Apéndice de 1925 como la Compilación de 1967 se ocuparon de estos temas, que relacionaron también con el derecho de viudedad y la administración de los bienes comunes del matrimonio.
La nueva regulación tiene en cuenta las situaciones de desaparición y de ausencia declarada, para señalar, en el primer caso, sobre quién habrá de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y coordinar las consecuencias de la desaparición de una persona casada con las disposiciones sobre gestión de bienes consorciales.
El artículo 48 determina quiénes están legitimados para promover la declaración de ausencia legal y el 49, por remisión al 46, las personas a las que el Juez nombrará representantes del ausente. Las obligaciones del representante se enumeran en el artículo 50, y sus facultades y derechos en el 51. El artículo 53.1 resuelve, por remisión a la regulación del consorcio conyugal y el derecho de viudedad durante el matrimonio, sobre la gestión del patrimonio consorcial.
Particular importancia práctica tiene la proyección de la declaración de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y otro cónyuge. El artículo 54 se ocupa de esta cuestión, siguiendo la pauta establecida en la regulación de la viudedad.
Por último, el artículo 55 aborda el complejo problema planteado por el llamamiento hereditario a favor de persona declarada ausente para, sin apartarse en lo sustancial del derecho hasta ahora vigente, armonizarlo con los criterios del Derecho de sucesiones, en particular en atención al juego de la sustitución legal.
9Relaciones entre padres e hijos
Las relaciones entre ascendientes y descendientes tienen en el Título II un desarrollo acorde con la tradición propia del Derecho aragonés, esencialmente en la forma en la que se plasmó en la Compilación, pero desembarazada ahora de los condicionamientos externos procedentes de un sistema, el del Código civil, tributario de una tradición radicalmente distinta. El núcleo central de esta regulación, que da sentido a toda ella, es el deber de crianza y educación de los hijos, obviamente presidido por el principio de primacía del interés de estos. La autoridad familiar –que no es, conceptualmente, el equivalente de la institución de la patria potestad– es una función atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educación. Habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función aneja a la autoridad familiar (artículo 9) que no esencial a la misma, puesto que también puede corresponder a otras personas, incluido un tutor real, al tiempo que los padres ejercen la autoridad familiar. Esta distinción y relativa disociación entre autoridad familiar y gestión de los bienes facilita también la atribución del ejercicio de la autoridad familiar a personas distintas de los padres (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos mayores), sin darles acceso por ello a la gestión de los bienes.
Estas ideas básicas explican la estructura externa del Título II. Tras un primer Capítulo sobre efectos de la filiación (puesto que se dan incluso cuando los padres están excluidos de la autoridad familiar), el Capítulo II se ocupa del deber de crianza y educación de los hijos, del ejercicio de la autoridad familiar por los padres, de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo y de la autoridad familiar de otras personas, y el III, de la gestión de los bienes de los hijos.
El Capítulo primero es acorde con las concepciones sociales sobre las relaciones entre padres e hijos y recoge preceptos ya vigentes, con algunas concreciones y adiciones. Puede señalarse la aclaración de que es suficiente la edad de catorce años para solicitar la alteración en el orden de los apellidos paterno y materno (artículo 57) o la expresión de un deber de asistencia recíproca que comprende el de contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la satisfacción de las necesidades familiares (artículo 58); deber que se concreta luego en la colaboración personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares mientras conviva con la familia (artículo 66), la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación (artículo 67) y las reglas de convivencia entre padres e hijos mayores de edad (artículo 70, que atiende a una realidad social hoy muy relevante), todo ello con normas flexibles que invocan criterios equitativos.
Es también de señalar el enunciado de derechos y deberes de los padres que no tienen la autoridad familiar ni conviven con los hijos (artículo 59), el énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, cuyo único límite es el del propio interés del menor (artículo 60) y, por último, la obligación del padre de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo común, en los términos del artículo 62.
El artículo 63, que encabeza el Capítulo II, reproduce casi literalmente la atinada fórmula del artículo 9 de la Compilación: «El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres». Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad familiar, desarrolla los criterios del citado artículo de la Compilación en dos Secciones, una (artículos 71 a 74) con disposiciones más pormenorizadas y otra (artículos 75 a 84) específica para los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. En otra Sección (artículos 90 a 93) se sistematizan los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar.
En relación con la titularidad, caracteres y contenido de la autoridad familiar (artículos 63 a 65), apenas puede hablarse de novedades. Por ejemplo, que corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años (artículo 65.1.c) deriva de normas constitucionales bien conocidas así como de la regla de ejercicio de los derechos de la personalidad por el menor con suficiente juicio.
Ya se ha aludido a los deberes de los hijos de contribuir, según las circunstancias, a la satisfacción de las necesidades familiares. En cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y educación de los hijos, se aclara que se mantiene cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, aunque valorado de distinto modo que en situación de minoría de edad y con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá, naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad (artículo 69).
10Efectos de la ruptura de convivencia de los padres con hijos a cargo
La preocupación por la protección del menor y de la familia ha sido una constante en las democracias más desarrolladas. Este principio se reconoce en el artículo 39 de la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuyo artículo 24 impone a los poderes públicos aragoneses adoptar políticas que garanticen la protección de las relaciones familiares y la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.
La Sección 3ª (arts. 75 a 84), que incorpora los preceptos de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, recoge y refuerza el principio del interés superior de los menores en relación con las consecuencias de la ruptura de convivencia de sus progenitores. La mejor realización de su beneficio e interés exige que ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa, a pesar de la separación o el divorcio, y que la nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de sus deberes con los hijos.
La presente regulación, respondiendo a una importante demanda social, supone un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se pretende favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.
La Sección se compone de un total de diez artículos distribuidos en cinco Subsecciones. La subsección primera, denominada «Disposiciones generales», delimita el objeto y finalidad de la Sección, así como los derechos y principios que han de observarse ante la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. El derecho de los hijos a un contacto directo y continuado con sus padres y el derecho de los padres a la igualdad en sus relaciones con los hijos son los dos derechos esenciales sobre los que se fundamenta toda la Sección.
La Subsección 2ª, intitulada «El pacto de relaciones familiares», inspirada en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, otorga prioridad en la regulación de las relaciones familiares a lo acordado por los padres en el denominado pacto de relaciones familiares, que regulará las cuestiones principales que se deriven de la ruptura de su convivencia, tanto en su relación personal con los hijos como en el orden económico.
En el pacto de relaciones familiares se hace referencia a un aspecto importante, como es la relación de los hijos con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, siguiendo la tradición del Derecho histórico aragonés de protección a la familia.
En la Subsección 3ª, rubricada «Mediación familiar», se regula la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del Juez, acudan en cualquier momento a la mediación familiar para resolver sus discrepancias derivadas de la ruptura. La mediación familiar resulta un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura.
En defecto de acuerdo entre los padres y fracasado, en su caso, el proceso de mediación familiar, las relaciones familiares que se deriven de la ruptura de la convivencia deberán regirse por lo que decida el Juez en aplicación de los artículos contenidos en la Subsección 4ª, que contienen las medidas judiciales de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares.
La principal medida que se adopta en la Sección es considerar la custodia compartida como el régimen de custodia que el Juez adoptará de forma preferente en interés de los hijos menores a falta de pacto, salvo en los supuestos en que la custodia individual fuere lo más conveniente. El Juez deberá motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y los factores a los que se refiere el artículo 80, como la edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de los hijos, la aptitud y la voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos o las posibilidades de los padres de conciliar su vida familiar y laboral. El artículo 80 también establece que en todo acuerdo de custodia, salvo circunstancias excepcionales, no se separará a los hermanos.
La finalidad de la custodia compartida es un reparto efectivo de los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando las relaciones afectivas y continuadas de convivencia con los hijos y la participación directa en su desarrollo y educación.
La custodia compartida, tal y como se configura en esta Sección, no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida. El artículo 80 establece un marco flexible para que el Juez pueda valorar todas las circunstancias que concurren en el caso concreto y decida el régimen de convivencia de cada progenitor en interés de unas adecuadas relaciones familiares.
Por otra parte, una de las causas que expresamente prevé el artículo 80 para no otorgar la custodia, ni individual ni compartida, es la violencia doméstica o de género, en línea con el compromiso asumido por los poderes públicos para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica en todos los ámbitos de la sociedad.
El artículo 81 regula las reglas que deben regir la atribución del uso de la vivienda familiar, distinguiendo entre los supuestos de custodia compartida de los hijos y los de custodia individual. En la custodia compartida, el criterio de atribución del uso de la vivienda es a favor del progenitor más necesitado, dado el criterio de igualdad que debe prevalecer en este régimen de custodia. En los casos de custodia individual se atribuye el uso con carácter general a favor del progenitor que ostente la custodia, a menos que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor. En todo caso, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores tendrá una limitación temporal. Una posibilidad que admite el artículo 81 es que el Juez acuerde la venta de la vivienda familiar cuando ello fuera necesario para unas adecuadas relaciones familiares. Junto con la atribución del uso de la vivienda, el artículo 7 regula la distribución del ajuar familiar.
El artículo 82 se re ere a los gastos de asistencia de los hijos y establece el deber de los padres de contribuir proporcionalmente a sus recursos, y el 83 a la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación económica destinada a compensar la desigualdad económica que le produzca la ruptura de la convivencia. Esta asignación compensatoria, temporal o indefinida, deberá determinarse por el Juez atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 83, pudiendo asimismo revisarse o extinguirse en los supuestos previstos en sus apartados 4 y 5.
En la Subsección 5ª, titulada «Medidas provisionales», se regulan las medidas que pueden adoptarse judicialmente antes de dictarse la resolución definitiva que apruebe el pacto de relaciones familiares o las medidas judiciales aplicables. Para la solicitud de estas medidas provisionales se legitima no solamente a los padres, sino también a los hijos a cargo mayores de catorce años y al Ministerio Fiscal en su función de protección de los menores. En cuanto a los criterios que debe tener en cuenta el Juez se opta por una fórmula genérica de remisión a los criterios establecidos en la Sección, con el fin de que desde un primer momento se apliquen unas medidas que se ajusten lo máximo posible a las que serán definitivas.
11Autoridad familiar de otras personas
El desconocimiento de la patria potestad en Aragón permitió reconocer relaciones jurídicas familiares flexibles entre nietos y abuelos, así como entre los hijos de una persona y el cónyuge de esta. La Ley 3/1985 amplió los supuestos de «autoridad familiar de otras personas» a los hermanos mayores del menor. El presente Código recoge en sus artículos 85 a 89 la experiencia de la Compilación y su modificación en 1985 para aclarar algunos extremos y facilitar la asunción automática de la autoridad familiar por el hecho de hacerse cargo voluntariamente las personas señaladas de la crianza y educación de los menores. Además, precisa que el ámbito de esta autoridad familiar de otras personas distintas de los padres es idéntico al que a estos corresponde en el terreno personal, pero que no se extiende a la gestión de los bienes del menor (artículo 88.3). Para la gestión de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar, pero sujeto a las garantías y cautelas propias de las instituciones tutelares (artículo 130.1.a).
De este modo queda claro que la gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando esta se ejerce por los padres (artículo 9), y entonces se rige por las normas contenidas en los artículos 94 a 99.
12Relaciones tutelares: cuestiones generales
El Derecho histórico aragonés contenía un sistema propio de instituciones tutelares, completado, como en otros países, con los principios del Derecho común europeo.
Es de señalar que la tutela de los menores podía coexistir con la autoridad de los padres, aun viviendo ambos, pues, como ya se ha dicho, la autoridad de estos operaba en el terreno de las relaciones personales.
La tutela era únicamente dativa y testamentaria, pues la Observancia 9.ª De tutoribus establecía que nadie fuera admitido como tutor si no estaba designado por el Juez o el testador. Tenía carácter troncal, de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de donde procedían los bienes que habían de ser administrados (F. 4.º, De tutoribus, Monzón, 1533); consiguientemente, cabía una pluralidad de tutores, y así se hace patente en la Observancia 1.ª De tutoribus: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos menores, por razón de los bienes que tienen por parte del padre o madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se darán dos tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por parte de madre en los maternos.
Contenía, además, el Derecho aragonés precisiones de varia índole sobre obligación de inventario y de jurar comportarse bien y legalmente el tutor, posibilidad de remoción, etc. También había referencia expresa a la tutela de los dementes y furiosos, y la observación de que no procede incapacitación por prodigalidad, según se ha dicho.
El sistema tutelar propio del Derecho aragonés fue erosionado por las Leyes de enjuiciamiento civil (1855 y 1881) y, luego, por el Código civil, situación en la que llegó al Apéndice de 1925. Sin embargo, tanto los proyectos de Apéndice (1899 y 1904) como el Anteproyecto del Seminario de la Comisión compiladora que preparó la Compilación de 1967 replantearon toda la materia inspirándose de una parte en el Derecho histórico y atentos, de otra, a las necesidades sentidas en cada momento por la sociedad. Esta línea sigue la nueva regulación que viene a sustituir a una regulación fragmentaria que ofrecía muchas dudas de interpretación y, sobre todo, de integración con las normas supletorias del Código civil, que responden a principios parcialmente distintos y, por ello, inadecuados.
El Título III se ocupa de las relaciones tutelares en toda su amplitud, referidas tanto a menores como a incapacitados. Regula la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones tutelares, así como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela como instituciones complementarias de las anteriores. También posibilita el nombramiento de administrador de bienes (coexistente con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a título gratuito a favor del menor o incapacitado.
En general, el sistema no se aparta en los rasgos esenciales del conocido con anterioridad, de modo que puede considerarse de «tutela de autoridad», puesto que todas las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pero se potencia la autonomía de los particulares tanto en la delación como en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acentúan los rasgos familiares.
En los tres primeros Capítulos de este Título se abordan cuestiones que atañen a todas las instituciones tutelares.
Prevalece la delación voluntaria, puesto que la dativa o judicial es subsidiaria y complementaria de aquella (artículo 102.2) y únicamente procede en su defecto, total o parcial (artículo 115), mientras que la legal está prevista tan solo en caso de desamparo de menores o incapacitados (artículos 102.1. c, y 118 a 122).
Se admite la llamada «autotutela», es decir, que cualquier persona mayor de edad y capaz, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá en escritura pública designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona y bienes para cuando esté incapacitado (artículo 108). También podrá otorgar un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitación (artículo 109). Conviene recordar que, de acuerdo con el artículo 757 de la Ley de enjuiciamiento civil, también podrá promover, en su momento, su propia incapacitación.
Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados que están bajo su autoridad, mediante testamento o escritura pública (artículo 110). Se prevén reglas para cuando haya pluralidad de designados o disposiciones incompatibles, así como la vinculación del Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias. Solo en ausencia de estas procede la designación judicial de las personas del elenco ordenado del artículo 116.
El Capítulo III de este Título señala con cuidado la capacidad de las personas tanto físicas como jurídicas para ser titulares de cargos tutelares, las causas de inhabilidad, las causas y efectos de la excusa y de la remoción, así como el procedimiento para esta última.
13Tutela, curatela, defensor judicial, guarda de hecho, guarda administrativa y acogimiento
El Capítulo IV, dedicado específicamente a la tutela, comienza señalando las personas sujetas a tutela ordinaria o a la tutela automática de la entidad pública, así como las personas obligadas a promover la constitución de la tutela.
En el sistema aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela (artículo 134). Además de la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los bienes, cabe que en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores –nunca más de dos– para actuar simultáneamente. También serán dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos, así como, por decisión del Juez, cuando tutor sea una persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela su cónyuge. El artículo 142 da reglas para el ejercicio de la tutela plural.
La administración de los bienes corresponde al tutor, en la medida en la que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no haya designado administrador para determinados bienes la persona de quien proceden estos por título lucrativo (artículo 135). Se prevén las clásicas obligaciones de fianza e inventario, así como la de rendir cuenta general justificada de su gestión, ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.
En el contenido personal de la tutela se acentúan los rasgos familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de tener al pupilo en su compañía. La edad del menor es decisiva para determinar la extensión y modo de ejercicio de los deberes del tutor (por ejemplo, a efectos de la representación o la prestación de asistencia según sea o no mayor de catorce años) (artículo 136.1).
Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la sentencia de incapacitación, pero, en lo que ella no prevea, se considerará que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años: esta última precisión es necesaria, entre otras cosas, a efectos de la representación legal del pupilo por el tutor (artículo 136.2).
El reforzamiento de los aspectos familiares de la tutela se manifiesta también en la eventual obligación de alimentos que, en última instancia, recae sobre el tutor, una vez agotadas todas las demás vías para proporcionárselos al pupilo (artículo 137).
A la curatela, objeto del Capítulo V, pueden estar sujetos los emancipados, así como los incapacitados en el caso de que así lo determine la sentencia de incapacitación. No hay una curatela para los pródigos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados (huérfanos, en el supuesto más frecuente), solo se constituirá la curatela a instancia de estos, pues su cometido es únicamente la intervención o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden realizar por sí solos (artículo 149). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la sentencia de incapacitación, de manera que tanto puede limitarse al ámbito personal como incluir poderes de representación, si bien el parámetro supletorio es la situación de un menor mayor de catorce años, criterio aplicable también a la prestación de la asistencia.
En cuanto al defensor judicial (Capítulo. VI), su regulación apenas se aparta de la vigente, sin más que las adaptaciones necesarias al sistema aragonés de Derecho de la persona.
La guarda de hecho (Capítulo. VII) es definida por las notas de iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse de la guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la posibilidad de que el guardador sea persona física o jurídica y el guardado necesariamente menor o incapacitado que se encuentren en situación de desamparo, o persona que podría ser incapacitada. El guardador está obligado a poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal, y la autoridad judicial cuenta con las necesarias facultades para requerir información y establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
La institución de la Junta de Parientes, de actuación tan frecuente y útil en el Derecho aragonés, ha permitido, en relación con la guarda de hecho, reconocer la validez de ciertos actos del guardador cuando, en el ámbito de la administración de los bienes, son necesarios. Si la Junta de Parientes declara que es necesario el acto de administración realizado en representación del guardado, este será válido. Los actos no necesarios serán anulables, salvo que hayan redundado en utilidad de la persona protegida.
El Capítulo VIII (artículos 160 a 169) está dedicado a la guarda administrativa y al acogimiento, especialmente al familiar. Los preceptos son coherentes con los principios y las disposiciones concretas de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, y procuran el adecuado engarce entre las normas civiles y las administrativas. Por razones sistemáticas, hay algunas reiteraciones de preceptos de la citada Ley y, en particular, se desarrollan y concretan algunos aspectos civiles a los que aquella hace referencia en sus remisiones a la Compilación del Derecho civil de Aragón o a la «legislación civil» que resulte aplicable de acuerdo con la vecindad civil de los sujetos.
14La Junta de Parientes
La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma sistemática en la Compilación de 1967, ha tenido desde entonces una excelente aceptación social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de los supuestos en los que los particulares pueden suscitar su intervención, evitando otras alternativas, en particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas desde entonces, el legislador ha ido añadiendo nuevos casos susceptibles de encauzarse a través de la Junta de Parientes. Así ocurrió en la Ley de sucesiones de 1999 y en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003. Pero es en el ámbito del Derecho de la persona en el que con más frecuencia el legislador ha de referirse a esta institución. En la nueva regulación del Derecho de la persona son más de una veintena los artículos que la mencionan, sin contar el Título IV, dedicado a las reglas generales de composición y funcionamiento de este órgano familiar, cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros legisladores españoles a incorporarlo a sus leyes.
Posiblemente, al menos desde el punto de vista de su frecuencia en la práctica, las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes prevén. Pero no hay que olvidar que puede también dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar (artículo 74), así como divergencias sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres (artículo 89), si prefieren acudir a ella en lugar de al Juez (del mismo modo que las divergencias entre cónyuges sobre la determinación del domicilio familiar, de acuerdo con el artículo 184, que utiliza una fórmula similar). Además, tiene una participación interesante en la organización y funcionamiento de la tutela (artículos 105, 107, 113, 114, 140, 141 y 142) y en la guarda de hecho (artículo 159).
Por otra parte, la Ley de sucesiones dejó sin contenido el artículo 22 de la Compilación (derogado por la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad), que se refería a la «Junta de Parientes en funciones de fiducia sucesoria». Hoy la fiducia colectiva no es considerada propiamente como un supuesto de Junta de Parientes, pero sí ha parecido oportuno señalar que las normas del Título IV, se aplican supletoriamente, en defecto o para completar la normativa específica contenida en sede de Derecho de sucesiones, a su vez subsidiaria de las instrucciones del comitente.
El Título IV regula la composición y funcionamiento de la Junta de Parientes partiendo de los artículos 20 y 21 de la Compilación, cuyo texto incorpora en buena parte, pero sin olvidar que, en la experiencia de los últimos decenios, es muchísimo más frecuente la constitución y funcionamiento de la Junta bajo fe notarial (cuando, hallándose juntos sus miembros, deciden por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados) que la constitución judicial. Esta constatación lleva a establecer (artículos 172 y 173) unas reglas de composición que puedan aplicarse automáticamente cuando los parientes llamados quieran actuar bajo fe notarial, sin privar por otra parte al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constitución judicial (o en los presumiblemente escasos supuestos en los que en documento público alguien haya configurado la Junta de Parientes como órgano permanente; por ejemplo, como órgano de control de una tutela) (artículo 175).
El procedimiento para la toma de decisiones por parte de la Junta sigue siendo libre en todo caso (artículos 175.3 y 177). Es fundamental la regla de unanimidad (artículos 174 y 175.3), completada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a la reunión, deliberación conjunta y decisión conforme al leal saber y entender de los vocales (artículos 176 y 177).
Se aclara que la decisión de la Junta, ya sea positiva o negativa, impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión (en particular, al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria) (artículo 178.2) y se precisan los casos en los que el transcurso de un mes sin haber obtenido acuerdo permite acudir a otra vía (artículo 181). Además, se incluyen algunas normas, que la doctrina echaba en falta, sobre validez y eficacia de las decisiones de la Junta (que se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez) (artículo 178), así como sobre causas de invalidez y cauce procesal para instar la correspondiente declaración (artículo 180).
IVLIBRO SEGUNDODerecho de la familia
15Contenido y estructura
Los cinco primeros Títulos del Libro Segundo están referidos a la familia matrimonial y proceden de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, que desarrolla y pone al día la regulación de las relaciones patrimoniales en la familia matrimonial, incluida la institución de la viudedad. La mayor parte de las normas de Derecho de familia de la Compilación, basadas en la experiencia histórica de siglos, quedan incorporadas a la nueva regulación que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir al Código civil para darles respuesta. El Código civil, como Derecho general del Estado, sigue siendo supletorio del Derecho civil de Aragón, pero la nueva regulación tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en que el hipotético recurso al Código civil era más claramente perturbador, así como de construir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a los enunciados de aquél, de acuerdo con el artículo 1 del presente Código del Derecho Foral.
En el Título VI y último, rubricado «De las parejas estables no casadas», se refunde el articulado procedente de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
16Efectos generales del matrimonio
El Libro Segundo se abre con un Título Primero dedicado a los efectos generales del matrimonio, que arranca de la comunidad de vida que el matrimonio constituye, enlazando así con las determinaciones legales sobre el matrimonio contenidas en el Código civil, dentro del ámbito de la competencia exclusiva que al Estado reserva el artículo 149.1.8º de la Constitución en materia de «relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio».
Una parte de estas disposiciones generales se encontraban, sustancialmente, en la Compilación, en las normas sobre el régimen legal, y, por tanto, con vocación de aplicarse en todos los casos, o en diversos lugares de la misma, mientras que algunas otras proceden del Derecho supletorio. Al situarlas en el frontispicio del Libro Segundo, se subraya el valor informador de principios tales como la libertad de regulación y la atribución del gobierno de la familia a ambos cónyuges, que toman juntos las decisiones sobre la economía del hogar y se proporcionan uno a otro la información adecuada. Además, se precisan los criterios con que debe atenderse a la satisfacción de las necesidades familiares, incluyendo el deber que los hijos tienen de contribuir equitativamente a ellas en el hogar en que conviven, se establece la responsabilidad frente a terceros por las obligaciones contraídas para la satisfacción de las mismas y se enfatiza el respeto a los derechos de terceros. Reunir en un mismo título todas estas normas contribuye a dibujar los rasgos que el legislador considera fundamentales en toda comunidad de vida matrimonial y permite señalar expresamente el carácter imperativo de algunos preceptos básicos.
Respecto de la vivienda familiar, la norma atiende a aspectos no regulados en la Compilación, como la extinción del derecho de viudedad, proporcionando una regulación completa tan sencilla como permite la complejidad del importante supuesto que regula, sin olvidar la situación de los terceros adquirentes de buena fe.
El artículo 192 señala que la celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con independencia del régimen económico de su matrimonio y como efecto de la celebración de éste en todo caso. Este criterio, acorde con el Derecho tradicional y vivido así en nuestros días, armoniza con la declaración contenida en el artículo 271, según el cual el derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen matrimonial, y con la referencia que hace el artículo 205 a la conservación del derecho de viudedad también cuando resulta aplicable el régimen de separación, único caso en el que podría suscitarse alguna duda y en el que, naturalmente, cabe la renuncia a la viudedad si los cónyuges así lo desean.
Es una novedad de la nueva regulación la colaboración requerida en el artículo 193 a quienes, por su cargo o profesión, intervienen en un expediente matrimonial. Como es sabido, el grave problema que para los derechos de los cónyuges y la seguridad jurídica de quienes con ellos se relacionan supone la indeterminación o ignorancia del régimen matrimonial aplicable a aquéllos en razón de su distinta vecindad civil o de otras vicisitudes, ha sido señalado reiteradamente desde hace decenios, sin que se vislumbre una solución legislativa próxima. El artículo 193 supone una aportación modesta que, si encuentra eco en la práctica, podrá servir para mitigar unos inconvenientes a los que solo el legislador estatal puede hacer frente de manera directa y en su integridad.
17Los capítulos matrimoniales
Los capítulos matrimoniales son el instrumento en que, tradicionalmente, los particulares vierten sus pactos y determinaciones en orden a regular el régimen económico del matrimonio, hacer aportaciones en atención al mismo e incluso atender con efectos jurídicos a las más variadas incumbencias relativas a los derechos de los cónyuges y sus parientes, en vida o para después de la muerte de alguno de ellos que pacta sobre su sucesión.
La nueva regulación acoge esta libertad de contenido sin otros límites que los genéricos del principio standum est chartae, que la historia ha emparejado señaladamente con las capitulaciones matrimoniales. Los capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de sus estipulaciones a condición o término, incluso con efecto retroactivo, en la forma más amplia.
Dado que, en ejercicio de esta libertad de capitular, instituciones como la dote o la firma de dote hace tiempo que han caído en desuso, la nueva regulación no contiene para ellas previsiones específicas, sino que las menciona junto a las demás instituciones familiares consuetudinarias, regidas por el pacto e interpretadas conforme a la costumbre y los usos locales.
Las reglas sobre capacidad sientan criterios propios, fundados en la edad aragonesa de los catorce años, que aclaran dudas y resuelven contradicciones. Junto con las que atienden a la modificación de las estipulaciones capitulares, inspiradas en la doctrina mejor fundada, forman con el resto de los artículos de este título una regulación autosuficiente.
18El régimen económico matrimonial de separación de bienes
Del mismo modo, las previsiones legales sobre el régimen de separación de bienes, contenido del Título III, se bastan a sí mismas, cerrando el paso a la aplicación supletoria del Código civil. Si el régimen de separación de determinados cónyuges, acordado por ellos o consecuente a todo caso de disolución o exclusión del consorcio conyugal legal, no prevé determinadas consecuencias mediante pactos ni pueden deducirse de los mismos, no habrán de producirse otras que las señaladas en este Título y, en último término, las que puedan derivar mediante la aplicación analógica, en lo que proceda, de las normas del consorcio conyugal.
19El consorcio conyugal
La regulación que del régimen matrimonial legal hizo la Compilación de 1967 era, en aquella fecha, tanto por su sustancia como por su factura técnica, la más acabada de las vigentes en España. Siguió siéndolo tras la reforma del Código civil en 1981, que en algún punto se inspiró en las normas aragonesas.
La nueva normativa pretende, en esta materia, completar y perfeccionar aquella regulación, atender a algunos problemas surgidos al aplicarla, prever supuestos nuevos que ha traído el paso del tiempo y, en general, desarrollar conforme a sus propios principios consecuencias más explícitas, lo que lleva, especialmente en materia de disolución, liquidación y división, a una exposición más pormenorizada.
El régimen matrimonial aragonés de comunidad carecía de nombre propio con que designarlo y diferenciarlo. La nueva regulación opta por el de «consorcio conyugal», siguiendo una práctica bastante extendida, que denomina asimismo «consorciales» a los bienes comunes. De esta manera, se pone de relieve la especificidad de este régimen matrimonial, que tiene sus propias raíces en los fueros más antiguos y una configuración doctrinal, judicial y legislativa que le dota de un perfil propio entre los regímenes de comunidad limitada, como los de gananciales, que surgieron y se mantienen, puestos al día, en tantos países europeos.
Rasgo definitorio y clave para entender y aplicar este régimen es el papel predominante que en el mismo tiene la voluntad de los particulares, de manera que más puede considerarse subsidiario de ella que propiamente legal. El Derecho aragonés nunca consideró fundados los temores de otros legisladores desconfiados, que prohibieron las donaciones y contratos entre cónyuges y que solamente les permitieron capitular antes de celebrar su matrimonio. Los aragoneses han configurado en cada caso el contenido del patrimonio común y los privativos con total libertad, obligándose también entre sí y reconociéndose derechos actuales o futuros según su propio criterio.
Una manera de configurar libremente el régimen de comunidad encontró cauce tradicional en las fórmulas de «llevar muebles por sitios», o la inversa, que la Compilación recibió en su artículo 29. La nueva regulación recoge, en su artículo 215, el contenido principal de aquél, pero se ocupa además de indicar con claridad muchas de las consecuencias del principio general que el precepto encierra en otros lugares, como en la letra b) del apartado 2 del artículo 210 y en las letras a) y d) del artículo 211.
Ahora bien, la vieja y entrañable fórmula de «muebles por sitios o viceversa» deja de ser útil en su tenor literal en razón de una de las decisiones de política legislativa más aparentes, aunque probablemente de escasas consecuencias prácticas, que ha adoptado el legislador en 2003. Los muebles ya no son llamados, por el mero hecho de ser muebles, a ingresar en el patrimonio común. Ya la exposición de motivos que acompañó en 1967 a la Compilación advertía que el sistema de comunidad de muebles y ganancias, asentado en los fueros y observancias y que llegó íntegramente al Apéndice de 1925, «justificado en una época en que la importancia económica de los primeros era exigua y en que la identificación de los bienes casi solo era posible tratándose de inmuebles, tiene difícil defensa en nuestros días». La Compilación no dio el paso definitivo –que acababa de acometer el Derecho francés, muy cercano en esto al aragonés histórico– de suprimir la regla que hacía comunes los bienes muebles, pues cabía temer que, reducida la comunidad básicamente a las ganancias, se encontrara fuera de Aragón motivo para considerar el régimen aragonés como una variante de escasa importancia respecto del de gananciales del Código, con el peligro de supresión de las normas aragonesas. Siguió entonces un camino indirecto, apoyado hábilmente en la fórmula de «muebles por sitios», para considerar aportados o adquiridos como sitios los bienes muebles enumerados en el artículo 39, que son prácticamente todos los que pueden identificarse y tienen algún valor, incluido el dinero. «Con esta ficción (explicaba aquella exposición de motivos) se empalmará la nueva norma con la tradicional, sin menoscabo del propósito legislativo».
Asumida por la Comunidad Autónoma la competencia legislativa exclusiva sobre nuestro Derecho civil, es claro que han desaparecido los motivos que llevaron a aquella ficción. Hoy, el propósito de excluir la inadecuada regla sobre los muebles puede y debe realizarse de manera directa. Con ello, el sistema adquiere mayor claridad, sin que, por otra parte, las consecuencias sean muy distintas de las que la Compilación previó con su rodeo.
20Bienes comunes y privativos
En el capítulo dedicado a determinar qué bienes sean comunes y cuáles privativos, se mantienen, salvo lo dicho sobre los muebles, los criterios ya bien asentados en la Compilación, subrayando la libertad de los cónyuges de atribuir en todo momento carácter consorcial o privativo a los bienes que deseen y añadiendo reglas para casos muy variados que hasta la aprobación de la nueva regulación tenían solución poco segura. Se atiende así a las adquisiciones a título oneroso con precio aplazado, a las indemnizaciones por despido, a las cantidades devengadas por pensiones, a las participaciones en fondos de inversión y productos financieros similares, a los derechos del arrendatario o a la adquisición de acciones o participaciones de sociedades, determinando su carácter consorcial en las condiciones en cada caso consideradas, en atención a la fuerte caracterización comunitaria que tiene el consorcio aragonés. La seguridad que proporciona el pronunciamiento directo por parte del legislador parece ventajosa, incluso en algún supuesto en que la opinión doctrinal contraria sería también defendible en ausencia de ley.
Correlativamente, puede decirse que los bienes adquiridos durante el matrimonio, distintos de los que tengan carácter personal, solo son privativos –salvo voluntad distinta de los cónyuges– cuando se adquieren a título lucrativo y en determinados supuestos en que la adquisición está relacionada de algún modo con el patrimonio privativo. Entre estos supuestos, merece destacarse el de la compra celebrada antes del matrimonio por precio aplazado, caso en que el bien, cualquiera que sea su clase y destino, es siempre privativo, salvo que la totalidad del precio se pague durante el matrimonio con fondos comunes.
Se mantiene, naturalmente, la categoría de los bienes patrimoniales de carácter personal, introducida por la Compilación y luego adoptada por otros legisladores. En la nueva regulación se precisan con mayor detalle los bienes y derechos que entran en esta categoría, distinguiendo, cuando procede, entre la titularidad de los bienes y sus posibles rendimientos y señalando algunas consecuencias de los seguros sobre la vida.
Al objeto de hacer posible en la práctica una verdadera subrogación de bienes en el patrimonio privativo mediante utilización de dinero de aquella procedencia, se ha introducido una «presunción de privatividad» que, en los términos bastante estrictos en que está formulada, permite la subrogación sin necesidad de que intervenga el cónyuge del adquirente. Ahora bien, no se desconoce que esta intervención, bajo forma de reconocimiento de privatividad, seguirá utilizándose en muchos casos en que no pueda operar aquella presunción o se prefiera no acudir a ella, por lo que se regula asimismo este reconocimiento de privatividad tanto en la manera de producirse como en sus consecuencias.
Tanto la presunción como el reconocimiento de privatividad se presentan, de acuerdo con su naturaleza, como fenómenos diferentes de los verdaderos pactos por los que los cónyuges atribuyen a bienes privativos el carácter de comunes o, a éstos, la condición de privativos o asignan, en el momento de su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido.
El capítulo se cierra con una precisión sobre bienes de origen familiar y con la formulación de la presunción de comunidad en términos sustancialmente idénticos a los que acuñó la Compilación, referida tanto a los bienes como a la procedencia de la contraprestación que, por su adquisición, se pagó.
21Deudas comunes y privativas
En materia de deudas comunes y privativas, ha sido preocupación principal del legislador autonómico hacer más explícito y desarrollar el excelente esquema conceptual que sustenta esta materia en la Compilación.
El artículo 218, que enumera las deudas que constituyen el pasivo definitivo del consorcio, carece de significación para los terceros salvo a través de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 219. Es en este artículo 219 donde se relacionan las deudas que, aun contraídas por uno solo de los cónyuges, comprometen frente a terceros el patrimonio común. Como puede verse, respecto de terceros de buena fe, se amplía considerablemente la responsabilidad patrimonial del deudor cuando está casado en régimen de consorcio, pues pueden cobrarse, en definitiva, sobre bienes que solo en parte corresponden a su deudor la mayor parte de las deudas contraídas ordinariamente por las personas casadas, aun aquéllas que en la relación interna son privativas de acuerdo con los artículos 218 y 223. Bien es verdad que, sin esta ampliación de responsabilidad, los acreedores no les concederían crédito de buen grado, pues no podrían embargar simplemente la cuota del deudor en el consorcio.
También a favor de los terceros acreedores, se hace responder solidariamente a ambos cónyuges, una vez agotados los bienes comunes, por las deudas contraídas por uno solo de ellos para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 218. Para evitar esta responsabilidad solidaria del otro cónyuge con bienes privativos, así como su deber de contribución en la relación interna indicado en el artículo 221, se han situado en la letra d) del apartado 1 del artículo 218 los gastos de crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges que no convivan con el matrimonio. Estos gastos son también a cargo definitivamente del patrimonio común, sin la excepción que la Compilación estableció respecto de los hijos adulterinos, de cuya constitucionalidad cabe dudar.
Deudas privativas, en la relación interna, son todas las que no pueden encuadrarse en la enumeración de deudas comunes del artículo 218 y, en particular, las anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones. Pero, para los terceros, solo tienen el tratamiento de privativas las distintas de las enunciadas en el artículo 219. Es un ámbito notablemente reducido, en que no se aprecia razón alguna para favorecer los intereses de los acreedores en perjuicio de los del cónyuge no deudor. La Compilación, en las huellas de una tradición histórica que dejaba a salvo la parte correspondiente a la mujer cuando las deudas de su marido habían sido contraídas «en su propio provecho, con ocasión de vicios, afianzando a favor de otros o con propósito conocido de perjudicar a aquélla», previó en su artículo 46 un mecanismo por el que había de quedar siempre a salvo el valor que en el patrimonio común corresponde al cónyuge no deudor. Son conocidas las dificultades procesales que obstaculizaron la adecuada aplicación de este precepto, tanto antes como después de la reforma del Código civil de 1981. Es de creer que el cauce que la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 ha previsto para la ejecución en bienes gananciales resulte suficiente y expedito. Por ello, la nueva regulación se remite al mismo en su artículo 225, con las necesarias adaptaciones sustantivas, entre las que destaca la posibilidad de dejar a salvo el valor que en el patrimonio común corresponda al cónyuge no deudor sin necesidad de disolución del consorcio, salvo que opte por ella, pero siempre mediante liquidación del mismo a los efectos de constatar el valor que ha de quedar a salvo.
22Gestión del consorcio
La gestión del consorcio es abordada en el Capítulo III del Título IV en su sentido más amplio, como ya hiciera la Compilación, abarcando las decisiones sobre administración y disposición de todos los bienes de los cónyuges, así como las que llevan a su endeudamiento. Por ello, la sección primera se ocupa «de la economía familiar» en general, estableciendo el principio según el cual las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges y desarrollando algunas de sus consecuencias sobre atención al interés de la familia, diligencia debida y deber de información.
En un solo artículo se regula la gestión de los bienes privativos, que corresponde a cada cónyuge. La gestión de los bienes comunes recibe, por el contrario, un desarrollo mucho más amplio, acorde con la frecuencia y dificultad de los problemas que plantea una gestión que compete exclusivamente a dos personas, consideradas absolutamente en pie de igualdad, de modo que tampoco puede decirse que una de ellas gestiona mientras la otra se limita a vigilar en salvaguarda de sus intereses, sino que ambas tienen los mismos poderes y los mismos límites. Al no estar ninguna de ellas en posición de superioridad, tampoco lo están en situación de ser especialmente protegidas.
Junto al principio de igualdad, el de libertad. Los cónyuges pueden pactar sobre la gestión del patrimonio común sin otros límites que los genéricos del standum est chartae: la Constitución y las normas imperativas del Derecho aragonés. El principio de igualdad se realiza tanto a través de la gestión conjunta como de la gestión indistinta de cualquiera de los cónyuges. Prolongando líneas ya nítidamente trazadas en la Compilación, se enumeran actos que cualquiera de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo, incluidos, como novedad, los de disposición sobre los bienes comunes cuando sean necesarios para satisfacer las necesidades familiares, con ciertas cautelas.
Se mantiene la legitimación para realizar los actos de administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de la profesión o negocio de cada cónyuge, acompañada en la nueva regulación de un cauce que facilita la prueba en el tráfico. Asimismo, se mantiene y amplía a cualesquiera bienes muebles, la legitimación de cada cónyuge, frente a terceros de buena fe, respecto de los que figuran a su nombre, exclusiva o indistintamente, o se encuentran en su poder.
Con estas previsiones legales, se propicia la deseable libertad con que cada cónyuge ha de poder presentarse ante los terceros, haciendo innecesarias y, por tanto, inoportunas las averiguaciones de éstos sobre el estado civil y régimen matrimonial de la persona con la que contratan. El límite es el fraude a los derechos del otro cónyuge, sancionado en el artículo 236.
En todos los casos en que la ley, no atribuye una legitimación para actuar por sí solo, la regla respecto de los actos de administración extraordinaria o de disposición de bienes comunes es la actuación conjunta de ambos cónyuges, a la que se asimila la de uno de ellos con el consentimiento del otro. Solo en el caso de que un cónyuge se halle impedido por cualquier causa para prestar su consentimiento, podrá el otro acudir al juez solicitando su actuación, de manera que, sin el consentimiento de un cónyuge que se encuentra en situación de prestarlo, no cabe enajenar el bien. Los desacuerdos graves o reiterados en esta materia son considerados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, con las posibles consecuencias señaladas en el artículo 228.
Son conocidas las dudas sobre la aplicación al consorcio conyugal aragonés de las reglas que en el Código civil señalan la anulabilidad como forma de invalidez de los actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales realizados por un cónyuge sin el necesario consentimiento del otro. Son también numerosas y fundadas las críticas a los preceptos del Código por parte de sus propios comentaristas, preceptos, por otra parte, que responden a una tradición jurisprudencial y doctrinal que no hay razones para adoptar en Aragón. En consecuencia, la nueva regulación aborda el problema de la venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos con criterios nuevos, inspirados en un análisis jurídico más depurado y que atienden mejor al complejo conflicto de intereses entre tres partes que estos casos suponen. En particular, trata de evitarse la fácil y frecuente presunción judicial de que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió ha consentido, por el mero hecho de que no se ha opuesto a la venta antes de interponer su demanda. Partiendo de la validez del contrato –título– y de que la propiedad no se transmite al entregar la cosa uno solo de sus dueños, se señala la inoponibilidad del contrato al cónyuge que no consintió, así como las acciones que éste puede ejercitar, al tiempo que se muestra también el cauce para la defensa de los intereses del comprador a través de las acciones nacidas de la compraventa contra su vendedor incumplidor.
Se prevén asimismo algunas situaciones especiales, en que la gestión conjunta por ambos cónyuges no resulta posible. De manera automática, todas las facultades se concentran en un cónyuge –con necesidad de autorización judicial para ciertos actos– cuando el otro haya sido incapacitado o declarado ausente. También podrá el Juez, con las cautelas que en cada caso parezcan convenientes, atribuir la gestión a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encuentre imposibilitado de hecho para la gestión del patrimonio común. Por último, cabe que el Juez, a petición de un cónyuge, prive al otro total o parcialmente de sus facultades de gestión, cuando por sus actos haya puesto repetidamente en peligro la economía familiar.
Las previsiones del artículo 238 sobre disposiciones por causa de muerte relativas a la participación en el patrimonio común, a bienes determinados del patrimonio común o a los derechos que sobre un bien determinado corresponden al disponente, suponen una novedad, al menos formal, introducida en el Derecho aragonés en la nueva regulación. Inspiradas en opiniones doctrinales solventes y en sugerencias de los profesionales del Derecho, tienden a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes que, en un régimen como el aragonés, no parecería razonable impedir solamente por razones derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del consorcio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente poderosas. Es de notar que las mismas reglas, de acuerdo con el artículo 255, se aplican a las disposiciones por causa de muerte ya disuelto el consorcio pero todavía no dividida la masa común.
23Disolución, liquidación y división del consorcio
Las normas sobre disolución, liquidación y división del consorcio ocupan veintisiete artículos, multiplicando por más de cuatro su número en la Compilación. Las razones son varias: se ha pretendido enumerar exhaustivamente las causas de disolución, evitando remisiones inciertas; asimismo, se detallan en lo necesario todas las fases e incidencias que pueden ocurrir, desde la disolución a la atribución de bienes a cada partícipe mediante la división, buscando un texto autosuficiente para cuya aplicación no sea necesario recurrir más que, en su caso, a la Ley de enjuiciamiento civil.
Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho de la Compilación en buen número de artículos, como la posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos de la disolución hasta el inicio de los procedimientos de nulidad, separación o divorcio (247), o las consecuencias de la disolución por nulidad del matrimonio (249). En la liquidación ordinaria (265) se aclaran algunas operaciones de compensación, reembolsos y reintegros. Las aventajas que consisten en bienes de uso personal o profesional no quedan reducidas al caso de disolución por muerte (266), lo mismo que el derecho a que un cónyuge haga incluir en su lote determinados bienes comunes que guardan especial relación con su persona, que puede ejercitarse también en los demás supuestos de disolución, hoy más frecuentes que en 1967. La posibilidad de incluir en su lote la vivienda habitual, por evidentes razones, se reconoce solo para el caso de muerte del otro cónyuge.
En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y a la situación de los acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo universal del viudo, que pocas veces dejará de darse, y la figura del fiduciario, sea o no el viudo, de tan frecuente presencia, dando solución de forma que ha parecido a la vez sencilla y prudente a dudas surgidas en la práctica.
En los artículos 250 a 257 se regula «la comunidad que continúa tras la disolución». Allí se incluyen, con pequeñas modificaciones, las normas contenidas en el artículo 53 de la Compilación, que recogen en lo esencial la llamada comunidad conyugal continuada tal como se conoció en el Derecho de los Fueros y Observancias. No ha parecido conveniente, por el contrario, trasladar a la nueva regulación los preceptos que en 1967 construyó la Compilación (artículos 60 a 67) con la intención de proporcionar a las pequeñas empresas familiares un cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento del empresario sin más cambio estructural que la sustitución del difunto por sus herederos y la atribución de la dirección, en todo caso, al cónyuge viudo. Las grandes transformaciones operadas desde entonces en el entorno económico y legal de las actividades económicas, así como las exigencias administrativas que condicionan la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado fuera de uso, o acaso solo para supuestos marginales que no es prudente propiciar, unas normas sin duda bienintencionadas y, entonces, innovadoras, pero que no han dado los frutos que cabía desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.
24La viudedad
El Título V, dedicado a la viudedad, comienza exactamente como lo hacía el título correspondiente de la Compilación: «La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca». En esta frase se expresa la esencia del derecho de viudedad aragonés y sus rasgos definitorios tal como lo conocemos desde su origen histórico en la época de los Fueros. El derecho de viudedad se adquiere con la celebración del matrimonio, de manera que durante el mismo se mantiene «expectante», según el tecnicismo consagrado hace más de un siglo para denotar una situación jurídica aludida y configurada por la doctrina de los foristas desde al menos el siglo XIV.
El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho expectante, es coherente con una concepción igualitaria y participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos cónyuges comparten todas las decisiones económicas que tienen incidencia sobre la familia, en particular las más importantes y, por tanto, las relativas a la enajenación de bienes inmuebles de uno de ellos sobre los que el otro está llamado a tener usufructo. Esta forma de entender la comunidad de vida matrimonial corresponde verosímilmente a las ideas, creencias y vivencias de la mayor parte de los aragoneses y aragonesas de hoy, que entienden asimismo el usufructo vidual más como posición personal del viudo en cuanto continuador de la familia que como un beneficio puramente económico en su exclusivo interés. Mientras se mantengan arraigadas en la sociedad estas concepciones sobre el matrimonio y la familia, el legislador cumplirá óptimamente su función manteniendo la configuración secular del derecho de viudedad, de acuerdo con la cual ambos cónyuges concurren normalmente a la enajenación de los inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho.
La Compilación extendió el usufructo de viudedad hasta hacerlo universal, interpretando correctamente los deseos de los aragoneses. Pero el cambio respecto de la situación anterior, en que la viudedad legal estaba limitada a los inmuebles, introducido cuando ya aquella Ley se encontraba en estado avanzado de elaboración, dejó algunas costuras mal asentadas en las relaciones entre la fase de derecho expectante y la de usufructo. En consecuencia, en la nueva regulación se han reformulado con cuidado todos los preceptos con la finalidad de presentar con la mayor claridad y coherencia el armazón conceptual, a la vez que se atiende a aspectos concretos que habían presentado dudas o dificultades en la práctica. De estos problemas, los profesionales del Derecho se habían hecho eco especialmente de los relativos a las vicisitudes del derecho de viudedad en su fase expectante, por su presencia continuamente reiterada en el tráfico jurídico sobre inmuebles. Contribuir a la seguridad jurídica y limitar eventuales abusos es asimismo el objetivo de varios preceptos de este Título.
25Disposiciones generales
El Capítulo primero plasma los criterios fundamentales a que se acaba de aludir, aclarando y desarrollando preceptos de la Compilación, pero también contiene algunas novedades.
El derecho de viudedad, inalienable e inembargable, puede renunciarse. La práctica ha introducido renuncias al derecho de viudedad limitadas al derecho expectante, con la finalidad de que el cónyuge propietario de los inmuebles pueda disponer de ellos sin trabas, pero conservando el renunciante el usufructo sobre todos aquellos que aquél no haya enajenado. Es una finalidad razonable que se expresa de maneras diversas en los documentos notariales, lo que puede dar lugar en algunos casos a dudas en la interpretación, para cuya solución hay que partir de que la Compilación entendía que la renuncia al derecho expectante, como las demás causas de extinción del mismo, comprendía, naturalmente, la extinción del derecho de viudedad en su conjunto. Por el contrario, la nueva regulación adopta otro punto de vista, abordando por separado la extinción del derecho de viudedad en su conjunto (artículo 276) y la extinción del derecho expectante sobre determinados bienes inmuebles (artículos 280 y 281) o muebles (artículo 282) y, del mismo modo, distinguiendo la renuncia al derecho de viudedad sobre todos los bienes o parte de ellos (artículo 274, apartado 1) de la renuncia solamente al derecho expectante, igualmente sobre todos o parte de los bienes del otro (artículo 274, apartado 2), sin merma en este último caso del usufructo sobre todos los bienes que, al fallecer el otro cónyuge, le pertenezcan.
Es nueva la posibilidad que el artículo 275 admite de que un cónyuge prive de la viudedad al otro cuando incurra en alguna de las causas que, cuando se trata de legitimarios, pueden fundar la desheredación. La Compilación ya dio entrada, como causas de extinción de la viudedad, a las de indignidad para suceder. En ambos supuestos, ante conductas tan censurables por parte de un cónyuge, su goce del derecho de viudedad sin que hubiera medios hábiles para evitarlo podría considerarse contrario al fundamento mismo de la institución.
La separación judicial, el divorcio o la declaración de nulidad son causa de extinción en todo caso, con la posibilidad de pacto en contrario mientras el matrimonio subsista. Además, el artículo 276 considera que la extinción se produce ya por la mera admisión a trámite de la correspondiente demanda, interpuesta por uno o ambos cónyuges, fórmula que se ha adoptado para armonizar lo dispuesto en los artículos 253, 404, 438, 440 y 531 para supuestos que pueden considerarse semejantes.
La nueva regulación ha suprimido la limitación que en la extensión del derecho de viudedad mantenía la Compilación en su artículo 73 para el caso de matrimonio de persona que tuviera descendencia conocida con anterioridad, procedente, con otra redacción y alcance, de la Ley de 1967. Ha llevado a esta conclusión la dificultad de identificar el fundamento y finalidad de la norma, junto con lo arduo de encontrar una regulación coherente con la misma que evitara los graves problemas que su aplicación ofrecía. Se prevé, con todo, la posibilidad de que un cónyuge, por su sola voluntad, excluya del usufructo vidual del otro bienes de la herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que su valor no exceda de la mitad del caudal hereditario (artículo 283.3).
Se mantiene, por el contrario, la regla que veta a los ascendientes prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a éste por donación o sucesión. Es una regla a favor de la viudedad, dirigida a impedir que la posición del viudo sea alterada en su perjuicio por la mera voluntad de los ascendientes de su cónyuge. En la nueva regulación la regla se pone directamente en contacto con la que recibe el contenido del artículo 77 de la Compilación, de manera que resulte más claro su alcance y los casos que comprende.
Por último, se reitera en su sede más propia la norma que considera sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del artículo 354, y se aclara que, en situación de consorcio foral, están sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido los bienes que los demás consortes adquieren por el acrecimiento regulado en el art. 374-3.
26El derecho de viudedad durante el matrimonio
El derecho de viudedad se manifiesta durante el matrimonio como derecho expectante que tiene como objeto tanto los bienes muebles como los inmuebles, si bien no de la misma manera. Cuando un bien mueble sale del patrimonio común o del privativo se extingue el derecho expectante sobre el mismo, salvo que se haya enajenado en fraude del derecho de viudedad (artículo 282), mientras que el mismo derecho sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue o menoscaba por su enajenación.
La nueva regulación enumera, sin embargo, diversos supuestos en los que el derecho expectante de viudedad se extingue con la enajenación del inmueble, tratando con ello de introducir mayor claridad y también mayor seguridad en el tráfico, en atención a los intereses de los adquirentes que, conviene recordar, en su mayor parte conocen perfectamente la existencia y consecuencias de una institución central en la vida jurídica privada aragonesa.
La renuncia ha de ser expresa y, en principio, solo vale si es expresada en escritura pública. Pero se admite ahora su validez sin tal forma siempre que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
La renuncia no se presume nunca. Los demás supuestos de extinción se configuran como consecuencia directa del acto de enajenación por mandato legal. Algunos podían acaso inferirse por interpretación de las normas de la Compilación, pero otros son claramente una novedad introducida por la nueva regulación. Se extingue el derecho expectante siempre que se enajena válidamente un bien consorcial (también, por tanto, en los casos en que la enajenación es válida aunque solo haya dispuesto uno de los cónyuges) o su titular enajena bienes privativos incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Si concurren ambos cónyuges a una enajenación, cualquiera que sea el concepto en que uno y otro concurran, se extingue para ambos el derecho expectante, salvo reserva expresa. En la partición o división de bienes se extingue el derecho expectante respecto de los que no se adjudiquen al cónyuge, de manera que no será necesaria la concurrencia de los cónyuges de los comuneros o coherederos en la partición. También la expropiación y procedimientos equivalentes extinguen el derecho expectante. Igualmente se extingue en la enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.
Se mantiene la regla, procedente de la reforma de 1985, según la cual el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante, aclarando el art. 280.3 algunos extremos y prescindiendo de la referencia al abuso del derecho: el Juez, atendidas todas las circunstancias, declarará la extinción cuando crea que así procede en razón de las necesidades o intereses familiares.
Novedad introducida en la nueva regulación es la regla del apartado 4 del artículo 280, pensada para supuestos extraordinarios en que resulta muy difícil la comunicación y trato entre los cónyuges, especialmente si uno de ellos rehúye cualquier respuesta. Podría ser, por ejemplo, el caso entre cónyuges que viven separados por sentencia judicial anterior a la entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Compilación operada en 1985 y que, por tanto, conservan el derecho de viudedad. Mediante la notificación de la enajenación en los términos que el precepto precisa se impone, ciertamente, al cónyuge la carga de pronunciarse expresamente y hacer llegar al Registro de la Propiedad su voluntad de conservar el derecho expectante, que de otro modo se extinguirá. Es de esperar que este mecanismo pueda aliviar, al menos, casos extremos que la práctica conoce, sin enturbiar el funcionamiento normal del derecho de viudedad durante el matrimonio en los casos más regulares y frecuentes.
La Compilación, en uno de sus escasos desaciertos, dejó en la incertidumbre la suerte del derecho expectante de viudedad cuando los bienes inmuebles se enajenan judicialmente para pago de deudas privativas de un cónyuge. El artículo 281 sigue un criterio tradicional al respecto, adaptándolo al contexto legislativo actual y de manera que entorpezca lo menos posible las ejecuciones judiciales.
27El usufructo vidual
El usufructo vidual no es simplemente un derecho de goce en cosa ajena, como puede ser el usufructo regulado en el Código civil. Su carácter de derecho de familia, a la vez que su extensión como universal, que afecta a una masa patrimonial en su conjunto, requiere normas distintas. La nueva regulación incorpora las ya contenidas en la Compilación, con algunas variantes y concreciones (por ejemplo, sobre inventario y fianza), e incluye asimismo otras nuevas, sin por ello pretender hacer innecesaria la aplicación del Derecho supletorio.
La preocupación por la adecuada gestión de los bienes se muestra en las nuevas normas sobre gastos, mejoras, reparaciones, tributos y seguros, pero también en la previsión específica respecto de las empresas y explotaciones económicas, que posibilita, por voluntad del premuerto titular de las mismas, que su gestión incumba a sus hijos o descendientes, con sustitución del usufructo por una renta a favor del viudo. Se mantiene la norma que permite a los nudo propietarios acudir al Juez cuando entienden que el viudo no administra adecuadamente, pero se simplifican y amplían las posibilidades de resolución por el Juez, que puede optar por la transformación del usufructo. Se favorece, sin embargo, una solución pactada para los casos en que el ejercicio ordinario del derecho de usufructo resulte poco deseable para las partes, pues se permite, en todos los casos, a los nudo propietarios y al viudo usufructuario pactar la transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno, siguiendo el camino tímidamente iniciado por la Compilación en el apartado 1 de su artículo 83. Ciertamente, en estos casos se pondrá de manifiesto que el viudo no cumple su función tradicional de continuador de la familia, pero, aun así, parece prudente no cerrar el camino a una solución paccionada de conflictos que en la práctica se presentan con cierta frecuencia.
Se corrobora que el usufructo de viudedad sobre los bienes afectos al mismo es inalienable y, por tanto, inembargable. En ningún caso un tercero puede adquirir derivativamente el usufructo de viudedad sobre un bien. Cabrá –como ya permitía la Compilación– la enajenación del bien concurriendo todos los que tienen derechos sobre el mismo (nudo propietarios y usufructuario), con la consiguiente extinción del usufructo como derecho real sobre el bien enajenado y la subrogación del precio recibido. El mismo principio se aplica a los embargos y enajenaciones judiciales. Naturalmente, nada obsta al embargo y enajenación de los frutos y rentas que corresponden al usufructuario –conservando el mismo el derecho de usufructo–, y esta será la vía ordinaria de embargo en razón de sus propias deudas.
Los artículos 299 y 300, sobre usufructo de dinero y usufructo de fondos de inversión, atienden a problemas que se plantean con gran frecuencia. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo, por lo que el viudo podrá, si quiere, disponer del capital, con obligación de restituir su valor actualizado. En cuanto a las participaciones en fondos de inversión acumulativos y otros productos financieros similares, parece que, de acuerdo con la intención corriente de quienes practican estas formas de ahorro e inversión, la plusvalía ha de ser tratada como si constituyera beneficio o renta y, por tanto, quedar a favor del viudo usufructuario. Para ello, se dan reglas de suficiente amplitud con la intención de que puedan ser aplicables flexiblemente a unos productos que evolucionan con gran rapidez.
En la extinción del usufructo vidual la nueva regulación no introduce otra novedad de nota que la aclaración de la admisibilidad de la disposición en contrario respecto de la causa consistente en llevar el viudo vida marital estable.
28Las parejas estables no casadas
El Título VI, dedicado a las parejas estables no casadas, está integrado por normas procedentes de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, para extender la facultad de adoptar a las parejas estables del mismo sexo, y modificada asimismo por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
Desde que en 1982, y auspiciado por el Consejo de Europa, se celebró el primer Congreso sobre parejas no casadas, son muchos los países de la Unión Europea que, de una forma u otra, han ido adaptando sus respectivas legislaciones a este fenómeno convivencial, tendiendo a equiparar, total o parcialmente, a estas parejas con los matrimonios.
Junto a la pareja estable heterosexual, otro fenómeno similar, aunque de naturaleza y consecuencias bien diferentes, el de la pareja homosexual en convivencia marital estable, ha dejado de ser también algo extraño y marginal. El principio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que tradicionalmente ha constituido la esencia y base del Derecho civil aragonés, obliga al legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a establecer la relación de convivencia afectiva más acorde con su propia sexualidad.
La consideración de pareja estable no casada requiere que los convivientes sean mayores de edad, tengan una relación de afectividad análoga a la conyugal (artículo 303), no medie entre ellos ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 306, y hayan convivido more uxorio durante un período ininterrumpido de dos años, como mínimo, o, alternativamente, hayan manifestado su voluntad de constituirla mediante escritura pública (artículo 305.1).
La concurrencia de estos requisitos puede ser acreditada mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho (artículo 305.2). La inscripción en el Registro administrativo solo es necesaria para que a la pareja estable no casada le sean aplicables las medidas administrativas que le correspondan.
El régimen de convivencia, en sus aspectos personales y patrimoniales, será el pactado en escritura pública que respete los límites del principio standum est chartae (artículo 307.1), sin que se pueda pactar la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición (artículo 307.2). En defecto de pacto, los miembros de la pareja contribuirán proporcionalmente al mantenimiento de la vivienda y demás gastos comunes, primero con sus recursos y, si no son suficientes, con su patrimonio (artículo 307.3); frente a terceros, la responsabilidad de los miembros de la pareja por estos gastos, si se adecuan a los usos sociales, es solidaria (artículo 307.4). El artículo 308 procede de la disposición adicional primera de la Ley de 1999.
La extinción se regula en el artículo 309; para la extinción en vida sin hijos comunes a cargo se contempla en el artículo 310 la posibilidad de exigir una compensación económica cuando se den los presupuestos y requisitos en él previstos; en el artículo 311 se regulan los derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes. Las parejas estables no casadas pueden adoptar conjuntamente (artículo 312), y sus miembros están obligados a prestarse entre sí alimentos (artículo 313), pero la pareja estable no casada no genera relación de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro (artículo 314).
La posibilidad de un miembro de la pareja estable no casada de ser defensor del otro si ha desaparecido, o su representante legal si ha sido declarado ausente, o su tutor o curador si el otro ha sido declarado judicialmente incapacitado, ya ha sido prevista en sus sedes respectivas (artículos 46 y 116). No son necesarios tampoco artículos específicos para indicar la posibilidad de los miembros de la pareja estable de otorgar pacto sucesorio o testamento mancomunado, ni para poder nombrar al otro fiduciario ya que todo ello lo permite el Derecho de sucesiones a toda persona mayor de edad, como por hipótesis son los miembros de una pareja estable no casada.
VLIBRO TERCERODerecho de sucesiones por causa de muerte
29Regulación parcial de las sucesiones por causa de muerte
El legislador no ha pretendido agotar o llegar al límite de la competencia autonómica en materia de Derecho de sucesiones por causa de muerte, sino regular lo que ha entendido necesario, oportuno y acorde a las circunstancias. Fundamentalmente para aclarar, desarrollar y profundizar el Derecho anterior, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, completadas sus normas con otras que perfilan su alcance, hacen más segura su aplicación o atienden a aspectos necesitados de nuevas previsiones. También, dotando al conjunto de un marco de normas generales en el que las concretas instituciones sucesorias encuentren su acomodo natural y armónico, contribuyendo así a que el Derecho civil de Aragón aparezca a los ojos de todos como el Derecho civil común y general en Aragón.
El Código civil seguirá siendo supletorio en materia de sucesiones por causa de muerte, pues la nueva regulación no trata de excluir su aplicación entre nosotros. En realidad, los juristas aragoneses se sintieron en el siglo XIX coautores del Código civil y ni entonces ni ahora mostraron rechazo al mismo o suscitó éste su repulsa. Por ello, es grande el espacio que el legislador autonómico deja a las normas del Código civil, en concepto de Derecho supletorio de acuerdo con el artículo 1 de este Código. Ahora bien, la nueva regulación procura evitar, mediante la inclusión de normas específicas, la injerencia de aquellos preceptos del Código civil que no armonizan con los principios del Derecho aragonés o dificultan la aplicación o desarrollo de sus instituciones propias.
30Sistemática
El Libro Tercero está dividido en siete Títulos. El Primero y más extenso de ellos se dedica a «las sucesiones en general» y es el que en mayor medida recoge preceptos formalmente nuevos que tienen, entre otras, la función de proporcionar a los más tradicionales y esenciales el entorno normativo apropiado para su correcta interpretación, aplicación y eficacia conformadora de las relaciones sociales, a la vez que facilitan el engarce con el Derecho supletorio.
El orden de los Títulos II a VII sigue el de la preferencia de los modos de delación, empezando, por tanto, por la sucesión voluntaria. Parece lo coherente en un Derecho de sucesiones que proclama (artículo 318) que «el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión... sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae».
Dentro de la sucesión voluntaria, se trata en primer lugar de los pactos sucesorios, que prevalecen frente al testamento, para seguir con éste y, luego, con la fiducia sucesoria, siempre sujeta a la voluntad manifestada en pacto o testamento. Tras unas normas comunes a las sucesiones voluntarias, se aborda la regulación de la legítima de los descendientes –límite principal de la libertad de disponer por causa de muerte– y, finalmente, la sucesión legal, para cuando no existen o son insuficientes las disposiciones voluntarias.
31Las sucesiones en general
El artículo 317 enuncia que «la sucesión se defiere por pacto, por testamento o por disposición de la Ley». Los pactos sucesorios y la fiducia sucesoria, fenómenos tan propios de nuestro Derecho, requieren una formulación igualmente propia de las normas generales, que en otros ordenamientos, como el del Código civil, tienen en cuenta únicamente al testamento como cauce instrumental de sucesión voluntaria, y solo al testamento unipersonal, con proscripción del mancomunado y de la intervención normal de un tercero en la ordenación de la propia sucesión; mientras que el testamento mancomunado y la fiducia sucesoria tienen un papel central en nuestra vida jurídica. También la existencia de la sucesión troncal tiene su necesario reflejo en el Título Primero.
En este Título Primero se encuentra, asimismo, regulación más pormenorizada de cuestiones que ya tenían alguna en la Compilación, como la capacidad para aceptar o repudiar, la sustitución legal, la responsabilidad del heredero o el consorcio foral.
En cuanto a la sustitución legal, son conocidos los problemas y diversidad de interpretaciones que suscitó el artículo 141 de la Compilación. Se ha optado por mantener para todos los supuestos la denominación que recibió esta figura en 1967 (por considerarla preferible a la de representación) y reunir todas las reglas en un capítulo, el III del Título I, no sin antes comprobar por separado el funcionamiento del mecanismo sustitutorio en la sucesión voluntaria, en la legal y respecto de la legítima. De este modo, se aporta claridad en la determinación de cada uno de los supuestos y sus consecuencias, a la vez que se subraya que la sustitución legal no tiene lugar nunca en caso de renuncia o repudiación de la herencia por el llamado. El cambio legislativo en esta concreta cuestión ha dado lugar a la disposición transitoria decimosexta, que se atiene a la regla general en su apartado uno, pero admite una excepción en el segundo para supuestos en que cabe entender que el efecto sustitutorio es consecuencia, no simplemente de la ley derogada, sino de la voluntad del causante y para no contradecirla.
La responsabilidad del heredero, incluido el troncal, por las deudas y cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, tradicionalmente calificada como «beneficio legal de inventario», se mantiene tal como venía operando, con algunas aclaraciones en aspectos prácticos y, en particular, se señala la vía por la que el heredero podrá defender sus bienes frente a los acreedores del causante y se establecen las preferencias a favor de éstos respecto de los legatarios y los acreedores del heredero. El pago de las deudas hereditarias por los herederos, tanto antes como después de la partición, y el tipo de responsabilidad que en cada caso les incumbe es otro de los temas que ahora reciben atención pormenorizada.
La colación, como operación particional, sigue descansando únicamente en la voluntad del disponente. No procede por ministerio de la ley, que se limita a aportar breves reglas para cuando, en efecto, la voluntad de los particulares haya ordenado su práctica sin indicar otras.
De la partición propiamente dicha, se regula con detalle la intervención de menores de catorce años o incapacitados, así como la de menores mayores de catorce años, dada la frecuencia de estas situaciones en la vida jurídica y la conveniencia de la mayor claridad y seguridad en el modo de operar en ellas. También se atiende a las prohibiciones de partir y los pactos de indivisión, limitándolos temporalmente, y a la partición practicada por el causante o su fiduciario.
El «consorcio foral», reintroducido en la Compilación de 1967 tras vencer algunas dudas, es mantenido en la nueva regulación en sus rasgos básicos, pero añadiendo precisiones inspiradas en las necesidades de la práctica tanto en la previsión de los hechos que lo originan como en la determinación de sus efectos. En particular, parece llamada a tener frecuente aplicación la permisión de separación de un consorte por el sencillo medio de declarar su voluntad en escritura pública, con lo que tendrían fácil solución algunas situaciones indeseadas puestas de relieve por algunos autores.
32La sucesión paccionada
La Compilación diseñó una regulación de conjunto de la sucesión paccionada, construida sobre los ricos materiales de la experiencia histórica con la ayuda de aportaciones doctrinales inspiradas en otros ordenamientos que, como el aragonés, los reconocen y respetan como expresión de la libertad civil de sus otorgantes. La nueva regulación incorpora en su Título II, en lo sustancial, aquella regulación, que ha servido incluso de referencia a otros legisladores, ampliando formalmente el ámbito de los pactos al no vincularlos en ningún caso al otorgamiento de capítulos matrimoniales, a la vez que la enriquece con nuevos desarrollos más pormenorizados.
Se distingue, en concreto, la institución a favor de contratante, que puede ser «de presente» o «para después de los días», la institución recíproca, el pacto a favor de tercero y los pactos de renuncia. A todas estas modalidades, pero sobre todo a las primeras, se dedican preceptos que hagan más clara la posición jurídica de unos y otros en las distintas fases de este complejo fenómeno sucesorio y las consecuencias de los diferentes eventos que pueden acaecer con posterioridad al otorgamiento.
33La sucesión testamentaria
El Título III, «De la sucesión testamentaria», se abre con unas disposiciones generales condicionadas, en buena medida, por el reflejo que necesariamente proyecta sobre ellas la figura del testamento mancomunado. Sin atender a esta modalidad testamentaria, que es en la práctica con mucho la más común, no puede normarse convenientemente en nuestro Derecho ni la capacidad, ni las formas ni la interpretación de los testamentos. Merece señalarse el precepto que indica los requisitos de forma del testamento mancomunado ológrafo, exigiendo los que han parecido mínimos imprescindibles para posibilitar en la realidad el otorgamiento de estos testamentos, sin mengua de la seriedad y libertad de la voluntad de ambos testadores. Por lo demás, se han introducido previsiones sobre número y capacidad de los testigos testamentarios para cuando sea necesaria su intervención, manteniendo la regla de principio contraria a esta necesidad vigente desde 1985.
No ha parecido necesario mantener la figura del testamento ante capellán, a pesar de su indudable antigüedad histórica. En 1999 su utilidad era muy limitada, suscitaba algunos reparos en el terreno de la seguridad jurídica y era muy difícil, cuando no imposible, cohonestarlo plenamente con el principio constitucional de no discriminación por razón de religión.
Los artículos específicamente dedicados al testamento mancomunado no son muchos, pero todos ellos contienen alguna novedad. La más aparente es la que admite el otorgamiento de estos testamentos por cualesquiera dos personas, «sean o no cónyuges o parientes», mientras la Compilación exigía la condición de cónyuges. Es una apertura que parece adecuada a la realidad presente a la vez que apoyada en la experiencia histórica, pues documentos de varios siglos muestran, aunque no con gran frecuencia, la práctica del testamento mancomunado también entre personas no casadas entre sí. La institución recíproca entre los otorgantes, por otro lado, y asimismo a diferencia de lo dispuesto en la Compilación, no producirá los efectos del «pacto al más viviente» salvo que así lo hayan establecido los testadores, según parece más conforme para respetar su verdadera voluntad. Sobre la revocación unilateral del testamento, cuestión de siempre disputada, se ha buscado compaginar la mayor libertad de la misma –salvo en el caso de las disposiciones correspectivas– con la lealtad debida al otro otorgante, a quien hay que dar a conocer la revocación para que obre, si quiere, en consecuencia. Por ello se exige que en todo caso –haya o no cláusulas correspectivas– la revocación o modificación unilateral se haga en testamento abierto y que el notario la comunique al otro testador, sirviéndose de los datos que necesariamente ha de proporcionarle el revocante. Es también nueva la norma que atiende a las disposiciones de bienes entre vivos por parte de los testadores, para evitar que por este medio se dejen indirectamente sin efecto disposiciones correspectivas que no podrían revocarse o para atribuir a la disposición los efectos de la revocación, todo ello sin entorpecer el tráfico de bienes y la seguridad de los terceros adquirentes.
La doctrina de la invalidez de los testamentos tiene contornos muy borrosos en el Código civil, dada la ausencia de un régimen legal propio y el recurso necesario, pero no plenamente satisfactorio, a las normas dictadas para los contratos en este Cuerpo legal. Por ello, ha parecido útil distinguir en la nueva regulación diversas clases de invalidez de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, y las consecuencias de cada una de ellas, con indicación de las correspondientes acciones. Para la distinción de los casos en que opera una u otra clase de nulidad (la que, por dar lugar a acción imprescriptible, la doctrina acaso prefiera denominar de «inexistencia», o aquella otra en que la acción prescribe a los quince años), o bien la anulabilidad, hay que tener en cuenta que los requisitos y formalidades de los testamentos y de la voluntad testamentaria vienen establecidos predominantemente en el Código civil. Son las consecuencias de la ausencia o infracción de los requisitos lo que especialmente regula el Derecho aragonés con régimen específico, atendiendo primordialmente a la ponderación de los intereses en juego y a la seguridad jurídica, que es de creer queda reforzada ya por el simple hecho de la existencia de una regulación legal que permite saber a qué atenerse en cada caso. También la revocación del testamento se ha regulado de manera más realista que en el Código civil, siguiendo sustancialmente las indicaciones de la jurisprudencia.
34La fiducia sucesoria
La fiducia sucesoria, objeto del Título IV, es un instrumento al servicio de la ordenación de la sucesión de quien ya ha fallecido que tiene notorio arraigo y frecuente uso entre nosotros. De manera similar a lo que se ha hecho en el testamento mancomunado, tampoco para el nombramiento de fiduciario se requiere la condición de cónyuge ni vínculo de parentesco. Se declara de la manera más terminante que, a todos los efectos legales, la delación de la herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o de la extinción de la misma, y se atiende con detalle a algunos problemas que la práctica venía señalando, muy en particular los relativos a la administración y disposición de los bienes durante el tiempo en que la herencia está pendiente de asignación y, por tanto, necesariamente yacente. Se han puesto límites temporales a esta situación señalando plazo de caducidad al fiduciario para el cumplimiento de su encargo, si bien, en atención a una realidad muy arraigada, para cuando el único fiduciario nombrado sea el cónyuge del causante su nombramiento se entenderá hecho de por vida y podrá ejecutar el encargo en su propio testamento.
La preocupación por el eficaz cumplimiento del encargo se traduce también en diversas disposiciones referidas a la fiducia colectiva, incluida la que aprecia renuncia de su condición por quien, requerido notarial o judicialmente, no acepta el cargo, o la que permite el cumplimiento, en ciertos casos, aunque solo quede uno de los fiduciarios nombrados.
35Normas comunes a las sucesiones voluntarias
El Título V, «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», tiene, en un ámbito más limitado, función similar a la del Primero en el ámbito total del Derecho de sucesiones. Se perfilan las figuras del heredero y del legatario así como algunas de sus modalidades, se aportan reglas supletorias o interpretativas de las disposiciones voluntarias y se atiende a algunos otros aspectos en que cabría dudar sobre el alcance de la libertad de los otorgantes.
Para todo ello se han tenido en cuenta como precedentes ciertas normas contenidas en los proyectos aragoneses anteriores al Apéndice de 1925. El derecho de acrecer se considera únicamente basado en la voluntad del disponente al otorgar llamamientos conjuntos, siguiendo la tradición doctrinal aragonesa; tradición asimismo determinante de la regla que permite al legatario de cosa cierta y determinada existente en la herencia tomar posesión de ella por sí mismo y conseguir su inscripción, siendo inmueble, en el Registro de la Propiedad. Se recoge también la exclusión de la reserva legal de bienes (a la que tanto el Apéndice como la Compilación hubieron de referirse para rechazar la aplicación del Código civil), que solo tiene lugar por expresa determinación voluntaria que señale sus reglas.
36La legítima
El Título VI está dedicado a la legítima. Se han mantenido los rasgos fundamentales del sistema legitimario histórico en la forma en que se plasmó en la Compilación, con algunos retoques favorables a la mayor libertad de disponer y una pormenorizada regulación que evite la injerencia de normas del Código civil que, en esta materia aún más que en otras, corresponden a un sistema radicalmente distinto.
Por tanto, la legítima, como límite de la libertad de disponer de que gozan los aragoneses, sigue siendo legítima colectiva a favor de los descendientes, no hay más legitimarios que ellos, y el causante puede con la misma normalidad tanto dejar los bienes a uno solo de ellos (obviamente, también al nieto viviendo el hijo) como distribuirlos en forma tendencialmente igualitaria, todo ello según su criterio.
La innovación más visible operada en la nueva regulación consiste en la reducción de la porción legitimaria a la mitad del caudal, en lugar de los dos tercios en que consistía con anterioridad. Se atiende así a las voces, procedentes sobre todo de los ambientes urbanos, que demandan mayores posibilidades para favorecer al cónyuge con los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, especialmente cuando no son importantes los que a su vez se heredaron y, por otra parte, se costeó en su momento la formación de los hijos y se ayudó sustancialmente a su bienestar económico cuando se independizaron; ahora bien, no se restringe la mayor libertad a este fin específico, sino que queda abierta a las variadas circunstancias y motivaciones de cada causante.
En consideración al viudo, además, se introducen a su favor algunas desviaciones en las reglas sobre reducción de liberalidades e intangibilidad cualitativa de la legítima. Se define con precisión quiénes son legitimarios de grado preferente, pues de esta condición depende la legitimación para la acción de reducción de liberalidades y la de preterición. La acción de reducción de liberalidades (o de lesión de la legítima colectiva, si atendemos a su causa) es la principal que se ofrece a los legitimarios cuando el causante ha dispuesto infringiendo los límites legales. En efecto, además de ser la que procede cuando el conjunto de los descendientes no ha percibido beneficios en cuantía al menos de la mitad del caudal computable, es la única que, en su caso, corresponde a los legitimarios de grado preferente que hayan sido preteridos intencionalmente o excluidos voluntariamente.
También en el supuesto de infracción de la intangibilidad cualitativa de la legítima por haberla atribuido el causante en bienes no relictos las consecuencias se regulan con referencia a la acción de reducción, pero en esta materia, además, se determinan con cuidado los gravámenes permitidos y los prohibidos sobre la legítima, la consecuencia de que el gravamen pueda tenerse por no puesto en el segundo caso, y las llamadas «cautelas de opción compensatoria», sujetas a límites bastante estrictos.
Se ha evitado el concepto de «legítima formal», una novedad de la Compilación, que no parece haya podido cumplir la función sistematizadora y de auxilio a la interpretación que cabía esperar de ella. No hay, por tanto, un deber de nombrar o mencionar a ningún legitimario en el acto de disposición mortis causa. La preterición se ha regulado de acuerdo con la que se entiende debe ser su función propia en nuestro Derecho, que es evitar que un legitimario de grado preferente quede excluido de la herencia sin haberlo querido así el causante, como consecuencia de que éste, al disponer, desconocía la existencia del legitimario o su condición de tal, en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido o desconocer que era descendiente suyo. En estos casos, el legitimario preterido tiene derecho a una porción en el caudal relicto igual a la del menos favorecido por el causante, salvo que preterido haya sido el único o todos los legitimarios de grado preferente, caso en que se produce la delación abintestato de todo el caudal relicto, a no ser que haya sido designado heredero o legatario algún otro descendiente.
Estas consecuencias son semejantes a las previstas en la Compilación, pero no así los supuestos. En particular, para cuando la preterición sea intencional, –cosa que, además, se presume– ningún derecho o acción específicos nacen para el así excluido por la omisión de toda atribución y mención a su favor. Mención, por lo demás, que para ser suficiente a efectos de evitar la preterición, basta en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura, aun sin disposición alguna o exclusión expresa.
Consiguientemente, la exclusión expresa, como la preterición intencional, no ha de producir otros efectos que, en su caso, el derecho a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, efecto que no es, propiamente, de la preterición o exclusión, sino de la lesión de la legítima. La exclusión voluntaria de un legitimario sin necesidad de alegar causa alguna tiene, sin embargo, otros efectos cuando es absoluta, es decir, cuando el disponente expresa su voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión, lo que le priva en efecto (y salvo que afecte a todos o al único legitimario) incluso del derecho a suceder abintestato y del de ejercitar la acción de lesión, en los que será sustituido por su estirpe de descendientes si los tuviera.
Puesto que en el Derecho aragonés se ha podido, desde hace siglos, excluir de la herencia a alguno o algunos de los hijos sin más que dejarles, acaso, la manda simbólica de los famosos cinco sueldos o fórmulas similares, ya se comprende el muy distinto y limitado juego que la desheredación propiamente dicha ha tenido en nuestra vida jurídica. Es de suponer que se seguirá manteniendo en tan estrechos límites, pues solo parece tener sentido práctico cuando el causante quiere excluir de la herencia a todos o al único descendiente, finalidad que no podrá lograr si no concurre y, en su caso, se prueba, alguna de las causas tasadas para ello. Solo por este camino se puede llegar al excepcional resultado de la extinción de la legítima colectiva.
En todo otro caso, las consecuencias serán las de la exclusión absoluta.
Cierra el Título «De la legítima» una escueta referencia al derecho de alimentos que, en ciertos casos y de forma subsidiaria respecto de otras obligaciones alimenticias, puede nacer a favor de los legitimarios de grado preferente, manteniéndose así, en lo esencial, el precepto de la Compilación con algunas precisiones y restricciones.
37La sucesión legal
Para el caso de que falte, total o parcialmente, la ordenación voluntaria de la sucesión, tiene lugar la «sucesión legal», objeto del Título VII. Se considera preferible hablar de «sucesión legal» en lugar de sucesión intestada o abintestato, teniendo en cuenta la posible existencia de los pactos sucesorios. La nueva regulación es formalmente completa, sin remisiones al Derecho supletorio, con pocas variaciones respecto del Derecho anteriormente vigente, pero con desarrollo más detallado que facilite su aplicación.
Naturalmente, en la nueva regulación se ha conservado la sucesión troncal, calificada expresamente como universal. Sus normas, aunque con otra formulación, no distan mucho de las anteriores, aunque limitando algo los supuestos. Para cuando proceda, la previsión sobre su constancia en las declaraciones de herederos abintestato facilitará hacer valer sus derechos a los herederos troncales. Se ha prescindido del recobro de dote y firma de dote, por el total desuso de estos institutos, pero se mantiene el de liberalidades hechas a favor de descendientes o hermanos.
Por lo demás, la sucesión de los descendientes y, respecto de los bienes no troncales ni recobrables, a favor de los ascendientes, el cónyuge y los colaterales queda regulada sin alteración de fondo, con el mismo límite del cuarto grado y la anteposición del cónyuge a todos los colaterales que la reforma del Código civil de 1981 introdujo en Aragón. Aunque la valoración de este criterio, perfectamente asumido en ambientes ciudadanos, quizás difiera en las distintas comarcas de Aragón, la existencia de normas propias para los bienes troncales lo hace adecuado para todos.
Se mantiene el llamamiento a favor de la Comunidad Autónoma en defecto de toda otra persona llamada a la sucesión, tal como determinó la Ley 4/1995, de 29 de marzo, así como el llamado Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en atención a lo razonable de esta tradición secular.
VILIBRO CUARTODerecho patrimonial
38Contenido y sistemática
La nueva regulación desarrolla el contenido del Libro Tercero, «Derecho de bienes», y del Libro Cuarto, «Derecho de obligaciones», de la Compilación del Derecho civil de Aragón. Como es sabido, estos libros, muy lejos de regular toda la materia de los derechos reales o de las obligaciones y contratos, se circunscriben a muy concretas instituciones: relaciones de vecindad, servidumbres, derecho de abolorio y contratos sobre ganadería. Estas instituciones son el objeto del presente Libro Cuarto. No ha parecido oportuno en la reforma de 2010 regular otras materias en el ámbito permitido por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
El Libro Cuarto mantiene los enunciados de los Títulos de la Compilación y su mismo orden, pero evita la división en Libros («Derecho de bienes», «Derecho de obligaciones») que, además de evocar engañosamente contenidos mucho más amplios, parecería prejuzgar la naturaleza jurídica del derecho de abolorio.
En realidad, el Libro Cuarto se ocupa de tres materias con entidad propia: la primera, más amplia y de muy superior incidencia en la vida jurídica, se centra en las relaciones de vecindad y las servidumbres, con particular atención a la de luces y vistas e inclusión de las servidumbres y comunidades de pastos y ademprios (artículos del 537 al 587); once artículos se ocupan luego del derecho de abolorio o de la saca, y uno solo, de los contratos de ganadería, el 599, que reproduce con las debidas adaptaciones el artículo 153 de la Compilación, con la finalidad principal de seguir señalando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa aragonesa en materia de contratos agrarios.
39Las relaciones de vecindad
La Observancia 6.ª, De aqua pluviali arcenda, y la costumbre sirvieron de fundamento a la Compilación para construir un sistema de relaciones de vecindad de notable altura técnica, que ha mostrado durante decenios su idoneidad para regir en la práctica las situaciones y conductas tan frecuentes en este ámbito y tan proclives a pleitos. Reducir en lo posible estos fijando algunos puntos controvertidos de acuerdo con la experiencia es objetivo primordial del Título primero, presidido por el principio de buena fe, que exige conductas recíprocamente leales entre vecinos.
Las conductas permitidas y las situaciones toleradas de acuerdo con las reglas de vecindad no son expresión o consecuencia de un particular derecho subjetivo ni propician su adquisición. Son meras facultades o mero ejercicio de la libertad, que, por eso, ni consolidan derechos ni el paso del tiempo impide el ejercicio de las acciones dirigidas a exigir la correcta observancia de las normas.
Se mantiene el tratamiento singular que, desde antiguos fueros, recibió el árbol frutal que extiende sus ramas sobre el fundo vecino, en el marco de una regulación de las inmisiones de raíces y ramas que evita remisiones al Código civil. Asimismo, se establecen distancias entre plantaciones de manera menos exigente que en el Código civil, puesto que se refieren solo a arbustos o árboles en predios destinados a plantación o cultivo.
La regulación se completa con algunos preceptos sobre árboles que amenazan caerse, construcciones –en particular, en uso de pared medianera– y aguas pluviales, pero dedica la mayor atención a las normas genuinamente aragonesas de luces y vistas. En esta materia de tan frecuente aplicación, se recogen literalmente las normas de la Compilación, que se aclaran y se completan. Se subraya el derecho del propietario sobre cuyo fundo recaen las luces o las vistas a edificar o construir sin sujeción a distancia alguna y como estime conveniente. Estas luces y vistas no son un derecho de quien las disfruta ni una limitación para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejercitar todas las facultades dominicales como estime conveniente, con los límites genéricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo. Siguiendo sugerencias tanto de los anteproyectos de Apéndice como de reciente jurisprudencia sobre protección de la intimidad personal y familiar, se reconoce también la posibilidad de obstaculizar o limitar las vistas a espacios utilizados para la vida familiar o personal, aun sin necesidad de realizar obras que puedan considerarse edificación o construcción.
Además, se precisan las distancias y la forma de medirlas, se atiende al supuesto de los huecos abiertos en pared medianera, se definen los voladizos, se indica el modo de colocar las protecciones de reja y red o sus equivalentes y se aclara, en concordancia con el apartado 3 del artículo 537 y el apartado 2 del artículo 549, que la acción para exigir la supresión de voladizos y la colocación de tales protecciones no prescribe.
40Las servidumbres
Las normas sobre luces y vistas tienen su complemento y contrapartida en las que regulan las servidumbres de luces y vistas, señaladamente en cuanto a la usucapión de estas. Solo los voladizos que caigan sobre fundo ajeno y reúnan las características determinadas en el artículo 548 son signo aparente de servidumbre de luces y vistas; en ningún caso, la falta de reja y red ni los voladizos sobre fundo propio. Por tanto, nunca la existencia de huecos de cualesquiera dimensiones sin voladizos, tengan o no las protecciones exigibles, dará lugar a la adquisición por usucapión de una servidumbre de luces y vistas, pues, no habiendo signo aparente ni siendo susceptible de posesión, no cabe usucapión (artículos 567 y 575).
La usucapión de las servidumbres constituía la parte más importante que la Compilación dedicaba a estas. El sistema no se corresponde con el del Código civil ni con las consecuencias que en él tienen las clasificaciones de servidumbres positivas o negativas, continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. La regulación aragonesa estribaba en esta última distinción (aparentes y no aparentes), como explicaba la Exposición de Motivos de la Compilación de 1967, aunque la extraordinaria concisión de las normas compiladas ocasionaba que se aplicaran indebidamente normas del Código civil que responden a criterios muy distintos, con las consecuencias de la diversidad de opiniones doctrinales y la consiguiente inseguridad jurídica y el aumento de la litigiosidad.
En la nueva regulación, para evitar los anteriores inconvenientes, se introducen unas disposiciones generales sobre servidumbres con el suficiente detalle que evite la indebida injerencia de las normas del Derecho supletorio estatal.
Los preceptos sobre concepto y clases (artículos 551 y 552) tienen una finalidad estructural y no hay en ellos novedades apreciables. Tiene interés reseñar, en los siguientes artículos, la admisión explícita de servidumbres recíprocas, de servidumbres personales y de la posibilidad de sujetar todas las servidumbres a término o condición tanto suspensivos o iniciales como resolutorios o finales (artículos 553 y 555). La nota de indivisibilidad (artículo 554) queda matizada en el artículo 572, que prevé eventuales extinciones parciales en ciertos casos.
El criterio de ejercicio civiliter de las servidumbres, según el cual estas se ejercen de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca dominante y, a la vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente, se enuncia de manera general en el artículo 557, y luego se especifican consecuencias particulares en el 565, para la constitución forzosa de servidumbres, y, más concretamente, para las de paso y las de acceso a red general en los artículos 577.2 y 581.3. También el artículo 560 (modificación de la servidumbre) puede considerarse expresión del mismo principio, que trata de optimizar el balance de beneficios y perjuicios conjuntos de ambas propiedades.
En la Sección dedicada a la constitución de servidumbres destaca el precepto que establece que «las servidumbres negativas no pueden constituirse por usucapión». Se zanjan así posibles dudas sobre la aplicación de criterios del Código civil contrarios a la tradición doctrinal aragonesa. «La falta de título constitutivo de las servidumbres negativas, continúa diciendo el artículo 567, únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente».
Criterio innovador establece el artículo 564 al admitir la constitución de servidumbre sobre finca propia, atendiendo a requerimientos de la práctica. Naturalmente, mientras ambas fincas pertenezcan a un único propietario, éste ejercerá todas sus facultades iure proprietatis, pero el Registro de la Propiedad podrá publicar la constitución de la servidumbre, que tendrá toda su eficacia cuando alguna de las fincas cambie de titular. Correlativamente, tampoco será por sí solo causa de extinción de una servidumbre el hecho de que se reúna en una misma persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente (artículo 571.2). Por otra parte, se aclara que, si la coincidencia de titulares de una y otra finca es solo parcial, la servidumbre puede existir normalmente.
La remisión que el artículo 145 de la Compilación hizo al artículo 541 del Código civil dio lugar a muy diversas interpretaciones sobre las que la jurisprudencia tuvo que sentar finalmente un criterio estable y acertado. Ahora, el artículo 566 atiende de manera general a la constitución de servidumbres por signo aparente («por destino del padre de familia» llamaba a esta figura la doctrina más tradicional), de modo que excluye la aplicación de aquel artículo del Código, y el 574, al aclarar que los voladizos sobre fundo ajeno son los únicos signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, hace segura legalmente la solución jurisprudencial.
A la usucapión de servidumbres se dedica una sección independiente, en atención a su importancia, que acoge el texto literal de los artículos 147 y 148 de la Compilación. Los artículos 567.1 y 575 complementan y aclaran estos preceptos, excluyendo de la usucapión las servidumbres negativas y las servidumbres no aparentes de luces y vistas, respectivamente.
Los preceptos sobre servidumbres de luces y vistas, que se recogen en un capítulo específico, se sitúan en una posición central en el texto. Se reproduce el artículo 145 de la Compilación, subrayando que los voladizos son los únicos signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, al tiempo que se excluyen de la usucapión las servidumbres no aparentes de luces y vistas. De este modo, se delimitan con precisión las situaciones de huecos para luces y vistas fundados en relaciones de vecindad frente a los correspondientes derechos reales de servidumbre, singularizando los casos en que la presencia de voladizos sobre fundo ajeno mantenida durante tiempo puede dar lugar a la adquisición de una servidumbre por usucapión.
Las llamadas servidumbres forzosas se originan por voluntad del titular de la finca dominante en los casos en que la ley prevea la forzosa imposición del gravamen sobre la finca sirviente. Los supuestos vienen determinados no solo por este Código (que se ocupa únicamente de la servidumbre forzosa de paso y de la servidumbre forzosa de acceso a red general), sino en cualquier otra ley aplicable, autonómica o estatal. En todos ellos, si no hay acuerdo, será una resolución judicial la que constituya la servidumbre y fije la correspondiente indemnización.
41Derechos de pastos y ademprios
«Alera» y «ademprio» son términos aragoneses que denotan una notable variedad de servidumbres y comunidades tradicionales sobre pastos, aguas, leñas y otros aprovechamientos de los fundos. Su heterogénea configuración responde a tradiciones sociales y jurídicas propias, que el proceso desamortizador y el Código civil pusieron en peligro y las transformaciones económicas de los últimos siglos han ido reduciendo en número y en trascendencia social.
La Compilación, sobre la base de una regulación mucho más amplia prevista en los Anteproyectos de Apéndice de 1899 y 1904, le dedicó un artículo, el 146, que ha sido clave en el enjuiciamiento de los conflictos que han llegado a los Tribunales y que, por su contenido, excluye la aplicación de los artículos 600 a 604 del Código civil (en particular, la redención forzosa) y presupone la posibilidad de servidumbres personales y de servidumbres recíprocas. Todo ello es aún más claro en la presente regulación, que distingue entre servidumbres y comunidades para adaptarse mejor a la rica variedad y complejidad que muestra la experiencia. No se ha pretendido, sin embargo, construir una regulación general de la comunidad de bienes en el Derecho aragonés, por lo que puede ser inevitable el recurso al Derecho supletorio, siempre interpretado de acuerdo a los principios del Derecho aragonés y en lo que sea compatible con los mismos.
El régimen de la alera foral se entiende supletorio de las demás servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma, mientras que los ademprios se configuran como derechos reales de aprovechamiento parcial y se presumen vitalicios, salvo que su titularidad corresponda a una comunidad. Las comunidades de este tipo (mancomunidades de pastos, leñas y demás ademprios) que existan por título o posesión inmemorial se consideran indivisibles, salvo pacto unánime. Se regula también un tipo de comunidad pro diviso, en la que concurren diversos titulares dominicales sobre aprovechamientos diferenciados, uno de los cuales es el de pastos, leñas u otros ademprios. Con estas previsiones, se pretende atender con mayor adecuación a la diversidad de situaciones que la realidad muestra, a la vez que dar cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tenga lugar de ahora en adelante.
42El derecho de abolorio o de la saca
El derecho de abolorio o de la saca es un instrumento que permite evitar, en ciertos casos, que un inmueble salga de la familia por disposición de su actual titular. Conocido desde los fueros más antiguos, superó el trance de la codificación y quedó plasmado tanto en el Apéndice de 1925 como en la Compilación de 1967. Los inconvenientes que presenta en el tráfico inmobiliario no son suficientes para suprimirlo, pues responde a intereses y concepciones familiares dignos de protección. En cualquier caso, el derecho de abolorio no debe tener otros presupuestos, requisitos ni restricciones que los que la Ley establece, por lo que se prescinde de la referencia a la «moderación equitativa» por los tribunales que la Compilación introdujo.
El criterio que preside esta parte de la nueva regulación es mantener el derecho de abolorio con sus rasgos esenciales tal como fueron fijados por la Compilación y aclarar y completar aspectos debatidos o controvertibles con el fin de contribuir a una mayor seguridad jurídica. Es de esperar que coopere a este objetivo la configuración del derecho de abolorio como tanteo y no solo como retracto, de modo que los profesionales del Derecho puedan asesorar sobre la conveniencia de notificar fehacientemente a los parientes el propósito de enajenar, con la consecuencia de que, pasados treinta días naturales, la venta a extraños resulte inatacable por este motivo.
Bienes de abolorio son, tradicionalmente, solo los inmuebles, de los que se excluyen ahora los que no tengan naturaleza rústica, salvo los edificios o parte de ellos, pues, fuera del suelo rústico, parece que solo los edificios conservan su impronta familiar con fuerza suficiente para justificar la preferencia de los parientes.
La permanencia en la familia durante dos generaciones se entiende del mismo modo que en la Compilación, pero, en cuanto a los parientes titulares del derecho, la presente regulación introduce en su artículo 590 una ampliación sustancial. Así, además de disponer de este derecho, de acuerdo con la formulación de la Compilación, los colaterales hasta el cuarto grado, se incluye a los ascendientes en el caso de que hubieran donado el inmueble, así como a los descendientes mayores de catorce años. En este último caso se requiere, además, que tales descendientes sean titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia. En todos los casos es indiferente la vecindad civil del titular del derecho, pues es requisito suficiente que los bienes estén situados en Aragón.
«Venta» incluye las efectuadas con carácter forzoso mediante subasta u otras formas de realización de bienes en procedimientos de apremio, y se prevén asimismo, los casos de enajenación de cuota indivisa de bienes de abolorio y los de enajenación de pluralidad de inmuebles.
Los artículos 594 y 595, sobre plazos y requisitos del ejercicio del derecho de abolorio, desarrollan el contenido del artículo 150 de la Compilación, que ya se alejaba de las previsiones del Código civil para los retractos en él regulados. Destaca el tratamiento separado del ejercicio del derecho de abolorio como tanteo y la notificación necesaria al efecto. Por otra parte, a falta de notificación de la transmisión, el plazo de ejercicio del derecho de retracto será de noventa días naturales a partir de aquel en que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales. Este conocimiento puede obtenerlo el retrayente bien a través de los medios de información previstos en la legislación hipotecaria en los casos en los que se haya inscrito el título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio. Esta previsión, en cualquier caso, alentará la realización de notificaciones expresas, siempre deseables para aclarar las situaciones y evitar el planteamiento de litigios. En cualquier caso, en aras de la seguridad del tráfico, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajenación.
El artículo 595 pretende poner fin a las dudas y vacilaciones de la práctica sobre la forma de ejercicio judicial del derecho de abolorio, que ha de tener requisitos rigurosos pero no dejados al azar de interpretaciones de preceptos del Código civil o de las leyes de enjuiciamiento, que no fueron pensados para este caso ni se adaptan bien al mismo.
Son nuevos los preceptos sobre renuncia –posiblemente admitida del mismo modo en el Derecho anterior– y, en el artículo 598, una limitación de la prioridad del derecho de abolorio sobre cualesquiera otros de adquisición preferente, pues ahora prevalecerán el de comuneros y los establecidos a favor de entes públicos.
VIIDisposiciones adicionales
En la disposición adicional primera, sobre términos genéricos, se extiende a todo el Código lo dicho en sendas disposiciones de las Leyes de Derecho de la persona y de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, de manera que las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Código se entienden referidas también a su correspondiente femenino.
Las disposiciones adicionales Segunda, Tercera y Cuarta proceden de la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
VIIIDisposiciones transitorias
Las disposiciones transitorias referidas al Libro Primero establecen una regla general de aplicación inmediata de los preceptos procedentes de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, a partir del 23 de abril de 2007 momento de su entrada en vigor, así como la sujeción a la nueva regulación del ejercicio de las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 2007. En particular, son aplicables desde la entrada en vigor de la Ley de Derecho de la persona las normas sobre nulidad y anulabilidad de los actos de los menores (mayores o no de catorce años), de los incapaces, de los sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de la Junta de Parientes.
Normas específicas de Derecho intertemporal se ocupan de la prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegración de su capacidad por las personas declaradas pródigas con anterioridad al 23 de abril de 2007; de los gastos de maternidad, señalando que el artículo 62 solo se aplicará respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad a esa fecha, y de la autoridad familiar de otras personas, acomodándola en todo caso a lo dispuesto en el artículo 88.3.
La sexta y la séptima son mera regularización de las disposiciones transitorias de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
Las disposiciones transitorias referidas al Libro Segundo parten del principio de aplicación inmediata desde el 23 de abril de 2003 de todas las normas procedentes de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, como parece exigir la índole misma de las modificaciones introducidas, a la vez que señalan que los hechos, actos o negocios relativos a los variados asuntos a que la nueva regulación se refiere solo se regirán por ella cuando se produzcan con posterioridad al 23 de abril de 2003, fecha de su entrada en vigor. Se añaden dos sencillas reglas sobre comunidad conyugal continuada y sobre la limitación que, en caso de existencia de hijos no comunes, establecía el artículo 73 de la Compilación. En la refundición se ha añadido una disposición transitoria para indicar que las normas del Título VI son aplicables desde el 6 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
Las disposiciones transitorias referidas al Libro Tercero van dirigidas a facilitar el tránsito de la Compilación derogada a la nueva regulación, partiendo de la regla general que somete las sucesiones por causa de muerte a la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión. Las demás son excepciones o modalidades de esta para casos particulares, que tienden a mantener la validez y eficacia de los actos de disposición y también a producir efectos inmediatos en algunos fenómenos que se desarrollan en un tiempo posiblemente largo, como la sucesión paccionada, el consorcio foral o la fiducia sucesoria. La disposición transitoria decimosexta contiene regla especial para unos casos asimismo especiales de sustitución legal. En cuanto a la disposición transitoria vigésimo segunda, sobre preterición, acaso no fuera imprescindible, pues la interpretación llevaba en el Derecho de la Compilación a la misma regla que la más claramente expresada en la nueva regulación, pero se ha considerado prudente introducirla para disipar toda posible duda.
La mayor parte de las disposiciones del Libro Cuarto son de aplicación inmediata a todas las situaciones, aun anteriores al 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, como corresponde de ordinario al estatuto de la propiedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos cambios sustantivos introducidos en su regulación. La excepción es la regulación del derecho de abolorio, que, en atención a algunas modificaciones, solo será aplicable cuando la enajenación sea posterior al 1 de enero de 2011.
TÍTULO PRELIMINAR
Las normas en el Derecho civil de Aragón
Artículo 1. Fuentes jurídicas.
1. Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico.
2. El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan.
Artículo 2. De la costumbre.
1. La costumbre tendrá fuerza de obligar cuando no sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.
2. Los Tribunales apreciarán la existencia de la costumbre a virtud de sus propias averiguaciones y de las pruebas aportadas por los litigantes.
Artículo 3. «Standum est chartae».
Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.
LIBRO PRIMERO
DERECHO DE LA PERSONA
TÍTULO PRIMERO
De la capacidad y estado de las personas
CAPÍTULO PRIMERO
Capacidad de las personas por razón de la edad
Sección primera. Mayoría y minoría de edad
Artículo 4. Mayoría de edad.
1. Es mayor de edad:
a) El que ha cumplido los dieciocho años.
b) El que ha contraído matrimonio.
2. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley.
3. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría de edad adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe.
Artículo 5. Minoría de edad.
1. El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación conforme a su personalidad.
2. El menor de edad está sujeto a autoridad familiar y, subsidiariamente, a tutela o curatela.
3. La representación legal del menor termina al cumplir los catorce años; desde entonces, su capacidad se completa con la asistencia.
4. Los guardadores legales ejercerán sus funciones siempre en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autonomía en la organización de su propia vida.
5. El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea ilícito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones.
6. En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública competente en materia de protección de menores adoptará en interés del menor las medidas oportunas.
Artículo 6. Derecho del menor a ser oído.
Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años.
Artículo 7. Capacidad del menor.
1. El menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo:
a) Ejercer los derechos de la personalidad.
b) Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes a los usos sociales.
c) Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda realizar sin necesidad de representación o asistencia.
2. Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva.
Artículo 8. Patrimonio del menor.
Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y, consiguientemente, su disfrute, así como los frutos y productos de cualesquiera otros que se le hubieren confiado.
Artículo 9. Administración y disposición.
1. La administración de los bienes del menor no emancipado, así como la disposición hasta que cumpla los catorce años, compete a los padres, como función aneja a la autoridad familiar, y, en defecto de ambos, al tutor.
2. Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición correspondan al tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión. En los dos últimos casos se estará a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.
Artículo 10. Intervención judicial.
En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará:
a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este deber por sus guardadores.
b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.
c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción del menor por alguno de los progenitores o por terceras personas.
d) En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
Artículo 11. Cómputo de la edad.
Para el cómputo de la edad se incluirá completo el día del nacimiento.
Sección 2.ª La persona menor de catorce años
Artículo 12. Representación legal.
1. La representación legal del que no ha cumplido los catorce años incumbe a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.
2. Se exceptúan de la representación legal los actos relativos a derechos de la personalidad.
3. Las personas a las que corresponda la administración y disposición de los bienes del menor conforme al artículo 9 le representarán en la realización de dicho tipo de actos.
Artículo 13. Oposición de intereses.
1. Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposición de intereses en algún asunto:
a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, la actuación de este requiere autorización de la Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria además la autorización o aprobación que en su caso exija el acto. También podrá ser representado por un defensor judicial.
c) Si es por parte de ambos padres o tutores, la representación corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representación del menor en actos que requieran autorización o aprobación, esta será necesariamente judicial.
d) Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la administración de los mismos bienes, le representarán los titulares de la autoridad familiar o el tutor.
2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de ser representados por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
Artículo 14. Atribuciones gratuitas.
1. El representante legal del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribución gratuita en favor de este. Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución.
2. También precisa autorización previa para aceptar donaciones modales u onerosas. En caso de denegación, se entenderá rechazada la donación.
Artículo 15. Actos de disposición.
1. El representante del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
a) Realizar actos de disposición sobre inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones económicas, valores mobiliarios, bienes muebles de valor extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se exceptúa la enajenación de acciones o derechos de suscripción preferente por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa.
b) Realizar actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades usuales.
c) Renunciar a derechos de crédito.
d) Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garantizar con derecho real obligaciones ajenas.
e) Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones económicas, por plazo superior a seis años, computándose a estos efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el contrato.
f) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.
g) Transigir o allanarse.
2. No será necesaria la indicada autorización para tomar dinero a préstamo o crédito, incluso por vía de subrogación, para financiar la adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garantía real sobre los bienes adquiridos.
Artículo 16. Autorización en caso de tutela.
El tutor del menor que no ha cumplido los catorce años necesita también autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
a) Hacer gastos extraordinarios en los bienes.
b) Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
c) Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.
d) Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título.
Artículo 17. División de patrimonio o cosa común.
La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido practicada en representación del menor:
a) Por el tutor, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de Parientes o del Juez.
b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes, la aprobación será necesariamente judicial.
c) Por el único padre titular de la autoridad familiar con el que exista oposición de intereses si no se ha obtenido autorización previa.
Artículo 18. Concesión de la autorización o aprobación.
1. La autorización o aprobación requerida en los artículos anteriores solo se concederá en interés del menor, por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.
2. La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
Artículo 19. Falta de autorización o aprobación.
Serán anulables los actos realizados sin la debida autorización o aprobación:
a) A petición del representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta que el menor cumpla catorce años.
b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
Artículo 20. Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.
1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor de catorce años se regirá por las siguientes reglas:
a) Si tiene suficiente juicio, requerirá su consentimiento y la autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar o del tutor; en caso de negativa de alguno de ellos, su autorización podrá ser suplida por el Juez.
b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor.
c) Si no tiene suficiente juicio, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
2. Para internar al menor contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial.
Artículo 21. Prestación personal.
Los contratos que impliquen alguna prestación personal del menor de catorce años que tenga suficiente juicio requieren su consentimiento previo y la autorización de quienes ostenten su representación legal.
Artículo 22. Invalidez de los actos del menor.
1. El acto celebrado por un menor de catorce años sin capacidad para ello será inválido. No obstante, será válido si medió autorización previa de su representante legal y el acto no requería la intervención de la Junta de Parientes o del Juez. Si la requería, se aplicará el artículo 19.
2. Si el acto no contó con dicha autorización previa, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, será anulable:
a) A petición de su representante legal, hasta que el menor cumpla catorce años.
b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica o señalan prohibiciones para el menor, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.
Sección 3.ª El menor mayor de catorce años
Artículo 23. Capacidad.
1. El menor de edad, cumplidos los catorce años, aunque no esté emancipado, puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.
2. La imposibilidad de prestar la asistencia permitirá al menor solicitarla a la Junta de Parientes o al Juez.
3. El menor mayor de catorce años no necesita asistencia en los actos que la ley le permita realizar por sí solo.
Artículo 24. Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.
1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor mayor de catorce años dependerá de su exclusiva voluntad, con las salvedades siguientes:
a) Si su decisión entraña un grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica, necesitará la asistencia prevista en el artículo anterior.
b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor.
2. Si el menor no está en condiciones de decidir sobre ella, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
Artículo 25. Nombre propio.
Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.
Artículo 26. Administración de bienes.
1. El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce años en representación suya, pero los actos de administración podrán ser realizados también por el menor con la debida asistencia.
2. Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la administración de:
a) Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.
b) Los que se le hubieren confiado a tal fin, así como los frutos y productos obtenidos con ellos.
c) Los que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así lo hubiere ordenado.
Artículo 27. Prestación de la asistencia.
1. La prestación de asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses.
2. La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en esta puede bastar con la mera presencia sin oposición.
3. La asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
Artículo 28. Oposición de intereses.
1. Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia exista oposición de intereses en algún asunto:
a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia será prestada por el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, así como si es por parte de ambos padres o tutores, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.
c) Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia será prestada por uno cualquiera de los padres o el tutor.
2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de ser asistidos por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
Artículo 29. Anulabilidad por falta de asistencia.
Será anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, el acto o contrato celebrado por el menor sin la debida asistencia:
a) A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras el menor no pueda anularlo por sí solo.
b) A petición del propio menor, con la debida asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
Sección 4.ª El menor emancipado
Artículo 30. Emancipación por concesión.
1. La emancipación por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar requiere que el menor tenga catorce años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil.
2. El Juez podrá conceder la emancipación al menor mayor de catorce años si este la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela:
a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva maritalmente con persona que no sea también titular de la autoridad familiar sobre el menor.
b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.
c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar.
d) Cuando el menor esté sujeto a tutela.
3. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.
Artículo 31. Inscripción.
La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.
Artículo 32. Emancipación por vida independiente.
El menor mayor de catorce años que, con beneplácito de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa, viva con independencia económica de ellos, será reputado para todos los efectos como emancipado. Quienes dieron este beneplácito podrán revocarlo.
Artículo 33. Efectos de la emancipación.
1. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero necesitará la asistencia que previene el artículo 23 y, en su defecto, la de su curador para:
a) Realizar los actos enumerados en el artículo 15.
b) Repudiar atribuciones gratuitas.
c) Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase.
2. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
CAPÍTULO II
Incapacidad e incapacitación
Sección primera. La persona incapaz y la incapacitada
Artículo 34. Presunción de capacidad.
1. La capacidad de la persona que ha cumplido los catorce años y no ha sido incapacitada se presume siempre.
2. Se presume también su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario.
Artículo 35. Intromisión en los derechos de la personalidad.
Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del mayor de edad no incapacitado que no esté en condiciones de decidirla por sí mismo requiere el consentimiento del cónyuge no separado judicialmente o de hecho o, en su defecto, del pariente más próximo o allegado que se ocupe de él. A falta de tales personas resolverá el Juez lo que estime más conveniente para este.
Artículo 36. Internamiento.
Para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial o en un centro residencial que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial. Nadie podrá ser obligado a permanecer internado, salvo si media autorización judicial en tal sentido.
Artículo 37. Invalidez de los actos de la persona no incapacitada.
1. El acto de la persona mayor de catorce años no incapacitada que en el momento de su celebración carezca de la suficiente aptitud para entenderlo y quererlo será inválido.
2. El acto será anulable, mientras no sea confirmado por quienes puedan anularlo:
a) A petición del representante legal si llegara a haberlo, hasta que el interesado pueda anularlo por sí mismo.
b) A petición del propio interesado, en su caso con la debida asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que hubiera recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.
3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.
Artículo 38. Incapacitación.
1. Nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinará la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de protección a que haya de quedar sometido el incapacitado.
2. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
3. La prodigalidad no tendrá otro efecto que el de ser causa de incapacitación cuando reúna los requisitos del apartado anterior.
4. El menor de edad podrá ser incapacitado cuando concurra en él causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
Artículo 39. Capacidad del incapacitado.
A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitación o en la ley para casos concretos, se aplicarán, con las necesarias adaptaciones, al incapacitado menor de edad, así como al mayor sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas sobre capacidad del menor que no ha cumplido los catorce años y al sujeto a curatela las del menor que los ha cumplido ya.
Artículo 40. Patrimonio especial de las personas con discapacidad.
1. La regulación del patrimonio protegido de las personas con discapacidad será de aplicación preferente a lo dispuesto en este Capítulo y en el Título III de este Libro sobre los efectos de la incapacitación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, también podrán constituir un patrimonio protegido las otras personas con autoridad familiar.
3. Asimismo, cuando el constituyente del patrimonio protegido no sea el propio benefiario del mismo, para su administración será necesaria autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a lo dispuesto en este Libro. La autorización no será necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.
Sección 2.ª Prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda
Artículo 41. Prórroga.
La autoridad familiar o tutela a que estuviera sometido el menor de edad que hubiera sido incapacitado quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquel a la mayor edad.
Artículo 42. Rehabilitación.
Si el hijo soltero mayor de edad que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, a falta de previsiones sobre autotutela, se rehabilitará por ministerio de la ley la autoridad familiar, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.
Artículo 43. Excepción a la prórroga o rehabilitación.
El Juez, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, atendidos el grado de deficiencia del incapacitado y la edad o situación personal y social de las personas a quienes correspondería ejercer la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada, puede en su lugar acordar la constitución de la tutela o curatela.
Artículo 44. Régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada.
La potestad de guarda prorrogada o rehabilitada se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la sentencia de incapacitación y, subsidiariamente, conforme a las reglas de la autoridad familiar o la tutela.
Artículo 45. Extinción de la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada.
Además de por las causas generales que resulten de aplicación, la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada se extingue:
a) Por haberse dictado sentencia que deje sin efecto la incapacitación.
b) Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
c) Por declaración judicial, basada en la dificultad grave de los titulares para el adecuado cumplimiento de su función, atendidos su edad o situación personal y social y el grado de defiencia del incapacitado.
CAPÍTULO III
La ausencia
Artículo 46. Defensor del desaparecido.
Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, el nombramiento por el Juez de defensor, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave, deberá recaer, por este orden, y salvo motivo grave apreciado por el propio Juez, en:
a) El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho o el otro miembro de la pareja estable no casada.
b) El heredero contractual del desaparecido.
c) El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado, que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la cuantía de su porción hereditaria y la proximidad con el desaparecido.
d) La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, oído el Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez, atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.
Artículo 47. Desaparición de cónyuge.
En caso de desaparición de uno de los cónyuges, son de aplicación a la gestión de los bienes del consorcio conyugal los artículos 234 y 240.
Artículo 48. Legitimación.
1. Tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de preferencia:
a) El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
b) El heredero contractual del desaparecido.
c) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
2. Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.
Artículo 49. Representante del declarado ausente.
Salvo motivo grave apreciado por el Juez, nombrará este como persona encargada de la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones a las mismas personas enumeradas en el artículo 46 y por el mismo orden.
Artículo 50. Obligaciones del representante.
1. El representante del declarado ausente quedará sujeto a las obligaciones siguientes:
a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
b) Prestar la garantía que el Juez, atendidas las circunstancias, pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
c) Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
d) Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente.
2. Serán aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.
Artículo 51. Facultades y derechos del representante.
1. Los representantes del declarado ausente disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos cuando el Juez lo decida y en la cuantía que señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole.
2. Los representantes del declarado ausente necesitarán autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que la precisa el tutor.
Artículo 52. Derechos de terceros.
Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda.
Artículo 53. Ausencia y economía del matrimonio.
1. La gestión del patrimonio consorcial del declarado ausente se rige por lo dispuesto en el artículo 242.
2. El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su cónyuge se rigen por lo dispuesto en la regulación del derecho de viudedad durante el matrimonio.
Artículo 54. Ausencia y usufructo de viudedad.
1. Fallecido el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los sucesores de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados, pero deberán hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo vidual del ausente.
2. Si apareciere el ausente, tendrá derecho desde ese momento al usufructo vidual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Dicho derecho, conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 280 y en el apartado 2 del artículo 283, no se extenderá a los bienes enajenados por su cónyuge vigente la declaración de ausencia, ni a los que hubieran enajenado a título oneroso sus herederos antes de la aparición.
3. Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la apertura de la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales dejará a salvo el derecho de usufructo vidual a favor del cónyuge de dicho ausente.
Artículo 55. Llamamiento sucesorio a favor del ausente.
1. Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de éste deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales reservarán hasta la declaración de fallecimiento.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción.
3. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que reciban los que han resultado herederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este artículo.
TÍTULO II
De las relaciones entre ascendientes y descendientes
CAPÍTULO PRIMERO
Efectos de la filiación
Artículo 56. Principio de igualdad.
La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.
Artículo 57. Apellidos del hijo.
1. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
2. El hijo, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, que se altere el orden de los apellidos.
Artículo 58. Deberes de padres e hijos.
1. Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia.
2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.
Artículo 59. Padres con hijos menores.
Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con el hijo menor, tienen el derecho y la obligación de:
a) Velar por él.
b) Visitarlo y relacionarse con él.
c) Informarse recíprocamente, aun cuando vivan separados, acerca de la situación personal del hijo.
Artículo 60. Relación personal del hijo menor.
1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja.
2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.
3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan separados.
Artículo 61. Eficacia limitada de la filiación.
1. Quedará excluido de la autoridad familiar y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el padre:
a) Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme.
b) Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.
2. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del padre en cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años, o, con anterioridad, su representante legal.
3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que cumpla los catorce años, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia.
4. El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en los artículos 58 y 59.
Artículo 62. Gastos de maternidad.
El padre, aunque no esté casado o no conviva con la madre del hijo, está obligado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y parto, así como a prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre los parientes de esta, durante el período de embarazo y el primer año de vida del hijo si la madre se ocupa de él.
CAPÍTULO II
Deber de crianza y autoridad familiar
Sección primera. Principios generales
Artículo 63. Titularidad.
1. El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres.
2. Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los casos legalmente previstos.
Artículo 64. Caracteres de la autoridad familiar.
La autoridad familiar es una función inexcusable que se ejerce personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés del hijo.
Artículo 65. Contenido.
1. La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes y derechos:
a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar o el de la persona o institución a que haya sido confiado, ni ser retirado de él por otras personas.
b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades.
c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años.
d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que atenten contra sus derechos.
2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos.
Artículo 66. Contribución personal del hijo.
Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de colaborar en las tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad y de su condición vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recompensa.
Artículo 67. Contribución económica.
1. Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del trabajo e industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo podrán destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente, otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios, pueden destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, según la situación económica de la familia, resulte equitativa.
2. En uso de su facultad, los padres pueden pedir la entrega de los frutos o la enajenación de los bienes de los hijos que ellos no administren.
3. La utilización para esos fines de frutos de bienes o bienes que correspondan al hijo por donación o sucesión no puede ser excluida por el donante o causante.
Artículo 68. Contribución cuando la autoridad familiar corresponda a otras personas.
Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los que viva el hijo pueden destinar los productos del trabajo o industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación. Para ello podrán pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo. Esta facultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del hijo.
Artículo 69. Gastos de los hijos mayores o emancipados.
1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.
2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.
Artículo 70. Convivencia con hijos mayores de edad.
La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación.
Sección 2.ª Ejercicio de la autoridad familiar por los padres
Artículo 71. Ejercicio por ambos padres.
1. Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuarán según lo que lícitamente hayan pactado en documento público. En defecto de previsión legal o pacto actuarán, conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares.
2. Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en correcto ejercicio de sus facultades.
Artículo 72. Ejercicio exclusivo por uno de los padres.
El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción de la autoridad familiar del otro, y también cuando así se haya resuelto judicialmente.
Artículo 73. Padre menor no emancipado o incapacitado.
1. El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercerá la autoridad familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o la de un defensor judicial.
2. El mismo criterio se aplicará al incapacitado si la sentencia no ha suspendido el ejercicio de su autoridad familiar.
Artículo 74. Divergencias entre los padres.
1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo mas favorable al interés del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.
2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atribuirlo total o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije.
Sección 3.ª Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo
Subsección primera. Disposiciones generales
Artículo 75. Objeto y finalidad.
1. La presente Sección tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los supuestos de separación, nulidad y divorcio y los procesos que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores.
2. La finalidad de esta Sección es promover, en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, unas relaciones continuadas de éstos con sus hijos, mediante una participación responsable, compartida e igualitaria de ambos en su crianza y educación en el ejercicio de su autoridad familiar. Asimismo, pretende que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre los padres a través de la mediación familiar, contemplada en esta Sección.
Artículo 76. Derechos y principios.
1. La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar.
2. Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.
3. En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se respetarán los siguientes derechos:
a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar.
b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la igualdad en sus relaciones familiares.
4. El derecho del hijo menor a ser oído antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona, se rige por lo dispuesto en el artículo 6.
5. Los anteriores derechos se armonizarán de acuerdo con los principios de libertad de pacto, de información recíproca y de lealtad en beneficio del menor.
Subsección 2ª. El pacto de relaciones familiares
Artículo 77. El pacto de relaciones familiares.
1. Los padres podrán otorgar un pacto de relaciones familiares como consecuencia de la ruptura de su convivencia, en el que fijarán los términos de sus nuevas relaciones familiares con los hijos.
2. El pacto de relaciones familiares deberá concretar, como mínimo, los acuerdos sobre los siguientes extremos relacionados con la vida familiar:
a) El régimen de convivencia o de visitas con los hijos.
b) El régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
c) El destino de la vivienda y el ajuar familiar.
d) La participación con la que cada progenitor contribuya a sufragar los gastos ordinarios de los hijos, incluidos en su caso los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan recursos económicos propios, la forma de pago, los criterios de actualización y, en su caso, las garantías de pago. También se fijarán la previsión de gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los mismos.
e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial.
f) La asignación familiar compensatoria, en su caso, que podrá determinarse en forma de pensión, entrega de capital o bienes, así como la duración de la misma.
3. La modificación o extinción del pacto de relaciones familiares se podrán llevar a cabo en los siguientes supuestos:
a) Por mutuo acuerdo de los padres.
b) En virtud de las causas que consten en el propio pacto de relaciones familiares.
c) A petición de uno de los padres al sobrevenir circunstancias relevantes.
d) Por iniciativa del Ministerio Fiscal, en su función de protección de los derechos de los menores e incapacitados.
e) Por privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar a uno de los padres sobrevenida al pacto de relaciones familiares.
f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.
4. El pacto de relaciones familiares y sus modificaciones producirán efectos cuando sean aprobados por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y principios recogidos en el artículo anterior.
5. El Juez aprobará el pacto de relaciones familiares, salvo en aquellos aspectos que sean contrarios a normas imperativas o cuando no quede suficientemente preservado el interés de los hijos. Si el pacto de relaciones familiares no fuera aprobado en todo o en parte, se concederá a los progenitores un plazo para que propongan uno nuevo, limitado, en su caso, a los aspectos que no hayan sido aprobados por el Juez. Presentado el nuevo pacto, o transcurrido el plazo concedido sin haberlo hecho, el Juez resolverá lo procedente.
6. Cuando del régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas se deriven derechos y obligaciones para éstos, el Juez deberá darles audiencia antes de su aprobación.
Subsección 3.ª Mediación familiar
Artículo 78. Mediación familiar.
1. Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.
2. En caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y designar para ello un mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.
3. Iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.
4. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar deberán ser aprobados por el Juez, en los términos establecidos en el artículo anterior para el pacto de relaciones familiares.
5. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 80.
Subsección 4.ª Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares
Artículo 79. Medidas judiciales.
1. A falta de pacto entre los padres, el Juez determinará las medidas que deberán regir las relaciones familiares tras la ruptura de su convivencia, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los artículos siguientes.
2. El Juez, de oficio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier pariente o persona interesada o del Ministerio Fiscal, dictará las medidas necesarias a fin de:
a) Garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
b) Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas.
c) Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda y custodia.
3. El Juez podrá disponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
4. El incumplimiento grave o reiterado de las medidas aprobadas judicialmente podrá dar lugar a su modificación o a la exigencia de su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en las normas de ejecución judicial.
5. Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. En particular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia Sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida.
Artículo 80. Guarda y custodia de los hijos.
1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo de ellos.
En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad.
En los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar.
2. El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:
a) La edad de los hijos.
b) El arraigo social y familiar de los hijos.
c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.
d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos.
e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.
f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.
3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores.
4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos.
5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor.
6. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.
Artículo 81. Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.
1. En los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares.
2. Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.
3. La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia.
4. Cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares.
5. El ajuar familiar permanecerá en el domicilio familiar salvo que se solicite en el plan de relaciones familiares la retirada de bienes privativos. En el caso de que ninguno de los padres continúe en el domicilio familiar se decidirá la entrega de los bienes entre los mismos según las relaciones jurídicas que les sean aplicables.
Artículo 82. Gastos de asistencia a los hijos.
1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.
2. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres.
3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia, y si es necesario fijará un pago periódico entre los mismos.
4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto.
Artículo 83. La asignación compensatoria.
1. El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria.
2. La cuantía y la naturaleza temporal o indefinida de la asignación serán determinadas por el Juez mediante la ponderación equitativa de los siguientes criterios:
a) Los recursos económicos de los padres.
b) La edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.
c) La edad de los hijos.
d) La atribución del uso de la vivienda familiar.
e) Las funciones familiares desempeñadas por los padres.
f) La duración de la convivencia.
3. La asignación compensatoria podrá tener cualquier contenido patrimonial, periódico o de única entrega, siempre que permita el cumplimiento de su finalidad.
4. La asignación compensatoria se revisará en los casos de variación sustancial de la situación económica del perceptor o del pagador.
5. La asignación compensatoria se extinguirá en los supuestos de nueva convivencia marital del perceptor, alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó, la muerte del perceptor, cumplimiento del plazo de duración, así como por el incumplimiento de su finalidad.
Subsección 5.ª Medidas provisionales
Artículo 84. Medidas provisionales.
En los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, el Juez, a petición del padre, madre, hijos a cargo mayores de catorce años o del Ministerio fiscal en su función legal de protección de los hijos menores e incapacitados, podrá acordar la adopción de medidas provisionales sobre las relaciones familiares de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Sección.
Sección 4.ª Autoridad familiar de otras personas
Artículo 85. Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.
1. El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad.
2. Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge podrá continuar teniendo en su compañía a los hijos menores de aquel y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
Artículo 86. Autoridad familiar de los abuelos.
1. Fallecidos los padres, si no se hace aplicación de lo previsto en el artículo anterior, o cuando de hecho aquellos no atiendan a sus hijos menores, los abuelos podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
2. Tendrán preferencia los abuelos de la rama con los que mejor relación tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan separados, la preferencia corresponderá al que de ellos más se ocupe del nieto y, en última instancia, al de menor edad.
Artículo 87. Autoridad familiar de los hermanos mayores.
1. En los mismos supuestos del artículo anterior, a falta de abuelos que se hagan cargo de la crianza y educación de los nietos, podrá hacerlo uno de sus hermanos mayor de edad, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
2. Tendrá preferencia el hermano que mejor relación tenga con el menor y, en última instancia, el de mayor edad.
Artículo 88. Régimen.
1. La autoridad familiar prevista en los artículos anteriores se asume de forma automática al hacerse cargo voluntariamente de la crianza y educación del menor.
2. Se estará al orden y al contenido señalados por la ley, salvo que, fallecidos los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su autoridad familiar hubiera establecido otra cosa en instrumento público.
3. Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento del oficio de criar y educar al menor, comprende, en el ámbito personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y no se extiende a la gestión de los bienes del menor.
4. Si no viven los padres, solo por motivos de mal trato o incumplimiento de dicha función podrá ser separado el menor del titular o titulares de esta autoridad.
5. La autoridad familiar de otras personas se podrá hacer constar en el Registro Civil.
Artículo 89. Divergencias.
1. En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cualquiera de los interesados en ella puede solicitar al Juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin.
2. La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma de ejercicio, oirá a los interesados y al menor que reúna los requisitos del artículo 6, y, teniendo en cuenta la previsión expresada al respecto si la hubiera, decidirá siempre en interés del menor; si el interés del menor lo requiere, promoverá otro régimen de guarda o protección.
3. Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar se resolverán según lo previsto para los padres.
Sección 5.ª Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar
Artículo 90. Privación.
1. En interés del hijo, cualquiera de los padres podrá ser privado total o parcialmente de la autoridad familiar por sentencia firme fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
2. Los Tribunales podrán, en interés del hijo, acordar la recuperación de la autoridad familiar cuando hubiere cesado la causa que motivó su privación.
3. Este precepto será aplicable a la autoridad familiar de otras personas.
Artículo 91. Suspensión.
1. La autoridad familiar quedará en suspenso, en su caso solo para el titular afectado, mientras dure:
a) La tutela automática de la entidad pública.
b) La declaración de fallecimiento o ausencia del titular o titulares, o de alguno de ellos, así como la declaración de fallecimiento del hijo.
c) La incapacitación del titular o titulares, o de alguno de ellos, a no ser que la sentencia haya dispuesto de otro modo.
d) La imposibilidad de ejercerla declarada en resolución judicial.
2. La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas no conlleva la suspensión de la de los padres.
Artículo 92. Consecuencias de la privación o suspensión.
1. La privación o suspensión de la autoridad familiar no suprime las obligaciones de los padres establecidas en los artículos 58 y 59.
2. Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno solo de los titulares, continúa ejerciéndola el otro conforme al artículo 72.
3. La resolución judicial que establezca la privación o suspensión de la autoridad familiar a ambos titulares, o al único titular de ella, determinará el régimen de guarda o protección, y nombrará a la persona o personas que hayan de cumplir estas funciones. Si la resolución estableciera la autoridad familiar de otras personas, proveerá también sobre la administración y disposición de los bienes del menor.
Artículo 93. Extinción.
1. La autoridad familiar se acaba:
a) Por la muerte de los titulares o del hijo.
b) Por la emancipación o mayoría de edad del hijo.
2. En caso de adopción del hijo se extingue la autoridad de los padres anteriores, salvo si subsisten los vínculos jurídicos con alguno de ellos.
CAPÍTULO III
Gestión de los bienes de los hijos
Artículo 94. Ejercicio de la gestión paterna.
1. Cuando corresponda a los padres la gestión de los bienes del hijo, incluida la disposición hasta que este tenga catorce años, ejercerán esta función conforme a lo dispuesto para la autoridad familiar; en su caso cumplirán lo ordenado válidamente por la persona de quien procedan los bienes por donación o sucesión.
2. Se exceptúan de la gestión paterna:
a) Los bienes que el hijo adquiera por sucesión en la que uno de los padres o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados indignos de suceder.
b) Los bienes dejados en título sucesorio o donados al hijo con exclusión de la administración de los padres.
3. Los bienes del apartado 2 serán gestionados, si nada ha ordenado el causante o donante, por el otro padre, o, si los dos están afectados, por un tutor real nombrado por el Juez.
Artículo 95. Obligaciones.
1. Los padres gestionarán los bienes del hijo con la misma diligencia que los suyos propios, cumplirán las obligaciones generales de todo administrador e inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.
2. Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gestión al cesar en ella. Solo tendrán que formalizar inventario o prestar fianza cuando existan fundados motivos para ello.
Artículo 96. Responsabilidad.
1. Si en el ejercicio de la gestión se causa daño al patrimonio del hijo por dolo o culpa grave, responderán los padres o el que de ellos tenga atribuida en exclusiva la administración.
2. La responsabilidad será solidaria salvo si uno acredita no haber podido evitar el daño, en cuyo caso quedará exonerado de responsabilidad.
3. El padre que no haya intervenido en la gestión causante del daño podrá repetir del otro la totalidad de lo pagado.
4. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde que finalice su administración.
Artículo 97. Derechos.
Los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la gestión, pero será a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los gastos soportados, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos sin su culpa que no pueda obtenerse de otro modo.
Artículo 98. Puesta en peligro del patrimonio del hijo.
Cuando la gestión de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la gestión, o incluso nombrar un tutor real.
Artículo 99. Obligaciones al finalizar la administración.
1. Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración deben restituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro caso, a quien corresponda la administración. Los gastos de restitución son a cargo del hijo. En caso de muerte del hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los padres deben continuar atendiendo los negocios de este para evitar perjuicios a los herederos.
2. Al cesar la administración de los padres o de alguno de ellos, podrán exigirles la rendición de cuentas de su administración:
a) El hijo mayor de edad o emancipado.
b) El hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o aquel a quien corresponda la administración de sus bienes.
c) El representante legal del hijo menor de catorce años.
La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.
3. Solicitada la rendición de cuentas, deberá realizarse en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la reclamación. Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres meses como máximo.
4. El que no haya cumplido dieciocho años necesita, para aprobar las cuentas de administración de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de la misma, la asistencia de la Junta de Parientes o autorización judicial.
TÍTULO III
De las relaciones tutelares
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 100. Instituciones tutelares.
1. La guarda y protección de la persona y bienes o solo de la persona o de los bienes del menor o incapacitado se realizará, en los supuestos previstos en la ley, mediante:
a) La tutela.
b) La curatela.
c) El defensor judicial.
2. A la guarda y protección pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela.
Artículo 101. Caracteres.
1. La aceptación y el ejercicio de las funciones tutelares constituyen un deber del que solo cabe excusarse en los supuestos legalmente previstos.
2. Las funciones tutelares se ejercen personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés de la persona protegida.
3. Las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido expresamente una remuneración.
Artículo 102. Modos de delación.
1. Las funciones tutelares se defieren por:
a) Disposición voluntaria en instrumento público.
b) Resolución judicial.
c) Disposición de la ley en caso de desamparo de menores o incapacitados.
2. La delación dativa es subsidiaria y complementaria de la voluntaria.
Artículo 103. Nombramiento, vigilancia y control.
1. La Autoridad judicial nombrará y dará posesión del cargo tutelar a la persona designada.
2. El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la institución tutelar, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, en interés de la persona protegida.
3. El Juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir en cualquier momento del titular del cargo que les informe sobre la situación de la persona protegida o del estado de la administración patrimonial, según proceda. También podrán exigirle una información periódica.
4. Las funciones tutelares se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.
5. Las resoluciones judiciales o administrativas sobre instituciones tutelares, incluida la curatela y la guarda administrativa, habrán de inscribirse en el Registro Civil. Dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones.
Artículo 104. Gastos, daños y perjuicios.
1. Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la función tutelar, incluidos en su caso los de realización del inventario, prestación de fianza y medidas de vigilancia y control, son a cargo del patrimonio de la persona protegida contra la que tendrá derecho de reembolso.
2. La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.
Artículo 105. Remuneración.
1. El derecho a remuneración por el desempeño de una función tutelar, así como la cuantía y forma de percibirla, podrán ser establecidos, siempre que el patrimonio de la persona protegida lo permita y sin exceder del veinte por ciento de su rendimiento líquido, en la delación voluntaria. En otro caso, podrán hacerlo en todo momento la Junta de Parientes o el Juez, en atención a la dedicación que suponga el ejercicio de la función tutelar.
2. La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrán modificar en cualquier momento la remuneración prevista si han cambiado las circunstancias de la institución tutelar.
3. El ejercicio de la función tutelar por las personas jurídicas públicas será siempre gratuito.
Artículo 106. Responsabilidad.
1. Todo el que intervenga en funciones tutelares responderá de los daños que su actuación cause a la persona protegida por acción u omisión en la que intervenga culpa o negligencia.
2. La acción para reclamar esta responsabilidad del cargo tutelar prescribe a los tres años contados desde el cese en el cargo o, en su caso, desde la rendición final de cuentas.
Artículo 107. Administración voluntaria.
1. El que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o incapacitado, puede establecer reglas de gestión, así como nombrar o excluir al administrador. Las funciones no conferidas al administrador, incluida la prestación de la debida asistencia, corresponden a los padres o al tutor.
2. El nombramiento del administrador no será eficaz sino desde la adquisición de la donación, herencia o legado.
3. El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorización de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes.
4. Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el administrador, a falta de sustituto voluntario, administrarán los padres o el tutor salvo si resultare con claridad que fue otra la voluntad del disponente. En este caso se nombrará un tutor real.
CAPÍTULO II
Delación
Sección primera. Delación voluntaria
Artículo 108. Delación hecha por uno mismo.
1. Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá, en escritura pública, designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y sus sustitutos, excluir a determinadas personas o dispensar causas de inhabilidad, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona o bienes. Podrá también establecer órganos de fiscalización, así como designar a las personas que hayan de integrarlos, sin perjuicio de la vigilancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal.
2. La entidad pública competente en materia de protección de menores o incapacitados no podrá ser objeto de designación o exclusión voluntaria.
Artículo 109. Mandato que no se extingue por la incapacidad o incapacitación.
Igualmente, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente podrá, en escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitación.
Artículo 110. Delación hecha por titulares de la autoridad familiar.
1. Las mismas disposiciones, excepto el otorgamiento de mandato, podrán adoptar en instrumento público notarial, sea o no testamento, los titulares del ejercicio de la autoridad familiar, incluso prorrogada o rehabilitada, respecto de la persona o bienes de los menores o incapacitados que sigan bajo su autoridad cuando llegue el día en el que ya no puedan ocuparse de ellos.
2. La delación testamentaria será eficaz al fallecimiento del testador salvo que entonces se hallara privado por su culpa del ejercicio de la autoridad familiar; la hecha en escritura pública, lo será además en caso de que el disponente sea incapacitado o por otra causa no culpable no pueda desempeñar él mismo el cargo tutelar.
Artículo 111. Publicidad.
Los documentos públicos a los que se refieren los artículos anteriores se comunicarán de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.
Artículo 112. Pluralidad de designados.
En la delación voluntaria se puede designar titular del cargo tutelar o sustituto del mismo a una o dos personas para que actúen conjunta o solidariamente. Además, se puede encomendar la administración de los bienes a otras personas.
Artículo 113. Delaciones incompatibles.
1. En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma persona, prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.
2. Cuando existieren disposiciones de varios titulares de la autoridad familiar, se aplicarán unas y otras conjuntamente, en cuanto fueren compatibles. De no serlo, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez adoptarán las que consideren más convenientes para el menor o incapacitado.
3. Si los titulares de la autoridad familiar hubiesen designado distintas personas para el ejercicio de los cargos tutelares, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez elegirán al designado o designados por uno de ellos. A los no elegidos como tutores de la persona por la Junta o el Juez, corresponde la administración y disposición de los bienes que quien les designó haya atribuido por donación, herencia o legado al menor o incapacitado.
Artículo 114. Vinculación de la delación voluntaria.
1. Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones propias de la delación voluntaria, incluida en su caso la elección efectuada por la Junta de Parientes, vincularán al Juez al constituir la institución tutelar, salvo que, de oficio o a instancia de las personas mencionadas en el artículo 116 o del Ministerio Fiscal, y siempre mediante decisión motivada, considere que, por alteración sustancial de las circunstancias, el interés del menor o incapacitado exige otra cosa.
2. El Juez, en resolución motivada, podrá declarar extinguido el mandato a que se re ere el artículo 109, tanto al constituir la institución tutelar, como posteriormente a instancia del tutor o curador.
Sección 2.ª Delación dativa
Artículo 115. Supletoriedad.
En defecto, total o parcial, de delación voluntaria válida y eficaz, corresponde a la autoridad judicial determinar o completar la institución tutelar y, en su caso, designar a su titular.
Artículo 116. Preferencia.
1. Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez preferirá:
a) Al cónyuge del incapacitado que conviva con este o al otro miembro de la pareja estable no casada.
b) A los descendientes mayores de edad del incapacitado.
c) A los padres.
d) A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden señalado por este Libro para el ejercicio de la autoridad familiar.
e) Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de bienes en favor del menor o incapacitado.
f) A la persona que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, considere más idónea.
g) A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última instancia la entidad pública a la que esté encomendada la protección de menores o incapacitados.
2. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del apartado anterior si el interés del menor o incapacitado así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor o curador.
Artículo 117. Tutela de varios hermanos.
Si hubiere que designar tutor, curador o defensor judicial para varios hermanos de doble vínculo, el Juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma persona.
Sección 3.ª Delación legal
Artículo 118. Desamparo.
1. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores o incapacitados, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
2. La situación de desamparo se interpretará de forma restrictiva. La mera situación de riesgo no constituye desamparo.
Artículo 119. Asunción de funciones tutelares.
Corresponde a la entidad pública a la que en Aragón esté encomendada la protección de menores e incapacitados apreciar la situación de desamparo mediante resolución motivada, que supondrá la asunción automática por la entidad pública de las funciones tutelares y la suspensión de la autoridad familiar o tutela ordinaria. Si la situación de desamparo se debe a fuerza mayor de carácter transitorio, la entidad pública ejerce solo la guarda mientras se mantenga la situación.
Artículo 120. Comunicaciones.
La resolución de desamparo se comunicará al Ministerio Fiscal y se notificará en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.
Artículo 121. Oposición.
Contra la resolución de desamparo, así como contra las restantes resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de menores o incapacitados, sin necesidad de reclamación administrativa previa, cabe formular oposición ante la jurisdicción civil, que gozará de una tramitación rápida y preferente, en el plazo y condiciones determinados en la Ley de enjuiciamiento civil.
Artículo 122. Promoción del régimen ordinario.
1. Cuando no sea contrario al interés del menor o incapacitado, la entidad pública procurará su reintegración a quien tenga la autoridad familiar o tutela sobre él.
2. En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, pueden asumir la autoridad familiar o las funciones tutelares con beneficio para este, la entidad pública promoverá que la asuman o que se les nombre cargo tutelar conforme a las reglas ordinarias. A tal efecto podrá ejercitar la acción de privación de la autoridad familiar o de remoción del cargo tutelar.
CAPÍTULO III
Capacidad, excusa y remoción
Artículo 123. Capacidad de las personas físicas.
Podrá ser titular de funciones tutelares toda persona mayor de edad que, encontrándose en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no incurra en causa de inhabilidad.
Artículo 124. Capacidad de las personas jurídicas.
También podrá ser titular de funciones tutelares la persona jurídica que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores o incapacitados, siempre que no incurra en causa de inhabilidad.
Artículo 125. Causas de inhabilidad.
1. No pueden ser titulares de funciones tutelares:
a) Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el ejercicio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial o administrativa.
b) Las legalmente removidas de un cargo tutelar anterior.
c) Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.
d) Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.
e) Las personas en quien concurra imposibilidad absoluta de hecho.
f) Las que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida.
g) Las personas que por su conducta puedan perjudicar a la formación de la persona protegida o que no dispongan de medios de vida conocidos.
h) Las que tengan importantes conflictos de intereses con la persona protegida, mantengan con ella pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o las que le adeuden sumas de consideración.
i) Las personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un proceso concursal, mientras dure la inhabilitación.
2. Las causas de inhabilidad de las letras d), g), h) e i) del apartado anterior podrán ser objeto de dispensa, expresa o tácita, en la delación voluntaria.
Artículo 126. Excusa.
1. Tanto el desempeño inicial de las funciones tutelares como la continuación en su ejercicio serán excusables cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase con la persona protegida o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo o su continuación.
2. Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el inicio o continuación del adecuado desempeño del cargo.
3. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá alegarla en cualquier momento, siempre que hubiera persona adecuada para sustituirle.
Artículo 127. Causas de remoción.
1. Será removido del cargo tutelar el que después de tomar posesión incurra en causa legal de inhabilidad, o se conduzca mal en el desempeño de la función tutelar, por incumplimiento de los deberes propios de la misma o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surjan problemas de convivencia graves y continuados.
2. Además, la persona jurídica será removida del cargo tutelar cuando deje de reunir los requisitos del artículo 124.
Artículo 128. Procedimiento de remoción.
El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o incapacitado o de otra persona interesada, decretará la remoción del cargo tutelar, previa audiencia de este si, citado, compareciese.
Artículo 129. Efectos de la excusa o remoción.
1. Durante la tramitación del procedimiento de excusa sobrevenida o de remoción, podrá el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al titular del cargo tutelar y nombrar a la persona protegida un defensor judicial.
2. La resolución judicial que admita la excusa u ordene la remoción debe contener la designación de un nuevo titular, que solo podrá ocupar el cargo cuando la resolución sea firme.
3. En el procedimiento que corresponda, el Juez podrá acordar, atendidas la voluntad del disponente y las circunstancias del caso, que la aceptación de la excusa o la remoción conlleven la pérdida, total o parcial, de aquello que se haya dejado en consideración al nombramiento.
CAPÍTULO IV
La tutela
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 130. Personas sujetas a tutela.
1. Estarán sujetos a tutela ordinaria:
a) Los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad familiar. En caso de autoridad familiar de otras personas se nombrará tutor de los bienes que carezcan de administrador.
b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique lo hayan establecido.
c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la curatela.
2. Los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo estarán sujetos a tutela automática, salvo cuando la entidad pública haya asumido solo la guarda.
Artículo 131. Promoción de la tutela ordinaria.
1. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela o curatela quienes soliciten la incapacitación de una persona. También, desde el momento en que conocieren el hecho que motiva la tutela, los llamados a ella por delación voluntaria y los mencionados en las cinco primeras letras del apartado 1 del artículo 116, así como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y, si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.
3. Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela.
Artículo 132. Tutela provisional.
Cuando se tenga conocimiento de que una persona puede ser sometida a tutela, y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.
Artículo 133. Constitución de la tutela ordinaria.
1. El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de las personas obligadas a promoverla y de las demás que considere oportuno.
2. Antes de la constitución, y especialmente en los procedimientos de incapacitación, el Juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de Última Voluntad, a efectos de comprobar la existencia de disposiciones sobre delación voluntaria de la tutela.
Artículo 134. Número de tutores.
La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:
a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
b) Cuando en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores para actuar simultáneamente.
c) Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o maternos, así como a una persona casada si el Juez considera conveniente que su cónyuge, mientras lo sea, también la ejerza.
Artículo 135. Tutela y administración.
El tutor es el administrador legal de los bienes del tutelado. No obstante, la administración podrá corresponder, en todo o en parte, a otras personas:
a) Cuando la persona de quien procedan los bienes por título lucrativo haya designado para ellos un administrador, así como en el supuesto del apartado 3 del artículo 113.
b) Cuando en la delación voluntaria se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
c) Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que conviene separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes. También podrá hacer esta separación con posterioridad en cualquier clase de tutela cuando concurran circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.
Sección 2.ª Contenido y ejercicio
Artículo 136. Contenido personal de la tutela.
1. Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y tienen en cada etapa de su evolución el mismo contenido que la autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en este Título.
2. Las funciones del tutor del incapacitado serán las que señale la sentencia de incapacitación. En su defecto, se considerará que tienen el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años, con las modificaciones previstas en este Título.
Artículo 137. Alimentos.
A falta o por insuficiencia del patrimonio del pupilo, así como de parientes obligados a prestarle alimentos, el tutor debe procurárselos por otras vías y, en última instancia, sufragarlos él mismo.
Artículo 138. Cuidado de la persona del incapacitado.
El tutor del incapacitado no está obligado a tenerle en su compañía, pero debe procurarle la atención especializada que requiera, así como promover la adquisición o recuperación de su capacidad y su mejor inserción en la sociedad.
Artículo 139. Contenido económico.
1. La administración y disposición de los bienes del pupilo tienen el mismo contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad y capacidad, con las modificaciones previstas en este Título.
2. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos del tutelado.
Artículo 140. Fianza.
Antes de darle posesión del cargo, el Juez, si no lo ha hecho ya la Junta de Parientes, podrá exigir a cualquier tutor, salvo si es persona jurídica pública, la constitución de fianza, y determinará la modalidad y cuantía de la misma. El Juez, motivadamente, podrá también exigirla en cualquier momento, así como dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la que se hubiera exigido antes.
Artículo 141. Inventario.
1. El tutor está obligado a hacer inventario notarial o judicial de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en el que hubiese tomado posesión de su cargo. La autoridad judicial podrá prorrogar este plazo en resolución motivada.
2. El inventario judicial se formará con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez estime conveniente. En el notarial intervendrá la Junta de Parientes y el tutor depositará una copia en el Juzgado que haya constituido la tutela.
3. El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tutelado se entenderá que los renuncia.
Artículo 142. Ejercicio de la tutela plural.
1. Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercerá en la forma establecida en la delación y, en su defecto, de modo análogo a la autoridad familiar.
2. El tutor de la persona y el de los bienes, o en su caso el administrador, actuarán independientemente en el ámbito de su competencia.
3. Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona, la tutela subsiste con el otro, a no ser que en la delación se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando cesa un tutor real respecto de los otros que administren los mismos bienes.
Artículo 143. Contribución a las cargas.
1. El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al tutor de la persona los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.
2. Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su contribución a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes, o, en su defecto, el Juez, acordará la proporción en la que según la importancia y rendimiento de los bienes han de contribuir cada uno de ellos, incluido el tutor de la persona que también administre.
Sección 3.ª Extinción de la tutela y rendición final de cuentas
Artículo 144. Extinción.
La tutela se extingue:
a) Por la emancipación.
b) Por la mayoría de edad, a menos que con anterioridad se hubiera incapacitado judicialmente al menor.
c) Por la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la modifique y sustituya la tutela por la curatela.
d) Por la recuperación de la autoridad familiar por quien hubiera sido privado, excluido o suspendido de ella.
e) Por la adopción.
f) Por la determinación de la filiación que conlleve la atribución de la autoridad familiar
g) Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.
Artículo 145. Cuenta general de la gestión.
1. El tutor al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinción de la tutela, deberá rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses desde el cese, prorrogables por períodos de tres meses si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo comienza a contar desde la aceptación de la herencia.
2. La rendición de cuentas puede ser exigida por el tutelado o, en su caso, su representante legal o sus herederos. La acción prescribe a los tres años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
3. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del que estuvo sometido a tutela.
4. A la restitución de los bienes se aplicará el apartado 1 del artículo 99.
5. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la tutela automática de entidad pública.
Artículo 146. Aprobación.
1. Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.
2. La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.
Artículo 147. Devengo de intereses.
1. Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general a favor del tutor devengará interés legal desde que el que estuvo sometido a su tutela o, en su caso, su representante legal o su heredero, sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.
2. Si el saldo es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta.
CAPÍTULO V
La curatela
Artículo 148. Personas sujetas a curatela.
Estarán sujetos a curatela:
a) Los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la asistencia prevenida por la ley fallezcan o queden impedidas para hacerlo.
b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique lo hayan establecido en atención a su grado de discernimiento.
c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la tutela.
Artículo 149. Curatela de emancipados.
La curatela del emancipado, que solo se constituirá a su instancia, no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que aquel no pueda realizar por sí solo.
Artículo 150. Curatela de incapacitados.
1. La sentencia de incapacitación debe determinar los actos para los que el incapacitado necesita la asistencia del curador. Si no dispone otra cosa, se entenderá que la requiere, además de para los actos determinados por la ley, para aquellos en los que la precisa el menor mayor de catorce años.
2. La sentencia podrá conceder al curador la representación para determinados actos de administración o disposición de bienes del incapacitado. También podrá limitar la curatela al ámbito personal.
3. Si el incapacitado hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador quien hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga motivadamente otra cosa.
4. A esta curatela le son de aplicación supletoria, con las necesarias adaptaciones, las normas relativas a la tutela de incapacitados, especialmente en materia de promoción, constitución, contenido personal y extinción.
Artículo 151. Asistencia.
1. La asistencia que debe prestar el curador al sometido a curatela se rige, con las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la asistencia al menor mayor de catorce años.
2. La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto en el artículo 29, pero la acción del sometido a curatela prescribirá a los cuatro años desde que alcance la mayoría de edad o desde que hubiere recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.
Artículo 152. Informe final.
El curador del incapacitado deberá, al cesar en sus funciones, presentar el informe general justificado de su actividad ante la autoridad judicial.
CAPÍTULO VI
El defensor judicial
Artículo 153. Supuestos.
Se nombrará un defensor judicial que represente o asista a quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el menor o incapacitado y quienes le representen o asistan y, conforme a lo previsto en la ley, corresponda intervenir a un defensor judicial.
b) Cuando por cualquier causa los titulares de la autoridad familiar, tutela o curatela no desempeñen sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe por resolución firme otra persona para desempeñarlas.
c) En todos los demás casos previstos en la ley, a los que lo regulado en este Título solo será de aplicación supletoria.
Artículo 154. Nombramiento.
El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o incapacitado o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.
Artículo 155. Régimen.
1. El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá dar cuenta de su gestión una vez concluida.
2. Cuando el acto que ha determinado el nombramiento de defensor judicial requiera autorización judicial previa, esta se entenderá implícita en el nombramiento si el Juez no dispone otra cosa.
CAPÍTULO VII
La guarda de hecho
Artículo 156. Definición.
Guardador de hecho es la persona física o jurídica que, por iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor o incapacitado en situación de desamparo o de una persona que podría ser incapacitada.
Artículo 157. Obligación de notificar el hecho.
El guardador debe poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal.
Artículo 158. Información, control y vigilancia.
1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, le requerirá para que informe de la situación de la persona bajo su guarda y de sus bienes, así como de la actuación del guardador en relación con ambos extremos.
2. La autoridad judicial podrá establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
Artículo 159. Régimen jurídico.
1. La actuación del guardador de hecho en función tutelar debe limitarse a cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de administración de sus bienes que sean necesarios. La realización de estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representación legal.
2. Para justificar la necesidad del acto y la condición de guardador de hecho será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes de la persona protegida.
3. El acto declarado necesario por la Junta de Parientes será válido; los demás serán anulables si no eran necesarios, salvo si han redundado en utilidad de la persona protegida.
CAPÍTULO VIII
La guarda administrativa y el acogimiento
Sección primera. La guarda administrativa
Artículo 160. Supuestos de guarda administrativa.
1. La entidad pública competente tiene la guarda de los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo, así como la de aquellos que se hallen bajo su tutela por delación dativa.
2. Además asumirá la guarda, durante el tiempo necesario:
a) Cuando se lo pidan los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar que, por circunstancias graves y ajenas a su voluntad, no puedan cuidar de los menores o incapacitados a su cargo.
b) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en los que legalmente proceda.
Artículo 161. Guarda a solicitud de padres o tutores.
1. La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor o incapacitado, así como de la forma en la que dicha guarda va a ejercitarse por la Administración.
2. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquellos y al Ministerio Fiscal.
Artículo 162. Medidas de protección.
1. La entidad pública adoptará las medidas de protección proporcionadas a la situación personal del menor o incapacitado, para lo que podrá contar con la colaboración de instituciones habilitadas a tal efecto. Se procurará no separar a los hermanos de doble vínculo.
2. La guarda administrativa se realizará mediante el acogimiento familiar y, subsidiariamente, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública, pero tendrán preferencia los parientes o allegados del menor o incapacitado que resulten idóneos. El acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro donde sea acogido.
3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor o incapacitado y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en acogimiento, aquel o persona interesada podrán solicitar la modificación del acogimiento.
4. Todas las actuaciones en materia de protección de menores o incapacitados se practicarán con la obligada reserva.
Artículo 163. Administración de bienes.
1. La entidad pública tutora es la administradora legal de los bienes de sus pupilos y debe hacer inventario de los mismos.
2. Serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los titulares suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en representación del menor o incapacitado y que sean beneficiosos para él.
3. Al cesar la administración de la entidad pública serán de aplicación, con las necesarias adaptaciones, las obligaciones previstas en el artículo 99.
Artículo 164. Vigilancia del Ministerio Fiscal.
1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o acogimiento de los menores o incapacitados a los que se refiere este capítulo.
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores o incapacitados y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor o incapacitado.
3. El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor o incapacitado, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.
4. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor o incapacitado y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe.
Sección 2.ª El acogimiento familiar
Artículo 165. Contenido y ejercicio.
1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor o incapacitado en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía y alimentarlo, así como educar y procurar una formación integral al menor y promover la adquisición o recuperación de la capacidad del incapacitado y su mejor inserción en la sociedad.
2. Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor o incapacitado, o por responsable del hogar funcional.
Artículo 166. Formalización.
1. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la entidad pública, de las personas acogedoras y del menor mayor de doce años o del incapacitado que tenga suficiente juicio. Cuando fueran conocidos los titulares de la autoridad familiar que no estuvieren privados de ella, o el tutor, será necesario también que presten o hayan prestado su consentimiento.
2. El documento de formalización del acogimiento familiar incluirá los siguientes extremos:
a) Los consentimientos necesarios.
b) Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
c) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
1.º La periodicidad de las visitas por parte de la familia del acogido.
2.º El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros responsables civiles de los daños que sufra el acogido o de los que pueda causar a terceros.
3.º La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.
d) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de colaboración de la familia acogedora al mismo.
e) La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
f) En su caso, que los acogedores actúan con carácter profesionalizado o que el acogimiento se realiza en un hogar funcional.
Artículo 167. Acogimiento acordado por el Juez.
1. Si los titulares de la autoridad familiar o el tutor no consienten o se oponen al acogimiento, este solo podrá ser acordado por el Juez. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos extremos referidos en el apartado 2 del artículo anterior e irá acompañada de los informes que la fundamentan.
2. No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor o incapacitado un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución judicial.
3. La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días.
Artículo 168. Modalidades de acogimiento familiar.
El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:
a) Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor o incapacitado se prevea la reinserción de este en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.
b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor o incapacitado y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al menor o incapacitado. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor o incapacitado.
c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública cuando esta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.
Artículo 169. Cese del acogimiento familiar.
1. El acogimiento del menor o incapacitado cesará:
a) Por decisión judicial.
b) Por decisión de las personas acogedoras, previa comunicación de estas a la entidad pública.
c) A petición del tutor o de los titulares de la autoridad familiar que reclamen su compañía.
d) Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de estos, oídos los acogedores.
2. Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el Juez.
TÍTULO IV
De la Junta de Parientes
Artículo 170. Llamamiento.
1. Si a virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en determinados asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, actuarán aquellos reunidos en Junta.
2. Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los interesados, este deberá constar en documento público.
Artículo 171. Reglas aplicables.
1. La Junta de Parientes se regirá por las disposiciones del llamamiento y, en su defecto o para completarlas, por las reglas contenidas en el presente Título.
2. La fiducia a favor de parientes se regirá, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, por lo dispuesto en su normativa específica y, supletoriamente, por las normas de este Título.
3. Serán de aplicación supletoria a los miembros de la Junta de Parientes, en la medida que su naturaleza lo permita, las normas relativas a los cargos tutelares, especialmente en materia de causas de inhabilidad, excusa, remoción y responsabilidad.
Artículo 172. Composición.
1. Cuando la composición de la Junta no estuviere determinada, la formarán los dos más próximos parientes capaces, mayores de edad y no incursos en causa de inidoneidad, uno por cada línea o grupo familiar. En igualdad de grado, será preferido el de más edad, salvo entre ascendientes, en cuyo caso se preferirá al de menos.
2. La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se formará con un pariente de cada una de ellas.
Artículo 173. Causas de inidoneidad.
Carecen de idoneidad para ser miembros de la Junta:
a) Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en documento público o testamento.
b) Los que tengan un interés personal directo en la decisión a tomar por ella.
c) Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.
d) Los que estén excluidos, privados o suspendidos de la autoridad familiar, así como los excluidos o removidos del cargo tutelar, sobre el menor o incapacitado de cuya Junta se trate.
Artículo 174. Constitución y funcionamiento bajo fe notarial.
Sin necesidad de ninguna formalidad previa, podrá reunirse y acordar válidamente la Junta de Parientes cada vez que, hallándose juntos sus miembros, decidan por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados.
Artículo 175. Constitución judicial y funcionamiento de esta Junta.
1. Cuando en documento público se haya configurado como órgano permanente, así como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe notarial, el Juez del domicilio de la persona o familia de cuya Junta se trate ordenará, a instancia de parte interesada, su constitución en expediente de jurisdicción voluntaria.
2. Si la composición de la Junta no estuviese determinada, el Juez la formará teniendo en cuenta los criterios del artículo 172, pero podrá, motivadamente, apartarse de ellos. De la misma forma, el Juez podrá cubrir las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia, pérdida de idoneidad o incumplimiento de los deberes propios, previa remoción del cargo en los dos últimos supuestos.
3. Una vez constituida, funcionará la Junta en la forma que los vocales decidan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la integran. De los acuerdos se levantará acta, que firmarán todos.
Artículo 176. Asistencia a la reunión.
1. La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse personalmente. Quien falte a la reunión sin causa justificada responderá de los daños y perjuicios.
2. Los gastos legítimos ocasionados por la reunión de la Junta serán de cuenta de aquellos que la motivan.
Artículo 177. Toma de decisiones.
Las decisiones de la Junta serán tomadas mediante deliberación conjunta, conforme al leal saber y entender de los vocales, y con libertad de procedimiento.
Artículo 178. Eficacia de las decisiones.
1. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez.
2. La decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, incluso si este hubiera podido intervenir en él de forma alternativa o subsidiaria.
3. La decisión de la Junta de Parientes que resuelva una controversia sometida a su juicio por acuerdo de las partes tendrá, si no han pactado otra cosa, la fuerza de obligar de un contrato.
4. Lo decidido podrá ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez cuando con posterioridad ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión.
Artículo 179. Invalidez de las decisiones.
1. A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicará la regulación de los contratos en el Código civil.
2. Los defectos formales en la constitución o funcionamiento de aquella, que no sean de mero trámite, acarrearán la nulidad absoluta de sus acuerdos.
Artículo 180. Cauce procesal.
Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado a los demandados y, cuando proceda, al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo previsto en el artículo 405 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Artículo 181. Falta de acuerdo de la Junta.
En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de Parientes, si solicitada su intervención transcurre un mes sin haber obtenido acuerdo, se podrá optar por acudir a la decisión judicial o, en su caso, al nombramiento de un defensor judicial.
Artículo 182. Llamamiento de no parientes.
Cuando por acto jurídico fueran llamadas personas determinadas o determinables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, serán aplicables en lo pertinente las normas de este Título.
LIBRO SEGUNDO
DERECHO DE LA FAMILIA
TÍTULO PRIMERO
Efectos generales del matrimonio
Artículo 183. Comunidad de vida.
1. El matrimonio constituye una comunidad de vida entre los cónyuges en la que ambos son iguales en derechos y obligaciones.
2. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente, vivir juntos, guardarse fidelidad y actuar en interés de la familia.
Artículo 184. Domicilio familiar.
1. Los cónyuges determinan de común acuerdo el domicilio familiar.
2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia.
3. En caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el domicilio familiar, cualquiera de ellos puede solicitar al Juez su determinación, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.
Artículo 185. Principio de libertad de regulación.
1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después de contraer el matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio standum est chartae.
2. Las normas de los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194 son imperativas.
Artículo 186. Dirección de la vida familiar.
Corresponden a ambos cónyuges el gobierno de la familia y las decisiones sobre la economía familiar.
Artículo 187. Satisfacción de las necesidades familiares.
1. Ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades familiares con la atención directa al hogar y a los hijos, la dedicación de sus bienes al uso familiar, la remuneración de su trabajo, los rendimientos de sus capitales y otros ingresos y, en último término, con su patrimonio.
2. En defecto de pacto, para determinar la contribución de cada cónyuge se tendrán en cuenta los medios económicos de cada uno, así como sus aptitudes para el trabajo y para la atención al hogar y los hijos.
3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres, deben contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares conforme a lo previsto en los artículos 66, 67 y 70.
Artículo 188. Deber de información recíproca.
Cada cónyuge está facultado para exigir al otro información suficiente y periódica de la gestión de su patrimonio, de sus ingresos y de sus actividades económicas, en orden a la toma de decisiones sobre la economía familiar y la atención de las necesidades familiares.
Artículo 189. Responsabilidad frente a terceros.
Los cónyuges responden solidariamente, frente a terceros de buena fe, de las obligaciones contraídas por uno de ellos para atender a la satisfacción de las necesidades familiares.
Artículo 190. Vivienda familiar.
1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los derechos que a uno de los cónyuges correspondan sobre la vivienda habitual de la familia o el mobiliario ordinario de la misma, así como para sustraerlos al uso común, será necesario el consentimiento del otro o, en su defecto, autorización judicial. En ambos casos, con la enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad.
2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar judicialmente la nulidad de los actos de disposición realizados por el otro sin el debido consentimiento o autorización en el plazo de cuatro años desde que los conoció o pudo razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución del matrimonio o la separación conyugal.
3. No procede la anulación contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe cuando el disponente manifestó que no constituía vivienda o mobiliario familiar.
Artículo 191. Mandatos entre cónyuges.
A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las reglas del mandato, pero el mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya dispuesto otra cosa, y no podrá nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.
Artículo 192. Derecho de viudedad.
La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las consecuencias y la regulación contenidas en el Título V de este Libro.
Artículo 193. Régimen económico matrimonial.
1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones que otorguen los cónyuges.
2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el Título IV de este Libro.
3. Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen económico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable.
Artículo 194. Derechos de terceros.
La modificación del régimen económico del matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.
TÍTULO II
De los capítulos matrimoniales
Artículo 195. Contenido y forma de los capítulos.
1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes con ellos concurran al otorgamiento, sin más límites que los del principio standum est chartae.
2. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para su validez, el otorgamiento en escritura pública.
Artículo 196. Idioma de los capítulos.
Los capítulos matrimoniales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los otorgantes elijan. Si el notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, los capítulos se otorgarán en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el notario, que deberá firmar el documento.
Artículo 197. Tiempo y eficacia.
1. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse y modificarse antes del matrimonio y durante el mismo.
2. Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la celebración de éste, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia.
3. En cualquier caso, los otorgantes pueden someter la eficacia de las estipulaciones a condición o término, incluso darles efecto retroactivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.
Artículo 198. Inoponibilidad a terceros.
1. Las estipulaciones capitulares sobre régimen económico matrimonial son inoponibles a los terceros de buena fe.
2. La buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de los capítulos matrimoniales conste en el Registro Civil.
Artículo 199. Capacidad.
1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. Sin embargo:
a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están emancipados, necesitarán la asistencia debida.
b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal, salvo que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa.
2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.
Artículo 200. Modificación de estipulaciones capitulares.
1. Tanto antes como después de celebrado el matrimonio, la modificación de las estipulaciones que determinan el régimen económico familiar requiere únicamente el consentimiento de las personas que están o han de quedar sujetas a dicho régimen.
2. La modificación del régimen económico matrimonial permite la revocación de los actos y negocios patrimoniales contenidos en los capítulos y que se otorgaron en atención al régimen que ahora se modifica, a no ser que sus otorgantes presten consentimiento para la modificación. El notario que autorice la escritura de modificación notificará su otorgamiento a los que intervinieron en las capitulaciones matrimoniales que se modifican dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la modificación.
3. La revocación unilateral de los pactos sucesorios precisará de los requisitos establecidos en el artículo 401.
Artículo 201. Instituciones familiares consuetudinarias.
Cuando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares consuetudinarias, tales como «dote», «firma de dote», «hermandad llana», «agermanamiento» o «casamiento al más viviente», «casamiento en casa», «acogimiento o casamiento a sobre bienes», «consorcio universal o juntar dos casas» y «dación personal», se estará a lo pactado, y se interpretarán aquéllas con arreglo a la costumbre y a los usos locales.
Artículo 202. Otras situaciones de comunidad.
Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, los beneficios obtenidos con el trabajo común se dividirán entre los asociados en proporción equitativa, conforme a la costumbre y atendidas las diversas aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás circunstancias.
TÍTULO III
Del régimen económico matrimonial de separación de bienes
Artículo 203. Aplicación del régimen.
El régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes:
a) Cuando así lo hayan acordado los cónyuges en capitulaciones matrimoniales.
b) En todo caso de exclusión o disolución del consorcio conyugal, si los cónyuges no han pactado otro régimen.
Artículo 204. Régimen jurídico.
El régimen económico de separación de bienes se regirá en primer término por lo convenido por los cónyuges en los capítulos que lo establezcan; en su defecto, por las normas establecidas en el presente Título para este régimen y, subsidiariamente, por las normas del consorcio conyugal en tanto lo permita su naturaleza.
Artículo 205. Contenido.
1. En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge los que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes.
2. Salvo renuncia expresa, ambos cónyuges conservarán el derecho de viudedad.
Artículo 206. Titularidad de los bienes.
1. La titularidad de los bienes corresponderá a quien determine el título de su adquisición.
2. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges corresponde la titularidad de algún bien o derecho o en qué proporción, se entenderá que pertenece a ambos por mitades indivisas.
3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes muebles de uso personal o que estén directamente destinados al desarrollo de la actividad o profesión de uno de los cónyuges y que no sean de extraordinario valor, que se presumirá que pertenecen a éste.
Artículo 207. Gestión con mandato expreso.
Cada cónyuge podrá en cualquier tiempo conferir al otro mandato expreso para la administración de sus bienes, así como revocarlo, condicionarlo o restringirlo.
Artículo 208. Gestión sin mandato expreso.
1. Cuando uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o intereses del otro sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
2. El cónyuge que administre bienes del otro contra su voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.
Artículo 209. Responsabilidad por deudas.
El régimen de separación de bienes atribuye a cada cónyuge la responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas, salvo en los casos previstos en el artículo 189.
TÍTULO IV
Del consorcio conyugal
CAPÍTULO PRIMERO
Bienes comunes y privativos
Artículo 210. Bienes comunes.
1. Al iniciarse el régimen, constituyen el patrimonio común los bienes aportados por los cónyuges para que ingresen en él y los que les son donados por razón del matrimonio con carácter consorcial.
2. Durante el consorcio, ingresan en el patrimonio común los bienes enumerados en los apartados siguientes:
a) Los adquiridos por título lucrativo cuando así lo disponga el donante o causante.
b) Los que los cónyuges acuerden que tengan carácter consorcial.
c) Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges a costa del caudal común. Si el precio ha quedado aplazado en todo o en parte, serán comunes, salvo que la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo.
d) Los bienes que los cónyuges obtienen de su trabajo o actividad.
e) Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o cese de actividad profesional.
f) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes o privativos, así como el beneficio obtenido de las empresas y explotaciones económicas.
g) Las cantidades devengadas por pensiones cuya titularidad corresponda a cualquiera de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 212.
h) La diferencia positiva entre el importe actualizado del valor al ingresar en el patrimonio privativo y el que tengan al producirse el reembolso o disolverse el consorcio conyugal de los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos.
i) Los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el consorcio.
j) Las empresas y explotaciones económicas fundadas por uno cualquiera de los cónyuges durante el consorcio, salvo que sea totalmente a expensas del patrimonio privativo de uno solo de ellos.
k) Las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase adquiridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno solo de los cónyuges; pero, en este caso, en las relaciones con el ente social, se estará a lo dispuesto en las normas por que se rija.
Artículo 211. Bienes privativos.
Son bienes privativos de cada cónyuge los que le pertenecieren al iniciarse el consorcio y los enumerados en los apartados siguientes:
a) Los que, durante el consorcio, ambos cónyuges acuerden atribuirles carácter privativo.
b) Los adquiridos por usucapión comenzada antes de iniciarse el consorcio, así como los adquiridos en virtud de títulos anteriores cuando la adquisición se consolide durante su vigencia y los comprados antes con precio aplazado, salvo que la totalidad del precio sea satisfecha con fondos comunes.
c) Los adquiridos a título lucrativo. Si hubieran sido adquiridos por ambos cónyuges sin designación de partes, corresponderán a cada uno de ellos por mitad, y no se dará el derecho de acrecer salvo que lo hubiera dispuesto el transmitente o que, tratándose de una adquisición por causa de muerte, procediera según la regulación de la sucesión.
d) Los adquiridos en escritura pública a costa del patrimonio común si en el título de adquisición ambos cónyuges establecen la atribución privativa a uno de ellos.
e) Los que vienen a reemplazar a otros propios, y ello aunque se adquieran con fondos comunes, así como el dinero obtenido por la enajenación o privación de bienes propios y el resarcimiento de los daños inferidos a los mismos.
f) Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los adquiridos por derecho de retracto, opción, suscripción preferente o cualquier otro de adquisición preferente o de acceso a la propiedad que pertenezca con carácter privativo a uno de los cónyuges.
g) Los adjudicados a un cónyuge en la partición o división de cualquier comunidad cuando la cuota que le correspondía fuera privativa, y ello aunque reciba un exceso de adjudicación que se abone con cargo al caudal común.
h) Las accesiones o incrementos de los bienes propios.
Artículo 212. Bienes patrimoniales de carácter personal.
1. Son también privativos:
a) Los bienes y derechos inherentes a la persona y los intransmisibles entre vivos, mientras conserven estos caracteres. Pero serán comunes los rendimientos de bienes de esta clase, como el derecho de autor sobre obra propia o el derecho a la propia imagen, devengados durante el consorcio.
b) El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a la persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se cobra en forma de capital como de pensión.
c) Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos de seguros.
d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.
Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el consorcio por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las cantidades devengadas antes de la disolución de aquél. En este caso, se reintegrará al patrimonio privativo el valor actualizado de las primas satisfechas a su costa.
2. En los seguros sobre la vida contratados por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro y que no constituyan acto de previsión acorde con las circunstancias familiares, deberá reembolsarse al patrimonio común el valor actualizado de las primas que se hayan satisfecho a costa de dicho patrimonio.
Artículo 213. Presunción de privatividad.
1. Adquirido bajo fe notarial dinero privativo, se presume que es privativo el bien que se adquiera por cantidad igual o inferior en escritura pública autorizada por el mismo notario o su sucesor, siempre que el adquirente declare en dicha escritura que el precio se paga con aquel dinero y no haya pasado el plazo de dos años entre ambas escrituras.
2. La presunción admite en juicio prueba en contrario.
Artículo 214. Reconocimiento de privatividad.
1. Se considerará privativo un bien determinado cuando la atribución por un cónyuge de tal carácter al dinero o contraprestación con que lo adquiera sea confirmada por declaración o confesión del otro, que habrá de constar en documento público si ha de acceder al Registro de la Propiedad.
2. La titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun fallecido el otro cónyuge, no puede quedar afectada o limitada sino por el ejercicio de las acciones que puedan corresponder a acreedores y legitimarios en defensa de su derecho.
Artículo 215. Ampliación o restricción de la comunidad.
1. A efectos de extender o restringir la comunidad, ambos cónyuges podrán, mediante pacto en escritura pública, atribuir a bienes privativos el carácter de comunes o, a éstos, la condición de privativos, así como asignar, en el momento de su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido.
2. Salvo disposición en contrario, los pactos regulados en este precepto darán lugar al correspondiente derecho de reembolso o reintegro entre los patrimonios privativos y el común.
Artículo 216. Bienes de origen familiar.
Cuando por cualquier título ingrese en el patrimonio común algún bien procedente de la familia de uno de los cónyuges, se considerará que el bien ha salido de la familia de procedencia y que ningún otro bien o derecho ha adquirido por subrogación su condición de bien de origen familiar.
Artículo 217. Presunción de comunidad.
1. Se presumen comunes todos aquellos bienes cuyo carácter privativo, con arreglo a los artículos anteriores, no pueda justificarse.
2. La adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso, durante el consorcio, se considerará hecha a costa del caudal común.
CAPÍTULO II
Deudas comunes y privativas
Artículo 218. Deudas comunes.
1. Son de cargo del patrimonio común:
a) Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge, incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo de ellos que convivan con el matrimonio.
b) Los réditos e intereses normales devengados durante el consorcio por las obligaciones de cada cónyuge.
c) Las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usufructuario.
d) Los alimentos legales entre parientes debidos por cualquiera de los cónyuges, así como la crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges no incluida en el apartado a).
e) Toda deuda de uno u otro cónyuge contraída en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aunque no haya redundado en beneficio común, o en el ejercicio de cualquier otra actividad, pero en este caso solo hasta el importe del beneficio obtenido con ella por el consorcio. Son actividades objetivamente útiles al consorcio las de la letra a) del apartado 1 del artículo siguiente.
f) Las indemnizaciones debidas por daños a terceros, si bien los causados con dolo o culpa grave, únicamente hasta el importe del beneficio obtenido con la actividad en la que se causó el daño.
2. No son, sin embargo, de cargo del patrimonio común las deudas del apartado anterior contraídas por un cónyuge con intención de perjudicar al consorcio o con grave descuido de los intereses familiares.
Artículo 219. Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.
1. Frente a terceros de buena fe, los bienes comunes responden siempre del pago:
a) De las deudas que cada cónyuge contrae en el ejercicio, incluso solo aparente, de sus facultades de administración o disposición de los bienes comunes o de administración ordinaria de los suyos propios, así como en la explotación regular de sus negocios o en el desempeño corriente de su profesión.
b) De las indemnizaciones por daños a terceros causados en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aun por dolo o culpa grave.
2. También responden los bienes comunes frente a terceros por las deudas enunciadas en el apartado 1 del artículo 218 contraídas por uno solo de los cónyuges.
3. De las deudas contraídas por ambos cónyuges responden siempre los bienes comunes junto a sus privativos.
Artículo 220. Responsabilidad de los bienes privativos.
1. Los bienes privativos de cada cónyuge responden en todo caso de las deudas por él contraídas.
2. En defecto de bienes comunes, de las deudas contraídas por un cónyuge para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 218 responde también el patrimonio privativo del otro.
Artículo 221. Contribución en defecto de bienes comunes.
En defecto de bienes comunes, en la relación interna, los cónyuges contribuirán por mitad, o en la proporción pactada, a las deudas de la letra a) del apartado 1 del artículo 218 y a aquellas otras que el cónyuge que las contrajo demuestre que proceden de una actividad que, efectivamente, haya redundado en beneficio común.
Artículo 222. Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes.
El bien común adquirido por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro responde, en todo caso, del precio aplazado y demás gastos de adquisición pendientes de pago.
Artículo 223. Deudas privativas.
1. Son privativas las deudas contraídas por un cónyuge cuando no sean de cargo del patrimonio común de acuerdo con el artículo 218.
2. En particular, son privativas las deudas de cada cónyuge anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones.
Artículo 224. Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.
1. De las deudas contraídas por un cónyuge distintas de las enunciadas en el artículo 219 responden en primer lugar los bienes privativos del cónyuge deudor y, faltando o siendo éstos insuficientes, los bienes comunes, a salvo siempre el valor que en ellos corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes.
2. El valor actualizado de los bienes comunes empleados en el pago de deudas privativas se imputará en la participación del cónyuge deudor hasta que lo reembolse, y se tendrá en cuenta para ulteriores reclamaciones de acreedores privativos.
Artículo 225. Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.
1. Cuando en una ejecución sobre bienes comunes, seguida a causa de deudas distintas de las enunciadas en el artículo 219, el cónyuge del deudor quiera, en el procedimiento previsto por la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales, hacer valer su derecho a que quede a salvo el valor que en el patrimonio común le corresponde, podrá pedir la liquidación del mismo al exclusivo n de constatar el valor que ha de quedarle a salvo, sin disolución del consorcio. En este caso, la ejecución proseguirá tan pronto se constate la existencia de bienes que sobrepasen el valor que ha de quedar a salvo y solo sobre aquellos bienes, alzándose en todo caso el embargo sobre los demás.
2. El cónyuge del deudor podrá también optar por la disolución del consorcio y división de los bienes comunes. Producida la disolución, el matrimonio se regirá por el régimen de separación de bienes.
Artículo 226. Relaciones entre patrimonios.
1. Los patrimonios de los cónyuges y el común deben reintegrarse entre sí aquellos valores que cada uno hubiese lucrado sin causa a costa de los otros.
2. En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al reintegro del importe actualizado:
a) De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o empleados en la adquisición de bienes comunes.
b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de la comunidad.
3. En particular, el consorcio tiene derecho a ser reembolsado del importe actualizado:
a) De los bienes comunes empleados en la adquisición de bienes privativos.
b) De los bienes comunes empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de los patrimonios privativos.
4. Los patrimonios privativos deben indemnizar al común el importe actualizado de los daños y perjuicios que uno u otro cónyuge le hayan causado por acción dolosa o gravemente negligente.
5. El pago de las obligaciones existentes entre el patrimonio consorcial y los privativos, aunque válido en cualquier momento por acuerdo entre los cónyuges, solo puede exigirse antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hubiera pactado o cuando medie justa causa. Es siempre justa causa la disposición abusiva de capital común en beneficio propio.
CAPÍTULO III
Gestión del consorcio
Sección primera. De la economía familiar
Artículo 227. Reglas generales.
1. Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges.
2. Los cónyuges gestionarán el patrimonio común y los suyos privativos con la debida diligencia y teniendo en cuenta el interés de la familia.
3. Los cónyuges deben informarse recíprocamente sobre la gestión del patrimonio común y de los suyos privativos, y sobre los resultados económicos de la profesión o negocio que ejerzan.
Artículo 228. Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.
1. En los supuestos de graves o reiterados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar del Juez la disolución y división del consorcio, rigiendo en su caso, y para lo sucesivo, la separación de bienes.
2. La misma decisión podrá solicitar un cónyuge cuando el otro incumpla reiteradamente su deber de informar.
Sección 2.ª Gestión de los bienes comunes
Artículo 229. Pactos sobre gestión.
1. La gestión del patrimonio común corresponde a los cónyuges, conjuntamente o por separado, en la forma pactada en capitulaciones matrimoniales.
2. En defecto de pactos válidos o para completarlos se aplicará lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 230. Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.
Cada uno de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo sobre los bienes que integran el patrimonio común:
a) Actos de administración ordinaria.
b) Actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas expresamente para el consorcio conyugal, como agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva o constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal. Si estuvieran inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para su inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las hubiera adquirido.
c) Actos de defensa, judicial o extrajudicial.
d) Actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 218. Para justificar la necesidad del acto, será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del otro cónyuge.
Artículo 231. Ejercicio de profesión o negocio.
1. Cada cónyuge estará legitimado para realizar los actos de administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio.
2. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.
Artículo 232. Actuación frente a terceros.
En cuanto a los bienes que figuren a su nombre exclusiva o indistintamente, o se encuentren en su poder, cada cónyuge está legitimado, frente a terceros de buena fe, para realizar actos de administración, así como los de disposición a título oneroso de dinero, valores mobiliarios, derechos de crédito y cualesquiera otros bienes muebles.
Artículo 233. Actuación conjunta de ambos cónyuges.
En los supuestos no comprendidos en los artículos anteriores, la realización de actos de administración extraordinaria o de disposición de bienes comunes corresponde a ambos cónyuges conjuntamente o a uno de ellos con el consentimiento del otro.
Artículo 234. Autorización judicial.
Cuando un cónyuge pretenda realizar o haya realizado actos de administración o disposición a título oneroso que requieran el consentimiento del otro cónyuge y éste se halle impedido para prestarlo o se niegue injustificadamente a ello, resolverá el Juez.
Artículo 235. Falta de consentimiento en actos a título oneroso.
1. La venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos es válida y produce sus efectos obligacionales exclusivamente entre las partes contratantes y sus herederos, pero la entrega de la cosa, en cualquier forma que se realice, no transmite la propiedad al comprador.
2. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. Mientras no consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que se declare que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como exigir la restitución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de las reglas de protección de terceros de buena fe.
3. El comprador tiene contra el vendedor las acciones de incumplimiento y las demás que deriven de la compraventa.
4. Las mismas reglas se aplicarán en los demás casos de transmisión o disposición de bienes comunes a título oneroso.
Artículo 236. Rescisión por fraude.
El acto de disposición realizado a título oneroso por uno de los cónyuges sobre el patrimonio común en fraude de los derechos del otro cónyuge podrá rescindirse a solicitud de este último, si el adquirente hubiese sido cómplice en el fraude.
Artículo 237. Actos inter vivos a título lucrativo.
Será nula de pleno derecho la donación de un bien consorcial realizada por uno solo de los cónyuges. Se exceptúan las liberalidades usuales según las circunstancias de la familia.
Artículo 238. Disposiciones por causa de muerte.
1. Cualquiera de los cónyuges podrá disponer por causa de muerte de su participación en el patrimonio común.
2. A la disposición por causa de muerte de bienes determinados del patrimonio común, en defecto de otra previsión, le serán de aplicación las siguientes reglas:
a) Si la realizara un cónyuge a favor del otro, éste adquirirá su propiedad directamente al deferirse la herencia de aquél, sin necesidad de liquidación del consorcio.
b) Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la herencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que en la liquidación del consorcio la mitad indivisa de los indicados bienes se adjudique a la parte correspondiente al causante.
c) Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro, solo producirá sus efectos si al liquidarse el consorcio los bienes fueran adjudicados a la herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá legado el valor que tuvieran al tiempo de la delación.
3. Si un cónyuge lega los derechos que le corresponden en un bien determinado del patrimonio común, el legado se limitará a una mitad indivisa del mismo o, si todo él se adjudica al otro cónyuge, al valor de la mitad al tiempo de la delación.
Artículo 239. Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.
Cuando un bien haya sido adquirido por uno solo de los cónyuges a costa del patrimonio común contra la voluntad del otro cónyuge, por solicitud de este último al liquidarse el consorcio el bien adquirido se integrará en el patrimonio privativo del adquirente, reembolsando al patrimonio común el valor actualizado del precio y demás gastos de la adquisición.
Artículo 240. Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.
El cónyuge cuyo consorte se encuentre imposibilitado para la gestión del patrimonio común podrá solicitar del Juez que se la confiera a él solo. El Juez podrá acceder a lo solicitado y señalar límites o cautelas a la gestión concedida, según las circunstancias.
Artículo 241. Privación de la gestión.
Cuando por actos de uno de los cónyuges se haya puesto en peligro repetidamente la economía familiar, el otro cónyuge puede pedir al Juez que prive a aquél en todo o en parte de sus facultades de gestión.
Artículo 242. Concreción automática de facultades.
La gestión del patrimonio común corresponderá al cónyuge del incapacitado o declarado ausente. Necesitará, no obstante, autorización del Juez o de la Junta de Parientes de su cónyuge para los actos de disposición sobre inmuebles o establecimientos mercantiles.
Sección 3.ª Gestión de los bienes privativos
Artículo 243. Gestión de los bienes privativos.
1. Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus propios bienes.
2. El cónyuge que administra bienes privativos de su consorte con su consentimiento o sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
3. El cónyuge que administre bienes privativos del otro contra su voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.
CAPÍTULO IV
Disolución, liquidación y división del consorcio
Sección primera. Disolución del consorcio
Artículo 244. Causas de disolución de pleno derecho.
El consorcio conyugal concluirá de pleno derecho:
a) Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos matrimoniales.
b) Cuando se disuelva el matrimonio.
c) Cuando sea declarado nulo.
d) Cuando judicialmente se conceda la separación de los cónyuges.
Artículo 245. Causas de disolución por decisión judicial.
El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, en los casos siguientes:
a) Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al incapacitado o ausente, y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida éste con asistencia del curador.
b) Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.
En los casos de las letras a) y b), para que el Juez acuerde la disolución bastará que quien la pida presente la correspondiente resolución judicial.
c) Llevar separados de hecho más de un año.
d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 228.
e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 225.
f) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa, conforme a la legislación concursal.
Artículo 246. Medidas provisionales.
Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya solicitado la disolución del consorcio, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario y, a falta de acuerdo entre los cónyuges, el Juez señalará las reglas que deban observarse en la administración y disposición de los bienes comunes. En defecto de acuerdo entre los cónyuges, se requerirá autorización judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria.
Artículo 247. Momento de eficacia de la disolución.
1. La disolución, si es de pleno derecho, se produce desde que concurre su causa y, en los casos que requieren decisión judicial, desde la fecha que en ella se fije o, en su defecto, desde la fecha de la resolución en que se acuerde.
2. En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de disolución de la comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez podrá retrotraer los efectos de la disolución hasta el momento de admisión a trámite de la demanda, pero quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.
Artículo 248. Régimen subsiguiente.
1. Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, existirá entre los cónyuges separación de bienes, salvo que pacten otro régimen.
2. La separación de bienes no se altera por la reconciliación de los cónyuges en caso de separación personal o por la desaparición de cualquiera de las demás causas que la hubiesen motivado.
Artículo 249. Disolución por nulidad del matrimonio.
Si la sentencia de nulidad del matrimonio declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de este capítulo o por la aplicación retroactiva del régimen de separación de bienes.
Sección 2.ª La comunidad que continúa tras la disolución
Artículo 250. Bienes comunes.
Disuelta la comunidad matrimonial y hasta tanto no se divida, ingresarán en el patrimonio común:
a) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes.
b) Los bienes y caudales procedentes de sustitución o enajenación de bienes comunes.
c) Los incrementos y accesiones de los bienes comunes, sin perjuicio de los reintegros que procedan.
Artículo 251. Deudas comunes.
1. Además de las deudas y responsabilidades comunes originadas durante el consorcio conyugal, tras la disolución serán también de responsabilidad de los bienes comunes las deudas y gastos derivados de la gestión del patrimonio común.
2. De las deudas comunes contraídas tras la disolución responde también el gestor que las contrajo, quien, en defecto de bienes comunes, podrá obligar a los demás partícipes a contribuir al pago en proporción a sus cuotas.
Artículo 252. Responsabilidad de los bienes comunes.
1. Hasta la división, el patrimonio común responde del pago de las deudas comunes, pero los acreedores que pretendan cobrar una deuda de esta naturaleza sobre bienes comunes habrán de proceder contra ambos cónyuges o sus herederos.
2. Los acreedores privativos de los cónyuges o de sus herederos no pueden proceder contra bienes concretos de la comunidad disuelta y no dividida, pero sí contra los derechos que a su deudor puedan corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquélla.
Artículo 253. Disolución por muerte.
1. Disuelto el consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cónyuge viudo lo administrará, salvo cuando al producirse la disolución se encontrasen ya en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación, o la disolución del consorcio.
2. El cónyuge viudo podrá deducir del patrimonio de la comunidad disuelta alimentos para sí y las personas que con el matrimonio convivían y mientras continúen viviendo en casa, pero cuando sea titular del usufructo de viudedad solo a falta o insuficiencia de frutos de los bienes comunes.
3. El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede por sí solo, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación análoga a la que ambos cónyuges hayan otorgado a favor de hijo o hija casados en vida de los dos.
4. El cónyuge viudo responderá de su gestión como administrador y dará cuenta de ella a los partícipes en cuanto exceda de las facultades que le pudieran corresponder en virtud del usufructo de viudedad. Cualquiera de los partícipes podrá, entonces, solicitar la aplicación de las mismas cautelas previstas para el usufructo vidual.
5. Habiendo solo hijos comunes, los bienes consumibles que no aparezcan al tiempo de la división se presumen aprovechados en beneficio del consorcio.
Artículo 254. Disolución por otras causas.
En los demás casos de disolución, la administración y disposición de los bienes comunes se regirá por lo acordado por los cónyuges o partícipes y, en su defecto, se estará a lo dispuesto por el Juez en el correspondiente procedimiento.
Artículo 255. Disposición por causa de muerte.
La disposición por causa de muerte mientras la masa común no haya sido dividida se regirá por lo dispuesto en el artículo 238.
Artículo 256. Preferencia del derecho de viudedad.
Los derechos y obligaciones derivados de la viudedad son preferentes a los contenidos en esta sección.
Artículo 257. Régimen supletorio.
A la comunidad regulada en esta sección le será de aplicación, en cuanto no contradiga su naturaleza, el régimen jurídico de la comunidad hereditaria.
Sección 3.ª Liquidación y división
Artículo 258. Derecho a la división.
1. Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes tiene derecho a promover en cualquier tiempo la liquidación y división del patrimonio consorcial. También se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del cónyuge premuerto o de cualquier partícipe.
2. En caso de disolución por muerte, a la prohibición de división pactada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos cónyuges y al convenio de indivisión unánimemente acordado por los partícipes se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 365.
Artículo 259. Modalidades de liquidación y división.
1. Los cónyuges o partícipes pueden, mediante acuerdo unánime, liquidar y dividir por sí mismos el patrimonio consorcial, así como encomendar a terceros la liquidación y división.
2. El fiduciario o contador partidor de la herencia del premuerto, actuando junto con el cónyuge viudo que no ejerza dichos cargos, pueden practicar la liquidación y división de la comunidad matrimonial disuelta sin que sea necesaria la concurrencia de los partícipes.
3. El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto, para realizar la liquidación y división, necesitará la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, si son todos menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisará de la autorización del Juez. Dichas autorizaciones no serán necesarias cuando se limite a adjudicar proindiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos del cónyuge premuerto y a él mismo en igual proporción en que sean cotitulares del patrimonio.
4. Si la liquidación y división no se pudiera llevar a cabo de alguna de las formas recogidas en este precepto, se practicará, a instancia de cualquiera de los cónyuges o partícipes, conforme a lo previsto en la Ley de enjuiciamiento civil.
Artículo 260. Capacidad.
A la liquidación y división voluntaria con cónyuges incapacitados o partícipes en igual situación o menores de edad se le aplicarán las previsiones contenidas en los artículos 366 y 367.
Artículo 261. Inventario.
A petición de cualquiera de los cónyuges o partícipes, la liquidación de la comunidad conyugal disuelta comenzará por un inventario del activo y pasivo del patrimonio consorcial.
Artículo 262. Activo del inventario.
En el activo se incluirán las siguientes partidas:
a) Todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes, así como aquéllos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial, todo ello a salvo de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 253 y en el artículo 269.
b) Los créditos de la comunidad contra terceros.
c) Los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios privativos de los cónyuges.
Artículo 263. Pasivo del inventario.
En el pasivo se incluirán las siguientes partidas:
a) Las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad.
b) Los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios privativos de los cónyuges.
Artículo 264. Liquidación concursal.
Cuando el activo inventariado no baste para satisfacer las deudas consorciales y los reintegros a los patrimonios privativos, se aplicarán las normas sobre concurrencia y prelación de créditos.
Artículo 265. Liquidación ordinaria.
1. Una vez determinado que existe efectivamente un activo consorcial superior al pasivo y cuál sea aquél, la liquidación seguirá este orden:
1.º Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios privativos con lo que éstos, por cualquier concepto, deban a aquélla.
2.º Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la respectiva participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta agotar su importe, salvo que opte por el reembolso en metálico o se acuerde su pago mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
3.º Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido ser objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
4.º Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las pendientes.
5.º Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo acreedor resultante de la compensación del número 1.º, que, a falta de metálico suficiente, podrá hacerse mediante dación en pago de bienes consorciales.
2. Los reembolsos y reintegros se harán por su importe actualizado al tiempo de la liquidación.
3. Si para las operaciones precedentes fuera necesario vender o dar en pago bienes consorciales, se respetarán, en tanto sea posible, los mencionados en los dos artículos siguientes.
Artículo 266. Aventajas.
1. Los cónyuges tienen derecho a detraer de los bienes comunes, como aventajas, sin que sean computados en su lote, sus bienes de uso personal o profesional de un valor no desproporcionado al patrimonio consorcial.
2. Fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá detraer ajuar de casa en consonancia con el tenor de vida del matrimonio; además de cualesquiera otros bienes comunes que, como tales aventajas, le conceda la costumbre local.
3. El derecho a las aventajas es personalísimo y no se transmite a los herederos.
Artículo 267. División y adjudicación.
1. Liquidado el patrimonio y detraídas las aventajas, el caudal remanente se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus respectivos herederos por mitad o en la proporción y forma pactadas.
2. Cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su lote, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, los siguientes bienes:
a) Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.
b) Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan aventajas.
c) La empresa o explotación económica que dirigiera.
d) Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas exclusivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o pactadas, para su transmisión al otro cónyuge o sus herederos, o cuando el adquirente forme parte del órgano de administración de la sociedad.
e) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
f) Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
g) En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo del fallecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.
Artículo 268. Las deudas comunes tras la división.
1. La división no modifica la responsabilidad por deudas que correspondía a los patrimonios privativos o al común.
2. El cónyuge no deudor o sus herederos responderán solidariamente de las deudas comunes, pero exclusivamente con los bienes que les hayan sido adjudicados, aunque no se haya hecho inventario. Sin embargo, cuando dichos bienes no sean suficientes, responderán con su propio patrimonio del valor de lo adjudicado que hayan enajenado o consumido, así como del valor de la pérdida o deterioro de los bienes recibidos.
3. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado un partícipe mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra los que resultasen favorecidos y en la proporción en que lo hayan sido.
Artículo 269. Liquidación de varias comunidades.
Cuando, extinguida la comunidad, contrae uno de los anteriores cónyuges ulteriores nupcias sin previa división, se hará separadamente liquidación de cada comunidad. Entre ellas se verificarán los reintegros y reembolsos que procedan. Los bienes y deudas cuya condición no pudiera ser exactamente determinada se distribuirán equitativamente, atendiendo además al tiempo y duración de cada comunidad y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges.
Artículo 270. Régimen supletorio.
A la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de aplicación, en lo no previsto en esta sección y en tanto lo permita su naturaleza, las normas de la liquidación y partición de la comunidad hereditaria.
TÍTULO V
De la viudedad
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 271. Origen.
1. La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca.
2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante.
3. El derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen económico matrimonial.
Artículo 272. Pactos.
1. Los cónyuges pueden pactar en escritura pública o disponer de mancomún en su testamento la exclusión o limitación del derecho de viudedad, para los dos o para uno solo de ellos, o regularlo como libremente convengan. Antes del matrimonio, los pactos entre contrayentes habrán de constar en capitulaciones matrimoniales.
2. Pueden asimismo pactar, en escritura pública, la exclusión del derecho expectante de viudedad, conservando para su caso el de usufructo vidual.
3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas a la viudedad se entenderán siempre en sentido favorable a la misma.
Artículo 273. Inalienabilidad.
El derecho de viudedad es inalienable e inembargable.
Artículo 274. Renuncia.
1. Cada cónyuge puede renunciar, en escritura pública, a su derecho de viudedad sobre todos los bienes del otro o parte de ellos.
2. También es válida la renuncia, en escritura pública, solamente al derecho expectante de viudedad, sobre todos o parte de los bienes del otro.
Artículo 275. Privación.
1. Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho de viudedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar a la desheredación de acuerdo con el artículo 510.
2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del cónyuge premuerto, si el viudo la niega.
Artículo 276. Extinción.
1. El derecho de viudedad se extingue necesariamente con la disolución del matrimonio por causa distinta de la muerte y por la declaración de su nulidad.
2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separación, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista. El derecho de viudedad nace de nuevo cuando el proceso finaliza en vida de ambos cónyuges sin sentencia firme estimatoria, se reconcilian los cónyuges separados, o así lo pactan éstos.
3. Se extingue también cuando, al fallecer un cónyuge, incurre el supérstite en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 328 como causas de indignidad.
Artículo 277. Limitaciones.
1. El derecho de viudedad no comprende los bienes que los cónyuges reciban a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su fallecimiento pasen a tercera persona.
2. Sin embargo, los ascendientes no pueden prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a éste por donación o sucesión.
Artículo 278. Derecho de transmisión y consorcio foral.
Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia quedan sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 354; y los adquiridos por el acrecimiento derivado del consorcio foral regulado en el apartado 3 del artículo 374, al del cónyuge del consorte fallecido.
CAPÍTULO II
El derecho de viudedad durante el matrimonio
Artículo 279. Derecho expectante de viudedad.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 271, durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante a favor de cada uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y los consorciales.
Artículo 280. Disposición de bienes inmuebles.
1. El derecho expectante de viudedad sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue por su enajenación, salvo en los siguientes supuestos:
a) Renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
b) Enajenación válida de un bien consorcial.
c) Enajenación de bienes privativos de uno de los cónyuges incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.
d) Partición y división de bienes, incluso con exceso de adjudicación, respecto de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.
e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.
f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento administrativo.
2. Salvo reserva expresa, en toda enajenación en que hayan concurrido ambos cónyuges se extinguirá el derecho expectante de viudedad.
3. A petición de un cónyuge, el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante del otro sobre un bien, antes o después de su enajenación, en razón de las necesidades o intereses familiares.
4. También se extingue el derecho expectante cuando se haya notificado fehacientemente al cónyuge la enajenación, con el requerimiento para que mani este su voluntad de conservar o renunciar su derecho con las consecuencias legales que de ello se derivan, y hayan transcurrido dos años desde dicha notificación sin que en el Registro de la Propiedad conste la voluntad del cónyuge de conservar el derecho expectante.
Artículo 281. Enajenación judicial de bienes inmuebles.
1. Se extingue el derecho expectante de viudedad en la enajenación judicial por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos cuando sean de cargo o responsabilidad común, así como por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de sucesiones o donaciones.
2. También se extingue en la enajenación judicial por deudas contraídas por uno de los cónyuges si, notificado el embargo del bien común o privativo al menos diez días hábiles antes de la celebración de la subasta al otro cónyuge, éste no manifiesta en el citado plazo su voluntad de conservarlo por no ser deudas de las enumeradas en el apartado anterior. Corresponde al acreedor probar que la deuda es de las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales.
Artículo 282. Disposición de bienes muebles.
El derecho expectante de viudedad sobre bienes muebles se extingue cuando salen del patrimonio común o privativo, salvo que se hayan enajenado en fraude del derecho de viudedad.
CAPÍTULO III
Usufructo vidual
Artículo 283. Comienzo y extensión del usufructo vidual.
1. El fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto, así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad, de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores.
2. Cuando un cónyuge hubiera sido declarado ausente, quedan excluidos de su derecho de usufructo vidual los bienes enajenados válidamente por los herederos del premuerto antes de la aparición de aquél. Al usufructo de viudedad en caso de ausencia se aplican también las demás previsiones del artículo 54.
3. Por voluntad de uno de los cónyuges expresada en testamento o escritura pública, podrán excluirse del usufructo vidual los bienes de su herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que el valor de esos bienes no exceda de la mitad del caudal hereditario.
4. Desde el fallecimiento de un cónyuge el sobreviviente adquiere la posesión de los bienes afectos al usufructo vidual.
Artículo 284. Explotaciones económicas.
1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que se transmitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o escritura pública, la sustitución del usufructo vidual del sobreviviente sobre las mismas por una renta mensual a cargo del adquirente.
2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera producido la explotación durante los cinco años anteriores al fallecimiento.
3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones del índice general de precios al consumo y se extinguirá por las mismas causas que el usufructo vidual.
4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán, en cualquier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en este precepto por el ordinario del usufructo vidual.
5. La transmisión por el titular de la explotación económica por actos entre vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas futuras.
Artículo 285. Inventario y fianza.
El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de los bienes usufructuados y a prestar fianza:
a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en testamento u otro instrumento público.
b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto.
c) Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.
Artículo 286. Formalización del inventario.
1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con citación de los nudo propietarios de los bienes o sus representantes legales y comprenderá todos los bienes sujetos al usufructo vidual.
2. El plazo para terminarlo será:
a) En el caso de la letra a) del artículo 285, el fijado por el causante y, en su defecto, el de seis meses contados desde el fallecimiento.
b) En el caso de la letra b) del artículo 285, el de cincuenta días, contados desde el oportuno requerimiento fehaciente.
c) Y en el caso de la letra c) del artículo 285, el señalado por el Juez y, en su defecto, el de cincuenta días a contar desde la notificación de la resolución judicial que ordene su práctica.
En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o cualquiera de los nudo propietarios podrá pedir al Juez y éste acordar la prórroga o reducción del plazo.
3. El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura pública.
Artículo 287. Otras medidas cautelares.
Cuando proceda el inventario y hasta tanto éste se formalice y, en su caso, se constituya la fianza, los nudo propietarios podrán instar del Juez la adopción de medidas de aseguramiento respecto de los bienes sujetos al usufructo.
Artículo 288. Sanción de la falta de inventario.
Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya dentro del plazo, podrá ser requerido por los nudo propietarios para que lo termine. Los disfrutes de viudedad, desde el día del requerimiento y hasta la terminación del inventario, corresponderán definitivamente a los nudo propietarios.
Artículo 289. Derechos y obligaciones
El usufructo vidual atribuye a su titular los derechos y obligaciones de todo usufructuario, con las modificaciones que resultan del presente Capítulo.
Artículo 290. Inalienabilidad e inembargabilidad.
1. El usufructo vidual sobre los bienes afectos al mismo es inalienable e inembargable.
2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados, concurriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario. Salvo pacto en contrario, quedarán subrogados el precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado.
3. El usufructo de viudedad sobre bienes determinados solo podrá embargarse y transmitirse como consecuencia del procedimiento de ejecución conjuntamente con la nuda propiedad.
4. Son susceptibles de enajenación y embargo los frutos y rentas resultantes del disfrute de los bienes afectos al usufructo de viudedad.
Artículo 291. Transformación del usufructo.
El viudo usufructuario y los nudo propietarios pueden pactar la transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno.
Artículo 292. Intervención de los nudo propietarios.
Cuando los nudo propietarios estimen que de la administración y explotación de los bienes por el usufructuario se derivan graves perjuicios para ellos, podrán acudir al Juez para que dicte las medidas oportunas, incluida la transformación del usufructo.
Artículo 293. Liquidación de frutos.
A la constitución o extinción del usufructo, la liquidación de los frutos naturales, industriales y civiles obtenidos durante el correspondiente período productivo se hará en proporción a la duración en él del respectivo derecho. La misma regla regirá en cuanto a los gastos de producción.
Artículo 294. Gastos y mejoras.
1. Son a cargo del usufructuario los gastos de producción, conservación, mantenimiento y reparaciones ordinarias.
2. El usufructuario tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y útiles que no sean de su cargo, pudiendo retener la cosa hasta que se le satisfagan. El nudo propietario podrá optar por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.
3. No se abonarán al usufructuario los gastos de puro lujo o mero recreo, pero podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido la cosa principal si no sufre deterioro, y si el nudo propietario no prefiere abonar el importe de lo satisfecho.
Artículo 295. Reparaciones extraordinarias.
1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias cuando los nudo propietarios fueran descendientes suyos.
2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas.
3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos.
Artículo 296. Tributos.
1. Serán de cargo del usufructuario los tributos que graven los bienes usufructuados.
2. Cuando los nudo propietarios no fueren descendientes del viudo usufructuario serán a cargo de aquéllos los tributos de carácter extraordinario.
Artículo 297. Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual.
1. Si un bien afecto al usufructo vidual estuviera asegurado en vida del cónyuge difunto deberá el viudo mantenerlo asegurado, siendo de su cargo el pago de las primas.
2. De no estar asegurado al fallecimiento de su cónyuge, el viudo no tendrá obligación de hacerlo. De asegurarlo el nudo propietario, será de su cargo el pago de las primas.
3. Producido el siniestro, el nudo propietario podrá emplear el importe de la indemnización en la reparación, reconstrucción o sustitución del bien. De no hacerlo, se aplicarán a la indemnización las reglas del usufructo de dinero.
Artículo 298. Alimentos.
La obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que corresponde a los ascendientes, se extiende para el viudo usufructuario respecto de los descendientes no comunes del cónyuge premuerto.
Artículo 299. Usufructo de dinero.
El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualizado del dinero dispuesto.
Artículo 300. Usufructo de fondos de inversión.
1. En los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos, corresponde al viudo la diferencia positiva entre el importe actualizado de su valor al comienzo del usufructo y el que tengan al producirse el reembolso o extinguirse el usufructo.
2. La facultad de exigir el reembolso corresponde al nudo propietario. No obstante, el usufructuario podrá disponer con periodicidad anual de aquellas participaciones del fondo que sean equivalentes al importe que le corresponde conforme al apartado anterior, haciendo suya definitivamente la cantidad así obtenida.
3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo con el usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese momento, las reglas del usufructo de dinero a la parte del importe obtenido que no corresponda al viudo.
Artículo 301. Extinción del usufructo vidual.
1. Se extingue el usufructo de viudedad:
a) Por muerte del usufructuario.
b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública.
c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario.
d) Por corromper o abandonar a los hijos.
e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario.
f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cónyuge.
2. Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:
a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma persona.
c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
Artículo 302. Posesión de los propietarios.
Extinguida la viudedad, los propietarios podrán entrar en posesión de los bienes usufructuados por el mismo procedimiento previsto para los herederos.
TÍTULO VI
De las parejas estables no casadas
Artículo 303. Concepto
Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las formadas por personas mayores de edad entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en este Título.
Artículo 304. Registro administrativo.
Toda pareja estable no casada deberá ser inscrita en un Registro de la Diputación General de Aragón para que le sean aplicables las medidas administrativas que le correspondan, así como anotada o mencionada en el Registro Civil competente si la legislación estatal lo previera.
Artículo 305. Existencia de pareja estable no casada.
1. Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública.
2. Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el transcurso de los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente, a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia.
Artículo 306. Requisitos de capacidad.
No podrán constituir una pareja estable no casada:
a) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
c) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
d) Los que formen pareja estable con otra persona.
Artículo 307. Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria.
1. La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones correspondientes podrán regularse en sus aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón.
2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición.
3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.
Tendrán la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda.
4. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos a que se refiere el número anterior, si se adecuan a los usos sociales; en cualquier otro caso, tan solo respondería quien hubiera contraído la obligación.
Artículo 308. Capitulaciones matrimoniales.
Si así lo hubieran acordado expresamente en la escritura, el régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada adquirirá el valor de capitulaciones matrimoniales, en caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio.
Artículo 309. Causas de extinción.
1. La pareja estable no casada se extingue:
a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.
b) De común acuerdo.
c) Por decisión unilateral.
d) Por separación de hecho de más de un año.
e) Por matrimonio de uno de sus miembros.
2. Cualquier miembro de la pareja estable podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro.
3. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera otorgado.
4. En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior.
5. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.
Artículo 310. Efectos patrimoniales de la extinción en vida.
1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos:
a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.
b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para éste.
2. La reclamación por cualquiera de los miembros de la pareja del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia.
Artículo 311. Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes.
1. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución, del testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar.
2. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.
Artículo 312. Adopción.
Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente.
Artículo 313. Derecho de alimentos.
Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualesquiera otras personas legalmente obligadas.
Artículo 314. Inexistencia de parentesco.
La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro.
Artículo 315. Normativa aragonesa de Derecho público.
Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho público, que no tenga carácter tributario, serán de igual aplicación a los miembros de la pareja estable no casada.
LIBRO TERCERO
DERECHO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE
TÍTULO PRIMERO
De las sucesiones en general
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 316. La sucesión por causa de muerte.
La sucesión por causa de muerte es la ordenación del destino de las relaciones jurídicas de una persona fallecida que no se extingan por su muerte y no estén sujetas a reglas distintas. En los pactos sucesorios algunos efectos de la sucesión mortis causa se anticipan a la muerte del instituyente.
Artículo 317. Modos de delación.
1. La sucesión se defiere por pacto, por testamento o por disposición de la ley.
2. Los distintos modos de delación son compatibles entre sí.
Artículo 318. Ordenación voluntaria.
El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae.
Artículo 319. Sucesores por causa de muerte.
1. Los llamamientos sucesorios pueden realizarse a título universal o particular; en los primeros se sucede en la totalidad o en una parte alícuota del patrimonio del fallecido, mientras que en los segundos se sucede en bienes o derechos determinados.
2. Los sucesores por causa de muerte pueden ser herederos, legatarios o sucesores a título particular por disposición legal.
3. Es también legatario quien recibe del disponente algún derecho que no forma parte de la herencia.
Artículo 320. Momento y lugar de apertura de la sucesión.
1. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante, y en el lugar de su último domicilio.
2. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.
Artículo 321. Momento de la delación.
1. La sucesión se defiere en el momento del fallecimiento del causante.
2. En la sucesión bajo condición suspensiva, la delación tendrá lugar al tiempo de cumplirse la condición.
3. En los llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento anterior, la sucesión se entiende deferida al sustituto al tiempo del fallecimiento del causante. No habiéndose frustrado el llamamiento anterior, la sustitución tiene lugar cuando fallezca el heredero precedente o de otra forma se extinga su derecho.
4. En la sucesión contractual y en la fiducia, el momento de la delación se rige por sus respectivas normas.
Artículo 322. Adquisición de la herencia.
1. El llamado a título de heredero que acepta la herencia adquiere los bienes y derechos de la misma, se subroga en las obligaciones del causante y queda obligado a cumplir las cargas hereditarias, todo ello desde el momento de la delación.
2. En la herencia deferida por pacto sucesorio los efectos transmisivos dependen de lo pactado, sin que tras la muerte del instituyente se requiera nueva aceptación del instituido que intervino en el pacto.
3. El sucesor a título particular adquiere su derecho desde el momento de la delación, sin perjuicio de la posibilidad de repudiarlo.
Artículo 323. Ineficacia del llamamiento voluntario.
1. Cuando resulte ineficaz un llamamiento voluntario, no haya sustituto del mismo carácter o legal ni tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del llamado a heredar pasará a los herederos legales del causante y si se trata de un legado se refundirá con la masa de la herencia.
2. Quien hereda como consecuencia de la ineficacia de un llamamiento voluntario, aunque sea como heredero legal, queda sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas al primeramente designado, salvo que sean puramente personales de éste o que el disponente hubiera previsto otra cosa.
Artículo 324. La herencia yacente.
1. Desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación del llamado la herencia carece de titular.
2. La administración de la herencia yacente corresponderá a la persona que hubiera designado, en su caso, el causante.
3. A falta de administrador los llamados como herederos podrán realizar exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia y de administración de la herencia. Dichos actos por sí solos no implican la aceptación de la misma.
4. Asimismo, los llamados como herederos podrán instar el nombramiento de un administrador judicial de la herencia de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales.
5. La situación jurídica de la herencia yacente en los casos de fiducia se regirá por sus propias normas.
CAPÍTULO II
Capacidad e indignidad para suceder
Artículo 325. Capacidad sucesoria de las personas físicas.
1. Tienen capacidad sucesoria todas las personas nacidas o concebidas al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan al causante. No obstante, en la sucesión voluntaria puede disponerse a favor de los hijos aún no concebidos de persona determinada viva al tiempo de la apertura de la sucesión.
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá concebido al tiempo de la apertura de la sucesión el que nazca antes de los trescientos días siguientes al fallecimiento del causante.
3. Si el causante ha expresado en debida forma su voluntad de fecundación asistida post mortem con su material reproductor, los hijos así nacidos se considerarán concebidos al tiempo de la apertura de la sucesión siempre que se cumplan los requisitos que la legislación sobre esas técnicas de reproducción establece para determinar la filiación.
Artículo 326. Llamamientos a favor de no nacidos.
La herencia deferida a favor de un todavía no nacido, esté concebido o no, se pondrá en administración, con sujeción a las reglas de la herencia bajo condición suspensiva.
Artículo 327. Capacidad sucesoria de las personas jurídicas.
1. Tienen capacidad sucesoria las personas jurídicas constituidas legalmente al tiempo de la apertura de la sucesión.
2. Si el causante, en su disposición por causa de muerte, crea u ordena crear una persona jurídica que solo quede constituida legalmente después de la apertura de la sucesión, esta tendrá capacidad para adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por el causante desde que tenga personalidad, pero los efectos se retrotraerán al momento de la delación.
Artículo 328. Causas de indignidad.
Son incapaces de suceder por causa de indignidad:
a) Los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes.
b) El que fuere condenado por haber atentado contra la vida del causante, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, contra la vida del fiduciario o contra la vida de otro llamado a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión al indigno.
c) El que fuere condenado a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad o autoridad familiar, tutela, guarda o acogimiento familiar, en las sucesiones de las personas sobre las que versará la pena y sus descendientes.
d) El que fuere condenado por acusación o denuncia falsa contra el causante o el fiduciario, en relación con un delito para el cual la ley señale una pena grave.
e) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del causante, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando esta no hubiera procedido ya de oficio.
f) El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al causante o al fiduciario a otorgar, revocar o modificar las disposiciones sucesorias.
g) El que por iguales medios impidiera a otro otorgar pacto sucesorio, testamento o acto de ejecución de la fiducia, o revocar o modificar los que tuviese hechos, o suplantare, ocultare o alterare otros posteriores.
Artículo 329. Momento para calificar la capacidad.
1. Para calificar la capacidad sucesoria se atenderá al tiempo de la delación.
2. En los casos b), c) y d) del artículo anterior se esperará a que se dicte la sentencia firme, y en el e) a que transcurra el mes señalado para la denuncia.
Artículo 330. Efectos de la indignidad.
1. Las causas de indignidad sucesoria producirán efecto cuando las invoquen personas que resultarían favorecidas en la sucesión, caso de declararse la indignidad, pero, una vez declarada, sus efectos se retrotraerán al tiempo de la delación.
2. La indignidad declarada priva al indigno de la herencia o legado y, en su caso, de la condición de legitimario.
Artículo 331. Deber de restitución.
El indigno de suceder que hubiera entrado en posesión de los bienes de la herencia o del legado tendrá que restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido.
Artículo 332. Rehabilitación del indigno.
1. Las causas de indignidad sucesoria no surtirán efecto si el causante, conociéndolas, hace disposiciones a favor del indigno, se reconcilia con él o le perdona en escritura pública. La reconciliación y el perdón serán irrevocables.
2. El fiduciario podrá dejar ineficaces las causas de indignidad por los mismos actos que el causante, salvo que éste expresamente se lo haya prohibido.
Artículo 333. Caducidad de la acción.
La acción declarativa de la indignidad caducará transcurridos cinco años desde que el indigno de suceder esté en posesión de la herencia o legado.
CAPÍTULO III
Sustitución legal
Artículo 334. Concepto.
Los descendientes de un llamado a título universal o particular o legitimario de grado preferente ocupan el lugar de éste en la sucesión o en la legítima por sustitución legal en los casos previstos en este Código.
Artículo 335. Ámbito.
1. La sustitución legal puede darse en la sucesión voluntaria y en la legal, así como en la legítima.
2. La sustitución legal tiene lugar en la línea recta descendente, pero no en la ascendente. En la línea colateral solo tiene lugar en favor de los descendientes de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.
Artículo 336. Sucesiones voluntarias.
1. En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar, salvo previsión en contrario del disponente, cuando el llamado ha premuerto o ha sido declarado ausente o indigno de suceder.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de grado, del sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante. Cuando el sustituido sea descendiente del causante y la sustitución favorezca a sus nietos o descendientes ulteriores, heredarán siempre por estirpes, aunque todos los sustitutos sean del mismo grado. Si el sustituido es hermano del causante y entre sus sustitutos concurren hijos y descendientes ulteriores, aquéllos suceden por cabezas y éstos por estirpes; si solo hay nietos, heredarán por cabezas.
3. Los sustitutos que reciban la porción del llamado a la herencia declarado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone el artículo 55.
Artículo 337. Sucesión paccionada.
Las reglas del artículo anterior son de aplicación a la sucesión paccionada, salvo en el caso de premoriencia del instituido al instituyente regulado en el artículo 387.
Artículo 338. Sucesión legal.
1. En la sucesión legal la sustitución tiene lugar cuando el llamado ha premuerto, ha sido declarado ausente o indigno de suceder, así como cuando ha sido desheredado con causa legal o excluido absolutamente en la sucesión.
2. En tales supuestos, la sustitución legal en favor de los descendientes del descendiente sustituido, se produce sin limitación de grado y aunque concurran solos dividen por estirpes; mientras que la sustitución legal en favor de los descendientes del hermano sustituido, solo llega hasta el cuarto grado a contar del propio causante y si concurren con algún hermano del causante dividen por estirpes, pero si concurren solamente hijos o solamente nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, si bien cuando concurren por sustitución solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los primeros dividen por cabezas y los segundo por estirpes.
Artículo 339. Sustitución legal en la legítima.
1. La sustitución legal en la condición de legitimario de grado preferente tiene lugar cuando el legitimario ha premuerto, ha sido desheredado con causa legal o declarado indigno de suceder.
2. Al legitimario de grado preferente excluido absolutamente en la sucesión le sustituyen también sus descendientes, pero conserva el derecho de alimentos previsto en el artículo 515.
Artículo 340. Efectos.
1. Por la sustitución legal, la delación en favor del sustituido o su condición de legitimario de grado preferente corresponde a su estirpe de descendientes, de modo que el sustituto o sustitutos legales ocupan el lugar que habría correspondido al sustituido si no hubiera concurrido causa de sustitución.
2. Para que opere la sustitución legal no es preciso que el sustituto llegue a heredar al sustituido.
Artículo 341. Inexistencia en caso de renuncia.
En caso de renuncia o repudiación no tiene lugar la sustitución legal.
CAPÍTULO IV
Aceptación y repudiación de la herencia
Artículo 342. Libertad para aceptar o repudiar.
1. El llamado a una herencia podrá libremente aceptarla o repudiarla, una vez producida la delación a su favor.
2. Si son varios los llamados a la herencia, cada uno de ellos puede aceptarla o repudiarla con independencia de los otros.
3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la aceptación o renuncia de uno o varios contratantes de un pacto sucesorio.
Artículo 343. Caracteres de la aceptación y la repudiación.
1. La aceptación y la repudiación son actos unilaterales e irrevocables del llamado a la herencia y sus efectos se retrotraen al momento del fallecimiento del causante.
2. Son nulas la aceptación y la repudiación de la herencia hechas a plazo o condicionalmente.
Artículo 344. Diversidad de llamamientos a una misma herencia.
1. El llamado a una herencia por disposición voluntaria que sin ella estuviera también llamado por disposición de la ley, se entiende que si la repudia por el primer título la ha repudiado por los dos, salvo que en el mismo acto manifieste su voluntad de aceptar como heredero legal. En este último caso, quedará sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas por el disponente.
2. Si el llamado repudia la herencia como heredero legal y sin noticia de su llamamiento voluntario, puede aceptarla todavía por éste.
Artículo 345. Aceptación y repudiación parcial.
1. Es nula la aceptación o la repudiación parcial de la herencia o cuota de ella deferida al llamado.
2. El llamado por distintos modos de delación puede aceptar por un llamamiento y repudiar por otro.
3. El llamado simultáneamente como heredero y legatario puede aceptar por un concepto y repudiar por el otro.
Artículo 346. Capacidad de las personas físicas para aceptar o repudiar.
1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce años no incapacitadas; pero para repudiarla los menores de edad mayores de catorce años, aunque estén emancipados, necesitarán la debida asistencia.
2. La aceptación y la repudiación de las atribuciones deferidas a menores de catorce años o a incapacitados sometidos a tutela o a autoridad familiar prorrogada o rehabilitada corresponde a sus representantes legales; pero para repudiarlas necesitan autorización de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución sucesoria.
3. Cuando sean representantes ambos padres, puede aceptar en nombre del hijo uno cualquiera de ellos; sin embargo, la repudiación exigirá la intervención de ambos.
4. El sometido a curatela puede aceptar o repudiar la herencia con la asistencia del curador, salvo que se establezca un régimen distinto en la sentencia de incapacitación.
Artículo 347. Aceptación y repudiación por las personas jurídicas.
La capacidad y los requisitos para la aceptación y repudiación de las herencias deferidas a las personas jurídicas de derecho público o privado se rigen por las normas que específicamente les sean aplicables. A falta de estas, se aplican a la aceptación las reglas de la persona jurídica relativas a los actos de administración y a la repudiación las reglas de los actos de disposición de bienes.
Artículo 348. Interpelación.
1. Transcurridos treinta días desde que se haya producido la delación, cualquier tercero interesado podrá solicitar al Juez que señale al llamado un plazo, que no podrá exceder de sesenta días, para que manifieste si acepta o repudia la herencia.
2. El Juez apercibirá al llamado de que, si transcurrido el plazo señalado no ha manifestado su voluntad de aceptar o repudiar, se tendrá la herencia por aceptada.
Artículo 349. Formas de aceptación.
1. El llamado puede aceptar la herencia expresa o tácitamente.
2. Aceptación expresa es la que el llamado hace en documento público o privado en el que manifiesta su voluntad de aceptar la herencia.
3. Tácita, es la que tiene lugar mediante actos del llamado que suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no podría realizar si no fuera heredero.
Artículo 350. Aceptación tácita.
1. En particular, se considera aceptada la herencia por el llamado que:
a) Dona o transmite a título oneroso su derecho a la herencia o alguno de los bienes que la componen.
b) Renuncia a favor de solo alguno o algunos de los llamados a la herencia.
c) Sustrae u oculta bienes de la herencia.
2. No se entiende aceptada la herencia por el llamado que realiza actos posesorios, de conservación, vigilancia o administración de la herencia, o que paga los impuestos que gravan la sucesión, salvo que con ellos tome el título o la cualidad de heredero.
3. Tampoco se entiende aceptada la herencia por el llamado que renuncia gratuitamente a ella en favor de todas las personas a las que se defiere la cuota del renunciante.
Artículo 351. Forma de la repudiación.
La repudiación de la herencia ha de hacerse de forma expresa en escritura pública o mediante escrito dirigido al Juez competente.
Artículo 352. Efectos de la repudiación.
A todos los efectos legales, se entenderá que el que repudia la herencia deferida a su favor no ha sido llamado nunca a ella.
Artículo 353. Repudiación en perjuicio de acreedores.
1. Si el llamado repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, podrán éstos pedir al Juez que les autorice para aceptarla en nombre de aquél.
2. Concedida la autorización, el único efecto que produce es el de facultar a los acreedores para hacer efectivos sus créditos sobre el patrimonio hereditario.
3. El derecho de los acreedores para solicitar la citada autorización caduca a los cuatro años a contar desde la repudiación.
Artículo 354. Transmisión del derecho a aceptar o repudiar.
1. Salvo expresa previsión en contrario del disponente, por la muerte del llamado sin aceptar ni repudiar la herencia se transmite por ministerio de la ley a sus herederos, en la proporción en que lo sean, el mismo derecho que él tenía a aceptarla o repudiarla.
2. La transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del causante solo tiene lugar en favor del llamado que acepta la herencia del transmitente; si son varios los que la aceptan, cada uno puede ejercitar el derecho transmitido con independencia de los otros y con derecho preferente de acrecer entre ellos.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 278, el usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente se extenderá a los bienes así adquiridos por los herederos de éste, sin perjuicio del que, en su caso, previamente corresponda al cónyuge del primer causante.
CAPÍTULO V
Responsabilidad del heredero
Artículo 355. Limitación de la responsabilidad del heredero.
1. El heredero, incluido el troncal, responde de las obligaciones del causante y de los legados y demás cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, aunque no se haga inventario.
2. Sin embargo, cuando los bienes heredados existentes no sean suficientes, el heredero responderá con su propio patrimonio del valor de lo heredado que enajene, consuma o emplee en el pago de créditos hereditarios no vencidos; así como del valor de la pérdida o deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes heredados.
Artículo 356. Cargas hereditarias.
Entre las cargas hereditarias se incluyen los gastos causados por la última enfermedad del causante, así como los de su funeral y entierro o incineración, los de conservación y defensa de los bienes de la herencia causados en interés común y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Artículo 357. Separación de patrimonios.
1. La confusión de patrimonios no se produce en daño del heredero ni de quienes tengan derechos sobre el caudal relicto.
2. La aceptación de la herencia no produce la extinción de los derechos y créditos del heredero contra la herencia, ni de los de esta contra aquél.
Artículo 358. Embargo de bienes del heredero.
El heredero puede oponerse al embargo de bienes de su propio patrimonio basado en créditos contra la herencia por la vía de la tercería de dominio. A la demanda deberá acompañarse necesariamente un inventario de los bienes relictos recibidos, que podrá ser impugnado por el acreedor en el mismo procedimiento.
Artículo 359. Preferencias.
1. Con relación a los bienes del caudal relicto, los acreedores de la herencia gozan de preferencia sobre los legatarios y ambos sobre los acreedores personales del heredero.
2. Cuando el heredero deba responder con su patrimonio personal del valor de lo heredado, los acreedores hereditarios y legatarios concurrirán sin preferencia con los acreedores particulares del heredero.
Artículo 360. Pago de deudas y legados.
1. El heredero pagará a los acreedores del causante a medida que se presenten, cobrará sus créditos y, finalmente, cumplirá los legados.
2. No obstante, si consta que alguno de los créditos conocidos es preferente, no se hará el pago sin previa caución a favor del acreedor de mejor derecho.
Artículo 361. Formas de pago.
1. El heredero puede pagar las deudas y cargas de la herencia con los bienes recibidos del caudal relicto o con su propio patrimonio.
2. Si el heredero se excediere del valor de lo heredado en el pago a los acreedores, éstos no estarán obligados a restituir.
CAPÍTULO VI
Colación y partición
Sección primera. Colación
Artículo 362. Voluntariedad.
1. La colación de liberalidades no procede por ministerio de la ley, mas puede ordenarse en el título de la propia liberalidad o en pacto sucesorio o testamento.
2. La obligación de colacionar impuesta podrá ser dispensada posteriormente por el disponente en testamento o en escritura pública.
Artículo 363. Liberalidades no colacionables.
Cuando el causante hubiera dispuesto la colación de las liberalidades hechas por él, no se entenderán comprendidos, salvo que expresamente así lo declare, las liberalidades y gastos a que se refiere el apartado 2 del artículo 489.
Artículo 364. Práctica de la colación.
1. No han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino el valor que tuvieran al tiempo de la donación actualizando su importe al momento en que se evalúen los bienes hereditarios.
2. El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.
3. Si un coheredero, mediante las liberalidades colacionables, ha recibido más de lo que le correspondería en la partición, no está obligado a restituir el exceso ni ha de recibir nada en la partición.
Sección 2.ª Partición
Artículo 365. Derecho a la división.
1. Todo titular de una cuota en una herencia o porción de ella tiene derecho a promover en cualquier tiempo la división de la comunidad.
2. No obstante, el disponente podrá ordenar que tanto respecto a la herencia como a bienes concretos de esta no se proceda a la partición durante un tiempo determinado, que no podrá exceder de quince años a contar desde la apertura de la sucesión, o por el tiempo en que los bienes estén sujetos al usufructo del viudo. Igualmente, los partícipes podrán convenir unánimemente la indivisión por un plazo máximo de quince años. En ambos casos, podrá prorrogarse la indivisión por acuerdo unánime de los partícipes por término que, cada vez, no sea superior a quince años.
3. Aunque haya prohibición o pacto de indivisión, el Juez puede autorizar la partición a instancia de cualquier partícipe si concurre una justa causa sobrevenida.
Artículo 366. Partición con menores de catorce años o incapacitados.
1. La representación de las personas menores de catorce años o incapacitadas en la solicitud y práctica de la partición se rige por lo dispuesto en los artículos 9, 13 y 17 pero si el ejercicio de la autoridad familiar lo ostentan ambos padres, se requiere la actuación conjunta de los dos.
2. No será necesaria la intervención de ambos padres ni la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se limite a adjudicar proindiviso a los herederos en la proporción en que lo sean todos los bienes integrantes de la herencia.
Artículo 367. Partición con mayores de catorce años.
1. Los menores de edad mayores de catorce años pueden solicitar la partición e intervenir en ella con la debida asistencia.
2. El sometido a curatela, si la sentencia de incapacitación no dispone otra cosa, puede, asistido por el curador, solicitar la partición e intervenir en ella. Cuando exista oposición de intereses con el curador, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.
Artículo 368. Partición por el disponente.
1. El causante o su fiduciario pueden hacer la partición de la herencia o parte de ella, así como establecer normas vinculantes para su realización, en acto de última voluntad o de ejecución de la fiducia. También podrán hacerlo en acto entre vivos sin sujeción a forma determinada, salvo que se refieran a la herencia deferida por sucesión legal.
2. Si la partición la hace el disponente en el mismo acto de disposición por causa de muerte, las cláusulas de partición prevalecen sobre las dispositivas en caso de contradicción. Si la hace en acto separado, prevalecerán las cláusulas dispositivas salvo que sean revocables y puedan ser efectivamente revocadas por el acto de partición.
Sección 3.ª Pago de las deudas hereditarias por los coherederos
Artículo 369. Responsabilidad antes de la partición.
Los acreedores hereditarios, incluido el heredero que también lo sea, mientras no se realice la partición, habrán de proceder contra todos los herederos para exigir el pago de las deudas y cargas de la herencia.
Artículo 370. Derechos de los acreedores.
1. Los acreedores hereditarios reconocidos como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o garantice el importe de sus créditos.
2. Los acreedores de uno o más de los partícipes pueden intervenir a su costa en la partición para evitar que esta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.
Artículo 371. Responsabilidad después de la partición.
1. Hecha la partición, los acreedores hereditarios pueden exigir el pago de cualquiera de los herederos hasta el límite de su responsabilidad.
2. Igualmente, el coheredero acreedor de la herencia puede también reclamar de cualquiera de los otros el pago de su crédito, pero deducida su parte proporcional como tal heredero.
3. El demandado tiene derecho a hacer llamar a sus coherederos para que intervengan en el proceso, a menos que por disposición del causante o su fiduciario o a consecuencia de la partición hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda.
Artículo 372. Acción de regreso entre coherederos.
El coheredero que hubiese pagado más de lo que le corresponda por su participación en la herencia, puede reclamar la diferencia procediendo contra los demás coherederos y, si se ha practicado ya la partición, puede reclamar a cada uno su parte proporcional hasta el límite de su respectiva responsabilidad.
CAPÍTULO VII
Consorcio foral
Artículo 373. Consorcio foral.
1. Salvo previsión en contrario del disponente, desde que varios hermanos o hijos de hermanos hereden de un ascendiente bienes inmuebles, queda establecido entre ellos, y en tanto subsista la indivisión, el llamado «consorcio o fideicomiso foral».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también a los inmuebles adquiridos proindiviso por legado o donación.
Artículo 374. Efectos.
1. Vigente el consorcio foral, solo son válidos los actos de disposición, inter vivos o mortiscausa, realizados por un consorte sobre su cuota en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran cuando se otorguen a favor de sus descendientes, que con ello adquirirán la condición de consortes, o de otro consorte.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, es embargable la cuota de un consorte en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran, sin que pase a formar parte del consorcio el extraño que la adquiera en el procedimiento de apremio.
3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consortes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó el consorcio, pero sujeta al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido conforme al artículo 278. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no se produce respecto de los bienes recobrados.
Artículo 375. Separación de un consorte.
1. Dejarán de aplicarse los efectos del consorcio al consorte que declare su voluntad de separarse totalmente del mismo en escritura pública.
2. La separación deberá comunicarse fehacientemente a los demás consortes, entre los que continuará el consorcio.
Artículo 376. Disolución del consorcio.
El consorcio se disuelve por la división del inmueble o inmuebles y por acuerdo de todos los consortes.
TÍTULO II
De la sucesión paccionada
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 377. Validez y forma.
Son válidos los pactos que sobre la propia sucesión se convengan en escritura pública, así como los que en relación con dicha sucesión otorguen otras personas en el mismo acto.
Artículo 378. Capacidad.
Los otorgantes de un pacto sucesorio deben ser mayores de edad.
Artículo 379. Carácter personalísimo.
Los otorgantes de un pacto sucesorio solo pueden formalizarlo personalmente, no admitiéndose representación.
Artículo 380. Modalidades.
Los pactos sucesorios pueden ser:
a) De disposición mortis causa de uno o varios contratantes a favor de otro u otros de ellos.
b) De institución recíproca.
c) De disposición mortis causa de los contratantes a favor de tercero o terceros.
d) De renuncia de uno o varios contratantes a la herencia del otro u otros.
Artículo 381. Contenido.
1. Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera estipulaciones mortis causa a favor de los contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustituciones, reservas, fiducias, modalidades, cargas y obligaciones que se convengan.
2. Además del régimen sucesorio, puede también pactarse en capitulaciones matrimoniales en consideración a la casa el establecimiento de una comunidad familiar entre instituyentes e instituido y sus familiares, regulando los derechos y las obligaciones de los que la integran.
Artículo 382. Idioma de los pactos sucesorios.
Los pactos sucesorios podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los contratantes elijan. Si el Notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, el pacto se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el Notario, que deberá firmar el documento.
Artículo 383. Carácter de las donaciones.
1. La donación universal de bienes habidos y por haber equivale a institución contractual de heredero, salvo pacto en contrario.
2. La donación mortis causa de bienes singulares tendrá el carácter de pacto sucesorio.
Artículo 384. Interpretación y normas supletorias.
1. Los pactos sucesorios se interpretarán en los términos en que hayan sido redactados, atendiendo a la costumbre, usos y observancias del lugar, a los que deberá estarse cuando el pacto se refiera a determinadas instituciones consuetudinarias.
2. Como supletorias se aplicarán las normas generales sobre contratos y disposiciones testamentarias, según la respectiva naturaleza de las estipulaciones.
CAPÍTULO II
Institución a favor de contratante
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 385. Aceptación de la herencia o legado.
En la institución a favor de contratante, el consentimiento de éste implica la aceptación de la herencia o legado. En consecuencia, fallecido el instituyente, el instituido heredero o legatario no podrá repudiar la herencia o renunciar al legado.
Artículo 386. Clases.
1. La institución de heredero o legatario en pacto sucesorio puede ser:
a) «De presente», con transmisión actual de los bienes al instituido.
b) «Para después de los días» del instituyente y, por lo tanto, sin transmisión actual de los bienes al instituido.
2. No disponiéndose claramente lo contrario, se entenderá que la institución es para después de los días.
Artículo 387. Derecho de transmisión.
1. Salvo lo establecido en el pacto sucesorio, cuando el instituido premuera al instituyente, transmitirá a sus descendientes los derechos y obligaciones derivados del pacto y, en su caso, los bienes adquiridos de presente.
2. Si tales descendientes fueren varios, podrá el instituyente designar a uno de ellos como heredero en testamento o escritura pública, o encomendar la designación a fiduciarios, si no lo hubiere hecho ya el primer favorecido.
3. La institución quedará sin efecto cuando el instituido premuera al instituyente sin dejar descendientes. En este caso, los bienes transmitidos de presente que aún subsistan en el patrimonio del instituido revertirán al instituyente.
Artículo 388. «Señorío mayor».
La reserva del señorío mayor en el heredamiento de casa aragonesa atribuye al instituyente el usufructo y administración de los bienes, cuyo producto deberá destinarse al sostenimiento y mejora de la casa.
Sección 2.ª Institución de presente
Artículo 389. Efectos.
1. En la institución de presente de heredero universal, el instituido adquiere todos los derechos de que sea titular el instituyente al otorgamiento del pacto, salvo los que se hubiera reservado.
2. Salvo pacto en contrario, los bienes que el instituyente adquiera con posterioridad pasarán al instituido en la forma establecida para la institución para después de los días.
Artículo 390. Disposición de los bienes entre vivos.
Salvo pacto en contrario, el poder de disposición sobre los bienes que le hayan sido transmitidos corresponde al instituido, con las limitaciones establecidas.
Artículo 391. Responsabilidad de los bienes transmitidos.
Sobre los bienes transmitidos de presente, los acreedores por deudas contraídas por el instituyente con anterioridad al pacto sucesorio tienen preferencia respecto de los acreedores del instituido.
Sección 3.ª Institución para después de los días
Artículo 392. Efectos.
En la institución para después de los días, la adquisición de los bienes por el instituido solo se produce una vez fallecido el instituyente.
Artículo 393. Disposición de los bienes entre vivos.
1. Salvo pacto en contrario, el instituyente podrá disponer a título oneroso de los bienes objeto de la institución.
2. Para disponer a título gratuito de los bienes objeto de la institución, el instituyente necesitará el consentimiento del instituido. Se exceptúan las liberalidades usuales o de escaso valor.
Artículo 394. Responsabilidad de los bienes.
Los bienes objeto de la institución para después de los días responden de las deudas contraídas por el instituyente.
CAPÍTULO III
Institución recíproca
Artículo 395. Efectos.
1. En la recíproca institución de heredero, o pacto al más viviente, el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no tenga descendientes, o todos ellos fallezcan antes de llegar a la edad para poder testar.
2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán en los procedentes del primeramente fallecido directamente de éste, como sustitutos de aquél, salvo estipulación en contrario.
3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del sobreviviente.
4. A la institución recíproca le son aplicables los artículos 392 a 394.
Artículo 396. Supervivencia de descendientes.
1. Los otorgantes podrán establecer las previsiones que tengan por conveniente para el caso de que les sobrevivan descendientes, comunes o no, respetando la legítima de los mismos.
2. A falta de disposición expresa sobre este particular, la institución no surtirá efecto cuando al momento de la apertura de la sucesión sobrevivan descendientes del premuerto que no lo sean del supérstite. Habiendo solo descendientes comunes, el pacto equivale a la concesión al sobreviviente de usufructo universal y vitalicio sobre los bienes del premuerto y de la facultad de distribuir la herencia.
CAPÍTULO IV
Pacto en favor de tercero
Artículo 397. Adquisición de la herencia o legado.
En el pacto sucesorio a favor de tercero, no podrá éste aceptar la herencia o adquirir el legado hasta que, fallecido el instituyente, no se le defieran.
Artículo 398. Disposición de los bienes entre vivos.
Salvo que otra cosa se haya pactado, el instituyente podrá disponer entre vivos de sus bienes, tanto a título oneroso como lucrativo.
CAPÍTULO V
Pactos de renuncia
Artículo 399. Validez y modalidades.
1. Son válidos los pactos de renuncia o transacción sobre la herencia futura otorgados entre el renunciante o renunciantes y la persona o personas de cuya sucesión se trate.
2. Tales pactos pueden referirse a todos los derechos sucesorios o a parte de ellos, establecerse a título gratuito u oneroso y sujetarse a condición.
CAPÍTULO VI
Revocación, modificación e ineficacia
Artículo 400. Modificación y revocación convencional.
1. Las estipulaciones contractuales pueden modificarse o revocarse mediante pacto sucesorio celebrado por las mismas personas o sus herederos.
2. Cuando solo fueran dos los otorgantes del pacto, también podrá ser modificado o dejado sin efecto por ulterior testamento mancomunado otorgado por ambos.
Artículo 401. Revocación unilateral.
1. El disponente solo puede revocar unilateralmente su disposición paccionada:
a) Por las causas expresamente pactadas.
b) Por incumplimiento grave de las cargas y prestaciones impuestas al instituido, así como cuando éste, con su conducta, impida la normal convivencia familiar si esta hubiera sido pactada.
c) Por haber incurrido el instituido en causa de indignidad o en situación que, de ser legitimario, implicaría causa de desheredación.
2. La revocación unilateral deberá hacerse en escritura pública. El Notario la notificará a los demás otorgantes, dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la revocación.
3. Si la institución contractual se hubiera inscrito en el Registro de la Propiedad, su revocación podrá hacerse constar en el mismo una vez transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la escritura.
Artículo 402. Efectos de la revocación en la institución de presente.
Si no se hubiera convenido otra cosa, la revocación de la institución de presente produce la reversión al instituyente de los bienes transmitidos al instituido que éste conserve y de los subrogados en ellos.
Artículo 403. Efectos en las estipulaciones recíprocamente condicionadas.
La nulidad, revocación unilateral o ine cacia de una disposición hereditaria paccionada lleva aparejada la de aquellas que, en el mismo documento, se hallen recíprocamente condicionadas.
Artículo 404. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.
TÍTULO III
De la sucesión testamentaria
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 405. Voluntad testamentaria.
1. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del disponente o disponentes manifestada consciente y libremente en testamento otorgado conforme a la ley.
2. El testamento podrá contener cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión del testador o testadores.
3. Las disposiciones de carácter no patrimonial que la ley permite insertar en testamento son válidas si forman parte de un acto revestido de forma testamentaria, aunque en él no figuren disposiciones de carácter patrimonial.
Artículo 406. Tipos de testamento.
1. El testamento puede ser unipersonal o mancomunado.
2. El testamento unipersonal es el acto unilateral y esencialmente revocable por el cual una persona ordena, para después de su muerte, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.
3. El testamento mancomunado es el acto naturalmente revocable por el cual dos personas ordenan en un mismo instrumento, para después de su muerte, con o sin liberalidades mutuas y disposiciones correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.
Artículo 407. Caracteres comunes.
1. El testamento es acto personalísimo, no susceptible de ser hecho por medio de representante, si bien las personas capaces de testar pueden encomendar a fiduciarios que, tras su muerte, ordenen su sucesión.
2. El testamento es un acto solemne, en cuyo otorgamiento han de observarse las formalidades previstas en la ley.
Artículo 408. Capacidad para testar.
1. Pueden testar todas las personas físicas que, al tiempo de otorgar el testamento, sean mayores de catorce años y no carezcan de capacidad natural.
2. Pueden otorgar testamento ológrafo quienes sean mayores de edad.
3. La falta de capacidad de testar, general o para una forma concreta de testamento, en uno de los testadores impide otorgar el testamento mancomunadamente.
Artículo 409. Forma de los testamentos.
1. El testamento mancomunado, en tanto sea compatible con los requisitos establecidos para cada una de ellas, y el unipersonal pueden revestir cualquier forma, común, especial o excepcional, admitida por la ley.
2. Basta que concurran en uno de los testadores las circunstancias requeridas por cualquier forma especial o excepcional de testamento para que se pueda otorgar mancomunadamente.
Artículo 410. Testamento mancomunado cerrado.
1. El testamento mancomunado cerrado podrá estar escrito del puño y letra de uno de los testadores, por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego de alguno de ellos. El testador que lo hubiera escrito de su puño y letra bastará con que lo firme al final; los demás testadores deberán poner su firma en todas sus hojas y al pie del testamento.
2. Ambos testadores comparecerán ante el Notario y manifestarán de forma expresa que el sobre que presentan contiene su testamento mancomunado, expresando también la forma en que se halla escrito y firmado.
3. Autorizado el testamento mancomunado cerrado, se depositará en poder del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo, de donde solo podrá ser retirado por ambos testadores.
Artículo 411. Testamento mancomunado ológrafo.
1. El testamento ológrafo mancomunado basta que esté escrito todo él por uno de los testadores, con expresión del año, mes y día, y que el otro declare también por escrito de su puño y letra, antes de las firmas de ambos, que valga igualmente como testamento suyo y firme en todas sus hojas y al pie del mismo.
2. A la muerte del primero de los testadores que fallezca, se adverará y protocolizará el testamento mancomunado ológrafo con la necesaria participación del otro otorgante que sobreviviese.
Artículo 412. Idioma del testamento
1. Los testamentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los testadores elijan. Si el autorizante o, en su caso, los testigos o demás personas intervinientes en el otorgamiento no conocieran la lengua o modalidad lingüística elegida, el testamento se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los testadores y aceptado por el autorizante, quien deberá firmar el documento.
2. Igualmente, los testamentos cerrados y los ológrafos podrán otorgarse en cualquier lengua o modalidad lingüística de Aragón.
Artículo 413. Testigos en el testamento notarial.
1. En el testamento notarial otorgado en Aragón no será precisa la intervención de testigos, salvo que concurran circunstancias especiales en un testador o que expresamente lo requieran uno de los testadores o el Notario autorizante.
2. Se considera que concurren circunstancias especiales en un testador cuando éste declara que no sabe o no puede firmar el testamento y cuando, aunque pueda firmar, sea ciego o declare que no sabe o no puede leerlo por sí. Si el testador que no sabe o no puede leer es enteramente sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del Notario y deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada.
Artículo 414. Número y capacidad de los testigos.
1. En todos los casos en que sea necesaria la intervención de testigos, serán dos, deberán entender al testador o testadores y al Notario o persona ante quien se otorgue el testamento y deberán saber firmar.
2. No será necesario que sean rogados ni que conozcan al testador ni que tengan su misma residencia.
Artículo 415. Incapacidad para ser testigo.
1. No pueden ser testigos en los testamentos:
a) Los menores de catorce años y los demás incapaces para testar.
b) Los totalmente sordos o ciegos y los mudos que no puedan escribir.
c) Los favorecidos por el testamento.
d) El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del heredero instituido o del legatario designado y del Notario o persona ante quien se otorguen.
2. Estas prohibiciones se aplican también a los facultativos, intérpretes y expertos que intervengan en el testamento.
Artículo 416. Interpretación del testamento.
1. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador o, si el testamento fuera mancomunado, la común de ambos testadores. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador o testadores según el tenor del mismo testamento.
2. Las cláusulas ambiguas u oscuras se interpretarán en sentido favorable a su eficacia, comparando unas con otras, y de existir contradicción irreductible no será válida ninguna de las que pugnen sustancialmente entre ellas. Las disposiciones ininteligibles se considerarán no formuladas.
3. En los casos de duda, la interpretación se realizará en sentido favorable al heredero instituido y las disposiciones que impongan cualquier carga se interpretarán restrictivamente.
4. En la interpretación de las disposiciones correspectivas del testamento mancomunado deberá integrarse lo dispuesto en este artículo con las normas de interpretación de los contratos.
CAPÍTULO II
Testamento mancomunado
Artículo 417. Testadores.
1. Los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden testar de mancomún, aun fuera de Aragón.
2. Si uno de los dos testadores es aragonés y el otro no lo tiene prohibido por su ley personal, pueden testar mancomunadamente, incluso fuera de Aragón.
Artículo 418. Apertura de la sucesión.
Al morir el primero de los testadores se abre su sucesión y producen sus efectos las disposiciones del testamento mancomunado reguladoras de la misma. Los interesados en su sucesión tendrán derecho a copia del testamento, que sin embargo no podrá incluir las disposiciones que solo afecten a la sucesión del otro testador.
Artículo 419. Institución recíproca entre otorgantes.
1. Si los testadores no establecen los efectos del «pacto al más viviente», las disposiciones sucesorias recíprocas entre ellos producirán los que les son propios, sin perjuicio, en su caso, de los derechos legitimarios.
2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los testadores sucederán en los procedentes del primeramente fallecido directamente de éste, como sustitutos de aquél, salvo previsión contraria en el testamento.
3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente.
Artículo 420. Disposiciones correspectivas.
1. Son correspectivas entre sí las disposiciones de contenido patrimonial de uno y otro testador cuya eficacia, por voluntad declarada por ambos en un mismo testamento o contrato sucesorio, estuviera recíprocamente condicionada, sean en beneficio mutuo o de tercero. La correspectividad no se presume.
2. La nulidad o anulación de una disposición produce la ineficacia total de la correspectiva. Sin embargo, la ineficacia sobrevenida de una disposición no produce la de su correspectiva, que dejará de tener ese carácter.
Artículo 421. Revocación.
1. El testamento mancomunado puede ser revocado o modificado por ambos testadores en un mismo acto u otorgamiento.
2. También puede cada testador revocar o modificar unilateralmente sus propias disposiciones no correspectivas.
3. La revocación o modificación unilateral de disposiciones correspectivas solo podrá hacerla un testador en vida del otro o, después, si concurre alguna causa de las que posibilitan la revocación unilateral de los pactos sucesorios, y producirá la ineficacia total de las disposiciones correspectivas del otro. Todo ello salvo que en el testamento o en el contrato sucesorio se prevea otra cosa.
4. Toda revocación o modificación unilateral en vida del otro testador deberá hacerse en testamento abierto ante Notario. El otorgante hará saber al Notario la existencia del anterior testamento y el domicilio del otro otorgante, a quien el Notario notificará, dentro de los ocho días hábiles siguientes, el mero hecho del nuevo otorgamiento. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de esas manifestaciones del otorgante o de la notificación no afectará a la eficacia de la revocación o modificación.
Artículo 422. Disposición de bienes entre vivos.
1. Aunque el testamento mancomunado contuviere cláusula en contrario, cada uno de los testadores podrá disponer entre vivos de sus bienes, a título oneroso o gratuito, aun después del fallecimiento del otro, con las únicas excepciones y modalidades contenidas en los apartados siguientes.
2. En vida de ambos otorgantes, la disposición de bienes comprendidos en una disposición correspectiva que implique su revocación o modificación sustancial produce la ineficacia total de la correspectiva del otro.
3. Muerto un otorgante, podrá el otro disponer de los bienes comprendidos en una disposición correspectiva. Si lo hiciera por título lucrativo, la persona a quien el testamento atribuía dichos bienes podrá, una vez fallecido el disponente, pedir a los donatarios o sus herederos su valor actualizado. Y si la disposición fuera onerosa y supusiera la ineficacia de la disposición correspectiva, podrá, de igual forma, reclamar el valor actualizado, en este caso de los herederos del disponente. Estos derechos caducan en el plazo de dos años contados desde el fallecimiento del disponente.
CAPÍTULO III
Invalidez e ineficacia de los testamentos
Sección primera. Nulidad y anulabilidad
Artículo 423. Invalidez del testamento.
1. Son nulos:
a) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los requisitos esenciales prescritos por la ley para los testadores, el contenido o la forma del testamento otorgado.
b) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los restantes requisitos y formalidades requeridos por la ley. No obstante, la falta de expresión de la hora del testamento no anulará éste si el testador no otorgó ningún otro en aquella fecha. Tampoco lo anulará la falta de indicación en el testamento de que se ha cumplido alguno de sus requisitos y formalidades cuando pueda demostrarse que efectivamente fue cumplido.
2. Son anulables los testamentos que, aun reuniendo los requisitos y formalidades legales, hayan sido otorgados por persona con la edad requerida para testar y no incapacitada judicialmente para ello pero que carezca de capacidad natural y los otorgados con engaño, violencia o intimidación grave.
Artículo 424. Invalidez de la disposición testamentaria.
1. Es nula la disposición testamentaria esencialmente determinada por un motivo contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
2. Será anulable la disposición testamentaria que haya sido otorgada con error en la persona o en el objeto, con engaño, violencia o intimidación grave y en los casos en que resulte que se ha otorgado por error, de hecho o de derecho, en los motivos si del testamento resulta que el testador no la habría otorgado de haber conocido el error.
3. La nulidad, anulación, revocación o ineficacia de una disposición testamentaria no afectará a la validez o eficacia de las demás, a no ser otra la voluntad del testador. Queda a salvo lo dispuesto sobre las disposiciones correspectivas del testamento mancomunado.
Artículo 425. Error en la indicación de la persona o de los bienes.
Si el testador hubiera indicado erróneamente la persona del heredero o del legatario, o los bienes que son objeto de la disposición, pero de la interpretación del testamento fuera posible concluir a qué persona o bienes pretendía referirse, la disposición vale relativamente a esta persona o a estos bienes.
Artículo 426. Acción de nulidad.
1. La nulidad del testamento contemplada en la letra a) del apartado 1 del artículo 423 es imprescriptible, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de la usucapión con relación a cada una de las cosas poseídas.
2. La acción de nulidad del testamento a la que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 423, o de alguna de sus disposiciones, prescribe a los quince años a contar desde el fallecimiento del testador.
Artículo 427. Acción de anulabilidad.
Siendo anulable el testamento o cualquiera de sus disposiciones, la acción prescribe a los cuatro años a contar desde el fallecimiento del testador.
Artículo 428. Límites en el ejercicio de la acción.
No puede ejercitar las correspondientes acciones quien, conociendo la causa de nulidad o anulabilidad del testamento o de cualquiera de sus disposiciones, le ha dado voluntaria ejecución o ha renunciado a la acción.
Artículo 429. Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar.
El testador no puede prohibir que sea impugnado su testamento en los casos en que concurra causa de nulidad o anulabilidad.
Artículo 430. Conversión del testamento nulo.
1. El testamento nulo por defecto de forma será válido si reúne los requisitos formales de otra clase de testamento.
2. El testamento mancomunado nulo por causa que afecte solo a uno de los otorgantes vale como testamento unipersonal del otro si cumple los requisitos propios de su clase.
Sección 2.ª Revocación e ineficacia
Artículo 431. Facultad de revocación.
1. Las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Queda a salvo lo establecido para las correspectivas del testamento mancomunado.
2. El testador no puede renunciar la facultad de revocar, en todo o en parte, su testamento.
3. Se tendrá por no escrita cualquier cláusula que contraríe la facultad de revocación, como la derogatoria de disposiciones futuras o aquélla en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no lo hiciere con ciertas palabras o señales.
4. La revocación de un testamento no afectará a la validez y eficacia, en su caso, del reconocimiento de hijos no matrimoniales.
Artículo 432. Revocación.
El testamento anterior queda revocado por el pacto sucesorio o testamento posteriores perfectos, salvo que del contenido de éstos se infiera la subsistencia del anterior testamento en todo o en parte. Se presume la subsistencia cuando el pacto sucesorio o testamento no tienen contenido patrimonial o éste se limita a solo una parte del caudal hereditario.
Artículo 433. Revocación e ineficacia del pacto o testamento revocatorio.
1. La revocación produce su efecto aunque el pacto o testamento revocatorio sea a su vez revocado o pierda luego su eficacia por cualquier causa.
2. El testamento anterior recobra, no obstante, su fuerza si el testador, al revocar el pacto o testamento posterior, declara ser su voluntad que revivan las disposiciones del primero o si se limita a revocar un testamento meramente revocatorio del anterior.
Artículo 434. Otorgamientos en el mismo día.
1. Si aparecieren dos testamentos de la misma fecha, sin que sea posible determinar cuál es posterior, se tendrán por no escritas en ambos las disposiciones contradictorias de uno y otro.
2. Si aparecieren un pacto y un testamento de la misma fecha, sin que sea posible determinar cuál es posterior, prevalecerán las disposiciones contradictorias del pacto sobre las del testamento.
Artículo 435. Inutilización del testamento cerrado.
1. Se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autoricen.
2. Este testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si aparecieren rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar además la autenticidad del testamento para su validez.
3. Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se entenderá que el vicio procede de ella y no será aquél válido como no se pruebe su autenticidad, si estuvieren rota la cubierta o quebrantados los sellos; y si una y otros se hallaren íntegros, pero con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será válido el testamento, como no se justifique haber sido entregado el pliego en esta forma por el mismo testador.
Artículo 436. Inutilización del testamento ológrafo.
El testamento ológrafo se presume revocado si aparece rasgado o inutilizado, o aparecen borradas, raspadas o enmendadas sin salvar las firmas que lo autoricen, salvo que se pruebe que los citados hechos ocurrieron sin la voluntad o sin el conocimiento de alguno de los testadores o que han sido llevados a cabo por el testador en estado de enfermedad mental.
Artículo 437. Supuestos de ineficacia.
La institución de heredero y el nombramiento de legatario devienen ineficaces, a falta de sustitución voluntaria o derecho de acrecer, entre otros, en los siguientes casos:
a) Si el instituido o nombrado fallece antes que el testador, salvo que haya sustitución legal.
b) Si la institución o el nombramiento estuvieran sujetos a condición suspensiva y el sucesor falleciere antes de que la condición se cumpla.
c) Si el instituido o nombrado se torna incapaz de adquirir la herencia o el legado, salvo que haya sustitución legal.
d) Si el llamado a suceder repudia la herencia o el legado.
Artículo 438. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del testamento resulte que la voluntad del testador o testadores fue otra, no surtirán efecto las disposiciones correspectivas entre los cónyuges, ni las liberalidades concedidas en testamento por uno de ellos al otro, si al fallecer aquél estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.
TÍTULO IV
De la fiducia sucesoria
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 439. Comitente.
Todo aragonés capaz para testar puede nombrar uno o varios fiduciarios para que ordenen su sucesión actuando individual, conjunta o sucesivamente. Nombrados varios sin señalar cómo deben actuar, se entenderá que el llamamiento es conjunto.
Artículo 440. Fiduciarios.
1. El fiduciario habrá de ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar en el momento del fallecimiento del causante.
2. Salvo disposición del comitente, no surtirá efecto el nombramiento del cónyuge como fiduciario si al fallecimiento de aquél estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.
3. El cargo es voluntario y gratuito, salvo que el causante hubiese previsto que fuera retribuido; las facultades del fiduciario se entenderá que tienen carácter personalísimo.
Artículo 441. Subsidiariedad.
Salvo expresa autorización del comitente, el fiduciario, cualquiera que sea la forma en que haya sido designado, no podrá modificar las disposiciones sucesorias del causante, sean anteriores o posteriores a su nombramiento.
Artículo 442. Forma del nombramiento.
La designación de fiduciario y las instrucciones del comitente, si las hubiere, sobre ejecución de la fiducia, o administración y disposición de los bienes sujetos a ella, deberán constar necesariamente en testamento o escritura pública.
Artículo 443. Revocación del nombramiento.
1. El nombramiento de fiduciario, con independencia de la forma en que se haya efectuado, podrá ser revocado por el causante en testamento o escritura pública.
2. El nombramiento de nuevo fiduciario producirá la revocación de los anteriormente designados, a no ser que resulte clara la voluntad del causante de que actúen conjunta o sucesivamente.
Artículo 444. Plazo.
1. El fiduciario deberá cumplir su encargo en el plazo que expresamente le haya señalado el comitente.
2. A falta de señalamiento expreso, la fiducia deberá ejecutarse dentro del plazo de tres años, pero si el único fiduciario es el cónyuge del comitente, su nombramiento se entenderá hecho de por vida.
3. En los casos en que el llamamiento deba reiterarse y haya caducado el plazo, el fiduciario deberá ejecutar su encargo en un nuevo plazo de dos años.
4. Los plazos que establece este artículo son de caducidad.
Artículo 445. Cómputo del plazo.
Los plazos expresados en el artículo anterior se computarán:
a) Desde el fallecimiento del causante. Si al fallecimiento del causante existen legitimarios de grado preferente menores de edad, el plazo de ejecución de la fiducia no finalizará hasta que transcurran tres años desde que alcancen la mayoría de edad todos ellos.
b) En las fiducias sucesivas, desde que legalmente sea posible su ejecución.
c) En el caso de reiteración del llamamiento, desde que el anterior resulte ineficaz.
Artículo 446. Prórroga del plazo.
En todo caso, los fiduciarios podrán solicitar antes de que caduque al Juez la prórroga del plazo establecido, quien, previa audiencia del Ministerio Fiscal, podrá concederla, mediando justa causa, hasta un máximo de dos años.
Artículo 447. Reducción del plazo.
Salvo que el único fiduciario fuera el cónyuge viudo, cualquier persona con interés legítimo puede solicitar del Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, señale un plazo más breve del que en principio corresponda, si la situación de pendencia pudiera producir graves daños al patrimonio hereditario.
Artículo 448. Delación.
1. A todos los efectos legales, la delación de la herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o de su extinción.
2. Mientras no se defiera la herencia, se considerará en situación de herencia yacente, y su administración y representación se regirá por lo establecido en el capítulo siguiente.
CAPÍTULO II
La herencia pendiente de asignación
Artículo 449. Administrador y representante.
1. Pendiente de ejecución la fiducia, la administración y representación del patrimonio hereditario corresponderá:
1.º Al cónyuge viudo sobre todos los bienes y derechos del premuerto, mientras tenga la condición de administrador de la comunidad conyugal, o, en otro caso, solo sobre los bienes afectos al usufructo de viudedad.
2.º Al fiduciario o fiduciarios.
2. En las fiducias colectivas, la administración del patrimonio pendiente de asignación solo corresponderá a los fiduciarios si el causante no hubiera designado un administrador.
Artículo 450. Inventario.
1. En el plazo fijado por el comitente o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a su fallecimiento, el administrador deberá formalizar en escritura pública un inventario comprensivo de todos los bienes, derechos, cargas y obligaciones de la sucesión.
2. Mediando causa justificada, el administrador podrá solicitar del Juez una prórroga para su realización.
3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al cónyuge, éste quedará exonerado de la obligación de realizar el inventario, salvo que expresamente lo haya exigido el causante o lo acuerde el Juez a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.
4. Transcurrido el plazo para realizar el inventario sin que el administrador lo haya formalizado, cualquiera de los parientes del causante dentro del cuarto grado, o cualquier otro interesado en la herencia, podrá solicitar del Juez que le requiera para que lo formalice. El Juez, previa audiencia del administrador, le concederá un nuevo plazo por el tiempo que estime oportuno, con apercibimiento de que, si no lo hace, lo realizará a su costa un tercero designado judicialmente, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir.
Artículo 451. Obligaciones y cargas.
Se pagarán con cargo al caudal relicto:
a) Los alimentos debidos a los hijos y descendientes del causante cuando esta obligación no corresponda a otras personas.
b) Las cargas y deudas de la herencia.
c) Los gastos de conservación de los bienes, los tributos, primas de seguro u otros gastos a que se hallen afectos aquéllos así como las obligaciones contraídas por el administrador en la gestión de los negocios del causante o que se deriven de su explotación, en cuanto no hayan de ser satisfechos por el cónyuge usufructuario.
Artículo 452. Contenido de la administración y representación.
1. El administrador satisfará las obligaciones y cargas a que se refiere el artículo anterior, gestionará los negocios que formen parte del caudal, podrá cobrar créditos vencidos y consentir la cancelación de las fianzas y derechos que los garanticen y realizar cualesquiera otros actos propios de todo administrador, así como ejercer las facultades de gestión que el causante le haya podido atribuir.
2. En el ámbito procesal, el administrador estará legitimado activa y pasivamente respecto de cualesquiera acciones referidas al patrimonio hereditario.
Artículo 453. Facultades de disposición.
1. El fiduciario podrá disponer a título oneroso de los bienes o derechos hereditarios sujetos a fiducia si el comitente le hubiera autorizado para ello, o para atender el pago de las obligaciones y cargas señaladas en el artículo 451, o cuando lo juzgue conveniente para sustituirlos por otros. En las fiducias colectivas, a falta de instrucciones del causante, el acuerdo sobre la disposición se tomará por unanimidad.
2. La contraprestación obtenida quedará subrogada en lugar de los bienes enajenados, salvo que se haya destinado al pago de las deudas y cargas del caudal pendiente de asignación.
3. El fiduciario o fiduciarios no administradores darán cuenta al administrador de toda enajenación que hayan realizado y, en su caso, de los bienes adquiridos que han sustituido a los enajenados.
Artículo 454. Disposición habiendo legitimarios.
Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición de inmuebles por naturaleza, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos será necesaria la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, siendo todos los legitimarios menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente.
Artículo 455. Facultades de liquidación.
El fiduciario puede solicitar la liquidación de la comunidad conyugal disuelta y tiene además las facultades de liquidación y división de la misma señaladas en el artículo 259.
CAPÍTULO III
Ejecución de la fiducia
Artículo 456. Forma.
1. La fiducia deberá ejecutarse necesariamente por acto inter vivos formalizado en escritura pública.
2. Cuando se haya designado como único fiduciario al cónyuge, éste podrá cumplir su encargo también en testamento, salvo disposición contraria del causante o que la fiducia se haya sometido a plazo.
Artículo 457. Modo de actuar.
1. Salvo disposición en contra del comitente, cuando en el momento de ejecutar la fiducia existan descendientes suyos, el fiduciario habrá de ordenar la sucesión exclusivamente a favor de alguno o algunos de ellos, con la misma libertad con que podría hacerlo el causante.
2. El fiduciario podrá hacer uso total o parcial, y aun en tiempos distintos, de sus facultades, a menos que el causante hubiere dispuesto otra cosa.
3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al cónyuge, éste, en uso parcial de la fiducia, podrá atribuir bienes pertenecientes a la disuelta comunidad conyugal con el causante, sin necesidad de practicar su previa liquidación conforme a lo previsto en el artículo 259.
Artículo 458. Eficacia.
1. Los actos inter vivos que en ejecución de la fiducia realicen los fiduciarios serán irrevocables.
2. No obstante, podrá reiterarse el llamamiento si resulta ineficaz la atribución porque los beneficiarios llamados no quieran o no puedan aceptarla, o porque sea declarada nula.
3. Los actos de ejecución de la fiducia en forma testamentaria son siempre revocables y no impiden la eficacia de los actos de disposición realizados por el viudo fiduciario con posterioridad.
Artículo 459. Integrantes de la fiducia colectiva.
1. De la fiducia colectiva formará parte también el cónyuge viudo si el comitente no lo ha excluido expresamente y existen solamente descendientes comunes.
2. Establecida la fiducia a favor de parientes, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, se entenderán llamados, hasta un número de tres, los que tengan capacidad para ser fiduciarios, con el siguiente orden de prelación:
1.º Ascendientes más próximos del causante de menor edad de una u otra línea.
2.º Hermanos que hayan convivido familiarmente con el causante, con preferencia del mayor sobre el menor.
3.º Los colaterales que dentro del cuarto grado nombre el Juez, oído el Ministerio Fiscal.
Artículo 460. Ejecución de la fiducia colectiva.
1. A falta de instrucciones del causante, los acuerdos sobre ejecución total o parcial de la fiducia se tomarán por mayoría de los fiduciarios en acto al que habrán de ser convocados todos ellos.
2. Al otorgamiento de la escritura pública concurrirán todos los fiduciarios. No obstante, bastará con que concurra la mayoría de ellos si los comparecientes manifiestan bajo su responsabilidad que la decisión se adoptó tras deliberación a la que fueron convocados la totalidad de los fiduciarios.
Artículo 461. Sucesión de la casa.
1. En los supuestos de que la casa o un patrimonio deban deferirse a un solo heredero, sin determinación de normas para su nombramiento o cuando resulten de imposible cumplimiento, la elección deberá efectuarse por el cónyuge sobreviviente, y, en su defecto o cuando éste hubiere fallecido sin realizarla, por las personas llamadas a integrar la fiducia colectiva conforme al artículo 459.
2. La elección deberá recaer en uno de los hijos o descendientes del causante y, en su defecto, en uno de los parientes de éste con preferencia de los comprendidos hasta el cuarto grado.
CAPÍTULO IV
Extinción
Artículo 462. Pérdida de la condición de fiduciario.
La condición de fiduciario se pierde:
a) Por las causas establecidas por el causante.
b) Por expirar el plazo establecido para su ejecución.
c) Cuando el fiduciario fallezca, sea declarado ausente o fallecido, privado de la plena administración de sus bienes o incapacitado judicialmente.
d) Por renuncia del fiduciario. Se considerará que renuncian a su condición de fiduciarios los que requeridos notarial o judicialmente por cualquier persona con interés legítimo no la aceptaren pura y simplemente en igual forma en los sesenta días naturales siguientes a la notificación.
e) Cuando el cónyuge viudo fiduciario contraiga nuevas nupcias o lleve vida marital de hecho, salvo que el comitente hubiera dispuesto expresamente otra cosa.
f) Por incurrir el fiduciario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas legales de desheredación o indignidad para suceder.
Artículo 463. Extinción de la fiducia.
1. En la fiducia individual, la pérdida de la condición de fiduciario producirá la extinción de la misma, salvo que proceda el llamamiento de otro fiduciario en los casos de fiducia sucesiva. En todo caso, conservarán su eficacia los actos ya efectuados con anterioridad por el fiduciario, salvo los de disposición que el cónyuge viudo fiduciario hubiere efectuado en su testamento en los casos de las letras e) y f) del artículo anterior.
2. Cuando los fiduciarios sean varios, la pérdida de tal condición por alguno de ellos, una vez agotada la posibilidad de designación en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 459, no impedirá el cumplimiento del encargo por los restantes, aunque solo quede uno, salvo que sea el cónyuge no designado por el comitente o que éste haya dispuesto otra cosa.
TÍTULO V
Normas comunes a las sucesiones voluntarias
CAPÍTULO PRIMERO
Designación de sucesor
Artículo 464. Sucesión voluntaria.
1. Quien no tenga legitimarios puede disponer, por pacto o testamento, de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquier persona que tenga capacidad para suceder.
2. El que tenga legitimarios solo puede disponer de sus bienes con las limitaciones que se establecen en este Libro.
3. La reserva de bienes no tendrá lugar sino cuando aparezca previamente determinada en testamento abierto u otra escritura pública.
Artículo 465. No exigencia de la institución de heredero.
1. El pacto sucesorio y el testamento serán válidos aunque no contengan institución de heredero, o esta no comprenda la totalidad de los bienes. También lo serán aunque el instituido sea incapaz de heredar o no acepte la herencia.
2. En estos casos se cumplirán las disposiciones paccionadas o testamentarias hechas con arreglo a las leyes, y el remanente de los bienes se deferirá a los herederos legales, abriéndose para ellos la sucesión legal.
Artículo 466. Nombramiento de heredero.
1. Tendrá la consideración de heredero el nombrado para suceder, en todo o en parte, en las relaciones patrimoniales y personales del causante que no se extingan por su muerte, cualquiera que sea la denominación que éste le haya dado y tanto si ha sido llamado a la totalidad o a una cuota del caudal como a uno o varios bienes determinados.
2. Los designados sucesores por causa de muerte que no sean herederos tendrán la consideración de legatarios.
3. El llamado a una cuota de la herencia será considerado heredero y el llamado a cosa determinada, legatario, salvo que resulte que otra es la voluntad del causante.
Artículo 467. Heredero ex re certa.
1. Si es voluntad del disponente que el instituido en cosa cierta y determinada sea heredero, responderá de las obligaciones y cargas hereditarias en proporción al valor de lo así recibido; pero no tendrá derecho de acrecer.
2. Si toda la herencia ha sido distribuida entre herederos instituidos en cosa cierta y determinada, sucederán en los bienes de nueva aparición en proporción al valor de lo recibido por cada uno.
3. El instituido en el derecho de usufructo de la herencia, o de una parte o cuota de ella, cuando la voluntad del disponente es que sea heredero, tiene la consideración de heredero ex re certa.
Artículo 468. Legado de parte alícuota.
Si es voluntad del disponente que el llamado a parte alícuota de la herencia sea legatario, no será deudor de las obligaciones y cargas de la herencia y concurrirá a la partición con el heredero, pero cuando no sea legitimario solo tendrá derecho a percibir el valor de lo legado en bienes del activo hereditario líquido si el heredero no opta por pagarlo en dinero, aunque no lo haya en la herencia.
Artículo 469. Distribución de toda la herencia en legados.
1. Si la voluntad del disponente ha sido distribuir toda la herencia en legados, se prorratearán las deudas y cargas entre los legatarios en proporción a sus cuotas, a no ser que se hubiera previsto otra cosa.
2. La responsabilidad de los legatarios se mantendrá por la parte que proporcionalmente se derive de sus cuotas aunque concurran con herederos legales sobrevenidos por la aparición de nuevos bienes.
Artículo 470. Certeza de la designación.
Se tendrá por no puesta toda disposición paccionada o testamentaria en favor de persona incierta, a menos que por algún evento pueda resultar cierta.
Artículo 471. Motivación de la disposición.
La expresión en el pacto o testamento de los motivos de una disposición no afectará a su eficacia, a no ser que, siendo falsos o ilícitos, resultara del propio título sucesorio que han sido esencialmente determinantes de la disposición.
Artículo 472. Concurrencia de designados.
En el llamamiento sucesorio a varias personas, salvo que otra cosa resulte del mismo, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los sucesores designados simultáneamente sin atribución de partes se entienden llamados por partes iguales. Por excepción, si se llama a los hermanos del causante sin hacerlo nominalmente, los de padre y madre toman doble porción que los medio hermanos.
b) Si se llama simultáneamente a varias personas, a unas individual y a otras colectivamente, se entiende que estas lo son también individualmente.
c) Los designados conjuntamente se entienden llamados simultánea y no sucesivamente. Asimismo, cuando sean llamados a una sucesión una persona y sus hijos, se entienden todos instituidos simultánea y no sucesivamente.
d) Cuando se designa a los «hijos», «descendientes» o «hijos y descendientes» del causante o de otra persona, se entienden llamados en primer término los hijos, sustituidos por sus estirpes de descendientes conforme a las reglas de la sustitución legal.
e) Cuando se llama a un determinado grupo de parientes, como «hijos» o «hermanos», sean del causante o de otra persona, se entienden comprendidos los matrimoniales, no matrimoniales y adoptivos que vivan o estén concebidos al tiempo en que se de era la herencia.
Artículo 473. Disposición a favor del alma o a favor de los pobres.
1. Los bienes objeto de disposición para sufragios y obras pías, cuando se haya hecho indeterminadamente y sin especificar su aplicación, se ofrecerán por los albaceas a las instituciones beneficiarias y si alguna no los quisiera recibir en especie, se venderán por aquéllos, que entregarán la mitad del importe a la Iglesia o confesión religiosa legalmente reconocida a la que pertenecía el causante, para que los destine a los indicados sufragios y para atender sus necesidades, y la otra mitad a la Diputación General de Aragón para fines benéficos de la población o comarca correspondiente al domicilio del difunto o de alcance más general. Si el disponente pertenecía a una Confesión religiosa no reconocida legalmente, la mitad que le habría correspondido acrecerá a la Diputación General.
2. En la disposición a favor de los pobres en general o para obras asistenciales, la Diputación General de Aragón destinará los bienes, o el importe de su venta, a entidades asistenciales preferentemente de la población o comarca del domicilio del disponente.
Artículo 474. Disposición a favor de parientes o herederos.
1. Si no resulta otra cosa del pacto o testamento, la disposición a favor de parientes del disponente o de un tercero sin determinación de quiénes sean, se considerará hecha a favor de los que serían llamados por ley a suceder en el momento de la delación y en la proporción resultante de las reglas de la sucesión legal, pero sin limitación de grado y excluyendo al cónyuge.
2. Si para designar a los sucesores se utilizan expresiones como los «herederos», «herederos legales», «herederos legítimos» u otras semejantes, ya lo sean del causante o de otra persona, en defecto de previsiones en el título sucesorio, se entenderán llamados quienes deban heredar según las reglas de la sucesión legal.
Artículo 475. Prohibiciones de adquirir por causa de muerte.
1. Es nula la disposición por causa de muerte a favor de las siguientes personas:
a) El Notario autorizante del acto, o las personas ante las que se otorgan los testamentos especiales, y su cónyuge, parientes o a nes dentro del cuarto grado.
b) Los testigos, facultativos, expertos e intérpretes que intervengan en el otorgamiento del pacto o testamento.
c) La persona que escribe el testamento cerrado a ruego del testador.
d) El tutor o curador del disponente, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no hubiesen que rendirse estas, después de la extinción de la tutela o curatela. Es, sin embargo, válida la disposición a su favor cuando se trate de ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge del disponente.
2. Abierta la sucesión, los efectos retroactivos, el deber de restitución y la caducidad de la acción declarativa de la incapacidad relativa del heredero o legatario a quien se haya deferido la herencia, se rigen por las normas de la indignidad.
Artículo 476. Condiciones válidas.
Son válidas todas las condiciones que no sean imposibles o contrarias a las leyes o las buenas costumbres. En particular, es válida la condición de contraer o no contraer primero o ulterior matrimonio o hacerlo con persona determinada, así como la condición de que el heredero o legatario haga alguna disposición mortis causa en favor del disponente o de otra persona.
CAPÍTULO II
Legados
Artículo 477. Adquisición del legado.
1. En los legados de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, el legatario adquiere su propiedad desde que se le defiere. En los demás legados, la delación le convierte en acreedor de la persona gravada.
2. El legatario que acepte el legado consolidará su adquisición, pero si lo repudia se considerará que no ha tenido lugar la delación a su favor.
Artículo 478. Derecho de transmisión.
1. El legado deferido y no aceptado ni repudiado se transmitirá por fallecimiento del legatario a sus herederos, con la misma facultad de aceptarlo o repudiarlo, salvo voluntad contraria del disponente o que se trate de legados de usufructo, de renta, de pensión vitalicia u otros de carácter personalísimo.
2. De existir una pluralidad de herederos del legatario, cada uno podrá repudiar o aceptar la parte que le corresponda en el legado.
Artículo 479. Posesión del legado.
El legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación.
Artículo 480. Prelación entre legatarios.
Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, su pago se hará en el orden siguiente:
1.º Los que el causante haya declarado preferentes.
2.º Los remuneratorios.
3.º Los de cosa cierta y determinada que forme parte del caudal hereditario.
4.º Los de alimentos.
5.º Los de educación.
6.º Los demás a prorrata.
CAPÍTULO III
Derecho de acrecer
Artículo 481. Casos en que procede.
Habiendo sido llamadas dos o más personas conjuntamente a la totalidad de una herencia o legado o porción de ellos, si alguna no quiere o no puede suceder, su porción acrecerá a las demás, salvo que el disponente hubiera nombrado sustituto o excluido el derecho de acrecer o procedieran la sustitución legal o el derecho de transmisión regulado en el artículo 387.
Artículo 482. Acrecimiento por grupos.
Si quien no llega a suceder forma parte de un grupo de llamados, aunque hubiera otras personas llamadas conjuntamente, el acrecimiento tendrá lugar con preferencia dentro del grupo.
Artículo 483. Efectos del derecho de acrecer.
Los herederos o legatarios favorecidos por el acrecimiento adquieren la parte acrecida por imperio de la ley, sin necesidad de aceptación y sin poder repudiar separadamente esa parte.
CAPÍTULO IV
Albacea
Artículo 484. Carácter dispositivo.
El disponente puede nombrar en pacto sucesorio o testamento uno o más albaceas y establecer con entera libertad las determinaciones que tenga por conveniente.
Artículo 485. Testamento mancomunado.
En el testamento mancomunado, el plazo señalado al albacea común a los testadores se contará, en cuanto a cada sucesión, desde la fecha de fallecimiento del respectivo causante.
TÍTULO VI
De la legítima
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 486. Legítima colectiva.
1. La mitad del caudal fijado conforme al artículo 489 debe recaer en descendientes, de cualquier grado, del causante, que son los únicos legitimarios.
2. Esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo. Si no se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se entiende distribuida entre los legitimarios de grado preferente conforme a las reglas de la sucesión legal.
Artículo 487. Títulos de atribución.
1. La legítima puede atribuirse por cualquier título lucrativo.
2. La existencia de legitimarios no impide al disponente instituir, de forma clara y explícita, heredero a un extraño.
Artículo 488. Legitimarios de grado preferente.
1. Son legitimarios de grado preferente los hijos y, en lugar de los premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos y sucesivamente por sus estirpes de descendientes.
2. No tendrán esta condición los descendientes de los que hubieran renunciado a su legítima.
Artículo 489. Cálculo.
1. El caudal computable a efectos del cálculo de la legítima se forma de la siguiente manera:
1.º Se parte del caudal relicto valorado al tiempo de liquidarse la legítima.
2.º Se añade el valor de los bienes donados por el causante calculado al tiempo de la donación, pero actualizado su importe al tiempo de liquidarse la legítima.
2. Por excepción, no se computan:
a) Las liberalidades usuales.
b) Los gastos de alimentación, educación y asistencia en enfermedades de parientes dentro del cuarto grado que estén en situación de necesidad, aunque el causante no tuviera obligación legal de prestarles alimentos. Los gastos de educación y colocación de los hijos solo se computarán cuando sean extraordinarios.
Artículo 490. Imputación.
1. Serán imputables a la legítima colectiva las liberalidades recibidas del causante por cualquiera de sus descendientes, incluso premuertos, incapaces de suceder, desheredados con causa legal o renunciantes a la legítima.
2. A la imputación se le aplican las mismas reglas de valoración del artículo anterior. No se deducirá del valor de las liberalidades por causa de muerte el de los gravámenes impuestos por el causante a los descendientes, los cuales tendrán el derecho que les confiere el artículo 499, ni el de los impuestos por la ley.
Artículo 491. Liberalidades no imputables.
No se imputan a la legítima:
a) Las liberalidades que el causante hubiera excluido de imputación.
b) Las no computables para el cálculo de la legítima.
Artículo 492. Renuncia a la legítima.
1. La renuncia a la legítima puede hacerse tanto después como antes de la delación de la sucesión, y en este caso unilateralmente o como resultado de un pacto sucesorio.
2. Los requisitos de capacidad y forma de la renuncia a la legítima son, cuando se hace después de la delación, los mismos de la repudiación de la herencia, y, cuando se hace antes, los mismos del otorgamiento de pactos sucesorios.
3. La renuncia a la legítima, salvo declaración en contrario, no afectará a los derechos que correspondan al renunciante en la sucesión legal ni a los que le provengan de la sucesión voluntaria del causante.
4. La renuncia a cualquier atribución patrimonial por causa de muerte procedente del ascendiente implica la renuncia a la legítima
Artículo 493. Prescripción de acciones.
1. Las acciones reguladas en este Título prescriben en el plazo de cinco años contados desde el fallecimiento del causante o desde la delación de la herencia si esta se produce con posterioridad.
2. Si el legitimado para el ejercicio de estas acciones fuera menor de catorce años al iniciarse el cómputo, el plazo finalizará para él cuando cumpla diecinueve.
CAPÍTULO II
Intangibilidad cuantitativa
Artículo 494. Lesión de la legítima.
1. No alcanzando los beneficios percibidos por el conjunto de los descendientes la cuantía de la legítima colectiva, podrán reducirse las liberalidades hechas en favor de no descendientes en la forma regulada a continuación.
2. Salvo que la voluntad del disponente sea otra, el derecho a obtener la reducción corresponderá a los legitimarios de grado preferente y cada uno tendrá derecho a obtener una fracción del importe de la lesión proporcional a su cuota en la sucesión legal.
3. La renuncia o la simple falta de ejercicio por alguno de su derecho de reclamación no incrementa el de los demás.
Artículo 495. Prelación en la reducción de liberalidades.
Las liberalidades lesivas se reducirán en el orden que el causante hubiera dispuesto y en lo no previsto se procederá de la siguiente forma:
a) Se reducirán primero las liberalidades por causa de muerte, a prorrata, con independencia de su título de atribución.
b) Si no fuera suficiente, se reducirán las liberalidades entre vivos, empezando por las de fecha más reciente; las de la misma fecha se reducirán a prorrata.
Artículo 496. Forma de practicar la reducción.
1. Si la reclamación de reducción se dirige contra el cónyuge viudo, podrá éste evitarla pagando en metálico lo que al legitimario reclamante le correspondiera percibir.
2. Si quien sufriera la reducción hubiera recibido del causante varios bienes, tendrá derecho a determinar cuáles de ellos, que cubran el valor reclamado, son objeto de la misma.
3. Si el objeto de la reducción fuera un bien o un conjunto de ellos que no admita cómoda división, ambas partes podrán compensarse en metálico como convengan. En defecto de acuerdo, si la reducción no absorbe la mitad de su valor, quedará para el que hubiera recibido la liberalidad; en caso contrario, para el legitimario que reclama, debiéndose compensar la diferencia en metálico.
CAPÍTULO III
Intangibilidad cualitativa
Artículo 497. Cumplimiento en bienes relictos.
1. La legítima debe atribuirse en bienes relictos.
2. El incumplimiento del deber de atribuir en bienes relictos lo que falte para alcanzar la cuantía de la legítima colectiva, computadas las donaciones imputables, faculta individualmente a los legitimarios afectados para pedir que la parte proporcional que en la diferencia les corresponda les sea entregada en bienes relictos por los extraños que los han recibido, renunciando en favor de éstos a los correspondientes bienes no relictos.
3. La reducción de liberalidades de bienes relictos hechas en favor de no descendientes no podrá afectar al cónyuge viudo y para su práctica será de aplicación el artículo 496.
Artículo 498. Prohibición de gravámenes sobre la legítima.
1. El causante solo puede imponer gravámenes sobre los bienes relictos que atribuya a sus descendientes cuando el valor de los atribuidos libres de gravamen sumado al de las donaciones imputables a la legítima cubra el importe de la legítima colectiva.
2. Se entiende a estos efectos por gravamen toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación impuestos en el título sucesorio que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondían al causante. No se consideran gravámenes los legados en titularidad plena de bienes ciertos con que el causante hubiera gravado a un descendiente.
Artículo 499. Efectos de la infracción.
El legitimario a quien se hubiera impuesto un gravamen que contravenga lo dispuesto en el artículo anterior tiene derecho a que se tenga por no puesto. A este derecho se le aplicarán las siguientes reglas:
1.ª El gravamen se tendrá por no puesto solo en la parte que vulnere la prohibición. Pero si por su naturaleza no fuera posible dejarlo sin efecto parcialmente, se tendrá por no puesto en su totalidad.
2.ª Si fueran varios los descendientes sujetos a gravamen, la parte que deba quedar sin efecto se repartirá entre ellos en la misma proporción en que hayan sido favorecidos por el causante en sus disposiciones por causa de muerte.
3.ª El descendiente al que se hubieran impuesto varios gravámenes podrá decidir el orden en que deben quedar sin efecto.
Artículo 500. Cautelas de opción compensatoria.
1. Para que sea válida la facultad concedida por el causante a algún legitimario de optar entre una determinada atribución por causa de muerte libre de gravamen y otra de mayor importe pero sujeta a gravamen que infrinja lo dispuesto en el artículo 498, es preciso que concurran los siguientes requisitos:
a) Que si se optara por la atribución libre de gravamen, no haya lesión en la legítima colectiva.
b) Y que si se optara por la atribución gravada, el conjunto de liberalidades recibidas por los legitimarios cubra además la mitad de la parte de libre disposición.
2. La opción que incumpla los requisitos del apartado 1 es ineficaz y al gravamen impuesto se le aplicarán las reglas previstas en el artículo anterior.
Artículo 501. Gravámenes permitidos.
No se incluyen en la prohibición del artículo 498 los siguientes gravámenes:
1.º Aquellos dispuestos en beneficio de otros descendientes, presentes o futuros, dentro de los límites de las sustituciones fideicomisarias.
2.º Los establecidos para el caso de fallecer todos los legitimarios sin descendencia, y solo relativamente a los bienes de que cada uno no hubiere dispuesto.
3.º Los establecidos con justa causa, que esté expresada en el título sucesorio o en documento público, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.
4.º Los demás previstos por la ley.
Artículo 502. Justa causa de gravamen.
1. Solo es justa la causa que busca un mayor beneficio del legitimario gravado o de los demás legitimarios.
2. Si el gravamen impusiera una obligación cuyo incumplimiento produzca la transferencia de los bienes heredados por el gravado a otra persona, solo será válido cuando esa persona sea otro descendiente.
3. La causa expresada deberá tenerse como justa mientras no se demuestre que no lo es.
CAPÍTULO IV
Preterición
Artículo 503. Supuestos de preterición.
1. Se entienden preteridos aquellos legitimarios de grado preferente que, no favorecidos en vida del causante ni en su sucesión legal, no han sido mencionados en el pacto o testamento, o en el acto de ejecución de la fiducia.
2. No se consideran preteridos quienes en el momento de la delación de la herencia son legitimarios de grado preferente por sustitución de un ascendiente que no había sido preterido.
Artículo 504. Mención suficiente.
1. Es suficiente para que no haya preterición cualquier mención del legitimario en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura en que se ordene la sucesión, aun sin disposición alguna a su favor ni exclusión expresa de la legítima o de beneficios sucesorios.
2. Es también suficiente cualquier atribución de carácter simbólico o de valor irrelevante.
3. No es mención suficiente, respecto de los nacidos después de otorgarse el testamento o la escritura, el uso de expresiones no referidas especialmente a ellos. Tampoco es mención suficiente la referencia a un descendiente como fallecido cuando en realidad vive.
Artículo 505. Preterición intencional.
1. Es intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la sucesión, conocía la existencia del legitimario y su condición de tal.
2. La preterición se presumirá intencional, salvo prueba en contrario.
Artículo 506. Preterición no intencional.
Es no intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la sucesión, desconocía la existencia del legitimario o su condición de tal, y en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido o desconocer que era descendiente suyo.
Artículo 507. Consecuencias de la preterición intencional.
El legitimario preterido intencionalmente no tiene otro derecho que el que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.
Artículo 508. Consecuencias de la preterición no intencional.
1. El legitimario preterido no intencionalmente tiene derecho, salvo previsión distinta del disponente, a una porción del caudal relicto igual a la que después de la reducción corresponda al menos favorecido por aquél. Esta porción se formará reduciendo proporcionalmente las participaciones de los restantes legitimarios, aunque éstos tendrán derecho a pagar al preterido su parte en metálico. A la reducción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 496.
2. Cuando todos o el único legitimario de grado preferente hayan sido preteridos no intencionalmente y no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, se produce la delación legal de todo el caudal relicto.
3. El preterido no intencionalmente tendrá, además, el derecho que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.
CAPÍTULO V
Desheredación y exclusión
Artículo 509. Desheredación con causa legal.
1. Solo produce los efectos dispuestos en el artículo 511 la desheredación que se funda en una causa legal, cierta y expresada en el pacto o testamento, o en el acto de ejecución de la fiducia.
2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del causante, si el desheredado la niega.
Artículo 510. Causas legales de desheredación.
Son causas legales de desheredación:
a) Las de indignidad para suceder.
b) Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.
c) Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente, así como a su cónyuge, si éste es ascendiente del desheredado.
d) Haber sido judicialmente privado de la autoridad familiar sobre descendientes del causante por sentencia fundada en el incumplimiento del deber de crianza y educación.
Artículo 511. Efectos de la desheredación con causa legal.
1. La desheredación realizada conforme al artículo 509 priva al desheredado de la condición de legitimario y de las atribuciones sucesorias que le correspondan por cualquier título, excepto de las voluntarias posteriores a la desheredación.
2. Además, extingue la legítima colectiva si no hubiera otros descendientes que conserven la condición de legitimarios.
3. La reconciliación posterior entre el disponente y el desheredado o el perdón de aquél a éste, privan al disponente del derecho a desheredar y dejan sin efecto la desheredación ya hecha.
Artículo 512. Exclusión voluntaria de descendientes.
1. El disponente puede excluir a los legitimarios de grado preferente aunque no concurran los requisitos del artículo 509 y aun sin alegación de causa alguna.
2. Los legitimarios excluidos no tienen otros derechos que el que pueda corresponderles a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma, y los que les correspondan en la sucesión legal, salvo lo dispuesto en los dos artículos siguientes.
Artículo 513. Exclusión absoluta.
1. La exclusión es absoluta cuando el disponente ha expresado su voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión. La misma consideración tiene la desheredación pretendida que no cumpla los requisitos expresados en el artículo 509.
2. Los excluidos absolutamente quedan privados del derecho a suceder abintestato y del de ejercitar la acción de lesión que pudiera corresponderles, en los que serán sustituidos por sus estirpes de descendientes si los tuvieran.
3. No obstante, si la exclusión absoluta afecta a todos o al único legitimario, conservarán el derecho a suceder abintestato y a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.
Artículo 514. Error en el motivo o la causa.
Si el motivo de la exclusión, aun absoluta, o la causa de la desheredación, expresados en el título sucesorio, son erróneos, pero no han sido determinantes, se tienen por no puestos. Si han sido determinantes, se producen para los legitimarios de grado preferente las consecuencias de la preterición no intencional.
CAPÍTULO VI
Alimentos
Artículo 515. Derecho a alimentos.
1. Los legitimarios de grado preferente que al hacerse efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos podrán reclamar los que les corresponderían, como descendientes del causante, de los sucesores de éste, en proporción a los bienes recibidos.
2. Estos derechos de alimentos solo procederán en la medida en que no esté obligado a prestarlos el viudo usufructuario o los parientes del alimentista conforme a la legislación general.
TÍTULO VII
De la sucesión legal
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 516. Procedencia.
En defecto, total o parcial, de sucesión ordenada válida y e cazmente por pacto o testamento, se abre la sucesión legal.
Artículo 517. Orden de sucesión legal.
1. En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los parientes de la línea recta descendente.
2. En defecto de descendientes:
1.º Los bienes recobrables y los troncales se defieren a las personas con derecho a recobro y a los parientes troncales, respectivamente.
2.º Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos si no hay parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
Artículo 518. Diversidad de llamamientos universales.
1. En la sucesión legal de una persona pueden concurrir diferentes llamamientos universales en atención al carácter troncal o no troncal de los bienes que integran el caudal relicto.
2. La declaración de herederos legales deberá expresar si se refiere solo a los bienes no troncales, solo a los troncales, con indicación de la línea de que procedan, o a ambos tipos de bienes. Si falta dicha mención, se presumirá que la declaración se ha limitado a los bienes no troncales y no impedirá instar una nueva declaración referida a los troncales.
Artículo 519. Principio de proximidad de grado.
1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal.
2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.
3. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en contrario.
Artículo 520. Ineficacia del llamamiento.
1. Cuando el llamado a la sucesión legal no puede o no quiere suceder, se procede conforme al siguiente orden:
1.º Si se trata de un descendiente o hermano del causante y de alguno de los supuestos de sustitución legal, ocupan su lugar sus estirpes de descendientes.
2.º No aplicándose la sustitución legal, su parte acrecerá a los coherederos.
3.º Si tampoco hubiera acrecimiento, sucederán por derecho propio los parientes del grado siguiente o, en su caso, las personas que ocuparan el siguiente lugar, todo ello según el orden de delación legal.
2. Quienes reciban la porción del llamado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone el artículo 55.
CAPÍTULO II
Sucesión de los descendientes
Artículo 521. No discriminación.
Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.
Artículo 522. Sucesión a favor de los hijos.
Los hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia en partes iguales.
Artículo 523. Sucesión a favor de otros descendientes.
1. Los nietos y demás descendientes heredan por sustitución legal, en los casos y en la forma previstos en el Capítulo III del Título Primero de este Libro.
2. Repudiando la herencia el descendiente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los descendientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.
CAPÍTULO III
Recobros y sucesión troncal
Artículo 524. Recobro de liberalidades.
1. Los ascendientes o hermanos de quien fallece sin pacto o testamento y sin descendencia recobran, si le sobreviven, los mismos bienes que hubieran donado a éste y que aún existan en el caudal.
2. El recobro de los hermanos, en los casos en que proceda la sustitución legal, pasará a sus hijos o nietos.
3. El recobro de liberalidades por los ascendientes o hermanos se entenderá sin perjuicio del derecho de viudedad que corresponda al cónyuge del donatario fallecido.
4. Cuando los bienes donados pertenecieran a la comunidad conyugal, el recobro se ejercitará por cada cónyuge sobre la mitad indivisa de aquéllos y para su patrimonio privativo.
Artículo 525. Recobro, habiendo descendientes.
Procede también el recobro ordenado en el artículo anterior si, habiendo ya recaído por título lucrativo los bienes en descendientes del finado, fallecen todos éstos sin dejar descendencia ni haber dispuesto de dichos bienes, antes que la persona con derecho a tal recobro.
Artículo 526. Sucesión troncal.
Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los bienes troncales se deferirá:
1.º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los bienes. Los hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por derecho propio conforme a lo dispuesto en el artículo 532.
2.º Al padre o madre, según la línea de donde los bienes procedan.
3.º A los más próximos colaterales del causante hasta el cuarto grado, o hasta el sexto si se trata de bienes troncales de abolorio, entre los que desciendan de un ascendiente común propietario de los bienes y, en su defecto, entre los que sean parientes de mejor grado de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito. Concurriendo tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros sean parientes del mismo grado respecto del causante, los primeros serán excluidos por los segundos.
Artículo 527. Bienes troncales de abolorio.
1. Son bienes troncales de abolorio todos aquellos que hayan permanecido en la casa o familia del causante durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.
2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores, cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos del causante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.
Artículo 528. Bienes troncales simples.
1. Son bienes troncales simples los que el causante haya recibido a título gratuito de ascendientes o colaterales hasta el sexto grado.
2. Se exceptúan los que el causante hubiera adquirido de uno de sus padres procedentes de la comunidad conyugal de ambos cuando según las reglas de la sucesión no troncal le correspondiera heredar al otro progenitor.
CAPÍTULO IV
Sucesión de los ascendientes
Artículo 529. Sucesión a favor de los padres.
1. La herencia se defiere al padre y a la madre por partes iguales.
2. En el caso de que uno de los padres haya premuerto al causante o no quiera o no pueda aceptar la herencia, su parte acrecerá al otro progenitor.
Artículo 530. Sucesión a favor de otros ascendientes.
1. A falta de padre y de madre, o cuando ambos no quieran o no puedan aceptar, la herencia se defiere a los ascendientes más próximos en grado.
2. Si concurren varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la misma línea paterna o materna, la herencia se defiere por cabezas. Si alguno de los llamados no quiere o no puede aceptar, su parte acrecerá a los demás coherederos.
3. Si los ascendientes son de líneas diferentes, pero de igual grado, la mitad se de ere a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. En cada línea, la división se hará por cabezas, con derecho de acrecer en favor de los coherederos de la misma línea en caso de que algún llamado no quiera o no pueda aceptar la herencia. Si todos los ascendientes de una línea no quieren o no pueden aceptar, su mitad acrecerá a los ascendientes del mismo grado de la otra línea.
CAPÍTULO V
Sucesión del cónyuge y los colaterales
Artículo 531. Sucesión a favor del cónyuge viudo.
1. El llamamiento al cónyuge sobreviviente no tendrá lugar si al fallecimiento del causante estuviera decretada judicialmente la separación, se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación, o si estuviera separado de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.
2. Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título de todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los parientes del premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como herederos de éste y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente.
Artículo 532. Sucesión a favor de hermanos y sobrinos.
1. Los hermanos e hijos y nietos de hermanos son llamados con preferencia a los demás colaterales.
2. Si no concurren más que hermanos de doble vínculo, la delación tiene lugar por partes iguales
3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo sustituidos, la herencia se de ere a los primeros por derecho propio y a los segundos por sustitución legal.
4. Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren solo hijos o solo nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 338.
Artículo 533. Sucesión a favor de medio hermanos y sobrinos.
1. Si concurren hermanos de doble vínculo con medio hermanos, los primeros son llamados a doble cuota de la herencia que los segundos.
2. En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de padre y otros por la de la madre, la herencia se defiere a todos por partes iguales.
3. La herencia se defiere a los hijos y nietos de los medio hermanos por cabezas o por estirpes, según las reglas establecidas para los descendientes de hermanos de doble vínculo.
Artículo 534. Sucesión a favor de otros colaterales.
1. No habiendo hermanos ni hijos o nietos de hermanos, la herencia se defiere a los demás parientes del causante en línea colateral hasta el cuarto grado.
2. La delación en favor de estos colaterales se verifica sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo.
CAPÍTULO VI
Sucesión en defecto de parientes y cónyuge
Artículo 535. Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma.
1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma.
2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.
Artículo 536. Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
1. En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes.
2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital.
LIBRO CUARTO
DERECHO PATRIMONIAL
TÍTULO PRIMERO
De las relaciones de vecindad
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 537. Relaciones de vecindad.
1. Los vecinos podrán establecer normas específicas para sus relaciones de vecindad, que obligarán únicamente a quienes las acordaron.
2. Los actos realizados y soportados en el ámbito de las relaciones de vecindad se presumen de mera tolerancia.
3. No se extinguen por prescripción las acciones para exigir la correcta observancia de las relaciones de vecindad.
Artículo 538. Del uso adecuado de los inmuebles o sitios.
Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho real o personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus derechos, no pueden causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los que resulten del uso razonable de la finca según su naturaleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe.
CAPÍTULO II
Árboles y plantaciones
Artículo 539. Inmisión de raíces y ramas.
1. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una finca vecina, tendrá el titular de esta derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el titular del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad, en ambos casos mediando justa causa.
2. Si es un árbol frutal el que extiende sus ramas sobre la finca vecina, el titular de esta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan, salvo pacto o costumbre distinta. En caso de que las raíces o ramas ocasionen un perjuicio a su finca, podrá utilizar las facultades que le concede el apartado anterior.
3. Si, reclamado el corte de las ramas, el poseedor del árbol no lo hiciere en un tiempo prudencial, el titular del suelo podrá cortar las que se hayan introducido en su finca.
4. El corte de raíces y ramas se hará en la época y con las técnicas más adecuadas para la conservación del árbol.
Artículo 540. Plantaciones.
1. El propietario que plante arbustos o árboles en predios destinados a plantación o cultivo deberá hacerlo a la distancia mínima autorizada por la costumbre u ordenanzas del lugar, y, en su defecto, a la de cincuenta centímetros si son arbustos o dos metros si son árboles, a contar desde la línea divisoria.
2. Los árboles existentes en un seto vivo medianero se presumen también medianeros y no podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes, salvo que causen un perjuicio grave a cualquiera de los dueños.
3. En las plantaciones forestales se estará a lo dispuesto por la legislación especial.
Artículo 541. Árboles que amenazan caerse.
1. Cuando algún árbol amenazare caerse de modo que pueda causar perjuicio a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular, el dueño del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo, y, si no lo verificare, se hará a su costa por mandato de la autoridad competente.
2. El dueño responderá de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.
CAPÍTULO III
Construcciones
Artículo 542. Paso por razón de obras.
Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por finca ajena o colocar en ella andamios u otros objetos para la obra, el titular de esta finca está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.
Artículo 543. Uso de pared medianera.
El condueño de una pared medianera está facultado para realizar cualquier uso y aprovechamiento de la misma hasta donde su destino y estado actuales lo permitan, siempre que no perturbe el uso común y respectivo de los otros condueños, e indemnizando los perjuicios que cause.
CAPÍTULO IV
Aguas pluviales
Artículo 544. Paso natural del agua pluvial.
Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra humana descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso, sin que el dueño del predio inferior pueda hacer obras que lo impidan, ni el del superior, obras que lo agraven.
CAPÍTULO V
Luces y vistas
Artículo 545. Régimen normal de luces y vistas.
1. Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en pared medianera, pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas.
2. Dichos huecos carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar provistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en vistas rectas o sesenta centímetros en vistas de costado u oblicuas.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable a los huecos abiertos sobre una vía de uso público.
Artículo 546. Toma de medidas.
Las distancias de que habla el apartado 2 del artículo 545 se medirán, en las vistas rectas, desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos y desde la línea de estos donde los haya, y, para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.
Artículo 547. Huecos en pared medianera.
1. Si la pared medianera tiene adosadas al otro lado edificaciones o construcciones, los huecos para luces y vistas solo pueden abrirse por encima del punto común de elevación.
2. Los huecos para luces y vistas no son un signo contrario a la condición medianera de la pared.
Artículo 548. Voladizos.
1. Se entiende por voladizo los balcones y demás salientes que sobresalen suficientemente del paramento de la pared, están colocados debajo de un hueco de la misma y permiten asomarse, apoyarse o moverse por el saliente y mirar la finca vecina.
2. No se consideran voladizos los aleros, los elementos arquitectónicos de la pared ni otros elementos salientes existentes en la finca.
3. No prescribe la acción para exigir la supresión de los voladizos existentes dentro de las distancias determinadas en el apartado 2 del artículo 545.
Artículo 549. Protecciones.
1. Las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina. En pared medianera, no podrán colocarse más allá de su eje.
2. No prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones.
Artículo 550. Derecho a edificar o construir.
1. La facultad de abrir huecos para luces y vistas concedida en los artículos anteriores no limita, altera ni modifica el derecho del propietario del fundo vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna y como estime conveniente.
2. También podrá, sin necesidad de edificar o construir, obstaculizar o limitar las vistas a espacios utilizados para su vida familiar o personal.
TÍTULO II
De las servidumbres
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Sección primera. Concepto, clases y caracteres
Artículo 551. Concepto.
1. La servidumbre es el derecho real limitado de goce establecido sobre una finca en beneficio de otra.
2. La finca a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama finca dominante; la que la sufre, finca sirviente.
Artículo 552. Clases de servidumbres.
1. Las servidumbres pueden ser aparentes o no aparentes, positivas o negativas, continuas o discontinuas.
2. Es aparente la servidumbre que se anuncia por signos exteriores, visibles, materiales, objetivos y permanentes que revelan el uso y aprovechamiento de la misma, siendo servidumbres no aparentes todas las demás.
3. La servidumbre es positiva cuando otorga al titular de la finca dominante un determinado uso de la finca sirviente, y es negativa cuando consiste en una limitación de las facultades del titular de la finca sirviente.
4. La servidumbre continua es aquella cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención humana. La servidumbre discontinua es la que se usa a intervalos más o menos largos y depende de actos humanos.
Artículo 553. Utilidad, inseparabilidad y permanencia.
1. La servidumbre se constituye para utilidad exclusiva de la finca dominante, de la que es inseparable. También pueden constituirse servidumbres recíprocas entre fincas dominantes y sirvientes.
2. La servidumbre tiene carácter permanente, salvo si ha sido constituida bajo término o condición.
Artículo 554. Indivisibilidad.
1. Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide o se segrega una parte de la misma, la servidumbre no se modifica, y cada uno de los titulares de las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.
2. Si la finca dominante se divide o se segrega una parte de la misma, cada uno de los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera.
Artículo 555. Derechos reales de aprovechamiento parcial.
Los derechos reales de aprovechamiento parcial establecidos a favor de una o varias personas o de una comunidad sobre una finca ajena, con independencia de toda relación entre fincas, se rigen, en todo aquello que no determine su título constitutivo, por el régimen general de las servidumbres, en lo que sea compatible.
Sección 2.ª Contenido de las servidumbres
Artículo 556. Contenido de las servidumbres.
1. Al establecerse una servidumbre, se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso.
2. El título y, en su caso, el signo aparente o la posesión de la servidumbre constituida por usucapión determinan los derechos de la finca dominante y las obligaciones de la sirviente. En su defecto, la servidumbre se regirá por las disposiciones del presente Título que le sean aplicables.
3. A falta de acuerdo entre los interesados sobre el contenido de la servidumbre, su determinación se llevará a efecto por decisión judicial en atención al título, los signos aparentes, las circunstancias de las fincas y la costumbre del lugar.
Artículo 557. Ejercicio civiliter.
La servidumbre se ejerce de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente.
Artículo 558. Obras en las fincas.
1. Las obras y los trabajos necesarios para el establecimiento, el uso y la conservación de la servidumbre corren a cargo del titular de la finca dominante, salvo que el título de constitución establezca otra cosa. El propietario de la finca sirviente, si es preciso, debe tolerar su ocupación temporal para que se ejecuten dichas obras.
2. Si fuesen varias las fincas dominantes, los titulares de todas ellas estarán obligados a contribuir a los gastos de que trata el apartado anterior en proporción al beneficio que a cada uno reporte la obra. El que no quiera contribuir podrá eximirse renunciando a la servidumbre.
3. Si la servidumbre reporta una utilidad efectiva a la finca sirviente, su titular debe contribuir a los gastos de establecimiento, uso y conservación en la proporción antes expresada, salvo pacto en contrario.
4. El titular de la finca sirviente no puede hacer ninguna obra que perjudique o dificulte el ejercicio de la servidumbre.
Artículo 559. Liberación de cargas.
Si el titular de la finca sirviente se hubiere obligado, al constituirse la servidumbre, a costear las obras necesarias para el uso y conservación de la misma, podrá liberarse de esta carga abandonando su finca al titular de la dominante.
Artículo 560. Modificación de la servidumbre.
1. El propietario de la finca sirviente, si el ejercicio de la servidumbre le resulta excesivamente gravoso o incómodo, puede exigir, a su cargo, las modificaciones que crea convenientes en la forma y el lugar de prestación de la servidumbre, siempre que no disminuyan su valor y utilidad.
2. La forma de prestar la servidumbre puede adquirirse por usucapión o extinguirse por prescripción, como la servidumbre misma y de la misma manera.
Sección 3.ª Constitución de las servidumbres
Artículo 561. Constitución.
Las servidumbres se constituyen:
a) Por voluntad de los titulares de las fincas dominante y sirviente.
b) Por voluntad del titular de la finca dominante, con carácter forzoso para el de la finca sirviente, cuando la ley así lo contempla.
c) Por signo aparente.
d) Por usucapión.
Artículo 562. Legitimación.
1. Pueden constituir una servidumbre los propietarios de la finca dominante o sirviente y los titulares de derechos reales posesorios sobre estas. En este último caso, la servidumbre tiene el alcance y la duración de sus derechos.
2. El que tenga la propiedad de una finca cuyo usufructo pertenezca a otro podrá imponer sobre ella, sin el consentimiento del usufructuario, las servidumbres que no perjudiquen al derecho del usufructo.
Artículo 563. Servidumbre sobre finca indivisa.
1. Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los cotitulares.
2. La concesión hecha solamente por algunos de los cotitulares quedará en suspenso hasta el momento en que la otorgue el último de todos ellos.
Artículo 564. Servidumbre sobre finca propia.
1. Es posible constituir servidumbre sobre finca propia, quedando su efectividad subordinada a que la finca dominante o la sirviente cambien de titularidad.
2. Si los titulares de la finca dominante y de la sirviente coinciden parcialmente, la servidumbre producirá efectos desde el momento de su constitución.
Artículo 565. Constitución forzosa de servidumbres.
Cuando la ley conceda al titular de una finca derecho a constituir servidumbre sobre finca ajena y no hubiera acuerdo sobre su constitución o la forma de su ejercicio, resolverá el juez, que fijará la forma menos gravosa para quien deba padecerla, así como la correspondiente indemnización.
Artículo 566. Constitución por signo aparente.
1. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará suficiente, cuando se enajenare una, para que se entienda constituida la servidumbre, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación.
2. La regla establecida en el apartado anterior se aplicará a las fincas resultantes por división o segregación de aquella sobre la que existiera el signo aparente.
Artículo 567. Constitución de las servidumbres negativas.
1. Las servidumbres negativas no pueden constituirse por usucapión.
2. La falta de título constitutivo de las servidumbres negativas únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente.
Sección 4.ª Usucapión de las servidumbres
Artículo 568. Usucapión de las servidumbres aparentes.
Todas las servidumbres aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo título ni buena fe.
Artículo 569. Usucapión de las servidumbres no aparentes.
Las servidumbres no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. En todo caso, la posesión inmemorial, pacífica y no interrumpida produce, sin otro requisito, los efectos de la prescripción adquisitiva.
Artículo 570. Cómputo del tiempo.
En la constitución de servidumbres por usucapión, el tiempo de la posesión se contará desde el día en que el titular de la finca dominante hubiera empezado a ejercerla sobre la finca sirviente.
Sección 5.ª Extinción y modificación de las servidumbres
Artículo 571. Causas de extinción.
1. Las servidumbres se extinguen por:
a) El no uso durante veinte años.
Este término empezará a contarse desde el día en que hubiera dejado de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas y desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario a la servidumbre respecto a las continuas, excepto en el supuesto de servidumbre sobre finca propia.
b) El cumplimiento del plazo o la realización de la condición si la servidumbre se hubiera sometido a término o condición resolutorios.
c) La renuncia del titular de la finca dominante.
d) La redención convenida entre el titular de la finca dominante y el de la sirviente.
e) Cuando la servidumbre se hubiera constituido por el titular de un derecho real posesorio sobre la finca, al extinguirse este.
f) La pérdida total de la finca sirviente o de la dominante.
2. La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y sirviente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas declara su voluntad en tal sentido.
Artículo 572. Extinción por modificación de las fincas.
1. La división o segregación de la finca dominante permite al titular de la finca sirviente exigir la extinción de la servidumbre respecto de las fincas resultantes para las que no sea necesario el uso de la misma.
2. La división o segregación de la finca sirviente permite a los titulares de las fincas resultantes que no sean necesarias para el uso de la servidumbre exigir la extinción de la misma respecto a estas fincas.
Artículo 573. Prescripción extintiva sobre finca en comunidad.
Si la finca dominante perteneciera a varios en común, el uso de la servidumbre hecho por uno impide la prescripción respecto de los demás.
CAPÍTULO II
Servidumbres de luces y vistas
Artículo 574. Signos aparentes.
Los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno son los únicos signos aparentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la falta de la protección señalada en el artículo 545 ni tampoco los voladizos sobre fundo propio.
Artículo 575. Imposibilidad de usucapión.
La servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de posesión, no puede adquirirse por usucapión.
Artículo 576. Efectos.
Cuando, por cualquier título, se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de la manera indicada en el artículo 546.
CAPÍTULO III
Servidumbre forzosa de paso
Artículo 577. Servidumbre de paso.
1. El titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida o con salida insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente indemnización.
2. El paso debe darse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fincas gravadas y, si es compatible, por el punto más beneficioso para la finca dominante.
3. La anchura y las características de la servidumbre de paso serán las adecuadas para la utilización normal de la finca dominante.
Artículo 578. Indemnizaciones.
1. Si la servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para la finca dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en la finca sirviente.
2. Cuando la servidumbre se limite al paso necesario a través de la finca sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.
Artículo 579. Constitución por partición o enajenación.
Si, adquirida una finca por partición o cualquier otro título, quedare sin salida a una vía pública, el copartícipe o transmitente está obligado a dar paso, sin que, salvo pacto en contrario, proceda indemnización.
Artículo 580. Desaparición de la necesidad de paso.
1. Si el paso concedido a una finca deja de ser necesario por haber adquirido su titular otra colindante que esté contigua a la vía pública, el titular de la finca sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiera recibido por indemnización.
2. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse una nueva vía que dé acceso a la finca enclavada.
CAPÍTULO IV
Servidumbre forzosa de acceso a red general
Artículo 581. Servidumbre de acceso a red general.
1. El titular de una finca que carezca de conexión a una red general de saneamiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y las comunicaciones u otros servicios, tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de acceso a la red, pagando la correspondiente indemnización.
2. La servidumbre solo puede exigirse cuando la conexión a la red general no pueda realizarse por otro sitio sin gastos desproporcionados.
3. El acceso debe darse por el punto menos perjudicial para las fincas gravadas y, si es compatible, por el más beneficioso para la finca dominante, con respeto, en todo caso, de las disposiciones legalmente aplicables al tipo de red de que se trate.
CAPÍTULO V
Derechos de pastos y ademprios
Sección primera. Servidumbres
Artículo 582. Alera foral.
1. La servidumbre de pastos de día, unilateral o recíproca, entre términos de pueblos contiguos, denominada alera foral, se regirá por lo estatuido en el título, por la costumbre local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos.
2. El régimen de la alera foral será supletorio, en lo que sea compatible, del de las servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma.
Artículo 583. Servidumbres de pastos.
1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero deberá dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación corresponde a los titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las cosechas, si no existe paso cabañal o acceso por vía pública.
3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abrevar.
Artículo 584. Ademprios.
1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que constituyan derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté fundada en título escrito o en la posesión inmemorial, se regirán con preferencia por lo estatuido en aquel o lo que resulte de esta, y, en su defecto, por la costumbre.
2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de titularidad comunitaria, se presumen de duración indefinida.
Sección 2.ª Comunidades
Artículo 585. Comunidad en mancomún.
1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por título o posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer de su parte sin consentimiento de todos los titulares.
2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las cuotas o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de vecinos de cada pueblo al tiempo de la división.
Artículo 586. Comunidad pro diviso.
1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titulares dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a varios, de los aprovechamientos de pastos, leñas y demás ademprios producidos por la finca.
2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por causa de muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros partícipes podrán ejercitar el retracto de comuneros, prefriéndose, en caso de concurrencia, al retrayente titular del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.
3. La comunidad de ademprios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime de los partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la permanencia de la comunidad. Podrá también decidirse la concentración de derechos en función de la utilidad más adecuada de la finca.
Artículo 587. Régimen común.
Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por la costumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a los demás titulares.
TÍTULO III
Del derecho de abolorio o de la saca
Artículo 588. Concepto.
El derecho de abolorio o de la saca es un derecho de adquisición preferente, ejercitable como tanteo y, subsidiariamente, como retracto, que la ley concede a determinados parientes de quien pretenda enajenar o enajene bienes de abolorio a quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes.
Artículo 589. Bienes de abolorio.
1. A los efectos de este Título, son bienes de abolorio los inmuebles de naturaleza rústica y los edificios o parte de ellos, siempre que estén situados en Aragón y hayan permanecido como tales en la familia durante las dos generaciones anteriores a la del enajenante, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.
2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos del enajenante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.
Artículo 590. Titulares del derecho.
1. Pueden ejercitar el derecho de abolorio, cualquiera que sea su vecindad civil, los descendientes del enajenante mayores de catorce años que sean titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia, los parientes colaterales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, así como los ascendientes que le hubiesen donado el inmueble.
2. Si concurren dos o más titulares en el ejercicio del derecho de abolorio, tendrán preferencia, por este orden:
1.º El descendiente más próximo en grado al enajenante.
2.º El ascendiente o hermano que hubiese donado el inmueble al enajenante.
3.º El pariente colateral más próximo en grado al enajenante.
4.º En igualdad de grado, el primero en ejercitarlo.
Artículo 591. Enajenaciones.
El derecho de abolorio tiene lugar en toda venta o dación en pago, incluso en las efectuadas con carácter forzoso mediante subasta, judicial o extrajudicial, u otras formas de realización de bienes en procedimientos de apremio.
Artículo 592. Cuota indivisa.
1. El derecho de abolorio es susceptible de ejercicio en la enajenación de cuota indivisa de bienes de abolorio.
2. Si se enajena un inmueble en su totalidad, no cabe ejercitar el derecho de abolorio sobre una cuota indivisa del mismo.
Artículo 593. Pluralidad de bienes.
Cuando se enajene una pluralidad de inmuebles, podrá ejercitarse separadamente el derecho de abolorio sobre cualquiera de aquellos que tengan la consideración de bienes de abolorio, aunque la contraprestación sea única.
Artículo 594. Plazos de ejercicio.
1. El derecho de abolorio podrá ejercerse como tanteo, si se hubiese notificado fehacientemente el propósito de enajenar, con indicación del precio y demás condiciones esenciales del contrato, en el plazo de caducidad de treinta días naturales a contar desde la notificación.
2. Realizada la notificación previa a la enajenación, el propietario queda obligado frente al destinatario de aquella durante el plazo de los treinta días, aunque desista de su intención de enajenar.
3. Los efectos de la notificación caducarán si la transmisión proyectada no se lleva a cabo en el plazo de un año, de modo que, si la transmisión tiene lugar transcurrido ese plazo, el destinatario de la notificación podrá ejercer el retracto en los términos previstos en el apartado siguiente.
4. El derecho de abolorio podrá ejercerse como retracto si no se hubiese notificado el propósito de enajenar, si la notificación hubiese sido incompleta, si la enajenación tuviera lugar en condiciones diferentes de las notificadas o si se efectuara antes del transcurso del plazo previsto en el apartado 1, dentro de los siguientes plazos de caducidad:
a) Cuando se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con indicación del precio y demás condiciones esenciales del contrato, treinta días naturales a contar desde la notificación.
b) A falta de notificación de la transmisión, el plazo será de noventa días naturales a partir de aquel en el que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales, bien a través de los medios de información previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción del título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio.
5. En todo caso, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajenación.
Artículo 595. Requisitos del ejercicio del derecho de abolorio.
1. El ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o consignación del precio, en metálico o mediante un medio de garantía como la prestación de aval bancario o el libramiento de cheque conformado dentro de los plazos expresados en el artículo anterior.
2. Cuando el precio no fuera conocido, tendrá que consignarse o garantizarse el precio estimado. Si el juez considerase insuficiente la cantidad consignada o garantizada, fijará la que proceda y concederá al retrayente un plazo de diez días para completarla.
3. Para la admisión de la demanda será necesaria, además de acompañar el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados anteriores, la presentación de un principio de prueba documental del parentesco con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados o que se pretenden enajenar.
Artículo 596. Efectos.
1. Por el ejercicio del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en las mismas condiciones en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado.
2. Si se ejercita después de la enajenación, deberá abonar, además del precio, los gastos de la transmisión y los gastos necesarios y útiles hechos en el bien transmitido.
3. El adquirente por derecho de abolorio no podrá enajenar el bien adquirido por acto voluntario entre vivos durante cinco años, a no ser que venga a peor fortuna.
Artículo 597. Renuncia.
Es válida la renuncia al derecho de abolorio realizada sobre bienes concretos, incluso la hecha sin contemplación a una determinada enajenación.
Artículo 598. Concurso de derechos de adquisición preferente.
El derecho de abolorio tiene prioridad sobre cualquier otro derecho de adquisición preferente, salvo el de comuneros y los establecidos a favor de entes públicos.
TÍTULO IV
De los contratos sobre ganadería
Artículo 599. Normas supletorias.
Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, regirán los usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios generales en los que, tradicionalmente, se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Términos genéricos
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Código se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Segunda. Especialidades procesales en los casos de nulidad, separación o divorcio con hijos a cargo.
1. En los casos de nulidad, separación y divorcio las medidas judiciales sobre las relaciones familiares de los padres con hijos a cargo, se adoptarán en el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento civil, adaptado a las especialidades de la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del Libro Primero del presente Código.
2. Las referencias realizadas al convenio regulador se entenderán hechas al pacto de relaciones familiares.
3. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares.
Tercera. Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo.
En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones familiares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda según la Ley de Enjuiciamiento civil. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares.
Cuarta. Revisión de la guarda y custodia.
Los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el apartado 6 del artículo 80 del presente Código serán revisables en los supuestos de sentencia firme absolutoria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO PRIMERO
Primera. Aplicación inmediata.
1. Las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libro Primero, salvo la Sección 3ª del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, cualquiera que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de su persona o bienes.
2. Las normas contenidas en el Título IV del Libro Primero se aplican también íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, cualquiera que sea la fecha del llamamiento a la Junta de Parientes.
Segunda. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía.
1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 2007, pero no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente, pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en este Código.
2. En particular, las normas contenidas en el Libro Primero sobre nulidad o anulabilidad de actos son aplicables desde el 23 de abril de 2007, aunque el acto se hubiera otorgado con anterioridad.
Tercera. Prodigalidad.
1. Desde el 23 de abril de 2007 nadie puede ser declarado pródigo.
2. Las personas declaradas pródigas con anterioridad siguen rigiéndose por las normas de la legislación anterior, pero pueden solicitar judicialmente la reintegración de su capacidad.
Cuarta. Gastos de maternidad.
Lo dispuesto en el artículo 62 sobre gastos de maternidad no se aplica cuando el nacimiento ha tenido lugar antes del 23 de abril de 2007.
Quinta. Autoridad familiar por personas distintas de los padres.
El contenido de la autoridad familiar de otras personas se regula en todo caso por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 aunque aquélla se hubiera constituido antes del 23 de abril de 2007.
Sexta. Revisión de convenios reguladores y de medidas judiciales.
1. Las normas de la Sección 3ª del Capítulo II del Título II son de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
2. La solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 2010.
Séptima. Régimen provisional de mediación familiar.
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a que hace referencia la disposición final segunda de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, es de aplicación lo previsto en la presente disposición transitoria, en los siguientes términos:
1. Se entiende por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado que afecten a menores de edad derivados de la ruptura de la pareja, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas.
2. El Gobierno de Aragón facilitará servicios de mediación familiar, que priorizarán en cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde la Administración de Justicia o desde los servicios sociales.
3. Los colegios profesionales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro podrán colaborar con el Gobierno de Aragón en materia de mediación familiar.
4. La mediación familiar se rige por los principios de voluntariedad, igualdad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, carácter personalísimo y buena fe.
5. Mediante Orden del Departamento competente se podrá desarrollar este régimen provisional de mediación familiar.
DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO SEGUNDO
Octava. Aplicación inmediata.
Las normas de los Títulos Primero, II, III, IV y V del Libro Segundo son aplicables de inmediato, desde el 23 de abril de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio del usufructo vidual, con las excepciones señaladas en las tres disposiciones siguientes.
Novena. Hechos, actos y negocios.
Los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación de capítulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones, gestión o disposición de bienes y disolución, liquidación o división del consorcio conyugal, así como los relativos al derecho expectante y al usufructo de viudedad, solo se rigen por este Código cuando tengan lugar o hayan sido realizados a partir del 23 de abril de 2003.
Décima. Comunidad conyugal continuada.
Las comunidades conyugales continuadas existentes el 23 de abril de 2003 siguen rigiéndose por las normas de la Compilación del Derecho Civil.
Undécima. Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.
En el supuesto de existencia de hijos no comunes del cónyuge premuerto, a la extensión del usufructo de viudedad ya causado el 23 de abril de 2003 se le siguen aplicando las limitaciones del artículo 73 de la Compilación del Derecho Civil.
Duodécima. Parejas estables no casadas
Las normas del Título VI son aplicables desde el 6 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO TERCERO
Decimotercera. Ley aplicable a la sucesión.
Las sucesiones por causa de muerte se rigen por la ley vigente en el momento de apertura de la sucesión.
Decimocuarta. Validez de los actos por causa de muerte anteriores.
1. Conservan su validez los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, que sean válidos con arreglo a la legislación anterior.
2. También son válidos los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999 que lo sean con arreglo a este Código, aunque no lo fueran según la legislación anterior, siempre que la apertura de la sucesión se produzca a partir de dicha fecha.
Decimoquinta. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía.
1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 1999, pero no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en este Código.
2. Los plazos se cuentan desde el 23 de abril de 1999 en las sucesiones abiertas con anterioridad, pero se aplican los de la legislación anterior si habían de cerrarse antes que los de este Código.
Decimosexta. Sustitución legal.
1. No es causa de sustitución legal la renuncia a la herencia producida con posterioridad al 23 de abril de 1999.
2. No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado antes del 23 de abril de 1999 se hubiera previsto expresamente la aplicación del régimen contenido en el artículo 141 de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen el que se aplique.
Decimoséptima. Normas sobre aceptación, repudiación y partición.
Las normas de este Código sobre aceptación, repudiación y partición de la herencia se aplican a las realizadas a partir del 23 de abril de 1999 aunque la sucesión se haya abierto antes.
Decimoctava. Consorcio foral.
Los efectos del consorcio foral y la facultad de cada consorte de separarse del mismo previstos en este Código son de aplicación desde el 23 de abril de 1999 aunque el consorcio se hubiera originado antes.
Decimonovena. Sucesión paccionada.
Las normas del Título II en cuanto a efectos, disposición de bienes entre vivos y responsabilidad de los bienes transmitidos, así como la reguladora de los efectos de la revocación de la institución de presente, son también aplicables a los pactos sucesorios otorgados con anterioridad al 23 de abril de 1999.
Vigésima. Modificación o revocación de actos y disposiciones por causa de muerte.
Las normas del presente Código sobre modificación o revocación de los actos por causa de muerte o de cualquiera de las disposiciones contenidas en ellos son aplicables desde el 23 de abril de 1999 aunque los actos que se modifican o revocan se hubieran otorgado con anterioridad.
Vigésimo primera. Fiducia sucesoria.
El artículo 447 y los Capítulos II, III y IV del Título IV de este Libro son también aplicables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, para las que, sin embargo, no regirán los artículos 444 a 446.
Vigésimo segunda. Preterición.
Lo dispuesto en el artículo 504 sobre mención suficiente se aplica también a las sucesiones abiertas antes del 23 de abril de 1999.
DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO CUARTO
Vigésimo tercera. Aplicación inmediata.
Las normas contenidas en el Libro Cuarto son aplicables de inmediato, desde el 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, a todas las situaciones contempladas en él.
Vigésimo cuarta. Derecho de abolorio.
La regulación del derecho de abolorio contenida en este Código es aplicable cuando la enajenación se haya realizado a partir del 1 de enero de 2011. |
DECRETO-LEY 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial
El contexto actual de estancamiento económico y las graves restricciones fi nancieras que padece el sector público aragonés demandan una respuesta urgente por parte del Gobierno de Aragón, en orden a racionalizar la estructura empresarial pública de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial, que viene a profundizar en la reforma ya iniciada en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión y disolución de sociedades públicas, y en la introducción de medidas de optimización en la gestión de aquellas empresas que subsisten a este primer proceso de remodelación del sector. La fi nalidad, por consiguiente, es arbitrar un conjunto de decisiones de obligado cumplimiento que permitan avanzar a las distintas sociedades por la senda de la efi cacia y la efi ciencia.
A este fin, los resultados de la auditoría presentada por la Intervención General revelan graves desequilibrios contables, económicos y fi nancieros que exigen adoptar medidas inmediatas de corrección y saneamiento, en defecto de las cuales se pondría en peligro no solamente la viabilidad y sostenibilidad de las cuentas de esas empresas sino también la estabilidad económico-presupuestaria de la propia Comunidad Autónoma.
Por todo ello, y en línea con los compromisos asumidos por este Gobierno y con las medidas de austeridad ya adoptadas, se van a ir fusionando, abandonando o suprimiendo aquellas empresas que no contribuyan a la consecución de fi nes de interés general, lo que implica extinciones y refundiciones de empresas, además de la reestructuración en los órganos directivos de las empresas del sector público empresarial en las que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa estas decisiones, así como la decisión de venta de las participaciones minoritarias en aquellas empresas que carece de sentido la intervención pública.
En suma, con esta estrategia se aspira a confi gurar un nuevo sector público empresarial efi caz y efi ciente, de forma tal que se adopten una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del sector público empresarial y a la reducción del défi cit y contención del gasto público.
El sistema de gestión del sector público empresarial ya prevé diversos mecanismos e instrumentos destinados a asegurar el control, la transparencia y, en la medida de lo posible, la coordinación de las decisiones adoptadas en el seno de los sujetos que integran dicho sector.
Sin embargo, es necesario dar un paso más, y en este contexto el diseño precisa de una urgente revisión a diversos niveles, tanto estructurales como en su régimen económico y de gestión, a cuyo fi n responde el presente Decreto-ley.
El Decreto-ley recoge una serie de medidas urgentes aplicables al sector público empresarial, de régimen económico-fi nanciero, de control, contratación, y de recursos humanos, para la racionalización y mejora de la gestión de las sociedades empresariales autonómicas.
La estructura del Decreto-ley consta de 17 artículos agrupados en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones fi nales.
El Capítulo I regula las disposiciones generales, defi niendo el objeto, el ámbito de aplicación que se extiende a las sociedades mercantiles autonómicas, los principios generales que inspiran su actuar, y las atribuciones del Gobierno de Aragón, residenciando la competencia para dar instrucciones en el departamento competente en materia de patrimonio, así como en la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
El Capítulo II se refi ere al régimen económico-fi nanciero, estableciendo que las sociedades deberán adecuar sus presupuestos al objetivo de estabilidad presupuestaria, en términos de al menos equilibrio económico fi nanciero y conforme a lo previsto en la legislación de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, las sociedades que en su gestión pudieran afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón están obligadas a presentar un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-fi nanciero de saneamiento.
Tanto el control del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, como el seguimiento del plan económico-fi nanciero para la corrección del desequilibrio que hayan de presentar las sociedades que incumplan las condiciones de estabilidad establecidas, corresponderá al consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o, en su defecto, a la persona titular del departamento con competencia en materia de patrimonio. El incumplimiento por la sociedad de estas medidas señaladas podrá acarrear el establecimiento de medidas correctoras severas.
Adicionalmente, para realizar emisiones de deuda y concesión de avales por parte de las sociedades que integran el sector público empresarial, debe preverse en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, llevándose de manera centralizada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Estas entidades, si incurren en niveles excesivos de défi cit de capital circulante, habrán de realizar un Plan de Pagos a Proveedores aprobado por el titular del departamento competente en materia de patrimonio, y su incumplimiento podrá conllevar medidas correctoras. En caso de que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria e incurran en niveles excesivos de défi cit de capital circulante, se integrarán en un solo el Plan económico-fi nanciero y el Plan de Pagos a proveedores.
La prestación de garantías por parte del Gobierno de Aragón se realizará conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y Ley de Presupuestos correspondiente. Se autoriza al Gobierno de Aragón a autorizar cartas de compromiso de permanencia en el capital social de las empresas públicas aragonesas dentro de los límites de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y Leyes de Presupuestos.
El Capítulo III recoge el régimen de control de las sociedades del sector público empresarial por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo obligaciones de información y control por parte de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que constituirá una Comisión de auditoría y control, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de auditorías internas.
El Capítulo IV determina el régimen de contratación, previendo autorización previa para contratos cuya cuantía sea igual o superior a 12 millones de euros, o la cuantía que fi je la correspondiente Ley de Presupuestos, siempre que no se trate de contratos de fi nanciación y gestión fi nanciera. Además previamente a la licitación de todo contrato se exige una memoria justifi cativa de necesidad.
El Capítulo V regula el régimen de recursos humanos, en concreto lo relativo al personal que ocupa puestos de carácter directivo, con la novedad del sometimiento al régimen de incompatibilidades, declaración de bienes, no percibir a su cese la indemnización, y su productividad ligada al cumplimiento de objetivos, que no se percibirán hasta que la sociedad no cumpla la obligación de elaboración del Plan económico-fi nanciero o el Plan de Pago a Proveedores.
Finalmente, se incluyen dos disposiciones adicionales, la primera somete a esta normativa a los restantes entes de derecho público con la pertinente adaptación en materia de competencia, la segunda determina la obligatoriedad de las directrices de la Corporación Empresarial Pública de Aragón aprobadas hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley; dos disposiciones transitorias, la primera tratando de homogeneizar la regulación del personal directivo a lo previsto en este Decreto-ley, y la segunda recogiendo un mandato para adecuar las instrucciones de contratación a este Decreto-ley; y tres disposiciones fi nales, la primera de las cuales modifi ca los artículos 146 y 147 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, para adecuarlos a este Decreto-ley.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley. En este sentido, las modifi caciones normativas que se abordan exigen acudir a esta fi gura del Decreto-ley por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de llevar a cabo la regulación que contiene.
Esta adaptación es necesaria ya que para hacer efectivas las medidas de reestructuración del sector público empresarial no basta con diseñar el nuevo tejido empresarial, sino que se debe modifi car la normativa de la Comunidad Autónoma de rango legal, lo que a su vez permitirá modifi car las normas de rango reglamentario que supondrán la efectiva aplicación y desarrollo de los principios y medidas establecidos en la citada Ley.
Igualmente, se requiere adecuar lo dispuesto en la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, a la normativa aplicable al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los motivos expuestos justifi can la urgencia en la aprobación de esta norma ya que, de otro modo, se produciría una situación de inseguridad jurídica para el sector público empresarial.
La realidad económica actual ha evidenciado la necesidad de adoptar nuevas medidas para asegurar el efectivo cumplimiento por parte de esas entidades de los que son sus objetivos.
Medidas más intensas que las ya instrumentadas y que deben adoptarse con celeridad.
Los objetivos que se persiguen con este Decreto-ley no pueden ser cumplidos a través del procedimiento legislativo ordinario, con la premura que precisa la adopción de dichas medidas correctoras imprescindibles para reforzar la confi anza en nuestro sector público empresarial y culminar su proceso de racionalización y reestructuración.
Las modifi caciones que se incorporan mediante este Decreto-ley se amparan en las competencias que atribuye a la Comunidad Autónoma el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón en su apartado 32, desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de noviembre de 2011, DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
Este Decreto-ley tiene por objeto el establecimiento de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en coherencia con la estabilidad presupuestaria, adoptando una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del sector público empresarial, a garantizar su efi cacia y efi ciencia, a la reducción del défi cit y la contención del gasto público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las normas recogidas en este Decreto-ley serán de aplicación a las sociedades mercantiles autonómicas a las que se refi ere el artículo 133 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
Artículo 3. Principios generales
Las sociedades mercantiles autonómicas deben actuar de acuerdo con los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad fi nanciera, transparencia, austeridad, efi cacia, efi ciencia, economía y servicio al interés general.
Artículo 4. Atribuciones del Gobierno de Aragón 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley del Patrimonio de Aragón, el departamento competente en materia de patrimonio podrá impartir instrucciones de obligado cumplimiento para las sociedades mercantiles autonómicas.
Del mismo modo, podrá impartir instrucciones dirigidas a sus representantes en los órganos colegiados de otras sociedades en cuyo capital se participe, para que las medidas previstas en este Decreto-Ley se apliquen igualmente en dichas sociedades.
2. De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 9ª de la Ley del Patrimonio de Aragón, las funciones enunciadas en el apartado anterior se atribuyen a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
CAPÍTULO II
Régimen económico-fi nanciero
Artículo 5. Principios fi nancieros y presupuestarios 1. Con carácter general, los ingresos que obtengan las sociedades a las que se refi ere la presente norma deben ser sufi cientes para cubrir sus gastos e inversiones.
2. Igualmente, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 145 de la Ley del Patrimonio de Aragón, la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos se realizará al menos en términos de equilibrio económico fi nanciero, de acuerdo con lo previsto en la legislación de estabilidad presupuestaria.
Artículo 6. Plan económico-fi nanciero de saneamiento 1. Las sociedades que hayan incurrido en pérdidas o en excesivos niveles de endeudamiento en 2010, de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en sus propios presupuestos deberán presentar antes de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-fi nanciero de saneamiento.
Igualmente, las sociedades que en el futuro incurran en dicha situación de desequilibrio, de acuerdo con sus cuentas anuales aprobadas, deberán presentar un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio y un plan económico-fi nanciero de saneamiento en el primer semestre del ejercicio en el que se presenten las cuentas.
2. El órgano de gobierno de cada sociedad elaborará las propuestas de informe de gestión y de plan económico-fi nanciero de saneamiento.
3. La aprobación, con o sin modifi caciones, y el seguimiento de la ejecución del plan corresponderán, oído el titular del departamento de tutela, al consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o, en su defecto, a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
4. El plan económico-fi nanciero de saneamiento indicará las medidas correctoras, con una proyección temporal para alcanzar el reequilibrio en un máximo de tres años, contados a partir del inicio del año siguiente al que se ponga de manifi esto el desequilibrio. Salvo que concurran circunstancias excepcionales que hagan necesario un plazo mayor, que deberá concretar la sociedad y motivar sufi cientemente.
En el marco del seguimiento de la ejecución del plan, si por circunstancias sobrevenidas no fuera posible el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan con carácter anual, la Corporación Empresarial Pública de Aragón, oído el titular del departamento de tutela, podrá proponer modifi caciones al mismo tendentes a la consecución de los objetivos marcados.
5. Cuando se cumplan las circunstancias señaladas en el apartado 1 de este artículo y del artículo 8 de este Decreto-ley, el Plan económico-fi nanciero de saneamiento y el Plan de Pagos a Proveedores se integrarán en uno solo que satisfaga los requerimientos de cada uno de ellos.
6. El incumplimiento de la formulación por el órgano de gobierno de cada sociedad de las propuestas previstas en el apartado primero de este artículo, así como el incumplimiento en cualquier momento de dichas propuestas, podrá comportar el establecimiento de medidas coercitivas, oído el titular del departamento de tutela, por parte del titular del departamento competente en materia de patrimonio, o, en su caso, del consejo de administración de la Corporación Pública Empresarial de Aragón, que podrán consistir, entre otras, en:
a) El cese de los miembros del órgano de gobierno de la sociedad, así como en su caso de su director general, gerente o quien realice funciones ejecutivas de máximo nivel.
b) la paralización de las transferencias para la cobertura, total o parcial, de défi cit de las sociedades incumplidoras, a cuyo fi n se declarará la no disponibilidad de los créditos presupuestarios destinados a este fi n en el departamento de tutela de las sociedades.
c) la no tramitación de ninguna operación de garantía, compromisos de participación o permanencia o afi anzamiento de las obligaciones de las sociedades incumplidoras.
d) la paralización de las inversiones de cualquier índole, directas o indirectas, de la sociedad.
e) la exigencia de autorización previa para la formalización de los nuevos contratos que se determinen.
f) la limitación de la autorización de endeudamiento de acuerdo con lo previsto en la ley de presupuestos anual.
Artículo 7. Endeudamiento y modalidades de fi nanciación 1. En las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón se determinarán los importes globales máximos que las sociedades que conforman el sector público puedan utilizar como recurso de endeudamiento así como la concesión de avales.
Todo ello sin perjuicio de la especial consideración de los avales que puedan ser necesarios en función de la legislación sectorial.
2. La coordinación y el control del endeudamiento de las sociedades a las que se refi ere esta norma se llevará a cabo de manera centralizada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, sin perjuicio de las competencias del departamento competente en materia de Hacienda.
La coordinación de dicho endeudamiento del sector empresarial se extenderá a cualquier modalidad de fi nanciación, entre las que se incluirán las distintas fórmulas de fi nanciación, bajo cualquier modalidad, que se utilicen para la construcción o gestión de obras públicas e infraestructuras y la prestación de servicios públicos.
3. Si una operación de endeudamiento se destinara a una fi nalidad distinta para la que fue inicialmente autorizada, podrá acordarse, por el titular del departamento competente en materia de patrimonio, la denegación de futuras operaciones de endeudamiento.
Artículo 8. Pago a proveedores.
1. Con carácter general, las sociedades a las que se refi ere esta norma que incurran en niveles excesivos de défi cit de capital circulante habrán de realizar un Plan de Pagos a Proveedores, que deberá ser aprobado, oído el titular de departamento de tutela, por el consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o, en su defecto, la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
2. El incumplimiento, en cualquier momento de su ejecución, de las previsiones contempladas en dicho plan podrá comportar el establecimiento de medidas correctoras, oído el titular del departamento de tutela, por parte del titular del departamento competente en materia de patrimonio, o, en su caso, del consejo de administración de la Corporación Pública Empresarial de Aragón, que podrán consistir, entre otras, en las mencionadas en el apartado 6 del artículo 6 del presente Decreto-Ley.
3. El seguimiento de las medidas correctoras impuestas corresponderá a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Artículo 9. Prestación de garantías.
1. La constitución de garantías por parte del Gobierno de Aragón se realizará en todo caso, y de manera exclusiva, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de los términos y límites previstos en las Leyes de Presupuestos.
2. Corresponde al Gobierno de Aragón autorizar cartas de compromiso de permanencia en el capital social de las empresas públicas aragonesas.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 7, cualquier tipo de garantía prestada, bajo cualquier forma, por alguna de las sociedades sometidas a este DecretoLey, incluyendo la Corporación Empresarial Pública de Aragón, además de ser conforme a la legislación civil y mercantil, deberá ser autorizada por el Gobierno de Aragón, en los términos y condiciones que se establezcan anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO III
Régimen de control
Artículo 10. Obligación de información y control 1. La Corporación Empresarial Pública de Aragón elaborará información agregada que publicará anualmente.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón no participará directa o indirectamente en empresas privadas donde no conste en sus estatutos la obligación de auditar sus cuentas.
Artículo 11. Medidas de control
1. Las sociedades a las que se aplica el presente Decreto-Ley quedan sometidas al control de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos dispuestos en su Ley de Hacienda.
Adicionalmente, en los supuestos de los artículos 6, 7 y 8 de esta norma la Corporación Empresarial remitirá de forma periódica a la Intervención General información sobre las actuaciones realizadas y el cumplimiento de lo previsto en los correspondientes planes.
2. Todas las actuaciones referidas en el presente texto legal que exijan la autorización del Gobierno de Aragón deberán ser objeto de informe previo y preceptivo de la Intervención General. Corresponderá a la Corporación Empresarial la tramitación de los respectivos expedientes.
3. Se podrán adoptar medidas adicionales de control cuando en la actuación de las sociedades se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Incumplan los deberes de suministro de información o el plazo para formular o aprobar las cuentas anuales.
b) Tengan informes de auditoría con advertencias o salvedades signifi cativas.
c) No elaboren el Plan económico-fi nanciero, el Plan de Pago a Proveedores o no apliquen las medidas correctoras.
d) Utilicen las operaciones de endeudamiento para fi nalidades distintas para las que fueron inicialmente autorizadas.
e) El presupuesto del ejercicio se haya desviado sin causa justifi cada y no se hayan planteado acciones correctoras efi caces.
f) Se realicen actuaciones sin los informes o autorizaciones que sean preceptivos.
g) Se considere necesario por causas debidamente justifi cadas, distintas de las anteriores y a iniciativa del titular del departamento competente en materia de patrimonio.
4. Dichas medidas podrán consistir en:
a) La obligatoriedad de autorización previa del departamento competente en materia de patrimonio para la realización de todos, o una parte, de sus actos de gestión económico-fi nanciera.
b) La incorporación de mecanismos específi cos de auditoría y control fi nanciero.
c) El establecimiento de un sistema de control previo por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón de toda, o de parte, de la actividad económico-fi nanciera de la sociedad.
d) La necesidad de autorización del titular del departamento de tutela para la celebración de contratos, de cualquier naturaleza jurídica, cuyo importe estará calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) Vinculación de la retribución salarial del equipo directivo al cumplimiento de los objetivos del plan económico-fi nanciero.
5. El órgano competente para, en su caso, aprobar la adopción de uno o varias de dichas medidas y la cuantía de los límites de contratación previstos en la letra d) anterior será el titular del departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, oída la persona titular del departamento de tutela de la sociedad.
6. La adopción de las medidas previstas en las letras b) y c) del apartado 4 requerirán el informe previo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 12. Comisión de auditoría y control 1. La Corporación Empresarial Pública de Aragón constituirá una Comisión de auditoría y control, dependiente del consejo de administración, que estará integrada por tres miembros:
un vocal del consejo de administración, un representante de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón y un experto independiente.
2. La Comisión de auditoría y control ejercerá las funciones previstas en la legislación mercantil sobre todas las empresas del grupo en las que exista obligación material de constitución.
Además los estatutos sociales de la Corporación podrán atribuir a dicha comisión otras funciones que se extenderán a todas las sociedades integradas en el grupo.
Artículo 13. Auditoría interna
Sin perjuicio de las inspecciones y controles previstos por la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando así lo estime la Corporación Empresarial Pública de Aragón, el departamento de tutela o bien el departamento competente en materia de patrimonio, cualquier sociedad sujeta a esta norma podrá ser sometida a una auditoría interna.
CAPÍTULO IV
Régimen de contratación
Artículo 14. Autorización previa para determinados contratos 1. Para la celebración de contratos, de cualquier naturaleza jurídica, cuyo importe sea igual o superior a 12 millones de euros, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, las sociedades necesitarán la autorización previa del Gobierno de Aragón. Este importe podrá ser modifi cado en las sucesivas Leyes de Presupuestos.
2. El Gobierno de Aragón podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.
3. Anualmente en la Ley de Presupuestos se podrá fi jar la cuantía a partir de la cual será necesaria la autorización para celebrar contratos de las personas titulares de los departamentos de tutela a los que las sociedades se hallan adscritas. A falta de esta previsión presupuestaria, la cantidad a partir de la cual será necesaria dicha autorización será la que, en su caso, establezca la persona titular del departamento de tutela, que no podrá ser inferior a un tercio de la cantidad que deba ser autorizada por el Gobierno de Aragón.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a los contratos relativos a la fi nanciación y gestión fi nanciera.
Artículo 15. Idoneidad de la contratación Con carácter previo a la licitación de todo contrato sujeto a las instrucciones de contratación aprobadas por cada sociedad, se exigirá que se elabore una memoria en la que se justifi que con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato, la idoneidad de éste para satisfacerlas, la correcta estimación y adecuación del precio para la ejecución de la prestación y el procedimiento elegido para la adjudicación del contrato.
CAPÍTULO V
Régimen de Recursos Humanos
Artículo 16. Regulación del personal que ocupe puestos de carácter directivo Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma y por la Ley del Patrimonio de Aragón, al personal que ocupe puestos de carácter directivo de las sociedades, incluyendo los supuestos de relaciones laborales especiales de alta dirección, a las que se refi ere esta norma le será de aplicación el siguiente régimen jurídico:
a) el régimen establecido en la normativa autonómica sobre declaración de bienes, derechos patrimoniales y actividades de altos cargos.
b) en materia de incompatibilidades, la legislación autonómica, o en su defecto la legislación estatal, en materia de confl ictos de intereses.
c) estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de efi cacia y efi ciencia, responsabilidad por su gestión, medidas de austeridad y reducción de costes y control del gasto público.
d) este personal no percibirá a su cese indemnización alguna, salvo las que estén establecidas por disposición legal de derecho necesario, no pudiendo pactarse ni suscribirse cláusulas contractuales que tengan por objeto reconocer indemnizaciones o compensaciones económicas, cualesquiera que fueran su naturaleza o cuantía, por razón de extinción de la relación jurídica que les une con la empresa.
Artículo 17. Productividad
1. El departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta del departamento de tutela, podrá establecer objetivos generales y directrices de la evaluación del sistema de objetivos en relación con las retribuciones variables del personal de las sociedades a los que resulte de aplicación este Decreto-Ley.
2. Con carácter general, los abonos en concepto de retribuciones variables ligadas al cumplimiento de objetivos no se realizarán en tanto la sociedad incumpla la obligación de elaboración de un Plan económico-fi nanciero o a un Plan de Pago a Proveedores, o cuando se produzca una desviación signifi cativa e injustifi cada de los objetivos defi nidos en dichos planes.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Otros entes de derecho público
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley serán también de aplicación a las entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón sujetas a contabilidad privada, como por ejemplo el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
En este caso, en la aplicación de estas normas se atenderá a la diversidad de la naturaleza, los fi nes y funciones de los diferentes entes del sector público empresarial, así como a las características económicas de los sectores en los que operan. En particular, las referencias realizadas al departamento competente en materia de patrimonio se entenderán realizadas al departamento al que se encuentre adscrito el ente.
En el caso de las sociedades dependientes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión las referencias realizadas a la Corporación Empresarial Pública de Aragón se entenderán realizadas a dicha Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Segunda. Directrices de la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Las directrices aprobadas hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley por el Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, serán de obligado cumplimiento para todas las sociedades mercantiles autonómicas cuya gestión esté atribuida a dicha Corporación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Personal que ocupe puestos de carácter directivo A partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley y en un plazo máximo de seis meses, las sociedades del sector público a las que se refi ere la presente norma deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 en materia de regulación del personal directivo.
A los efectos de la aplicación del presente Decreto-ley, se entenderá que son personal directivo de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón quienes, dentro de las mismas, realicen funciones ejecutivas de máximo nivel y, en todo caso, el personal laboral cuyas retribuciones, a 31 de diciembre de 2011, sean iguales o superiores a las fi jadas en la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, en la redacción dada por la Ley 5/2010, de 24 de junio, para los Directores Generales y asimilados de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Segunda. Instrucciones de contratación
En un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, se deberán modifi car, en su caso, las instrucciones de contratación en los términos previstos en el artículo 15.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modifi cación de los artículos 146 y 147 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
Se modifi can los artículos 146 y 147 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 146. Comisión de auditoría y control.
Las sociedades mercantiles autonómicas califi cadas como sociedad matriz con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de esta Ley y que, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la misma, tengan atribuida la responsabilidad de entidad de gestión, deberán constituir una comisión de auditoría y control, dependiente del consejo de administración, con la composición y funciones que se determinen en una norma con rango legal o, en su defecto, en sus estatutos sociales, a los efectos de supervisar los procesos de auditoría externa e interna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial.
«Artículo 147. Presidente y consejero delegado.
Los nombramientos del presidente del consejo de administración y del consejero delegado o puesto equivalente que ejerza el máximo nivel ejecutivo de las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público, se efectuarán en virtud de propuesta vinculante efectuada por el Gobierno de Aragón.»
Segunda. Facultades de desarrollo
El Gobierno de Aragón y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrán dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación del presente Decreto-ley.
Tercera. Entrada en vigor
El presente decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Ofi cial de Aragón».
Zaragoza, 29 de noviembre de 2011.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN |
DECRETO-LEY 2/2011, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores
Tras el cambio de Gobierno de Aragón se ha iniciado un proceso general de consolidación fiscal, llamado a sanear las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma y a reorientar la política presupuestaria bajo los principios cardinales de estabilidad, sostenibilidad y viabilidad económico-fi nanciera. En ese contexto, la aprobación del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como del Decreto-Ley de medidas urgentes para la reestructuración del sector público empresarial son dos hitos relevantes que enmarcan la nueva acción de gobierno, culminando este recorrido la reciente aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012.
El nuevo proyecto de Ley de Presupuestos atiende derechamente al cumplimiento de las reglas fi scales enunciadas en el párrafo anterior. Los nuevos presupuestos se caracterizan por la contracción del gasto no fi nanciero y por la reasignación de recursos con el fi n de dar cobertura a aquellas políticas públicas que para el nuevo Gobierno devienen esenciales.
Uno de los rasgos distintivos del nuevo presupuesto es su adecuación a las necesidades de gasto del ejercicio, a partir de la consignación de los créditos sufi cientes para atender las obligaciones presupuestarias que presumiblemente se pretenden cubrir a lo largo del ejercicio presupuestario 2012.
Resulta ilustrativo que el desfase en el Capítulo 2 del Servicio Aragonés de Salud asciende aproximadamente a 180 millones en 2011. Esta diferencia entre el crédito presupuestario y el gasto real ha provocado un arrastre de las necesidades de fi nanciación a presupuestos futuros, al punto de que, de proseguir con el mismo modelo de asignaciones presupuestarias, el crédito consignado en 2012 únicamente serviría para atender las obligaciones generadas en ejercicios anteriores, sin margen para atender las obligaciones de ejercicio corriente, que es la esencia de los principios de unidad, universalidad y anualidad presupuestaria.
La detección de esta situación se halla manifi estamente contrastada en el Informe sobre la situación fi nanciera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborado por la Intervención General, que advierte de los desfases presupuestarios acumulados por insufi ciencia de crédito de presupuestos de ejercicios anteriores, y de las tensiones que el deslizamiento de tales obligaciones pendientes tienen sobre el presupuesto de 2011 y sobre futuros presupuestos de la Comunidad Autónoma. La composición y alcance de las obligaciones sin cobertura presupuestaria generadas por la Comunidad Autónoma asciende, según la estimación del informe de la Intervención General, a 465.015.606 euros con el siguiente desglose:
a) Departamentos, organismos y entes públicos: 36.259.688 euros, correspondiente a las actuaciones comprometidas de las unidades reseñadas.
b) Prestaciones del sistema de atención a la dependencia: los compromisos adquiridos con los dependientes titulares de prestaciones reconocidas se estimaron en 28.755.918 euros
c) Deuda Sanitaria: Los gastos de gestión, especialmente suministros, mantenimiento de los centros sanitarios, obras, gastos de conciertos y la farmacia hospitalaria son los conceptos que fundamentalmente componen esta deuda que se estimó globalmente en 400.000.000 euros. Del conjunto de esta deuda, 220.706.581 euros corresponden a obligaciones contraídas con anterioridad a 1 de enero de 2011.
A la fecha actual, sin haber fi nalizado el ejercicio y, por tanto, sin haberse efectuado la liquidación que permita cifrar el importe exacto de las obligaciones pendientes en 2011 sin cobertura presupuestaria, se considera no obstante oportuno refl ejar en un texto legal las actuaciones tendentes a evitar el deslizamiento constante de obligaciones a ejercicios futuros.
De este modo, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 mantiene un carácter integral y comprende las partidas de gasto sufi cientes y adecuadas para atender los gastos que se generen en el propio ejercicio, hurtando así la práctica habitual en los últimos ejercicios de imputar al presupuesto las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, básicamente la deuda sanitaria intrahospitalaria.
Por su parte, el presente Decreto-Ley tiene como fi nalidad proceder a la concesión de un suplemento de crédito para atender a la cobertura de obligaciones con insufi ciencia presupuestaria.
Habida cuenta que hasta la fi nalización del año 2011 y el cierre contable del propio ejercicio presupuestario, no es posible determinar con sufi ciente exactitud el importe de los créditos disponibles para atender el suplemento de crédito, se recurre a la fi gura del Decreto-Ley para dar soporte jurídico a esta modifi cación de crédito.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de diciembre de 2011, DISPONGO:
Artículo 1.
El presente Decreto-Ley tiene como fi nalidad dar cobertura a las obligaciones generadas en la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia de la insufi ciencia de créditos detectada y cuya estimación a 31 de diciembre de 2011 asciende a 465.015.606 euros.
Artículo 2.
Se autoriza un suplemento de crédito de 220.706.581 euros, equivalente al importe de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2010, cuyo desglose se establece en el anexo I del presente Decreto-Ley.
Artículo 3.
El suplemento de crédito señalado en el artículo 2 se fi nanciará con baja en los créditos disponibles existentes en las partidas presupuestarias que se señalan en el anexo II del presente Decreto-Ley.
Artículo 4.
La financiación de las obligaciones pendientes de imputar al ejercicio 2011 y que se estima en 244.309.025 euros se realizará en el ejercicio 2012 con baja en los créditos presupuestarios del ejercicio o bien con cargo a cualquier otro recurso económico-fi nanciero que se pueda allegar al efecto en el marco del ordenamiento jurídico.
Disposición fi nal única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Ofi cial de Aragón».
Zaragoza, 29 de diciembre de 2011.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda y
Administración Pública,
MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN
ANEXO I
Se suplementa la aplicación presupuestaria 1602-413.1-410.007-91002 para dar cobertura fi nanciera a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria G/5201-412.1
(TABLA OMITIDA) |
DECRETO-LEY 1/2012, de 21 de febrero, del Gobierno de Aragón, de medidas en materia de Cajas de Ahorros.
La aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector fi nanciero, que persigue un ajuste de su exceso de capacidad y un fortalecimiento de la gobernanza de las entidades de crédito resultantes de los procesos de integración, determina, dado su carácter de normativa básica, la necesaria adaptación de la normativa aragonesa en materia de cajas de ahorros, concretamente la Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón.
El citado Real Decreto-Ley dispone, entre otras cuestiones, la supresión de la adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorro de la entidad bancaria, a través de la cual la caja de ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito; la determinación de sus órganos de gobierno, atribuyendo carácter potestativo a la comisión de control; el establecimiento de un límite del 10% de los excedentes de libre disposición a gastos diferentes a los correspondientes a su obra social, pudiendo ser autorizado un porcentaje mayor por el Banco de España; la extensión de este régimen a aquellas cajas de ahorros que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas; y, fi nalmente, el régimen jurídico de la transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial.
Concretamente, el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, modifi ca en su artículo cuarto lo dispuesto por su antecesor en relación a los órganos de gobierno de las cajas de ahorro que desarrollen su actividad bancaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, estableciendo una nueva redacción:
«3. A las cajas de ahorros que desarrollen su actividad como entidad de crédito a través de una entidad bancaria de acuerdo con lo previsto en este artículo les serán de aplicación las siguientes especialidades:
a) Los órganos de gobierno de la caja serán la Asamblea General, el Consejo de Administración y, potestativamente, la Comisión de Control.
b) La representación de los intereses colectivos de los impositores, de las corporaciones municipales que no tuviesen la condición de entidad fundadora de la caja y de los trabajadores en sus órganos de gobierno se establecerá de la siguiente manera:
i. La representación de las corporaciones municipales se llevará a cabo sobre la base de aquellas en cuyo término tenga abierta ofi cina la entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros desarrolle su actividad fi nanciera.
ii. La representación de los grupos impositores y trabajadores se llevará a cabo sobre la base de los correspondientes colectivos de la entidad bancaria a través de la cual la caja de ahorros desarrolle su actividad fi nanciera. La representación de los trabajadores en los órganos de gobierno incluirá asimismo a los empleados de la caja de ahorros.
El número de miembros de los órganos de gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión económica y a la actividad de la entidad.».
Consecuencia de esa modifi cación normativa, se llevará a cabo la adaptación de la ley aragonesa que regula las cajas de ahorro a la mayor brevedad posible, si bien se considera preciso que, con carácter urgente y para evitar disfuncionalidades en la designación de los órganos de gobierno de estas entidades, se proceda a la suspensión de los procesos de renovación en los órganos de gobierno de las citadas cajas, máxime cuando el Real DecretoLey 2/2012, de 3 de febrero, no ha determinado un régimen transitorio que afecte al plazo temporal de adaptación de la normativa autonómica a la estatal, ni en lo relativo a la modifi cación de los estatutos de las cajas afectadas ni en cuanto a la determinación del número de miembros de sus órganos de gobierno.
Hay que tener en cuenta que actualmente se encuentra en desarrollo un proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros aragonesas para su adecuación a la composición de los órganos que recogía el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, y la Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de modifi cación de la Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón, proceso que se ve sobrevenidamente afectado por el cambio normativo derivado del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero.
Las cajas, en cuanto tales, han visto considerablemente reducido el objeto de su actividad, por lo que habrán de adaptar el número de los miembros de sus órganos de gobierno al nuevo volumen de su actividad, teniendo la obligación de adaptar su estructura orgánica -en cuanto a número de miembros y periodicidad de sus sesiones- al tamaño y volumen de su actividad, por ordenarlo así la modifi cación realizada por el citado Real Decreto-Ley.
Esta adaptación requiere una previa modifi cación estatutaria que habrá de ser aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, modifi cación que coincidirá en el tiempo con el proceso de renovación de los órganos de gobierno que actualmente está en curso, y, que necesariamente obligará a la nueva convocatoria de la renovación de los órganos de gobierno en su estructura modifi cada que paradójicamente acabarán de resultar electos.
Las cajas de ahorros no pueden suspender unilateralmente ese proceso de renovación de sus actuales órganos de gobierno, dado que se trata de modalizar la aplicación de la duración y plazos de nombramiento y procedimientos de elección de los órganos rectores de las cajas de ahorro previstas en norma de rango de ley, es necesario que se adopte la regulación por una norma de este rango.
De no practicarse la suspensión inmediata de los que están en curso, éstas van a estar obligadas a desarrollar simultáneamente, por un lado, ese proceso de renovación de sus órganos de gobierno, y, por otro, deben reconsiderar la estructura y tamaño de éstos y realizar la modifi cación estatutaria pertinente, de la que derivará necesariamente una nueva renovación de esos órganos de gobierno recién elegidos, no siendo pertinente por razones lógicas de efi cacia y funcionalidad de las cajas la continuación de ese proceso de renovación.
Es necesario por tanto que se produzca, en primer lugar, la adaptación de la ley aragonesa a la normativa básica estatal; posteriormente, habrán de ser modifi cados los estatutos y los reglamentos electorales de las cajas de ahorro para refl ejar tanto lo establecido por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, como de la futura modifi cación de la normativa aragonesa; y, una vez realizados estos trámites es cuando procederá la renovación de los órganos de gobierno.
Ante esta circunstancia, es preciso que, con carácter urgente se proceda a la suspensión del citado proceso hasta la aprobación de la modifi cación de la ley aragonesa reguladora de cajas de ahorro y de la modifi cación de los estatutos y reglamentos electorales de las cajas de ahorros, dado que en caso contrario, la estructura orgánica que derivase de esa renovación, podría no ser congruente con la normativa que se apruebe con posterioridad para la adaptación a la normativa básica estatal, al mismo tiempo que podría ser necesaria la convocatoria de un nuevo proceso electoral una vez que fuera aprobada la modifi cación de la citada ley y de los respectivos estatutos.
Por todo ello, para evitar un perjuicio en el funcionamiento y actuar de las cajas de ahorro dilatando un proceso que inequívocamente va a quedar sin efecto, más aun en un momento tan complejo como el actual y ser necesaria su aprobación por una disposición con rango de ley, es pertinente acudir a esta fi gura del Decreto-Ley por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de llevar a cabo la regulación que contiene.
En este sentido, el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la potestad del Gobierno de Aragón para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, en casos de necesidad urgente y extraordinaria, siempre que no afecten al desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, no encontrándose la materia que nos ocupa vedada a este instrumento normativo.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, de acuerdo con las competencias atribuidas en materia de cajas de ahorro atribuidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 71.33 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 21 de febrero de 2012, DISPONGO:
Artículo único.—Proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros que desarrollen su actividad fi nanciera de manera indirecta a través de una entidad bancaria.
1. Quedan suspendidos los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros con domicilio social en Aragón que desarrollen su actividad fi nanciera de manera indirecta a través de una entidad bancaria hasta la aprobación de la adecuación de la normativa aragonesa en materia de cajas de ahorro al Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector fi nanciero y la aprobación de la modifi cación de sus estatutos y reglamentos electorales, prorrogándose automáticamente el mandato de los miembros de los órganos de gobierno.
2. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de este decreto-ley, sin que se hayan aprobado las modifi caciones enunciadas en el apartado anterior, las cajas reanudarán los procedimientos de renovación de sus órganos de gobierno a partir del trámite en que quedaron suspendidos, siempre que no proceda la convocatoria de un nuevo proceso electoral como consecuencia de las modifi caciones introducidas o de la alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en los trámites desarrollados hasta la entrada en vigor del Decreto-Ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi cial de Aragón».
Zaragoza, 21 de febrero de 2012.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
JOSÉ LUIS SAZ CASADO |
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos, que incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas 2001/80/ CE y 2001/93/CE, dispone en su disposición final tercera que las condiciones establecidas en los apartados 2, 3, 4, 5 y en el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 3 se aplicarán a todas las explotaciones a partir del 1 de enero de 2013.
La protección de los cerdos en las explotaciones ganaderas exige la aplicación de medidas que regeneren el entorno en el que viven y les permitan desarrollarse y desenvolverse en las mejores condiciones sanitarias y de bienestar posibles, a fin de evitar, en la medida de lo posible, sufrimientos e incomodidades excesivas a estos animales en los modernos sistemas de explotación.
La adaptación a la normativa de bienestar animal de las explotaciones porcinas de reproductoras supone una transformación estructural muy importante de las mismas, pues se pasa de alojamientos individuales a alojamientos en grupo con la consiguiente necesidad de ampliar las superficies de las que disponen los animales para cumplir con las nuevas exigencias normativas de bienestar animal.
Por otra parte, en determinadas comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón localizadas en zonas desfavorecidas de montaña, nos encontramos con explotaciones de tamaño reducido que para adaptarse a la nueva normativa de bienestar animal y cumplir sus exigencias precisan bajar sus censos o incrementar las actuales superficies de que disponen los animales para su alojamiento.
En Aragón, las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas por Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, previeron en su disposición transitoria tercera las condiciones necesarias para autorizar las ampliaciones y cambios de orientación productiva en explotaciones porcinas inscritas en el Registro con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
Por todo ello, es preciso acometer de manera urgente y excepcional la reforma de las previsiones recogidas en la citada disposición para definir el marco normativo que dé cobertura a las diferentes opciones que se van a ofrecer, dependiendo de las particularidades de cada caso, para facilitar las adaptaciones a las nuevas exigencias normativas sobre bienestar animal de las explotaciones porcinas de producción de cerdas ubicadas en zonas desfavorecidas de montaña que se vean abocadas a la necesidad ineludible de realizar obras de ampliación en sus instalaciones para asegurar su subsistencia.
La necesidad urgente de acometer la modificación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, unida a la complejidad de los trámites que conllevaría encauzar las actuaciones utilizando otros instrumentos jurídicos en el marco de lo previsto en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, determinan que la única opción para que no se produzcan incumplimientos en las normas sobre bienestar animal y a la vez sea posible evitar el cierre de las explotaciones que se ha ido indicando es acudir a la vía del decreto-ley.
Las nuevas posibilidades de actuación que ofrece la modificación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, permitirán la adaptación a las nuevas exigencias sobre bienestar animal de las pequeñas explotaciones de producción de cerdas ubicadas en zonas desfavorecidas de montaña que hayan regularizado su situación jurídico administrativa por razones justificadas al amparo del Decreto 200/1997, de 9 de diciembre. Con ello se da soporte legal a la posibilidad de ejecutar obras de ampliación de capacidad de las explotaciones que se vean ante la necesidad inaplazable de realizarlas para poder cumplir con las nuevas exigencias sobre el bienestar de los cerdos que se requerirán a partir del 1 de enero de 2013, asegurando su supervivencia y rentabilidad a la vez que se garantiza el bienestar de los cerdos en las explotaciones.
Las modificaciones que se incorporan mediante este decreto-ley se amparan en las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia agricultura y ganadería, que comprenden, en todo caso: la concentración parcelaria; la regulación del sector agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal; la seguridad alimentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comercialización, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones agrarias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo rural, previstas en el artículo 71.17 de su Estatuto de Autonomía; así como en la competencia reconocida en el apartado 32 del mismo artículo sobre la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y sostenibilidad, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1, 13 y 66 de la Constitución.
En este sentido, el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la potestad del Gobierno de Aragón para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley, en casos de necesidad urgente y extraordinaria, siempre que no afecten al desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II, el régimen electoral, y los tributos y el presupuesto de la Comunidad Autónoma, no encontrándose la materia que nos ocupa vedada a este instrumento normativo.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 31 de julio de 2012, DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
El Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, queda modificado como sigue:
Se añade un apartado 5 a la disposición transitoria tercera, con la siguiente redacción:
“5. Las explotaciones porcinas que conforme a lo previsto en la disposición final tercera, apartado 1, del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, deban ajustarse a partir del 1 de enero de 2013 a las condiciones establecidas en los apartados 2, 3, 4 y 5, y en el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 3 de la citada norma y no las cumplan en el momento de la entrada en vigor de este decretoley, podrán solicitar ampliaciones de capacidad si reúnen los requisitos siguientes:
a) La capacidad de la explotación tras la ampliación no supere los límites fijados en el apartado I, A) del anexo II.
b) La explotación sobre la que se solicite la ampliación deberá estar ubicada en un municipio incluido en alguna de las zonas desfavorecidas de montaña que aparecen en el anexo IX, y que además no pertenezca al grupo de municipios declarados con sobre carga ganadera.
c) Solamente podrán acogerse a esta medida las explotaciones de producción de cerdas en las modalidades de ciclo cerrado, producción de lechones o de tipo mixto que mantengan la misma clasificación zootécnica y que hubiesen sido regularizadas al amparo de lo previsto en el Decreto 200/1997, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las directrices Parciales Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, en alguno de los siguientes supuestos:
1) Explotaciones que incumplían alguna de las exigencias o distancias establecidas en el anexo 6 del Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, con la condición de no aumentar su capacidad productiva, cuya autorización requerirá el preceptivo informe favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
2) Explotaciones que incumplían alguna de las exigencias o distancias establecidas en el anexo 4 del Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, para cuya autorización será necesario el informe favorable del ayuntamiento en el que se ubique la explotación.
d) Para poder acogerse a lo previsto en este apartado el interesado deberá presentar en el ayuntamiento competente para resolver sobre la autorización para el ejercicio de la actividad ganadera la correspondiente solicitud para su tramitación conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, concluyendo el plazo para la presentación de solicitudes el 30 de octubre de 2012.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
El Gobierno de Aragón y los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, podrán dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 31de julio de 2012.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes,
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO
El Consejero de Política Territorial e Interior, ANTONIO SUÁREZ ORIZ
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
MODESTO LOBÓN SOBRINO |
El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en los términos ordenados por la normativa vigente, constituye la base de la política presupuestaria del Gobierno de Aragón. Este proceso de consolidación fiscal fue iniciado en el ejercicio anterior para sanear las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma y adecuar la gestión a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público.
En 2011, el informe sobre la situación financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, que elaboró la Intervención General, advirtió de los desfases presupuestarios acumulados por insuficiencias de crédito de presupuestos de ejercicios anteriores a 2011 que fueron cuantificados en 465.015.606 euros. Para dar cobertura a las obligaciones pendientes se concedió un suplemento de crédito por importe de 220.706.581 euros, financiado con créditos disponibles en las partidas del presupuesto de 2011 a través del Decreto-Ley 2/2011, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, convalidado por las Cortes de Aragón por Acuerdo de 18 de enero de 2012. El artículo 4 del mencionado Decreto-Ley señalaba que la financiación de las obligaciones pendientes de imputar al ejercicio 2011 y que se estimaban en 244.309.025 se realizaría en el ejercicio 2012 con baja en los créditos presupuestarios del ejercicio o bien con cargo a cualquier otro recurso económico-financiero que se pudiera allegar al efecto en el marco del ordenamiento jurídico.
A la vista de las dificultades de crédito y liquidez que presentaban las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, el 6 de abril de 2012, un mecanismo extraordinario de pago a proveedores facilitando financiación a través de un préstamo del ICO a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales para que éstas pudieran hacer frente a las obligaciones de ejercicios anteriores saldando las distintas deudas con proveedores. El Gobierno de Aragón manifestó su adhesión a tal mecanismo mediante Acuerdo de 21 de marzo de 2012, procedimiento que exigía la aplicación al presupuesto vigente de las obligaciones pendientes. El préstamo suscrito por la Comunidad Autónoma permite disponer de ingresos que den cobertura presupuestaria a aquéllas, puesto que la situación económica y los compromisos de estabilidad presupuestaria adquiridos hicieron inviable disponer de mayores créditos en el presupuesto inicial del ejercicio.
Hasta la finalización del ejercicio económico no es posible conocer con exactitud la cifra de obligaciones que pueden ser imputadas al presupuesto a través de la concesión de un suplemento de crédito, ya que ésta debe en todo caso respetar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ello obliga a recurrir a la figura del Decreto-Ley para dar soporte jurídico a esta modificación de crédito al estar muy próxima la finalización del ejercicio económico.
Por ello, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 26 de diciembre de 2012, DISPONGO:
Artículo 1.
En cumplimiento del compromiso adoptado por el Gobierno de Aragón en el Decreto Ley 2/2011, de 29 de diciembre, la presente Norma tiene como finalidad dar cobertura a las obligaciones generadas en la Comunidad Autónoma de Aragón pendientes de imputar al presupuesto como consecuencia de la insuficiencia de créditos en los ejercicios 2011 y anteriores.
Artículo 2.
Se autoriza un suplemento de crédito de 250.011.465,85 euros para proceder a la imputación de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, cuyo desglose se establece en el anexo I del presente Decreto Ley.
Artículo 3.
El suplemento de crédito se financiará con 250.011.465,85 euros, resultado de la operación de endeudamiento suscrita con la adhesión de la Comunidad Autónoma de Aragón al mecanismo extraordinario de financiación aprobado por el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reconocido en el capítulo IX del presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma: concepto 920, préstamos recibidos a largo plazo.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 26 de diciembre de 2012.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
JOSÉ LUIS SAZ CASADO
Anexo I:
Se suplementa la aplicación presupuestaria 1602/413.1-410.007/91002 para dar cobertura a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria G/5201/412.1
(TABLA OMITIDA) |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el actual contexto económico el Estado ha procedido a la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 168, de 14 de julio de 2012, cuyo Título V, dictado al amparo de la competencia prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, contiene una serie de medidas de liberalización comercial y de fomento de la internacionalización empresarial.
Estas medidas han supuesto la modificación de la Ley estatal 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, una norma de carácter básico al ser dictada en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en materia de bases de la ordenación de la actividad económica, reconocida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, y de la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de comercio minorista, variando en este segundo caso el contenido de determinados preceptos dedicados a las actividades de promoción de ventas y que fueron dictados en virtud de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
Por consiguiente, las modificaciones de ambas normas ha supuesto el cambio de una parte del marco jurídico que debe ser respetado por la legislación autonómica dictada en ese mismo ámbito material. En concreto, se ven afectadas la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos, produciéndose una falta de coherencia entre ambos órdenes normativos que significa el desplazamiento de dichas leyes aragonesas respecto a algunas reglas de suma importancia para el sector en el actual escenario económico, tal y como son las referidas a las actuaciones de promoción de ventas, vitales en esta coyuntura para la pervivencia del comercio. Esta realidad exige una imperiosa adaptación de las leyes aragonesas en aras del principio de seguridad jurídica reconocido como principio constitucional en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Por otra parte, la política en materia de horarios comerciales en la Comunidad Autónoma de Aragón se ha venido determinando de manera coherente mediante la búsqueda del equilibrio, tanto entre formatos comerciales como territoriales, de manera que no se generen ineficiencias intersectoriales y con los propios consumidores, diseñando un marco de ordenación en el que todos los agentes tengan su lugar y para que los consumidores dispongan de los mejores servicios de la manera más eficiente posible, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo económico del conjunto de la sociedad. Con el fin de mantener el equilibrio alcanzado se ha considerado absolutamente necesario hacer uso de las facultadas conferidas a las Comunidades Autónomas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, consistentes en la posibilidad de fijar el horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana y la facultad de concretar el número de domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los comercios, todo ello dentro de los límites establecidos por el Estado.
La adopción de estas medidas también se estima no solo precisa, a tenor de lo expuesto, sino urgente puesto que con ellas se logra la definición plena del marco jurídico y de los calendarios de actividad del sector comercial para el año 2013.
La solución a la situación económica y jurídica expuesta requiere la máxima celeridad en la aprobación de la modificación de las referidas leyes aragonesas puesto que de la nueva regulación depende la planificación estratégica que deben realizar los comerciantes, siendo, por tanto, el objeto de este Decreto-ley dicha modificación por la extraordinaria y urgente necesidad de su contenido.
Este Decreto-ley se adopta al amparo del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón que prevé que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Las modificaciones que se introducen con este Decreto-ley se amparan en las competencias que atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón el artículo 71.25.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en materia de comercio, que comprende la regulación de la actividad comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales, respetando la unidad de mercado, así como la regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta. Igualmente, debe tenerse en cuenta el artículo 71.32.ª del Estatuto referido al fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad, el artículo 71.5.ª relativo a la materia de régimen local, la determinación de las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales; así como las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el artículo 71.24.ª referido a la promoción de la competencia así como el artículo 71.26.ª en materia de consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la protección y defensa de consumidores y usuarios.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Industria e Innovación, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 9 de enero de 2013,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial.
La Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 38 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38.
1. Se consideran ventas promocionales aquéllas en las que las ofertas de bienes o de prestación de servicios hechas por el vendedor a los compradores se realizan en condiciones más ventajosas que las habituales.
2. Las actividades de promoción de ventas podrán simultanearse en un mismo establecimiento comercial, excepto en los supuestos recogidos en el artículo 44 de esta Ley, siempre y cuando exista la debida separación entre ellas y se respeten los deberes de información.
3. Sólo serán lícitas cuando respeten lo dispuesto en los artículos siguientes y demás legislación vigente que les sea de aplicación.»
Dos. El artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 41.
1. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante.
2. La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante.
3. En las ventas en rebajas las reducciones de los precios deberán consignarse exhibiendo, junto al precio habitual practicado por el mismo vendedor, el precio rebajado. En todo momento la Administración autonómica podrá exigir, de oficio o a petición del comprador o de una asociación de consumidores, la prueba de la autenticidad del precio indicado como habitual.»
Tres. El artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 42.
Los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas. Especialmente queda prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados, así como los que hayan sido adquiridos expresamente para este fin.»
Cuatro. Se añade un apartado 2 en el artículo 43 con la siguiente redacción:
«2. Las ventas en rebajas y su duración deberán exponerse de forma que sea visible desde el exterior, incluso cuando el establecimiento permanezca cerrado, para público conocimiento e información.»
Cinco. El artículo 44 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 44.
1. Sólo se consideran ventas en liquidación y, en consecuencia, sólo podrán anunciarse como tales, aquellas de carácter excepcional y de finalidad extintiva que se produzcan como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cese total o parcial del negocio, indicando en caso de cese parcial cuáles son las mercancías objeto de liquidación.
b) Cambio de la orientación, actividad o estructura del negocio.
c) Transformación de la empresa o del establecimiento comercial.
d) Venta de existencias del establecimiento de un comerciante fallecido realizada por sus herederos o responsables del negocio, o de un establecimiento traspasado realizada tanto por el transmitente como por el adquirente.
e) Supuesto de fuerza mayor que impida el ejercicio normal de la actividad comercial.
f) Ejecución de resolución judicial, arbitral o administrativa.
2. La duración máxima de la venta en liquidación será de un año.
3. No procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo establecimiento de productos similares a la anterior en el curso de los tres años siguientes, excepto cuando esta última tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total de la actividad o por causa de fuerza mayor.»
Seis. El artículo 46 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 46.
1. Se considera venta de saldos la de productos cuyo valor de mercado aparezca manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de los mismos, sin que un producto tenga esta consideración por el solo hecho de ser un excedente de producción o de temporada.
2. No cabe calificar como venta de saldos la de aquellos productos cuya venta bajo tal régimen implique riesgo o engaño para el comprador, ni la de aquellos productos que no se venden realmente por precio inferior al habitual.
3. Las ventas de saldos deberán anunciarse necesariamente con esta denominación o con la de venta de restos.
4. En el caso de realizarse venta de saldos, el comerciante está obligado a advertir al comprador de las circunstancias concretas que concurran en los mismos y cuando se trate de artículos deteriorados o defectuosos, deberá constar tal circunstancia de manera precisa y ostensible.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos.
La Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«1. El horario global en que los establecimientos comerciales podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana será de noventa horas, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios.»
Dos. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2. Domingos y festivos.
1. El número de domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de once, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios.
2. Las fechas correspondientes a los domingos y festivos de apertura autorizada serán determinadas anualmente por Orden del Consejero competente en materia de comercio, atendiendo de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos días para los consumidores, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos ó más días festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los periodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) La apertura en los domingos y festivos en la campaña de Navidad.
3. El procedimiento para la determinación de dichas fechas se iniciará de oficio o a instancia de parte interesada. Para su determinación serán oídos el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, las organizaciones empresariales y las de comerciantes, de consumidores y organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma, así como las que representen a las grandes empresas de distribución. Una vez adoptada la Orden por el Consejero competente en materia de comercio, se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
4. Mediante Orden, que será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, el Consejero competente en materia de comercio podrá aumentar, excepcionalmente y de forma motivada, el número de días de apertura en domingos y festivos previsto en el apartado 1.
5. El horario de apertura en domingos y festivos será libremente fijado por el comerciante.
6. Los Ayuntamientos podrán sustituir, del total de las fechas establecidas, un número de las mismas que anualmente establecerá el Departamento competente en materia de comercio, comunicándoselo y publicándolo con la suficiente antelación.»
Tres. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3. Establecimientos con régimen especial de horarios.
1. Las limitaciones a las que se refiere esta Ley no serán de aplicación en los siguientes casos:
a) Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas, así como los instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte.
b) Los establecimientos de venta de reducida dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa según la normativa vigente, o que operen bajo el mismo nombre comercial de dichos grupos o empresas.
c) Las tiendas de conveniencia, entendiéndose por tales, aquellas que, con una superficie útil de exposición y venta al público no superior a 500 metros cuadrados, permanezcan abiertas al público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, música, videos, juguetes, regalos y artículos varios.
d) Los establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
– Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencia respecto a las que constituyen residencia habitual.
– Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
– Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
– Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
– Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
– Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
La propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística que efectúe el Ayuntamiento correspondiente deberá estar debidamente motivada y especificará de forma clara la zona incluida y el periodo o periodos del año a los que se circunscribe la propuesta, aportándose la documentación e informes precisos sobre el cumplimiento de alguno de los criterios anteriores.
La propuesta presentada por el Ayuntamiento se aprobará o denegará mediante Orden del Consejero competente en materia de comercio, que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. La superficie de la zona propuesta podrá ser modificada de forma razonada. En el supuesto de denegación de la propuesta, se deberá motivar de forma expresa la falta de concurrencia de las circunstancias antes expresadas para dicha declaración.
Si desaparecieran las circunstancias que motivaron la declaración de zona de gran afluencia turística, el Departamento competente en materia de comercio podrá proceder a la revocación de la misma, previa audiencia del Ayuntamiento del municipio afectado.
2. Las oficinas de farmacia, así como los estancos, se regirán por su normativa específica, aplicándose en su defecto las disposiciones de esta Ley.»
Disposición adicional única. Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado del Decreto-ley se entenderán referidas a su correspondiente femenino.
Disposición transitoria única. Municipios turísticos de carácter comercial.
Los municipios turísticos de carácter comercial deberán acreditar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, la concurrencia de las circunstancias del artículo 3 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos en relación a las zonas de gran afluencia turística, para mantener el régimen especial de horarios.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 9 de enero de 2013.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
El Consejero de Industria e Innovación,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
ARTURO ALIAGA LÓPEZ |
La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, ha sufrido modificaciones relevantes a lo largo de su vigencia que determinan la necesidad de su refundición al objeto de proceder a su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización, a través de la aprobación de decreto legislativo.
Mediante la Ley 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña, se determina fundamentalmente el régimen jurídico de aplicación a los procedimientos de planeamiento, gestión y control de los actos de edificación y usos del suelo que se realicen en el ámbito y en relación con las instalaciones de las estaciones de esquí o centros de esquí y montaña existentes a la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
La reforma fundamental se produjo con la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios de mercado interior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley estatal básica 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En ésta reforma se modifica sustancialmente el régimen de autorización de las empresas prestadoras de servicios turísticos en la Comunidad Autónoma, reemplazándolo, en gran medida, por un régimen de comunicación previa y la consiguiente inscripción en el Registro de Turismo de Aragón únicamente a efectos informativos y publicitarios.
Con posterioridad, la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña, ha dado una nueva redacción al artículo 51 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, para garantizar la compatibilidad de los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña.
Por otro lado, la Ley 3/2010, de 7 de junio, de modificación de la Ley del Turismo de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su disposición final segunda, autoriza al Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de turismo, para la aprobación de un texto refundido de las disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón en materia de turismo, habilitándole para su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La citada Ley 3/2012, de 3 de febrero, amplió el marco temporal de esta habilitación, debiendo procederse a su elaboración en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 3/2010, de 7 de junio.
Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; y, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 2 de abril de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido.
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, que se inserta a continuación como anexo.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo a la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, se entenderán sustituidos por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogados la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; la Ley 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña; la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; el artículo 2 de la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña; los artículos 38, 39 y la letra n) de la disposición derogatoria única de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 2 de abril de 2013.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Economía y Empleo,
FRANCISCO BONO RÍOS
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL TURISMO DE ARAGÓN
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. Finalidad.
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo las competencias en la materia, la organización administrativa, los instrumentos de ordenación y planificación de los recursos turísticos, el estatuto de las empresas afectadas, los medios de fomento y las correspondientes medidas de disciplina, así como los derechos y deberes de los turistas y de los empresarios turísticos.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) «Actividad turística»: la destinada a proporcionar a los turistas los servicios de alojamiento, intermediación, restauración, información, acompañamiento o cualquier otro servicio relacionado directamente con el turismo.
b) «Empresa turística»: aquella que, mediante precio y de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o por temporadas, presta servicios en el ámbito de la actividad turística.
c) «Empresario turístico»: la persona física o jurídica titular de empresas turísticas.
d) «Establecimientos turísticos»: los locales o instalaciones abiertos al público en general de acuerdo con la normativa en su caso aplicable, en los que se presten servicios turísticos.
e) «Recursos turísticos»: todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes turísticas, especialmente el patrimonio cultural y natural.
f) «Turismo»: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos.
g) «Turista»: la persona que utiliza los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos o recibe los bienes y servicios que le ofrecen las empresas turísticas.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. Esta Ley será aplicable a los empresarios turísticos que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios turísticos en el territorio de Aragón y a los turistas que los demanden o contraten.
2. También será aplicable a todas las administraciones públicas territoriales y a las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, tanto si adoptan forma jurídico-pública como privada, que intervengan o actúen en el mercado turístico con actividades de fomento o de puesta en el mercado de bienes y servicios turísticos.
Artículo 4. Principios.
Constituyen principios de la política turística de la Comunidad Autónoma:
a) Impulsar el turismo en cuanto sector estratégico de la economía aragonesa.
b) Promover Aragón como destino turístico integral.
c) Fomentar el turismo para lograr un mayor equilibrio entre las comarcas aragonesas, conforme a lo establecido en la legislación y directrices de ordenación territorial y de protección del medio ambiente.
d) Proteger el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos de la Comunidad Autónoma, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. En especial, se impulsará la gastronomía aragonesa como recurso turístico.
e) Potenciar el turismo rural como factor esencial del desarrollo local.
f) Ordenar y coordinar las competencias de las diferentes administraciones públicas de la Comunidad Autónoma sobre turismo.
g) Incrementar la calidad de la actividad turística y la competitividad de los establecimientos turísticos.
h) Garantizar el ejercicio por los turistas de sus derechos, así como el cumplimiento de sus deberes.
i) Asegurar a las personas con limitaciones físicas o sensoriales la accesibilidad y la utilización de los establecimientos y recursos turísticos.
j) Impulsar la mejora y modernización de los establecimientos y equipamientos turísticos como medio de obtener una mayor calidad adecuada a la demanda.
TITULO PRIMERO
Competencias y organización administrativa
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 5. Administraciones públicas competentes.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, son administraciones públicas competentes en relación con el turismo la Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios.
2. Asimismo, podrán asumir competencias sobre turismo los organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas citadas.
Artículo 6. Relaciones interadministrativas.
1. Las administraciones públicas con competencias sobre turismo adecuarán sus recíprocas relaciones a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e información mutua y respeto de sus ámbitos competenciales.
2. Estas Administraciones utilizarán las técnicas previstas en la legislación vigente y, en especial, los convenios, consorcios, conferencias sectoriales y planes y programas conjuntos.
CAPITULO II
Comunidad Autónoma
Artículo 7. Competencias.
Corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias sobre turismo:
a) La formulación y aplicación de la política turística del Gobierno de Aragón.
b) La planificación y ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma, coordinando las actuaciones que en esta materia lleven a cabo las entidades locales.
c) El ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las empresas, establecimientos y profesiones turísticos.
d) El ejercicio de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos de su competencia y sobre las profesiones turísticas, así como la coordinación de tales potestades cuando sean ejercidas por las entidades locales.
e) La protección y promoción, en el interior y en el exterior, de la imagen de Aragón como destino turístico integral.
f) La coordinación de las actividades de promoción turística que realicen las entidades locales fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
g) El impulso y coordinación de la información turística.
h) El fomento de las enseñanzas turísticas y de la formación y perfeccionamiento de los profesionales del sector.
i) La elaboración y mantenimiento de bases de datos y estadísticas turísticas de la Comunidad Autónoma.
j) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el resto de Departamentos con competencias relacionadas.
k) Cualquier otra relacionada con el turismo que se le atribuya en esta Ley o en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 8. Organización.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá sus funciones y competencias sobre turismo a través del Departamento competente en materia de turismo.
2. Se adscribirán al Departamento competente en materia de turismo los siguientes órganos:
a) El Consejo del Turismo de Aragón.
b) La Comisión de Restauración y Gastronomía de Aragón.
c) La Comisión Interdepartamental de Turismo, en su caso.
d) Los organismos autónomos, entidades de derecho público y las empresas que se constituyan para la gestión del sector turístico.
Artículo 9. Consejo del Turismo de Aragón.
1. El Consejo del Turismo de Aragón es el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en relación con el turismo, así como de participación del sector turístico en el desarrollo de la política turística aragonesa.
2. Son funciones del Consejo del Turismo de Aragón:
a) Emitir cuantos informes y consultas le sean requeridos por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo.
b) Conocer el cumplimiento y ejecución de la planificación turística.
c) Elaborar informes sobre la situación turística de Aragón.
d) Facilitar la incorporación de la iniciativa privada y social al diseño y seguimiento de la política turística de la Comunidad Autónoma.
e) Proponer sugerencias, iniciativas y actuaciones que puedan contribuir a la mejora de la planificación, fomento y desarrollo del sector turístico.
f) Cualesquiera otras que le atribuya esta Ley o que reglamentariamente se determinen.
3. Reglamentariamente, se determinará la composición, organización y funcionamiento del Consejo del Turismo de Aragón, en el que estarán representados, en todo caso, los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias tengan relación con el turismo, las entidades locales, los centros de iniciativas turísticas, las organizaciones empresariales y sindicales representativas del sector turístico y las entidades no lucrativas entre cuyos fines figure la promoción turística, la defensa de los consumidores y usuarios o la conservación del patrimonio natural o cultural.
Artículo 10. Comisión Interdepartamental de Turismo.
Podrá crearse una Comisión Interdepartamental de Turismo en la que estarán representados, al menos, los distintos departamentos cuyas competencias tengan relación con la actividad turística.
Artículo 11. Coordinación turística.
La coordinación de las administraciones públicas de Aragón en relación con el turismo podrá llevarse a cabo por el Gobierno de Aragón mediante la constitución de comisiones bilaterales y conferencias sectoriales.
Artículo 12. Organismos públicos y empresas.
La Comunidad Autónoma de Aragón podrá crear cuantos organismos públicos y empresas considere oportuno para el cumplimiento de los fines de interés público en relación con la promoción, gestión y desarrollo del sector turístico, sin que en ningún caso se puedan atribuir potestades públicas a las empresas y fundaciones privadas de iniciativa pública.
CAPITULO III
Entidades locales
Artículo 13. Comarcas.
1. Las comarcas ejercerán las competencias sobre turismo que les atribuye la legislación de comarcalización.
2. Corresponden a las comarcas, en todo caso, las siguientes competencias sobre turismo:
a) El ejercicio de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos de su competencia.
b) La elaboración y aprobación del Plan de Dinamización Turística Comarcal, respetando las Directrices de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma.
c) La promoción de los recursos y de la oferta turística de la comarca en el marco de la política de promoción de Aragón como destino turístico integral.
d) La creación, conservación, mejora y protección de los recursos turísticos de la comarca, así como la gestión de los recursos turísticos de titularidad comarcal.
e) La gestión de las oficinas comarcales de turismo y la coordinación de las oficinas municipales de turismo ubicadas en el ámbito territorial comarcal.
f) La emisión de informe sobre la declaración de actividades de interés turístico de Aragón y sobre la autorización de las empresas de turismo activo, en los términos establecidos reglamentariamente.
g) El ejercicio de las funciones inspectoras que les correspondan, con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación turística.
h) La cooperación con los municipios tendente a potenciar la dimensión turística de los servicios obligatorios municipales.
i) La prestación de la asistencia necesaria a los municipios para la conservación de los recursos turísticos y su efectivo disfrute.
j) La colaboración con el sector privado y social en cuantas actuaciones fueren de interés para el fomento y promoción de la actividad turística. En particular, el asesoramiento técnico a las pequeñas y medianas empresas turísticas para la puesta en funcionamiento de nuevas actividades turísticas.
k) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por la Administración competente.
3. Para el desarrollo y ejercicio de sus competencias, las comarcas podrán prestar los servicios turísticos y realizar las actividades económicas de carácter supramunicipal que consideren convenientes, utilizando para ello las formas de gestión de servicios públicos y de realización de iniciativas socioeconómicas previstas en la legislación de régimen local.
Artículo 14. Municipios.
Corresponden a los municipios las siguientes competencias sobre turismo:
a) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias.
b) La promoción de los recursos turísticos existentes en el término municipal, en el marco de promoción de Aragón como destino turístico integral.
c) El fomento de las actividades turísticas de interés municipal.
d) El otorgamiento de las licencias municipales en relación con las empresas y establecimientos turísticos.
e) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por la Administración competente.
Artículo 15. Municipio Turístico.
1. Podrán solicitar la declaración de municipios turísticos aquéllos en los que concurran, al menos, dos de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de municipios cuya población de hecho al menos duplique la población residente en las temporadas turísticas.
b) Que se trate de términos municipales en los que el censo de viviendas sea superior al doble de las viviendas habitadas por sus habitantes residentes.
c) Que se trate de poblaciones en las que el número de plazas turísticas hoteleras o extrahoteleras duplique, al menos, la población residente.
2. Para la declaración de Municipio Turístico se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) La existencia de planeamiento urbanístico, con especial valoración del sistema de espacios libres.
b) La existencia de zonas verdes y espacios libres que sirvan de protección del núcleo histórico edificado.
c) El porcentaje de gasto presupuestario realizado por el municipio en relación con la prestación de los servicios municipales obligatorios y de todos aquellos servicios con especial repercusión en el turismo.
d) La adopción de medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje.
e) La adopción de medidas de defensa y restauración del patrimonio cultural y urbano.
f) La relevancia de los recursos turísticos existentes en el término municipal.
3. La declaración de Municipio Turístico se efectuará por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá informar la Administración de la comarca a la que pertenezca el municipio solicitante.
4. La declaración tendrá como consecuencia la incorporación de criterios de calidad a la gestión de las empresas y los servicios turísticos y el acceso preferente a las medidas de fomento previstas en los planes y programas del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo.
5. Podrá existir en los municipios turísticos un Consejo Sectorial de Turismo en el que participarán, en todo caso, las organizaciones empresariales y sociales representativas del sector turístico en el ámbito del término municipal.
6. Las entidades locales menores que reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores podrán ser declaradas pueblos turísticos.
TITULO SEGUNDO
Ordenación territorial de los recursos turísticos
Artículo 16. Objetivos.
Las administraciones públicas con competencias sobre turismo estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística, respetando el patrimonio natural y cultural, y promoviendo el reequilibrio territorial para la consecución de un desarrollo turístico sostenible.
Artículo 17. Directrices de los recursos turísticos.
1. La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma se realizará a través de las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos, que observarán lo establecido en la legislación de ordenación territorial, con las especialidades contenidas en esta Ley. En todo caso, respetarán las prescripciones establecidas por la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
2. Con carácter previo a la elaboración de las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos, el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo formará un inventario de los recursos turísticos existentes en el territorio aragonés.
3. Las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos se ajustarán al contenido establecido en el artículo 22 de la Ley 4/2009 de 22 de junio de Ordenación del Territorio de Aragón estableciendo las siguientes prescripciones:
a) Definición del modelo de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma.
b) Determinación de las necesidades, objetivos, prioridades y programas de actuación.
c) Modos óptimos de aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, con especial atención a los aspectos de preservación y restauración de los valores ambientales y culturales.
d) Adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices.
e) Previsiones relativas a cualquier otro aspecto condicionante del desarrollo de las actividades turísticas.
Artículo 18. Procedimiento de aprobación de las Directrices.
1. El proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón será elaborado por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, previo informe del Consejo del Turismo y, en su caso, de los órganos de coordinación previstos en el artículo 11 de esta Ley.
2. Las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón se someterán al procedimiento de evaluación ambiental. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo actuará como promotor de estos instrumentos a efectos de lo establecido en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
3. El proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón deberá someterse a información pública durante un período de dos meses mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, garantizando la participación ciudadana en los términos fijados en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. Una vez finalizado el período de información pública, corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón informar el proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón.
5. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la elevación del proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón al Gobierno de Aragón para su aprobación definitiva mediante Decreto.
Artículo 19. Zonas turísticas saturadas.
1. El Gobierno de Aragón, de modo excepcional y a propuesta de los Departamentos competentes en materia de turismo, de ordenación del territorio y de medio ambiente, previo dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y de las entidades locales afectadas, podrá acordar por Decreto la declaración de Zona Turística Saturada.
2. La declaración de Zona Turística Saturada podrá afectar a uno o varios municipios o comarcas en los que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Sobrepasar la capacidad de acogida que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta el número de plazas turísticas por habitante o la densidad de población.
b) Registrar una demanda que cree situaciones incompatibles con la legislación ambiental.
3. La declaración de Zona Turística Saturada conllevará las limitaciones de nuevas actividades turísticas que se determinen por ella, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
TITULO TERCERO
Derechos y deberes en relación con el turismo
CAPITULO I
Deber general
Artículo 20. Protección de los recursos turísticos.
Toda actividad turística deberá, en todo caso, salvaguardar el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos.
CAPITULO II
Turistas
Artículo 21. Derechos.
Son derechos de los turistas los siguientes:
a) Obtener información previa, veraz, completa y objetiva sobre los bienes y servicios que se les oferten y el precio de los mismos.
b) Acceder a los establecimientos turísticos en su condición de establecimientos públicos.
c) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofertadas o pactadas, debiendo corresponderse los servicios con la categoría del establecimiento.
d) Recibir un trato correcto por parte del personal de los establecimientos turísticos.
e) Obtener cuantos documentos acrediten los términos de la contratación de servicios y, en cualquier caso, las facturas o justificantes de pago.
f) Obtener un servicio adecuado en cuanto a la seguridad de las personas y las cosas.
g) Formular quejas y reclamaciones.
h) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico en relación con la protección de los consumidores y usuarios.
Artículo 22. Deberes.
Son deberes de los turistas los siguientes:
a) Observar las normas de convivencia social e higiene para la adecuada utilización de los establecimientos turísticos.
b) Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico.
c) Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la factura o, en su caso, en el tiempo y lugar convenido, sin que el hecho de presentar una reclamación o queja exima del citado pago.
d) Respetar el patrimonio natural y cultural de Aragón.
CAPITULO III
Empresarios turísticos
Artículo 23. Derechos.
Son derechos de los empresarios turísticos los siguientes:
a) Que se incluya información sobre sus establecimientos y su oferta de actividades en los catálogos, directorios y guías, cualquiera que sea su soporte, de las administraciones públicas.
b) Incorporarse a las actividades de promoción turística que realicen las administraciones públicas, en las condiciones fijadas por éstas.
c) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos para el desarrollo del sector promovidos por las administraciones públicas.
d) Participar, a través de sus asociaciones, en el proceso de adopción de decisiones públicas en relación con el turismo y en los órganos colegiados representativos de intereses previstos en esta Ley.
e) Impulsar, a través de sus asociaciones, el desarrollo y ejecución de programas de cooperación pública, privada y social de interés general para el sector.
f) Proponer, a través de sus asociaciones, la realización de estudios, investigaciones y publicaciones que contribuyan a la mejora del desarrollo de la empresa turística en la Comunidad Autónoma.
g) Proponer, a través de sus asociaciones, cualquier otra acción no contemplada anteriormente que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico.
Artículo 24. Deberes.
Son deberes de los empresarios turísticos los siguientes:
a) Formalizar la declaración responsable ante el órgano competente o, en su caso, contar con las autorizaciones exigibles conforme a lo dispuesto en esta Ley, para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos así como para la modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
b) Prestar los servicios a los que estén obligados en función de la clasificación de sus empresas y establecimientos turísticos, en las condiciones ofertadas o pactadas con el turista, de acuerdo con esta Ley y los reglamentos dictados en su desarrollo.
c) Cuidar del buen estado general de las dependencias y del mantenimiento de las instalaciones y servicios del establecimiento, así como garantizar un trato correcto a los clientes.
d) Informar con la debida antelación, objetividad, veracidad y accesibilidad a los turistas sobre el precio y demás extremos relativos a los servicios ofertados, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable al libre acceso y prestación de los servicios y los reglamentos de desarrollo de esta Ley.
e) Exhibir los precios de los servicios ofertados en lugar visible y de modo legible, junto con el distintivo correspondiente a la clasificación del establecimiento.
f) Disponer los medios para que los turistas puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable al libre acceso y prestación de los servicios, poniendo a disposición de aquellos hojas de reclamaciones y entregándolas cuando así lo soliciten; y dar respuesta a las eventuales reclamaciones en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, antes de un mes desde la fecha en que hayan sido formuladas.
g) Facturar detalladamente los servicios de acuerdo con los precios ofertados o pactados.
h) Disponer de los libros y demás documentación que sean exigidos por la legislación vigente.
i) Facilitar, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, la accesibilidad a los establecimientos de las personas discapacitadas.
j) Proporcionar a las administraciones públicas la información y la documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones legalmente reconocidas.
k) Suscribir los seguros obligatorios con las coberturas mínimas exigidas por los reglamentos de desarrollo de esta Ley, y estar al corriente del pago de las primas correspondientes.
TITULO CUARTO
Las empresas turísticas
CAPITULO I
Funcionamiento de la empresa turística
Artículo 25. Libertad de empresa.
El ejercicio de la actividad turística empresarial es libre, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, bajo la forma de empresario individual o colectivo, de acuerdo con la legislación civil y mercantil.
Artículo 26. Autorización turística.
1. Los empresarios turísticos, en los términos reglamentariamente establecidos, deberán contar con la autorización del órgano competente, con carácter previo al inicio de la actividad, en los siguientes casos:
a) Apertura de complejos turísticos, en aras de la salvaguarda de la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la conservación del patrimonio cultural y el mantenimiento de Aragón como destino turístico integral como factor decisivo para el desarrollo de la política turística de la Comunidad Autónoma.
b) Prestación de servicios de turismo activo, con el fin de garantizar la seguridad pública, la protección civil y la conservación del medio ambiente.
c) Apertura de alojamientos turísticos al aire libre ubicados en terrenos que se hallen en situación de suelo rural, con el fin de garantizar la seguridad pública, la protección civil y la conservación del medio ambiente.
2. Los empresarios turísticos que dispongan de una autorización otorgada por otras Comunidades Autónomas o por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea para la prestación de servicios de turismo activo no requerirán de la autorización regulada en este artículo, debiendo únicamente efectuar la declaración responsable regulada en el artículo 27 de esta Ley.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización sin que se haya notificado resolución expresa, el interesado podrá iniciar la actividad en virtud del silencio administrativo positivo, excepto en los casos expresamente previstos en los artículos 53 y 54 de esta Ley, en los que se entenderá desestimada la solicitud por el transcurso de seis meses.
4. La autorización podrá ser revocada o modificada, motivadamente y previa audiencia del interesado, cuando se incumplan o desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación.
5. Corresponde a las comarcas autorizar la apertura de los alojamientos turísticos al aire libre ubicados en terrenos que se hallen en situación de suelo rural, y al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo la de los restantes establecimientos y actividades relacionados en el apartado primero de este artículo con la excepción de los Centros de Esquí y Montaña y los Parques Temáticos que corresponde al Gobierno de Aragón.
Artículo 27. Declaración responsable.
1. Para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, así como para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos fuera de los casos previstos en el artículo anterior, deberá presentar declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística ante el órgano competente en los siguientes supuestos:
a) Inicio y, en su caso, el cese de las actividades de cada empresa turística en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) Apertura de un establecimiento turístico y, en su caso, la clasificación pretendida.
c) Cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
d) Cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
e) Transmisión de la titularidad del establecimiento.
2. Una vez formalizada la declaración responsable y en un plazo no superior a tres meses, tras las oportunas comprobaciones, el órgano competente podrá, en su caso:
a) Inscribir el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos meramente informativos.
b) Clausurar el establecimiento o prohibir el ejercicio de la actividad en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin que por ello se derive derecho alguno a indemnización.
c) Establecer motivadamente las condiciones en que pudiera ser ejercida la actividad o tener lugar la apertura y clasificación del establecimiento, y su correspondiente inscripción.
3. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para el desarrollo de la actividad deberá estar a disposición de la Administración Turística durante su ejercicio.
4. Transcurrido el plazo de tres meses sin haber efectuado las actuaciones comprendidas en las letras b) o c) del apartado 2 se inscribirá el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos meramente informativos.
5. Los actos de inscripción y clasificación podrán ser modificados o revocados previa audiencia al interesado y con la debida motivación, cuando se incumplan o desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a aquellos o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación o, en su caso, oposición.
6. Corresponde a las comarcas recibir y tramitar la declaración responsable referida a establecimientos extrahoteleros distintos de los apartamentos turísticos, así como de empresas de restauración.
7. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo recibir y tramitar la declaración responsable referida a empresas de intermediación turística, establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.
Artículo 28. Informe de cumplimiento de requisitos mínimos.
Las empresas turísticas que proyecten la construcción o modificación de un establecimiento turístico podrán, antes de iniciar cualquier tipo de obra, solicitar de la administración turística competente un informe relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructuras y servicios y de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los términos previstos en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la materia, así como respecto de la clasificación que, en su caso, pudiera corresponder a dicho establecimiento.
Artículo 29. Registro de Turismo de Aragón.
1. El Registro de Turismo de Aragón es un registro de naturaleza administrativa y carácter público, gestionado por las diferentes Administraciones con competencia sobre turismo, bajo la coordinación y supervisión del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo.
2. En el Registro se inscribirán los empresarios turísticos, las empresas y establecimientos turísticos y las actividades turísticas definidas en esta Ley, en los términos que resulten de la misma o de sus reglamentos de desarrollo.
3. En el Registro, se inscribirán de oficio los siguientes actos:
a) Las autorizaciones turísticas otorgadas y cualquier hecho que afecte a las mismas.
b) Las declaraciones responsables formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 27.
c) Cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
d) Los cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
e) La transmisión de la titularidad del establecimiento.
f) El cese de la actividad.
4. La organización y el funcionamiento del Registro, así como su puesta a disposición a través de la ventanilla única conforme a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de esta Ley, se determinarán reglamentariamente.
Artículo 30. Seguros obligatorios.
1. Los empresarios turísticos suscribirán y mantendrán vigentes los seguros que se establecen en esta Ley.
2. Las coberturas mínimas de los seguros obligatorios, que deberán ser en todo caso suficientes para responder de las obligaciones contractuales o extracontractuales derivadas de la prestación de los servicios frente a turistas y terceros, serán establecidas reglamentariamente para cada modalidad o servicio turístico.
3. Los empresarios turísticos establecidos en otras Comunidades Autónomas o en otros Estados miembros de la Unión Europea que cuenten con seguros de coberturas inferiores a las exigidas de acuerdo con lo previsto en este artículo deberán mejorar sus pólizas hasta alcanzar las coberturas mínimas.
Artículo 31. Requisitos de los establecimientos turísticos.
1. Los establecimientos turísticos, en función de su tipo, grupo, modalidad y categoría, están sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad y calidad de los servicios prestados que se determinen reglamentariamente desde el punto de vista turístico, sin perjuicio de las restantes obligaciones que les sean de aplicación.
2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas sobre accesibilidad a los mismos de personas discapacitadas, en los términos previstos en la legislación de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
3. La rehabilitación de inmuebles para uso turístico podrá, excepcionalmente, ser objeto de dispensa motivada de alguno de los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos de desarrollo de esta Ley, previo informe técnico, con la finalidad de preservar y recuperar el patrimonio arquitectónico aragonés como seña de identidad del turismo de la Comunidad Autónoma.
4. El órgano competente para la autorización o recepción de la declaración responsable podrá requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora de las instalaciones y del equipamiento, en su caso, que resulten necesarias para el mantenimiento del nivel de calidad que motivó la clasificación del establecimiento en la categoría originaria.
Artículo 32. Acceso a los establecimientos.
1. Los establecimientos turísticos tendrán la consideración de públicos, siendo libre el acceso y permanencia en los mismos, sin otras restricciones que el sometimiento a las prescripciones específicas que regulan la actividad y, en su caso, al reglamento de régimen interior del establecimiento, siempre que sea acorde con el ordenamiento jurídico y se anuncie de forma visible en los lugares de entrada al establecimiento.
2. El acceso no podrá ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, si bien se podrá negar la admisión o expulsar del establecimiento a las personas que incumplan las normas de una ordenada convivencia social o a las que pretendan usar las instalaciones para una finalidad diferente a las propias de la actividad de que se trate, recabando, si fuera necesario, el auxilio de los agentes de la autoridad competente.
3. Quienes, padeciendo disfunciones visuales, vayan auxiliados por perros guía tendrán derecho de libre acceso, deambulación y permanencia en los establecimientos turísticos en compañía del perro guía, siempre que éste cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias reglamentarias, sin que, en ningún caso, dicho derecho pueda ser desconocido o menoscabado.
Artículo 33. Precios y reservas.
1. Los precios de los servicios turísticos serán libres, y deberán ser expresados en sus cuantías máximas y con inclusión de toda carga, tributo o gravamen, así como de los descuentos aplicables en su caso y de los eventuales suplementos o incrementos.
2. Los precios de los servicios turísticos deberán ser comunicados o exhibidos al público en lugar visible y de modo legible en el propio establecimiento y en su publicidad o, en su caso, en la del servicio turístico ofertado.
3. Se establecerá reglamentariamente el régimen de reservas de plazas en los alojamientos turísticos.
Artículo 34. Clases de empresas turísticas.
Las empresas turísticas pueden ser:
a) Empresas de alojamiento turístico.
b) Empresas de intermediación.
c) Complejos turísticos.
d) Empresas de restauración.
e) Empresas de turismo activo.
f) Cualesquiera otras que presten servicios turísticos y que se clasifiquen reglamentariamente como tales.
CAPITULO II
Empresas de alojamiento turístico
Artículo 35. Concepto.
1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, de manera profesional y habitual, a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas que lo demanden, con o sin prestación de otros servicios complementarios.
2. Se presumirá la habitualidad cuando se haga publicidad por cualquier medio o cuando se facilite alojamiento en dos o más ocasiones dentro del mismo año, por tiempo que en su conjunto exceda de un mes.
3. Las empresas de alojamiento turístico, en caso de prestar servicio de comedor, salvo desayunos, a personas no alojadas en las mismas deberán ajustar sus instalaciones a la categoría que les corresponda de acuerdo con la reglamentación aplicable a las empresas de restauración.
Artículo 36. Modalidades.
1. La actividad de alojamiento turístico se ofrecerá dentro de la modalidad hotelera o extrahotelera.
2. Son establecimientos hoteleros los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones.
3. Son establecimientos extrahoteleros los apartamentos turísticos, alojamientos turísticos al aire libre, albergues turísticos, viviendas de turismo rural y cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
Sección 1.ª
Establecimientos hoteleros
Artículo 37. Concepto y grupos.
1. Son establecimientos hoteleros aquellos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan clasificarse en alguno de los grupos que se establecen en el apartado siguiente.
2. La modalidad hotelera de alojamiento se clasifica en tres grupos. El grupo primero comprende los hoteles y los hoteles-apartamento; el grupo segundo está integrado por los hostales, y el grupo tercero, por las pensiones.
3. Los hoteles son establecimientos que, ofreciendo alojamiento, con o sin servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o edificios o una parte independiente de los mismos, constituyendo sus dependencias una explotación homogénea con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo, y reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamentariamente.
4. Los hoteles-apartamento son establecimientos en los que concurren los servicios comunes propios de los hoteles con las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento, y cumplen con las exigencias requeridas reglamentariamente.
5. Los hostales son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios y otras características, no pueden ser clasificados en el grupo primero, y cumplen las exigencias requeridas reglamentariamente.
6. Las pensiones son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios u otras características, no pueden ser clasificados ni en el grupo primero ni en el segundo, y cumplen las exigencias requeridas reglamentariamente.
Artículo 38. Categorías.
1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero se clasificarán en categorías identificadas por estrellas, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente, que contemplarán, entre otros criterios, los servicios ofertados, el confort, la capacidad de alojamiento, el equipamiento de las habitaciones, las condiciones de las instalaciones comunes, los servicios complementarios y el personal de servicio.
2. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo impulsará la aplicación de sistemas de clasificación cualitativa de hoteles para su promoción.
3. Los establecimientos del grupo primero podrán coexistir en un mismo inmueble, en distintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 39. Especialización.
1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero podrán solicitar y obtener del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
2. La especialización se otorgará en función de las características e instalaciones complementarias y de los servicios ofertados, así como de la tipología dominante en el entorno en el que se hallen ubicados.
3. La lista de especialidades como hotel u hotel-apartamento de montaña, hotel familiar, deportivo, motel o cualquier otra identificación y los requisitos exigibles serán determinados reglamentariamente. Los hoteles rurales se considerarán, además, alojamientos de turismo rural, en los términos del artículo 44 de esta Ley.
Sección 2.ª
Apartamentos, alojamientos al aire libre y albergues turísticos
Artículo 40. Apartamentos turísticos.
1. Se incluyen en esta modalidad de alojamiento turístico los bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o similares que ofrezcan, mediante precio, alojamiento turístico, cuando se ceda el uso y disfrute de los locales referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamentariamente.
2. El uso y disfrute de los locales comprenderá, en su caso, el de los servicios e instalaciones comprendidos en el bloque o conjunto en que se encuentren.
3. Se entiende por bloque el edificio o edificios integrados por apartamentos ofertados en su totalidad; y por conjunto, el agregado de pisos, casas, villas, chalés o similares, ofertados como alojamientos turísticos. La gestión de estos alojamientos podrá basarse tanto en la propiedad del bloque o los inmuebles integrantes del conjunto como en cesión irrevocable del inmueble por cualquier título para su explotación turística. Solo se admitirá la revocación de la cesión, mediando acuerdo entre las partes, cuando el planeamiento urbanístico no establezca la calificación del suelo para alojamientos turísticos o uso análogo.
4. Los apartamentos se clasificarán en categorías identificadas por llaves, de acuerdo con las condiciones determinadas reglamentariamente.
5. Los apartamentos podrán coexistir en un mismo inmueble con los establecimientos hoteleros, en distintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 41. Alojamientos turísticos al aire libre.
1. Se entiende por alojamiento turístico al aire libre o camping el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y servicios precisos, ofrecido al público de forma habitual y profesional, mediante precio, para su ocupación temporal con tiendas de campaña, caravanas u otros elementos desmontables.
2. Dentro de la superficie reservada para acampada, podrán autorizarse instalaciones tales como bungalows, mobile-homes, albergues y habitaciones asociadas o similares, adecuados al entorno paisajístico, ambiental y territorial, siempre que se encuentren dentro del límite de la superficie fijada reglamentariamente para este fin, y no den lugar a la constitución de un núcleo de población.
3. Dentro del recinto de los alojamientos turísticos al aire libre, podrán autorizarse otros establecimientos de alojamiento turístico en las condiciones determinadas reglamentariamente.
4. Se prohíbe en los alojamientos turísticos al aire libre la venta de parcelas o su cesión al mismo turista por tiempo superior a una temporada.
5. Los alojamientos turísticos al aire libre se clasificarán en categorías identificadas por estrellas grafiadas con la silueta de una tienda de campaña, con los requisitos y en la forma que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a sus instalaciones y servicios.
6. Los titulares de alojamientos al aire libre suscribirán y mantendrán vigente un seguro obligatorio de responsabilidad civil en la cuantía suficiente para responder de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios.
7. Se establecerá reglamentariamente el régimen de los alojamientos turísticos al aire libre y de las acampadas en casas rurales aisladas, así como las prohibiciones y limitaciones para la ubicación de estos establecimientos.
Artículo 42. Albergues turísticos.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente, ofrecen al público en general, de modo habitual y profesional y mediante precio, el servicio de alojamiento por plazas en habitaciones de capacidad múltiple, pudiendo prestarse alguna actividad complementaria deportiva, cultural o relacionada con la naturaleza.
2. Los albergues turísticos, en atención a sus servicios o al entorno en que se hallen ubicados, podrán ser objeto de especialización en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Entre estas especialidades se regulará el refugio de montaña.
Sección 3.ª
Alojamientos de turismo rural
Artículo 43. Clases.
1. Los alojamientos de turismo rural deberán ocupar edificaciones de especiales características de construcción, entorno y tipicidad, ubicadas necesariamente en asentamientos tradicionales con un número de habitantes de derecho inferior a los límites establecidos reglamentariamente, según se trate de viviendas de turismo rural o de hoteles rurales.
2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deberán reunir y los criterios de clasificación atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación y características, así como, en su caso, a la oferta de servicios complementarios.
3. Los alojamientos de turismo rural podrán adoptar las modalidades de hotel rural o vivienda de turismo rural.
Artículo 44. Hoteles rurales.
1. Los hoteles rurales son aquellos establecimientos hoteleros que, reuniendo los requisitos que se establezcan reglamentariamente, están ubicados en inmuebles de singular valor arquitectónico o que responden a la arquitectura tradicional de la zona.
2. Los hoteles rurales tendrán un número máximo de plazas de alojamiento, que se determinará reglamentariamente.
Artículo 45. Viviendas de turismo rural.
1. Son viviendas de turismo rural las casas independientes, cuyas características sean las propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se proporcione, mediante precio, el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros servicios complementarios.
2. La prestación de alojamiento turístico en viviendas de turismo rural se ajustará a alguna de las siguientes modalidades:
a) Contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar.
b) Contratación de un conjunto independiente de habitaciones.
c) Contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del turista, en condiciones, equipo, instalaciones y servicios que permitan su inmediata utilización.
3. En los casos en que el empresario turístico no gestione directamente el establecimiento, deberá designar un encargado que habrá de facilitar el alojamiento y resolver cuantas incidencias surjan.
4. Las viviendas de turismo rural se clasificarán en categorías identificadas por signos distintivos, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Los establecimientos comprendidos en la máxima categoría podrán solicitar y obtener del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
CAPITULO III
Empresas de intermediación
Artículo 46. Concepto.
Se consideran empresas de intermediación turística aquellas que, reuniendo los requisitos que se determinen reglamentariamente, se dedican, profesional y habitualmente, a desarrollar actividades de mediación y organización de servicios turísticos.
Artículo 47. Modalidades.
La intermediación turística podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: agencias de viaje, centrales de reserva y cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente.
Artículo 48. Agencias de viaje.
1. Se consideran agencias de viaje las empresas que se dedican a la intermediación en la prestación de servicios turísticos o a la organización de éstos, teniendo reservadas en exclusiva la organización y contratación de viajes combinados, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
2. Las agencias de viaje pueden ser de tres clases:
a) mayoristas u organizadores: son las agencias que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios individualizados y viajes combinados para las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al turista.
b) Minoristas o detallistas: son las agencias que comercializan el producto de las agencias mayoristas con la venta directa a los turistas o que proyectan, elaboran, organizan y venden todas las clases de servicios individualizados o viajes combinados directamente al turista, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.
c) mayoristas-minoristas u organizadores-detallistas: son las agencias que pueden simultanear las actividades de los dos grupos anteriores.
3. Las agencias de viaje deberán constituir una fianza a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma para responder de sus obligaciones contractuales con los turistas. Las cuantías de estas garantías se fijarán reglamentariamente.
Artículo 49. Centrales de reserva.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por centrales de reserva las empresas turísticas que se dedican exclusivamente a reservar servicios turísticos.
2. Se establecerán reglamentariamente las condiciones y requisitos exigibles para esta modalidad de intermediación.
CAPITULO IV
Complejos turísticos
Artículo 50. Ciudades de vacaciones.
1. Se entiende por ciudad de vacaciones el complejo turístico que, además de prestar el servicio de alojamiento en una o varias de sus modalidades, responde a un proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial y se ubica en áreas geográficas homogéneas, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente.
2. En atención a determinados servicios e instalaciones complementarias o a su singular ubicación, este tipo de complejos turísticos podrá solicitar y obtener del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento de algún tipo de especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 51. Pueblos recuperados.
1. Se entiende por pueblo recuperado con fines turísticos el núcleo deshabitado que se rehabilita y acondiciona para prestar una oferta turística de alojamiento en una o varias de sus modalidades, y que responde a un proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente.
2. En los pueblos recuperados se respetarán especialmente los valores de la arquitectura tradicional de la zona.
Artículo 52. Balnearios.
1. Son balnearios los complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan estos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares.
2. Los empresarios podrán establecer el régimen de preferencia entre los clientes de los alojamientos y los usuarios de las instalaciones de tratamiento.
3. Los balnearios que utilicen aguas minero-medicinales o termales con fines terapéuticos tendrán la consideración de centros sanitarios añadida a la de complejos turísticos, debiéndose ajustar en los aspectos médicos y en las prestaciones hidrológicas y balneoterápicas a lo prescrito por las disposiciones aplicables en materia sanitaria.
Artículo 53. Centros de esquí y montaña.
1. Son centros de esquí y de montaña los complejos turísticos dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña que formen un conjunto coordinado de medios de remonte mecánico, pistas e instalaciones complementarias de uso público.
2. Los centros de esquí y de montaña deberán cumplir los requisitos determinados reglamentariamente, así como los que se establezcan en esta Ley.
3. Las empresas titulares de los centros de esquí y de montaña suscribirán y mantendrán vigente un seguro de responsabilidad civil y garantizarán la asistencia sanitaria en caso de accidente en los términos que se determinen reglamentariamente.
4. La autorización de los centros de esquí y de montaña corresponde al Gobierno de Aragón. El silencio administrativo tendrá carácter negativo en este procedimiento.
5. Los centros de esquí y de montaña tendrán el carácter de planes o proyectos de interés general de Aragón, podrán ser de iniciativa y gestión pública o privada y se regirán por la normativa urbanística, previa declaración de interés general de conformidad con la normativa de ordenación del territorio. La declaración de interés general requerirá, además de las exigencias previstas en la normativa sobre ordenación del territorio, que el plan o proyecto incorpore las siguientes determinaciones:
a) Justificación de la máxima adaptación de las instalaciones propuestas a la morfología de las montañas, minimizando las actuaciones que pongan en riesgo la preservación de los suelos y las afecciones sobre las laderas.
b) Justificación de la rentabilidad económica y social del proyecto presentado para los municipios afectados y para la sociedad en general, realizando un análisis comparado con diferentes alternativas de desarrollo, conforme se establece en el apartado 6 de este artículo.
c) Estudio sobre los distintos escenarios del cambio climático, en relación con el área ocupada por el proyecto, y sus posibles efectos.
d) Estudio y garantía de reversibilidad de las diversas instalaciones contempladas en cualquier nueva actuación en zonas de alta montaña.
e) Establecimiento de medidas que favorezcan la compatibilidad de la intervención con los usos agroganaderos.
f) Plan de transporte y movilidad para el entorno del centro de esquí y montaña y su área de influencia, evitando los aparcamientos en altura.
g) Medidas de fomento del desarrollo endógeno y mejora de las condiciones de vida en las poblaciones del entorno, favoreciendo, en la medida de lo posible, la creación y el mantenimiento de iniciativas empresariales locales.
h) Medidas singulares que favorezcan el asentamiento de población, la creación de empleo, la fijación de servicios básicos y la mejora de la accesibilidad a la vivienda, tanto de quienes únicamente desarrollen su actividad profesional o laboral en territorios de montaña como de quienes deseen fijar en ellos su residencia habitual y permanente.
i) Medidas que garanticen la reinversión de los beneficios derivados de la ejecución en mejoras del proyecto y de la zona, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre ordenación del territorio. Asimismo, se formularán propuestas de intervención en otros territorios a través de proyectos de interés general que fomenten la cohesión territorial.
j) Consideración de la compatibilidad del proyecto con las medidas previstas en los planes de gestión y en los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas.
Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
6. Los planes o proyectos de centros de esquí y montaña, de pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas estarán sometidos, en todo caso, a evaluación ambiental o evaluación de impacto ambiental, según proceda, con las siguientes particularidades:
a) La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la justificación de la elección de la solución adoptada deberá acompañarse de un estudio de la rentabilidad económica y social de las alternativas estudiadas y de la opción elegida.
b) Se garantizará la difusión del seguimiento y control de las indicaciones y las medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental o en la memoria ambiental definitiva.
7. En los planes o proyectos de centros de esquí y de montaña, así como en la modificación de los existentes, se primará la calidad en la gestión, el diseño y la promoción del modelo de esquí.
8. El planeamiento territorial, los planes o proyectos de interés general y el planeamiento urbanístico general, cuando en su ámbito se incluyan total o parcialmente centros de esquí y montaña o su área de infl uencia, deberán incorporar, además de los exigibles con carácter general, las determinaciones y los documentos establecidos específicamente para este tipo de complejos turísticos en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 54. Parques temáticos.
1. Los parques temáticos son complejos turísticos caracterizados por áreas de gran extensión en las que se ubican de forma integrada actividades y atracciones de carácter recreativo o cultural y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros o residenciales, con sus servicios correspondientes.
2. La autorización de los parques temáticos corresponde al Gobierno de Aragón. El silencio administrativo tendrá carácter negativo en este procedimiento.
3. Para garantizar la viabilidad e implantación del proyecto, así como su compatibilidad con el entorno socioeconómico, urbanístico y ambiental, se establecerán reglamentariamente, al menos, los requisitos correspondientes a los siguientes aspectos:
a) Inversión inicial necesaria mínima.
b) Inversión mínima correspondiente a las atracciones.
c) Superficie mínima del parque temático de atracciones.
d) Número mínimo de atracciones.
e) Número mínimo de puestos de trabajo directos creados.
f) Superficie mínima del área deportiva y de espacios libres.
g) Superficie mínima de la zona destinada a usos hoteleros, residenciales y sus servicios.
h) Edificabilidad máxima para usos residenciales.
4. Las empresas titulares de los parques temáticos suscribirán y mantendrán vigentes los seguros de responsabilidad civil y de asistencia o accidentes.
5. Los proyectos de parques temáticos estarán sometidos a evaluación de impacto ambiental en todo caso.
CAPITULO V
Empresas de restauración
Artículo 55. Concepto.
1. Son empresas turísticas de restauración los establecimientos que, reuniendo los requisitos que se determinen reglamentariamente, se dedican de forma habitual y profesional, mediante precio, a servir al público comidas y bebidas relacionadas en sus cartas para ser consumidas en los mismos.
2. No tendrán la consideración de establecimientos de restauración turística los comedores universitarios, escolares, de empresa y cualesquiera otros en los que se sirva comida a colectivos particulares excluyendo al público en general, o los comedores de los establecimientos turísticos de alojamiento en los que se sirva comida exclusivamente a sus huéspedes.
Artículo 56. Categorías.
1. Los restaurantes se clasificarán en categorías identificadas con tenedores, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente.
2. Las cafeterías se clasificarán en categorías identificadas con tazas, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente.
3. Los bares no serán objeto de clasificación en categoría alguna, y solo se deberá comunicar su apertura al órgano competente a efectos censales, sin que proceda su inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
4. Los establecimientos que además de ofrecer servicio de restauración presten servicios complementarios de ocio deberán precisar dicha circunstancia en el momento de formalizar la declaración responsable.
CAPITULO VI
Empresas de turismo activo
Artículo 57. Concepto.
1. Se consideran empresas de turismo activo aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica.
2. No tendrán la consideración de empresas de turismo activo los clubes y federaciones deportivas cuando organicen la realización de actividades en el medio natural, dirigidas única y exclusivamente a sus asociados o federados y no al público en general.
Artículo 58. Requisitos.
1. Las empresas de turismo activo deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente en cuanto a seguridad, información, prevención, instructores, monitores o guías acompañantes.
2. Las empresas de turismo activo no podrán realizar sus actividades sin los preceptivos informes o autorizaciones favorables de las administraciones públicas implicadas en función de la naturaleza de la actividad de que se trate o del medio en que se desarrolle.
3. Las empresas de turismo activo deberán suscribir los seguros de responsabilidad civil y de asistencia o accidentes, con la cobertura que se fije reglamentariamente.
CAPITULO VII
Profesiones turísticas
Artículo 59. Concepto.
Se consideran profesiones turísticas las relativas a la prestación, de forma habitual y retribuida, de servicios específicos de la actividad turística de las empresas de esta naturaleza, así como las actividades turístico-informativas.
Artículo 60. Guías de turismo.
Todos los aspectos relativos a las modalidades, derechos y deberes de los guías de turismo, así como a los procedimientos de acreditación de las cualificaciones exigibles para el ejercicio de la profesión, serán objeto de regulación reglamentaria conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la normativa relativa al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios y de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Artículo 61. Guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas.
Los Guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar libremente su actividad en Aragón sin necesidad de presentar documentación alguna ni someterse al cumplimiento de requisitos adicionales.
Artículo 62. Guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. Los Guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea podrán a su vez establecerse en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
2. Los Guías de turismo que se encuentren legalmente establecidos en otro Estado miembro, y se desplacen de manera ocasional o temporal, podrán prestar libremente sus servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente y siempre que cumplan con la obligación de presentar una declaración con carácter previo al desplazamiento al órgano competente, si ésta no se hubiese presentado en otra Comunidad
TITULO QUINTO
Promoción y fomento del turismo
CAPITULO I
Promoción del turismo
Artículo 63. Concepto.
Se entiende por promoción la actuación de las administraciones públicas, de carácter eminentemente material, encaminada a favorecer la demanda de servicios turísticos y apoyar la comercialización de los recursos y productos turísticos propios dentro o fuera de la Comunidad Autónoma.
Artículo 64. Aragón, destino turístico integral.
Aragón en su conjunto se considera, a los efectos de esta Ley, destino turístico integral, cuyos recursos y servicios requieren un tratamiento unitario en su promoción fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. La promoción de esta imagen deberá integrar la diversidad de los destinos turísticos de Aragón.
Artículo 65. Administraciones y agentes implicados.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la promoción del turismo de Aragón, sin perjuicio de la participación de las entidades locales.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, así como las empresas turísticas cuando utilicen medios o fondos públicos, realizarán sus actividades de promoción incorporando la imagen de Aragón como destino turístico integral.
3. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo facilitará la participación e integración de los agentes y asociaciones empresariales del sector turístico en las actividades de promoción, de acuerdo con su ámbito territorial y representatividad.
Artículo 66. Medidas de promoción.
El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, para potenciar y promover la imagen de la Comunidad Autónoma, podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) La elaboración y desarrollo de planes y programas especiales de promoción orientados a sectores y destinos determinados.
b) El diseño y ejecución de campañas de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma.
c) La coordinación y gestión de la información turística institucional.
d) La participación en ferias y certámenes, tanto en el ámbito nacional como internacional.
e) La edición de publicaciones orientadas a la difusión y comercialización del turismo de Aragón.
f) El patrocinio a las iniciativas de promoción y comercialización de interés general para el sector turístico aragonés.
g) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción turística de Aragón que se considere de interés.
Artículo 67. Declaración de actividades de interés turístico.
1. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá declarar de interés turístico las fiestas, acontecimientos, actividades, espacios, servicios y bienes que supongan la manifestación de valores propios y de la tradición popular aragonesa, cuando revistan una especial importancia como recurso turístico.
2. La declaración se realizará por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, a solicitud de las entidades locales y, en todo caso, previo informe de la comarca interesada.
Artículo 68. Información turística.
1. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo se dotará de medios y sistemas de información orientados a proporcionar el conocimiento de la oferta y la demanda turísticas y a garantizar la atención de peticiones de información.
2. Especialmente, se potenciará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la difusión interior y exterior de los recursos turísticos como en las relaciones entre la Administración, los empresarios turísticos y los turistas.
3. Las Oficinas de Turismo son dependencias abiertas al público que, con carácter habitual, prestan un servicio de interés público consistente en facilitar a los turistas orientación, asistencia e información turística.
4. Las Oficinas de Turismo podrán ser de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las entidades locales y de otras personas públicas o privadas.
5. La Red de Oficinas de Turismo de Aragón, instrumento de coordinación y promoción de la calidad de la información turística general en Aragón, estará integrada por las oficinas de titularidad pública y por aquellas de titularidad privada que se incorporen a la misma.
6. Las Oficinas de Turismo integradas en la Red deberán cumplir los requisitos que, en relación con la realización de actividades, prestación de servicios e identidad de imagen, se determinen reglamentariamente.
7. De las oficinas de titularidad privada, sólo las integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Aragón podrán recibir subvenciones, ayudas o asistencia técnica.
CAPITULO II
Fomento del turismo
Artículo 69. Objetivos.
La acción de fomento en relación con el turismo perseguirá los siguientes objetivos:
a) La diversificación, segmentación y desestacionalización de la oferta turística a través de la incentivación de productos propios del turismo de interior.
b) La puesta en valor y conservación de los recursos turísticos vinculados esencialmente al patrimonio cultural y natural aragonés, en coordinación con el resto de Departamentos con competencias relacionadas.
c) La modernización de la oferta turística mediante la actualización de instalaciones, infraestructuras y servicios y la mejora de la productividad y competitividad.
d) La potenciación de las enseñanzas turísticas y de la cualificación de los profesionales del sector mediante su reciclaje profesional y especialización.
Artículo 70. Ayudas y subvenciones.
1. Las comarcas podrán otorgar ayudas y subvenciones a empresas, entidades y asociaciones turísticas, así como a otras entidades locales, para estimular la realización de las acciones establecidas en los planes y programas de fomento y promoción turística, aprobados en desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial de los recursos turísticos.
2. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá otorgar ayudas y subvenciones en los casos en que, por el carácter de la actividad subvencionable, en relación con los intereses generales de la Comunidad Autónoma o por la necesidad de gestión centralizada o derivada de la normativa comunitaria europea, no sea suficiente con la actividad que libremente puedan llevar a cabo las comarcas, sin perjuicio de la colaboración, mediante convenio, con estas entidades locales.
3. El otorgamiento de las mencionadas ayudas y subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia, igualdad, respeto de las reglas de la libre competencia y adecuación a la legalidad presupuestaria.
Artículo 71. Medidas honoríficas.
El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá crear incentivos y premios en reconocimiento de aquellas actuaciones privadas o realizadas por entidades locales tendentes a la consecución de un turismo de calidad.
Artículo 72. Fomento de la calidad.
Además de las medidas de fomento generales y específicas recogidas en esta Ley, el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá fomentar la elevación del nivel de calidad de los establecimientos, empresas y actividades turísticas a través de los siguientes instrumentos:
a) La creación de marcas o distintivos de calidad turística.
b) La promoción de las actividades de evaluación o certificación de la calidad, realizadas por parte de entidades especializadas.
c) El impulso a la elaboración de cartas de calidad o a la participación en cartas de calidad elaboradas por entidades especializadas.
Artículo 73. Estudios turísticos.
La Administración de la Comunidad Autónoma propiciará la unificación de criterios en los programas de estudios de la formación reglada y ocupacional no universitaria y promoverá el acceso a la formación continua de los trabajadores del sector turístico. Asimismo, promoverá la realización de convenios con las Universidades para el impulso de los estudios turísticos.
TITULO SEXTO
Disciplina turística
CAPITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 74. Objeto de la disciplina turística.
La disciplina turística tiene por objeto la regulación de la actuación inspectora, la tipificación de las infracciones, la determinación de las sanciones administrativas y el procedimiento sancionador en relación con el turismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 75. Sujetos de la disciplina turística.
Están sujetos a la disciplina turística regulada en esta Ley las personas físicas o jurídicas titulares de empresas o establecimientos turísticos, así como aquellas que ejerzan una profesión turística o realicen actividades turísticas en Aragón.
Artículo 76. Sujeción a otros regímenes.
Lo dispuesto en este título se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen específico sobre fiscalidad, consumo, prevención de incendios, sanidad e higiene o cualquier otro al que estuvieran sometidas las actividades turísticas.
CAPITULO II
Inspección turística
Artículo 77. Inspección de las actividades turísticas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, atendiendo a los principios de cooperación y coordinación interadministrativa, llevarán a cabo funciones de información, asesoramiento y comprobación del cumplimiento de la legislación turística y de la relativa a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
2. Corresponde a las comarcas la inspección general de las empresas de restauración y de los establecimientos extrahoteleros, salvo los apartamentos turísticos, bajo la coordinación del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo.
3. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el ejercicio de las restantes funciones inspectoras en relación con empresas y establecimientos turísticos.
Artículo 78. Inspectores turísticos.
1. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo tendrán el carácter de autoridad en el ejercicio de su función y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra en su correspondiente ámbito competencial, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías Locales y de los Agentes de Protección de la Naturaleza.
2. Los inspectores turísticos deberán acreditar en todo caso su condición con la correspondiente credencial. Podrán entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en establecimientos y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de las funciones inspectoras sea precisa la entrada en un domicilio particular, deberán contar con la oportuna autorización judicial, salvo consentimiento del afectado.
Artículo 79. Deber de colaboración.
1. Los titulares, representantes legales o encargados de las empresas, establecimientos y actividades turísticas están obligados a facilitar a los inspectores turísticos el examen de las dependencias y el análisis de los documentos relativos a la prestación de los servicios. Igualmente, deberán tener a disposición de los mismos un libro de inspección, debidamente diligenciado, en el que se refl ejará el resultado de las inspecciones que se realicen.
2. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo podrán solicitar a organismos oficiales, organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores cuanta información consideren necesaria para un adecuado cumplimiento de las funciones inspectoras.
Artículo 80. Actas de inspección.
1. Las actas de inspección se extenderán en modelo oficial y reflejarán los hechos que corresponda comprobar o se estime puedan ser constitutivos de infracción administrativa, la identificación del interesado o del presunto infractor y de los responsables subsidiarios o solidarios si los hubiere, el lugar de comprobación o comisión, las circunstancias atenuantes o agravantes y los preceptos que se consideren infringidos, en su caso.
2. Las actas se extenderán en presencia del titular de la empresa, establecimiento o actividad, de su representante legal o encargado o, en su defecto, de cualquier persona dependiente de aquél, o de los presuntos infractores de las normas turísticas.
3. La persona ante la que se extienda el acta podrá alegar cuanto estime conveniente. La firma del acta no implicará la aceptación de su contenido.
4. Las actas de inspección son documentos públicos y su contenido se presumirá cierto, salvo que se acredite lo contrario.
5. Del acta levantada se entregará copia a la persona ante quien se extienda, haciéndolo constar expresamente en la misma.
6. Las actas de inspección serán remitidas al órgano de la comarca o al Departamento competente en materia de turismo.
CAPITULO III
Infracciones
Artículo 81. Concepto.
Constituyen infracciones administrativas en relación con el turismo las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 82. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. La falta de limpieza contrastada o el manifiesto deterioro en las instalaciones, servicios y enseres de los establecimientos turísticos.
2. La falta de exhibición de anuncios o distintivos obligatorios o su exhibición sin respetar las formalidades exigidas por la legislación turística.
3. No hacer constar en la documentación, publicidad y facturación las indicaciones establecidas por la legislación turística.
4. El incumplimiento del requisito de publicidad de cuantos extremos fueren exigibles por la legislación turística.
5. La falta de la documentación debidamente diligenciada de acuerdo con la legislación turística.
6. La falta de personal adecuado para las funciones que exijan cualificación específica en su desempeño.
7. La incorrección manifiesta en el trato al turista.
8. El incumplimiento menor en la prestación de los servicios exigibles.
9. El incumplimiento de las obligaciones de información y respuesta a las reclamaciones de los turistas y, en particular, la falta de hojas de reclamaciones o la negativa a entregarlas al turista.
10. La falta de conservación de la documentación exigible por la Administración durante el tiempo establecido en la legislación turística.
11. La infracción que aunque tipificada como grave, no mereciera tal calificación en razón de su naturaleza, ocasión, circunstancia, categoría o capacidad del establecimiento.
Artículo 83. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. El ejercicio de actividades turísticas sin la debida autorización o, en su caso, sin haber formalizado la declaración responsable regulada en esta Ley.
2. La práctica de la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma.
3. La utilización en los establecimientos turísticos de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La información o publicidad que induzca objetivamente a engaño en la prestación de los servicios.
5. La formalización de los contratos con los turistas en contra de lo establecido en la legislación.
6. La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en condiciones diferentes o de calidad inferior a las ofrecidas. No constituirá infracción la negativa a continuar prestando servicios cuando el turista se niegue al pago de los ya recibidos, o por razones de fuerza mayor.
7. El incumplimiento contractual respecto del lugar, establecimiento, categoría, tiempo, precio o demás condiciones pactadas.
8. La reserva confirmada de plazas en número superior a las disponibles o el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas.
9. La percepción de precios superiores a los exhibidos.
10. La facturación de conceptos no incluidos en los servicios ofertados o pactados.
11. El incumplimiento de las disposiciones sobre prevención de incendios.
12. La obstrucción a la inspección, la negativa o resistencia a facilitar la información requerida y el suministro de información falsa o inexacta a los inspectores u órganos de la Administración competentes en materia de turismo.
13. La prohibición del libre acceso y permanencia en los establecimientos turísticos, sin perjuicio de las normas sobre derecho de admisión.
14. La inejecución de los requerimientos formulados por la Administración para subsanar deficiencias en los establecimientos o instalaciones.
Artículo 84. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La prestación de servicios con deficiencias, especialmente en relación con incendios y seguridad, cuando entrañen grave riesgo para las personas y el medio ambiente.
2. La alteración o modificación de los requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad o que determinaron la clasificación, categoría y, en su caso, autorización de las instalaciones sin cumplir las formalidades exigidas, así como su uso indebido.
3. La negativa u obstrucción a la actuación de los inspectores turísticos que impida totalmente el ejercicio de sus funciones.
Artículo 85. Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas a la normativa turística las siguientes personas físicas o jurídicas:
a) Los titulares de empresas, establecimientos y actividades turísticas, que serán, salvo que se acredite lo contrario, aquéllos a cuyo nombre figure la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
b) Quienes realicen la actividad o mantengan abiertos establecimientos turísticos sin disponer del título que resulte exigible en cada caso.
c) Quienes sean materialmente responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
2. El empresario turístico deberá garantizar el cumplimiento de la normativa turística por parte del personal a su servicio. Cabrá exigir al titular de la empresa, establecimiento o actividad la responsabilidad solidaria por las infracciones cometidas por el personal a su servicio, sin perjuicio de su derecho a deducir las acciones oportunas contra los sujetos a quienes sean materialmente imputables las infracciones.
Artículo 86. Prescripción.
1. Las infracciones administrativas a que se refiere esta Ley prescribirán, desde el momento de la comisión de las mismas, en los siguientes plazos:
a) Infracciones leves: un año.
b) Infracciones graves: dos años.
c) Infracciones muy graves: tres años.
2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo a efectos de la prescripción será la del cese de la actividad o la del último acto con el que la infracción se hubiere consumado.
CAPITULO IV
Sanciones y medidas accesorias
Artículo 87. Sanciones.
1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la imposición, ya sea de modo singular o acumulativo, de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Suspensión del ejercicio de las actividades turísticas o clausura del establecimiento por plazo de hasta un año.
d) Revocación, en su caso, de la autorización turística; cancelación de la inscripción del empresario, empresa o establecimiento turístico en el Registro de Turismo de Aragón, y clausura definitiva del establecimiento.
2. Las siguientes medidas no tendrán la consideración de sanciones y podrán ser adoptadas sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador:
a) La clausura del establecimiento que carezca de autorización turística o, en su caso, cuya apertura no haya sido declarada al órgano competente.
b) La suspensión del ejercicio de las actividades que, en su caso, pueda decidirse hasta el momento en que se obtenga la autorización turística o se formalice la declaración responsable.
Artículo 88. Medidas accesorias.
El órgano competente podrá adoptar las siguientes medidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren imponerse:
a) Comiso de los productos ilegalmente obtenidos, así como los instrumentos, útiles, maquinaria, vehículos y demás medios empleados en la comisión de los hechos.
b) Inhabilitación para obtener cualquier clase de subvención o ayuda en relación con el turismo concedida por las administraciones públicas, por un plazo máximo de cinco años.
Artículo 89. Resarcimiento e indemnización.
Sin perjuicio de las sanciones, medidas previstas en el artículo 87.2 o medidas accesorias que se impongan, el responsable estará obligado a restaurar el orden alterado y a reparar los daños y perjuicios causados al patrimonio natural y cultural o a los demás recursos turísticos, a terceros o a la Administración.
Artículo 90. Correspondencia entre infracciones y sanciones.
1. Las sanciones serán las siguientes:
a) Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 60 a 600 euros.
b) Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de 601 a 6.000 euros.
c) Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa de 6.001 a 90.000 euros.
2. Podrá imponerse acumulativamente la sanción de multa y de suspensión del ejercicio de las actividades o clausura del establecimiento o instalación por un período de hasta seis meses, por la comisión de infracciones graves, y por un plazo superior a seis meses, hasta un año, por la comisión de infracciones muy graves.
3. Podrán imponerse acumulativamente las sanciones de multa y, en su caso, de revocación de la autorización y cancelación de la inscripción registral por la comisión de infracciones muy graves en las que concurran tres o más circunstancias agravantes.
Artículo 91. Circunstancias atenuantes y agravantes.
Dentro de cada categoría de infracciones, para graduar la cuantía y modalidad de las sanciones aplicables a las mismas, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias como atenuantes o agravantes en cada caso:
a) Los perjuicios económicos o personales causados a turistas o a terceros.
b) El número de personas afectadas.
c) La cuantía del beneficio ilícito obtenido.
d) La capacidad económica y volumen de facturación del establecimiento, así como el número de plazas de que disponga.
e) Las repercusiones negativas para el resto del sector turístico.
f) El daño causado al patrimonio natural y cultural, a los demás recursos turísticos y a la imagen turística de Aragón.
g) La notoria negligencia, la intencionalidad y la reiteración en la comisión de infracciones.
h) La reincidencia, que se apreciará cuando los responsables de las infracciones hayan sido sancionados por la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año contado a partir de la firmeza de la primera sanción.
i) La subsanación, durante la tramitación del expediente, de las anomalías que dieron origen a la incoación del procedimiento.
j) La trascendencia de los hechos respecto de la seguridad de las personas y bienes.
Artículo 92. Competencia.
Son órganos competentes para la imposición de las sanciones y medidas accesorias establecidas en esta Ley:
a) Los órganos competentes de las comarcas, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves sobre empresas de restauración y establecimientos extrahoteleros, salvo apartamentos turísticos, así como sobre acampada libre.
b) Los directores de los servicios provinciales competentes en materia de turismo, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves en los supuestos no comprendidos en la letra anterior.
c) El Director General competente en materia de turismo, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones muy graves.
Artículo 93. Prescripción de sanciones y medidas accesorias.
Las sanciones y medidas accesorias a que se refiere esta Ley que sean impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año, comenzando el cómputo de estos plazos el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o las medidas accesorias.
Artículo 94. Registro de sanciones.
En el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo existirá un registro de sanciones, en el que se anotarán las sanciones firmes impuestas por infracciones sobre turismo. Dichas anotaciones serán canceladas a los dos años de haber sido cumplidas las sanciones.
CAPITULO V
Procedimiento sancionador
Artículo 95. Tramitación.
1. La tramitación de los procedimientos sancionadores se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Cuando una infracción de las previstas en esta Ley pudiere ser constitutiva de delito o falta, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
3. Transcurridos tres meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir. El procedimiento sancionador deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses.
Artículo 96. Incoación.
Los procedimientos sancionadores se incoarán por acuerdo del órgano correspondiente de la comarca o del Director del Servicio Provincial competente en materia de turismo, según corresponda, en virtud de cualquiera de los siguientes actos:
a) La denuncia de particular, incluida la realizada en hojas de reclamaciones.
b) El acta suscrita por los inspectores turísticos.
c) La comunicación de la presunta infracción formulada por la autoridad colaboradora u órgano administrativo que tenga conocimiento de la misma.
d) La iniciativa de los órganos competentes en materia de turismo.
Artículo 97. Medidas de carácter provisional.
En el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador se podrán adoptar motivadamente las medidas de carácter provisional, incluida la clausura temporal de los establecimientos o la suspensión de actividades, que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiere recaer o impidan la continuidad de la infracción.
Artículo 98. Conciliación y subsanación.
1. Con carácter previo o simultáneo a la incoación del procedimiento sancionador, se ofrecerá al presunto infractor la posibilidad de normalizar las irregularidades administrativas en las que hubiere incurrido y reparar los perjuicios causados a los turistas.
2. La conciliación voluntaria para la reparación de los perjuicios causados a los turistas solo podrá tener lugar en aquellas reclamaciones en las que prime un interés particular y este sea cuantificable económicamente.
3. La subsanación de las irregularidades administrativas podrá formularse atendiendo a la entidad de la infracción y al perjuicio que conlleve.
4. La conciliación y la subsanación plena comportarán el archivo de las actuaciones o la atenuación de las infracciones y sanciones, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los perjuicios causados, en tanto que la subsanación parcial únicamente podrá dar lugar a la atenuación de las infracciones y sanciones. No procederá el archivo de las actuaciones en los casos de subsanación plena de infracciones muy graves.
5. La incoación de los procedimientos regulados en este artículo interrumpirán los plazos de prescripción establecidos en esta ley.
Disposición adicional primera. Sistema Arbitral de Consumo.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98 de esta Ley, las administraciones públicas con competencias en turismo promoverán la adhesión de las empresas y establecimientos al Sistema Arbitral de Consumo.
Disposición adicional segunda. Asociacionismo empresarial.
La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará y apoyará el asociacionismo empresarial en el sector turístico, así como la cooperación con los agentes sociales de este sector.
Disposición adicional tercera. Red de Hospederías de Aragón.
1. Las hospederías de Aragón serán gestionadas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma o, indirectamente, a través de organismo público, sociedad mercantil o arrendatario.
2. Previo convenio suscrito al efecto con el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, podrán integrarse en la Red de Hospederías de Aragón aquellos establecimientos hoteleros gestionados por entidades locales o empresas privadas.
3. Los nuevos establecimientos que se integren en la Red de Hospederías de Aragón deberán pertenecer a alguna de las categorías establecidas reglamentariamente.
4. El término «Hospedería de Aragón» queda reservado a aquellos establecimientos hoteleros caracterizados por su singularidad y elevado nivel de calidad, asentados en un edificio de interés patrimonial o en un entorno paisajístico, monumental o natural privilegiado, que contribuyen a la dinamización económica y social de la zona en la que se ubican y que se hallan integrados en la Red de Hospederías de Aragón.
5. La Red de Hospederías de Aragón es el conjunto de Hospederías de Aragón que comparten identidad visual, objetivos de calidad y unos parámetros básicos en materia de estrategia comercial, entendiéndose por Gestor de la Red el órgano administrativo, organismo público o empresa de la Administración de la Comunidad Autónoma encargado de la dirección y coordinación de los elementos comunes a todas las Hospederías de Aragón.
Disposición adicional cuarta. Paradores de turismo.
1. El Gobierno de Aragón negociará con la Administración del Estado el traspaso de los medios materiales y personales de los paradores de turismo ubicados en territorio aragonés.
2. Una vez transferidos los mencionados paradores, el Gobierno de Aragón los integrará en la Red de Hospederías de Aragón.
Disposición adicional quinta. Pueblos recuperados.
Los núcleos de Aldea de Puy, Búbal, Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou y Ruesta podrán ser inscritos en el Registro de Turismo como pueblos recuperados con fines turísticos, previa presentación de un informe técnico que acredite sus condiciones de seguridad.
Disposición adicional sexta. Obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Con la finalidad de proteger los derechos de los discapacitados y garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación física o sensorial la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, en particular, de los turísticos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón velará especialmente por el cumplimiento de la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
Disposición adicional séptima. Ventanilla única.
El Departamento competente en materia de turismo dispondrá los medios necesarios para trasladar a soporte electrónico todos los procedimientos y trámites susceptibles de formalización ante el Registro de Turismo de Aragón, para su consiguiente integración en la ventanilla única del Gobierno de Aragón, de acuerdo con la normativa aplicable al acceso electrónico a los servicios públicos y al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.
Disposición transitoria primera. Comarcas.
En el territorio donde las comarcas no hayan asumido competencias sobre turismo, corresponderá el ejercicio de las mismas al Departamento del Gobierno de Aragón competente de esta materia.
Disposición transitoria segunda. Consejo del Turismo de Aragón.
El Consejo del Turismo de Aragón continuará en funcionamiento con arreglo a su actual composición y atribuciones mientras no se efectúe el desarrollo reglamentario de esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Clasificaciones en vigor.
Todos los establecimientos turísticos mantendrán sus actuales grupos, categorías y modalidades, salvo que las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta Ley dispongan otra cosa.
Disposición transitoria cuarta. Procedimientos sancionadores.
Los procedimientos sancionadores ya iniciados en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación.
Disposición final primera. Actualización de sanciones.
Por decreto del Gobierno de Aragón se podrá proceder a la actualización de las cuantías de las sanciones previstas en esta Ley, teniendo en cuenta la variación experimentada por el índice de precios al consumo.
Disposición final segunda. Acampadas.
Se prohíbe la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final tercera. Señalización turística.
Se determinará reglamentariamente la señalización turística que deberá ser utilizada por las administraciones públicas en Aragón y por los empresarios turísticos para identificar e informar sobre los recursos y los establecimientos turísticos.
Disposición final cuarta. Senderos turísticos.
Los aspectos relativos a la selección, acondicionamiento, protección y señalización de aquellos senderos que revistan la condición de recursos turísticos serán objeto de regulación conjunta por parte de los Departamentos del Gobierno de Aragón competentes en materia de turismo, medio ambiente, cultura, ordenación del territorio, deporte y agricultura, dando participación en todos esos aspectos a las comarcas, a través del Consejo de Cooperación Comarcal de Aragón.
Disposición final quinta. Autorización de obras de renovación.
A los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 31 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se entenderá que la autorización de obras de renovación de construcciones en bordas, torres u otros edificios rurales antiguos ubicados en suelo no urbanizable genérico podrá implicar un cambio de uso respecto al original del edificio cuando su tamaño lo permita, siempre y cuando las construcciones renovadas se destinen a establecimientos hoteleros, albergues turísticos, alojamientos de turismo rural, empresas de restauración o empresas de turismo activo. |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con motivo de la revisión del objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas para el ejercicio presupuestario de 2013, el Consejo de Ministros aprobó un incremento del 1,3% del PIB para la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que permitió a las Cortes de Aragón aprobar la Ley 6/2013, de 12 de agosto, por la que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditos y por la que se autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por un importe de 190.000.000 de euros.
Con los créditos que se habilitaron en la citada Ley 6/2013, de 12 de agosto, el Gobierno de Aragón va a financiar las actuaciones previstas en el Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social con el que pretende desarrollar, entre otras, medidas que aceleren el impacto positivo de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento en el medio y largo plazo para transformar el tejido empresarial de Aragón, reforzando las actuaciones tendentes a conseguir los objetivos previstos en el Fondo para el Fomento del Empleo y la Competitividad y en el Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente, creados en la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013.
Asimismo, estas medidas impulsarán la actividad y la formación empresarial, para conseguir un impacto positivo en la actividad económica y en el mercado laboral, siendo su objetivo prioritario el impulso social con la inclusión laboral y social de colectivos desfavorecidos.
La adopción de estas medidas requiere la máxima celeridad, por un lado, porque pretenden atender a las necesidades de la sociedad en la actual situación económica y, por otro lado, porque la ejecución del Plan Impulso 2013 debe acometerse a lo largo del año 2013. Por tanto, concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de un Decreto-Ley.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón que prevé que, en estos casos, el Gobierno de Aragón pueda dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto de Autonomía, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Además, el presente Decreto-Ley es plenamente respetuoso con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional, por cuanto el Tribunal Constitucional incluye entre las medidas que legitiman la aprobación de un Decreto-Ley los cambios en los procedimientos administrativos para simplificarlos y agilizarlos.
Para ello, se considera necesario adoptar las presentes medidas administrativas de carácter urgente que faciliten la ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social.
El Decreto-Ley que se aprueba se compone de un total de 8 artículos y dos disposiciones finales.
Las modificaciones que se introducen con este Decreto-Ley se amparan en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón los artículos 75.12.ª, 79 y 103 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en materia de régimen jurídico, procedimiento, contratación, actividad de fomento y Hacienda de la Comunidad Autónoma.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 5 de septiembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Decreto-Ley tiene por objeto establecer medidas administrativas urgentes para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social.
2. Las medidas administrativas contenidas en este Decreto-Ley resultarán de aplicación exclusivamente a las actuaciones previstas en el Plan Impulso 2013.
Artículo 2. Declaración de interés público.
Todas las actuaciones contenidas en el Plan Impulso 2013 se declaran de interés público, a los efectos previstos en la legislación sectorial correspondiente.
Artículo 3. Reducción de plazos administrativos.
Los plazos ordinarios en los procedimientos administrativos que se tramiten en ejecución del Plan Impulso 2013 se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a los efectos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 4. Subvenciones.
1. Las bases reguladores de las subvenciones podrán ser aprobadas al mismo tiempo que las convocatorias de las mismas, por orden del Consejero competente por razón de la materia.
2. En el ámbito de la ejecución de las actuaciones del Plan Impulso 2013 se podrán conceder anticipos por un importe del 100% de la cuantía de la subvención concedida. Del mismo modo, se podrá financiar el 100% de la actividad del beneficiario en el marco del Plan Impulso 2013.
3. El plazo de justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las subvenciones del Plan Impulso 2013 finalizará el 1 de marzo de 2014.
Artículo 5. Contratación administrativa.
1. Los motivos que justifican el presente Decreto-Ley constituyen una razón de interés público para la tramitación urgente de los expedientes de contratación administrativa que deban formalizarse en ejecución del Plan Impulso 2013.
2. Los distintos órganos encargados de la tramitación de los contratos a los que se refiere el párrafo anterior deberán, en su caso, incluir en el expediente de contratación la declaración de urgencia conforme al presente Decreto-Ley.
Artículo 6. Declaración de interés autonómico.
Las actuaciones contenidas en el Plan Impulso 2013 podrán ser consideradas de interés autonómico que, en su caso, será acordado por el Gobierno de Aragón.
Artículo 7. Control.
1. Los expedientes presupuestarios y de tramitación de gasto de las actuaciones incluidas en el Plan Impulso serán objeto de un control financiero a través de procedimientos de auditoria, sustituyendo éste al ejercicio de la fiscalización previa.
2. La aplicación de dicho régimen de control tendrá carácter excepcional limitándose a las actuaciones concretas del Plan Impulso 2013 sin que pueda extenderse a ninguna otra actividad de los Departamentos u Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. El control financiero se llevará a cabo por la Intervención General durante el ejercicio 2014 de acuerdo con la Ley de Hacienda, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, sus disposiciones de desarrollo y las normas técnicas de auditoría.
4. Sin perjuicio de lo anterior y por razones de operatoria contable, los expedientes serán remitidos aprobados y completos en cada fase de gasto a las Intervenciones Delegadas o Territoriales sólo para su contabilización, quedando en las dependencias de la Intervención toda la documentación para el ejercicio de control financiero.
5. Los expedientes deberán remitirse debidamente identificados como correspondientes a las actuaciones del Plan Impulso 2013 por el Departamento u Organismo Autónomo gestor del gasto.
Artículo 8. Ejecución y liquidación presupuestaria.
Los expedientes de gasto completos derivados de la ejecución de las actuaciones del Plan Impulso 2013, siempre que contengan la fase de reconocimiento de obligaciones, podrán tener entrada en el registro de la Intervención correspondiente hasta el 30 de diciembre de 2013.
Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de este Decreto-Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón",.
Zaragoza, 5 de septiembre de 2013.
La Presidenta del Gobierno de Aragón
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda y Administración Pública
JOSÉ LUIS SAZ CASADO |
La Comunidad Autónoma es titular de las competencias establecidas en los apartados 21.ª y 22.ª del artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que recogen las competencias exclusivas en materia de «Espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón» y «Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático», también le corresponde la competencia compartida prevista en el artículo 75.3 del citado estatuto, sobre «Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas». Estas competencias se enmarcan en el respeto a las competencias del Estado para dictar la legislación básica en materia de protección del medio ambiente, recogida en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española. Por otro lado cabe indicar que la aprobación del texto refundido es manifestación del ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecida en el artículo 61.1 del citado Estatuto de Autonomía.
La Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, fruto de la iniciativa legislativa popular, creó el Consejo de Protección de la Naturaleza como órgano colegiado, consultivo y de participación en materia de protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos. Dicho órgano quedó adscrito administrativamente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, correspondiendo al Consejero del mismo la facultad de nombramiento de sus miembros y cargos, a propuesta de las entidades respectivas y del propio Pleno del Consejo.
Posteriormente, la Ley 5/1994, de 30 de junio, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, tuvo por objeto la adecuación del Consejo a la nueva estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, atribuyendo al entonces Departamento de Medio Ambiente las funciones que anteriormente se otorgaban al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes.
Finalmente, la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, planteó reformas en varios ámbitos. Fundamentalmente, atribuyó nuevas funciones al órgano colegiado y modificó la composición de sus miembros, en aras a adaptar a la realidad social la representatividad de las entidades y organizaciones que lo conformaban. En cuanto al régimen de funcionamiento, esta norma legal, además de introducir la figura del miembro suplente, incorporó un nuevo órgano, la Mesa del Consejo, entre cuyas principales funciones se incluía el asesoramiento al Presidente o Vicepresidente en la toma de decisiones para las que solicitara consulta, así como para aquellas decisiones cuya urgencia imposibilitase la convocatoria de un Pleno extraordinario.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en el artículo 39 y 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, el Gobierno puede dictar normas con rango de ley mediante la promulgación de decretos legislativos en el ejercicio de la delegación legislativa que le atribuyan las Cortes.
En este marco, la disposición final primera de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón a que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada ley, y a propuesta del Consejero competente en la materia, apruebe el Decreto-Legislativo por el que se refunda la Ley 2/1992, de 13 de marzo, del Consejo de Protección de la Naturaleza y las posteriores normas legales que la modifican.
Conforme a ello, se ha procedido a la elaboración del texto refundido que sistematiza y ordena las disposiciones vigentes con rango de ley reguladoras del Consejo de Protección de la Naturaleza, en concreto la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza y sus modificaciones posteriores, es decir, la Ley 5/1994, de 30 de junio, y la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, texto que ha sido objeto de dictamen favorable por el Consejo de Protección de la Naturaleza. De igual modo, el texto normativo procede a la armonización terminológica, suprimiendo todas las referencias a la antigua Diputación General, que en el nuevo texto se efectúan al Gobierno de Aragón o a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 3 de diciembre de 2013,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza.
De conformidad con la delegación legislativa contenida en la disposición final primera de Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto Refundido de la Ley del Consejo de Protección de la Naturaleza.
Disposición adicional segunda. Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que puedan aparecer en este Decreto-Legislativo y en el texto refundido que por él se aprueba se entienden igualmente referidas a su correspondiente femenino.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Queda derogada la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza, modificada por a Ley 5/1994, de 30 de junio, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza y por la Ley 8/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto-Legislativo y al texto refundido que por él se aprueba.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Legislativo, y el texto refundido que aprueba, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
MODESTO LOBÓN SOBRINO
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
ÍNDICE:
Artículo 1. Creación.
Artículo 2. Funciones del Consejo.
Artículo 3. Composición del Consejo.
Artículo 4. Estructura del Consejo.
Artículo 5. El Pleno.
Artículo 6. El Presidente.
Artículo 7. El Vicepresidente.
Artículo 8. El Secretario.
Artículo 9. La Mesa del Consejo.
Disposición adicional única. Indemnizaciones por asistencia.
Artículo 1. Creación.
1. Se crea el Consejo de Protección de la Naturaleza como órgano colegiado, consultivo y de participación en materia de protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos.
2. En sus actuaciones, el Consejo atenderá a criterios ecológicos, sociales y culturales.
3. El Consejo de Protección de la Naturaleza se adscribe al departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 2. Funciones del Consejo.
1. Son funciones del Consejo de Protección de la Naturaleza:
a) Realizar debates, emitir informes y dictámenes y efectuar propuestas sobre materias que conciernan a la competencia del Consejo, por iniciativa propia o a requerimiento de las Cortes de Aragón, del Gobierno de Aragón o de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Informar los anteproyectos de ley con trascendencia en el ámbito medioambiental.
c) Proponer zonas a declarar como espacios naturales protegidos y la modificación de las ya existentes.
d) Realizar el seguimiento de problemas ecológicos y espacios protegidos.
e) Apoyar, en su caso, las iniciativas relacionadas con el objeto de la presente ley.
f) Promover la educación ambiental, la investigación científica, la divulgación y la defensa de la naturaleza.
g) Incluir en la Memoria anual del Consejo un informe que contenga la opinión y recomendaciones del Consejo sobre aspectos relacionados con la situación del medio ambiente en Aragón.
2. La emisión de informes y la formulación de recomendaciones y propuestas tendrán, en general, carácter facultativo y no vinculante, salvo en los casos en que la normativa sectorial establezca el carácter preceptivo de dichos informes.
3. Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo de Protección de la Naturaleza podrá solicitar informes técnicos a los departamentos y organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo dispondrá de medios materiales y recursos humanos suficientes. A este fin, cada año se asignarán los correspondientes créditos en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. También se destinará al Consejo el personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma necesario para llevar a cabo las tareas administrativas del mismo.
Artículo 3. Composición del Consejo.
1. El Consejo estará constituido por personas de reconocida competencia en las disciplinas relacionadas con el estudio, la protección y la gestión de los espacios naturales, nombradas por el titular del departamento competente en materia de medio ambiente, previa propuesta de las siguientes entidades:
a) Seis representantes designados por el Gobierno de Aragón de entre los departamentos con implicaciones en temas medioambientales y de sostenibilidad.
b) Un representante designado por cada uno de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
c) Un representante de cada una de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas.
d) Dos representantes de las comarcas, elegidos por el Consejo de Cooperación Comarcal.
e) Un representante elegido de entre las principales asociaciones municipales aragonesas.
f) Tres representantes de la Universidad de Zaragoza.
g) Dos representantes de los centros públicos de investigación.
h) Tres representantes de las organizaciones sindicales más representativas, según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
i) Tres representantes de las organizaciones empresariales más representativas de acuerdo con la ley.
j) Tres representantes de las organizaciones agrarias.
k) Un representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
l) Cuatro representantes de las asociaciones de conservación de la naturaleza.
m) Dos representantes de las federaciones deportivas aragonesas relacionadas más directamente con el medio natural.
n) Un representante de las asociaciones de defensa del patrimonio cultural.
2. Las propuestas de las entidades mencionadas en las letras e), h), i), j), l), m) y n) se realizarán en reuniones convocadas por el departamento competente en materia de medio ambiente, a las que serán invitadas las entidades del sector correspondiente que cuenten con una mayor representación e implantación en Aragón.
3. Cada una de las entidades con representación en el Consejo, designará a un suplente, con los mismos derechos y deberes que el miembro titular, a quien sustituirá en las sesiones del órgano, en los términos que se recojan en el reglamento interno de funcionamiento.
Artículo 4. Estructura del Consejo.
1. El Consejo de Protección de la Naturaleza se estructura de la siguiente manera:
a) Pleno.
b) Presidente.
c) Vicepresidente.
d) Secretario.
e) Comisiones de Trabajo.
f) Mesa del Consejo.
2. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario serán nombrados, a propuesta del Pleno y de entre sus miembros, por el titular del departamento competente en materia de medio ambiente. Podrán ser cesados a propuesta de dicho Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
3. Por acuerdo del Pleno, se podrán crear las Comisiones de Trabajo que se estimen oportunas, que se organizarán en la forma que el propio Consejo determine.
Artículo 5. El Pleno.
1. El Pleno está integrado por la totalidad de los miembros, titulares o suplentes, que componen el Consejo.
2. Son atribuciones del Pleno:
a) Aprobar el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo.
b) Aprobar la Memoria anual a presentar al titular del departamento competente en materia de medio ambiente, el cual, a su vez, remitirá copia a las Cortes de Aragón.
c) Constituir las Comisiones de Trabajo que se consideren oportunas.
d) Aprobar, rechazar o modificar los informes y acuerdos que le sometan las comisiones de trabajo.
e) Aprobar la propuesta de presupuestos del Consejo.
3. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria al menos cuatro veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de su Presidente o de una tercera parte de sus miembros.
4. El Pleno del Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría simple.
5. El Presidente, a iniciativa propia o de la mayoría simple del Consejo, podrá invitar a las reuniones del mismo, con voz pero sin voto, a aquellas personas que, dadas las cuestiones a tratar, reúnan los conocimientos técnicos y profesionales que hagan aconsejable su asistencia.
6. Los miembros del Consejo serán nombrados por un periodo de cuatro años. Las vacantes que se produzcan se cubrirán por el tiempo que faltare para cumplir el correspondiente mandato.
Artículo 6. El Presidente.
Las funciones del Presidente son las siguientes:
a) Convocar las sesiones del Consejo y de las Comisiones de Trabajo.
b) Dirigir el debate y el orden de las sesiones.
c) Ostentar la representación del Consejo.
d) Cualquiera otra que reglamentariamente se determine.
Artículo 7. El Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituye al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de ése, desempeñando, además cuantas funciones le encomiende el Presidente o las que reglamentariamente se determinen.
Artículo 8. El Secretario.
Son funciones del Secretario:
a) Levantar acta de las sesiones del Pleno.
b) Dirigir las actividades administrativas del Consejo.
c) Coordinar las tareas de las Comisiones de Trabajo.
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo.
e) Las que le encomiende el Consejo y las que reglamentariamente se determinen.
Artículo 9. La Mesa del Consejo.
1. La función de la Mesa es la de asesorar al Presidente o al Vicepresidente en las cuestiones que afecten al funcionamiento del Consejo para las que se requiera consulta o asesoría, así como para aquellas decisiones cuya urgencia imposibilite la convocatoria de un Pleno extraordinario.
2. La Mesa estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y los Presidentes y los Secretarios de las comisiones de trabajo permanentes.
3. La Mesa se reunirá a iniciativa del Presidente o del Vicepresidente, cuando se encuentre sustituyendo a aquél, o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
Disposición adicional única. Indemnizaciones por asistencia.
La cuantía de las indemnizaciones económicas por asistencias a las reuniones de las comisiones de trabajo y plenos, hasta tanto se dicte una norma específica para el ámbito de la Comunidad Autónoma, se regulará por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, disposiciones complementarias, actualizándose según establezca la normativa estatal. |
El artículo 71.48.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.
La competencia en materia de industria ya se recogía en el anterior texto del Estatuto de Autonomía, y, es al amparo del artículo 35 de dicho texto, que se dictó la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón acompañada de las correcciones de errores de 28 de marzo de 2007 y 9 de abril de 2007.
Dicha Ley dotó a la sociedad aragonesa del necesario marco legal completo que afecta a la amplia actividad industrial de una Comunidad Autónoma muy especializada. Se estima que más de una quinta parte de la riqueza generada en Aragón procede de la actividad industrial, incluyendo la energía, dato que se halla por encima de la media nacional. El comercio exterior aragonés, referido al intercambio de mercancías con el extranjero, es, casi en su totalidad, de bienes industriales, además, con independencia del sector de actividad económica del que se trate, cualquier empresa aragonesa tiene instalaciones industriales de las que depende para ejercer su actividad con normalidad y eficacia, afectadas por la amplísima y compleja legislación en materia de seguridad industrial.
En lo que a la actividad industrial se refiere, su promoción afecta de manera positiva a toda la sociedad, pues contribuye a su desarrollo económico y social, constituyendo la consolidación de dicho sector uno de los factores que de manera más clara influyen en la vertebración y el reequilibrio del territorio, aspecto este de enorme importancia en Aragón.
La Ley se redactó bajo los principios de dotar a la actuación de la administración de una especial transparencia, efectividad, participación y coordinación de todos los agentes, se explicitó el compromiso de la Administración de dar servicio y de crear oportunidades en un Aragón moderno, sostenible, en consonancia con las políticas europeas, estatales y locales y dando una especial importancia al desarrollo e implantación de la sociedad de la información.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior estableció una serie de principios de aplicación general para la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y su ejercicio dentro de la Unión Europea. El objetivo de esta norma era alcanzar un auténtico mercado único de servicios que permita a los prestadores, en particular, a las pequeñas y medianas empresas, extender sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior y que, al mismo tiempo, ofrezca a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionándoles más posibilidades de elección y unos servicios de calidad a precios más bajos.
La propia Directiva 2006/123/CE en su artículo 44 incluye un mandato a los Estados miembros para que pongan en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva. En este sentido el artículo 93.2 del Estatuto señala que la Comunidad Autónoma de Aragón aplica y desarrolla el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias.
En cumplimiento de lo anterior fue aprobado el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la citada Directiva 2006/123/CE, cuyo artículo 4 concretaba las modificaciones que afectaban expresamente a la Ley 12/2006, de 27 diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
Por otra parte la antedicha Ley también fue objeto de una modificación puntual respecto de las autorizaciones para la instalación, ampliación, traslado o cierre de actividades industriales por parte de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dada la importancia de las modificaciones operadas y en aras del principio de seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución Española, las Cortes de Aragón conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, autorizaron mediante la Disposición final primera de la Ley 10/ 2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año y a propuesta del Consejero competente por razón de la materia, aprobara los Decretos Legislativos por los que se refundieran diversas leyes y las normas legales que las modifican, entre las que se incluye, la Ley 12/2006, de 27 de diciembre de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón. Esta facultad de refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización.
En cumplimiento del mandato anterior, el Texto Refundido resultante ha supuesto una simple labor de refundir en un único texto las distintas rectificaciones y modificaciones vigentes que han afectado a la Ley 12/2006 de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, incluyendo los ajustes necesarios derivados de las dos correcciones de errores citadas y las modificaciones procedentes del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la modificación puntual introducida por la Ley 3/2012, de 8 de marzo. No obstante, se han introducido adecuaciones singulares que responden a la labor de regularización, tal como es la supresión de mandatos ya superados, en concreto, la creación del Consejo de Industria que se incluía en la Ley12/2006 y ya fue creado por el Decreto 137/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, así como se han realizado cambios en la ubicación de algunas reglas, en aras de una sistemática acorde con las directrices de técnica normativa.
En la actualidad, la competencia en materia de industria se atribuye al Departamento de Industria e Innovación, de conformidad con el Decreto 27/2012, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica de dicho Departamento.
Para la aprobación de este Decreto-Legislativo se han respectado los trámites exigidos en el ordenamiento jurídico, habiéndose emitido informe por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria e Innovación, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 3 de diciembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo en la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, el artículo 4 del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, el artículo 37 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto-Legislativo.
Disposición final primera. Elaboración de los planes de inspección industrial.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto-Legislativo el Consejero competente en materia de industria regulará el procedimiento de elaboración de los planes de inspección industrial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-Legislativo y el Texto Refundido que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.
La Presidenta del Gobierno de Aragón
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
Texto Refundido DE LA LEY DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE ARAGÓN
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Fines.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Funciones públicas.
CAPÍTULO II. ACTUACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Sección 1.ª Medidas generales.
Artículo 5. Principios.
Artículo 6. Directrices.
Artículo 7. Proyectos de interés general de Aragón.
Artículo 8. Competencias.
Sección 2.ª Coordinación y participación
Artículo 9. Informe.
Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo de Industria de Aragón.
Artículo 11. Adscripción y composición del Consejo de Industria de Aragón.
Sección 3.ª Tecnologías de la información y de las comunicaciones
Artículo 12. Impulso.
Artículo 13. Servicio básico electrónico.
Artículo 14. Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas
Artículo 15. Efectos.
CAPÍTULO III. LIBERTAD DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Artículo 16. Principio de libertad.
Artículo 17. Comunicación previa y declaración responsable.
Artículo 18. Autorización.
Artículo 19. Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
Artículo 20. Otras comunicaciones y autorizaciones.
CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN INDUSTRIAL
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 21. Concepto y fines.
Artículo 22. Fuentes.
Artículo 23. Tratamiento.
Sección 2.ª Registro Industrial de Aragón.
Artículo 24. Constitución.
Artículo 25. Fines.
Artículo 26. Ámbito.
Artículo 27. Contenido.
Artículo 28. Inscripción.
Artículo 29. Acceso.
Artículo 30. Colaboración.
Artículo 31. Registros especiales.
CAPÍTULO V. FOMENTO INDUSTRIAL
Artículo 32. Actuaciones.
Artículo 33. Objetivos.
Artículo 34. Instrumentos.
Artículo 35. Competencias.
Artículo 36. Régimen jurídico.
Artículo 37. Requisitos.
Artículo 38. Obligaciones.
CAPÍTULO VI. CALIDAD INDUSTRIAL
Artículo 39. Fines.
Artículo 40. Planes de mejora de la calidad.
Artículo 41. Obligatoriedad.
Artículo 42. Infraestructura.
CAPÍTULO VII. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 43. Objeto.
Artículo 44. Sistema.
Sección 2.ª Titulares y responsables
Artículo 45. Régimen de actuación de los titulares.
Artículo 46. Comunicación de modificaciones e incidencias.
Sección 3.ª Organismos de control
Artículo 47. Naturaleza jurídica.
Artículo 48. Autorización y régimen de actuación.
Sección 4.ª Profesionales habilitados y empresas instaladoras y mantenedoras.
Artículo 49. Régimen de actuación.
Artículo 50. Transmisión a los usuarios.
CAPÍTULO VIII. DISCIPLINA INDUSTRIAL
Sección 1.ª Inspección industrial.
Artículo 51. Objeto.
Artículo 52. Principios de la actuación inspectora.
Artículo 53. Personal inspector.
Artículo 54. Facultades del personal inspector.
Artículo 55. Inspecciones ordinarias.
Artículo 56. Inspecciones extraordinarias.
Artículo 57. Planes de inspección industrial.
Artículo 58. Actas de inspección.
Sección 2.ª Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad
Artículo 59. Medidas provisionales por la Administración.
Artículo 60. Medidas provisionales por los organismos de control.
Artículo 61. Restablecimiento de la legalidad.
Sección 3.ª Infracciones y Sanciones
Artículo 62. Disposiciones generales.
Artículo 63. Infracciones muy graves.
Artículo 64. Infracciones graves.
Artículo 65. Infracciones leves.
Artículo 66. Sanciones.
Artículo 67. Determinación de las sanciones.
Artículo 68. Responsabilidades.
Artículo 69. Sanciones accesorias.
Artículo 70. Prescripción.
Artículo 71. Multas coercitivas.
Artículo 72. Sujetos responsables.
Artículo 73. Plazo del procedimiento sancionador.
Artículo 74. Procedimiento sancionador simplificado.
Artículo 75. Órganos competentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Disposiciones reglamentarias aplicables.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Regulación de actividades profesionales específicas
Segunda. Elaboración de los planes de inspección industrial
Tercera. Habilitación reglamentaria.
Cuarta. Actualización de sanciones.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto establecer el marco regulador de la actividad industrial en Aragón y el fomento de la misma, en el ámbito de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por su Estatuto de Autonomía.
Artículo 2. Fines.
Los fines perseguidos por esta Ley son:
a) Promover el progreso y la cohesión social.
b) Incentivar la creación de empleo de calidad y riqueza conforme al principio de desarrollo sostenible.
c) Acelerar la adaptación de la actividad industrial a los cambios estructurales.
d) Impulsar la mejora de la competitividad.
e) Garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente.
f) Fomentar la calidad, el diseño, la investigación, el desarrollo y la innovación en relación con la actividad industrial, creando para ello un entorno favorable a la misma.
g) Determinar el régimen de responsabilidad en materia de actividad industrial.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación a todos los establecimientos, aparatos, equipos, productos o instalaciones industriales radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su uso, utilización o ubicación, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma.
2. La actividad industrial, a los efectos de esta Ley, queda constituida por:
a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, investigación, aprovechamiento, transformación o reutilización de productos industriales; el envasado y el embalaje; el aprovechamiento, la recuperación y la eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, así como los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica, asistencia técnica y formación de profesionales habilitados directamente relacionados con las actividades anteriores.
b) En relación con las disposiciones de seguridad y calidad industrial, las actividades, instalaciones, operaciones, procesos, equipos, aparatos y productos industriales que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir riesgo, daños o perjuicios conforme a lo dispuesto en esta Ley.
c) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos energéticos y de investigación energética.
d) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y su estado físico.
e) Las instalaciones nucleares y radiactivas.
f) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y aquellas que se declaren de interés para la defensa nacional.
g) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.
h) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.
i) Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad.
j) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.
k) Las industrias y las tecnologías medioambientales.
l) Las actividades industriales biotecnológicas.
3. Esta Ley será de aplicación a la actividad industrial definida en el párrafo anterior en todo lo no previsto por la correspondiente legislación específica.
4. A los efectos de esta Ley, se considera titular de la actividad industrial a la persona física o jurídica que figure como responsable ante la Administración de las obligaciones impuestas en la normativa vigente.
Artículo 4. Funciones públicas.
1. Las actuaciones públicas relativas a la actividad industrial se desarrollarán de conformidad con la realidad social, económica, tecnológica, sectorial y territorial, teniendo los siguientes contenidos generales:
a) Promover los mejores modelos y prácticas, así como establecer las estrategias, recursos y directrices para alcanzarlos.
b) Establecer el régimen jurídico de la actividad industrial.
c) Gestionar, proteger y mantener actualizada la información industrial de Aragón, generando bases de datos homogéneas, ordenadas y fiables.
d) Ejercer la inspección y vigilancia de la actividad industrial.
2. Para la consecución de los fines de esta Ley, se realizará, en particular, una actividad de promoción, fomento y calidad, así como de prevención, inspección y limitación de riesgos.
CAPÍTULO II
Actuación y modernización administrativa
SECCIÓN 1.ª MEDIDAS GENERALES
Artículo 5. Principios.
1. La actuación administrativa en materia de industria estará regida por los principios de:
a) Libertad de establecimiento y de actividad.
b) Intervención necesaria y suficiente.
c) Eficacia y proporcionalidad.
d) Adaptación a las necesidades de la actividad industrial con plena garantía de la legalidad, la seguridad industrial y el interés público.
2. La Administración impulsará la homogeneización, estructuración y simplificación de la regulación aplicable y de los trámites administrativos que puedan ser requeridos en aras del desarrollo social, económico, industrial y tecnológico.
Artículo 6. Directrices.
1. Mediante las directrices previstas en la legislación de ordenación del territorio se podrá:
a) Definir modelos de desarrollo de sectores o subsectores industriales.
b) Atender necesidades de suelo, infraestructuras, urbanización y equipamiento industrial para polígonos industriales, parques empresariales, plataformas logísticas e industrias con características singulares.
c) Impulsar la promoción industrial o la reindustrialización de zonas o comarcas determinadas.
d) Establecer el marco para la realización de cualesquiera otras actuaciones en materia de industria de trascendencia territorial.
2. En la elaboración de las directrices participará en todo caso el departamento competente.
Artículo 7. Proyectos de interés general de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, el Consejero competente en materia de industria podrá adoptar la iniciativa de tramitar proyectos de interés general en Aragón para la realización de infraestructuras que favorezcan especialmente a las pequeñas y medianas empresas industriales, a la instalación de industrias con características singulares o aquellos proyectos que favorezcan la diversificación del tejido industrial aragonés.
Artículo 8. Competencias.
El departamento competente en materia de industria es el órgano encargado de la ejecución de las funciones públicas relativas a la actividad industrial, sin perjuicio de su coordinación con otros departamentos y con otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
SECCIÓN 2.ª COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Artículo 9. Informe.
1. El departamento competente en materia de industria será consultado preceptivamente en relación con aquellas acciones que puedan incidir significativamente en la estructura del tejido industrial aragonés y que tengan como soporte:
a) Planes y programas que afecten a la actividad industrial.
b) Medidas de fomento de la calidad y de la seguridad que afecten a la actividad industrial.
c) Planes, programas y medidas que impliquen un volumen de contratación de productos o servicios industriales que incida significativamente sobre el total de la demanda o sobre el desarrollo industrial o tecnológico de la comunidad autónoma.
2. Cuando se den las circunstancias tecnológicas, económicas, organizativas o productivas que puedan incidir de manera significativa en la estructura del tejido industrial aragonés, la autoridad laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma notificará la tramitación o sometimiento a informe de los expedientes de regulación de empleo o de modificación de las condiciones de trabajo al departamento competente para que este informe al respecto en el plazo de diez días.
Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo de Industria de Aragón.
1. El Consejo de Industria de Aragón es el órgano representativo, colegiado, consultivo y de participación en materia de industria.
2. El Consejo tendrá como fines estimular el consenso y la unidad de acción en materia de industria y la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyen en la misma.
3. En su composición estarán representadas las asociaciones empresariales y sindicales más representativas, los profesionales y agentes del sector industrial y del sistema de la seguridad industrial de Aragón y los departamentos con competencias conexas o relacionadas en la materia.
Artículo 11. Adscripción y composición del Consejo de Industria de Aragón.
1. El Consejo de Industria de Aragón se adscribe sin dependencia jerárquica al departamento competente en materia de industria y será presidido por su titular, a quien corresponderá el nombramiento de sus miembros, a propuesta de los órganos directivos de cada uno de los sectores representados o de las Administraciones implicadas. El Consejo podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente, pudiéndose crear comisiones especializadas.
2. Se atribuirán al Consejo funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento en relación con la política industrial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular sobre coordinación e inspección administrativa; participación de los agentes económicos y sociales; elaboración de disposiciones generales, planes y programas en la materia, y emisión de informes a petición del Gobierno de Aragón o del departamento competente en materia de industria.
3. Reglamentariamente se determinarán su composición, su organización, su régimen de funcionamiento y sus funciones.
4. Dentro del primer semestre de cada año, el Consejo remitirá a las Cortes de Aragón un informe sobre los resultados alcanzados el año anterior en relación con los objetivos propuestos.
SECCIÓN 3.ª TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Artículo 12. Impulso.
1. Se reconoce el derecho a realizar a distancia, mediante instrumentos telemáticos, todos los trámites administrativos que resulten precisos para el ejercicio de la actividad industrial.
2. La Administración favorecerá e impulsará la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, la tramitación de procedimientos administrativos y la formación y el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el departamento competente facilitará el inicio de los procedimientos administrativos en soporte digital mediante la disponibilidad electrónica de todos los modelos de formularios normalizados que se encuentren a su disposición en soporte papel en las dependencias de la Administración.
3. Salvo que por la naturaleza de los procedimientos o de los interesados, reglamentariamente se establezca lo contrario, los interesados siempre podrán optar por utilizar los medios convencionales admitidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común o por servirse, en su totalidad o parcialmente, de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Artículo 13. Servicio básico electrónico.
1. Cuando uno de los servicios encomendados al departamento competente pueda ser ofrecido por medio de sistemas electrónicos y telemáticos de forma segura y con garantías de eficacia y se considere básico por su relevancia para los fines propios del mismo o para el desarrollo económico y social de la sociedad aragonesa, podrá ser declarado «servicio básico electrónico» por el consejero competente en materia de industria.
2. Declarado un servicio como básico, la Administración impulsará su implantación como servicio electrónico e interactivo, disponible de manera totalmente electrónica.
Artículo 14. Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas.
1. El departamento competente podrá regular sistemas de intercambio de información por vía telemática con los agentes del sistema de la seguridad y la calidad industrial, estableciendo su objeto de aplicación, dentro de las líneas marcadas por la planificación general de la comunidad autónoma sobre protección y seguridad de datos y sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos.
2. Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que en el ámbito de aplicación de esta Ley, sean utilizadas por el departamento competente en el ejercicio de sus potestades serán previamente aprobadas por su titular y publicadas.
Artículo 15. Efectos.
La información y documentación transmitida mediante técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos regulados tendrá la validez y eficacia establecidas legalmente. Asimismo, las fechas de transmisión y recepción acreditadas en las comunicaciones realizadas a través de estos sistemas serán válidas a efectos de cómputo de términos y plazos.
CAPÍTULO III
Libertad de la actividad industrial
Artículo 16. Principio de libertad.
1. Se declara y protege la libertad de establecimiento de la actividad industrial que comprende la instalación, la ampliación, el traslado y la puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones; la fabricación y la comercialización de aparatos, equipos y productos y la realización de procesos y operaciones, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones procedentes.
2. El Gobierno de Aragón establecerá mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e implantará procedimientos de solicitud o de resolución conjunta con el fin de agilizar y favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la actividad industrial.
Artículo 17. Comunicación previa y declaración responsable.
1. En los casos en que resulten de aplicación normas de seguridad industrial, previo al ejercicio de la actividad se presentará ante el Departamento competente en materia de industria una declaración responsable o una comunicación previa.
Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos aplicables para la presentación de las comunicaciones previas o declaraciones responsables y en su caso la documentación acreditativa de la plena adecuación de la actividad industrial a las normas por razones de seguridad industrial. La presentación se podrá realizar a través de las entidades habilitadas para ello.
2. En ningún caso la presentación de la documentación exigida supondrá su aprobación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma ni su idoneidad técnica.
Artículo 18. Autorización.
1. Se exigirá autorización para la instalación, ampliación, traslado o cierre de actividades industriales cuando así se haya establecido por el Estado en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad industrial o resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma deberá prever procedimientos para el reconocimiento de la cualificación profesional de los profesionales habilitados, en los casos que así lo establezca una norma comunitaria europea o el correspondiente reglamento de seguridad industrial.
3. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos competentes en materia de industria de certificaciones, homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan de resolver otros órganos.
Artículo 19. Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
1. A los exclusivos efectos de esta Ley, se considerará que la actividad industrial proporciona las suficientes condiciones de seguridad cuando cumpla con las prescripciones establecidas en los correspondientes reglamentos de seguridad industrial.
2. Cuando, por la naturaleza, el destino, el diseño o la ubicación de una actividad industrial o por la incorporación de tecnologías o soluciones novedosas, sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones reglamentarias, su titular deberá presentar ante el departamento competente en materia de industria, con carácter previo a su ejecución y puesta en servicio, una solicitud de adopción de alternativas técnicas, exponiendo los motivos de la misma e indicando las medidas de seguridad que se propongan, las cuales en ningún caso podrán rebajar los niveles de protección establecidos en los reglamentos de seguridad industrial.
3. El departamento competente en materia de industria podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder su autorización, que habrá de ser expresa.
Asimismo, para la formación del criterio motivador de la decisión, podrá requerirse la colaboración de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
Artículo 20. Otras comunicaciones y autorizaciones.
Las comunicaciones, las declaraciones responsables, las autorizaciones, los permisos o los títulos habilitantes objeto de esta Ley serán exigibles sin perjuicio de lo establecido por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
CAPÍTULO IV
Información industrial
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21. Concepto y fines.
1. La información industrial comprende el conjunto de datos necesarios para el ejercicio de las funciones públicas, útiles para el sector en materia de actividad industrial y para el desarrollo de las estrategias y la política industrial de Aragón.
2. El departamento competente, mediante la adecuada publicidad de dicha información, facilitará el acceso a la misma de entidades, asociaciones, particulares, empresas, sindicatos, otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Artículo 22. Fuentes.
1. El departamento competente en materia de industria es el órgano administrativo receptor y depositario de la información industrial, correspondiéndole generar, reunir, coordinar, analizar y elaborar, con fines de difusión, la información sobre todos los aspectos del desarrollo industrial en los ámbitos autonómico, comarcal y municipal, así como sectorial, pudiendo, a tal fin, crear los registros que sean oportunos y facilitar la explotación estadística de los mismos.
2. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en materia de utilización de los registros administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, gestionará tanto la información derivada del Registro Industrial de Aragón como la información técnica y económica asociada a las tramitaciones relativas a las actividades industriales, los agentes del sistema de la seguridad industrial y las ayudas públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho departamento.
Artículo 23. Tratamiento.
1. El departamento competente en materia de industria, de acuerdo con los criterios generales establecidos y, en su caso, en colaboración con agentes del sistema de la seguridad industrial, deberá dotarse de los medios electrónicos, informáticos y técnicos necesarios para garantizar el acceso a la información industrial, estableciendo los mecanismos que aseguren la integridad y la confidencialidad de la misma.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá mecanismos que faciliten el acceso de los consumidores, usuarios, sindicatos y empresarios a la información sobre los agentes del sistema de la seguridad industrial y sobre las actividades reguladas por reglamentos de seguridad industrial.
3. Al objeto de simplificar y homogeneizar tramitaciones y minimizar costes, se establecerán mecanismos de coordinación de la información industrial producida o archivada por los diferentes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o por cualquier otra Administración Pública u otro ente vinculados a la misma a quienes incumba la responsabilidad de conservar adecuadamente la citada información.
4. La Administración potenciará la colaboración entre empresas para la creación y mantenimiento de sistemas de información de base voluntaria y utilización compartida, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas.
5. Los órganos y las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las Administraciones locales deberán respetar las exigencias establecidas en la legislación sobre propiedad industrial, protección de datos y demás disposiciones que aseguren la confidencialidad cuando transmitan, elaboren, reciban, gestionen, faciliten, difundan o, de cualquier otra manera, manejen la información industrial.
SECCIÓN 2.ª REGISTRO INDUSTRIAL DE ARAGÓN
Artículo 24. Constitución.
Se crea el Registro Industrial de Aragón como registro administrativo de carácter público gestionado por el departamento competente en materia de industria. Corresponde al Gobierno de Aragón establecer su organización, los datos objeto de inscripción y el procedimiento para ello, el sistema de publicidad y acceso, la difusión de los datos inscritos y las normas de confidencialidad aplicables.
Artículo 25. Fines.
El Registro Industrial tiene por finalidad garantizar:
a) La disponibilidad de la información básica sobre la actividad industrial y la distribución territorial de la misma necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas en materia social, económica e industrial.
b) La publicidad de la información sobre los establecimientos industriales, los servicios relacionados con las actividades industriales y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, entendida como servicio para la ciudadanía y, particularmente, para el sector empresarial.
c) El suministro a los órganos competentes de la Administración de la comunidad autónoma de los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales.
Artículo 26. Ámbito.
1. El Registro Industrial de Aragón ejerce sus funciones respecto a establecimientos, actividades, servicios, infraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la comunidad autónoma, con independencia del domicilio social de las empresas titulares de los mismos.
2. El ámbito material del Registro Industrial de Aragón incluye la información industrial relativa a los establecimientos y las actividades empresariales de carácter industrial, a los servicios relacionados con ellos y a la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, así como a las demás actividades industriales que se determinen reglamentariamente.
Artículo 27. Contenido.
1. El Registro Industrial de Aragón contendrá:
a) Los datos básicos y complementarios establecidos en la legislación básica.
b) Los datos que se establezcan en la disposición que regule el Registro Industrial de Aragón, teniendo en cuenta los criterios de colaboración entre Administraciones y minimización de costes para las empresas.
2. La inscripción en el Registro Industrial de Aragón de nuevos establecimientos y actividades o de modificaciones de los mismos no supone ni autorización administrativa ni aprobación técnica por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 28. Inscripción.
1. El Registro Industrial incorporará los datos exigidos por la legislación estatal, además de los que puedan establecerse como datos complementarios por la Comunidad Autónoma, a partir de:
a) Los datos de las autorizaciones concedidas en materia industrial.
b) Los datos aportados en las comunicaciones o las declaraciones responsables realizadas por los interesados.
c) Los datos exigidos para acogerse a los beneficios derivados de los programas de modernización, fomento y promoción, así como de las ayudas, subvenciones, préstamos y avales que pueda establecer la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El departamento competente en materia de industria realizará un continuo mantenimiento del Registro Industrial de Aragón con el fin de conservarlo siempre actualizado, utilizando para ello los mecanismos necesarios.
3. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades no sujetas a autorización, declaración responsable o comunicación, podrán aportar datos sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su inscripción de oficio en el Registro Industrial, una vez iniciada la actividad.
4. No será necesaria respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.
Artículo 29. Acceso.
1. Los datos básicos incluidos en el Registro Industrial de Aragón tienen carácter público, con excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y las que se declaren de interés para la defensa nacional.
También tienen carácter público los siguientes datos ordenados por provincias o comarcas:
a) Identificación del sujeto inscrito.
b) Domicilio.
c) Actividad.
2. No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Los datos relativos a enumeración de productos utilizados podrán sustraerse del conocimiento público cuando así lo solicite el interesado por razones justificadas en el secreto industrial o comercial.
3. Los datos complementarios del Registro Industrial de Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titular.
4. En todo caso, se observará la legislación aplicable sobre los datos de carácter personal y el secreto comercial e industrial.
Artículo 30. Colaboración.
1. El Registro Industrial de Aragón facilitará al Registro Industrial Integrado la información que proceda conforme a lo previsto en su normativa reguladora.
2. Todos los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los organismos dependientes o vinculados a ellos, así como los agentes del sistema de la seguridad industrial, remitirán al Registro Industrial de Aragón los datos relativos al ámbito material del mismo que obren en sus correspondientes registros, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 31. Registros especiales.
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Industrial de Aragón, los titulares incluidos en el ámbito material del mismo que, por razón de la legislación aplicable, hayan de estar inscritos en registros especiales deben comunicar a los mismos los datos pertinentes.
CAPÍTULO V
Fomento industrial
Artículo 32. Actuaciones.
El Gobierno de Aragón, con el fin de contribuir a un modelo de desarrollo sostenible que posibilite seguir avanzando en términos de desarrollo económico y social, competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territorial, así como a propiciar y abundar en la diversificación del tejido industrial aragonés, llevará a cabo actuaciones de promoción y fomento industrial, adoptando planes y programas, conforme al contexto global de la actividad económica, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 33. Objetivos.
Los planes y programas de promoción y fomento atenderán, además de a los fines contenidos en los restantes capítulos de esta Ley, a los siguientes objetivos:
a) Desarrollo y modernización de la actividad industrial, que comprende:
1.º Incentivar la implantación y la localización industrial, atendiendo a criterios de ordenación y de equilibrio territorial, así como a criterios sectoriales, favoreciendo la creación, la diversificación y la expansión del tejido industrial.
2.º Impulsar grandes proyectos y actuaciones singulares que, por su importancia tecnológica o por el volumen de inversión supongan una importante contribución al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, mediante la generación de empleo de calidad y un impacto significativo en el volumen total de actividad industrial.
3.º Posibilitar la adecuada financiación de la industria, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas viables en crisis con un plan que sustente su viabilidad.
4.º Prestar especial atención y promocionar las actuaciones encaminadas a orientar la actividad de empresas en sectores maduros, así como las que están sometidas a mercados cautivos.
5.º Prevenir los efectos desfavorables de la deslocalización industrial.
6.º Potenciar los servicios necesarios para el correcto desarrollo del sector industrial aragonés y para su progresiva modernización.
7.º Implementar actuaciones encaminadas a corregir y paliar situaciones de desempleo o de declive social en zonas o comarcas de la geografía aragonesa.
8.º Fomentar la promoción exterior de la actividad industrial en Aragón.
9.º Fomentar la iniciativa emprendedora, con especial atención a la creación de viveros de empresas y a la implantación empresarial en el medio rural.
b) Apoyar proyectos de diversificación industrial tendentes a fomentar líneas de negocio dentro de empresas ya existentes, así como proyectos de investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos, y potenciar los servicios y líneas de actuación específicas necesarias para la progresiva diversificación y modernización.
c) Incremento de la competitividad, que comprende:
1.º Implantar la cultura de la mejora continua, que impulse la adaptación estructural del sector industrial aragonés a las exigencias del mercado y a su proyección internacional.
2.º Mejorar la eficiencia y flexibilidad de los procesos de producción, distribución y comercialización y las sinergias entre todo el tejido económico y social.
3.º Favorecer la promoción y la sensibilización en la búsqueda colectiva de mejores prácticas empresariales.
4.º Fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas aragonesas.
5.º Promover todas las iniciativas destinadas a contribuir a que las industrias alcancen la dimensión necesaria para poder competir más eficazmente en el mercado mundial.
d) Fomento y promoción de la innovación y de los nuevos modelos de gestión, que comprende:
1.º Mejorar el nivel tecnológico de las empresas mediante actuaciones encaminadas hacia la incorporación de personal técnico de apoyo, el mantenimiento y consolidación de los grupos de investigación y la obtención de la infraestructura necesaria para conseguir un elevado nivel científico y tecnológico.
2.º Promocionar la transferencia de conocimientos y la innovación, con especial atención a la innovación en la gestión, en los productos, en los servicios y en los procesos productivos, propiciando, en particular, la incorporación del diseño industrial.
3.º Incrementar y promocionar los servicios técnicos de valor añadido relacionados con la actividad industrial y con los nuevos modelos de negocio.
4.º Implantar los nuevos modelos y sistemas de formación, de aseguramiento de la calidad, de gestión de la innovación y de organización y gestión empresarial orientados hacia la excelencia.
5.º Propiciar que el sistema de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento y la industria actúen de manera conjunta con objetivos complementarios.
6.º Promover la actividad empresarial electrónica y el comercio electrónico mediante la incorporación de tecnología de la información y de las comunicaciones.
7.º Impulsar las plataformas tecnológicas.
8.º Fomentar la creación y consolidación de una eficiente infraestructura tecnológica al servicio de la mejora de la competitividad industrial, en colaboración con otras
Administraciones.
9.º Impulsar las iniciativas de responsabilidad social corporativa.
e) Especial consideración a los recursos humanos, que comprende:
1.º Crear empleo de calidad y mejorar las condiciones del empleo existente.
2.º Mejorar la cualificación profesional, técnica y empresarial que permita la rápida adaptación de las empresas y de su personal a los cambios tecnológicos, organizativos y gerenciales, en particular mediante la formación permanente, la especialización y el reciclaje.
f) Otros objetivos:
1.º La igualdad de oportunidades y la acción positiva sobre los colectivos desfavorecidos, así como medidas para facilitar la integración de la mujer al sector industrial en todos los ámbitos: productivo, administrativo, gestión, dirección e investigación.
2.º El fomento de la cooperación interempresarial que tenga como objetivo la potenciación de asociaciones y grupos de empresas que compartan áreas de negocio, permitiendo su identificación y diagnóstico, así como la definición de sus planes conjuntos de mejora y, en particular, los que presenten sinergias con otros sectores o comporten el aprovechamiento de recursos endógenos.
3.º Apoyo a la creación de redes de empresas en sus diferentes configuraciones que permitan al atomizado tejido industrial aragonés dimensionarse y realizar proyectos de mayor envergadura.
4.º Compatibilidad y adaptación de las actividades industriales a las exigencias ambientales, potenciando las correspondientes medidas preventivas, protectoras y correctoras, el desarrollo y la incorporación de las tecnologías adecuadas y de las mejores técnicas disponibles, así como el ahorro y la eficiencia energética.
5.º Aprovechamiento de los recursos endógenos, la potenciación del impulso emprendedor y la explotación de la renta de situación de Aragón.
6.º Impulsar el desarrollo y la dimensión de empresas aragonesas para que tengan el carácter de líderes.
7.º Apoyar a las industrias familiares, con el objeto de que la transmisión de la empresa a los descendientes garantice la continuidad de la actividad empresarial.
8.º Fomento a la exportación de los productos industriales aragoneses.
9.º Aquellos otros que puedan ser definidos en función del contexto y de la coyuntura del sector y de la actividad industrial.
Artículo 34. Instrumentos.
1. Para la consecución de los objetivos en materia de promoción y fomento industrial, podrán establecerse planes y programas que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de fomento de contenido económico:
a) Subvenciones a fondo perdido.
b) Avales en garantía de préstamos o créditos concedidos por las entidades financieras.
c) Inversiones directas y participaciones en el capital de empresas públicas o privadas.
d) Préstamos directos o mediante los oportunos convenios con las entidades financieras colaboradoras.
e) Subvenciones de los intereses de los préstamos.
f) Deducciones, bonificaciones o reducciones fiscales, de acuerdo con las normas que las regulen.
g) Convenios con entidades de capital-riesgo o capital-inversión.
2. Sin perjuicio de las anteriores medidas, los planes y programas podrán contener otras que se constituirán como instrumentos de apoyo con funciones de información, sensibilización y promoción, como las siguientes:
a) Prestación de asesoramiento para acciones como la implantación de nuevas empresas, la tramitación administrativa de patentes y marcas, el apoyo a la iniciativa emprendedora y el diseño industrial.
b) Acciones de sensibilización y divulgación.
c) Contactos permanentes y formalización de convenios, con objetivos concretos relacionados con las materias que regula esta Ley, con agentes sociales, cámaras oficiales de comercio e industria y con las principales asociaciones empresariales.
d) Realización de jornadas, cursos y congresos, así como la publicación de planes y estudios sectoriales.
e) Realización de propuestas en materia de industria tendentes a la agilización de trámites administrativos.
f) Habilitación de profesionales y empresas para actividades de promoción.
Artículo 35. Competencias.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación de los requisitos generales de las medidas de fomento y promoción de contenido económico, que determinarán los elementos esenciales para su puesta en práctica y, en su caso, las bases reguladoras a las que se atendrá la convocatoria de las medidas que se autoricen.
2. Corresponde al consejero competente en materia de industria la regulación y el desarrollo de los restantes instrumentos de apoyo.
Artículo 36. Régimen jurídico.
1. Los planes, los programas y las medidas de promoción y fomento industrial respetarán las limitaciones derivadas de la normativa de defensa de la competencia.
2. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. En todo caso, la legislación de subvenciones se aplicará con carácter supletorio a las restantes medidas de fomento.
Artículo 37. Requisitos.
Para obtener la condición de beneficiario de los planes y programas de promoción y fomento industrial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y salvo que, mediante norma reglamentaria, se exceptúe de manera expresa y para supuestos específicos, se deberá facilitar a la Administración los datos de la empresa que se determinen, los cuales podrán incluirse de oficio en el Registro Industrial de Aragón.
Artículo 38. Obligaciones.
Además de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable a la medida, los planes y programas de promoción y fomento industrial podrán prever los compromisos del beneficiario de mantener los puestos de trabajo creados o sus condiciones laborales, de no trasladar ni limitar la actividad en los plazos que se establezcan, así como cualquier otra condición relevante. Dichos compromisos habrán de cumplirse salvo autorización administrativa previa otorgada, de manera motivada, por razones extraordinarias.
CAPÍTULO VI
Calidad industrial
Artículo 39. Fines.
La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará el desarrollo de la calidad industrial, promoviendo la realización de actuaciones encaminadas a:
a) El incremento de la competitividad industrial, así como de la seguridad, la calidad y el confort de los productos, equipos y servicios ofrecidos por las empresas en todo su ciclo de vida.
b) La implantación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad en las empresas, fomentando el incremento de la calidad de la actividad industrial.
c) La participación de todos los sectores e intereses de la actividad económica y social en la normalización, así como en su difusión.
d) La existencia de entidades de normalización, acreditación, certificación, inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica, para que puedan ser reconocidas en el ámbito europeo e internacional.
e) La elaboración de estudios y propuestas de actuaciones encaminados a diseñar nuevos instrumentos para la mejora de la gestión empresarial y la difusión de su utilización.
f) La sensibilización, divulgación y formación en materia de calidad.
g) El fomento de la calidad mediante el establecimiento de planes, programas y medidas.
h) La información, consulta y participación de los trabajadores en materia de calidad.
Artículo 40. Planes de mejora de la calidad.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma establecerá planes de mejora de la calidad de los servicios prestados por esta a los ciudadanos y a las empresas en el ámbito de la actividad industrial, utilizando herramientas de gestión de la calidad y sistemas de información.
2. El Gobierno de Aragón asumirá el objetivo de adoptar e implantar un sistema de gestión de calidad en los servicios públicos vinculados a las actividades industriales.
Artículo 41. Obligatoriedad.
Reglamentariamente, y por razones de seguridad u otras de interés general, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá exigir el cumplimiento de determinados aspectos del ámbito voluntario de la calidad.
Artículo 42. Infraestructura.
1. La consecución de los fines en materia de calidad se instrumentará a través de los agentes descritos en la normativa reguladora de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
2. Reglamentariamente, se podrán determinar los requisitos para la autorización y las condiciones de organización y funcionamiento que deberán cumplir los agentes, públicos o privados, que constituyen la infraestructura para la calidad industrial en la comunidad autónoma, incluidos los organismos de normalización y de acreditación, las entidades de certificación, los laboratorios de ensayo y calibración y las entidades auditoras y de inspección, así como la ordenación de las funciones y requisitos de nuevos agentes.
3. En los casos en que exista una relación de causalidad directa entre la actividad profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, el Gobierno de Aragón impulsará y regulará la creación de instrumentos de control que permitan a los prestadores asegurar de forma voluntaria la calidad de sus servicios. Con tal fin, se promoverá la participación de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
CAPÍTULO VII
Seguridad industrial
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 43. Objeto.
1. La seguridad industrial, como sistema de disposiciones obligatorias, tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de los productos industriales.
2. Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, los incendios, las explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa aplicable sobre seguridad.
3. Reglamentariamente se dictarán las normas y se establecerán requisitos técnicos que garanticen el cumplimiento del objeto de la seguridad industrial. Previo informe del Consejo de Industria de Aragón, se podrán incrementar los requisitos técnicos establecidos en los reglamentos estatales de seguridad industrial, añadir requisitos adicionales para la puesta en servicio de la actividad industrial o crear ámbitos reglamentarios nuevos. El incremento de la exigencia técnica deberá fundarse en necesidades de seguridad industrial, y se podrá actuar, entre otras formas, a través de la fijación de niveles mínimos de servicio, de requerimientos de calidad de producto o de la mejora de la prestación a recibir por el usuario o consumidor final. Para establecer los citados requisitos adicionales, podrán utilizarse referencias a normas elaboradas por organismos de normalización.
4. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará el desarrollo de la seguridad industrial, promoviendo la realización de estudios, planes de formación y acciones de sensibilización, divulgación y formación en esta materia entre toda la ciudadanía de un modo general y con especial atención a los implicados en la industria.
5. Las actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.
Artículo 44. Sistema.
1. Forman parte del sistema de la seguridad industrial, además de las normas jurídicas y los requisitos técnicos, sus agentes, con las funciones que reglamentariamente estén establecidas.
2. Son agentes del sistema de la seguridad industrial: el departamento competente en materia de industria; los organismos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras; las entidades de formación en el ámbito de la seguridad industrial; los profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores de obra; los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales, y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, compuesta por organismos de normalización, entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de calibración industrial, verificadores medioambientales y empresas prestadoras de servicios a las que la regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya funciones de seguridad industrial.
3. Reglamentariamente, se podrá establecer el régimen jurídico de cualquier agente del sistema de la seguridad industrial como persona o entidad habilitada para la realización de actividades de ensayo, certificación, inspección, auditoría o cualquier otra contemplada en la normativa correspondiente.
4. Los agentes del sistema de la seguridad industrial están obligados a comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tenga conocimiento y esté relacionado con la ejecución, el uso y el funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. Asimismo, en los casos de grave riesgo de accidente o emergencia, están obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá proceder a su inmediata ratificación o revocación.
SECCIÓN 2.ª TITULARES Y RESPONSABLES
Artículo 45. Régimen de actuación de los titulares.
1. Los titulares de la actividad industrial deberán cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente y, especialmente, las siguientes:
a) Realizar una utilización adecuada, de acuerdo con las instrucciones de uso y el fin de la instalación o equipo, así como adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto exigibles.
b) Conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables.
c) Solicitar o aceptar, en su caso, la realización de las comprobaciones e inspecciones ordinarias o extraordinarias por los agentes del sistema de la seguridad industrial en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la normativa aplicable, colaborando en la realización de las mismas, permitiendo el acceso a las instalaciones o lugares donde se realice la actividad y aportando cualquier información o documentación adicional que se les pueda solicitar y que guarde relación con la inspección en curso.
d) Ejecutar las prescripciones que resulten de las comprobaciones e inspecciones periódicas establecidas por la regulación aplicable derivadas de la actuación de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. El deber de colaboración se aplicará tanto respecto al personal de la Administración competente como al del resto de los agentes del sistema de la seguridad industrial, cuando actúen en el ejercicio de sus atribuciones y cualquiera que fuera el solicitante de su actuación, siempre que esta sea conforme con la regulación aplicable.
3. El representante legal de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto pudiera afectar a las condiciones de trabajo, estará facultado para acceder a la información y la documentación en materia de seguridad industrial en los términos establecidos en el artículo 36.2.b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 46. Comunicación de modificaciones e incidencias.
En relación con todo tipo de actividad industrial, sus titulares, sin perjuicio de otras obligaciones, deberán dar cuenta al departamento competente de toda modificación o circunstancia que afecte significativamente, según la normativa aplicable, al estado de la misma y, en todo caso, las siguientes:
a) Modificaciones relevantes que se pretendan realizar en la explotación de la instalación. En las disposiciones reguladoras de determinados ámbitos de la actividad industrial podrán especificarse modificaciones que tendrán, en todo caso, el carácter de relevantes.
b) Modificaciones en el proceso o en la actividad productiva que puedan entrañar un riesgo no previsto.
c) Denuncias sobre riesgos en las instalaciones o en la producción que los trabajadores o sus representantes formulen ante la empresa.
d) Accidentes o incidentes que afecten de forma significativa a las personas, los bienes o el medio ambiente.
SECCIÓN 3.ª ORGANISMOS DE CONTROL
Artículo 47. Naturaleza jurídica.
1. Los organismos de control, de acuerdo con los principios y fines establecidos en la legislación correspondiente, tendrán la consideración de entidades habilitadas para la actuación en la Comunidad Autónoma en materia de seguridad industrial. La Administración podrá actuar a través de ellos cuando, legal o reglamentariamente, así se establezca.
2. Los organismos de control podrán intervenir como entidades habilitadas para la tramitación de las comunicaciones, declaraciones responsables o autorizaciones exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad industrial cuando así se establezca en la normativa aplicable.
3. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos en los que se exigirá que, en la documentación emitida por los distintos agentes del sistema de la seguridad industrial que deba acompañar a una comunicación, a una declaración responsable o a una solicitud de autorización, se incluya un informe adicional emitido por un organismo de control dictaminando la corrección jurídica y técnica del proyecto o de las obras o instalaciones ya realizadas con el alcance que en cada supuesto se determine. También podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su inclusión no esté exigida.
Artículo 48. Autorización y régimen de actuación.
1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los organismos de control para cada tipo de actividad que estos realicen en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a recursos técnicos y humanos, procedimientos de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial, así como las relaciones con los usuarios.
2. Corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma la autorización de los organismos de control cuyas instalaciones se encuentren situadas en territorio aragonés o inicien en él su actividad.
3. Los organismos competentes supervisarán las actuaciones de los organismos de control en la Comunidad Autónoma, correspondiéndole a la Administración competente en materia de seguridad industrial revocar las autorizaciones que haya otorgado o suspender su actividad, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión de la actividad o revocación de la autorización, dará traslado de lo actuado al órgano o Administración autorizante, por si procediera la adopción de esa u otra medida. Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de la autorización.
4. Cuando de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración Pública a la correspondiente autorización como organismo de control, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá proceder a la revocación de la autorización, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado.
5. En caso de no ser competente para acordar la revocación, dará traslado de los hechos a la Administración Pública autorizante. En tal supuesto, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la autorización en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
SECCIÓN 4.ª PROFESIONALES HABILITADOS Y EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS
Artículo 49. Régimen de actuación.
1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de actividad que estos realicen en la Comunidad Autónoma, especialmente los que se refieren a recursos humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. La Administración competente en materia de seguridad industrial supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiéndole revocar las habilitaciones que haya otorgado, así como prohibir o suspender la actividad de cualquiera de estos agentes del sistema de la seguridad industrial en la Comunidad Autónoma, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando ésta no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión o revocación de la habilitación o prohibición de la actividad, dará traslado de lo actuado a la Administración competente por razón del domicilio o de la actividad principal, por si procediera la adopción de una u otra medida.
3. Cuando, de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca la ausencia de competencia técnica o de otros requisitos legalmente necesarios para el desempeño de la actividad, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá proceder a la revocación de la habilitación o a la prohibición del ejercicio de la actividad, previo el correspondiente procedimiento en el que se acrediten los hechos y se dé audiencia al interesado, en aquellos casos en que fuese competente para el otorgamiento de la habilitación, haya adquirido la competencia para su renovación, hubiese sido el receptor de la comunicación o declaración responsable o hubiese adquirido la competencia por traslado del domicilio o del ámbito principal de actividad del sujeto. Asimismo, reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de habilitaciones o la prohibición del ejercicio de la actividad.
4. En caso de no ser competente para acordar la revocación de la correspondiente habilitación o para prohibir el ejercicio de la actividad, dará traslado de los hechos a la Administración Pública competente. En tal supuesto, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la habilitación o de la actividad en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
Artículo 50. Transmisión a los usuarios.
1. De conformidad con lo establecido reglamentariamente, la empresa que realice una instalación o instale un aparato, equipo o producto, una vez verificada su correcta ejecución y realizadas las pruebas pertinentes, estará obligada, en el momento de su finalización o entrega, a informar de sus obligaciones y a entregar a su titular original o copia de la documentación técnica establecida, así como, en su caso, las correspondientes instrucciones de utilización y mantenimiento.
2. La obligación contenida en el párrafo anterior se extiende a las empresas suministradoras o comercializadoras y a las empresas mantenedoras respecto a las operaciones periódicas de mantenimiento, que se reflejarán en el correspondiente informe.
3. Cuando la empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización, tiene el deber de entregar al departamento competente, a petición del mismo, la documentación técnica y el certificado de adecuación de lo ya ejecutado tanto a dicha documentación como a la normativa de aplicación, sin hacer depender tal entrega de cuestiones ajenas a la propia normativa.
4. La entrega de documentación técnica o de la certificación antes mencionados en ningún caso supondrá una renuncia tácita a ninguno de los derechos que, conforme a la legislación civil o mercantil, le puedan corresponder.
5. En los casos en los que la anterior entrega no se haga efectiva, previo requerimiento a la empresa instaladora o mantenedora a cumplir con su obligación, el órgano competente podrá emitir una resolución motivada por la que comunicará a los interesados que la documentación técnica y el certificado de la parte ya ejecutada, en su caso, pueden quedar sustituidos por un informe técnico emitido por un organismo de control, a solicitud del interesado.
6. Reglamentariamente, se podrá establecer un régimen de obligaciones, responsabilidades, certificación, documentación y ejecución subsidiaria en los casos en que una empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización.
CAPÍTULO VIII
Disciplina industrial
SECCIÓN 1.ª INSPECCIÓN INDUSTRIAL
Artículo 51. Objeto.
1. La inspección industrial es la actividad por la que el departamento competente en materia de industria, con medios propios o por medio de personas habilitadas o entidades habilitadas para ello, examina, controla y vigila la actividad industrial, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
2. En caso de constatarse un incumplimiento legal o defecto técnico y dependiendo de su naturaleza, se podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, incluidas aquellas de paralización en relación con el funcionamiento de una actividad o instalación industrial; ordenar el restablecimiento de la legalidad; iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador, así como exigir las responsabilidades que se hayan podido producir.
3. El procedimiento, el contenido y los efectos de la actuación inspectora se ordenarán reglamentariamente.
Artículo 52. Principios de la actuación inspectora.
Las actividades de control e inspección industrial se realizarán con observancia de los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, coordinación y eficacia, atendiendo como norma general a los ritmos de la actividad empresarial.
Artículo 53. Personal inspector.
1. Las funciones de inspección industrial serán realizadas por el personal inspector, que podrá ser:
a) Los empleados públicos que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios, adscritos a un órgano o unidad administrativa competente en las actividades que constituyen el ámbito de aplicación de esta Ley y que tengan expresamente atribuida la función de inspección.
b) Las personas habilitadas o el personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización de las actividades de inspección o auditoría.
2. El personal del departamento competente habilitado para la realización de funciones inspectoras podrá estar presente en cualquier actuación de inspección o control industrial realizada por personas habilitadas o entidades habilitadas como agentes del sistema de la seguridad industrial.
3. El personal inspector deberá identificarse y, en todo momento, estará en condición de hacerlo a solicitud del titular del establecimiento o instalación o de su representante.
Artículo 54. Facultades del personal inspector.
1. Para el cumplimiento de su función, el personal que realice las actividades de inspección estará investido de las siguientes facultades:
a) Acceder en cualquier momento a los establecimientos e instalaciones sujetos a la inspección.
b) Requerir la comparecencia del titular o de los responsables del establecimiento o instalación, o de quien los represente, durante el tiempo que resulte preciso para el desarrollo de sus actuaciones.
c) Requerir en las visitas de inspección que los técnicos al servicio del establecimiento o instalación, así como aquellos que hayan participado o participen en la instalación, el mantenimiento, la utilización o la inspección de equipos o aparatos, acompañen al personal inspector cuando sea conveniente para el desarrollo de la función inspectora.
d) Practicar, con medios propios o ajenos, cualquier diligencia de investigación o prueba que resulte necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables.
e) Requerir información al titular o a los responsables del establecimiento o instalación sobre cualquier asunto relativo al cumplimiento de la normativa aplicable.
f) Solicitar información al personal al servicio del establecimiento o instalación.
g) Requerir la realización de aquellas operaciones de funcionamiento del objeto de la inspección que se consideren estrictamente necesarias, ajustándose a los ritmos de la actividad empresarial.
h) Recabar, cuando lo considere preciso, la colaboración del personal y servicios dependientes de otros departamentos, Administraciones y agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las actividades inspectoras, tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
Artículo 55. Inspecciones ordinarias.
Al objeto de comprobar el cumplimiento de la legislación vigente, el personal inspector realizará inspecciones de carácter ordinario en los siguientes supuestos:
a) Las realizadas en cualquier momento para la comprobación de una actividad o instalación o cuando se tengan indicios de la existencia de defectos o de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito o infracción administrativa.
b) Las que la normativa aplicable establezca como previas a la puesta en funcionamiento o inicio de la actividad o instalación, de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos o periódicas, previstas con carácter obligatorio y periodicidad determinada.
Artículo 56. Inspecciones extraordinarias.
Además de las inspecciones relacionadas en el artículo anterior, se realizarán inspecciones extraordinarias en los siguientes supuestos:
a) Cuando exista una denuncia, que inicialmente parezca fundada, en relación con el cumplimiento normativo y para cuyo esclarecimiento sea necesaria la realización de una inspección.
b) En caso de accidente o incidente, cuando se derive directa o indirectamente del proceso de ejecución o del funcionamiento de una instalación, equipo o aparato sujeto a la normativa de seguridad industrial y que haya tenido consecuencias significativas para las personas, los bienes o el medio ambiente.
c) Cuando se tenga conocimiento de una situación de riesgo significativo para las personas, los bienes o el medio ambiente o de un incumplimiento en relación con las materias objeto de esta Ley.
Artículo 57. Planes de inspección industrial.
1. El departamento competente en materia de industria elaborará planes de inspección industrial como instrumentos dirigidos a orientar la realización de las inspecciones ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la actividad industrial y la de los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, con objeto de comprobar la adecuación de su diseño, fabricación, puesta en funcionamiento, ejercicio de actividades y condiciones de servicio a los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable y de los planes y programas relativos a la promoción y fomento de la actividad industrial que les sean de aplicación.
2. Los planes de inspección industrial se estructurarán en programas específicos de inspección definidos por su alcance y contenido. En todo caso, se realizarán programas específicos de inspección de los agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para la realización de actuaciones inspectoras.
3. Los planes de inspección industrial se elaborarán con sujeción a los siguientes criterios:
a) Siempre que sea posible, se establecerán procesos integrales de control, tanto respecto de la actividad industrial como de su documentación técnica y administrativa.
b) Para la delimitación de los distintos campos de actuación y del grado de intervención en cada uno de ellos, se tendrán en cuenta el interés general, las demandas sociales, la peligrosidad intrínseca de las instalaciones, aparatos o productos, así como criterios de eficiencia.
c) La existencia y grado de implantación de instrumentos de control de la calidad de los servicios por parte de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
4. La Administración deberá, como máximo cada dos años, aprobar un nuevo plan de inspección industrial o prorrogar el existente tras un procedimiento de revisión y actualización de su contenido.
5. Sin perjuicio de las funciones de inspección del personal técnico al servicio de la Administración Pública, la ejecución material de los programas podrá llevarse a cabo por personas habilitadas o personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización de las actividades de inspección o auditoría. Con esta finalidad podrá acudirse a la celebración de convenios de colaboración con los sectores afectados por el plan o programa específico de inspección, si así se previese en el correspondiente plan de inspección industrial.
6. Tras la ejecución de cada plan de inspección industrial, se elaborará un informe final que recoja las conclusiones generales extraídas de la ejecución de los planes, así como de las inspecciones que puedan haber sido realizadas al margen del plan y cuyo resultado se considere relevante. Los citados informes finales se remitirán periódicamente a la comisión competente en materia de industria de las Cortes de Aragón y al Consejo de Industria de Aragón.
Artículo 58. Actas de inspección.
1. Todas las actuaciones de inspección se documentarán por medio de la correspondiente acta, que reflejará las actuaciones de investigación y comprobación realizadas y sus resultados, además de los hechos o circunstancias que resulten relevantes.
2. Las actas de inspección elaboradas por los empleados públicos o por el personal de los organismos de control autorizados en materia de seguridad industrial con las debidas garantías tienen valor probatorio en los consiguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos consignados en ellas.
3. Cuando del resultado de la inspección se deduzca la posible existencia de infracciones que afecten a las competencias de otros departamentos, se remitirá a los órganos competentes copia del acta donde se reflejen las actuaciones.
SECCIÓN 2.ª MEDIDAS PROVISIONALES Y RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Artículo 59. Medidas provisionales por la Administración.
1. Cuando se aprecie la existencia de un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad podrá ordenar motivadamente la adopción de cuantas medidas provisionales resulten necesarias, sin necesidad de esperar al inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad.
2. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los empleados públicos habilitados para la inspección en materia de industria detecten situaciones de riesgo grave e inminente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, podrán adoptar las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo, comunicándolo de forma inmediata al órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad.
En particular, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales de carácter temporal:
a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inminente.
b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos.
c) Clausura parcial o total de la actividad industrial.
d) Paralización parcial o total de la actividad.
e) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas suministradoras.
f) Limitación o prohibición de la distribución o venta de productos y su retirada del mercado.
g) Suspensión de la actividad de un organismo de control, profesional habilitado, empresa instaladora o mantenedora o entidad de formación.
3. Cuando se adopte alguna de las medidas señaladas en el apartado anterior, el órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad deberá ratificarla en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su adopción.
4. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
5. Si la medida provisional es adoptada o confirmada en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad o en un momento posterior de la tramitación de los mismos, su vigencia se prolongará hasta el momento en que adquiera ejecutividad el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, salvo que se dicte resolución expresa acordando su levantamiento.
Artículo 60. Medidas provisionales por los organismos de control.
1. Los organismos de control pondrán en conocimiento del departamento competente en la materia objeto de la inspección los incumplimientos legales y defectos técnicos que detecten en el ejercicio de su función inspectora en un plazo máximo de diez días. No obstante, si tales incumplimientos o defectos técnicos fuesen susceptibles de generar un riesgo inminente o grave, la comunicación a las autoridades competentes se hará de forma inmediata.
2. Si los incumplimientos legales o defectos técnicos generasen un riesgo inminente y grave de accidente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, el organismo de control adoptará, bajo su responsabilidad y de forma inmediata, las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo. De las medidas adoptadas dará cuenta de forma inmediata al departamento competente.
3. En el caso anterior, la vigilancia del organismo de control se mantendrá hasta que el departamento competente se haga cargo de la situación, pudiendo prolongarse posteriormente por este. La Administración confirmará o levantará las medidas en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a su adopción.
4. En particular, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales de carácter temporal:
a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inminente.
b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos.
c) Paralización parcial o total de la actividad.
d) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas suministradoras.
5. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
Artículo 61. Restablecimiento de la legalidad.
1. El sujeto responsable determinado con arreglo al apartado siguiente y, subsidiariamente, el titular de la actividad estarán obligados a adoptar las medidas de cumplimiento de la legalidad y, en su caso, a reparar los daños y perjuicios causados, a restaurar o reponer lo alterado a su estado anterior y a indemnizar en el caso de que no sea posible la reposición en sus propios términos, de acuerdo con lo que la Administración Pública establezca en la resolución sancionadora o en un acto administrativo específicamente dictado al efecto.
2. Se consideran sujetos responsables del procedimiento de restablecimiento de la legalidad los así enunciados en esta Ley para el procedimiento sancionador.
3. Ejecutadas las medidas señaladas en el apartado primero, el responsable y, subsidiariamente, el titular de la actividad lo comunicarán a la Administración para que, tras la pertinente verificación, realizada directamente por ella o por el agente del sistema de la seguridad industrial y con cargo al responsable, se extienda la correspondiente acta de restablecimiento de la legalidad.
4. Cuando el sujeto responsable no cumpla con la obligación de adoptar las medidas acordadas por la Administración Pública o lo haga de modo incompleto, podrán serle impuestas hasta un máximo de tres multas coercitivas. La cuantía de cada una de las anteriores multas no superará el veinte por ciento de la cuantía máxima de la sanción prevista. Todo ello, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración Pública a cargo del sujeto responsable.
5. Las multas coercitivas serán independientes de las que se hubieran impuesto o pudieran imponerse como sanción por la infracción administrativa y, asimismo, de la repercusión íntegra sobre el patrimonio del responsable de la eventual ejecución subsidiaria de la medida de restablecimiento de la legalidad.
6. Cuando la corrección de los defectos técnicos o incumplimientos legales observados en relación con una actividad industrial o con la de un sujeto que sea titular o actúe sobre la misma se haga con acuerdo de la Administración antes de finalizar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad o, terminado éste, dentro de los plazos acordados a tal efecto por la Administración de la Comunidad Autónoma, esta lo tendrá en cuenta para valorar la oportunidad de apertura del procedimiento sancionador o la magnitud de la sanción dentro del mismo tipo, siempre que se trate de conductas ocasionales y de escasa incidencia sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
7. El inicio del procedimiento sancionador será obligatorio en todo caso cuando haya sido preciso acudir a la ejecución forzosa de las medidas de restablecimiento de la legalidad.
SECCIÓN 3.ª INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 62. Disposiciones generales.
1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores.
3. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes.
Artículo 63. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo siguiente como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, así como la reincidencia en una misma infracción grave declarada por resolución firme en vía administrativa antes de transcurrido el periodo de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa.
Artículo 64. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La fabricación, la importación, la venta, el transporte, la instalación, la distribución, la comercialización, el suministro o la utilización de productos, aparatos o elementos, así como la realización de las actividades sujetas a seguridad industrial sin cumplir la normativa aplicable, cuando comporte peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) El inicio de la actividad industrial careciendo de la correspondiente autorización cuando ésta sea preceptiva.
c) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
d) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
e) La ocultación o alteración dolosa de los datos que deban figurar obligatoriamente en el Registro Industrial de Aragón, así como la resistencia a proporcionarlos o la demora reiterada, siempre que no esté debidamente justificada.
f) La ocultación deliberada de información relevante, la resistencia a facilitar la información requerida o la reiterada demora en proporcionarla a la Administración competente, así como su provisión falseada, cuando hubiese obligación de presentar la misma.
g) La negativa a admitir las verificaciones o inspecciones acordadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la obstrucción que impida su práctica de la manera establecida.
h) La no solicitud de las verificaciones o inspecciones establecidas en la normativa o acordadas por la Administración de la Comunidad Autónoma cuando se genere un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
i) La expedición dolosa de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
j) Las inspecciones, ensayos o pruebas, revisiones o actuaciones realizadas por los agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para ello de forma incompleta en relación con el objetivo de la inspección o prueba o con resultados inexactos cuando ello se deba a una insuficiente constatación de los hechos o a una deficiente aplicación de normas técnicas.
k) El incumplimiento de las prescripciones, instrucciones u órdenes dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta Ley y con las normas que la desarrollen.
l) El incumplimiento de las prescripciones o la no subsanación de las deficiencias detectadas por un organismo de control o un agente habilitado cuando de las mismas se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
m) La no realización de las inspecciones o revisiones de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
n) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente.
o) La aplicación de las ayudas y subvenciones públicas a fines distintos de los determinados en su concesión, así como no efectuar su reintegro cuando así se hubiera establecido.
p) La falta de entrega o negativa a entregar la documentación técnica que preceptivamente tenga que expedirse en relación con la instalación, parte de la instalación o labores de mantenimiento o revisión realizadas.
q) El intrusismo profesional cometido por personas o empresas que realicen actuaciones de instalación o mantenimiento de aparatos o instalaciones sujetos al ámbito de esta Ley sin contar con la competencia legalmente reconocida para ello o fuera del ámbito de actuación reconocido por la acreditación profesional con que cuenten, o por empresas o profesionales que realicen labores de verificación del cumplimiento sin estar habilitados para ello.
r) La actuación del titular de la actividad industrial que fomente o se aproveche dolosamente del intrusismo profesional.
s) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto exigibles.
t) El incumplimiento de la obligación de conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables cuando de ello se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
u) El no mantenimiento de las condiciones que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla.
v) La reincidencia en la comisión de una misma infracción leve, declarada por resolución firme en vía administrativa, antes de transcurrido el período de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa.
Artículo 65. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en esta Ley no incluida como infracción grave o muy grave.
b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en las letras a), h), i), j) k) l), m), n),p), q), s), t) del artículo anterior cuando no hubiesen generado riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
c) La no comunicación al departamento competente en materia de industria de los cambios que pudiesen afectar a la seguridad de los establecimientos, instalaciones y productos industriales, así como las modificaciones e incidencias de la actividad industrial que, legal o reglamentariamente, estén establecidas.
d) La demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por el órgano competente cuando tal conducta no sea reiterada.
e) La falta de colaboración con el personal inspector en el ejercicio por éste de las funciones derivadas de esta Ley.
f) La no aportación de cualquiera de los datos obligatorios en la declaración responsable o la comunicación presentada por los interesados a la Administración competente en materia de industria.
g) La no comunicación al departamento competente de los cambios o modificaciones de las condiciones que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla.
h) El incumplimiento de las normas de seguridad industrial, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 66. Sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente las circunstancias establecidas en el artículo siguiente.
2. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 6.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 3.000 a 100.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 50.000 a 1.000.000 de euros.
3. Cuando, a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido específicamente en la operación.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley, que lo estén también en otras Leyes, se calificarán con arreglo a la Ley que comporte mayor sanción.
Artículo 67. Determinación de las sanciones.
Para la determinación de la cuantía de las sanciones correspondientes, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) El riesgo resultante de la infracción para las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado a las personas, los bienes o el medio ambiente.
c) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de la misma.
d) El grado de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción o la reiteración de infracciones previstas en esta Ley.
e) El incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos de las autoridades competentes o agentes colaboradores cuando actúen en el ámbito de la seguridad industrial.
f) La reincidencia, por la comisión, en el período de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarada por resolución firme, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo de la infracción.
g) La capacidad económica del infractor.
h) La cualificación técnica y la capacidad profesional exigibles al infractor, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo de la infracción.
Artículo 68. Responsabilidades.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados y a restaurar o reponer los bienes alterados a su estado anterior.
Artículo 69. Sanciones accesorias.
1. En los supuestos de infracciones graves, además de la sanción pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por plazo no superior a un año, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad o de la instalación o la suspensión de la actividad del profesional habilitado, de la empresa instaladora o mantenedora, de la entidad de formación, o del organismo de control.
2. En los supuestos de infracciones muy graves, además de la correspondiente multa, podrán acordarse las siguientes sanciones por acuerdo del Gobierno de Aragón:
a) El cierre del establecimiento o la suspensión, total o parcial, de la actividad por un plazo no superior a cinco años.
b) La clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o de la actividad.
c) La prohibición de ejercer funciones de profesional habilitado, o la actividad de empresa instaladora o mantenedora, o de entidad de formación o de organismo de control, pudiendo establecerse la prohibición de solicitar una nueva habilitación profesional, realizar una comunicación o declaración responsable para el ejercicio de la actividad o autorización como organismo de control, por un periodo de hasta cinco años.
3. El órgano administrativo competente para la imposición de la sanción podrá acordar, además, en las infracciones graves o muy graves, la devolución de las subvenciones o ayudas de cualquier clase otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma que guarden directa relación con el objeto de la infracción, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
4. En la aplicación de las sanciones accesorias se tendrá en cuenta el impacto sociolaboral de las mismas.
Artículo 70. Prescripción.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha de su cese. Se entenderá cometida la infracción cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la misma.
2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en esta Ley será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves.
Artículo 71. Multas coercitivas.
1. El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas, hasta un máximo de tres, para compeler a los responsables a cumplir las prescripciones previstas en la correspondiente reglamentación.
2. Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
3. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.
Artículo 72. Sujetos responsables.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas y, en particular:
a) El titular de la actividad industrial será responsable de que su funcionamiento responda en todo momento a lo dispuesto en la normativa aplicable y, especialmente, en las normas de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente, sin perjuicio de las responsabilidades que contraigan tanto los autores de los proyectos, de la documentación técnica y de los certificados expedidos como las empresas y personas que hayan intervenido o intervengan en la instalación, el funcionamiento, la reparación, el mantenimiento, la inspección y el control.
b) El autor del proyecto es responsable de que éste cumpla con la normativa vigente. El técnico competente que haya emitido el certificado de dirección de obra es responsable de la adaptación de la obra al proyecto y de que en su ejecución se hubiesen adoptado las medidas y cumplido las condiciones técnicas reglamentarias que sean de aplicación, sin perjuicio de las sanciones penales que, en su caso, correspondan.
Todo ello, con independencia de la responsabilidad de los técnicos, las empresas o personas o entidades habilitadas sobre la veracidad de las certificaciones acreditativas del cumplimiento reglamentario que emitan.
c) El director de obra, en su caso, y las personas y empresas que participen en la instalación, la reparación, el mantenimiento, la utilización o la inspección de las industrias, los equipos y los aparatos cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención profesional.
d) Los organismos de control y las entidades que conforman la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, respecto de las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad.
e) Los fabricantes, distribuidores, comercializadores o importadores de los productos, aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a las exigencias reglamentarias.
2. Cada uno de los sujetos reseñados responde por sus actos propios, considerándose como tales los de los directivos y empleados en el caso de las personas jurídicas. No obstante, cuando en la comisión de una infracción hayan concurrido varios sujetos, cada uno de ellos responderá individualmente de la comisión de la infracción.
Artículo 73. Plazo del procedimiento sancionador.
El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de un año, a contar desde la fecha de su iniciación. Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado una resolución, se declarará la caducidad del procedimiento. En caso de que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador, pudiendo incorporarse al mismo los elementos probatorios y otros actos de instrucción válidamente realizados durante la tramitación del procedimiento caducado.
Artículo 74. Procedimiento sancionador simplificado.
Cuando la comisión de una infracción de carácter leve presente carácter evidente o haya quedado acreditada en un procedimiento anterior o durante la práctica de la inspección u otras diligencias previas, se podrá optar por el procedimiento simplificado, que constará de acuerdo de iniciación, audiencia del interesado, propuesta de resolución y resolución. No obstante, como resultado de lo alegado en el trámite de audiencia, se podrá optar por pasar a instruir y resolver el asunto conforme al procedimiento ordinario, notificándolo así a los interesados.
Artículo 75. Órganos competentes.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia para imponer las sanciones por las infracciones establecidas en la legislación básica en materia de industria y en la presente Ley corresponde al Consejero competente en materia de industria en caso de infracción muy grave, al Director General competente en materia de industria en caso de infracción grave y al Director Provincial competente en materia de industria en caso de infracción leve.
Disposición transitoria única. Disposiciones reglamentarias aplicables.
En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la Ley, continuarán en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias aplicables en las materias que constituyen su objeto.
Disposición final primera. Regulación de actividades profesionales específicas.
Cuando el desarrollo de determinadas actividades dificulte el cumplimiento de las prescripciones de esta Ley o genere un perjuicio para los intereses generales, se regularán las condiciones bajo las cuales habrán de ejercerse dichas actividades, incluyendo medidas que eviten el intrusismo profesional en el ejercicio de las mismas por parte de sujetos que no cumplan la reglamentación aplicable.
Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria.
1. Se habilita al Consejero competente en materia de industria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley
2. Mediante orden del Consejero competente en materia de industria, se aprobarán todas aquellas disposiciones que sean consecuencia de los avances tecnológicos y la evolución del estado de la técnica y que obliguen a una adaptación de los requisitos y condiciones de carácter estrictamente técnico que deban reunir tanto las instalaciones como los aparatos, equipos y productos de carácter industrial, y, en su caso, los procedimientos de prueba, inspección y control a que deban ser sometidos, incluidas las disposiciones de desarrollo de los reglamentos estatales que sean necesarias para su aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Disposición final tercera. Actualización de sanciones.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las sanciones establecidas en esta Ley de acuerdo con el índice general de precios al consumo. |
Con la aprobación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que determina que la Comunidad Autónoma de Aragón tendrá su propio patrimonio, integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, y que una Ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa. Esta regulación sustituyó a la establecida por la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio, que había sido objeto de modificación parcial por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Posteriormente, primero mediante el Decreto-Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial y luego a través de la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial, se modificaron dos preceptos de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, para adecuar lo dispuesto en la misma a la normativa aplicable al sector público empresarial de Aragón.
Y, finalmente, la Ley 2/2012, de 23 de febrero, modificó la Ley 5/2011, de 10 de marzo, en lo relativo a la regulación del patrimonio empresarial con la finalidad de conciliar el riguroso control del sector público con la flexibilidad suficiente para permitir al Gobierno de Aragón determinar, en virtud de su propia estructura organizativa, las competencias que en este ámbito deben ejercer los diferentes departamentos en los que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha modificación afectó a dos preceptos de su articulado y a una disposición adicional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón autorizó al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, y a propuesta del Consejero competente por razón de la materia, apruebe el Decreto Legislativo por el que se refunda la Ley 5/2011, de 10 de marzo, y las normas legales que la modifican, comprendiendo esta facultad de refundición su sistematización regularización, renumeración, aclaración y armonización.
A la vista de que la letra p) del artículo 1 del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre de 2011, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública atribuye expresamente a este Departamento «el ejercicio de las competencias y funciones sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con la legislación vigente», la competencia en materia de patrimonio se atribuye al Consejero de Hacienda y Administración Pública quien debe acometer, por consiguiente, las tareas de refundición.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 17 de diciembre de 2013,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes normas y cuantas otras se opongan a lo dispuesto en el presente Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón:
– Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
– La disposición final primera del Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial.
– La Ley 2/2012, de 23 de febrero, de modificación de la Ley 5/2011, de 19 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
– La disposición final primera de la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno de Aragón podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.
2. Se autoriza al Consejero competente en materia de patrimonio para regular los procedimientos y sistemas que permitan la aplicación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la gestión patrimonial y a la protección y defensa del patrimonio de Aragón.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
JOSÉ LUIS SAZ CASADO
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón
ÍNDICE
TÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto de la ley.
Artículo 2. Concepto de patrimonio de Aragón.
Artículo 3. Régimen jurídico.
Artículo 4. Bienes y derechos de dominio público.
Artículo 5. Bienes y derechos de dominio privado.
CAPÍTULO II. Competencias generales
Artículo 6. Gobierno de Aragón.
Artículo 7. Departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 8. Restantes departamentos y organismos públicos.
CAPÍTULO III. Convenios patrimoniales y urbanísticos
Artículo 9. Admisibilidad.
Artículo 10. Modalidades.
Artículo 11. Competencias.
TÍTULO II. Adquisición y transmisión
CAPÍTULO I. Disposiciones comunes
Artículo 12. Admisibilidad.
Artículo 13. Régimen jurídico.
Artículo 14. Contenido.
Artículo 15. Expediente patrimonial.
Artículo 16. Formalización.
Artículo 17. Tasaciones.
Artículo 18. Inembargabilidad.
Artículo 19. Transacción y arbitraje.
CAPÍTULO II. Adquisición
Sección 1ª. Adquisiciones a título gratuito
Artículo 20. Adquisiciones hereditarias.
Artículo 21. Aceptación.
Sección 2ª. Adquisiciones a título oneroso
Artículo 22. Régimen jurídico.
Artículo 23. Negocios jurídicos de adquisición.
Artículo 24. Inmuebles.
Artículo 25. Edificios en construcción.
Artículo 26. Adquisición de bienes por reducción de capital y otras operaciones.
Artículo 27. Bienes muebles.
Artículo 28. Propiedad incorporal.
Artículo 29. Adjudicación de bienes en procedimientos de ejecución.
Artículo 30. Otras adjudicaciones.
Artículo 31. Adquisición derivada del ejercicio de la potestad expropiatoria.
Sección 3ª. Arrendamientos de inmuebles
Artículo 32. Arrendamiento de inmuebles por la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 33. Arrendamiento de inmuebles por organismos públicos.
Artículo 34. Procedimiento.
Artículo 35. Arrendamiento compartido.
Artículo 36. Utilización del bien arrendado.
Artículo 37. Cambio de usuario.
Artículo 38. Contratos mixtos.
CAPÍTULO III. Transmisión
Sección 1ª. Reglas comunes
Artículo 39. Bienes y derechos transmisibles.
Artículo 40. Negocios jurídicos de transmisión.
Artículo 41. Aplazamiento de pago.
Artículo 42. Reversión de bienes expropiados.
Artículo 43. Cargas y gravámenes.
Sección 2ª. Venta de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 44. Competencia.
Artículo 45. Trámites previos.
Artículo 46. Formas de adjudicación.
Artículo 47. Enajenación con el precio como único criterio de adjudicación.
Artículo 48. Venta directa.
Artículo 49. Procedimiento.
Artículo 50. Aportación a juntas de compensación.
Artículo 51. Inmuebles litigiosos.
Sección 3ª. Venta de bienes muebles
Artículo 52. Competencia.
Artículo 53. Procedimiento.
Artículo 54. Derechos de propiedad incorporal.
Sección 4ª. Permutas
Artículo 55. Admisibilidad.
Artículo 56. Procedimiento.
Sección 5ª. Cesiones gratuitas
Artículo 57. Concepto.
Artículo 58. Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 59. Organismos públicos.
Artículo 60. Vinculación.
Artículo 61. Procedimiento.
Artículo 62. Resolución.
Artículo 63. Inscripción.
TÍTULO III. Protección y defensa
CAPÍTULO I. Deberes de conservación y colaboración
Artículo 64. Obligación general.
Artículo 65. Dominio público.
Artículo 66. Dominio privado.
Artículo 67. Información.
CAPÍTULO II. Inventario General del Patrimonio de Aragón
Artículo 68. Obligación.
Artículo 69. Estructura y organización.
Artículo 70. Formación y actualización.
Artículo 71. Control de la inscripción.
CAPÍTULO III. Práctica de la inscripción registral
Artículo 72. Obligatoriedad.
Artículo 73. Título inscribible.
Artículo 74. Comunicación de inscripciones.
CAPÍTULO IV. Potestades para la defensa del patrimonio de Aragón
Artículo 75. Regla general.
Artículo 76. Competencias.
Artículo 77. Procedimiento de investigación.
Artículo 78. Procedimiento de deslinde.
Artículo 79. Terrenos sobrantes.
Artículo 80. Procedimiento de recuperación posesoria.
Artículo 81. Procedimiento de desahucio administrativo.
TÍTULO IV. Tráfico jurídico de derecho público de los bienes y derechos
CAPÍTULO I. Afectación y desafectación
Sección 1ª. Afectación
Artículo 82. Concepto.
Artículo 83. Forma.
Artículo 84. Afectaciones concurrentes.
Artículo 85. Competencia y procedimiento.
Sección 2ª. Desafectación
Artículo 86. Concepto y forma.
Artículo 87. Competencia y procedimiento.
CAPÍTULO II. Mutaciones demaniales
Artículo 88. Concepto y forma.
Artículo 89. Competencia y procedimiento.
CAPÍTULO III. Adscripción, desadscripción e incorporación
Sección 1ª. Adscripción
Artículo 90. Concepto y forma.
Artículo 91. Competencia y procedimiento.
Artículo 92. Destino.
Artículo 93. Conservación y otras funciones.
Sección 2ª. Desadscripción
Artículo 94. Incumplimiento del fin.
Artículo 95. Innecesariedad.
Artículo 96. Recepción.
Sección 3ª. Incorporación de bienes de los organismos públicos
Artículo 97. Supuestos.
Artículo 98. Competencia y procedimiento.
CAPÍTULO IV. Reglas comunes sobre constancia inventarial y publicidad registral
Artículo 99. Constancia inventarial.
Artículo 100. Publicidad registral.
TÍTULO V. Utilización de bienes y derechos
CAPÍTULO I. Utilización del dominio público
Sección 1ª. Disposición general
Artículo 101. Necesidad de título habilitante.
Sección 2ª. Utilización de los bienes destinados al uso general
Artículo 102. Tipos de uso de los bienes de dominio público.
Artículo 103. Títulos habilitantes.
Sección 3ª. Utilización de los bienes y derechos destinados a un servicio público
Artículo 104. Bienes y derechos destinados a la prestación de servicios públicos.
Artículo 105. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.
Sección 4ª. Autorizaciones y concesiones demaniales
Artículo 106. Condiciones de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 107. Autorizaciones demaniales.
Artículo 108. Garantía en las autorizaciones de uso.
Artículo 109. Contenido del acuerdo de autorización de uso.
Artículo 110. Concesiones demaniales.
Artículo 111. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 112. Justificación de la iniciación de oficio de los procedimientos.
Artículo 113. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 114. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Artículo 115. Efectos de la extinción de la concesión.
Artículo 116. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados.
Artículo 117. Derecho de adquisición preferente.
Artículo 118. Autorización de uso derivada de contratos públicos.
Artículo 119. Reserva demanial.
CAPÍTULO II. Utilización de los edificios administrativos
Artículo 120. Concepto.
Artículo 121. Coordinación.
Artículo 122. Programas de actuación.
Artículo 123. Planes de optimización.
Artículo 124. Verificación de proyectos de obras.
Artículo 125. Ocupación de espacios.
CAPÍTULO III. Aprovechamiento del dominio privado
Artículo 126. Competencias.
Artículo 127. Contratos.
Artículo 128. Procedimiento.
Artículo 129. Frutos y rentas.
Artículo 130. Propiedades incorporales.
TÍTULO VI. Sector empresarial del patrimonio de Aragón
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 131. Ámbito.
Artículo 132. Contenido.
Artículo 133. Sociedades mercantiles autonómicas.
Artículo 134. Atribuciones del Gobierno de Aragón.
Artículo 135. Departamento o entidad de gestión.
Artículo 136. Sociedad matriz.
Artículo 137. Departamento de tutela.
CAPÍTULO II. Suscripción, adquisición y transmisión de los títulos societarios autonómicos
Artículo 138. Competencias.
Artículo 139. Importe de las adquisiciones.
Artículo 140. Procedimiento de enajenación.
CAPÍTULO III. Régimen administrativo en relación con las sociedades mercantiles autonómicas
Sección 1ª. Reglas comunes a todas las sociedades mercantiles autonómicas
Artículo 141. Constitución y disolución.
Artículo 142. Administradores y consejeros.
Artículo 143. Representación de las Cortes de Aragón.
Artículo 144. Aportaciones no dinerarias.
Sección 2ª. Reglas especiales para las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público
Artículo 145. Instrucciones.
Artículo 146. Comisión de auditoría y control.
Artículo 147. Presidente y consejero delegado.
CAPÍTULO IV. Reestructuración del sector público empresarial
Artículo 148. Competencia y procedimiento.
Artículo 149. Adquisición.
Artículo 150. Continuidad.
Artículo 151. Efectos.
TÍTULO VII. Responsabilidades
Artículo 152. Responsabilidades penales.
Artículo 153. Obligación de reparar.
Artículo 154. Alcance de la reparación.
Artículo 155. Prescripción.
Artículo 156. Procedimiento.
Disposición adicional primera. Cortes de Aragón y Justicia de Aragón.
Disposición adicional segunda. Órganos estatutarios.
Disposición adicional tercera. Actualización de cuantías.
Disposición adicional cuarta. Viviendas oficiales.
Disposición adicional quinta. Bienes del Patrimonio Cultural de Aragón.
Disposición adicional sexta. Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentración parcelaria.
Disposición adicional séptima. Sistemas especiales de gestión.
Disposición adicional octava. Reestructuración orgánica.
Disposición adicional novena. Departamento o entidad de gestión y departamento de tutela.
Disposición adicional décima. Informes del departamento competente en materia de patrimonio.
Disposición adicional undécima. Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Disposición adicional duodécima. Bienes informáticos.
Disposición transitoria única. Aplicabilidad del artículo 21.3.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto de la ley.
Esta ley tiene por objeto regular el régimen jurídico del patrimonio de Aragón, así como su administración, conservación y defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Artículo 2. Concepto de patrimonio de Aragón.
1. El patrimonio de Aragón está integrado por todos los bienes y derechos de los que sean titulares las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos o los órganos estatutarios, cualesquiera que sean su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.
2. Cuando la titularidad de determinados bienes o derechos figure a nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Diputación General de Aragón, de alguno de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o expresiones similares, se entenderá que la misma corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 3. Régimen jurídico.
1. El patrimonio de Aragón se rige por esta ley y su normativa de desarrollo, en el marco de la legislación estatal básica o de aplicación general relativa al patrimonio de las Administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Los patrimonios viario, agrario, forestal, de las vías pecuarias, de suelo y vivienda, y universitario de la Comunidad Autónoma se rigen preferentemente por su legislación administrativa específica. A falta de normas especiales, dichos patrimonios se rigen por esta ley y su normativa de desarrollo.
3. El patrimonio de las sociedades mercantiles autonómicas se rige por el derecho privado y por las normas contenidas en esta ley que les sean de aplicación.
4. El patrimonio de las fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma se rige por el derecho privado y por su normativa específica.
5. El patrimonio de los consorcios en que la Comunidad Autónoma pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante se rige por sus estatutos y, con carácter supletorio, por esta ley.
6. Los bienes y derechos del Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma se rigen por la legislación estatal correspondiente y, en su caso, por la normativa complementaria aprobada por la Comunidad Autónoma.
Artículo 4. Bienes y derechos de dominio público.
Son bienes y derechos de dominio público del patrimonio de Aragón aquellos que, siendo de la titularidad de alguna de las entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley:
a) Se encuentren afectados al uso general o al servicio público.
b) Una ley les otorgue expresamente tal carácter.
c) Se destinen a servicios, oficinas o dependencias de sus órganos.
Artículo 5. Bienes y derechos de dominio privado.
1. Son bienes y derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón aquellos que, siendo de la titularidad de alguna de las entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley, no tengan el carácter de dominio público.
2. En todo caso, tendrán la consideración de bienes y derechos de dominio privado los derechos de arrendamiento, los valores mobiliarios, las participaciones sociales y los instrumentos financieros de titularidad autonómica, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos de dominio privado.
3. Supletoriamente, se regirán por las normas generales del derecho administrativo en las cuestiones de competencia y procedimiento y por el derecho privado en los restantes aspectos.
CAPÍTULO II
Competencias generales
Artículo 6. Gobierno de Aragón.
Además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley, corresponde al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio:
a) Definir la política patrimonial de la Comunidad Autónoma.
b) Establecer criterios para la coordinación de las actuaciones patrimoniales públicas, en especial con las políticas de consolidación presupuestaria, modernización administrativa y vivienda.
c) Avocar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier acto de adquisición, enajenación y administración de bienes y derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 7. Departamento competente en materia de patrimonio.
1. Corresponde al consejero competente en materia de patrimonio, además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley:
a) Elevar al Gobierno de Aragón propuestas en las materias previstas en el artículo anterior.
b) Velar por el cumplimiento de la política patrimonial del Gobierno de Aragón y de los criterios para la coordinación de las actuaciones patrimoniales públicas establecidos por el mismo, a cuyo fin podrá dictar instrucciones y circulares dirigidas a los restantes departamentos y organismos públicos.
c) Representar, por sí o a través de los órganos de su departamento, a la Administración de la Comunidad Autónoma en las actuaciones relativas al patrimonio de la misma.
d) Proponer, en su caso, al Gobierno la designación de un representante de su departamento en el órgano colegiado superior de los organismos públicos, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
e) Informar, previa y preceptivamente a su celebración, los convenios, contratos y demás negocios jurídicos que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre los mismos que integren o hayan de integrar el patrimonio de Aragón.
f) Ejercer cuantas atribuciones administrativas relativas a la aplicación de esta ley no se encuentren expresamente conferidas en la misma a otra autoridad.
2. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio, además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley:
a) Tramitar los asuntos atribuidos a la competencia del consejero competente en materia de patrimonio.
b) Recabar de los restantes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos públicos, de las sociedades mercantiles autonómicas, de los consorcios, de las fundaciones públicas y de los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma cuantos datos considere necesarios sobre el uso y situación de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tuvieran afectados o adscritos, de los que utilicen en arrendamiento o de los que fueran de su propiedad.
Artículo 8. Restantes departamentos y organismos públicos.
1. Corresponde a los restantes departamentos y organismos públicos, además de ejercer las competencias específicas que les atribuye esta ley:
a) Aplicar las instrucciones y circulares dictadas por el consejero competente en materia de patrimonio de Aragón.
b) Ejercer las funciones relativas a la protección, conservación y administración de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tengan afectados o adscritos. Se entiende por bienes afectados a los departamentos u organismos públicos los que lo estén a los usos o servicios públicos de su respectiva competencia. Igualmente, respecto a esos bienes, compete a los departamentos y organismos públicos el aseguramiento de los bienes muebles. El aseguramiento de los bienes inmuebles se gestionará de forma centralizada para toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el departamento competente en materia de organización y servicios.
c) Solicitar del departamento competente en materia de patrimonio cuantos datos estimen necesarios para la mejor utilización de los bienes que tuvieran afectados o adscritos.
2. En los organismos públicos, ejercerán las potestades y derechos regulados en esta ley los órganos que tengan atribuida la competencia correspondiente según sus normas específicas, y, en defecto de tal atribución, sus directores o gerentes.
CAPÍTULO III
Convenios patrimoniales y urbanísticos
Artículo 9. Admisibilidad.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán celebrar convenios con otras Administraciones públicas, sociedades mercantiles del sector público, consorcios o fundaciones públicas, con el fin de ordenar las relaciones de carácter patrimonial y urbanístico entre ellos en un determinado ámbito o realizar actuaciones comprendidas en esta ley en relación con los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios.
2. En la celebración de estos convenios se respetarán las previsiones sobre los convenios urbanísticos contenidas en la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 10. Modalidades.
1. Los convenios podrán contener cuantas estipulaciones se estimen necesarias o convenientes para la ordenación de las relaciones patrimoniales y urbanísticas entre las partes, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
2. Los convenios podrán recoger compromisos de actuación futura de las partes, revistiendo el carácter de acuerdos marco o protocolos generales, o prever la realización de operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso podrán ser inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las partes. Cuando se trate de convenios de carácter inmediatamente ejecutivo y obligatorio, todas las operaciones contempladas en los mismos se considerarán integradas en un único negocio complejo.
3. Los convenios ejecutivos constituyen título suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad u otros registros las operaciones contempladas en los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley.
Artículo 11. Competencias.
1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, será órgano competente para celebrar los convenios a los que se refieren los artículos anteriores el consejero competente en materia de patrimonio, con la autorización del Gobierno de Aragón en los casos en los que el ordenamiento jurídico así lo exija.
2. Los titulares de los departamentos podrán celebrar convenios para la ordenación de las facultades que les correspondan, sobre los bienes que tuvieran afectados, previo informe favorable del departamento competente en materia de patrimonio, y autorización del Gobierno de Aragón en los casos en los que el ordenamiento jurídico así lo exija.
3. En el caso de los organismos públicos, los órganos competentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta ley celebrarán los expresados convenios, previa autorización del Gobierno de Aragón. Esta autorización no será necesaria cuando se trate de bienes adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.
TÍTULO II
Adquisición y transmisión
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 12. Admisibilidad.
1. Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos del patrimonio de Aragón se entienden adquiridos con el carácter de dominio privado, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.
2. Los bienes y derechos de dominio privado pueden ser objeto de transmisión, aplicándose a tal fin lo previsto en el presente Título de esta ley.
3. El tráfico jurídico de derecho público de los bienes y derechos se regirá por lo establecido en el Título IV de esta ley.
Artículo 13. Régimen jurídico.
1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos de dominio privado se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos del sector público. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y, supletoriamente, por las normas de derecho privado.
2. En los organismos públicos, la preparación y adjudicación de estos negocios, así como la competencia para adoptar los correspondientes actos, se regirán, en primer término, por lo establecido en sus normas específicas.
Artículo 14. Contenido.
1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos de dominio privado están sujetos al principio de libertad de pacto. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.
2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, enajenación, cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener la realización por las partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la administración contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único y se regirán por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal.
Artículo 15. Expediente patrimonial.
1. Podrán establecerse por el departamento competente en materia de patrimonio pliegos generales de pactos y condiciones para determinadas categorías de contratos, que serán informados, con carácter previo a su aprobación, por los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. En los casos previstos en esta ley, así como cuando el consejero competente en materia de patrimonio lo considere necesario por la importancia de la operación, los actos aprobatorios de los negocios patrimoniales serán informados previamente por los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos.
3. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma emitirá informe previo sobre las implicaciones económico-financieras de la operación en los procedimientos de enajenación directa y permuta de bienes o derechos cuyo valor supere un millón de euros y en los de cesión gratuita del pleno dominio que hayan de ser autorizados por el Gobierno de Aragón.
4. Cuando el contrato origine gastos para la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, constará en el expediente el certificado de existencia de crédito, o documento que legalmente le sustituya y, en su caso, ser objeto de fiscalización previa de acuerdo con la legislación de Hacienda.
5. Los informes de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Intervención General, previstos en este artículo, se emitirán en el plazo máximo de un mes desde su solicitud.
Artículo 16. Formalización.
1. Los negocios jurídicos de adquisición, transmisión o gravamen de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
2. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización.
3. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad cuando el cesionario sea otra Administración pública.
4. Corresponde al departamento competente en materia de patrimonio realizar los trámites conducentes a la formalización notarial de los contratos y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma a que se refiere este Título. En el otorgamiento de las escrituras, corresponderá la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma al consejero competente en materia de patrimonio, salvo que el Gobierno de Aragón disponga otra representación. En el supuesto de los organismos públicos, las anteriores competencias corresponderán a los órganos determinados conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
5. Los actos de formalización que, en su caso, se requieran en las adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad de expropiación y del derecho de reversión serán efectuados por el departamento u organismo público que los inste.
6. Las adquisiciones de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos se incorporarán al Catastro Inmobiliario.
7. Los aranceles notariales y registrales que deban satisfacer la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos por la formalización de los negocios patrimoniales se reducirán en el porcentaje previsto para las Administraciones públicas en la normativa arancelaria notarial y registral.
Artículo 17. Tasaciones.
1. Las valoraciones, tasaciones, informes técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley explicitarán los parámetros en que se fundamentan, y podrán ser efectuadas por personal técnico dependiente del departamento u organismo público que administre los bienes o derechos, o por técnicos del departamento competente en materia de patrimonio. Estas actuaciones podrán igualmente encargarse a sociedades de tasación debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasación del Banco de España.
2. En todo caso, las tasaciones periciales y los informes técnicos requeridos para la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por la Administración de la Comunidad Autónoma se efectuarán por el departamento competente en materia de patrimonio, que podrá requerir para ello la colaboración de otros departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Las tasaciones tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su aprobación o modificación, salvo que en éstas, motivadamente, dicho plazo se amplíe o se reduzca hasta en seis meses.
Artículo 18. Inembargabilidad.
Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Hacienda y contencioso-administrativa.
Artículo 19. Transacción y arbitraje.
No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante decreto acordado por el Gobierno de Aragón a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, previo dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
CAPÍTULO II
Adquisición
Sección 1.ª Adquisiciones a título gratuito
Artículo 20. Adquisiciones hereditarias.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá adquirir herencias, que le hayan sido deferidas testamentariamente, por pacto o en virtud de ley.
2. Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos o establecimientos, a los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma que carezcan de patrimonio propio o a la propia Comunidad Autónoma. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible, y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 3 del artículo siguiente.
3. Las disposiciones por causa de muerte a favor de organismos públicos u órganos autonómicos que hubiesen desaparecido en la fecha en que se abra la sucesión se entenderán hechas a favor de los que, dentro del ámbito autonómico, hubiesen asumido sus funciones, y, en su defecto, a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma.
4. La sucesión legal de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirá por lo dispuesto en el Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
Artículo 21. Aceptación.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón, mediante decreto, aceptar o repudiar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, salvo cuando el objeto del legado o donación sean bienes muebles, en cuyo caso la competencia para su aceptación corresponderá al titular del departamento competente por razón de la materia.
2. Sólo podrán aceptarse herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Cuando el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas.
3. Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando, durante treinta años, hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
4. Los que, por razón de su cargo o empleo público, tuvieren noticia de la existencia de algún testamento u oferta de donación a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma estarán obligados a ponerlo en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio. Si la disposición fuese a favor de un organismo público, deberán comunicarlo a éste.
5. La puesta a disposición de bienes inmuebles de otras Administraciones públicas, sin transmisión de derechos reales, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón debe ser aceptada por el departamento competente en materia de patrimonio, previo informe técnico de las cargas y gravámenes que, en su caso, hubiera.
Sección 2.ª Adquisiciones a título oneroso
Artículo 22. Régimen jurídico.
1. Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y, supletoriamente, por las normas del derecho privado.
2. Las adquisiciones de valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica se regirán por lo establecido en el Título VI de esta ley.
Artículo 23. Negocios jurídicos de adquisición.
1. Para la adquisición de bienes o derechos, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán, asimismo, concertar negocios jurídicos que tengan por objeto la constitución a su favor de un derecho a la adquisición preferente de bienes o derechos. Serán de aplicación a los mismos las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de los bienes o derechos a que se refieran, aunque el expediente de gasto se tramitará únicamente por el importe correspondiente a la prima que, en su caso, se hubiese establecido para conceder la opción.
Artículo 24. Inmuebles.
1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a salvo la regulación de las propiedades administrativas especiales, la competencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles o derechos sobre los mismos corresponde al consejero competente en materia de patrimonio, que podrá ejercerla por propia iniciativa cuando lo estime conveniente para atender a las necesidades que, según las previsiones efectuadas, puedan surgir en el futuro, o a petición razonada del departamento interesado, a la que deberá acompañarse, cuando se proponga la adquisición directa de inmuebles o derechos sobre los mismos, la correspondiente tasación. La tramitación del procedimiento corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio.
2. La adquisición de inmuebles o derechos sobre los mismos por los organismos públicos se efectuará por el órgano que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, previo informe favorable del consejero competente en materia de patrimonio.
3. Al expediente de adquisición deberán incorporarse los siguientes documentos:
a) Una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicación que, conforme a lo establecido en el apartado siguiente y de forma justificada, se proponga seguir.
b) La tasación del bien o derecho, debidamente motivada.
4. La adquisición tendrá lugar por licitación pública, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios, salvo que se acuerde la adquisición directa en los siguientes supuestos:
a) Cuando lo justifiquen las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien.
b) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
c) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública mediante adjudicación con pluralidad de criterios promovida para la adquisición.
d) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.
e) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente establecido en una ley.
5. Si la adquisición se hubiese de realizar por adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios, la correspondiente convocatoria se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón, sin perjuicio de los demás medios de publicidad que pudieran utilizarse.
6. El pago del precio de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción en todo caso a los límites previstos en la legislación presupuestaria.
7. La adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de bienes inmuebles sitos en el extranjero y derechos sobre los mismos se someterá a estas mismas reglas.
Artículo 25. Edificios en construcción.
1. La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos podrá acordarse de manera excepcional por causas debidamente justificadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) El valor del suelo y de la parte del edificio ya edificada debe ser superior al de la porción que se encuentra pendiente de construcción.
b) La adquisición deberá acordarse por un precio determinado o actualizable según parámetros ciertos.
c) En el momento de firma de la escritura pública de adquisición, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan concertarse, sólo podrá abonarse el importe correspondiente al suelo y a la obra realizada, según certificación de los servicios técnicos correspondientes.
d) El resto del precio podrá abonarse a la entrega del inmueble o contra las correspondientes certificaciones de obra conformadas por los servicios técnicos.
e) El plazo previsto para su terminación y entrega a la Administración pública adquirente no podrá exceder de dos años.
f) El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo y condiciones pactados.
g) El adquirente deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a las condiciones estipuladas.
2. La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración de la Comunidad Autónoma será acordada por el consejero competente en materia de patrimonio. La adquisición de estos inmuebles por los organismos públicos requerirá el previo informe favorable del consejero competente en materia de patrimonio.
3. Podrán adquirirse edificios en construcción mediante la entrega, total o parcial, de otros bienes inmuebles o derechos sobre los mismos en las condiciones señaladas en el apartado 1 anterior.
Artículo 26. Adquisición de bienes por reducción de capital y otras operaciones.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán adquirir bienes y derechos como consecuencia de una operación de liquidación o de reducción del capital social de sociedades o de fondos propios de organismos públicos, o por restitución de aportaciones a fundaciones, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación aplicable a cada una de estas entidades.
2. La incorporación al patrimonio de Aragón requerirá la firma de un acta de entrega entre un representante del departamento competente en materia de patrimonio o del organismo público y otro de la sociedad, entidad o fundación de cuyo capital o fondos propios proceda el bien o derecho.
Artículo 27. Bienes muebles.
1. La adquisición de bienes muebles por la Administración de la Comunidad Autónoma o los organismos autónomos se regirá por la legislación que regula la contratación del sector público.
La competencia para disponer esta adquisición corresponde al consejero del departamento que haya de utilizar o servirse de esos bienes.
2. Asimismo, la adquisición de bienes muebles por las entidades de derecho público se regirá por la legislación que regula la contratación del sector público en los supuestos en que ésta resulte de aplicación y, en su defecto, por lo establecido en sus normas específicas.
3. No obstante lo anterior, tendrán la consideración de contratos patrimoniales las adquisiciones de bienes muebles que integren o hayan de integrar el Patrimonio Cultural de Aragón.
En estos casos, la adquisición se efectuará por el departamento competente en materia de cultura, siendo de aplicación lo dispuesto en esta ley para la adquisición de bienes inmuebles, en cuanto no sea incompatible con la naturaleza de los mismos, y sin perjuicio de las especialidades establecidas en su normativa específica.
Artículo 28. Propiedad incorporal.
1. La adquisición de los derechos de propiedad incorporal por la Administración de la Comunidad Autónoma se efectuará por el consejero competente en materia de patrimonio, a propuesta, en su caso, del titular del departamento interesado en la misma.
2. En el caso de organismos públicos, serán órganos competentes para la adquisición de los derechos de propiedad incorporal los indicados en el artículo 8.2 de esta ley.
3. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas adquisiciones lo establecido en esta ley para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos.
Artículo 29. Adjudicación de bienes en procedimientos de ejecución.
1. Las adquisiciones de bienes y derechos en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos de apremio administrativo se regirán por lo dispuesto en la normativa de recaudación.
2. En los procedimientos judiciales de ejecución de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y derechos a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma, el letrado representante de ésta pondrá inmediatamente en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, a fin de que por el mismo se acuerde lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha adjudicación.
Artículo 30. Otras adjudicaciones.
1. Las adjudicaciones judiciales o administrativas de bienes o derechos en supuestos distintos de los previstos en el artículo anterior se regirán por lo establecido en las disposiciones que las prevean y por esta ley.
2. En defecto de previsiones especiales, en las adjudicaciones de bienes a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma se observarán las siguientes reglas:
a) No podrán acordarse adjudicaciones a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma sin previo informe del departamento competente en materia de patrimonio. A estos efectos, deberá cursarse la correspondiente comunicación a este departamento, en la que se hará constar una descripción suficientemente precisa del bien o derecho objeto de adjudicación, con indicación de las cargas que recaigan sobre él y su situación posesoria.
b) La adjudicación deberá notificarse al departamento competente en materia de patrimonio, con traslado del auto, providencia o acuerdo respectivo.
c) El departamento competente en materia de patrimonio dispondrá lo necesario para que se proceda a la identificación de los bienes adjudicados y a su tasación pericial.
d) Practicadas estas diligencias, se formalizará, en su caso, la incorporación al patrimonio de Aragón de los bienes y derechos adjudicados.
3. A falta de previsiones específicas, en las adjudicaciones a favor de los organismos públicos se observarán las reglas establecidas en el apartado anterior, si bien actuará como órgano competente el que proceda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
Artículo 31. Adquisición derivada del ejercicio de la potestad expropiatoria.
1. Cuando, en el ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración de la Comunidad Autónoma, figure en la relación de bienes y derechos a expropiar alguno que sea de titularidad de la misma o de sus organismos públicos, se notificará dicho extremo por el departamento interesado a la dirección general competente en materia de patrimonio, que formulará consulta al departamento que lo tuviera afectado o al organismo que lo tuviera adscrito, fuera su propietario o le correspondiera su gestión, con el fin de determinar la viabilidad del cambio de destino.
2. Dicho cambio se tramitará, en su caso, mediante un procedimiento de mutación, afectación o adscripción, en favor del departamento que esté ejercitando la potestad expropiatoria o del organismo público beneficiario de la expropiación.
3. Corresponderá al departamento u organismo que hubiera adquirido un bien o derecho en ejercicio de la potestad expropiatoria instar su alta en inventario, en la forma y con las menciones establecidas en la ley y, en su caso, proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad o registro correspondiente, e incorporación al Catastro Inmobiliario.
Sección 3.ª Arrendamientos de inmuebles
Artículo 32. Arrendamiento de inmuebles por la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde al consejero competente en materia de patrimonio, a petición en su caso del departamento interesado, arrendar los bienes inmuebles que la Administración de la Comunidad Autónoma precise para el cumplimiento de sus fines. Igualmente, corresponde al consejero competente en materia de patrimonio declarar la prórroga, novación, resolución anticipada o cambio de órgano u organismo ocupante. La instrucción de estos procedimientos corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio.
2. Una vez formalizado por escrito el arrendamiento y vigente el contrato, corresponderá al departamento u organismo que ocupe el inmueble el ejercicio de los derechos y facultades y el cumplimiento de las obligaciones propias del arrendatario.
Artículo 33. Arrendamiento de inmuebles por organismos públicos.
1. El arrendamiento de bienes inmuebles por los organismos públicos, así como la prórroga, novación o resolución anticipada de los correspondientes contratos, se efectuará, previo informe favorable de la dirección general competente en materia de patrimonio, por el órgano competente conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, al que también corresponderá su formalización.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, cuando la dirección general considere preciso emitir informe no favorable, someterá la correspondiente decisión al consejero competente en materia de patrimonio.
Artículo 34. Procedimiento.
1. Los arrendamientos se concertarán por licitación pública, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios, salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo.
2. Las propuestas de arrendamiento, así como las de novación y prórroga, serán sometidas a informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado, y a informes de la dirección o direcciones generales competentes en materia de organización, inspección y servicios, y de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma para la fiscalización previa del gasto correspondiente.
3. La formalización de los contratos de arrendamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones se efectuarán por el director general competente en materia de patrimonio o funcionario en quien delegue. No obstante, el consejero competente en materia de patrimonio, al acordar el arrendamiento o su novación, podrá asumir directamente la formalización de estos contratos o atribuirla a los secretarios generales técnicos de los departamentos.
Artículo 35. Arrendamiento compartido.
Lo establecido en este Capítulo será también de aplicación a los arrendamientos que, conforme a los criterios establecidos en el contrato, permitan el uso de una parte a definir o concretar de un inmueble o la utilización de un inmueble de forma compartida con otros usuarios, sin especificar el espacio físico a utilizar por cada uno en cada momento.
Artículo 36. Utilización del bien arrendado.
1. Los contratos de arrendamiento se concertarán con expresa mención de que el inmueble arrendado podrá ser utilizado por cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos.
2. El consejero competente en materia de patrimonio, a propuesta del departamento correspondiente, podrá autorizar la concertación del arrendamiento para la utilización exclusiva del inmueble por un determinado órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos cuando existan razones de interés público que así lo aconsejen.
Artículo 37. Cambio de usuario.
1. Cuando el departamento u organismo público que ocupe el inmueble arrendado prevea dejarlo libre con anterioridad al término pactado o a la expiración de las prórrogas legales o contractuales, lo comunicará a la dirección general competente en materia de patrimonio con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha prevista para el desalojo.
2. De considerarlo procedente, la dirección general competente en materia de patrimonio dará traslado de dicha comunicación a los diferentes departamentos y organismos públicos, que podrán solicitar, en el plazo de un mes, la puesta a disposición del inmueble. La dirección general competente en materia de patrimonio resolverá sobre el departamento u organismo que haya de ocupar el inmueble. Este cambio se notificará al arrendador, para el que será obligatoria la novación contractual, sin que proceda por ello el incremento de la renta.
Artículo 38. Contratos mixtos.
1. Para la conclusión de contratos de arrendamiento financiero y otros contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra, se aplicarán las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de inmuebles.
2. A los efectos previstos en la legislación presupuestaria, los contratos de arrendamiento con opción de compra, arrendamiento financiero y contratos mixtos a que se refiere el apartado precedente se reputarán contratos de arrendamiento.
CAPÍTULO III
Transmisión
Sección 1.ª Reglas comunes
Artículo 39. Bienes y derechos transmisibles.
1. Los bienes y derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos podrán ser transmitidos conforme a las normas establecidas en este Capítulo, sin perjuicio de la aplicación de las reglas previstas en otras leyes en relación con las transmisiones de determinados bienes o derechos.
2. No obstante, podrá acordarse la transmisión de bienes del patrimonio de Aragón con reserva del uso temporal de los mismos cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, resulte conveniente para el interés público. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste.
3. Las transmisiones relativas a valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica se regirán por lo establecido en el Título VI de esta ley.
Artículo 40. Negocios jurídicos de transmisión.
1. La transmisión de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón podrá efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter oneroso. La transmisión a título gratuito sólo será admisible en los casos en que, conforme a las normas de la Sección 5ª de este Capítulo, se acuerde su cesión.
2. La aportación de bienes o derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma a sociedades mercantiles, organismos públicos, consorcios o fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma se acordará por el Gobierno de Aragón, previa tasación del bien o derecho, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación mercantil y en el Título VI de esta ley.
Artículo 41. Aplazamiento de pago.
El órgano competente para transmitir los bienes o derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón podrá admitir el pago aplazado del precio de venta por un período no superior a diez años y siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente, además de mediante condición resolutoria explícita, mediante hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado. El interés del aplazamiento no podrá ser inferior al interés legal del dinero.
Artículo 42. Reversión de bienes expropiados.
1. El ofrecimiento y tramitación de los derechos de reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa depuración de la situación física y jurídica de los bienes, por el departamento u organismo público que hubiera instado la expropiación, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto. A estos efectos, el departamento u organismo público al que posteriormente se hubiesen afectado o adscrito los bienes comunicará al que hubiese instado la expropiación el acaecimiento del supuesto que dé origen al derecho de reversión.
2. El reconocimiento del derecho de reversión llevará implícita la desafectación del bien o derecho a que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecución del acuerdo, corresponderá al departamento u organismo a que estuviese afectado o adscrito el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo necesario para su defensa y conservación.
3. De no consumarse la reversión, la desafectación del bien o derecho se efectuará de conformidad con lo dispuesto con carácter general en el Capítulo I del Título IV de esta ley.
Artículo 43. Cargas y gravámenes.
No podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos del patrimonio de Aragón sino con los requisitos exigidos para su enajenación.
Sección 2.ª Venta de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 44. Competencia.
1. El órgano competente para vender los bienes inmuebles y derechos reales de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como de los organismos públicos que carezcan de facultades para la enajenación de sus bienes y derechos, será el consejero competente en materia de patrimonio. La incoación y tramitación del expediente corresponderá a la dirección general competente en materia de patrimonio.
2. En el caso de los organismos públicos que, en virtud de sus normas específicas, tengan reconocidas facultades para la enajenación de sus bienes inmuebles y derechos reales, serán competentes para acordar la venta, previo cumplimiento de la comunicación establecida en el artículo 97.3 de esta ley, los órganos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la misma.
3. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de dos millones de euros, la venta deberá ser autorizada por el Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio.
4. Podrá acordarse la venta de los inmuebles por lotes, previa autorización del Gobierno de Aragón, cuando proceda con arreglo a lo establecido en el apartado anterior de este artículo.
Artículo 45. Trámites previos.
1. Antes de la venta del inmueble o derecho real se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose el deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si todavía no lo estuviese.
2. No obstante, podrán venderse sin sujeción a lo dispuesto en el apartado anterior bienes a segregar de otros de titularidad de quien los enajene, o en trámite de inscripción, deslinde o sujetos a cargas o gravámenes, siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento de los posibles adquirentes y sean aceptadas por éstos.
Artículo 46. Formas de adjudicación.
1. La venta de los inmuebles podrá realizarse bien mediante licitación pública, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios o con el precio como único criterio, bien por adjudicación directa.
2. El procedimiento ordinario para la venta de inmuebles será la adjudicación mediante pluralidad de criterios. En este caso, la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los correspondientes pliegos.
3. Podrá admitirse el pago en especie, con sometimiento a las reglas que rigen las permutas.
Artículo 47. Enajenación con el precio como único criterio de adjudicación.
1. Se enajenarán mediante licitación pública, con el precio como único criterio de adjudicación, aquellos bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que, por su ubicación, naturaleza o características, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de las políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda. Específicamente, se podrá acudir a la licitación, con el precio como único criterio de adjudicación, para la enajenación de los siguientes tipos de inmuebles:
a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, según la legislación urbanística de Aragón.
b) Las viviendas vacías que no se inserten en grupos o conjuntos homogéneos que requieran un tratamiento jurídico singular, y no estén sujetas a ningún régimen de protección.
2. La licitación mediante adjudicación por precio podrá celebrarse al alza o, excepcionalmente, a la baja, cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen. En su caso, se admitirá la presentación de posturas en sobre cerrado; podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta electrónica. La modalidad de la licitación, con el precio como único criterio de adjudicación, se determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, la cual se efectuará a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa.
3. En el caso de que la adjudicación resulte fallida al no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, la venta podrá realizarse a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o proceder a la venta directa del bien, siempre que en ambos casos no hubiere transcurrido más de un año desde la celebración de la licitación.
Artículo 48. Venta directa.
1. Se podrá acordar la venta directa en los siguientes supuestos:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública o que ejerza funciones públicas por delegación de la Administración de la Comunidad Autónoma, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en las letras a) y b).
d) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública promovida para la enajenación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de la misma. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.
e) Cuando se trate de solares que, por su forma o pequeña extensión, resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no constituyan patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, ni lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.
g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.
h) Cuando la venta se efectúe a favor del titular de un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.
i) Cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
2. En los supuestos de venta directa, podrá admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos en pago de parte del precio de venta siempre que el valor de lo entregado no supere el 50 por cierto del valor de lo adquirido
3. Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general concurrente en el caso concreto.
Artículo 49. Procedimiento.
1. El expediente de venta de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al patrimonio de Aragón será instruido por el departamento competente en materia de patrimonio o por el órgano competente del organismo público, según proceda, que lo iniciará de oficio, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada en la adquisición, siempre que considere, justificándolo debidamente en el expediente, que el bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público ni resulta conveniente su explotación. El acuerdo de incoación del procedimiento llevará implícita la declaración de alienabilidad de los bienes a que se refiera.
2. El tipo de licitación para la adjudicación con el precio como único criterio o el precio de la adjudicación directa se fijarán por el órgano competente para la venta, de acuerdo con la tasación aprobada. De igual forma, los pliegos que han de regir la licitación por adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios determinarán los que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, atendiendo a las directrices que resulten de las políticas públicas de cuya aplicación se trate. En todo caso, los pliegos harán referencia, por lo menos, a la situación física, jurídica y registral de la finca.
3. La participación en procedimientos de adjudicación requerirá la prestación de garantía por el importe de una cuarta parte del tipo de licitación pública o del precio de venta directa.
4. La convocatoria del procedimiento de venta se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón y se remitirá al ayuntamiento del correspondiente término municipal para su exhibición en el tablón de anuncios, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar, además, otros medios de publicidad, atendidas la naturaleza y características del bien.
El departamento competente en materia de patrimonio, o el órgano competente del organismo público determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, según proceda, podrá establecer otros mecanismos complementarios tendentes a difundir información sobre los bienes inmuebles o derechos reales en proceso de venta, incluida la creación, con sujeción a las previsiones de la legislación de protección de datos de carácter personal, de ficheros con los datos de las personas que voluntaria y expresamente soliciten les sea remitida información sobre dichos bienes.
5. La suspensión del procedimiento, una vez realizado el anuncio, sólo podrá efectuarse por orden del consejero competente en materia de patrimonio cuando se trate de bienes de la Administración de la Comunidad Autónoma, o por acuerdo del órgano competente de los organismos públicos, determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, cuando se trate de bienes propios de éstos, con fundamento en documentos fehacientes o hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta.
6. El órgano competente para la enajenación del bien, según lo dispuesto en el artículo 44, acordará, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, la venta o su improcedencia, si considerasen perjudicial para el interés público la adjudicación en las condiciones propuestas o si, por razones sobrevenidas, considerasen necesario el bien para el cumplimiento de fines públicos, sin que la instrucción del expediente, la celebración de la licitación o la valoración de las proposiciones presentadas generen derecho alguno para quienes optaron a su compra, salvo la devolución de la garantía prestada más los intereses devengados conforme al interés legal del dinero.
Artículo 50. Aportación a juntas de compensación.
1. La incorporación de la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos a juntas de compensación por la aportación de inmuebles o derechos sobre los mismos pertenecientes al patrimonio de Aragón se regirá por la legislación urbanística vigente, previa adhesión expresa. Corresponderá el otorgamiento de la escritura pública de adhesión y la realización de los distintos actos que requiera dicha participación a la dirección general competente en materia de patrimonio.
2. En el caso de inmuebles afectados o adscritos que resulten incluidos en el ámbito de una junta de compensación en la que los usos previstos no resulten compatibles con los fines que motivaron la afectación o adscripción, los departamentos u organismos titulares deberán proponer su desafectación o desadscripción al departamento competente en materia de patrimonio, siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 51. Inmuebles litigiosos.
1. Podrán venderse inmuebles litigiosos del patrimonio de Aragón siempre que en la venta se observen las siguientes condiciones:
a) En el caso de venta mediante licitación pública, en el pliego de bases se hará mención expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien, y deberá preverse la plena asunción, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio.
b) En los supuestos legalmente previstos de venta directa, constará en el expediente documentación acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio, y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio.
c) En los dos casos anteriores, la asunción por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurará necesariamente en la escritura pública en que se formalice la enajenación.
2. Si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento de venta y éste se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado.
3. El bien se considerará litigioso desde que el órgano competente para la venta tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda, de la acción correspondiente y de su contenido.
Sección 3.ª Venta de bienes muebles
Artículo 52. Competencia.
1. La competencia para vender los bienes muebles del patrimonio de Aragón corresponde al titular del departamento o al órgano competente del organismo público que los tuviese afectados o adscritos o los hubiera venido utilizando.
2. El acuerdo de venta implicará la desafectación de los bienes y su baja en el inventario.
Artículo 53. Procedimiento.
1. La venta tendrá lugar por licitación pública, con el precio como único criterio de adjudicación, por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando el departamento u organismo considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 48 de esta ley, la venta podrá efectuarse de forma directa.
2. Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, a efectos del apartado anterior, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al 25 por 100 del de adquisición.
3. Los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, sin las limitaciones previstas en la Sección 5.ª, cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 por 100 del valor que tuvieron en el momento de su adquisición. Si no fuese posible o no procediese su venta o cesión, podrá acordarse su destrucción o inutilización. El acuerdo de cesión llevará implícita la desafectación de los bienes.
4. Se aplicarán a las licitaciones de bienes muebles las normas de procedimiento establecidas en el artículo 49 de esta ley.
5. La venta de bienes muebles por los organismos públicos se regirá, en primer término, por lo establecido en sus normas reguladoras.
Artículo 54. Derechos de propiedad incorporal.
1. El órgano competente para la enajenación de los derechos de propiedad incorporal de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma será el consejero del departamento que los hubiese generado o que tuviese encomendada su administración y explotación, quien informará de la cesión al departamento competente en materia de patrimonio.
2. La enajenación de los derechos de propiedad incorporal de los organismos públicos se efectuará por el órgano competente conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
3. La enajenación se verificará por licitación pública con el precio como único criterio de adjudicación. No obstante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 48 de esta ley, la venta podrá efectuarse de forma directa.
4. Se aplicarán a las licitaciones de estos derechos las normas de procedimiento establecidas en el artículo 49 de esta ley.
Sección 4.ª Permutas
Artículo 55. Admisibilidad.
Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón podrán ser permutados cuando, por razones debidamente justificadas en el expediente, resulte conveniente para el interés público y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como enajenación con pago de parte del precio en especie.
Artículo 56. Procedimiento.
1. Serán de aplicación a la permuta las normas previstas para la venta de inmuebles o de muebles, según proceda, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar licitación pública para la adjudicación.
2. No obstante, el órgano competente para la permuta podrá instar la presentación de ofertas de inmuebles o derechos para permutar, mediante un acto de invitación al público al que se dará difusión a través del Boletín Oficial de Aragón y de cualesquiera otros medios que se consideren adecuados.
3. En el caso de presentación de ofertas a través del procedimiento previsto en el apartado anterior, la selección del adjudicatario se realizará de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones previamente elaborado.
Sección 5.ª Cesiones gratuitas
Artículo 57. Concepto.
1. Los bienes y derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a otras Administraciones públicas, a fundaciones, o a asociaciones declaradas de utilidad pública.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o la titularidad del derecho, o sólo su uso. En todo caso, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, estas transmisiones podrán sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil.
3. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien, sólo podrán ser cesionarios las Administraciones y fundaciones públicas.
Artículo 58. Administración de la Comunidad Autónoma.
La cesión de bienes de la Administración de la Comunidad Autónoma se acordará por el Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 59. Organismos públicos.
1. Con independencia de las cesiones de determinados bienes muebles previstas en el artículo 53.3 de esta ley, los organismos públicos sólo podrán ceder gratuitamente la propiedad o el uso de bienes o derechos de su titularidad cuando tuviesen atribuidas facultades para su venta y no se hubiese estimado procedente su incorporación al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma conforme a lo establecido en el artículo 97.
2. Serán competentes para acordar la cesión de los bienes los órganos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, previa autorización del Gobierno de Aragón, una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 57 de esta ley.
Artículo 60. Vinculación.
1. Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la justifican, en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.
2. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio controlar la aplicación de los bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma al fin para el que fueron cedidos, adoptando para ello cuantas medidas de control sean necesarias.
3. A estos efectos, y sin perjuicio de otros sistemas de control que puedan arbitrarse, los cesionarios de bienes inmuebles o derechos sobre ellos deberán remitir cada tres años a la dirección general competente en materia de patrimonio la documentación que acredite el destino de los bienes. La citada dirección general, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá exonerar de esta obligación a determinados cesionarios de bienes, o señalar plazos más amplios para la remisión de la documentación.
4. En el caso de los bienes muebles, el acuerdo de cesión determinará el régimen de control. No obstante, si los muebles cedidos hubiesen sido destinados al fin previsto durante un plazo de cuatro años, se entenderá cumplido el modo y la cesión pasará a tener el carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese establecido en el pertinente acuerdo.
5. Iguales controles deberán efectuar los organismos públicos respecto de los bienes y derechos que hubiesen cedido.
Artículo 61. Procedimiento.
1. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma se dirigirá al consejero competente en materia de patrimonio, con indicación del bien o derecho cuya cesión se solicita y el fin o fines a que se destinará, acompañado de la acreditación de la persona que formula la solicitud, así como de que se cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos.
2. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos propios de los organismos públicos se dirigirá a éstos, con iguales menciones que las señaladas en el apartado anterior.
Artículo 62. Resolución.
1. Si los bienes o derechos cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los bienes o derechos a la Administración cedente. En este supuesto, será de cuenta del cesionario el deterioro sufrido por los bienes o derechos cedidos, sin que sean indemnizables los gastos en que haya incurrido para cumplir las cargas o condiciones impuestas.
2. La resolución de la cesión se acordará por el consejero competente en materia de patrimonio respecto de los bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y por el órgano que corresponda de los organismos públicos conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley cuando se trate de bienes o derechos cedidos por éstos. En la resolución que acuerde la cesión se determinará lo que proceda acerca de la reversión de los bienes y derechos y la indemnización por los deterioros que hayan sufrido.
Artículo 63. Inscripción.
1. La cesión y la reversión, en su caso, se harán constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
2. Si la cesión tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se procederá a la práctica del correspondiente asiento a favor del cesionario en el Registro de la Propiedad.
En la inscripción se hará constar el fin al que deben dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesión, así como la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dará lugar a su resolución.
3. El acto por el que se acuerde la resolución de la cesión y la reversión del bien o derecho será título suficiente para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad o en los registros que procedan, así como para la reclamación, en su caso, del importe de los deterioros actualizado al momento en que se ejecute el acuerdo de reversión.
TÍTULO III
Protección y defensa
CAPÍTULO I
Deberes de conservación y colaboración
Artículo 64. Obligación general.
Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del patrimonio de Aragón, así como los titulares de cualesquiera derechos sobre los mismos, están obligados a velar por su conservación y defensa, en los términos establecidos en la legislación estatal básica y de aplicación general y en este Título.
Artículo 65. Dominio público.
1. La conservación de los bienes y derechos de dominio público del patrimonio de Aragón compete al departamento u organismo público al que se encuentren afectados o adscritos, o al que corresponda su administración.
2. En el caso de que sobre el bien se hayan impuesto una o varias afectaciones concurrentes conforme al artículo 84 de esta ley, la participación de los diversos departamentos u organismos en la conservación se podrá determinar mediante acuerdos o protocolos de actuación entre los mismos. En defecto de acuerdo, la forma de participación de cada uno de ellos se fijará por el consejero competente en materia de patrimonio.
Artículo 66. Dominio privado.
1. La conservación de los bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Comunidad Autónoma compete al departamento competente en materia de patrimonio.
2. La conservación de los bienes y derechos de dominio privado de los organismos públicos compete a los mismos organismos que sean sus titulares.
Artículo 67. Información.
El departamento competente en materia de patrimonio podrá requerir a los órganos competentes en materia de catastro, a los registros de la propiedad y a los restantes registros o archivos públicos la información de que dispongan sobre los bienes o derechos del patrimonio de Aragón, así como todos aquellos datos o informaciones que sean necesarios para la adecuada gestión o actualización del Inventario General del Patrimonio de Aragón, o para el ejercicio de las potestades establecidas en la legislación estatal básica o de aplicación general para la defensa del patrimonio de las Administraciones públicas. De igual forma, podrán recabar esta información los organismos públicos respecto de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tengan adscritos o que les pertenezcan.
CAPÍTULO II
Inventario General del Patrimonio de Aragón
Artículo 68. Obligación.
1. El Inventario General del Patrimonio de Aragón incluirá la totalidad de los bienes y derechos que se integran en el patrimonio de Aragón, con excepción de los que hayan sido adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o para cumplir con los requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias y, asimismo, de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificación corresponda a los departamentos u organismos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.3 de esta ley.
2. Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General aquellos datos que se consideren necesarios para su administración y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de Aragón, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes del mismo.
3. Los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica definidos en el artículo 132 de esta ley quedarán reflejados en la correspondiente contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios y normas que les sean de aplicación, y se incluirán en un inventario de carácter auxiliar que deberá estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.
Artículo 69. Estructura y organización.
1. El Inventario General del Patrimonio de Aragón está a cargo del departamento competente en materia de patrimonio; su llevanza corresponderá a la dirección general competente en materia de patrimonio y a las unidades con competencia en materia de gestión patrimonial de los diversos departamentos y organismos públicos, que actuarán como órganos auxiliares.
2. La dirección general competente en materia de patrimonio llevará directamente el inventario correspondiente a los siguientes bienes y derechos del patrimonio de Aragón, ya sean de dominio público o de dominio privado:
a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.
b) Los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros de carácter personal en virtud de los cuales se atribuya a la Administración de la Comunidad Autónoma o a sus organismos públicos el uso o disfrute de inmuebles ajenos.
c) Los bienes muebles y las propiedades incorporales cuyo inventario no corresponda llevar a los departamentos o a los organismos públicos.
d) Los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica definidos en el artículo 132 de esta ley.
3. Por las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos y organismos públicos, y sin perjuicio de los registros, catálogos o inventarios de bienes y derechos que estén obligados a llevar en virtud de normas especiales, se llevará el inventario de los siguientes bienes y derechos del patrimonio de Aragón:
a) Los bienes de dominio público sometidos a una legislación especial cuya administración y gestión tengan encomendadas.
b) Los bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos.
c) Los derechos de propiedad incorporal adquiridos o generados por la actividad del departamento u organismo o cuya gestión tenga encomendada.
Igualmente, los departamentos y organismos públicos mantendrán un catálogo permanentemente actualizado de los bienes inmuebles y derechos reales que tengan afectados o adscritos, y de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos. Una copia de estos catálogos se remitirá anualmente al departamento competente en materia de patrimonio.
4. El Inventario General del Patrimonio de Aragón no tiene la consideración de registro público, y los datos reflejados en el mismo, así como los resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.
Estos datos no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.
La consulta por terceros de los datos del Inventario General sólo será procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a éstos.
5. Reglamentariamente se regularán las condiciones en que las Administraciones públicas podrán tener acceso al Inventario General del Patrimonio de Aragón respecto de los datos correspondientes a los bienes sitos en el territorio a que se extiendan sus competencias.
6. De igual forma, se regularán reglamentariamente los términos en que el departamento competente en materia de patrimonio facilitará, a efectos informativos, el acceso de los ciudadanos a los datos más relevantes del Inventario General del Patrimonio de Aragón.
Artículo 70. Formación y actualización.
1. De acuerdo con lo señalado en el artículo anterior, las unidades competentes en materia de gestión patrimonial adoptarán las medidas oportunas para la inmediata constancia en el Inventario General del Patrimonio de Aragón de los hechos, actos o negocios relativos a los bienes y derechos de su competencia, y notificarán a la dirección general competente en materia de patrimonio los hechos, actos y negocios que puedan afectar a la situación jurídica y física de los bienes y derechos cuyo inventario corresponda al referido órgano directivo, o al destino o uso de los mismos.
2. El consejero competente en materia de patrimonio podrá dirigir instrucciones sobre cualquier cuestión relacionada con la formación y actualización del Inventario General del Patrimonio de Aragón, y recabar igualmente cuantos datos o documentos considere necesarios.
Artículo 71. Control de la inscripción.
1. No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del patrimonio si éstos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
2. La verificación de los datos relativos a la inclusión, baja o cualquier otra modificación que afecte a bienes o derechos que deban ser inventariados se incluirá dentro del alcance del control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos advertirán específicamente en cuantos informes emitan en relación con los bienes y derechos del patrimonio de Aragón acerca de la obligatoriedad de inclusión en el citado Inventario General, si ésta no les constase.
CAPÍTULO III
Práctica de la inscripción registral
Artículo 72. Obligatoriedad.
1. La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá solicitarse por la dirección general competente en materia de patrimonio, salvo en relación con los bienes adquiridos por expropiación forzosa y los integrantes de los patrimonios especiales enumerados en el artículo 3.2 de esta ley, que serán inscritos a solicitud del departamento correspondiente.
2. La inscripción de los bienes y derechos de los organismos públicos será solicitada por el órgano que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
Artículo 73. Título inscribible.
1. La certificación administrativa expedida por órgano competente de las Administraciones públicas será título suficiente para proceder a la cancelación o rectificación de las inscripciones a favor de la Administración pública en los siguientes supuestos:
a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya tramitación será preceptivo un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca.
b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre el de la Administración pública en caso de doble inmatriculación, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. La resolución estimatoria de una reclamación previa a la vía judicial civil interpuesta por el interesado para que se reconozca su titularidad sobre una o varias fincas será título bastante, una vez haya sido notificada a aquél, para que se proceda a la rectificación de la inscripción registral contradictoria existente a favor de la Administración pública.
Artículo 74. Comunicación de inscripciones.
En el caso de inscripciones registrales que afecten a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, el registrador de la propiedad y mercantil lo comunicará a la dirección general competente en materia de patrimonio.
CAPÍTULO IV
Potestades para la defensa del patrimonio de Aragón
Artículo 75. Regla general.
Para la defensa de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos tienen las facultades, potestades, prerrogativas y obligaciones establecidas en esta ley y en la legislación estatal básica o de aplicación general.
Artículo 76. Competencias.
El ejercicio de las potestades de investigación, deslinde, recuperación posesoria y desahucio administrativo en relación con los bienes y derechos del patrimonio de Aragón corresponderá al consejero competente en materia de patrimonio, salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando los bienes o derechos se encontrasen afectados a un departamento, la competencia corresponderá al consejero titular de éste.
b) Cuando los bienes o derechos se encontrasen adscritos o pertenecieran a un organismo público, la competencia se ejercerá por el órgano que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
En ambos casos, el órgano actuante deberá dar cuenta de las medidas adoptadas a la dirección general competente en materia de patrimonio.
Artículo 77. Procedimiento de investigación.
El procedimiento para la investigación de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón se sujetará a las siguientes normas:
a) El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada. En el caso de denuncia, la Administración de la Comunidad Autónoma resolverá sobre su admisibilidad y ordenará, en su caso, el inicio del procedimiento de investigación.
b) El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en cuyo término radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos.
c) Los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma deberán emitir informe antes de adoptar la resolución que proceda, salvo si ésta fuera la de archivo del expediente.
d) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General del Patrimonio de Aragón y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión.
e) Si el expediente de investigación no fuese resuelto en el plazo de dos años contados desde el día siguiente al de la publicación prevista en la letra b) de este artículo, el órgano competente acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones.
Artículo 78. Procedimiento de deslinde.
El procedimiento para el ejercicio de la potestad de deslinde se sujetará a las siguientes normas:
a) El procedimiento se iniciará de oficio o a petición de los colindantes. En este caso serán a su costa los gastos generados, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio.
b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
c) El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.
d) La resolución por la que se apruebe el deslinde se dictará previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en el apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con la intervención de los interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
e) El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.
Artículo 79. Terrenos sobrantes.
1. Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles de dominio público del patrimonio de Aragón podrán desafectarse en la forma prevista en el Capítulo I del Título IV de esta ley.
2. A estos deslindes acudirá un representante de la dirección general competente en materia de patrimonio si la competencia para efectuarlo no correspondiese a su departamento, a cuyos efectos el órgano competente para el deslinde cursará la oportuna citación.
3. El director general competente en materia de patrimonio podrá instar de los departamentos y organismos públicos competentes el deslinde de los inmuebles de dominio público, a efectos de determinar con precisión la extensión de éstos y la eventual existencia de terrenos sobrantes.
Artículo 80. Procedimiento de recuperación posesoria.
El procedimiento para el ejercicio de la potestad de recuperación posesoria, una vez comprobado el hecho de la usurpación, se sujetará a las siguientes normas:
a) Previa audiencia al interesado, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.
b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para el lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o imponerse multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
En estos supuestos serán de cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitación del procedimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.
Artículo 81. Procedimiento de desahucio administrativo.
1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público.
2. Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la liquidación de la correspondiente situación posesoria y la determinación de la indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa instrucción del pertinente procedimiento, en el que deberá darse audiencia al interesado.
3. La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificará al detentador, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior a ocho días.
4. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se procederá en la forma prevista en el Capítulo V del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
5. Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su importe por la vía de apremio.
TÍTULO IV
Tráfico jurídico de derecho público de los bienes y derechos
CAPÍTULO I
Afectación y desafectación
Sección 1.ª Afectación
Artículo 82. Concepto.
La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público.
Artículo 83. Forma.
1. Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el consejero competente en materia de patrimonio, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias correspondientes, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes:
a) La utilización pública, notoria y continuada por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general.
b) La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho privado.
c) La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa.
d) La aprobación por el Gobierno de Aragón de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público.
e) La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.
f) La aprobación del proyecto de reparcelación, respecto a los terrenos de cesión obligatoria a la Comunidad Autónoma para su destino a los usos previstos en el planeamiento.
3. El departamento u organismo público que tuviese conocimiento de los hechos o realizase actuaciones de las previstas en las letras a) a d) del apartado anterior, deberá comunicarlo al departamento competente en materia de patrimonio para su adecuada regularización, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de administración, protección y defensa que le correspondan.
4. Los inmuebles en construcción se entenderán afectados al departamento con cargo a cuyos créditos presupuestarios se efectúe la edificación.
Una vez finalizada la obra se dará cuenta a la dirección general competente en materia de patrimonio de su recepción, a los efectos de que pueda instar la inscripción de la obra nueva. Esta dirección general procederá a dictar los actos de regularización necesarios.
5. Podrá acordarse la afectación a un departamento de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio público cuando sea previsible su utilización para estos fines tras el transcurso de un plazo o el cumplimiento de determinadas condiciones, que se harán constar en la resolución que acuerde la afectación.
Artículo 84. Afectaciones concurrentes.
1. Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí.
2. La resolución en que se acuerde la afectación a más de un fin o servicio determinará las facultades que correspondan a los diferentes departamentos u organismos respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.
Artículo 85. Competencia y procedimiento.
1. La afectación de bienes y derechos del patrimonio de Aragón a los usos o servicios públicos correspondientes a las atribuciones de los diferentes departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma compete al consejero competente en materia de patrimonio. La instrucción del procedimiento compete a la dirección general competente en materia de patrimonio, que lo incoará a iniciativa propia o a propuesta del departamento interesado en la afectación.
2. La orden de afectación, que deberá contener las menciones requeridas por el artículo 83.1 de esta ley, surtirá efectos a partir de la recepción de los bienes por el departamento a que se destinen, recepción que tendrá lugar mediante suscripción de la correspondiente acta por los consejeros de dicho departamento y del competente en materia de patrimonio, quienes podrán delegar la firma en los titulares de los órganos directivos de sus respectivos departamentos. Una vez suscrita el acta, el departamento al que se hayan afectado los bienes o derechos utilizará los mismos de acuerdo con el fin señalado, y ejercerá respecto de ellos las correspondientes competencias demaniales.
Sección 2.ª Desafectación
Artículo 86. Concepto y forma.
1. Los bienes y derechos de dominio público perderán esta condición, adquiriendo la de dominio privado, en los casos en que se produzca su desafectación por dejar de destinarse al uso general o al servicio público.
2. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa.
Artículo 87. Competencia y procedimiento.
1. Los bienes y derechos afectados a fines o servicios de los departamentos serán desafectados por el consejero competente en materia de patrimonio. La instrucción del procedimiento compete a la dirección general competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento que tuviera afectados los bienes o derechos o al que correspondiese su administración, previa depuración de su situación física y jurídica.
2. La desafectación de los bienes y derechos de dominio público integrados en el patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma requerirá, para su efectividad, de su recepción formal por el departamento competente en materia de patrimonio, bien mediante acta de entrega suscrita por un representante designado por el departamento al que hubiesen estado afectados los bienes o derechos y otro designado por la dirección general competente en materia de patrimonio, o bien mediante acta de toma de posesión levantada por esta misma dirección general.
3. Los bienes y derechos de dominio público de titularidad de los organismos públicos que éstos tengan afectados para el cumplimiento de sus fines serán desafectados por el consejero del departamento del que dependan, a propuesta del órgano competente del organismo público, determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley. De estas desafectaciones se dará cuenta al departamento competente en materia de patrimonio.
4. La desafectación de los bienes muebles adquiridos por los departamentos, o que tuvieran afectados, será competencia del titular del departamento correspondiente.
CAPÍTULO II
Mutaciones demaniales
Artículo 88. Concepto y forma.
1. La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho de dominio público del patrimonio de Aragón, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos públicos o de otras Administraciones públicas.
2. Las mutaciones demaniales deberán efectuarse de forma expresa de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente, salvo lo previsto para los casos de reestructuración orgánica en la disposición adicional octava de esta ley.
3. Los bienes y derechos demaniales podrán afectarse a usos y servicios públicos competencia de otras Administraciones públicas, con o sin transferencia de la titularidad de esos bienes y derechos, y en las restantes condiciones que se acuerden.
4. Cuando la mutación demanial conlleve la cesión de titularidad del bien o derecho de dominio público a otra Administración pública, ésta habrá de destinarlo a la afectación prevista al menos durante treinta años tratándose de bienes inmuebles.
5. En caso de incumplimiento de la finalidad de la mutación, el bien revertirá al patrimonio de Aragón, estableciéndose, en tal caso, las indemnizaciones que procedan por los daños y perjuicios que se hubieran causado.
Artículo 89. Competencia y procedimiento.
1. La mutación de destino de los bienes inmuebles de dominio público de la Administración de la Comunidad Autónoma compete al consejero competente en materia de patrimonio, salvo en los casos en los que la mutación implique la transmisión de la titularidad del bien o derecho a otra Administración pública, en los que resolverá el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo. La incoación e instrucción del correspondiente procedimiento se acordará por la dirección general competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento u organismo interesado.
La mutación demanial requerirá para su efectividad de la firma de un acta por los consejeros de los departamentos interesados o, en el caso de los organismos públicos, por el órgano que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley; o en el supuesto de otra Administración pública, por el órgano que legalmente corresponda, y por el consejero competente en materia de patrimonio, quienes podrán delegar la firma en los titulares de los órganos directivos de sus respectivos departamentos u organismos.
2. La mutación de destino de los bienes muebles se realizará por los propios departamentos, organismos o Administraciones interesados en la misma. Para ello se formalizarán por los mismos las correspondientes actas de entrega y recepción, que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate y constituirán título suficiente para las respectivas altas y bajas en los inventarios de bienes muebles de los departamentos.
3. La mutación de destino de los bienes y derechos de dominio público propios de los organismos públicos para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines o servicios públicos, se acordará por el consejero del departamento del que dependan, a propuesta del órgano que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley. Las mutaciones de destino de bienes y derechos de dominio público, propios o adscritos, de un organismo, para el cumplimiento de fines o servicios de otro organismo o de la Administración de la Comunidad Autónoma, serán acordadas por el consejero competente en materia de patrimonio, a propuesta conjunta de los órganos que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley.
CAPÍTULO III
Adscripción, desadscripción e incorporación
Sección 1.ª Adscripción
Artículo 90. Concepto y forma.
1. Los bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos podrán ser adscritos a otros organismos públicos, a sociedades mercantiles autonómicas, a fundaciones públicas y a consorcios, para su vinculación directa a un servicio de su competencia o para el cumplimiento de sus fines propios.
2. La adscripción no alterará la titularidad sobre el bien. Cuando se realice en beneficio de un organismo público, llevará implícita la afectación del bien o derecho, que pasará a integrarse en el dominio público.
Artículo 91. Competencia y procedimiento.
1. La adscripción se acordará por el consejero competente en materia de patrimonio. La instrucción del correspondiente procedimiento compete a la dirección general competente en materia de patrimonio, que lo incoará de oficio o a propuesta de la entidad o entidades interesadas. En el caso de los organismos públicos, las propuestas serán cursadas por los órganos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley a través del departamento del que dependan.
2. La adscripción requerirá, para su efectividad, de la firma de la correspondiente acta, otorgada por representantes de la dirección general competente en materia de patrimonio y de la entidad o entidades respectivas.
Artículo 92. Destino.
1. Los bienes y derechos deberán destinarse al cumplimiento de los fines que motivaron su adscripción, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo. La alteración posterior de estas condiciones deberá autorizarse expresamente por el consejero competente en materia de patrimonio.
2. La dirección general competente en materia de patrimonio verificará la aplicación de los bienes y derechos al fin para el que fueron adscritos, y podrá adoptar a estos efectos cuantas medidas sean necesarias.
Artículo 93. Conservación y otras funciones.
Los organismos públicos, las sociedades mercantiles autonómicas, los consorcios o las fundaciones públicas ejercerán respecto a los bienes y derechos que tengan adscritos las funciones de vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de las competencias correspondientes a las funciones de protección y defensa del patrimonio de Aragón por los órganos que las tienen atribuidas conforme a esta ley. Los organismos públicos podrán también ejercer respecto de los bienes y derechos que tengan adscritos las competencias demaniales.
Sección 2.ª Desadscripción
Artículo 94. Incumplimiento del fin.
1. Si los bienes o derechos adscritos no fuesen destinados al fin previsto dentro del plazo que, en su caso, se hubiese fijado, o dejaran de serlo posteriormente, o se incumpliesen cualesquiera otras condiciones establecidas para su utilización, la dirección general competente en materia de patrimonio cursará un requerimiento al organismo al que se adscribieron los bienes o derechos para que se ajuste en su uso a lo señalado en el acuerdo de adscripción, o proponer al consejero competente en materia de patrimonio la desadscripción de los mismos.
2. Igual opción se dará en el caso de que la entidad que tenga adscritos los bienes no ejercite las funciones que le corresponden de acuerdo con el artículo anterior.
3. En el caso en que se proceda a la desadscripción de los bienes por incumplimiento del fin, el titular del bien o derecho podrá exigir el valor de los deterioros experimentados por dichos bienes, actualizado su importe al momento en que se produzca la desadscripción, o el coste de su rehabilitación, previa tasación.
Artículo 95. Innecesariedad.
1. Cuando los bienes o derechos adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que motivaron la adscripción, se procederá a su desadscripción previa regularización, en su caso, de su situación física por la entidad correspondiente.
2. A estos efectos, la dirección general competente en materia de patrimonio incoará y tramitará el correspondiente procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la comunicación que, comprobada la innecesariedad de tales bienes o derechos, está obligada a cursar la entidad que los tuviera adscritos, y elevará al consejero competente en materia de patrimonio la propuesta que sea procedente.
Artículo 96. Recepción.
La desadscripción, que llevará implícita en su caso la desafectación, requerirá, para su efectividad, de la recepción formal del bien o derecho, que se documentará en la correspondiente acta de entrega suscrita por representantes de la dirección general competente en materia de patrimonio y de la entidad o entidades correspondientes, o en acta de toma de posesión levantada por la citada dirección general.
Sección 3.ª Incorporación de bienes de los organismos públicos
Artículo 97. Supuestos.
1. Los bienes inmuebles y derechos reales de los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma que no les sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán, previa desafectación en su caso, al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes de este artículo.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior y, en consecuencia, podrán ser enajenados por los organismos públicos los bienes adquiridos por ellos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.
3. En el caso de organismos públicos que en virtud de sus normas específicas tengan reconocidas facultades para la enajenación de sus bienes, cuando los inmuebles o derechos reales dejen de serles necesarios, deberán comunicar esta circunstancia a la dirección general competente en materia de patrimonio a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo siguiente.
4. En los supuestos de reestructuraciones orgánicas se estará a lo previsto en la disposición adicional octava de esta ley.
Artículo 98. Competencia y procedimiento.
1. La dirección general competente en materia de patrimonio incoará y tramitará el correspondiente procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la comunicación que, comprobada la innecesariedad de los bienes o derechos, está obligado a cursar el organismo al que pertenecieran, y elevará al consejero competente en materia de patrimonio la propuesta que sea procedente.
2. La incorporación, que llevará implícita la desafectación, requerirá para su efectividad de la recepción formal del bien o derecho, que se documentará en la correspondiente acta de entrega suscrita por representantes de la dirección general competente en materia de patrimonio y del organismo, o en acta de toma de posesión levantada por la citada dirección general.
3. En el caso de supresión de organismos públicos que no conlleve una reestructuración orgánica en los términos regulados en la disposición adicional octava de esta ley, la incorporación de sus bienes al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma se efectuará mediante la toma de posesión de los mismos por el departamento competente en materia de patrimonio, que se documentará en la correspondiente acta. A estos efectos, el departamento del que dependiera el organismo comunicará su supresión a la dirección general competente en materia de patrimonio, y acompañará a dicha comunicación una relación de los bienes propios de aquél.
4. Respecto de los bienes y derechos de los organismos públicos que en virtud de sus normas específicas tengan atribuidas facultades para su enajenación, el consejero competente en materia de patrimonio podrá acordar la no incorporación del inmueble o derecho al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma, supuesto en el que el organismo titular quedará facultado para proceder a su enajenación conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título II de esta ley.
CAPÍTULO IV
Reglas comunes sobre constancia inventarial y publicidad registral
Artículo 99. Constancia inventarial.
Los actos de afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación se harán constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
Artículo 100. Publicidad registral.
1. Tratándose de bienes del patrimonio de Aragón, el registrador de la propiedad y mercantil no practicará la inscripción de los actos de afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación, cuando no sea firmante del documento correspondiente un representante del departamento competente en materia de patrimonio.
2. En el caso de supresión de organismos públicos, la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma se practicará con la presentación de la disposición en cuya virtud se hubiese producido la supresión del organismo, acompañada del acta de incorporación de los bienes al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 98 de esta ley.
TÍTULO V
Utilización de bienes y derechos
CAPÍTULO I
Utilización del dominio público
Sección 1.ª Disposición general
Artículo 101. Necesidad de título habilitante.
1. Nadie puede, sin título que lo autorice, otorgado por el órgano competente, ocupar bienes y derechos de dominio público del patrimonio de Aragón, o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.
2. Los departamentos y organismos públicos responsables de la defensa del dominio público velarán por el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes careciendo de título ocupen bienes y derechos de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, ejercitando las potestades previstas en el Capítulo IV del Título III de esta ley.
3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos de dominio público del patrimonio se regirán, en primer término, por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por esta ley.
Sección 2.ª Utilización de los bienes destinados al uso general
Artículo 102. Tipos de uso de los bienes de dominio público.
1. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados.
2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
3. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados.
Artículo 103. Títulos habilitantes.
1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción y en las disposiciones que sean de aplicación.
2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión.
3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa.
Sección 3.ª Utilización de los bienes y derechos destinados a un servicio público
Artículo 104. Bienes y derechos destinados a la prestación de servicios públicos.
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras de dicho servicio y, en su defecto, a lo establecido en esta ley. Cuando la prestación del servicio no esté regulada, los bienes y derechos destinados a él se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 105. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.
1. El titular del departamento que tenga afectados los bienes o el órgano rector competente del organismo público que los tuviera afectados o adscritos podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe motivado favorable del departamento competente en materia de patrimonio, por cuatro años.
2. El titular del departamento que tenga afectados los bienes o el órgano rector competente del organismo público que los tuviera afectados o adscritos podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por un plazo inferior a treinta días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. En estos casos, el órgano competente deberá hacer constar en la autorización tanto las condiciones de utilización del inmueble, estableciendo lo necesario para que ésta no menoscabe su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, así como la contraprestación que debe satisfacer el solicitante.
Sección 4.ª Autorizaciones y concesiones demaniales
Artículo 106. Condiciones de las autorizaciones y concesiones demaniales.
1. El departamento competente en materia de patrimonio podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones demaniales sobre bienes y derechos, que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de Aragón.
2. En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones demaniales se ajustarán a las que establezca el titular del departamento al que se encuentren afectados los bienes. Estas condiciones podrán tener un alcance general, para categorías determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia del departamento, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, informe previo favorable del departamento competente en materia de patrimonio. Este informe será igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones fijadas con carácter general por el departamento competente en materia de patrimonio.
Las concesiones y autorizaciones que se refieran a bienes pertenecientes al patrimonio de los organismos públicos o adscritos a ellos se ajustarán a las condiciones que establezca el titular del departamento al que esté adscrito, en los mismos casos y con los mismos requisitos previstos en el párrafo anterior.
3. Corresponde al departamento u organismo público que tenga afectado o adscrito el bien, otorgar las autorizaciones y concesiones demaniales que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público necesaria para la ejecución de un contrato administrativo, de acuerdo con la legislación básica del Estado.
Artículo 107. Autorizaciones demaniales.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y, si ello no fuera procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su duración máxima, incluidas las prórrogas, será de cuatro años.
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente, en cualquier momento, por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
Artículo 108. Garantía en las autorizaciones de uso.
Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.
Artículo 109. Contenido del acuerdo de autorización de uso.
1. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos demaniales incluirá, al menos:
a) El régimen de uso del bien o derecho.
b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización.
c) La garantía que se debe prestar, en su caso.
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, de los tributos correspondientes, así como del compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.
e) El compromiso de obtención, a su costa, de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre él.
f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario u otra garantía suficiente.
g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 107 de esta ley.
h) La reserva por parte del departamento u organismo público de la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que es usado de acuerdo con los términos de la autorización.
i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa autorización.
j) Las causas de extinción.
2. Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a las autorizaciones especiales de uso previstas en el artículo 105 de esta ley, en lo que no sea incompatible con su objeto y finalidad.
Artículo 110. Concesiones demaniales.
1. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión sobre bienes de dominio público incluirá al menos las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 1 del artículo 109 de esta ley, salvo la relativa a la revocación unilateral sin derecho a indemnización.
2. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 48 de esta ley y, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.
3. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
4. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de setenta y cinco años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
5. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.
Artículo 111. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales.
Las concesiones y autorizaciones sobre los bienes y derechos demaniales serán otorgadas por los titulares de los departamentos a que se encuentren afectados, o por los órganos rectores de los organismos públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.
Artículo 112. Justificación de la iniciación de oficio de los procedimientos.
Para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento para otorgar una autorización o concesión demanial, el órgano competente deberá justificar su necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le competen, el hecho de que el bien ha de continuar siendo de dominio público y la procedencia de la adjudicación directa, en su caso.
Artículo 113. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia competitiva.
1. El procedimiento para otorgar las autorizaciones y concesiones demaniales en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio o a solicitud de la persona interesada.
2. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar las correspondientes peticiones.
3. En los procedimientos iniciados a petición de particulares, la Administración pública podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros posibles interesados a presentar solicitudes. Si no media este acto de invitación, se dará publicidad a las solicitudes que se presenten, a través de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y sin perjuicio de la posible utilización de otros medios adicionales de difusión, y se abrirá un plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse solicitudes alternativas por otros interesados.
4. Para decidir sobre el otorgamiento de la autorización o concesión demanial, se atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o aprovechamiento solicitado, lo que se valorará en función de los criterios especificados en los pliegos de condiciones.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se notifique resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
Artículo 114. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica.
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.
d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.
f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el artículo 116 de esta ley.
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan.
Artículo 115. Efectos de la extinción de la concesión.
1. Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial deberán ser demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración pública a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesión así lo decida. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas para el patrimonio de Aragón gratuitamente y libres de cargas y gravámenes.
2. En caso de rescate de la concesión, el titular será indemnizado por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la extinción anticipada. Los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en cuenta para determinar la cuantía y receptores de la indemnización.
Artículo 116. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados.
1. Para que los bienes de dominio público sobre los que exista una autorización o concesión pierdan ese carácter y adquieran la condición de patrimoniales se estará a lo dispuesto en las letras siguientes:
a) Se concederá audiencia a los titulares de autorizaciones o concesiones en el expediente de desafectación.
b) Los derechos y obligaciones de dichos titulares se mantendrán con idéntico contenido en tanto no se proceda a su extinción, si bien las relaciones jurídicas con ellos establecidas pasarán a regirse por el derecho privado, y corresponderá al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas.
c) Se declarará la extinción de las autorizaciones o concesiones en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o sin esperar al vencimiento de plazos cuando la Administración de la Comunidad Autónoma ejerza la facultad de libre rescate. Respecto de las restantes se irá dictando su extinción a medida que venzan los plazos establecidos.
2. El órgano competente para declarar la extinción de las relaciones jurídicas derivadas de autorizaciones y concesiones otorgadas cuando los bienes eran de dominio público, así como para exigir los derechos y cumplir los deberes que se deriven de las relaciones novadas mientras se mantenga su vigencia será el consejero competente en materia de patrimonio.
3. Corresponde, asimismo, al consejero competente en materia de patrimonio acordar la expropiación de los derechos si estimase que su mantenimiento durante el plazo establecido perjudica el ulterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a efectos de su enajenación.
Artículo 117. Derecho de adquisición preferente.
1. Cuando se acuerde la enajenación onerosa de bienes patrimoniales que anteriormente hubieran tenido carácter demanial, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones o autorizaciones otorgadas cuando eran demaniales tendrán derecho preferente a su adquisición.
2. El derecho de adquisición preferente no surgirá en caso de cesión gratuita del bien o de transferencia de titularidad, por cualquier negocio jurídico, a favor de Administraciones públicas, organismos de ellas dependientes, fundaciones o instituciones públicas u organismos internacionales. En este supuesto, quienes hayan recibido los bienes sobre los que recaigan los derechos establecidos a favor de beneficiarios de concesiones o autorizaciones podrán liberarlos, a su costa, en los mismos términos que la Administración de la Comunidad Autónoma. Si se produjera la reversión de los bienes o derechos cedidos, los cesionarios no tendrán derecho alguno por razón de las indemnizaciones satisfechas con motivo de aquella liberación.
Artículo 118. Autorización de uso derivada de contratos públicos.
1. La autorización para la utilización de bienes de dominio público que sea necesaria para la ejecución de un contrato público se entenderá implícita en la adjudicación del mismo.
2. De las adjudicaciones de dichos contratos se dará cuenta al departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
Artículo 119. Reserva demanial.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá reservarse el uso exclusivo de bienes destinados al uso general para la realización de fines de su competencia cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen. Su duración se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acordó.
2. La reserva se efectuará por el consejero competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a propuesta de los departamentos u organismos públicos interesados. Dicha reserva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella.
3. La declaración de reserva se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
CAPÍTULO II
Utilización de los edificios administrativos
Artículo 120. Concepto.
1. Tendrán la consideración de edificios administrativos los siguientes:
a) Los edificios destinados a oficinas y dependencias auxiliares de los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma, y de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.
b) Los destinados a otros servicios públicos que se determinen reglamentariamente.
c) Los edificios del patrimonio de Aragón que fueren susceptibles de ser destinados a los fines expresados en las letras anteriores, independientemente del uso a que estuvieren siendo dedicados.
2. A los efectos previstos en este Capítulo, se asimilan a los edificios administrativos los terrenos adquiridos por la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos para la construcción de inmuebles destinados a alguno de los fines señalados en las letras a) y b) anteriores.
Artículo 121. Coordinación.
1. La coordinación de la gestión de los edificios administrativos utilizados por la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos corresponde al consejero competente en materia de organización y servicios y, bajo la autoridad de éste, al director general competente en la misma materia.
2. Las facultades de coordinación a las que se refiere el apartado anterior se desarrollarán de acuerdo con los programas de actuación y los planes de optimización previstos en los artículos siguientes de esta ley.
Artículo 122. Programas de actuación.
El Gobierno de Aragón aprobará, a propuesta del consejero competente en materia de organización y servicios, programas de actuación para la optimización del uso de los edificios administrativos y la cobertura de las nuevas necesidades a través de la construcción, adquisición o arrendamiento de inmuebles.
Artículo 123. Planes de optimización.
1. La elaboración de planes para la optimización del uso de los edificios administrativos será acordada por la dirección general competente en materia de organización y servicios, de acuerdo con las previsiones del programa de actuación.
2. El ámbito de los planes de optimización podrá determinarse territorial o sectorialmente; en este último caso, comprenderá los inmuebles afectados o adscritos a un determinado departamento u organismo, y su objetivo último será la utilización más eficiente del conjunto de inmuebles incluidos en el mismo.
3. Los planes comprenderán un análisis detallado de la situación, características y nivel de ocupación de los inmuebles a que se refieran, y las medidas y actuaciones que se consideren más adecuadas para la optimización de su uso, incluidas, en su caso, propuestas de recolocación y concentración de unidades y efectivos, afectaciones, desafectaciones, adscripciones, desadscripciones o incorporaciones al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de bienes propios de organismos públicos, con fijación del calendario para su ejecución.
4. El plan de optimización será trasladado a los departamentos u organismos afectados para que, en el plazo de un mes, manifiesten su conformidad o formulen alegaciones. Transcurrido este plazo o evacuado el trámite, la dirección general elevará el plan al consejero competente en materia de organización y servicios para su aprobación.
5. La ejecución de las medidas contenidas en el plan competerá a las unidades a las que afecte. Deberá la dirección general competente en materia de organización y servicios velar por el cumplimiento de los plazos previstos en el plan. A estos efectos, se instará de los órganos que en cada caso sean competentes la adopción de las correspondientes medidas de optimización y elevar al consejero competente en materia de organización y servicios los informes o propuestas que estime pertinentes en relación a la misma.
6. La dirección general competente en materia de organización y servicios financiará, con cargo a sus créditos presupuestarios, las actuaciones de los planes de optimización cuya financiación no se haya atribuido expresamente a ninguno de los órganos y organismos incluidos en el plan.
Cuando de la ejecución de las operaciones de optimización se deriven ahorros o gastos adicionales para las entidades integrantes del plan de optimización, la dirección general competente en materia de organización y servicios dará cuenta de los mismos a la dirección general competente en materia de presupuestos, con la cuantificación estimada y debidamente anualizada.
Artículo 124. Verificación de proyectos de obras.
La aprobación de proyectos de construcción, transformación o rehabilitación de edificios administrativos requerirá informe favorable de la dirección general competente en materia de patrimonio cuando su coste exceda de dos millones de euros. Cuando el coste sea superior a cinco millones de euros, corresponderá al consejero competente en materia de patrimonio.
Artículo 125. Ocupación de espacios.
1. La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio de Aragón podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos.
2. La ocupación a que se refiere el apartado anterior no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por un contrato que permita la ocupación, formalizado de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
3. Los departamentos u organismos públicos que tengan afectados o adscritos los edificios administrativos podrán autorizar el uso de espacios en los mismos por plazo inferior a treinta días, en los términos dispuestos en el artículo 105.2 de esta ley.
CAPÍTULO III
Aprovechamiento del dominio privado
Artículo 126. Competencias.
1. La explotación de los bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Comunidad Autónoma que no estén destinados a ser enajenados y sean susceptibles de aprovechamiento rentable será acordada por el consejero competente en materia de patrimonio, a propuesta de la dirección general competente en materia de patrimonio, cuando el plazo por el que se concede dicha explotación sea superior a un año. Si el plazo inicial de explotación no excede de un año, la referida competencia corresponderá al director general competente en materia de patrimonio.
2. Los órganos competentes de los organismos públicos conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley determinarán la forma de explotación de los bienes y derechos de dominio privado que sean de la propiedad de tales organismos.
3. La atribución del uso de bienes o derechos de dominio privado por plazo inferior a treinta días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos no se sujetará a los requisitos del presente capítulo. El órgano competente fijará en el acto de autorización, tanto las condiciones de la utilización como la contraprestación a satisfacer, en su caso, por el solicitante.
Artículo 127. Contratos.
1. La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.
2. Serán de aplicación a estos negocios las normas contenidas en el Capítulo I del Título II de esta ley.
3. Podrán concertarse contratos de arrendamiento con opción de compra sobre inmuebles del patrimonio de Aragón con sujeción a las mismas normas de competencia y procedimiento aplicables a las ventas de esos inmuebles.
Artículo 128. Procedimiento.
1. Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán mediante licitación pública, a la oferta económicamente más ventajosa con pluralidad de criterios, salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse motivada y suficientemente en el expediente.
2. Los contratos y demás negocios jurídicos para la explotación de bienes de dominio privado se regirán por las normas de derecho privado correspondientes a su naturaleza, con las especialidades previstas en esta ley.
3. La subrogación de un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario requerirá la autorización expresa del órgano competente para la adjudicación del contrato. El subrogado habrá de reunir los mismos requisitos exigidos al adjudicatario.
Artículo 129. Frutos y rentas.
1. Las rentas, frutos o percepciones de cualquier clase o naturaleza producidos por los bienes de dominio privado de la Administración de la Comunidad Autónoma se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma con aplicación a los pertinentes conceptos del presupuesto de ingresos, haciéndose efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.
2. Si la explotación conllevase la entrega de otros bienes, derechos o servicios, éstos se integrarán en el patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma o del organismo público con el carácter de dominio privado.
Artículo 130. Propiedades incorporales.
1. La administración y explotación de las propiedades incorporales de la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde al departamento que los hubiese generado o que tuviese encomendada su administración y explotación, salvo que por acuerdo del Gobierno de Aragón se encomienden a otro departamento u organismo público.
2. En los organismos públicos serán órganos competentes para disponer la administración y explotación de las propiedades incorporales de que aquéllos sean titulares los que procedan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
3. La utilización de propiedades incorporales que por aplicación de la legislación especial hayan entrado en el dominio público no devengará derecho alguno en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma ni de sus organismos públicos.
TÍTULO VI
Sector empresarial del patrimonio de Aragón
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 131. Ámbito.
Las disposiciones de este título serán de aplicación a las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos relativas a los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica, y a las sociedades mercantiles autonómicas.
Artículo 132. Contenido.
A los efectos previstos en esta ley, siempre que pertenezcan a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos o a sociedades mercantiles autonómicas, forman parte del patrimonio empresarial de Aragón como títulos societarios autonómicos, cualesquiera acciones, títulos, participaciones, valores, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, las cuotas que integran el capital de las sociedades de garantía recíproca, los derechos de suscripción preferente, contratos financieros de opción, contratos de permuta financiera, créditos participativos y otros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organizados que sean representativos de derechos para la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos o sus sociedades mercantiles autonómicas.
Artículo 133. Sociedades mercantiles autonómicas.
1. A los efectos previstos en esta ley, se consideran sociedades mercantiles autonómicas las sociedades mercantiles en las que la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles participadas, conjunta o separadamente, puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.
2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público las sociedades mercantiles en las que todas las participaciones sociales pertenezcan conjunta o separadamente a la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público.
Artículo 134. Atribuciones del Gobierno de Aragón.
1. Compete al Gobierno de Aragón, mediante decreto adoptado a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales, y cualesquiera actos y negocios jurídicos que supongan la adquisición por una sociedad de la condición de sociedad mercantil autonómica o la pérdida de la misma.
2. Compete también al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio:
a) Determinar las directrices y estrategias de gestión de las sociedades mercantiles autonómicas, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria.
b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial y ordenar la ejecución de los mismos.
c) Atribuir la tutela de las sociedades mercantiles autonómicas a un determinado departamento.
d) Autorizar el aumento y la reducción del capital social, la transformación, fusión, escisión y disolución de sociedades mercantiles autonómicas. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a la conexión de la actuación con las funciones públicas y los efectos económicos previstos.
e) Autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen a ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.
f) Autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales cuando el importe de la transacción supere los tres millones de euros o cuando conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a tres millones de euros, siempre que no concurra el supuesto previsto en el anterior apartado 1.
Artículo 135. Departamento o entidad de gestión.
1. El departamento competente en materia de patrimonio ejercerá las responsabilidades de departamento de gestión de los valores mobiliarios, de los instrumentos financieros y de las participaciones sociales de titularidad autonómica, salvo cuando el Gobierno de Aragón atribuya dichas responsabilidades con el carácter de entidad de gestión a un organismo público o a una sociedad matriz, que dependerá del departamento que determine el Gobierno de Aragón, y reunirá las características establecidas en el artículo siguiente.
2. En relación con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica, las responsabilidades del departamento o entidad de gestión comprenden, además de las competencias específicamente atribuidas en esta ley:
a) Ejercer los derechos correspondientes.
b) Impartir instrucciones a quienes ostenten en los órganos de las sociedades mercantiles la representación de las participaciones sociales de titularidad autonómica para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las mismas.
3. En relación con las sociedades mercantiles autonómicas, las responsabilidades de departamento o entidad de gestión comprenden, además de las competencias específicamente atribuidas en esta ley:
a) Ejercer el control funcional y de eficacia de las sociedades mercantiles autonómicas.
b) Fijar criterios para la gestión de las sociedades mercantiles autonómicas de conformidad con los principios de eficiencia económica en la prosecución del interés público.
c) Establecer los sistemas de control que permitan la adecuada supervisión financiera de las sociedades mercantiles autonómicas.
d) Proponer el establecimiento de un convenio o contrato-programa de los regulados en la legislación presupuestaria que defina el marco de relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma, para aquellas sociedades mercantiles autonómicas en que sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo.
4. El departamento o entidad de gestión ejercerá en todo caso sus responsabilidades de acuerdo con las políticas sectoriales que, en su caso, adopte el departamento de tutela determinado conforme a lo establecido en el artículo 137 de esta ley. Las discrepancias que pudieran surgir entre el departamento o entidad de gestión y el departamento de tutela serán resueltas por el Gobierno de Aragón.
Artículo 136. Sociedad matriz.
A los efectos previstos en el artículo anterior, se entiende por sociedad matriz una sociedad mercantil autonómica en la que concurran los siguientes requisitos:
a) Su capital será íntegramente público y de titularidad exclusiva de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se mantendrá como único socio.
b) Su objeto social exclusivo será gestionar los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica que se le incorporen.
Artículo 137. Departamento de tutela.
1. Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobiliarios, y las participaciones sociales de titularidad autonómica, a un departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias guarden relación específica con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros o el objeto social de la sociedad concernida.
2. En ausencia de la determinación prevista en el apartado anterior, corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio el ejercicio de las funciones de departamento de tutela.
CAPÍTULO II
Suscripción, adquisición y transmisión de los títulos societarios autonómicos
Artículo 138. Competencias.
1. La suscripción, adquisición y transmisión por la Administración de la Comunidad Autónoma de los títulos societarios autonómicos, definidos en el artículo 132 de esta ley, se acordará por el consejero competente en materia de patrimonio, previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 134 de esta ley. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio la formalización, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las correspondientes suscripciones y transmisiones.
2. En los organismos públicos que estén autorizados por sus normas específicas para suscribir, adquirir o transmitir títulos societarios autonómicos, serán competentes para adoptar los correspondientes acuerdos los órganos determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta ley, previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 134 de la misma.
3. La suscripción, adquisición y transmisión por las sociedades mercantiles autonómicas de títulos societarios autonómicos se rige por la legislación mercantil, sin perjuicio de la previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 134 de esta ley. En relación con las sociedades mercantiles autonómicas que no sean de capital íntegramente público, dicha autorización se entenderá dirigida a los representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos sociales de la sociedad participada.
La suscripción, adquisición y transmisión por las sociedades mercantiles autonómicas de títulos societarios autonómicos requerirá, en todo caso, informe previo del departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 139. Importe de las adquisiciones.
1. El acuerdo de adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos de títulos societarios autonómicos determinará los procedimientos para fijar el importe de la misma según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya adquisición se acuerde se negocien en algún mercado secundario oficial o sistema multilateral de negociación, el precio de adquisición será el de mercado en el momento y fecha de la operación.
2. No obstante, en el supuesto de que los servicios técnicos designados por el consejero competente en materia de patrimonio, o por el órgano competente del organismo público que efectúe la adquisición, estimaran que el precio de mercado no es el adecuado, podrán proponer, motivadamente, la adquisición y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.
3. Cuando la adquisición de títulos societarios autonómicos tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, su valoración requerirá la tasación previa de los bienes inmuebles, aplicándose el régimen que corresponda conforme a lo establecido en el Título II de esta ley.
Artículo 140. Procedimiento de enajenación.
1. La enajenación de títulos societarios autonómicos se podrá realizar tanto en mercados secundarios organizados como fuera de los mismos, siempre de conformidad con la legislación vigente, y por medio de cualesquiera actos o negocios jurídicos.
2. Para llevar a cabo dicha enajenación, los títulos societarios autonómicos se podrán vender por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, o se podrán aportar o transmitir a una sociedad mercantil autonómica o entidad pública empresarial cuyo objeto social comprenda la tenencia, administración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones en entidades mercantiles. La instrumentación jurídica de la venta a terceros de los títulos se realizará en términos ordinarios del tráfico privado, ya sea al contado o con precio aplazado cuando concurran garantías suficientes para el aplazamiento.
3. En el supuesto de títulos societarios autonómicos que coticen en mercados oficiales o sistemas multilaterales de negociación, cuando el importe de su enajenación no pueda considerarse una auténtica inversión patrimonial ni represente una participación relevante en el capital de la sociedad mercantil, la dirección general competente en materia de patrimonio o el organismo público titular de los mismos podrá enajenarlos mediante encargo a un intermediario financiero legalmente autorizado. En este supuesto, los gastos y comisiones de la operación se podrán deducir del resultado bruto de la misma, ingresándose en la tesorería el rendimiento neto de la enajenación.
4. El importe de la enajenación se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya enajenación se acuerde coticen en algún mercado oficial, el precio de enajenación será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.
No obstante, en el supuesto de que los servicios técnicos designados por el consejero competente en materia de patrimonio o por el órgano competente del organismo público que efectúe la enajenación estimaran que el precio de mercado no es el adecuado podrán proponer, motivadamente, la enajenación y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.
5. Cuando los títulos societarios autonómicos que se pretenda enajenar no coticen en mercados oficiales o sistemas multilaterales de negociación, o en el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 4 del presente artículo, el órgano competente para la autorización de la enajenación determinará el procedimiento de venta que, normalmente, se realizará mediante licitación pública. No obstante, el órgano competente podrá acordar la adjudicación directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones o de las participaciones, o existencia de derechos de adquisición preferente.
b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
c) Cuando fuera declarada desierta una licitación con el precio como único criterio de adjudicación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario.
En este caso, la venta directa deberá efectuarse en el plazo de un año desde la celebración de la licitación declarada desierta, y sus condiciones no podrán diferir de las publicitadas para dicha licitación o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación.
d) Cuando la venta se realice a favor de la propia sociedad o cuando se realice a favor de otro u otros accionistas o partícipes en la misma en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislación de sociedades de capital.
e) Cuando el Gobierno de Aragón acuerde la enajenación directa, previo expediente justificativo.
El precio de la enajenación se fijará por el órgano competente para autorizar la misma, sin que su cuantía pueda ser inferior al importe que resulte de la valoración efectuada por los servicios técnicos designados por el consejero competente en materia de patrimonio.
6. Los títulos societarios autonómicos que la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos transmitan o aporten a una sociedad mercantil autonómica, se registrarán en la contabilidad de dicha sociedad con el valor neto contable que figure en las cuentas del transmitente, sin que en las mismas condiciones establecidas para el Estado sea necesario el informe de expertos independientes, previsto en la legislación reguladora de las sociedades de capital.
CAPÍTULO III
Régimen administrativo en relación con las sociedades mercantiles autonómicas
Sección 1.ª Reglas comunes a todas las sociedades mercantiles autonómicas
Artículo 141. Constitución y disolución.
1. La constitución o disolución de sociedades mercantiles autonómicas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos u otras sociedades mercantiles autonómicas habrá de ser autorizada por decreto del Gobierno de Aragón, con aplicación de las normas correspondientes del Capítulo anterior de esta ley.
2. Al acordar la constitución o disolución de las sociedades mercantiles autonómicas, el Gobierno de Aragón podrá autorizar la aportación de bienes o derechos de dominio privado o determinar el destino del patrimonio neto de la sociedad cuya disolución se acuerde de conformidad con lo establecido en la legislación mercantil aplicable.
3. En todo caso, la constitución de sociedades mercantiles autonómicas requerirá de expediente acreditativo de su conexión con las funciones de la Comunidad Autónoma, que corresponderá realizar al departamento, organismo público o sociedad mercantil autonómica que proponga su constitución. Las propuestas de constitución y disolución de sociedades mercantiles autonómicas por parte de los organismos públicos y las sociedades mercantiles autonómicas se tramitarán por el departamento de tutela.
Artículo 142. Administradores y consejeros.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación mercantil, la designación y cese de los administradores y consejeros de las sociedades mercantiles autonómicas corresponderá al Gobierno de Aragón, a instancia del departamento o entidad de gestión de las mismas, de común acuerdo con el departamento de tutela.
2. Cuando las funciones de entidad de gestión correspondan a una sociedad matriz de las reguladas en el artículo 136, la designación y cese de los administradores y consejeros de las sociedades mercantiles autonómicas que corresponda a dicha sociedad matriz en su condición de entidad de gestión será a propuesta vinculante del Gobierno de Aragón.
Artículo 143. Representación de las Cortes de Aragón.
Las Cortes de Aragón, a propuesta de los Grupos Parlamentarios de la oposición, podrán designar miembros en los órganos de administración de las sociedades mercantiles en que participe la Comunidad Autónoma, en los supuestos y con los requisitos establecidos en la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 144. Aportaciones no dinerarias.
En el caso de aportaciones no dinerarias efectuadas por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos a las sociedades mercantiles autonómicas, no será necesario el informe de expertos independientes previsto en el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que será sustituido por la tasación pericial prevista en el artículo 17 de esta ley.
Sección 2.ª Reglas especiales para las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público
Artículo 145. Instrucciones.
1. En casos excepcionales, debidamente justificados, el departamento o la entidad de gestión, de conformidad con el departamento de tutela, podrá dar instrucciones a las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público para que realicen determinadas actividades de interés público.
2. Cuando las instrucciones que se impartan impliquen una variación de los presupuestos de explotación y capital de acuerdo con lo dispuesto en la legislación presupuestaria, el órgano de administración de la sociedad mercantil autonómica de capital íntegramente público no podrá iniciar la ejecución de la instrucción sin contar con las garantías suficientes para su financiación.
3. Los administradores de las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público a las que se hayan impartido instrucciones en los términos previstos en los apartados anteriores actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en la legislación mercantil si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas para la sociedad, los socios o terceros.
4. A estos procedimientos resultará de aplicación la legislación reguladora de los encargos de ejecución.
Artículo 146. Comisión de auditoría y control.
Las sociedades mercantiles autonómicas calificadas como sociedad matriz con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de esta ley y que, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la misma, tengan atribuida la responsabilidad de entidad de gestión, deberán constituir una comisión de auditoría y control, dependiente del consejo de administración, con la composición y funciones que se determinen en una norma con rango legal o, en su defecto, en sus estatutos sociales, a los efectos de supervisar los procesos de auditoría externa e interna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial.
Artículo 147. Presidente y consejero delegado.
Los nombramientos del presidente del consejo de administración y del consejero delegado o puesto equivalente que ejerza el máximo nivel ejecutivo de las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público, se efectuarán en virtud de propuesta vinculante efectuada por el Gobierno de Aragón.
CAPÍTULO IV
Reestructuración del sector público empresarial
Artículo 148. Competencia y procedimiento.
El Gobierno de Aragón, mediante decreto adoptado a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, podrá acordar la incorporación de títulos societarios autonómicos y el ejercicio de los derechos inherentes a las mismas a cualquiera de las siguientes entidades:
a) La propia Administración de la Comunidad Autónoma
b) Los organismos públicos vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma o de ella dependientes.
c) Una sociedad matriz de las previstas en el artículo 136 de esta ley.
Artículo 149. Adquisición.
1. Las entidades a las que se incorporen los títulos societarios autonómicos adquirirán el pleno dominio de los mismos desde la adopción del decreto correspondiente, que será título acreditativo de la nueva titularidad, sin perjuicio de las normas mercantiles aplicables a efectos de legitimación de su condición de accionista o partícipe.
2. Los títulos societarios autonómicos se registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto contable que tenían en el balance del anterior titular a la fecha de dicho decreto, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan al final del ejercicio.
Artículo 150. Continuidad.
1. Cuando se lleve a cabo una incorporación de títulos societarios autonómicos en los términos previstos en el artículo 148 de esta ley, la entidad que las reciba asumirá las funciones de entidad de gestión sobre los mismos.
2. En los decretos que se adopten por el Gobierno de Aragón sobre incorporación de títulos societarios autonómicos se podrán prever los términos y condiciones en que la entidad a la que se incorporan se subroga en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones que la entidad transmisora mantenga con las sociedades mercantiles participadas.
Artículo 151. Efectos.
Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de las reestructuraciones del sector público del patrimonio de Aragón previstas en el artículo 148 de esta ley se beneficiarán de los mismos privilegios y exenciones previstos en relación con el patrimonio empresarial del Estado y, en consecuencia:
a) No estarán sujetas a la legislación del mercado de valores ni al régimen de ofertas públicas de adquisición, y no darán lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisición preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre las acciones y participaciones otros socios de las sociedades cuyos valores sean transferidos o, en su caso, terceros con respecto a esas sociedades.
b) La mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que se realice en aplicación de esta ley no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantengan tales sociedades mercantiles.
c) Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecución de esta ley gozarán de los mismos beneficios fiscales establecidos para las operaciones de reestructuración empresarial en el ámbito del Estado.
d) Los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecución de la presente ley se reducirán en la misma cuantía establecida en relación con el patrimonio empresarial del Estado.
TÍTULO VII
Responsabilidades
Artículo 152. Responsabilidades penales.
Los servicios jurídicos correspondientes asumirán la representación y defensa de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos en las actuaciones penales relativas a delitos o faltas que hayan afectado al patrimonio de Aragón.
Artículo 153. Obligación de reparar.
1. Con independencia de las sanciones penales o administrativas que puedan proceder, quien por acción u omisión cause daño en los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, interviniendo dolo, imprudencia o simple negligencia, estará obligado a reparar el daño causado.
2. La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos procede también por actos u omisiones de aquellas personas de quienes legalmente se debe responder, y por hechos producidos por los animales o las cosas que se poseen, salvo que se haya empleado toda la diligencia posible en evitar el daño.
Artículo 154. Alcance de la reparación.
La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos del patrimonio de Aragón comprende:
a) La restitución de los bienes y derechos a su estado anterior y, si ello no fuera posible o no se llevara a cabo en el plazo que en cada caso se fije, el pago de la valoración en dinero de los bienes y derechos destruidos o dañados.
b) La indemnización de los daños y perjuicios causados, incluyendo en los mismos el importe de los gastos ocasionados por razón de las labores de contención, reparación o extinción del daño, el coste correspondiente al expediente administrativo de responsabilidad y cualesquiera otros conceptos que pudieran concurrir.
Artículo 155. Prescripción.
La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos prescribe a los cuatro años de producirse la acción u omisión determinante del daño.
Artículo 156. Procedimiento.
El establecimiento de la obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos, los obligados a hacerlo y el alcance de la reparación se fijarán ejecutoriamente en vía administrativa por los siguientes órganos, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa:
a) Por la dirección general competente en materia de patrimonio cuando la valoración de los daños no supere los diez mil euros.
b) Por el consejero competente en materia de patrimonio, en los demás casos.
Disposición adicional primera. Cortes de Aragón y Justicia de Aragón.
1. Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón son titulares de su propio patrimonio y gozan de plena autonomía patrimonial, correspondiéndoles sobre los bienes y derechos de su titularidad, así como sobre los que se les afecten o adscriban, las mismas competencias y facultades que se atribuyen en esta ley al Gobierno de Aragón y a la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón comunicarán al departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de patrimonio los actos o hechos relevantes que incidan sobre su respectivo patrimonio.
3. La afectación y la adscripción de los bienes y derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos a las Cortes de Aragón o al Justicia de Aragón se acordarán por el Gobierno de Aragón a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio.
4. Cuando a las Cortes de Aragón o al Justicia de Aragón dejara de serles necesario un bien inmueble o derecho real que tuvieran afectado o adscrito, lo pondrán en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio para que se disponga de él de conformidad con lo establecido en esta ley.
Disposición adicional segunda. Órganos estatutarios.
1. La afectación de bienes y derechos del patrimonio de Aragón a los órganos estatutarios, así como su desafectación, administración y utilización, se regirán por las normas establecidas en esta ley para los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. A efectos de esta ley, la Presidencia del Gobierno de Aragón tendrá la consideración de un departamento. Las competencias atribuidas al titular del departamento corresponderán al Secretario General Técnico de la Presidencia.
Disposición adicional tercera. Actualización de cuantías.
Las cuantías establecidas en esta ley por razón del valor de los bienes y derechos para la atribución de diversas competencias podrán ser modificadas por las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Disposición adicional cuarta. Viviendas oficiales.
Los inmuebles del patrimonio de Aragón utilizados como vivienda oficial tendrán la consideración de bienes de dominio público.
Disposición adicional quinta. Bienes del Patrimonio Cultural de Aragón.
1. Los bienes pertenecientes al patrimonio de Aragón que tengan la consideración de bienes del Patrimonio Cultural de Aragón se incluirán en el Inventario General del Patrimonio de Aragón y se regirán por esta ley y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las previsiones establecidas en su legislación especial.
2. Para la adopción de decisiones de carácter patrimonial respecto de estos bienes, será preceptivo el informe del departamento competente en materia de cultura de Aragón.
Disposición adicional sexta. Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentración parcelaria.
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proceso de concentración parcelaria se incluirán también en el acta de reorganización de la concentración parcelaria, haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones posesorias existentes. Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no aparezca su dueño o fuese procedente inscribirlas a nombre de la Comunidad Autónoma.
2. El departamento competente en materia de concentración parcelaria está facultado, dentro de los cinco años siguientes a la fecha del acta, para reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar en tal caso que se protocolicen las correspondientes rectificaciones del acta de reorganización, de las cuales el notario expedirá copia a efecto de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta.
3. Transcurridos los cinco años a que se refiere el apartado anterior, el departamento competente en materia de concentración parcelaria remitirá al que lo sea en materia de patrimonio agrario una relación de los bienes cuyo dueño no hubiese aparecido, con mención de las situaciones posesorias que figuren en el acta de reorganización.
4. Los bienes indicados en el apartado anterior se adscribirán al patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, previo el correspondiente procedimiento, en el que se dará publicidad a la correspondiente propuesta en el Boletín Oficial de Aragón y en el ayuntamiento en cuyo término municipal estén ubicadas las fincas.
5. El departamento competente en materia de concentración parcelaria queda facultado hasta que se produzca la atribución prevista en el apartado anterior para ceder el uso en precario al ayuntamiento que corresponda, a la entidad local menor o a la comunidad de regantes, el cultivo o el uso de las fincas sin dueño.
Disposición adicional séptima. Sistemas especiales de gestión.
1. La adquisición, enajenación y administración de los bienes se podrán encomendar a sociedades o entidades de carácter público o privado, seleccionadas en la forma prevista por la legislación de contratos del sector público. Quedarán en todo caso excluidas de la encomienda las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.
2. En el caso de enajenación de bienes se podrá prever que la sociedad o entidad a quien se encomiende la gestión adelante la totalidad o parte del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que proceda en el momento en que se consume la operación.
3. En la forma prevista en esta ley para el correspondiente negocio, podrán concluirse acuerdos marco en los que se determinen las condiciones que han de regir las concretas operaciones de adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un período de tiempo determinado. Las operaciones patrimoniales que se realicen al amparo del acuerdo marco no se someterán a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquél.
Disposición adicional octava. Reestructuración orgánica.
1. En los casos de reestructuración de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de modificación o supresión de sus organismos públicos se estará, en lo que respecta al destino de los bienes y derechos de su propiedad o que tuviesen afectados o adscritos los órganos u organismos que se supriman o reformen, a lo que se establezca en la correspondiente disposición. Si no se hubiese previsto nada sobre este particular, se entenderá que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines y funciones, considerándose afectados al órgano u organismo al que se hayan atribuido las respectivas competencias sin necesidad de declaración expresa.
2. Los departamentos u organismos públicos a que queden afectados los bienes o derechos comunicarán a la dirección general competente en materia de patrimonio la mutación demanial operada, para que se proceda a tomar razón de la misma en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
3. Si la adaptación de la situación patrimonial a la reforma orgánica producida exigiese una distribución de los bienes entre varios departamentos u organismos, será necesario el acuerdo expreso de distribución entre todos ellos, lo que se reflejará en la comunicación que cursen. A falta de acuerdo, cada departamento u organismo remitirá a la dirección general competente en materia de patrimonio una propuesta de distribución de los bienes y el consejero competente en materia de patrimonio resolverá en último término sobre la afectación.
Disposición adicional novena. Departamento o entidad de gestión y departamento de tutela.
1. La Corporación Empresarial Pública de Aragón, Sociedad Limitada Unipersonal, creada por Decreto del Gobierno de Aragón 314/2007, de 11 de diciembre, es una sociedad matriz que tendrá la consideración y ejercerá las responsabilidades de entidad de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y concordantes de esta ley, siéndole de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 136 de la misma.
Uno de los miembros del Consejo de Administración cuya designación corresponda al Gobierno de Aragón se hará a propuesta del departamento competente en materia de patrimonio.
2. En relación con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica, y las sociedades mercantiles autonómicas no incluidos en la Corporación a la que se refiere el apartado anterior, el departamento competente en materia de patrimonio ejercerá las funciones de órgano de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y concordantes de esta ley, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
3. Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que tuvieran adscritas o vinculadas sociedades mercantiles autonómicas ejercerán las funciones de departamento de tutela, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 y concordantes de esta ley, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
4. El departamento competente en materia de patrimonio podrá solicitar la información que tenga por oportuna sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 134 de esta Ley del Patrimonio.
Disposición adicional décima. Informes del departamento competente en materia de patrimonio.
El departamento competente en materia de patrimonio informará preceptivamente los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la regulación de la gestión del patrimonio de Aragón o impliquen la redistribución de masas patrimoniales entre la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.
Disposición adicional undécima. Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
La adquisición y transmisión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión quedan exentas de la aplicación de lo previsto en esta ley, rigiéndose en cuanto a competencia y procedimiento por lo establecido en su legislación específica, y en lo relativo a efectos y extinción por el derecho privado.
Disposición adicional duodécima. Bienes informáticos.
Reglamentariamente se regularán las especialidades del régimen jurídico patrimonial de los bienes muebles de los sistemas de telecomunicaciones y del hardware y del software informáticos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos. El correspondiente decreto será aprobado a propuesta conjunta de los consejeros competentes en materia de patrimonio y de telecomunicaciones e informática.
Disposición transitoria única. Aplicabilidad del artículo 21.3.
La previsión del artículo 21.3 de esta ley surtirá efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes o derechos que se hubieran perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Patrimonio de Aragón siempre que previamente no se hubiera ejercitado la correspondiente acción revocatoria. |
Con fecha 29 de octubre de 2010 se dictó la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, declarando contrario a derecho y anulando el Decreto de Oferta, en tanto omite en la misma todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
Asimismo, y en idénticos términos se dictó la Sentencia de 10 de febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011 aprobado por el Gobierno de Aragón.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió el pasado 11 de julio los incidentes de ejecución, en relación con las sentencias que anularon las mencionadas Ofertas de Empleo Público de Empleo Público de 2007 y de 2011, requiriendo al Gobierno de Aragón para que en un plazo de seis meses apruebe los Decretos complementarios a las Ofertas de Empleo Público del 2007 y 2011 que incluyan todas las plazas vacantes y cubiertas por funcionarios interinos, salvo aquéllas que se prevea su efectiva amortización y las que están reservadas a funcionarios de carrera.
Las plazas afectadas por la Oferta de Empleo Público del 2007 corresponden al ámbito de la Administración general y las afectadas por la Oferta de Empleo Público del 2011 corresponden también al ámbito docente y al estatutario.
Por ello, el Gobierno de Aragón, debe dar cumplimiento a los mencionados autos, en los estrictos términos contenidos en los pronunciamientos judiciales, a través de la correspondiente norma jurídica que, al efecto, se apruebe, y en el plazo indicado. Con el fin de dotar de una mayor seguridad jurídica a la ejecución de las sentencias es preciso aprobar una norma con rango legal que otorgue amparo jurídico a los Decretos de Oferta de Empleo Público que el Gobierno de Aragón apruebe.
Esta disposición es, además, plenamente respetuosa con lo dispuesto en la Ley 17/2012, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, cuyo artículo 23.Uno.1 establece que a lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público (...) a la incorporación de nuevo personal, salvo el que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
Ahora bien, el proceso de ejecución de las citadas sentencias presenta una especial complejidad derivada de factores tales como el tiempo transcurrido desde la publicación de los Decretos de Oferta de Empleo Público de 2007 y 2011 y la consiguiente necesidad de determinar con precisión del número de plazas vacantes ocupadas por personal interino que efectivamente existían a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010 y que permanecen en esa situación en la actualidad, dada la ejecución de los procesos selectivos subsiguientes en el ámbito sanitario, educativo y de administración general, así como la política de racionalización seguida el actual contexto de restricción presupuestaria y de racionalización del empleo público.
Como resultado de esa complejidad y de la situación de excepcionalidad producida, la Administración necesita de mecanismos legales ágiles y eficaces previstos en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a efecto lo dispuesto en las citadas Sentencias en el plazo indicado y que resultan más adecuados que la aplicación de las previsiones normativas establecidas con carácter general, por lo que resulta más adecuado acudir a la figura del Decreto-Ley prevista en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
La utilización del instrumento normativo del Decreto-Ley se encuentra justificada por la concurrencia en el presente caso de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y ello porque resulta imprescindible poner en vigor, a la mayor brevedad posible, las previsiones legales necesarias a fin de dar respuesta a la situación a que se ha hecho referencia ya que, de otro modo, no podría cumplirse con el plazo establecido, dada la trascendencia jurídica y social que supone la ejecución de las Sentencias citadas.
El Decreto-Ley que se aprueba se compone de un total de 3 artículos y dos disposiciones finales.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 9 de enero de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Oferta de Empleo Público complementaria de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011.
1. En ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo y de la Sentencia de 10 de febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Gobierno de Aragón aprobará los Decretos de Oferta de Empleo Público complementarios de los Decretos 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, y 83/2011, de 5 de abril y 133/2011, de 14 de junio, por los que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011.
2. Los citados Decretos establecerán las medidas necesarias para la ordenación adecuada de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público que, en todo caso, deberán desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años, comenzando por la ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2007.
Artículo 2. Distribución de plazas en ámbitos sectoriales.
1. Dichas Ofertas de Empleo Público incluirán un total de 2.783 plazas, de las que 1.034 corresponden al ámbito de administración general, 385 al ámbito docente y 1.364 al ámbito estatutario.
2. El Decreto complementario correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007 incluirá un total de 558 plazas del ámbito de Administración General, todas ellas vacantes no reservadas a funcionarios de carrera, actualmente cubiertas por funcionarios interinos y que lo estaban a 31 de diciembre de 2006, y consignará el porcentaje de plazas destinadas a la promoción interna. Las plazas que en los correspondientes procesos selectivos no resulten cubiertas, se acumularán a los procesos que se deriven de la Oferta de Empleo Público de 2011 del ámbito de Administración General.
3. El Decreto complementario correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2011 incluirá las vacantes no reservadas a funcionarios de carrera, actualmente cubiertas por funcionarios interinos y que lo estaban a 31 de diciembre de 2010, de los siguientes ámbitos:
a) 476 plazas del ámbito de Administración General, de las cuales la norma consignará el porcentaje de plazas destinadas a la promoción interna.
b) 385 plazas del ámbito educativo que, atendiendo a necesidades educativas y de ordenación del sistema educativo, se destinarán al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores y Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Escuelas de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
c) 1.364 del ámbito sanitario de las cuales la norma consignará el porcentaje de plazas destinadas a la promoción interna.
Artículo 3. Reserva de plazas para personas con diversidad funcional y para víctimas del terrorismo.
1. En las Ofertas de Empleo Público se reservará un siete por ciento para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con diversidad funcional. Asimismo, se reservará un cupo para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo.
2. Las plazas reservadas que no resulten cubiertas se acumularán a los procedimientos de acceso libre derivados de la Oferta de Empleo Público.
Disposición Final Primera. Facultades de desarrollo.
El Gobierno de Aragón y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrán dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación del presente Decreto-Ley.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Zaragoza, 9 de enero de 2014.
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
JOSÉ LUIS SAZ CASADO |
La Constitución Española, en su artículo 129.2, dispone que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
Sobre esta base normativa, el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón y al objeto de fomentar la creación de sociedades cooperativas en Aragón, se dictó la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.
Posteriormente, se produjeron importantes novedades legislativas, entre las cuales el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, constituye la más destacada, por ser la norma institucional básica sobre la que se construye nuestro edificio normativo. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 71.31.ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social.
Junto a la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, han tenido incidencia a lo largo de estos años, en la regulación del régimen jurídico de las sociedades cooperativas, entre otras, la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, o la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Como consecuencia del conjunto de novedades que incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico las normas citadas, las entidades asociativas representantes del cooperativismo, aglutinadas en el Consejo Aragonés del Cooperativismo y a través de éste, manifestaron la necesidad de modificar la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, proceso que culminó con la aprobación de la Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, cuya aprobación respondió a un triple objetivo: dotar a este tipo de sociedades de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias; adaptar su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado internacionalmente sobre la base de la normativa de la Unión Europea; e introducir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado, de las cooperativas agrarias y de las cooperativas de viviendas.
La disposición final tercera de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón para aprobar un Decreto Legislativo que refunda la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, con los correspondientes preceptos contenidos en la Ley 4/2010, de 22 de junio. La autorización a que se refiere esta disposición comprende, según dice su apartado 2, la facultad de sistematización, regularización, remuneración, aclaración y armonización.
La integración de los textos normativos ha supuesto, en la mayor parte de los casos, una simple labor de adecuación a la Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se publican las Directrices de Técnica Normativa del Gobierno de Aragón, modificación, adición o supresión de los concretos preceptos legales afectados por la Ley 4/2010, de 22 de junio, si bien se ha hecho uso de las facultades descritas en la mencionada norma, en algunos casos concretos, como por ejemplo los artículos 11.2 a) y el 93.7 d), al objeto de modificar la referencia al Registro Central de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la de Registro de Sociedades Cooperativas estatal, o las cantidades que aparecían expresadas en pesetas en la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que se han convertido a su equivalente en euros, el artículo 43.1 c) que se adecua a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, o la nueva redacción de la disposición adicional cuarta dedicada al Consejo Aragonés del Cooperativismo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión de 29 de agosto de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Remisiones.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, modificada por la Ley 4/2010, de 22 de junio, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo en la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo o apartado correspondiente en el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
Disposición adicional segunda. Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado del texto refundido que se aprueba se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Queda derogada la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.
Asimismo, queda derogada la Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, con excepción de las disposiciones finales primera, segunda y cuarta, que afectan a normas distintas a la citada Ley 9/1998 y permanecerán vigentes.
Del mismo modo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en el texto refundido que se aprueba.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
Las cooperativas de Aragón se regirán por el texto refundido aprobado por este Decreto Legislativo, por sus estatutos y, supletoriamente, por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto Legislativo y el texto refundido que se aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de agosto de 2014.–La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.–El Consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono Ríos.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE COOPERATIVAS DE ARAGÓN
TÍTULO I. De la sociedad cooperativa en general.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Concepto y caracteres.
Artículo 3. Denominación.
Artículo 4. Domicilio.
Artículo 5. Operaciones con terceros.
Artículo 6. Secciones.
CAPÍTULO II. Constitución de la cooperativa.
Artículo 7. Personalidad jurídica.
Artículo 8. Proceso inicial de constitución.
Artículo 9. Estatutos sociales.
Artículo 10. Calificación previa de estatutos sociales.
Artículo 11. Escritura de constitución.
Artículo 12. Inscripción registral.
CAPÍTULO III. Registro de Cooperativas de Aragón.
Artículo 13. Organización y eficacia del Registro.
Artículo 14. Libros de registro.
Artículo 15. Asientos registrales.
CAPÍTULO IV. De los socios.
Artículo 16. Personas que pueden ser socios.
Artículo 17. Admisión de socios.
Artículo 18. Otras clases de socios.
Artículo 19. Derechos de los socios.
Artículo 20. Obligaciones de los socios.
Artículo 21. Derecho de información.
Artículo 22. Baja del socio.
Artículo 23. Expulsión del socio.
Artículo 24. Normas de disciplina social.
CAPÍTULO V. De los órganos de la cooperativa.
Artículo 25. Órganos sociales.
Sección 1.ª La asamblea general.
Artículo 26. Concepto.
Artículo 27. Competencias.
Artículo 28. Clases de asambleas generales.
Artículo 29. Convocatoria.
Artículo 30. Forma de convocatoria.
Artículo 31. Funcionamiento.
Artículo 32. Derecho de voto.
Artículo 33. Voto por representación.
Artículo 34. Acuerdos.
Artículo 35. Asambleas generales mediante delegados.
Artículo 36. Impugnación de acuerdos sociales.
Sección 2.ª Consejo rector.
Artículo 37. Concepto y competencias.
Artículo 38. Composición.
Artículo 39. Funcionamiento.
Artículo 40. Delegación de facultades.
Artículo 41. Dirección o gerencia.
Artículo 42. Responsabilidad del consejo rector.
Artículo 43. Incapacidades e incompatibilidades.
Sección 3.ª De los interventores.
Artículo 44. Nombramiento y funciones.
Sección 4.ª Otros órganos sociales.
Artículo 45. Comité de recursos.
Artículo 46. Consejo social.
CAPÍTULO VI. Del régimen económico.
Artículo 47. Responsabilidad del socio.
Artículo 48. Capital social.
Artículo 49. Aportaciones obligatorias.
Artículo 50. Aportaciones voluntarias.
Artículo 51. Intereses.
Artículo 52. Actualización de las aportaciones.
Artículo 53. Reembolso de aportaciones.
Artículo 54. Transmisión de las aportaciones.
Artículo 55. Formas de financiación no integradas en el capital social.
Artículo 56. Ejercicio económico.
Artículo 57. Determinación de los resultados del ejercicio económico.
Artículo 58. Distribución de excedentes e imputación de pérdidas.
Artículo 59. Fondos obligatorios.
Artículo 60. Fondo de reserva voluntario.
CAPÍTULO VII. De los libros y la contabilidad.
Artículo 61. Documentación social.
Artículo 62. Contabilidad.
CAPÍTULO VIII. De la modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y transformación.
Artículo 63. Modificación de los estatutos.
Artículo 64. Fusión o absorción.
Artículo 65. Escisión.
Artículo 66. Transformación.
Artículo 67. Disolución.
Artículo 68. Liquidación.
Artículo 69. Adjudicación del haber social.
Artículo 70. Declaración de concurso.
TÍTULO II. Clases de cooperativas.
CAPÍTULO I. Cooperativas de primer grado.
Artículo 71. Normas comunes.
Sección 1.ª Cooperativas de trabajo asociado.
Artículo 72. Concepto y caracteres.
Artículo 73. Régimen de trabajo, suspensión y excedencias.
Artículo 74. Modificación, suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor y sucesión de empresa.
Artículo 75. Cooperativas de trabajo asociado de transporte.
Artículo 76. Cooperativas de enseñanza de trabajo asociado.
Artículo 77. Cooperativas de iniciativa social.
Sección 2.ª Cooperativas de servicios.
Artículo 78. Concepto y caracteres.
Artículo 79. Cooperativas de transportistas.
Sección 3.ª Cooperativas agrarias.
Artículo 80. Concepto y caracteres.
Sección 4.ª Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
Artículo 81. Concepto y caracteres.
Sección 5.ª Cooperativas de consumidores y usuarios.
Artículo 82. Concepto y caracteres.
Artículo 83. Cooperativas de servicios sociales.
Sección 6.ª Cooperativas de viviendas.
Artículo 84. Concepto, caracteres y organización.
Artículo 85. Gestión y régimen económico-financiero.
Sección 7.ª Cooperativas de crédito.
Artículo 86. Concepto y caracteres.
Sección 8.ª Cooperativas de seguros.
Artículo 87. Concepto y caracteres.
Artículo 88. Cooperativas sanitarias.
Sección 9.ª Cooperativas escolares.
Artículo 89. Concepto y caracteres.
CAPÍTULO II. Cooperativas de segundo grado y otras formas de integración.
Artículo 90. Cooperativas de segundo y ulterior grado.
Artículo 91. Consorcios, grupos cooperativos, asociaciones y acuerdos intercooperativos.
TÍTULO III. Asociacionismo cooperativo.
Artículo 92. Principios generales.
Artículo 93. Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
TÍTULO IV. Las Cooperativas y la Administración.
CAPÍTULO I. Inspección, régimen disciplinario y control.
Artículo 94. Inspección, faltas y sanciones.
Artículo 95. Descalificación.
Artículo 96. Intervención temporal de las cooperativas.
CAPÍTULO II. Fomento del cooperativismo.
Artículo 97. Principio general.
Artículo 98. Medidas especiales.
Artículo 99. Medidas de fomento.
Disposición adicional primera. Letrado Asesor.
Disposición adicional segunda. Calificación como entidades sin ánimo de lucro.
Disposición adicional tercera. Departamento competente a los efectos de esta ley.
Disposición adicional cuarta. Consejo Aragonés del Cooperativismo.
Disposición adicional quinta. Depósito de cuentas anuales.
Disposición adicional sexta. Calificación de la pequeña empresa cooperativa.
Disposición final. Desarrollo reglamentario.
TÍTULO I
De la sociedad cooperativa en general
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto regular y fomentar las sociedades cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del territorio aragonés, sin perjuicio de que, para completar y mejorar sus fines, puedan realizar actividades instrumentales y tener relaciones con terceros fuera de Aragón.
Artículo 2. Concepto y caracteres.
1. Las cooperativas son sociedades que asocian a personas para realizar actividades económicas y sociales de interés común y de naturaleza empresarial, según las condiciones establecidas en la presente ley.
2. Las cooperativas deberán ajustar su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos y, en especial, los fijados por la Alianza Cooperativa Internacional, que serán aplicados en el marco de la presente ley. Dentro de ésta, actuarán con plena autonomía e independencia respecto de cualesquiera organizaciones y entidades públicas o privadas.
3. Las cooperativas pueden realizar cualquier actividad económica y social.
Artículo 3. Denominación.
1. Las cooperativas reguladas en esta ley deberán incluir en su denominación los términos «Sociedad Cooperativa». Opcionalmente, podrán añadir la expresión «Aragonesa» o, en forma abreviada, «S. Coop. Arag.».
2. Ninguna otra entidad podrá utilizar estos términos ni se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra cooperativa preexistente.
Artículo 4. Domicilio.
Las cooperativas reguladas por esta ley deberán tener su domicilio social dentro del territorio de Aragón, en el municipio donde realicen preferentemente sus actividades con los socios o centralicen su gestión administrativa y dirección empresarial.
Artículo 5. Operaciones con terceros.
Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios cuando éstos tengan carácter preparatorio, accesorio, complementario, subordinado o instrumental, en los términos que establezcan sus estatutos y con las condiciones y limitaciones que fija la presente ley o sus normas de desarrollo, siempre que tales actividades o servicios tengan como finalidad el desarrollo del objeto social y posibiliten el cumplimiento de los fines de la cooperativa. No se considerarán operaciones con terceros las resultantes de los acuerdos intercooperativos regulados en el artículo 91 de esta ley.
Artículo 6. Secciones.
1. Los estatutos de la cooperativa podrán establecer y regular la existencia, organización y funcionamiento de secciones que desarrollen actividades económicas o sociales específicas dentro de su objeto social, con autonomía de gestión, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa.
2. Deberán llevar un sistema de contabilidad que permita determinar los resultados de las operaciones específicas de cada sección.
3. Del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio de sus actividades específicas responderán, en primer lugar, las aportaciones efectuadas o comprometidas por los socios integrados en la sección y, subsidiariamente, el patrimonio general de la cooperativa, que podrá repetir contra los socios de la sección para resarcirse de las cantidades desembolsadas por el cumplimiento de estas responsabilidades.
4. Las secciones suministrarán información de la gestión económica de la misma al consejo rector. En todo momento el consejo rector podrá requerir la documentación e información relativa a la evolución de cada una de las secciones.
5. El consejo rector de la cooperativa podrá acordar la suspensión cautelar de los acuerdos de la sección, haciendo constar los motivos por los que considere que son contrarios a la ley, a los estatutos sociales o al interés general de la cooperativa. En tal caso, la sección podrá instar al consejo para que convoque a la asamblea general, en el plazo máximo de treinta días, a fin de que ratifique, modifique o anule definitivamente el acuerdo de la sección.
6. Cualquier clase de cooperativa que no sea de crédito podrá prever en sus estatutos la existencia de una sección de crédito, que deberá aprobarse en asamblea general, sin personalidad jurídica independiente ni patrimonio propio, que actuará como intermediario financiero en las operaciones activas y pasivas de la cooperativa y de sus socios.
7. Al objeto de gestionar eficazmente sus fondos, podrá colocar sus excedentes de tesorería en depósitos de otras entidades financieras, fondos públicos y valores emitidos por empresas públicas, siempre y cuando el depósito realizado reúna garantías suficientes de seguridad y liquidez.
8. El volumen de las operaciones de las secciones de crédito no podrá superar en ningún caso el cincuenta por ciento de los recursos propios de la cooperativa.
9. La sección de crédito deberá llevar una contabilidad separada e independiente, sin perjuicio de la general de la cooperativa.
10. Las cooperativas con sección de crédito someterán anualmente sus estados financieros a auditoría externa y depositarán el informe de auditoría junto con las cuentas anuales aprobadas.
11. Se comunicarán al Registro de Cooperativas, para que éste a su vez dé traslado al departamento competente en materia de entidades de crédito y seguros, los acuerdos de creación y cierre y otras modificaciones que se produzcan en las secciones de crédito, así como la contabilidad e informes de auditoría y cualquier otra información que dicho departamento solicite para el ejercicio de sus competencias.
12. Las cooperativas con sección de crédito no podrán incluir en su denominación las expresiones «cooperativa de crédito», «caja rural» u otras análogas, ni sus abreviaturas, que están reservadas legalmente a estas sociedades.
13. Sin perjuicio de los preceptos de carácter general que sean de aplicación a las secciones de crédito por hallarse contenidos en esta ley o en sus normas supletorias o de desarrollo, en aquello que les sea de aplicación se regirán supletoriamente por la normativa reguladora de las cooperativas de crédito.
CAPÍTULO II
Constitución de la Cooperativa
Artículo 7. Personalidad jurídica.
La cooperativa quedará constituida y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba en el Registro de Cooperativas la correspondiente escritura pública de constitución.
Artículo 8. Proceso inicial de constitución.
1. La cooperativa podrá constituirse celebrando previamente asamblea constituyente o por el trámite abreviado de comparecer los socios promotores ante el notario a otorgar directamente la escritura de constitución.
En el supuesto de celebrarse asamblea constituyente por los socios promotores, se redactará acta de la misma por el secretario de la asamblea, con el visto bueno de su presidente, elegidos ambos al comienzo de la sesión. Recogerá, al menos, los siguientes acuerdos:
a) Aprobación de los estatutos sociales de la cooperativa.
b) Nombramiento, entre los promotores, de las personas que ocuparán los distintos cargos de los órganos sociales de la misma.
c) Designación, entre los promotores, de las personas que otorgarán la escritura de constitución, y entre las cuales estarán los elegidos para los cargos de sus órganos sociales. Su número no será inferior a tres.
2. Al acta, que será firmada por todos los promotores, se acompañará, como anexo, relación de los mismos. En ésta, si los promotores son personas físicas, se expresará nombre y apellidos, edad, número de identificación fiscal o equivalente, en su caso, y domicilio; si son personas jurídicas, denominación o razón social, número de identificación fiscal y domicilio social.
3. Los gastos ocasionados por estas actuaciones, así como los contratos concluidos por los promotores o gestores en nombre de la cooperativa, serán a cargo de ésta. En caso de que no se inscriba en el Registro o no se acepten las cuentas, los socios promotores serán responsables solidariamente de las obligaciones contraídas frente a terceros con los que hubiesen contratado en nombre de la cooperativa.
4. En tanto no se produzca la inscripción registral, la proyectada sociedad deberá añadir a su denominación la expresión «en constitución».
Artículo 9. Estatutos sociales.
Los estatutos deberán expresar, como mínimo:
a) Denominación de la cooperativa.
b) Domicilio social.
c) Ámbito territorial.
d) Actividad económica o social que constituye su objeto.
e) Duración.
f) Capital social mínimo y forma de su aportación por los socios.
f bis) Carácter reembolsable o no de las aportaciones en caso de baja y casos y condiciones en los que el consejo rector puede rehusar el reembolso.
g) Aportación obligatoria mínima al capital social, así como la parte de dicha aportación obligatoria que ha de ser desembolsada para adquirir la condición de socio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 49.
h) Requisitos para la admisión y baja de los socios y régimen de transmisión de sus aportaciones.
i) Derechos y deberes de los socios en relación con su participación en las actividades de la cooperativa.
j) Responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
k) Régimen disciplinario.
l) Composición, convocatoria, funcionamiento y sistemas de elección y remoción de sus órganos sociales.
m) Existencia o no de un interés sobre las aportaciones y límites del mismo.
n) Régimen de reembolso de las aportaciones.
ñ) Criterios para la distribución de excedentes y porcentajes mínimos destinados al fondo de reserva obligatorio y al de educación y promoción.
o) Régimen de las secciones, en su caso.
p) Causas de disolución y normas para su liquidación.
q) Cualquier otra exigencia impuesta legalmente.
Artículo 10. Calificación previa de los estatutos sociales.
Los promotores o los gestores de la cooperativa podrán solicitar la calificación de sus estatutos antes de ser elevados a escritura pública, mediante instancia dirigida al Registro competente, acompañada de dos copias de los mismos y acta de la asamblea constituyente en caso de haberse celebrado. En el plazo de dos meses, el Registro procederá a su calificación favorable o bien comunicará a los gestores los defectos legales observados para su corrección. No se podrá denegar ni aplazar la inscripción basándose en datos precalificados favorablemente.
Artículo 11. Escritura de constitución.
1. La cooperativa se constituirá mediante escritura pública que será otorgada por todos los socios promotores o, en su caso, por los designados en la asamblea constituyente, y recogerá, como mínimo:
a) Relación de promotores con sus datos personales.
b) Manifestación expresa de la voluntad de constituir una cooperativa de la clase de que se trate.
c) Aportaciones suscritas y desembolsadas por cada socio.
d) Personas que han de ocupar los cargos sociales de la entidad.
2. Contendrá, además, como anexos, los siguientes documentos:
a) Certificación acreditativa de que no existe otra sociedad cooperativa con idéntica denominación, expedida por el Registro de Sociedades Cooperativas estatal.
b) Acta de la asamblea constituyente, en caso de haberse celebrado ésta.
c) Estatutos de la sociedad.
d) Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de la cooperativa.
3. Asimismo, los otorgantes conferirán en la escritura cualquier tipo de apoderamiento necesario tanto para el inicio como para el desarrollo de su actividad, incluso el de subsanación de la misma para el caso de que contenga algún defecto que obste a su inscripción.
Artículo 12. Inscripción registral.
1. Los gestores de la cooperativa solicitarán del Registro la inscripción de la sociedad mediante la presentación de una copia autorizada de la escritura pública de constitución y dos copias simples.
2. La inscripción se realizará en el plazo de dos meses desde la solicitud, salvo que se observase algún defecto, que se pondrá en conocimiento de los gestores para su corrección en el plazo de tres meses. Subsanado el defecto, se reanudará el plazo de inscripción, archivándose el expediente en caso contrario.
3. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado la inscripción, o sin que se haya requerido de subsanación o denegado la misma, el interesado podrá recurrir en el plazo de un mes ante el consejero correspondiente, sin perjuicio de ejercer otras acciones que le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
4. Practicada la inscripción, se remitirá al domicilio de la cooperativa la copia autorizada de la escritura pública, con diligencia del encargado del Registro en que se haga constar tal circunstancia.
CAPÍTULO III
Registro de Cooperativas de Aragón
Artículo 13. Organización y eficacia del Registro.
1. El Registro de Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Aragón queda adscrito al departamento competente en esta materia.
2. El Registro asumirá las funciones de calificación, inscripción y certificación, así como la de depósito de las cuentas anuales y de las auditorías, en los términos de esta ley.
3. La eficacia del Registro de Cooperativas viene definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad y legitimación.
4. El Registro es público. Los documentos sujetos a inscripción y no inscritos no producirán efectos frente a terceros de buena fe. No cabe ignorancia alegada por el interesado frente a los efectos registrales.
5. Las inscripciones de constitución, fusión, escisión, modificación de estatutos, disolución y liquidación de la cooperativa tendrán carácter constitutivo y serán declarativas en los demás casos.
6. La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según la legislación vigente, pero sus asientos disfrutarán de la presunción de exactitud y veracidad hasta tanto no se inscriba declaración judicial en contra. Esta no perjudicará los derechos de terceros adquiridos de buena fe conforme al contenido del Registro.
7. La certificación es el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. Cuando sea literal, podrá autorizarse mediante la utilización de cualquier medio mecánico de reproducción.
8. Todos los documentos sujetos a inscripción en el Registro serán sometidos a calificación, a fin de que sólo accedan a él los títulos que reúnan los requisitos legales de carácter imperativo. La calificación se realizará a la vista de los documentos presentados y de los asientos obrantes en el Registro.
9. Si, como resultado de la calificación, se suspendiera o denegara la inscripción solicitada, se extenderá anotación preventiva hasta tanto se corrijan los defectos o, en su caso, se resuelva el recurso. Si no se corrigiesen los defectos en el plazo de tres meses desde su notificación, se cancelará dicha anotación por nota marginal, convirtiéndose en inscripción en caso contrario.
10. El Registro de Cooperativas adoptará los medios de gestión telemática compatibles con su estructura y función que se consideren necesarios y se vayan implantando progresivamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente, tanto para el almacenamiento documental como para la elaboración de sus libros y asientos, podrá utilizar los soportes de carácter electrónico que precise.
11. Las cooperativas deberán comunicar anualmente al Registro de Cooperativas la información que en materia estadística sea requerida por la normativa aplicable al efecto, en relación con el número de socios que las integran a fecha de cierre de su ejercicio económico y, en su caso, la categoría o clase a la que pertenecen.
Artículo 14. Libros de registro.
En el Registro de Cooperativas se llevarán los siguientes libros:
– Libro diario de presentación de documentos.
– Libro de inscripción de sociedades cooperativas.
– Libro de inscripción de uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
Artículo 15. Asientos registrales.
1. En los libros de inscripción se extenderán las siguientes clases de asientos: inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas y notas marginales.
2. La extensión de los asientos se realizará de forma sucinta, remitiéndose al consiguiente archivo, donde constará el documento objeto de la inscripción.
3. La inscripción de los actos constitutivos señalados en el artículo 13.5, así como los actos relativos al otorgamiento, modificación, revocación y sustitución de poderes de gestión y administración, se practicará en virtud de documento público.
4. Las inscripciones de los actos relativos a nombramiento y cese de los miembros de los órganos sociales y cambio del domicilio social dentro o fuera del municipio en el que se desarrolle la actividad cooperativizada, según lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, se podrán practicar también mediante certificación con las firmas del secretario y del presidente del consejo rector, legitimadas notarialmente o autenticadas por funcionario competente.
CAPÍTULO IV
De los socios
Artículo 16. Personas que pueden ser socios.
1. Pueden ser socios de las cooperativas de primer grado las personas físicas y las jurídicas, privadas o públicas, siempre que el objeto social de éstas no sea incompatible con el de la cooperativa ni con los principios cooperativos. En las de segundo y ulterior grado, y salvo lo establecido para los socios de trabajo, sólo pueden serlo las cooperativas y otras entidades sociales en los términos previstos en el artículo 90 de esta ley.
2. Nadie podrá pertenecer a una sociedad cooperativa a título de empresario, contratista, capitalista u otro análogo, respecto de la misma o de los socios como tales.
3. Las cooperativas de primer grado, salvo en los casos en que la presente ley establezca lo contrario, habrán de estar integradas por, al menos, tres socios. Las de segundo y ulterior grado tendrán un mínimo de dos socios.
4. Los entes públicos con personalidad jurídica podrán ser socios cuando el objeto de la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades relacionadas con las encomendadas a dichos entes, siempre que tales actividades no supongan ni requieran el ejercicio de autoridad pública.
Artículo 17. Admisión de socios.
1. Los estatutos sociales establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
2. La solicitud de ingreso se formulará por escrito al consejo rector, que resolverá en el plazo de un mes a contar desde su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que el consejo resuelva, se entenderá denegada la admisión.
3. La denegación será motivada, no pudiendo ser discriminatoria ni fundamentarse en causas distintas a las señaladas en la ley o en los estatutos.
4. Contra el acuerdo denegatorio cabrá recurso ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general, en el plazo de un mes a contar desde su notificación. El recurso se resolverá por votación secreta en la primera reunión que se celebre. La resolución será recurrible ante la jurisdicción ordinaria.
5. El acuerdo de admisión podrá ser recurrido, si así lo establecen los estatutos, ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la primera asamblea general que se celebre, a instancia del número de socios que fijen los estatutos, que deberán establecer el plazo para recurrir. Este no podrá ser superior a un mes desde el anuncio del acuerdo en el domicilio social.
La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que resuelva el comité de recursos o, en su caso, la asamblea general. El comité de recursos deberá resolver en el plazo de un mes y la asamblea general, en la primera reunión que celebre, mediante votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva la audiencia previa del interesado.
Artículo 18. Otras clases de socios.
1. Las cooperativas de primer grado que no sean de trabajo asociado o de explotación comunitaria de la tierra y las de segundo o ulterior grado, podrán regular en sus estatutos la adquisición de la condición de socio de trabajo de sus trabajadores que lo soliciten, incluso desde el inicio de su relación laboral. Serán de aplicación a estos socios de trabajo las normas establecidas en esta ley para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Los estatutos deberán fijar los criterios para una participación equitativa y ponderada de los socios de trabajo en la cooperativa.
Las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada que corresponda soportar a los socios de trabajo se imputarán al fondo de reserva obligatorio y/o a los socios usuarios, en la cuantía necesaria para garantizar a los socios de trabajo una retribución no inferior al salario mínimo interprofesional o al límite superior que fijen los estatutos sociales.
2. Los estatutos podrán regular la existencia de socios excedentes, que serán aquellos que, habiendo cesado en su actividad cooperativizada y con una antigüedad mínima, sean autorizados a permanecer en la sociedad, con las limitaciones y en las condiciones que en los mismos se establezcan. Podrán ejercer el derecho a voto y el resto de los derechos sociales que se fijen, sin que en ningún caso el número de sus votos sea superior al quince por ciento de los presentes y representados en aquellos órganos sociales de los que formen parte.
3. Los estatutos podrán prever la existencia de socios colaboradores de la cooperativa, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en la consecución del mismo, que desembolsen la aportación fijada por la asamblea general que no podrá ser superior al cuarenta y nueve por ciento de las aportaciones de la totalidad de los socios y, en su caso, fijarán los criterios de ponderada y equitativa participación de los mismos en los derechos y obligaciones socioeconómicas de la cooperativa. No se les podrá exigir nuevas aportaciones al capital social.
Tampoco podrán disponer de un conjunto de votos que, sumados entre sí, representen más del treinta por ciento de la totalidad de los votos de los socios existentes en los órganos sociales de la cooperativa.
Si lo establecen los estatutos, podrán ser miembros del consejo rector, siempre que no superen la tercera parte de éstos.
Los socios colaboradores, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tendrán derecho a participar en los resultados de la cooperativa, si así lo prevén expresamente los estatutos o lo acuerda el consejo rector. En todo caso, se informará a la asamblea general del alcance de esta participación en los resultados.
El régimen de responsabilidad de los socios colaboradores es el que se establece en el artículo 47 para los socios.
4. Las cooperativas podrán, si así se prevé en sus estatutos, admitir a socios trabajadores de duración determinada con derechos y obligaciones propios equivalentes a los de duración indefinida, que serán regulados en los estatutos o en el reglamento de régimen interno. El número de socios trabajadores de duración determinada no podrá superar el veinte por ciento de los de carácter indefinido, salvo que el número de horas/año de trabajo realizadas en conjunto por los socios de duración determinada y los trabajadores por cuenta ajena no llegue al cincuenta por ciento del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores o de trabajo de carácter indefinido.
Los socios trabajadores o de trabajo de duración determinada que acumulen un período de tres años en esa situación podrán optar a la adquisición de la condición de socio de duración indefinida, antes de llegar a los cinco años, siempre que esté en vigor la relación societaria. Una vez finalizada esta relación, no podrán ejercitar dicha opción. En todo caso, deberán cumplir los demás requisitos estatutariamente establecidos para los socios de duración indefinida.
Artículo 19. Derechos de los socios.
Los socios tienen derecho a:
a) Participar en la actividad económica y social de la cooperativa, sin discriminación y de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
b) Participar, con voz y voto, en la asamblea general y en los órganos de que formen parte.
c) Elegir y ser elegidos para los cargos de los diferentes órganos de la cooperativa.
d) Exigir información en los términos legal y estatutariamente establecidos.
e) Participar en el retorno de excedentes que se acuerde.
f) Cobrar los intereses que se fijen para las aportaciones sociales.
g) Recibir la liquidación de su aportación en caso de baja o disolución de la sociedad.
h) Cualesquiera otros previstos en la ley o en los estatutos.
Artículo 20. Obligaciones de los socios.
Los socios están obligados a:
a) Efectuar el desembolso de las aportaciones comprometidas.
b) Asistir a las reuniones de la asamblea general y demás órganos a que fueran convocados.
c) Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
d) Participar en las actividades que constituyan el objeto de la cooperativa, en la forma establecida en los estatutos.
e) No dedicarse a actividades que puedan competir con los fines sociales de la cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo que sea expresamente autorizado por el consejo rector.
f) Guardar secreto sobre los asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales.
g) Aceptar los cargos sociales para los que fueran elegidos, salvo causa justificada.
h) Participar en las actividades de formación.
i) Cumplir los demás deberes que resulten de preceptos legales o estatutarios.
Artículo 21. Derecho de información.
Los estatutos sociales regularán el derecho de información de los socios, tanto individual como colectivamente, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Los socios recibirán, simultáneamente a su ingreso en la cooperativa, un ejemplar de los estatutos sociales, así como, si existiese, del reglamento de régimen interno y de las modificaciones que se vayan introduciendo en los mismos.
b) Los socios podrán examinar, en el domicilio social, durante los quince días anteriores a la celebración de la asamblea general, los documentos contables a que se refiere el artículo 56.2 y el informe sobre ellos emitido por los interventores. Dentro de este plazo podrán formular, por escrito, las preguntas que estimen oportunas, que deberán ser contestadas en la asamblea general, sin perjuicio de las interpelaciones verbales que puedan producirse en el transcurso de la misma.
c) Todo socio podrá solicitar del consejo rector, por escrito, las aclaraciones o informes que considere necesarios sobre cualquier aspecto del funcionamiento y resultados de la cooperativa, que deberán ser contestados en la primera asamblea general que se celebre, pasados ocho días desde la solicitud. El consejo rector no podrá negar dicha información, salvo que alegase motivadamente perjuicio para los intereses sociales. La negativa será recurrible ante dicha asamblea general, y su decisión podrá ser impugnada por el interesado en la forma establecida para los demás acuerdos sociales.
d) En todo caso, el consejo rector deberá informar a los socios u órganos que los representen, al menos, cada seis meses, y por el cauce que estime conveniente, de las principales variaciones socioeconómicas de la cooperativa. Los estatutos podrán regular la forma y el contenido de esta información.
e) Todo socio tiene libre acceso a los libros de registro de socios de la cooperativa, así como al libro de actas de la asamblea general, y, si lo solicita, el consejo rector deberá proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las asambleas generales.
Asimismo, el consejo rector deberá proporcionar al socio que lo solicite copia certificada de los acuerdos del consejo que afecten al socio, individual o particularmente.
f) Todo socio tiene derecho, si lo solicita del consejo rector, a que se le muestre y aclare el estado de su situación económica en relación con la cooperativa.
Artículo 22. Baja del socio.
Los estatutos regularán el procedimiento de baja de los socios, así como su responsabilidad por los compromisos asumidos con la cooperativa con anterioridad a la baja, con sujeción a las siguientes reglas:
a) En cualquier momento, el socio podrá causar baja voluntaria en la cooperativa observando el plazo de preaviso establecido en los estatutos, que no tendrá una duración superior a tres meses. Si se ha fijado un plazo mínimo de permanencia, no podrá ser superior a cinco años, con las excepciones previstas en esta ley, pudiendo determinarse, en su caso, la imposibilidad de causar baja antes de finalizar el ejercicio económico. El plazo de preaviso habrá de observarse incluso una vez transcurrido el plazo mínimo de permanencia.
En el caso de que la asamblea general haya adoptado acuerdos que impliquen inversiones, planes de financiación o cualquier otro tipo de decisiones que exijan aportaciones extraordinarias, y éstos sean objeto de recurso, el socio que no haya recurrido deberá permanecer durante el plazo establecido y participar de la manera y con los requisitos exigidos por dicho acuerdo. En caso de incumplimiento, responderá frente a la cooperativa y frente a terceros por la responsabilidad contraída.
b) El incumplimiento del preaviso o de los plazos de permanencia fijados en los estatutos determinará la baja como no justificada a todos los efectos, salvo que el consejo rector, atendiendo las circunstancias del caso, acordara lo contrario. En todo caso, el consejo podrá exigir el cumplimiento de dichos requisitos o bien una compensación por los daños y perjuicios que su infracción haya ocasionado.
c) Cuando se produzca la prórroga de la actividad de la cooperativa, su fusión o escisión, el cambio de clase o la alteración sustancial del objeto social de aquélla, o la exigencia de nuevas y obligatorias aportaciones al capital gravemente onerosas, se considerará justificada la baja del socio que haya votado en contra del acuerdo correspondiente o que, no habiendo asistido a la asamblea general en la que se adoptó dicho acuerdo, exprese su disconformidad con el mismo en el plazo de un mes desde la celebración de aquélla. En el caso de transformación, se estará a lo previsto en el artículo 66 de esta ley.
d) Causarán baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo de acuerdo con la ley y los estatutos. El acuerdo será adoptado por el consejo rector, previa audiencia del interesado, y podrá ser recurrido en los términos previstos en el artículo 23.2.
e) Los estatutos regularán asimismo los casos en que la baja, voluntaria u obligatoria, se considere justificada, considerándose como no justificada en caso contrario.
f) El contenido de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente que sea aplicable a la cooperativa por razón de la actividad.
Artículo 23. Expulsión del socio.
1. La expulsión de un socio únicamente podrá ser acordada por el consejo rector por la comisión de alguna falta muy grave prevista en los estatutos, previo expediente instruido al efecto con audiencia del interesado, que habrá de resolverse en el plazo máximo de dos meses desde su iniciación.
2. Contra el acuerdo de expulsión, el socio podrá recurrir en el plazo de un mes desde su notificación, ante el comité de recursos, que resolverá en el plazo de un mes, o, en su defecto, ante la primera asamblea general que se celebre, que resolverá mediante votación secreta.
Transcurrido el plazo para recurrir o ratificada la expulsión, el acuerdo será ejecutivo desde que sea comunicado al socio en la asamblea o notificado de forma fehaciente, y podrá ser impugnado por éste en el plazo de un mes ante la jurisdicción ordinaria, según lo establecido por esta ley para la impugnación de los acuerdos sociales.
3. El acuerdo de expulsión de los socios trabajadores y de los socios de trabajo se sustanciará de acuerdo con lo establecido en los apartados 9 y 10 del artículo 72 de esta ley.
4. La responsabilidad del socio en el supuesto de expulsión será la establecida en el artículo precedente.
Artículo 24. Normas de disciplina social.
1. Los estatutos establecerán las normas de disciplina social. Los socios sólo podrán ser sancionados por las faltas previamente tipificadas en los estatutos. Las sanciones que pueden ser impuestas a los socios por cada clase de falta serán fijadas en los estatutos y pueden ser de amonestación, económicas, de suspensión de derechos sociales o de expulsión.
2. Las infracciones leves prescriben al mes; las graves, a los dos meses; y las muy graves, a los tres meses.
El plazo de prescripción empieza a contar el día en que el consejo rector tenga conocimiento de la comisión de la infracción por constancia en acta y, en cualquier caso, doce meses después de haber sido cometida. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta ni se notifica la resolución.
3. Los estatutos fijarán los procedimientos sancionadores y los recursos que correspondan, respetando en cualquier caso las siguientes normas:
a) La facultad sancionadora es competencia indelegable del consejo rector o de los rectores.
b) Es obligatoria la audiencia previa del interesado.
c) Las sanciones por faltas graves o muy graves son recurribles ante el comité de recursos o, si no lo hubiere, ante la asamblea general en el plazo de treinta días desde la notificación de la sanción.
d) El acuerdo de sanción puede ser impugnado ante la asamblea general. En su caso, la ratificación de la sanción puede ser impugnada en el plazo de un mes desde la notificación por el trámite procesal de impugnación establecido en el artículo 36.
4. El alcance de la suspensión de los derechos del socio vendrá determinado necesariamente por los estatutos sociales.
CAPÍTULO V
De los órganos de la cooperativa
Artículo 25. Órganos sociales.
1. Serán órganos necesarios de la sociedad cooperativa los siguientes:
a) La asamblea general.
b) El consejo rector o, en su caso, el rector o rectores.
c) Los interventores.
2. Su convocatoria, composición, competencias y funcionamiento se regularán en los estatutos, con sujeción a las prescripciones de esta ley.
Sección 1.ª La asamblea general
Artículo 26. Concepto.
La asamblea general, constituida por los socios debidamente reunidos, es el órgano supremo deliberante y de expresión de la voluntad social. Sus acuerdos, siempre que se hayan adoptado con arreglo a lo establecido en las leyes y en los estatutos, serán obligatorios para la totalidad de los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en ella.
Artículo 27. Competencias.
1. La asamblea general puede debatir sobre cualquier asunto de interés de la cooperativa, pero sólo podrá decidir sobre cualquier materia incluida en el orden del día que no sea de competencia exclusiva de otro órgano social. En todo caso, su acuerdo será necesario en las siguientes ocasiones:
a) Nombramiento y revocación de los miembros del consejo rector, de los interventores y de los liquidadores.
b) Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, distribución de excedentes e imputación de pérdidas.
c) Establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias y actualización de su valor.
d) Emisión de obligaciones y otras formas de financiación.
e) Modificación de los estatutos sociales.
e bis) Creación de secciones de crédito.
f) Fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad.
g) Transmisión, por cualquier título, de la cooperativa o parte de sus bienes que, por su importancia para los fines sociales, pueda modificar sustancialmente la estructura económica, organizativa o funcional de la misma.
h) Constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado, consorcios y entidades similares, así como la adhesión y separación de las mismas.
i) Ejercicio de la acción de responsabilidad, en la forma legalmente establecida, contra los miembros del consejo rector, los interventores, liquidadores y otros órganos con funciones delegadas que pudieran existir.
j) Aprobación o modificación del reglamento interno de la cooperativa, en su caso.
k) Cualquier otra que con tal carácter esté prevista legal o estatutariamente.
2. Las competencias que correspondan en exclusiva a la asamblea general son indelegables, salvo las recogidas en los apartados g) y h) del número anterior, que podrán ser delegadas por la propia asamblea, estableciendo las bases y límites de la delegación así como la obligación del consejo rector de informar de su resultado en la siguiente asamblea que se celebre.
Artículo 28. Clases de asambleas generales.
1. Las asambleas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. La asamblea ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico, para examinar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales y decidir sobre la distribución de excedentes o imputación de pérdidas, en su caso, así como sobre cualquier otro asunto incluido en el orden del día.
3. Todas las demás asambleas generales se considerarán extraordinarias.
Artículo 29. Convocatoria.
1. La asamblea general ordinaria será convocada por el consejo rector en el plazo establecido en el artículo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado, un veinte por ciento de los socios de la cooperativa deberán instarla del consejo rector en forma fehaciente, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. Si el requerimiento no fuese atendido en el plazo de treinta días, cualquiera de los socios de la cooperativa que haya instado al consejo rector podrá solicitar la convocatoria ante el Juez competente del domicilio social. Si se estimase la demanda, el juez ordenará la convocatoria y designará a los socios o personas ajenas a la cooperativa que habrán de presidir la asamblea general y ejercer de secretario.
2. La asamblea general ordinaria convocada fuera de plazo será válida, pero el consejo rector deberá justificar las razones que motivaron el retraso ante la asamblea general y, si no fueran aceptadas por la misma, el consejo rector responderá, en su caso, de los perjuicios que de ello se deriven para la entidad y para los socios.
3. La asamblea extraordinaria podrá ser convocada por el consejo rector cuando lo estime conveniente para los intereses de la cooperativa, a petición del veinte por ciento de los socios o a solicitud de los interventores. En el orden del día se incluirán, al menos, los asuntos solicitados. En caso de no ser atendida la petición, se seguirá el procedimiento expuesto para la asamblea ordinaria.
Artículo 30. Forma de la convocatoria.
1. La convocatoria de la asamblea general deberá efectuarse mediante anuncio en el domicilio social y con la publicidad prevista en los estatutos, de manera que todos los socios tengan noticia de la convocatoria con una antelación mínima de diez días naturales, y máxima de treinta, a la fecha prevista para su celebración. Los estatutos sociales podrán prever que la convocatoria se realice por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
2. La convocatoria habrá de expresar con claridad los asuntos a tratar en el orden del día, el lugar, el día y la hora de la reunión en primera y segunda convocatorias. Entre ambas deberá transcurrir, como mínimo, media hora.
3. El orden del día será fijado por el consejo rector. Cualquier petición hecha por el veinte por ciento de los socios durante los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria deberá ser incluida en el orden del día.
4. No obstante lo anterior, la asamblea general se entenderá válidamente constituida, con carácter de universal, siempre que estén presentes la totalidad de los socios y acepten, unánimemente, su celebración y los asuntos a tratar, firmando todos ellos el acta. En ningún caso podrá nombrarse representante del socio para una asamblea general universal concreta, sin perjuicio de los poderes de representación que, con carácter general, aquél otorgue o tenga otorgados.
Artículo 31. Funcionamiento.
1. La asamblea general habrá de celebrarse en la localidad del domicilio social de la cooperativa o en cualquier otra señalada por los estatutos sociales o la asamblea general anterior, salvo en el caso de la asamblea general constituyente.
2. Quedará válidamente constituida en primera convocatoria si están presentes o representados más de la mitad de los socios, y en segunda convocatoria, cuando estén presentes o representados, al menos, un diez por ciento de los votos o cincuenta votos sociales, salvo que los estatutos establezcan expresamente su validez cualquiera que sea el número de socios asistentes.
3. Presidirá la asamblea el presidente del consejo rector; en su defecto, quien ejerza sus funciones de acuerdo con los estatutos o el socio que la propia asamblea elija. Actuará de secretario el que lo sea del consejo rector o, en su defecto, su sustituto o el elegido por la asamblea. Cuando en el orden del día exista algún asunto que se refiera personalmente al presidente o al secretario, serán sustituidos por quien elija la asamblea.
4. El secretario levantará acta del desarrollo de la asamblea, que podrá aprobarse a la finalización de la misma o dentro de los quince días siguientes, por el presidente y, al menos, dos socios nombrados por la asamblea, quienes la firmarán junto con el secretario. Contendrá, al menos, de modo sucinto, los asuntos debatidos, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones. El acta, una vez aprobada, se inscribirá en el libro de actas. Cualquier socio podrá solicitar certificación de la misma, que será expedida por el secretario, con el visto bueno del presidente.
Artículo 32. Derecho de voto.
1. En las cooperativas de primer grado, cada socio tendrá derecho a un voto, salvo lo dispuesto en esta ley para las cooperativas agrarias y de servicios. No obstante, los estatutos podrán prever que el derecho de voto de los socios que sean cooperativas, sociedades controladas por éstas o entidades públicas sea proporcional a la actividad cooperativizada con la sociedad y a las prestaciones complementarias a esta actividad, sin que la diferencia pueda ser superior de uno a tres.
2. En las de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán establecer el sistema de voto múltiple, proporcional al número de socios de cada cooperativa o en función de la participación de la cooperativa de primer grado en las actividades de la de grado superior, estableciendo las reglas para medir esta participación.
3. El número total de votos de los socios de trabajo, excedentes y colaboradores no podrá alcanzar, en ningún caso, la mitad de los votos totales de la asamblea.
Artículo 33. Voto por representación.
1. Todo socio podrá hacerse representar en asamblea por otro socio, que no podrá ostentar más de dos representaciones. Esta representación deberá hacerse por escrito y para cada asamblea. Los estatutos de cada cooperativa determinarán a quiénes corresponde decidir sobre la idoneidad del escrito que acredite la representación.
2. Los estatutos, en las cooperativas de consumidores y usuarios, en las de viviendas y en las agrarias, podrán prever que el socio pueda ser representado por sus ascendientes o descendientes directos, su cónyuge o personas con las que conviva habitualmente, siempre que tengan capacidad legal para representarle.
Artículo 34. Acuerdos.
1. Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo que la ley o los estatutos establezcan una mayoría reforzada.
2. Los acuerdos sobre fusión, escisión, disolución por la causa prevista en el artículo 67.1.c) de esta ley, emisión de obligaciones, transmisión por cualquier título, creación de secciones de crédito y, en general, cualesquiera que impliquen modificación de los estatutos sociales requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los votos válidamente emitidos. El acuerdo relativo a la transformación de la sociedad cooperativa en otro tipo de entidad requerirá la mayoría de dos tercios del total de sus socios de pleno derecho.
3. Para el resto de los acuerdos, los estatutos sociales no podrán establecer una mayoría superior a los dos tercios de los votos presentes y representados o, en su caso, superior a más de la mitad de los votos sociales, salvo las excepciones previstas en esta ley.
4. Sólo se podrán tomar acuerdos sobre asuntos que consten en el orden del día, salvo en los casos de asamblea universal, convocatoria de nueva asamblea o prórroga de la que se está celebrando, realización de censura de cuentas por terceros independientes o el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del consejo rector.
5. Las votaciones serán secretas, cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales o el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de los órganos sociales, así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción. Se adoptará, también mediante votación secreta, el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día, cuando así lo solicite un veinte por ciento de los votos presentes y representados.
Artículo 35. Asambleas generales mediante delegados.
1. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general se constituya como asamblea de delegados, elegidos en juntas preparatorias, en los casos en que la cooperativa tenga más de quinientos socios o concurran circunstancias que dificulten de forma notoria y permanente la presencia de todos los socios en la asamblea general.
2. En este supuesto, regularán la constitución, convocatoria y funcionamiento de las juntas preparatorias, así como el tipo de mandato que se otorgue a los delegados. En lo no previsto por los estatutos, se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas para la asamblea general.
3. En las juntas preparatorias deberá tratarse el orden del día establecido para la asamblea general.
Artículo 36. Impugnación de acuerdos sociales.
1. Los acuerdos sociales contrarios a la ley, a los estatutos o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios socios o de terceros, podrán ser impugnados según el procedimiento previsto para las sociedades anónimas. Los acuerdos contrarios a la ley serán nulos; los demás serán anulables.
2. Están legitimados para impugnar los acuerdos anulables los socios cuya disidencia conste en acta, los ausentes y los que hubiesen sido privados ilegítimamente de emitir su voto. Los acuerdos nulos podrán ser impugnados por cualquier socio.
3. La acción de impugnación caducará en el plazo de cuarenta días desde la fecha del acuerdo, si se trata de acuerdos anulables, y de un año, si se trata de acuerdos nulos.
Sección 2.ª Consejo rector
Artículo 37. Concepto y competencias.
El consejo rector es el órgano de representación, gobierno y gestión de la sociedad cooperativa, con sujeción a la política fijada por la asamblea general. Los estatutos podrán determinar las competencias que con carácter exclusivo, correspondan al consejo rector.
Artículo 38. Composición.
1. Los estatutos establecerán la composición del consejo rector, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a tres. Si se estableciese la existencia de suplentes, se determinará su número y el sistema de sustitución.
2. El consejo rector será elegido en votación secreta por la asamblea general de la forma que estatutariamente se determine. En todo caso, y siempre que los estatutos lo permitan, una cuarta parte de sus miembros podrán ser elegidos entre personas no socios. Cuando se eligiese a una persona jurídica, ésta habrá de designar a la persona física que la represente en el consejo rector durante su período de mandato, salvo que se comunique fehacientemente a éste su revocación expresa. El nuevo representante y su aceptación del cargo se inscribirán en el Registro de Cooperativas, en el plazo de un mes.
3. La asamblea general elegirá de entre sus miembros al presidente, vicepresidente, secretario y otros cargos, salvo que los estatutos atribuyan esta facultad al consejo rector.
4. La duración del mandato no será inferior a dos años ni superior a seis, pudiendo ser reelegidos indefinidamente salvo que los estatutos establezcan un límite. Podrá ser renovado parcialmente o en su totalidad, según se establezca en los mismos.
5. Los estatutos podrán regular la participación de los socios de trabajo y de los trabajadores no socios en el consejo rector.
6. La asamblea general podrá destituir a cualquier miembro del consejo rector con el procedimiento que establezcan los estatutos, incluso aunque no conste como punto del orden del día, si bien en este caso será necesaria mayoría absoluta del total de votos existentes en la cooperativa. En la misma sesión se procederá a la elección de nuevos consejeros, con carácter interino, aunque no figure en el orden del día. En el plazo que fijen los estatutos, que no será superior a un mes, se convocará nueva asamblea general al objeto de cubrir las vacantes producidas.
7. La renuncia de los consejeros podrá ser aceptada por el consejo rector. Las vacantes que se produzcan en el consejo rector se cubrirán en la primera asamblea general que se celebre, salvo que existan miembros suplentes, los cuales pasarán a ostentar el cargo como titulares, durante el tiempo que le reste al sustituido, excepto en los casos de presidente y vicepresidente, que serán elegidos directamente por la asamblea, salvo que los estatutos atribuyan esta facultad al consejo rector.
8. Los miembros cesantes continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca su sustitución, incluso en el caso de conclusión del período para el que hubieren sido elegidos. Su sustitución no surtirá efecto frente a terceros hasta la inscripción de los nuevos miembros titulares en el Registro de Cooperativas.
9. En las cooperativas de primer grado de menos de diez socios los estatutos podrán prever la existencia de uno o dos rectores, que actuarán solidaria o mancomunadamente. Estos deberán tener la condición de socios y ejercerán las funciones del consejo rector. En las de menos de cinco socios, todos ellos podrán formar parte del consejo rector, constituyéndose simultáneamente en asamblea general. En ambos supuestos, se deberá regular también la composición del consejo rector para el caso de que la cooperativa superase los citados límites.
Las menciones de esta ley al consejo rector se entenderán referidas, en su caso, a los órganos regulados en este apartado.
Artículo 39. Funcionamiento.
1. Los estatutos de la sociedad regularán el funcionamiento interno del consejo rector, así como la periodicidad con la que deba reunirse. Su convocatoria la efectuará el presidente a iniciativa propia o de, al menos, la mayoría de los miembros del consejo, pudiendo ser convocado por los que hayan hecho la petición si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días.
Quedará válidamente constituido con la asistencia de la mayoría de sus miembros. La asistencia es de carácter personal, sin que quepa la representación de los ausentes.
Cada consejero tendrá un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes, dirimiendo el empate el voto del presidente. Los estatutos podrán determinar supuestos en los que deba exigirse una mayoría cualificada para la adopción de acuerdos.
2. Los estatutos o, en su defecto, la asamblea general podrán asignar remuneraciones a los miembros del consejo rector o rectores que realicen tareas de gestión directa, que no podrán fijarse en función de los resultados económicos del ejercicio. En cualquier caso, serán compensados por los gastos que les origine su función.
Artículo 40. Delegación de facultades.
1. El consejo rector podrá delegar sus facultades, de forma permanente o por un período determinado, en uno de sus miembros como consejero delegado o en una comisión ejecutiva, mediante el voto favorable de los dos tercios de sus componentes. Asimismo, podrá otorgar poderes a cualquier persona sobre facultades que no sean de competencia indelegable del consejo rector, y se recogerán en la correspondiente escritura de poder. Los acuerdos de delegación y, en su caso, de revocación de la misma se inscribirán en el Registro de Cooperativas.
2. Las facultades delegadas sólo podrán abarcar el tráfico empresarial ordinario de la cooperativa. En todo caso, el consejo rector conservará como indelegables las facultades de:
a) Fijar las directrices generales de la cooperativa, con sujeción a la política establecida por la asamblea general.
b) Controlar en todo momento las facultades delegadas.
c) Presentar a la asamblea general la memoria de su gestión, la rendición de cuentas y la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas.
d) Prestar avales o fianzas en favor de terceras personas, salvo en el caso de las cooperativas de crédito.
e) Otorgar poderes generales.
f) La admisión, baja y expulsión de un socio.
g) Adquirir por la cooperativa participaciones en cartera.
3. La delegación permanente de alguna facultad del consejo rector en un consejero delegado y la designación de los miembros del consejo que hayan de ocupar tales cargos, así como su revocación, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo rector y no producirán efectos hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas.
Artículo 41. Dirección o gerencia.
1. Los estatutos podrán prever la existencia de una dirección o gerencia, unipersonal o colegiada, cuya competencia se extenderá a los asuntos concernientes al giro o tráfico normal de la cooperativa.
2. El nombramiento, el cese y la motivación de éste, si se produjera con anterioridad a la expiración del plazo pactado, serán competencia del consejo rector y se comunicarán a la primera asamblea general que se reúna con posterioridad.
3. El o los componentes de la dirección o gerencia tendrán los derechos y obligaciones establecidos en su contrato. Cada trimestre, al menos, deberá presentar al consejo rector un informe claro y suficiente de la situación económica y social de la cooperativa. Dentro del plazo de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, presentará la memoria explicativa de la gestión de la empresa, el balance y la cuenta de resultados.
4. Los miembros de la dirección o gerencia deberán asistir a las reuniones del consejo rector, con voz pero sin voto, cuando se les requiera para informar sobre cualquier asunto de su gestión.
Artículo 42. Responsabilidad del consejo rector.
1. Los miembros del consejo rector han de ejercer sus cargos con la diligencia y buena fe que corresponde a un representante leal y ordenado gestor. Responderán de los daños y perjuicios causados a la sociedad por su actuación maliciosa, abuso de facultades o negligencia grave. Quedarán exentos de responsabilidad los miembros que hubieran hecho constar en acta su voto en contra de las actuaciones causantes del perjuicio y los no asistentes a la sesión en que se acordó. En este caso, será necesario que hubieran hecho constar su oposición por cualquier modo fehaciente en el plazo máximo de treinta días desde la sesión en que se adoptó el acuerdo.
2. Adoptado por la asamblea general el acuerdo de ejercer la acción de responsabilidad, ésta deberá ejercitarse en el plazo de tres meses. De no ejecutarse, quedarán legitimados para ello el veinte por ciento de los socios.
La acción de responsabilidad contra los miembros del consejo rector prescribirá a los tres años de producirse los actos que hayan originado dicha responsabilidad, a no ser que se desconozcan o se hayan ocultado, en cuyo caso prescribirán a los seis años desde su comisión.
3. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho a ejercitar la acción que asiste a cualquier socio o tercero que sufra los perjuicios derivados de la actuación del consejo y de la acción que tienen todos los socios para impugnar los actos emanados de los órganos de la cooperativa contrarios a la ley o a los estatutos.
4. A los efectos de este artículo, cuando el consejero lo sea en representación de una persona jurídica, ambos responderán solidariamente, sin perjuicio de las acciones que en su caso puedan ejercitarse entre representante y representado.
Artículo 43. Incapacidades e incompatibilidades.
1. No pueden ser miembros del consejo rector ni directores o gerentes:
a) Los menores.
b) Los incapacitados.
c) Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, los condenados a penas que conlleven la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, quienes hubiesen sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y quienes, por razón de su cargo, no puedan ejercer el comercio.
2. Serán incompatibles con el cargo de consejero o director:
a) Los funcionarios al servicio de la administración pública que tengan a su cargo funciones directamente relacionadas con las actividades propias de la cooperativa, salvo que lo sean en representación del ente público en el que prestan servicios.
b) Los que realicen actividades en competencia con la cooperativa, salvo que la asamblea les autorice expresamente.
c) Los cargos de miembro del consejo rector y de la dirección, entre sí.
3. Cuando la cooperativa deba obligarse con cualquier miembro del consejo o de la dirección, o con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, será necesaria la autorización de la asamblea general, siendo el contrato anulable en caso contrario. Los miembros en quienes concurran estas circunstancias no podrán tomar parte en la correspondiente votación.
Sección 3.ª De los interventores
Artículo 44. Nombramiento y funciones.
1. La asamblea general nombrará de entre sus socios, en votación secreta, al interventor o a los interventores y a sus suplentes, en número impar. No será obligatoria la designación de interventores en las cooperativas de trabajo asociado con un número de socios igual o menor a cinco.
2. Los estatutos determinarán el número y la duración de su mandato, que no será inferior a dos años ni superior a seis.
3. El ejercicio del cargo de interventor es incompatible con el de miembro del consejo rector y, en su caso, con el de director. Le serán aplicables las incompatibilidades y responsabilidades previstas para el consejo rector y director.
4. Los interventores presentarán a la asamblea general un informe escrito sobre la memoria explicativa de la gestión de la empresa, balance y cuenta de resultados y demás documentos contables que preceptivamente deban ser sometidos a la asamblea general para su aprobación. Los interventores dispondrán del plazo de un mes, desde que el consejo rector les haya entregado la documentación, para la elaboración del informe. Si hubiese discrepancia entre ellos, podrán emitir informe por separado.
5. Los interventores tienen derecho a comprobar en cualquier momento la documentación de la cooperativa y realizar cuantas investigaciones crean oportunas para aclarar las anomalías que sean sometidas a su examen.
6. El informe favorable emitido por los interventores no exime a los miembros del consejo rector de la responsabilidad en que pudieran incurrir con motivo de su gestión.
7. La existencia de interventores no impide que los estatutos puedan establecer el sometimiento de las cuentas del ejercicio económico a verificación por auditores o por personas expertas ajenas a la cooperativa que pertenezcan a alguna de las uniones o federaciones a las que se halle asociada, en cuyo caso no será preceptivo el informe de los interventores.
Sección 4.ª Otros órganos sociales
Artículo 45. Comité de recursos.
Los estatutos podrán prever y regular la existencia y organización de un comité de recursos, que será el encargado de resolver los que se interpongan contra las sanciones impuestas a los socios de la cooperativa, así como aquellas otras funciones que estatutariamente se determinen.
Artículo 46. Consejo social.
En las cooperativas de más de cincuenta socios trabajadores o socios de trabajo, los estatutos podrán prever y regular la existencia de un consejo social, cuyas funciones básicas serán las de información, asesoramiento y consulta del consejo rector en todas aquellas cuestiones relativas a la prestación de trabajo en el seno de la cooperativa.
CAPÍTULO VI
Del régimen económico
Artículo 47. Responsabilidad del socio.
Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales, salvo disposición en contrario de los estatutos.
No obstante, en todo caso, el socio que cause baja en la cooperativa responderá personalmente por las deudas sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de la condición de socio, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado o pendiente de reembolsar de sus aportaciones al capital social.
Artículo 48. Capital social.
1. El capital social de la cooperativa, que será variable, estará formado por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, que se acreditarán mediante inscripción en el libro de registro de aportaciones al capital social y en la forma que determinen los estatutos. El capital social mínimo de la cooperativa, fijado en estatutos, no podrá ser inferior a tres mil euros, que habrá de estar desembolsado al menos en un veinticinco por ciento.
Las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios podrán consistir en:
a) Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.
b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector.
La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los estatutos. Los estatutos podrán prever que, cuando, en un ejercicio económico, el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del consejo rector. El socio disconforme con el establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta de justificada, siempre que hubiese salvado expresamente su voto o, en su caso, estuviese ausente.
2. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal en España. El consejo o la asamblea general podrán admitir aportaciones de bienes o derechos, que serán valorados por el consejo rector bajo su responsabilidad. Los estatutos podrán establecer los supuestos en que sea exigible la valoración por expertos independientes. En todo caso, la valoración podrá ser revisada por acuerdo de la asamblea general, a petición de cualquier socio, en el plazo de un mes desde que se conociese.
3. Las aportaciones no dinerarias contempladas en el párrafo anterior no producirán cesión o traspaso ni aun a los efectos de las leyes de arrendamientos urbanos, rústicos, propiedad industrial o cualesquiera otras, sino que la cooperativa se subrogará directamente en la titularidad del bien o derecho.
4. El importe total de las aportaciones de cada socio en las cooperativas de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas o socios colaboradores, no podrá exceder de un tercio del capital social.
Artículo 49. Aportaciones obligatorias.
1. Los estatutos fijarán el importe de la aportación obligatoria necesaria para adquirir la condición de socio, que deberá suscribirse íntegramente y desembolsarse, al menos, en un veinticinco por ciento. Esta podrá ser diferente para los distintos tipos de socios o, también, proporcional a su participación en las actividades o servicios de la cooperativa, conforme a módulos claramente establecidos.
2. Las sucesivas aportaciones obligatorias al capital social se desembolsarán en la forma y plazos establecidos en los estatutos o por la asamblea general, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.1 y 2.
3. La asamblea general podrá acordar nuevas aportaciones obligatorias, que podrán ser establecidas en función de módulos, determinando su cuantía y condiciones de suscripción y desembolso.
4. El socio que incurra en mora en el desembolso de su aportación deberá resarcir a la cooperativa por los daños y perjuicios causados y podrá ser sancionado de acuerdo con los estatutos.
5. Las aportaciones obligatorias que hayan de realizar los nuevos socios no podrán ser superiores a las ya efectuadas por los anteriores, actualizadas, en su caso, de acuerdo con los estatutos. Éstos podrán prever que para este cálculo se tenga en cuenta, como máximo, el neto patrimonial de la cooperativa, o bien sus fondos propios según el último balance aprobado.
6. Las condiciones y plazos de desembolso serán fijadas por la asamblea general, armonizando las necesidades económicas de la cooperativa y el principio de facilitar la incorporación de nuevos socios.
Artículo 50. Aportaciones voluntarias.
1. La asamblea general y, si lo prevén los estatutos, el consejo rector, podrán acordar la admisión de aportaciones voluntarias al capital social. Serán desembolsadas, al menos, en un veinticinco por ciento en el momento de la suscripción, que se efectuará en el plazo máximo de un año, y el resto se desembolsará en el plazo fijado en el acuerdo de emisión.
2. El acuerdo de admisión de las aportaciones voluntarias deberá establecer si el importe desembolsado por el socio podrá aplicarse a futuras aportaciones obligatorias.
Artículo 51. Intereses.
1. Los estatutos determinarán si las aportaciones al capital social pueden devengar intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés para las aportaciones obligatorias lo fijarán los estatutos o la asamblea general y, para las voluntarias, el acuerdo de emisión, sin que en ningún caso pueda superar en tres puntos el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del acuerdo, y en cinco puntos para las voluntarias.
2. Si la asamblea general acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado por el consejo rector tendrán preferencia para percibir la remuneración que se establezca en los estatutos, sin que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del ejercicio.
Artículo 52. Actualización de las aportaciones.
1. El balance de la cooperativa podrá ser actualizado en idénticos términos y con los mismos beneficios previstos en la normativa para las sociedades. Las aportaciones de los socios al capital social de la cooperativa, tanto las obligatorias como las voluntarias, se actualizarán si lo aprueba la asamblea general y en la proporción que acuerde la misma.
2. El saldo de la actualización se destinará, en primer lugar, a la compensación de pérdidas que pudieran existir sin compensar y, seguidamente, a la actualización de las aportaciones al capital social o al incremento de las reservas, obligatorias o voluntarias, en la proporción que estime la asamblea general.
3. Los criterios de atribución entre los socios de las plusvalías resultantes de la regularización de balance destinadas al capital social deberán ser aprobados por la asamblea general. Podrán referirse, respetando lo que en su caso establezcan los estatutos, bien al saldo realmente desembolsado de las aportaciones de capital de cada socio, o bien a su respectiva participación en la actividad cooperativizada desde la última actualización practicada, de acuerdo con las previsiones establecidas en el apartado 4 del presente artículo.
4. En la actualización de las aportaciones, se tomará como fecha de devengo la del acuerdo de regularización de balance o la del acuerdo de disposición de las reservas de regularización, adoptado por la asamblea general. Tendrán derecho a dicha actualización todos aquellos socios que lo fuesen a la fecha de devengo elegida, con independencia de que causen baja como socios con posterioridad a dicha fecha. Una vez que la cuenta de actualización sea disponible, el citado derecho solamente se podrá ejercitar desde la fecha del acuerdo de disposición, adoptado por la asamblea general.
Artículo 53. Reembolso de aportaciones.
Los estatutos sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital en caso de baja en la cooperativa, de acuerdo con las normas fijadas en este artículo. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El consejo rector tendrá un plazo de tres meses, desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El socio que esté disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada por el consejo rector podrá impugnarlo por el procedimiento previsto en la ley y, en su caso, por el que establezcan los estatutos.
b) En los supuestos de expulsión o baja no justificada, podrá aplicarse una deducción no superior al cuarenta o al veinte por ciento, respectivamente, del importe de las aportaciones obligatorias, una vez realizada la deducción por pérdidas. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo fijado en los estatutos, se podrá establecer una deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior. Los estatutos fijarán el porcentaje a deducir, sin que éste pueda superar el treinta por ciento.
c) El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el plazo de reembolso a los causahabientes no podrá ser superior a un año desde que el hecho causante se ponga en conocimiento de la cooperativa. Una vez acordada por el consejo rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, ésta no será susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el interés legal del dinero, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del reembolso.
d) Para las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b), los plazos señalados en la letra anterior se computarán a partir de la fecha en la que el consejo rector acuerde el reembolso.
e) Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) hayan causado baja, el reembolso que, en su caso, acuerde el consejo rector se efectuará por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de la baja.
f) Excepcionalmente, en los supuestos en que la devolución pueda poner en dificultad la estabilidad económica de la cooperativa, el departamento competente podrá ampliar los citados plazos, a petición de la misma, hasta el límite de diez años.
g) En todo caso, cuando existan compromisos anteriores a la baja del socio pendientes de cumplir, será de aplicación la previsión estatutaria a que se refiere el artículo 22.a) de la presente ley.
h) La reducción de la actividad cooperativizada por parte del socio, por el motivo que sea y aun siendo ésta definitiva sin causar baja en la cooperativa, no dará derecho al reembolso parcial de las aportaciones al capital social, salvo que exista una previsión estatutaria que lo posibilite.
i) En caso de ingreso de nuevos socios, los estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de estos deberán, preferentemente, efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.
j) En caso de disolución y liquidación de la cooperativa, y una vez satisfecho el importe del fondo de educación y promoción, los titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios.
Artículo 54. Transmisión de las aportaciones.
1. Las aportaciones sólo pueden transmitirse:
a) Por actos ínter vivos entre socios, y entre quienes vayan a adquirir dicha condición en los términos fijados en los estatutos.
Los estatutos podrán prever que las aportaciones obligatorias iniciales de los nuevos socios deban efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b) cuyo reembolso hubiese sido rehusado por la cooperativa tras la baja de sus titulares. Esta transmisión se producirá, en primer lugar, a favor de los socios cuya baja haya sido calificada como obligatoria, y, a continuación, por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones. En caso de solicitudes de igual fecha, se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.
b) Por sucesión mortis causa.
2. En este último supuesto, la participación del causante en la cooperativa se repartirá entre los derechohabientes en la proporción que legalmente les corresponda, si fueran socios. Si no lo fueran, cada uno de ellos podrá solicitar al consejo rector, en el plazo de seis meses, la liquidación de su parte o su admisión como socio, según lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de esta ley, y en la cuantía que le haya correspondido en la partición hereditaria. Si ésta fuera inferior a la aportación obligatoria que deba realizar el nuevo socio, deberá suscribir y, en su caso, desembolsar la diferencia en el momento en que adquiera dicha condición.
3. Los estatutos podrán regular la transmisión en vida de las aportaciones de un socio a sus herederos o a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, con los efectos previstos en el párrafo anterior.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, el adquirente de las participaciones no estará obligado a desembolsar cuotas de ingreso por las participaciones recibidas del familiar o causante.
5. Los estatutos podrán regular el derecho de adquisición preferente de las participaciones derivadas de bajas de socios, a favor de los socios o de la propia cooperativa, realizándose en primer lugar entre los socios de la misma clase; en segundo lugar, entre los socios cuya baja se haya calificado como obligatoria y tengan aportaciones pendientes de reembolso; en tercer lugar, entre todos los socios en general; y, finalmente, a favor de la sociedad cooperativa. Este derecho se ejercerá por los socios en proporción a la actividad cooperativizada.
6. La adquisición en cartera por la cooperativa de las participaciones requerirá el acuerdo del consejo rector, siempre y cuando se establezca en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente a las aportaciones adquiridas que figuren en el activo, con cargo a reservas disponibles o excedentes acumulados pendientes de distribución, hasta el límite de su dotación. Dicha reserva indisponible deberá mantenerse en tanto las aportaciones no sean amortizadas.
No obstante, no será necesaria la constitución de la reserva indisponible ni la compensación con nuevas aportaciones a capital en los siguientes supuestos:
a) Cuando las aportaciones se adquieren formando parte de un patrimonio adquirido a título universal.
b) Cuando las aportaciones se adquieran a título gratuito.
c) Cuando las aportaciones se adquieran como consecuencia de una compensación de créditos en una adjudicación judicial, para satisfacer un crédito de la cooperativa frente al titular de las aportaciones.
d) Cuando el valor nominal de las aportaciones adquiridas no exceda de la cuantía que resulte de sumar el diez por ciento del capital social y los fondos de reserva obligatorios de la cooperativa.
e) Cuando el activo de la sociedad, minorado en el importe de las aportaciones adquiridas en cartera por la cooperativa, sea superior en un cincuenta por ciento a las deudas contraídas por la misma, aun en el caso de que éstas no sean exigibles.
Artículo 55. Formas de financiación no integradas en el capital social.
1. Los estatutos o la asamblea general podrán establecer cuotas de ingreso y periódicas que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrán ser superiores al resultado de dividir los fondos de reserva que figuren en el último balance aprobado por el número de socios o por el volumen de participación en la actividad cooperativizada y multiplicado por la actividad cooperativizada potencial del nuevo socio.
2. Las entregas que realicen los socios de fondos, productos o materias primas para la gestión cooperativa y, en general, los pagos que satisfagan para la obtención de los servicios propios de la misma, no integrarán el capital social y estarán sujetos a las condiciones establecidas por la sociedad.
3. La asamblea general podrá acordar la admisión de financiación voluntaria procedente de los socios y terceros, bajo cualquier modalidad y en el plazo y condiciones que se establezcan en el acuerdo.
4. La cooperativa, previo acuerdo de la asamblea general, puede emitir obligaciones, de acuerdo con la legislación vigente, sin que, en ningún caso, puedan convertirse en partes sociales.
5. También podrá emitir títulos participativos, que no integrarán el capital social y que, según las condiciones establecidas por la asamblea general, darán derecho a una remuneración mixta constituida por una parte de interés fijo, con los límites establecidos en esta ley, y otra variable en función de los resultados de la cooperativa.
Artículo 56. Ejercicio económico.
1. Salvo disposición contraria recogida en los estatutos, el ejercicio económico coincidirá con el año natural.
2. Al cierre de cada ejercicio económico, se formularán las cuentas anuales de la cooperativa, que contendrán, al menos, la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de los excedentes netos y destino de los beneficios extracooperativos o de la imputación de pérdidas. Deberán reflejar con claridad y exactitud la situación patrimonial, económica y financiera de la cooperativa. Serán expuestas en el domicilio social, a los efectos previstos en el artículo 28.2 de esta ley.
3. Las partidas del balance se valorarán conforme a la normativa contable, con criterios objetivos que garanticen los intereses de socios y terceros, siguiendo los principios exigidos por una prudente y ordenada gestión económica y respetando las peculiaridades del régimen económico de cada clase de cooperativa.
4. Los estatutos establecerán los casos en que sea necesario someter a auditoría externa las cuentas anuales y el estado económico de la cooperativa y, en todo caso, en los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y sus normas de desarrollo y en la presente ley. En los casos en que la auditoría sea preceptiva legalmente o se haya practicado a petición de la mayoría de socios, se depositará en el Registro de Cooperativas.
5. Las cuentas anuales se depositarán en el registro en que esté inscrita la cooperativa en el plazo de dos meses siguientes a su aprobación por la asamblea general.
Artículo 57. Determinación de los resultados del ejercicio económico.
1. En la determinación de los resultados del ejercicio económico se observarán las normas y criterios establecidos por la normativa contable.
2. En todo caso, se incluirán como gastos deducibles para obtener el excedente neto los siguientes:
a) El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión cooperativa, valorados a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos de los socios trabajadores y los socios de trabajo.
b) Los necesarios para la gestión cooperativa.
c) Los intereses debidos por las aportaciones al capital social regulados en el artículo 48 de esta ley, así como por las aportaciones y financiación de distinta naturaleza no integrada en el capital social.
d) Cualesquiera otros gastos deducibles autorizados por la legislación fiscal a estos efectos.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de cooperativas agrarias, de consumidores y usuarios, de viviendas o de aquellas otras que, conforme a sus estatutos, realicen servicios o suministros a sus socios, se computará como precio de las correspondientes operaciones aquél por el que efectivamente se hubiesen realizado, siempre que no resulte inferior a su coste, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la entidad. En caso contrario, se aplicará este último. En las cooperativas de servicios agrarias se aplicará este sistema tanto para los servicios y suministros que la cooperativa realice a sus socios como para los que los socios realicen o entreguen a la cooperativa.
4. Se considerarán extracooperativos y se contabilizarán separadamente, destinándose como mínimo un cincuenta por ciento al fondo de reserva obligatorio, los excedentes obtenidos en las operaciones con terceros, los obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, los derivados de inversiones o participaciones en sociedades de naturaleza no cooperativa, salvo las que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la propia actividad de la cooperativa, y los procedentes de plusvalías derivadas de la enajenación del activo inmovilizado no reinvertidas en su totalidad en activos de idéntico destino en un plazo no superior a tres años. Las cooperativas agrarias destinarán la totalidad de los resultados extracooperativos al fondo de reserva obligatorio.
Se considerarán también como extracooperativas las pérdidas procedentes de disminuciones patrimoniales.
En las cooperativas de trabajo asociado, no se considerarán extracooperativos los resultados derivados de la prestación de trabajo de los trabajadores no socios, siempre que se cumplan los límites establecidos por la presente ley.
Las cooperativas de viviendas no contabilizarán separadamente los resultados extracooperativos dentro de cada promoción y realizarán las dotaciones al fondo de reserva obligatorio previstas en este apartado.
Artículo 58. Distribución de excedentes e imputación de pérdidas.
1. De los excedentes del ejercicio económico previos al cálculo de los impuestos, se destinará el resultado en un treinta por ciento como mínimo a dotar los fondos obligatorios. Una vez deducidos los impuestos y dotaciones a los fondos obligatorios, se destinará el resultado, en su caso, a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando el fondo de reserva obligatorio alcance un importe igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social, se destinará al menos un cinco por ciento al fondo de educación y promoción cooperativa, y un diez por ciento, al menos, cuando el fondo de reserva obligatorio alcance un importe superior al doble del capital social.
2. El resto se aplicará al fondo de reserva voluntario a que se refiere el artículo 60 de esta ley o bien a retornos cooperativos, los cuales se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en las operaciones, servicios o actividades cooperativizados, sin que en ningún caso se puedan repartir en función de las aportaciones de los socios al capital social.
3. También podrán imputarse, en su caso, a la participación de los trabajadores asalariados en los resultados de la cooperativa.
4. Los estatutos o la asamblea general podrán prever, entre otras, las siguientes modalidades para el destino efectivo de dichos retornos:
a) Abono a los socios en el plazo que determine la asamblea general.
b) Incorporación al capital como incremento de las aportaciones obligatorias de los socios, en la parte que les corresponda.
c) Constitución de un fondo, con límite de disponibilidad por la cooperativa a un plazo de cinco años y garantía de distribución posterior al socio titular en la forma que establezcan los estatutos. Su remuneración no podrá exceder de la establecida en el artículo 51 de esta ley.
d) Retribución de las aportaciones al capital social, ya sean obligatorias o voluntarias.
e) Actualización de aportaciones.
f) Incremento de las dotaciones de los fondos obligatorios (fondo de reserva obligatorio, fondo de educación y promoción), o reservas estatutarias o voluntarias irrepartibles o repartibles.
5. Los estatutos deberán fijar los criterios para la imputación de las pérdidas del ejercicio económico. En la imputación de pérdidas, la cooperativa se sujetará a las siguientes reglas:
a) Al fondo de reserva obligatorio se imputará hasta un máximo del cincuenta por ciento de las mismas. La diferencia resultante se imputará a cada socio en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizados en la cooperativa o que estuviese obligado a realizar de acuerdo con los módulos básicos establecidos en los estatutos sociales. En ningún caso se imputarán en función de las aportaciones de cada socio al capital social. En todo caso, las pérdidas procedentes de operaciones extracooperativas se imputarán previamente y en su totalidad al fondo de reserva obligatorio hasta el límite de su dotación. Si ésta fuese insuficiente para compensar dichas pérdidas, la diferencia se recogerá en una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros ingresos del fondo.
b) En caso de existir fondo de reserva voluntario, podrá imputarse el porcentaje que acuerde la asamblea general.
c) Las pérdidas se podrán imputar a cada socio, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran producido, en función de su actividad cooperativizada. El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social que tengan el carácter de reintegrables o, en su caso, en cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación.
d) Las pérdidas se podrán imputar a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, en un plazo máximo de siete años. En este caso, las pérdidas se comenzarán a amortizar por orden de antigüedad de las mismas. Si, transcurrido el plazo de siete años, quedasen pérdidas sin compensar, deberán satisfacerse directamente por el socio en el plazo de un mes a partir de la aprobación del último balance por la asamblea general, en función de su actividad cooperativizada en los años de origen de las pérdidas.
e) Las pérdidas asumidas por la asamblea general y no compensadas serán consideradas como un crédito a favor de la cooperativa, que podrá ser ejercitado aunque el socio haya causado baja voluntaria u obligatoria en la misma.
Artículo 59. Fondos obligatorios.
1. Son fondos obligatorios el fondo de reserva obligatorio y el fondo de educación y promoción cooperativa.
2. El fondo de reserva obligatorio es irrepartible entre los socios y se constituye:
a) Con el porcentaje de los excedentes que establece el artículo 58.1 de esta ley.
b) Con el cincuenta por ciento, al menos, de los beneficios extracooperativos.
c) Con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja de los socios.
d) Con las cuotas de ingreso, si estuviesen establecidas en los estatutos, y con aquellas cuotas periódicas en cuyo acuerdo de emisión se establezca expresamente que se llevarán directamente a este fondo.
e) Con las cantidades resultantes de la actualización de aportaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.2 de esta ley.
f) Con las dotaciones previstas en el artículo 54.6 de esta ley.
3. La imputación prevista en los apartados c), d) y e) del párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
4. El fondo de educación y promoción cooperativa tiene por objeto la formación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas cooperativas, económicas y profesionales, la consecución de mejoras en los sistemas de prestaciones sociales, la prevención de los riesgos laborales y la vigilancia de la salud, la promoción social de los socios y trabajadores dentro del marco social y laboral, la ampliación de los sistemas cuyo objetivo sea facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, la educación y cuidado de los hijos de socios y trabajadores y las ayudas a las trabajadoras y socias víctimas de la violencia de género, el fomento y la difusión del cooperativismo en su entorno social, la promoción cultural profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental, y la realización de actividades intercooperativas.
5. El fondo de educación y promoción cooperativa es inembargable e irrepartible, y se constituye:
a) Con el porcentaje sobre los excedentes netos que establece el artículo 58.1 de esta ley.
b) Con las multas y demás sanciones económicas que, por vía disciplinaria, imponga la cooperativa a sus socios.
c) Con las subvenciones, donaciones y cualquier clase de ayudas económicas recibidas de los socios o de terceros para el cumplimiento de los fines propios del fondo.
6. Para el cumplimiento de sus fines, el fondo de educación y promoción cooperativa puede ser aportado a una unión, federación o confederación de cooperativas, o a un organismo público.
La entrega a estas entidades quedará condicionada por su destino a las finalidades indicadas en el apartado 4, a través de actuaciones propias o de otras personas físicas o jurídicas a las que dicha entidad destine los recursos recibidos. La cooperativa no tiene poder de disposición sobre esta contribución, más allá de destinarla a las finalidades indicadas, siendo, en consecuencia, inembargable y debiendo figurar en el pasivo del balance.
7. Las cantidades destinadas a lo largo del ejercicio a la realización de las finalidades indicadas en el apartado 4 podrán considerarse como un gasto previo del fondo de educación y promoción a la propia distribución de los excedentes, realizándose el ajuste correspondiente una vez conocido el resultado del ejercicio.
8. El importe del referido fondo que no se haya aplicado deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en inversiones que garanticen suficientemente la seguridad, liquidez y rentabilidad del mismo, conforme a lo que establezcan los estatutos.
Artículo 60. Fondo de reserva voluntario.
Los estatutos podrán regular la existencia de un fondo de reserva voluntario, repartible o irrepartible entre los socios, que estará constituido por:
a) Un porcentaje de hasta el cincuenta por ciento de los beneficios extracooperativos.
b) Los conceptos previstos en los apartados c), d) y e) del artículo 59.2 de esta ley, si así lo establecen los estatutos o lo acuerda la asamblea general.
c) El porcentaje que de los beneficios cooperativos establezcan los estatutos o acuerde la asamblea general.
CAPÍTULO VII
De los libros y la contabilidad
Artículo 61. Documentación social.
1. Las cooperativas deben llevar en orden y al día los siguientes libros:
a) Libro de registro de socios.
b) Libro de registro de aportaciones al capital social.
c) Libro de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de las juntas preparatorias.
d) Libro de inventarios y balances y diario y los que establezca, en su caso, la legislación especial por razón de su actividad empresarial.
e) Libro de informes de la intervención de cuentas.
2. Todos ellos deben ser diligenciados por el Registro de Cooperativas competente.
3. El departamento competente podrá autorizar a las cooperativas que lo soliciten otro sistema de documentación que ofrezca garantías análogas a las de los libros oficiales antes citados.
4. También son válidos los asientos o anotaciones efectuados por procedimientos informáticos o por otros procedimientos adecuados, que posteriormente serán encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del cierre del ejercicio. Serán diligenciados de la forma anteriormente expresada.
Artículo 62. Contabilidad.
Las cooperativas deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo a lo dispuesto en la normativa contable.
CAPÍTULO VIII
De la modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y transformación
Artículo 63. Modificación de los estatutos.
Los acuerdos sobre modificación de los estatutos sociales deberán ser adoptados por mayoría de dos tercios de los socios presentes o representados en la asamblea general. No obstante, para el cambio de domicilio de la cooperativa dentro del mismo municipio, bastará el acuerdo del consejo rector. Toda modificación estatutaria deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas.
Artículo 64. Fusión o absorción.
1. La fusión o absorción de sociedades cooperativas sólo será posible si sus objetos sociales no son incompatibles.
2. La fusión o absorción requerirá, además del informe previo de los Interventores, el acuerdo de sus respectivas asambleas generales, adoptado por mayoría de dos tercios de sus socios presentes o representados.
3. El acuerdo de fusión o absorción se publicará, según su ámbito, en el «Boletín Oficial de Aragón», o en el Boletín Oficial de la provincia en que esté ubicada la cooperativa, así como en un diario de amplia difusión en su respectivo ámbito, y no podrá ejecutarse antes de transcurridos dos meses desde el último anuncio. Si durante este plazo algún acreedor de la cooperativa se opusiera, por escrito, el acuerdo no podrá llevarse a efecto sin que se aseguren o se satisfagan los derechos del acreedor disconforme, que no podrá oponerse al pago aunque sus créditos no hayan vencido.
4. El socio disconforme podrá causar baja, que se considerará justificada, mediante solicitud presentada al consejo rector en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha del acuerdo. La cooperativa resultante responderá del reembolso de sus aportaciones.
5. Los socios y el patrimonio de las sociedades disueltas pasarán a integrarse en la nueva o en la que subsista, que asumirá todos los derechos y obligaciones de las anteriores. No se aplicarán las reglas sobre liquidación, pasando los fondos obligatorios y las reservas voluntarias, si existiesen, a la nueva sociedad.
6. El acuerdo de fusión se inscribirá en el registro mediante escritura pública, que contendrá los balances de las cooperativas cerrados con una antelación máxima de ocho meses a dicho acuerdo. El acuerdo de absorción se inscribirá también en el registro y deberá cumplir los requisitos exigidos para la modificación de estatutos.
7. Siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente, las sociedades laborales podrán fusionarse con cooperativas de trabajo asociado mediante la absorción de aquéllas por éstas o constituyendo una nueva cooperativa de la clase mencionada. En estas fusiones serán de aplicación las respectivas normas reguladoras de las sociedades que se fusionan.
8. Lo dispuesto en el número anterior se aplicará a las fusiones que se produzcan entre cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación.
Artículo 65. Escisión.
La escisión puede dar lugar a la disolución de la cooperativa, sin liquidación, mediante la división de su patrimonio en dos o más partes que pasarán en bloque a cooperativas de nueva creación o serán absorbidas por otras ya existentes. También puede consistir en la segregación de una o más partes del patrimonio y del colectivo de socios de una cooperativa, sin la disolución de ésta, traspasando en bloque lo segregado a otras cooperativas existentes o de nueva creación. En estos casos se aplicarán las normas de la fusión.
Artículo 66. Transformación.
1. Las sociedades agrarias de transformación podrán transformarse en sociedades cooperativas agrarias, de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado; las sociedades laborales podrán transformarse, a su vez, en cooperativas de trabajo asociado, y, en general, cualquier sociedad o agrupación no cooperativa podrá transformarse en sociedad cooperativa, que se incluirá en alguna de las clases previstas en esta ley, siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente.
2. La transformación se regirá por la normativa propia de cada tipo de sociedad y, en su defecto, por el procedimiento regulado en la presente ley para el caso de fusión de cooperativas en cuanto le sea aplicable.
A falta de previsión legal o estatutaria, el acuerdo vinculará a todos los socios, incluso a los ausentes, si bien, en el plazo de un mes desde la última de las publicaciones, los socios disidentes y los no asistentes a la asamblea o junta general podrán separarse de la sociedad mediante escrito dirigido al órgano rector.
3. La transformación no afectará a la personalidad jurídica de la entidad que se transforma y se hará constar en escritura pública, que expresará necesariamente todas las menciones previstas en esta ley para la constitución de una cooperativa. Incorporará el balance confeccionado con motivo de dicha operación, junto con el informe citado, así como la relación de socios que permanecen y los que hayan ejercitado el derecho de separación. Se incluirá también certificación expedida por el registro en el que anteriormente se hallare inscrita la sociedad, manifestando los asientos registrales que hayan de quedar vigentes. La escritura se presentará, para su inscripción, en el Registro de Cooperativas, el cual, una vez inscrita la misma, procederá a comunicarlo al anterior.
4. Los saldos existentes en fondos de la entidad que tengan el carácter de irrepartibles se integrarán en el fondo de reserva obligatorio de la nueva sociedad cooperativa o en otro que posea las mismas características de irrepartibilidad y destino.
5. La transformación no libera a los socios de la responsabilidad por las deudas contraídas con anterioridad al acuerdo adoptado, salvo consentimiento expreso a la transformación por los acreedores.
6. En los casos de transformación de una sociedad cooperativa en sociedad civil o mercantil, los saldos de los fondos de reserva obligatorio, el fondo de educación y cualesquiera otros fondos o reservas que estatutariamente no sean repartibles entre los socios recibirán el destino previsto en el artículo 69.e) de esta ley.
Artículo 67. Disolución.
1. Son causas de disolución de la sociedad cooperativa:
a) El cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales, salvo acuerdo de prórroga adoptado en asamblea general, debidamente inscrito. En este caso, el socio disconforme podrá darse de baja justificadamente con los efectos que determinan la ley y los estatutos, comunicándolo al presidente del consejo rector en el plazo de un mes desde la celebración de la asamblea si hubiera asistido y salvado expresamente su voto, o, en caso contrario, desde que recibiera la notificación del acuerdo.
b) La realización o conclusión del objeto social o la imposibilidad de ejecutarlo.
c) El acuerdo de la asamblea general, adoptado por mayoría de los dos tercios de los socios presentes y representados.
d) La reducción del número de socios o de la cifra del capital social por debajo de los mínimos establecidos estatutariamente, si se mantienen durante más de un año.
e) La fusión, absorción, escisión, en su caso, o transformación.
f) La quiebra, siempre que lo acuerde la asamblea general, como consecuencia de la resolución judicial que la declare.
g) Cualquier otra causa establecida por la ley o por los estatutos sociales.
2. A los efectos de adoptarse el acuerdo de disolución, deberá convocarse asamblea general en el plazo de un mes, salvo que los estatutos estableciesen otro distinto, excepto en el caso previsto en el apartado c) del punto 1 de este artículo.
3. El acuerdo de disolución o la resolución judicial, en su caso, además de inscribirse en el Registro de Cooperativas, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón», y en un diario de amplia difusión en su respectivo ámbito.
Artículo 68. Liquidación.
1. Una vez disuelta la sociedad, se abrirá el período de liquidación, salvo en los casos de fusión, absorción, escisión o transformación. Durante este período conservará su personalidad jurídica y deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».
2. El socio o socios liquidadores, en número impar, serán nombrados en asamblea general mediante votación secreta. Su nombramiento se inscribirá en el Registro de Cooperativas, siguiéndose los mismos trámites previstos para los miembros del consejo rector.
3. Si transcurriera un mes desde la disolución de la cooperativa sin que la asamblea general hubiese efectuado el nombramiento de liquidadores, el consejo rector deberá o cualquier socio podrá solicitar del juez de primera instancia su designación, que podrá recaer en personas no socios. El juez deberá efectuar el nombramiento en el plazo de un mes, y se inscribirá en el Registro de Cooperativas.
4. El consejo rector y la dirección cesarán en sus funciones, que serán asumidas por los liquidadores. Aquéllos prestarán su concurso para la práctica de las operaciones de liquidación si fueran requeridos para ello.
5. Los liquidadores deberán realizar las operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad y darán cuenta a la asamblea general de la marcha de la misma.
6. Terminada la liquidación, los liquidadores elaborarán el balance final y el proyecto de distribución del activo, según las normas del artículo siguiente, que será sometido a la decisión de la asamblea general. El acuerdo adoptado se publicará en un diario de amplia difusión en su respectivo ámbito, pudiendo ser impugnado en el plazo de seis meses, según lo previsto en el artículo 36 de esta ley.
7. Si fuese imposible la celebración de la asamblea general, los liquidadores publicarán el balance final y el proyecto de distribución del activo en la forma prevista en el párrafo anterior, pudiendo ser impugnado en el mismo plazo y forma.
8. Transcurrido este plazo, los liquidadores deberán solicitar en el Registro de Cooperativas, en el plazo de quince días y mediante escritura pública, la cancelación de los asientos referentes a la sociedad, y depositar en el mismo los libros y documentos relativos a su tráfico. El registro conservará dicha documentación durante un período de cinco años.
9. Si, entre la celebración de la asamblea general que acuerde la disolución y la que acuerde la aprobación del balance final de la cooperativa, transcurre un plazo no superior a dos meses y no existiesen acreedores ajenos a la sociedad, se podrán inscribir los acuerdos de disolución y liquidación mediante una única escritura pública, debiendo publicarse los acuerdos, no obstante, en la forma establecida.
Artículo 69. Adjudicación del haber social.
En la adjudicación del haber social se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Se separará, en primer lugar, el activo suficiente para cubrir el importe total del fondo de educación y promoción que no se encuentre materializado en la forma prevenida en el artículo 59.8 de esta ley.
b) Se saldarán las deudas sociales.
c) Se reintegrará a los socios el importe de sus aportaciones al capital social, voluntarias u obligatorias, actualizadas, en su caso, y en este orden.
d) Se reintegrará a los socios su participación en los fondos de carácter voluntario que tengan carácter repartible, distribuyéndose conforme a las normas establecidas estatutariamente o en el acuerdo de su constitución, y, en su defecto, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada socio en los cinco últimos años.
e) El sobrante, si lo hubiera, y el fondo de educación y promoción se depositarán en la entidad asociativa, de entre las reguladas en el artículo 93 de la presente ley, a la que esté asociada la cooperativa o, en su defecto, en la que se decida en asamblea general. Se depositarán asimismo certificación de los acuerdos vigentes relativos al destino del fondo de educación y promoción y un listado de los socios a la fecha de dicha asamblea general, con expresión de la parte que les corresponda en el sobrante.
El fondo de educación y promoción será gestionado por la entidad asociativa conforme a las normas y para los fines para los que fue constituido o, en su defecto, para el fomento del cooperativismo. En dicha entidad asociativa se constituirá un fondo por el plazo máximo de un año, durante el cual los socios de la cooperativa disuelta tendrán la posibilidad de transferir su parte en dicho fondo como cuota o aportación al ingresar en otra sociedad cooperativa. Los socios que no hagan uso de este derecho perderán la parte que les corresponda, que será destinada por la entidad asociativa a los fines para los que fue constituido.
Artículo 70. Declaración de concurso.
1. A las cooperativas les será aplicable la legislación concursal general del Estado en los supuestos de insolvencia.
2. El auto que declare el concurso de una cooperativa se inscribirá en el correspondiente Registro de Cooperativas.
TÍTULO II
Clases de cooperativas
CAPÍTULO I
Cooperativas de primer grado
Artículo 71. Normas comunes.
1. Las cooperativas se constituirán bajo alguna de las formas reguladas en el presente capítulo. No obstante, aquellas cuya actividad no se encuadre en alguna de éstas serán calificadas por el departamento competente en función de su objeto social.
2. Se regirán, en primer lugar, por las disposiciones especiales que les sean aplicables de acuerdo con la presente ley y, en segundo término, por las disposiciones generales contenidas en la misma. En todo caso, quedarán sujetas a la legislación específica aplicable en función de la actividad empresarial que desarrollen.
3. Son cooperativas mixtas aquellas cuyo objeto social cumpla finalidades propias de varias clases de cooperativas. Sus estatutos estructurarán la organización de sus distintas actividades, teniendo en cuenta que éstas tendrán las características y cumplirán las obligaciones esenciales fijadas para cada clase. En sus órganos directivos existirá representación de cada una de ellas.
4. Las cooperativas, al servicio de sus socios o familiares con los que convivan, podrán llevar a cabo cualquier tipo de actividad cooperativizada que sea distinta del objeto social propio de la clase a la que pertenezcan, siempre que ello esté establecido y regulado en sus estatutos sociales. Dicha actividad habrá de llevarse a cabo de forma independiente a través de secciones, que tendrán contabilidad propia y la fiscalidad que les corresponda por normativa. Dicha actividad no habrá de afectar a los rendimientos cooperativizados que se deriven de la actividad que constituya el objeto principal de la cooperativa, de acuerdo con la clase a la que pertenezca. A cada sección se le aplicará el régimen jurídico específico que corresponda a la actividad cooperativizada que desarrolle.
Sección 1.ª Cooperativas de trabajo asociado
Artículo 72. Concepto y caracteres.
1. Son cooperativas de trabajo asociado aquellas que asocian principalmente a personas físicas que, mediante su trabajo, a jornada completa o parcial, realizan cualquier actividad económica o social de producción de bienes o servicios destinados a terceros. Constarán documentalmente las condiciones y distribución horaria de la jornada a tiempo parcial y sus posibles modificaciones.
La relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria. Se entenderá a todos los efectos que el socio inicia la actividad cooperativizada cuando comience efectivamente la prestación de su trabajo.
Se entiende por actividad cooperativizada en las cooperativas de trabajo asociado el trabajo que prestan en ellas los socios y trabajadores, siempre que se respeten los límites establecidos en el apartado 4 de este artículo.
2. Podrán ser socios trabajadores quienes legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. El número mínimo de socios trabajadores será de tres, con excepción de aquellas cooperativas de trabajo asociado que obtengan la calificación de pequeña empresa cooperativa, que estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de diez socios trabajadores. La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa.
3. En cuanto a los socios que sean personas jurídicas, la salvedad prevista en el artículo 48.4 de esta ley se extenderá a fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas.
4. El trabajador con contrato indefinido con más de dos años de antigüedad que reúna los requisitos establecidos en los estatutos deberá ser admitido como socio, previa solicitud y una vez superado el período de prueba si éste se hubiese previsto en los estatutos, no pudiéndosele exigir el cumplimiento de obligaciones superiores a las ya efectuadas por los socios existentes.
El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores. No se computarán en este porcentaje:
a) Los trabajadores que se incorporen a la cooperativa por subrogación legal, así como los que lo hagan en actividades sometidas a esta subrogación.
b) Los trabajadores que sustituyan a socios trabajadores o asalariados en situación de excedencia o incapacidad temporal.
c) Los trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo de carácter subordinado o accesorio. Se entenderá en todo caso como trabajo prestado en un centro de trabajo subordinado o accesorio el que se lleve a cabo por los trabajadores por cuenta ajena que contraten las cooperativas para prestar servicios de duración determinada en los locales del cliente o su beneficiario y para la administración pública; también aquellas actividades que deba realizar la cooperativa en obras, montajes o actividades auxiliares, siempre que éstas no constituyan el objeto social principal de la cooperativa y se presten fuera de sus locales por exigencias propias de la actividad, y que la relación con la cooperativa no tenga carácter claramente estable y de duración indefinida.
d) Los trabajadores de cooperativas que operen como empresas de trabajo temporal, de conformidad con lo previsto en la normativa específica para este tipo de empresas.
e) Los trabajadores que se negasen expresamente a ser socios trabajadores.
Si las necesidades objetivas de la empresa obligaran a superar este porcentaje, excluido el personal asalariado relacionado precedentemente, ello será válido para un período que no exceda de tres meses; para superar dicho plazo, deberá solicitarse autorización motivada del departamento competente, que ha de resolver en el plazo de quince días. En caso de silencio, se entenderá concedida la autorización.
Las pequeñas empresas cooperativas, durante un plazo máximo de cinco años desde la fecha de su constitución, podrán contratar a trabajadores en cualesquiera de sus modalidades, sin los límites previstos en este apartado. En cualquier caso, el número de trabajadores a contratar por la pequeña empresa cooperativa no podrá exceder de cinco.
5. En las cooperativas de trabajo asociado, los estatutos podrán prever un período de prueba para los nuevos socios trabajadores que no excederá de seis meses. El período de prueba podrá ser reducido o suprimido de mutuo acuerdo.
Los estatutos podrán ampliar dicho plazo hasta doce meses para ocupar puestos directivos, de técnicos superiores o aquellos otros que, por sus características en cuanto a confianza o especial dedicación, determine el consejo rector o, en su caso, la asamblea general. El número de socios trabajadores en prueba no podrá ser superior a un veinte por ciento a la vez respecto de los socios trabajadores en plenitud de derechos y obligaciones. Esta limitación no será aplicable durante los dos primeros años de constitución de la cooperativa.
No procederá el período de prueba si el trabajador ya hubiera estado en situación de prueba y la hubiera superado sin incorporarse como socio en los anteriores veinticinco meses desde que se resolvió la relación.
Si procediese el período de prueba, y se resolviera la condición de socio trabajador en período de prueba, de forma unilateral, por cualquiera de las partes, se entenderá renovada la relación jurídico-laboral existente al iniciarse el período de prueba.
Los socios trabajadores, durante el período de prueba, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás socios, con las siguientes particularidades:
a) Durante dicho período, ambas partes pueden resolver la relación por libre decisión unilateral.
b) No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad.
c) No podrán votar en la asamblea general sobre materias que les afecten personal y directamente.
d) No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de ingreso.
e) No les alcanzará la imputación de las pérdidas que se produjesen en la cooperativa durante el período de prueba.
6. Serán de aplicación a los centros de trabajo de la cooperativa y a los socios trabajadores las normas sobre seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales.
Los socios trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni los que el Gobierno declare, para los asalariados menores de dieciocho años, insalubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su formación profesional o humana.
7. Los socios trabajadores, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tienen derecho a percibir periódicamente, en el plazo no superior a un mes, anticipos a cuenta de los excedentes de la cooperativa, por importe no inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
En aquellas cooperativas que así lo tengan establecido en sus estatutos, procederá la participación en los resultados positivos por parte de los trabajadores por cuenta ajena en la forma y proporción que aquellos determinen.
8. Los estatutos optarán por el régimen de Seguridad Social, al que se adscribirán todos sus socios trabajadores, pudiendo quedar asimilados a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia o autónomos, de acuerdo con la legislación existente en materia de seguridad social, siéndoles de aplicación a las cooperativas y a sus socios las mismas modalidades y peculiaridades del régimen elegido.
Las cooperativas de trabajo asociado que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, hubieran optado en sus estatutos por asimilar como trabajadores autónomos del régimen especial correspondiente a sus socios trabajadores asumirán la obligación del pago de las cuotas y obligaciones de los socios durante su período activo en la cooperativa, sin perjuicio del sometimiento a la normativa reguladora del régimen correspondiente de la seguridad social. Las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo laboral y tendrán la consideración de partida deducible para la determinación del excedente neto definido en el artículo 57 de la ley.
9. Los estatutos, el reglamento de régimen interior o, en su defecto, la asamblea general establecerán el marco básico del régimen disciplinario de los socios trabajadores, el cual regulará los tipos de faltas que puedan producirse en la prestación del trabajo, las sanciones, los órganos y personas con facultades sancionadoras delegadas y los procedimientos sancionadores con expresión de los trámites, recursos y plazos.
El acuerdo de expulsión del socio trabajador podrá ser recurrido ante el comité de recursos o la asamblea general en el plazo de quince días. Dicho acuerdo de expulsión sólo será ejecutivo desde su ratificación o desde que haya transcurrido el plazo para recurrir. No obstante, el consejo rector podrá suspender al socio trabajador en su empleo, conservando todos sus derechos económicos.
10. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios trabajadores, derivadas de la prestación del trabajo, se resolverán aplicando con carácter preferente esta ley, los estatutos, el reglamento de régimen interno de la cooperativa y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la misma. El conocimiento de las citadas cuestiones, una vez agotada la vía interna establecida en el párrafo anterior, corresponderá al órgano jurisdiccional que resulte competente.
Artículo 73. Régimen de trabajo, suspensión y excedencias.
Los estatutos, el reglamento de régimen interno o, en su defecto, la asamblea general regularán la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, las fiestas, las vacaciones anuales, los permisos, las suspensiones de trabajo y las excedencias, respetando, en todo caso, los mínimos establecidos en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Serán de plena aplicación las normas sobre suspensiones por maternidad y adopción establecidas en la legislación vigente.
Artículo 74. Modificación, suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor y sucesión de empresa.
1. La asamblea general, para mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa, será competente para modificar las condiciones de la prestación del trabajo, suspender temporalmente ésta o reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor. La asamblea general o, en su caso, quien establezca los estatutos deberá designar los socios trabajadores concretos afectados por estas medidas, así como, en el caso de suspensión, el tiempo que ha de durar la misma.
2. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en el número anterior del presente artículo tendrán derecho a la devolución inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución, en el plazo de dos años, de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. Los estatutos podrán ampliar dicho plazo, no superando en ningún caso el de cuatro años, y manteniéndose la periodificación mensual de su devolución. En todo caso, los importes pendientes de reembolso devengarán el interés previsto en el artículo 53.1.c) de esta ley.
3. Los socios trabajadores afectados por la suspensión temporal de la prestación de su trabajo perderán, proporcionalmente, mientras dure la suspensión, los derechos y obligaciones económicos de dicha prestación, conservando los restantes derechos y obligaciones. Dichos socios quedarán temporalmente excluidos de la aplicación de cualquier obligación que suponga tener que hacer frente a una aportación obligatoria a la cooperativa, aun cuando ésta hubiera sido debidamente aprobada por la asamblea general. La aportación se hará efectiva cuando finalice la suspensión temporal.
4. Cuando una cooperativa deba subrogarse en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular, incorporará a los trabajadores por cuenta ajena afectados por esta subrogación, de acuerdo con lo previsto en la normativa laboral. Durante este proceso, no se tendrá en cuenta el límite legal previsto en esta ley sobre el número de horas/año del personal asalariado si fuere rebasado por la cooperativa, una vez ofrecida a los trabajadores incorporados la posibilidad de convertirse en socios.
5. Cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios, concesión administrativa o situaciones contractuales análogas y un nuevo empresario se hiciese cargo de las mismas, los socios trabajadores tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido de acuerdo con la normativa laboral aplicable, como si hubiesen prestado su trabajo en la cooperativa con la condición de trabajadores por cuenta ajena.
Artículo 75. Cooperativas de trabajo asociado de transporte.
1. Serán aquellas cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto social consista en organizar y prestar servicios de transporte.
2. Los estatutos sociales podrán establecer que todas o parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, estén formadas por uno o más vehículos, de las características que fije la cooperativa. Su tratamiento será el establecido por esta ley para las aportaciones no dinerarias.
3. En caso de baja del socio, el reembolso de las aportaciones en vehículos se hará mediante la devolución del vehículo y del fondo de amortización a él aplicado.
4. Los estatutos podrán establecer que los ingresos, así como los gastos específicos a los que se refiere el artículo 57, se imputen internamente a cada vehículo que los haya producido, constituyendo cada uno de éstos una unidad de gestión. Frente a terceros deberá garantizarse la actuación unitaria de la cooperativa, siendo esta última a todos los efectos la responsable como transportista frente al usuario.
Artículo 76. Cooperativas de enseñanza de trabajo asociado.
Son aquellas que asocian a profesores y personal no docente y de servicios al objeto de desarrollar actividades docentes en sus distintos niveles, etapas y modalidades, pudiendo realizar también actividades extraescolares, conexas y complementarias a las mismas.
Artículo 77. Cooperativas de iniciativa social.
1. Son aquellas cooperativas de trabajo asociado que tienen por finalidad principal el apoyo, la promoción y el desarrollo de colectivos que, por sus peculiares características, precisen de una especial atención en orden a conseguir su bienestar y su plena integración social y laboral, a través de la prestación de servicios y el desarrollo de actividades empresariales de carácter asistencial, educativo, de prevención, integración e inserción.
2. Para que una cooperativa sea considerada como de iniciativa social, deberá constar en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro y, en caso de producirse resultados positivos, éstos no podrán ser repartidos entre los socios, dedicándose a la consolidación y mejora de la finalidad prevista; asimismo, las aportaciones obligatorias de los socios al capital social no podrán devengar interés alguno, sin perjuicio de su posible actualización. Las aportaciones voluntarias devengarán, como máximo, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del acuerdo de emisión. También constará el carácter gratuito del desempeño de los cargos del consejo rector, sin perjuicio de las compensaciones económicas que procedan por los gastos en el desempeño de sus funciones como tales, y las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable a los trabajadores por cuenta ajena del sector.
El incumplimiento de cualesquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la condición de cooperativa de iniciativa social.
3. Asimismo podrán prever en sus estatutos la integración de voluntarios, cuya aportación consistirá en la prestación de su actividad, de carácter altruista y solidario, para coadyuvar a los fines de interés general que persiga el objeto social de la cooperativa.
No estarán obligados a efectuar aportación de capital ni tendrán derecho a obtener retorno cooperativo y no responderán personalmente de las deudas sociales.
Los estatutos establecerán el régimen del voluntariado de acuerdo con esta ley y con el resto de normas que lo regulan. Igualmente, las cooperativas responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas como consecuencia de la realización de este tipo de actividades, en los términos establecidos en la normativa específica sobre voluntariado social.
Sección 2.ª Cooperativas de servicios
Artículo 78. Concepto y caracteres.
1. Son aquellas que asocian a personas físicas y/o jurídicas, titulares de explotaciones industriales o de servicios, y a profesionales que ejercen su actividad por cuenta propia. Tienen por objeto la prestación de suministros y servicios en común y la ejecución de operaciones tendentes al mejor funcionamiento de las actividades empresariales o profesionales de sus socios, que no puedan atribuirse a ninguna otra clase de cooperativas.
2. Las cooperativas de servicios podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros, hasta un cincuenta por ciento del volumen total de actividad cooperativizada realizada con los socios. Estas operaciones se reflejarán por separado en la contabilidad de la cooperativa.
3. Los estatutos podrán establecer el voto ponderado en función del volumen de participación del socio en las actividades cooperativizadas, sin que la diferencia pueda ser superior de uno a tres.
4. Podrán incluir en su denominación términos alusivos al sector, actividad profesional o rama económica en que actúen.
Artículo 79. Cooperativas de transportistas.
Son aquellas cooperativas de servicios que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer la actividad de transportistas de personas, cosas o mixtos. Podrán desarrollar operaciones con terceros no socios siempre que una norma específica así lo autorice. Estas operaciones se reflejarán por separado en la contabilidad de la cooperativa.
Sección 3.ª Cooperativas agrarias
Artículo 80. Concepto y caracteres.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas del sector agroalimentario o forestales. También podrán asociar a otras cooperativas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de regantes y a aquellas personas jurídicas que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a las de la propia cooperativa.
Tienen por finalidad la prestación de servicios y suministros, la producción, transformación, comercialización de los productos obtenidos y, en general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las explotaciones de sus socios o de la cooperativa, así como de las condiciones económicas y sociales del ámbito en que desarrollen su actividad. Podrán también suministrar bienes y servicios para el uso y consumo de sus socios.
Junto con su solicitud de alta, los socios deberán presentar una declaración de explotación familiar agrícola, ganadera o forestal. En el supuesto de que se produzca alguna modificación de la explotación declarada, ésta deberá acreditarse documentalmente. Se considerará explotación agrícola, ganadera o forestal del socio el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción agraria, primordialmente con fines de mercado.
Las cooperativas agrarias podrán, si así lo establecen sus estatutos, llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad al servicio de sus socios o familiares con los que estos convivan, organizadas de forma independiente a través de secciones, que tendrán contabilidad propia.
Expresamente, las cooperativas agrarias podrán gestionar la contratación y contratar, si la normativa aplicable se lo permite, a trabajadores eventuales para la realización de tareas agrarias con la finalidad de canalizar adecuadamente los flujos de mano de obra hacia las concretas necesidades de sus socios.
2. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia de los socios en la cooperativa, que no podrá ser superior a diez años. El incumplimiento de esta obligación no eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros ni de la que hubiere asumido con la cooperativa por inversiones realizadas y no amortizadas.
Con ocasión de acuerdos de asamblea general que impliquen la conveniencia de asegurar la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en niveles o plazos superiores a los exigidos por la ley o los estatutos con carácter general, tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares, los socios podrán asumir voluntariamente dichos compromisos. En caso de incumplimiento, se estará a lo establecido en el artículo 22.a) de esta ley.
3. Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros en cada ejercicio económico hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del total de las realizadas con los socios, para cada tipo de suministro y actividad desarrollada por la cooperativa. En caso de concurrir circunstancias excepcionales no imputables a la cooperativa que pongan en peligro su existencia, el departamento competente podrá autorizar el sobrepasar los citados límites. Estas operaciones se reflejarán por separado en su contabilidad.
4. Los estatutos establecerán el voto ponderado en función del volumen de participación del socio en las actividades cooperativizadas, sin que la diferencia pueda ser inferior de uno a tres votos, ni superior de uno a diez.
5. Los estatutos podrán establecer diferencias en las aportaciones obligatorias al capital social en función del grado de utilización de los servicios cooperativizados reales o comprometidos por cada socio. Asimismo podrán establecer sistemas de capital rotativo mediante los cuales los socios deban realizar nuevas aportaciones obligatorias al capital en función de su actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la entidad a la devolución de las aportaciones desembolsadas en su día en función de su antigüedad. Por acuerdo de asamblea general, se deberán aprobar las normas de funcionamiento de este capital rotativo, cuya aplicación en ningún caso podrá determinar la reducción de capital social por debajo de los mínimos establecidos.
6. Igualmente, podrán regular la existencia de detracciones porcentuales sobre el importe de las operaciones que realice el socio con la cooperativa y de las derramas para gastos que se produzcan por su actividad. En cada caso, en el acuerdo de creación deberá establecerse con claridad la naturaleza de dichas detracciones y derramas, distinguiendo las que vayan destinadas a capital de las que se apliquen a gastos de ejercicio o a la dotación directa del fondo de reserva obligatorio. En el cálculo de estas derramas y detracciones se podrá considerar el grado de desembolso por el socio de las aportaciones obligatorias o voluntarias que se hayan emitido.
7. Los estatutos podrán establecer los módulos y formas de participación de los socios en las actividades cooperativizadas. A falta de previsión estatutaria, los socios entregarán la totalidad de los productos que obtengan en sus explotaciones agrarias, cuando pertenezcan a los tipos de productos que comercialice en cada momento la cooperativa. También estarán obligados a suministrarse en la misma de todo lo necesario para su explotación, siempre que la cooperativa disponga de ello. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 57.3 de esta ley.
Cuando, por acuerdo de su asamblea general, válidamente adoptado, se pongan en marcha nuevos servicios o actividades con obligación de utilización mínima o plena, se entenderá extendida a ellos esta obligación, salvo que, por justa causa, el socio lo comunique expresamente al consejo rector en el plazo de seis meses desde la adopción del acuerdo.
Sección 4.ª Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra
Artículo 81. Concepto y caracteres.
1. Son aquellas que asocian a titulares de explotaciones agrarias que ceden sus derechos sobre éstas a la cooperativa, pudiendo prestar también su trabajo en ella. Pueden asociar igualmente a otras personas físicas que exclusivamente prestan su trabajo en la misma, a fin de crear y gestionar una única empresa o explotación agraria.
2. Los estatutos deberán establecer los módulos de participación de los socios que hayan aportado el derecho de uso y aprovechamiento de tierras, maquinaria y otros medios de producción y, por otro lado, los de los socios que aporten también o exclusivamente su trabajo. A éstos se les aplicarán las normas que para las cooperativas de trabajo asociado contiene esta ley, con las características especiales que recoge este artículo.
3. Los estatutos diferenciarán entre las aportaciones hechas al capital social por los socios cedentes y por los socios trabajadores.
4. Los arrendatarios y otros titulares de derechos de disfrute de la tierra podrán ceder éstos a la cooperativa por el tiempo máximo de duración de su contrato, sin que ello suponga causa de resolución del mismo.
5. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia de los socios cedentes, que no será superior a quince años, así como las normas sobre transmisión de los bienes cuyos titulares hayan cedido a la cooperativa los derechos de uso y aprovechamiento de los mismos.
Aunque el socio cese en la cooperativa en su condición de cedente del goce de bienes, ésta podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento cedidos por el mismo durante el tiempo que falte para terminar su período de permanencia obligatoria en la misma. Si la cooperativa hace uso de dicha facultad, abonará en compensación al socio cesante la renta media en la zona de los referidos bienes.
6. Los retornos se acreditarán a los socios en proporción a su actividad en la cooperativa, bien sea en forma de anticipos laborales, si son socios trabajadores, o de renta abonable anualmente, en el supuesto de socios cedentes.
Sección 5.ª Cooperativas de consumidores y usuarios
Artículo 82. Concepto y caracteres.
1. Su objeto es la adquisición y, en su caso, producción de bienes y servicios para el consumo y uso como destinatarios finales de los socios y de quienes con ellos convivan habitualmente. También procurarán la información y defensa de los intereses legítimos de consumidores y usuarios.
2. Podrán suministrar, dentro de su ámbito territorial, bienes y servicios a personas y entidades no socios cuando así lo prevean sus estatutos.
3. Es modalidad específica de esta clase de cooperativas la de enseñanza de consumidores y usuarios, que agrupa a los padres de los alumnos, tutores o a los propios alumnos, al objeto de desarrollar y procurar a los mismos actividades docentes en sus distintos niveles.
Artículo 83. Cooperativas de servicios sociales.
1. Son aquellas que procuran la atención social a sus miembros, pertenecientes a colectivos de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, menores, ancianos con carencias familiares o económicas y grupos marginados de la sociedad, facilitándoles bienes y servicios para su subsistencia y desarrollo.
2. En este tipo de cooperativas podrán participar como socios entidades públicas responsables de la prestación de tales servicios sociales, designando un delegado para que preste su asistencia técnica a los órganos de la sociedad. Asimismo podrán participar entidades de interés social sin ánimo de lucro.
Sección 6.ª Cooperativas de viviendas
Artículo 84. Concepto, caracteres y organización.
1. Son las que tienen por objeto procurar al precio de coste, exclusivamente para sus socios, viviendas, servicios o edificaciones complementarios, así como su rehabilitación, pudiendo organizar el uso y disfrute de los elementos comunes y regular la administración, conservación y mejora de los mismos en el modo que se establezca en los estatutos. En relación con las viviendas protegidas, serán de aplicación en todo caso las limitaciones de precio y coste establecidas en su normativa específica.
Podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.
2. Pueden ser socios las personas físicas, así como las cooperativas y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro.
En caso de baja del socio, para la devolución de las aportaciones que haya realizado se procederá del siguiente modo:
a) Las aportaciones al capital serán devueltas por la cooperativa conforme a lo establecido en el artículo 53 de esta ley.
b) Las aportaciones realizadas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados, siempre que no superen el veinte por ciento de su coste estimado, deberán ser íntegramente devueltas por la cooperativa dentro del plazo de quince días desde que el nuevo socio que sustituya al que causa baja haga efectivas sus aportaciones. En todo caso, la devolución deberá hacerse efectiva dentro del plazo máximo de cinco años desde la baja del socio.
c) Las aportaciones realizadas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados que excedan del veinte por ciento de su coste estimado deberán ser devueltas por la cooperativa dentro del plazo de quince días desde que sea requerida para ello.
3. Varias personas interesadas en la consecución como titulares de una sola vivienda podrán adquirir la condición simultánea de socios, con derecho a expresar un único voto, haciéndose constar así en su especial inscripción como tales, y responderán solidariamente de las obligaciones como socios.
4. Simultáneamente, una misma persona no podrá ser titular de más de una vivienda de promoción cooperativa, salvo que la cooperativa a la que pertenezca tenga como objeto únicamente la administración de viviendas o edificaciones ya construidas, a excepción de las familias numerosas, que podrán tener las precisas para cubrir sus necesidades.
5. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados a los socios mediante cualquier título legal. Si la cooperativa mantiene la propiedad, los estatutos establecerán las normas a que habrán de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de otras cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad.
Igualmente, podrán enajenar o arrendar a terceros no socios los locales o cualquier otra edificación complementaria de su propiedad, destinándose los importes obtenidos en estas operaciones a la minoración del coste de las viviendas y anejos vinculados para los socios.
6. Los estatutos sociales podrán establecer el derecho de tanteo y retracto a favor de la cooperativa, en cuyo caso, si el socio titular pretendiera transmitir, ínter vivos, sus derechos sobre la vivienda o local antes de haber transcurrido cinco años o plazo superior establecido estatutariamente desde la fecha de concesión de la cédula de habitabilidad de la vivienda o local o del documento que legalmente le sustituya, deberá ponerlos a disposición de la cooperativa, que los ofrecerá a los socios expectantes por orden de antigüedad. El precio de tanteo será igual a la cantidad desembolsada por el socio transmitente, incrementada con la revalorización correspondiente al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre la fecha en que se entregó la vivienda y la de transmisión de derechos.
Transcurridos tres meses desde que el socio pusiera en conocimiento del consejo rector el propósito de transmitir sus derechos sin que ningún socio expectante hubiera hecho uso de su derecho de preferencia para la adquisición de los mismos, el titular quedará autorizado a transmitirlo a terceros no socios.
7. Si no se hubiese ejercitado el derecho de tanteo por falta de comunicación del socio transmitente y éste realizara la transmisión a terceros, la cooperativa podrá ejercitar el derecho de retracto en el plazo de un año desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o de tres meses desde que el retrayente tuviere conocimiento de la transmisión, satisfaciendo el precio establecido en el párrafo anterior. No podrán ejercitarse los derechos de tanteo y retracto si la transmisión se realizase a favor del cónyuge, descendientes o ascendientes en línea directa.
8. Serán modalidad específica de esta clase de cooperativas las de construcción de plazas de aparcamiento para vehículos. A tal fin, podrán solicitar la concesión de suelo o subsuelo público por el plazo y condiciones que acuerden.
9. El departamento competente en materia de vivienda podrá declarar promotoras sociales preferentes de vivienda protegida a aquellas cooperativas de viviendas y empresas gestoras de cooperativas de viviendas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa de vivienda protegida, siempre que no hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones graves ni muy graves en materia de vivienda protegida, subvenciones públicas, seguridad social, trabajo o tributaria.
Artículo 85. Gestión y régimen económico-financiero.
1. Las cooperativas de viviendas podrán contratar los servicios de asesoramiento, la asistencia técnica o la gestión, al objeto de desarrollar plenamente su objeto social. Si dicha contratación se efectuase con empresas gestoras especializadas al efecto, mantendrán en todo caso la plena independencia y capacidad de decisión de sus órganos sociales. Las empresas gestoras de cooperativas podrán ser personas físicas o jurídicas que cuenten con una organización empresarial adecuada y suficiente para la prestación de estos servicios. Dichas empresas serán responsables de las decisiones y actuaciones que adopte o realice la cooperativa por su asesoramiento o gestión, así como por las actuaciones que realice por apoderamiento conferido a su favor por la cooperativa.
En cualesquiera supuestos en que una cooperativa de viviendas otorgase poderes de representación para el desarrollo de la gestión de la promoción, éstos serán expresos y conferidos por escrito. Constará expresamente en el poder la prohibición de que el apoderado nombre a un sustituto suyo, no admitiéndose cláusulas de irrevocabilidad del poder ni de exoneración de la responsabilidad del apoderado.
2. Las cooperativas podrán realizar promociones inmobiliarias en distintas fases que tendrán la consideración de secciones o fases de la cooperativa y que se regularán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, con las siguientes especialidades:
a) Las secciones o fases se constituirán y extinguirán por acuerdo del consejo rector, que deberá ser inscrito en el Registro de Cooperativas. Para la extinción deberá adoptarse acuerdo previo por la asamblea de la sección.
b) Las secciones o fases contarán con una asamblea general, integrada por los socios que vayan a obtener su vivienda en la correspondiente promoción y una comisión delegada de ésta. La asamblea general de la sección podrá adoptar las decisiones que afecten a su gestión y patrimonio, además de las que correspondan a la asamblea general de la cooperativa como preparatoria de la misma. La comisión delegada tendrá las facultades de gestión ordinaria que le correspondan de acuerdo con los estatutos de la cooperativa y las que le sean delegadas por el consejo rector en relación con la promoción o fase. Será oída, en todo caso, antes de someter los acuerdos cuya adopción corresponda a la asamblea de la sección o fase o al propio consejo rector de la cooperativa.
c) El consejo rector y la asamblea general de la cooperativa tienen con respecto a las secciones todas las facultades y competencias que la ley y los estatutos les atribuyen con carácter general para la cooperativa, sin perjuicio de que pueda otorgar los apoderamientos que considere y del régimen de autonomía de las secciones o fases regulado en esta ley y en los estatutos de la cooperativa.
d) En toda la documentación de la cooperativa que se refiera a la actividad de una sección se deberá identificar ésta.
e) Cuando en una cooperativa existan varias secciones, la asamblea general de la cooperativa se constituirá por los delegados de las secciones previamente elegidos en su asamblea de fase o sección, en la cual deberán adoptarse igualmente los acuerdos que competan a la asamblea general de la cooperativa, además de los propios de la sección. Los delegados de las secciones serán cooperativistas que vayan a obtener su vivienda en la promoción a la que representen y ejercerán el voto con mandato imperativo y de acuerdo con el número y clase de voto ejercido en las respectivas asambleas de sección o fase.
3. La contratación de las empresas gestoras de cooperativas de viviendas, la adquisición de suelo, la concreción de los productos inmobiliarios a promover, la contratación de los profesionales integrantes de la dirección facultativa del proyecto y la obra, la de los préstamos para la financiación de la promoción y la de la construcción del inmueble deberán ser aprobados por la asamblea general de la cooperativa o de la sección o fase en su caso.
El acuerdo deberá ser adoptado con carácter previo al otorgamiento de los respectivos contratos, con excepción de la adquisición de suelo de las administraciones públicas o sus entidades instrumentales, en los que será suficiente la autorización conferida al efecto por la asamblea general o de sección o fase, en su caso, a favor del consejo rector.
4. Las cooperativas de viviendas, antes de presentar las cuentas anuales para su aprobación a la asamblea general, deberán someterlas a auditoría externa en los ejercicios económicos en que se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a) Que la cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a cincuenta.
b) Cualquiera que sea el número de viviendas y locales en promoción, cuando correspondan a distintas fases o cuando se construyan en distintos bloques que constituyan, a efectos económicos, promociones diferentes.
c) Cuando la cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del consejo rector o contratado a una empresa gestora.
d) Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.
e) Cuando la promoción se lleve a cabo sobre suelo obtenido en una enajenación de suelo público.
En todo lo no establecido en este apartado sobre auditoría externa de las cuentas anuales de las cooperativas de viviendas, será de aplicación con carácter general lo establecido en la presente ley.
5. Las aportaciones realizadas por los cooperativistas como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados deberán ser aseguradas por la cooperativa o la empresa gestora mediante aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice su devolución, más los intereses legales correspondientes, en caso de no obtener la calificación definitiva, no terminar las obras dentro del plazo fijado en la calificación provisional o tratándose de vivienda libre en la licencia o, en cualquiera de los casos señalados, en la prórroga reglamentariamente concedida.
6. Antes de la compra del suelo sobre el que haya de construirse vivienda protegida no podrán exigirse ni realizarse, por ningún concepto, aportaciones que superen el tres por ciento del precio máximo de la vivienda protegida de que se trate.
Para adquirir el suelo, la aportación máxima de los socios no podrá superar la cantidad resultante de calcular el límite máximo de repercusión de suelo y urbanización en función de las características de la promoción conforme a la normativa vigente de vivienda protegida.
7. En la promoción de viviendas en régimen de cooperativa se observarán los siguientes plazos:
a) La compra del suelo sobre el que haya de desarrollarse cada promoción o fase de viviendas protegidas deberá tener lugar dentro del plazo máximo de tres años contados desde la inscripción de la cooperativa, sección o fase en el Registro de Cooperativas.
b) Las obras de edificación se iniciarán dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de adquisición del suelo.
Dichos plazos podrán prorrogarse excepcionalmente y por causas no imputables a las cooperativas promotoras ni a sus entidades gestoras por un plazo máximo que no exceda la mitad de los mismos. Su incumplimiento o, en su caso, el de la prórroga será causa de disolución o descalificación de la cooperativa. La inspección de vivienda podrá instar del órgano competente el inicio del procedimiento de descalificación.
Sección 7.ª Cooperativas de crédito
Artículo 86. Concepto y caracteres.
1. Son aquellas que tienen por objeto el fomento y captación del ahorro en cualquiera de sus modalidades para atender las necesidades de financiación de sus socios y terceros comprendidos en su ámbito de actuación.
2. Las cooperativas de crédito que dediquen su actividad fundamentalmente a la financiación del sector agrícola, forestal o ganadero y a la realización de operaciones tendentes a la mejora de vida en el medio rural, adoptarán la denominación de caja rural.
3. Asimismo podrán crearse al amparo de un colegio profesional, sindicato o asociación profesional.
4. Se regularán por lo dispuesto en su legislación específica y, supletoriamente, por lo establecido en la presente ley.
Sección 8.ª Cooperativas de seguros
Artículo 87. Concepto y caracteres.
Son las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora en cualquiera de las ramas admitidas en derecho. Se regularán por lo dispuesto en su legislación específica y, supletoriamente, por lo establecido en esta ley.
Artículo 88. Cooperativas sanitarias.
Son aquellas cooperativas de seguros cuyo objeto es asegurar los riesgos relativos a la salud de sus socios o asegurados y de los beneficiarios de éstos.
Sección 9.ª Cooperativas escolares
Artículo 89. Concepto y caracteres.
1. Son aquellas que tienen como finalidad formar a los alumnos de centros de enseñanza en los principios y práctica cooperativos. Su actividad consistirá en procurar a sus socios, en las mejores condiciones posibles de calidad y precio, los bienes y servicios necesarios para su desarrollo educativo y cultural.
2. Los estatutos determinarán el centro o centros docentes cuyos alumnos puedan integrarse como socios. El cese en el centro implicará la baja en la cooperativa, salvo que se determine un período limitado de permanencia posterior.
3. En caso de que un veinte por ciento de los socios sean menores de edad, será preciso que la cooperativa sea autorizada por el consejo escolar del centro, pudiendo participar un representante de éste en las reuniones de sus órganos sociales.
CAPÍTULO II
Cooperativas de segundo grado y otras formas de integración
Artículo 90. Cooperativas de segundo y ulterior grado.
Dos o más cooperativas podrán constituir otras de segundo o ulterior grado al objeto de cumplir fines y desarrollar actividades de carácter económico. Les serán de aplicación las normas previstas en esta ley para las cooperativas de primer grado, con las siguientes especialidades:
a) Podrán ser admitidas como socios las sociedades agrarias de transformación y cualesquiera otras entidades de naturaleza pública o privada, si así lo prevén sus estatutos, con el acuerdo favorable de, al menos, dos tercios de los votos presentes en el consejo rector. Las cooperativas o sociedades agrarias de transformación deberán ostentar la mayoría de los votos sociales, pudiendo los estatutos establecer un mínimo superior.
b) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el derecho de voto se regirá por lo previsto en el artículo 32.2 de esta ley. Los estatutos regularán la forma de representación de cada entidad asociada, ya sea con un solo representante o con tantos como votos ostente. Los socios de trabajo, en su caso, tendrán derecho también a ser representados en la asamblea.
c) Los miembros del consejo rector, interventores y liquidadores se elegirán de entre los candidatos presentados por las entidades asociadas, de las que habrán de ser socios, cesando en sus cargos si perdiesen tal condición, manteniendo la cooperativa socia el cargo.
d) Las aportaciones obligatorias al capital social se realizarán en función de la actividad cooperativizada comprometida por cada socio o por la real si fuese superior. Los estatutos fijarán los criterios y módulos para definir la misma.
e) Los estatutos podrán establecer la posibilidad de realizar operaciones con terceros en la misma proporción en que lo tengan autorizado las cooperativas de la misma clase de actividad.
f) En caso de liquidación, el activo sobrante será distribuido entre los socios en proporción a los retornos percibidos en los últimos cinco años; o en su defecto, a su participación en la actividad cooperativizada en dicho período o desde su constitución si no se alcanzase dicho plazo.
Artículo 91. Consorcios, grupos cooperativos, asociaciones y acuerdos intercooperativos.
Para la mejor realización de fines concretos y determinados, de manera temporal o duradera, las cooperativas podrán constituir sociedades y asociaciones, grupos cooperativos y consorcios, suscribir con otras acuerdos intercooperativos, asociarse con otras personas, naturales o jurídicas, y poseer participaciones en ellas.
En virtud de los acuerdos intercooperativos que puedan suscribirse, la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios a la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma consideración que las operaciones cooperativizadas efectuadas con los propios socios.
TÍTULO III
Asociacionismo cooperativo
Artículo 92. Principios generales.
Para la defensa y promoción de sus intereses propios, las cooperativas podrán asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder acogerse a cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.
Artículo 93. Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
1. Cinco o más cooperativas de un mismo sector de actividad económica podrán constituir una unión de cooperativas, siempre que integren, al menos, un treinta por ciento de las cooperativas de ese sector y se encuentren inscritas o domiciliadas en Aragón.
2. Diez o más cooperativas de la misma clase, individualmente o agrupadas en uniones, podrán constituir una federación de cooperativas siempre que integren, al menos, al treinta por ciento de esta clase de cooperativas. Su ámbito territorial deberá extenderse a toda la Comunidad Autónoma.
3. Las federaciones de cooperativas tendrán representación en el Consejo Aragonés de Cooperativismo, en la forma y número que reglamentariamente se establezca.
4. Para que cualquiera de estas formas asociativas pueda incluir en su denominación un determinado ámbito territorial o un sector de actividad concreto con carácter genérico, deberá integrar, al menos, el cuarenta por ciento de las cooperativas o del número total de socios existentes en las mismas.
5. Las federaciones de cooperativas podrán formar confederaciones. Cuando una confederación agrupe, al menos, al sesenta por ciento de las federaciones de cooperativas de Aragón registradas, se denominará «Confederación de Cooperativas de Aragón».
6. Corresponde a las uniones, federaciones y confederaciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Representar públicamente al cooperativismo.
b) Difundir los principios cooperativos.
c) Fomentar la promoción cooperativa, la intercooperación y la formación.
d) Organizar servicios de interés común.
e) Proteger y defender los intereses del movimiento cooperativo en general y los de las cooperativas asociadas en particular, conjunta o sectorialmente.
f) Actuar como interlocutores y representantes ante otras organizaciones, entidades y organismos públicos.
g) Colaborar con el Registro de Cooperativas en las tareas de actualización y depuración técnica del censo de sociedades inscritas en aquél.
h) Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas o entre éstas y sus socios.
i) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.
7. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, constituidas al amparo de esta ley, adquirirán la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar una vez inscritas en el Registro de Cooperativas, para lo que deberán depositar el acta de constitución, que contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Relación de las entidades promotoras.
b) Acuerdo de asociación.
c) Composición de los órganos de representación y gobierno de la entidad.
d) Certificaciones del Registro de Sociedades Cooperativas estatal y del Registro de Cooperativas de Aragón de que no existe otra entidad con idéntica denominación.
e) Los estatutos asociativos.
f) Declaración de que se cumplen los porcentajes mínimos de representatividad exigidos en este artículo.
8. Los estatutos recogerán, al menos: Su denominación, domicilio y ámbito territorial; requisitos y procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada; composición, funcionamiento y elección de sus órganos de representación y administración, y régimen económico de la misma.
Las uniones, federaciones y confederaciones deberán comunicar al Registro de Sociedades Cooperativas, en los tres primeros meses del año, la variación en el número de sus miembros.
9. En las uniones y federaciones formadas por cooperativas agrarias podrán también integrarse sociedades agrarias de transformación, así como las entidades que asocien a agrupaciones u organizaciones de productores agrarios, tengan éstas o no la condición de sociedad cooperativa. Asimismo podrán integrarse como asociadas otras entidades asociativas del sector agrario que no cumplan estos requisitos, siempre que tengan capacidad de contratar y agrupen a productores agrarios.
TÍTULO IV
Las cooperativas y la Administración
CAPÍTULO I
Inspección, régimen disciplinario y control
Artículo 94. Inspección, faltas y sanciones.
1. Corresponde al departamento competente en materia de cooperativas la inspección y fiscalización, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cumplimiento por las cooperativas de lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de las competencias que otros órganos específicos tengan encomendadas.
2. Las cooperativas serán sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta ley y a sus estatutos. Los miembros del consejo rector, interventores y liquidadores lo serán en todo aquello que les sea personalmente imputable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.
3. Las infracciones administrativas se calificarán como leves, graves y muy graves, en atención al deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
4. Son infracciones leves aquellas que, no estando tipificadas como graves o muy graves, afecten exclusivamente a deberes meramente formales que no tengan trascendencia en aspectos sustantivos y no interrumpan la actividad social.
5. Son infracciones graves:
a) No depositar en el Registro de Cooperativas las cuentas anuales de la sociedad en los plazos establecidos por esta ley ni la auditoría externa en los supuestos en que sea precisa su realización.
b) No dotar el fondo de reserva obligatorio y el fondo de educación y promoción conforme a los porcentajes establecidos, destinarlos a fines distintos a los previstos en la ley o imputar pérdidas incumpliendo la misma.
c) No inscribir en el registro, en los plazos señalados, los acuerdos sociales cuya inscripción sea obligatoria.
d) No llevar en orden y al día la documentación social y contable obligatoria si el retraso es superior a seis meses y no se han guardado actas, documentos o justificantes probatorios. En caso contrario, la falta se calificará como leve.
e) La no convocatoria de asamblea general ordinaria en el plazo señalado o de asamblea general extraordinaria en los casos en que deba hacerse según previsión legal o estatutaria.
f) No incluir en el orden del día de la asamblea general o no someter a debate y votación los temas que se propongan por el porcentaje de socios previsto en la presente ley o por los interventores.
g) La resistencia o negativa a la labor inspectora.
h) No someter las cuentas a auditoría externa o los acuerdos de los órganos sociales a dictamen de letrado asesor, cuando así se establezca por ley o por los estatutos.
i) La transgresión generalizada de los derechos de los socios.
6. Son infracciones muy graves:
a) La desvirtuación de la sociedad cooperativa, especialmente cuando, a través de ella, uno o varios socios se lucren a costa de los demás, se violen flagrantemente los principios cooperativos contenidos en esta ley o se admita como socios a personas que no puedan serlo.
b) Superar los límites previstos en esta ley para las operaciones con terceros o para la contratación de trabajadores por cuenta ajena por tiempo indefinido.
c) La transgresión de las disposiciones imperativas o prohibitivas de esta ley cuando se compruebe connivencia para lucrarse o para obtener ficticiamente subvenciones o bonificaciones fiscales o se realice de forma reiterada.
d) El pago a los socios de intereses superiores al límite establecido en la ley.
e) La asignación de retornos a personas que no sean socios en activo o con criterio distinto al de su participación en las actividades sociales.
f) La revalorización de las aportaciones sociales por encima de los límites permitidos.
g) Las infracciones graves cuando, durante los cuatro años anteriores al comienzo del correspondiente expediente sancionador, hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.
7. Calificada la infracción, la sanción se impondrá en grado mínimo, medio o máximo en atención a la intencionalidad o negligencia del sujeto infractor, las advertencias previas que se le hubiesen realizado, los perjuicios causados a los socios de la cooperativa o a terceros, la cantidad defraudada y la capacidad económica de la cooperativa, como circunstancias que pueden agravar o atenuar la infracción cometida.
Cuando no se considere relevante ninguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo anterior, la sanción se impondrá en el grado mínimo y en su tramo inferior.
8. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 150,25 a 601,01 euros; las infracciones graves, con multa de 601,02 a 3.005,06 euros, y las infracciones muy graves, con multa de 3.005,07 a 30.050,61 euros.
9. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada, además, la sanción accesoria de exclusión, por tiempo no inferior a un año ni superior a tres, de la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayudas, bonificaciones o subvenciones de carácter público, cualquiera que pudiese ser la finalidad de las mismas. En todo caso, esta sanción accesoria será expresamente motivada.
10. Las infracciones serán sancionadas a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y previa la instrucción del oportuno expediente, en el que necesariamente será oído el presunto infractor, por el órgano encargado del Registro de Cooperativas de Aragón.
11. Las infracciones a la normativa en materia de cooperativas prescriben: Las leves, a los seis meses; las graves, al año, y las muy graves, a los tres años, contados desde la fecha de la infracción.
12. El consejero del departamento competente en materia de cooperativas, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en la infracción cometida, podrá acordar la imposición de sanción consistente en la descalificación de la cooperativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 95. Descalificación.
1. Podrá ser causa de descalificación de una cooperativa:
a) La comisión de infracciones muy graves y el incumplimiento, de forma reiterada, de normas imperativas o prohibitivas de esta ley.
b) Hallarse incursa la cooperativa en alguna de las causas previstas en el artículo 67.1.d) de la presente ley y no acordarse la disolución en el mes siguiente. En este caso, la Administración deberá requerir previamente a la cooperativa para que, en un plazo no superior a tres meses, adopte las medidas pertinentes para subsanar la irregularidad.
c) La inactividad de los órganos sociales o la no realización de su objeto social durante dos años consecutivos.
2. El procedimiento para la descalificación se ajustará a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes particularidades:
a) A la audiencia concedida a la cooperativa se personará su consejo rector o, en su defecto, un número de socios no inferior a tres, salvo en caso de cooperativas de segundo o ulterior grado, en que podrán ser dos. Si tampoco fuera posible esta última comparecencia, se cumplirá el trámite publicando el aviso en el «Boletín Oficial de Aragón».
b) Se emitirán informes por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por el departamento competente en razón a la actividad de la cooperativa, que se remitirán en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se dará por cumplimentado el trámite.
c) La resolución descalificatoria se podrá recurrir en vía contencioso-administrativa, no siendo ejecutiva en tanto no recaiga sentencia firme.
3. Corresponde la declaración de descalificación al consejero a cuyo cargo se encuentre adscrito el Registro de Cooperativas.
4. La descalificación, una vez firme, tendrá efectos registrales de oficio e implicará la disolución de la cooperativa, dando lugar al inicio de las operaciones de liquidación de la misma. En caso de no proceder ésta al nombramiento de liquidador o liquidadores en el plazo de un mes desde la comunicación de la resolución descalificatoria, el nombramiento lo efectuará el consejero del departamento competente, corriendo de cuenta de la cooperativa los gastos que se produzcan en caso de tener que designarse personas ajenas a la misma.
Artículo 96. Intervención temporal de las cooperativas.
1. Cuando en una cooperativa concurran circunstancias que pongan en grave peligro intereses de los socios o de terceros, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del titular del departamento competente en materia de cooperativas, podrá acordar, de oficio o a petición de cualquier interesado, la adopción de medidas de intervención temporal de la misma, que se acordará en el plazo de treinta días.
2. A tal efecto, nombrará uno o más interventores, con las facultades de convocar, establecer el orden del día y presidir la asamblea general y, en su caso, controlar el funcionamiento del resto de los órganos sociales de la cooperativa, cuyos acuerdos serán nulos sin su aprobación.
CAPÍTULO II
Fomento del cooperativismo
Artículo 97. Principio general.
1. La Diputación General de Aragón, en función de sus competencias en esta materia, declara de interés social la promoción, estímulo y desarrollo de las cooperativas y sus organizaciones representativas dentro de su territorio y, dada la importancia que tiene el movimiento cooperativo dentro del sistema económico-social de la Comunidad Autónoma, adoptará, en sus programas de actuación, las medidas necesarias para promover la constitución y el desarrollo de cooperativas y el mejor cumplimiento de sus objetivos.
2. El departamento competente en materia de cooperativas tendrá la competencia con carácter general para el desarrollo de las funciones de promoción, fomento, difusión y formación del cooperativismo, sin perjuicio de las actuaciones que otros departamentos realicen en razón de sus competencias específicas.
Artículo 98. Medidas especiales.
1. Las sociedades cooperativas, con independencia de su calificación fiscal, tendrán la condición de mayoristas, pudiendo actuar también como minoristas en la distribución y venta. Las entregas de bienes y prestación de servicios proporcionados por las cooperativas a sus socios para el cumplimiento de sus fines, ya sean producidos por ella o adquiridos a terceros, no tendrán la consideración de ventas.
2. Las cooperativas de consumidores y usuarios, sin perjuicio de su condición de mayoristas, tendrán también a todos los efectos la condición de consumidores directos para su abastecimiento o suministro por terceros de productos o servicios necesarios para desarrollar sus actividades.
3. Las operaciones de transformación que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo o ulterior grado constituidas por éstas con productos o materias suministradas por sus socios o por terceros, se considerarán actividades cooperativas internas, con el carácter de operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen exclusivamente a las explotaciones de sus socios.
4. Las cooperativas que concentren sus actividades empresariales por fusión, creación de cooperativas de segundo o ulterior grado o por cualquier otro tipo de unión o forma de integración prevista legalmente, disfrutarán de todos los beneficios contemplados en las leyes para la agrupación y concentración de empresas, conforme a la legislación aplicable en la materia.
5. Las cooperativas de viviendas podrán adquirir terrenos de gestión pública por el sistema de adjudicación directa para el cumplimiento de sus fines sociales.
6. Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen tendrán derecho preferente en los casos de empate en las ofertas correspondientes a los concursos y subastas en que participen, y que sean convocadas por las administraciones públicas de Aragón y entes de ellas dependientes, para la realización de obras, servicios y suministros.
Artículo 99. Medidas de fomento.
1. La Diputación General de Aragón consultará con las federaciones y confederaciones de cooperativas competentes por razón de la materia los proyectos de disposiciones de carácter general que les afecten.
Igualmente, instrumentará la participación del movimiento cooperativo en las instituciones y órganos públicos bajo su dependencia, en los consejos asesores de la administración autonómica, así como en las decisiones que adopten cada uno de los departamentos en las materias de la respectiva competencia.
2. Las cooperativas serán objeto de especial consideración en la regulación de las medidas de fomento de los distintos departamentos de la administración de la Comunidad Autónoma.
3. Se adoptarán las medidas adecuadas para fomentar la enseñanza y la difusión del cooperativismo a través de centros escolares y la organización de actividades formativas en general, que se dirigirán especialmente al medio rural, a jóvenes, a integrantes de sectores productivos en crisis o reconversión y a sectores marginados de la sociedad.
4. Los sectores citados en el párrafo anterior gozarán de preferencia a la hora de establecer las medidas de los distintos planes de fomento del cooperativismo de la administración de la Comunidad Autónoma. Asimismo se fomentará especialmente la agrupación y creación de estructuras cooperativas de integración empresarial.
5. Se considerarán especialmente aquellos pactos que permitan a las cooperativas ofrecer a los socios de otras el suministro de bienes y servicios, sin que a estos efectos tengan la consideración de terceros no socios y sin más restricciones que las derivadas de las propias operaciones desarrolladas por las mismas, sus estatutos o las disposiciones legales.
6. Se promocionará la creación de cooperativas para la gestión de servicios públicos y para la realización de obras y tareas de interés general.
7. Se promocionará la creación de cooperativas de trabajo asociado o de otra clase, en relación con empresas en crisis que, bajo esta fórmula societaria puedan resultar viables total o parcialmente, así como en relación con sectores productivos y comarcas económicamente deprimidas.
Disposición adicional primera. Letrado Asesor.
Las cooperativas que tengan un volumen anual de ventas superior a tres millones de euros, de acuerdo con las cuentas de los últimos tres ejercicios económicos, deberán designar, por acuerdo del consejo rector, un letrado asesor.
Este firmará, dictaminando si son ajustados a derecho, los acuerdos que adopten los órganos sociales de la cooperativa que sean inscribibles en algún registro público.
Disposición adicional segunda. Calificación como entidades sin ánimo de lucro.
Podrán ser calificadas como entidades sin ánimo de lucro las sociedades cooperativas que gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública, cuando renuncien expresamente en sus estatutos a acreditar a sus socios retornos cooperativos y dediquen los eventuales saldos positivos a su reinversión en la cooperativa.
Disposición adicional tercera. Departamento competente a los efectos de esta ley.
Las referencias efectuadas en la presente ley al departamento competente, se entenderán hechas a aquel del que dependa el Registro de Cooperativas.
Disposición adicional cuarta. Consejo Aragonés del Cooperativismo.
El Consejo Aragonés del Cooperativismo es un órgano consultivo de la Diputación General de Aragón que cumple adecuadamente con los fines de promoción y desarrollo cooperativos que tiene encomendados.
Está integrado por representantes de las organizaciones de cooperativas constituidas conforme a esta ley y por representantes del Gobierno de Aragón.
Su organización y competencias específicas se hallan desarrolladas por el Decreto 65/2003, de 8 de abril, por el que se regula el Consejo Aragonés del Cooperativismo.
Disposición adicional quinta. Depósito de cuentas anuales.
No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 56.5 de esta ley en caso de que la cooperativa esté obligada a efectuar el depósito de cuentas en cualquier otro registro público.
Disposición adicional sexta. Calificación de la pequeña empresa cooperativa.
El procedimiento para la calificación e inscripción de una cooperativa de trabajo asociado como pequeña empresa cooperativa, se regulará en el reglamento del Registro de Cooperativas de Aragón.
En el marco de los procesos de implantación de la administración electrónica, se facilitará el establecimiento de sistemas y procedimientos que agilicen los trámites necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución de la pequeña empresa cooperativa, a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.
A tal efecto, se estará a lo dispuesto en las normas que resulten de aplicación, en particular las que regulan el empleo de dichas técnicas por los notarios, los registradores y las administraciones públicas. El departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de cooperativas podrá establecer puntos de asesoramiento e inicio de tramitación de las pequeñas empresas cooperativas de Aragón, en colaboración con las entidades asociativas del sector cooperativo y otras que se dediquen al fomento de la economía social.
Dicho departamento aprobará un modelo de estatutos sociales que se pondrá a disposición de las personas interesadas en la constitución de pequeñas empresas cooperativas. El Registro de Cooperativas dará preferencia a los actos de tramitación relativos a la constitución de este tipo de empresas, siempre que se utilice el citado modelo de estatutos sociales.
Con la finalidad de facilitar la presentación de los documentos que acompañan a las cuentas anuales de las pequeñas empresas cooperativas, para su depósito en el Registro de Cooperativas de Aragón, su reglamento establecerá modelos de solicitud y de certificación.
Disposición final. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para que dicte cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente texto refundido. Entre ellas se incluirá la relativa al procedimiento a seguir para la disolución y liquidación de aquellas cooperativas que no se hayan adaptado en los plazos previstos en la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, y en los plazos previstos en la Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre. |
La disposición final tercera de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de aquella Ley, y a propuesta del consejero competente en materia de urbanismo, apruebe un texto refundido de las disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón en materia de urbanismo y proceda a su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las respectivas normas reguladoras.
La anterior autorización tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, ya que la Ley de Urbanismo de Aragón de 2009 previamente había experimentado las reformas ordenadas en el artículo 43 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y antes en el artículo 3 de la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña. Además, en la materia incide reciente legislación estatal, especialmente la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que ha introducido significativas reformas en el texto refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Todo ello aconseja la elaboración de un texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas las modificaciones introducidas en el |
de 2009.
En uso de las facultades conferidas en la referida disposición final tercera de la Ley 4/2013, la refundición no se ha limitado a integrar en un texto único todas las modificaciones legales que han dado una diferente redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. También se ha procedido a revisar la estructura de la ley ajustando la numeración de los artículos y, por tanto, las remisiones y concordancias entre ellos. Igualmente se ha aprovechado para actualizar algunas remisiones a la normativa estatal. Por último, se ha revisado la parte final de la Ley de Urbanismo de Aragón, adaptándola a las exigencias derivadas del tiempo transcurrido desde la aprobación de la misma y de sus variadas modificaciones.
Por todo lo expuesto, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; visto el informe de la Dirección de Servicios Jurídicos, y oído el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del 8 de julio de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón que se incluye a continuación.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, bien a su redacción original, bien a su redacción modificada por la Ley 4/2013, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y específicamente, a los correspondientes preceptos o disposiciones del mismo.
Disposición derogatoria única. Derogaciones derivadas del texto refundido.
1. Queda expresamente derogada la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, incluyendo las reformas introducidas en la misma por el artículo 43 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, y por la Ley 4/2013, de 23 de mayo.
2. Quedan en todo caso derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-Legislativo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Legislativo, y el texto refundido que aprueba, entrarán en vigor el mismo día de la entrada en vigor de la Ley que modifica la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, norma que incorpora íntegramente el régimen jurídico de los Planes y Proyectos de Interés General.
Zaragoza, 8 de julio de 2014.–La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.–El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN
Título preliminar.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Función pública.
Artículo 3. Principios.
Artículo 4. Objetivos.
Capítulo II. Organización y competencias.
Artículo 5. Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 6. Consejos Provinciales de Urbanismo.
Artículo 7. Provincias y Comarcas.
Artículo 8. Municipios.
Artículo 9. Sociedades urbanísticas.
Título primero. Régimen urbanístico del suelo.
Capítulo I. Situaciones, clases y categorías del suelo.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 10. Régimen del suelo.
Artículo 11. Clasificación y categorías.
Sección 2.ª Suelo urbano.
Artículo 12. Concepto.
Artículo 13. Categorías.
Artículo 14. Solar.
Sección 3.ª Suelo urbanizable.
Artículo 15. Concepto y categorías.
Sección 4.ª Suelo no urbanizable.
Artículo 16. Concepto y categorías.
Artículo 17. Suelo no urbanizable genérico.
Artículo 18. Suelo no urbanizable especial.
Capítulo II. Estatuto urbanístico de ciudadanía.
Artículo 19. Derechos del ciudadano.
Artículo 20. Deberes del ciudadano.
Artículo 21. Participación.
Artículo 22. Entidades urbanísticas colaboradoras.
Capítulo III. Libertad de empresa y actividad urbanística.
Artículo 23. Derecho a formular planes.
Artículo 24. Derecho a promover la urbanización.
Artículo 25. Obligaciones del promotor.
Artículo 26. Consulta para la promoción de suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 27. Cédula urbanística.
Capítulo IV. Régimen estatutario de la propiedad del suelo.
Sección 1.ª Contenido general.
Artículo 28. Facultades de uso, disfrute y disposición.
Artículo 29. De la facultad de edificar.
Artículo 30. Derecho a participar en actuaciones integradas.
Artículo 31. Deberes.
Sección 2.ª Contenido particular en función de la clase de suelo.
Artículo 32. Régimen del suelo urbanizable delimitado.
Artículo 33. Régimen del suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 34. Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico.
Artículo 35. Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico mediante autorización especial.
Artículo 36. Procedimiento para la autorización especial.
Artículo 37. Régimen del suelo no urbanizable especial.
Título segundo. Planeamiento urbanístico.
Capítulo I. Plan general de ordenación urbana.
Sección 1.ª Contenido.
Artículo 38. Concepto.
Artículo 39. Modelos de evolución urbana y ocupación del territorio.
Artículo 40. Ordenación estructural.
Artículo 41. Ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado.
Artículo 42. Ordenación pormenorizada en suelo urbano no consolidado.
Artículo 43. Ordenación pormenorizada en suelo urbanizable delimitado.
Artículo 44. Ordenación pormenorizada en suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 45. Concepto y criterios de delimitación de sectores.
Artículo 46. Ordenación pormenorizada en suelo no urbanizable.
Artículo 47. Documentación.
Sección 2.ª Procedimiento.
Artículo 48. Procedimiento municipal.
Artículo 49. Aprobación definitiva.
Artículo 50. Aprobación parcial.
Capítulo II. Planes parciales.
Sección 1.ª Contenido.
Artículo 51. Objeto.
Artículo 52. Determinaciones.
Artículo 53. Densidad y edificabilidad.
Artículo 54. Módulos de reserva.
Artículo 55. Documentación.
Sección 2.ª Procedimiento de iniciativa municipal.
Artículo 56. Formulación.
Artículo 57. Procedimiento.
Sección 3.ª Especialidades del procedimiento con iniciativa no municipal.
Artículo 58. Formulación.
Artículo 59. Documentación.
Artículo 60. Procedimiento.
Capítulo III. Planes especiales.
Artículo 61. Contenido.
Artículo 62. Planes independientes.
Artículo 63. Desarrollo de directrices territoriales.
Artículo 64. Desarrollo del plan general.
Artículo 65. Planes especiales de reforma interior.
Artículo 66. Conjuntos de interés cultural.
Capítulo IV. Otros instrumentos de ordenación urbanística.
Sección 1.ª Estudios de detalle.
Artículo 67. Contenido.
Artículo 68. Procedimiento.
Sección 2.ª Ordenanzas de edificación y urbanización.
Artículo 69. Contenido y procedimiento.
Sección 3.ª Delimitaciones del suelo urbano.
Artículo 70. Objeto.
Artículo 71. Contenido mínimo.
Artículo 72. Contenido complementario.
Artículo 73. Documentación.
Artículo 74. Procedimiento.
Artículo 75. Delimitaciones de iniciativa comarcal y autonómica.
Artículo 76. Modificación.
Capítulo V. Disposiciones comunes.
Sección 1.ª Suspensión de licencias.
Artículo 77. Supuestos.
Artículo 78. Plazos.
Sección 2.ª Efectos.
Artículo 79. Obligatoriedad.
Artículo 80. Ejecutividad.
Artículo 81. Legitimación de expropiaciones.
Artículo 82. Edificios fuera de ordenación.
Sección 3.ª Vigencia y alteración.
Artículo 83. Régimen general.
Artículo 84. Revisión.
Artículo 85. Procedimiento de modificación.
Artículo 86. Requisitos especiales.
Artículo 87. Modificaciones dotacionales.
Sección 4.ª Documentos refundidos de planeamiento.
Artículo 88. Régimen.
Título tercero. Instrumentos de política urbanística y de suelo.
Capítulo I. Directriz especial de urbanismo.
Artículo 89. Objeto.
Artículo 90. Marco normativo de referencia.
Artículo 91. Marco normativo subsidiario.
Artículo 92. Procedimiento y efectos.
Capítulo II. Sistema de información urbanística de Aragón.
Artículo 93. Contenido.
Capítulo III. Programas de coordinación del planeamiento urbanístico.
Artículo 94. Objeto.
Artículo 95. Determinaciones.
Artículo 96. Procedimiento.
Capítulo IV. Norma técnica de planeamiento.
Artículo 97. Objeto.
Artículo 98. Contenido.
Artículo 99. Procedimiento y efectos.
Capítulo V. Convenios urbanísticos.
Artículo 100. Objeto.
Artículo 101. Convenios de planeamiento.
Artículo 102. Convenios de gestión.
Capítulo VI. Patrimonios públicos de suelo.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 103. Constitución.
Artículo 104. Bienes integrantes.
Artículo 105. Destino.
Artículo 106. Reservas de terrenos.
Sección 2.ª Disposición.
Artículo 107. Supuestos.
Artículo 108. Licitación por pluralidad de criterios.
Artículo 109. Licitación por precio.
Artículo 110. Permuta.
Artículo 111. Adjudicación directa.
Artículo 112. Cesión gratuita.
Artículo 113. Derecho de superficie.
Capítulo VII. Áreas de tanteo y retracto.
Artículo 114. Objeto y contenido.
Artículo 115. Procedimiento para la delimitación de áreas.
Artículo 116. Régimen del derecho de tanteo y retracto.
Artículo 117. Ejercicio a favor de consorcios, empresas públicas o sociedades urbanísticas.
Título cuarto. Gestión urbanística.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Sección 1.ª Régimen general.
Artículo 118. Alternativas de ejecución.
Artículo 119. Competencias.
Artículo 120. Formas de gestión.
Artículo 121. Presupuestos de ejecución.
Artículo 122. Elección de la modalidad de gestión.
Artículo 123. Recepción y conservación de las obras de urbanización.
Sección 2.ª Aprovechamiento urbanístico.
Artículo 124. Definiciones.
Artículo 125. Aprovechamiento medio.
Artículo 126. Coeficientes de homogeneización.
Artículo 127. Aprovechamiento en suelo urbano.
Artículo 128. Aprovechamiento en suelo urbanizable.
Artículo 129. Diferencias de aprovechamiento.
Artículo 130. Bienes de dominio público.
Capítulo II. Actuaciones aisladas.
Artículo 131. Actuaciones aisladas.
Artículo 132. Actuación sobre parcelas o solares existentes.
Artículo 133. Actuación mediante normalización de fincas.
Capítulo III. Actuaciones integradas.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 134. Modalidades.
Artículo 135. Programación.
Artículo 136. Colaboración de los propietarios.
Artículo 137. Proyectos de urbanización.
Artículo 138. Unidades de ejecución.
Artículo 139. Cargas de urbanización.
Sección 2.ª Reparcelación.
Artículo 140. Objeto.
Artículo 141. Reparcelación voluntaria y forzosa.
Artículo 142. Contenido.
Artículo 143. Exclusiones.
Artículo 144. Reparcelación económica.
Artículo 145. Documentación.
Artículo 146. Suspensión de licencias.
Artículo 147. Procedimiento.
Artículo 148. Efectos.
Sección 3.ª Gestión directa.
Artículo 149. Gestión directa por expropiación.
Artículo 150. Gestión directa por cooperación.
Sección 4.ª Gestión indirecta por compensación.
Artículo 151. Caracteres y plazo.
Artículo 152. Requisitos.
Artículo 153. Programa de compensación.
Artículo 154. Procedimiento.
Artículo 155. Personalidad y naturaleza de la junta.
Artículo 156. Estatuto de la junta y relación con la Administración.
Artículo 157. Transmisiones.
Artículo 158. Responsabilidad.
Sección 5.ª Gestión indirecta por urbanizador.
Subsección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 159. Caracteres.
Subsección 2.ª Programas de urbanización.
Artículo 160. Contenido.
Artículo 161. Finalidades.
Artículo 162. Documentación.
Artículo 163. Alternativa técnica.
Artículo 164. Proposición jurídico-económica.
Subsección 3.ª Sujetos.
Artículo 165. Estatuto del urbanizador y relación con la Administración.
Artículo 166. Derechos y prerrogativas del urbanizador.
Artículo 167. Cesión y subcontratación.
Artículo 168. Responsabilidades del urbanizador.
Artículo 169. Garantía de promoción y retribución.
Artículo 170. Derechos y deberes de los propietarios.
Artículo 171. Retribución al urbanizador.
Artículo 172. Prerrogativas de la administración, resolución de conflictos y arbitraje.
Subsección 4.ª Procedimiento y efectos.
Artículo 173. Redacción y promoción de los programas.
Artículo 174. Bases generales y particulares para adjudicación de programas.
Artículo 175. Inicio del procedimiento.
Artículo 176. Tramitación en competencia.
Artículo 177. Presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas.
Artículo 178. Selección de la alternativa técnica.
Artículo 179. Adjudicación del programa de urbanización.
Artículo 180. Efectos.
Artículo 181. Modificaciones del programa.
Subsección 5.ª Incumplimiento.
Artículo 182. Resolución de programas de urbanización.
Capítulo IV. Actuaciones de rehabilitación urbana.
Artículo 183. Concepto.
Artículo 184. Programa de rehabilitación urbana.
Artículo 185. Relación con el plan general.
Artículo 186. Relación con los planes y programas en materia de vivienda.
Capítulo V. Obtención de terrenos dotacionales.
Sección 1.ª Modalidades.
Artículo 187. Definiciones.
Artículo 188. Sistemas generales.
Artículo 189. Dotaciones locales.
Artículo 190. Suelo urbano consolidado.
Sección 2.ª Ocupación directa.
Artículo 191. Concepto.
Artículo 192. Procedimiento.
Artículo 193. Indemnización.
Capítulo VI. Expropiación forzosa.
Sección 1.ª Supuestos y plazo.
Artículo 194. Supuestos expropiatorios.
Artículo 195. Función social de la propiedad.
Artículo 196. Destino de las parcelas expropiadas por incumplimiento de la función social de la propiedad.
Artículo 197. Superficies expropiables.
Artículo 198. Servidumbres.
Artículo 199. Plazo.
Artículo 200. Bienes públicos.
Sección 2.ª Procedimientos expropiatorios especiales por razón de urbanismo.
Artículo 201. Determinación del ámbito y relación de propietarios afectados.
Artículo 202. Prohibición de construcciones.
Artículo 203. Expropiación individualizada o conjunta.
Artículo 204. Procedimiento de tasación conjunta.
Artículo 205. Aprobación del expediente de tasación conjunta.
Artículo 206. Pago o consignación.
Artículo 207. Modalidades de pago.
Artículo 208. Ocupación e inscripción registral.
Sección 3.ª Jurado Aragonés de Expropiación.
Artículo 209. Régimen.
Capítulo VII. Sectores concertados de urbanización prioritaria.
Artículo 210. Concepto.
Artículo 211. Documentación y publicidad de la declaración.
Artículo 212. Efectos de la declaración.
Artículo 213. Gestión.
Título quinto. Edificación y uso del suelo.
Capítulo I. Normas de directa aplicación.
Artículo 214. Protección del paisaje.
Artículo 215. Alturas.
Artículo 216. Distancia de vías.
Capítulo II. Edificación forzosa.
Artículo 217. Edificación de parcelas y solares.
Artículo 218. Presupuestos de la edificación.
Artículo 219. Efectos del incumplimiento.
Artículo 220. Declaración de situación de ejecución por sustitución.
Artículo 221. Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución.
Artículo 222. Concurso convocado de oficio.
Artículo 223. Concurso convocado a instancia de interesado.
Artículo 224. Incumplimiento del adjudicatario del concurso.
Capítulo III. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística.
Artículo 225. Exigencia.
Artículo 226. Licencia urbanística.
Artículo 227. Declaración responsable en materia de urbanismo.
Artículo 228. Comunicación previa en materia de urbanismo.
Artículo 229. Efectos.
Artículo 230. Control.
Artículo 231. Resolución única.
Artículo 232. Régimen.
Artículo 233. Revocación de licencias por cambio del planeamiento.
Artículo 234. Licencias para la edificación y urbanización simultáneas.
Artículo 235. Edificación y urbanización simultáneas fuera de unidad de ejecución.
Artículo 236. Edificación y urbanización simultáneas en unidad de ejecución.
Artículo 237. Suministros.
Artículo 238. Procedimiento.
Artículo 239. Silencio administrativo.
Artículo 240. Administración de la Comunidad Autónoma.
Capítulo IV. Parcelaciones.
Sección 1.ª Régimen general.
Artículo 241. Definiciones.
Artículo 242. Parcelaciones ilegales.
Artículo 243. Parcelas indivisibles.
Artículo 244. Régimen.
Artículo 245. Licencia o declaración.
Artículo 246. Procedimiento.
Sección 2.ª Regularización de parcelaciones ilegales.
Artículo 247. Requisitos.
Artículo 248. Censo autonómico.
Artículo 249. Clasificación del suelo.
Artículo 250. Planes de desarrollo.
Artículo 251. Determinaciones.
Artículo 252. Documentación.
Artículo 253. Efectos.
Capítulo V. Deber de conservación.
Sección 1.ª Deber de conservación, órdenes de ejecución e inspecciones periódicas.
Artículo 254. Contenido.
Artículo 255. Procedimiento.
Artículo 256. Subvenciones.
Artículo 257. Opción.
Artículo 258. Cumplimiento.
Artículo 259. Ejecución forzosa.
Artículo 260. Inspección periódica de edificaciones.
Sección 2.ª Declaración de ruina.
Artículo 261. Supuestos, medidas, efectos y obligaciones.
Artículo 262. Ruina inminente.
Artículo 263. Alteración de la ruina.
Título sexto. Disciplina urbanística.
Capítulo I. Inspección urbanística.
Artículo 264. Competencias.
Artículo 265. Facultades.
Artículo 266. Actas de inspección.
Artículo 267. Funciones.
Capítulo II. Protección de la legalidad.
Artículo 268. Obras y usos en curso de ejecución.
Artículo 269. Obras terminadas.
Artículo 270. Ejecución forzosa.
Artículo 271. Suspensión de licencias.
Artículo 272. Competencias autonómicas y comarcales.
Artículo 273. Revisión.
Artículo 274. Suspensión de suministros.
Artículo 275. Inscripción registral.
Artículo 276. Sujeción a otros regímenes.
Capítulo III. Régimen sancionador.
Artículo 277. Infracciones leves.
Artículo 278. Infracciones graves.
Artículo 279. Infracciones muy graves.
Artículo 280. Responsables.
Artículo 281. Infracciones al amparo de título habilitante.
Artículo 282. Graduación de sanciones.
Artículo 283. Medidas complementarias.
Artículo 284. Prescripción.
Artículo 285. Competencias.
Artículo 286. Ejecución forzosa.
Artículo 287. Condonación parcial.
Título séptimo. Régimen urbanístico simplificado.
Artículo 288. Ámbito subjetivo.
Artículo 289. Zonas de borde.
Artículo 290. Plan general simplificado.
Artículo 291. Reservas de sistemas generales y dotaciones públicas.
Artículo 292. Aprovechamiento urbanístico.
Artículo 293. Gestión urbanística.
Artículo 294. Ejecución y obtención de terrenos dotacionales.
Disposición adicional primera. Suelo no urbanizable especial en municipios sin planeamiento.
Disposición adicional segunda. Unidad mínima de cultivo.
Disposición adicional tercera. Evaluación ambiental y de impacto ambiental.
Disposición adicional cuarta. Información pública y audiencia de interesados por iniciativa privada.
Disposición adicional quinta. Publicidad y publicación.
Disposición adicional sexta. Subvenciones para adaptación y elaboración de planes generales y otros instrumentos.
Disposición adicional séptima. Régimen de la información pública.
Disposición adicional octava. Residuos de construcción y demolición.
Disposición adicional novena. Centros de esquí y de montaña.
Disposición adicional décima. Flexibilización en los plazos.
Disposición adicional undécima. Plataforma Web urbanística de Aragón.
Disposición adicional duodécima. Régimen de los suelos contaminados.
Disposición adicional decimotercera. Cesiones para equipamientos.
Disposición adicional decimocuarta. Términos genéricos.
Disposición transitoria primera. Normas provinciales.
Disposición transitoria segunda. Instrumentos urbanísticos vigentes.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del suelo.
Disposición transitoria cuarta. Instrumentos en tramitación.
Disposición transitoria quinta. Licencias y autorizaciones.
Disposición transitoria sexta. Ejecución del planeamiento.
Disposición transitoria séptima. Patrimonios públicos de suelo.
Disposición transitoria octava. Convenios urbanísticos.
Disposición transitoria novena. Procedimientos sancionadores.
Disposición transitoria décima. Zonas periféricas.
Disposición transitoria undécima. Subsuelo.
Disposición derogatoria primera. Legislación urbanística derogada por la Ley 3/2009, de 17 de junio.
Disposición derogatoria segunda. Legislación urbanística derogada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo.
Disposición derogatoria tercera. Legislación urbanística derogada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo.
Disposición final primera. Normas reglamentarias del Estado aplicables como Derecho supletorio.
Disposición final segunda. Cartografía.
Disposición final tercera. Adecuación de sanciones.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto regular la actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el subsuelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La actividad urbanística comprende la clasificación, el planeamiento, la urbanización, la intervención en el mercado de la vivienda y del suelo y en el uso del suelo y la disciplina urbanística.
3. La actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio.
Artículo 2. Función pública.
1. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública.
2. Para el desarrollo de la actividad urbanística, a la Administración Pública competente le corresponden las siguientes funciones:
a) Redacción y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística, no susceptibles de transacción.
b) Intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico del suelo.
c) Aprobación de la forma de gestión de la actividad administrativa de ejecución.
d) Dirección, inspección, control y gestión de la ejecución del planeamiento.
e) Intervención en el mercado del suelo y la vivienda mediante el desarrollo y aplicación de las políticas públicas de suelo y vivienda.
f) Policía del uso del suelo y de la edificación y protección de la legalidad urbanística y de vivienda.
g) Sanción de las infracciones administrativas.
h) Agilización y seguridad de los trámites y toma de decisiones sobre las autorizaciones para el uso del territorio y la instalación de actividades creadoras de empleo.
i) Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la actividad urbanística.
3. La ordenación urbanística y las políticas públicas de suelo y vivienda se rigen, en el marco y de acuerdo con esta Ley, por los principios rectores de la política social y económica establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española.
Artículo 3. Principios.
La actividad urbanística se desarrollará para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo siguiente conforme a los siguientes principios:
a) Desarrollo sostenible, armonizando el uso racional de los recursos naturales y los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del patrimonio cultural y del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación y fomentando la eficiencia energética.
b) Subordinación al interés público, garantizando la utilización del suelo conforme al mismo y, en particular, la subordinación de las decisiones de transformación de suelo para uso residencial a la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
c) Remisión normativa al planeamiento, reservando a este la determinación de los usos del suelo y, consecuentemente, del contenido urbanístico patrimonializable por la propiedad del suelo.
d) Colaboración y coordinación, garantizando una adecuada trabazón de las acciones de las diferentes Administraciones públicas con competencias concurrentes en relación con la actividad urbanística.
e) Participación ciudadana, habilitando en los procedimientos para la adopción de decisiones urbanísticas los trámites de información y audiencia pública en los términos establecidos en las leyes.
f) Transparencia, sometiendo cualesquiera instrumentos urbanísticos a publicidad en los términos establecidos en las leyes.
g) Eficacia y eficiencia, adoptando las decisiones que procedan en relación con la ordenación urbanística y, especialmente, con su gestión para garantizar la consecución de los objetivos de interés general que las justifiquen y, especialmente, la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Artículo 4. Objetivos.
1. Son objetivos de la actividad urbanística, en el marco de los principios anteriores, los siguientes:
a) Lograr un desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el fin fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Aragón.
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación urbanística.
d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública.
e) Garantizar el ejercicio de la actividad empresarial urbanística e inmobiliaria en forma compatible con los valores, principios y derechos constitucionales, evitando maquinaciones especulativas que alteren el precio del suelo, la vivienda u otras construcciones generando incrementos artificiosos de los mismos.
f) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna, evitando la especulación del suelo.
g) Garantizar la ejecución del planeamiento mediante la justa distribución de los beneficios y las cargas entre quienes intervengan en la actividad urbanizadora y edificatoria del suelo.
h) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción urbanística.
i) Agilizar la gestión urbanística.
j) Fomentar la rehabilitación de los edificios, y la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.
2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso:
a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del suelo, mediante su clasificación y calificación.
b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional.
c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y edificaciones existentes.
d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de programación de las actividades de urbanización y edificación.
e) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas protegidas preferentemente de alquiler.
f) La protección del patrimonio cultural aragonés.
g) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del territorio y la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje y la integración de los cursos de agua existentes, así como la presencia de arbolado en los viales y plazas adecuados.
h) La promoción sostenida, eficaz y eficiente de las condiciones necesarias para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
CAPÍTULO II
Organización y competencias
Artículo 5. Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, en el marco de la función pública de ordenación del territorio, que se rige por su legislación específica, el ejercicio de las competencias urbanísticas que expresamente le hayan sido atribuidas.
2. Son órganos urbanísticos activos de la Administración de la Comunidad Autónoma los siguientes:
a) De carácter unipersonal, el Consejero y el Director General competentes en materia de urbanismo.
b) De carácter colegiado, los Consejos Provinciales de Urbanismo de Huesca, Teruel y Zaragoza.
3. El Gobierno de Aragón y los órganos urbanísticos activos de la Administración de la Comunidad Autónoma ejercerán sus competencias previos los informes jurídicos y técnicos que procedan emitidos por las unidades administrativas de la Dirección General competente en materia de urbanismo.
4. Las competencias urbanísticas que se atribuyeran a la Administración de la Comunidad Autónoma sin indicar el órgano competente para ejercerlas corresponderán al titular del Departamento competente en materia de urbanismo.
5. El Gobierno de Aragón, previa solicitud del Ayuntamiento, podrá acordar que la intervención autonómica en el planeamiento derivado tenga un carácter facultativo, conforme a las determinaciones de esta Ley.
Artículo 6. Consejos Provinciales de Urbanismo.
1. Los Consejos Provinciales de Urbanismo, sin perjuicio de las competencias que les correspondan como órganos activos, actuarán también como órganos consultivos y de participación de la Comunidad Autónoma. Serán oídos preceptivamente en los supuestos establecidos en esta Ley y facultativamente cuando sean requeridos para ello.
2. La composición, funciones y competencias de estos órganos se establecerán reglamentariamente. Su composición deberá garantizar una presencia institucional que permita la coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma con otras administraciones públicas con competencias sobre el territorio, contará con representaciones de las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresariales y sindicales y de los municipios capital de provincia, fomentará la participación ciudadana y podrá incluir la asistencia de expertos y especialistas en materia de urbanismo.
3. Los acuerdos de los Consejos Provinciales de Urbanismo que pongan fin al procedimiento agotan la vía administrativa, por lo que serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo, previo potestativo de reposición o requerimiento previo.
Artículo 7. Provincias y Comarcas.
1. Corresponde a las diputaciones provinciales la función de cooperación y asistencia a los municipios de sus respectivos territorios en el desarrollo de la actividad urbanística, ejerciendo las competencias que les sean legalmente atribuidas.
2. Corresponden a las comarcas las competencias que en materia de urbanismo les atribuye su normativa específica.
3. Se impulsarán medidas de colaboración con las comarcas en aspectos técnicos de planeamiento y gestión. En este sentido, se facilitará mediante convenio la posibilidad de que las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón contemplen la existencia de oficinas técnicas de asistencia a varias comarcas en esta materia, en el marco de lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
Artículo 8. Municipios.
1. Con carácter general y para la gestión de los intereses de la comunidad local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública. Los municipios ejercerán las competencias que les hayan sido atribuidas y cuantas competencias en materia urbanística no estén expresamente atribuidas a otras Administraciones.
2. Los municipios que no dispongan de medios técnicos, jurídicos o materiales suficientes para el ejercicio eficaz de sus competencias urbanísticas podrán recabar la asistencia de la correspondiente Provincia o Comarca en la forma establecida en la normativa de régimen local y régimen jurídico de las administraciones públicas.
3. Corresponden al Alcalde las siguientes atribuciones:
a) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno.
b) La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
c) La aprobación de los convenios de gestión.
d) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
e) El ejercicio de las restantes competencias en relación con edificación y uso del suelo y la disciplina urbanística, salvo la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves.
f) Las que, correspondientes al municipio conforme a esta Ley, no estén expresamente atribuidas a otro órgano municipal.
4. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:
a) La aprobación inicial y provisional del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en esta Ley.
b) La aprobación de las ordenanzas de edificación.
c) La aprobación de los convenios de planeamiento.
d) La imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves.
e) Las restantes competencias que le hayan sido expresamente atribuidas en esta Ley.
5. Corresponden a la Junta de Gobierno Local, cuando exista, la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le deleguen conforme a lo establecido en la legislación del régimen local.
6. La aprobación de proyectos de obras se regirá por lo establecido en la legislación de régimen local.
7. Las referencias que en esta Ley se realizan a las atribuciones de órganos municipales no impedirán que, cuando proceda conforme a la legislación de régimen local, la competencia corresponda a la Junta de Gobierno Local o a otros órganos.
Artículo 9. Sociedades urbanísticas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las provincias, las comarcas, los municipios y las entidades instrumentales de todos ellos podrán constituir por sí solas, entre sí, mediante consorcios o con terceros, sociedades urbanísticas de carácter mercantil para el estudio, elaboración, desarrollo, gestión, promoción y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico u otro objeto de la incumbencia de las Administraciones que las constituyan, siempre que no implique ejercicio de autoridad, y observando en todo caso lo dispuesto por la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2. Las sociedades urbanísticas podrán tener por objeto:
a) La elaboración y redacción de planes y proyectos de interés general de Aragón, propuestas de delimitación y ordenación de sectores concertados de urbanización prioritaria, planeamiento de desarrollo o estudios de detalle, así como de cualesquiera instrumentos de gestión urbanística o informes, estudios o asistencia técnicas en materia urbanística.
b) La promoción, gestión y ejecución de actuaciones de suelo y vivienda sin necesidad de que se transmitan o aporten necesariamente terrenos o aprovechamientos. Si todas o alguna de las entidades asociadas optaran por transmitir o aportar terrenos o aprovechamientos urbanísticos afectados por la actuación encomendada, podrá tener lugar en pleno dominio o limitándose al derecho de superficie o a otro u otros derechos reales existentes o constituidos al efecto.
c) La gestión y promoción de patrimonios públicos de suelo, así como la ejecución de actuaciones sobre los mismos, conforme al destino que le es propio, incluyendo la posibilidad de actuar como beneficiario de la expropiación para la constitución o ampliación de patrimonios públicos en ámbitos de reserva o la adquisición de bienes a través de los derechos de adquisición preferente a favor de la Administración en las áreas de tanteo y retracto reguladas en esta Ley.
d) La conservación y explotación de la urbanización, a costa de los propietarios y bajo la dependencia de la Administración, con los derechos y deberes de las entidades urbanísticas de conservación.
e) La gestión de las expropiaciones para la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón o planeamiento urbanístico u otras actuaciones determinadas.
3. Las sociedades urbanísticas que tengan la condición de medio propio y servicio técnico de entes públicos conforme a la normativa de contratación del sector público, podrán recibir encargos de la Administración titular en las condiciones y supuestos en ella establecidos.
4. Para la realización de su objeto social, las sociedades urbanísticas tendrán, de conformidad con su naturaleza y con la normativa que les resulte de aplicación, las facultades que se les atribuyan y en todo caso las siguientes:
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el derecho privado, en orden a la mejor consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de actuación.
b) Realizar directamente convenios con los organismos competentes.
c) Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación, en los términos más convenientes para asegurar su edificación en los plazos y en la forma prevista. La misma facultad le asistirá para enajenar los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el planeamiento que habrán de materializarse en las parcelas resultantes de la ordenación.
d) Gestionar la urbanización y los servicios implantados, hasta que sean formalmente asumidos por el organismo competente conforme a lo establecido en esta Ley.
e) Actuar como entidad instrumental de las entidades titulares o como entidad privada, cuando proceda, y en concurrencia plena con terceros.
f) Ostentar la condición de beneficiaria de expropiaciones urbanísticas y de los derechos de adquisición preferente conforme a lo establecido en esta Ley.
TÍTULO PRIMERO
Régimen urbanístico del suelo
CAPÍTULO I
Situaciones, clases y categorías del suelo
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 10. Régimen del suelo.
1. El régimen urbanístico del suelo será el establecido en la legislación estatal de suelo, en esta Ley y, por remisión legal, en el planeamiento, de acuerdo con la situación básica en que se encuentre el suelo, y la clasificación y la calificación urbanística de los predios.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda por el promotor de la actuación conforme al régimen establecido en esta Ley.
Artículo 11. Clasificación y categorías.
1. Corresponde al plan general la clasificación de todo el suelo del término municipal, incluido el destinado a sistemas generales, en las siguientes clases y categorías:
a) Suelo urbano, consolidado o no consolidado.
b) Suelo urbanizable, delimitado o no delimitado.
c) Suelo no urbanizable, especial o genérico.
2. La clasificación de suelo responderá al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio que establezca el plan general de ordenación urbana. El suelo que no sea clasificado como suelo urbano o urbanizable tendrá la clasificación de suelo no urbanizable.
3. En los municipios que carezcan de plan general, el suelo que no tenga la condición de urbano tendrá la consideración de suelo no urbanizable.
Sección 2.ª Suelo urbano
Artículo 12. Concepto.
Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que:
a) Cuenten con servicios urbanísticos suficientes, entendiendo por tales: red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal, servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones y gestión de residuos de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
b) Carezcan de alguna de las infraestructuras y servicios mencionados en el apartado anterior, pero puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. Con carácter general, no podrán considerarse, a estos efectos, las carreteras de circunvalación ni las vías de comunicación interurbanas.
c) Los terrenos que el plan general incluya en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del plan, los requisitos establecidos en el apartado a) y se trate de espacios homogéneos en cuanto a su uso y tipología que se encuentren integrados en la malla urbana propia del núcleo o asentamiento de población del que formen parte.
d) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.
Artículo 13. Categorías.
1. El plan general podrá distinguir las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado conforme a lo establecido en esta Ley.
2. Tendrán la condición de suelo urbano no consolidado los terrenos de suelo urbano que soporten actuaciones urbanísticas integradas, sean de nueva urbanización o de intervención sobre suelos consolidados total o parcialmente por la edificación, conforme a lo establecido en el artículo 118 de la presente Ley.
3. El suelo urbano que el plan general no defina como no consolidado tendrá la consideración de suelo urbano consolidado.
Artículo 14. Solar.
1. Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para su uso inmediato, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones y normas técnicas establecidas por el planeamiento urbanístico, o en todo caso, si éste no las especifica, que dispongan de los servicios urbanísticos básicos señalados por el artículo 12 a), en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos, así como de alumbrado público, y confronten con una vía pavimentada y adecuada para el tránsito de peatones y vehículos rodados.
b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planeamiento urbanístico las define.
c) Que, para edificarlos, no se deban ceder terrenos para destinarlos a calles o a vías con vistas a regularizar alineaciones o a completar la red viaria.
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable sólo podrán alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para la conexión con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
Sección 3.ª Suelo urbanizable
Artículo 15. Concepto y categorías.
1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que sean clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible transformación, a través de la dotación de servicios urbanísticos suficientes, en las condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural.
2. El plan general podrá distinguir las categorías de suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado.
3. Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los sectores de urbanización prioritaria previstos por el plan general. Todo el suelo urbanizable restante tendrá la consideración de suelo urbanizable no delimitado.
Sección 4.ª Suelo no urbanizable
Artículo 16. Concepto y categorías.
1. Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos clasificados como tales por el planeamiento por concurrir alguna de las circunstancias siguientes:
a) El suelo preservado de su transformación urbanística por la legislación de protección o policía del dominio público, de protección medioambiental, de patrimonio cultural o cualquier otra legislación sectorial, así como los terrenos que deban quedar sujetos a tal protección conforme a los instrumentos de planificación territorial.
b) Los terrenos que no resulten susceptibles de transformación urbanística por la peligrosidad para la seguridad de las personas y los bienes motivada por la existencia de riesgos de cualquier índole.
c) Los terrenos preservados de su transformación urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos.
d) Todos los que el plan general, de forma motivada, no considere transformables en urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana fijado.
2. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías de suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial.
Artículo 17. Suelo no urbanizable genérico.
1. Constituirá el suelo no urbanizable genérico el clasificado y calificado como tal por el plan general de ordenación urbana.
2. El suelo no urbanizable genérico será la clase y categoría residual.
Artículo 18. Suelo no urbanizable especial.
Tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial en todo caso los terrenos del suelo no urbanizable enumerados en el artículo 16.1, apartados a) y b). También tendrán dicha consideración los terrenos incluidos en el artículo 16.1, apartado c), cuando el plan general les reconozca este carácter al haberse puesto de manifiesto los valores en ellos concurrentes en un instrumento de planificación ambiental, territorial o cultural.
CAPÍTULO II
Estatuto urbanístico de ciudadanía
Artículo 19. Derechos del ciudadano.
Las Administraciones públicas orientarán su actuación urbanística a la consecución de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Su garantía, reconocimiento, respeto y protección informarán el planeamiento y la gestión urbanística, promoviendo los siguientes derechos:
a) Al desarrollo del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada en términos, como mínimo, de definición y ejecución por las Administraciones públicas de las correspondientes y permanentes políticas de programación pública de vivienda y de viviendas protegidas.
b) A la clasificación y calificación por los instrumentos de ordenación de suelo adecuado para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
c) A la aplicación preferente del suelo de propiedad pública que resulte innecesario para los fines que lo hagan de dominio público y, en particular, de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, a los fines establecidos en esta Ley.
d) A la puesta en el mercado por las Administraciones públicas, cuando proceda, de suelo de su propiedad en términos dirigidos a la regulación del mercado del suelo y la lucha contra la especulación.
e) A la no afección de la vivienda que constituya su domicilio o residencia u otros lugares de habitación humana por radiaciones o inmisiones contaminantes de cualquier tipo que desborden los límites máximos admitidos por la legislación que resulte de aplicación.
f) A un medio ambiente urbano adecuado, tanto en la ciudad existente como en el tejido urbano de nueva creación, y, en consecuencia, a que se cumplan estrictamente los límites de edificabilidad y las reservas que resulten exigibles conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
g) Al acceso a toda la información urbanística de la que dispongan las Administraciones públicas en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
h) A la participación en los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de cualesquiera instrumentos de ejecución y aplicación de éste.
i) A colaborar en la actividad de planeamiento o gestión en los términos establecidos en esta Ley y, en particular, a ejercer la iniciativa para la obtención de título habilitante para el desarrollo de la actividad de urbanización.
j) Al ejercicio de la acción pública conforme a lo establecido en esta Ley ante los órganos administrativos y la Jurisdicción Contencioso-administrativa, mediante los correspondientes recursos o acciones, para exigir la observancia de la legislación y el planeamiento reguladores de la actividad urbanística.
Artículo 20. Deberes del ciudadano.
Para la consecución de los derechos previstos en el artículo anterior, todos los ciudadanos tienen los siguientes deberes en relación con la actividad urbanística de las Administraciones públicas:
a) Preservar y contribuir a mejorar el medio ambiente natural y urbano.
b) Preservar el patrimonio cultural aragonés.
c) Respetar y hacer uso adecuado, atendidas sus características y función, de los bienes de dominio público y de las infraestructuras y los servicios urbanos y, en particular, del mobiliario urbano.
d) Abstenerse de realizar cualquier acto o de desarrollar cualquier actividad que comporte riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos o de terceros o sin contar con los correspondientes títulos habilitantes.
e) Evitar actuaciones que comporten riesgo para el medio ambiente natural o urbano y cumplir los deberes o levantar las cargas para su preservación conforme a la legislación que resulte de aplicación.
f) Colaborar en la actividad urbanística de planeamiento, gestión o disciplina en los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 21. Participación.
1. Las Administraciones públicas competentes podrán fomentar la participación de los particulares en la redacción, tramitación y ejecución del planeamiento urbanístico. En cualquier caso, la Administración podrá hacer uso de técnicas de gestión directa de la actividad urbanística.
2. Los particulares, en los términos previstos por la legislación y el planeamiento, podrán colaborar con la Administración pública en el desarrollo de la actividad urbanística.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma y los municipios podrán suscribir, conjunta o separadamente, convenios de carácter administrativo con otras Administraciones Públicas y con particulares, al objeto de colaborar, conforme a los principios de transparencia y publicidad, en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanizadora.
Artículo 22. Entidades urbanísticas colaboradoras.
1. La participación en la gestión urbanística podrá tener lugar mediante la creación de entidades urbanísticas colaboradoras con personalidad jurídica propia y, cuando resulte de las determinaciones de esta Ley o sus disposiciones de desarrollo, naturaleza administrativa.
2. La creación y pertenencia a estas entidades será obligatoria en los supuestos establecidos en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, en los planes y proyectos de interés general de Aragón, el plan general o el planeamiento de desarrollo de iniciativa pública o particular.
3. Se establece el Registro administrativo de entidades colaboradoras, que llevará el Departamento competente en materia de urbanismo.
CAPÍTULO III
Libertad de empresa y actividad urbanística
Artículo 23. Derecho a formular planes.
1. La formulación de planes generales, sus revisiones y modificaciones corresponde a los municipios afectados.
2. Cualesquiera personas podrán formular el planeamiento de desarrollo, en los supuestos establecidos en esta Ley.
Artículo 24. Derecho a promover la urbanización.
1. La Administración Pública, en las condiciones establecidas en la legislación básica estatal y en esta Ley, ejercerá la iniciativa pública en la trasformación del suelo urbano no consolidado y urbanizable a través de la dotación de servicios urbanísticos suficientes mediante las formas de gestión de la urbanización previstas en esta Ley, y de conformidad con las bases orientativas establecidas en el planeamiento para su ejecución, relativas al menos a calidades, prioridades y diseño urbano. En estos supuestos, podrán participar tanto los propietarios de los terrenos como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en las condiciones dispuestas por la legislación básica estatal y en esta Ley, siempre en el marco del ejercicio de la libre empresa, y sujetándose a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.
2. Los particulares ejercerán la iniciativa privada de las actuaciones de transformación urbanística y de las edificatorias, en los términos reconocidos en la legislación básica estatal.
Artículo 25. Obligaciones del promotor.
En suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado, los promotores de actuaciones de urbanización, sean o no propietarios del suelo afectado, tienen las siguientes obligaciones:
a) Promover su transformación, financiarla y, en su caso, ejecutarla de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el planeamiento.
b) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística con anterioridad al inicio de su ejecución material.
c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el planeamiento, todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, incluidas las correspondientes a las dotaciones locales y sistemas generales y las obras de conexión con los sistemas generales exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos que aquélla demande por su dimensión y características específicas, aunque hayan de ejecutarse fuera de la actuación. Este deber se asumirá sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable.
Entre tales obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran, conforme a su legislación reguladora, y las infraestructuras y servicios de transporte público que el planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en función de los nuevos tráficos que genere.
El plan general, en determinados sectores de suelo urbanizable delimitado, podrá incluir como obras de urbanización la ejecución de equipamientos educativos y de otro tipo siempre que tengan la consideración de dotaciones locales.
d) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención, independientemente de su calificación como dotaciones locales o sistemas generales, así como las obras e infraestructuras realizadas en el mismo que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. En concreto, deberán ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a las dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos o adscritos al sector o unidad de ejecución.
e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización donde se ubique el aprovechamiento subjetivo correspondiente a la Administración conforme a esta Ley y al planeamiento aplicable.
f) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados en el ámbito de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente.
g) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
Artículo 26. Consulta para la promoción de suelo urbanizable no delimitado.
1. Cualesquiera interesados en promover la transformación o urbanización de suelo urbanizable no delimitado podrán plantear al municipio consulta sobre la viabilidad de la delimitación y transformación urbanística que pretendan en suelo clasificado como urbanizable no delimitado. La memoria que a tal efecto se presente deberá fundarse en el análisis de la adecuación de la propuesta a la ordenación estructural establecida en el plan general y, en particular, al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la misma.
2. El documento o memoria mediante el que se formule la consulta tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Propuesta de ámbito de la operación de transformación proyectada, anticipando propuesta de gestión en una o varias unidades de ejecución.
b) Propuesta de plazos indicativos y forma de gestión de la actividad de ejecución, así como acreditación de la cualificación técnica y económica de la persona o personas consultantes para garantizar la ejecución del planeamiento.
c) Avance de la ordenación propuesta y de su integración en el modelo resultante de la ordenación estructural establecida por el plan general.
3. El Ayuntamiento Pleno, valorando la pertinencia de la transformación, la viabilidad de la dotación de los servicios urbanísticos suficientes en los terrenos, la idoneidad del ámbito sugerido para la misma, los plazos propuestos y el resto de circunstancias urbanísticas concurrentes, optará, motivadamente y a los efectos de la evacuación de la consulta, por una de las siguientes alternativas:
a) Declaración de la viabilidad de la delimitación y transformación objeto de consulta, con determinación de los equipamientos que hayan de ser ejecutados con cargo al correspondiente sector, así como de los sistemas de gestión de la actividad a que, en su caso, pudiera dar lugar. En caso de determinación de formas de gestión indirecta, el acuerdo municipal deberá fijar los criterios orientativos para el desarrollo de la eventual actuación.
b) Declaración motivada de la inviabilidad de la iniciativa objeto de la consulta.
4. La consulta deberá evacuarse en el plazo de tres meses desde la presentación, en debida forma, de la correspondiente solicitud. Transcurrido este último plazo sin notificación de resolución alguna, podrá entenderse resuelta la consulta, considerándose viable la delimitación y transformación. Este plazo quedará suspendido durante el plazo previsto en el apartado 6 si el municipio reclama informe al Consejo Provincial de Urbanismo.
5. El acuerdo municipal por el que se dé respuesta a una consulta declarando la viabilidad de la delimitación y transformación objeto de ésta deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón», y en un periódico local de amplia difusión, iniciándose a partir de la última publicación, en su caso, un plazo de un año dentro del cual podrán presentarse los instrumentos precisos para la dotación de servicios urbanísticos suficientes, quedando vinculado el municipio por su respuesta a la consulta.
6. La Administración de la Comunidad Autónoma sólo estará vinculada cuando, antes de la respuesta municipal a la consulta, el municipio hubiese recabado y obtenido informe favorable del Consejo Provincial de Urbanismo competente, según proceda. Dicho informe deberá emitirse y notificarse en el plazo de tres meses desde que sea recabado por el municipio y producirá efecto durante cuatro años, salvo que antes de dicho plazo se revise el plan general. Transcurrido dicho plazo sin notificación alguna, se considerará viable la delimitación propuesta.
Artículo 27. Cédula urbanística.
1. A solicitud de cualquier interesado, el Ayuntamiento emitirá un informe, denominado cédula urbanística, relativo a las circunstancias urbanísticamente relevantes de una determinada parcela y, en particular, lo relativo a la clasificación, categoría y calificación, con expresión de los instrumentos de planeamiento y de gestión de que deriven o, en su caso, el estado de tramitación de los mismos.
2. El informe se notificará al solicitante en el plazo máximo de dos meses y su emisión podrá estar supeditada al pago de la correspondiente tasa.
3. El contenido de la cédula urbanística no comporta la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico en ella reflejado, ni vincula a la Administración, pero podrá dar lugar, si se vulnerara el principio de confianza legítima, a indemnización en los términos establecidos en la legislación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por los gastos realizados que resultasen inútiles en función de su contenido.
CAPÍTULO IV
Régimen estatutario de la propiedad del suelo
Sección 1.ª Contenido general
Artículo 28. Facultades de uso, disfrute y disposición.
1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la normativa aplicable y la situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición, conforme a lo establecido en las leyes y el planeamiento.
2. Los propietarios del suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos y otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.
3. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones que den lugar a núcleos de población conforme a la definición del artículo 242.2, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra del régimen de las unidades mínimas de cultivo o de lo dispuesto en la legislación forestal, agraria o de similar naturaleza, salvo cuando se trate de concentrar propiedades colindantes o resulte indispensable para lograr la adecuada protección del patrimonio cultural aragonés.
4. En suelo no urbanizable podrá autorizarse la utilización de edificios existentes o rehabilitados para usos compatibles con las razones por las que ese suelo ha sido preservado de su transformación.
Artículo 29. De la facultad de edificar.
1. En suelo urbanizable y suelo urbano, no podrá ser edificado terreno alguno que no merezca la condición de solar conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 14 de esta Ley, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización precisa para ello y la edificación conforme a lo establecido en los artículos 235 ó 236. En ningún caso se permitirá la ocupación de los edificios o construcciones hasta que no se encuentren en condiciones de funcionamiento adecuado los servicios urbanísticos suficientes. Sin embargo, en casos justificados, podrán autorizarse, mediante licencia municipal, construcciones destinadas a usos no residenciales en las zonas que permitan los usos correspondientes, cuando la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente quedaran suficientemente atendidas y el propietario asumiera las obligaciones que le correspondan, conforme a esta Ley, mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.
2. En suelo no urbanizable, los propietarios podrán realizar en sus terrenos, por sí o a través de terceros, la instalación, construcción o edificación permitidas, siempre que los terrenos integren una unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y jurídicas requeridas legalmente y aquéllas se lleven a cabo en el tiempo y las condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística.
3. En cualquier clase de suelo y, de forma excepcional y motivada, podrá otorgarse autorización administrativa para usos y obras de carácter provisional que no dificulten la ejecución del planeamiento, y que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare el órgano municipal competente. La licencia, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.
Artículo 30. Derecho a participar en actuaciones integradas.
1. Los propietarios de suelo incluido en actuaciones integradas que no hayan de gestionarse directamente por expropiación podrán optar por ejercer uno de los siguientes derechos:
a) El derecho a participar en la ejecución de las mismas, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas con los restantes propietarios afectados en proporción a sus respectivas aportaciones. El ejercicio de este derecho conforme a lo establecido en esta Ley comportará la asunción como carga real de los deberes legales de la promoción, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como de la ocupación de los bienes necesarios para la realización de las obras por el responsable de ejecutarlas.
b) El derecho a no participar en la ejecución de las mismas, instando la expropiación de sus terrenos a cargo de la actuación.
2. El derecho de opción se ejercerá en la forma y plazos que resulten de aplicación en función de la modalidad de gestión de la actuación de urbanización aplicable.
Artículo 31. Deberes.
1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
2. En el suelo dotado de los servicios urbanísticos básicos y que tenga atribuida edificabilidad, y conforme a lo establecido en la normativa básica estatal, el deber de uso supone el de edificar en los plazos establecidos en el planeamiento en función del desarrollo urbano y las actuaciones a desarrollar.
3. En el suelo que esté vacante de edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el ambiental; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas, y mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo.
4. En suelo urbano consolidado, los propietarios que promuevan la edificación tienen los siguientes deberes:
a) Completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar.
b) Ceder gratuitamente al municipio los terrenos afectados por las alineaciones y rasantes establecidas, en proporción no superior al quince por ciento de la superficie de la finca.
c) Proceder a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima, o su forma, inadecuada para la edificación.
5. El propietario de suelo incluido en actuaciones integradas que ejerza el derecho a participar en su ejecución tiene el deber de asumir como carga real la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas conforme a lo establecido en esta Ley, así como permitir la ocupación de los bienes necesarios para la realización de las obras al responsable de ejecutar la actuación.
6. El propietario de suelo que promueva la ejecución de actuaciones autorizadas conforme a los artículos 34 a 36 tendrá los siguientes deberes:
a) Costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para conservar el suelo y su masa vegetal en el estado legalmente exigible o para restaurar dicho estado, en los términos previstos en la correspondiente autorización o licencia.
b) Satisfacer las prestaciones patrimoniales que se establezcan mediante Ordenanza municipal, en su caso, para legitimar usos privados del suelo no incluidos en el artículo 34.1.a). La cuantía de la prestación patrimonial será como máximo del cinco por ciento del importe total de la inversión en obras, construcciones e instalaciones a realizar y se devengará de una vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística.
c) Costear y, en su caso, ejecutar y mantener y gestionar adecuadamente las infraestructuras y servicios suficientes mediante la conexión de la instalación, la construcción o la edificación con las redes generales de servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio público cuando deban formar parte del mismo, sin perjuicio de las obras y soluciones independientes debidamente autorizadas.
Sección 2.ª Contenido particular en función de la clase de suelo
Artículo 32. Régimen del suelo urbanizable delimitado.
1. En suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado la correspondiente ordenación pormenorizada que permita la urbanización, no se podrán edificar ni levantar cualesquiera otras instalaciones.
2. Podrá edificarse en suelo urbanizable delimitado, previa aprobación del plan parcial, instrumentos de gestión y proyecto de urbanización correspondientes, antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 236 y con los efectos expresados en el mismo.
3. Podrán ejecutarse en todo caso las obras correspondientes a las infraestructuras del territorio o a los sistemas generales previstos en el plan general o en un plan o un proyecto de interés general de Aragón.
Artículo 33. Régimen del suelo urbanizable no delimitado.
En el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se haya aprobado el correspondiente plan parcial, se aplicará el régimen establecido para el suelo no urbanizable genérico en los artículos 34 a 36, y sus propietarios tendrán los derechos y deberes a que se refiere el artículo 28.
Artículo 34. Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico.
1. En suelo no urbanizable genérico, los municipios podrán autorizar, mediante el título habilitante de naturaleza urbanística correspondiente, de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las directrices de ordenación territorial, en el plan general o en el planeamiento especial, y siempre que no se lesionen los valores determinantes de la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Las destinadas a las explotaciones agrarias y/o ganaderas y, en general, a la explotación de los recursos naturales o relacionadas con la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la correspondiente explotación.
b) Las vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en el lugar de la correspondiente construcción o instalación y aquellas destinadas a servicios complementarios de la carretera.
2. Podrán autorizarse edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en municipios cuyo plan general no prohíba este tipo de construcciones y siempre en lugares donde no exista la posibilidad de formación de núcleo de población conforme al concepto de éste establecido en el artículo 242.2.
A estos efectos, y salvo que el plan general o directrices de ordenación territorial establezcan condiciones más severas, se considera que existe la posibilidad de formación de núcleo de población cuando, dentro del área definida por un círculo de 150 metros de radio con origen en el centro de la edificación proyectada, existan dos o más edificaciones residenciales.
En caso de cumplimiento de las condiciones anteriormente señaladas, y salvo que el planeamiento establezca condiciones urbanísticas más severas, se exigirá que exista una sola edificación por parcela, que el edificio no rebase los trescientos metros cuadrados de superficie construida, así como que la parcela o parcelas tengan, al menos, diez mil metros cuadrados de superficie y que queden adscritas a la edificación, manteniéndose el uso agrario o vinculado al medio natural de las mismas.
Artículo 35. Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico mediante autorización especial.
1. En suelo no urbanizable genérico podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo siguiente y de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las directrices de ordenación del territorio, en el plan general o en el planeamiento especial, y siempre que no se lesionen los valores protegidos por la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social por su contribución a la ordenación y al desarrollo y cuyo emplazamiento en el medio rural sea conveniente por su tamaño, por sus características o por el efecto positivo en el territorio.
b) En los municipios que no cuenten con plan general, los edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar, con arreglo a los mismos requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo anterior.
c) Obras de rehabilitación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales tradicionalmente asociados a explotaciones agrarias o al medio rural, siempre que se mantengan las características tipológicas externas tradicionales propias de tales construcciones y su adaptación al paisaje.
La autorización podrá implicar un cambio de uso respecto al original del edificio, su renovación a través de la sustitución de parte de los elementos existentes por su obsolescencia o mal estado, así como la división del mismo en varias viviendas cuando su tamaño lo permita.
En este tipo de actuaciones y salvo que el plan general establezca lo contrario, no será de aplicación el régimen jurídico de las viviendas unifamiliares aisladas previsto en el artículo 34.2. El plan general establecerá los parámetros urbanísticos aplicables a estas actuaciones y establecerá un porcentaje máximo de incremento de volumen o de la superficie edificable que no podrá ser superior al cien por cien, debiendo acreditarse de forma suficiente la preexistencia del volumen. En municipios sin planeamiento se estará a lo dispuesto en la directriz especial de urbanismo, las normas subsidiarias de aplicación o las directrices de ordenación territorial; y, en defecto de regulación, se podrá aprobar un plan especial independiente que regule los parámetros de aplicación.
También podrán autorizarse las obras necesarias para la implantación de los servicios urbanísticos que se requieran, aunque, cuando estas obras tengan un carácter global en el núcleo afectado, cabrá exigir el correspondiente plan especial para la dotación de infraestructuras.
En ningún caso esta dotación de infraestructuras alterará la clasificación como suelo no urbanizable del núcleo.
2. No se someterán al procedimiento de autorización especial en suelo no urbanizable regulado en este artículo las construcciones e instalaciones que deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o de autorización ambiental integrada conforme a la normativa sectorial correspondiente. En estos supuestos, el órgano ambiental consultará al Consejo Provincial de Urbanismo competente siendo su informe vinculante en cuanto a las afecciones supralocales del uso o actividad planteados, la justificación del emplazamiento en el medio rural, la posibilidad de formación de núcleo de población, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y los parámetros urbanísticos de aplicación. En caso de discrepancias entre el órgano ambiental y el Consejo Provincial de Urbanismo, el Consejero competente en materia de medio ambiente o de urbanismo podrá requerir su resolución al Gobierno de Aragón.
Artículo 36. Procedimiento para la autorización especial.
1. El procedimiento para resolver sobre la autorización procedente en los casos establecidos en el artículo anterior será el siguiente:
a) Solicitud del interesado ante el municipio, expresando en todos los casos la superficie y demás características fundamentales de la construcción o instalación, su emplazamiento y la extensión de la finca en que se pretenda construir, reflejados en un plano de situación, construcciones existentes en un radio de quinientos metros, soluciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos.
Si la solicitud se refiere a construcciones o instalaciones de interés público o social, deberá incluir justificación de tal interés y de la conveniencia de su emplazamiento en el medio rural. En estos supuestos, el órgano municipal competente iniciará el expediente y remitirá la documentación presentada a los trámites de información pública e informes, salvo que advierta que no concurre interés público o social para el municipio o se incumplen de forma manifiesta los parámetros urbanísticos aplicables, en cuyo caso se inadmitirá a trámite la solicitud presentada.
Si se refiere a obras de rehabilitación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales antiguos, justificación de la conveniencia y alcance de la rehabilitación o renovación, así como de las características tipológicas externas tradicionales que han de mantenerse y de la adaptación al paisaje, analizando el posible impacto paisajístico que pudiesen ocasionar, así como las determinaciones que puedan derivarse de la aplicación del planeamiento territorial.
Si se refiere a la construcción de edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar, deberá justificarse título jurídico suficiente sobre la parcela mínima exigida en la legislación urbanística cuando proceda, e incluir el compromiso expreso de inscripción en el Registro de la Propiedad de la edificación como adscrita a la parcela existente, que impida la divisibilidad posterior de la parcela. Asimismo, se deberá justificar adecuadamente la imposibilidad de formación de núcleo de población de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2.
b) Sometimiento simultáneo de la solicitud y su documentación a información pública por plazo de veinte días hábiles y a informe del Consejo Provincial de Urbanismo por plazo de dos meses.
c) Resolución definitiva por el órgano municipal competente que valorará el resultado del trámite de información pública e informes, los intereses públicos concurrentes, la justificación del emplazamiento en el medio rural y el resto de condiciones y parámetros urbanísticos de aplicación. Salvo tramitación simultánea, el interesado deberá obtener el posterior título habilitante para la ejecución de la obra correspondiente al uso objeto de autorización.
2. Realizados los trámites o habiendo transcurrido los plazos señalados en el apartado b) anterior, el órgano municipal competente dispondrá de un plazo de dos meses para resolver y notificar al interesado la resolución que ponga fin al procedimiento de autorización especial.
Para los supuestos en que, emitido informe favorable por el Consejo Provincial de Urbanismo, el órgano municipal competente no resolviera y notificara en el plazo de dos meses, se entenderá obtenida la autorización. Si el informe emitido por el Consejo Provincial de Urbanismo es desfavorable y el órgano municipal competente no resuelve en el plazo de dos meses, se entenderá desestimada la autorización.
3. En caso de inactividad municipal, transcurridos dos meses desde la solicitud, el particular podrá promover el trámite de información pública por iniciativa privada, conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta, y remitir directamente la documentación al Consejo Provincial de Urbanismo, comunicándolo al municipio.
Artículo 37. Régimen del suelo no urbanizable especial.
1. En el suelo no urbanizable especial está prohibida cualquier construcción, actividad o cualesquiera otros usos que impliquen transformación de su destino o naturaleza, lesionen el valor específico que se quiera proteger o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por los instrumentos de ordenación territorial, los planes de ordenación de los recursos naturales, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico.
2. Los instrumentos previstos en el apartado anterior podrán prever actividades, construcciones u otros usos que puedan llevarse a cabo en suelo no urbanizable especial sin lesionar el valor específico que se quiera proteger o infringir el concreto régimen limitativo establecido en planeamiento o legislación sectorial. Para la autorización de estos usos se aplicarán, en su caso, los procedimientos establecidos en los artículos 30 a 32 para la autorización de usos en suelo no urbanizable genérico, sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o controles ambientales o de otro orden que pudieren resultar preceptivos.
TÍTULO SEGUNDO
Planeamiento urbanístico
CAPÍTULO I
Plan general de ordenación urbana
Sección 1.ª Contenido
Artículo 38. Concepto.
1. El plan general de ordenación urbana, como instrumento de ordenación integral, abarcará uno o varios términos municipales completos, clasificará el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente y definirá los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio.
2. El plan general respetará las determinaciones vinculantes de las directrices de ordenación del territorio y de los planes de ordenación de los recursos naturales que resulten aplicables. En su memoria se motivará toda eventual falta de seguimiento de las determinaciones indicativas de tales instrumentos.
Artículo 39. Modelos de evolución urbana y ocupación del territorio.
1. El plan general de ordenación urbana deberá concretar el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio incorporando las determinaciones de ordenación estructural establecidas en el artículo siguiente, ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes criterios:
a) Deberá adoptar un modelo de ocupación del territorio sostenible evitando consumos innecesarios de recursos naturales y, en particular, de suelo. El plan general incorporará un estudio territorial, urbanístico, ambiental y social específico de los nuevos núcleos de demanda de servicios urbanísticos que prevea, justificando su implantación y analizando su viabilidad teniendo en cuenta el posible incremento de la capacidad de las redes y servicios urbanísticos prestados por las diferentes Administraciones públicas. Asimismo, en la definición del modelo de ocupación del suelo se tendrá en cuenta la situación de la oferta y la demanda de los usos planificados para su implantación en el municipio y su entorno.
b) Deberá establecer un horizonte temporal de gestión. En defecto de previsión del planeamiento, será de veinte años.
c) Precisará acciones destinadas a rehabilitar los espacios y la edificación en los núcleos urbanos existentes de forma que se garantice un adecuado desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos.
2. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio deberá ser específicamente evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental del plan general.
Artículo 40. Ordenación estructural.
1. El plan general de ordenación urbana establece la ordenación estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio, mediante las siguientes determinaciones:
a) Clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en esta Ley, con una planificación suficiente del desarrollo previsto. En suelo urbano no consolidado, deberán diferenciarse las unidades de ejecución o sectores y el tipo de actuación urbanística integrada que los desarrollará. Asimismo, se determinará si la ordenación pormenorizada se realiza desde el plan general o se deriva a un plan especial de desarrollo. En el caso de áreas de rehabilitación urbana se incorporarán las determinaciones del programa de rehabilitación urbana.
b) Los sistemas generales, tanto municipales como de incidencia o interés supramunicipal, que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y territorial, la posibilidad de contar con servicios suficientes de transporte, abastecimiento energético, de agua y telecomunicaciones y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Deberá diferenciarse los de titularidad pública, por defecto, de los de titularidad privada y uso público. Como mínimo deberán comprender las reservas de terrenos precisas para los siguientes fines:
1. Espacios libres públicos destinados a parques y áreas de ocio, expansión y recreo, que se establecerán en proporción adecuada a las necesidades sociales previsibles en función de los desarrollos planteados. No se incluirán en el cómputo espacios naturales protegidos, grandes zonas verdes suburbanas ni dotaciones locales. El instrumento de planeamiento deberá fijar, en su memoria, la ratio mínima por habitante basándose en la naturaleza y características del municipio; ratio que deberá mantenerse en las posteriores modificaciones aisladas del plan que así lo requieran.
A la hora de fijar la ratio por habitante, el Ayuntamiento y el órgano autonómico competente tendrán en cuenta el entorno rural, la estructura urbana y la suficiencia de espacios a nivel de planeamiento general del municipio teniendo en consideración la disponibilidad de zonas naturales susceptibles de uso común que cubran adecuadamente dicha necesidad. En defecto de previsión o de adecuada justificación, se aplicará una ratio de cinco metros cuadrados por habitante.
2. Infraestructuras y equipamientos, municipales o de carácter supramunicipal, que por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico y territorial de todo o parte del término municipal. Se prestará especial atención en la determinación de los suelos necesarios para la ubicación de equipamientos de carácter educativo, asistencial y sanitario.
c) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para las áreas de desarrollo. Deberá justificarse el equilibrio entre densidad y edificabilidad en los diferentes ámbitos y ajustarse en función del modelo de evolución urbana y ocupación del territorio y la normativa zonal aplicable en cada ámbito.
d) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas protegidas, de acuerdo con las necesidades previstas desde el propio plan general de ordenación urbana o los planes sectoriales de aplicación, concretadas en el estudio de necesidades de vivienda y de dotación de vivienda protegida, respetando en todo caso las reservas mínimas y las condiciones establecidas en la legislación de vivienda. El Ayuntamiento podrá prever o el órgano autonómico competente exigir un incremento en las reservas, para cubrir, mediante alquiler u otras fórmulas similares, las necesidades residenciales, en especial de los sectores más vulnerables, de acuerdo con la planificación autonómica en materia de vivienda o con las necesidades que se acrediten. Los municipios, en todo caso, podrán destinar una parte de la reserva de vivienda protegida a cubrir, mediante alquiler u otras fórmulas similares, las necesidades residenciales, en especial de los sectores más vulnerables, definiendo los destinatarios. Así:
1. En las capitales de provincia, y dentro de éstas en aquellos sectores donde la edificabilidad total residencial sea superior a cien mil metros cuadrados, se destinará al menos el dos por ciento de dicha edificabilidad a cubrir estas necesidades. Este porcentaje formará parte de la reserva para vivienda protegida.
2. Las viviendas sociales en alquiler quedarán sujetas al régimen de vivienda protegida de Aragón que corresponda, de promoción pública o privada, y podrán acogerse a las medidas de financiación que establezcan los planes de vivienda.
e) Para el suelo urbanizable no delimitado, ya sea con carácter general o referido a áreas concretas del mismo, los usos, densidades y edificabilidades globales, los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones detalladas para proceder a su delimitación, que podrán incluir la ejecución de equipamientos educativos y de otro tipo, garantizando su adecuada inserción en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a la delimitación. Deberán establecerse las causas objetivas de delimitación de sectores en función del grado de desarrollo del suelo urbanizable delimitado así como de la proporción entre el crecimiento planteado y las expectativas demográficas del municipio, y, en su caso, los plazos convenientes para proceder a su ordenación y ejecución de las obras de urbanización.
f) Delimitación de áreas de desarrollo: unidades de ejecución y, en su caso, sectores en suelo urbano no consolidado y sectores del suelo urbanizable delimitado y fijación de aprovechamientos medios de cada uno de ellos y del aprovechamiento medio del conjunto del suelo urbanizable delimitado. En los sectores del suelo urbanizable delimitado, podrá incluirse la ejecución de equipamientos con cargo a los mismos, siempre que tengan la consideración de dotaciones locales. El plan general establecerá los plazos máximos para proceder a la ordenación y aprobación de proyectos de urbanización, así como las prioridades de desarrollo. En defecto de previsión en el planeamiento, el plazo máximo para el suelo urbanizable será de veinte años y de doce para el suelo urbano no consolidado.
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural o su inclusión en el patrimonio cultural aragonés, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable especial, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
i) Propuesta no vinculante de programación y evolución de la gestión urbanística.
j) Determinación del régimen de conservación de la urbanización previsto en las diversas áreas de suelo urbano no consolidado o urbanizable.
2. En las capitales de provincia, en las capitales de comarcas y en aquellos municipios en los que así se determine en la fase de consultas previas a nivel de avance en función de los desarrollos previstos, la ordenación estructural comprenderá, además, estudio de movilidad comprensivo de la definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares o población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, ponderando los impactos sobre las redes supramunicipales de comunicaciones y transportes en función de los nuevos desarrollos previstos.
3. El incumplimiento de los plazos establecidos por el plan general para el desarrollo de los sectores y unidades de ejecución, salvo que fuese por causas imputables a la Administración, habilitará al Ayuntamiento para promover la desclasificación del suelo urbanizable, que se llevará a cabo por acuerdo plenario, previo informe técnico en el que se analicen las causas y resultado de la desclasificación respecto del modelo inicialmente previsto en el plan, incluyendo la eventual incidencia en los sistemas generales previstos.
Artículo 41. Ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado.
1. En suelo urbano consolidado, el plan general establecerá como ordenación pormenorizada las siguientes determinaciones:
a) Usos pormenorizados y ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. Deberán estimarse las densidades máximas resultantes de la aplicación de las ordenanzas de edificación y analizarse su impacto en el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio.
b) Delimitación o emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo, centros docentes y dotaciones o equipamientos ambientales, sanitarios, religiosos, educativos, culturales, asistenciales y demás servicios de interés social.
c) Trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y de su conexión con los correspondientes sistemas generales.
d) Señalamiento de alineaciones, rasantes y previsión de aparcamientos.
e) Establecimiento de plazos para la edificación.
f) Reglamentación detallada de las construcciones y los terrenos y de su entorno.
g) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.
2. En el caso de que el plan general incorpore un programa de rehabilitación urbana, deberán identificarse las actuaciones a realizar en suelo urbano consolidado. Se definirán las actuaciones de rehabilitación edificatoria y los ámbitos de regeneración o renovación urbana, con las determinaciones establecidas en el Título Cuarto de la presente Ley y en la normativa básica estatal.
Artículo 42. Ordenación pormenorizada en suelo urbano no consolidado.
1. Cuando el plan general prevea actuar directamente a través de unidades de ejecución, incluirá como ordenación pormenorizada, además de las consideraciones establecidas en el artículo anterior, la determinación de los posibles sistemas de gestión, así como las bases orientativas para su ejecución, relativas al menos a calidades, diseño urbano y plazos adecuados para su desarrollo.
2. Cuando el plan general establezca sectores precisados de planeamiento de desarrollo, establecerá como ordenación pormenorizada las siguientes determinaciones:
a) Fijación de la cuantía de las reservas mínimas de suelo para dotaciones locales que habrá de prever el planeamiento de desarrollo, incluidas las obras de conexión con los sistemas generales.
b) Reserva de terrenos para la construcción de viviendas protegidas, habilitando a la Administración para tasar su precio o renta en los supuestos establecidos en la legislación de vivienda.
c) Bases orientativas para la ejecución, relativas al menos a calidades, plazos y diseño urbano.
d) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.
3. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones locales en el suelo urbano no consolidado serán los establecidos en el artículo 54 de esta Ley para los planes parciales.
4. En el caso de que el plan general incorpore un programa de rehabilitación urbana, deberán identificarse las áreas de regeneración o renovación incluidas en unidades de ejecución o sectores. El plan general podrá incluir los siguientes extremos, en las condiciones establecidas en la legislación básica estatal, en esta Ley y en la normativa que la desarrolle, tanto cuando realice la ordenación pormenorizada como cuando la remita a plan especial como determinaciones de éste:
a) Reducir o eliminar, justificándolo expresa y suficientemente, los módulos mínimos de reserva exigibles en la ordenación de concretos sectores o unidades cuando sus dimensiones o grado de ocupación por la edificación hagan inviable su exigencia o resulte ésta incompatible con una ordenación coherente, debiendo justificar que las necesidades dotacionales de la población de estos ámbitos quedan suficientemente cubiertas.
b) Reducir la cesión del aprovechamiento en los supuestos establecidos por esta Ley y la normativa básica estatal o sustituirlo por compensación económica o establecer su localización en otra zona del municipio, generando una unidad discontinua, para efectuar intervenciones de rehabilitación.
c) Elevar, de forma igualmente expresa y suficientemente motivada, la densidad máxima establecida por el planeamiento con carácter general, admisible en concretos sectores o unidades, siempre y cuando se motive adecuadamente en las condiciones del entorno y se justifiquen la capacidad de la red viaria, las redes de servicios y la correcta distribución de volúmenes edificados, puestos en relación con los espacios libres, los equipamientos y las tipologías existentes.
Artículo 43. Ordenación pormenorizada en suelo urbanizable delimitado.
1. En suelo urbanizable delimitado, el plan general contendrá las siguientes determinaciones:
a) Desarrollo de los sistemas generales con la precisión suficiente para permitir la redacción de planes parciales.
b) Trazado de las redes fundamentales de comunicaciones y servicios.
c) En su caso, el plan general podrá señalar los sistemas de gestión previstos, incluso con carácter alternativo, para la ejecución de los diferentes sectores.
d) Bases orientativas para la ejecución, relativas al menos a calidades, plazos y diseño urbano.
2. El plan general podrá establecer las determinaciones previstas en el artículo 42.1 respecto de sectores del suelo urbanizable delimitado para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo, incluyendo en todo caso los plazos máximos de ejecución de los correspondientes sectores y unidades. Los módulos de reserva para dotaciones locales y la densidad máxima serán los adecuados al modelo de ordenación y desarrollo urbano definido teniendo en cuenta los criterios legales establecidos.
Artículo 44. Ordenación pormenorizada en suelo urbanizable no delimitado.
En suelo urbanizable no delimitado, el plan general podrá establecer como ordenación pormenorizada normativa complementaria, especialmente de protección en tanto no se proceda a su delimitación y desarrollo.
Artículo 45. Concepto y criterios de delimitación de sectores.
1. El sector es el ámbito de ordenación propio de un plan parcial o de un plan especial de reforma interior. Cada uno de estos planes abarcará uno o varios sectores completos.
2. La delimitación de sectores deberá garantizar el desarrollo urbano racional de la ciudad y ser coherente con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural establecida en el plan general.
Artículo 46. Ordenación pormenorizada en suelo no urbanizable.
1. En suelo no urbanizable, el plan general incluirá como ordenación pormenorizada las siguientes determinaciones:
a) Régimen de protección de los terrenos incluidos en las categorías de suelo no urbanizable especial.
b) Cuando se considere necesario, división del suelo no urbanizable genérico en zonas con distintos regímenes de uso asociados a la diferente naturaleza o vocación de los terrenos. Para ello se tendrán en cuenta los documentos informativos territoriales que puedan contener los instrumentos de planeamiento territorial.
c) Régimen jurídico de los terrenos incluidos en las categorías de suelo no urbanizable genérico y especial, señalando las actuaciones y usos que puedan ser autorizados, y los prohibidos, con establecimiento de las correspondientes condiciones urbanísticas de los mismos. Se concretarán los parámetros urbanísticos asociados a las actuaciones de rehabilitación de construcciones conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta Ley.
2. En el supuesto de torres, masías u otras viviendas existentes tradicionalmente asociadas al medio natural y a las explotaciones agrarias, así como sus anexos, que se encuentren en suelo no urbanizable en situación de fuera de ordenación conforme a lo establecido en el artículo 82 de esta Ley, el plan general podrá regular un régimen jurídico singularizado que implique el cambio de uso y las obras de consolidación y mejora de las edificaciones con las limitaciones y condiciones que determine.
3. Los usos que no estén expresamente permitidos ni prohibidos por el planeamiento se considerarán autorizables con las condiciones establecidas por esta Ley y por la legislación sectorial, en especial, la relativa a protección ambiental.
4. El régimen de usos sobre suelo no urbanizable previsto en el plan general de ordenación urbana no condicionará el desarrollo de los planes y proyectos de interés general de Aragón, conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de los mismos.
Artículo 47. Documentación.
1. Las determinaciones del plan general establecidas en los artículos anteriores se desarrollarán en los siguientes documentos:
a) Memoria.
b) Planos de información y de ordenación urbanística, incluyendo los mapas de riesgos.
c) Catálogos urbanísticos. El plan general podrá remitir a un plan especial la protección del patrimonio edificado así como de los yacimientos arqueológicos. Los bienes declarados de interés cultural, catalogados o inventariados de conformidad con lo previsto en la normativa de Patrimonio Cultural Aragonés, se regirán por lo establecido en la misma sin necesidad de que consten adicionalmente en catálogos urbanísticos.
d) Normas urbanísticas.
e) Estudio económico, que analizará específicamente el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y, de conformidad con el estudio de necesidades de vivienda, cuando sea preceptivo, residenciales.
f) Documentación ambiental, sea el estudio ambiental estratégico o la declaración ambiental estratégica, según proceda en función de la fase del procedimiento de aprobación.
2. En los municipios obligados a reservar terrenos para vivienda protegida, la memoria del plan general incluirá un estudio de necesidades de vivienda y de dotación de vivienda protegida en el municipio que justifique las decisiones de clasificación de suelo residencial adoptadas y las reservas mínimas para vivienda protegida que se establezcan, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.d).
3. La extensión y el nivel de precisión y concreción de los documentos deberán ser los adecuados para satisfacer la función que cada documento cumple. El contenido de los mismos será el establecido reglamentariamente.
Sección 2.ª Procedimiento
Artículo 48 Procedimiento municipal.
1. El plan general será formulado por el Ayuntamiento. Los trabajos de elaboración del mismo comenzarán por formular un avance que contendrá los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento. Este avance de plan general, que contendrá principalmente el estudio de las alternativas de desarrollo urbanístico, se expondrá al público con objeto de que, durante el plazo mínimo de un mes, puedan formularse sugerencias y alternativas por cualquier persona. En este trámite, se solicitarán aquellos informes que conforme a la legislación sectorial deban requerirse antes de la aprobación inicial, en particular, en materia de patrimonio cultural y de infraestructuras de transporte terrestre. Asimismo, y con el mismo plazo, se consultará a los departamentos del Gobierno de Aragón competentes en materia de educación, sanidad y servicios sociales sobre la necesidad de reserva de suelo como sistema general de equipamiento educativo, sanitario o asistencial, así como a los órganos competentes en materia de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento sobre el estado de las redes en el municipio y su suficiencia ante las alternativas de desarrollo planteadas, y al órgano competente en materia de protección de cauces sobre la viabilidad de los desarrollos previstos.
2. El avance incluirá el documento inicial estratégico, realizado de acuerdo con los criterios que se establezcan en la normativa ambiental, y que incluirá, en todo caso, un análisis comparado de la viabilidad socioeconómica y ambiental de las alternativas de desarrollo urbanístico que han sido tenidas en cuenta en el avance, y se remitirá, junto con las sugerencias y alternativas planteadas durante el periodo de información pública indicado en el apartado anterior, al órgano ambiental competente. El órgano ambiental consultará al Consejo Provincial de Urbanismo correspondiente, que notificará su informe al Ayuntamiento y al órgano ambiental, siendo sus determinaciones vinculantes en cuanto al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio y a las propuestas de clasificación de suelo. En caso de discrepancias entre el órgano ambiental y el Consejo Provincial de Urbanismo, el Consejero competente en materia de medio ambiente o de urbanismo podrá requerir su resolución al Gobierno de Aragón.
3. Una vez notificado por el órgano ambiental el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, en el que se establecerá la amplitud, nivel de detalle, grado de especificidad del estudio ambiental estratégico y se identificarán los elementos ambientales más relevantes que puedan ser afectados por las diferentes alternativas de desarrollo urbanístico previstas, se redactará el estudio ambiental estratégico, donde se determinarán las afecciones ambientales de las distintas alternativas y las razones que han llevado a escoger la alternativa seleccionada. Después el Ayuntamiento Pleno podrá aprobar inicialmente el plan general de ordenación urbana, recabará los informes sectoriales y lo someterá a información pública por el plazo mínimo de dos meses, así como a las consultas indicadas en el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. En el acuerdo de aprobación inicial, el Ayuntamiento se pronunciará sobre los criterios y objetivos sobre los que se ha redactado el plan, la alternativa seleccionada, las aportaciones realizadas en el trámite de avance y la definición de las áreas de suspensión de licencias.
4. En ningún caso se entenderá iniciado el procedimiento de aprobación del plan mientras éste no haya recibido la aprobación inicial.
5. Concluido el periodo de información pública y consultas, el municipio recabará del órgano ambiental la elaboración de la declaración ambiental estratégica conforme a lo establecido en la legislación autonómica de evaluación ambiental. La declaración ambiental estratégica deberá ser remitida al municipio en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud. Asimismo, de forma simultánea y por el mismo plazo, recabará consulta al Consejo Provincial de Urbanismo respecto a la existencia o no de motivos de denegación de la aprobación definitiva o defectos en el procedimiento que impliquen la imposibilidad de su continuación. Se remitirá copia en soporte digital del plan, expediente administrativo e informe técnico a las alegaciones.
6. Una vez notificada la declaración ambiental estratégica por el órgano ambiental, el Ayuntamiento Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá aprobar provisionalmente el plan con las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones formuladas e integrando en el mismo los aspectos ambientales conforme a lo establecido legislación autonómica de evaluación ambiental. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo período de información pública antes de otorgar la aprobación provisional.
7. El plan general que comprenda varios municipios se formulará de común acuerdo y recibirá la aprobación de los respectivos Ayuntamientos Plenos.
Artículo 49. Aprobación definitiva.
1. La aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo Provincial de Urbanismo. En el caso de un plan conjunto de varios municipios de distintas provincias, la aprobación corresponde al Director General competente en materia de urbanismo, previo informe propuesta de los Consejos Provinciales de Urbanismo correspondientes.
2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva por los motivos de alcance supralocal o de legalidad establecidos en los dos apartados siguientes.
3. Son motivos de alcance supralocal los siguientes:
a) La incorporación al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural de los principios de desarrollo y movilidad sostenibles, equilibrio y cohesión territorial y correcta organización del desarrollo urbano.
b) El respeto y las reservas de espacios necesarios para las infraestructuras y restantes elementos supralocales que vertebran el territorio y las infraestructuras locales resultantes de la ordenación estructural.
c) La compatibilidad con los riesgos preexistentes, de conformidad con los mapas e indicadores de riesgos.
d) La adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y de protección ambiental vigentes.
e) La coherencia del modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural con las políticas de vivienda, medio ambiente, patrimonio cultural, sanitaria y educativa de la Comunidad Autónoma o con aquellas otras que, como consecuencia de los desarrollos previstos, exigiesen la programación de inversiones estatales o autonómicas de carácter extraordinario para la dotación de servicios a los ámbitos urbanizados en ejecución del planeamiento.
4. Son motivos de legalidad los siguientes:
a) El cumplimiento de normas legales y reglamentarias de rango superior y de instrumentos de ordenación prevalentes o de rango superior.
b) La tramitación del planeamiento urbanístico.
c) La documentación del planeamiento urbanístico.
d) La interdicción de la arbitrariedad.
5. El órgano competente dictará y comunicará la resolución que proceda en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en su registro. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá producida la aprobación definitiva del plan.
Artículo 50. Aprobación parcial.
1. Cuando las objeciones a la aprobación definitiva del plan general afecten a áreas o determinaciones tan concretas que, prescindiendo de ellas, el plan se pueda aplicar con coherencia, éste se aprobará definitivamente salvo en la parte objeto de reparos, que podrá denegarse o quedará en suspenso hasta su rectificación en los términos precisados por la resolución aprobatoria.
2. El órgano competente para la aprobación definitiva indicará expresamente los ámbitos y determinaciones afectados por la denegación o suspensión.
3. Cuando se acuerde la suspensión, el Ayuntamiento comunicará al órgano autonómico las rectificaciones oportunas, quedando levantada la suspensión, bien por resolución expresa de dicho órgano, bien por el transcurso del plazo de dos meses desde la comunicación sin que el órgano autonómico haya formulado objeciones.
CAPÍTULO II
Planes parciales
Sección 1.ª Contenido
Artículo 51. Objeto.
1. Los planes parciales tienen por objeto el establecimiento, en desarrollo del plan general, de la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable en el caso de que aún no dispongan de dicha ordenación.
2. Los planes parciales podrán también tener por objeto la modificación de la ordenación pormenorizada establecida por el plan general, salvo expresa previsión en contrario en éste, para sectores enteros del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, sin alterar en modo alguno la ordenación estructural y de conformidad con los criterios y las directrices que establezca dicho plan, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenación de su entorno.
3. No podrán aprobarse planes parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en expediente separado, se haya aprobado definitivamente el plan general.
Artículo 52. Determinaciones.
1. Los planes parciales contendrán, además de las determinaciones establecidas en el artículo 42.1, las siguientes:
a) La evaluación económica de la implantación de los servicios y la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de las dotaciones.
b) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.
c) Los sistemas generales incluidos o adscritos.
d) Tratándose de suelo urbanizable no delimitado, la delimitación y el aprovechamiento medio del sector conforme a lo establecido en el plan general.
e) Los equipamientos que hayan de ejecutarse con cargo al sector cuando así lo prevea el plan general.
2. Los planes parciales podrán contener las determinaciones propias del proyecto de urbanización, al que en tal caso sustituirán. Podrán tramitarse simultáneamente con los planes parciales, en expediente separado, cualesquiera instrumentos de gestión urbanística.
Artículo 53. Densidad y edificabilidad.
1. La densidad y edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo de ordenación adoptado, y, por tanto, proporcionadas a las características del municipio y ajustadas al uso dominante del sector correspondiente. Asimismo, deberán ser conformes con la capacidad y suficiencia de los servicios e infraestructuras que permiten la funcionalidad y movilidad adecuada de cada sector.
2. En defecto de previsión o de adecuada justificación, se aplicarán los siguientes parámetros máximos:
a) En sectores de uso característico residencial o turístico, setenta y cinco viviendas por hectárea, con la edificabilidad que establezca el plan general.
b) En sectores de uso característico industrial o terciario, una edificabilidad de medio metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
Artículo 54. Módulos de reserva.
1. Los planes parciales habrán de respetar los módulos mínimos de reserva para dotaciones locales exigibles conforme a esta Ley y al plan general que desarrollen. Las reservas exigibles se calcularán, en el ámbito de cada sector, en función de las superficies asignadas a los usos residencial, industrial o terciario, de conformidad con los siguientes criterios:
a) En el suelo residencial, los módulos se establecerán en función del número máximo de viviendas potenciales. Si en un determinado ámbito no está fijada la densidad o el número máximo de viviendas, se utilizarán las unidades de reserva, computándose una unidad de reserva por cada ochenta y cinco metros cuadrados construibles de uso residencial.
b) En el suelo industrial o terciario, en función de la superficie construida máxima permitida, computándose una unidad de reserva por cada cien metros cuadrados de superficie construible de tales usos.
2. Los planes parciales deberán establecer las reservas mínimas de terrenos exigibles para dotaciones locales, distinguiendo las siguientes:
a) Sistema local de espacios libres, comprensivo de parques y jardines, plazas y espacios peatonales y áreas de juego.
b) Sistema local de equipamientos, destinado a la construcción y uso de equipamiento docente, social, deportivo o polivalente.
No obstante, podrán respetarse los módulos de reserva de equipamientos estableciendo espacios multifuncionales calificados como equipamiento polivalente o reserva dotacional y dejando su concreción para el momento de aprobarse el proyecto de urbanización o de edificación correspondiente siempre que se asegure una adecuada distribución dotacional en el sector. En caso de ser necesario realizar una asignación de superficies y distribución de usos en la parcela, se tramitará el correspondiente Estudio de Detalle.
Los equipamientos que tengan carácter complementario entre sí, y especialmente los educativos, culturales y deportivos, si es posible, deberán ubicarse en parcelas próximas con objeto de facilitar su utilización conjunta. Deberá darse carácter prioritario a los equipamientos educativos o asistenciales en aquellas unidades de ejecución o sectores en que sea previsible una elevada necesidad de los mismos, en función del perfil de edad de los residentes.
c) Sistema viario y aparcamientos.
3. Las reservas mínimas que habrán de respetar los planes parciales serán las siguientes:
a) En sectores de uso residencial:
1.º Diez por ciento de la superficie del sector para parques y jardines, espacios peatonales y áreas de juego. No se computarán en ningún caso a este respecto ni el sistema general de espacios libres públicos ni los equipamientos deportivos. En sectores de uso característico residencial, se aplicará el módulo de dieciocho metros cuadrados por vivienda o unidad de reserva si resultare superior.
2.º Quince metros cuadrados de terreno por vivienda para equipamientos o diez metros cuadrados en sectores de hasta cincuenta viviendas. En sectores de más de cincuenta viviendas y cuando no exista información a nivel de avance, se consultará a los departamentos competentes en materia de educación y bienestar social del Gobierno de Aragón, quienes determinarán dentro de las reservas previstas las necesidades dotacionales del ámbito objeto de desarrollo. Si se requiere la reserva para equipamiento docente, los terrenos previstos deberán estar agrupados para formar unidades escolares completas.
3.º Una plaza de aparcamiento por vivienda o unidad de reserva. Deberá localizarse al menos la cuarta parte de las plazas resultantes en espacio de uso público, incluidos el subsuelo de redes viarias y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos.
b) En sectores de uso industrial o terciario:
1.º Ocho por ciento de la superficie para equipamientos o para espacios libres de transición, protección o adecuada conexión a usos de carácter residencial.
2.º El número mínimo funcional de estacionamientos de turismos y de vehículos pesados justificados conforme a los usos previstos, con un mínimo normativo de una plaza de aparcamiento por unidad de reserva. Se localizará al menos la mitad de las plazas resultantes en espacio de uso público, incluidos el subsuelo de redes viarias y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos.
4. En las urbanizaciones turísticas, de segunda residencia, industriales y de uso terciario, podrá destinarse la reserva de terrenos para equipamientos, total o parcialmente, a incrementar las reservas para el sistema local de espacios libres o aparcamientos. En los supuestos de urbanizaciones de segunda residencia y turísticas, los espacios dotacionales pueden ser de titularidad privada pudiendo el instrumento de planeamiento general determinar la obligación de abrir al uso público la totalidad o parte de los mismos así como la reserva de espacios libres y zonas verdes.
5. En los pequeños municipios, el plan general podrá modular las reservas en función de la dimensión de los sectores siempre que se justifique la suficiencia de los espacios dotacionales ya existentes y, en el caso de las zonas verdes, la disponibilidad y proximidad de zonas naturales susceptibles de uso común que cubran adecuadamente dicha necesidad.
6. El Gobierno de Aragón podrá, con carácter general, establecer nuevas categorías y módulos de reserva y modificar o suprimir las categorías y módulos previstos en el apartado primero. Asimismo, el Gobierno podrá establecer módulos de reserva especiales para los supuestos establecidos en el apartado 4.
Artículo 55 Documentación.
Las determinaciones de los planes parciales se desarrollarán en los siguientes documentos:
a) Memoria.
b) Planos de información, ordenación y proyecto, incluyendo los mapas detallados de riesgos.
c) Catálogos.
d) Normas urbanísticas.
e) Plan de etapas.
f) Evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicios, analizando de manera detallada el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y residenciales.
g) Documentación ambiental, sea el estudio ambiental estratégico o la declaración ambiental estratégica, según proceda en función de la fase del procedimiento de aprobación.
Sección 2.ª Procedimiento de iniciativa municipal
Artículo 56. Formulación.
1. Los municipios podrán formular planes parciales en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, e introducir modificaciones en las propuestas presentadas a instancia de los particulares.
2. Los municipios podrán fomentar la participación de especialistas en la ordenación urbanística, mediante la convocatoria de concursos de ideas previa a la formulación de los planes parciales, en particular para la ordenación de los espacios que cuantitativa o cualitativamente tengan relevancia en el conjunto del urbanismo municipal.
Artículo 57. Procedimiento.
1. La aprobación inicial de los planes parciales corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. Una vez aprobados inicialmente, se someterán simultáneamente a informe de los órganos competentes y a información pública, por el plazo mínimo de un mes. Concluido el periodo de información pública o, en su caso, el plazo de emisión de algún informe sin que se hubiese emitido, si fuere superior, el expediente se someterá a informe del órgano autonómico competente.
2. Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental estratégica, con carácter previo a la aprobación inicial del plan se elaborará un proyecto previo sobre las características generales del desarrollo urbanístico pretendido incluyendo el documento ambiental estratégico y se remitirá al órgano ambiental competente, a los efectos establecidos en la normativa ambiental.
3. Una vez concluido el trámite de participación pública con los informes sectoriales emitidos, se remitirá el expediente completo al Consejo Provincial de Urbanismo, que emitirá informe siendo vinculante en caso de ser desfavorable, salvo que se haya dictado la resolución de homologación regulada en el apartado siguiente. El plazo para emitir y comunicar al municipio el informe del órgano autonómico será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable. El informe se emitirá conforme a los mismos criterios que para la aprobación definitiva de planes generales establece el artículo 49.
4. Los municipios podrán solicitar al Gobierno de Aragón que la intervención autonómica en el planeamiento derivado tenga un carácter facultativo. Para ello:
a) Se deberá acreditar la existencia de medios técnicos municipales o comarcales adecuados para la supervisión del cumplimiento de la legalidad y la garantía de un adecuado desarrollo urbano derivada de la correcta planificación efectuada por el instrumento de planeamiento general.
b) El Gobierno de Aragón dictará resolución homologando dicha acreditación con vigencia para el desarrollo del plan general correspondiente y con el alcance que en la misma se establezca. Podrá ser revocada de oficio, con audiencia del Ayuntamiento afectado, como consecuencia del incumplimiento municipal de los condicionamientos establecidos en la letra a) de este apartado.
5. El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el expediente, podrá aprobar definitivamente el plan con las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. Cuando el plan haya sido sometido a evaluación ambiental, el Ayuntamiento Pleno integrará en el mismo los aspectos ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo establecido en legislación autonómica de evaluación ambiental.
6. La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la remisión, con carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, de las normas urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, de un ejemplar del documento aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la aprobación definitiva, al Consejo Provincial, en soporte digital con los criterios de la norma técnica de planeamiento.
Sección 3.ª Especialidades del procedimiento con iniciativa no municipal
Artículo 58. Formulación.
1. Cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán formular planes parciales. Tendrá preferencia en la tramitación, en caso de concurrencia de varios proyectos, el que haya sido suscrito por propietarios que representen más de la mitad de la superficie de los terrenos del sector o, en su defecto, el que primero se hubiera formulado ante el municipio en expediente completo.
2. La tramitación de planes parciales tanto en suelo urbano no consolidado como urbanizable delimitado tendrá lugar respetando en todo caso las condiciones, plazos y prioridades para la ordenación y urbanización de los diferentes sectores establecidos en el plan general.
3. En el suelo urbanizable no delimitado la tramitación de planes parciales requerirá la previa consulta sobre la viabilidad de la transformación urbanística que pretendan si así lo estableciere el plan general.
Artículo 59. Documentación.
En los planes parciales de iniciativa no municipal, además de la documentación general, habrán de incluirse los siguientes datos y determinaciones:
a) Acreditación de la voluntad de las personas que ejercen la iniciativa.
b) Relación de propietarios afectados, con expresión de sus direcciones postales actualizadas.
c) Previsión sobre la futura conservación de la urbanización y prestación de servicios.
d) Tratándose de suelo urbanizable no delimitado, estudio justificativo del sector y del carácter de la urbanización, con la finalidad de determinar, en su caso, los compromisos de conservación y mantenimiento de la urbanización, así como los relativos a la prestación de servicios.
e) Compromisos que se hubieren de contraer entre el promotor y el Ayuntamiento y entre aquél y los futuros propietarios de solares, con las garantías del exacto cumplimiento de los mismos.
f) Medios económicos y garantías de toda índole con que cuente el promotor para llevar a cabo la actuación.
g) Compromiso de garantía por importe del 6 % del coste de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio plan parcial. Esta garantía se aportará con el proyecto de urbanización y será requisito para que las obras de urbanización sean autorizadas.
Artículo 60. Procedimiento.
1. El procedimiento de aprobación de los planes parciales de iniciativa no municipal será el establecido para los de iniciativa municipal, con las siguientes especialidades:
a) El Alcalde podrá denegar la aprobación inicial por falta de cumplimiento de las exigencias documentales y formales o por insuficiencia de compromisos y garantías suficientes, cuando no habiendo mediado la consulta a la que se refiere el artículo 26 o habiendo transcurrido el plazo de vigencia de la respuesta a la misma, la ordenación propuesta, objetivos o plazos de desarrollo no resulten compatibles con la ordenación territorial y urbanística del municipio y en casos de ilegalidad manifiesta. Se entenderá otorgada la aprobación inicial por el transcurso de seis meses desde la presentación de la documentación completa en el registro municipal.
b) En caso de inactividad municipal, independientemente de que la aprobación inicial haya sido expresa o por silencio, podrá observarse el trámite de información pública y audiencia a los interesados conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley. Además, en este mismo supuesto, cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental, el promotor remitirá el documento sometido a aprobación inicial al órgano ambiental competente.
Si el órgano ambiental considerase procedente el sometimiento del plan a evaluación ambiental estratégica, una vez notificado el documento de alcance del estudio ambiental estratégico por el órgano ambiental y redactado por el promotor el estudio ambiental estratégico, el promotor podrá requerir al municipio la realización del trámite de consultas establecido en el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. De no iniciarse dicho trámite en el plazo de dos meses desde que el municipio sea requerido por el promotor para ello, podrá éste realizarlo conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley, y, una vez realizado, requerir directamente al órgano ambiental la elaboración de la declaración ambiental estratégica.
c) Concluidos los trámites anteriores y remitida, en su caso, la declaración ambiental estratégica, el promotor podrá enviar el expediente para informe al Consejo Provincial de Urbanismo, que dispondrá para emitirlo de un plazo de tres meses, siendo dicho informe vinculante en los supuestos establecidos en el artículo 57.
d) El promotor dispondrá del plazo de un mes para solicitar la aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, salvo que el órgano competente emita y notifique al promotor informe desfavorable en los supuestos a que se refiere la letra c) anterior, en cuyo caso no podrá solicitar la aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, sin perjuicio de que el municipio pueda continuar de oficio el procedimiento. En caso de silencio, se entenderá aprobado el plan una vez transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de aprobación definitiva en el registro municipal.
2. Cuando la propuesta de planeamiento de iniciativa no municipal establezca la gestión indirecta por urbanizador en el periodo de información pública, podrán presentarse propuestas alternativas de ordenación en competencia. El Ayuntamiento Pleno, antes de la aprobación definitiva, podrá seleccionar cualquiera de las alternativas presentadas y, previa reiteración del trámite de información pública, continuar el procedimiento hasta la aprobación definitiva.
CAPÍTULO III
Planes especiales
Artículo 61. Contenido.
1. Podrán formularse planes especiales, con carácter independiente o en desarrollo de directrices de ordenación territorial y del plan general de ordenación urbana, de conformidad con lo establecido en este capítulo.
2. Los planes especiales contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo de las correspondientes directrices o plan general y, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en la memoria, planos, catálogos, ordenanzas, plan de etapas y evaluación de costes.
3. En ningún caso los planes especiales podrán sustituir al plan general en su función de instrumento de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer.
4. Los planes especiales desarrollan y complementan las determinaciones del plan general de ordenación urbana y, salvo expresa previsión en contrario en éste, podrán modificar su ordenación pormenorizada de acuerdo con los criterios y directrices en él previstos, sin alterar en modo alguno la ordenación estructural.
Artículo 62. Planes independientes.
1. En ausencia de directrices de ordenación territorial y de plan general o cuando éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, en áreas que constituyan una unidad que así lo recomiende, los Ayuntamientos y las Administraciones competentes podrán formular planes especiales para las siguientes finalidades:
a) El establecimiento y la coordinación de las infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones y telecomunicaciones, al equipamiento comunitario, al abastecimiento y saneamiento de aguas y a las instalaciones y redes de suministro de energía, siempre que estas determinaciones no exijan la previa definición de un modelo territorial.
b) La protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de sus vías de comunicación.
c) El establecimiento de reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
d) La protección de conjuntos históricos declarados conforme a la normativa de patrimonio cultural aragonés.
2. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los planes generales en los artículos 48 a 50. En los supuestos establecidos en el apartado anterior, letra c), en que el planeamiento sea promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma, la competencia para la aprobación inicial y provisional y la tramitación del expediente hasta su remisión al órgano competente para la aprobación definitiva corresponderá al Consejo Provincial de Urbanismo. La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento Pleno, que sólo podrá denegarla por incumplimiento de las exigencias procedimentales y documentales establecidas en esta Ley.
Artículo 63. Desarrollo de directrices territoriales.
1. En desarrollo de las previsiones contenidas en las directrices de ordenación del territorio o cuando lo establezca la legislación sectorial y sin necesidad de previa aprobación del plan general de ordenación urbana, los municipios y las Administraciones competentes por razón de la materia podrán formular planes especiales para las mismas finalidades establecidas en el artículo anterior.
2. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los planes parciales de iniciativa municipal en el artículo 57 con las siguientes especialidades:
a) La Administración competente por razón de la materia que hubiere formulado el plan especial será también competente para aprobarlo inicialmente, someterlo a información pública y remitirlo a informe del órgano autonómico competente.
b) La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento Pleno, quien, cuando el plan haya sido inicialmente aprobado por otra Administración, sólo podrá denegarla por incumplimiento de las exigencias procedimentales y documentales establecidas en esta Ley.
Artículo 64. Desarrollo del plan general.
1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el plan general, las Administraciones competentes y, en su caso, los particulares podrán formular planes especiales para las siguientes finalidades:
a) El desarrollo de los sistemas generales.
b) La protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje.
c) La mejora de las condiciones de salubridad, higiene y seguridad mediante la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento de aguas o el tratamiento de residuos.
d) La protección del patrimonio edificado y la reforma interior en suelo urbano.
e) La vinculación del destino de terrenos a la construcción de viviendas protegidas preferentemente de alquiler, incrementando las reservas iniciales del plan general o vinculando terrenos o construcciones a otros usos sociales.
f) La protección de conjuntos históricos declarados conforme a la normativa de patrimonio cultural aragonés.
g) Otras finalidades análogas.
2. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los planes parciales en los artículos 57 ó 60.
Artículo 65. Planes especiales de reforma interior.
1. Los planes especiales de reforma interior sólo podrán formularse en desarrollo del plan general en suelo urbano no consolidado para establecer la ordenación pormenorizada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones de intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior.
2. Tendrán por objeto actuaciones integradas de intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación que, en desarrollo de la ordenación estructural, se encaminen a la descongestión o renovación de usos del suelo urbano no consolidado, creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos y otros fines análogos.
3. Las determinaciones y documentos de los planes especiales de reforma interior serán los adecuados a sus objetivos y, como mínimo, salvo que alguno de ellos fuera innecesario por no guardar relación con la reforma, los previstos para los planes parciales. Contendrán en todo caso la delimitación de las unidades de ejecución, plazos de ejecución y determinación de la forma de gestión, así como las bases orientativas para su ejecución, relativas al menos a calidades, plazos y diseño urbano, cuando no hubiesen sido establecidas en el plan general.
4. Los planes especiales de reforma interior podrán contener las determinaciones propias del proyecto de urbanización, al que en tal caso sustituirán. Podrán tramitarse simultáneamente con los planes especiales de reforma interior, en expediente separado, cualesquiera instrumentos de gestión urbanística.
Artículo 66. Conjuntos de interés cultural.
1. La declaración de un conjunto de interés cultural determinará la obligación del municipio de redactar uno o varios planes especiales para la protección y, en su caso, saneamiento y renovación del área afectada, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio cultural aragonés. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los planes parciales en los artículos 57 ó 60.
2. No obstante, no será preceptiva la formulación de este plan especial cuando el municipio acuerde incorporar directamente en el plan general de ordenación urbana las determinaciones propias de tales planes especiales.
3. Los planes especiales de protección deberán incorporar una memoria económica en la que se concreten las fuentes de financiación reales o previsibles para ejecutar las actuaciones previstas por ellos en los conjuntos de interés cultural.
CAPÍTULO IV
Otros instrumentos de ordenación urbanística
Sección 1.ª Estudios de detalle
Artículo 67. Contenido.
1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el plan general para el suelo urbano, en los planes parciales y especiales y en las Delimitaciones de Suelo Urbano en los supuestos que se establecen en su regulación.
2. Los estudios de detalle incluirán los documentos justificativos de los extremos sobre los que versen. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la ordenación estructural ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento o Delimitación de Suelo Urbano.
c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del planeamiento.
3. Los estudios de detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el planeamiento o la delimitación del suelo urbano. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la remodelación del volumen ordenado, sustituyendo si es preciso los anteriormente fijados, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.
Artículo 68. Procedimiento.
1. Cualquier persona podrá formular a su costa estudios de detalle, cuya aprobación inicial corresponde al Alcalde, y la definitiva, al Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a información pública y audiencia de los interesados por plazo común de un mes como mínimo.
2. En la tramitación de estudios de detalle de iniciativa privada, se aplicarán las siguientes reglas:
a) El Alcalde sólo podrá denegar la aprobación inicial por incumplimiento de las exigencias documentales y formales y en casos de ilegalidad manifiesta.
b) Se entenderá otorgada la aprobación inicial por el transcurso de un mes desde la presentación de la documentación completa en el registro municipal.
c) En caso de inactividad municipal, independientemente de que la aprobación inicial haya sido expresa o presunta, podrá observarse el trámite de información pública y audiencia a los interesados conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta. Concluido el trámite, el promotor podrá solicitar al Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del estudio.
d) En caso de silencio municipal, se entenderá producida la aprobación definitiva por el transcurso de dos meses desde la presentación de la solicitud de aprobación definitiva en el registro municipal. En ningún caso se entenderán aprobados por silencio administrativo estudios de detalle en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico ni, en particular, aquellos que incorporen determinaciones que excedan el posible contenido de los estudios de detalle conforme a esta Ley.
Sección 2.ª Ordenanzas de edificación y urbanización
Artículo 69. Contenido y procedimiento.
1. Mediante ordenanzas de edificación y urbanización, los municipios podrán regular las siguientes materias:
a) Los aspectos morfológicos y estéticos de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo.
b) Las actividades susceptibles de autorización en cada inmueble, en términos compatibles con el planeamiento.
c) Las características de suficiencia de los servicios urbanísticos básicos que deben dotarse para la transformación de los suelos.
2. Las ordenanzas deberán ser conformes con la legislación sobre condiciones técnicas de edificación, seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad para discapacitados y calidad de las construcciones. En ningún caso podrán alterar el plan general ni menoscabarán las medidas establecidas para la protección del medio ambiente o del patrimonio cultural aragonés.
3. Para la aprobación de las ordenanzas, se aplicarán las reglas de competencia y procedimiento establecidas en la legislación de régimen local.
Sección 3.ª La delimitación del suelo urbano en municipios que carezcan de plan general
Artículo 70. Objeto.
1. La delimitación del suelo urbano se configura como el instrumento urbanístico de los municipios que carecen de plan general de ordenación urbana.
2. La delimitación del suelo urbano no tiene la consideración de instrumento de planeamiento urbanístico a los efectos de lo establecido en la presente Ley.
Artículo 71. Contenido mínimo.
Toda delimitación del suelo urbano debe tener el siguiente contenido mínimo:
a) Ha de identificar el ámbito perimetral de los terrenos integrantes del suelo urbano conforme a lo establecido en este artículo. La consideración de estos terrenos será la de suelo urbano, sin perjuicio de que se aplique el régimen de derechos y obligaciones de los propietarios de suelo urbano consolidado a los efectos de lo establecido en la presente Ley.
b) Debe incluir en el suelo urbano los terrenos que cuenten con servicios urbanísticos suficientes, entendiendo por tales los descritos en el artículo 12.a) de la presente Ley. Se podrán incluir aquellas parcelas que vayan a contar con estos servicios sin otras obras que las de la conexión a las instalaciones ya en funcionamiento, conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 12.b) de esta Ley. Ello dentro de un crecimiento racional del suelo en virtud de la tipología urbana y arquitectónica del municipio.
c) Las alineaciones y rasantes del sistema viario existente, completando con las que sean procedentes las insuficiencias de dicho sistema. Se podrán prever, modificar o reajustar, a través de estudio de detalle, las alineaciones y rasantes que no afecten a la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.
d) Las ordenanzas de edificación y urbanización para regular los aspectos morfológicos y estéticos de las construcciones, los usos de los inmuebles y la ordenación de volúmenes.
Artículo 72. Contenido complementario.
Como contenido complementario, la delimitación del suelo urbano podrá contener:
a) La identificación perimetral de los ámbitos legalmente integrados en el suelo no urbanizable especial.
b) Las ordenanzas de protección ambiental del suelo no urbanizable especial que lo precise, de acuerdo con las determinaciones de la normativa sectorial.
Artículo 73. Documentación.
1. Toda delimitación del suelo urbano estará integrada por los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la delimitación del suelo urbano propuesta, en la que se hará referencia a las delimitaciones anteriores, a la situación y estructura urbanística actual y a la edificación existente.
b) Asimismo, se definirán las alineaciones y rasantes que completen las insuficiencias del sistema viario y se justificarán los objetivos y contenidos generales de las ordenanzas adoptadas.
c) Plano de información topográfica a escala mínima 1:5.000 y con curvas de nivel de cinco en cinco metros, reflejando información sobre edificios, dotaciones y redes de servicios públicos existentes.
d) Plano a escala mínima 1:2.000 del perímetro del suelo urbano apoyado en puntos perfectamente definidos y relacionados.
e) Plano a escala mínima 1:2.000 de las alineaciones y rasantes del sistema viario.
f) Cuantos estudios, informes o dictámenes hayan motivado la elaboración de las ordenanzas, bien sean internos o se hayan encargado a profesionales externos.
2. La delimitación del suelo urbano que comprenda la identificación perimetral del suelo no urbanizable especial habrá de incluir los siguientes documentos adicionales:
a) Ampliación de la memoria justificativa, indicando el carácter y estado general de los ámbitos afectados.
b) Inclusión en el plano de información topográfica a escala adecuada de los ámbitos de suelo no urbanizable especial.
3. El contenido documental de las delimitaciones del suelo urbano podrá ser fijado de forma reglamentaria por Gobierno de Aragón, que queda autorizado para alterar, si lo considera necesario, los documentos y parámetros definidos en el presente artículo.
Artículo 74. Procedimiento.
1. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial de la delimitación del suelo urbano. Tras la aprobación inicial, el proyecto se someterá simultáneamente por el plazo común de un mes a:
a) Audiencia de las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
b) Informes exigidos por la legislación sectorial aplicable y cualesquiera otros que se considere oportuno solicitar.
c) Informe del Departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de medio ambiente.
d) Información pública.
2. Concluido el período anterior, a la vista de las alegaciones e informes que se hubieran presentado, corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación provisional de la delimitación del suelo urbano.
3. La delimitación del suelo urbano se someterá a la aprobación definitiva del Consejo Provincial de Urbanismo, que solo podrá denegarla por motivos de legalidad, disponiendo para ello de un plazo de tres meses, cuyo transcurso sin resolución expresa hará que se entienda producida la aprobación definitiva.
4. Los procedimientos de elaboración, formulación y aprobación de las delimitaciones del suelo urbano no se sujetan al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, sin perjuicio de la necesidad de requerir informe del órgano competente en materia ambiental conforme a lo establecido en el presente artículo.
Artículo 75. Delimitaciones de iniciativa comarcal y autonómica.
1. Tanto la comarca como el Departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de urbanismo podrán formular la delimitación del suelo urbano de uno o conjuntamente de varios términos municipales de la misma comarca, previo convenio.
2. Cuando la delimitación del suelo urbano sea formulada por la comarca, su procedimiento de aprobación será el establecido en el artículo 74, con las siguientes variantes:
a) La competencia para las aprobaciones inicial y provisional corresponderá al Consejo Comarcal.
b) Tras la aprobación inicial, se solicitará informe al municipio o municipios afectados.
3. Cuando la delimitación del suelo urbano sea formulada por el Departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de urbanismo, su procedimiento de aprobación será el establecido en el artículo 74, con las siguientes variantes:
a) La competencia para la aprobación inicial corresponderá al Director General competente en materia de urbanismo.
b) Tras la aprobación inicial, se solicitará informe al municipio o municipios afectados.
c) Tras el período de audiencia, informes e información pública, a la vista de las alegaciones e informes que se hubieran presentado, corresponde directamente al Consejo Provincial de Urbanismo la aprobación definitiva de la delimitación del suelo urbano.
Artículo 76. Modificación.
1. Cualquier modificación de toda delimitación del suelo urbano podrá hacerse indistintamente con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 74 y 75, sin que sean de aplicación las reglas establecidas para las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
2. El Consejo Provincial de Urbanismo podrá denegar la modificación formulada, además de por motivos de legalidad, por las siguientes causas:
a) Considerar que responde a un desarrollo que excede del contenido de la delimitación del suelo urbano.
b) Apreciar que responde a una evolución de los servicios urbanísticos no adecuada al modelo urbanístico del municipio y del entorno.
c) Valorar la necesidad de recoger los desarrollos planteados en un plan general de ordenación urbana.
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes
Sección 1.ª Suspensión de licencias
Artículo 77. Supuestos.
1. El Ayuntamiento Pleno podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición para áreas o usos determinados con el fin de estudiar la formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de detalle.
2. El acuerdo de aprobación inicial de los citados instrumentos determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias enumeradas en el apartado anterior en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, siempre que tal acuerdo señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
3. La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente.
Artículo 78. Plazos.
1. La suspensión a que se refiere el apartado primero del artículo anterior se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido, dentro de ese plazo, el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación de la ordenación urbanística, y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento o su reforma.
2. Si no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo anterior con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial, la suspensión determinada por dicha aprobación inicial tendrá una duración máxima de dos años.
3. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del instrumento correspondiente. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cuatro años por idéntica finalidad.
4. Cuando el órgano autonómico competente suspenda la emisión de informe o la aprobación definitiva en los supuestos establecidos en esta Ley, la suspensión de otorgamiento de licencias se prorrogará por ministerio de la Ley, salvo que el municipio opte por levantarla, por el plazo que medie entre el acuerdo de suspensión y el levantamiento de la misma conforme a lo establecido en el artículo 50.3.
5. Quienes hayan solicitado licencias con anterioridad a la publicidad de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados por el coste justificado de los proyectos y a la devolución de los tributos municipales pagados, en aquellos supuestos en que lo proyectado hubiese devenido total o parcialmente inviable como consecuencia de la modificación del planeamiento aprobada definitivamente, de conformidad con lo establecido en la legislación estatal.
Sección 2.ª Efectos
Artículo 79. Obligatoriedad.
1. Los particulares, al igual que las Administraciones Públicas, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los planes, normas y ordenanzas urbanísticos.
2. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contuvieren en los planes, normas y ordenanzas urbanísticos, así como las que, con independencia de ellos, se concedieren.
Artículo 80. Ejecutividad.
1. Los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos una vez publicada su aprobación definitiva, el texto íntegro de las normas que contengan y, en los supuestos previstos en esta Ley, el documento refundido de planeamiento. Cuando el plan urbanístico haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica deberá publicarse simultáneamente la documentación señalada en legislación autonómica de evaluación ambiental.
2. Si la aprobación definitiva se hubiera otorgado parcialmente, los planes carecerán de ejecutividad, en cuanto a la parte objeto de reparos, hasta tanto fueran publicados el documento refundido o la aprobación definitiva de la correspondiente rectificación.
Artículo 81. Legitimación de expropiaciones.
La aprobación de los planes implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
Artículo 82. Edificios fuera de ordenación.
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo por afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o espacios libres, contener usos incompatibles u otras razones análogas o estar prevista su expropiación, serán calificados como fuera de ordenación.
2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la seguridad y la conservación del inmueble.
3. Sin embargo, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiere realizarlas.
Sección 3.ª Vigencia y alteración
Artículo 83. Régimen general.
1. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida.
2. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en aquellos supuestos en que expresamente lo establezcan la legislación de ordenación del territorio o la legislación sectorial, el Gobierno de Aragón, previa audiencia al municipio o municipios afectados, informe del Consejo Provincial de Urbanismo correspondiente, del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y acuerdo de las Cortes de Aragón, podrá suspender total o parcialmente la eficacia de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico y, excepcionalmente, atribuir al Departamento competente en materia de urbanismo el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios.
En el acuerdo, el Gobierno deberá concretar el ámbito y efectos de la suspensión y, en su caso, atribución al Departamento competente en materia de urbanismo, garantizando en todo caso la participación en los procedimientos de que se trate al municipio. La suspensión no podrá ser superior a un año ni la atribución a cinco, contados desde la adopción del acuerdo correspondiente.
El acuerdo del Gobierno de Aragón se publicará en la forma establecida en esta Ley para el instrumento de mayor rango al que afecte.
3. La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos.
4. La revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma.
5. La modificación del planeamiento de desarrollo podrá instarla cualquier persona.
6. Los ayuntamientos deberán remitir a la Administración de la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de los procedimientos de planeamiento debidamente diligenciados. La totalidad de los documentos integrados en el planeamiento se remitirán en soporte digital y adaptados a la norma técnica de planeamiento.
Artículo 84. Revisión.
1. La revisión del contenido de los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística se llevará a cabo conforme a las mismas reglas sobre documentación, procedimiento y competencia establecidas para su aprobación.
2. Tendrá la consideración de revisión del plan general de ordenación urbana cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente a la ordenación estructural. Se considerarán afecciones sustanciales las que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural en función de factores objetivos tales como la superficie, los aprovechamientos o la población afectados, la alteración de sistemas generales o supralocales o la alteración del sistema de núcleos de población.
Artículo 85. Modificaciones aisladas.
1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener los siguientes elementos:
a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio.
b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación.
2. Las modificaciones aisladas se tramitarán por el procedimiento aplicable para la aprobación de los correspondientes planes, salvo en el caso de los planes generales cuyas modificaciones (salvo las de menor entidad a que se refiere el apartado siguiente) seguirán el procedimiento establecido en el artículo 57 para los planes parciales de iniciativa municipal con las siguientes particularidades:
a) En el caso de que la modificación afecte al suelo no urbanizable, o al suelo urbanizable no delimitado, podrán solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe previo para que éste se pronuncie, únicamente, sobre si, de la modificación que pretende promover en su planeamiento urbanístico, pueden derivarse o no afecciones significativas sobre el medio ambiente. La solicitud de informe deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa del objeto de la modificación planteada junto con un plano esquemático de la misma. En caso de que el citado informe determine que la modificación planteada no conlleva afecciones significativas sobre el medio ambiente, el Ayuntamiento continuará con la tramitación administrativa para la aprobación de la modificación del planeamiento, siendo innecesaria la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica regulado en la normativa ambiental.
b) Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se remitirá el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento expreso del pleno sobre las mismas, y la declaración ambiental estratégica en su caso, al Consejo Provincial de Urbanismo correspondiente, que adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses.
3. Se considerarán modificaciones de menor entidad de los planes generales aquellas que no afecten a las determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a las determinaciones del artículo 40 de esta Ley. Para la tramitación de las modificaciones de menor entidad será de aplicación la homologación prevista en el artículo 57.4 de esta Ley, siendo en ese caso la competencia para la aprobación definitiva municipal y la intervención del órgano autonómico correspondiente de carácter facultativo.
4. Cuando la modificación prevea la aprobación de un instrumento de planeamiento de desarrollo, podrá éste tramitarse simultáneamente con dicha modificación en expediente separado, sin perjuicio de lo establecido respecto de los sectores concertados de urbanización prioritaria y en el artículo 43.2.
Artículo 86. Requisitos especiales.
1. Cuando la modificación del plan general afecte al suelo urbano incrementando su superficie, su densidad o su edificabilidad previstos inicialmente, se aplicarán a los aumentos planteados los módulos de reserva de los planes parciales y las reservas de terrenos de sistemas generales que procedan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general.
Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los espacios libres y equipamientos públicos existentes en el entorno del suelo afectado por la modificación, se atenderá al principio de proporcionalidad en las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el proyecto siempre que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, así se proponga por el municipio y se apruebe por el Consejo Provincial de Urbanismo.
2. Cuando la modificación de los planes parciales o del plan general en suelo urbanizable tenga por objeto incrementar la densidad o la edificabilidad, se aplicarán los módulos de reserva locales a la densidad y edificabilidad totales resultantes, así como las reservas de terrenos de sistemas generales que procedan a los incrementos planteados, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general.
Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los sistemas generales incorporados al plan general, se atenderá al principio de proporcionalidad en las reservas de terrenos de sistemas generales a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el proyecto siempre que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, se informe favorablemente por el Consejo Provincial de Urbanismo y se apruebe por el Ayuntamiento.
3. El aumento de densidad y de edificabilidad en suelo urbanizable o urbano no consolidado se ajustará a las siguientes determinaciones:
a) Se deberán justificar las capacidades de la red viaria y de las redes de servicios planificadas, la correcta distribución de volúmenes edificables resultantes, puestos en relación con los espacios libres y los equipamientos, y su adecuada inserción en el desarrollo urbano.
b) Se deberán analizar los efectos en la trama urbana en la que se insertan, y considerarlos admisibles en la ordenación urbana prevista respecto a la densidad y a la edificabilidad fijadas.
c) Se deberán fijar los plazos de desarrollo y garantías de la urbanización y de la edificación en el ámbito.
d) El incremento de densidad se entenderá condicionado a la completa ejecución en plazos determinados de la urbanización restante y de la edificación. El incumplimiento de cualquiera de los indicadores objetivos establecidos para la finalización de las obras de edificación o, en su caso, de urbanización, comportará la suspensión automática del otorgamiento de licencias y el inicio de un procedimiento de modificación del planeamiento, sin perjuicio de la posible exigencia de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. El carácter condicionado del incremento de densidad deberá comunicarse al Registro de la Propiedad, así como el inicio del procedimiento de modificación en caso de incumplimiento.
4. Cuando la modificación del plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el plan, se requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos en el plan.
5. En las modificaciones que supongan un incremento de superficie del suelo urbano o urbanizable con usos terciario, industrial o residencial del municipio se deberá analizar la situación de los suelos existentes pendientes de desarrollo, justificando la necesidad de una nueva incorporación de suelo.
6. En caso de ser necesario, por la entidad de la modificación tramitada, el reajuste en las dotaciones locales y sistemas generales se materializará, de forma preferente, en la misma área objeto de la modificación a través de la correspondiente unidad de ejecución con cesión de la parte correspondiente al incremento de aprovechamiento. Mediante convenio urbanístico anejo al planeamiento, podrá pactarse que la cesión de terrenos resultante de la aplicación de los módulos de reserva y sistemas generales, así como de aprovechamiento, se materialice en metálico o en terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, pudiendo también computarse por tal concepto la financiación del coste de rehabilitación de la edificación existente sobre los mismos.
7. Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro.
8. De forma excepcional y suficientemente motivada y siempre y cuando el municipio lo estime adecuado a su desarrollo urbano, cuando un sector de suelo urbanizable delimitado o programado resulte tener exceso de reservas de dotaciones locales respecto al mínimo legal exigido, no será preceptivo incrementarlas como consecuencia de una modificación del planeamiento, siempre que se respete el mínimo legal y se justifique de forma adecuada la suficiencia de los espacios dotacionales previstos.
Artículo 87. Modificaciones dotacionales.
La fijación y la modificación del destino de los terrenos reservados en los planes para equipamiento podrá realizarse, motivadamente, aun tratándose de reservas establecidas en el plan general y siempre para establecer otros equipamientos, por el Ayuntamiento Pleno, previa aprobación inicial por el Alcalde e información pública de un mes. En el caso de que el uso del equipamiento fuera educativo, asistencial o sanitario, se requerirá informe del departamento competente del Gobierno de Aragón, que se solicitará de forma simultánea y por el mismo plazo del periodo de información pública.
Sección 4.ª Documentos refundidos de planeamiento
Artículo 88. Régimen.
1. Los Ayuntamientos y los Consejos Provinciales de Urbanismo podrán requerir la elaboración de un documento refundido que recoja las determinaciones resultantes de los informes emitidos o de la aprobación definitiva.
2. El documento refundido se presentará ante el órgano que requirió su elaboración. Dicho órgano deberá pronunciarse expresamente en el plazo de dos meses desde la presentación del documento sobre su adecuación a lo requerido. El transcurso de dicho plazo sin pronunciamiento expreso comportará la conformidad con el documento presentado.
3. No se admitirán a trámite modificaciones de planeamiento ni planeamiento de desarrollo de aquellos instrumentos para los que se haya requerido un documento refundido, en tanto no se presente dicho documento ante el órgano que requirió su elaboración.
4. El documento refundido habrá de diligenciarse por el órgano competente, invalidando simultáneamente los documentos anteriores que resulten modificados, con el visto bueno del órgano que lo aprobó definitivamente o emitió el informe vinculante.
5. Deberán publicarse el acuerdo de aprobación del texto refundido, así como el texto íntegro de las normas que contenga.
6. El texto refundido se remitirá, en todo caso, en soporte digital y adaptado a las determinaciones de la norma técnica de planeamiento.
TÍTULO TERCERO
Instrumentos de política urbanística y de suelo
CAPÍTULO I
Directriz especial de urbanismo
Artículo 89. Objeto.
1. La directriz especial de urbanismo tiene por objeto:
a) Establecer un marco normativo de referencia para los planes generales de los municipios de las diferentes zonas o sistemas funcionales en que estructure el territorio aragonés en función de sus características urbanísticas, dinámicas de crecimiento, ubicación en el sistema de núcleos, población u otras análogas. Los municipios podrán asumir voluntariamente dicho marco de referencia como contenido propio en sus instrumentos de planeamiento.
b) Establecer un marco normativo subsidiario para los municipios que carezcan de plan general de ordenación urbana en las diferentes zonas o sistemas funcionales anteriormente aludidos.
2. La directriz especial de urbanismo no podrá clasificar ni calificar terrenos en ningún caso.
Artículo 90. Marco normativo de referencia.
Integrarán el marco normativo de referencia las siguientes determinaciones:
a) El establecimiento de soluciones-tipo para las cuestiones que se plantean con mayor frecuencia en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico, conforme a la experiencia práctica y, en todo caso, conforme a lo establecido expresamente en esta Ley, para la determinación de la clasificación del suelo y de sus categorías.
b) El diseño de modelos de regulación de las diferentes zonas de ordenación, de las zonas de borde de los municipios sujetos al régimen urbanístico simplificado o de los aprovechamientos más usuales en la práctica urbanística, cualquiera que sea la clasificación del suelo, con determinación para cada caso de los elementos tipológicos definitorios de las construcciones en función de su destino y uso característicos, con carácter general o referidos a ámbitos territoriales determinados.
c) La fijación de requisitos de calidad urbanística de la ordenación de conformidad con la norma técnica de planeamiento.
d) La modulación de las determinaciones que puedan contener los planes generales de ordenación urbana, en desarrollo de la regulación legal y reglamentaria, en atención a la caracterización de los municipios en el sistema de ciudades de Aragón.
e) Las prescripciones técnicas para elaborar la documentación de los diferentes instrumentos de planeamiento, de conformidad con la norma técnica de planeamiento.
Artículo 91. Marco normativo subsidiario.
Integrarán el marco normativo subsidiario las determinaciones establecidas en el artículo anterior, letras a) y b), así como la identificación y definición de los tipos de actividades que, por su objeto, sean susceptibles de ser autorizadas en terrenos a los que corresponda la clasificación de suelo no urbanizable.
Artículo 92. Procedimiento y efectos.
1. La directriz especial de urbanismo se tramitará y aprobará en la forma establecida en la legislación de ordenación del territorio.
2. La directriz especial de urbanismo producirá los efectos establecidos en la legislación de ordenación del territorio de conformidad con las siguientes reglas:
a) El marco normativo de referencia no tendrá carácter vinculante para los municipios salvo que específicamente se establezca lo contrario.
b) El marco normativo subsidiario tendrá carácter vinculante, salvo que específicamente se establezca lo contrario.
3. Los contenidos no vinculantes podrán ser asumidos voluntariamente como propios del plan general en los términos que en el mismo se establezcan.
CAPÍTULO II
Sistema de información urbanística de Aragón
Artículo 93. Contenido.
1. El sistema de información urbanística de Aragón tiene por objeto recopilar y difundir la información urbanística generada por las Administraciones públicas aragonesas, facilitando su conocimiento y el acceso público a la misma.
2. El sistema de información urbanística de Aragón deberá garantizar el acceso telemático a la información y tendrá carácter cooperativo, integrando los sistemas de información de las diferentes Administraciones competentes en la materia.
3. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico del sistema de información urbanística de Aragón, que deberá coordinarse con el sistema de información territorial de Aragón y promover la aplicación del estándar de la norma técnica de planeamiento.
CAPÍTULO III
Programas de coordinación del planeamiento urbanístico
Artículo 94. Objeto.
Los programas de coordinación del planeamiento urbanístico tienen por objeto coordinar la aprobación y gestión del planeamiento urbanístico de los municipios que constituyan su ámbito para alcanzar objetivos de alcance supralocal acordes con los instrumentos de ordenación del territorio y los planes o programas sectoriales estatales o autonómicos que afecten a su territorio.
Artículo 95. Determinaciones.
Los programas de coordinación del planeamiento urbanístico contendrán las siguientes determinaciones:
a) La identificación de los municipios o partes de los mismos que constituyan su ámbito.
b) Las infraestructuras, equipamientos y servicios que conforman la ordenación estructural supramunicipal del ámbito al que afecten.
c) Los objetivos de alcance supralocal.
d) Los criterios de coordinación general para el planeamiento urbanístico municipal.
e) Los criterios para el uso del territorio y, en particular, para la clasificación o calificación del suelo o la fijación de densidades y aprovechamientos en áreas determinadas, en función de objetivos de alcance supralocal.
f) Criterios de sostenibilidad ambiental del territorio.
Artículo 96. Procedimiento.
1. Corresponde redactar los programas de coordinación del planeamiento urbanístico al Departamento competente en materia de urbanismo.
2. La aprobación inicial de los programas corresponde al Consejero competente en materia de urbanismo. Una vez aprobados inicialmente, se someterán simultáneamente, por plazo de tres meses como mínimo, a los trámites de audiencia de los municipios afectados e información pública, recabándose cuantos informes resulten preceptivos y aquellos otros cuya evacuación se considere conveniente.
3. Compete al Gobierno de Aragón aprobar los programas de coordinación del planeamiento urbanístico a propuesta del Consejero competente en materia de urbanismo.
CAPÍTULO IV
Norma técnica de planeamiento
Artículo 97. Objeto.
La norma técnica de planeamiento tendrá por objeto unificar los criterios técnicos para la elaboración de los documentos de planeamiento urbanístico estandarizando la cartografía de utilidad urbanística, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, con la finalidad de reducir el grado de discrecionalidad en su interpretación y de facilitar su integración en los sistemas de información territorial y urbanística de Aragón.
Artículo 98. Contenido.
La norma técnica de planeamiento tendrá el siguiente contenido:
a) La definición y concreción de los conceptos habitualmente utilizados en la elaboración de normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento u ordenanzas de edificación, así como en otros documentos escritos y en la rotulación y leyendas de los planos.
b) La configuración de las zonas de ordenación sobre la base del sistema de ordenación, la tipología edificatoria y el uso global sistematizando las diferentes alternativas.
c) Las normas técnicas para la elaboración de la cartografía urbanística y para su tratamiento informático.
d) La definición de conceptos básicos tales como los de volumen, edificabilidad, alturas, fondos u otros aplicables a cada una de las zonas de ordenación en función de características típicas.
e) Los criterios de aplicación en las zonas de ordenación a los tipos de tejido urbano preexistentes.
f) Los criterios y contenidos para la elaboración del estudio ambiental estratégico.
Artículo 99. Procedimiento y efectos.
1. La norma técnica de planeamiento será redactada por el Departamento competente en materia de urbanismo oídos los colegios profesionales cuyos titulados tengan competencia profesional en materia urbanística.
2. La aprobación inicial de la norma técnica de planeamiento corresponde al Consejero competente en materia de urbanismo. Una vez aprobada inicialmente, se someterá simultáneamente, por plazo de dos meses como mínimo, a información pública, recabándose cuantos informes resulten preceptivos y aquellos otros cuya evacuación se considere conveniente previo informe de los Consejos Provinciales de Urbanismo.
3. Compete al Gobierno de Aragón aprobar la norma técnica de planeamiento a propuesta del Consejero competente en materia de urbanismo, oídos los Consejos Provinciales de Urbanismo.
4. La norma técnica de planeamiento tendrá carácter vinculante para el planeamiento urbanístico, salvo que en ella se disponga expresamente lo contrario.
CAPÍTULO V
Convenios urbanísticos
Artículo 100. Objeto.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios podrán suscribir, conjunta o separadamente, convenios con otras Administraciones Públicas y con particulares, al objeto de colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística.
2. Estos convenios tendrán carácter administrativo.
3. Serán nulos de pleno derecho los convenios con particulares en los siguientes supuestos:
a) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo plan general o la revisión del vigente.
b) Los que permitan la percepción de cualesquiera prestaciones, en metálico o en especie, antes de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento correspondiente.
4. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios urbanísticos que contravengan normas imperativas, así como las que prevean obligaciones adicionales o más gravosas de las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados.
5. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios urbanísticos a que se refieren los apartados anteriores se rigen por los principios de transparencia y publicidad conforme a las siguientes reglas:
a) Los anuncios de información pública en boletines oficiales que resulten preceptivos conforme a esta Ley incluirán el texto íntegro del convenio.
b) Las administraciones que los suscriban deberán publicar en el boletín oficial correspondiente los acuerdos de aprobación definitiva de cualesquiera convenios urbanísticos y el texto íntegro de los mismos.
6. Todo convenio urbanístico, salvo los incluidos en programas de urbanización, que se regirán por su normativa específica, deberá incorporar un plazo máximo de vigencia, indicando los efectos derivados de su vencimiento sin su total cumplimiento, así como, cuando proceda, una valoración económica expresa y motivada de los compromisos que del mismo deriven para quienes los suscriban y de las garantías financieras o reales previstas para asegurar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Las garantías correspondientes a las obligaciones que pudieran asumir las Administraciones públicas se prestarán conforme a lo establecido en su normativa específica. El cumplimiento de lo establecido en este apartado constituye condición esencial de validez del convenio.
Artículo 101. Convenios de planeamiento.
1. Se consideran convenios sobre el planeamiento aquellos que tengan por objeto la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico. Podrán también referirse a la ejecución del planeamiento, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
2. La competencia para aprobar estos convenios por parte municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública e informe del órgano autonómico competente en materia de urbanismo por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio. El informe versará exclusivamente sobre las cuestiones de alcance supralocal o de legalidad establecidas en el artículo 49.
3. La eficacia de los convenios urbanísticos que prevean la aprobación o alteración del planeamiento, cuando corresponda su aprobación definitiva o la emisión de informe urbanístico o sectorial determinante del resultado final del procedimiento a otra Administración, queda condicionada por ministerio de la Ley a la aprobación definitiva del planeamiento por la Administración autonómica y a la inexistencia de informes determinantes del resultado final del procedimiento que la hagan inviable. De no recaer dicha aprobación definitiva o emitirse informes determinantes del resultado final del procedimiento que la hagan inviable, los convenios sobre el planeamiento no darán lugar a indemnización alguna entre las partes ni a responsabilidad patrimonial de la Administración.
4. El municipio conservará en plenitud su potestad de planeamiento, que no quedará condicionada en modo alguno por las estipulaciones del convenio. Si, finalmente, no se aprobara definitivamente el cambio de planeamiento, el convenio se entenderá automáticamente resuelto.
Artículo 102. Convenios de gestión.
1. Se consideran convenios de gestión urbanística aquellos que tengan por objeto exclusivamente los términos y las condiciones de ejecución del planeamiento, sin que de su cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración del mismo ni del régimen jurídico de gestión urbanística establecido en esta Ley.
2. Los convenios en los que se establezcan condiciones para el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento se atendrán a lo dispuesto en esta Ley en cuanto a destino y transmisión de los patrimonios públicos de suelo, e incluirán:
a) La valoración del aprovechamiento practicada por técnicos municipales competentes o por sociedad de tasación independiente.
b) La justificación, en su caso, de la no cesión de parcelas edificables destinadas a la construcción de vivienda protegida.
c) La opción entre el cumplimiento de la obligación de cesión mediante el pago de cantidad sustitutoria en metálico o mediante la entrega de terrenos clasificados como suelo urbano o construcciones situadas en dicha clase de suelo, para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación urbana, pudiendo valorarse por tal concepto su coste de rehabilitación.
3. La competencia para aprobar estos convenios por parte municipal corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio.
CAPÍTULO VI
Patrimonios públicos de suelo
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 103. Constitución.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los municipios que dispongan de plan general de ordenación urbana constituirán sus respectivos patrimonios públicos de suelo para los fines establecidos en el artículo siguiente.
2. El Departamento competente en materia de urbanismo creará un Registro aragonés de patrimonios públicos de suelo en el que se inscribirán los Inventarios de bienes autonómicos y municipales adscritos a sus respectivos patrimonios públicos de suelo. El Registro será público, de acceso gratuito y finalidad informativa.
Los municipios deberán remitir copia certificada a dicho Departamento con la relación de bienes inmuebles, su identificación precisa y determinada, las cargas urbanísticas que pudieran pender sobre los mismos, así como de las sucesivas actualizaciones.
3. El patrimonio municipal de suelo se entenderá constituido por ministerio de la ley desde la aprobación del plan general de ordenación urbana, quedando sujetos los bienes que lo integren al régimen jurídico establecido en esta Ley.
4. Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo constituyen patrimonios separados de los restantes bienes de la Administración titular.
5. Con independencia del deber de constituir el patrimonio público de suelo, los terrenos o fondos que provengan de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechamiento urbanístico previstas en la legislación básica, deberán ser destinados a los fines propios del patrimonio público de suelo de conformidad con la legislación básica y la presente Ley.
Artículo 104. Bienes integrantes.
Integrarán el correspondiente patrimonio público del suelo los siguientes terrenos:
a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren clasificados como suelo urbano o urbanizable.
b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones urbanísticas de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén afectos al establecimiento de sistemas generales o dotaciones locales públicas en tanto se mantenga la afección. El importe de las cesiones en metálico también se incorporará a este patrimonio.
c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los patrimonios públicos del suelo.
Artículo 105. Destino.
1. Los patrimonios públicos de suelo deberán gestionarse con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística y posibilitar iniciativas de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica en el marco establecido por esta Ley y por la normativa básica estatal.
2. Los terrenos integrantes de los patrimonios públicos de suelo deberán destinarse, de conformidad con lo establecido en el instrumento de planeamiento y dentro del marco de la normativa básica estatal, a las siguientes finalidades específicas:
a) Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
b) Protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.
c) A actuaciones declaradas de interés social vinculadas a la propia gestión urbanística, como:
1.ª Las obras de urbanización.
2.ª La obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo urbano consolidado o de sistemas generales.
3.ª La construcción o rehabilitación de equipamientos públicos u otras instalaciones de uso público autonómico o municipal, siempre que sean promovidas por las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
4.ª Las actuaciones de iniciativa pública de rehabilitación urbana.
5.ª La dación en pago de indemnizaciones o de justiprecios por actuaciones urbanísticas.
3. Los terrenos integrados en los patrimonios públicos de suelo que no provengan de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechamiento urbanístico previstas en la legislación básica, podrán ser destinados, además de a los fines establecidos en el anterior apartado, a iniciativas de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica.
4. Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente en metálico se destinarán a la conservación y ampliación del patrimonio público del suelo, siempre que sólo se financien gastos de capital o, mediante acuerdo específico del órgano competente, a los usos propios de su destino conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa básica estatal. Dentro de la finalidad específica a actuaciones declaradas de interés social vinculadas a la propia gestión urbanística, se entenderán incluidos el destino a gastos de realojo y retorno y el pago de indemnizaciones o de justiprecios por actuaciones urbanísticas.
5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de patrimonio público de suelo podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del ayuntamiento de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 39.5 del texto refundido de la Ley de Suelo mientras este régimen mantenga su vigencia.
Artículo 106. Reservas de terrenos.
1. Los planes generales de ordenación urbana, planes especiales independientes y, en su caso, los planes y proyectos de interés general de Aragón, podrán establecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos u otros bienes inmuebles de posible adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo, debiendo especificar el destino previsto para éstos, bien sea la constitución de vivienda protegida u otros usos de interés social. El municipio podrá también prever dichas reservas en cualquier clase de suelo por el procedimiento de aprobación de los estudios de detalle.
2. El establecimiento o delimitación de áreas de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo comporta la sujeción de cuantas transmisiones se efectúen de terrenos u otros bienes inmuebles reservados a los derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración que estableció o declaró la reserva y la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa por tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos años más por causa justificada, previa audiencia a los propietarios afectados.
3. Las sociedades urbanísticas públicas o con capital mayoritariamente público podrán tener la condición de beneficiarias de la expropiación para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo cuando así lo acuerde la Administración que declaró la reserva.
4. La incorporación al proceso urbanizador y edificatorio de los terrenos u otros bienes inmuebles adquiridos por las Administraciones en áreas de reserva requerirá la previa aprobación del planeamiento preciso.
Sección 2.ª Disposición
Artículo 107. Supuestos.
1. El régimen de disposición de los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos del suelo dependerá del uso al que estén destinados de conformidad con los siguientes criterios:
a) Cuando el planeamiento los destine a usos residenciales sin concretarse en el mismo, o mediante acuerdo expreso del órgano municipal competente, que lo sean de vivienda protegida, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos siguientes, con excepción de lo previsto en el artículo 109 de esta Ley.
b) Cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso del órgano municipal competente se destinen a usos residenciales de vivienda protegida, se enajenarán por licitación pública con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios, sin perjuicio de su posible adjudicación directa, cuando ésta quedase desierta, o de la cesión entre Administraciones, todo ello conforme a la normativa de vivienda.
c) Cuando el planeamiento los destine a usos no residenciales, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos siguientes.
2. Podrá igualmente disponerse de los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos de suelo, cualquiera que sea el uso lucrativo al que estén destinados con excepción del residencial protegido, en concepto de precio conforme a lo establecido en la normativa de contratación del sector público, siempre que el objeto del contrato esté comprendido dentro de los destinos del patrimonio público de suelo establecidos en esta Ley.
Artículo 108. Licitación por pluralidad de criterios.
1. La cesión onerosa por licitación pública con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios es el procedimiento general de enajenación de terrenos y aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos de suelo con calificación adecuada a los fines del patrimonio público del suelo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el planeamiento urbanístico.
2. Los terrenos adquiridos por la Administración por cesión de aprovechamiento, que estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta limitación.
3. El pliego de condiciones establecerá la pluralidad de criterios que permitirán a la Administración enajenante determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, fijará plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la calificación de solar, así como precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes de la actuación. Las mejoras en los plazos y en los precios antes señalados deberán ser tenidas en cuenta en los pliegos a la hora de determinar la mejor oferta.
4. Si la licitación quedase desierta, la Administración podrá enajenar los terrenos directamente, dentro del plazo máximo de un año, con arreglo al pliego de condiciones que rigió aquélla.
Artículo 109 Licitación por precio.
La cesión onerosa mediante licitación pública con el precio como único criterio de adjudicación es un procedimiento excepcional de enajenación de terrenos y aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos de suelo que sólo podrá aplicarse en relación con aquellos que, no estando destinados a usos residenciales, tengan atribuida por el planeamiento urbanístico una finalidad incompatible con los fines del patrimonio público del suelo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el planeamiento urbanístico.
Artículo 110. Permuta.
1. La Administración podrá también permutar los bienes del patrimonio público del suelo, de acuerdo con la normativa de contratación y de patrimonio que le resulte aplicable.
2. Los actos de disposición onerosa mediante permuta de terrenos y aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos de suelo podrán tener lugar en concurrencia a través de licitación pública con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios, conforme a lo establecido en la normativa de contratación del sector público y patrimonio de las Administraciones públicas.
Artículo 111. Adjudicación directa.
1. Se podrá acordar la cesión directa de los bienes y derechos del patrimonio público del suelo en los siguientes supuestos:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, los municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos, directamente e incluso a título gratuito, comprendidos o no en los patrimonios públicos de suelo, con fines de promoción de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras infraestructuras o instalaciones de uso público o interés social. El régimen de disposición de los bienes de patrimonios públicos de suelo que sean cedidos a empresas públicas será el establecido en esta Ley y, en su caso, en la normativa de vivienda.
b) Cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos o aprovechamientos lo requiera, la Administración podrá también ceder directamente, por precio inferior al de su valor urbanístico o con carácter gratuito, el dominio de terrenos que no estén destinados a usos residenciales en favor de entidades privadas de interés público y sin ánimo de lucro, para destinarlos a usos de interés social que redunden en beneficio manifiesto de la Administración cedente.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los apartados precedentes.
d) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública promovida para la enajenación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de la misma. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.
e) Cuando se trate de solares que, por su forma o pequeña extensión, resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
f) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.
g) Cuando la venta se efectúe a favor del titular de un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.
h) Cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
2. Con excepción de los supuestos en los que se admite la cesión gratuita, la cesión de los bienes y derechos del patrimonio público del suelo será onerosa, pudiendo admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos en pago de parte del precio siempre que el valor de lo entregado no supere la mitad del valor de lo adquirido.
3. Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general concurrente en el caso concreto.
Artículo 112. Cesión gratuita.
En casos justificados, la Administración podrá ceder terrenos o aprovechamientos del patrimonio público de suelo cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, para la construcción de viviendas protegidas o la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a otras Administraciones públicas, a fundaciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública sin ánimo de lucro, y a aquellas otras entidades o asociaciones que se determinen por la legislación estatal.
Artículo 113. Derecho de superficie.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, los municipios y cualesquiera otros entes públicos o sus entidades instrumentales podrán constituir derechos de superficie en terrenos de los patrimonios públicos de suelo respectivos, con destino a la construcción de viviendas protegidas preferentemente de alquiler o a otros usos de interés social.
2. El procedimiento de constitución del derecho de superficie para la construcción de viviendas protegidas será el establecido en la legislación de vivienda. En los restantes supuestos, el procedimiento aplicable y el carácter oneroso o gratuito del mismo se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.
CAPÍTULO VII
Áreas de tanteo y retracto
Artículo 114. Objeto y contenido.
1. Los municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma podrán delimitar en cualquier clase de suelo áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la Administración con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la programación del instrumento de planeamiento, incrementar los patrimonios públicos de suelo, intervenir en el mercado inmobiliario, mejorar la ordenación y gestión de los espacios urbanos y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos del planeamiento.
2. Al delimitarse estas áreas deberá establecerse, en su caso, si las transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos son sólo las de los terrenos sin edificar, tengan o no la condición de solares, o se incluyen también las de los terrenos con edificación en construcción, ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable.
3. El acuerdo de delimitación de estas áreas podrá establecer que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto abarque incluso a las fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte en conjunto como fraccionadamente en régimen o no de división horizontal.
4. También podrán delimitarse áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbanizable con el objeto de regular o controlar procesos de parcelación en dicho suelo, así como para erradicar parcelaciones ilegales. El plan general podrá declarar áreas de tanteo y retracto las correspondientes a los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que, mediante modificación o revisión del planeamiento general, sean clasificados como suelo urbanizable.
5. Quedarán igualmente sujetos a tanteo y retracto en todo caso, como si de transmisión onerosa se tratase, los siguientes negocios jurídicos:
a) La transmisión onerosa de más del cincuenta por ciento de las acciones o participaciones sociales de entidades mercantiles, cuyo activo esté constituido en más del ochenta por ciento por bienes sujetos a los derechos de tanteo o retracto.
b) El otorgamiento de opción de compra y, en general, cualesquiera otros negocios jurídicos que atribuyan a terceros derechos preferentes y excluyentes a la adquisición de bienes incluidos en áreas de tanteo y retracto o de las acciones o participaciones sociales a las que se refiere la letra anterior.
6. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones o negocios jurídicos al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años, salvo que al delimitarse el área se hubiese fijado otro menor.
Artículo 115. Procedimiento para la delimitación de áreas.
1. La delimitación de las áreas a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse por el planeamiento urbanístico o mediante el procedimiento de aprobación de los estudios de detalle. El procedimiento para la adopción del acuerdo incluirá, en todo caso, un período de información pública no inferior a dos meses.
2. En la documentación específica relativa a la delimitación deberá figurar una memoria justificativa de la necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto, los objetivos a conseguir, la justificación del ámbito delimitado y una relación genérica de bienes y derechos afectados.
3. En los supuestos de gestión directa, la delimitación de la unidad o unidades de ejecución implicará la delimitación del área para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Artículo 116. Régimen del derecho de tanteo y retracto.
1. Los propietarios de bienes incluidos en áreas de tanteo y retracto deberán notificar a la Administración que las haya delimitado la decisión de enajenarlos, con expresión del precio y forma de pago proyectados y restantes condiciones esenciales de la transmisión, a efectos de posible ejercicio del derecho de tanteo, durante un plazo de dos meses desde que se haya producido la notificación.
2. La Administración podrá ejercitar el derecho de retracto cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida en el apartado anterior, se omitiese en ella cualquiera de los requisitos exigidos o el precio efectivo de la transmisión resultara inferior o menos onerosas las restantes condiciones de la misma. El derecho de retracto deberá ejercitarse en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación de la transmisión efectuada, que el adquirente deberá notificar en todo caso a la Administración, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuese formalizada.
3. Los efectos de la notificación de transmisión a la Administración para el ejercicio del derecho de tanteo caducarán a los cuatro meses siguientes a la misma sin que se efectúe dicha transmisión. La transmisión realizada transcurrido este plazo se entenderá efectuada sin dicha notificación, a efectos del ejercicio del derecho de retracto.
4. El precio podrá pagarse en metálico o mediante la entrega de terrenos de valor equivalente, si las partes así lo convienen. Cuando el precio deba pagarse en distintos plazos, el incumplimiento por la Administración de cualquiera de ellos dará derecho al acreedor a instar la resolución de la transmisión realizada a favor de aquélla.
5. Serán nulos de pleno derecho cualesquiera actos o negocios jurídicos traslativos sobre los bienes sujetos a tanteo y retracto que se realicen sin que resulte acreditada la práctica de las notificaciones contempladas en los apartados anteriores. Los municipios o la Administración de la Comunidad Autónoma remitirán a los Registros de la Propiedad correspondientes copia certificada de los planos que reflejen la delimitación y relación detallada de las calles o sectores comprendidos en aquellas áreas y de los propietarios y bienes concretos afectados, mediante traslado, en su caso, de copia del acuerdo de delimitación, con indicación del alcance y extensión del derecho de adquisición preferente.
Artículo 117. Ejercicio a favor de consorcios, empresas públicas o sociedades urbanísticas.
1. Los derechos de tanteo y retracto podrán ejercerse a favor de la Administración, los consorcios públicos de los que formen parte, sus empresas públicas o de las sociedades urbanísticas públicas o con capital mayoritariamente público reguladas en esta Ley.
2. La actuación de la Administración se limitará al ejercicio fehaciente de su derecho conforme a lo establecido en esta Ley, indicando expresamente que ejerce su derecho a favor de la concreta empresa pública o sociedad urbanística. En las escrituras públicas que documenten las transmisiones de propiedad resultantes del ejercicio de tanteo y retracto a favor de empresa pública o sociedad urbanística conforme a esta Ley, se indicará expresamente tal circunstancia. Al acto de otorgamiento concurrirá necesariamente un representante de la Administración que ejerza el derecho de adquisición preferente.
3. Cuando se ejerzan los derechos de adquisición preferente a favor de empresa pública o sociedad urbanística, cualesquiera gastos que genere la transmisión serán de cuenta de éstas.
TÍTULO CUARTO
Gestión urbanística
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 118. Alternativas de ejecución.
1. La gestión urbanística es el conjunto de procedimientos establecidos en esta Ley para la distribución equitativa de beneficios y cargas y para la transformación del uso del suelo, en ejecución del planeamiento urbanístico. Comprende tanto las actuaciones urbanísticas que pueden llevarse a cabo sobre el suelo y, en su caso, sobre la edificación, como los sistemas que pueden adoptarse para la ejecución de las actuaciones urbanísticas.
2. En atención a la clase de suelo afectado, las actuaciones urbanísticas pueden ser:
a) Actuaciones aisladas. Son aquellas que se ejecutan de forma asistemática, sobre suelo urbano consolidado, a través del sistema de urbanización de obras ordinarias. Si la ordenación lo requiere, será necesaria la previa normalización de fincas de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
b) Actuaciones integradas o de transformación urbanística. Son aquellas que se ejecutan a consecuencia del desarrollo sistemático del planeamiento. Su ámbito de ejecución requiere la delimitación de una unidad de ejecución y afecta a áreas de desarrollo de suelo clasificado por el planeamiento como urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado. Estas actuaciones urbanísticas pueden desarrollarse mediante sistemas de gestión directa o indirecta, regulados en la presente Ley y sus reglamentos.
Podrán ser de nueva urbanización, de rehabilitación urbana o de intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación que no tengan la naturaleza de actuación de rehabilitación urbana.
c) Actuaciones urbanísticas para la obtención de sistemas generales, que se llevarán a cabo conforme a lo previsto específicamente en esta Ley.
d) Actuaciones en suelo no urbanizable, de carácter aislado o en el marco del correspondiente plan especial.
3. Asimismo, en atención a su objeto, las actuaciones urbanísticas pueden ser:
a) Actuaciones de urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.
b) Actuaciones de rehabilitación urbana, entendiendo por tales tanto las de rehabilitación edificatoria como las de regeneración o renovación urbana, conforme a lo establecido en la normativa básica estatal y en el artículo 183 de esta Ley y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen.
c) Actuaciones de intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación que no tengan la naturaleza de actuación de rehabilitación urbana.
4. Conforme a lo establecido en la normativa básica estatal, estas actuaciones darán lugar a la realización de cesiones de suelo para dotaciones locales o a la cesión del aprovechamiento que corresponde al municipio por participación en las plusvalías producidas por incrementos de edificabilidad, densidad o cambio de uso que suponga aumento del aprovechamiento objetivo, sin perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitación urbana.
Artículo 119. Competencias.
1. La ejecución del planeamiento urbanístico corresponde a los municipios y se desarrollará conforme a lo establecido en esta Ley.
2. La ejecución de los planes y proyectos de interés general de Aragón corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma conforme a lo establecido en la normativa reguladora de los mismos.
Artículo 120. Formas de gestión.
La Administración de la Comunidad Autónoma y los municipios podrán utilizar para la gestión de la actividad de ejecución de su respectiva competencia todas las formas o modalidades admitidas por la legislación de régimen jurídico y de contratación del sector público y de régimen local mediante entes de derecho público, cuando sea posible conforme a su legislación específica, u organismos autónomos, consorcios y sociedades urbanísticas, de duración limitada o por tiempo indefinido y con carácter general o sólo para determinadas actuaciones.
Artículo 121. Presupuestos de ejecución.
1. La ejecución del planeamiento mediante actuaciones aisladas requiere la obtención de la correspondiente licencia así como, cuando proceda conforme a esta Ley, la aprobación de la normalización de fincas o del proyecto de obras ordinarias.
2. La ejecución del planeamiento mediante actuaciones integradas requiere la aprobación del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada, así como la delimitación de la unidad de ejecución. Con posterioridad o de forma simultánea se tramitará:
a) El instrumento técnico jurídico de distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento.
b) El proyecto de urbanización.
3. A los instrumentos de gestión urbanística les será de aplicación el régimen de los documentos refundidos de planeamiento establecido en esta Ley.
Artículo 122. Elección de los sistemas de gestión.
1. Al aprobar el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada, o, en su caso, con la delimitación de la unidad de ejecución, la Administración establecerá el sistema de gestión urbanística que considere más adecuado a las características de la actuación y los intereses públicos.
2. Si el planeamiento general lo permite, la Administración deberá tener en cuenta el sistema o sistemas de actuación que puedan proponerse por los particulares en el proyecto de planeamiento de desarrollo de iniciativa privada. Para que la propuesta del sistema de compensación vincule a la Administración respecto a una unidad de ejecución, el proyecto de planeamiento deberá estar suscrito por propietarios que sumen más de la mitad de la superficie de esa unidad y garantizar que el desarrollo de las obras se adecue a las necesidades de crecimiento y forma de la ciudad.
3. El sistema de actuación podrá ser sustituido, de forma justificada, de oficio o a instancia de parte y conforme al procedimiento de aprobación de los estudios de detalle. En todo caso, se considerará justificado el cambio del sistema por el transcurso de los plazos fijados por el planeamiento para el desarrollo del correspondiente sector o unidad de ejecución, conforme a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 123. Recepción y conservación de las obras de urbanización.
1. La recepción de las obras de urbanización corresponde al municipio, de oficio o a instancia del urbanizador o del responsable de su conservación y entrega. Desde la recepción de las obras de urbanización corresponderá el deber de conservación al municipio o, en su caso, a la entidad urbanística de conservación que se hubiese constituido al efecto. El procedimiento de recepción y plazo de garantía de las obras de urbanización serán los establecidos en la normativa de contratación del sector público tanto en los supuestos de gestión directa como en los de gestión indirecta, sin que, en cualquier caso, el plazo de garantía pueda ser inferior a cinco años.
2. La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos corresponde al municipio que las reciba o, en los supuestos en que la asuman voluntariamente o se establezca en plan o proyecto de interés general de Aragón, plan general o planeamiento de desarrollo de iniciativa pública o particular, a los propietarios agrupados en entidad urbanística de conservación, independientemente de la titularidad pública o privada de la urbanización.
3. Sin perjuicio de su entrega final al municipio conforme a lo establecido en esta Ley, las obras de urbanización resultantes de la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón serán recibidas por la Administración autonómica, el consorcio o el municipio, en los términos acordados en el convenio incluido, en su caso, en el plan o proyecto de interés general de Aragón.
4. Las entidades urbanísticas de conservación tienen naturaleza administrativa, están sujetas a la tutela del municipio y pueden solicitar de éste la aplicación de la vía de apremio para la exigencia de las cuotas de conservación.
5. La cesión y recepción de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicables, podrá referirse a una parte del sector o unidad de actuación aun cuando no se haya completado la urbanización de este ámbito territorial siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente utilizable.
6. Las obras de urbanización de unidades funcionales, una vez correctamente finalizadas de conformidad con los proyectos de urbanización aprobados y puestas a disposición de la Administración, se entenderán recibidas cuando hayan transcurrido tres meses desde la presentación de la correspondiente acta de comprobación de las obras y la documentación necesaria para su conservación a la Administración sin que ésta se haya pronunciado al respecto.
Sección 2.ª Aprovechamiento urbanístico
Artículo 124 Definiciones.
1. El índice de edificabilidad bruta indica el límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable en una parcela, unidad de ejecución o sector. El índice de edificabilidad neta indica el límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable sobre la superficie neta edificable.
2. La edificabilidad indica la superficie construible máxima en una parcela, unidad de ejecución o sector en los diferentes usos, expresada en metros cuadrados, resultante de aplicar a su superficie los índices de edificabilidad correspondientes.
3. El aprovechamiento objetivo indica la superficie edificable homogeneizada respecto del uso y tipología característicos, medida en metros cuadrados, que permitan el planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado conforme al uso, tipología e índice de edificabilidad atribuidos al mismo.
4. El aprovechamiento subjetivo indica la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, que su propietario y, en su caso, el municipio podrán incorporar a su patrimonio.
Artículo 125 Aprovechamiento medio.
1. El aprovechamiento medio es el resultado de calcular el promedio de los aprovechamientos urbanísticos objetivos establecidos por el planeamiento en un determinado ámbito territorial con objeto de hacer posible la ejecución del planeamiento mediante la distribución equitativa entre los propietarios de los aprovechamientos subjetivos y las cargas generadas por el desarrollo urbano, así como, en su caso, la participación directa de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. El planeamiento urbanístico podrá ordenar el cómputo de los aprovechamientos objetivos del subsuelo para calcular el aprovechamiento medio del ámbito correspondiente.
2. El aprovechamiento medio de una unidad de ejecución en suelo urbano o urbanizable se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a los terrenos incluidos en la misma, aplicando los coeficientes precisos de homogeneización de zona. No podrán delimitarse unidades de ejecución en las que la diferencia entre el aprovechamiento objetivo de cada unidad y el resultante de la aplicación del aprovechamiento medio del sector, cuando exista, sobre su superficie, sea superior al quince por ciento de este último.
3. El aprovechamiento medio de un sector en suelo urbano o urbanizable se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a las distintas unidades de ejecución incluidas en el mismo, o, de no estar delimitadas, a los terrenos de dicho sector.
4. El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a los distintos sectores, ponderando las circunstancias urbanísticas que afecten a cada sector en relación con los demás.
5. Para el cálculo del aprovechamiento medio se seguirán las siguientes reglas:
a) Se incluirán, en la superficie de la unidad de ejecución, del sector o del conjunto del suelo urbanizable delimitado, los terrenos destinados a sistemas generales incluidos en los mismos y aquellos terrenos o aprovechamientos que, aun hallándose en otra clase de suelo, sean adscritos a ellos por el planeamiento para su obtención.
b) No se incluirán, en el cómputo de los aprovechamientos objetivos del ámbito correspondiente, los aprovechamientos asignados a los terrenos destinados a equipamientos públicos.
Artículo 126 Coeficientes de homogeneización.
1. El plan general de ordenación urbana establecerá justificadamente un sistema de coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias, en atención a sus respectivos valores de repercusión de suelo urbanizado determinados sobre la base de un estudio de mercado.
2. Se considerará uso característico el de mayor edificabilidad de los existentes en la unidad de ejecución o sector considerados.
Artículo 127. Aprovechamiento en suelo urbano.
1. En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario equivale al objetivo establecido en el planeamiento.
2. En las operaciones aisladas de rehabilitación, siempre que se conserve la edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación, si se da la circunstancia de que la edificabilidad materializada históricamente supera el aprovechamiento objetivo señalado por unidad de superficie en el planeamiento, se tomará tal edificabilidad como referencia de aprovechamiento subjetivo.
3. En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la propiedad el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o, en su caso, del sector. El resto del aprovechamiento corresponde en todo caso a la Administración.
4. Conforme a lo establecido en la normativa básica estatal, cuando sea necesario un reajuste de la proporción de las dotaciones públicas existentes y de la participación en las plusvalías, por aumentos de la edificabilidad o densidad preexistente, o atribución de nuevos usos, el aprovechamiento subjetivo correspondiente a cada parcela edificable se determinará de la manera siguiente:
a) El planeamiento concretará la cuota media de cesión dotacional correspondiente a cada zona de ordenación urbana donde se integra la parcela, dividiendo la superficie de suelo de reserva dotacional establecida en la zona de ordenación por el incremento total de aprovechamiento objetivo establecido por el plan general determinado en metros cuadrados construidos, atribuido a las diferentes parcelas integradas en la zona de ordenación.
b) La parte de suelo dotacional que cada parcela edificable debe aportar al dominio público se determinará multiplicando la cuota media anterior por el incremento de edificabilidad atribuido a dicha parcela.
c) La cesión de aprovechamiento que corresponde al municipio por participación en las plusvalías será el diez por ciento del incremento de aprovechamiento objetivo atribuido a la parcela.
d) El aprovechamiento subjetivo de cada parcela edificable se determinará restando de su aprovechamiento objetivo la cantidad obtenida conforme a la letra c) anterior y previo levantamiento de la carga dotacional establecida en la letra b) mediante reparcelación discontinua.
e) Las cesiones anteriores podrán sustituirse por compensaciones económicas determinadas, sobre la base de un estudio de mercado y un informe de los servicios técnicos municipales o comarcales que defina el valor de repercusión del uso atribuido por el planeamiento a la parcela edificable, y calculadas en los términos establecidos en la normativa estatal de valoraciones vigente para el suelo urbanizado. Para determinar el índice de edificabilidad aplicable a la parcela de suelo dotacional, se adoptará, el que sea superior resultante ya de dividir el incremento de edificabilidad total atribuido a la zona de ordenación entre la superficie total de las parcelas que reciben aprovechamiento adicional que se encuentran integradas en la misma, ya de la media ponderada de la edificabilidad preexistente en la zona.
Las compensaciones económicas se ingresarán en el patrimonio municipal de suelo, debiendo destinarse la correspondiente a la letra b) a la obtención del suelo de las reservas dotacionales previstas en la zona, y la correspondiente a la letra c), a la obtención de suelo para vivienda protegida.
5. Los planes generales podrán modificar el aprovechamiento subjetivo en suelo urbano no consolidado conforme a las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de áreas sujetas a actuaciones de rehabilitación a través del programa de rehabilitación urbana y en las condiciones establecidas en la normativa básica estatal, en esta Ley y en la normativa que la desarrolle, podrán, de forma motivada, plantear la disminución de la cesión de aprovechamiento a favor del municipio, establecer la localización de la cesión en otra zona del municipio generando una unidad discontinua para efectuar intervenciones de rehabilitación, o computar por tal concepto la entrega de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado o construcciones situadas en dicha clase de suelo, pudiendo valorarse por tal concepto su coste de rehabilitación.
b) Se podrá reducir la cesión de aprovechamiento al municipio, o excepcionalmente eliminar en el marco establecido por la legislación básica estatal, incluyendo un estudio económico-financiero y de forma específicamente motivada, en aquellos ámbitos en los que el aprovechamiento objetivo de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado.
c) En aquellos ámbitos en los que el aprovechamiento objetivo de las parcelas resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo un estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de referencia.
6. Los planes generales podrán prever que el destino de los inmuebles singulares del patrimonio cultural aragonés y de los protegidos por el planeamiento urbanístico a usos hosteleros, comerciales y dotacionales privados, sin que pueda considerarse como tal el de vivienda protegida en alquiler, no consuma la edificabilidad correspondiente a la unidad de ejecución o sector.
Artículo 128. Aprovechamiento en suelo urbanizable.
1. En suelo urbanizable delimitado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado.
2. En suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio del sector.
3. El plan general podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo un estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de referencia en aquellos sectores en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo urbanizable. No podrá reducirse el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al municipio en ningún caso.
4. El resto del aprovechamiento corresponde en todo caso a la Administración.
Artículo 129. Diferencias de aprovechamiento.
1. Cuando el aprovechamiento objetivo atribuido por el planeamiento en una unidad de ejecución o sector supere al subjetivo de los propietarios incluidos en ellos, el excedente corresponderá a la Administración, que podrá destinarlo a compensar a los propietarios incluidos en unidades de ejecución que se encuentren en situación inversa o, en su caso, a los de suelo destinado a dotaciones locales en suelo urbano consolidado o sistemas generales.
2. Los titulares de los aprovechamientos subjetivos compensados participarán en los beneficios y cargas de la unidad de ejecución a la que se les asigne en proporción a los aprovechamientos subjetivos, deducidas las cesiones al municipio, que correspondan al resto de los propietarios integrados en la misma unidad de ejecución.
3. En defecto del procedimiento de compensación previsto en el apartado primero, cuando el aprovechamiento objetivo atribuido a una propiedad o unidad de ejecución sea inferior a su aprovechamiento subjetivo, la Administración podrá adoptar los siguientes acuerdos:
a) Disminuir la carga de urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento subjetivo excedente sufragando él mismo la diferencia resultante.
b) Abonar en metálico el valor, determinado pericialmente, del aprovechamiento subjetivo excedente.
Artículo 130. Bienes de dominio público.
1. Cuando en la unidad de ejecución existieren bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita derivada de la gestión urbanística, el aprovechamiento subjetivo correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquéllos, salvo en el caso de que la superficie de dominio y uso público existente no se compute a efectos de edificabilidad.
2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita derivada de la gestión urbanística, cuando las superficies de los bienes de dominio y uso públicos anteriormente existentes fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución del plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran superiores, la Administración percibirá el exceso, en la proporción que corresponda.
CAPÍTULO II
Actuaciones aisladas
Artículo 131. Actuaciones aisladas.
1. Las actuaciones aisladas podrán tener las siguientes finalidades:
a) Completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano consolidado, a fin de que alcancen la condición de solar, si aún no la tuvieran.
b) Ejecutar obras aisladas y de remodelación de la urbanización y espacios públicos existentes previstas por el planeamiento en suelo urbano consolidado.
c) Obtener, cuando proceda según el planeamiento, los terrenos en los que se ejecute la urbanización.
d) Ejecutar actuaciones de rehabilitación incluidas en el programa de rehabilitación en suelo urbano consolidado con carácter aislado o previa definición de un ámbito de actuación.
2. La gestión urbanística de las actuaciones aisladas corresponderá a la Administración o a cualquier otra persona conforme a los siguientes criterios:
a) Se realizarán mediante proyectos de obras ordinarias que se regirán por lo establecido en la legislación de régimen local, siendo, en todo caso, necesaria la aprobación de sus características generales por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública por plazo de veinte días.
b) En caso de que sea necesario, se podrá tramitar de forma previa o simultánea el proyecto de normalización de fincas conforme a lo establecido en los artículos siguientes y en los reglamentos de desarrollo.
c) En el caso de actuaciones aisladas de rehabilitación, se podrá tramitar de forma previa o simultánea el planeamiento de desarrollo conforme a lo establecido en el plan general o en el programa de rehabilitación urbana.
Artículo 132. Actuación sobre parcelas o solares existentes.
1. Las actuaciones aisladas pueden ejecutarse por los propietarios de suelo urbano consolidado sobre sus propias parcelas o solares, sin más requisito que la obtención de la licencia correspondiente, con previa o simultánea realización de las obras de urbanización pendientes conforme a lo establecido en esta Ley.
2. Podrán también ejecutarse actuaciones aisladas por aquellas personas que, previa adjudicación de un programa de edificación conforme al artículo 223, obtengan la licencia correspondiente para su ejecución.
Artículo 133. Actuación mediante normalización de fincas.
1. La normalización de fincas procederá siempre que no sea necesaria la redistribución de los beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero sea preciso regularizar la configuración física de las fincas para adaptarla a las exigencias del planeamiento.
2. La normalización de fincas se limitará a definir los nuevos linderos de conformidad con el planeamiento, con dos limitaciones:
a) No podrá afectar a más del quince por ciento de la superficie de la finca. La cesión de esta superficie, sin afección al aprovechamiento subjetivo del propietario, será gratuita al municipio para la apertura, ampliación o reforma de viario, espacios libres públicos o dotaciones o sistemas generales públicos.
b) Las disminuciones que se produzcan al aprovechamiento subjetivo del propietario otorgado por el planeamiento se compensarán económicamente y no podrán ser superiores al quince por ciento. Si las cesiones son superiores, se deberá proceder a abrir el correspondiente procedimiento expropiatorio o reparcelatorio, en este caso, previa clasificación de los suelos como no consolidados.
3. La normalización se aprobará por el Alcalde, de oficio o a instancia de alguno de los afectados, previa notificación a todos los afectados otorgándoles un plazo de audiencia de veinte días, y se hará constar en el Registro de la Propiedad.
CAPÍTULO III
Actuaciones integradas
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 134 Modalidades.
1. Las actuaciones integradas podrán tener las siguientes finalidades:
a) La ejecución de obras de urbanización.
b) La ejecución de actuaciones de rehabilitación urbana.
c) La intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación que no tengan la naturaleza de actuación de rehabilitación urbana.
d) El reajuste de la proporción de las dotaciones públicas existentes, por aumentos de la edificabilidad o densidad preexistente, o atribución de nuevos usos, cuando conlleven la definición de una unidad de ejecución conforme a las determinaciones de esta Ley.
2. Las actuaciones integradas se ejecutan en el ámbito de una o varias unidades de ejecución completas, mediante el sistema de gestión que corresponda a la unidad o sector en el que se integre y a través de los correspondientes instrumentos de gestión urbanística que permitan efectuar la urbanización y, en su caso, la reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad.
3. Corresponde a la Administración establecer el sistema o forma de gestión que podrá ser de gestión directa, mediante expropiación o cooperación, o de gestión indirecta, mediante compensación o adjudicación a urbanizador.
Artículo 135. Tramitación simultánea.
En los supuestos de gestión directa o indirecta, los instrumentos de gestión urbanística podrán tramitarse simultánea o posteriormente al planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada y prevea actuaciones integradas. En caso de tramitación simultánea, la aprobación definitiva de los instrumentos de gestión estará condicionada a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento correspondiente.
Artículo 136. Colaboración de los propietarios.
1. Los propietarios podrán participar en la gestión urbanística mediante la creación de entidades urbanísticas colaboradoras conforme a lo establecido en la presente Ley y normas que la desarrollen.
2. Sin carácter limitativo, estas entidades pueden ser:
a) Juntas de compensación, que colaboran con la Administración actuante en el sistema de gestión indirecta por compensación.
b) Asociaciones administrativas de propietarios que colaboran con la Administración actuante en el sistema de gestión directa por cooperación.
c) Entidades de conservación, que pueden constituirse como consecuencia de la transformación de alguna entidad preexistente independientemente del sistema de gestión o, específicamente para dichos fines, sin que previamente se haya constituido una entidad para la ejecución de las obras de urbanización.
d) Agrupaciones de interés urbanístico que compiten por la adjudicación de programas de urbanización o colaboran con el urbanizador en el sistema de gestión indirecta por urbanizador.
3. Las entidades urbanísticas colaboradoras se regirán por sus estatutos y por lo dispuesto en la normativa que les sea aplicable.
4. Las entidades urbanísticas colaboradoras tendrán carácter administrativo y dependerán de la Administración urbanística actuante en cuanto ejerzan potestades administrativas.
5. Su constitución se producirá en el momento del otorgamiento de la escritura pública que incorpore sus estatutos. Los efectos jurídicos de carácter administrativo del acto constituyente y la adquisición de su naturaleza administrativa quedan diferidos a su comunicación mediante declaración responsable y copia de la escritura pública a la Administración actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y al transcurso del plazo de un mes desde la entrada en el órgano competente sin notificación que manifieste discrepancia con la documentación aportada. La inscripción en el Registro de Entidades del Gobierno de Aragón tendrá efectos de publicidad.
Artículo 137. Proyectos de urbanización.
1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad hacer posible la ejecución material del planeamiento que legitime la acción urbanizadora en cada clase de suelo.
2. Los proyectos de urbanización incluirán todas las obras necesarias para la ejecución del planeamiento en una o varias unidades de ejecución o para la ejecución directa de los sistemas generales. Deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto y en ningún caso podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación. Tampoco podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
3. Los proyectos de urbanización comprenderán una memoria descriptiva de las características de las obras, planos de situación, proyecto y detalle, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y los servicios.
4. Los proyectos de urbanización se tramitarán conforme al procedimiento establecido para los estudios de detalle en esta Ley. Su modificación tendrá lugar por el mismo procedimiento establecido para su aprobación.
Artículo 138. Unidades de ejecución.
1. Las unidades de ejecución se delimitarán de forma que permitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su superficie. En suelo urbano no consolidado, así como en las actuaciones de regeneración y renovación urbanas previstas en el artículo 183, las unidades de ejecución podrán ser discontinuas.
2. La delimitación de unidades de ejecución se contiene en el planeamiento urbanístico. Sin embargo, podrán dividirse, agruparse, modificarse o suprimirse por el procedimiento de aprobación de los estudios de detalle.
3. En el caso de que se desarrolle un plan parcial que englobe suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado, podrá delimitarse una única unidad de ejecución de gestión única debiendo respetarse los derechos y obligaciones derivados de las diferentes clases de suelo.
Artículo 139. Cargas de urbanización.
1. Las cargas de urbanización que han de sufragar los propietarios son las correspondientes a los costes de urbanización regulados en los apartados siguientes y, en la gestión indirecta por urbanizador, además, los gastos de gestión y el beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de la urbanización.
2. Las cargas de urbanización se distribuirán entre los propietarios en proporción al aprovechamiento subjetivo que les corresponda.
3. Los costes de urbanización que han de sufragar los propietarios afectados comprenderán, en su caso, los siguientes conceptos:
a) El coste de las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoliciones, pavimentación, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas, conducciones de telefonía y comunicaciones, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás dotaciones locales que estén previstas en los planes, programas y proyectos, incluidas en su caso las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes, internas o externas a la unidad o externas a ella, y que demande para su desarrollo, así como de las restantes obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, todo ello sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos con cargo a las empresas que prestaren los servicios, en la medida procedente conforme a las correspondientes reglamentaciones. Los costes de establecimiento y de conservación se acreditarán mediante certificación expedida por la Administración.
Las obras de urbanización de las superficies destinadas a dotaciones públicas de carácter educativo, sanitario o asistencial, deberán responder a las características requeridas por la legislación sectorial correspondiente.
b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones y extinción de arrendamientos, derechos de superficie u otras ocupaciones que exijan la ejecución de los planes.
c) El coste de los planes de desarrollo, de los proyectos y programas asociados a los instrumentos de gestión y gastos originados por la reparcelación.
d) En los supuestos de gestión indirecta por urbanizador, el coste de los planes de desarrollo, las alternativas técnicas, los proyectos de urbanización y los demás gastos acreditados, que se abonará, en su caso, a quien hubiese promovido útilmente el planeamiento o alternativa técnica de programa sin resultar adjudicatario.
4. Los gastos de explotación y conservación de la urbanización y los servicios suficientes que corresponden al urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción, en su caso, por la Administración de las obras realizadas y finalización del periodo de garantía, son los correspondientes al mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos en el correspondiente proyecto de urbanización y desglosados en el apartado anterior.
5. El municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios e informe favorable de los servicios técnicos competentes, la modificación de la previsión inicial de costes de urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas, cuya previsión por la propia Administración, la junta de compensación o el urbanizador no hubiera sido posible al elaborarse el proyecto de urbanización.
6. La modificación de los costes de urbanización no podrá afectar en ningún caso al beneficio empresarial o gastos de gestión del urbanizador por la promoción de la urbanización. Asimismo, salvo que presten su conformidad el municipio y propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie afectada, la modificación de los costes de urbanización no podrá implicar un aumento de las cargas de urbanización superior al veinte por ciento de las inicialmente previstas.
Sección 2.ª Reparcelación
Artículo 140. Objeto.
1. Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión obligatoria a favor de la Administración.
2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que corresponda al municipio, en su caso.
3. La ejecución del planeamiento exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que resulte suficientemente equitativa la distribución de beneficios y cargas para todos los propietarios.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, supletoriamente se aplicarán a la reparcelación las normas de la expropiación forzosa.
Artículo 141. Reparcelación voluntaria y forzosa.
1. La reparcelación podrá ser voluntaria y forzosa.
2. Será voluntaria la propuesta de reparcelación en los siguientes supuestos:
a) La presentada, en el plazo que se establezca, en su caso, al fijar la gestión directa por cooperación y formalizada en escritura pública, por los propietarios constituidos en agrupación de interés urbanístico.
b) La presentada por la junta de compensación.
c) La presentada por los propietarios constituidos en agrupación de interés urbanístico en unión del urbanizador.
d) La presentada por los propietarios incluidos en actuaciones derivadas de la necesidad de reajuste de la proporción de las dotaciones públicas existentes y de la participación en las plusvalías, por aumentos de la edificabilidad o densidad preexistente, o atribución de nuevos usos.
3. La reparcelación será forzosa cuando el municipio la imponga por ser necesaria para la ejecución del planeamiento y los propietarios no hayan presentado propuesta de reparcelación voluntaria conforme al apartado anterior y dentro del plazo otorgado, en su caso, para ello.
Artículo 142. Contenido.
El proyecto de reparcelación se ajustará a los siguientes criterios, salvo que los propietarios y, en la gestión indirecta por urbanizador, el urbanizador, por unanimidad, adopten otros diferentes:
a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución.
b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes, se aplicarán los criterios establecidos en la legislación estatal sobre valoraciones.
c) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones, mejoras y demás derechos que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su importe se satisfará al propietario interesado, con cargo al proyecto en concepto de costes de urbanización.
d) Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al tiempo de su realización que resulten útiles para la ejecución del nuevo plan serán consideradas igualmente como obras de urbanización con cargo al proyecto, y se satisfará su importe al titular del terreno sobre el que se hubieran realizado, siempre que éste acredite haberlas ejecutado a su costa.
e) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la unidad de ejecución no destinada a un uso dotacional público deberá ser objeto de adjudicación entre los propietarios afectados y demás titulares de aprovechamientos subjetivos en proporción a sus respectivos derechos en la reparcelación.
Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por diferencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo al valor de las parcelas resultantes conforme a lo establecido en la letra b, sin incluir las cargas de urbanización.
El exceso de aprovechamiento objetivo susceptible de apropiación privada en relación con los aprovechamientos subjetivos de todos los propietarios y demás titulares se adjudicará a la Administración que proceda para su incorporación al patrimonio público del suelo.
f) Se procurará, siempre que sea posible y sin que ello genere un mayor número de adjudicaciones pro indiviso, que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.
g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los solares resultantes podrán adjudicarse pro indiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el quince por ciento de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.
h) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.
Artículo 143. Exclusiones.
No serán objeto de nueva adjudicación en el expediente reparcelatorio, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio, cuando fuese necesario, de la regularización de lindes y de las compensaciones económicas que procedan:
a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento que se ejecuta.
b) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planeamiento, cuando la diferencia, en más o en menos, entre el aprovechamiento que les corresponda con arreglo al plan y el que correspondería al propietario en proporción a su derecho en la reparcelación sea igual o inferior al quince por ciento de este último, siempre que no estuvieran destinados a usos incompatibles con la ordenación urbanística.
c) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planeamiento, cuando las edificaciones se destinen a usos no incompatibles con el planeamiento y el coste de su eliminación resulte desproporcionado a la economía de la actuación.
d) Los inmuebles del patrimonio cultural aragonés.
Artículo 144. Reparcelación económica.
1. La reparcelación económica podrá aplicarse cuando, por las circunstancias de la edificación adecuada al plan, en una actuación urbanística no fuera posible llevar a cabo la reparcelación material de todos los terrenos de la unidad de ejecución.
2. En este caso, la reparcelación se limitará a la redistribución material de los terrenos susceptibles de reparcelación material y a establecer las cesiones en favor de la Administración y las indemnizaciones entre los afectados, incluidos los titulares de las superficies edificadas conforme al planeamiento.
Artículo 145. Documentación.
1. El proyecto de reparcelación habrá de estar integrado por la documentación que se establece en las disposiciones reglamentarias de aplicación y, en todo caso, deberá contar con memoria, relación de propietarios e interesados, propuesta de adjudicación, tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del plan, cuenta de liquidación provisional y planos.
2. Para la formulación de la propuesta de adjudicación, sobre la que en su caso se elaborarán las certificaciones inscribibles en el Registro de la Propiedad, será necesario tener en cuenta las normas sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
3. La documentación anterior podrá reducirse o ampliarse en congruencia con el contenido efectivo de cada reparcelación, garantizando el fin que justifica su exigencia.
4. Cuando el instrumento de planeamiento reserve terrenos para vivienda protegida en la unidad de ejecución objeto de reparcelación, el proyecto de reparcelación deberá de concretar los terrenos en los que haya de localizarse dicha reserva. Asimismo, se incluirá dicha concreción en la descripción de las fincas resultantes que proceda, justificándose el cumplimiento del porcentaje establecido.
Artículo 146. Suspensión de licencias.
1. La iniciación del expediente de reparcelación conlleva, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad de ejecución. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos del coste justificado de los proyectos y la devolución, en su caso, de las tasas municipales. A estos efectos, se entenderá iniciado el expediente de reparcelación cuando se apruebe inicialmente el proyecto de reparcelación, salvo que se establezca otra determinación por el instrumento de planeamiento que delimite la unidad de ejecución.
2. No podrán concederse licencias de parcelación y edificación hasta que sea definitivo en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación de la unidad de ejecución.
Artículo 147. Procedimiento.
1. Los proyectos de reparcelación se tramitarán conforme al procedimiento establecido para los estudios de detalle en esta Ley. Su modificación tendrá lugar por el mismo procedimiento establecido para su aprobación.
2. Cuando el proyecto de reparcelación concrete la reserva para vivienda protegida, una vez aprobado definitivamente, el plano de fincas resultantes con la concreción de los terrenos de reserva para vivienda protegida se incorporará al planeamiento aprobado, y el órgano competente para su aprobación definitiva lo remitirá al Consejo Provincial de Urbanismo.
Artículo 148. Efectos.
El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación producirá los siguientes efectos:
a) Transmisión a la Administración que proceda, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento.
b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que quede establecida su correspondencia.
c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley y, en particular, al pago de las cargas de urbanización.
Sección 3.ª Gestión directa
Artículo 149. Gestión directa por expropiación.
1. La gestión directa por expropiación se aplicará por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas.
2. La Administración podrá acordar motivadamente, antes de proceder a la ocupación de los bienes, derechos y aprovechamientos sujetos a expropiación, liberar de la expropiación determinados bienes, derechos o aprovechamientos mediante la imposición de las condiciones urbanísticas que procedan para la ejecución del planeamiento. Las condiciones de liberación deberán ser expresamente aceptadas por el solicitante e inscritas en el Registro de la Propiedad, incluyendo, como mínimo, las siguientes cuestiones:
a) Los bienes, derechos y aprovechamientos afectados por la liberación.
b) Los términos y condiciones de la vinculación de dichos bienes, derechos y aprovechamientos al proceso urbanizador y edificatorio.
c) Las garantías que ha de prestar su titular para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
El incumplimiento de las condiciones de liberación supondrá la pérdida de las garantías y la aplicación de la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. En ningún caso podrá acordarse la liberación si la expropiación viene motivada por incumplimiento de los deberes urbanísticos.
3. El municipio podrá ceder los solares resultantes, conforme al régimen aplicable a los bienes de los patrimonios públicos de suelo, siempre que en la correspondiente transmisión quede garantizada la subrogación del adquirente en la posición del transmitente por lo que hace al cumplimiento, en los plazos y condiciones establecidos por el planeamiento, de los deberes urbanísticos aún pendientes.
Artículo 150. Gestión directa por cooperación.
1. En la gestión directa por cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización. La gestión directa por cooperación se aplicará por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos o adscritos a las mismas.
2. El expediente de reparcelación forzosa se entenderá iniciado al aprobarse el planeamiento o la delimitación de la unidad de ejecución que determinen la aplicación de la gestión directa por cooperación. No obstante, en el acuerdo que determine la gestión directa por cooperación podrá otorgarse a los propietarios plazo no superior a seis meses para que presenten propuesta de reparcelación voluntaria conforme al artículo 141.
3. El municipio podrá exigir pagos a cuenta a los titulares de bienes y derechos de la unidad de ejecución que hayan de sufragar los costes de urbanización, así como convenir con los mismos aplazamientos del pago por plazo nunca superior a diez años, que requerirán en todo caso la prestación de garantía suficiente a juicio de la Administración y devengarán el interés legal correspondiente desde que la Administración reciba definitivamente las obras de urbanización.
4. El impago de las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio por el municipio. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero.
Sección 4.ª Gestión indirecta por compensación
Artículo 151. Caracteres y plazo.
1. La gestión indirecta por compensación tiene por objeto fomentar la participación directa de los propietarios en la ejecución del planeamiento e incentivar su inmediata realización.
2. En la gestión indirecta por compensación, los propietarios se constituyen en junta de compensación, aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el planeamiento.
3. No será precisa la constitución de junta de compensación cuando todos los terrenos pertenezcan a un mismo titular o exista acuerdo de la totalidad de los propietarios. En estos supuestos, se suscribirá convenio de gestión entre los propietarios y el municipio con las determinaciones establecidas en los artículos siguientes. El supuesto de varios propietarios en pro indiviso de la totalidad de los terrenos de la unidad se tratará como si fuera propietario único.
4. Las consecuencias que se establecen en el sistema de gestión por compensación asociadas a la inactividad de los propietarios se entenderán siempre asociadas a que dicha inactividad se produzca por causa imputable a estos.
Artículo 152. Requisitos.
1. Para que los propietarios puedan asumir la iniciativa en el sistema de compensación deben concurrir los siguientes requisitos:
a) Que el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada fije para la unidad correspondiente la gestión indirecta por compensación. Se extiende esta previsión a los supuestos en que se haya fijado la gestión indirecta sin mayor concreción de modalidad.
b) Que los propietarios que asuman la iniciativa representen más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución.
c) Que se asuma el cumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución material de las obras y de la conclusión de la urbanización, de conformidad con lo que establezca el planeamiento. El transcurso del plazo total de ejecución habilitará al Ayuntamiento, si lo considera ajustado al interés público del municipio, a la declaración de la caducidad de los procedimientos en trámite asociados al sistema de compensación y al cambio de sistema de gestión, sin perjuicio de las penalizaciones y otras medidas que pudieran proceder conforme a esta Ley.
2. Los propietarios afectados, en el plazo máximo de un año a contar desde la plena eficacia del planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada y determine la gestión indirecta por compensación, deberán asumir la iniciativa de su ejecución. Transcurrido dicho plazo, el órgano municipal competente, mediante acuerdo expreso y motivado, adoptará la modalidad de gestión urbanística más adecuada, atendidas las características de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses públicos.
Artículo 153. Ejercicio de la iniciativa en el sistema de compensación.
1. Las iniciativas se formalizarán presentando en el Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) La acreditación de la representación por los propietarios que adopten la iniciativa de más de la mitad de la superficie del ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución, acompañada de la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos comprendidos en el ámbito, sector o unidad de ejecución, que deban quedar vinculados al sistema de ejecución para llevar a cabo esta, con expresión de sus titulares e indicación de su residencia y domicilio de acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad y, en su caso, del Catastro.
b) Los estatutos y las bases de actuación del sistema. Si la iniciativa la ejerce un propietario único, o todos los propietarios afectados de común acuerdo, la propuesta de estatutos y bases de actuación podrá sustituirse por propuesta de convenio urbanístico.
c) Los compromisos específicos sobre plazos de ejecución totales y parciales para el cumplimiento de las diferentes actividades. Estos plazos no serán superiores a los previstos por el planeamiento o fijados por el municipio.
d) La que acredite los compromisos de colaboración que, en su caso, hayan asumido los propietarios de suelo afectados por la actuación.
2. A la documentación señalada en el apartado anterior, podrá añadirse, para su tramitación simultánea, la ordenación detallada suficiente para ejecutar la urbanización y, en su caso, el proyecto de urbanización.
3. La iniciativa deberá abarcar una o varias unidades de ejecución completas.
Artículo 154. Procedimiento.
1. Presentada una iniciativa en el Ayuntamiento, y admitida a trámite por contener la documentación requerida, se procederá a la aprobación de los estatutos y bases de actuación conforme al procedimiento establecido para los estudios de detalle, con las particularidades establecidas en el presente artículo.
2. Los propietarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad deberán decidir, individual o colectivamente y durante el período de información pública, previo requerimiento por parte del Ayuntamiento y tras la aprobación inicial de los estatutos y las bases de actuación, si participan o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las siguientes alternativas:
a) Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la junta de compensación, en constitución, y asumiendo los costes de urbanización y los de gestión que les correspondan. A tal efecto podrán optar entre abonar las cantidades que por tal concepto les sean giradas o aportar, tras la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de las fincas resultantes que deban ser adjudicadas.
b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en la junta de compensación y solicitando la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión del sector o unidad de ejecución de que se trate.
3. En el acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación, la Administración actuante designará su representante en el órgano rector de la junta y tendrá los siguientes efectos:
a) La asunción por los propietarios del derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, bajo el control de legalidad de la Administración.
b) La obligación, salvo en los supuestos de propietario único, varios propietarios pro indiviso o convenio de gestión entre la totalidad de los propietarios, de constituir la junta de compensación en escritura pública en el plazo máximo de tres meses desde la notificación del acuerdo.
c) La obligación de formular y someter a aprobación definitiva el proyecto de reparcelación, con el quórum de asistencia de los propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución en el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin la presentación del proyecto de reparcelación, el órgano municipal competente, mediante acuerdo expreso y motivado, adoptará la modalidad de gestión urbanística más adecuada, atendidas las características de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses públicos.
d) La obligación, con carácter previo a dar comienzo a las obras de urbanización, de constituir a favor del municipio garantía de su correcta ejecución por un importe mínimo del seis por ciento del total previsto en el proyecto de urbanización, a cuyo compromiso se hace referencia en la regulación de los planes parciales de iniciativa privada. En los casos en que la ejecución incluya un plan de etapas, fijando fases o etapas diferenciadas en el tiempo para la realización de la obra urbanizadora, el importe de la garantía antecedente se prorrateará en proporción al de las obras de urbanización programadas para cada etapa y la obligación de constituir cada una de las garantías a favor del Municipio sólo será exigible con carácter respectivamente previo al comienzo de cada una de ellas.
e) La declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
4. En el supuesto de que se hubiese tramitado la iniciativa de compensación de forma conjunta con el planeamiento que establece la ordenación pormenorizada, en la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento el órgano municipal competente deberá adoptar acuerdo sobre la aprobación definitiva de:
a) La aplicación del sistema de compensación.
b) Los estatutos y las bases de actuación de la junta de compensación o, en su caso, del convenio urbanístico.
c) Los instrumentos de gestión que se hubiesen presentado conjuntamente.
5. El desarrollo del sistema puede realizarse:
a) En junta de compensación, cuya constitución será preceptiva cuando los propietarios cuya iniciativa haya dado lugar a la aplicación del sistema no representen la totalidad de la superficie de suelo del sector o unidad de ejecución.
b) Directamente por el propietario único de los terrenos del ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución o cuando existan varios propietarios si estos están de acuerdo en las condiciones establecidas en el correspondiente convenio.
Artículo 155. Personalidad y naturaleza de la junta.
1. La junta de compensación adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar con el acto constituyente, que se contrae al otorgamiento de la escritura pública de constitución conforme a lo señalado en este artículo. Los efectos jurídicos de carácter administrativo del acto constituyente de la junta y la adquisición de su naturaleza administrativa quedan diferidos a su comunicación mediante declaración responsable y copia de la escritura pública a la Administración actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y al transcurso del plazo de un mes desde la entrada en el órgano competente sin notificación que manifieste discrepancia con la documentación aportada. La inscripción en el Registro de Entidades del Gobierno de Aragón tendrá efectos de publicidad.
2. La junta quedará integrada por los propietarios de terrenos que hayan aceptado el sistema, por las entidades públicas titulares de bienes incluidos en la unidad de ejecución, ya tengan carácter demanial o patrimonial, y, en su caso, por las empresas urbanizadoras que se incorporen.
3. También se integrarán en la junta de compensación los propietarios de suelo destinado a sistemas generales, cuando hayan de hacerse efectivos sus derechos en la unidad de ejecución objeto de actuación por este sistema.
4. A efectos de dar cumplimiento a lo señalado en este artículo, los promotores de la iniciativa de compensación deberán citar al acto de constitución a todos los propietarios o interesados a los que se ha aludido en los apartados precedentes de este artículo. Los propietarios o interesados que no otorguen la escritura podrán consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro del plazo que al efecto se señale, a cuyo efecto serán requeridos por una sola vez. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas por el municipio en favor de la junta de compensación, que tendrá la condición de beneficiaria. De no mediar rechazo expreso y razonado, hecho constar como tal ante la Administración actuante se entenderá que las Administraciones y entidades públicas titulares de bienes incluidos en la unidad de ejecución quedan incorporadas a la junta aun no habiendo comparecido al acto constituyente.
5. En la escritura de constitución deberá constar:
a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras.
b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos del órgano rector, que habrán de recaer necesariamente en personas físicas.
d) Acuerdo de constitución.
e) Estatutos y bases de la junta.
f) Copia de la publicación o, en su caso, certificación del acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y bases de la junta.
Artículo 156. Estatuto de la junta y relación con la Administración.
1. La junta de compensación tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Las juntas de compensación, en su condición de entidades colaboradoras de la Administración pública, no tienen la consideración de poder adjudicador a los efectos de la normativa sobre contratación pública sin perjuicio de que, en tanto ejecuten obra pública de urbanización, sí que deberá aplicarse la legislación de contratos públicos, en tanto resulta de aplicación el criterio funcional de obra pública. La relación jurídica existente entre la Administración municipal y las juntas de compensación no es la de un contrato público, sino la de un encargo o traslado de funciones públicas de carácter unilateral.
3. La junta podrá solicitar del municipio la exacción por vía de apremio de las cantidades adeudadas por sus miembros.
4. Los acuerdos de la junta serán susceptibles de recurso ante el municipio.
Artículo 157. Transmisiones.
1. Las juntas de compensación actuarán como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos.
2. La transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar, por ministerio de la Ley, con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.
Artículo 158. Responsabilidad.
1. La junta de compensación será directamente responsable, frente al municipio, de la urbanización completa de la unidad de ejecución y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando así se hubiere establecido.
2. El incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria.
3. Con el consentimiento de la junta de compensación, el municipio podrá revocar su condición de beneficiaria de las expropiaciones por incumplimiento, procediendo a la expropiación para sí.
Sección 5.ª Gestión indirecta por urbanizador
Subsección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 159. Caracteres.
En la gestión indirecta por urbanizador, el urbanizador gestiona la ejecución del planeamiento, obteniendo su retribución de los propietarios afectados por la actuación conforme a lo establecido en el programa de urbanización. Será de aplicación cuando expresamente se regule por el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada o así se determine por el Ayuntamiento a través del procedimiento correspondiente.
Subsección 2.ª Programas de urbanización
Artículo 160. Contenido.
1. Los programas de urbanización organizan la ejecución del planeamiento en régimen de gestión indirecta en su ámbito, comprensivo de una o varias unidades de ejecución completas, estableciendo los compromisos y obligaciones que asumirá el urbanizador designado al aprobar el programa, y definiendo, conforme a esta Ley, sus relaciones con la Administración y, en su caso, con los propietarios afectados.
2. El contenido y documentación de los programas de urbanización de las unidades de ejecución discontinuas en suelo urbano no consolidado se adaptarán a su finalidad específica.
3. Los programas de urbanización preverán los plazos de inicio de la ejecución material de las obras y de la conclusión de la urbanización, de conformidad con lo que establezca el planeamiento. El transcurso del plazo total de ejecución del programa de urbanización determinará su caducidad y la resolución de su adjudicación, sin perjuicio de las penalizaciones y otras medidas que pudieran proceder conforme a esta ley.
Artículo 161. Finalidades.
1. Los programas de urbanización deberán abarcar una o varias unidades de ejecución completas y satisfacer los siguientes objetivos funcionales básicos:
a) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización a que se refieran con las infraestructuras y equipamientos existentes.
b) Suplementar las infraestructuras y equipamientos existentes en lo necesario para no disminuir sus niveles de calidad o capacidad de servicio existentes o deseables.
c) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyan su objeto y realizar las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo dispuesto en las letras anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos pormenorizados.
d) Obtener gratuitamente en favor de la Administración las infraestructuras y los suelos reservados para equipamientos públicos del ámbito de la actuación.
e) Obtener gratuitamente los aprovechamientos que, por cualquier título, deban corresponder al municipio.
2. Las cargas de urbanización derivadas de la realización de las inversiones necesarias para cumplir estos objetivos se repercutirán, conforme a lo establecido en esta Ley, en los propietarios de los terrenos para el cumplimiento del régimen urbanístico de la propiedad.
Artículo 162. Documentación.
1. Los programas de urbanización contendrán, en los términos establecidos en los artículos siguientes, una alternativa técnica y una proposición jurídico-económica.
2. La alternativa técnica identifica el ámbito de suelo objeto de transformación y describe físicamente las obras de urbanización necesarias para ello, así como su correcta integración en la ciudad o el territorio de conformidad con la ordenación que resulte de aplicación y el presupuesto base de licitación.
3. La proposición jurídico-económica determina las condiciones jurídicas, económicas y financieras de ejecución del programa de urbanización de conformidad con esta Ley.
4. Las propuestas de alternativa técnica y proposición jurídico-económica de programa de urbanización tendrán que incluir, en sobre aparte, conjunta, separadamente o por remisión a documentación obrante en el expediente del programa de que se trate, el siguiente contenido:
a) Acreditación de la personalidad jurídica del licitador y, si procede, su representación. Si la promotora fuese una agrupación de interés urbanístico o, no siéndolo, el programa fuese refrendado con la misma, se aportarán sus estatutos y acuerdos sociales.
b) Acreditación de los requisitos de solvencia técnica, económica y financiera, conforme a lo establecido en el artículo 165.3.
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la normativa de contratación del sector público, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional en la forma establecida en la normativa de contratación del sector público.
e) En su caso, declaración del licitador extranjero de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
Artículo 163. Alternativa técnica.
1. La alternativa técnica tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Memoria descriptiva de la programación propuesta, comprensiva de documento expresivo de la asunción de la ordenación establecida en el planeamiento.
b) Identificación de su ámbito.
c) Establecimiento o desarrollo de las bases técnicas y económicas para gestionar la ejecución.
d) Anteproyecto de urbanización comprensivo, al menos, de la definición y esquema de las obras de urbanización, describiendo, como mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan determinar su coste total; la memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar; la definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, modo de obtención y financiación; las características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya tengan su origen en el ámbito del programa o bien en posibles aportes exteriores; punto o puntos de vertido y calidad de éste, en relación con su depuración e impacto ambiental; y la capacidad portante de la red viaria y las directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización. Asimismo, cuando formen parte de la alternativa técnica propuesta, podrá ésta contener también anteproyecto de obras determinadas de edificación.
e) Determinación del calendario de desarrollo en sus distintas fases, trabajos y gestiones que integran la actuación.
f) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización, con expresión de los criterios generales para evaluar el coste de su indemnización.
2. La alternativa técnica podrá ir acompañada de otros instrumentos de gestión urbanística.
Artículo 164. Proposición jurídico-económica.
1. La proposición jurídico-económica tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Identificación de la alternativa técnica por la que se licita.
b) Cargas de urbanización del programa de urbanización.
c) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en el ámbito del programa que se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, y hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones del urbanizador y del pago de las cargas de urbanización. La afección se trasladará a las fincas de resultado de la reparcelación dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
d) Regulación de las relaciones entre el urbanizador y los propietarios y las disposiciones relativas al modo de retribución del urbanizador. Deberá incluirse propuesta de convenio urbanístico a suscribir entre el adjudicatario y los propietarios afectados que voluntariamente quieran ser parte en él, que incluirá los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que resulten de aplicación, así como, en su caso, compromisos en orden a la reparcelación o reparcelaciones precisas. Dicha propuesta deberá incorporarse como anexo al contrato para la ejecución del programa de urbanización.
e) Compromisos adicionales de interés público que asuma el urbanizador tales como aportaciones voluntarias a los patrimonios públicos de suelo, financiación de obras adicionales a las mínimas establecidas legalmente, financiación y ejecución de obras adicionales de urbanización potenciando su eficiencia y sostenibilidad ambiental, financiación de obras ordinarias de reposición o dotación de servicios urbanísticos en áreas de suelo urbano consolidado o de actuaciones de rehabilitación del patrimonio inmobiliario en dicha clase de suelo o afección voluntaria de terrenos a la edificación sostenible, vivienda protegida o con fines de interés social.
f) Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al urbanizador o los propietarios.
2. La proposición jurídico-económica determinará las magnitudes económicas del programa de urbanización distinguiendo con claridad las siguientes:
a) Presupuesto de contrata, que incluirá la estimación preliminar del presupuesto de contrata de las obras de urbanización.
b) Coste de redacción de proyectos técnicos, especificando el de cada proyecto.
c) Gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de la suma de los dos conceptos anteriores.
d) Beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los tres conceptos anteriores. El beneficio empresarial del urbanizador no podrá ser superior en ningún caso al diez por ciento.
e) Cargas de urbanización, que el licitador se compromete a repercutir como máximo a los propietarios, especificando su importe, incluyendo y excluyendo los tributos a que esté sujeto y conforme a los conceptos establecidos en los apartados anteriores y en el artículo 139.
f) Coeficiente de canje. Será la parte alícuota, expresada por referencia a la unidad, de los aprovechamientos objetivos susceptibles de apropiación privada que corresponderá al urbanizador como retribución por las cargas de urbanización, aplicable cuando proceda la retribución en terrenos.
g) Precio del suelo a efectos de canje, aplicable cuando proceda la retribución en metálico.
h) Valoración de los compromisos que el urbanizador se proponga asumir conforme a lo establecido en el apartado anterior, letras d) y e), indicando, en su caso, la minoración que su ejecución provoque en los costes de urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.
i) Garantía definitiva, financiera o real, que se compromete a prestar el licitador si resulta adjudicatario del programa. Cuando se ofrezca garantía real deberá indicarse el porcentaje de los terrenos a los que se refiere el apartado anterior, letra c), que el licitador se compromete a afectar a estos efectos.
3. La garantía provisional deberá incluirse con la proposición jurídico-económica y será suficiente cuando cubra un dos por ciento del presupuesto de contrata de las obras. Si un licitador presentase varias proposiciones jurídico-económicas para sus correlativas alternativas técnicas del mismo programa de urbanización, será suficiente que preste una sola garantía para todas por la de mayor importe. La garantía provisional se reintegrará o cancelará cuando la adjudicación devenga definitiva, pero quien no haya resultado adjudicatario provisional podrá pedir su devolución al producirse tan pronto le interese apartarse del procedimiento. El adjudicatario que decline suscribir sus compromisos perderá la garantía provisional, salvo que se le impongan condiciones diferentes de las que ofertó.
Subsección 3.ª Sujetos
Artículo 165. Estatuto del urbanizador y relación con la Administración.
1. El urbanizador es el agente público responsable de ejecutar la urbanización en la gestión indirecta por urbanizador. Podrá ser o no titular del suelo afectado por la actuación y será seleccionado en pública competencia conforme a lo establecido en esta Ley y, en lo que resulte de aplicación, la normativa de contratación del sector público.
2. La relación entre el urbanizador y la Administración se rige por lo establecido en esta Ley y, supletoriamente, en la normativa sobre contratación del sector público para el contrato de gestión de servicios públicos.
3. La capacidad de obrar y la solvencia técnica y financiera de los aspirantes a urbanizador se acreditará en la forma establecida en la normativa de contratación del sector público para los contratistas de gestión de servicios públicos, sin que resulte exigible la clasificación. Las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su capacidad de obrar mediante la solicitud de inscripción en el Registro autonómico de agrupaciones de interés urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita, y su solvencia financiera mediante la disposición de terrenos en el ámbito de la actuación afectados a tal fin mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.
4. En ningún caso podrán promover programas de urbanización ni resultar adjudicatarios de los mismos, bajo sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o se encuentren comprendidos en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en la legislación de contratos del sector público. El procedimiento para declarar la nulidad de la adjudicación será el previsto en la normativa de contratación del sector público, y sus efectos, los establecidos en el artículo 182 para el supuesto de resolución del programa.
Artículo 166. Derechos y prerrogativas del urbanizador.
El urbanizador puede ejercer las siguientes prerrogativas y facultades:
a) Redactar y someter a la aprobación del órgano competente cuantos instrumentos urbanísticos sean precisos para la ejecución de la actuación.
b) Someter a aprobación administrativa proyectos de urbanización y uno o varios proyectos de reparcelación forzosa dentro del ámbito de la actuación, así como ser oído, antes de dicha aprobación. En el caso de que los propietarios formulen oposición, justificada en informe técnico, a la previsión de costes del proyecto de urbanización, la cuestión se resolverá conforme a lo establecido en el artículo 172. Podrá igualmente someterse a aprobación administrativa uno o varios proyectos de reparcelación voluntaria, siempre que sea asumida por el urbanizador.
c) Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación, hasta el pleno cumplimiento de las previsiones del programa.
d) Exigir, prestando las garantías exigibles, que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas de urbanización o cediendo en su favor terrenos edificables de los que han de ser urbanizados en desarrollo de la actuación. El urbanizador, en cuanto perceptor de dicha retribución, tendrá la consideración legal de junta de compensación a los efectos tributarios y registrales determinados por la legislación estatal.
e) Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización.
f) Instar de la Administración, en los términos que resulten del programa, el ejercicio de sus potestades públicas en relación con la actuación y, especialmente, la expropiación o la imposición forzosa de la reparcelación.
g) Ostentar la condición de beneficiario de las expropiaciones que sea necesario llevar a cabo para la ejecución de la urbanización ordenada en el programa. El municipio podrá revocar la condición de beneficiario del urbanizador.
Artículo 167 Cesión y subcontratación.
1. El urbanizador podrá ceder, total o parcialmente, su condición en favor de tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante el municipio previa aprobación por éste, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación. Dicha cesión, y su aceptación, deberán formalizarse en escritura pública.
2. El urbanizador podrá subcontratar la totalidad o parte de las prestaciones que le incumban, siempre que lo haya indicado en la proposición jurídico-económica y en la medida señalada en ésta, de conformidad con las siguientes reglas:
a) La subcontratación requerirá siempre autorización expresa del municipio.
b) Si el urbanizador tiene la condición de poder adjudicador conforme a la normativa de contratación del sector público, la subcontratación se regirá por lo establecido en la misma. En caso contrario, la subcontratación se regirá por lo establecido en la normativa de contratación del sector público para la subcontratación de obras por los concesionarios de obras públicas. Las bajas en los costes de urbanización que pudieran obtenerse en el procedimiento de subcontratación se repercutirán en los propietarios y el urbanizador en razón del coeficiente de canje al que se refiere el artículo 164.2.f).
c) No se considerarán terceros a los efectos de subcontratación aquellas empresas que se hubiesen agrupado para concurrir a la licitación del programa de urbanización ni las empresas vinculadas a ellas. El urbanizador deberá mantener actualizada ante el municipio la lista de las empresas agrupadas o vinculadas comunicando fehacientemente las modificaciones que pudieran producirse. Se entenderá por empresa vinculada cualquier empresa en la que el urbanizador pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o cualquier empresa que pueda ejercer una influencia dominante en el urbanizador o que, del mismo modo que el urbanizador, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de su propiedad, participación financiera o normas que la regulan. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o indirectamente, tenga en su poder la mayoría del capital suscrito de la empresa, disponga de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa o pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.
d) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración con arreglo estricto a lo que resulte del programa de urbanización y el acuerdo de adjudicación.
e) En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 168. Responsabilidades del urbanizador.
1. Sin perjuicio de las demás medidas procedentes, el urbanizador que incumpla las obligaciones que le incumben adeudará al municipio las siguientes cantidades:
a) En caso de resolución del programa, el valor de las retribuciones ya percibidas, previo descuento del de las obras realizadas; y.
b) Cuando incurra en mora en su obligación de urbanizar, los intereses de la cantidad que resultaría conforme a la letra anterior, según el tipo legal del dinero.
La deuda será declarada mediante resolución del municipio previa audiencia del interesado, y, en caso de impago, podrá ser recaudada por vía de apremio. Las cantidades así recaudadas se destinarán preferentemente a garantizar o sufragar la total ejecución de las obras o, subsidiariamente, a compensar a los propietarios por los perjuicios sufridos.
2. El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como consecuencia de su actividad, inactividad o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquéllos tuvieran su origen en una orden directa del municipio o en el cumplimiento de una condición impuesta por ella.
3. El urbanizador habrá de garantizar, en forma y proporción suficientes conforme a lo establecido en esta Ley, el cumplimiento de las previsiones del programa que a él le incumbe financiar, ello sin perjuicio de su repercusión en la propiedad de los solares resultantes. Asimismo, si el proyecto de urbanización no es aprobado simultáneamente junto al programa, le corresponde al urbanizador redactarlo.
4. Las personas o entidades distintas del urbanizador que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren el artículo 1.830 y concordantes del Código Civil.
Artículo 169. Garantías de promoción y retribución.
1. Todo urbanizador ha de prestar y mantener garantía financiera o real del cumplimiento de las previsiones del programa, en los términos y cuantía establecidos en éste, por importe mínimo no inferior al diez por ciento de las cargas de urbanización. En el programa de urbanización podrán exigirse garantías por importe superior hasta alcanzar, incluso, la totalidad de los costes de urbanización. Cuando actúen como urbanizadores las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales, el cumplimiento de las previsiones del programa que le incumba podrá garantizarse en la forma que establezca su normativa específica.
2. El urbanizador deberá, para exigir de los propietarios su retribución, asegurar ante el municipio su obligación específica de convertir en solar la parcela de quien deba retribuirle, mediante garantías que, por valor igual a la retribución que las motive debidamente actualizado, en su caso, se irán constituyendo al aprobarse la reparcelación en cuya virtud se adjudiquen al urbanizador terrenos en concepto de retribución y, en todo caso, antes de la liquidación administrativa de la cuota de urbanización. Las garantías consistirán en primera hipoteca sobre los terrenos adjudicados al urbanizador o en garantía financiera prestada con los requisitos exigidos por la normativa de contratación del sector público, y serán canceladas, previa resolución del municipio, a medida que concluyan, en plazo, cada una de las obras que sean el objeto de la correspondiente obligación garantizada.
Artículo 170. Derechos y deberes de los propietarios.
1. Los propietarios afectados por un programa de urbanización tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir de la Administración y el urbanizador, en todo momento, información debidamente documentada respecto a las cargas de urbanización que hayan de asumir.
b) Cooperar en la actuación en los términos establecidos por esta Ley y el programa, siempre que asuman las cargas y riesgos de su desarrollo. La cooperación se concretará, conforme a lo que establezca el programa de urbanización, bien en el abono en metálico y como retribución al urbanizador de la cuota parte que les corresponda de las cargas de urbanización, bien en la contribución proporcionada a las cargas de urbanización mediante terrenos edificables.
c) Someter a consideración del municipio, de acuerdo con el urbanizador y para la mejor ejecución de dicho programa, sugerencias y enmiendas para la elaboración, corrección o modificación de los proyectos y presupuestos determinantes de los costes de urbanización regulados en el artículo 139.3.
d) Exigir, cuando contribuya a sufragar las cargas de urbanización, que el urbanizador la ejecute con la diligencia de un buen empresario y que el municipio tutele la actuación en los términos previstos por esta Ley.
2. Los propietarios podrán renunciar a participar en la ejecución de la actuación de urbanización mediante solicitud formalizada en documento público y presentada antes del acuerdo aprobatorio del programa de urbanización, instando la expropiación de sus terrenos a cargo de la actuación. En este caso, el acuerdo aprobatorio del programa de urbanización determinará la urgencia de la expropiación con los efectos establecidos en la normativa de expropiación forzosa.
3. En lo no dispuesto por esta Ley, las relaciones entre el urbanizador y los propietarios se regirán por lo que libremente convengan, con sujeción a la ordenación urbanística y el programa.
Artículo 171. Retribución al urbanizador.
1. La retribución al urbanizador tendrá lugar en terrenos edificables o en metálico conforme a lo que establezca el programa.
2. La retribución al urbanizador podrá tener lugar en metálico, siempre que el urbanizador no asuma el compromiso de promover viviendas protegidas o usos de interés social, únicamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando se establezca en el programa de urbanización.
b) Cuando, habiéndose establecido en el programa la retribución en terrenos edificables, algún propietario exprese su disconformidad con la proporción de terrenos que le corresponda ceder. El propietario podrá solicitar el pago en metálico por conducto notarial dirigido al urbanizador y al municipio dentro del mes siguiente a la aprobación del programa de urbanización, asegurando dicho pago mediante la prestación de garantía financiera o real proporcional a la garantía de promoción prestada por el urbanizador.
c) Cuando, tras la aprobación del proyecto de reparcelación, se produzcan variaciones al alza en los costes de urbanización debidas a cambios en el proyecto de urbanización no imputables al urbanizador. Las diferencias se aprobarán por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 181 y se saldarán mediante compensaciones en metálico, pudiendo procederse a su recaudación mediante cuotas de urbanización cuando sean positivas.
3. La retribución al urbanizador en cualesquiera otros supuestos y, en todo caso, cuando el urbanizador asuma el compromiso de promover viviendas protegidas o usos de interés social, tendrá lugar en terrenos edificables conforme a lo que señale el programa de urbanización. Cuando el urbanizador asuma el compromiso de promover viviendas protegidas tendrá derecho preferente en la reparcelación a la adjudicación de los terrenos en los que se ubique el aprovechamiento correspondiente a las mismas.
4. La retribución mediante cuotas de urbanización se adecuará a las reglas siguientes:
a) El importe de las cuotas y la forma de su liquidación serán aprobados por el municipio, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada y previa audiencia de los interesados. El importe deberá corresponderse con la previsión inicial de costes de urbanización o, en su caso, con la modificada que podrá aprobar el municipio, previa audiencia de los propietarios, cuando surjan circunstancias técnicas objetivas que el urbanizador no pudo prever al redactar el proyecto de urbanización. La aprobación del importe de las cuotas y su forma de liquidación deberá tener lugar en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual sin efecto podrá entenderse producida por acto presunto, cuya acreditación surtirá efectos para la reclamación por el urbanizador de las correspondientes cuotas líquidas en vía judicial civil.
b) La tramitación del procedimiento correspondiente podrá hacerse conjuntamente con la del proyecto de reparcelación. Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, el urbanizador podrá exigir también, en su caso, el desembolso de las indemnizaciones sustitutivas previstas en el mismo, y las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización y de las indemnizaciones sustitutivas quedarán afectadas a dichos pagos, como carga real que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, por el importe cautelar estipulado en la cuenta de liquidación provisional. El urbanizador podrá solicitar, en cualquier momento posterior, que se practique nueva afección real en la cuantía que apruebe el municipio, hasta cubrir el importe total adeudado con cargo a cada parcela, con excepción de los débitos que sus dueños tengan afianzados o avalados.
c) Podrá reclamarse el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes a los propietarios de las parcelas directamente servidas por las obras correspondientes, así como también a los de las indirectamente afectadas por éstas, en este último caso en proporción estimada a dicha afectación. Las liquidaciones que así se giren se entenderán practicadas con carácter provisional, a reserva de la liquidación definitiva que se tramitará conforme a lo dispuesto en la letra a).
d) Sin perjuicio de lo establecido en la letra a, el impago de las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca correspondiente por el municipio y en beneficio del urbanizador. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero en favor del urbanizador. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato.
e) El municipio, al aprobar el programa, podrá establecer la posibilidad de aplazamiento en el pago de las cuotas de urbanización, sin que pueda postergarse al inicio de la edificación, salvo fianza o aval que garantice dicho pago.
5. El importe final de las cuotas devengadas por cada parcela se determinará repartiendo entre todas las resultantes de la actuación, en directa proporción a su aprovechamiento, las cargas totales del programa o unidad de ejecución, aunque excepcionalmente podrá corregirse este criterio de reparto según reglas objetivas y generales, estipuladas en el programa o al aprobarse el proyecto de urbanización o de reparcelación, para compensar las situaciones diferenciales que reporten para determinadas parcelas su proximidad respecto de equipamientos o servicios comunes u otras circunstancias urbanísticas que se determinen reglamentariamente.
6. También podrá imponer y liquidar las cuotas de urbanización reguladas en este artículo la Administración que ejecute cualquier obra de infraestructura que dote de los servicios propios de la condición de solar a parcelas determinadas. Si las obras así financiadas sirvieran para una posterior actuación integrada, los propietarios que las hubieran sufragado tendrán derecho a que se les compense en el marco de ésta por el valor actual de aquéllas.
Artículo 172. Prerrogativas de la administración, resolución de conflictos y arbitraje.
1. La Administración ostentará la prerrogativa de interpretar los programas de urbanización, resolviendo aquellas dudas que se planteen en su cumplimiento, previa audiencia al urbanizador, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos establecidos en esta Ley y en la normativa de contratación del sector público.
2. Los conflictos derivados de la ejecución de programas de urbanización que se produzcan entre urbanizador y propietarios acerca de sus derechos y obligaciones serán resueltos por el municipio, salvo que, siendo susceptibles de arbitraje y autorizándolo dicha Administración, los sometan al mismo conforme a lo establecido en la legislación vigente.
3. La sumisión a arbitraje no podrá suponer alteración alguna de los plazos de ejecución establecidos en el programa de urbanización, salvo que medie autorización previa y expresa del municipio. Si así ocurriera, en defecto de dicha autorización, la Administración podrá resolver ejecutoriamente el conflicto comunicándolo a urbanizador y propietarios.
4. El Departamento competente en materia de urbanismo, directamente o a través de una organización creada al efecto, podrá asumir el arbitraje institucional conforme a la normativa de arbitraje.
Subsección 4.ª Procedimiento y efectos
Artículo 173. Redacción y promoción de los programas.
1. Podrán redactar y promover programas de urbanización:
a) Los municipios o cualquiera de los organismos o entidades de ellos dependientes o de los que formen parte, para la ejecución del planeamiento municipal. Cuando la entidad promotora no cuente con la potestad expropiatoria, la ejercerá el municipio.
b) Las restantes Administraciones públicas, para el ejercicio de sus competencias mediante la realización de actuaciones integradas.
c) Los particulares, sean o no propietarios de los terrenos.
2. Cualquiera de las personas o entidades anteriores, sea o no propietaria de los terrenos afectados, podrá entablar consultas con cualquier Administración Pública, sobre el contenido de los programas a elaborar, así como solicitar y obtener de las Administraciones completa información sobre las resoluciones y previsiones oficiales que condicionen el desarrollo de cada actuación. Cualquier persona o entidad que pretenda elaborar una propuesta de programas de urbanización podrá ser autorizada por la Administración de la Comunidad Autónoma o el municipio para ocupar temporalmente terrenos a fin de obtener la información precisa, en los términos dispuestos por la legislación expropiatoria. Asimismo, tendrá acceso a la información y documentación que obre en los registros y archivos de las Administraciones Públicas conforme a la legislación general sobre régimen jurídico de éstas.
Artículo 174. Bases generales y particulares para adjudicación de programas.
1. Los municipios, mediante Ordenanza, aprobarán bases generales para la adjudicación de programas de urbanización fijando el valor ponderado de los criterios que establezcan, entre los que se incluirán en todo caso los previstos en el apartado tercero, de manera que con arreglo a los mismos pueda determinarse la proposición jurídico-económica que haya de resultar seleccionada.
2. Las bases particulares para la adjudicación de programas de urbanización serán aprobadas como anexo a la resolución por la que se acuerde la tramitación en competencia de cada alternativa técnica de programa y tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Ordenación urbanística aplicable a la actuación de urbanización, indicando expresamente la que establezca las bases orientativas para la ejecución.
b) Prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, tendrán que respetarse en la redacción de instrumentos de gestión exigibles.
c) Indicación expresa, si procede, de la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos del programa de urbanización que en las mismas se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a los que estas variantes tendrán que ajustarse. A los efectos señalados en este apartado, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.
d) Prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, tendrán que respetarse en la redacción del documento definitorio del anteproyecto de las obras de urbanización, de conformidad con lo que se establece en la legislación reguladora de los contratos del sector público.
e) Estimación de los plazos de ejecución del programa.
f) Modelo de proposición a presentar por los interesados.
g) Documentación a presentar por cada licitador junto con la proposición, especificando con claridad aquella documentación que será susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto.
h) Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones.
i) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles a los licitadores.
j) Criterios objetivos de adjudicación del programa de urbanización, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.
3. Las bases generales y particulares deberán incluir entre los criterios de valoración para la adjudicación de programas al menos los siguientes:
a) mayor compromiso del urbanizador de destinar los terrenos en que se concrete su retribución en especie a la promoción de viviendas protegidas.
b) mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del programa de urbanización justificada, bien por la propiedad del mismo, bien por el apoyo de los propietarios expresado en la forma señalada en el artículo 164.1.c).
c) Menor retribución al urbanizador y menor coeficiente de canje.
d) mayor garantía definitiva que ofrezca cada proponente.
e) mayores compromisos del urbanizador conforme a lo establecido en el artículo 164.1.e).
f) Acuerdo del urbanizador con el mayor porcentaje de propietarios del ámbito.
g) Cualesquiera otros criterios incluidos por el municipio en las bases orientativas establecidas en el planeamiento para su ejecución por razón de interés general.
4. El Departamento competente en materia de urbanismo aprobará unas bases generales para la adjudicación de programas de urbanización que serán supletorias de las aprobadas por los municipios y unas bases particulares tipo para la adjudicación de programas de urbanización.
Artículo 175. Inicio del procedimiento.
1. Las alternativas técnicas de programa de urbanización, que deberán incluir los contenidos establecidos en el artículo 163, se presentarán para su tramitación ante el Alcalde.
2. El Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, podrá dictar alguna de las siguientes resoluciones:
a) Desestimar la alternativa técnica.
b) Acordar la tramitación en competencia de la alternativa técnica, sometiéndola a información pública y posterior licitación, junto a las observaciones o alternativas que, en su caso, estime convenientes y las bases particulares para la adjudicación del programa de urbanización.
3. El acuerdo de tramitación en competencia incluirá el anuncio de la información pública y posterior licitación, que tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Identificación del poder adjudicador del programa.
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del programa de urbanización, indicando la forma de acceder a las mismas.
c) Lugar, forma y plazos de presentación de las alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas.
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigidos para ser admitidos a la licitación.
e) Documentación a presentar por cada licitador, especificando con claridad la que será susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto.
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las prescripciones técnicas que se determinen, señalando los requisitos y límites a que tales variantes tendrán que ceñirse.
g) Criterios objetivos de adjudicación del programa de urbanización, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.
h) Garantía provisional equivalente al dos por ciento del presupuesto estimado de las cargas de urbanización.
i) Importe de la garantía definitiva mínima que tendrá que depositar el adjudicatario del programa.
j) Modificaciones admisibles, expresando con claridad y precisión los límites cuantitativos y cualitativos, ya sea al seleccionar la alternativa técnica ya una vez adjudicado el programa y perfeccionado el contrato.
Artículo 176. Tramitación en competencia.
1. La tramitación en competencia de alternativas técnicas de programa de urbanización tiene por objeto fomentar la competencia entre quienes deseen optar a la urbanización garantizando, desde la perspectiva de los intereses generales, la aprobación de la opción técnica y económicamente más ventajosa para la ejecución del planeamiento.
2. La tramitación en competencia tendrá lugar mediante procedimiento abierto por concurso con admisión de variantes, conforme a lo establecido en esta Ley.
3. El procedimiento de tramitación en competencia constará de dos fases sucesivas. La primera fase será la de presentación de alternativas técnicas al programa de urbanización sometido a información pública, y la segunda, de licitación y presentación de proposiciones jurídico-económicas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas en la primera fase.
Artículo 177. Presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas.
1. La información pública se convocará por plazo mínimo de dos meses contados desde la última publicación del edicto mediante la inserción de anuncios en la sección provincial correspondiente del «Boletín Oficial de Aragón», y en un periódico de los dos de mayor circulación de la Provincia, así como, cuando proceda, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones y de presentar en competencia alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas. No es preceptiva la notificación formal e individual a los propietarios afectados, pero, antes de la publicación del edicto, habrá que remitir aviso con su contenido al domicilio fiscal de quienes consten en el catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta. El plazo de presentación de alegaciones será improrrogable.
2. Durante el periodo de información pública, cualquier persona podrá presentar alternativas técnicas del programa de urbanización. Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, con la documentación indispensable para su aprobación acompañada, en su caso, de proyectos complementarios. Las alegaciones y alternativas técnicas que se vayan presentando podrán ser objeto de pública consulta durante todo el procedimiento.
3. Quienes, siendo o no propietarios del terreno, deseen competir por ser seleccionados como adjudicatarios del correspondiente programa, podrán presentar proposiciones jurídico-económicas en plica cerrada con la documentación preceptiva dentro del plazo de un mes contado desde la finalización del periodo de información pública.
Artículo 178. Selección de la alternativa técnica.
1. Concluidas las actuaciones establecidas en los artículos anteriores, se informarán la legalidad del procedimiento seguido y las alternativas técnicas presentadas. A la vista de los informes emitidos, el Alcalde, dando cuenta en todo caso al Ayuntamiento Pleno, podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones:
a) Seleccionar una alternativa técnica con las modificaciones parciales que, en su caso, resulten pertinentes. Las modificaciones que pudieran introducirse de oficio dentro de los límites señalados, en su caso, en el acuerdo de tramitación en competencia, deberán ser claras, precisas y estar evaluadas económicamente.
b) Rechazar razonadamente todas las alternativas técnicas por considerar que ninguna de ellas ofrece base adecuada para ello, resolviendo no programar el terreno. En ningún caso procederá el rechazo de las alternativas técnicas cuando se ajusten a los criterios que para su redacción establezca el planeamiento que resulte de aplicación.
2. La selección de la alternativa técnica se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Mayor idoneidad del ámbito propuesto para cumplir las previsiones del planeamiento.
b) Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la urbanización del ámbito correspondiente, de acuerdo con la ordenación urbanística y atendidos los objetivos de la actividad urbanística y el estatuto del ciudadano establecidos en esta Ley.
c) Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución.
d) Plazos más adecuados para la ejecución del programa.
e) Mayor asignación de dotaciones públicas y, en particular, de espacios libres, a costa del urbanizador.
f) Menores plazos de edificación de las parcelas que, en su caso, correspondan al urbanizador.
g) Mayor compromiso de vinculación a vivienda protegida de las parcelas que, en su caso, correspondan al urbanizador.
h) Mayores garantías de cumplimiento.
3. El plazo para que el Alcalde resuelva sobre la selección de una alternativa técnica es de tres meses, si sólo hubiere una alternativa técnica sin competencia, o de nueve meses, en los demás supuestos. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya resuelto y notificado, se entenderá adoptado acuerdo de rechazo de todas las iniciativas conforme al apartado anterior, letra b).
4. El acuerdo de selección de la alternativa técnica convocará el acto de apertura de plicas de las proposiciones jurídico-económicas dentro del mes siguiente. Este acuerdo tendrá carácter provisional y no surtirá efecto alguno respecto de los interesados hasta tanto no se haya adjudicado el programa de urbanización a alguno de los licitadores, y decaerá definitivamente en el supuesto de que no se llegase a adjudicar el programa. Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación por los interesados durante los diez días siguientes al de apertura de plicas.
5. Las plicas presentadas para el desarrollo de alternativas técnicas diferentes de la seleccionada no serán abiertas y quedarán a disposición de sus respectivos proponentes.
Artículo 179. Adjudicación del programa de urbanización.
1. Tras la selección de la alternativa técnica y con una separación temporal mínima de cinco días respecto del acuerdo de selección, el municipio procederá, en audiencia pública y bajo la fe pública de funcionario al que corresponda prestarla, a la apertura de las plicas referidas a la alternativa técnica seleccionada. Las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación durante los diez días siguientes, durante los cuales los competidores podrán asociarse unificando sus proposiciones.
2. Transcurrido el plazo anterior, el municipio procederá, previos los informes técnicos que procedan, a adjudicar el programa de urbanización. Los acuerdos de adjudicación de programas deberán ser siempre expresamente motivados y congruentes con las previsiones y actuaciones que se hubieran comunicado previamente a los proponentes, según el artículo 173, cuando las mismas hubieran suscitado la presentación de alternativas técnicas.
3. Para adoptar la decisión sobre selección de la mejor proposición jurídica-económica y adjudicación del programa de urbanización a su proponente, la Administración deberá atenerse a lo que señalen las bases generales y particulares para la adjudicación del correspondiente programa.
4. El plazo para que el Alcalde resuelva sobre la adjudicación del programa de urbanización es de seis meses, si sólo hubiere una proposición jurídico-económica sin competencia, o de nueve meses, en los demás supuestos, contados en todo caso desde el acto de selección de la alternativa técnica. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya resuelto y notificado, se entenderá adoptado acuerdo de rechazo de todas las proposiciones jurídico-económicas.
Artículo 180. Efectos.
1. El acto expreso y publicado de aprobación y adjudicación del programa confiere al urbanizador el derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación previa prestación de las garantías definitivas que procedan, en los términos y con los efectos establecidos en la normativa de contratación del sector público.
2. El urbanizador debe suscribir los compromisos, asumir las obligaciones y prestar las garantías correspondientes mediante la formalización del correspondiente contrato para la ejecución del programa de urbanización en la forma establecida en la normativa de contratación del sector público. No obstante, puede renunciar a su condición de urbanizador si ésta supone compromisos distintos de los que él ofreció. La renuncia por otras causas, no justificadas, conlleva, en su caso, la pérdida de las garantías provisionales prestadas y la selección de un nuevo urbanizador.
3. Cuando no resulten seleccionados como urbanizadores quienes con su iniciativa dieron lugar a la tramitación en competencia o formularon la alternativa técnica seleccionada que, total o parcialmente, sirvió para la adjudicación del programa de urbanización, el municipio garantizará el reembolso, como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de las alternativas técnicas, los proyectos de urbanización y los demás gastos acreditados en favor de quienes los sufragaron.
4. La aprobación y adjudicación de un programa podrá condicionarse a la efectiva ejecución de actuaciones previa o simultáneamente programadas, a riesgo y ventura del urbanizador adjudicatario y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
5. La aprobación y adjudicación de los programas implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
Artículo 181. Modificaciones del programa.
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.
2. Las modificaciones de los contratos resultantes de la adjudicación de programas de urbanización se sujetarán a lo establecido en la legislación de contratos del sector público.
3. Antes de aprobar modificaciones en los contratos que comporte incrementos en las cargas de urbanización que han de asumir los propietarios, deberá serles concedida audiencia por plazo no inferior a quince días hábiles. De oponerse a la modificación, se estará a lo dispuesto en el artículo 166.b).
Subsección 5.ª Incumplimiento
Artículo 182 Resolución de programas de urbanización.
1. Serán causas de resolución del contrato para la ejecución del programa de urbanización las siguientes:
a) La falta de prestación por el urbanizador de las garantías legalmente exigibles.
b) La falta de suscripción del contrato en que se materialicen los compromisos del urbanizador y el municipio.
c) El incumplimiento grave de los compromisos y obligaciones asumidos por el urbanizador apreciado por el municipio.
d) La caducidad del programa de urbanización por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.
e) El mutuo acuerdo entre el municipio y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.
f) La incapacidad sobrevenida del urbanizador en los casos y términos análogos a los aplicables al contratista en el contrato de gestión de servicios públicos, incluso por declaración de su insolvencia. Sin perjuicio de ello, el municipio podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del contrato, bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.
g) La resolución anticipada del contrato para la gestión directa de la actuación de urbanización por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.
2. La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la Administración durante más de seis meses y de modo relevante confieren derecho al urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.
3. La resolución del contrato se acordará por el municipio. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito programado al régimen del suelo urbano no consolidado o urbanizable sin programa aprobado. El correspondiente acuerdo deberá, además y en cuanto proceda, contener los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.
b) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en régimen de actuaciones aisladas.
c) Incoar, si se considera conveniente, las actuaciones precisas para optar por la gestión directa o por la gestión indirecta por compensación o aprobar un nuevo programa de urbanización en el que la Administración o el urbanizador, respectivamente, asuman las obligaciones del anterior urbanizador, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación del programa de urbanización resuelto a ejecutar el que lo sustituya.
d) En defecto de lo señalado en la letra anterior, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, podrá disponerse la devolución de la contribución a las cargas de urbanización efectivamente satisfechas y no aplicadas a su fin a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a continuar la gestión mediante actuación integrada o la compensación que resulte procedente con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el anterior urbanizador a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización.
e) Iniciar los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que procedan.
4. A los efectos previstos en el apartado anterior, el municipio, en caso de optar por mantener la gestión indirecta por urbanizador, podrá acordar el inicio de nueva licitación sobre la alternativa técnica seleccionada, actualizándola en lo que proceda y, especialmente, atendiendo al estado de ejecución de la actuación en el momento de la resolución del contrato, o declarar la caducidad del programa de urbanización. También podrá acordar la directa intervención gestora de la Administración para la ejecución del programa de urbanización en tanto se resuelve sobre su resolución y, en su caso, nueva adjudicación.
CAPÍTULO IV
Actuaciones de rehabilitación urbana
Artículo 183. Concepto.
1. Las actuaciones de rehabilitación urbana constituyen aquel conjunto de actividades que inciden en ámbitos en los que se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio arquitectónico o de ambos, pudiendo diferenciarse, sin perjuicio de lo que se regule en la legislación básica estatal y en las disposiciones reglamentarias que desarrollen esta Ley, las siguientes:
a) Actuaciones de rehabilitación edificatoria consistentes en la realización de obras de conservación, mejora, reforma, modificación y actualización, tanto de los elementos comunes o privativos de las edificaciones como de las instalaciones existentes, en edificios y en los espacios comunes privativos vinculados a los mismos.
b) Actuaciones de regeneración urbana, que incluyen obras de rehabilitación edificatoria y otras que afecten a la urbanización material del espacio público del ámbito de que se trate.
c) Actuaciones de renovación urbana, que requieran la ejecución de obras de edificación de nueva construcción en sustitución de edificios previamente demolidos, así como las obras complementarias que se realicen sobre la urbanización material del ámbito correspondiente.
2. Las actuaciones de rehabilitación urbana podrán ejecutarse:
a) En el caso de las actuaciones de rehabilitación edificatoria, a través del correspondiente proyecto técnico que conlleva la propuesta de intervención concreta sobre un determinado inmueble.
b) En el caso de actuaciones de regeneración y renovación urbana, conllevan la delimitación de un ámbito de intervención o área de reforma interior, continua o discontinua. Si se ejecutan en suelo urbano consolidado como actuaciones aisladas, podrán desarrollarse bien a través del correspondiente proyecto técnico o previo plan especial. Si conllevan una actuación de transformación urbanística, suponen la definición de una unidad de ejecución y, por tanto, la categorización del suelo como urbano no consolidado. La ordenación pormenorizada del ámbito, así como las actuaciones a desarrollar, se pueden definir directamente desde el plan general o a través del correspondiente plan especial de reforma interior o plan especial mixto.
Artículo 184. Programa de rehabilitación urbana.
1. Las actuaciones de rehabilitación urbana podrán recogerse en un programa de rehabilitación urbana para acogerse a las medidas que se regulan en la presente norma, en la legislación básica estatal y normativa que las desarrollen.
2. El programa de rehabilitación urbana podrá contener:
a) Los inmuebles sujetos a actuaciones de rehabilitación edificatoria a través de actuaciones aisladas, los ámbitos sujetos a actuaciones de regeneración urbana y las áreas de reforma interior.
b) Los tipos de actuaciones de rehabilitación que se realizarán sobre los ámbitos y áreas definidos.
c) La forma de ejecución de dichas actuaciones.
d) El régimen de las especialidades en relación a la norma zonal correspondiente que resulten aplicables para lograr los objetivos fijados en el propio programa y dentro del marco establecido por la normativa básica estatal, en esta Ley y en su desarrollo reglamentario. Entre éstas, se podrá matizar las reglas de cómputo de edificabilidad, modificar el parámetro de altura en función de la de los edificios circundantes y del entorno y posibilitar la ocupación de partes de pisos o locales de edificios o de superficies de espacios libres y de dominio y uso público para la instalación de servicios comunes que sean legalmente exigibles, en los términos establecidos por la normativa de aplicación.
e) Los requisitos técnicos y la documentación que debe acompañar cada propuesta concreta de intervención, conforme se establezca en la normativa básica estatal, en esta Ley y en su posterior desarrollo reglamentario.
f) En todo caso, se exigirá memoria económica que justifique la viabilidad de la actuación y los parámetros urbanísticos de aplicación.
Artículo 185. Relación con el plan general.
1. El programa de rehabilitación urbana forma parte del plan general de ordenación urbana sin perjuicio de que pueda desarrollarse como un documento con autonomía propia dentro del plan o integrado en las normas urbanísticas y ordenanzas y en los planos de ordenación correspondientes.
2. Los municipios podrán incorporar al plan general de ordenación urbana ya aprobado el correspondiente programa de rehabilitación a través del procedimiento de modificación aislada.
3. Las alteraciones del programa de rehabilitación que supongan la incorporación de inmuebles a actuaciones de rehabilitación edificatoria únicamente requerirán su aprobación por la Administración actuante, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo de veinte días y publicación en el Boletín Oficial que corresponda.
4. Cuando el municipio no disponga de instrumento de planeamiento, el programa de rehabilitación urbana requerirá su aprobación por la Administración actuante, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo de veinte días y publicación en el Boletín Oficial que corresponda. Con posterioridad al trámite de información pública y audiencia, y con carácter previo a la aprobación y publicación, se solicitará informe de la Dirección General de Vivienda y del Consejo Provincial de Urbanismo, que dispondrán de un plazo de 2 meses para su emisión, siendo tales informes de carácter vinculante en lo relativo al ámbito de competencias del órgano emisor.
Artículo 186. Relación con los planes y programas en materia de vivienda.
El programa de rehabilitación urbana deberá tener en cuenta las determinaciones de los planes y programas en materia de vivienda en cuanto a la delimitación de las áreas y ámbitos objeto de actuación de rehabilitación.
CAPÍTULO V
Obtención de terrenos dotacionales
Sección 1.ª Modalidades
Artículo 187. Definiciones.
1. Las infraestructuras y equipamientos urbanísticos públicos de los municipios se calificarán, conforme a las determinaciones de esta Ley, como sistemas generales o dotaciones locales.
2. Los sistemas generales comprenden las infraestructuras y equipamientos urbanísticos públicos al servicio de toda o gran parte de la población del municipio. Podrán ser municipales, aplicándoseles el régimen establecido en este Capítulo, o de incidencia o interés supralocal o autonómico, previstos por el plan general u otros instrumentos de ordenación territorial. En el caso de que se definan sistemas generales privados, serán en todo caso complementarios de los mínimos exigidos por esta Ley y deberá hacerse constar este carácter en el plan, no siéndoles de aplicación el régimen establecido en este Capítulo.
3. Las dotaciones locales comprenden las infraestructuras y los equipamientos públicos al servicio de áreas inferiores establecidos por el planeamiento, así como su conexión con los correspondientes sistemas generales, tanto internos como externos, y las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas, siempre que se requieran como consecuencia de la puesta en servicio de la nueva urbanización. Los equipamientos de titularidad privada serán en todo caso complementarios de los mínimos exigidos por esta Ley, no siéndoles de aplicación el régimen establecido en este Capítulo.
Artículo 188. Sistemas generales.
Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas generales fuera del suelo urbano consolidado se obtendrán:
a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción a unidad de ejecución, cuando ello sea posible.
b) Cuando la modalidad anterior fuera inviable, mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos objetivos en unidades de ejecución excedentarias. La ocupación directa requerirá la determinación del aprovechamiento urbanístico que corresponda a la persona propietaria afectada y el de la unidad de actuación en la que deba ser materializado el aprovechamiento.
c) Cuando las modalidades anteriores fuesen inviables o inconvenientes, mediante expropiación forzosa.
Artículo 189. Dotaciones locales.
Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de dotaciones locales fuera del suelo urbano consolidado se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de la gestión sistemática de las unidades de ejecución continuas o discontinuas en que se incluyan.
Artículo 190. Suelo urbano consolidado.
En suelo urbano consolidado, los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas generales o dotaciones locales se obtendrán mediante expropiación u ocupación directa. En este caso, el valor de los terrenos y de los aprovechamientos se fijará pericialmente, conforme a los criterios de valoración aplicables.
Sección 2.ª Ocupación directa
Artículo 191. Concepto.
1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos afectos por el planeamiento a infraestructuras o equipamientos urbanísticos públicos mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución excedentaria.
2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por el municipio del aprovechamiento subjetivo del titular del terreno a ocupar y de la unidad de ejecución excedentaria en la que haya de hacerse efectivo tal aprovechamiento, que tendrá carácter neto, al llevar incorporada la cesión obligatoria de aprovechamiento al municipio.
3. Podrán igualmente obtenerse mediante ocupación directa terrenos afectos por el planeamiento a infraestructuras o equipamientos urbanísticos públicos compensando a su titular con terrenos o aprovechamientos de los patrimonios públicos de suelo que no estén destinados por el planeamiento a la construcción de viviendas protegidas.
Artículo 192. Procedimiento.
1. La relación de los terrenos y propietarios afectados por la ocupación directa, los aprovechamientos subjetivos correspondientes a cada uno de ellos y la unidad o unidades de ejecución excedentarias donde habrán de hacer efectivos sus derechos serán publicados y notificados a los interesados.
2. La ocupación sólo podrá llevarse a cabo transcurrido el plazo de un mes desde la notificación, y en tal momento se levantará acta, en la que se harán constar, al menos, los siguientes datos:
a) Lugar y fecha de otorgamiento.
b) Identificación de los titulares de los terrenos ocupados y situación registral de éstos.
c) Superficie ocupada y aprovechamientos que les correspondan.
d) Unidad de ejecución donde se harán efectivos estos aprovechamientos o, en su caso, terrenos o aprovechamientos de los patrimonios públicos de suelo con los que se compensen.
3. Se entenderán las actuaciones con el Ministerio Fiscal en el caso de propietarios desconocidos, no comparecientes, incapacitados sin persona que les represente o cuando se trate de propiedad litigiosa.
Artículo 193. Indemnización.
1. Los propietarios afectados por las ocupaciones directas tendrán derecho a ser indemnizados por el período de tiempo que medie desde la ocupación de sus terrenos hasta la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación correspondiente a la unidad de ejecución en que hubieren sido integrados.
2. Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del mencionado proyecto de reparcelación, los interesados podrán advertir al municipio de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.
3. A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurriesen tres meses sin que el municipio la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado Aragonés de Expropiación, que fijará el justiprecio correspondiente. La valoración se entenderá referida al momento de iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley, y los intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.
CAPÍTULO VI
Expropiación forzosa
Sección 1.ª Supuestos y plazo
Artículo 194. Supuestos expropiatorios.
La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya establecido la gestión directa por expropiación para la unidad de ejecución correspondiente o, en todo caso, para la ejecución en régimen de gestión indirecta respecto de los titulares de derechos afectados por los mismos que no deseen incorporarse a la actuación.
b) Para la obtención de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales, siempre que no esté prevista su obtención mediante procedimientos vinculados a la delimitación y actuación en unidades de ejecución o por ocupación directa.
c) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo.
d) Por incumplimiento de la función social de la propiedad.
e) En los demás supuestos legalmente previstos.
Artículo 195. Función social de la propiedad.
1. La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad se podrá aplicar por inobservancia de los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los propietarios que hayan ejercido su derecho a participar en actuaciones integradas, del deber de edificar o, en general, de los deberes básicos establecidos en esta Ley, y especialmente en los supuestos de parcelaciones ilegales.
2. Constatada la inobservancia de los plazos o de otros deberes a que se hace referencia en el párrafo anterior, la Administración lo pondrá en conocimiento del propietario requiriendo el cumplimiento. Transcurrido el plazo de seis meses desde el requerimiento sin que el propietario haya iniciado el proceso de cumplimiento, se declarará el incumplimiento de la función social de la propiedad y la Administración podrá utilizar sus facultades de ejecución forzosa cuando resulten aplicables, iniciar el procedimiento expropiatorio o proceder a la enajenación forzosa de los terrenos conforme a lo establecido en esta Ley.
3. En estos casos, del justiprecio o precio resultante de la enajenación forzosa se deducirá el importe de la multa que hubiera sido impuesta, mediante resolución definitiva en vía administrativa.
Artículo 196. Destino de las parcelas expropiadas por incumplimiento de la función social de la propiedad.
1. Los municipios que dispusieran de patrimonio municipal del suelo incluirán en el mismo las parcelas expropiadas por incumplimiento del deber de edificar.
2. En todo caso, en el plazo de seis meses desde el acuerdo que ponga fin al expediente de expropiación de parcelas por incumplimiento del deber de edificar, el municipio resolverá sobre el modo de llevar a cabo la edificación, que habrá de iniciarse en el plazo de un año desde la fecha de la citada resolución, con destino preferente de los correspondientes terrenos a la construcción de viviendas protegidas. Cuando el modo de llevar a cabo la edificación elegido por el municipio exija la adjudicación en competencia de la parcela o parcelas o se convoque el concurso para la sustitución del propietario incumplidor al que se refiere el artículo 222, la iniciación del procedimiento de adjudicación equivaldrá a la iniciación de la edificación.
3. El incumplimiento por parte del municipio del plazo para iniciar la edificación conforme al apartado precedente habilitará al antiguo propietario a solicitar la reversión.
Artículo 197. Superficies expropiables.
Si para la regularización o formación de manzanas o espacios libres conviene suprimir algún patio, calle, plaza o porción de éstas, se expropiarán las fincas con fachada o luces directas sobre aquéllas, a solicitud del urbanizador o, en su caso, de los propietarios.
Artículo 198. Servidumbres.
1. Cuando para la ejecución de un plan no fuere necesaria la expropiación del dominio y bastare la constitución de alguna servidumbre sobre el mismo, podrá imponerse, si no se obtuviere convenio con el propietario, con arreglo al procedimiento de la legislación de expropiación forzosa, siempre que el justiprecio que procediere abonar no exceda de la mitad del importe correspondiente a la expropiación completa del dominio.
2. Cuando hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres privadas por estar en contradicción con las disposiciones del plan, podrán expropiarse con arreglo al procedimiento de la citada legislación expropiatoria.
Artículo 199. Plazo.
1. La expropiación forzosa deberá tener lugar en el plazo máximo de cuatro años desde la producción del supuesto determinante de su aplicación.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se hubiera llevado a efecto la expropiación, los interesados podrán advertir al municipio de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, en los mismos términos establecidos en relación con la ocupación directa en el artículo 193.2 y 3.
Artículo 200. Bienes públicos.
Cuando en la superficie expropiada existan bienes de dominio público y el destino de los mismos según el planeamiento sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá el procedimiento previsto en la legislación reguladora del patrimonio de la Administración titular del bien.
Sección 2.ª Procedimientos expropiatorios especiales por razón de urbanismo
Artículo 201. Determinación del ámbito y relación de propietarios afectados.
1. La aplicación de la expropiación forzosa por razón de urbanismo requerirá que el municipio, además de proceder a la delimitación de la unidad de ejecución u otro ámbito expropiable por razón de urbanismo si no se había hecho así anteriormente, formule, conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la descripción de los bienes y derechos afectados, que habrá de someterse a información pública y aprobarse en la forma establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
2. Si se acreditare en legal forma, tras la aprobación de la relación prevista en el apartado anterior, que la titularidad de un bien o derecho corresponde a persona distinta de la que figurara en el expediente, se entenderán con ella las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las actuaciones ni se dé lugar a la nulidad de lo actuado.
Artículo 202. Prohibición de construcciones.
1. Una vez delimitada una unidad de ejecución que haya de gestionarse directamente por expropiación u otro ámbito expropiable por razón de urbanismo, sobre su superficie no se podrá realizar construcción alguna ni modificar las existentes.
2. No obstante lo anterior, el municipio podrá autorizar expresamente obras de carácter provisional o de consolidación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29.3 y 82.3 de esta Ley. Cuando la Administración expropiante no sea el municipio, deberá darse cuenta a la misma de la solicitud de autorización previamente a su otorgamiento.
Artículo 203. Expropiación individualizada o conjunta.
1. En cualesquiera expropiaciones forzosas por razón de urbanismo, el municipio podrá optar entre seguir la expropiación individualmente para cada finca o aplicar el procedimiento de tasación conjunta.
2. La expropiación individualizada se tramitará siguiendo el procedimiento de la normativa estatal sobre régimen del suelo y expropiación forzosa, en los términos establecidos en esta Ley.
3. La expropiación conjunta se tramitará siguiendo el procedimiento de tasación conjunta conforme a lo establecido en la legislación estatal sobre régimen del suelo y expropiación forzosa y en esta Ley.
Artículo 204. Procedimiento de tasación conjunta.
1. Cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la Administración expropiante formará el expediente de expropiación, que contendrá, al menos, los siguientes documentos:
a) Determinación de la unidad de ejecución o el ámbito expropiable, según la delimitación ya aprobada, con los documentos que la identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos, acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 del término municipal y de un plano parcelario a escala de 1:2.000 a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.
2. El proyecto de expropiación con los documentos señalados será expuesto al público por término de un mes para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
3. Los errores no denunciados y justificados en este momento, una vez aprobado el expediente expropiatorio, no darán lugar a la nulidad del mismo ni a la reposición de actuaciones, conservando, no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados, cuando proceda.
4. La información pública se efectuará mediante la inserción de anuncios en la sección provincial correspondiente del «Boletín Oficial de Aragón», y en un periódico de los dos de mayor circulación de la Provincia.
5. Las tasaciones se notificarán individualmente a los que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.
6. Cuando el expropiante no sea el municipio, se oirá a éste por igual término de un mes. El período de audiencia al municipio coincidirá con el de los interesados.
7. Las notificaciones deberán cursarse de forma simultánea a la remisión de anuncios al «Boletín Oficial de Aragón», a los efectos previstos en el apartado segundo de este artículo.
Artículo 205. Aprobación del expediente de tasación conjunta.
1. La resolución aprobatoria del expediente se notificará a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el mismo, confiriéndoles un término de veinte días durante el cual podrán manifestar por escrito ante el órgano competente de la Administración expropiante su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado.
2. Desde el órgano competente de la Administración expropiante, se dará traslado del expediente y la hoja de aprecio impugnada al Jurado Aragonés de Expropiación, a efectos de fijar el justiprecio.
3. Si los interesados no formularen oposición a la valoración en el citado plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad. En este caso, tendrán derecho a percibir dicho justiprecio, con el premio de afección, incrementado en un cinco por ciento.
4. La resolución aprobatoria del proyecto de expropiación implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes o derechos afectados, y el pago o depósito del importe de la valoración establecida por la misma producirá los efectos previstos en los apartados 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, por el Jurado Aragonés de Expropiación y de que puedan seguirse tramitando los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. Asimismo, habilitará para proceder a la ocupación de las fincas la aprobación del documento de adjudicación de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el pago en especie, de conformidad con lo establecido en la legislación estatal sobre régimen del suelo.
Artículo 206. Pago o consignación.
1. Llegado el momento del pago del justiprecio, se procederá a hacerlo efectivo conforme a lo previsto en la legislación básica.
2. Si el expropiado no quisiera aceptar el justiprecio o no aportase títulos suficientes justificativos del dominio o existiere contienda respecto a la titularidad del bien o derecho expropiado o, en general, si concurriere alguno de los supuestos en los que proceda la consignación, la Administración procederá a realizarla por el importe correspondiente.
3. La forma de consignación y los efectos, así como la facultad del expropiado de percibir la cantidad hasta el límite en que haya conformidad, sin perjuicio de proseguir las reclamaciones iniciadas, se regirán por los preceptos de la normativa estatal de expropiación forzosa.
Artículo 207. Modalidades de pago.
1. El pago del justiprecio podrá realizarse en efectivo o mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente cuando así se acuerde con el expropiado y en los casos previstos en la legislación básica.
2. Acordado el pago mediante la entrega de parcelas resultantes de la urbanización, el municipio levantará acta en la que se harán constar las circunstancias de la finca inicial y el valor asignado en el acuerdo aprobatorio del justiprecio. Finalizada la urbanización, se procederá al pago de la expropiación por entrega de la nueva finca, libre de cargas, por un valor equivalente al consignado en el acta, otorgando la Administración expropiante la correspondiente escritura pública, a favor del expropiado, sin necesidad de autorización o aprobación alguna. Si no estuviese conforme el expropiado con la valoración de la finca que se le ofrece en pago de la expropiada, sin perjuicio de que se le adjudique, podrá acudir al Jurado Aragonés de Expropiación a fin de que se establezca el valor de la misma. Si la resolución fuera favorable a la petición del expropiado, la Administración le compensará la diferencia en metálico.
Artículo 208. Ocupación e inscripción registral.
1. Una vez adoptado el acuerdo de aprobación del expediente de tasación conjunta o efectuado el pago o consignación del expediente de expropiación individualizada, podrán ocuparse las fincas expropiadas, levantando el acta o actas de ocupación que procedan.
2. La inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas ocupadas tendrá lugar en la forma y condiciones establecidas en la normativa estatal hipotecaria y sobre régimen del suelo mediante la certificación administrativa en ella establecida.
3. De conformidad con lo establecido en la legislación estatal sobre régimen del suelo, finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupación con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación forzosa, se entenderá que la Administración ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente, siendo mantenida en todo caso en la posesión de las fincas, una vez inscrito su derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma.
4. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de ocupación e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, o fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, se procederá en la forma establecida en la normativa estatal hipotecaria y sobre régimen del suelo.
Sección 3.ª Jurado Aragonés de Expropiación
Artículo 209. Régimen.
1. El Jurado Aragonés de Expropiación es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma especializado en materia de expropiación forzosa. Está adscrito al Departamento competente en materia de economía, que proporcionará los medios precisos para su funcionamiento con plena autonomía funcional.
2. Al Jurado Aragonés de Expropiación corresponde la competencia para la fijación del justo precio en las expropiaciones en las que la Administración expropiante sea la de la Comunidad Autónoma o cualquiera de las entidades locales de Aragón. Sus actos ponen fin a la vía administrativa.
3. El Jurado Aragonés de Expropiación lo integrarán los siguientes miembros:
a) Un jurista de reconocido prestigio y más de diez años de experiencia, propuesto por el Departamento competente en materia de economía, que presidirá.
b) Un funcionario para cuyo ingreso se requiera titulación superior con destino en el Departamento competente en materia de obras públicas, que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.
c) Un Letrado del Servicio Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma en servicio activo.
d) Un técnico facultativo superior, de cualquier especialidad, así como uno de la especialidad correspondiente a la naturaleza del bien objeto de expropiación, en servicio activo, en ambos casos, en la Administración de la Comunidad Autónoma, propuestos por el Departamento competente en materia de economía.
e) Dos técnicos facultativos superiores propuestos por el Departamento competente en materia de Administración Local, a propuesta de las asociaciones o federaciones de entidades locales aragonesas, de acuerdo con su representatividad, oído el Consejo Local de Aragón.
f) Un profesional libre colegiado en representación de las organizaciones colegiales oficiales de arquitectos o ingenieros superiores, dependiendo de la naturaleza de los bienes a expropiar.
g) Un notario propuesto por el Colegio Notarial de Aragón.
h) Un representante de la entidad local expropiante, cuando se trate de expropiaciones locales, con voz pero sin voto.
4. Podrán actuar como ponentes de las propuestas de acuerdo del Jurado Aragonés de Expropiación, e intervenir en sus deliberaciones, sin voto, cualesquiera funcionarios técnicos facultativos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales de Aragón con titulación adecuada a la naturaleza jurídica de los bienes que hayan de justipreciarse.
5. Reglamentariamente se establecerá el régimen de organización y funcionamiento del Jurado Aragonés de Expropiación, previendo su posible funcionamiento en secciones provinciales.
CAPÍTULO VII
Sectores concertados de urbanización prioritaria
Artículo 210. Concepto.
1. Son sectores concertados de urbanización prioritaria los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable promovidos, a iniciativa del municipio afectado, previa declaración de interés general de la actuación por el Gobierno de Aragón, conjuntamente por la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio en que se ubiquen, o por ambos con la iniciativa privada, con objeto de implantar actividades industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos o ejecutar los programas y políticas públicos de vivienda y suelo. La urbanización inmediata en estos sectores se justificará por la concurrencia de circunstancias especiales de carácter urbanístico, demográfico, de necesidad de desarrollo de los sistemas urbanos o, de acuerdo con el planeamiento territorial, de necesidad de obtención inmediata de suelo urbanizado, en su caso.
2. El plan general podrá ordenar directamente cualesquiera sectores concertados de urbanización prioritaria, incorporando necesariamente las determinaciones propias de los planes parciales y potestativamente las de los proyectos de urbanización. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones locales y la densidad máxima serán en todo caso los establecidos para los planes parciales.
3. Los sectores concertados de urbanización prioritaria para la ejecución de los programas y políticas públicos de vivienda y suelo o, en todo caso, aquellos que autoricen la promoción de vivienda en su ámbito sólo podrán aprobarse en municipios que tengan obligación de reservar terrenos para la construcción de vivienda protegida conforme a la normativa de vivienda y, cuando se delimiten y ordenen mediante modificación del plan general vigente, deberán reservar para la construcción de vivienda protegida al menos el doble de los terrenos que hubiesen resultado ordinariamente exigibles en el municipio de que se trate.
4. La declaración de sector concertado de urbanización prioritaria determinará la Administración bajo cuya dependencia se gestionará, a la que corresponderán cuantas competencias atribuye esta Ley a los municipios para la ejecución del planeamiento urbanístico. En particular, corresponderá a dicha Administración la aprobación de proyectos complementarios o modificados de urbanización, expedientes de expropiación, proyectos de reparcelación, programas de compensación, programas de urbanización o cualesquiera instrumentos de gestión precisos para la ejecución del sector concertado de urbanización prioritaria.
Artículo 211. Documentación y publicidad de la declaración.
1. La documentación del expediente de declaración del interés general de sector concertado de urbanización prioritaria se compone de una memoria justificativa, de los datos de la estructura de la propiedad del suelo y de los planos pertinentes.
2. El acuerdo de declaración de sector concertado de urbanización prioritaria se notificará a los propietarios de las fincas que estén incluidos en él, con la advertencia de los efectos expropiatorios y de enajenación forzosa derivados del mismo conforme al artículo siguiente, así como de la aplicabilidad de la vía de apremio. Dicho acuerdo se inscribirá en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación hipotecaria, con indicación de la afectación de cada una de las fincas incluidas en el régimen específico de sector de urbanización prioritaria.
3. Los procedimientos administrativos precisos para la declaración, delimitación, ordenación y ejecución de estos sectores se declaran urgentes a los efectos establecidos en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y de contratación del sector público, y serán prioritarios para su despacho y tramitación ante la Administración de la Comunidad Autónoma o las entidades locales aragonesas. La aprobación definitiva del planeamiento que delimite sectores de suelo urbanizable delimitado concertado implicará también la declaración de urgencia de la expropiación cuando el planeamiento establezca el sistema de actuación de expropiación, delimite la unidad o unidades de ejecución e incorpore, conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la descripción de los bienes y derechos afectados, que deberá haberse sometido a información pública en la forma establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
Artículo 212. Efectos de la declaración.
1. La declaración de sector concertado de urbanización prioritaria determinará la aplicación del régimen de gestión urbanística regulado por esta Ley, la obligación e interés inmediato de la ejecución de la urbanización, a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, la consideración del ámbito correspondiente como reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo y de área de tanteo y retracto a los efectos de esta Ley, así como la obligación de edificar los solares resultantes, de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto.
2. En caso de declaración de un sector concertado de urbanización prioritaria, la redacción del planeamiento que sea necesario y del proyecto de urbanización y la aprobación inicial del planeamiento tendrán lugar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de declaración del sector en el «Boletín Oficial de Aragón». Las obras de urbanización se ejecutarán en el plazo que establezca el planeamiento o el mismo proyecto de urbanización.
3. La declaración de sector concertado de urbanización prioritaria modificará, si es preciso, las etapas de ejecución establecidas en el planeamiento preexistente, y debe establecer en todo caso el plazo para ejecutar la urbanización. La administración competente para aprobar la declaración podrá prorrogar este plazo.
4. Las obras de edificación de los sectores concertados de urbanización prioritaria se iniciarán dentro del plazo de dos años desde la finalización de las obras de urbanización.
Artículo 213. Gestión.
1. La ejecución de los sectores concertados de urbanización prioritaria podrá realizarse directa o indirectamente conforme a lo establecido en esta Ley, a elección de la Administración. Podrán delimitarse ámbitos de gestión directa y de gestión indirecta en un mismo sector concertado de urbanización prioritaria.
2. La Administración podrá preparar, en un plazo de tres meses desde la declaración de un sector de urbanización prioritaria, el expediente de tasación conjunta al que se refiere el artículo 204, que se tramitará conforme a lo establecido en la misma. Las valoraciones contenidas en dicho expediente, con las modificaciones que sean introducidas en el mismo, en su caso, en virtud de resolución del Jurado Aragonés de Expropiación o de sentencia firme, constituyen la definición de los bienes y derechos, a efectos de la expropiación, enajenación forzosa y, en todo caso, del proyecto de reparcelación. No obstante, los efectos expropiatorios del expediente de tasación conjunta sólo surgirán a partir de la declaración de incumplimiento de las obligaciones de urbanización o de edificación o, en todo caso, cuando el propietario del suelo renuncie a participar en la actuación instando la expropiación dentro del plazo de un mes desde que le sea notificada la declaración del sector concertado de urbanización prioritaria. Si no formula renuncia en dicho plazo, se entenderá que opta por participar en la actuación en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas.
TÍTULO QUINTO
Edificación y uso del suelo
CAPÍTULO I
Normas de directa aplicación
Artículo 214. Protección del paisaje.
1. La actividad urbanística deberá integrar la consideración del paisaje en todas sus fases de conformidad con lo establecido en la legislación de ordenación del territorio y la legislación sobre el paisaje.
2. Las construcciones, obras de rehabilitación, modernización o conservación de los inmuebles observarán las exigencias de protección del medio ambiente establecidas en el ordenamiento jurídico y no podrán menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o urbano, considerando sus valores culturales, en que se permita su realización.
3. La tipología de las construcciones habrá de ser congruente con las características del entorno. Los materiales empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán de armonizar con el paisaje en que vayan a emplazarse.
Artículo 215. Alturas.
1. Mientras no exista plan que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas, medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas, edificados en más de dos terceras partes, los municipios sólo podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.
Artículo 216. Distancia de vías.
1. Las construcciones y cierres que se realicen con obras de fábrica u otros elementos permanentes, en zonas no consolidadas por la edificación, en defecto de alineaciones y rasantes establecidas por el planeamiento, tendrán que desplazarse un mínimo de tres metros del límite exterior de la calzada de la vía pública a que den frente, salvo que por aplicación de otra legislación proceda una distancia superior.
2. Se excluye de la anterior obligación la colocación de mojones o postes destinados a delimitar la propiedad rústica, sin impedir el acceso a la misma.
CAPÍTULO II
Edificación forzosa
Artículo 217. Edificación de parcelas y solares.
1. El propietario de solares y de construcciones en ruina o inadecuadas deberá edificarlos o cesar el uso inadecuado en los plazos máximos que fijen los instrumentos de ordenación urbanística aplicables, y, en su defecto, en el de dos años contados desde que la parcela merezca la calificación de solar o desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.
2. La edificación en los supuestos referidos en el apartado anterior deberá finalizarse en el plazo establecido en la correspondiente licencia, y, en su defecto, en el de dos años contados desde la notificación del otorgamiento de la licencia o de la orden de ejecución.
3. El municipio podrá prorrogar los plazos anteriores, por causa debidamente motivada, por un período máximo igual a los mismos.
4. El municipio podrá suspender el plazo para la ejecución del deber de edificar con carácter excepcional para el destino del inmueble a un uso público de carácter provisional. Deberá instarse por el propietario del solar y recaer resolución expresa en la que se declare el interés público al que se afecta provisionalmente el solar, su plazo de vigencia y el plazo efectivo para el cumplimiento del deber de edificar. De ser necesaria la realización de obras de construcción, se aplicará el régimen establecido en el artículo 29.3 de esta Ley.
5. Se entiende por construcciones inadecuadas las destinadas en más de la mitad de su superficie construida a un uso urbanístico incompatible con el establecido en el planeamiento.
Artículo 218. Presupuestos de la edificación.
La edificación de parcelas y solares requerirá:
a) El establecimiento de la ordenación pormenorizada y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad.
b) La previa ejecución de las obras de urbanización aún pendientes o, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigibles para simultanear aquéllas y las de edificación.
Artículo 219. Efectos del incumplimiento.
El incumplimiento del deber de edificar habilitará al municipio para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso previa audiencia del obligado, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o proceder a la ejecución del planeamiento mediante sustitución del propietario, así como las demás consecuencias previstas en la legislación básica.
Artículo 220. Declaración de situación de ejecución por sustitución.
1. La declaración de una parcela o solar en situación de ejecución por sustitución tendrá como presupuesto el incumplimiento del deber de edificar declarado en procedimiento dirigido a tal fin.
2. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona, y en él deberá darse audiencia al propietario afectado. Si se declara el incumplimiento del deber de edificar, se requerirá al propietario para que proceda al cumplimiento de su deber de edificar.
Transcurridos seis meses desde el requerimiento, la parcela o solar quedará por ministerio de la Ley en situación de ejecución por sustitución. No obstante, tal circunstancia deberá ser objeto de resolución expresa y notificada al propietario y a los otras partes en el procedimiento para su conocimiento.
3. La iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar no comportará la suspensión del otorgamiento de licencias en la parcela o solar afectado. No obstante, no podrán tramitarse las solicitudes de licencia presentadas una vez que el solar o parcela haya quedado en situación de ejecución por sustitución.
De otorgarse licencia después de declarado el incumplimiento, pero antes de que el solar o parcela quede en situación de ejecución por sustitución, el particular deberá ejecutarla en el plazo y condiciones que resulten de aplicación. De no hacerlo así, se reanudará el cómputo del plazo de seis meses desde el momento en que se exceda el plazo de edificación, sin necesidad de nuevo requerimiento por la Administración.
4. La solicitud para la iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar deberá contener la fundamentación del incumplimiento del deber de edificar por el propietario de la parcela o del solar. Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud en sede municipal, sin perjuicio de lo establecido en el apartado séptimo.
5. El municipio deberá convocar, de oficio o a instancia de cualquier persona, el concurso para la sustitución del propietario incumplidor dentro del plazo máximo de un año desde la notificación de la declaración de ejecución por sustitución.
6. La declaración de incumplimiento del deber de edificar y de la situación de ejecución por sustitución contenida en resolución que agote la vía administrativa habrá de comunicarse mediante certificación, a los efectos que procedan conforme a la legislación aplicable, al Registro de la Propiedad para la práctica de nota marginal a la inscripción de la correspondiente finca. La no comunicación al Registro podrá dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños que se produzcan a terceros a causa de la falta de constancia registral del procedimiento de ejecución por sustitución.
7. En caso de inactividad del municipio, el Departamento competente en materia de urbanismo podrá iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de edificar o declarar la situación de ejecución por sustitución y convocar el consiguiente concurso, previo requerimiento al municipio y en el plazo máximo de un mes desde que el requerimiento practicado resultara desatendido.
Artículo 221. Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución.
1. Los municipios con población igual o superior a ocho mil habitantes o que cuenten con plan general de ordenación urbana formarán y mantendrán en condiciones de pública consulta, a los solos efectos de publicidad, un Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución.
2. La falta de inclusión en el Registro de parcelas o solares cuyos titulares hayan incumplido el deber de edificar no impedirá la aplicación de la expropiación o la ejecución del planeamiento mediante sustitución del propietario.
3. El registro será público. Cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo y obtener certificado de los solares incluidos y de las determinaciones urbanísticas que les afecten.
Artículo 222. Concurso convocado de oficio.
1. El municipio podrá convocar de oficio el concurso para la sustitución del propietario indicando las condiciones pertinentes, entre las que habrán de figurar, como mínimo, las siguientes:
a) Precio a satisfacer por el adjudicatario, que en ningún caso podrá ser inferior, en primera licitación, al valor que a efectos expropiatorios corresponda a la parcela o solar. Cuando la primera licitación quedare desierta, el precio podrá reducirse hasta alcanzar las tres cuartas partes del que a efectos expropiatorios corresponda a la parcela o solar.
b) Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, las obras de urbanización.
c) Precios máximos de venta o arrendamiento de la edificación resultante, si los hubiere.
d) Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificar.
e) Alternativamente al pago en metálico establecido en la letra a), propuesta de pago del solar y, en su caso, de las obras correspondientes con partes determinadas de la edificación resultante, formalizadas en régimen de propiedad horizontal, salvo en los casos previstos en la legislación básica.
2. La certificación municipal del acuerdo de adjudicación producirá la transmisión forzosa de la propiedad.
3. En caso de quedar desierto el concurso, el municipio podrá optar, dentro de los dos meses siguientes, entre la convocatoria de nuevo concurso o la adquisición, asimismo forzosa y por el precio fijado en aquel primero, de la parcela o el solar con destino al patrimonio municipal de suelo.
Artículo 223. Concurso convocado a instancia de interesado.
1. Cualquier persona podrá instar la celebración de concurso para la sustitución del propietario incumplidor presentando un programa de edificación que se tramitará conforme al procedimiento previsto para los programas de urbanización, contando el adjudicatario con las prerrogativas y obligaciones del adjudicatario de los mismos.
2. El programa de edificación se adaptará a las peculiaridades de su objeto señaladas en el artículo 222. La alternativa técnica estará formada por:
a) Proyecto básico de obras de edificación acompañado, en su caso, de anteproyecto de urbanización para completar las obras precisas para la adquisición por la parcela de la condición de solar. Ambos documentos contendrán una memoria de calidades, tanto de las obras de edificación como de las de urbanización, cuando fueren precisas, describiendo, como mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan determinar el coste total de la actuación.
b) Documento expresivo de la cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre el proyecto técnico acompañado para su ejecución por la persona que resulte adjudicataria, así como de los compromisos de cumplimiento de los deberes legales aún pendientes, de abono del precio de la adjudicación y de ejecución de la edificación proyectada en determinado plazo.
3. La proposición jurídico-económica deberá concretar en todo caso la forma de pago de la parcela o solar e incluir propuesta de convenio urbanístico a suscribir, en su caso, entre el adjudicatario, la Administración y, si asumen la totalidad de las condiciones que se les oferten, los propietarios afectados, en la que se harán constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación. A tal efecto, indicará el desarrollo de las relaciones entre el adjudicatario y el o los propietarios de la finca, expresando, en su caso, los eventuales acuerdos ya alcanzados y las disposiciones relativas al modo de financiación de la actuación y retribución del adjudicatario, la estimación de la totalidad de los costes de ejecución de la actuación y la propuesta de precio de adquisición del inmueble o mediante acuerdo o propuesta de pago de la parcela o el solar y de los costes de promoción y ejecución, mediante la atribución al adjudicatario de partes determinadas del edificio resultante de valor equivalente a aquellos, formalizadas en régimen de propiedad horizontal. Cuando en la edificación se prevean usos heterogéneos o el valor de sus diversas partes, por razón de su localización en planta, orientación u otros análogos, resulte muy diferente, se aplicarán coeficientes correctores de uso y localización, justificándolos en función de sus valores relativos de repercusión, con la finalidad de lograr una homogeneización ponderada de la retribución en partes de la edificación.
4. El régimen de garantías y de relaciones entre Administración, adjudicatario y propiedad, será el establecido para la ejecución de actuaciones integradas en esta Ley adaptado a las peculiaridades propias de la actuación edificatoria. En el supuesto de opción por pago en edificación resultante, el adjudicatario podrá, de no aceptar el propietario la oferta formulada, solicitar del municipio su imposición forzosa. Este deberá resolver, en el plazo máximo de un mes, previa audiencia del propietario, pudiendo introducir modificaciones en la propuesta. La aprobación administrativa producirá, para la parcela o el solar, los efectos de la reparcelación y, en particular, los siguientes:
a) La adjudicación de la parcela o el solar en pro indiviso y en la proporción resultante al adjudicatario junto con el o los propietarios.
b) La ocupación de la parcela o solar por el adjudicatario del concurso a los efectos de la realización de las obras.
5. Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, el interesado podrá entender aprobado a todos los efectos y por acto presunto producido por silencio administrativo positivo el programa de edificación presentado.
Artículo 224. Incumplimiento del adjudicatario del concurso.
La ejecución por sustitución será de aplicación al incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso.
CAPÍTULO III
Títulos habilitantes de naturaleza urbanística
Artículo 225. Exigencia.
Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo requerirán para su lícito ejercicio de licencia, declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación que les afecte y del respeto a los derechos civiles implicados.
Artículo 226. Licencia urbanística.
1. La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el Alcalde autoriza a cualquier persona para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo, expresando el objeto de la misma, y las condiciones y plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
2. Están sujetos a licencia, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, los siguientes actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo:
a) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones o actos de división de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta con excepción de las sujetas a declaración responsable.
c) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
d) Obras de todo tipo en edificaciones protegidas por sus valores culturales o paisajísticos en cuanto afecten a los elementos objeto de protección.
e) Talas de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.
f) Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
g) Otros supuestos establecidos en el plan general por concurrir razones especiales de interés público que habrán de especificarse en la memoria.
3. En todo caso, también puede solicitarse voluntariamente licencia para los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo no enumerados en el párrafo anterior cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de seguridad jurídica o de otro tipo.
Artículo 227. Declaración responsable en materia de urbanismo.
1. La declaración responsable en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier persona manifiesta bajo su responsabilidad al Alcalde que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar uno de los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en el párrafo siguiente, que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.
2. Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los siguientes actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo:
a) Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Renovación de instalaciones en las construcciones.
d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas.
e) Talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.
3. El documento de declaración responsable habrá de contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:
a) La identificación y ubicación de su objeto.
b) La enumeración de los requisitos administrativos aplicables.
c) La relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre del técnico o profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse copias de tales documentos.
d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.
4. El Gobierno de Aragón, reglamentariamente, podrá desarrollar los apartados precedentes en lo relativo a los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo sujetos a declaración responsable o a previa licencia urbanística, en función de su afección significativa sobre el paisaje, el aspecto externo y estructura de los edificios, la seguridad de las personas o a los intereses de consumidores o usuarios.
Artículo 228. Comunicación previa en materia de urbanismo.
1. La comunicación previa en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier persona pone en conocimiento del Alcalde que reúne los requisitos para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo que no está sujeto ni a declaración responsable ni a licencia en materia de urbanismo.
2. El documento de comunicación previa habrá de contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:
a) La identificación y ubicación de su objeto.
b) La declaración de que concurren los requisitos administrativos aplicables, especificando cuando proceda los relativos a la seguridad de personas y bienes.
Artículo 229. Efectos.
1. La licencia legitima para la realización de su objeto desde la fecha en que sea formalmente adoptada por el Alcalde, sin perjuicio de su notificación y de los efectos que derivan de la misma conforme a la legislación del procedimiento administrativo común.
2. La comunicación previa y la declaración responsable legitiman para la realización de su objeto desde el día de su presentación en el registro general del municipio.
Artículo 230. Control.
1. En cualquier momento el municipio podrá inspeccionar la ejecución de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo a fin de comprobar que se realizan de conformidad con la licencia o el contenido de la declaración responsable o comunicación previa y en todo caso con arreglo a la legalidad y el planeamiento urbanístico aplicables.
2. El Alcalde podrá actuar en defensa de la legalidad conforme lo previsto en los artículos 268 y siguientes de esta Ley cuando se advierta la realización de actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo sin la pertinente licencia o la previa declaración responsable o comunicación previa, así como cuando los actos se llevaran a cabo en contra del contenido de las mismas.
Artículo 231. Resolución única.
1. Cuando un mismo acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo requiera la obtención de licencia urbanística y de autorización municipal administrativa expresa relativa a la adecuación de las obras al ejercicio de una actividad, sea o no clasificada, serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la formación y tramitación de piezas separadas para cada intervención administrativa.
2. El plazo para resolver las licencias urbanísticas se interrumpirá desde la solicitud por el interesado de las concesiones, licencias o autorizaciones de carácter previo atribuidas a la competencia de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma hasta su otorgamiento.
Artículo 232. Régimen.
1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la resolución, siempre que ésta se produzca dentro del plazo legalmente establecido, resolviendo tanto sobre la pertinencia de las obras como sobre el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
2. Se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público.
Artículo 233. Revocación de licencias por cambio del planeamiento.
1. Cuando una licencia de edificación ya obtenida en el momento de la entrada en vigor de un nuevo plan o de una modificación o revisión del existente, resulte incompatible con las nuevas determinaciones, el municipio actuará de conformidad con las siguientes reglas:
a) De estar ya iniciada la edificación, podrá revocar la licencia, o permitir la terminación de las obras, quedando el edificio en situación de fuera de ordenación.
b) De no haberse iniciado la edificación, procederá a la revocación de la licencia.
2. En cualquiera de los casos, se requerirá audiencia del interesado y de acordarse la revocación de la licencia, se establecerá en la misma resolución la indemnización que, en su caso, corresponda según lo establecido en la legislación estatal.
Artículo 234. Licencias para la edificación y urbanización simultáneas.
1. Podrá promoverse la edificación de parcelas con previa o simultánea realización de las obras de urbanización pendientes que sean precisas para su conversión en solar, incluida su conexión con las redes de infraestructuras y servicios existentes e inmediatas, cuando proceda.
2. Los solicitantes deberán acreditar para ello la disponibilidad civil sobre terrenos suficientes para asegurar que edificarán la parcela objeto de la actuación, urbanizando o completando la urbanización, y que lo harán en el plazo que se establezca en la licencia, o en su defecto, en plazo inferior a tres años.
Artículo 235. Edificación y urbanización simultáneas fuera de unidad de ejecución.
1. La autorización de la edificación de terrenos en suelo urbano que no tengan la condición de solar y no se incluyan en unidad de ejecución requerirá, como garantía de la realización de las obras de urbanización, que en la solicitud de licencia el interesado asuma los siguientes compromisos:
a) Ejecutar la edificación y urbanización simultáneamente, no sólo en lo que respecta a las obras que afecten al frente de fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas las infraestructuras necesarias para que puedan prestarse los servicios públicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y pavimentación de aceras y calzada, hasta el punto de enlace con las redes generales y viarias que estén en funcionamiento.
b) Prestar garantía, de carácter real o financiera, para hacer frente a la ejecución de las obras de urbanización, y a los costes íntegros derivados de la eventual ejecución subsidiaria de dichas obras de urbanización por el municipio en cuantía suficiente a juicio de éste, no inferior al cincuenta por ciento del coste total previsto de las obras, actualizable y con vigencia hasta la total terminación y aprobación municipal de las mismas.
c) No utilizar la construcción en tanto no esté concluida la obra de urbanización y establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
2. No será exigible la prestación de garantía cuando la licencia sea solicitada por una Administración pública, aun cuando sea a través de entidad instrumental bajo forma pública o privada, y cuente con consignación en presupuesto aprobado, en cuantía suficiente para hacer frente a las obras de que se trate.
3. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará:
a) la pérdida de la garantía;
b) la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización;
c) la prohibición de usar lo edificado; y
d) la obligación de reponer la parcela a la situación anterior, salvo que el municipio decida, de oficio, ejecutar subsidiariamente las obras de urbanización a costa del obligado.
Artículo 236. Edificación y urbanización simultáneas en unidad de ejecución.
1. La autorización de la edificación de terrenos incluidos en unidad de ejecución que no tengan la condición de solar requerirá, como garantía de la realización de las obras de urbanización, que estén aprobados el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, que no se oponga el urbanizador y que en la solicitud de licencia el interesado asuma los compromisos establecidos en el artículo anterior, apartado primero, letras b) y c), así como que, dado el estado de ejecución de la urbanización, la Administración considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.
2. En todo caso, el otorgamiento de licencia requerirá que, previamente, hayan sido contratadas las obras de urbanización con el plazo de ejecución previsto en el proyecto o programa de urbanización y se haya constituido garantía, en la parte correspondiente, de carácter real o financiera, por el cincuenta por ciento del coste de las obras de urbanización pendientes de ejecución, manteniéndose en todo caso una garantía superior al quince por ciento del total previsto, actualizable y con vigencia hasta la total terminación y aprobación municipal de las mismas. La garantía podrá reducirse, en su parte proporcional, a medida que se vayan completando las sucesivas fases de ejecución del proyecto de urbanización, una vez ejecutadas las obras y aprobadas por el municipio. Cuando se trate de obras de urbanización con varias fases y no sea imprescindible la ejecución de todas ellas para poner en servicio una parte de la urbanización, el municipio podrá reducir la garantía exigible en la fase o fases pendientes de ejecución para facilitar la gestión de la urbanización. No podrán iniciarse las obras, ni siquiera los actos preparatorios tales como desmontes, talas, movimientos de tierras y otros similares, en tanto no se haya constituido la garantía.
3. No será exigible la prestación de garantía en los siguientes supuestos:
a) Cuando la urbanización se gestione por una Administración pública, aun cuando se ejecute mediante entidad instrumental bajo forma pública o privada, y cuente con consignación en presupuesto aprobado, en cuantía suficiente para hacer frente a las obras comprendidas en el proyecto de urbanización en el periodo correspondiente.
b) Cuando la licencia se solicite para la edificación de viviendas protegidas de Aragón, sin perjuicio de la afectación real a que se refiere el artículo 148.c) y siempre que se haya iniciado la ejecución de las obras de urbanización, en sectores o unidades de ejecución que hayan obtenido ayudas a la urbanización en el marco de los planes y programas de vivienda y suelo, en sectores concertados de urbanización prioritaria o en los que el número de viviendas y la edificabilidad residencial sometidos a algún régimen de protección sean superiores a los que no lo estén. No obstante, el promotor de la edificación deberá hallarse al corriente de pago de cuotas de urbanización al solicitar la licencia y, en su caso, prestar garantía conforme al apartado anterior cuando transmita las viviendas protegidas promovidas por el precio máximo legalmente establecido y no se hayan liquidado totalmente las obras de urbanización.
Artículo 237. Suministros.
1. Se requerirá certificación del facultativo director de las obras, acreditativa del cumplimiento de la correspondiente licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, sin perjuicio de los suministros provisionales de obra.
2. Los suministros provisionales de obra no podrán contratarse como suministros definitivos ni prolongarse su duración más allá de la de la obra sin la certificación acreditativa del cumplimiento de la licencia urbanística emitida por el técnico director.
Artículo 238. Procedimiento.
1. Las licencias urbanísticas, las comunicaciones previas y las declaraciones responsables se sujetarán al procedimiento establecido en la normativa sobre régimen local y en las ordenanzas municipales.
2. Las solicitudes de licencia o, en su caso, las declaraciones responsables, se presentarán acompañadas del proyecto técnico redactado por profesional competente, en los supuestos en los que se determine por la normativa de ordenación de la edificación. El proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional correspondiente en los casos pertinentes conforme a lo establecido en la normativa estatal aplicable.
3. Las licencias urbanísticas habrán de otorgarse en el plazo máximo de tres meses.
4. Las comunicaciones previas y declaraciones responsables conformes con el planeamiento y la normativa urbanística surtirán plenos efectos desde el momento de la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el registro del órgano competente.
5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la declaración previa, determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho adquirido, sin perjuicio del resto de responsabilidades conforme a la legislación del procedimiento administrativo común. La resolución administrativa que declare el cese en el ejercicio del derecho podrá determinar la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo del inicio de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo y, en su caso, la imposibilidad de instar un procedimiento con el mismo objeto por un periodo no inferior a un año.
Artículo 239. Silencio administrativo.
En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta Ley, transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal.
Artículo 240. Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se promuevan por la Administración de la Comunidad Autónoma estarán igualmente sujetos a licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa, salvo lo dispuesto para los proyectos de interés general de Aragón y en los apartados siguientes de este artículo. Si el proyecto afectare a varios municipios, el título habilitante habrá de solicitarse o presentarse en todos ellos simultánea o sucesivamente.
2. El Consejero competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al municipio correspondiente de proyectos que contemplen actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo para la realización de grandes obras de ordenación territorial o cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, con objeto de que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad de los mismos con el planeamiento urbanístico vigente, entendiéndose que, si en dicho plazo no se manifiesta una disconformidad expresa, existe conformidad al proyecto por parte del municipio.
3. En caso de disconformidad, el expediente será remitido por el Departamento interesado al Consejero competente en materia de urbanismo, quien lo elevará al Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo Provincial de Urbanismo. El Gobierno decidirá si procede ejecutar el proyecto, y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de alteración del planeamiento que proceda.
4. Tanto si el Gobierno decidiera la ejecución del proyecto, en el caso previsto en el apartado anterior, como si transcurriese el plazo para la intervención municipal prevista en el apartado segundo sin comunicarse la oportuna resolución, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá proceder inmediatamente a la ejecución del proyecto.
5. El municipio podrá acordar la suspensión de las obras a que se refieren los apartados anteriores cuando se pretendiesen llevar a cabo sin que se haya remitido el proyecto, cuando no haya transcurrido el plazo para que el municipio comunique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor o se haya comunicado resolución de disconformidad sin que se haya notificado la decisión del Gobierno sobre la ejecución del proyecto. La suspensión se comunicará al órgano redactor del proyecto y al Consejero competente en materia de urbanismo.
CAPÍTULO IV
Parcelaciones
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 241. Definiciones.
1. Se considera parcelación rústica toda división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, siempre que tenga una finalidad exclusivamente vinculada a la explotación agraria de la tierra.
2. Se considera parcelación urbanística toda división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando tenga por finalidad permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística.
3. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, que los primeros deberán testimoniar en el documento.
Artículo 242. Parcelaciones ilegales.
1. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en esta Ley y en el planeamiento urbanístico, especialmente cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
2. En defecto de caracterización más estricta en el planeamiento, se considera núcleo de población la agrupación de edificaciones residenciales, susceptibles de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes.
3. La regularización de las parcelaciones ilegales, cuando sea posible, se ajustará a los establecido en los artículos 247 y siguientes.
Artículo 243. Parcelas indivisibles.
1. No podrá realizarse parcelación alguna que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el planeamiento o en la legislación sectorial, salvo que dichos lotes sean adquiridos simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos con sus fincas para constituir una nueva.
2. Son indivisibles las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie de suelo y superficie construible cuando se edificara la correspondiente a toda la superficie, o, en el supuesto de que se edificara la correspondiente a sólo una parte de ella, la restante si fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.
Artículo 244. Régimen.
1. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate.
2. En ningún caso se consideran solares, ni se permitirá edificar en ellos, los lotes resultantes de una parcelación ilegal.
Artículo 245 Licencia o declaración.
1. Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de reparcelación que la contenga.
2. Toda parcelación rústica queda sujeta a la exigencia de la declaración previa de la innecesariedad de licencia, quedando exceptuadas de tal declaración las operaciones realizadas en los procedimientos de concentración parcelaria.
Artículo 246. Procedimiento.
1. Las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesariedad se someten al régimen de las licencias urbanísticas establecido en los artículos 225 y siguientes, salvo las especialidades consignadas en los apartados siguientes.
2. Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y acompañarán un plano de situación con el emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccionar. En las solicitudes de licencias de parcelación urbanística será necesario también presentar un plano a escala adecuada de las fincas resultantes de la parcelación.
3. Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia o la declaración de su innecesariedad, indicando en su caso la finalidad específica de la parcelación y las condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.
4. En estos casos, el silencio administrativo siempre se entenderá denegatorio de la solicitud de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesariedad.
Sección 2.ª Regularización de parcelaciones ilegales
Artículo 247. Requisitos.
1. Los Ayuntamientos en cuyo término municipal existan parcelaciones ilegales constituidas con anterioridad al 20 de marzo de 2012, podrán iniciar el procedimiento de regularización de las mismas siempre que aporten el censo de parcelaciones existentes en el correspondiente municipio, sean consideradas viables técnica y económicamente y no se ubiquen en suelos objeto de protección especial conforme a las determinaciones establecidas en la presente ley. La elaboración de dicho censo podrá encomendarse a la comarca mediante los oportunos instrumentos de colaboración.
2. Los procedimientos de regularización se materializarán bien en un proceso de redacción de planeamiento general o revisión del mismo, bien mediante específicas modificaciones del planeamiento general y, en todo caso, siguiendo las condiciones y requisitos que se detallan en este capítulo.
Artículo 248. Censo autonómico.
1. La Dirección General competente en materia de urbanismo elaborará un censo de las parcelaciones ilegales existentes en el plazo de seis años desde el 20 de marzo de 2012. Asimismo, elaborará un censo de ámbitos degradados por la realización de actuaciones urbanísticas ilegales aisladas, en las que deberá elaborarse, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, un plan especial que, sin perjuicio en todo caso de lo establecido en los artículos 261.2 y 269.3, incorporará las medidas precisas para acelerar la reposición de la legalidad infringida al estado anterior a la infracción y evitar la consolidación y extensión de las conductas infractoras.
2. En el momento en que se elabore el censo de parcelaciones ilegales al que se hace referencia en el apartado anterior, únicamente podrán acogerse al proceso de regularización aquellas parcelaciones que se encuentren inscritas en el mismo.
Artículo 249. Clasificación del suelo.
Los planes generales de ordenación urbana podrán clasificar como suelo urbanizable o, en su caso, suelo urbano no consolidado aquellos terrenos que soporten núcleos de población formados ilegalmente sobre suelo no urbanizable de planes generales anteriores, atendida su situación de hecho y las características del territorio al que afecten, siempre que no hayan de ser objeto de especial protección conforme a las disposiciones de esta ley.
Artículo 250. Planes de desarrollo.
1. Las parcelaciones ilegales que fuesen incluidas en el suelo urbano no consolidado o urbanizable deberán desarrollarse mediante la aprobación y ejecución de planes de desarrollo destinados a adecuar sus condiciones urbanísticas a las previsiones del plan general, tanto respecto de la regulación de aprovechamientos, como de la delimitación de viales, espacios libres y suelos para dotaciones con dimensión suficiente, y saneamiento adecuado. Cada parcelación ilegal incluida en suelo urbano no consolidado o urbanizable se incluirá en un sector de planeamiento que será objeto de un solo plan de desarrollo.
2. Los suelos que soporten las parcelaciones ilegales a las que se refiere el apartado anterior se regirán, salvo en lo que respecta a la gestión urbanística del proceso de regularización, incluyendo la obligación legal de sufragar las cargas de urbanización, por el régimen establecido para las parcelaciones ilegales incluidas en el suelo no urbanizable hasta que se ejecute totalmente el planeamiento de desarrollo aprobado conforme al apartado anterior, no permitiéndose ni considerándose a ningún efecto legalizable la parcelación ni la edificación en ellas ni en su entorno próximo. Asimismo, hasta que se ejecute el correspondiente planeamiento de desarrollo, los edificios existentes en dichos suelos que no contaran con la necesaria licencia se considerarán construcciones no autorizadas disconformes con el plan.
3. Los particulares deberán presentar a trámite los planes de desarrollo a los que aluden los apartados anteriores de este artículo en el plazo de tres años desde la aprobación definitiva del plan general, o modificación aislada del mismo, que delimite el sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado que comprenda la parcelación irregular.
Artículo 251. Determinaciones.
Los citados planes de desarrollo deberán contener, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) Delimitación del ámbito ordenado. El municipio puede exigir la adición, a costa de los promotores, de suelos exteriores al ámbito ordenado, al que se atendrá estrictamente el planeamiento de desarrollo, destinándose dichos suelos exclusivamente a soportar espacios libres y equipamientos públicos, de cesión gratuita y obligatoria, que no estarán al servicio exclusivo de los núcleos de población ordenados, con objeto de corregir la agresión territorial producida por el núcleo o de compensar las insuficiencias dotacionales producidas por la población asentada irregularmente sobre los suelos urbanos de su entorno.
b) Trazado y características de la red viaria, con previsión de estacionamientos y expresión pormenorizada de alineaciones y rasantes, tanto en el interior del sector como en los tramos de conexión con el viario público general del municipio, considerando la incidencia sobre el entorno de la circulación de vehículos en los accesos a la urbanización, y estableciendo con cargo a las cargas de urbanización, si es necesario, la mejora de dichos accesos, en cuanto a su dimensión y tratamiento, aunque se sitúen fuera del núcleo de población. Aun cuando la urbanización resultante tuviera la condición de privada como consecuencia de la gestión del planeamiento de desarrollo, todo el suelo destinado a soportar la red viaria será inscrito en el Registro de la Propiedad como finca independiente, adscrita a tal uso, indivisible y carente de aprovechamiento urbanístico. En ningún caso se admitirá un trazado de la red viaria que no se atenga a las condiciones mínimas exigidas por la normativa de protección frente a incendios, debiéndose contemplar la adecuación de las calles a la anchura mínima y demás condiciones de trazado y construcción como determinación de obligada materialización por los proyectos de reparcelación y urbanización que desarrollen el plan especial.
c) Delimitación de terrenos destinados a espacios libres, zonas verdes, parques y zonas deportivas, de recreo y expansión, de equipamientos y servicios, ya sean públicos o privados. Se destinará a espacios libres públicos o comunitarios de uso público, al menos, el diez por ciento de la superficie del sector que se ordene, en los términos exigibles conforme a esta ley y a sus disposiciones de desarrollo. Aun cuando la urbanización resultante tuviera la condición de privada, como consecuencia de la gestión del planeamiento de desarrollo, los terrenos destinados a soportar los espacios libres y dotaciones quedarán inscritos en el Registro de la Propiedad como fincas independientes, adscritas a tales usos, indivisibles y, en su caso, carentes de aprovechamiento urbanístico.
d) Determinaciones relativas a la parcelación.
e) Razonamiento del cálculo de los parámetros de edificabilidad y del aprovechamiento medio del sector.
f) Reglamentación detallada de los usos pormenorizados del suelo, de los índices cuantitativos de aprovechamiento, las condiciones urbanísticas, sanitarias, higiénicas y de ornato de las construcciones y de los cerramientos de las propiedades.
g) Trazado y características de todos los servicios e instalaciones exigidos con carácter general en el suelo urbano, resolviendo el enlace con las redes generales. Se incluirán las determinaciones que sean precisas en relación con la clausura de todos los pozos ciegos, fosas sépticas e instalaciones individuales de vertido existentes en el área, que será obligatoria desde el momento de la finalización de la ejecución de la urbanización.
h) Plan detallado de obras y actuaciones de adecuación de las construcciones existentes a las mínimas condiciones de ornato y coordinación formal. En particular, se valorará el estado de los cerramientos de las parcelas, proponiéndose la sustitución temporalmente programada, y garantizada por los propietarios afectados en la forma establecida en la legislación de contratos de las Administraciones públicas, de los elementos discordantes por otros que resulten adecuados.
i) Estudio de los riesgos naturales que pudieran presentarse en la zona y justificación de la ordenación y las medidas especiales adoptadas en relación con su prevención, previos los informes que, en su caso, procedan.
j) Determinaciones dirigidas a la reducción de los impactos ambientales del núcleo de población sobre su entorno, con atención a la integración paisajística, para la que se preverá, si resulta pertinente, la plantación de especies arbóreas.
k) Evaluación económica de las actuaciones y obras de urbanización e implantación de servicios previstas por el plan.
l) Forma de gestión y plazos para la ejecución de la urbanización, el acondicionamiento y la legalización de las edificaciones, y, en general, el cumplimiento de las obligaciones contraídas, con mención expresa de las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. No se admitirá la ejecución parcial del planeamiento de desarrollo ni la división del sector en más de una unidad de ejecución. Tampoco se admitirá la división de la etapa única en diferentes fases de ejecución de las obras de urbanización, salvo que la primera corresponda a la implantación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.
m) Documento de garantías y compromisos a que deban ajustarse la ejecución de la urbanización y su conservación. Aun cuando el municipio reciba cesiones de suelo de sistemas por efecto de la ejecución del plan, podrá exigir la constitución por tiempo indefinido de una entidad de conservación en la que se integren todos los propietarios de terrenos para el mantenimiento de la urbanización.
Artículo 252. Documentación.
Con independencia de cuanta documentación se exige para los planes de desarrollo en esta Ley, los que se tramiten en aplicación del presente capítulo contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria informativa, en la que, en particular, se consigne pormenorizadamente la situación registral de la propiedad y la consolidada de hecho en el estado de la posesión, la edificación y los usos del suelo y las infraestructuras y servicios existentes, así como todos aquellos datos históricos de la parcelación relativos a fechas de las segregaciones, personas implicadas o grado de estabilidad en la utilización de la edificación por los parcelistas. Se incluirá igualmente una relación de todos los titulares actuales de suelo, con sus nombres, apellidos y direcciones.
La memoria informativa incorporará, como anejo, una ficha de estado actual de cada parcela, con expresión de cuantas características resulten relevantes para la actuación, tales como la superficie de la parcela, superficie construida, usos, características de la edificación, parámetros urbanísticos consolidados, titularidad, datos registrales y catastrales, fechas de segregación y última transmisión, valoración de las obras y los cerramientos en relación con las normas de ornato del plan, medidas correctoras previstas o existencia de pozos de captación y vertido, así como fotografía o fotografías en colores y croquis de la edificación existente.
b) Memoria justificativa de la oportunidad de la actuación, así como de los plazos a los que haya de ajustarse, de la ordenación, de los parámetros urbanísticos adoptados, del sistema o sistemas de actuación procedentes y de cuantos compromisos deban asumir las partes implicadas.
La memoria justificativa incorporará, como anejo, un documento comprensivo de un estudio de riesgos naturales, redactado previos los informes que, en su caso, procedan, proyecto de integración paisajística y proyecto de medidas para la minimización de los impactos ambientales derivados de los vertidos, suministros y captaciones motivados por el núcleo irregular y de la circulación en torno al mismo.
c) Planos de información, con expresión de la delimitación del sector, de los predios existentes y del estado de la propiedad, de las características de la edificación y de los usos del suelo, de las infraestructuras individuales de captación de agua y vertido que existan y de la situación en relación con las infraestructuras territoriales existentes. Estos planos se elaborarán a escala adecuada, no inferior a 1:2000.
d) Planos de ordenación, con el contenido y la escala propios de los planes especiales de ordenación integral.
e) Ordenanzas reguladoras.
f) Plan de etapas.
g) Estudio económico y financiero.
h) Documento de compromisos de la iniciativa particular.
Artículo 253. Efectos.
1. Desde el momento en que se proceda a la aprobación inicial de un plan general, o modificación aislada del mismo, que regule los procesos previstos en los artículos anteriores, quedará en suspenso cualquier acto de parcelación en los terrenos afectados por los mismos. El planeamiento de desarrollo condicionará necesariamente la edificación de parcelas colindantes que pertenezcan al mismo propietario o a sus familiares en línea recta a su agrupación o agregación, a través del correspondiente proyecto de reparcelación, con independencia de su situación civil anterior e incluso en el caso de que constituyeran fincas independientes en el Registro de la Propiedad, quedando las unidades prediales así formadas plenamente sometidas a las limitaciones establecidas en esta disposición.
2. El plan general o, en su defecto, el planeamiento de desarrollo fijarán la parcela mínima, que no podrá ser inferior a la superficie que se encuentre consolidada en el sector o en las porciones continuas homogéneas en que a estos efectos pueda subdividirse. En caso de existir una situación de heterogeneidad tal que haga difícil establecer esta superficie, el plan general determinará un valor característico por debajo del que no podrá descender la superficie que se establezca para la parcela mínima a efectos de segregación o división. Sobre cada parcela mínima se podrá construir una sola vivienda. El planeamiento de desarrollo podrá determinar que se consideren edificables las parcelas inferiores a la mínima que ya estuvieran segregadas antes de la suspensión de actos de parcelación, siempre que sean colindantes con otras ya edificadas, agrupándose en caso contrario las parcelas inferiores con sus colindantes en el proceso de gestión.
3. Los únicos usos lucrativos admisibles en los ámbitos a que se refiere esta disposición son los de la vivienda unifamiliar, los agrícolas vinculados a la explotación familiar, con posibilidad de construcción de invernaderos y viveros, y los ganaderos compatibles con la dedicación residencial. En ningún caso se admitirá más edificación residencial que la vivienda unifamiliar aislada o pareada, con exclusión expresa de las viviendas en hilera, de las agrupaciones en forma de propiedades horizontales tumbadas y, en general, de la construcción de más de una vivienda en cada parcela. Las edificaciones tendrán las características establecidas en el plan general y en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.
4. La edificabilidad sobre parcela neta establecida por el planeamiento de desarrollo en el sector o en las porciones continuas homogéneas en que a estos efectos pueda subdividirse no podrá superar la fijada por el plan general sobre la base del índice de edificación característica en el ámbito correspondiente, aplicando los coeficientes de minoración o incremento que procedan. El propio plan general establecerá los criterios para calcular el índice de edificación característica en metros cuadrados por metro cuadrado. El plan general que prevea los procesos a que se refiere esta disposición deberá incluir la planimetría y los datos catastrales precisos para calcular el índice de edificación característica que deberán tomarse como referencia.
5. El aprovechamiento medio del sector será el resultado de dividir la superficie edificable lucrativa total, obtenida según lo dispuesto en el apartado anterior, por la superficie del sector. Los terrenos destinados a soportar la cesión al municipio del porcentaje del aprovechamiento medio establecido por la legislación vigente deberán constituir fincas vacantes de edificación anterior.
CAPÍTULO V
Deber de conservación
Sección 1.ª Deber de conservación, órdenes de ejecución e inspecciones periódicas
Artículo 254. Contenido.
1. Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística. A tal efecto, realizarán los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
2. La determinación de las citadas condiciones de conservación se llevará a cabo por los municipios, mediante órdenes de ejecución, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
3. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.
4. El deber de conservación de terrenos y solares podrá traducirse en el acondicionamiento de los mismos para un uso público del suelo, que tendrá carácter provisional y no supondrá dispensa del deber de edificar conforme al planeamiento. De ser necesaria la realización de obras de construcción, se aplicará a las mismas el régimen establecido en el artículo 29.3 de la presente Ley.
Artículo 255. Procedimiento.
1. El Alcalde podrá ordenar la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para conservar edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles en las condiciones indicadas en el artículo anterior, sin necesidad de que las obras y actuaciones estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación.
2. Salvo en los supuestos en que pudiera existir urgencia justificada o peligro en la demora, en el expediente de las órdenes de ejecución se dará audiencia a los interesados, detallando las obras y actuaciones que deban realizarse, su presupuesto, plazo de cumplimiento y, en su caso, la cuantía de la subvención administrativa.
3. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del deber normal de conservación que les corresponde.
4. Cuando las obras de conservación y rehabilitación que hayan de ejecutarse rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber.
Artículo 256. Subvenciones.
1. Cuando el presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una orden de ejecución supere la cuarta parte del valor de las edificaciones, excluido el suelo, el municipio podrá subvencionar hasta el diez por ciento de dicho presupuesto.
2. En todo caso, el municipio deberá costear íntegramente la parte del presupuesto de la orden de ejecución que supere el contenido normal del deber de conservación.
3. La supervisión de las obras subvencionadas corresponderá al propio municipio, que exigirá en todo caso la debida justificación de su exacta realización.
Artículo 257. Opción.
1. Si los propietarios interesados en los expedientes de las órdenes de ejecución consideran que las obras y actuaciones que el municipio pretende ordenar exceden del límite de su deber de conservación, podrán solicitar las subvenciones establecidas en el artículo anterior o la previa declaración del estado de ruina de las edificaciones.
2. Tras la adopción de la orden de ejecución no se admitirá expediente de declaración de ruina, salvo que se acredite mediante informe técnico de facultativo competente que la ruina hubiese sobrevenido igualmente, conforme a criterios objetivos, de haberse ejecutado las obras ordenadas. Cuando el interesado incumpla una o varias órdenes de ejecución y a consecuencia de ello se produzca la situación legal de ruina, el límite normal del deber de conservación se ampliará en la medida necesaria para restaurar el inmueble en los términos señalados por la orden u órdenes de ejecución incumplidas.
Artículo 258. Cumplimiento.
1. La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la documentación técnica o proyecto, en su caso, de las obras, a fin de que el municipio compruebe su adecuación a lo ordenado.
2. Incumplido el plazo establecido en la orden de ejecución, el municipio podrá decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso previa audiencia del obligado, la ejecución subsidiaria, la expropiación del inmueble, la aplicación de lo dispuesto en los artículos 217 a 224, la imposición de multas coercitivas, o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación básica estatal.
Artículo 259. Ejecución forzosa.
1. La periodicidad de las multas coercitivas para lograr el cumplimiento de las órdenes de ejecución no podrá ser inferior a un mes.
2. La cuantía de cada multa podrá alcanzar hasta el diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.
3. Podrán imponerse multas coercitivas hasta alcanzar el importe del coste estimado de las obras ordenadas.
4. Los ingresos generados por el cobro de las multas coercitivas impuestas quedarán afectados a la cobertura de los gastos que genere la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, todo ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado, junto a los intereses y gastos de gestión de las obras, hasta el límite del deber de conservación que resulte aplicable. En todo caso, el importe estimado de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
5. En cualquier momento podrá el municipio optar por el procedimiento de ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio de seguir el correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro de las multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.
Artículo 260. Inspección periódica de edificaciones.
1. Las edificaciones de uso predominantemente residencial con una antigüedad superior a cincuenta años que estén situadas en municipios de más de veinticinco mil habitantes deberán pasar cada quince años una inspección dirigida a determinar su estado de conservación.
2. Además de lo anterior, en el planeamiento urbanístico o, en defecto de previsión en el mismo, en ordenanza local, aprobada previo informe de los servicios provinciales del Departamento competente en materia de urbanismo, se podrán delimitar áreas en las que los propietarios o comunidades de propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección dirigida a determinar su estado de conservación. Igualmente, estas áreas podrán establecerse para la realización de dicha inspección sólo en las construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o protegidas o tengan una antigüedad superior a cincuenta años.
3. Los informes emitidos por técnico competente a resultas de las inspecciones deberán consignar el resultado de las mismas con descripción de los siguientes aspectos:
a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas recomendadas, en su caso, con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o edificación.
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o los informes técnicos de las inspecciones anteriores.
4. Los municipios podrán requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica.
5. Los informes regulados en este artículo u otros de naturaleza análoga que pudieran haberse establecido por los Municipios, se integrarán en el informe de evaluación de los edificios, teniéndose este ultimo por producido, en todo caso, cuando el ya realizado haya tenido en cuenta exigencias derivadas de a normativa autonómica o local iguales o mas exigentes a las establecidas en la legislación básica.
Sección 2.ª Declaración de ruina
Artículo 261. Supuestos, medidas, efectos y obligaciones.
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el municipio, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
2. Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una construcción o edificación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para asegurar la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, devolver la salubridad o calidad ambiental o recuperar las condiciones mínimas para un uso compatible con el planeamiento supere el límite del deber normal de conservación.
b) Cuando el coste de las reparaciones necesarias, unido al de las realizadas como consecuencia de la última inspección periódica, supere el límite del deber normal de conservación y exista una tendencia al incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación legal de fuera de ordenación o en la situación prevista en el artículo 269.4.
3. La declaración de la situación legal de ruina deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación.
4. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. Se presumirá que el propietario ha sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble cuando se haya cumplido el deber de inspección periódica del edificio o construcción.
5. La declaración legal de ruina comportará la aplicación del régimen de edificación forzosa establecido en esta Ley.
6. El propietario de construcciones o edificaciones declaradas en ruina deberá:
a) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para evitar daños a las personas o a bienes de terceros.
b) Proceder a la demolición, salvo que se trate de una construcción o edificación sujeta a algún régimen de protección integral por el planeamiento o la legislación de patrimonio cultural, o decida proceder a su rehabilitación.
En los edificios o construcciones catalogados o protegidos, podrá ordenarse la conservación de determinados elementos arquitectónicos, en los términos de la protección acordada, adoptando las medidas técnicas necesarias para su preservación. En caso de que, por estar el edificio sujeto a protección integral y no proceder su descatalogación, no sea jurídicamente posible autorizar la demolición, el municipio podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación. De no alcanzarse acuerdo, el municipio deberá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, asumiendo los costes que superen el deber de conservación, o, en los casos en los que el propietario haya incumplido su deber de conservación, proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario mediante la aplicación del régimen de ejecución forzosa previsto en esta Ley.
7. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el municipio, se aplicará lo establecido en el artículo 258.2.
8. El plazo para la resolución y notificación en el procedimiento de ruina será de seis meses, produciéndose, a falta de notificación de la resolución expresa en plazo, la caducidad del mismo si se inició de oficio, o considerándose desestimada la declaración si aquél se inició a instancia de parte.
Artículo 262. Ruina inminente.
1. Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación, su desalojo y la ejecución de demoliciones totales o parciales.
2. El municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al propietario hasta el límite del deber normal de conservación.
3. La adopción de estas medidas no presupondrá ni implicará la declaración de la situación legal de ruina.
4. Si se dispone el desalojo de los ocupantes del inmueble, se garantizará el derecho a la inviolabilidad del domicilio y los derechos reconocidos a los arrendatarios por la legislación arrendaticia.
Artículo 263. Alteración de la ruina.
1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, e iniciará u ordenará la iniciación de las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el estado físico de ruina.
2. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación conforme a los artículos 254, 256 y 257.
TÍTULO SEXTO
Disciplina urbanística
CAPÍTULO I
Inspección urbanística
Artículo 264. Competencias.
1. Los municipios, las comarcas y la Comunidad Autónoma ejercerán la actividad de inspección dentro de su ámbito de competencias y de forma coordinada, con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento del ordenamiento urbanístico.
2. La actividad de inspección ejercida por la Administración de la Comunidad Autónoma tendrá por objeto defender intereses urbanísticos supramunicipales e impedir cualesquiera actuaciones u omisiones que puedan afectar a competencias que esta Ley atribuye a la Comunidad Autónoma.
Artículo 265. Facultades.
1. Los inspectores urbanísticos tienen la condición de agentes de la autoridad, pueden solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad en su correspondiente ámbito competencial, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Autonómica y de las Policías Locales, respetando, en todo caso, los derechos a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio de los afectados por la actuación inspectora. Los inspectores urbanísticos deberán acreditar su condición mediante la correspondiente credencial.
Cuando para el ejercicio de la función inspectora fuera precisa la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización judicial, salvo que medie consentimiento del afectado. Cuando sea precisa la autorización judicial, en la solicitud de autorización se deberá identificar de la forma más precisa posible el local o recinto que se pretenda inspeccionar, justificando los indicios que hagan sospechar de la comisión de una infracción administrativa e identificando al funcionario que dirigirá la inspección, así como el número de personas que hayan de acompañarle. Una vez realizada la inspección, se levantará acta de las actuaciones realizadas y se elevará copia auténtica al órgano judicial que haya otorgado la autorización de la entrada.
2. Los inspectores urbanísticos podrán recabar la exhibición de la documentación relevante para el adecuado ejercicio de la función inspectora obrante en poder del interesado o de cualquier organismo público o privado. Los titulares, representantes legales o encargados de las fincas, construcciones y demás lugares sujetos a la actividad inspectora deberán facilitar a los inspectores urbanísticos el examen de las dependencias y el análisis de cualquier documento relativos a la acción inspectora.
3. Se considerará obstrucción de la actividad de inspección, realizando el inspector la oportuna advertencia indicando las posibles consecuencias legales y procediendo, si es preciso, al levantamiento del acta correspondiente:
a) La negativa injustificada a permitir el acceso a un inspector debidamente acreditado, salvo en los casos en que sea exigible la autorización judicial y no se haya obtenido ésta.
b) La negativa a efectuar la exhibición de la documentación a que se refiere el apartado anterior.
c) La incomparecencia en el lugar y fecha señalados por la inspección a efectos de la acción inspectora.
Artículo 266. Actas de inspección.
1. Las actas y diligencias extendidas por los inspectores urbanísticos tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. A efectos de la fe pública a que se refiere este apartado, se entiende por inspector urbanístico el funcionario público o persona al servicio de la Administración cuya relación contractual comporte similares garantías de imparcialidad y cualificación, que tenga entre sus funciones la realización de labores de inspección urbanística.
2. En las actas de inspección habrán de incluirse, como mínimo, el lugar, fecha y hora de la inspección, las circunstancias en las que se realizó la observación de las presuntas infracciones, la identidad del funcionario o funcionarios o personal al servicio de la Administración que participaron en la inspección y cualesquiera otras circunstancias fácticas que, a juicio del inspector, resulten relevantes, incluida, en su caso, la identificación de las personas presentes. Podrán incluirse también, a criterio del inspector, la calificación jurídica provisional de la o las posibles infracciones, con indicación del precepto legal o reglamentario presuntamente infringido y la propuesta de medidas provisionales o definitivas que fuesen convenientes para la protección de la legalidad.
3. Las actas que carezcan de un requisito formal relevante conforme a la legislación del procedimiento administrativo común o no procedan de un inspector urbanístico o funcionario dotado de fe pública, se considerarán como denuncias y darán lugar a las actuaciones correspondientes.
Artículo 267. Funciones.
Corresponde a los inspectores urbanísticos, en su ámbito de competencias, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La investigación y comprobación del cumplimiento del ordenamiento urbanístico, practicando las actuaciones y pruebas necesarias a tal fin.
b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas para asegurar el cumplimiento del ordenamiento urbanístico.
c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores que procedan.
CAPÍTULO II
Protección de la legalidad
Artículo 268. Obras y usos en curso de ejecución.
1. Cuando se estuviera realizando algún acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos, el Alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:
a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva, en la parte pertinente, a costa del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación.
b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, requerirá al interesado para que, en el plazo de dos meses, inicie la tramitación del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística o su modificación. En caso de no procederse a la legalización, decretará la demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra o del uso, en la parte pertinente, a costa del interesado.
2. En los supuestos en que se acuerde la paralización de las obras o actos de uso del suelo o del subsuelo, el Alcalde deberá adoptar las medidas necesarias para verificar y garantizar la total interrupción de la actividad, tales como la suspensión de los suministros provisionales de obra o el precinto o la retirada de los materiales y la maquinaria preparados para ser utilizados en la obra o actividad suspendida.
3. Transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento de protección de legalidad urbanística sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del mismo.
Artículo 269. Obras terminadas.
1. Si se hubiese concluido algún acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos, el Alcalde, dentro del plazo de prescripción de la correspondiente infracción urbanística, a contar desde la total terminación de las obras y previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el artículo anterior, apartado primero, letras a) o b), según proceda.
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá como fecha de finalización de las obras la de comprobación de esa circunstancia por la Administración. Se podrá utilizar cualquier medio de prueba para acreditar la terminación de las obras en fecha determinada y, en todo caso, los medios establecidos en la legislación estatal sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
3. Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planeamiento como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o suelo no urbanizable especial, el Alcalde adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el artículo anterior, apartado primero, sin limitación alguna de plazo, sin perjuicio de dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito.
4. El mero transcurso del plazo a que se refiere el apartado primero no conllevará la legalización de las obras realizadas y, en consecuencia, no podrán llevarse a cabo, en tanto persista la trasgresión del ordenamiento urbanístico, obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido, pero sí las pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene.
5. En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoación del expediente de legalización difiera del planeamiento vigente en el momento de la ejecución de las obras, se aplicará el más favorable a las obras realizadas.
6. Transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento de protección de legalidad urbanística sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del mismo.
Artículo 270. Ejecución forzosa.
1. Las administraciones públicas competentes en materia de disciplina urbanística adoptarán las medidas establecidas en los artículos precedentes con el fin de restablecer la legalidad urbanística y reponer la realidad física alterada como consecuencia de cualquier actuación no ajustada al ordenamiento jurídico urbanístico. A tal efecto, dictarán resolución que ponga fin al procedimiento administrativo y concretarán las medidas de demolición, reconstrucción o cesación definitiva del uso ilegal o cualquier otra dirigida a estos fines que deban realizarse a costa del interesado. En dicha resolución se otorgará un plazo para que puedan hacerse efectivas, de forma voluntaria, las medidas acordadas, advirtiéndose que, en caso de no cumplir con las mismas, la Administración procederá a la ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas.
2. Cuando se determine la imposición de multas coercitivas, su periodicidad no podrá ser inferior a un mes. La cuantía de cada multa podrá alcanzar hasta el diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. Podrán imponerse multas coercitivas hasta alcanzar el importe del coste estimado de las obras ordenadas. Los ingresos generados por el cobro de las multas coercitivas impuestas quedarán afectados a la cobertura de los gastos que genere la ejecución subsidiaria, todo ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra, junto a los intereses y gastos de gestión de las obras que se hayan generado. En todo caso, el importe estimado de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. En cualquier momento podrá el órgano competente optar por el procedimiento de ejecución subsidiaria, sin perjuicio de seguir el correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro de las multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.
3. El plazo máximo para el cumplimiento, voluntario o forzoso, de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística será de seis años desde que adquiera firmeza administrativa el acto que las acuerde. Trascurrido ese plazo, las instalaciones, construcciones o edificaciones quedarán en la situación urbanística descrita en el apartado cuarto del artículo precedente, lo que no comportará la cancelación de la inscripción de la orden de demolición o de otras medidas de restablecimiento que hayan accedido al Registro de la Propiedad.
Artículo 271. Suspensión de licencias.
1. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de títulos habilitantes de naturaleza urbanística, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos actos o acuerdos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave.
2. El Alcalde procederá, en el plazo de diez días, a dar traslado directo del anterior acuerdo de suspensión al órgano judicial competente, a los efectos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3. Hasta tanto no se dicte sentencia, continuará, en su caso, la paralización de las obras, que serán demolidas cuando la autoridad competente lo acuerde, si la sentencia anulase el título habilitante. Si el órgano judicial competente, al dictar sentencia, anulase el título habilitante, la autoridad que suspendió sus efectos ordenará la adopción de las medidas de restauración de la legalidad urbanística que procedan y, en su caso, la incoación de expediente sancionador, al objeto de imponer, si procediera, las multas correspondientes a los responsables. Tratándose de título habilitante u orden de ejecución que autorizase una demolición indebida, anulado el acto administrativo en vía jurisdiccional, la autoridad que suspendió sus efectos ordenará que se proceda a la reconstrucción de lo demolido. La Administración dará traslado de la sentencia al Registro de la Propiedad para su debida constancia.
4. La procedencia de indemnización por causa de anulación de títulos habilitantes en vía administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme al régimen establecido en la legislación estatal sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
5. Se considera que unas obras amparadas por el título habilitante u orden de ejecución están totalmente terminadas:
a) Cuando sean de nueva planta, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y si falta este documento, desde la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación.
b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en las condiciones señaladas para el caso anterior o, a falta de éste, desde que el titular de la licencia comunique al municipio la finalización de las obras.
En defecto de los documentos señalados en las letras anteriores, se tomará a todos los efectos como fecha de terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta situación por parte de la Administración.
Artículo 272. Competencias autonómicas y comarcales.
1. El órgano comarcal competente podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias de protección de la legalidad urbanística del Alcalde, previo requerimiento para su ejercicio y en caso de inactividad municipal por plazo de un mes.
2. El Director General competente en materia de urbanismo podrá ejercer directamente las competencias de protección de la legalidad urbanística, en el supuesto de infracciones muy graves que supongan la realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio público de titularidad autonómica, sistema general de carácter supralocal, suelo no urbanizable especial o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico. Podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias de protección de la legalidad urbanística, con las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior, en todos los demás casos en los que se vean directamente afectados bienes jurídicos de interés supramunicipal.
3. En los supuestos establecidos en el apartado anterior, cuando los actos de edificación o de uso del suelo o del subsuelo en ejecución, sin título habilitante o contra las condiciones del mismo, fuesen detectados por la inspección urbanística de la Administración autonómica, la medida provisional de paralización podrá ser acordada por la Dirección General competente en materia de urbanismo cuando concurran razones de urgencia que así lo aconsejen, especialmente en el caso de demoliciones, dando a continuación traslado de las actuaciones al municipio para que ejerza sus competencias en materia de protección de la legalidad urbanística.
Artículo 273. Revisión.
1. Las licencias, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución ilegales deberán ser revisados por la Administración que las haya adoptado en los casos y conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa de régimen jurídico de las Administraciones públicas.
2. El Consejero competente en materia de urbanismo, dentro de los mismos plazos establecidos para la revisión, podrá requerir del municipio la remisión de copias de los títulos habilitantes, órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución que pudieran ser ilegales, así como de los correspondientes proyectos técnicos, impugnándolos conforme a lo establecido en la legislación de régimen local.
3. Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zonificación o uso urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales, zonas verdes o espacios libres previstos en los planes serán nulas de pleno derecho.
Artículo 274. Suspensión de suministros.
1. Las órdenes de suspensión, paralización o demolición de cualesquiera obras, usos o edificaciones podrán ordenar la suspensión de suministros de energía, agua, gas y telefonía, así como, en su caso, el alcance de la misma de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente. En tal caso, dichas órdenes se notificarán a las empresas suministradoras a los efectos oportunos.
2. La suspensión de suministros comprenderá únicamente la de aquellos que se presten por las diferentes compañías, precisamente por razón de las obras, usos o edificaciones que hayan motivado la orden de suspensión, paralización o demolición, siendo a costa de la empresa suministradora y el solicitante del suministro, solidariamente, los importes económicos derivados tanto de la suspensión como de la reiniciación del suministro en cuestión.
3. La suspensión de los suministros sólo podrá levantarse una vez que se haya procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante notificación expresa en tal sentido de la Administración a las empresas suministradoras.
Artículo 275. Inscripción registral.
Los actos dictados en materia de disciplina urbanística serán inscribibles en el Registro de la Propiedad en los supuestos establecidos en la normativa estatal de aplicación.
Artículo 276. Sujeción a otros regímenes.
Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen específico de autorización, concesión o cualquier otro al que estuvieran sometidos determinados actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo.
CAPÍTULO III
Régimen sancionador
Artículo 277. Infracciones leves.
Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas con multa de seiscientos a seis mil euros:
a) La realización de actos de parcelación rústica sin licencia o declaración de innecesariedad, cuando fuesen legalizables o tengan escasa entidad.
b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, sin título habilitante, o contraviniendo sus condiciones, cuando tales actos sean legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico o tengan escasa entidad.
c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas u ordenanzas de edificación, del proyecto de urbanización o de obras ordinarias, cuando tales actos, por su escasa entidad, no constituyan una infracción grave o muy grave.
d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, salvo que constituya infracción grave.
e) El incumplimiento por las empresas suministradoras de las obligaciones que les impone esta Ley.
f) La realización de obras de urbanización compatibles con la ordenación urbanística aplicable sin la previa aprobación, cuando fuera preceptiva, del proyecto de urbanización o de obras ordinarias.
g) Las acciones u omisiones que retrasen o impidan el ejercicio de las funciones de vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística.
Artículo 278. Infracciones graves.
Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa de seis mil euros y un céntimo a sesenta mil euros:
a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre parcelaciones, siempre que no estén tipificados como infracción muy grave.
b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, de suficiente entidad y sin título habilitante o incumpliendo sus condiciones, cuando no fuera legalizable por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable y no esté tipificada como infracción muy grave.
c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenanzas de edificación, del proyecto de urbanización o del proyecto de obras ordinarias, cuando la actuación no fuere legalizable, no constituya infracción tipificada como muy grave, y por su entidad, no pueda ser tipificada como leve. En particular, se considerarán graves:
1.ª La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la edificabilidad o las condiciones de volumen determinados en el instrumento de planeamiento en más de un diez por ciento.
2.ª La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas habitables, no autorizables conforme al planeamiento de aplicación.
3.ª La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la altura máxima determinada por el instrumento de planeamiento en más de un diez por ciento.
4.ª La ejecución de edificaciones en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como mínima edificable en el instrumento de planeamiento.
5.ª El incumplimiento de la normativa urbanística sobre distancias de las edificaciones entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y linderos.
6.ª El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y estéticas contenidas en las ordenanzas urbanísticas y de edificación.
d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, cuando el grado de deterioro supere la cuarta parte del valor al que se refiere el artículo 254.3.
e) La ejecución de obras de consolidación, aumento de volumen y modernización en edificaciones calificadas como fuera de ordenación o en edificaciones ilegales que se encuentren en la situación urbanística contemplada en el artículo 269.4 de esta Ley.
f) Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que por sus características específicas posean un interés botánico o ambiental.
g) La realización de construcciones que menoscaben gravemente la belleza, armonía o visión del paisaje natural, rural o urbano.
h) El incumplimiento de la orden de paralización y de las demás medidas cautelares que pudieran imponerse para evitar la consolidación de la actuación ilegal como consecuencia de la ejecución de actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo realizados sin título habilitante de naturaleza urbanística o incumpliendo sus condiciones.
i) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme al instrumento de planeamiento general o de desarrollo urbanístico que sea de aplicación.
j) La infracción de las normas reguladoras de las transmisiones afectadas por los derechos de adquisición preferente de la Administración establecidas en esta Ley.
Artículo 279. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multa de sesenta mil euros y un céntimo a trescientos mil euros:
a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable no delimitado y en suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
b) La realización de obras de urbanización y de ejecución del planeamiento incompatibles con la ordenación urbanística aplicable sin la previa aprobación, cuando fuera preceptiva, del instrumento de planeamiento, proyecto de urbanización o de obras ordinarias preciso.
c) La realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio público, sistema general o local de espacios libres o equipamientos, suelo no urbanizable especial o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico.
Artículo 280. Responsables.
1. En las infracciones en materia de urbanización, uso del suelo y edificación serán responsables la junta de compensación, el urbanizador, el promotor, el constructor y los técnicos directores.
2. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables los propietarios iniciales de los terrenos posteriormente divididos y también el promotor de la actividad, considerando por tal al agente o intermediario que intervenga en la operación.
3. En las infracciones consistentes en el incumplimiento de las obligaciones de exigir licencia y de suspender los suministros serán responsables las empresas suministradoras de los servicios.
4. En las infracciones al deber de conservación serán responsables los propietarios de las edificaciones o instalaciones.
5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado y del beneficio derivado de la comisión de la infracción.
6. En el supuesto de realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales, cuyo contenido sea constitutivo de una infracción urbanística grave o muy grave, serán igualmente responsables los facultativos y los miembros de la corporación que hubieran informado o votado a favor o adoptado el acuerdo de otorgamiento del mismo, mediando dolo, culpa o negligencia grave en su actuación.
Artículo 281. Infracciones al amparo de título habilitante.
1. Si las actividades constitutivas de infracción urbanística se hacen al amparo de un título habilitante o de una orden de ejecución y de acuerdo con sus determinaciones, no se puede imponer ninguna sanción mientras no se anule el acto administrativo que las autoriza. El procedimiento de anulación interrumpe el plazo de prescripción de la infracción cometida.
2. Si la anulación es consecuencia de la del instrumento de planeamiento o de gestión del que sean ejecución o aplicación, no habrá lugar a imposición de sanción alguna a quienes hayan actuado ateniéndose a dichos actos administrativos, salvo que hayan promovido el instrumento anulado mediando dolo, culpa o negligencia grave.
Artículo 282. Graduación de sanciones.
1. La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción, conforme a los criterios establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común.
2. En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el infractor. Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier beneficio derivado de la comisión de la infracción, la Administración, al imponer la correspondiente sanción, deberá además cuantificar dicho beneficio e imponer su pago al infractor.
3. Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
4. Las cantidades que pudiera ingresar la Administración como consecuencia de sanciones deberán afectarse a actividades urbanísticas.
5. Será circunstancia eximente la completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y la reparación de los posibles daños causados, realizada antes del inicio del procedimiento sancionador.
6. Son circunstancias agravantes, además de las establecidas en la legislación de procedimiento común:
a) Prevalerse para la comisión de la infracción de la titularidad de un oficio o cargo público.
b) La declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos.
c) La comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto con anterioridad una sanción firme por cualesquiera infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años.
7. Son circunstancias atenuantes:
a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados.
b) La paralización de las obras o el cese en los actos de instalación, construcción o edificación o uso del suelo de modo voluntario tras la advertencia del inspector.
c) La ausencia de daño sustantivo a los bienes protegidos por la ordenación urbanística.
d) La completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y la reparación de los posibles daños causados, realizada antes de la finalización del procedimiento sancionador.
En estos supuestos, una vez constatada fehacientemente la reposición de la realidad física alterada, la Administración podrá imponer la multa correspondiente a las infracciones de gravedad inmediatamente inferior. Cuando en la comisión de infracciones leves concurra dicha circunstancia, la multa se impondrá en su cuantía mínima.
8. Son circunstancias que, según el caso, atenúan o agravan la responsabilidad:
a) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
b) La cuantía del beneficio obtenido de la infracción o, por el contrario, la realización de infracciones sin beneficio económico.
c) La gravedad del daño producido al modelo de ocupación del territorio o, por el contrario, la ausencia de impacto en ese modelo.
Artículo 283. Medidas complementarias.
1. Con independencia de las sanciones personales, la Administración debe imponer las obligaciones de restaurar el orden urbanístico alterado, reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal e indemnizar los daños y perjuicios causados.
2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El coste teórico de la restitución y reposición.
b) El valor de los bienes dañados.
c) El coste del proyecto o actividad causante del daño.
d) El beneficio obtenido con la actividad infractora.
3. En los supuestos de comisión de infracciones graves o muy graves cometidas por un agente urbanizador en el ejercicio de sus funciones, podrá imponerse como sanción accesoria la inhabilitación para actuar como agente urbanizador por un tiempo mínimo de un año y no superior a cinco años.
Artículo 284. Prescripción.
1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un año; para las graves, de cuatro años, y para las muy graves, de diez años, de conformidad con lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común.
2. El plazo se computará desde la fecha en que se hubieran cometido los hechos o, si ésta fuere desconocida, desde la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador. Se entenderá que no ha podido incoarse el procedimiento sancionador mientras no aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.
3. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracción, el órgano competente acordará la no procedencia de iniciar el procedimiento sancionador. Igualmente, si en la tramitación del expediente se advirtiera la prescripción de la infracción, se resolverá la conclusión del mismo con archivo de las actuaciones.
4. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
5. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años de su imposición; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
Artículo 285. Competencias.
1. Corresponde sancionar al Alcalde por las infracciones leves, y al Ayuntamiento Pleno por las infracciones graves y muy graves.
2. El órgano comarcal competente podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias sancionadoras por infracciones graves y muy graves cuando, tras requerir al municipio para que incoe el expediente sancionador, éste no iniciara la tramitación del mismo en el plazo del mes siguiente o lo mantuviera paralizado por más de tres meses.
3. El Director General competente en materia de urbanismo podrá ejercer directamente las competencias sancionadoras, en el supuesto de infracciones muy graves que supongan la realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio público de titularidad autonómica, sistema general de carácter supralocal, suelo no urbanizable especial o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico. Podrá subrogarse en el ejercicio de las competencias sancionadoras, con las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior, en todos los demás casos en los que se vean directamente afectados bienes jurídicos de interés supramunicipal.
4. En todo caso, cuando el órgano comarcal competente ejerza competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística, será también competente para ejercer la potestad sancionadora, conforme a la distribución de competencias establecida en el apartado anterior.
Artículo 286. Ejecución forzosa.
El órgano que haya impuesto la sanción podrá proceder a la ejecución forzosa de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores mediante apremio sobre el patrimonio, cuando la resolución del expediente sancionador acuerde la imposición de una o varias multas y éstas no sean abonadas en periodo voluntario, siguiéndose el procedimiento establecido por las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía de apremio.
Artículo 287. Condonación parcial.
1. Cuando con posterioridad a la imposición de la multa, pero antes del inicio del procedimiento de apremio, el obligado proceda a la completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y a la reparación de los posibles daños causados, la Administración actuante, previa comprobación fehaciente del cumplimiento de las obligaciones del interesado, condonará la multa en el cincuenta por ciento de su cuantía.
2. La condonación será acordada por el órgano que dictó la resolución sancionadora, a solicitud de interesado.
TÍTULO SÉPTIMO
Régimen urbanístico simplificado
Artículo 288. Ámbito subjetivo.
1. Los municipios con población inferior a dos mil habitantes podrán ejercer sus competencias urbanísticas de conformidad con las especialidades establecidas en el presente título.
2. El régimen urbanístico simplificado regulado en este título no será de aplicación en los municipios con población inferior a dos mil habitantes que, mediante orden del Consejero competente en materia de urbanismo, adoptada de oficio o a iniciativa del correspondiente municipio, se señalen expresamente por su relevancia territorial, turística, cultural o de otro orden, por razones tales como la especial intensidad y dinamismo de la actividad urbanística, un notable incremento acreditado de los precios del suelo o de la vivienda o su cercanía a municipios de más de ocho mil habitantes.
3. La orden prevista en este artículo se dictará a propuesta del Director General competente en materia de urbanismo, previa audiencia a los municipios afectados e informe del Consejo Provincial de Urbanismo.
4. Los umbrales demográficos determinantes de la posible aplicación del régimen urbanístico simplificado se considerarán según los datos del último padrón.
Artículo 289. Zonas de borde.
1. La zona de borde es la superficie de terreno que envuelve al suelo urbano de un municipio, clasificada como suelo no urbanizable genérico o especial de acuerdo con las determinaciones de esta Ley y donde se admiten determinadas construcciones de forma que se posibilite un cierto desarrollo en los municipios, conforme a lo establecido en este artículo.
2. El régimen de la zona de borde será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) En los municipios sujetos al régimen urbanístico simplificado sin plan general, sin necesidad de una previa delimitación y salvo acuerdo en contra del Ayuntamiento Pleno o salvo que los usos admisibles en la zona de borde sean incompatibles con el régimen jurídico del suelo no urbanizable correspondiente.
b) En aquellos municipios sujetos al régimen urbanístico simplificado en cuyo plan no se prevea suelo urbanizable y así se determine expresamente.
c) En los municipios con plan general no sujeto al régimen urbanístico simplificado para aquellos núcleos de población inferiores a mil habitantes, clasificados por el plan como núcleos urbanos consolidados y siempre que no sea de aplicación lo establecido en el artículo 288.2 de esta Ley.
3. En las zonas de borde, podrá autorizarse, pudiendo conectarse a las redes municipales, la construcción de vivienda unifamiliar, almacenes y pequeñas industrias compatibles con el entorno. La parcela deberá tener una superficie igual o superior a tres mil metros cuadrados. El Ayuntamiento Pleno podrá fijar una superficie inferior en función del parcelario previamente existente, previo informe del Consejo Provincial de Urbanismo, que se emitirá en el plazo máximo de dos meses con carácter vinculante, siendo el silencio positivo.
4. En todo caso, la zona de borde deberá ser contigua al suelo urbano procurando una adecuada coherencia con los usos existentes y salvaguardando la imagen urbana del núcleo consolidado. La prolongación de las redes generales municipales no será en ningún caso superior a trescientos metros desde el punto de conexión con las mismas o distancia inferior que fije el Ayuntamiento Pleno. La parcela quedará vinculada registralmente a la edificación y no podrá construirse en ella ninguna otra vivienda ni edificación.
5. La directriz especial de urbanismo establecerá las condiciones mínimas de autorización. En tanto no sea aprobada, se deberá tener en cuenta:
a) La necesidad de evitar la formación de núcleos de población desconectados del preexistente y mantener el parcelario existente a la entrada en vigor de esta Ley.
b) Las construcciones deberán integrarse en el medio rural sin perturbarlo, acomodándose a las características tipológicas tradicionales propias del municipio en el que se ubiquen. Las construcciones tendrán la condición de aisladas con fachadas a todos sus frentes y retranqueos mínimos de seis metros en el lindero que da a la vía de acceso y de tres metros respecto al resto de linderos, siendo la franja de terreno de tres metros de anchura más próxima a la vía de acceso de cesión obligatoria y gratuita al municipio.
c) Las construcciones destinadas a vivienda familiar no podrán rebasar la superficie construida de trescientos metros cuadrados. Las destinadas a almacenes o pequeñas industrias no podrán superar los cuatrocientos metros cuadrados.
d) Las infraestructuras de conexión con las redes generales municipales deberán dimensionarse para un adecuado desarrollo de la totalidad de la zona debiendo aportarse, junto con la solicitud, los criterios de reparto entre los propietarios de parcelas que pudieran conectar a las mismas.
e) Se debe garantizar el establecimiento previo o simultáneo de la infraestructura de conexión y la edificación.
f) Las infraestructuras de conexión discurrirán por terrenos de uso público y libre tránsito, y su conservación quedará a cargo de quienes las utilicen. Cuando las redes no pudieran discurrir por terrenos de dominio público, se podrá admitir su trazado sobre terrenos privados con la autorización del propietario y garantías sobre su conservación y mantenimiento mediante la imposición de servidumbres de paso y acueducto, en compromiso elevado a escritura pública o formalizado ante el Secretario de la Corporación.
g) Las vías de acceso mantendrán su carácter rural, no siendo exigibles ni la existencia de aceras ni tratamientos y pavimentos claramente urbanos.
6. La conexión a las redes generales municipales tendrá lugar en todo caso conforme a las siguientes reglas:
a) Las obras necesarias para la conexión serán ejecutadas por el propietario, o conjuntamente por varios de ellos, sin perjuicio de su cesión gratuita al municipio una vez ejecutadas.
b) Para el dimensionamiento de las infraestructuras de conexión con las redes generales municipales, deberá tenerse en cuenta, tanto el número como la superficie de parcelas que pudieran conectar a las mismas, para permitir un adecuado desarrollo de la totalidad de la zona, debiendo aportarse junto con la solicitud los criterios de reparto entre los propietarios de parcelas que pudieran conectar a las mismas.
c) El Ayuntamiento podrá garantizar a los propietarios que realicen las obras de conexión y prolongación de las infraestructuras existentes el derecho al reembolso proporcional de los costes realizados durante un plazo máximo de diez años desde la recepción o cesión de las obras. A tal efecto, fijará y cobrará la cuota de enganche para los nuevos usuarios.
d) El Ayuntamiento podrá asumir la conservación de las infraestructuras repercutiendo a los usuarios su coste real.
7. La autorización de edificaciones o construcciones conforme al régimen especial de la zona de borde requerirá, en tanto no se apruebe la directriz especial de urbanismo, en el caso de vivienda unifamiliar y pequeñas industrias, el previo informe favorable del Consejo Provincial de Urbanismo, que deberá emitir en el plazo de dos meses desde que le sea remitido el expediente por el municipio, transcurridos los cuales se entenderá emitido informe favorable. La autorización tendrá el contenido y grado de detalle de la licencia urbanística, a la que sustituirá.
8. La directriz especial de urbanismo podrá, de conformidad con esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, establecer un régimen específico para las zonas de borde de los municipios de la correspondiente delimitación que éstos podrán asumir.
Artículo 290. Plan general simplificado.
1. Los municipios sujetos al régimen urbanístico simplificado podrán dotarse de un plan general de ordenación urbana conforme a lo establecido en el título segundo de esta Ley o de un plan general de ordenación urbana simplificado conforme a lo establecido en este título y en la directriz especial de urbanismo.
2. El plan general simplificado de estos municipios tendrá las siguientes determinaciones mínimas:
a) Clasificación del suelo, determinando el ámbito territorial de cada una de las distintas clases del suelo. No podrán clasificar suelo urbanizable no delimitado.
b) Establecimiento de la ordenación pormenorizada del suelo urbano, el régimen de protección del suelo no urbanizable y, en su caso, las condiciones de urbanización del suelo urbanizable.
3. Los planes generales simplificados podrán acogerse facultativamente a las siguientes reglas:
a) Podrán clasificar como suelo urbano los terrenos integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en sus dos terceras partes, siempre que se trate de espacios homogéneos en cuanto a su uso y tipología y cuenten con los servicios urbanísticos básicos o vayan a contar con estos servicios sin otras obras que las de la conexión a las instalaciones ya en funcionamiento dentro de un crecimiento racional del suelo en virtud de la tipología urbana y arquitectónica del municipio.
En todo caso, no podrá otorgarse licencia de edificación sin la previa o simultánea realización de las obras necesarias para que la parcela adquiera la condición de solar, conforme a las determinaciones del régimen de urbanización de obras públicas ordinarias.
b) Podrán no clasificar ningún terreno como suelo urbanizable y aplicar el régimen de zona de borde regulado en el artículo anterior mientras no clasifiquen ningún suelo urbanizable.
c) No será precisas compensaciones de aprovechamiento entre sectores de suelo urbanizable delimitado.
4. Los planes generales simplificados podrán omitir total o parcialmente las normas urbanísticas, remitiéndose a lo dispuesto en la directriz especial de urbanismo en aquellos aspectos regulados en la misma sobre contenidos propios del planeamiento urbanístico que no sean de obligado cumplimiento. En tales casos, sus determinaciones y documentación se limitarán a aquellos aspectos que no hayan sido objeto de remisión.
5. Los planes generales simplificados de municipios que cuenten con varios núcleos de población diferenciados cuya población, individualmente considerada para cada núcleo, sea inferior a mil habitantes podrán someter a alguno o algunos de ellos al régimen establecido para municipios sin plan general regulado en el artículo anterior.
6. Las determinaciones y documentación de los planes generales simplificados tendrán el nivel de detalle adecuado a sus características. La exigencia, extensión y nivel de detalle de los mismos podrá modularse, en los términos establecidos reglamentariamente, atendidas las características del plan general correspondiente y las superficiales, demográficas y de complejidad territorial, urbanística, ambiental o de otro orden del municipio. En todo caso, deberán contar con el correspondiente catálogo, conforme a las determinaciones del artículo 47 de esta Ley, aunque podrán remitir el régimen de protección a la directriz especial de urbanismo.
7. Los planes generales simplificados que no clasifiquen suelo urbanizable no precisarán del trámite ambiental siempre que el órgano ambiental competente haya emitido informe favorable previo a la aprobación inicial.
8. Sin perjuicio de la competencia municipal para su aprobación inicial y provisional, podrá formalizarse, mediante convenio entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica, la encomienda de la tramitación del plan general simplificado en la Administración de la Comunidad Autónoma. En tal caso, la realización de los diferentes trámites se realizará bajo la dirección del Consejo Provincial de Urbanismo.
Artículo 291. Reservas de sistemas generales y dotaciones públicas.
El plan general podrá adaptar, justificadamente y en función de las necesidades del municipio de que se trate, las reservas exigibles, conforme a lo establecido en esta Ley, en lo que pudieran afectar al propio plan general o a los planes especiales de reforma interior.
Artículo 292. Aprovechamiento urbanístico.
1. En los municipios de menos de dos mil habitantes, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario de suelo urbano donde la urbanización se ejecute en régimen de obras públicas ordinarias sin reparcelación será el objetivo establecido por el planeamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127.2.
2. En los municipios de menos de dos mil habitantes, mediando acuerdo del Ayuntamiento Pleno, la cesión al municipio prevista en el artículo 25.e) podrá realizarse ordinariamente en metálico, salvo en los supuestos allí establecidos, en terrenos o en otros bienes inmuebles ubicados en el mismo municipio.
Artículo 293. Gestión urbanística.
1. La ejecución del planeamiento en los municipios con población inferior a dos mil habitantes que cuenten con plan general tendrá lugar en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley. En el suelo urbano de estos municipios podrá ejecutarse en todo caso el planeamiento mediante la imposición al propietario de la ejecución previa o simultánea de las obras de urbanización precisas, la aprobación de un programa de edificación o la urbanización en régimen de obras públicas ordinarias conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
2. En los municipios con población inferior a dos mil habitantes que carezcan de plan general podrá imponerse al propietario la previa o simultánea ejecución de la urbanización precisa para la conversión de su parcela en solar al otorgar licencia de edificación en el suelo urbano.
Artículo 294. Ejecución y obtención de terrenos dotacionales.
1. La ejecución de la ordenación pormenorizada del suelo urbano en los municipios con población inferior a dos mil habitantes, podrá llevarse a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la normativa de régimen local, y siendo de aplicación las disposiciones establecidas en esta Ley para las actuaciones aisladas.
2. En los municipios con plan general simplificado que no delimiten unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado a desarrollar necesariamente por uno de los sistemas de gestión previstos legalmente y la urbanización se desarrolle por obras ordinarias, la obtención de los terrenos dotacionales podrá realizarse por alguno de los siguientes mecanismos:
a) Mediante convenio urbanístico de gestión suscrito por los propietarios interesados.
b) Mediante la imposición al propietario de las cesiones necesarias al otorgar la licencia de edificación.
c) Mediante normalización de fincas o, en caso de ser necesario, reparcelación. En este caso, se definirá el ámbito objeto de reparcelación a través del procedimiento establecido en esta Ley de aprobación de los estudios de detalle.
d) Mediante expropiación forzosa u ocupación directa.
3. En todo caso, el coste de las obras de urbanización deberá ser sufragado por los propietarios mediante el pago de cuotas de urbanización. Las fincas o parcelas responderán con carácter real del pago.
4. Las cuotas de urbanización se regirán por los siguientes criterios:
a) Serán aprobadas por el Ayuntamiento sobre la base del coste total de las obras, pudiendo aprobar una liquidación provisional y otra definitiva en el plazo máximo de un año desde la finalización de las obras.
b) El plazo ordinario de pago será de un mes, transcurrido el cual podrá iniciarse la vía de apremio.
c) Los municipios podrán girar con la periodicidad que determinen cuotas de urbanización a cuenta.
d) Los municipios podrán acordar, previa solicitud, el pago aplazado de cada una de las cuotas de urbanización, siendo de aplicación la regulación que rige en el sistema de cooperación.
Disposición adicional primera. Suelo no urbanizable especial en municipios sin planeamiento.
En los municipios que carezcan de plan general de ordenación urbana, tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial, siempre que no tengan la condición de suelo urbano los que se definen en la presente Ley como suelo no urbanizable especial y además:
a) Las riberas y la zona de policía de cien metros de anchura de las márgenes en los cauces de corrientes continuas.
b) Los terrenos situados en una zona de doscientos metros de anchura desde la cota correspondiente al mayor nivel ordinario de las aguas en las lagunas, estanques naturales y embalses superficiales.
c) Los terrenos situados en una zona de diez metros de anchura a cada lado de las áreas arboladas que formen un ribazo o hilera de arbolado de longitud superior a cien metros.
d) Las áreas arboladas compactas con densidades de arbolado superiores a un árbol por cada treinta metros cuadrados, siempre que no sean objeto del cultivo agrícola.
e) Los terrenos con pendiente media superior al veinticinco por ciento.
Disposición adicional segunda. Unidad mínima de cultivo.
A los efectos prevenidos en el artículo 28.3 de esta Ley, se aplicarán las unidades mínimas de cultivo que fije la Comunidad Autónoma de Aragón, y en su defecto, las determinadas en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de mayo de 1958.
Disposición adicional tercera. Evaluación ambiental y de impacto ambiental.
Los planes y proyectos urbanísticos que deban someterse a los procedimientos de evaluación ambiental o de evaluación de impacto ambiental no podrán aprobarse definitivamente hasta que se hayan cumplido los requisitos exigidos en la legislación autonómica de evaluación ambiental, teniendo en cuenta las especialidades establecidas en esta Ley.
Disposición adicional cuarta. Información pública y audiencia de interesados por iniciativa privada.
1. En los supuestos en los que esta Ley prevé que los particulares puedan promover el trámite de información pública por iniciativa privada, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los promotores del trámite anunciarán la convocatoria de información pública, por el plazo aplicable, en el boletín oficial que hubiera correspondido de haber actuado la Administración, precisando el carácter con el que actúan, los trámites realizados y la identificación del municipio donde podrá consultarse la documentación y al que los comparecientes en el trámite habrán de dirigir sus alegaciones. Copia de la convocatoria se remitirá al mismo municipio.
b) El Alcalde dispondrá lo necesario para la pública consulta de la documentación disponible en el municipio, durante el plazo aplicable.
c) Los comparecientes en el trámite podrán presentar sus alegaciones ante el municipio, con arreglo a la legislación del procedimiento administrativo común. El municipio certificará las alegaciones presentadas, dando traslado de una copia de éstas y de la certificación a los promotores del trámite.
d) Los promotores acreditarán la realización del trámite de información pública por iniciativa privada mediante la copia de la convocatoria publicada y la certificación administrativa acreditativa de las alegaciones, así como la copia de las que se hubieren presentado, que podrán acompañar con sus propias observaciones.
2. En los supuestos en los que esta Ley prevé que los particulares puedan promover el trámite de audiencia de interesados por iniciativa privada, se aplicarán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior, con la salvedad de que la convocatoria será notificada a los interesados por vía notarial, acreditándose su práctica mediante el oportuno testimonio notarial.
Disposición adicional quinta. Publicidad y publicación.
1. Los documentos de los planes y demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e informarse de los mismos en el municipio.
2. Serán objeto de publicación en el diario oficial correspondiente cuantas resoluciones y acuerdos deban serlo conforme a la legislación del procedimiento administrativo común y, en todo caso, las convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento de licencias, los acuerdos de aprobación definitiva de planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto íntegro de cualesquiera normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización.
3. La publicación se insertará en la sección provincial que corresponda cuando las resoluciones o acuerdos hubieren sido adoptados por Administraciones Locales u órganos periféricos de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyo ámbito de actuación no sea superior al provincial, y en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma cuando los hubieren adoptado órganos cuyo ámbito de actuación supere al provincial. Adicionalmente, podrá acordarse la publicación en diferentes medios de comunicación social, a fin de lograr la máxima difusión.
4. Los planes y demás instrumentos aprobados por silencio administrativo se publicarán a instancia del Alcalde o de los interesados, previa acreditación del cumplimiento de los trámites establecidos en esta Ley y en la legislación del procedimiento administrativo común.
5. El coste de las publicaciones oficiales en los procedimientos seguidos a instancia de interesado, cuando exista, será a cargo de los correspondientes promotores o solicitantes.
Disposición adicional sexta. Subvenciones para adaptación y elaboración de planes generales y otros instrumentos.
El Departamento competente en materia de urbanismo elaborará una línea especial de ayudas técnicas y económicas a los municipios para adaptar sus planes generales, normas subsidiarias municipales o delimitaciones del suelo urbano a las exigencias establecidas en esta Ley para los planes generales, teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad de los municipios.
Disposición adicional séptima. Régimen de la información pública.
Será preceptivo reiterar el trámite de información pública en un mismo procedimiento cuando se introduzcan modificaciones sustanciales en el instrumento de planeamiento o gestión o en la autorización o licencia en tramitación.
Disposición adicional octava. Residuos de construcción y demolición.
1. El proyecto técnico que, en su caso, acompañe la solicitud de licencias urbanísticas deberá incluir un estudio de generación de residuos de construcción y demolición cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
2. El solicitante de la licencia urbanística deberá otorgar garantía o fianza equivalente para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en los actos para los que se solicita la licencia. Esta obligación no será exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas de obras menores o reparación domiciliaria.
3. Las entidades locales condicionarán el otorgamiento de las licencias urbanísticas a la previa constitución de esta fianza o garantía equivalente.
4. La fianza o garantía equivalente se cancelará, procediendo a su devolución, cuando el productor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de gestión previstos reglamentariamente.
5. El importe de la fianza será de doce euros por tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de 120 euros y un máximo del cuatro por ciento del presupuesto de construcción previsto en el proyecto de obra. Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar periódicamente el importe de esta fianza o garantía equivalente.
Disposición adicional novena. Centros de esquí y de montaña.
Los planes generales de ordenación urbana de los municipios de las áreas de influencia de planes y proyectos de interés general de Aragón de centros de esquí y de montaña deberán incluir las siguientes determinaciones:
a) Medidas tendentes a consolidar, mejorar y preservar el sistema de núcleos de población, conforme a lo establecido en la normativa territorial y urbanística.
b) Medidas tendentes a potenciar la calificación y el desarrollo prioritarios de usos hoteleros o, en general, de alojamientos turísticos en sus diferentes modalidades, frente a los residenciales.
c) Justificación de los desarrollos residenciales previstos y su relación con los centros de esquí y de montaña, pudiendo vincularse la ordenación y gestión de actuaciones inmobiliarias a las inversiones precisas para su implantación y mejora, garantizando, en todo caso, el estricto cumplimiento de los criterios y límites establecidos con carácter general en la vigente normativa de ordenación del territorio y urbanismo.
d) Parámetros urbanísticos que presten especial atención a la salvaguarda del paisaje urbano y las características urbanísticas y constructivas tradicionales en cada población.
Disposición adicional décima. Flexibilización en los plazos.
Los plazos fijados en esta Ley para el cumplimiento de los deberes urbanísticos podrán ser flexibilizados por los municipios a través de su planeamiento o por el Gobierno de Aragón, con carácter general para todo o parte del territorio, siempre de forma excepcional y debidamente motivada, en atención a las circunstancias económicas y al contexto económico y social, sin que en ningún caso puedan producirse dispensas singulares.
Disposición adicional undécima. Plataforma Web urbanística de Aragón.
El Gobierno de Aragón desarrollará una aplicación que facilite la participación en los procedimientos de planificación urbanística y que tendrá como finalidad posibilitar el acceso a la documentación de los planes generales a través de una plataforma Web, cuando así se acuerde con los Ayuntamientos, tanto a los particulares en los periodos de participación pública como a los departamentos y entidades que deban emitir informe sectorial conforme a la normativa correspondiente.
Disposición adicional duodécima. Régimen de los suelos contaminados.
En tanto se desarrolle una normativa autonómica en la materia, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:
1. Cuando una modificación del plan general tenga por objeto un cambio de uso del suelo, que afecte a terrenos en los que se haya desarrollado alguna de las actividades potencialmente contaminantes del suelo incluidas en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, o que hayan sido declarados contaminados e inventariados, se deberá solicitar informe vinculante sobre la calidad del suelo, al órgano autonómico competente que lo emitirá en el plazo de un mes, siendo el sentido del silencio positivo.
2. Las solicitudes de licencia urbanística en suelos en los que se haya desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, o que hayan sido declarados contaminados e inventariados, deberán acompañarse de estudios que garanticen que no existe riesgo para la salud humana, ni para el medio ambiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 9/2005.
Disposición adicional decimotercera. Cesiones para equipamientos.
1. El planeamiento podrá justificar que las cesiones para equipamientos se realicen en edificabilidad, haciendo compatible en una misma parcela el uso dotacional con otros usos.
2. La cesión de la edificabilidad necesaria podrá hacerse mediante la constitución de un complejo inmobiliario, correspondiendo la propiedad del suelo a la Administración, aunque permitiendo una pluralidad de usos, públicos o privados, mediante la constitución de los correspondientes derechos de superficie. En tal caso, en el plan deberán estar previstos los criterios para la constitución del complejo inmobiliario, previéndose una duración determinada o, subsidiariamente, las causas de disolución del complejo inmobiliario, en el marco de la legislación estatal.
3. En suelo urbano no consolidado, cuando sea la única forma viable de materializar los equipamientos planificados, la cesión podrá materializarse en la entrega en propiedad a la Administración de una parte de un edificio que tenga las condiciones adecuadas para ser utilizada para los fines públicos a que esté destinado. En el acuerdo por el que se apruebe el proyecto de reparcelación, deberá establecerse el plazo para la entrega a la Administración, condicionándose la efectividad de la citada aprobación a la constitución de garantías reales y financieras suficientes para garantizar la cobertura de los costes de la ejecución directa por la Administración en caso de incumplimiento de los plazos.
Disposición adicional decimocuarta. Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente Ley se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición transitoria primera. Normas Provinciales.
1. Las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales actualmente en vigor en las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en tanto no contradigan los contenidos de esta Ley, mantendrán su vigencia, incluso con carácter complementario, hasta que sean sustituidas por la directriz especial de urbanismo prevista en esta Ley o se acuerde su derogación por el Gobierno de Aragón.
2. En tanto no se produzca la citada sustitución, las normas subsidiarias y complementarias provinciales podrán ser actualizadas conforme al procedimiento de aprobación de los planes especiales de iniciativa autonómica.
A las normas subsidiarias y complementarias se podrán incorporar materias propias de la directriz especial de urbanismo, en especial en lo relativo al régimen de los pequeños municipios.
Las remisiones contenidas en la presente Ley a la directriz especial de urbanismo podrán entenderse hechas a las normas subsidiarias y complementarias provinciales en la medida en que a las mismas se hayan incorporado los correspondientes contenidos.
Disposición transitoria segunda. Instrumentos urbanísticos vigentes.
1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos urbanísticos vigentes a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, continuarán aplicándose en los contenidos que no sean contrarios a esta Ley, conforme a las equivalencias establecidas en la siguiente disposición transitoria.
2. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos urbanísticos podrán adaptarse a las determinaciones de esta Ley a través del correspondiente procedimiento de modificación o de revisión.
3. Los coeficientes de ponderación de vivienda protegida fijados en el planeamiento general vigente continuarán siendo de aplicación hasta que se proceda a su revisión. No obstante, mediante modificación del planeamiento general vigente, podrán unificarse dichos coeficientes conforme a lo establecido en esta Ley antes de la revisión.
4. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a través del procedimiento establecido para los planes generales en esta Ley. En todo caso, cuando se proceda a su revisión, deberán adaptarse a la misma.
5. El carácter de ordenación estructural o pormenorizada de las determinaciones que establezcan los instrumentos de planeamiento vigentes a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se determinará conforme a los criterios establecidos en esta Ley.
6. Los proyectos de delimitación del suelo urbano vigentes a la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se someterán al régimen de modificaciones establecido en esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del suelo.
1. El régimen urbanístico de la propiedad establecido en esta Ley se aplicará íntegramente desde la entrada en vigor de las correspondientes determinaciones contenidas en las leyes refundidas conforme a las siguientes equivalencias:
a) El suelo urbano existente se regirá por las disposiciones de esta Ley, aplicándose el régimen del suelo urbano no consolidado en todos los ámbitos del suelo urbano incluidos en polígonos, unidades de actuación o unidades de ejecución.
b) El suelo no urbanizable existente se regirá por las disposiciones de esta Ley, aplicándose el régimen del suelo no urbanizable especial a los terrenos que así estuviesen considerados en el planeamiento.
c) El suelo urbanizable no programado existente que no haya sido objeto de programación, así como el suelo apto para urbanizar sin áreas de reparto o con áreas de reparto coincidentes con cada uno de los sectores y el suelo urbanizable no delimitado clasificado conforme a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, se regirán por las disposiciones de esta Ley relativas al suelo urbanizable no delimitado.
d) El suelo urbanizable programado existente, así como el suelo apto para urbanizar integrado en un área de reparto con varios sectores y el suelo urbanizable delimitado clasificado conforme a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, se regirán por las disposiciones de esta Ley relativas al suelo urbanizable delimitado.
2. En defecto de previsión en el planeamiento, los plazos a los que se refiere el artículo 40.1 f) se computarán desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en los municipios que dispusieran de planeamiento general vigente en dicha fecha.
3. Cuando el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, tuviera establecidos los plazos a los que se refiere el artículo 40.1 e) y f), dichos plazos se computarán también desde dicha entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Instrumentos en tramitación.
1. El régimen jurídico aplicable a los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística será el vigente en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial.
2. Los procedimientos de adaptación iniciados a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón se regirán por la normativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial o se presentó la solicitud de homologación ante la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. En tanto los planes generales no establezcan los ámbitos de suelo urbano no consolidado definidos como áreas de reforma interior cuya ordenación pormenorizada deba establecerse mediante plan especial de reforma interior, y los sectores de suelo urbano no consolidado cuya ordenación pormenorizada deba establecerse mediante plan parcial, la ordenación pormenorizada del suelo urbano no consolidado será establecida mediante plan especial.
Disposición transitoria quinta. Licencias y autorizaciones.
1. Esta Ley no será de aplicación a los procedimientos de otorgamiento de licencias o de autorización de usos en suelo no urbanizable que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
2. No obstante, el solicitante de la licencia presentada antes de la entrada en vigor de la citada Ley 4/2013, de 23 de mayo, en tanto la Administración no le hubiera notificado la resolución relativa a su solicitud, podrá optar por presentar declaración responsable o comunicación previa cuando ello procediera conforme a lo previsto en los artículos 225 y siguientes.
Disposición transitoria sexta. Ejecución del planeamiento.
Lo establecido en esta Ley para la ejecución del planeamiento mediante actuaciones integradas no será de aplicación en los ámbitos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se hubieran aprobado inicialmente instrumentos de gestión o se hubiese otorgado licencia condicionada a la simultánea ejecución de la urbanización. En este caso se aplicará la legislación vigente en el momento de su aprobación inicial.
Disposición transitoria séptima. Patrimonios públicos de suelo.
1. Las determinaciones establecidas en esta Ley en relación al patrimonio público del suelo alcanzan a todos los municipios que cuenten con instrumento de planeamiento general, salvo que este tenga un carácter simplificado, aun cuando no haya sido adaptado a las determinaciones de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
2. La enajenación o constitución del derecho de superficie sobre suelo proveniente de los patrimonios públicos de suelo tendrá lugar en todo caso conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa de vivienda, salvo que, tratándose de procedimientos en competencia, a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se haya ya seleccionado al adjudicatario, aun cuando no se haya formalizado la transmisión.
Disposición transitoria octava. Convenios urbanísticos.
1. Deberán adaptarse a lo establecido en esta Ley los convenios urbanísticos no ejecutados a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de mayo, de Urbanismo de Aragón, por causa no imputable a la Administración. Se entenderá en todo caso que no han sido ejecutados los convenios de planeamiento cuando el planeamiento no haya sido inicialmente aprobado y los de gestión cuando, siendo precisa la aprobación de un instrumento de ejecución, no se haya producido su aprobación inicial por causa no imputable a la Administración.
2. La adaptación de los convenios a lo establecido en esta Ley, cuando sea posible, requerirá, como mínimo, la sumisión a información pública del convenio revisado por plazo no inferior a veinte días, y su posterior ratificación por parte del órgano administrativo competente.
3. Los convenios urbanísticos que, debiendo serlo, no hubieran sido adaptados a lo establecido en la Ley 3/2009, de 17 de mayo, de Urbanismo de Aragón en el plazo de seis meses tras su entrada en vigor se considerarán denunciados por ministerio de la Ley y carecerán de toda fuerza vinculante para las partes.
Disposición transitoria novena. Procedimientos sancionadores.
El régimen jurídico aplicable a los procedimientos sancionadores será el vigente en el momento de su iniciación, salvo que resultase menos favorable para el imputado.
Disposición transitoria décima. Zonas periféricas.
Las zonas periféricas delimitadas en instrumentos de planeamiento vigentes a la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón se regirán por lo establecido en esta Ley para las zonas de borde.
Disposición transitoria undécima. Subsuelo.
Las disposiciones de esta Ley sobre el régimen del subsuelo serán de aplicación cuando, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se proceda a la aprobación o modificación de planeamiento que establezca las determinaciones previstas en la misma. En los restantes supuestos, sólo serán de aplicación cuando se proceda a la aprobación o revisión del plan general.
Disposición transitoria duodécima. Régimen jurídico de los recursos administrativos.
Los recursos administrativos contra resoluciones de los Consejos Provinciales se resolverán de acuerdo con el régimen jurídico vigente en el momento de su interposición.
Disposición transitoria decimotercera. Plazo de prescripción de las órdenes de demolición y otras medidas de restablecimiento de la legalidad.
Los plazos de prescripción regulados en esta Ley para las órdenes de demolición y medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística se aplicarán a aquellas que hayan sido dictadas por el órgano competente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013. En el resto de los supuestos, se aplicará la normativa y los criterios jurisprudenciales vigentes en el momento en el que fueron dictadas.
Disposición derogatoria primera. Legislación urbanística derogada por la Ley 3/2009, de 17 de junio.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones derogatoria primera y final décima de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, quedaron expresamente derogadas desde la fecha de entrada en vigor de la misma, que se produjo el 30 de septiembre de 2009, a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», número 124, de 30 de junio de 2009, las siguientes disposiciones:
a) Los preceptos entonces vigentes de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, con todas las modificaciones que con posterioridad a su entrada en vigor hubiera podido sufrir.
b) El artículo 28 de la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
c) El apartado primero del artículo 3 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, incluyendo la adición al mismo introducida por el apartado primero del artículo único de la Ley 9/2004, de 20 de diciembre.
d) El apartado undécimo del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón.
e) El artículo 23 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
f) La letra b) del apartado A del artículo 16 del Decreto-Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.
g) El artículo 6 del Decreto 15/1991, de 19 de febrero, de medidas urgentes sobre garantías de urbanización en la ejecución urbanística.
h) Las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios.
i) Los artículos 9, 10, 17, 21 a 23, 25, 27.1.f), 40.3, 67, 68, 70, 78.1, 98.2, 100.2, 102 a 104, 118.1, 119, 120, 130 a 140, 151.2, 153.2, 154.2.b), 155, 156 a 158, y 163 a 174 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón.
j) El Decreto 85/1990, de 5 de junio, de la Diputación General de Aragón, de medidas urgentes de protección urbanística en Aragón.
Disposición derogatoria segunda. Legislación urbanística derogada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones derogatoria única y final quinta de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedó expresamente derogada desde la fecha de entrada en vigor de la misma, que se produjo el 19 de marzo de 2012, día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», número 54, de 19 de marzo de 2012, la letra d) del apartado 1 del artículo 160 y el artículo 167 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
Disposición derogatoria tercera. Legislación urbanística derogada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones derogatoria única y final cuarta de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, quedaron expresamente derogadas desde la fecha de entrada en vigor de la misma, que se produjo el 6 de agosto de 2013, a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», número 110, de 6 de junio de 2013, las siguientes disposiciones:
a) La letra b) del apartado segundo del artículo 5 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
b) Los artículos 12.2, 81, 82.1, 83, 85.1, 85.2.a), 85.3, 85.5. 86.1, 86.2.a), 86.4, 97.5 y 99, del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón.
c) Los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 21.2 y 25 del Decreto 101/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo.
d) El Capítulo II del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento.
Disposición final primera. Normas reglamentarias del Estado aplicables como Derecho supletorio.
Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario, total o parcial, de esta Ley, el desplazamiento del Derecho supletorio estatal no afecta a los contenidos de los Reglamentos estatales en materia de urbanismo compatibles con el contenido de la misma, de manera que continuarán aplicándose como Derecho supletorio en la Comunidad Autónoma los siguientes preceptos, salvo en los extremos derogados por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero:
a) Los artículos 10.1 y 11 a 14 del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo.
b) El artículo 28 del Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por planes de ordenación urbana, aprobado por Decreto 1006/1966, de 7 de abril.
c) Los artículos 46, 47, 58 a 63, 65, 67 a 104, 107.2 y 3, 108 a 111, 113.3, 115, 116, 118 a 130, 136, 137, 164 a 167, 181 a 183 y 186 a 210 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
d) Los artículos 2 a 9, 10.1 y 2, 11, 17 a 28, 32, 33, 34.1 y 5, 35, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 55, 58 a 63 y 92.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Disposición final segunda. Cartografía.
Corresponde a los Departamentos competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobar la reglamentación que permita normalizar la elaboración de la cartografía de utilidad urbanística, a fin de posibilitar que la reproducción en soporte digital de los documentos de planeamiento esté debidamente coordinada en toda la Comunidad Autónoma y facilitar su integración en el sistema de información territorial de Aragón.
Disposición final tercera. Adecuación de sanciones.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para adecuar periódicamente el importe de las sanciones y multas coercitivas establecidas en esta Ley a las variaciones que pueda experimentar el coste de la vida, conforme al índice general de precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones exigidas para el desarrollo de esta Ley. |
Durante los últimos días del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015, una serie de fenómenos adversos han dejado sentir sus efectos sobre la cuenca del río Ebro, produciendo importantes inundaciones derivadas de desbordamientos en la cuenca del citado río, que han provocado daños en bienes de titularidad pública y privada.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obliga a la actuación de los poderes públicos y a la adopción, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras, al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.
Dada la gravedad, tanto de los daños producidos en viviendas y enseres domésticos, como de las pérdidas de producción ocasionadas por las citadas inundaciones en todo tipo de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, comerciales, turísticas y mercantiles, se hace necesario arbitrar medidas paliativas adecuadas, en consonancia con la naturaleza e incidencia de los daños ocasionados en los territorios afectados hasta el momento de la adopción del presente Decreto-Ley. Sin perjuicio de ello y ante la eventualidad de que puedan reiterarse estos fenómenos adversos, se contempla la posibilidad de que el Gobierno de Aragón, mediante Decreto, pueda extender la aplicación de estas medidas a otros daños que puedan producirse hasta el 31 de mayo de 2015.
Por su parte el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto-Ley 2/2015,de 6 de marzo, ha adoptado medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro en las fechas citadas que comprende un conjunto de actuaciones encaminadas a reparar los daños sufridos.
Este Decreto-Ley tiene por objeto acometer en Aragón y de manera inmediata, aquellas medidas de carácter inaplazable y establecer el marco general en el que se encuadraran todas las actuaciones reparadoras, sin perjuicio de que sin dilación sea aprobado el desarrollo reglamentario correspondiente de aquellos campos de actuación en los que sea necesario conocer con mayor detalle el alcance de los daños producidos, máxime cuando en este momento resulta imposible llevar a cabo una evaluación precisa de los mismos en tanto no haya bajado el nivel de las aguas en las zonas inundadas.
Las medidas que se arbitran en el presente Decreto-Ley, complementarias a las adoptadas por el Estado, van encaminadas a reparar los daños sufridos en el patrimonio de las personas físicas y jurídicas y en los bienes de titularidad pública con el objeto de restablecer la situación que existía con anterioridad a la producción de los mismos.
En este sentido, el Gobierno de Aragón adopta medidas dirigidas a paliar los daños materiales en viviendas y enseres domésticos, en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, en establecimientos industriales y mercantiles y a favor de las personas afectadas, al tiempo que adopta medidas de reparación de infraestructuras y servicios públicos.
El Decreto-Ley contempla la posibilidad de que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón pueda suscribir convenios con otras Administraciones Públicas para la ejecución de las medidas previstas
Asimismo establece medidas para facilitar el acceso a la financiación para Pymes y autónomos a través de las sociedades de garantía recíproca con domicilio fiscal y social en Aragón y prevé mediante la formalización de convenios con entidades financieras, el apoyo a las empresas, personas físicas o jurídicas para el acceso a líneas preferenciales de crédito, o la moratoria en el pago de los préstamos y/o créditos hipotecarios formalizados con anterioridad a los daños.
Con objeto de que las actuaciones tengan una ejecución inmediata se adoptan medidas administrativas referidas al régimen de contratación y se reducen los plazos de los correspondientes procedimientos administrativos.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón que prevé que en casos de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón pueda dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley.
Las medidas que se introducen con este Decreto-Ley se amparan en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón el artículo 71, 8.ª, 10.ª, 13.ª, 17.ª, 20.ª, 21.ª, 32.ª, 34.ª y 48.ª; y el artículo 75, 12.ª, del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública, Economía y Empleo, Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Política Territorial e Interior, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Industria e Innovación y Sanidad, Bienestar Social y Familia y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 9 de marzo de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. Este Decreto-Ley tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para reparar en el territorio de Aragón, los daños causados y las pérdidas que se deriven de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento en la cuenca del río Ebro producido durante la última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015 del presente año, así como facilitar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas.
2. El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, podrá declarar, con delimitación de los Municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en este Decreto-Ley a otros sucesos de características similares que puedan acaecer en la Comunidad Autónoma hasta el 31 de mayo de 2015.
Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación.
1. Las medidas previstas en este Decreto-Ley se aplicarán en los términos municipales afectados por las inundaciones, que se concretan en el anexo.
2. A los efectos de la realización de las actuaciones reparadoras se entenderán también incluidos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta ejecución de las obras necesarias, sea imprescindible realizar actuaciones por los órganos competentes.
Artículo 3. Actuaciones previstas en este Decreto-Ley.
Para reparar los daños causados y recuperar la normalidad, el Gobierno de Aragón adoptará las medidas que se relacionan a continuación.
1. Medidas destinadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres domésticos, en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, establecimientos industriales y mercantiles, y a favor de las personas afectadas:
Ayudas para resarcir los daños ocasionados a los particulares en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles.
Acceso preferente a la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes.
Indemnización de daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
Ayudas para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas así como sobre los gastos en explotaciones ganaderas.
Ayudas para resarcir los daños ocasionados a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles.
Actuaciones para facilitar el acceso a la financiación para PYMES y autónomos.
2. Medidas destinadas a la reparación de infraestructuras y servicios públicos:
Ayudas para resarcir los daños ocasionados en infraestructuras y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas.
Reparación de daños en infraestructuras públicas de riego.
Reparación de daños medioambientales.
Reparación de daños en infraestructuras del ciclo integral del agua de titularidad autonómica y municipal.
Reparación de daños en carreteras.
Artículo 4. Ayudas para resarcir los daños ocasionados a los particulares en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles.
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Quinta, ayudas destinadas a resarcir los daños materiales ocasionados en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles que podrán ser complementarias de las que establezcan a tales efectos otras Administraciones Públicas.
Estas ayudas estarán dirigidas a los afectados por destrucción total de las viviendas o por daños en las mismas, afecten o no a su estructura.
Igualmente se destinaran ayudas a resarcir la destrucción o los daños de los enseres domésticos de primera necesidad contenidos en las viviendas.
Artículo 5. Acceso preferente a la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios.
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales sufragará los gastos de los recursos de la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios, específicamente designados para atender a las personas que hayan tenido que abandonar de forma temporal su residencia habitual como consecuencia de las inundaciones, durante el tiempo necesario hasta que puedan recuperar dicha residencia.
2. En los casos en que sea necesaria la asignación de un recurso permanente por no ser posible la recuperación de la residencia habitual, las personas dependientes o con grado de discapacidad reconocido tendrán derecho preferente de acceso al recurso adecuado de la Red.
Artículo 6. Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes.
1. El Departamento de Política Territorial e Interior sufragará los gastos ocasionados a personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, hayan efectuado prestación personal o de bienes con motivo de haberse producido una situación de emergencia.
2. A estos efectos, las personas físicas o jurídicas que hubieran sido requeridas para realizar una prestación de bienes o servicios, en el momento mismo de la emergencia o en momentos posteriores mientras el plan de protección se encuentre activado, con objeto de proteger a personas y bienes o para evitar un peligro grave e inminente para su vida o seguridad, podrán obtener el resarcimiento por el importe total de los gastos, daños o perjuicios ocasionados por dicha prestación.
Artículo 7. Indemnización de daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Quinta, las condiciones para la indemnización por daños producidos en las producciones agrícolas, ganaderas y forestales, de forma complementaria a lo establecido en el Real Decreto-Ley 2/2015, de 6 de marzo.
2. Las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales se determinarán conforme a los criterios y módulos que establezca el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien a la hora de cuantificar la indemnización tendrá en cuenta que los beneficiarios hayan suscrito póliza de seguro agrario en esta o en las campañas anteriores, sin que esta circunstancia limite de forma exclusiva el alcance de las indemnizaciones a las que se refiere este artículo a los suscriptores de pólizas de seguro agrario.
Artículo 8. Ayudas para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas así como sobre los gastos en explotaciones ganaderas.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente convocará, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Quinta, ayudas para atender las siguientes situaciones producidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas:
a) Restaurar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en: la sistematización de las tierras, la reparación de las instalaciones de regadío y de edificaciones agrícolas y ganaderas y los gastos de reposición de plantaciones de cultivos plurianuales completamente perdidas como consecuencia de las inundaciones, así como otros daños de carácter estructural en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
b) Paliar los gastos extraordinarios derivados del traslado y manutención del ganado que se hayan generado como consecuencia de la inundación.
2. Las medidas previstas en este artículo se cuantificarán aplicando los criterios y módulos que para cada caso apruebe el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Artículo 9. Ayudas para resarcir los daños ocasionados a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles.
El Departamento de Industria e Innovación establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Quinta, ayudas destinadas a reparar los daños materiales ocasionados en establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles, de forma complementaria a lo establecido en el Real Decreto-Ley 2/2015, de 6 de marzo.
Artículo 10. Actuaciones para facilitar el acceso a la financiación para PYMES y autónomos.
1. El Gobierno de Aragón asumirá el 100% de las comisiones de apertura, de avales, de estudio y otras que se generen en las operaciones de aval que se presten por las sociedades de garantía recíproca con domicilio fiscal y social en la Comunidad Autónoma de Aragón, y que tengan por objeto la reconstrucción o reparación de todo tipo de instalaciones o explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, industriales o destinadas a cualquier actividad empresarial que hayan resultado dañadas.
2. El Gobierno de Aragón podrá reafianzar las necesidades de financiación de las PYMES y autónomos.
El reafianzamiento del Gobierno de Aragón se aplicará al principal e intereses corrientes de todas las garantías que las sociedades de garantía recíproca con domicilio fiscal y social en Aragón, presten a favor de los titulares de las PYMES y autónomos y que tengan como finalidad financiar la reconstrucción de todo tipo de instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, comerciales o destinada a cualquier otra actividad empresarial, que hayan resultado dañadas total o parcialmente.
Igualmente serán objeto de cobertura por el reafianzamiento del Gobierno de Aragón, las garantías prestadas por las sociedades de garantía recíproca con domicilio fiscal y social en Aragón, destinadas a atender las necesidades financieras derivadas de la vuelta a la actividad normal de las PYMES y autónomos afectados por el siniestro, cubriendo las pérdidas de producción ocasionadas por las citadas inundaciones en los cultivos, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, comerciales y de servicios, mediante la prestación de avales para garantizar el percibo de anticipos de subvenciones, operaciones de préstamo/crédito de circulante o cualquier otro producto financiero destinado a tal fin.
Artículo 11. Ayudas para resarcir los daños ocasionados en infraestructuras y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas.
El Departamento de Política Territorial e Interior establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Quinta, ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados en infraestructuras y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas, financiando los proyectos que ejecuten estas entidades locales para la reparación o restitución de los daños ocasionados en sus infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios.
Artículo 12. Reparación de daños en infraestructuras públicas de riego.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en infraestructuras públicas de riego de titularidad autonómica y municipal, así como aquellas necesarias para asegurar el mismo, y en las de titularidad de las comunidades de regantes.
Artículo 13. Reparación de daños medioambientales.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ejecutará las obras y actuaciones necesarias para reparar los daños al medio natural y a sus infraestructuras de gestión y uso público.
Artículo 14. Reparación de daños relativos a infraestructuras del ciclo integral del agua.
El Instituto Aragonés del Agua ejecutará las actuaciones necesarias para reparar los daños causados en las infraestructuras del ciclo del agua de titularidad autonómica y municipal.
Artículo 15. Reparación de daños en carreteras.
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón o en aquellas otras en las que se hayan producido daños a consecuencia de las actuaciones realizadas por la Administración autonómica.
Artículo 16. Régimen aplicable a las subvenciones y ayudas.
1. Las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas serán aprobadas por orden del Consejero competente por razón de la materia. Dicha aprobación podrá realizarse de forma simultánea con las correspondientes convocatorias.
2. Las bases reguladoras podrán concretar el ámbito territorial específico de aplicación de las subvenciones o ayudas.
3. Las convocatorias de subvenciones y ayudas que se realicen en ejecución del presente Decreto-Ley determinarán las cuantías de los créditos destinados a las mismas y podrán prever su ampliación.
4. Asimismo las bases reguladoras podrán prever la concesión de anticipos por la totalidad de la cuantía de la subvención.
5. La cuantía de las subvenciones y ayudas que se concedan en aplicación de este Decreto-Ley podrá alcanzar la totalidad del importe de los daños acreditados. En ningún caso la cuantía de las mismas, junto con las concedidas por el resto de las Administraciones Públicas u organismos públicos nacionales o internacionales, y las indemnizaciones que puedan percibir los damnificados de los seguros contratados, podrán superar el importe total del valor del daño producido. En todo caso deberá respetarse lo establecido en el régimen de ayudas de Estado
Artículo 17. Régimen de contratación.
1. Tendrán la consideración de obras, suministros y servicios de emergencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos que tramiten los Departamentos y Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para realizar actuaciones de inmediata necesidad para reparar los daños causados por las inundaciones.
2. En el resto de los expedientes de contratación que traigan causa de este Decreto- Ley, los motivos que lo justifican constituyen una razón de interés público para que se tramiten con carácter de urgencia.
Artículo 18. Reducción de plazos en los procedimientos administrativos.
Los plazos ordinarios en los procedimientos administrativos que se sigan en ejecución de este Decreto-Ley se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a los efectos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
Disposición adicional primera. Convenios con otras Administraciones Públicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir con la Administración General del Estado y con otras Administraciones los convenios de colaboración que exijan o aconsejen la ejecución de las medidas previstas en este Decreto-Ley.
Disposición adicional segunda. Convenios con entidades financieras.
La Administración autonómica formalizará con las entidades financieras que se adhieran, los correspondientes convenios con el objeto de facilitar a las personas físicas o jurídicas afectadas el acceso a líneas preferenciales de crédito o la moratoria en el pago de los préstamos y/o créditos hipotecarios formalizados con anterioridad a los daños.
Disposición adicional tercera. Financiación.
Las actuaciones contempladas en este Decreto-Ley serán financiadas con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria y de la Sección 30 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición adicional cuarta. Créditos Presupuestarios.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública habilitará los créditos necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de las medidas contempladas en este Decreto-Ley de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición adicional quinta. Plazo de aprobación de bases reguladoras y convocatorias.
La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas previstas en el presente Decreto-Ley y las convocatorias de las mismas se producirá en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del mismo.
Disposición adicional sexta. Compensación de cuotas correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles ejercicio 2015.
1. El Gobierno de Aragón compensará el importe de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio de 2015 correspondientes a viviendas y fincas rústicas dañadas como consecuencia directa de las inundaciones.
2. A tal efecto, el Gobierno de Aragón implementará las medidas necesarias para hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior.
Disposición adicional séptima. Referencia genérica a vivienda, explotación agrícola, ganadera, forestal, actividad industrial, comercial, turística y mercantil.
A efectos de lo establecido en el presente Decreto-Ley se entiende por vivienda, explotación agrícola, ganadera, forestal, actividad industrial, comercial, turística y mercantil las que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para tener tal calificación y hayan solicitado las autorizaciones pertinentes de las administraciones competentes.
Disposición Final Primera. Habilitación a los Departamentos competentes.
Se faculta a los Consejeros de los Departamentos de Hacienda y Administración Pública, Economía y Empleo, Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Política Territorial e Interior, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Industria e Innovación y Sanidad, Bienestar Social y Familia a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este Decreto-Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 9 de marzo de 2015.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
La Presidenta del Gobierno de Aragón,
JAVIER CAMPOY MONREAL
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
El Consejero de Economía y Empleo,
FRANCISCO BONO RÍOS
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes,
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO
El Consejero de Política Territorial e Interior,
ANTONIO SUÁREZ ÓRIZ
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
MODESTO LOBÓN SOBRINO
El Consejero de Industria e Innovación,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia,
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
– Novillas.
– Tauste.
– Gallur.
– Pradilla de Ebro.
– Boquiñeni.
– Luceni.
– Remolinos.
– Alcalá de Ebro.
– Pedrola.
– Cabañas de Ebro.
– Figueruelas.
– Alagón.
– Torres de Berrellén.
– Sobradiel.
– Utebo.
– Zaragoza.
– Pastriz.
– La Puebla de Alfindén.
– Alfajarín.
– El Burgo de Ebro.
– Nuez de Ebro.
– Villafranca de Ebro.
– Fuentes de Ebro.
– Osera de Ebro.
– Pina de Ebro.
– Quinto.
– Gelsa.
– Velilla de Ebro.
– La Zaida.
– Cinco Olivas.
– Sástago.
– Chiprana.
– Caspe. |
Advertido error por omisión en la publicación de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 58, de 25 de marzo de 2015, ruego procedana su subsanación en el sentido siguiente:
En la página 9816, artículo 41: Se ha omitido el apartado 4 del artículo 41, por lo que, tras la inclusión del mismo, dicho artículo queda de la forma siguiente:
“Artículo 41. Modalidades cinegéticas.
Medios, procedimientos e instalaciones prohibidos.
1. Por orden del consejero competente en materia de caza, se podrán establecer especificacionessobre la utilización de métodos y modalidades cinegéticas permitidas.
2. Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientosmasivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, así como de aquellosque puedan causar localmente la desaparición o turbar gravemente la tranquilidad de laspoblaciones de una especie.
3. Asimismo, quedan prohibidos:
a) El empleo y tenencia de todo tipo de gases o sustancias venenosas, paralizantes, tranquilizantes,explosivos y atrayentes químicos, con excepción, en este último caso, delagua, sales minerales y alimentos, cuyo aporte se considerará mejora de las condicionesdel terreno cinegético. No se podrá disparar a ninguna especie cinegética a unadistancia inferior a cincuenta metros de cebaderos o bebederos artificiales. El controlde daños agrícolas producidos por especies cinegéticas mediante la caza a la esperasí podrá realizarse en los cebaderos o bebederos artificiales.
b) El empleo y tenencia de reclamos de especies catalogadas, vivos o naturalizados, yotros reclamos vivos cegados o mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos,incluidas las grabaciones.
c) El empleo y tenencia de aparatos electrocutantes capaces de matar o aturdir.
d) El empleo de espejos, faros, linternas y otras fuentes luminosas artificiales, salvo en elcaso de esperas nocturnas por daños a la agricultura.
e) El empleo de lazos sin tope, cepos (incluyendo cepos pequeños, como son las costillas,perchas o ballestas), anzuelos y otros tipos de trampas no selectivas en su principioo en sus condiciones de empleo, así como fosos, nasas y trampas de aplastamiento.
f) El empleo y tenencia de todo tipo de redes o artefactos que requieran para su uso elempleo de mallas. Por tratarse de métodos selectivos, se exceptúan de esta prohibiciónel empleo de la red denominada “capillo” en la caza del conejo en madriguera conhurón, cuando así quede autorizado en el plan anual de aprovechamiento cinegético oen autorizaciones extraordinarias, así como el empleo, bajo la supervisión directa delos cazadores, de redes verticales para la captura de conejos en zonas de seguridad oen aquellos casos en los que se produzcan daños a la agricultura cuando así quedeautorizado mediante autorizaciones extraordinarias.
g) Todo tipo de medios o métodos que impliquen el uso de liga, pegamentos o productossimilares.
h) Disparar a los animales desde aeronaves de cualquier tipo, vehículos terrestres motorizadosy embarcaciones.
4. Quedan prohibidos los cercados con fines cinegéticos que no permitan el libre tránsitode las especies cinegéticas. Asimismo, queda prohibida con carácter general la caza en aquellosterrenos delimitados por vallados o cercados que impidan dicho tránsito.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el vallado tenga la finalidad deprotección de cultivos, aprovechamiento de productos forestales u otros usos compatiblescon la práctica de determinadas modalidades de caza, se podrá autorizar de forma motivadala actividad cinegética en dichas modalidades siempre que se incorpore expresamente estasituación en el plan técnico de caza del terreno cinegético”. |
La Comunidad Autónoma es titular de las competencias establecidas en los apartados 21.ª y 22.ª del artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que recogen las competencias exclusivas en materia de «Espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón» y «Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático», también le corresponde la competencia compartida prevista en el artículo 75.3 del citado estatuto, sobre «Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas». Estas competencias se enmarcan en el respeto a las competencias del Estado para dictar la legislación básica en materia de protección del medio ambiente, recogida en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española.
La Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, estableció un régimen jurídico de protección especial para aquellas zonas de la Comunidad Autónoma de Aragón que lo precisaran por su valor, singularidad, representatividad o fragilidad, posibilitando la promoción de su desarrollo sostenible. Para ello establecía las diferentes categorías de espacios naturales protegidos, regulando su procedimiento de declaración y prestando especial atención a la planificación. Dicha ley fijó un régimen general de usos en los espacios naturales protegidos incluyendo su organización administrativa. Asimismo creó la Red de espacios naturales protegidos.
Igualmente, la citada ley creó la figura del Área natural singular, estableciendo un régimen tutelador de determinadas zonas del territorio aragonés que, en principio, no necesitan el mismo nivel de protección que los espacios naturales protegidos, estableciendo la forma de declaración de estas áreas y regulando sus usos.
Posteriormente, la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, creó la Red Natural de Aragón y modificó la Ley 6/1998, de 19 de mayo, en cuanto al modelo de gestión de los Parques nacionales, de modo que se reflejó legislativamente la asunción en exclusiva por la Comunidad Autónoma de la gestión del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Asimismo, la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, así como la posterior Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, efectuaron sendas modificaciones en cuanto a la administración de los espacios naturales protegidos, atribuyendo la dirección al director del servicio provincial del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza y creando la figura del gerente para el fomento del desarrollo socioeconómico.
A parte de una derogación expresa al régimen de autorizaciones originario, introducida por la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; la Ley 6/1998, de 19 de mayo, es nuevamente alterada mediante la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
La amplia y reciente reforma legal introducida por la Ley 6/2014, de 26 de junio, tiene fundamentalmente por objeto adaptar la normativa autonómica a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, que constituye legislación básica, además de clarificar procedimientos administrativos, unificar criterios para la planificación, acortar plazos, así como dotar de coherencia unitaria a los espacios protegidos mediante la creación del Plan Director de la Red Natural de Aragón. Una de las novedades fundamentales de la reforma es el desarrollo de las nuevas Áreas naturales singulares, incluyendo en ellas las nuevas categorías de protección de carácter específico de ámbito internacional, comunitario y estatal recogidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. En este sentido, a partir de ahora las Áreas naturales singulares se conciben como una supracategoría que integra diversos espacios protegidos que requieren una protección especial y diferente de los espacios naturales protegidos tradicionales. Estas áreas se componen por los espacios de la Red Natura 2000, humedales RAMSAR, Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, Reservas de la biosfera, Humedales singulares de Aragón, Árboles singulares, Lugares de interés geológico y Geoparques.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en el artículo 39 y 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, el Gobierno puede dictar normas con rango de ley mediante la promulgación de decretos legislativos en el ejercicio de la delegación legislativa que le atribuyan las Cortes.
En este marco, la disposición final segunda de la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón a que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada ley, apruebe el Decreto Legislativo por el que se refunda la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y las posteriores normas legales que la modifican.
Conforme a ello, se ha procedido a la elaboración del texto refundido que sistematiza y ordena las disposiciones con rango de ley reguladoras de los espacios protegidos aragoneses, en concreto las contempladas en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y en sus modificaciones posteriores introducidas mediante la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente; la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas; la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; y la Ley 6/2014, de 26 de junio. De igual modo, el texto normativo procede a la reenumeración del articulado, así como a la modificación del título de la ley, en cuanto el objeto de la ley comprende algo más que los espacios naturales protegidos.
En virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y visto el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de julio de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, que se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, se entenderán hechas al texto refundido de Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
Disposición adicional segunda. Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que puedan aparecer en este Decreto Legislativo y en el texto refundido que por él se aprueba se entienden igualmente referidas a su correspondiente femenino.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Queda derogada la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y sus modificaciones posteriores, introducidas mediante el artículo 8 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente; el artículo 51 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas; el artículo 52 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; y la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
2. Queda derogado el artículo 3 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
3. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto Legislativo y al texto refundido que por él se aprueba.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo, y el texto refundido que aprueba, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de julio de 2015.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
JOAQUÍN OLONA BLASCO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE ARAGÓN
Preámbulo
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Finalidades.
Artículo 2. Principios inspiradores.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Artículo 4. Deberes de conservación.
Artículo 5. Régimen de ayudas.
Artículo 6. Acción pública.
Título II. Los Espacios Naturales Protegidos.
Capítulo I. Categorías.
Artículo 7. Concepto.
Artículo 8. Categorías de espacios naturales protegidos.
Artículo 9. Parques nacionales.
Artículo 10. Parques naturales.
Artículo 11. Reservas naturales.
Artículo 12. Monumentos naturales.
Artículo 13. Paisajes protegidos.
Artículo 14. Compatibilidad de espacios naturales protegidos.
Artículo 15. Espacios naturales intercomunitarios o de carácter transfronterizo.
Artículo 16. Zonas periféricas de protección.
Artículo 17. Áreas de influencia socioeconómica.
Artículo 18. Denominaciones.
Capítulo II. Declaración de los espacios naturales protegidos.
Artículo 19. Declaración.
Artículo 20. Delimitación.
Artículo 21. Tramitación.
Artículo 22. Señalización y amojonamiento.
Artículo 23. Pérdida de la categoría de protección.
Capítulo III. Planificación de los recursos naturales.
Artículo 24. Definición de planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 25. Objetivos y contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 26. Ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 27. Procedimiento de aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 28. Efectos de la iniciación del procedimiento de aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 29. Efectos de los planes de ordenación de los recursos naturales.
Artículo 30. Protección preventiva.
Artículo 31. Órgano competente para emitir autorizaciones e informes.
Capítulo IV. Planificación de los espacios naturales protegidos.
Artículo 32. Marco general.
Artículo 33. Definición de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 34. Contenido de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 35. Revisión de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 36. Zonificación de los espacios naturales protegidos.
Artículo 37. Ámbito de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 38. Aprobación de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 39. Efectos de los planes rectores de uso y gestión.
Artículo 40. Órgano competente para emitir autorizaciones e informes.
Capítulo V. Regulación de usos de los espacios naturales protegidos.
Artículo 41. Régimen de usos.
Artículo 42. Usos permitidos.
Artículo 43. Usos prohibidos.
Capítulo VI. Organización de los espacios Naturales Protegidos.
Artículo 44. La administración de los espacios naturales protegidos.
Artículo 45. Dirección.
Artículo 46. Patronato.
Capítulo VII. La Red de espacios naturales protegidos de Aragón.
Artículo 47. La Red de espacios naturales protegidos.
Artículo 48. Objetivos de la Red de espacios naturales protegidos de Aragón.
Título III. Áreas naturales singulares.
Capítulo I. Protección territorial de la biodiversidad y de la geodiversidad aragonesa.
Artículo 49. Áreas naturales singulares.
Capítulo II. Espacios Protegidos de la Red Natura 2000.
Artículo 50. Espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Artículo 51. Propuesta de Lugares de importancia comunitaria.
Artículo 52. Zonas de especial conservación.
Artículo 53. Zonas de especial protección para las aves.
Artículo 54. Propuesta de modificación del ámbito territorial de un espacio de la Red Natura 2000.
Artículo 55. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
Artículo 56. Ámbito de aplicación de los planes de gestión.
Artículo 57. Contenido mínimo de los planes de gestión.
Artículo 58. Evaluación de programas, planes y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.
Artículo 59. Comunicación del cumplimiento de las obligaciones comunitarias.
Capítulo III. Reserva de la Biosfera (Programa MaB de la UNESCO).
Artículo 60. Declaración y funciones de las Reservas de la biosfera.
Artículo 61. Propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera.
Artículo 62. Criterios para la designación de la propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera.
Artículo 63. Planificación y gestión de las Reservas de la biosfera.
Artículo 64. Revisión periódica.
Capítulo IV. Patrimonio Geológico.
Artículo 65. Catálogo de Lugares de interés geológico.
Artículo 66. Geoparques.
Capítulo V. Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial.
Artículo 67. Definición de Bien de patrimonio natural.
Artículo 68. Procedimiento de inscripción de un Bien de patrimonio natural.
Capítulo VI. Humedales singulares de Aragón.
Artículo 69. Humedales singulares de Aragón.
Capítulo VII. Árboles singulares de Aragón.
Artículo 70. Catálogo de Árboles singulares de Aragón.
Capítulo VIII. Reservas naturales fluviales.
Artículo 71. Reservas naturales fluviales.
Capítulo IX. Áreas naturales singulares de interés cultural.
Artículo 72. Áreas naturales singulares de interés cultural.
Capítulo X. Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
Artículo 73. Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
Capítulo XI. Conectividad ecológica.
Artículo 74. Corredores ecológicos.
Título IV. Coherencia de la Red Natural de Aragón.
Artículo 75. Catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón.
Artículo 76. Plan Director de la Red Natural de Aragón.
Título V. Régimen general de protección de los espacios naturales protegidos.
Artículo 77. Protección general.
Artículo 78. Utilidad pública.
Artículo 79. Planeamiento urbanístico.
Artículo 80. Suspensión de licencias.
Artículo 81. Suspensión de obras.
Artículo 82. Ejecución forzosa y subsidiaria.
Artículo 83. Montes.
Artículo 84. Actividades cinegéticas y piscícolas.
Artículo 85. Deberes de los propietarios.
Título VI. Medidas de fomento y financiación.
Artículo 86. Régimen de ayudas.
Artículo 87. Coordinación.
Artículo 88. Definición de custodia del territorio.
Artículo 89. Ámbito de aplicación de los acuerdos de custodia del territorio.
Artículo 90. Acuerdos de cesión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 91. Prioridades.
Artículo 92. Otras ayudas.
Artículo 93. Financiación.
Artículo 94. Vías de financiación.
Título VII. Infracciones y sanciones.
Artículo 95. Régimen de infracciones.
Artículo 96. Agentes de la autoridad en materia de espacios naturales protegidos.
Artículo 97. Régimen sancionador aplicable a las acciones y omisiones que infrinjan la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 98. Tipificación de infracciones no contempladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 99. Expedientes sancionadores.
Artículo 100. Cuantía de las sanciones.
Artículo 101. Reparación del daño.
Artículo 102. Comisos.
Artículo 103. Multas coercitivas.
Artículo 104. Prescripción.
Artículo 105. Delitos y faltas.
Artículo 106. Actualización de cuantías.
Disposiciones adicionales.
Primera. Incorporación al catálogo de espacios naturales protegidos.
Segunda. Coordinación con Parques culturales.
Tercera. Régimen del Consejo de la Red Natural de Aragón.
Cuarta. Composición de los patronatos de los espacios naturales protegidos.
Quinta. Régimen sancionador en materia de patrimonio natural y de la biodiversidad.
Disposiciones transitorias.
Primera. Normas e instrumentos a la entrada en vigor de este Texto refundido.
Segunda. Planes de gestión en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 6/2014, de 26 de junio.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Finalidades.
Esta ley tiene como finalidades:
1. El establecimiento de un régimen jurídico especial de protección para aquellos espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Aragón que contengan destacados valores ecológicos, paisajísticos, científicos, culturales o educativos, o que sean representativos de los ecosistemas aragoneses, en orden a la conservación de la biodiversidad. También, para aquellos espacios amenazados cuya conservación sea considerada de interés, atendiendo a su fragilidad, singularidad o rareza, o por constituir el hábitat de especies protegidas de la flora y fauna silvestres.
2. La promoción del desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos, compatibilizando al máximo la conservación de sus valores naturales con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y su utilización con fines científicos, educativos, culturales y recreativos, en armonía con los derechos de su población y potenciando su desarrollo socioeconómico.
Artículo 2. Principios inspiradores.
Son principios inspiradores de la presente ley los siguientes:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos.
b) La preservación de la biodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora.
d) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
e) El mantenimiento de la población asentada en los espacios naturales protegidos o en sus Áreas de influencia socioeconómica, a través de la mejora de su calidad de vida y su integración en las acciones de conservación que se deriven de los regímenes especiales de protección,
f) La promoción de formación en materia medioambiental y de actitudes y prácticas personales acordes con la conservación de la naturaleza, así como de la investigación.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 4. Deberes de conservación.
1. Todos tienen el deber de respetar y conservar los espacios naturales protegidos y la obligación de reparar el daño que causen.
2. Todas las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, asegurarán el mantenimiento, la protección, preservación y restauración de los recursos naturales, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, garantizando que la gestión de aquellos se produzca sin merma de su potencialidad y compatibilidad con los fines de su conservación.
Artículo 5. Régimen de ayudas.
El Gobierno de Aragón establecerá un régimen económico de ayudas y medidas compensatorias a entidades locales, empresas y particulares integrados en las Áreas de influencia socioeconómica y que se vean afectados por las limitaciones que del cumplimiento de esta ley se deriven, con el fin de promover su desarrollo sostenible. Las limitaciones a la propiedad que no deban ser soportadas por los titulares de bienes y derechos serán indemnizadas con arreglo a la legislación sobre expropiación forzosa.
Artículo 6. Acción pública.
Será pública la acción para exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que la desarrollen.
TÍTULO II
Los espacios naturales protegidos
CAPÍTULO I
Categorías
Artículo 7. Concepto.
En la forma prevista en esta ley se podrán declarar espacios naturales protegidos aquellos espacios del territorio, incluidas las aguas continentales, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes y que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que sean representativos de los principales ecosistemas naturales y de los hábitats característicos de la Comunidad Autónoma.
b) Que, por sus características naturales y el estado de conservación de sus recursos, requieran una protección especial.
c) Que desempeñen un papel destacado en la conservación de los ecosistemas en su estado natural, seminatural o poco alterado, asegurando la continuidad de sus procesos evolutivos.
d) Que permitan conservar las comunidades vegetales o animales, de modo que impidan la desaparición de cualquier especie, que constituyan el hábitat único de las mismas o que incluyan zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología de las especies.
e) Que contengan muestras de hábitats naturales, especies de flora o fauna amenazadas de desaparición o material genético de singular interés.
f) Que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad y tengan interés científico, importancia cultural o paisajística especiales.
g) Que alberguen valores culturales, históricos, arqueológicos o paleontológicos que sean muestra expresiva y valiosa de la herencia cultural.
Artículo 8. Categorías de espacios naturales protegidos.
Los espacios naturales protegidos de Aragón se clasificarán, en función de los bienes y valores a proteger, en las siguientes categorías:
a) Parques nacionales.
b) Parques naturales.
c) Reservas naturales.
d) Monumentos naturales.
e) Paisajes protegidos.
Artículo 9. Parques nacionales.
1. Los Parques nacionales son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado.
2. A iniciativa de las Cortes de Aragón se podrá proponer al Gobierno de España la declaración como Parque nacional de un espacio natural de su territorio cuando se aprecie que su declaración es de interés general para el Estado español.
3. La declaración de los Parques nacionales ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón y su consideración como de interés general se hará por ley de las Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento regulado en la legislación sobre Parques nacionales y previo acuerdo favorable de las Cortes de Aragón.
4. Los Parques nacionales serán gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. Cada uno de ellos contará con un patronato, una junta rectora y un director.
5. El presidente del patronato será nombrado por el Gobierno de Aragón.
6. La gestión de cada parque se efectuará a través de la junta rectora, cuya composición y competencias serán determinadas reglamentariamente. En dicha junta se preverá la participación de la Administración del Estado.
7. En cada Parque nacional existirá un director encargado de la administración y coordinación de las actividades, que será nombrado por el Gobierno de Aragón.
Artículo 10. Parques naturales.
Los Parques naturales son espacios de relativa extensión, poco transformados por la explotación u ocupación humana, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente, en los que la existencia del hombre y sus actividades son compatibles con el proceso dinámico de la naturaleza a través de un uso equilibrado y sostenible de los recursos.
Artículo 11. Reservas Naturales.
1. Las Reservas naturales son espacios naturales de dimensión moderada, cuya declaración tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
2. Se distinguen los siguientes tipos:
a) Reservas naturales integrales son aquellas reservas cuya declaración tiene por objeto la preservación total de todos sus elementos y de los procesos ecológicos naturales con la mínima intervención, estando especialmente restringido el acceso de personas para garantizar el mantenimiento de sus valores medioambientales.
b) Reservas naturales dirigidas son aquellas reservas cuya declaración tiene por objeto la conservación de hábitat singulares, especies concretas o procesos ecológicos naturales de interés especial. La gestión estará encaminada a la preservación y restauración, así como a la ordenación de los usos considerados compatibles.
3. En las Reservas naturales integrales queda prohibida la explotación de recursos. En las Reservas naturales dirigidas dicha explotación queda permitida siempre que sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo en los casos que por razones de investigación, conservación o educativas se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.
Artículo 12. Monumentos naturales.
1. Los Monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos naturales los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que así se declaren por reunir un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
3. Con carácter general, en los Monumentos naturales estará prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa autorización administrativa.
Artículo 13. Paisajes protegidos.
1. Los Paisajes protegidos son lugares concretos del medio natural merecedores de una protección especial de acuerdo con el convenio del paisaje del Consejo de Europa, por sus valores naturales, estéticos y culturales.
2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes protegidos son los siguientes:
a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una zona determinada.
3. En los Paisajes protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales.
Artículo 14. Compatibilidad de espacios naturales protegidos.
1. En el ámbito territorial de un espacio natural protegido podrán coexistir varias figuras de protección si sus características particulares así lo requieren.
2. Si en un mismo espacio coinciden en su integridad distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos, así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.
Artículo 15. Espacios naturales intercomunitarios o de carácter transfronterizo.
1. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el territorio de dos o más comunidades autónomas, se podrán establecer, de común acuerdo con el resto de las comunidades autónomas implicadas, adecuadas fórmulas de colaboración.
2. A propuesta del Gobierno de Aragón se podrán constituir espacios naturales protegidos de carácter transfronterizo, formados por áreas adyacentes protegidas por España y por Francia, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos internacionales, para garantizar una adecuada coordinación de la protección en dichas áreas.
Artículo 16. Zonas periféricas de protección.
En la norma de declaración de los espacios naturales protegidos podrán establecerse Zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior.
Cuando proceda, en la propia norma de creación o en los instrumentos de planificación del espacio, se establecerán las limitaciones necesarias a los usos y actividades aplicables en las Zonas periféricas de protección.
Artículo 17. Áreas de influencia socioeconómica.
1. Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos, y promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones asentadas en ellos o en su periferia, las normas que los declaren podrán delimitar su Área de influencia socioeconómica.
2. Las Áreas de influencia socioeconómica estarán integradas por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural protegido de que se trate y su Zona periférica de protección.
3. Estas áreas podrán ampliarse a otros municipios limítrofes cuando con los anteriores constituyan una unidad territorial o económica que así lo recomiende.
Artículo 18. Denominaciones.
Las denominaciones de Parque natural, Reserva natural integral, Reserva natural dirigida, Monumento natural, Paisaje protegido, Zona periférica de protección y Área de influencia socioeconómica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se utilizarán únicamente para los espacios que se declaren con arreglo a las disposiciones de esta ley y en la normativa de desarrollo de la misma, así como en las disposiciones estatales sobre la materia.
CAPÍTULO II
Declaración de los Espacios Naturales Protegidos
Artículo 19. Declaración.
1. Los Parques naturales y las Reservas naturales se declararán por ley de Cortes de Aragón.
2. Los Monumentos naturales y Paisajes protegidos se declararán por decreto del Gobierno de Aragón.
3. Será necesaria, con carácter previo a la declaración de Parques naturales o Reservas naturales, la aprobación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales, siendo potestativo en el caso de los Monumentos naturales y de los Paisajes protegidos.
4. Excepcionalmente, podrán declararse Parques naturales y Reservas naturales, sin la previa elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales, cuando existan razones que lo justifiquen, aprobadas por el Gobierno de Aragón previa información pública, que se harán constar expresamente en la ley que los declare. En todo caso deberá tramitarse en el plazo de un año, a partir de la declaración del Parque natural o Reserva, el correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales, con un ámbito territorial que como mínimo comprenderá el espacio natural protegido y su Área de influencia socioeconómica, si existiera.
Artículo 20. Delimitación.
1. El ámbito territorial de los espacios naturales protegidos y, en su caso, de las Zonas periféricas de protección se establecerá en la norma de declaración del espacio. La ampliación o reducción de este ámbito territorial exigirá su aprobación por medio de una norma de, al menos, el mismo rango que la de su declaración.
2. Será suficiente el acuerdo del Gobierno de Aragón en los casos de ampliación siguientes:
a) Que los terrenos a incorporar sean propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Que los terrenos a incorporar sean voluntariamente aportados por los propietarios para tal finalidad.
En todos los casos, los terrenos deberán reunir las características establecidas en el artículo 7.
Artículo 21. Tramitación.
1. Corresponderá al departamento competente en materia de conservación de la naturaleza la tramitación en vía administrativa de los expedientes de declaración de un Espacio natural protegido.
2. La declaración de un Parque natural o Reserva natural se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 19. La iniciación del procedimiento de declaración conllevará la del plan de ordenación de los recursos naturales, si todavía no se hubiera confeccionado.
3. Para aquellos espacios naturales protegidos que no se declaren como consecuencia de la aprobación previa de un plan de ordenación de los recursos naturales, la iniciación del procedimiento de declaración se efectuará mediante orden del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, previa petición, en su caso, de entidades o personas públicas o privadas.
4. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza elaborará un expediente de declaración del espacio natural protegido que incluirá, al menos:
a) Descripción de las características principales del espacio.
b) Justificación de la propuesta de declaración.
c) Descripción literal de los límites, además de su señalamiento cartográfico.
d) Régimen de protección con las limitaciones que respecto de los usos y actividades han de establecerse en función de la conservación de los espacios a proteger, así como una delimitación de las Zonas periféricas de protección, si procede.
e) Órganos de gestión y participación del espacio natural protegido.
5. Dicho expediente de declaración se someterá a información pública y audiencia a los ayuntamientos y comarcas ubicadas en el ámbito territorial del plan, así como a las entidades sin fines lucrativos que persiguen la protección del medio ambiente. Igualmente, y sin perjuicio de todos aquellos exigidos conforme a la legislación vigente, deberá ser sometido a informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
Artículo 22. Señalización y amojonamiento.
1. Los terrenos incluidos en el ámbito territorial de un espacio natural protegido estarán sujetos a servidumbre forzosa de instalación de señales informativas e hitos de amojonamiento.
2. La servidumbre de instalación de las señales lleva aparejada la obligación de los predios sirvientes de dar paso y permitir la realización de los trabajos necesarios para su colocación, conservación y renovación.
Artículo 23. Pérdida de la categoría de protección.
1. La pérdida de la categoría de un espacio natural como protegido solo podrá hacerse por norma de rango equivalente o superior a la de su declaración originaria.
2. La pérdida de la categoría solo podrá realizarse si hubieran desaparecido los fundamentos que motivaron la protección y no fueran susceptibles de recuperación o restauración. En ningún caso procederá la descatalogación cuando la pérdida de los fundamentos que motivaron la protección se hubiera producido intencionadamente.
3. La pérdida de categoría de espacio natural protegido, cuando esta se produzca mediante decreto, requerirá trámite de información pública e informe previo del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
CAPÍTULO III
Planificación de los recursos naturales
Artículo 24. Definición de planes de ordenación de los recursos naturales.
1. Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales protegidos, a los principios inspiradores señalados en esta ley, se formularán planes de ordenación de los recursos naturales.
2. Los planes de ordenación de los recursos naturales deberán ajustarse a las directrices para la ordenación de los recursos naturales elaboradas por el ministerio con competencias en materia de medio ambiente con la participación de las Comunidades Autónomas, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 25. Objetivos y contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. Los planes de ordenación de los recursos naturales son instrumentos de planificación que tienen como objetivos:
a) Identificar y georreferenciar los espacios y los elementos significativos del patrimonio natural del territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su integración y relación con el resto del territorio.
b) Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el ámbito territorial de que se trate.
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad, incluida la geodiversidad, y determinar las alternativas de gestión y las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación.
d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias contenidas en la presente ley.
e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, al objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad.
f) Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen.
g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.
h) Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus perspectivas de futuro.
2. El contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales será:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas.
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio natural y la biodiversidad, incluido el geológico, de los ecosistemas y los paisajes en el ámbito territorial de que se trate, formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.
c) Establecimiento de los objetivos de conservación.
d) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular, de los componentes de la biodiversidad, geodiversidad y paisaje, en el ámbito territorial de aplicación del plan.
e) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse para preservar el estado favorable de los objetivos de conservación de los componentes del patrimonio natural y la biodiversidad.
f) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios naturales.
g) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de aplicación del plan, para que sean compatibles con los objetivos de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
h) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el ámbito territorial objeto de ordenación.
i) Establecimiento de planes y programas que concreten las medidas que ayuden al progreso socioeconómico de las poblaciones de los espacios, según lo dispuesto en el apartado 1.h) de este artículo.
j) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos para su aplicación.
Artículo 26. Ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. El ámbito de los planes de ordenación de los recursos naturales se determinará con un criterio físico, biológico, socioeconómico y de homogeneidad de los valores naturales, de manera que queden recogidas en él todas sus particularidades significativas.
2. Se podrán integrar en un mismo plan de ordenación de los recursos naturales varios espacios naturales susceptibles de ser declarados protegidos, cuando existan elementos comunes que así lo aconsejen.
3. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de los planes de ordenación de los recursos naturales los suelos que tengan la condición de suelos urbanos y urbanizables delimitados a fecha de la entrada en vigor del decreto de aprobación.
Artículo 27. Procedimiento de aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. El plan de ordenación de los recursos naturales será elaborado por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza del Gobierno de Aragón.
2. El procedimiento de aprobación o modificación del plan de ordenación de los recursos naturales en el ámbito de la Comunidad Autónoma se iniciará mediante orden del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, en el que se definirá su ámbito territorial a través de los correspondientes planos cartográficos.
3. Previamente a su aprobación o modificación, y sin perjuicio de todos aquellos exigidos conforme a la legislación vigente, el borrador del plan de ordenación será sometido a informe de:
a) El Consejo de Protección de la Naturaleza.
b) El Consejo Forestal de Aragón.
c) El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. Durante el plazo de un mes el borrador del plan será sometido a trámite de información pública, así como de audiencia a los Ayuntamientos y comarcas ubicados en el ámbito territorial del plan, y a las entidades sin fines lucrativos que persiguen la protección del medio ambiente.
5. La aprobación o modificación de dicho plan de ordenación de los recursos naturales se efectuará mediante decreto del Gobierno de Aragón.
6. El plan de ordenación de los recursos naturales deberá ser aprobado en el plazo de dos años, a contar desde la orden de inicio. No obstante, cuando existan razones que lo justifiquen, el Gobierno de Aragón podrá acordar una ampliación de plazo que no podrá exceder de un año.
Artículo 28. Efectos de la iniciación del procedimiento de aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. Durante la tramitación de un plan de ordenación de los recursos naturales no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales, y hasta que esta se produzca, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable del órgano ambiental competente. Este informe solo podrá ser negativo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
3. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá ser sustanciado en un plazo máximo de noventa días.
Artículo 29. Efectos de los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. Los efectos de los planes de ordenación de los recursos naturales tendrán el alcance que establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Los planes de ordenación de los recursos naturales serán obligatorios y ejecutivos, constituyendo sus disposiciones vinculantes un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones.
3. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los planes de ordenación de los recursos naturales deberán adaptarse a estos. Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los planes de ordenación de los recursos naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física existentes.
4. Asimismo, los planes de ordenación de los recursos naturales serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales. Las actuaciones, planes o programas sectoriales solo podrán contradecir o no acoger el contenido de los planes de ordenación de los recursos naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso será necesaria una decisión del Gobierno de Aragón cuando correspondan al ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, que deberá motivarse y publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 30. Protección preventiva.
Cuando de las informaciones obtenidas por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza se dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbación que potencialmente pudiera alterar tal estado, se establecerá un régimen de protección preventiva consistente en:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los agentes de la autoridad y a los representantes del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, con el fin de verificar la existencia de los factores de perturbación.
b) En el caso de confirmarse por parte del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza la presencia de factores de perturbación en la zona, que amenacen potencialmente su estado:
1.º Se iniciará de inmediato el procedimiento de elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales de la zona, de no estar ya iniciado.
2.º Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo 28.2, se aplicará, en su caso, algún régimen de protección, previo cumplimiento de los trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de las Administraciones afectadas y demás intereses sociales afectados, así como de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta ley.
Artículo 31. Órgano competente para emitir autorizaciones e informes.
1. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:
a) Otorgar autorización o emitir informe sobre los usos y actividades en zonas sometidas a la regulación de los planes de ordenación de recursos naturales definitivamente aprobados, espacios naturales protegidos y en sus Zonas periféricas de protección.
b) Evacuar informe cautelar al que se refiere el artículo 28.2, que deberá emitirse una vez se haya iniciado el procedimiento de aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales.
2. Cuando así se establezca en el plan de ordenación, corresponderá al órgano administrativo responsable de la dirección del espacio natural protegido otorgar la autorización o emitir informe sobre los usos o actividades que se determinen expresamente en dicho plan.
3. La emisión del informe o la autorización corresponderá al órgano competente por razón de la materia integrado en la estructura del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza cuando se trate de actuaciones desarrolladas o promovidas por los órganos ambientales del departamento en el ejercicio de sus funciones de contenido ambiental.
CAPÍTULO IV
Planificación de los Espacios Naturales Protegidos
Artículo 32. Marco general.
1. El desarrollo del régimen de protección de los espacios naturales protegidos y de su gestión se realizará mediante los planes rectores de uso y gestión.
2. Los planes rectores de uso y gestión serán complementarios de los planes de ordenación de los recursos naturales, cuando existan, y estarán supeditados a lo que estos determinen.
Artículo 33. Definición de los planes rectores de uso y gestión.
1. Los planes rectores de uso y gestión son los instrumentos básicos de planificación de la gestión de los espacios naturales protegidos y fijan las normas que permitan su uso y conservación, así como las directrices de actuación tanto de la administración como de los particulares. También incluyen una programación de las actuaciones de gestión.
2. Los planes rectores de uso y gestión de los Parques nacionales se ajustarán al Plan Director de la Red de Parques Nacionales y a lo establecido en la ley reguladora de la Red de Parques nacionales.
Artículo 34. Contenido de los planes rectores de uso y gestión.
1. El contenido mínimo de los planes rectores de uso y gestión será el siguiente:
a) Diagnóstico de la situación de los recursos naturales presentes en el espacio y de su evolución previsible.
b) Establecimiento de los objetivos específicos a alcanzar durante el periodo de validez del plan para la conservación de los citados recursos naturales o la mejora de su estado inicial.
c) Zonificación interna del espacio natural protegido y de su zona periférica de protección.
d) Definición de las medidas que haya que aplicar para la consecución de los objetivos establecidos, que podrán ser:
1.º Regulación de usos y régimen de autorizaciones.
2.º Directrices orientadoras de actuaciones sectoriales.
3.º Actuaciones de gestión.
e) Programación de seguimiento que permita evaluar la ejecución de las medidas planificadas, la consecución de los objetivos del plan y el estado general de conservación del espacio natural protegido sobre el que se desarrolla.
2. En el diagnóstico se prestará especial atención al papel del espacio para los objetivos generales de conservación de la naturaleza y su relación con otros espacios naturales de su entorno, así como la conectividad existente entre dichos espacios.
3. Las medidas se definirán en coherencia con la zonificación y se podrán articular en programas sectoriales.
Artículo 35. Revisión de los planes rectores de uso y gestión.
1. Los planes rectores de uso y gestión serán periódicamente revisados cada diez años y en todo caso cuando sea necesario adaptarlos a las nuevas circunstancias del espacio y cuando se revise el plan de ordenación de los recursos naturales correspondiente.
2. Una vez finalizado el periodo de vigencia del plan rector de uso y gestión, y en el supuesto de que la revisión del planeamiento no haya sido aprobada por el Gobierno de Aragón, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, mediante orden del consejero, y garantizando la adecuada participación pública, podrá modificar la zonificación y regulación específica de usos para cada zona interna recogida en el plan, siempre y cuando no se distorsione la esencia del mismo. El alcance temporal de la orden se extenderá hasta la aprobación del decreto del Gobierno de Aragón por el que se proceda a la modificación del plan rector.
Artículo 36. Zonificación de los espacios naturales protegidos.
1. En el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos y Zonas periféricas de protección, a efectos de regular la intensidad de su uso, se podrán establecer diferentes zonas que se definirán según los siguientes criterios:
a) Zonas de reserva: Estarán constituidas por aquellas áreas de los espacios naturales protegidos que contengan elementos frágiles o amenazados para cuya conservación sea necesario limitar el acceso público y reducir al mínimo la acción humana sobre los mismos. Para el acceso a estas zonas será necesaria autorización explícita, salvo para las acciones que pudieran ser desarrolladas por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y en ellas solo se podrán realizar aquellos usos que se establezcan como necesarios para la conservación en el correspondiente plan rector de uso y gestión.
b) Zonas de uso limitado: Se incluirán en esta clase aquellas áreas donde el medio tiene una alta calidad y su conservación es compatible con la intensidad de los usos actuales y un moderado impacto de visitantes. En ellas se permitirán los usos que se recojan en el plan rector de uso y gestión y su acceso será libre pero no se permitirá la instalación de ninguna infraestructura de carácter permanente.
c) Zonas de uso compatible: En esta clase de zonas se incluirán las áreas en las que se pueda compatibilizar la conservación, el uso de los recursos y un moderado desarrollo del uso público. En estas zonas se establecerán las instalaciones necesarias para la gestión de los recursos naturales y las nuevas infraestructuras de uso público que no impliquen nuevas edificaciones.
d) Zonas de uso general: Se delimitarán e incluirán en estas zonas aquellas áreas de menor calidad natural relativa dentro del espacio natural protegido, donde se ubicarán preferentemente los equipamientos generales y las infraestructuras y acciones de uso público y de desarrollo socioeconómico. Se incluirán en esta tipología las áreas de menor calidad natural y todas aquellas en las que ya exista un uso público intenso. En ellas se ubicarán preferentemente los equipamientos de uso público y aquellos destinados al desarrollo socioeconómico de la población local.
2. La zonificación de los Parques nacionales se ajustará a lo dispuesto en el Plan Director de la Red de Parques nacionales.
Artículo 37. Ámbito de los planes rectores de uso y gestión.
1. El ámbito territorial de aplicación de los instrumentos de planificación será el definido por los límites del espacio natural protegido a que se refiera y por los de su Zona Periférica de Protección, si existiera.
2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de dichos planes los suelos que tengan la condición de suelos urbanos y urbanizables delimitados a fecha de la entrada en vigor del decreto de aprobación.
Artículo 38. Aprobación de los planes rectores de uso y gestión.
1. Los planes rectores de uso y gestión serán elaborados por la dirección de cada espacio natural protegido, y aprobados por decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.
2. Todos los planes se someterán al trámite de información pública, así como al de audiencia a los ayuntamientos y comarcas ubicados en el ámbito territorial del plan, y a las entidades sin fines lucrativos que persiguen la protección del medio ambiente.
3. Igualmente los planes, previamente a su aprobación, y sin perjuicio de todos aquellos exigidos conforme a la legislación vigente, deberán ser informados preceptivamente por:
a) El patronato del espacio natural protegido al que se refieran.
b) El Consejo de Protección de la Naturaleza.
c) El Consejo Forestal de Aragón.
d) El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. El procedimiento de elaboración de los planes rectores de uso y gestión de los Parques nacionales requerirá informe previo del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del patronato en los términos previstos por su legislación reguladora.
Artículo 39. Efectos de los planes rectores de uso y gestión.
1. Los planes rectores de uso y gestión serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas en esta ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial existentes que resulten contradictorios con los planes rectores de uso y gestión deberán adaptarse a estos en el plazo máximo de un año a partir de su aprobación definitiva.
2. Asimismo, los planes rectores de uso y gestión serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales. Las actuaciones, planes o programas sectoriales solo podrán contradecir o no acoger el contenido de los planes rectores de uso y gestión por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión se adoptará por acuerdo debidamente motivado del Gobierno de Aragón cuando correspondan al ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, el cual será publicado en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 40. Órgano competente para emitir autorizaciones e informes.
1. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar la autorización o emitir informe, según corresponda, de los usos y actividades en zonas sometidas a la regulación de los planes rectores de uso y gestión aprobados.
2. Cuando así se establezca expresamente en el plan rector de uso y gestión, corresponderá al órgano administrativo responsable de la dirección del espacio natural protegido otorgar la autorización o emitir informe sobre los usos o actividades que se determinen expresamente en dicho plan.
3. La emisión del informe o la autorización corresponderá al órgano competente por razón de la materia integrado en la estructura del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza cuando se trate de actuaciones desarrolladas o promovidas por los órganos ambientales del departamento en el ejercicio de sus funciones de contenido ambiental.
CAPÍTULO V
Regulación de usos de los Espacios Naturales Protegidos
Artículo 41. Régimen de usos.
A los efectos de lo previsto en la presente ley, los posibles usos de un espacio natural protegido tendrán la consideración de permitidos y prohibidos.
Artículo 42. Usos permitidos.
Con carácter general se consideran usos o actividades permitidos los agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y piscícolas que sean compatibles con la protección de cada espacio natural protegido. Igualmente, serán permitidos los calificados como tales en el respectivo instrumento de planificación y los sometidos a autorización, licencia o concesión que no impliquen riesgo para los recursos naturales.
Artículo 43. Usos prohibidos.
Son usos o actividades prohibidos todos aquellos que sean incompatibles con las finalidades de protección del espacio natural protegido, y en particular los siguientes:
a) Encender fuego fuera de los lugares establecidos al efecto o contraviniendo las normas aplicables.
b) Abandonar, verter o depositar basuras o cualquier objeto fuera de los lugares establecidos al efecto.
c) Verter líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar el dominio público hidráulico o alterar las condiciones naturales de un espacio natural protegido.
d) La alteración de las condiciones naturales de un espacio natural protegido o de sus recursos mediante ocupación, invasión, roturación u otras acciones, así como alterar o destruir la vegetación.
e) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad en los espacios naturales protegidos.
f) La persecución, captura y recolección de material biológico de especies amenazadas, excepto para estudios científicos debidamente autorizados.
g) La actividad cinegética y piscícola fuera de las zonas autorizadas.
h) La acampada fuera de los lugares señalados al efecto.
i) Alterar o destruir la señalización o las instalaciones propias de los espacios naturales protegidos.
j) La circulación de vehículos a motor campo a través y por caminos forestales, senderos o sendas no autorizados.
k) Obstaculizar las acciones de la administración de los espacios naturales protegidos.
l) Todos aquellos que así se consideren en los instrumentos de planificación o normativa preventiva del espacio natural protegido al que concierna y demás normativa de aplicación.
CAPÍTULO VI
Organización de los Espacios Naturales Protegidos
Artículo 44. La administración de los espacios naturales protegidos.
1. La administración y gestión de los espacios naturales protegidos corresponde al departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.
2. El departamento competente en materia de conservación de la naturaleza deberá conocer e informar, con carácter preceptivo, todos los proyectos de disposiciones generales de la Comunidad Autónoma que puedan afectar directamente a los espacios naturales protegidos.
3. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, el Gobierno de Aragón podrá celebrar convenios de colaboración con otras administraciones, universidades, entidades científicas y asociaciones o entidades públicas o privadas relacionadas con la conservación de la naturaleza que persigan el logro de los principios del artículo 2.
Artículo 45. Dirección.
1. Sin perjuicio del órgano competente para emitir autorizaciones e informes, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá nombrar, de entre su personal, un director técnico para cada uno de los espacios naturales protegidos cuando por su dimensión y especificidad así se requiera. Cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá recaer más de un nombramiento sobre la misma persona. Así mismo, el director del servicio provincial del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá ostentar la dirección de uno o más espacios naturales protegidos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá encomendar a un gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos regulados en esta ley, o de cualquier otro conjunto de elementos integrantes de la Red Natural de Aragón, así como sus zonas periféricas de protección y el Área de influencia socioeconómica que, en su caso, se establezcan. Asimismo, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá encomendarle la realización de cualquier actuación o inversión, de acuerdo con los términos fijados en la correspondiente encomienda de gestión del citado departamento al ente instrumental en que, en su caso, se integre el gerente.
Artículo 46. Patronato.
1. Los espacios naturales protegidos dispondrán de un órgano consultivo y de participación social, denominado patronato. Cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá existir un mismo patronato para varios espacios naturales protegidos.
2. Son funciones de los patronatos las que les atribuya la norma de creación del espacio natural protegido y, en todo caso, las siguientes:
a) Promover cuantas gestiones y actividades considere oportunas a favor del espacio natural protegido.
b) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el espacio natural protegido.
c) Informar preceptivamente, y con anterioridad a su aprobación, los distintos instrumentos de planificación para el uso y gestión del espacio natural protegido, y sus subsiguientes revisiones.
d) Aprobar las memorias anuales de actividades y resultados elaboradas por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. Dichas memorias se remitirán al Consejo de Protección de la Naturaleza.
e) Informar los planes anuales de trabajo a realizar en el espacio natural.
f) Informar sobre cualquier clase de proyectos, trabajos, obras o planes de investigación que se pretendan realizar en el interior del espacio natural protegido, que no estén incluidos en los correspondientes planes.
g) Informar los proyectos de actuación compensatoria a realizar en las Áreas de influencia socioeconómica del espacio.
h) Elaborar sus propios presupuestos.
i) Elaborar y aprobar su reglamento de régimen interior.
j) Informar las propuestas de modificación de límites del espacio natural protegido.
k) Proponer medidas de difusión e información de los contenidos y valores del espacio natural protegido.
l) Cualquier otra función encaminada a un mejor cumplimiento de los objetivos de la declaración del espacio natural.
3. La composición del patronato se establecerá en la norma de declaración del espacio natural protegido, debiendo garantizarse una representación equilibrada de las distintas administraciones públicas e intereses sociales implicados.
4. El presidente del patronato será nombrado de entre sus miembros, a propuesta del consejero competente en materia de conservación de la naturaleza, por el Gobierno de Aragón, oído el patronato.
5. El secretario del patronato será un funcionario de la administración autónoma, con voz pero sin voto.
6. Los patronatos podrán tener una comisión directiva, que asumirá las funciones que se establezcan en su reglamento de régimen interior.
CAPÍTULO VII
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
Artículo 47. La Red de espacios naturales protegidos.
1. Se establece la Red de espacios naturales protegidos de Aragón, que estará constituida por todos los espacios naturales protegidos existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y que quedará integrada, a todos los efectos, como uno de los componentes esenciales de la Red Natural de Aragón para asegurar una gestión homogénea de todo el patrimonio natural de Aragón.
2. La Red de espacios naturales protegidos se configurará de acuerdo con los principios de representatividad de los sistemas naturales del territorio aragonés, viabilidad ecológica y conexión biológica entre ellos.
Artículo 48. Objetivos de la Red de espacios naturales protegidos de Aragón.
La Red de espacios naturales protegidos de Aragón tendrá como objetivos los siguientes:
a) La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales protegidos.
b) La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y conjunta.
c) La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de espacios naturales y de la vida silvestre.
d) El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así como con aquellas organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección y conservación de la naturaleza.
TÍTULO III
Áreas naturales singulares
CAPÍTULO I
Protección territorial de la biodiversidad y de la geodiversidad aragonesas
Artículo 49. Áreas naturales singulares.
1. Se denominan Áreas naturales singulares un conjunto representativo de espacios significativos para la biodiversidad y geodiversidad de Aragón cuya conservación se hace necesario asegurar.
2. Las Áreas naturales singulares quedan conformadas por:
a) Espacios de la Red Natura 2000.
b) Reservas de la biosfera.
c) Lugares de interés geológico.
d) Geoparques.
e) Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial.
f) Humedales singulares de Aragón, incluidos los humedales de importancia internacional del convenio Ramsar.
g) Árboles singulares de Aragón.
h) Reservas naturales fluviales.
i) Áreas naturales singulares de interés cultural.
j) Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
3. Los montes de utilidad pública de la Red Natural de Aragón y los Refugios de fauna acuática, sin perjuicio de su adecuada protección en virtud de su legislación específica, contribuirán a los objetivos establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO II
Espacios Protegidos de la Red Natura 2000
Artículo 50. Espacios protegidos de la Red Natura 2000.
1. La Red ecológica europea Natura 2000, como red europea de territorios, garantiza el mantenimiento, o en su caso el restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de los anexos I y II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en su área de distribución natural. La Red Natura 2000 incluirá asimismo las Zonas de protección especiales para las aves incluidas en el anexo IV de la misma ley y para las aves migratorias de presencia regular en España.
2. Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Aragón quedan integrados por:
a) Los Lugares de importancia comunitaria, hasta su transformación en Zonas especiales de conservación.
b) Las Zonas especiales de conservación.
c) Las Zonas de especial protección para las aves.
3. La declaración y gestión de las Zonas especiales de conservación y de las Zonas de especial protección para las aves corresponde al Gobierno de Aragón con el alcance y las limitaciones establecidas en la presente ley, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental.
4. Se atenderá a las directrices de conservación de la Red Natura 2000, elaboradas por el ministerio con competencias en materia de medio ambiente en colaboración con las Comunidades Autónomas y aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios.
Artículo 51. Propuesta de Lugares de importancia comunitaria.
1. Los Lugares de importancia comunitaria son aquellos espacios del conjunto del territorio aragonés que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario que figuran respectivamente en los anexos I y II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en su área de distribución natural.
2. La propuesta de aprobación de nuevos Lugares de importancia comunitaria será efectuada mediante orden del consejero competente en materia de conservación de la naturaleza, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sometiéndose en todo caso al trámite de información pública, y requiriendo igualmente informe preceptivo del Consejo de Protección de la Naturaleza, así como del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
3. Dicha orden incluirá, al menos, los límites geográficos, los hábitats naturales y especies de interés comunitario objetivos de conservación, incluidos los prioritarios, y el régimen preventivo aplicable a la propuesta de los nuevos lugares de importancia comunitaria.
4. El departamento competente en materia de conservación de la naturaleza enviará la propuesta al ministerio competente en materia de medio ambiente, quien trasladará, a su vez, dicha propuesta a la Comisión europea para su aprobación como lugar de importancia comunitaria.
Artículo 52. Zonas de especial conservación.
1. Una vez aprobados los lugares de importancia comunitaria por la Comisión Europea, y en los plazos establecidos por la normativa en vigor, estos serán declarados, por decreto del Gobierno de Aragón, como Zonas de especial conservación junto con la aprobación simultánea del correspondiente plan o instrumento de gestión.
2. Para fijar la prioridad en la declaración de estas zonas se atenderá a la importancia de los lugares, al mantenimiento en un estado de conservación favorable o al restablecimiento de un tipo de hábitat natural de interés comunitario o de una especie de interés comunitario, así como a las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellas, todo ello con el fin de mantener la coherencia de la Red Natura 2000.
Artículo 53. Zonas de especial protección para las aves.
1. Son Zonas de especial protección para las aves silvestres aquellas que se declaren para asegurar la supervivencia, la reproducción, la muda y la invernada de las especies de aves que figuran en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y de aquellas especies migratorias cuya llegada sea regular en Aragón.
2. Para el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio aragonés, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y, muy especialmente, a las de importancia internacional.
3. La designación de una nueva Zona de especial protección para las aves se realizará mediante decreto del Gobierno de Aragón, previa información pública y contando con el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. Dicha declaración incluirá información sobre sus límites geográficos y sobre las especies y sus hábitats que son objetivos de conservación.
Artículo 54. Propuesta de modificación del ámbito territorial de un espacio de la Red Natura 2000.
1. La propuesta de modificación del ámbito territorial de un Lugar de importancia comunitaria, de una Zona de especial conservación o de una Zona de especial protección para las aves, incluso en el caso de ajuste de límites cartográficos, se efectuará mediante orden del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, exigiendo en todo caso, previamente a la aceptación de la propuesta por parte de la Comisión Europea, trámite de información pública e informe preceptivo del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
2. La descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución natural, científicamente demostrada, reflejados en los resultados de seguimiento llevados a cabo por la administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y de las especies de interés comunitario. En todo caso el procedimiento para la descatalogación exigirá el cumplimiento de los trámites establecidos en el párrafo anterior.
Artículo 55. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las Zonas especiales de conservación y las Zonas de especial protección para las aves, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza fijará las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a) La adopción de adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en cuenta las necesidades de aquellos municipios incluidos en su ámbito territorial.
b) La adopción de medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, entre ellas los acuerdos de custodia del territorio firmados con los propietarios y titulares de derechos de las fincas ubicadas en espacios de la Red Natura 2000.
2. Los planes de gestión de las Zonas de especial conservación y de las Zonas de especial protección para las aves serán aprobados mediante decreto del Gobierno de Aragón, previa información pública y contando con informe preceptivo del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
Artículo 56. Ámbito de aplicación de los planes de gestión.
El ámbito de aplicación de un plan de gestión podrá corresponderse con un solo espacio protegido Red Natura 2000 o con varios, agrupados en este caso en razón a su homogeneidad ecológica, a su continuidad espacial, o a razones de eficacia en la aplicación de medidas de conservación.
Artículo 57. Contenido mínimo de los planes de gestión.
1. Los planes de gestión de las Zonas de especial conservación y de las Zonas de especial protección para las aves definirán los hábitats naturales y las especies que justificaron la designación del espacio protegido Red Natura 2000, con especial atención a aquellos de conservación prioritaria y, si es necesario, a sus áreas críticas de conservación.
2. En dichos planes o instrumentos de gestión, se definirán las medidas apropiadas para:
a) Evitar el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies en los espacios de la Red Natura 2000, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.
b) Evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.
3. Los planes contendrán al menos los siguientes elementos:
a) Ámbito de aplicación.
b) Identificación e inventario de los hábitats naturales y especies de interés comunitario que han motivado la designación del espacio o espacios Red Natura 2000 incluidos en el ámbito del plan.
c) Identificación, descripción y diagnóstico de los problemas de conservación que afecten de forma significativa a los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario en el ámbito del plan.
d) Definición de los objetivos de conservación.
e) Definición de las medidas de gestión para hábitats naturales y especies de interés comunitario, que incluirán, en su caso, la regulación de ciertas actividades sectoriales, el régimen de usos adaptado al ámbito territorial del plan, el calendario de aplicación de las medidas y una estimación presupuestaria para las mismas.
f) En su caso, prioridades de conservación y zonificación para la aplicación de las medidas de gestión.
g) Mecanismos de seguimiento y evaluación del estado de conservación de hábitats naturales y especies de interés comunitario.
4. Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la autorización o informe de usos y actividades que, de acuerdo con el régimen establecido en los planes de gestión, puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
5. La emisión del informe o la autorización corresponderá al órgano competente por razón de la materia integrado en la estructura del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza cuando se trate de actuaciones desarrolladas por el citado departamento, o los organismos públicos de él dependientes, en el ámbito de su competencia, y que tengan relación directa con la gestión o conservación de los espacios de la Red Natura 2000 o sean necesarios para la misma.
Artículo 58. Evaluación de programas, planes y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.
La evaluación de programas, planes y proyectos que sin tener relación directa con la gestión del lugar pueda tener repercusiones sobre la Red Natura 2000, se realizará, según proceda, de conformidad con el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental o el procedimiento de evaluación de Zonas ambientalmente sensibles establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental, así como en consonancia con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 59. Comunicación del cumplimiento de las obligaciones comunitarias.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón dará cuenta al ministerio con competencias en materia de medio ambiente de las Zonas de especial protección para las aves y Zonas de especial conservación declaradas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como de sus modificaciones, a efectos de su comunicación a la Comunidad Europea, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vigilará el estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias, así como de conservación de las especies de aves que se enumeran en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, comunicando al ministerio con competencias en materia de medio ambiente los cambios que se hayan producido en los mismos a efectos de su reflejo en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dicha comunicación se producirá anualmente, a excepción de cuando ello no sea técnicamente posible, en cuyo caso deberá motivarse.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón remitirá al ministerio con competencias en materia de medio ambiente información sobre las medidas de conservación a las que se refiere el artículo 55, la evaluación de sus resultados y las propuestas de nuevas medidas a aplicar, al objeto de que el ministerio pueda remitir a la Comisión Europea, cada tres y seis años, respectivamente, los informes nacionales exigidos por las Directivas comunitarias 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
CAPÍTULO III
Reserva de la biosfera (Programa MaB de la UNESCO)
Artículo 60. Declaración y funciones de las reservas de la biosfera.
1. Podrán ser declaradas en Aragón, como Reservas de la biosfera, las zonas de ecosistemas terrestres reconocidas como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO.
2. Las Reservas de la biosfera cumplirán las siguientes funciones:
a) Una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas, los paisajes, los usos tradicionales y la cultura propia de las comunidades.
b) Una función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
c) Una función logística, para prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.
Artículo 61. Propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera.
1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón apoyará las iniciativas voluntarias de libre cooperación que tengan por objeto la propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera, siempre que cumplan los criterios establecidos en el artículo siguiente.
2. La propuesta de declaración de la Reserva de la biosfera, para ser elevada al Comité MaB español, deberá ser aprobada previamente por acuerdo del Gobierno de Aragón. Dicha propuesta será sometida a trámite de información pública, siendo preceptivo el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
Artículo 62. Criterios para la designación de la propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera.
La propuesta de declaración de una Reserva de la biosfera deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana.
b) Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.
c) Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible a escala regional.
d) Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las Reservas de biosfera y contener una zonificación que incluya tres categorías, denominadas núcleo, tampón y transición.
e) Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la Reserva de la biosfera.
f) Contar con mecanismos de ejecución y de gestión de la utilización de los recursos.
g) Disponer de una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de Reserva de biosfera.
h) Contar con una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa política o ese plan.
i) Poseer programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación.
Artículo 63. Planificación y gestión de las Reservas de la biosfera.
Las Reservas de la biosfera contemplarán la zonificación, estrategias, programa de actuación, sistema de indicadores y órganos de gestión, líneas de acción y programas a los que alude el artículo 67 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 64. Revisión periódica.
1. El estado de cada Reserva de la biosfera será revisado cada 10 años sobre la base de un informe elaborado por el órgano gestor con arreglo a los criterios enumerados en el artículo 62.
2. El informe será elevado por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza al Comité MaB español para su posterior traslado al Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del Programa MaB.
CAPÍTULO I
Patrimonio Geológico
Artículo 65. Catálogo de Lugares de interés geológico.
1. Se consideran Lugares de interés geológico de Aragón aquellas superficies con presencia de recursos geológicos de valor natural, científico, cultural, educativo o recreativo, ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes, yacimientos paleontológicos o minerales.
2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón contribuirá a la conservación del patrimonio geológico más emblemático de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante:
a) La definición y clasificación de los Lugares de interés geológico de Aragón.
b) La creación del catálogo de Lugares de interés geológico de Aragón, que se configura como un registro público de carácter administrativo en el que se identifican aquellos lugares de mayor importancia para su conservación por reunir los criterios de selección establecidos.
c) La definición del contenido del catálogo.
d) La regulación del procedimiento administrativo que garantice la actualización del catálogo, mediante la inclusión de nuevos Lugares de interés geológico de Aragón así como la posible exclusión de los ya existentes.
e) El establecimiento de un régimen de protección aplicable a los lugares catalogados mediante la incorporación de un régimen general de usos permitidos, autorizables y prohibidos.
f) La adopción de medidas de fomento y gestión de estos espacios.
3. El establecimiento de las medidas señaladas en el apartado anterior se realizará mediante decreto del Gobierno de Aragón, previa información pública y contando con el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. En el supuesto de que sobre los Lugares de interés geológico confluya un espacio natural protegido o un bien de interés cultural, prevalecerá el régimen jurídico de protección más restrictivo.
Artículo 66. Geoparques.
En el marco de la Red europea de Geoparques, se podrán declarar geoparques de carácter regional, comarcal o local, las zonas que cumplan con los objetivos establecidos en la Carta de la Red europea de Geoparques o instrumento vigente en su momento.
CAPÍTULO V
Bienes Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial
Artículo 67. Definición de Bien de patrimonio natural.
El Gobierno de Aragón contribuirá al reconocimiento y aplicación de la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO que considera Bien de Patrimonio Natural:
a) Los Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
b) Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
c) Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.
Artículo 68. Procedimiento de inscripción de un Bien de patrimonio natural.
1. El departamento competente en materia de conservación de la naturaleza del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Administración General del Estado, impulsará la elaboración de un inventario del patrimonio natural aragonés que contenga un valor universal excepcional.
2. La propuesta de inscripción de un Bien de patrimonio natural de la Comunidad Autónoma de Aragón en la Lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO deberá ser sometida a trámite de información pública, siendo preceptivo, para su tramitación, el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
3. Dicha propuesta de inscripción se aprobará por acuerdo del Gobierno de Aragón con carácter previo a su elevación por parte de la Administración General del Estado ante el Comité del Patrimonio Mundial.
4. La elaboración de la propuesta de inscripción de un Bien de patrimonio natural seguirá los criterios establecidos por el Comité del Patrimonio Mundial.
5. El régimen de protección se articulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, firmada en París el 16 de noviembre de 1972.
CAPÍTULO VI
Humedales Singulares de Aragón
Artículo 69. Humedales singulares de Aragón.
1. Se consideran Humedales singulares de Aragón aquellos lugares del territorio aragonés relativos a las aguas continentales que conciten interés por su flora, fauna, valores paisajísticos, naturales, geomorfología o por la conjunción de diversos elementos de su entorno.
2. El inventario de Humedales singulares de Aragón, que se constituye como registro público de carácter administrativo, será regulado mediante decreto del Gobierno de Aragón en el que se establecerá a su vez el procedimiento de declaración de los nuevos Humedales singulares de Aragón, así como los efectos de la inclusión de ejemplares en el inventario y su régimen de protección.
3. El inventario incluirá, entre los Humedales singulares de Aragón, a los Humedales de importancia internacional del convenio Ramsar.
4. El Gobierno de Aragón, previo acuerdo, podrá proponer al Comité de Humedales, órgano consultivo y de cooperación adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la inclusión de nuevos humedales en la Lista de los Humedales de Importancia Internacional del convenio Ramsar. Dicha propuesta será sometida a trámite de información pública, siendo preceptivo el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
5. Atendiendo a las características de ciertos Humedales singulares de Aragón, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza podrá tramitar los oportunos procedimientos de declaración de espacio natural protegido, conforme a lo establecido en la presente ley.
CAPÍTULO VII
Árboles Singulares de Aragón
Artículo 70. Catálogo de Árboles singulares de Aragón.
1. Tienen la consideración de Árboles singulares de Aragón aquellos ejemplares o formaciones vegetales, entendidas como grupos de árboles, que merezcan un régimen de protección especial por presentar características que les confieren un elevado valor como patrimonio natural relacionadas con los siguientes aspectos:
a) Posesión, en el contexto de su especie, de medidas, edad o particularidades científicas excepcionales.
b) Rareza por número o distribución, así como por las particularidades de su desarrollo o su ubicación.
c) Interés cultural, histórico o popular relevante.
2. El catálogo de Árboles singulares de Aragón, como registro público de carácter administrativo, será regulado mediante decreto del Gobierno de Aragón, en el que se hará constar el procedimiento de declaración de los nuevos Árboles singulares, así como los efectos de la inclusión de ejemplares en el catálogo.
3. Los árboles singulares de Aragón podrán ser declarados Monumento natural, en cuyo caso se regirán por su normativa específica.
CAPÍTULO VIII
Reservas Naturales Fluviales
Artículo 71. Reservas naturales fluviales.
1. Las Reservas naturales fluviales tienen la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico, según lo previsto en la legislación básica de aguas y en la planificación hidrológica de las demarcaciones.
2. Una vez incluidas en los planes hidrológicos de las demarcaciones, el Gobierno de Aragón ejercerá las competencias propias de gestión de los tramos de Reservas naturales fluviales cuyo territorio se encuentre en la Comunidad Autónoma de Aragón, en coordinación con el organismo de cuenca y sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica de aguas.
CAPÍTULO IX
Áreas Naturales Singulares de Interés Cultural
Artículo 72. Áreas naturales singulares de interés cultural.
1. Son Áreas naturales singulares de interés cultural aquellas que se declaren por la especial vinculación de sus valores naturales o paisajísticos con valores culturales, etnográficos, históricos, artísticos o del patrimonio material o inmaterial.
2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón desarrollará:
a) Los criterios de definición y clasificación de las áreas naturales singulares de interés cultural.
b) La regulación del procedimiento administrativo para la declaración de las áreas naturales singulares de interés cultural.
c) La creación y mantenimiento del catálogo de áreas naturales singulares de interés cultural, que se configura como un registro público de carácter administrativo.
d) Las medidas de fomento y gestión de estas áreas y, en su caso, el establecimiento del régimen de protección aplicable.
3. No se promoverá la declaración de áreas naturales singulares de interés cultural en ámbitos territoriales que ya hayan sido declarados previamente como espacio natural protegido o Parque cultural.
4. En el supuesto de que en las Áreas naturales singulares de interés cultural confluya un espacio natural protegido, un Bien de interés cultural o un Parque cultural, por haber sido declarados con posterioridad al Área natural singular, prevalecerá el régimen jurídico de protección más restrictivo.
CAPÍTULO X
Áreas naturales singulares de interés local o comarcal
Artículo 73. Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
1. Son Áreas naturales singulares de interés local o comarcal aquellas que declare el Gobierno de Aragón a propuesta de los órganos de gobierno de los ayuntamientos o comarcas, respectivamente, en reconocimiento a los valores naturales o paisajísticos en su ámbito local.
2. Reglamentariamente, el Gobierno de Aragón desarrollará:
a) Los criterios, uniformes para todo el territorio aragonés, de definición y clasificación de las áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
b) La regulación del procedimiento administrativo para la declaración de las áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
c) La creación y mantenimiento del catálogo de áreas naturales singulares de interés local o comarcal, que se configura como un registro público de carácter administrativo.
d) Las medidas de fomento y gestión de estas áreas y, en su caso, el establecimiento del régimen de protección aplicable.
e) Los mecanismos de colaboración con las entidades locales proponentes.
3. No se promoverá la declaración de Áreas naturales singulares de interés local o comarcal en ámbitos territoriales que ya hayan sido declarados previamente como espacio natural protegido.
4. En el supuesto de que en las Áreas naturales singulares de interés local o comarcal confluya un espacio natural protegido, por haber sido declarado con posterioridad al área natural singular, prevalecerá el régimen jurídico de protección más restrictivo.
CAPÍTULO XI
Conectividad ecológica
Artículo 74. Corredores ecológicos.
1. Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de los espacios protegidos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de lo previsto en esta ley, así como en la ley de ordenación del territorio, fomentará la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres.
2. En la elaboración de los planes de ordenación de los recursos naturales, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza del Gobierno de Aragón preverá mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o reestableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad.
3. Se fomentarán en las vías pecuarias los usos compatibles, complementarios y especiales en términos acordes con su naturaleza y sus fines, contribuyendo a la preservación de la flora y fauna silvestres.
4. Se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.
TÍTULO IV
Coherencia de la Red Natural de Aragón
Artículo 75. Catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón.
1. Se crea el catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón como registro público de carácter administrativo que contendrá todos los elementos integrantes de la Red Natural de Aragón, a excepción de los montes de utilidad pública.
2. El departamento competente en materia de conservación de la naturaleza será el responsable de la llevanza y actualización del registro de los elementos regulados en esta ley, y que se concretarán en las siguientes secciones:
a) Sección I: Parques nacionales.
b) Sección II: Parques naturales y Reservas naturales.
c) Sección III: Monumentos naturales y Paisajes protegidos.
d) Sección IV: Espacios de la Red Natura 2000.
e) Sección V: Reservas de la biosfera.
f) Sección VI: Geoparques.
g) Sección VII: Lugares de interés geológico.
h) Sección VIII: Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial.
i) Sección IX: Humedales singulares de Aragón, incluidos los Humedales de importancia internacional del convenio Ramsar.
j) Sección X: Árboles singulares de Aragón.
k) Sección XI: Reservas naturales fluviales.
l) Sección XII: Áreas naturales singulares de interés cultural.
m) Sección XIII: Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
3. El catálogo contendrá, al menos, para cada espacio, su denominación, extensión, municipios comprendidos, fecha y procedimiento de declaración, cartografía a escala adecuada, así como las disposiciones, actos administrativos y, en general, las incidencias relevantes para su gestión.
4. Todos los departamentos del Gobierno de Aragón deberán facilitar los datos que conozcan en el ámbito de sus respectivas competencias sobre las zonas incluidas en el catálogo y que sean necesarios para las tareas de análisis, investigación, planeamiento y gestión de dichas zonas.
5. La declaración de un espacio natural protegido o de un Área natural singular conllevará su incorporación automática al catálogo.
Artículo 76. Plan Director de la Red Natural de Aragón.
1. El Plan Director de la Red Natural de Aragón tendrá por objeto:
a) Consolidar la Red de espacios naturales protegidos de Aragón y demás elementos integrantes de la Red Natural de Aragón, potenciando su coherencia interna como un sistema orientado a facilitar la consecución de los fines de los espacios naturales aragoneses, a asegurar su planificación y gestión coordinada, y a promover el desarrollo conjunto de todos los elementos integrantes de la Red Natural de Aragón.
b) Contribuir de forma singular al sistema de protección y conservación de la naturaleza, incorporando los espacios naturales protegidos aragoneses al conjunto de estrategias autonómicas, nacionales e internacionales en materia de conservación.
c) Establecer directrices necesarias en materia de planificación, conservación, uso público investigación, formación, educación, sensibilización social y desarrollo sostenible.
d) Favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por los espacios protegidos y canalizar la participación social en el proceso de toma de decisiones.
e) Definir y desarrollar el marco de cooperación y colaboración con otras Administraciones, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el internacional.
f) Potenciar la imagen y la proyección exterior de la Red.
2. El Plan Director de la Red Natural de Aragón se desarrollará mediante la elaboración de planes específicos, que serán aprobados por decreto del Gobierno de Aragón, previo trámite de información pública y previo informe preceptivo del Consejo de Protección de la Naturaleza.
3. El departamento competente en materia de conservación de la naturaleza elaborará los planes específicos de los elementos recogidos en esta ley, y que se concretan en los siguientes:
a) Plan Director de espacios naturales protegidos.
b) Plan Director de las áreas de la Red Natura 2000.
c) Plan Director del resto de las áreas naturales singulares.
4. El Plan Director de espacios naturales protegidos, en lo correspondiente a los Parques nacionales, se ajustará al Plan Director de la Red de Parques nacionales y a lo establecido en la Ley 5/2007, de 3 de abril.
TÍTULO V
Régimen general de protección de los espacios naturales protegidos
Artículo 77. Protección general.
Se establece en este título el régimen general de protección de los espacios naturales protegidos, sin perjuicio de aquellas protecciones específicas que existan o puedan establecerse para cada espacio por su propia normativa o instrumentos de planificación o en cualquiera otra norma que sea aplicable en cada caso.
Artículo 78. Utilidad pública.
1. La declaración de un espacio natural protegido conllevará la de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración competente para ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de terrenos situados en su interior.
2. El ejercicio por la administración de los derechos de tanteo y retracto se efectuará en los términos previstos por la legislación básica del Estado. Para facilitar el ejercicio de estos derechos, el transmitente notificará fehacientemente al departamento competente en materia de conservación de la naturaleza el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en la que haya sido instrumentada la citada transmisión. Dentro del plazo de tres meses, la Administración podrá ejercer el derecho de tanteo, obligándose al pago del precio convenido en un periodo no superior a un ejercicio económico. El derecho de retracto se podrá ejercer en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, en el plazo de tres meses desde la notificación o desde la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de la transmisión.
Artículo 79. Planeamiento urbanístico.
1. El planeamiento urbanístico de los municipios cuyo territorio esté incorporado parcial o totalmente a espacios naturales protegidos se adaptará al régimen de protección establecido en la presente ley y normas que la desarrollen.
2. El órgano urbanístico competente procederá, de oficio, a la adecuación del planeamiento urbanístico cuando sus determinaciones sean incompatibles con la reglamentación de los espacios naturales protegidos, corriendo a cargo del Gobierno de Aragón los costes derivados de las adaptaciones que procedan.
Artículo 80. Suspensión de licencias.
1. Al acordar la iniciación del expediente de declaración de un espacio natural protegido, el Gobierno de Aragón podrá establecer, para la totalidad o parte de su ámbito, la suspensión de licencias urbanísticas y de los efectos de las ya otorgadas.
2. El levantamiento de la suspensión, si procede, se producirá con la declaración del Espacio Natural Protegido o su descatalogación.
3. Excepcionalmente, podrá levantarse la suspensión en determinadas zonas antes de la declaración definitiva, cuando de los informes obrantes en el expediente pudiera deducirse que no van a producirse impactos negativos en el medio natural, previo acuerdo del Gobierno de Aragón.
Artículo 81. Suspensión de obras.
Las obras que se efectúen en un espacio natural respecto del cual se haya iniciado expediente de declaración de espacio natural protegido, o que, sin afectar directamente al ámbito territorial del mismo, sean susceptibles de producir afecciones importantes a su medio natural, podrán ser suspendidas cautelarmente por acuerdo del Gobierno de Aragón, que en el plazo de un mes deberá resolver sobre la procedencia de mantener la suspensión o permitir la continuación de las mismas.
Artículo 82. Ejecución forzosa y subsidiaria.
1. La ejecución forzosa de las órdenes de la Administración afectará no solo a la suspensión y demolición de obras, sino también a la realización de aquellas que sea necesario efectuar para restaurar el medio natural alterado o restituir las cosas a su estado anterior.
2. En el supuesto de tratarse de acciones precisas para la correcta gestión del espacio, y que como tales hayan sido declaradas, el propietario de los terrenos, en caso de no realizarlas por su propia iniciativa, estará obligado a soportar su ejecución por parte de la Administración competente.
Artículo 83. Montes.
1. Los montes ubicados en espacios incluidos en el catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón deberán someterse a un plan dasocrático aprobado por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, que en ningún caso podrá contravenir los contenidos de la normativa de declaración o de los correspondientes instrumentos de planificación.
2. Los montes de propiedad privada situados en el interior de los espacios naturales protegidos tendrán la condición de montes protectores, y los pertenecientes a las entidades públicas se declararán de utilidad pública a efectos de su inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública, si no estuvieren incluidos.
3. En el caso de montes de escasa significación, apreciada por el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, no será preceptivo lo especificado en los apartados anteriores.
4. Los montes a que hace referencia el apartado 1 deberán estar incorporados a planes comarcales de defensa contra incendios forestales.
5. Los trabajos realizados en montes que estén dentro de un espacio incluido en el Catálogo que regula esta ley y que contribuyan notablemente a su conservación podrán ser objeto de ayudas por parte del Gobierno de Aragón.
Artículo 84. Actividades cinegéticas y piscícolas.
1. El ejercicio de la caza y de la pesca en espacios naturales protegidos se realizará de acuerdo con los objetivos de conservación establecidos en sus normas y documentos de planificación y gestión.
2. Todos los terrenos incluidos en el catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón, salvo los que tengan la clasificación de no cinegéticos, deberán adscribirse a un régimen cinegético especial, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre caza en Aragón.
3. Los espacios naturales protegidos se consideran terrenos sometidos a régimen cinegético especial, y, a tal fin, las señales de límite de las áreas protegidas surten efecto de señalización específica de caza.
4. En el ámbito territorial de un espacio natural protegido podrán coexistir varios regímenes cinegéticos especiales.
Artículo 85. Deberes de los propietarios.
Los propietarios y titulares de bienes y derechos de los espacios naturales protegidos están obligados a permitir la acción inspectora de la administración y el estudio por el personal técnico o investigador debidamente acreditado. Igualmente estarán obligados a facilitar el acceso del público en los términos que se convengan con la Administración.
TÍTULO VI
Medidas de fomento y financiación
Artículo 86. Régimen de ayudas.
1. Con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que cuenten en su territorio con espacios naturales protegidos o estén incluidas en las Áreas de influencia socioeconómica, el Gobierno de Aragón establecerá ayudas técnicas, económicas y financieras u otros estímulos, de acuerdo, entre otros, con los criterios y finalidades siguientes:
a) Realizar cualquier acción en el espacio natural protegido encaminada a la consecución de los objetivos del mismo.
b) Crear infraestructuras y lograr los niveles de servicios y equipamientos adecuados.
c) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con el mantenimiento de los valores ambientales.
d) Fomentar la integración de los habitantes en las actividades generadas por la protección y gestión del espacio natural.
e) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.
f) Estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas.
g) Compensar adecuadamente a los afectados por las limitaciones establecidas.
h) Posibilitar e impulsar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones incluidas en estas áreas.
2. Asimismo, con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que cuenten en su territorio con un espacio natural protegido en fase de aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, o estén incluidas en su Área de influencia socioeconómica, el Gobierno de Aragón podrá establecer un sistema de ayudas similar al previsto en el apartado anterior. A estos efectos, podrán resultar beneficiados para tales ayudas los municipios cuyos territorios estén afectados por el ámbito territorial del espacio natural protegido en el trámite de información pública instruido en el procedimiento de declaración de dicho espacio.
Artículo 87. Coordinación.
El Gobierno de Aragón establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para que las acciones o inversiones de las distintas Administraciones Públicas actuantes en los territorios delimitados como Áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos puedan tener la consideración de prioritarias, sin perjuicio de los cometidos propios de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 88. Definición de custodia del territorio.
1. Se entiende por custodia del territorio un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
2. Se entiende por acuerdo de custodia el pacto voluntario entre un propietario o titular de derecho y la entidad de custodia sobre el modo de conservar y gestionar un territorio.
3. Podrán constituirse como entidades de custodia las organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación de la naturaleza. Estos agentes podrán ser organizaciones conservacionistas, asociaciones, fundaciones, entidades locales, consorcios u otro tipo de ente público.
4. Los propietarios públicos de los terrenos podrán suscribir un acuerdo de custodia siempre que puedan disponer del derecho sobre el que recae dicho acuerdo de custodia.
5. La dirección general con competencias en materia de conservación de la naturaleza fomentará y supervisará el adecuado cumplimiento de los acuerdos de custodia del territorio que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
Artículo 89. Ámbito de aplicación de los acuerdos de custodia del territorio.
1. Con carácter general y de forma complementaria y no sustitutiva de otras iniciativas y políticas públicas, se fomentará la suscripción de acuerdos de custodia del territorio, de carácter voluntario, con los propietarios de los terrenos y titulares de derechos.
2. La suscripción de dichos acuerdos de custodia afectarán preferentemente a los predios situados en:
a) Espacios naturales protegidos.
b) Espacios de la Red Natura 2000.
c) Reservas de la biosfera.
d) Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial.
e) Lugares de interés geológico.
f) Geoparques.
g) Humedales singulares de Aragón, incluidos los humedales Ramsar.
h) Árboles singulares catalogados.
i) Reservas naturales fluviales.
j) Áreas naturales singulares de interés cultural.
k) Áreas naturales singulares de interés local o comarcal.
Artículo 90. Acuerdos de cesión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando sea titular de terrenos situados en los espacios descritos en el artículo anterior, podrá suscribir acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial, a entidades de custodia del territorio con el alcance y en los términos previstos en la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 91. Prioridades.
1. El Gobierno de Aragón podrá dar prioridad en sus programas de desarrollo a las actuaciones e inversiones para obras y servicios de competencia municipal en los territorios incluidos en Áreas de influencia socioeconómica.
2. Igual consideración se observará a la hora de establecer prioridades en el desarrollo de programas en materia de agricultura de montaña y zonas desfavorecidas, programas derivados de la Política Agrícola Común, o cuando proceda la aplicación de esa normativa, y otros planes que puedan desarrollarse afectando a sus ámbitos territoriales.
Artículo 92. Otras ayudas.
1. Se podrán conceder ayudas para la realización de programas de conservación a los titulares de terrenos o derechos reales y a asociaciones sin ánimo de lucro cuyo fin principal tenga por objeto la conservación de la naturaleza, cuando dichos programas afecten especialmente al ámbito de un espacio natural protegido.
2. Se establecerán, en su caso, incentivos económicos y fiscales a los propietarios y titulares de derechos y entidades de custodia del territorio para favorecer su implicación con carácter voluntario en el desarrollo de actuaciones que tengan por objeto la conservación de los espacios detallados en el artículo 89.2.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón regulará los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de terrenos en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia.
Artículo 93. Financiación.
1. El Gobierno de Aragón habilitará los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.
2. Anualmente, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza establecerá las dotaciones presupuestarias específicas para la planificación, ordenación, protección, uso y gestión de la Red de espacios naturales protegidos de Aragón.
Artículo 94. Vías de financiación.
1. Las vías de financiación que garanticen el cumplimiento de las previsiones de la presente ley son las siguientes:
a) Las actuaciones financieras ordinarias del Gobierno de Aragón de carácter sectorial y territorial y que sean de aplicación en el ámbito de los espacios naturales protegidos.
b) Los recursos procedentes de la Administración General del Estado y de otras Administraciones Públicas por convenio o transferencia.
c) Los créditos derivados de programas procedentes de fondos europeos.
d) Las aportaciones o donaciones de personas físicas o jurídicas.
e) Como financiación adicional, los espacios naturales protegidos podrán desarrollar servicios complementarios, así como comercializar su imagen de marca.
f) Las partidas específicas contempladas en los instrumentos de financiación regulados en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y en el correspondiente Programa de Desarrollo Rural Sostenible de acuerdo con las comarcas implicadas.
2. Los gastos de funcionamiento de los patronatos de los espacios naturales protegidos se financiarán mediante las dotaciones presupuestarias asignadas al departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.
TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 95. Régimen de infracciones.
1. Constituye infracción y generará responsabilidad administrativa toda acción u omisión que vulnere lo establecido en la presente ley, así como en los planes y demás normativa que se derive de la misma, sin perjuicio de la que fuera exigible en vía penal o civil.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieran intervenido en la realización de la infracción o cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa corresponda a varias personas conjuntamente, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Artículo 96. Agentes de la autoridad en materia de espacios naturales protegidos.
1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado, las funciones de policía, vigilancia y comunicación de infracciones de los hechos objeto de esta ley serán desempeñadas por los Agentes para la Protección de la Naturaleza de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyos miembros, en el ejercicio de sus funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
2. En el ejercicio de sus funciones, los Agentes para la Protección de la Naturaleza gozan de la facultad de entrar libremente en los predios agrícolas y forestales de su demarcación, siempre sin violentar el predio y comunicando previamente la visita de inspección al propietario o a su representante, a menos que se considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
3. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieran presenciado los hechos y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 97. Régimen sancionador aplicable a las acciones y omisiones que infrinjan la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se someterán al régimen sancionador recogido en aquella norma, así como a las determinaciones específicas previstas en esta ley y, en particular, en la disposición adicional quinta.
Artículo 98. Tipificación de infracciones no contempladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren los preceptos de esta ley o de las normas de protección que se dicten en su desarrollo, tipificadas en los apartados siguientes de este artículo, siempre que se realicen en los terrenos incluidos en los espacios naturales protegidos, en su zonas periféricas de protección, en espacios de la Red Natura 2000, humedales de importancia internacional del convenio Ramsar, humedales singulares de Aragón, lugares de interés geológico, árboles singulares o tengan incidencia sobre los mismos.
2. Son infracciones administrativas leves:
a) Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente ley.
b) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies.
c) La instalación de carteles de publicidad y el almacenamiento de chatarra, siempre que se rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del campo visual.
d) El abandono de basuras o residuos fuera de los lugares destinados al efecto, así como el de elementos ajenos al medio natural.
e) La circulación con medios motorizados en las zonas reguladas por esta ley, sea a campo través o por pistas de acceso restringido, senderos o sendas, salvo que se haya obtenido autorización administrativa.
f) Dificultar la acción de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de los terrenos.
g) El estacionamiento de vehículos en zonas no autorizadas.
h) La entrada en zonas de reserva u otras zonas no autorizadas.
i) El incumplimiento de normas relativas a animales de compañía.
j) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta ley.
3. Son infracciones administrativas graves:
a) La conducta señalada en la letra e) del apartado anterior cuando se cometa en el desarrollo de una actividad organizada de carácter comercial, empresarial o deportivo.
b) La conducta señalada en la letra f) del apartado anterior cuando se produzca una obstrucción importante a la acción de los agentes de la autoridad.
c) Las conductas señaladas en el apartado 2 en los supuestos en que se produzcan daños al medio ambiente que superen los 50.000 euros.
d) La introducción de especies de la flora y fauna silvestres sin autorización administrativa.
e) Las acciones que directa o indirectamente atenten gravemente contra la configuración geológica o biológica de los terrenos, produciendo su deterioro.
f) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
g) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.
h) El empleo de medios de publicidad o difusión que inciten o promuevan a la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley.
i) Las actuaciones que generen daños que condicionen la supervivencia de los árboles incluidos en el catálogo de árboles singulares de Aragón.
j) La reiteración en la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año desde la comisión de la primera.
4. Son infracciones administrativas muy graves:
a) La corta o acción que genere la muerte de árboles incluidos en el catálogo de árboles singulares de Aragón.
b) La reiteración en la comisión de tres infracciones graves en el transcurso de tres años desde la comisión de la primera.
Artículo 99. Procedimientos sancionadores.
1. La ordenación e instrucción de los procedimientos sancionadores se realizará por el órgano competente por razón de la materia, con arreglo a lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo.
2. Son órganos competentes para ordenar la incoación de los procedimientos sancionadores los directores de los servicios provinciales u órganos asimilados del departamento competente en materia de conservación de la naturaleza.
3. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer o impidan la continuidad de la infracción.
4. La propuesta de resolución deberá contener, al menos, los siguientes pronunciamientos:
a) Exposición de los hechos.
b) Calificación legal de la infracción.
c) Circunstancias atenuantes o agravantes.
d) Determinación y tasación de los daños, con especificación de las personas o entidades perjudicadas.
e) En su caso, elementos o útiles ocupados, su depósito y procedencia o no de su devolución.
f) Sanción procedente.
5. En los procedimientos sancionadores instruidos en aplicación de esta ley, deberá dictarse y notificarse la oportuna resolución expresa en el plazo máximo de doce meses, computados a partir del momento en que se acordó su iniciación.
6. En caso de vencimiento del plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento sancionador, salvo que su paralización sea imputable a los interesados o que se suspenda dicho procedimiento como consecuencia de la tramitación, por los mismos hechos, de un procedimiento judicial penal o de un procedimiento sancionador instado por los órganos competentes de la Unión europea.
7. Son órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores:
a) Para las infracciones leves, los directores de los servicios provinciales con competencias en materia de conservación de la naturaleza.
b) Para las infracciones graves, el director general con competencias en materia de conservación de la naturaleza.
c) Para las infracciones muy graves, el consejero con competencias en materia de conservación de la naturaleza
Artículo 100. Cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 98 serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa de 100 a 1.000 euros.
b) Infracciones graves: multa de 1.001 a 100.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de 100.001 a 1.000.000 de euros.
2. Dentro de cada categoría de infracciones, para la determinación de la cuantía de las multas a imponer, se atenderá a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido.
3. En ningún caso la infracción podrá suponer un beneficio económico para el infractor. En todo caso, la sanción impuesta y el coste de reposición supondrán una cuantía igual o superior al beneficio obtenido.
4. El pago en periodo voluntario por parte del infractor de la multa notificada producirá los siguientes efectos:
a) La reducción del 50% del importe de la sanción en el caso de infracciones leves, y del 25% en el caso de infracciones graves y muy graves.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fueran formuladas, se tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento.
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago.
Artículo 101. Reparación del daño.
Independientemente de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño y los perjuicios ocasionados. La reparación tendrá como objetivo lograr la restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Así mismo, la Administración competente podrá subsidiariamente proceder a la reparación a costa del obligado. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.
Artículo 102. Comisos.
1. Toda infracción a la presente ley podrá llevar consigo el comiso de los productos ilegalmente obtenidos, así como las herramientas, instrumentos, útiles, maquinaria, vehículos y demás medios que se empleen en la comisión de la infracción.
2. Todos los comisos serán depositados en dependencias del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de la celebración de acuerdos de colaboración con otras Administraciones públicas para estos fines. En todo caso, se dará recibo de los productos decomisados y se atenderá a su custodia hasta que se acuerde el destino que deba dárseles.
3. En el caso de producirse las circunstancias señaladas en los párrafos primero y segundo de este artículo, estas se harán constar en la denuncia que se formule.
4. En las resoluciones de los expedientes se decidirá sobre el destino de los comisos, acordándose su destrucción, enajenación o devolución a sus dueños en función de las características de los mismos y de las circunstancias de la infracción.
5. El órgano competente para la incoación de los expedientes podrá ordenar, a solicitud de los interesados, la devolución previa de los productos u objetos decomisados, bajo fianza suficiente que dicho órgano apreciará.
Artículo 103. Multas coercitivas.
Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a quince días, que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los supuestos establecidos en la legislación vigente, y cuya cuantía no excederá, en cada caso, de 3.000 euros.
Artículo 104. Prescripción.
1. Las infracciones previstas en la presente ley prescribirán a los cinco años las muy graves; a los tres años, las graves; y al año, las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado por más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3. Cualquier actuación judicial o administrativa interrumpirá el plazo de prescripción.
Artículo 105. Delitos y faltas.
1. Cuando una infracción revistiese carácter de delito o falta sancionable penalmente, se dará traslado inmediato de la denuncia a la autoridad judicial, suspendiéndose la actuación administrativa hasta el momento en que la decisión penal recaída adquiera firmeza.
2. La condena penal excluirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
3. De no estimarse la existencia de delito o falta, se enviará la resolución judicial al Gobierno de Aragón, donde se continuará el expediente administrativo hasta su resolución definitiva, con base, en su caso, en los hechos que el órgano judicial competente haya considerado probados.
Artículo 106. Actualización de las cuantías de las sanciones.
Mediante Decreto del Gobierno de Aragón, se podrá proceder a la actualización de las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 100, así como de las que se establecen en el artículo 103, teniendo en cuenta en todos estos casos la variación que experimenten los índices de precios al consumo.
Disposición adicional primera. Incorporación al catálogo de espacios naturales protegidos.
Quedan incorporados al Catálogo de espacios naturales protegidos todos los espacios naturales protegidos de Aragón actualmente existentes.
Disposición adicional segunda. Coordinación con Parques culturales.
1. La declaración de espacio natural protegido será compatible con la declaración de Parque cultural para un mismo espacio.
2. En estos supuestos, el departamento competente en materia de conservación de la naturaleza y el departamento competente en materia de cultura establecerán los medios de coordinación necesarios para conseguir una adecuada planificación y financiación conjunta.
Disposición adicional tercera. Régimen del Consejo de la Red Natural de Aragón.
El régimen de composición y funciones del Consejo de la Red Natural de Aragón será el regulado por decreto del Gobierno de Aragón.
Disposición adicional cuarta. Composición de los patronatos de los espacios naturales protegidos.
En aquellos espacios naturales protegidos de Aragón que cuenten con gerencia de desarrollo socioeconómico, se considerará al gerente miembro del patronato correspondiente.
Disposición adicional quinta. Régimen sancionador en materia de patrimonio natural y de la biodiversidad.
1. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las infracciones tipificadas en el artículo 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se calificarán del siguiente modo:
a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), s) y t) si los daños superan los 100.000 euros; cualquiera de las otras, si los daños superan los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de esta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), s) y t) cuando no tengan la consideración de muy graves; y la reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de esta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
c) Como leves, las recogidas en los apartados o), p), q) y r).
2. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros.
3. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos en materia de patrimonio natural y biodiversidad; las circunstancias del responsable; el grado de intencionalidad apreciable en el infractor o infractores, y, en su caso, el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
4. La competencia para la imposición de las sanciones muy graves tipificadas de acuerdo con el apartado 1 corresponderá al consejero con competencias en materia de conservación de la naturaleza; las graves, al director general con competencias en materia de conservación de la naturaleza, y las leves, a los directores de los servicios provinciales con competencias en materia de conservación de la naturaleza, sin perjuicio de que por decreto del Gobierno de Aragón pueda modificarse la competencia para la imposición de sanciones.
5. En los procedimientos sancionadores instruidos en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, deberá dictarse y notificarse la oportuna resolución expresa en el plazo máximo de doce meses, computados a partir del momento en que se acordó su iniciación; el incumplimiento de dicho plazo determinará la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de que deba iniciarse uno nuevo siempre que no haya prescrito la infracción.
6. Los hechos constados y formalizados por los agentes de protección de la naturaleza en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas y defensa de los respectivos derechos e intereses que puedan aportar los interesados.
Disposición transitoria primera. Normas e instrumentos a la entrada en vigor del texto refundido.
En tanto no se aprueben las normas e instrumentos de desarrollo y aplicación previstos en este Texto refundido seguirán vigentes los existentes en lo que no se opongan al mismo.
Disposición transitoria segunda. Planes de gestión en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 6/2014, de 26 de junio.
A los procedimientos de elaboración de planes de gestión de espacios naturales protegidos ya iniciados a la entrada en vigor de la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, siempre que los planes se aprueben en el plazo máximo de dos años. |
La ordenación de territorio es una materia de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 71.8 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y al amparo del artículo 148.1.3.º de la Constitución Española. A través de esta función pública, se pretende hacer realidad los principios de equilibrio territorial, socioeconómico y ambiental, tal y como se prevé en la citada norma estatutaria.
La Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, autorizó al Gobierno de Aragón, por medio de su Disposición Final Primera, para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de ésta y a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, se aprobara un texto refundido de las disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón en materia de ordenación del territorio y se procediera a su sistematización, aclaración y armonización, en el marco de los principios contenidos en las respectivas normas reguladoras.
Fruto de este mandato ha sido el presente texto refundido, resultando el Gobierno de Aragón autorizado para su promulgación en ejercicio de la facultad de delegación legislativa que se contempla en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
En lo que a la técnica legislativa se refiere, han sido observadas todas las exigencias dispuestas por el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, y la Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se publican las Directrices de Técnica Normativa del Gobierno de Aragón.
La tarea refundidora se ha centrado en la sistematización, aclaración y armonización de las disposiciones legislativas contenidas en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón; el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 8 de febrero de 2011 por el que se modifica el anexo de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón; la Ley 8/2011, de 20 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña; y la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
En el momento de publicar el presente Decreto Legislativo, la competencia en materia de ordenación del territorio del Gobierno de Aragón ya ha desarrollado y puesto en marcha algunos de los instrumentos y órganos previstos en la Ley 4/2009 y en la Ley 8/2014 de modificación de la misma. Y así, mediante Decreto 132/2010, de 6 de julio, se aprobó el Reglamento del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y se constituyó la Ponencia Técnica por acuerdo del Consejo de 2 de diciembre de 2010. Mención especial merece la aprobación de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, mediante Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, en la que se propone el modelo de desarrollo territorial de Aragón para los próximos años, como principal instrumento de planeamiento territorial; la puesta en marcha del Instituto Geográfico de Aragón, heredero del Centro de Información Territorial de Aragón del que también regula su funcionamiento a través del Decreto 81/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Geográfico de Aragón y del Sistema Cartográfico de Aragón; la regulación de la información cartográfica mediante el Decreto 82/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón y, en relación al paisaje, la elaboración de Mapas de Paisaje que abarcan una superficie que supera la tercera parte del territorio aragonés. Por último, la adaptación del Decreto 132/2010, de 6 de julio, mediante su modificación por Decreto 83/2015, de 5 de mayo.
La presente norma busca regularizar, aclarar y armonizar las distintas disposiciones legales vigentes sobre la materia, constando de un único artículo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que, a su vez, se estructura en seis Títulos y el Preliminar.
El Título Preliminar, dedicado a las disposiciones generales, identifica el objeto del texto refundido con la regulación de la función pública de la ordenación del territorio. A continuación, se establecen los objetivos y estrategias a los que ha de sujetarse dicha función pública, empleando especialmente las orientaciones que proporcionan los documentos comunitario-europeos citados. También se enumeran los instrumentos disponibles para la ordenación del territorio, los cuales, al establecer el modelo de ordenación y desarrollo territorial, habrán de vertebrar el ejercicio de las competencias urbanísticas de la Comunidad Autónoma, tal y como se refleja en las diversas referencias que a los mismos se hacen en la legislación urbanística.
El Título Primero agrupa los preceptos relativos a la organización administrativa en materia de ordenación del territorio. Se enumeran los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma a los que corresponde desarrollar las tareas ordenadoras del territorio, estableciendo el rasgo esencial de cada elemento organizativo. El carácter coordinador de la ordenación del territorio se advierte ya en la importancia concedida a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial y al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
La coordinación administrativa es, en todo caso, objeto de atención específica, incluyendo instrumentos de coordinación horizontal y vertical. La primera se desenvuelve tanto en el plano interno de la Administración de la Comunidad Autónoma como en sus relaciones con las entidades locales, otras Comunidades Autónomas y, asimismo, en el ámbito de la cooperación transfronteriza. En materia de coordinación vertical, el respeto a las competencias estatales no impide, sin embargo, desarrollar ciertas capacidades de coordinación autonómica.
En el Título Segundo se regulan los instrumentos de planeamiento territorial. Primero, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, que se aprueba por el Gobierno de Aragón, aunque previéndose una conveniente fase de debate parlamentario, donde ha de incluirse el modelo territorial de la Comunidad Autónoma. Segundo, las Directrices de Ordenación Territorial, que han de servir tanto para la ordenación comarcal o de zonas delimitadas por sus características homogéneas y funcionales como para la ordenación de la incidencia territorial de determinadas actividades económicas o administrativas o de elementos relevantes del sistema territorial.
La naturaleza reglamentaria de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón nace fundamentalmente de la opción adoptada por la Ley de flexibilizar su procedimiento de aprobación y de garantizar una completa tramitación administrativa, considerándola más adecuada para la complejidad del documento objeto de aprobación. Por otra parte, se establece una relación de jerarquía normativa entre la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y el resto de instrumentos de planificación territorial al establecer la Ley que, si bien la aprobación de estos últimos no requiere la previa aprobación de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, deben adaptarse al contenido de ésta.
El Título Tercero incluye los instrumentos de gestión territorial, que se singularizan en los Programas de Gestión Territorial, que permiten diversas formas de colaboración interadministrativa e interorgánica, y los instrumentos especiales de ordenación territorial. Se califica como Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial a los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, regulándose en esta Ley tanto el procedimiento de declaración de interés general del plan o proyecto como la tramitación del Plan o Proyecto definitivo en el caso de que obtenga esa calificación, unificando en un solo texto normativo el procedimiento que hasta la Ley 8/2014 estaba compartido con la legislación urbanística.
El Título Cuarto regula los instrumentos de información territorial. De una parte, se establece el Sistema de Información Territorial, cuya adecuada gestión es esencial para el buen desarrollo de la ordenación del territorio. De otra parte, se prevén los Documentos Informativos Territoriales y otros instrumentos de información territorial, que habrán de proporcionar material operativo para tomar decisiones con conocimiento de lo que ocurre en el territorio, además de constituirse como base sobre la que establecer la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y las diferentes Directrices de Ordenación Territorial.
El Título Quinto recoge instrumentos complementarios para la ordenación del territorio, como son el Dictamen Autonómico sobre los Planes y Proyectos del Estado y el Informe Territorial sobre Planes, Programas y Proyectos. Precisamente, a través de la emisión de los informes territoriales, bien departamentales o con la intervención del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, se establece una adecuada relación entre la competencia de ordenación del territorio, la medioambiental, la urbanística u otras competencias sectoriales.
Por último, el Título Sexto aborda la tutela del paisaje, partiendo del convenio Europeo de Paisaje (Florencia, 2000), ratificado por España el 26 de noviembre de 2007. Para vertebrar la política autonómica, este título establece diversas medidas generales que pretenden consolidar una línea de actuación dotada de instrumentos propios, pero, al mismo tiempo, vinculada a las restantes políticas públicas, dentro de las cuales han de integrarse los objetivos de la tutela paisajística. Como instrumento concreto para avanzar en la protección, gestión y ordenación del paisaje aragonés se incorporan al ordenamiento jurídico los Mapas de Paisaje, otorgando un soporte legal a los documentos básicos de información sobre el paisaje que ha venido elaborando la administración autonómica.
En su virtud, en ejercicio de la autorización conferida por las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 17 de noviembre de 2015
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, y a la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la anterior, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo de las normas mencionadas en el apartado anterior, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido.
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogados la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón; el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 8 de febrero de 2011 por el que se modifica el anexo de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón; el artículo 4 de la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña; y la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
2. Quedan así mismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias en desarrollo y aplicación del Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 17 de noviembre de 2015.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAGÓN
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Objetivos.
Artículo 3. Estrategias.
Artículo 4. Función pública.
Artículo 5. Instrumentos.
Título I. Organización relativa a la ordenación del territorio.
Capítulo I. Órganos competentes para la ordenación del territorio.
Artículo 6. Enumeración.
Artículo 7. Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
Artículo 8. Departamento.
Artículo 9. Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
Artículo 10. Instituto Geográfico de Aragón.
Capítulo II. Coordinación administrativa y participación ciudadana en la ordenación del territorio.
Artículo 11. Coordinación interdepartamental.
Artículo 12. Coordinación de las entidades locales.
Artículo 13. Colaboración con otras Comunidades Autónomas.
Artículo 14. Cooperación transfronteriza.
Artículo 15. Coordinación con el Estado.
Artículo 16. Participación ciudadana.
Título II. Instrumentos de planeamiento territorial.
Capítulo I. Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
Artículo 17. Finalidad.
Artículo 18. Contenido.
Artículo 19. Procedimiento.
Artículo 20. Alteraciones.
Capítulo II. Directrices de Ordenación Territorial.
Artículo 21. Modalidades.
Artículo 22. Contenido.
Artículo 23. Procedimiento.
Artículo 24. Alteraciones.
Artículo 25. Suspensión de instrumentos urbanísticos.
Capítulo III. Efectos de los instrumentos de planeamiento territorial.
Artículo 26. Efectos.
Título III. Instrumentos de Gestión Territorial e Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial.
Capítulo I. Instrumentos de Gestión Territorial: los Programas de Gestión Territorial.
Artículo 27. Finalidad.
Artículo 28. Contenido.
Artículo 29. Procedimiento.
Artículo 30. Alteraciones.
Artículo 31. Ejecución.
Capítulo II. Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial: Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
Artículo 32. Definición.
Artículo 33. Objeto.
Artículo 34. Promotor inicial.
Artículo 35. Declaración del interés general.
Artículo 36. Declaración implícita.
Artículo 37. Promotor definitivo.
Artículo 38. Convocatoria pública de selección de la ubicación.
Artículo 39. Tanteo y retracto.
Artículo 40. Evaluación ambiental.
Artículo 41. Procedimiento de aprobación.
Artículo 42. Procedimiento de modificación de Planes y Proyectos de Interés General.
Artículo 43. Determinaciones.
Artículo 44. Régimen urbanístico.
Artículo 45. Documentación.
Artículo 46. Efectos.
Artículo 47. Urbanización y edificación.
Artículo 48. Ejecución.
Artículo 49. Régimen de cesiones y recepción de la urbanización.
Artículo 50. Incumplimiento.
Título IV. Instrumentos de información territorial.
Capítulo I. Sistema de Información Territorial.
Artículo 51. Constitución.
Artículo 52. Contenido.
Artículo 53. Organización.
Artículo 54. Obligación.
Capítulo II. Documentos Informativos Territoriales y otros instrumentos de información territorial.
Artículo 55. Documentos Informativos Territoriales.
Artículo 56. Sistema de Indicadores Territoriales.
Artículo 57. Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón.
Artículo 58. Mapas de Paisaje.
Artículo 59. Actualización del planeamiento territorial.
Título V. Instrumentos complementarios de la ordenación del territorio.
Capítulo I. Dictamen Autonómico sobre los planes y proyectos del Estado.
Artículo 60. Sujeción.
Artículo 61. Contenido.
Artículo 62. Plazo.
Capítulo II. Informe territorial sobre planes, programas y proyectos.
Artículo 63. Participación en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Artículo 64. Planes urbanísticos.
Artículo 65. Planes sectoriales y proyectos con incidencia territorial.
Artículo 66. Contenido de la documentación.
Artículo 67. Discrepancias.
Título VI. Instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 68. Concepto y ámbito.
Artículo 69. Política del paisaje.
Artículo 70. Integración del paisaje en las políticas públicas.
Capítulo II. Mapas de Paisaje.
Artículo 71. Definición.
Artículo 72. Contenido.
Disposición adicional primera. Planificación de carácter estratégico en el ámbito comarcal.
Disposición adicional segunda. Interpretación de la legislación urbanística.
Disposición adicional tercera. Evaluación de impacto ambiental.
Disposición adicional cuarta. Modificación del anexo.
Disposición adicional quinta. Cohesión territorial.
Disposición adicional sexta. Modificaciones orgánicas.
Disposición adicional séptima. Restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras hidráulicas.
Disposición transitoria única. Adecuación normativa.
Anexo: Proyectos con incidencia territorial sometidos a informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la función pública de la ordenación del territorio por la Comunidad Autónoma, estableciendo a tal fin medidas de organización e instrumentos de planeamiento, gestión, información y de tipo complementario, conforme a los objetivos y estrategias que se prevén en los artículos siguientes.
Artículo 2. Objetivos.
De conformidad con los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental establecidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, la ordenación del territorio debe garantizar los siguientes objetivos:
a) Establecer condiciones de calidad de vida equivalentes para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma con independencia de su lugar de residencia, haciendo efectiva la cohesión territorial y social.
b) Promover el desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, haciendo compatible en todo su territorio la gestión, protección y mejora del patrimonio natural y cultural con la competitividad económica, el fortalecimiento de la cohesión social y el equilibrio demográfico.
c) Asignar racionalmente los usos del suelo en función de las aptitudes del medio físico y de las necesidades de la población, así como proporcionar criterios de interés general y social para la ubicación de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios, fomentando la coordinación de los sectores implicados.
Artículo 3. Estrategias.
La política aragonesa de ordenación del territorio debe desarrollarse conforme a las siguientes estrategias:
a) Policentrismo, mediante el desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y de una asociación cooperativa e integrada entre los núcleos urbanos y los espacios rurales, fundamentada en la organización comarcal.
b) Accesibilidad, a través de la garantía de un acceso equivalente, eficaz y sostenible a infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, en especial mediante redes de transporte integrado, de tecnologías de la información y la comunicación y de difusión cultural.
c) Tutela ambiental, por medio de la protección activa del medio natural y del patrimonio cultural, con particular atención a la gestión de los recursos hídricos y del paisaje, y la evaluación de los riesgos naturales e inducidos.
d) Interdependencia y coordinación administrativa basada en la evaluación y supervisión territoriales, prestando atención permanente a las entidades locales, así como al entorno territorial de Aragón, integrado por las comunidades autónomas limítrofes, el Estado, el ámbito de cooperación transfronteriza con las entidades territoriales francesas y la Unión Europea.
e) Participación y sensibilización ciudadanas, garantizando que la población pueda intervenir de manera efectiva en aquellos instrumentos de planeamiento territorial que le afecten, facilitándole para ello la asistencia metodológica y la información territorial que precise.
Artículo 4. Función pública.
La ordenación del territorio es competencia de la Comunidad Autónoma, su función pública se ejerce por los órganos competentes y tiene los siguientes contenidos:
a) Establecer el modelo territorial de la Comunidad Autónoma, los objetivos territoriales a conseguir en función del ámbito de actuación y de los diferentes sectores de actividad, así como las estrategias y directrices para alcanzarlos.
b) Definir las actividades de gestión necesarias para alcanzar el indicado modelo y objetivos territoriales.
c) Gestionar y mantener actualizada la información territorial de Aragón.
d) Informar los planes y proyectos con trascendencia para el territorio de la Comunidad Autónoma.
e) Coordinar las actuaciones públicas y privadas de trascendencia territorial.
f) Llevar a cabo actuaciones tendentes a mejorar la cohesión territorial de la Comunidad Autónoma.
Artículo 5. Instrumentos.
1. Son instrumentos de planeamiento territorial la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y las Directrices de Ordenación Territorial, que podrán tener carácter zonal o especial.
2. Son instrumentos de gestión territorial los Programas de Gestión Territorial.
3. Son instrumentos especiales de ordenación territorial los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
4. Son instrumentos de información territorial el Sistema de Información Territorial de Aragón y los Documentos Informativos Territoriales.
5. Son instrumentos complementarios de ordenación del territorio el Dictamen Autonómico sobre los Planes y Proyectos del Estado con incidencia territorial y los Informes Territoriales sobre Planes, Programas y Proyectos con incidencia en la ordenación del territorio.
6. Son instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje los Mapas de Paisaje.
TÍTULO I
Organización relativa a la ordenación del territorio
CAPÍTULO I
Órganos competentes para la ordenación del territorio
Artículo 6. Enumeración.
Son órganos de la Comunidad Autónoma específicamente encargados del desarrollo de la función pública de ordenación del territorio:
a) La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, como órgano permanente de coordinación interdepartamental.
b) El Departamento competente en materia de ordenación del territorio, como órgano administrativo y ejecutivo general.
c) El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, como órgano representativo de coordinación general y consultivo.
d) El Instituto Geográfico de Aragón, como servicio técnico.
Artículo 7. Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial está constituida conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
2. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la deliberación y propuesta al Gobierno de Aragón de decisiones en materia de ordenación del territorio y, específicamente, en relación con las siguientes materias:
a) La coordinación de los asuntos que afecten a la competencia de dos o más Departamentos, a fin de asegurar la incardinación territorial de las actuaciones sectoriales.
b) La coordinación de las políticas de desarrollo rural y urbano con incidencia en el territorio.
c) La designación de los representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos estatales cuyas competencias incidan sobre el territorio aragonés y de los que deban representar a aquélla en los órganos que puedan constituirse en materia de ordenación en otras Comunidades Autónomas.
d) La elaboración de directrices, programas o actuaciones de carácter interdepartamental.
e) Los instrumentos de planeamiento y gestión territorial previstos en esta Ley y los planes sectoriales con incidencia territorial cuando su aprobación corresponda al Gobierno de Aragón.
f) La declaración formal del interés general en los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
Artículo 8. Departamento.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejerce sus funciones y competencias en materia de ordenación del territorio a través del Departamento correspondiente.
2. Se adscriben al Departamento competente en materia de ordenación del territorio el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y el Instituto Geográfico de Aragón.
Artículo 9. Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
1. El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón es el órgano colegiado de tipo representativo y consultivo dispuesto para la coordinación de los intereses territoriales, públicos y privados, que confluyen en el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón se adscribe sin dependencia jerárquica al Departamento competente en materia de ordenación del territorio.
3. La composición del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón asegurará una presencia institucional que permita la coordinación de los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma con la Administración General del Estado y otras Administraciones públicas con competencias sobre el territorio, contará con representaciones de las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresariales y sindicales, así como con la participación de asociaciones y otras entidades vinculadas con la ordenación del territorio, y podrá incluir la asistencia de expertos y especialistas en esta materia.
4. La determinación de la composición, la organización y el régimen de funcionamiento del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón corresponde al Gobierno de Aragón, mediante Decreto adoptado a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, asegurando en su composición vías de participación ciudadana.
5. Corresponden al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, además de cualesquiera funciones de carácter activo o consultivo que se le atribuyan en otras disposiciones, las siguientes competencias de conformidad con lo establecido en esta ley:
a) Emitir informe sobre los instrumentos de ordenación territorial elaborados por la Comunidad Autónoma, así como sobre todos los anteproyectos de ley del Gobierno de Aragón que incidan en la ordenación del territorio o en cualquiera de sus aspectos.
b) Emitir informe territorial en el procedimiento de declaración de interés general de Aragón de Planes y Proyectos.
c) Emitir dictamen sobre los planes y proyectos del Estado con incidencia territorial.
d) Emitir informe territorial sobre los planes, programas y proyectos con incidencia territorial.
e) Emitir informe territorial sobre los planes generales de ordenación urbana de los municipios capitales de provincia, los planes conjuntos de varios municipios de distintas provincias y los de aquellos otros municipios que, por su trascendencia territorial, determine el consejero competente en materia de ordenación del territorio.
f) Evacuar las consultas que le sean requeridas por las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, el consejero responsable en materia de ordenación del territorio u otros departamentos.
g) Promover la realización de investigaciones y reuniones científicas, estudios y actuaciones de divulgación en materia de ordenación del territorio y, en especial, módulos de formación sobre concepto y aplicación del impacto territorial.
6. El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, a través de su presidencia, podrá recabar asistencia técnica especializada y solicitar, por vía del consejero competente por razón de la materia, la remisión, por cualesquiera entes, organismos y entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, de cuantos informes técnicos y documentación considere necesarios para el adecuado ejercicio de sus competencias.
Artículo 10. Instituto Geográfico de Aragón.
1. El Instituto Geográfico de Aragón es un órgano integrado en el Departamento competente en materia de ordenación del territorio.
2. Corresponde al Instituto obtener, organizar y difundir la documentación e información sobre el territorio de la Comunidad Autónoma, a través de la gestión y coordinación de los instrumentos de información territorial regulados en esta Ley.
CAPÍTULO II
Coordinación administrativa y participación ciudadana en la ordenación del territorio
Artículo 11. Coordinación interdepartamental.
1. La coordinación del ejercicio de las competencias con trascendencia territorial de los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
2. Corresponde específicamente promover la coordinación interdepartamental en materia de ordenación del territorio a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
Artículo 12. Coordinación de las entidades locales.
1. La coordinación del ejercicio de las competencias con trascendencia territorial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma se lleva a cabo a través de los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta Ley, en el marco de lo establecido en la normativa aragonesa en materia de régimen local.
2. Corresponde al Gobierno de Aragón promover la coordinación en materia de ordenación del territorio, mediante la constitución de comisiones bilaterales y conferencias sectoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma con las entidades locales.
Artículo 13. Colaboración con otras Comunidades Autónomas.
1. La colaboración en materia de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón con otras Comunidades Autónomas se realiza mediante convenios bilaterales y multilaterales, en los que se puede promover la constitución de comisiones bilaterales y conferencias sectoriales, de conformidad con lo establecido en los artículos 145 de la Constitución Española y 91 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
2. Se autoriza al Gobierno de Aragón para que establezca, si lo considera conveniente, la participación ocasional de representantes de otras Comunidades Autónomas en el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, así como para participar en los órganos que éstas pudieran constituir en materia de ordenación del territorio.
Artículo 14. Cooperación transfronteriza.
Corresponde al Gobierno de Aragón adoptar acuerdos de cooperación transfronteriza con las autoridades territoriales de Francia en materia de ordenación del territorio, previa comunicación al Estado, conforme a lo dispuesto en el convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades Territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980, el Tratado Hispano-Francés sobre Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, y el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto.
Artículo 15. Coordinación con el Estado.
1. La coordinación en materia de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma con el Estado se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En todo caso, la Comunidad Autónoma, a través de los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta Ley, puede realizar propuestas para el ejercicio coordinado de las competencias estatales con trascendencia territorial.
Artículo 16. Participación ciudadana.
El Gobierno de Aragón garantizará la participación ciudadana en los procesos de elaboración del planeamiento territorial, arbitrando mecanismos de participación que incluyan información y asesoramiento a la ciudadanía, y buscando la colaboración de los diversos agentes sociales e instituciones implicados.
TÍTULO II
Instrumentos de planeamiento territorial
CAPÍTULO I
Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón
Artículo 17. Finalidad.
La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón tiene por finalidad, partiendo del análisis y diagnóstico del sistema territorial de Aragón, y de acuerdo con los objetivos y estrategias contenidos en el título preliminar de esta ley, determinar el modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de toda la Comunidad Autónoma, las estrategias para alcanzarlo y los indicadores para el seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su aproximación al modelo establecido.
Artículo 18. Contenido.
1. La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón está integrada por la memoria, el documento del modelo territorial, las normas y el documento resumen.
2. La memoria de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón debe incluir los siguientes apartados, que podrán ir acompañados de los anexos y planos que se consideren necesarios:
a) Análisis del sistema territorial de Aragón, considerando al menos los componentes siguientes:
– La población.
– El medio natural.
– El sistema de asentamientos.
– La vivienda.
– Las actividades económicas.
– Las infraestructuras.
– Los servicios públicos y equipamientos.
– El patrimonio cultural y ambiental.
– El paisaje.
– El régimen urbanístico del suelo.
– La organización político-administrativa.
– El contexto territorial.
– La movilidad.
b) Diagnóstico de la situación de cada uno de los componentes del sistema territorial de Aragón.
3. El documento del modelo territorial contiene:
a) El modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de la Comunidad Autónoma, comprensivo de los componentes enumerados en el apartado 2.a) de este artículo. El modelo ha de permitir coordinar las actuaciones con incidencia territorial de los diferentes poderes públicos y de los agentes sociales y económicos que operen en la Comunidad Autónoma.
b) Las estrategias para alcanzar el modelo propuesto.
c) Los indicadores e índices para la evaluación y el seguimiento de la evolución de la estructura territorial en relación con el modelo propuesto.
4. En las normas de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón se incluye el conjunto de reglas de aplicación directa o que incidan en la previsión de desarrollo del planeamiento, información o gestión territorial, en el planeamiento urbanístico municipal y en las actuaciones sectoriales que la Comunidad Autónoma puede dictar para aplicar las estrategias propuestas, en el ámbito de su competencia.
5. Para su difusión pública, el Departamento competente en materia de ordenación del territorio elaborará un documento resumen de los anteriores, que pueda ser comprendido por las personas no especializadas en ordenación del territorio.
Artículo 19. Procedimiento.
1. La decisión de elaborar la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón corresponde al Gobierno de Aragón, a iniciativa de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
2. La elaboración del proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón corresponderá al Departamento competente en materia de ordenación del territorio.
3. El proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón se someterá al procedimiento de evaluación ambiental. El Departamento competente en materia de ordenación del territorio actuará como promotor de este instrumento a efectos de lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4. El proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón debe someterse a información pública durante un periodo de dos meses, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», garantizando la participación ciudadana en los términos fijados en el artículo 16 de esta Ley.
5. Una vez finalizado el periodo de información pública, corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón informar el proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
6. Compete a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la elevación del proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón al Consejo de Gobierno para su aprobación provisional.
7. La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón aprobada provisionalmente por el Gobierno de Aragón se somete a las Cortes de Aragón para su examen como plan o programa en los términos previstos en su Reglamento.
8. La aprobación definitiva de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón corresponde al Gobierno de Aragón mediante Decreto.
9. La publicación de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón comprenderá el documento resumen y las normas, además de los documentos exigidos en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Artículo 20. Alteraciones.
1. Las alteraciones de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón pueden revestir forma de revisiones o modificaciones:
a) Se consideran revisiones los supuestos de nueva elaboración de la memoria, del documento del modelo territorial y de las normas, así como la introducción de novedades que alteren el significado general de cualquiera de los contenidos de la Estrategia.
b) Se consideran modificaciones cualesquiera otras alteraciones de la Estrategia.
2. Las revisiones de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón se sujetarán enteramente a las reglas de contenido y procedimiento para su aprobación establecidas en los artículos anteriores.
3. Las modificaciones de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón deben someterse previamente al procedimiento de evaluación ambiental que proceda de conformidad con lo establecido en la legislación ambiental de Aragón y, una vez observados los trámites que correspondan de acuerdo con dicha ley, deben seguir el procedimiento establecido en el artículo anterior de esta ley, con la salvedad de que el Gobierno de Aragón puede aprobar la modificación sin necesidad de someterla a debate de las Cortes de Aragón, debiendo, en todo caso, remitirle la modificación aprobada.
4. La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón podrá también ser modificada mediante la aprobación definitiva de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón en todos aquellos aspectos derivados de la inserción de dicho Plan o Proyecto en el modelo territorial de Aragón, según lo dispuesto en el artículo 41.7 de esta ley.
CAPÍTULO II
Directrices de Ordenación Territorial
Artículo 21. Modalidades.
1. Las Directrices de Ordenación Territorial pueden pertenecer a las siguientes modalidades:
a) Directrices zonales, con la finalidad de establecer la ordenación territorial de comarcas o zonas delimitadas por sus características homogéneas o funcionales.
b) Directrices especiales, con la finalidad de ordenar la incidencia sobre el territorio de determinadas actividades económicas o administrativas, o de elementos relevantes del sistema territorial.
2. El ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación Territorial no ha de circunscribirse necesariamente a límites administrativos.
3. En ningún caso la elaboración, tramitación y aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial requiere de la previa aprobación de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, sin perjuicio de la necesaria adaptación de aquéllas a ésta.
4. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales regulados en el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, tienen, a los efectos establecidos en esta Ley, el carácter de Directrices de Ordenación Territorial especiales, pero se rigen por su normativa específica y tienen prevalencia sobre los instrumentos de ordenación territorial.
Artículo 22. Contenido.
1. Las Directrices de Ordenación Territorial se integran documentalmente por la memoria, las estrategias, las normas y el documento resumen.
2. La memoria debe incluir los siguientes apartados, que podrán ir acompañados de los anexos y planos que se consideren necesarios:
a) Los elementos recogidos en el artículo 18.2.a) de esta Ley, incluyendo en las Directrices especiales el análisis de la actividad o elemento relevante y de aquellos aspectos del sistema territorial directamente relacionados.
b) Diagnóstico de la situación de la zona, actividad o elemento relevante objeto de las Directrices y evaluación de los componentes significativos de la estructura territorial.
3. El documento de estrategias contiene:
a) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades de la zona o actividad, o las características del elemento relevante objeto de las Directrices, teniendo en cuenta los objetivos y estrategias establecidos en el título preliminar de esta Ley y, en su caso, en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
b) Las estrategias para alcanzar dichos objetivos.
c) Los indicadores e índices para el seguimiento de la evolución de la zona, actividad o elemento objeto de las Directrices.
4. En las normas de las Directrices de Ordenación Territorial se incluye el conjunto de reglas de aplicación directa o que incidan en la previsión de desarrollo del planeamiento, información o gestión territorial, en el planeamiento urbanístico municipal y en las actuaciones sectoriales que la Comunidad Autónoma puede dictar para aplicar las estrategias propuestas, en el ámbito de su competencia.
5. Para su difusión pública, se elaborará un documento resumen de los anteriores, que pueda ser comprendido por las personas no especializadas en ordenación del territorio.
6. Las Directrices zonales incluirán también un anexo que tendrá carácter recopilatorio de la normativa aplicable a las diferentes situaciones básicas y clases de suelo reguladas conforme a la legislación y el planeamiento urbanísticos. Este anexo podrá ser actualizado por orden del Consejero competente en materia de ordenación del territorio.
7. Las Directrices zonales deberán hacer referencia a las Directrices especiales ya existentes que afecten a su ámbito territorial de aplicación, integrando su contenido estratégico y normativo en los documentos correspondientes, en lo relativo al ámbito de aplicación coincidente.
8. En el caso de aprobarse unas Directrices especiales con un ámbito territorial de aplicación coincidente, total o parcialmente, con el de unas Directrices zonales ya existentes, podrá incorporarse a éstas, mediante orden del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, un anexo que haga referencia a las nuevas Directrices especiales que sean de aplicación en el ámbito territorial coincidente. Dicho anexo incorporará las estrategias y normativa de las Directrices especiales aprobadas.
9. En la elaboración de las Directrices zonales se tomará en consideración el modelo territorial y el catálogo de actuaciones a desarrollar fijados, en su caso, en la planificación de carácter estratégico en el ámbito comarcal correspondiente.
10. Las directrices de ordenación territorial, cuyo ámbito incluya total o parcialmente las áreas de influencia de planes y proyectos de interés general de Aragón de centros de esquí y de montaña, deberán incluir las siguientes determinaciones:
a) Medidas tendentes a consolidar, mejorar y preservar el sistema de núcleos de población, conforme a lo establecido en la normativa territorial.
b) Medidas tendentes a potenciar la calificación y el desarrollo prioritarios de usos hoteleros o, en general, de alojamientos turísticos en sus diferentes modalidades, frente a los residenciales.
c) Análisis de los desarrollos residenciales de los municipios del área de influencia y su relación con los centros de esquí y de montaña, pudiendo establecer determinaciones relativas a los modelos de crecimiento urbanístico, así como a la vinculación entre actuaciones previstas en diferentes ámbitos territoriales, que se incluirían en los correspondientes planes urbanísticos.
Artículo 23. Procedimiento.
1. La decisión de elaborar Directrices de Ordenación Territorial corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, a iniciativa propia o del Departamento competente por razón de la materia.
2. La elaboración de Directrices de Ordenación Territorial se lleva a cabo conforme a las siguientes reglas:
a) La elaboración de las Directrices zonales corresponde al Departamento competente en materia de ordenación del territorio, y la de las Directrices especiales al Departamento competente por razón de la actividad en cuestión.
b) La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial podrá encargar la elaboración de cualesquiera Directrices a dos o más departamentos conjuntamente.
3. Las Directrices de Ordenación Territorial se someterán al procedimiento de evaluación ambiental. El Departamento competente en materia de ordenación del territorio actuará como promotor de estos instrumentos a efectos de lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4. El proyecto de Directrices de Ordenación Territorial debe someterse a información pública durante un periodo de dos meses, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», garantizando la participación ciudadana en los términos fijados en el artículo 16 de esta Ley. En el caso de las Directrices zonales, se someterá también a informe de las entidades locales afectadas. El plazo para la emisión de los informes es de dos meses, considerándose que son favorables si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento expreso.
5. Una vez finalizado el periodo de información pública, corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón informar el proyecto de Directrices de Ordenación Territorial.
6. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la elevación del proyecto de Directrices de Ordenación Territorial al Gobierno de Aragón para su aprobación definitiva mediante Decreto.
7. La publicación de las Directrices de Ordenación Territorial comprenderá exclusivamente el documento resumen de la memoria, las estrategias y las normas, además de los documentos exigidos en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Artículo 24. Alteraciones.
1. Toda alteración de las Directrices de Ordenación Territorial ha de justificarse en una memoria adecuada en función de su objeto y se sujeta a las reglas de procedimiento establecidas en el artículo anterior.
2. No obstante, las alteraciones de las Directrices de Ordenación Territorial que se deriven de la aprobación o alteración de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón podrán incorporarse en las mismas por el Departamento competente para su elaboración, trasladando el documento a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, que lo elevará al Gobierno de Aragón para su aprobación definitiva mediante Decreto.
Artículo 25. Suspensión de instrumentos urbanísticos.
El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, está facultado para suspender total o parcialmente cualquier instrumento urbanístico con arreglo a los siguientes límites:
a) La finalidad de la suspensión habrá de ser la elaboración o alteración de Directrices de Ordenación Territorial que afecten al ámbito territorial objeto de la suspensión.
b) El acuerdo de suspensión delimitará los ámbitos afectados, se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y será inmediatamente ejecutivo a partir de dicha publicación.
c) La suspensión quedará sin efecto si el Gobierno de Aragón no adoptara la decisión de elaborar o alterar las correspondientes Directrices de Ordenación Territorial en el plazo máximo de un mes desde la publicación del acuerdo de suspensión.
d) El plazo máximo de duración de la suspensión será de dos años.
e) La suspensión podrá levantarse en cualquier momento y quedará en todo caso sin efecto al publicarse las correspondientes Directrices de Ordenación Territorial o al transcurrir el plazo máximo de duración de la misma.
f) Si llegara a transcurrir el plazo máximo de duración de la suspensión sin haberse aprobado las Directrices de Ordenación Territorial, no podrá volver a producirse una nueva suspensión con el mismo objeto hasta pasados cuatro años.
CAPÍTULO III
Efectos de los instrumentos de planeamiento territorial
Artículo 26. Efectos.
1. Las formulaciones de carácter estratégico contenidas en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y en las Directrices de Ordenación Territorial tienen el valor de criterios determinantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones públicas, con las salvedades siguientes:
a) Cuando afecten al ejercicio de competencias estatales, corresponde al órgano competente establecido en la legislación del Estado ponderar los criterios expresados en los instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, incluido, cuando proceda, el Dictamen Autonómico sobre los Planes y Proyectos del Estado.
b) Cuando los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, o las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias, prevean actuaciones concretas que supongan una desviación de los citados criterios, se deberá plantear la cuestión ante el Gobierno de Aragón, que resolverá de forma motivada, valorando su conveniencia para los intereses públicos.
2. Las disposiciones normativas incluidas en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y en las Directrices de Ordenación Territorial tienen carácter obligatorio para sus destinatarios, sin perjuicio de la prevalencia de las disposiciones ambientales que puedan resultar de aplicación.
TÍTULO III
Instrumentos de Gestión Territorial e Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial
CAPÍTULO I
Instrumentos de Gestión Territorial: los Programas de Gestión Territorial
Artículo 27. Finalidad.
Los Programas de Gestión Territorial son instrumentos de ejecución de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón o de las Directrices de Ordenación Territorial, mediante la definición de las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector o sectores y período de tiempo, así como de la forma de financiación y organización de las mismas.
Artículo 28. Contenido.
1. Los Programas de Gestión Territorial deberán contener, entre sus determinaciones, el conjunto de acciones públicas orientadas a compensar las disfunciones territoriales existentes en la Comunidad Autónoma, especialmente en las zonas más desfavorecidas, pudiendo articular a estos efectos un Fondo de Cohesión Territorial basado en el sistema de indicadores contemplados en esta ley.
2. Los Programas de Gestión Territorial incorporarán, al menos, el siguiente contenido:
a) Delimitación de su ámbito material y territorial.
b) Enumeración y descripción técnica de las actuaciones.
c) Medidas para garantizar la coherencia de las actuaciones del Programa con otras actuaciones ejecutadas o previstas por cualesquiera poderes públicos.
d) Plazos para el desarrollo de las actuaciones.
e) Estudio económico-financiero en el que se valoren los costes de las actuaciones a realizar y se definan los recursos para su financiación.
f) Sistema de gestión, seguimiento y control del cumplimiento del Programa.
Artículo 29. Procedimiento.
1. La decisión de elaborar Programas de Gestión Territorial corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, a iniciativa propia o del Departamento competente.
2. La elaboración de los Programas de Gestión Territorial corresponde al Departamento o Departamentos competentes por razón de la materia. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial podrá encargar la elaboración de Programas de Gestión Territorial a dos o más departamentos conjuntamente.
3. Simultáneamente a la elaboración del Programa, se incluirán en el anteproyecto de presupuestos de cada Departamento las previsiones necesarias para atender a la financiación de aquél o se iniciará la tramitación del procedimiento administrativo o legislativo que se considere necesario para garantizar su financiación.
4. Los Programas de Gestión Territorial deben someterse previamente al procedimiento de evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
5. Una vez seguidos los procedimientos que correspondan, conforme a lo previsto en el apartado anterior, el proyecto de Programa debe someterse, durante el plazo de un mes, a información pública y a informe de las entidades locales en cuyo ámbito territorial se proyecten las actuaciones. Transcurrido el plazo para la emisión de los informes de las entidades locales sin pronunciamiento expreso, se considerará que son favorables.
6. Una vez finalizado el periodo de información pública, corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón informar el proyecto de Programa de Gestión Territorial.
7. La aprobación del Programa compete al Gobierno de Aragón mediante Decreto, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.
Artículo 30. Alteraciones.
Toda alteración de los Programas de Gestión Territorial ha de justificarse en una memoria adecuada en función de su objeto, y su aprobación se sujetará a las reglas de procedimiento establecidas en el artículo anterior.
Artículo 31. Ejecución.
1. Las actuaciones previstas para cada año en los Programas de Gestión Territorial han de ser tenidas en cuenta necesariamente por el Gobierno de Aragón en la elaboración del proyecto anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
2. Los Programas de Gestión Territorial pueden servir de base para la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con las entidades locales y con la Administración General del Estado, pudiendo encomendarse las respectivas actuaciones, en todo o en parte, a consorcios u otras entidades públicas o privadas.
CAPÍTULO II
Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial: Planes y Proyectos de Interés General de Aragón
Artículo 32. Definición.
Los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón son instrumentos que tienen por objeto autorizar y regular la implantación de actividades de especial trascendencia territorial que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características.
Artículo 33. Objeto.
1. Podrán ser objeto de Planes y Proyectos de Interés General de Aragón actuaciones territoriales relevantes como las siguientes:
a) La ejecución de grandes equipamientos, infraestructuras e instalaciones.
b) La ejecución de planes y programas propios de la Administración de la Comunidad Autónoma o gestionados conjuntamente con otras Administraciones Públicas.
c) La implantación de actividades energéticas, industriales, de servicios o de ocio de especial importancia, tales como los centros de esquí y montaña definidos en la legislación turística.
2. Los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón se ubicarán preferentemente en suelo urbanizable no delimitado o en suelo no urbanizable genérico. Cuando hubieran de afectar a otras clases o categorías de suelo, habrá de justificarse motivadamente tanto la necesidad de la concreta ubicación como la compatibilidad con los valores propios del suelo afectado.
3. A los efectos previstos en esta ley, los planes con incidencia territorial previstos en otras leyes o reglamentos no tienen la consideración de Planes de Interés General de Aragón, salvo que así se prevea legalmente, por lo que serán objeto del informe territorial del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón previsto en los artículos 9.5.d) y 65.
Artículo 34. Promotor inicial.
1. Los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón podrán ser promovidos:
a) Por iniciativa pública, que pueden ejercer tanto los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma como los organismos públicos, las empresas públicas y las demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma.
b) Por iniciativa privada de cualquier persona natural o jurídica.
2. Con independencia de la forma de promoción inicial del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, el Gobierno de Aragón podrá reservar la condición definitiva de promotor a un Consorcio de Interés General de Aragón, a una sociedad urbanística o a una persona seleccionada en concurso público conforme a lo establecido en el artículo 37 de esta ley.
3. También podrá el Gobierno de Aragón vincular la promoción y ejecución de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón a los términos de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, conforme a lo previsto en la legislación reguladora de los contratos del sector público.
Artículo 35. Declaración del interés general.
1. Con carácter previo a la aprobación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, deberá producirse la declaración formal del interés general por parte del Gobierno de Aragón.
2. Para iniciar el procedimiento, el promotor habrá de presentar ante la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la siguiente documentación:
a) Características fundamentales del Plan o Proyecto y justificación del interés general del mismo.
b) Inserción del Plan o Proyecto en el modelo territorial de la Comunidad Autónoma definido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón o, en su caso, justificación de la modificación que dicho Plan o Proyecto introduce en el modelo territorial de Aragón.
c) Previsión del impacto territorial del Plan o Proyecto.
d) Previsiones organizativas para la gestión del Plan o Proyecto y para el fomento de las actividades económicas y sociales que garanticen la distribución, en el área de influencia y para las entidades locales afectadas, si el ámbito de actuación se halla definido ya en esta fase del proyecto, de los aprovechamientos y otros ingresos derivados de dicho Plan o Proyecto.
e) En el caso de Planes, deberán especificarse los proyectos mediante los cuales se ejecutarán.
f) En el caso de Planes, documento inicial estratégico o documento ambiental estratégico, y, en el caso de Proyectos, estudio de impacto ambiental o documento ambiental, con el contenido establecido en la legislación vigente en materia de evaluación ambiental.
g) Cuantos otros documentos se consideren preceptivos en la normativa aplicable.
3. A la vista de la documentación, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial podrá designar los departamentos que, por su relación con la materia objeto del Plan o Proyecto, colaborarán con el departamento competente en materia de ordenación del territorio mediante la emisión de informe en el expediente.
4. El departamento competente en materia de ordenación del territorio otorgará audiencia a las entidades locales afectadas por plazo máximo de un mes y recabará informe del Consejo Local de Aragón y de los departamentos colaboradores, que habrán de pronunciarse sobre el contenido de la documentación a que se refiere el apartado 2.f) de este artículo.
5. Concluido el trámite anterior, el departamento competente en materia de ordenación del territorio elaborará un informe con las conclusiones que, junto al expediente completo, someterá a informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón por plazo de un mes.
6. El departamento competente en materia de ordenación del territorio remitirá la propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, que la elevará con su informe al Gobierno de Aragón para la declaración, en su caso, del interés general del Plan o Proyecto.
7. En cualquier fase del procedimiento, el departamento competente en materia de ordenación del territorio, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial o el Gobierno de Aragón podrán requerir del promotor la presentación de la documentación complementaria que se considere precisa y también poner fin al procedimiento por considerar, discrecional, pero motivadamente, que el Plan o Proyecto carece de interés general.
8. La declaración del interés general por el Gobierno de Aragón será requisito previo para que pueda seguirse el procedimiento de aprobación del Plan o Proyecto, pero no condicionará la resolución que se derive de dicho procedimiento. En los casos de iniciativa privada, la correspondiente solicitud se entenderá desestimada por el transcurso de tres meses desde su presentación completa sin resolución expresa.
9. En el acuerdo por el que se declare el interés general de un Plan o Proyecto, el Gobierno de Aragón podrá concretar su área de influencia y las entidades locales que se deben considerar afectadas a los efectos de lo previsto en el presente artículo y en la legislación urbanística y sectorial.
10. Para la declaración de interés general de planes o proyectos de centros de esquí o de montaña, deberán respetarse los siguientes criterios:
a) Medidas tendentes a potenciar la calificación y el desarrollo prioritarios de usos hoteleros o, en general, de alojamientos turísticos en sus diferentes modalidades, frente a los residenciales.
b) Respeto al paisaje urbano y a las características urbanísticas y constructivas tradicionales en cada población.
c) Se evitarán nuevas urbanizaciones en alta montaña, actuando en el entorno de núcleos existentes, con la finalidad de consolidar, mejorar y preservar el sistema de núcleos de población.
11. La documentación para tramitar la declaración de interés general de planes o proyectos de centros de esquí o de montaña incluirá una propuesta de actuación en núcleos existentes de su área de influencia, con la finalidad de consolidar, mejorar y preservar el sistema de núcleos de población existente. Para su elaboración, se tendrán en cuenta los servicios existentes en los núcleos sobre los que se realice la propuesta de actuación. Esta propuesta incluirá, además, los siguientes aspectos:
a) Análisis de los desarrollos residenciales de los municipios del área de influencia y su relación con los centros de esquí y de montaña, pudiendo establecerse límites para su crecimiento en relación con su dimensión o criterios para establecerlos.
b) Posibles alternativas a incorporar en los planeamientos correspondientes que vinculen la ordenación y gestión de actuaciones inmobiliarias a las inversiones precisas para su implantación y mejora, garantizando, en todo caso, el estricto cumplimiento de los criterios y límites establecidos con carácter general en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.
c) Soluciones de transporte vinculadas a la propuesta realizada.
Artículo 36. Declaración implícita.
1. Cuando la actividad susceptible de ser promovida mediante un Proyecto de Interés General de Aragón estuviera contemplada en planes aprobados por el Gobierno de Aragón y determinado el municipio o los municipios previstos para su ubicación, podrá considerarse de interés general a los efectos de quedar exenta del trámite previo de declaración contemplado en el artículo anterior.
2. Del mismo modo, los proyectos contemplados en los Planes cuyo interés general hubiese sido declarado por el Gobierno de Aragón y estuviese determinado el municipio o los municipios previstos para su ubicación quedarán también exentos del trámite previo de declaración de su interés general.
3. El promotor de estos proyectos podrá proseguir, en su caso, con el resto de la tramitación establecida para la aprobación de Proyectos de Interés General de Aragón, debiendo iniciar los trámites de la evaluación ambiental conforme se establece en el artículo 40.
Artículo 37. Promotor definitivo.
1. El Gobierno de Aragón podrá determinar, en la misma declaración de interés general del Plan o Proyecto o en cualquier momento posterior, quién asume la condición definitiva de promotor conforme a lo establecido en este artículo.
2. Cuando el Gobierno de Aragón opte por la creación de un Consorcio de Interés General para asumir la condición definitiva de promotor del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, se observarán las siguientes reglas:
a) En el Consorcio de Interés General tendrán derecho a participar exclusivamente la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales afectadas, la Administración General del Estado y las entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes, cuya representación en los órganos de gobierno estará en función de sus respectivas aportaciones.
b) El Consorcio de Interés General se constituirá en el plazo máximo de dos meses desde su designación como promotor definitivo. Cuando los municipios afectados renuncien a participar en el Consorcio o transcurra dicho plazo sin que la constitución del Consorcio haya tenido lugar, la Administración de la Comunidad Autónoma asumirá directamente la totalidad de las competencias precisas para la gestión del Plan o Proyecto de Interés General. Las entidades locales afectadas podrán asociarse voluntariamente, en la forma que reglamentariamente se determine, a la actividad de la Administración autonómica, cabiendo igualmente, desde que adopten dicha iniciativa y previo convenio interadministrativo, la organización en forma consorcial.
3. Cuando el Gobierno de Aragón atribuya la condición definitiva de promotor a una sociedad urbanística, esta podrá llevar a cabo la gestión y ejecución del correspondiente Plan o Proyecto de Interés General de Aragón bajo la dependencia directa de la Administración de la Comunidad Autónoma o del Consorcio de Interés General.
4. Cuando el Gobierno de Aragón confiera definitivamente la promoción a la iniciativa privada, el correspondiente promotor será seleccionado en concurso público conforme a lo establecido reglamentariamente.
5. Cuando el Gobierno de Aragón vincule la promoción a los términos de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, se aplicará lo establecido en la legislación reguladora de los contratos del sector público.
6. Quien hubiese ejercido inicialmente la iniciativa privada, siempre que no se le atribuyese la promoción definitiva del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, tendrá derecho, en los términos previstos reglamentariamente, a resarcirse del valor de la actividad técnica y profesional desarrollada incrementado con el correspondiente beneficio empresarial.
Artículo 38. Convocatoria pública de selección de la ubicación.
1. Cuando la concreta ubicación del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón no estuviere predeterminada en la correspondiente propuesta de actuación, el consejero competente en materia de ordenación del territorio podrá seleccionar la ubicación más adecuada a través de convocatoria pública, con objeto de que cualesquiera interesados puedan ofrecer posibles ubicaciones, conforme a las características fundamentales de la actuación propuesta, siempre que acrediten la disponibilidad del suelo necesario y el informe previo de los ayuntamientos afectados.
2. En el caso de que se optase por una convocatoria pública de selección de la ubicación del Plan o Proyecto, antes de su resolución se requerirán los siguientes informes:
a) Informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón cuando las propuestas presentadas al concurso excedan del ámbito de un término municipal o cuando, estando restringidas a un único municipio, tal limitación no hubiese quedado recogida en la declaración de interés general del Plan o Proyecto. El informe analizará la adecuación de las ubicaciones propuestas al modelo territorial de la Comunidad Autónoma.
b) Informe del departamento competente en materia de urbanismo, que versará sobre el impacto de las ubicaciones propuestas sobre la ordenación urbanística municipal.
c) Informe del departamento competente en materia de medio ambiente, que versará sobre el impacto de las ubicaciones propuestas sobre el medio ambiente. Este informe no condicionará en modo alguno el resultado de la posterior tramitación ambiental del proyecto en la ubicación que finalmente resulte seleccionada.
d) Informe del departamento competente en materia de patrimonio cultural, que versará sobre el impacto de las ubicaciones propuestas sobre el patrimonio cultural, y que podrá descartar, con carácter vinculante, aquellas ubicaciones claramente incompatibles con su conservación.
3. El consejero competente en materia de ordenación del territorio podrá seleccionar la ubicación que considere más adecuada a las características del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, conforme a las bases de la convocatoria, o declararla desierta de forma motivada.
Artículo 39. Tanteo y retracto.
1. Cuando la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón estuviera determinada en el acuerdo del Gobierno de Aragón de declaración del interés general, el ámbito correspondiente tendrá la consideración de área de tanteo y retracto para el destino especificado en la declaración de interés general, sometiéndose a tal fin al régimen establecido en la legislación urbanística.
2. Transcurridos cinco años desde la determinación de la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón sin que este hubiere sido definitivamente aprobado, los terrenos correspondientes dejarán de estar sujetos al régimen establecido en el apartado anterior de este artículo.
Artículo 40. Evaluación ambiental.
1. Con la declaración del interés general por el Gobierno de Aragón de un Plan o Proyecto, una vez seguido el procedimiento de selección del promotor particular cuando sea procedente, se iniciarán los trámites correspondientes a la evaluación ambiental del Plan o Proyecto. A estos efectos, el departamento competente en materia de ordenación del territorio remitirá al órgano ambiental la documentación presentada por el promotor, así como los informes que hubieran sido emitidos por los departamentos y entidades locales consultados.
2. El órgano ambiental podrá utilizar la documentación presentada por el promotor para la declaración de su interés general a que se refiere el artículo 35.2.f) de esta ley como memoria resumen del Plan o Proyecto. Igualmente, dicho órgano ambiental podrá prescindir de consultar, en esta fase, a aquellos órganos administrativos o entidades locales que ya hubiesen sido consultados en el trámite de declaración del interés general.
Artículo 41. Procedimiento de aprobación.
1. Corresponde al promotor formular y presentar ante el departamento competente en materia de ordenación del territorio, cuando este no fuera también el promotor, los distintos documentos que hayan de integrar el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
2. La aprobación inicial del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón corresponde al consejero del departamento competente en materia de ordenación del territorio.
3. Una vez aprobado inicialmente el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, este se someterá a información y participación pública junto con el estudio ambiental estratégico o documento ambiental estratégico, en el caso de Planes, o con el estudio de impacto ambiental o documento ambiental para el caso de Proyectos, según proceda, por un plazo mínimo de dos meses, debiendo incluir, al menos, las consultas que hubiere indicado el órgano ambiental, así como audiencia a las entidades locales afectadas, que informarán particularmente sobre la delimitación del ámbito de ordenación o actuación. Igualmente, se podrán recabar cuantos informes sean preceptivos o se consideren convenientes.
4. Cuando el Plan o Proyecto esté sujeto a evaluación ambiental y concluido el periodo de información y participación pública, el departamento competente en materia de ordenación del territorio recabará del órgano ambiental la resolución ambiental que proceda, para lo cual deberá remitir la documentación completa del expediente, incorporando una memoria explicativa de cómo se ha tenido en cuenta en el Plan o Proyecto el resultado de las consultas y la información pública. La resolución ambiental que proceda, cuando resulte exigible, deberá ser notificada en el plazo máximo de cuatro meses desde su solicitud.
5. Notificada la resolución ambiental que resulte exigible en cada caso, podrá aprobarse definitivamente el Plan o Proyecto con las modificaciones que procedieren.
6. La aprobación definitiva de los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero del departamento competente en materia de ordenación del territorio.
7. Cuando la aprobación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón exija la alteración de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, deberá proponerse el nuevo texto, tramitándose de forma paralela la modificación de esta, con la salvedad de que el Gobierno de Aragón puede aprobar la modificación sin necesidad de someterla a debate de las Cortes de Aragón, debiendo, en todo caso, remitirle la modificación aprobada.
Artículo 42. Procedimiento de modificación de Planes y Proyectos de Interés General.
1. Las modificaciones de Planes y Proyectos de Interés General pueden ser sustanciales o no sustanciales.
2. El promotor del Plan y/o Proyecto de Interés General que solicite la modificación deberá presentar la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa de la necesidad de la modificación.
b) Definición del nuevo contenido del Plan o Proyecto con el mismo grado de detalle que el original.
c) Determinación de los efectos territoriales de la modificación solicitada.
3. A la vista de la documentación presentada, el departamento competente en materia de ordenación territorial, de forma motivada, determinará el carácter sustancial o no sustancial de la modificación, utilizando los siguientes criterios:
a) Grado de alteración de los elementos que sustentaron la declaración de interés general del Plan o Proyecto: características fundamentales, inserción en el modelo territorial, impacto territorial y previsiones organizativas para su gestión.
b) Coherencia con los instrumentos de ordenación territorial y en particular con la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón.
c) Alteración del régimen urbanístico.
d) Modificación del régimen de cesiones.
La modificación de un Plan o Proyecto no podrá declararse no sustancial cuando esté sujeta al trámite de evaluación ambiental.
4. Las modificaciones sustanciales se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo anterior.
5. Las declaradas como no sustanciales seguirán el procedimiento abreviado que se establece a continuación y que corresponderá tramitar al departamento competente en materia de ordenación del territorio:
a) La propuesta de modificación se someterá, por plazo máximo de un mes, a los trámites de información pública, audiencia e informe de cuantas Administraciones se hubiera consultado en el procedimiento de aprobación del Plan o Proyecto.
b) Concluido el trámite anterior, el departamento competente en materia de ordenación del territorio elevará informe-propuesta al consejero de dicho departamento, quien, a la vista de la documentación recibida, aprobará, en su caso, la modificación no sustancial.
Artículo 43. Determinaciones.
Los documentos integrantes de los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón establecerán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) La delimitación del ámbito objeto de ordenación o actuación.
b) Los estudios previos de las instalaciones o edificaciones objeto de la actuación.
c) Las previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación urbanística aplicables, si los hubiere, y la articulación con las mismas, incluyendo específicamente la descripción de las posibles discrepancias con aquella ordenación determinantes de su necesaria alteración conforme a la legislación urbanística.
d) El análisis de los impactos que la actuación produce sobre el territorio afectado y las medidas correctoras que se proponen.
e) La programación temporal de la ejecución del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, con previsión, en su caso, de distintas fases en la ejecución de las obras.
f) Un estudio económico-financiero en el que se precisarán los costes del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización y las fuentes de financiación a utilizar, con la justificación de su viabilidad económica y del canon que, en su caso, deba pagarse al municipio.
g) Las medidas específicas propuestas para el fomento de actividades económicas y sociales en el área de influencia del correspondiente Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
Artículo 44. Régimen urbanístico.
1. En el caso de que la ejecución del Plan o Proyecto de Interés General llevara aparejada la urbanización de los terrenos afectados, se aplicarán las reglas siguientes:
a) El promotor habrá de aportar la propuesta de convenio interadministrativo con el municipio en relación con el momento y las condiciones de recepción por este de la urbanización y, en su caso, la asunción de la tutela de la entidad de conservación, las cesiones obligatorias, la cesión de aprovechamiento y, en general, sobre la gestión del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
b) Los Planes de Interés General de Aragón incluirán también la ordenación que ha de ejecutarse con el grado de detalle del plan parcial y, en todo caso, las determinaciones propias del proyecto de urbanización. Asimismo, incluirán los documentos necesarios para iniciar el expediente expropiatorio o de reparcelación forzosa, cuando hayan de gestionarse directamente, o el procedimiento de compensación o urbanización a seguir, cuando hayan de gestionarse indirectamente.
c) Los Proyectos de Interés General de Aragón incluirán también los proyectos precisos para ejecutar la edificación que autoricen con el grado de detalle exigible para la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística que sea necesario y, en su caso, de actividad, incluyendo la urbanización complementaria que pudiera precisarse.
2. Los documentos integrantes de los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón podrán establecer cuantas determinaciones adicionales sean precisas, incluso las propias del plan general y, entre ellas, las siguientes:
a) Las determinaciones que afecten a la ordenación estructural o pormenorizada del suelo urbano o urbanizable delimitado cuando resulte estrictamente indispensable para garantizar su adecuada inserción en la trama urbana y, en particular, su conexión con las infraestructuras supramunicipales o los sistemas generales existentes o previstos, así como el establecimiento y la prestación de los servicios, indicando la forma de financiación de las actuaciones que contemple, que podrá ser, total o parcialmente, a cargo del propio Plan o Proyecto de Interés General de Aragón o, previa alteración del planeamiento urbanístico, de otros ámbitos de gestión urbanística ajenos al mismo conforme a lo establecido en la legislación urbanística.
El municipio o municipios afectados deberán pronunciarse expresamente, en el trámite de informe al que se refiere el artículo 41.3, sobre la adecuación de estas determinaciones a la ordenación estructural del plan general, si lo hubiere, y la viabilidad de las formas de financiación planteadas en el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón. De no hacerlo, o cuando se manifieste la disconformidad con la ordenación estructural, la cuestión se someterá a la consideración del Gobierno de Aragón en el trámite de aprobación definitiva del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, que decidirá lo que proceda.
b) El canon que pudiera abonarse, como carga de urbanización, al municipio o los municipios en cuyo territorio hayan de ejecutarse como contraprestación por la atribución de aprovechamiento urbanístico a esa actuación. El canon será, como máximo, del uno por ciento anual del importe total de la inversión a realizar para la ejecución del Proyecto de Interés General de Aragón por periodo no superior a cinco años. El canon se devengará en la fecha de aprobación del Proyecto de Interés General de Aragón y, en su caso, por años naturales desde la misma, salvo que en el propio Proyecto de Interés General de Aragón se estableciesen fechas diferentes para el devengo. Los recursos obtenidos a través de dicho canon deberán destinarse a los fines propios de los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 45. Documentación.
1. Los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón contendrán la ordenación estructural y pormenorizada que precisen para su plena funcionalidad en atención a las actuaciones que autoricen, reflejadas en los proyectos, planos, normas urbanísticas y restantes documentos que resulten necesarios.
2. Los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón incorporarán la documentación precisa para concretar sus determinaciones y, como mínimo, la siguiente:
a) Una memoria justificativa de la ordenación o la edificación, según proceda. Asimismo, se justificará la viabilidad económica y financiera de la actuación y, en su caso, la idoneidad del emplazamiento elegido.
b) Los planos de información, ordenación y proyecto.
c) Las normas urbanísticas.
d) El plan de etapas.
e) Un estudio económico-financiero comprensivo de la evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicios.
f) La documentación ambiental precisa para la evaluación ambiental en cada fase del procedimiento.
Artículo 46. Efectos.
1. Atendidas la modalidad de actuación que autoricen y la clasificación originaria de los terrenos a los que afecten, siempre que sea necesario en función de las determinaciones de la ordenación urbanística vigente, la aprobación de Planes o Proyectos de Interés General de Aragón determinará la clasificación y calificación urbanísticas de los terrenos que constituyan su ámbito, conforme a los destinos que prevean, quedando adscritos a los correspondientes usos públicos los destinados a dotaciones locales o sistemas generales.
2. El acuerdo de aprobación del Plan o Proyecto implicará la declaración de utilidad pública o el interés social de las expropiaciones que, en su caso, sean necesarias para la ejecución del mismo, llevando implícita la declaración de necesidad de ocupación, en las condiciones establecidas por la legislación de expropiación forzosa. Asimismo, podrá implicar, cuando se establezca motivadamente en el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, la declaración de urgencia de las expropiaciones precisas.
3. Las determinaciones de ordenación contenidas en los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón vincularán a los instrumentos de planeamiento de los municipios afectados y prevalecerán sobre los mismos. En todo caso, el consejero competente en materia de urbanismo podrá ordenar la iniciación del procedimiento de alteración del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística, con objeto de adaptarlo en lo que proceda al contenido del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
4. A los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón les serán de aplicación las disposiciones sobre suspensión de licencias, efectos, vigencia y alteración y documentos refundidos de planeamiento que se establecen en la legislación urbanística, en cuanto resulten compatibles con las establecidas en esta ley.
Artículo 47. Urbanización y edificación.
1. Los Planes de Interés General de Aragón podrán autorizar la urbanización, siendo directamente ejecutables. Los correspondientes actos de edificación y uso del suelo, salvo que hubieran sido declarados Proyectos de Interés General de Aragón, quedarán sujetos a la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística conforme a la legislación urbanística.
2. Los Proyectos de Interés General de Aragón podrán autorizar la edificación, siendo directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística, no pudiendo ser suspendidos sino por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente.
Artículo 48. Ejecución.
1. La ejecución tendrá lugar bajo la dependencia del departamento competente en materia de ordenación del territorio, conjuntamente con los departamentos colaboradores que emitirán los informes correspondientes en su materia, así como los actos administrativos necesarios. Corresponderán a la Administración de la Comunidad Autónoma, para la ejecución de los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón, cuantas potestades y competencias atribuye la legislación urbanística a los municipios para la ejecución del planeamiento urbanístico.
2. Corresponde al consejero del departamento competente en materia de ordenación del territorio, conjuntamente con los consejeros de los departamentos colaboradores y conforme a los procedimientos establecidos en la legislación urbanística, la aprobación de planes o proyectos complementarios o modificados, así como de los expedientes relativos a cualesquiera instrumentos de gestión precisos para la ejecución del Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
3. La ejecución de los Planes o Proyectos de Interés General de Aragón podrá realizarse directa o indirectamente conforme a lo establecido en la legislación urbanística, a elección de la Administración. Podrán delimitarse ámbitos de gestión directa y de gestión indirecta en un mismo Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
4. Se podrán articular fórmulas de colaboración que permitan la delegación de competencias en las entidades locales afectadas para la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística.
5. Los promotores de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, tanto si son particulares como si son organismos públicos, consorcios o empresas públicas, incluidas las sociedades urbanísticas reguladas en la legislación urbanística, tendrán la condición de beneficiarios de la expropiación en los términos establecidos en la legislación de expropiación forzosa. También tendrán dicha condición los organismos públicos, consorcios y empresas públicas cuando gestionen o ejecuten Planes o Proyectos de Interés General de Aragón.
6. La sustitución o subrogación de un tercero en la posición jurídica de la persona o entidad responsable de la ejecución requerirá autorización expresa, previa y conjunta, de los departamentos competentes en materia de ordenación del territorio y de los departamentos colaboradores.
Artículo 49. Régimen de cesiones y recepción de la urbanización.
Las cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales y cualesquiera otras que procedan, así como la recepción de las obras de urbanización, tendrán lugar conforme a lo establecido en la legislación urbanística para la recepción y conservación de las obras de urbanización y a las siguientes reglas:
a) El destinatario final de los terrenos objeto de cesión será el municipio. La cesión de aprovechamiento en los Planes de Interés General que establezcan como uso dominante el residencial corresponderá íntegramente al municipio. En los restantes supuestos, la cesión se distribuirá por mitades entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio.
b) No obstante, cualquier cesión tendrá lugar a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma para su posterior entrega al municipio, salvo que, mediando el correspondiente convenio interadministrativo simultáneo o posterior al Plan de Interés General de Aragón, se pacte la realización de las cesiones directamente al municipio. Podrá pactarse la transmisión al municipio de los terrenos correspondientes para su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento mediante la aprobación definitiva por el órgano autonómico competente del proyecto de reparcelación.
c) Salvo que lo haya hecho en un momento anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma deberá entregar al municipio los terrenos correspondientes a las cesiones a las que se refiere la letra anterior cuando este reciba la urbanización y, en su caso, asuma la tutela de la entidad de conservación.
d) Salvo pacto en contrario en el convenio al que se refiere la letra b), el municipio no podrá disponer en forma alguna de los terrenos en los que se localice la cesión de aprovechamiento medio hasta que reciba la urbanización y, en su caso, asuma la tutela de la entidad de conservación. Dicha prohibición de disponer se hará constar expresamente en el proyecto de reparcelación, si lo hubiere, y deberá inscribirse, en todo caso, en el Registro de la Propiedad.
e) En el convenio al que se refiere la letra b), podrá acordarse la realización de la cesión de aprovechamiento a favor del Consorcio de Interés General o de la sociedad urbanística gestora del Plan de Interés General de Aragón, pudiendo computarse en tales casos como aportación al Consorcio o al capital social respectivamente.
Artículo 50. Incumplimiento.
1. El Gobierno de Aragón podrá declarar caducado un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, con prohibición expresa de cualquier acto ulterior de ejecución del mismo y los demás pronunciamientos que procedan sobre la responsabilidad en que se hubiera podido incurrir, previa audiencia al interesado, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de los plazos de inicio o terminación, o interrupción de la ejecución por tiempo superior al autorizado o sin causa justificada.
b) Sustitución o subrogación de un tercero en la posición jurídica de la persona o entidad responsable de la ejecución sin autorización expresa previa.
c) Ejecución contraviniendo gravemente las previsiones contenidas en el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón.
2. La declaración de caducidad se adoptará por el Gobierno de Aragón a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. No obstante, también podrá el Gobierno de Aragón, a la vista de las circunstancias concurrentes, prorrogar los plazos de ejecución, imponiendo requisitos o condiciones que garanticen el puntual y exacto cumplimiento.
3. Dentro del mes siguiente a la declaración de la caducidad en los términos previstos en el apartado 1, el Gobierno de Aragón podrá asumir la ejecución.
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que el Gobierno de Aragón haya asumido la ejecución, se producirán los siguientes efectos:
a) Los terrenos comprendidos por el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón recuperarán, a todos los efectos, la clasificación y la calificación urbanísticas que tuvieran al tiempo de la aprobación de aquél.
b) La persona o entidad responsable de la ejecución del Proyecto de Interés General caducado deberá realizar los trabajos precisos para reponer los terrenos al estado que tuvieran antes del comienzo de dicha ejecución y perderá, en su caso, la garantía que tuviera constituida.
TÍTULO IV
Instrumentos de información territorial
CAPÍTULO I
Sistema de Información Territorial
Artículo 51. Constitución.
Se constituye el Sistema de Información Territorial de Aragón, como servicio público gestionado por el Instituto Geográfico de Aragón, correspondiendo al Gobierno de Aragón establecer las condiciones y facilidades para el ejercicio del derecho de acceso al mismo, especialmente por vía telemática, conforme al criterio de libre acceso a los datos disponibles por la Administración pública.
Artículo 52. Contenido.
1. El Sistema de Información Territorial de Aragón está integrado por toda la información con trascendencia territorial producida o archivada por los diferentes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, a quienes incumbe la responsabilidad de catalogar y mantener adecuadamente la citada información; por la producida o archivada por las entidades locales, a las que incumbe la responsabilidad de mantenerla adecuadamente, así como por la información facilitada por la Administración General del Estado.
2. La cartografía constituye un elemento esencial del Sistema de Información Territorial de Aragón. La producción, el mantenimiento y la gestión de la cartografía básica que corresponda a la Comunidad Autónoma se encomiendan al Instituto Geográfico de Aragón.
3. El Sistema de Información Territorial de Aragón puede comprender también toda información con trascendencia territorial facilitada por cualesquiera personas y entidades, de conformidad, en su caso, con lo establecido en los correspondientes convenios de colaboración.
4. El Sistema de Información Territorial de Aragón se ajustará a los estándares y protocolos establecidos conforme a la legislación reguladora de las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
Artículo 53. Organización.
1. El Instituto Geográfico de Aragón proporciona la asistencia técnica necesaria y la metodología para la obtención, el archivo, el intercambio y la difusión de la información con trascendencia territorial.
2. Reglamentariamente, se establecerá el régimen de funcionamiento, intercambio y utilización del Sistema de Información Territorial de Aragón.
Artículo 54. Obligación.
Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, así como las entidades locales, tienen obligación de facilitar la información disponible de trascendencia territorial que se les solicite para el Sistema de Información Territorial de Aragón en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 52 de esta ley.
CAPÍTULO II
Documentos Informativos Territoriales y otros instrumentos de información territorial
Artículo 55. Documentos Informativos Territoriales.
1. A partir del Sistema de Información Territorial de Aragón, corresponde al Instituto Geográfico de Aragón elaborar y mantener actualizados los Documentos Informativos Territoriales que constituyan la base del conocimiento territorial para la elaboración y revisión de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, de las diferentes modalidades de Directrices de Ordenación Territorial y de los Programas de Gestión Territorial.
2. Los Documentos Informativos Territoriales son el conjunto de datos georreferenciados que permitan el análisis temático y estadístico del territorio y su representación cartográfica, gráfica o por cualquier otra técnica de visualización.
3. Los Documentos Informativos Territoriales contendrán, como mínimo:
a) Memoria donde se defina el documento, la metodología aplicada y el análisis de datos y conclusiones.
b) Caracterización de los datos y análisis geoestadísticos, incluyendo tipología, fuente, ámbito territorial, unidades, método estadístico y representación gráfica y tabular.
c) Mapas y bases de datos ajustados a los estándares y protocolos establecidos conforme a la legislación reguladora de las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
Artículo 56. Sistema de Indicadores Territoriales.
1. Corresponde al Instituto Geográfico de Aragón establecer variables territoriales susceptibles de ser estimadas cualitativa y cuantitativamente, que han de servir como elementos del Sistema de Indicadores Territoriales de la Comunidad Autónoma para realizar el seguimiento y la evaluación del modelo territorial establecido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
2. El Sistema de Indicadores Territoriales servirá de base para la elaboración de metodologías que permitan evaluar el impacto territorial de las actuaciones que incidan sobre el uso y la transformación del territorio.
Artículo 57. Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón.
1. La Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón estará formada por metadatos, datos georreferenciados distribuidos en diferentes sistemas de información y servicio geográficos interconectados de acuerdo con un conjunto de especificaciones normalizadas, que facilitan la búsqueda y garantizan la interoperabilidad de dichos datos, y que será accesible a través de la red Internet.
2. La información territorial generada por los diferentes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, así como por las entidades locales, será accesible a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón, mediante servicios normalizados.
3. El Instituto Geográfico de Aragón definirá las especificaciones normalizadas para la publicación de los datos, metadatos y servicios, que se alojarán preferentemente en la infraestructura tecnológica proporcionada por el Sistema de Información Territorial de Aragón. Estas especificaciones estarán orientadas a facilitar la búsqueda y el acceso a los datos por cualquier persona.
Artículo 58. Mapas de Paisaje.
1. Corresponde al Instituto Geográfico de Aragón coordinar la elaboración y mantener actualizados los Mapas de Paisaje, que serán tenidos en cuenta al elaborar el planeamiento y la programación en materia territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio cultural, hidrológica, forestal, de protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial.
2. Los Mapas de Paisaje regulados en esta ley son otro instrumento de información territorial que deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de las políticas sectoriales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 59. Actualización del planeamiento territorial.
En el momento en que se produzca la aprobación definitiva de una alteración de alguno de los instrumentos de planeamiento territorial, el departamento competente en materia de ordenación del territorio elaborará un texto refundido del instrumento afectado que incorpore dicha modificación, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a las versiones vigentes de los instrumentos de planeamiento territorial. El texto refundido será objeto de publicación oficial cuando afecte a los documentos enumerados en los artículos 19.9 y 23.7 de esta ley.
TÍTULO V
Instrumentos complementarios de la ordenación del territorio
CAPÍTULO I
Dictamen Autonómico sobre los planes y proyectos del Estado
Artículo 60. Sujeción.
1. A fin de garantizar su correcta inserción en el marco territorial definido por los instrumentos y las normas de ordenación del territorio, deben someterse a dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón los planes y proyectos del Estado con incidencia territorial, con carácter previo a su aprobación.
2. En particular, se someterán al dictamen que se establece en el apartado anterior los instrumentos que integran la planificación de infraestructuras, la planificación hidrológica y cualesquiera otros instrumentos promovidos en el ejercicio de sus propias competencias por el Estado que, directa o indirectamente, afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación territorial, así como las modificaciones o revisiones de todos ellos.
Concretamente, se someterá al dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio, en particular las instrumentadas por vía de transacción o cesión de derechos al uso privativo del agua, tanto en el momento de elaboración de la ley de transferencia que prevea la misma como en el momento de la formalización y autorización de la transferencia transaccional o de cesión de derechos.
Artículo 61. Contenido.
1. El dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón establecido en el artículo anterior versa sobre la coherencia del contenido de los correspondientes planes, proyectos y demás instrumentos del Estado con la política de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, especialmente con sus instrumentos de ordenación del territorio, teniendo carácter no vinculante, pero sí determinante.
2. El dictamen autonómico deberá ser tenido en cuenta en la resolución de los procedimientos tramitados por el Estado que se refieran a planes y proyectos que tengan incidencia en la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todo caso, si existen discrepancias entre ambas Administraciones, el Estado deberá motivar las razones por las que se separa de la posición de la Comunidad Autónoma expresada en el dictamen. Ello, sin perjuicio de que pueda plantearse la negociación para resolver las discrepancias en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, a instancia de cualquiera de ambas Administraciones.
Artículo 62. Plazo.
El plazo de emisión del dictamen es de dos meses, pero en casos de urgencia se reducirá a un mes. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, se considerará que tiene carácter favorable.
CAPÍTULO II
Informe territorial sobre planes, programas y proyectos
Artículo 63. Participación en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
En la fase de consultas del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas regulados en la legislación ambiental de Aragón, el órgano ambiental incluirá la solicitud de un informe al departamento competente en materia de ordenación del territorio sobre la incidencia territorial de dichos planes o programas. El informe deberá ser emitido en el plazo de treinta días, según lo previsto en la legislación ambiental.
Artículo 64. Planes urbanísticos.
1. Los ayuntamientos deberán recabar informe territorial del departamento competente en materia de ordenación del territorio respecto de los planes generales de ordenación urbana y sus revisiones inicialmente aprobados.
2. Cuando se trate de la aprobación o revisión de un plan general de ordenación urbana de un municipio capital de provincia, de un plan conjunto de varios municipios pertenecientes a varias provincias o de aquellos otros municipios que, por su trascendencia territorial, determine el consejero competente en materia de ordenación del territorio, este informe será emitido por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
3. El plazo de emisión del informe es de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, se considerará que tiene carácter favorable.
4. Dicho informe versará sobre la coherencia del plan urbanístico con la política de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, especialmente con los instrumentos de ordenación territorial.
Artículo 65. Planes sectoriales y proyectos con incidencia territorial.
1. Los planes sectoriales con incidencia territorial formulados por los diversos departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma se someterán, antes de su aprobación, a informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
2. Los proyectos que se relacionan en el anexo de esta ley se someterán a informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. No será necesario el anterior informe cuando dichos proyectos tuvieran concretada su ubicación en planes o programas sujetos al procedimiento de evaluación ambiental o se hubieran tramitado como Proyectos de Interés General de Aragón, conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título III de esta ley. En el caso de proyectos del Estado, se aplicará lo establecido en el capítulo I de este título.
3. El informe versará sobre la coherencia territorial de la actuación en función de sus efectos sobre la ordenación del territorio y señalará, en su caso, las medidas correctoras, preventivas o compensatorias que deban adoptarse.
4. El plazo para la emisión del informe será de dos meses a partir de la recepción de la documentación a que se refiere el artículo siguiente. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, se considerará que el mismo tiene carácter favorable.
Artículo 66. Contenido de la documentación.
A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, el promotor de la actuación adjuntará la documentación que permita al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón valorar las incidencias previsibles en la ordenación del territorio.
Esta documentación contendrá la correspondiente representación cartográfica georreferenciada, así como el análisis de los efectos de la actuación sobre los siguientes elementos del sistema territorial:
a) La población, el sistema de asentamientos y la vivienda.
b) Los principales ejes de comunicaciones y las infraestructuras básicas del sistema de transportes, de telecomunicaciones, hidráulicas y energéticas.
c) Los equipamientos educativos, sanitarios, culturales y de servicios sociales.
d) Los usos del suelo y la localización y el desarrollo de las actividades económicas.
e) El uso, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales básicos, del patrimonio natural y del paisaje.
f) El uso, la sostenibilidad y la conservación, activa y preventiva, del patrimonio cultural.
Artículo 67. Discrepancias.
Las discrepancias que pudieran surgir entre los diversos departamentos o entidades promotores respecto al contenido del informe territorial sobre planes sectoriales o proyectos con incidencia territorial serán resueltas por el Gobierno de Aragón.
TÍTULO VI
Instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 68. Concepto y ámbito.
1. Los paisajes de Aragón quedan reconocidos jurídicamente como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural, y como fundamento de su identidad.
2. Se entiende por paisaje, a los efectos de esta ley y de acuerdo con la definición del convenio Europeo del Paisaje, cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos.
3. Las disposiciones del presente título se aplicarán a todo el territorio de Aragón y abarcarán las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Se refieren todos los paisajes, desde los excepcionales hasta los degradados.
Artículo 69. Política del paisaje.
La política del paisaje comprenderá la formulación por parte del Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, de acuerdo con la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y las Directrices que la desarrollen, de los principios generales, las estrategias y las directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación de los paisajes.
Artículo 70. Integración del paisaje en las políticas públicas.
1. Deberá integrarse el paisaje en los instrumentos de planeamiento territorial, constituir un criterio orientativo en los instrumentos urbanísticos y, en general, ser tenido en cuenta en todas las políticas sectoriales en aras de la consecución de los objetivos de calidad paisajística.
2. Las instituciones, la Administración y las demás entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, así como las entidades locales de la misma, deberán garantizar, incrementar y promover la sensibilización, formación y educación en materia de paisaje.
CAPÍTULO II
Mapas de Paisaje
Artículo 71. Definición.
Los Mapas de Paisaje son documentos de carácter descriptivo, analítico y prospectivo que identifican los paisajes de las diferentes zonas del territorio aragonés, analizan sus características y las fuerzas y presiones que los transforman, identifican sus valores y estado de conservación, y proponen los objetivos de calidad paisajística que deben cumplir.
Artículo 72. Contenido.
Los Mapas de Paisaje tienen, como mínimo, el siguiente contenido:
a) La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como ámbitos visual, estructural o funcionalmente coherentes sobre los que puede recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de protección, gestión u ordenación.
b) La determinación de los tipos de paisaje, los cuales son el resultado de la caracterización de los paisajes según las variables naturales y antrópicas intervinientes más significativas.
c) La enumeración de los procesos naturales y de las actividades humanas que han incidido e inciden de forma más notoria en la configuración actual de los paisajes.
d) El inventario y la zonificación de los impactos negativos que degradan el paisaje, así como de los elementos y enclaves paisajísticos de mayor interés.
e) Los estudios de visibilidad que permitan conocer el acceso visual a determinadas zonas y los panoramas observables desde ciertos enclaves.
f) La valoración de la calidad del paisaje según criterios científicos y sociales, así como de su fragilidad y aptitud para distintos usos y actividades.
g) La prospectiva del paisaje, con horizonte temporal a corto-medio plazo.
h) La definición de los objetivos de calidad paisajística, conforme a las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características paisajísticas de su entorno.
i) La proposición de las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística.
j) El señalamiento de los principales recorridos y espacios que permiten apreciar las características paisajísticas más destacadas del territorio.
Disposición adicional primera. Planificación de carácter estratégico en el ámbito comarcal.
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, los Consejos Comarcales pueden promover la elaboración de planes de carácter estratégico y ámbito comarcal en los que se diseñe el modelo territorial deseado en la respectiva Comarca y se identifique, con carácter orientativo, el catálogo de actuaciones a desarrollar por diferentes agentes públicos y privados.
Disposición adicional segunda. Interpretación de la legislación urbanística.
Las referencias de la legislación urbanística a las Directrices de Ordenación Territorial deben considerarse hechas tanto a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón como a las Directrices de Ordenación Territorial reguladas en esta Ley.
Disposición adicional tercera. Evaluación de impacto ambiental.
Los instrumentos de ordenación territorial contemplados en esta Ley podrán determinar qué proyectos o actividades de los incluidos en el artículo 23 y los anexos I y II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, deben ser sometidos en todo caso al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por razón de su previsible impacto territorial.
Disposición adicional cuarta. Modificación del anexo.
Se atribuye al Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, la potestad de modificar el anexo de esta Ley.
Disposición adicional quinta. Cohesión territorial.
En la elaboración de los Programas de Gestión Territorial se tendrá en cuenta la coordinación con el Estado, particularmente en relación con los instrumentos regulados en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y en relación con la ocupación de los terrenos incluidos en el ámbito territorial de los municipios en donde se ubican las obras e instalaciones de los aprovechamientos hidroeléctricos revertidos al Estado a los que hace referencia el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en redacción dada por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.
Disposición adicional sexta. Modificaciones orgánicas.
Se autoriza al Gobierno de Aragón a modificar las denominaciones de los órganos administrativos referidos en el articulado de esta ley.
Disposición adicional séptima. Restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras hidráulicas.
En el marco de lo establecido en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés y del artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, la Administración de la Comunidad Autónoma promoverá, a través del oportuno convenio con la Administración General del Estado y de acuerdo con los ayuntamientos implicados, que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos. Los ayuntamientos afectados destinarán dicha compensación a la realización de actuaciones de interés público y social.
Disposición transitoria única. Adecuación normativa.
Aprobados los diferentes Instrumentos de Planeamiento regulados en esta ley, el Consejero competente en materia de ordenación del territorio, mediante orden, adaptará a su contenido las Directrices Parciales aprobadas y publicadas antes de la entrada en vigor de esta ley.
Proyectos con incidencia territorial sometidos a informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
a) Infraestructuras de comunicación:
I. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas, carreteras convencionales y variantes de población significativas de nuevo trazado.
II. Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales.
III. Construcción de aeropuertos y aeródromos.
IV. Tranvías, metros aéreos y subterráneos de carácter metropolitano u otras infraestructuras singulares de transporte de pasajeros con incidencia territorial.
V. Implantación de sistemas de telecomunicación con incidencia territorial.
VI. Modificación de infraestructuras de comunicación que implique un cambio significativo de su funcionalidad.
b) Infraestructuras hidráulicas:
I. Grandes presas, según se definen en el Reglamento técnico de seguridad de presas y embalses.
II. Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.
III. Sistemas de abastecimiento de agua de carácter metropolitano o que afecten a un número significativo de núcleos de población.
IV. Transformación en regadío de zonas con superficie igual o superior a 500 hectáreas.
c) Infraestructuras energéticas:
I. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica superior a 50 megavatios.
II. Centrales nucleares y otros reactores nucleares. Instalaciones para el reproceso, producción, tratamiento de combustible nuclear o almacenamiento de residuos radiactivos.
III. Grandes instalaciones para el tratamiento o transporte de petróleo o gas incluidas en el anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
IV. Construcción de líneas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud superior a 15 kilómetros.
V. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 20 o más aerogeneradores.
VI. Proyectos de instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta en la red, que ocupen una superficie superior a 100 hectáreas.
d) Proyectos urbanísticos con incidencia territorial:
I. Proyectos de urbanizaciones y complejos turísticos ubicados en suelo no urbanizable de especial importancia en relación con la estructura del territorio, entendiendo por tales los que requieren una ocupación de más de 10 hectáreas de terreno.
II. Proyectos de zonas industriales cuya superficie de ocupación sea superior a 200 hectáreas.
III. Instalaciones singulares para el ocio y la práctica deportiva, como parques temáticos, pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados, campos de golf, así como centros de esquí y de montaña, incluyendo sus ampliaciones significativas, entendiendo por tales las que supongan un incremento superior al 30% de la superficie de suelo directamente afectada por las instalaciones existentes.
e) Equipamientos y servicios:
I. Educación: centros de enseñanza universitaria y secundaria.
II. Sanidad: hospitales y centros de especialidades.
III. Servicios sociales: centros de servicios sociales especializados.
IV. Grandes instalaciones de tratamiento de residuos, entendiendo por tales las incluidas en el anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
V. Otros equipamientos colectivos con incidencia territorial de ámbito comarcal o supracomarcal. |
Mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 13 de marzo de 2015, se autorizó a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 238.562.419,17 euros, destinados a refinanciar operaciones de endeudamiento ya existentes, que no serán atendidas por el compartimiento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, siempre que las operaciones se formalicen hasta el 31 de diciembre de 2015. En este orden de cosas, en fecha 27 de julio de 2015, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera autorizó la realización de operaciones de refinanciación de acuerdo con las ofertas remitidas a la Comunidad Autónoma de Aragón por las entidades financieras que accedieron a formalizar contratos de préstamos dentro de los términos de prudencia financiera hasta el importe nominal de 238.560.000 euros.
En el «Boletín Oficial de Aragón», número 194, de 6 de octubre, se publicó la Ley 9/2015, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito y por la que se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo. Según el artículo 1 de dicha Ley, el importe máximo del suplemento de crédito es de 238.560.000 euros en la partida presupuestaria 30040 G/5111/810001/91002, denominada «compra de acciones y participaciones de la Corporación Empresarial Pública de Aragón».
Finalmente, el importe efectivo al que ascendieron las operaciones de endeudamiento autorizadas de las empresas públicas fue de 218.250.000 euros.
Esto es, 20.312.419,17 euros inferior al máximo autorizado por el Consejo de Ministros el 13 de marzo de 2015, y 20.310.000 euros menor a lo previsto en la autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de 27 de julio de 2015 y en la Ley 9/2015, de 24 de septiembre.
Este importe ha sido inferior a los inicialmente previstos en las autorizaciones debido, por un lado, a las amortizaciones de deuda que se han producido desde que se emitieran dichas autorizaciones hasta la fecha en la que tuvo lugar la efectiva cancelación de los préstamos refinanciados, y por otro lado, al hecho de que la deuda de una de estas sociedades no fue refinanciada en su totalidad, sino que una parte de la misma se canceló mediante la venta de activos a una entidad financiera.
Con fecha 10 de diciembre de 2015, la Subcomisión de Trabajo de la Comisión Mixta Gobierno de Aragón-Universidad de Zaragoza ha llegado a un acuerdo con objeto de articular un nuevo modelo de financiación sobre la base de una serie de medidas en relación con: la financiación básica, la financiación de inversiones e investigación, la financiación por objetivos y medidas sobre la deuda financiera de la Universidad de Zaragoza. Mediante dicho acuerdo, además, la Universidad de Zaragoza considera satisfechas las pretensiones esgrimidas en el recurso contencioso-administrativo número 81/2015 planteado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La primera de las medidas cuya ejecución se pretende llevar a efecto, a iniciativa del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad y de la Universidad de Zaragoza es la relativa a la financiación de la deuda a largo plazo de la Universidad de Zaragoza que asciende a un importe total de 13.860.327,72 euros, a 31 de diciembre de 2015.
De este modo, se hace efectivo por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón el deber de velar por la aplicación del principio de prudencia financiera del conjunto del sector público aragonés, ya que la Universidad de Zaragoza forma parte del perímetro de consolidación de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010). Así, asumir la deuda de la Universidad de Zaragoza permite refinanciar las condiciones de su endeudamiento para adecuarlas a las condiciones de prudencia financiera, de manera que el riesgo financiero y su coste sea menor.
El artículo 43 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, establece que cuando se deba efectuar algún gasto y no exista crédito adecuado ni fuese posible su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones, el Consejero competente en materia de Hacienda someterá al Gobierno de Aragón el oportuno acuerdo, para remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito, en el que se especificará la financiación adecuada.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, faculta al Gobierno de Aragón para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley en caso de necesidad urgente y extraordinaria y siempre que su contenido no afecte a las materias relacionadas en el apartado 1 del antedicho artículo del Estatuto.
Dada la propuesta del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad relativa a la deuda de la Universidad de Zaragoza y que la autorización del Consejo de Ministros para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública solo ampara operaciones que se formalicen hasta el 31 de diciembre de 2015, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 44 del Estatuto de Autonomía para aprobar un Decreto-ley que modifique la Ley 9/2015, de 24 de septiembre, y permita que una parte del suplemento de crédito aprobado se destine para refinanciar la deuda de la Universidad de Zaragoza.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 15 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 9/2015, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito y por la que se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo.
Uno. Se modifica el artículo 1 con la siguiente redacción:
«Se concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015 por un importe máximo de 238.560.000 euros en las partidas presupuestarias 30040 G/5111/810001/91002, denominada «compra de acciones y participaciones de la Corporación Empresarial Pública de Aragón» y 18020 G/4228/440028/91002 denominada «Universidad de Zaragoza. Transferencia básica».
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 con la siguiente redacción:
«1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para concertar operaciones de crédito o de préstamo a largo plazo por un importe máximo de hasta 238.560.000 euros, destinadas a refinanciar la deuda financiera de las entidades mercantiles Expo Zaragoza Empresarial, S.A., Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., Platea Gestión, S.A. y Plhus Plataforma Logística, S.L. y de la Universidad de Zaragoza».
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Aragón».
Zaragoza, 15 de diciembre de 2015.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
FERNANDO GIMENO MARÍN
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS |
La delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa ha derivado en la consecuente disminución de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios lo que ha conducido a estas personas a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y una mínima calidad de vida.
Esta situación, reflejo de la del resto de España, a pesar de las medidas adoptadas que promovían la vivienda protegida en el marco de la legislación de vivienda, tanto en régimen de alquiler como de venta, ha provocado la llamada situación de emergencia habitacional por la que muchas personas y familias que disfrutaban de una vivienda han dejado de tenerla, existiendo un problema no sólo desde la perspectiva del acceso sino muy especialmente, por su impacto social, en lo que respecta al mantenimiento de la vivienda que se venía disfrutando por distintos títulos y, uniéndose, a una situación de vulnerabilidad o exclusión social.
En Aragón, de conformidad con los datos del segundo trimestre del 2015 del Instituto Aragonés de Estadística, se cifra en 31.700 hogares tienen a todos sus miembros en paro y 13.420 de estos hogares no perciben ingreso alguno. En cuanto a las ayudas económicas de carácter social, se indica que durante el 2014, que se concedieron 4.063 ayudas de integración familiar y 7.717 ayudas correspondientes al Ingreso Aragonés de Inserción. Por último, en cuanto al ámbito de la vivienda, en Aragón durante el segundo trimestre del 2015 se iniciaron 331 ejecuciones hipotecarias en relación con viviendas nuevas (42) y usadas (289) y, a ello, se unen las dificultades para afrontar el pago de los alquileres que ha generado un aumento significativo del porcentaje de desahucios en arrendamientos de viviendas.
Al mismo tiempo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética, entendida como la dificultad de las familias para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua, junto a las implicaciones sanitarias, sociales y ambientales que tiene. Según el Estudio «Alcance de la Pobreza energética en la Comunidad Autónoma de Aragón» de 2014, promovido por el Gobierno de Aragón, de un tiempo a esta parte han aumentado de forma exponencial los hogares incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas, que durante el año 2014 sería de unos 1.300 hogares y los que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de la vivienda. Este dato situaría aproximadamente 6.000 hogares aragoneses en situación de vulnerabilidad energética.
La falta de satisfacción de todas estas necesidades básicas contradice lo previsto en las diferentes normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 reconoce a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y, en los mismos términos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La regulación que introdujo el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico en su artículo 4, referido a ayudas y prestaciones públicas inembargables de manera parcial. Resulta insuficiente esta medida considerando más acorde dada la situación de precariedad proceder a declarar su naturaleza inembargable de manera completa. Y ello precisamente para que cumplan la finalidad a la que se destinan que es cubrir las necesidades básicas.
Esta situación de necesidad urgente y extraordinaria exige una inmediata respuesta de los poderes públicos para hacer efectivos dichos derechos proclamados, asimismo, por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.
La carta magna reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos la provisión de las condiciones para lograr la efectividad del mismo y, asimismo, del aseguramiento de la protección social, económica y jurídica de la familia, el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo y la ejecución de políticas sociales de atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón enumera los derechos de las personas entre los que se encuentran el que todas las personas tienen a vivir con dignidad, así como a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas por las leyes, y asimismo atribuye el aseguramiento de los mismos a los poderes públicos aragoneses.
Por último, en el marco de la legislación aragonesa, dichos derechos son reconocidos por diferentes normas que regulan el régimen de vivienda o de los servicios sociales. En particular, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, declara que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida y que estos servicios estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social. En este sentido, el Catálogo de Servicios Sociales aprobado por Decreto 143/2011 de 14 de junio establece las prestaciones a las que la ciudadanía va a tener derecho, derecho subjetivo que será exigible ante las Administraciones.
Las previsiones contenidas en este Decreto-Ley pretenden abordar de manera inmediata la situación vulnerabilidad de los ciudadanos en el entorno de las circunstancias económicas difíciles cuyos efectos más profundos se trasladan con más intensidad a las familias y ciudadanos en grave riesgo de exclusión social, produciendo una fractura de la sociedad que se debe evitar a toda cosa.
La urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por la contribución a la reducción de las consecuencias de la crisis económica en los ciudadanos aragoneses más vulnerables.
En primer lugar, en el Capítulo I, se establecen disposiciones relacionadas con prestaciones económicas del sistema de servicios sociales.
La labor de las Administraciones Públicas, cubriendo necesidades esenciales de los ciudadanos como las descritas mediante la aportación directa y finalista de fondos públicos, debe garantizar el destino y la finalidad de los mismos. El actual carácter embargable de las prestaciones económicas de carácter social desvirtúa por completo su carácter finalista y puede resultar que el esfuerzo presupuestario y financiero público de carácter netamente social termine cubriendo finalidades distintas que no son objeto de atención por las citadas ayudas.
De otro lado, se avanza hacia un sistema en el que, a aquellas prestaciones económicas que tengan un carácter de esencial, se configuren como auténticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles ante los poderes y administraciones públicas y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales, como garantía máxima de su reconocimiento, respeto y protección.
Asimismo, esta norma pretende declarar la naturaleza no subvencional de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales por cuanto hay que entenderlas como prestaciones que cuentan con un régimen jurídico propio definidas por su carácter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento.
Por último, se ha considerado necesario y justificado el declarar la preferencia en la tramitación de los expedientes relativos a ayudas y prestaciones de carácter social por parte de las unidades administrativas correspondientes debiendo adoptándose las medidas que se precisen para reducir los trámites y las cargas administrativas.
El Capítulo II establece medidas en materia de pobreza energética.
Estas medidas están dirigidas a garantizar el acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad por parte de aquellas personas y unidades familiares en situación de riesgo de urgencia social, mientras dure dicha situación, entendida como aquella situación en la que se encuentran las personas que puedan resultar beneficiarias de las ayudas de urgencia que se prevén en esta norma.
Para estos casos de impago por falta de recursos económicos, las Administraciones Públicas podrán firmar los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores y prestadores de servicios de agua potable, de gas y electricidad para garantizar la continuidad o reestablecimiento de los servicios a través del establecimiento de protocolos de actuación con los Centros de Servicios Sociales de las entidades locales y fomentando las ayudas con tal finalidad.
El Capítulo III establece medidas en materia de vivienda.
Las medidas que se contienen en esta norma tienen como único objetivo contrarrestar la situación de emergencia habitacional siendo el presupuesto de hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que requiere la presente norma.
En primer lugar, se garantiza el derecho a la vivienda a través de una intervención administrativa en procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de la renta.
La segunda medida implica a las entidades financieras y a sus sociedades de gestión inmobiliaria, así como a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA. Se regula aquí la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y estas entidades, así como se concreta, parcialmente, en qué consiste la función social de las viviendas que son propiedad de estas entidades. Todo ello con la mirada puesta en las soluciones habitacionales.
En tercer lugar, se suspenden los lanzamientos derivados de procesos de ejecución hipotecaria. Se pretende con esta medida que las personas y familias puedan seguir residiendo en sus hogares, sin que se les desarraigue, mientras se promueven otras medidas de carácter económico que combatan la crisis y que permitan a estas personas y familias renegociar sus deudas hipotecarias.
Instrumentalmente, en cuarto lugar, se garantiza que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tenga conocimiento de las demandas que se admitan a trámite en relación con los desahucios de arrendamientos. De este modo podrán articularse de inmediato medidas administrativas que faciliten el realojo de las personas y familias cuyo desahucio sea inevitable.
La creación del Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón, quinta de las medidas, al igual que la anterior se dirige a articular las medidas precisas para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad. Conocer las viviendas en manos del sector financiero o sus entidades dependientes que están desocupadas es el fundamental para poder articular mecanismos que promuevan o impongan su ocupación aprovechando al máximo el parque residencial aragonés.
La creación del Fondo Social de Vivienda de Aragón, en sexto lugar, en conexión con todo lo anterior es una medida fundamental para estructurar la oferta de vivienda social existente en Aragón que permita a la Administración de la Comunidad Autónoma, como poder público competente en el conjunto del territorio aragonés, atender las situaciones de vulnerabilidad social aprovechando al máximo los recursos de los sectores público y privado en materia de vivienda, coordinando los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas.
Por último, la presente norma contiene cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres finales.
El presente Decreto-Ley se dicta en ejecución de las competencias exclusivas previstas en los artículos 71.2.ª, 71.3.ª, 71.10.ª, 71.34.ª y 79.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuidas a la Comunidad Autónoma y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
La presente norma ha sido sometida a informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.
Por todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 15 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas relacionadas con las prestaciones económicas de carácter social
Artículo 1. Inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social.
1. Las prestaciones económicas establecidas por la Comunidad Autónoma para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de urgencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes se declaran inembargables.
2. Se entiende incluidas en esta definición las prestaciones económicas como las ayudas de urgencia, ayudas de integración familiar, así como las becas de comedor y aquellas ayudas de pago periódico o único que atiendan necesidades básicas, sin perjuicio de lo establecido en su regulación propia.
Artículo 2. Ayudas de apoyo a la integración familiar.
1. Las ayudas de apoyo a la Integración familiar son prestaciones económicas del sistema de servicios sociales de carácter esencial, que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo, evitando el internamiento de éstos en centros especializados o la adopción de medidas externas de protección, como un derecho subjetivo de los ciudadanos garantizado y exigible.
2. La prestación económica de apoyo a la integración familiar, cuya cuantía y demás requisitos se determinará reglamentariamente, se dirige a la falta o inadecuada asistencia material al menor en aquellas situaciones en que éste puede verse privado, sin que llegue a producirse la situación de desamparo, por falta de recursos económicos de la unidad familiar.
3. Podrán ser beneficiarios de las prestaciones económicas de apoyo a la integración familiar las personas físicas, mayores de edad o menores emancipados que constituyan un hogar independiente, se encuentren empadronados en un municipio de Aragón con residencia efectiva y no superen los ingresos anuales determinados reglamentariamente.
Artículo 3. Ayudas de urgencia.
1. Las ayudas de urgencia son prestaciones económicas del sistema de servicios sociales que tienen por objeto resolver situaciones de emergencia que afecten a familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad o falta continuada de recursos.
2. La prestación económica para ayudas de urgencia, cuya cuantía y demás condiciones se determinará reglamentariamente, va destinada a la cobertura de cualquiera de las siguientes necesidades básicas de subsistencia:
Imposibilidad de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual.
Carencia de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad o adquirir el equipamiento básico de la vivienda habitual.
Alimentación.
Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.
Alojamiento temporal en casos de urgencia social.
Situaciones de emergencia que ponen en peligro la convivencia en el núcleo familiar, riesgo de exclusión social del núcleo familiar o alguno de sus miembros, que no estén contempladas en este artículo ni por otras prestaciones del sistema público de servicios sociales.
3. Podrán ser beneficiarios de las prestaciones económicas para situaciones de urgencia las personas físicas, mayores de edad o menores emancipados que constituyan un hogar independiente, se encuentren empadronados en un municipio de Aragón con residencia efectiva y no superen los ingresos anuales determinados reglamentariamente.
4. La gestión de las ayudas de urgencia corresponde a las entidades locales, comarcas y municipios de más de veinte mil habitantes, en los términos que se determinen en la legislación de Servicios Sociales de Aragón. Corresponde asimismo a las entidades locales no comarcalizadas de la Mancomunidad Central de Zaragoza a través de los ejes que la constituyen.
Artículo 4. Prórrogas del Ingreso Aragonés de Inserción.
Los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción que al alcanzar la edad fijada para el reconocimiento de la pensión no contributiva de jubilación, no cumplieran los requisitos para su reconocimiento, podrán seguir percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción en concepto de prórroga de la prestación reconocida.
Artículo 5. Naturaleza de las prestaciones económicas de carácter social del sistema público de servicios sociales.
1. Las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales son aportaciones dinerarias con un régimen jurídico propio, definidas por su carácter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento careciendo de la consideración de subvenciones públicas.
2. La misma naturaleza tendrán las prestaciones económicas de carácter social incluidas en el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón y en los de las entidades locales.
Artículo 6. Preferencia en la tramitación de las prestaciones económicas de carácter social del sistema público de servicios sociales.
Se dará preferencia en la tramitación a los expedientes relativos a las prestaciones económicas del sistema de servicios sociales por parte de las unidades administrativas correspondientes adoptándose las medidas necesarias para la reducción de trámites y cargas administrativas.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de pobreza energética
Artículo 7. Medidas para evitar la pobreza energética.
1. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para hacer efectivo el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas natural y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de emergencia, mientras dure dicha situación. El derecho de acceso se garantiza si la vivienda dispone de instalaciones con capacidad de suministro.
2. Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores de agua potable, de gas y de electricidad para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de personas o unidades familiares en situación de urgencia social, fomentando la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos.
3. Cuando los profesionales de los Centros de Servicios Sociales detecten un caso de persona o unidad familiar en que se haya procedido o pueda producirse la suspensión del suministro correspondiente a su vivienda habitual como consecuencia del impago de la factura, realizarán una valoración técnica de su situación para determinar si se encuentra en una situación de riesgo de urgencia social y puede ser beneficiaria de una prestación económica destinada a la satisfacción de la deuda y se pondrá en conocimiento del suministrador a los efectos de posibilidad la continuidad o reestablecimiento del servicio en los términos que se establezcan en el acuerdo o convenio.
4. El suministrador de los servicios básicos de agua potable, gas y de electricidad informará a los usuarios, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a la pobreza energética establecidas en este Decreto-Ley.
5. Se considerará que están en una situación de riesgo de emergencia las personas o unidades familiares que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se exigen para ser beneficiario de las prestaciones económicas de Ayudas de urgencia.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de vivienda
Artículo 8. Garantía del derecho a la vivienda digna.
1. Los poderes públicos de Aragón deberán proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual, como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta.
2. La garantía prevista en el apartado anterior podrá extenderse también, fuera de los supuestos anteriores, a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social o emergencia.
Artículo 9. Suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad.
1. Hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la administración, quedarán en suspenso los lanzamientos en los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria cuando la vivienda habitual de persona o unidad de convivencia de buena fe que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad se adjudique al acreedor o a un tercero por él propuesto.
2. La situación de especial vulnerabilidad se regulará mediante Orden del titular del Departamento competente en materia de vivienda y deberá estar fundada en circunstancias tales como la edad, miembros de la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia o enfermedad, exclusión social, víctimas de violencias machistas o circunstancias que afecten a los derechos humanos, económicas, situaciones de desempleo, así como otras de naturaleza análoga. Comprenderá, como mínimo, los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
3. La situación de especial vulnerabilidad se acreditará mediante informe de la administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 10. Comunicación con órganos judiciales.
1. Con la finalidad de proporcionar una alternativa habitacional a las personas o unidades de convivencia que puedan verse afectadas por un desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, el órgano judicial que conozca del asunto remitirá mediante procedimientos preferentemente telemáticos al órgano autonómico competente en materia de servicios sociales comunicación de la demanda de desahucio de arrendamiento y las de ejecución hipotecaria admitidas a trámite, indicando además, si le consta, la identidad del demandado y de las personas que habitan habitualmente en la vivienda.
2. Los órganos judiciales solicitarán el consentimiento de las personas afectadas cuando sea preciso para la cesión de los datos señalados en el apartado anterior.
3. Excepcionalmente y para evitar su desahucio de la vivienda habitual, la administración autonómica podrá hacerse cargo del pago de la renta arrendaticia que deban abonar personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia. Reglamentariamente se regularán las condiciones y procedimientos para hacer efectivo este derecho, así como, el plazo temporal máximo de duración del pago de la renta por parte de la administración autonómica.
Artículo 11. Colaboración con entidades financieras.
1. El Gobierno de Aragón podrá suscribir convenios de colaboración con las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., y las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario para incrementar una oferta de alternativas habitacionales que permita dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad. Estos convenios podrán tener por objeto la cesión de uso de viviendas desocupadas por parte de sus titulares.
2. En los convenios de colaboración se concretarán la modalidad o modalidades de gestión de las viviendas cedidas. La gestión podrá realizarse directamente por parte del propio cedente, a través de entidades privadas sin ánimo de lucro o por la administración pública o sus entidades instrumentales.
3. Los convenios de colaboración podrán incluir otras prestaciones, incluso de naturaleza económica o financiera, dirigidas a incrementar la oferta de alternativas habitacionales, o el acceso a las mismas, a cargo de las entidades privadas que los suscriban. Dichas prestaciones quedarán sujetas, en su caso, a lo establecido en la normativa de contratación o de subvenciones del sector público.
Artículo 12. Cesión y uso de viviendas desocupadas.
1. Las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, deberán poner a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón las viviendas, situadas en el territorio de Aragón, que sean de su propiedad y provengan de procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, cuando el parque de viviendas resultantes de los convenios regulados en el artículo anterior y las viviendas del sector público sean insuficientes para dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad, y estas se encuentren desocupadas, conforme a lo que se establezca reglamentariamente.
2. El órgano competente en materia de vivienda de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón designará a una persona o una unidad de convivencia para ocupar las viviendas desocupadas puestas a su disposición. La entidad titular de la vivienda estará obligada a otorgar título suficiente para el uso, bajo la fórmula preferente de arrendamiento o, excepcionalmente, otras que resulten admisibles en Derecho garantizando la correspondiente contraprestación.
3. Mediante Orden del titular del Departamento competente en materia de vivienda se determinarán las condiciones básicas del arrendamiento, las rentas aplicables y el modelo de contrato. La renta, que no podrá ser superior al treinta por ciento de los ingresos de la persona o unidad de convivencia, se graduará en función de dichos ingresos. La diferencia entre la renta máxima que abonará la persona o unidad de convivencia y la aplicable a la vivienda de que se trate la abonará la administración.
4. Se considerarán causas justificadas para no aceptar la persona o la unidad de convivencia propuesta por la Administración las previstas en el artículo siguiente de esta norma como causas justificadas de desocupación.
5. En caso de incumplimiento o demora por parte de la entidad titular de la vivienda de las obligaciones establecidas en este artículo, el titular de la Dirección General competente en materia de vivienda podrá imponer multas coercitivas, cuya cuantía se fijará sobre el valor catastral de la vivienda del siguiente modo:
a) Por la demora de un mes: uno por ciento del valor catastral.
b) Por la demora del segundo mes: dos por ciento del valor catastral.
c) Por la demora del tercer mes, y sucesivos: tres por ciento del valor catastral por cada mes hasta un máximo total del veinticinco por ciento del valor catastral.
6. Los ingresos procedentes de las multas coercitivas previstas en este artículo tendrán carácter finalista, generarán crédito en los programas de gasto de la Dirección General competente en materia de vivienda y serán destinados por ésta a actuaciones en materia de vivienda.
Artículo 13. Concepto de vivienda desocupada.
1. A los efectos de esta norma, se considera que una vivienda está desocupada cuando no se haya destinado a uso residencial, bajo cualquier forma prevista en el ordenamiento jurídico, durante seis meses consecutivos en el curso de un año. En todo caso, la ocupación deberá ser efectiva, no siendo suficiente con la existencia de un título jurídico que habilite para ello.
2. Serán causas justificadas de desocupación de una vivienda las siguientes:
a) Que las condiciones materiales de la vivienda no permitan su ocupación inmediata por motivos de habitabilidad. Esta situación deberá ser justificada por la entidad propietaria de la vivienda mediante el correspondiente informe técnico.
b) Que la vivienda esté pendiente de la resolución de algún litigio que afecte a los derechos derivados de la propiedad.
c) Que la vivienda esté ocupada ilegalmente.
d) Que la vivienda esté gravada con alguna carga prevista en el ordenamiento jurídico que impida la ocupación.
e) Que la vivienda tenga un destino legalmente previsto por el ordenamiento jurídico que pueda suponer su desocupación durante más de seis meses consecutivos al año, como pueden ser las de temporada, uso turístico, las destinadas a trabajadoras o trabajadores, y otras situaciones similares.
f) Otras causas diferentes de las anteriores que impidan la ocupación de la vivienda. En estos supuestos, la carga de la prueba corresponderá a la entidad propietaria, que deberá aportar la documentación que acredite la imposibilidad de ocupación ante el órgano competente en materia de vivienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 14. Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón.
1. Se crea el Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón en el que se inscribirán las viviendas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Estar situadas en territorio de Aragón.
b) Estar legalmente desocupadas conforme a lo establecido en el artículo anterior.
c) Corresponder su titularidad a las entidades financieras o a las sociedades inmobiliarias bajo su control.
d) Provenir de un proceso de ejecución hipotecaria, o de pagos o daciones o en pago de deudas con garantía hipotecaria.
2. El Registro tiene como finalidad el control y seguimiento de las viviendas a las que se refiere el apartado primero de este artículo, con objeto de que la administración autonómica puede ejercer sus potestades y competencias para la garantía del derecho a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad conforme a lo establecido en esta norma.
3. La ocupación de una vivienda inscrita en el Registro bajo un régimen de tenencia que no sea el de propiedad no conllevará su baja en los asientos.
4. El Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón tendrá como ámbito el de la Comunidad Autónoma y su llevanza corresponderá a la Dirección General competente en materia de vivienda.
5. Las entidades financieras o a las sociedades inmobiliarias bajo su control tendrán la obligación de comunicar al Registro de Viviendas Desocupadas la ocupación de las viviendas sujetas al régimen de inscripción establecido en esta norma.
6. Mediante Orden del titular del Departamento competente en materia de vivienda se establecerá el procedimiento de inscripción, modificación y cancelación de los datos del Registro, así como cuantas disposiciones sean precisas para su correcto funcionamiento.
Artículo 15. Fondo Social de Vivienda de Aragón.
1. El Departamento competente en materia de vivienda constituirá el Fondo Social de Vivienda de Aragón como instrumento para la gestión de las políticas de vivienda social de los poderes públicos de Aragón.
2. El Fondo Social de Vivienda de Aragón abarcará todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón y tendrá carácter único.
3. El Fondo Social de Vivienda de Aragón incluirá:
a) Las viviendas de las entidades del sector público aragonés, incluido el sector público local.
b) Las viviendas cedidas a cualquier Administración Pública aragonesa por las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario, o por otras personas físicas o jurídicas, afectadas a este fin. Cuando la cesión tenga lugar en propiedad podrán establecerse beneficios fiscales propios de las donaciones para fines sociales.
c) Las personas o unidades de convivencia con necesidad de vivienda de estas características.
4. El Fondo Social de Vivienda podrá también incluir suelos dotacionales o con cualquier otra calificación compatibles con la promoción de viviendas u otras formas de alojamiento acordes con su finalidad. Dichas viviendas u alojamientos, una vez construidos, se integrarán necesariamente en el Fondo.
5. El Fondo Social de Vivienda de Aragón podrá crearse como un instrumento de intervención administrativa sin personalidad jurídica o constituirse como fundación o cooperativa. Su gestión corresponde a la Dirección General competente en materia de vivienda.
6. Las administraciones públicas competentes, como medida de fomento, podrán concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupación de las mismas, que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurídica.
7. Mediante orden del titular del Departamento competente en materia de vivienda se regularán los requisitos materiales y formales de las viviendas que se aporten al Fondo, los que deben reunir los ofertantes y demandantes de vivienda y las modalidades de gestión de las viviendas.
Disposición adicional primera. Registros en materia de vivienda.
1. El Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón entrará en funcionamiento cuando se publique la Orden del titular del Departamento competente en materia de vivienda prevista en el apartado quinto del artículo 14.6 de esta norma.
2. El Departamento competente en materia de vivienda integrará todos los registros existentes en materia de vivienda en un único instrumento básico para el control y seguimiento de la demanda y oferta de vivienda en el territorio aragonés, el estado del parque de vivienda existente, la necesidad de vivienda y la efectiva ocupación de las viviendas existentes.
3. Mientras no entren en funcionamiento los instrumentos de registro y recogida de información previstos en esta norma, el Gobierno de Aragón podrá promover la celebración de convenios con otras entidades del sector público y el Poder Judicial, con objeto de recabar información sobre viviendas desocupadas en el territorio aragonés, sin perjuicio de la obligación de las entidades previstas en la disposición transitoria primera de comunicar las viviendas vacías de que dispongan.
Disposición adicional segunda. Régimen de la vivienda habitual en Aragón.
Por el Departamento competente en materia de derecho foral se encargará a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil el estudio del régimen jurídico de acceso y tenencia de la vivienda habitual en Aragón con objeto de proteger a las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad.
Disposición adicional tercera. Régimen de inspección.
Será de aplicación, para la verificación del cumplimiento de lo establecido en esta norma, el régimen de inspección establecido en el título III de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Disposición adicional cuarta. Seguimiento y aplicación del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
1. Con la finalidad tanto de realizar el seguimiento de la aplicación como de incrementar la eficacia del código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual regulado en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, las medidas contempladas en el mismo se desarrollarán dentro del sistema de mediación hipotecaria que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras Administraciones Públicas aragonesas hayan implantado.
2. A tal efecto, la entidad financiera que inicie el procedimiento previsto en el citado código de buenas prácticas, solicitará a la Administración Pública correspondiente la inclusión del asunto en el sistema de mediación hipotecaria, donde se desarrollará el proceso negociador entre las partes afectadas con el apoyo de los mediadores del sistema público.
3. Una vez haya concluido la negociación, la Administración Pública en cuyo sistema de mediación se haya realizado, expedirá un documento que entregará a las partes donde se acreditará el cumplimiento del código de buenas prácticas. En el caso de que se inicie el proceso de ejecución hipotecaria porque el resultado de la aplicación de las anteriores medidas no haya culminado satisfactoriamente para las partes, la entidad financiera presentará, ante el órgano judicial competente en el procedimiento, el documento expedido por la Administración a los efectos de acreditar que se ha cumplido con lo dispuesto en el código de buenas prácticas, con independencia de cualquier otra documentación o medio de prueba que el órgano judicial estime necesario para comprobar que se ha cumplido con la regulación del código de buenas prácticas.
4. El Gobierno de Aragón fomentará la suscripción de convenios con otras Administraciones Públicas aragonesas para implantar un sistema de mediación hipotecaria coordinado que evite solapamientos entre ellas.
Disposición adicional quinta. Referencias de género.
La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de expresión y como referencia genérica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos.
Disposición transitoria primera. Declaración de titularidad de viviendas desocupadas.
1. Mientras el Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón no esté operativo, las entidades financieras a las que se refiere el artículo 12 de esta norma deberán declarar cada tres meses ante el órgano autonómico competente en materia de vivienda la titularidad de las viviendas a las que se refiere el apartado primero de dicho artículo.
2. La primera comunicación deberá realizarse dentro del plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley.
3. La omisión de la declaración de titularidad de una vivienda conforme a lo establecido en esta disposición constituirá una infracción leve que será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando sean varias las viviendas cuya titularidad no haya sido declarada se impondrá una sanción por cada una de las omitidas. Será de aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida. Los ingresos procedentes de las multas impuestas tendrán carácter finalista, generarán crédito en los programas de gasto de la Dirección General competente en materia de vivienda y serán destinados por ésta a actuaciones en materia de vivienda.
Disposición transitoria segunda. Suspensión de lanzamientos.
La suspensión de los lanzamientos de su vivienda habitual de personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad prevista en el artículo 9 de esta norma será de aplicación en los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria iniciados a la entrada en vigor de la disposición reglamentaria que defina el marco de especial vulnerabilidad siempre que en dicha fecha no se hubiere ejecutado el lanzamiento.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos de embargo de ayudas.
Las disposiciones de este Decreto-Ley resultarán de aplicación a los procedimientos de embargo en que, a la entrada en vigor, todavía no se haya acordado o dictado resolución de embargo de las ayudas que son objeto de esta Ley.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Decreto-Ley se dicta en ejecución de las competencias exclusivas previstas en los artículos 71.2.ª, 71.3.ª, 71.10.ª, 71.34.ª y 79.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley.
1. Se faculta al titular del departamento competente en materia de servicios sociales para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar las normas previstas en los Capítulos I y II de la presente norma.
2. Se faculta al titular del departamento competente en materia de vivienda para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar las normas previstas en el Capítulo III.
Disposición final tercera. Desarrollo de las ayudas de urgencia y de apoyo a la integración familiar.
Las ayudas de urgencia y de apoyo a la integración familiar previstas en este Decreto-Ley serán objeto de desarrollo reglamentario en el plazo de un año, manteniéndose la vigencia del Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las modificaciones de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo, y en el Decreto 88/1998, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón por el que se regulan las Ayudas Económicas de carácter personal en el Marco de la Protección de Menores en lo que no resulte incompatible.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 15 de diciembre de 2015.
El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA |
El 19 de febrero de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación de la línea de tranvía norte-sur (Parque Goya-Valdespartera), con el objeto de regular los compromisos a asumir por parte de cada una de las dos Administraciones en la puesta en marcha de la citada línea de tranvía.
Hasta el momento, el Gobierno de Aragón ya ha abonado algunas cantidades «a cuenta» de la liquidación de las obligaciones derivadas del convenio en las anualidades 2010, 2011 y 2012.
El reconocimiento de la obligación y pago de la anualidad correspondiente a 2015, que se articula a través del presente Decreto-ley mediante la figura del crédito extraordinario por un importe de hasta 14.850.000 euros, que deberá entenderse, al igual que sucedió con los efectuados en años anteriores, como un «abono a cuenta» de la liquidación las obligaciones derivadas del convenio.
Hasta la finalización del ejercicio económico no es posible conocer con exactitud la cifra de créditos disponibles existentes en las partidas presupuestarias que permita financiar con su baja un crédito extraordinario para atender a esta necesidad, ya que en todo caso se debe respetar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, resulta necesario recurrir a la figura del Decreto-ley para dar soporte jurídico a esta modificación de crédito al estar muy próxima la finalización del ejercicio económico.
En el artículo 71.32.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, se reconoce a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva para la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio y sostenibilidad.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015 por un importe máximo de hasta 14.850.000 euros en la partida presupuestaria 13040/G/5132/760102/91002 denominada «financiación de la línea de tranvía Norte-Sur de Zaragoza».
Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.
El crédito extraordinario que se concede por este Decreto-ley se financiará con baja en los créditos disponibles existentes en las partidas presupuestarias que se señalan en el anexo del presente Decreto-ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de diciembre de 2015.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública
FERNANDO GIMENO MARÍN
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
Capítulo
Importe
5.785.446,89
4.531.518,37
1.378.464,91
1.810.115,04
1.344.454,79
14.850.000,00 |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 28 de diciembre de 2015, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 2/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 9/2015, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito y por la que se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2015.
El Presidente de las Cortes de Aragón,
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en su sesión plenaria del día 28 de diciembre, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», número 243, de 18 de diciembre de 2015. Asimismo, y de conformidad con el apartado 3 del mencionado artículo 44 del Estatuto de Autonomía, han acordado su tramitación como Proyecto de Ley.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2015.
El Presidente de las Cortes de Aragón,
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA |
El Gobierno de Aragón aprobó en fecha 1 de diciembre de 2015 el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016 como trámite previo para su remisión a las Cortes de Aragón. De acuerdo con el calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016, la fecha prevista para su aprobación en Pleno será el día 28 de enero del próximo año. De acuerdo con lo anterior resulta obligado para el Gobierno Autonómico prorrogar el presupuesto del año 2015 hasta que tenga lugar la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2016.
Según la normativa vigente, resulta de aplicación el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuya reforma recoge la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, dispone en su artículo 111, apartado 3, que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. En este mismo sentido, el artículo 38 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, considera automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio inmediato anterior hasta la aprobación y publicación de la Ley correspondiente en el «Boletín Oficial de Aragón».
Asimismo, resulta de aplicación La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que dispone en su artículo vigésimo primero, apartado dos, la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio anterior cuando no fueran aprobados los del año corriente antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.
De acuerdo con estas disposiciones legales, se prorrogan automáticamente a partir de 1 de enero de 2016 y hasta la aprobación del nuevo presupuesto, los créditos iniciales aprobados para el año 2015, salvo los créditos para cobertura de gastos correspondientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.
No obstante, lo anterior, la prórroga debe ser objeto de la adecuada instrumentación y ajuste a las condiciones legalmente establecidas, lo cual requiere fijar criterios interpretativos en cuanto al alcance de la misma, así como sobre la propia disponibilidad temporal de los créditos prorrogados, adoptando determinadas cautelas que permitan un margen razonable de seguridad para su encaje con los créditos que resulten definitivamente aprobados en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos.
La estructura orgánica del presupuesto prorrogado, así como su estructura funcional y económica se adaptarán a la organización administrativa actual derivada del Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y a la Orden de 28 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
En su virtud, el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón dispone:
1. Créditos prorrogables.
En los términos contenidos en el artículo 38 el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, se prorrogan los créditos contenidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015, con las limitaciones que se establecen en la presente Orden. Dicha prórroga tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2016, hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 2016.
2. Criterios aplicables.
Se prorrogan los créditos iniciales para gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015 aprobados por la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de acuerdo con los criterios y las excepciones siguientes:
2.1 La cuantía del presupuesto consolidado prorrogado es de cinco mil doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos diecinueve euros con veintitrés céntimos (5.254.454.319,23 €).
2.2 La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará a la organización administrativa vigente a 1 de enero de 2016 de acuerdo con el Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La estructura funcional y económica de ingresos y gastos del presupuesto se adaptará a la Orden de 28 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. No obstante, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar los ajustes necesarios en dichas estructuras a fin de adecuar los créditos a su finalidad.
2.3 No se prorrogan los créditos para gastos destinados a programas y actuaciones que finalizan en 2015.
2.4 Los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas del endeudamiento que sea preceptivo reconocer, se prorrogan de acuerdo con los compromisos adquiridos.
2.5 Los créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes de otros agentes financiadores, se prorrogan por el importe aprobado en la Ley de Presupuestos de 2015, salvo que la consignación efectiva de dichos recursos haya sido menor y siempre que exista constancia de su continuidad.
3. De la gestión de los créditos y sus modificaciones.
3.1 La gestión de los créditos durante el período de prórroga estará sujeta al texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.
3.2 Durante la vigencia de la prórroga del Presupuesto el régimen legal de modificaciones presupuestarias se ajustará a las normas contenidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015, y en las demás disposiciones vigentes en la materia.
3.3 El régimen de vinculaciones del periodo de prórroga será el regulado en el artículo 4 de la Ley de Presupuestos de 2015.
4. Disposición de los créditos.
4.1 De los créditos comprendidos en el Capítulo Primero de las distintas Secciones del Presupuesto de Gastos y sus respectivos Organismos, se podrá disponer por doceavas partes durante el período de vigencia de la prórroga.
4.2 De los créditos comprendidos en los Capítulos Tercero y los pasivos financieros con cargo al Capítulo Nueve del Presupuesto prorrogado, se podrá disponer en la cuantía necesaria para hacer frente a las obligaciones que sea preceptivo reconocer para hacer frente a la cobertura de coste de las operaciones de crédito.
4.3 De los créditos comprendidos en el Capítulo II correspondiente a gastos corrientes u ordinarios en bienes y servicios, la disposición de los créditos se efectuará, con carácter general, por doceavas partes que coincidirán con cada mes natural, a fin de garantizar el funcionamiento necesario para la prestación de los servicios públicos. No obstante lo anterior, se podrá exceptuar únicamente los créditos que amparen contratos de tracto sucesivo, de los cuales podrá disponerse en la cuantía necesaria para la fiscalización de la anualidad correspondiente a dichos contratos. Cualquier disposición de crédito que rebase los límites expresados requerirá la autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública, a cuyos efectos se cursará la oportuna propuesta debidamente motivada por los Departamentos a los que estén adscritos los créditos presupuestarios.
En el caso de que se produzca la autorización ésta deberá acompañarse a los correspondientes documentos contables.
4.4 En el resto de gastos a saber transferencias corrientes y de capital, inversiones reales y activos financieros con cargo a los Capítulos Cuatro, Siete, Seis y Ocho respectivamente, la disposición de los créditos se efectuará, con carácter general, por doceavas partes que coincidirán con cada mes natural.
4.5 La disponibilidad de créditos de carácter finalista se efectuará en la medida en que se acredite la asignación de los recursos que los financian, con las excepciones que se determinen por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad.
4.6 El reconocimiento de las transferencias corrientes financiadas con recursos propios destinadas a los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, se realizarán con periodicidad mensual por doceavas partes.
5. Retenciones de crédito.
Para el cumplimiento de lo establecido en los puntos anteriores o cuando resulte necesario por razones de financiación general del Presupuesto, se establecerán las retenciones de crédito oportunas. La Intervención General podrá anular dichas retenciones mediante la autorización regulada en el punto 4.3 de la presente Orden. La anulación se realizará de oficio, en los supuestos de cumplimiento del periodo mensual o a instancia motivada de los Departamentos, en el supuesto de necesitar créditos para contabilizar contratos de tracto sucesivo.
6. Convalidación de obligaciones.
No se tramitará ningún expediente de convalidación de obligaciones como consecuencia de haberse omitido el trámite de fiscalización previa del gasto, en los casos en que éste sea preceptivo, cuando no exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente dentro de los límites de disposición del Presupuesto prorrogado.
7. Instrucciones de desarrollo.
7.1 Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería y a la Intervención General a dictar en el ámbito de su competencia, cuantas instrucciones fuesen necesarias para la gestión de la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
7.2 Se autoriza a la Intervención General para realizar las operaciones necesarias que permitan traspasar los documentos contabilizados durante la vigencia del Presupuesto prorrogado a las aplicaciones resultantes de la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto para el ejercicio de 2016.
7.3 El Consejero de Hacienda y Administración Pública durante la vigencia de la prórroga podrá ordenar la no disponibilidad de los créditos que resulten necesarios al objeto de garantizar el cumplimiento del principio de Estabilidad presupuestaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.
8. Esta Orden entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2015.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
FERNANDO GIMENO MARÍN |
Advertido error en la orden de referencia, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón», número 251, de 31 de diciembre de 2015, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 37902, en la fecha que precede a la antefirma, donde dice: «30 de diciembre de 2016», debe decir: «30 de diciembre de 2015». |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 4 de febrero de 2016, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 4/2015, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito extraordinario para la financiación de la línea del tranvía Norte-Sur de Zaragoza.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de febrero de 2016.
El Presidente de las Cortes de Aragón,
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA |
Advertidos errores en la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón«, número 22, de fecha 3 de febrero de 2016, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 1649, artículo 1, donde dice:
«2. Instituto Aragonés de la Mujer, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de tres millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía".
Debe decir:
«2. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Mujer, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de tres millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía».
Donde dice:
«3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Juventud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de cuatro millones setecientos treinta y dos mil cuatrocientos euros con cuatro céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía».
Debe decir:
«3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Juventud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de cinco millones ochenta y dos mil cuatrocientos euros con cuarenta céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía».
Donde dice:
«4. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de trescientos treinta y nueve millones doscientos setenta mil cuatrocientos catorce euros con setenta y nueve céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía».
Debe decir:
«4. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de trescientos treinta y ocho millones novecientos diez mil cuatrocientos catorce euros con setenta y nueve céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía».
Donde dice:
«13. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuatro millones ciento cincuenta y un mil veintiséis euros, con cuarenta y tres céntimos».
Debe decir:
«13. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuatro millones novecientos un mil veintiséis euros con cuarenta y tres céntimos».
Donde dice:
14. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta mil y euros.
Debe decir:
«14. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta euros».
Asimismo, advertidos errores en la publicación de los anexos que acompañan a la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, páginas 1682 a 1702, se sustituyen por los anexos que se insertan a continuación.
ANEXO I
Transferencias a Entidades Locales
Los créditos que constituyen el «Fondo Local de Aragón», a que se refiere el artículo 34 del Texto Articulado de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016, así como los créditos integrados en los programas de Apoyo a la Administración Local y de Política Territorial a que se refiere el artículo 35 del mismo texto, son los comprendidos en la Secciones, Programas y Conceptos que se indican en el presente Anexo.
Transferencias a Entidades Locales. Ejercicio: 2016
Programa
Economica
Denominación
Importe Total
Fondo Cooperación Municipal
17.500.000,00
Total Programa: 125.1. APOYO A LA ADMINISTRACION LOCAL
17.500.000,00
Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
500.000,00
Convenio con la ciudad de Teruel
305.000,00
Convenio con la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva
2.000,00
Convenio con la Mancomunidad Bajo Gállego
2.181,00
Convenio con la ciudad de Huesca
600.000,00
Convenio con la Mancomunidad Ribera Izda. del Ebro
4.000,00
Daños por desbordamiento rio Ebro
950.000,00
Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
56.559,00
FONDO LEY DE CAPITALIDAD
500.000,00
Daños por desbordamiento rio Ebro
50.000,00
Total Programa: 125.2. ACTUACION.ESPECIF.POLITICA TERRITOR
2.969.740,00
Ayudas de Protección Civil
60.000,00
Ayudas de Protección Civil
63.000,00
Ayudas de Protección Civil
22.000,00
Ayudas de Protección Civil
95.000,00
Total Programa: 121.3. PROTECCION CIVIL
240.000,00
Subvenciones Equipamiento de la Policía Local
105.000,00
Total Programa: 125.9. COOPERACION CON LA POLICIA LOCAL
105.000,00
Gastos funcionamiento Juzgados de Paz
391.453,03
Total Programa: 142.1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
391.453,03
Total Sección: 10. PRESIDENCIA
21.206.193,03
Subv. Proyectos de Cooperación Transfronteriza
10.000,00
Total Programa: 131.1. ACTUAC. DE RELACIONES EXTERIORES
10.000,00
Oficinas EE. Locales de Información al Consumidor
150.000,00
Total Programa: 443.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR
150.000,00
Ayuda familiar en zonas rurales
90.000,00
Total Programa: 313.3. POLITICA INTEGRAL APOYO FAMILIA
90.000,00
Subv. Programas Acogida e Integración Inmigrantes
200.000,00
Subv. Programas Acogida e Integración Inmigrantes
200.000,00
Total Programa: 324.1. APOYO A LA INMIGRACION
400.000,00
Total Sección: 11. CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
650.000,00
Documentos de Planeamiento
120.000,00
Total Programa: 432.1. URBANISMO
120.000,00
Ayudas a líneas deficitarias de Entidades Locales
180.000,00
Ayudas equipamientos auxiliares del Transporte
55.000,00
Total Programa: 513.2. DES.Y MEJORA CALID.INFRAEST.TTE.
235.000,00
Alquiler social
800.000,00
Total Programa: 431.1. PLANES DE VIVIENDA
800.000,00
Regeneración y renovación urbana. Plan 2013-2016
365.000,00
Regeneración y renovación urbana. Plan 2013-2016
225.000,00
Total Programa: 432.3. PLANES DE VIVIENDA
590.000,00
Total Sección: 13. VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIV
1.745.000,00
Convenios Colaboración CC. LL.
51.368,10
Convenios Colaboración CC. LL.
10.345,94
Convenios Colaboración CC. LL.
64.334,90
Convenios Colaboración CC. LL.
73.231,00
Convenios Colaboración CC. LL.
169.968,00
Convenios Colaboración CC. LL.
236.000,00
Convenios Colaboración CC. LL.
330.032,00
Convenios Colaboración CC. LL.
2.593,00
Total Programa: 442.2. SUELOS CONTAMINADOS
937.872,94
Dec. 3812006 (Infr. y Serv. Medioambientales)
547.535,71
Dec. 3812006 (Infr. y Serv. Medioambientales)
289.264,15
Dec. 3812006 (Infr. y Serv. Medioambientales)
196.286,39
Total Programa: 533.2. CONSERV.BIODIVERSID. GEST.RENPA
1.033.086,25
LEADER 2007-2013 y siguientes
4.680.000,00
LEADER 2007-2013 y siguientes
1.170.000,00
LEADER 2007-2013 y siguientes
4.500.000,00
Total Programa: 531.1. PROGRAMAS RURALES
10.350.000,00
Total Sección: 14. GASTOS DIVERSOS
12.320.959,19
Infraestructuras Municipales
100.000,00
Total Programa: 612.2. PROMOC.Y DESARROLLO ECONOMICO
100.000,00
Subv. Promoción Ferias
95.000,00
Total Programa: 622.1. ARTESANIA
95.000,00
Fomento uso eficiente energía, en. renov y autocon
319.000,00
Fomento uso eficiente energía, en. renov y autocon
319.000,00
Total Programa: 731.1. ACTUACIONES EN EL CAMPO DE LAS ENER
638.000,00
Total Sección: 15. ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
833.000,00
Prev., Asistencia y Reinserción Drogodependencias
359.075,30
Prev., Asistencia y Reinserción Drogodependencias
37.721,70
Total Programa: 413.4. PROMOCION SALUD Y PREVEN.ENFERM.
396.797,00
Total Sección: 16. SANIDAD
396.797,00
Apoyo despliegue telecomunicaciones en banda ancha
10.000,00
Acciones implantación Sociedad de la Información
75.000,00
Total Programa: 542.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACION
85.000,00
Total Sección: 17. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
85.000,00
Subvenciones promoción lenguas propias
25.000,00
Total Programa: POL.ÍTICA LINGÜÍSTICA
25.000,00
Convenios Educación Infantil con Corp.Locales
9.206.000,00
Total Programa: 422.1. EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
9.206.000,00
Escuelas Municipales de Música
100.000,00
Total Programa: 422.4. ENSEÑANZAS ARTISTICAS
100.000,00
Programa de cualificación profesional
262.178,25
Programa de cualificación profesional
262.178,25
Total Programa: 422.6. GARANTIA SOCIAL
524.356,50
Convenios Corp.Locales. Educación Adultos
359.969,78
Total Programa: 422.5. EDUCACION PERMANENTE
359.969,78
Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza
90.000,00
Total Programa: 423.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
90.000,00
Subv. museos gestionados por las adm. locales
25.000,00
Total Programa: 452.1. ARCHIVOS Y MUSEOS
25.000,00
Parques Culturales
75.000,00
Ayuntamiento de Huesca. Feria I de Teatro y Danza
50.000,00
Actividades Culturales Corporaciones Locales
275.000,00
Total Programa: 455.3. DINAMIZACION Y EVENTOS CULTURALES
400.000,00
Plan General de Instalaciones Deportivas
861.158,00
Total Programa: 457.1. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
861.158,00
Total Sección: 18. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11.591.484,28
Fondo Social Comarcal
190.478,36
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
75.788,14
Traspaso de funciones y servicios
865.388,36
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
69.222,23
Traspaso de funciones y servicios
816.250,11
Fondo Social Comarcal
179.662,66
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
79.873,17
Traspaso de funciones y servicios
728.848,27
Fondo Social Comarcal
160.424,87
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
93.588,25
Traspaso de funciones y servicios
907.166,15
Fondo Social Comarcal
199.673,95
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
96.659,82
Traspaso de funciones y servicios
979.208,81
Fondo Social Comarcal
288.737,52
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
88.956,83
Traspaso de funciones y servicios
2.007.034,61
Fondo Social Comarcal
441.763,11
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
94.448,21
Traspaso de funciones y servicios
931.695,73
Fondo Social Comarcal
205.073,10
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
71.914,45
Traspaso de funciones y servicios
813.122,90
Fondo Social Comarcal
178.974,34
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
74.636,95
Traspaso de funciones y servicios
734.954,96
Fondo Social Comarcal
161.769,00
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
82.992,43
Traspaso de funciones y servicios
823.314,60
Fondo Social Comarcal
181.217,61
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
66.991,38
Traspaso de funciones y servicios
830.802,09
Fondo Social Comarcal
182.865,66
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
75.254,65
Traspaso de funciones y servicios
621.068,71
Fondo Social Comarcal
136.701,80
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
68.717,68
Traspaso de funciones y servicios
624.953,83
Fondo Social Comarcal
137.556,94
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
61.216,29
Traspaso de funciones y servicios
457.071,80
Fondo Social Comarcal
100.604,87
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
71.994,56
Traspaso de funciones y servicios
883.008,73
Fondo Social Comarcal
194.356,73
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
71.897,22
Traspaso de funciones y servicios
902.068,70
Fondo Social Comarcal
198.551,97
Fondo Social Comarcal
106.902,27
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
59.498,63
Traspaso de funciones y servicios
485.682,36
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
58.899,93
Traspaso de funciones y servicios
601.963,78
Fondo Social Comarcal
132.496,66
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
122.194,82
Traspaso de funciones y servicios
1.288.777,00
Fondo Social Comarcal
283.669,31
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
63.135,89
Traspaso de funciones y servicios
535.262,80
Fondo Social Comarcal
117.815,29
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
61.678,17
Traspaso de funciones y servicios
414.293,00
Fondo Social Comarcal
91.188,94
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
57.857,93
Traspaso de funciones y servicios
435.974,36
Fondo Social Comarcal
95.961,17
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
78.108,09
Traspaso de funciones y servicios
491.818,55
Fondo Social Comarcal
108.252,89
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
87.274,84
Traspaso de funciones y servicios
705.378,54
Fondo Social Comarcal
155.259,02
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
78.756,36
Traspaso de funciones y servicios
568.615,92
Fondo Social Comarcal
125.156,56
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
59.772,15
Traspaso de funciones y servicios
520.241,12
Fondo Social Comarcal
114.508,90
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
78.416,82
Traspaso de funciones y servicios
915.329,77
Fondo Social Comarcal
201.470,83
Fondo de Gastos de Personal
250.496,66
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
91.373,39
Traspaso de funciones y servicios
1.385.536,88
Fondo Social Comarcal
304.966,88
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
60.064,08
Traspaso de funciones y servicios
415.677,57
Fondo Social Comarcal
91.493,70
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
72.752,27
Traspaso de funciones y servicios
462.745,83
Fondo Social Comarcal
101.853,77
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
69.817,84
Traspaso de funciones y servicios
567.554,20
Fondo Social Comarcal
124.922,86
Fondo de Gastos de Personal
156.386,68
Manten. y funcion. inversiones supramunicipales
64.843,66
Traspaso de funciones y servicios
495.663,66
Fondo Social Comarcal
109.099,23
Total Programa: 911.1. TRANSFERENCIAS COMARCAS
37.691.645,22
Fondo de Cohesión Comarcal
130.403,47
Total Programa: 911.2. FONDO DE COHESION COMARCAL
130.403,47
Total Sección: 26. A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
37.822.048,69
Fondo Social Comarcal
11.589.810,29
Total Programa: 911.1. TRANSFERENCIAS COMARCAS
11.589.810,29
Total Sección: 30. FONDO INCLUSIÓN SOCIAL Y AY. FAMILIAR UR.
11.589.810,29
Agentes de Empleo Desarrollo Local
500.000,00
Formación Escuelas Taller
1.000.000,00
Formación Prioritariamente Desempleados
100.010,00
Formación Prioritariamente Desempleados
100.000,00
Formación Escuelas Taller
4.392.536,44
Formación Escuelas Taller
43.950,00
Formación Prioritariamente Desempleados
500.000,00
Formación Escuelas Taller
600.000,00
Total Programa: 322.1. FORMACION PARA EL EMPLEO
7.236.496,44
Total Sección: 51. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
7.236.496,44
Ayuda a domicilio para personas dependientes
211.662,00
Programa de Teleasistencia
717.872,00
Programa de Teleasistencia
1.479.204,72
Ayuda a domicilio para personas dependientes
2.955.150,00
Ayuda a domicilio para personas dependientes
3.473.564,00
Planes y programas de Servicios Sociales.
1.549.227,30
Planes y programas de Servicios Sociales.
1.492.934,74
Planes y programas de Servicios Sociales.
6.133.087,00
Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local
578.000,00
Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local
578.000,00
Total Programa: 313.2. INCLUSION
19.168.701,76
Total Sección: 53. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
19.168.701,76
Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales
253.491,00
Casas de acogida
16.800,00
Casas de acogida
48.000,00
Total Programa: 323.2. PROMOCIÓN DE LA MUJER
318.291,00
Total Sección: 54. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
318.291,00
Transf. Ayunt. Mantenimiento E.D.A.R.
25.000,00
Mantenimiento EDAR de Jaca
460.000,00
Total Programa: 512.1. SANEAMIENTO Y DEPURACION
485.000,00
Total Sección: 72. INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
485.000,00
125.448.781,68
ANEXO II
Entidades de Derecho Público, Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón
Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Presupuesto para el Ejercicio 2016
Presupuestos de las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 6.º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Adscritas al Departamento de Presidencia
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
45.611.984,55 €
4.714.513,00 €
50.326.497,55 €
Adscritas al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Instituto Aragonés del Agua
54.556.140,79 €
4.137.284,45 €
58.693.425,24 €
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
4.886.026,43 €
15.000,00 €
4.901.026,43 €
Adscritas al Departamento de Economía, Industria y Empleo
Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Instituto Aragonés de Fomento
4.597.022,88 €
7.130.826,62 €
11.727.849,50 €
Adscritas al Departamento de Sanidad
Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
10.753.344,98 €
1.147.000,00 €
11.900.344,98 €
Banco de Sangre y Tejidos
9.719.530,00 €
270.000,00 €
9.989.530,00 €
Adscritas al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad
Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
475.807,58 €
2.000,00 €
477.807,58 €
Instituto Tecnológico de Aragón
14.097.427,00 €
5.343.318,30 €
19.440.745,30 €
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
3.685.360,34 €
4.381.467,78 €
8.066.828,12 €
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
8.373.859,00 €
2.546.962,51 €
10.920.821,51 €
Total Entidades de Derecho Público:
156.756.503,55 €
29.688.372,66 €
186.444.876,21 €
Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7.º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.
1.377.391,66 €
1.377.391,66 €
- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.
1.817.894,29 €
1.817.894,29 €
- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
2.400.000,00 €
916,62 €
2.400.916,62 €
- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
1.471.239,37 €
6.600,00 €
1.477.839,37 €
- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
18.262.258,15 €
1.360.658,00 €
19.622.916,15 €
- CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
19.748.426,63 €
27.494.807,16 €
47.243.233,79 €
- EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
43.220.252,13 €
3.617.982,62 €
46.838.234,75 €
- INMUEBLES GTF, S.L.
7.300,00 €
7.300,00 €
- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
838.458,46 €
50.000,00 €
888.458,46 €
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
1.622.990,76 €
1.622.990,76 €
- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
10.534.491,43 €
10.534.491,43 €
- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.
945.165,16 €
945.165,16 €
- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
1.448.095,96 €
1.448.095,96 €
- PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.
4.333.107,00 €
145.000,00 €
4.478.107,00 €
- SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.)
48.459.290,00 €
48.459.290,00 €
- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.
3.248.374,13 €
18.000,00 €
3.266.374,13 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
1.610.445,84 €
1.600.000,00 €
3.210.445,84 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA (SODIAR)
1.032.789,24 €
2.835.000,00 €
3.867.789,24 €
- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
12.608.755,41 €
6.263.072,64 €
18.871.828,05 €
- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.
40.508.501,00 €
2.781.244,00 €
43.289.745,00 €
Total Empresas Públicas
217.495.226,62 €
46.173.281,04 €
263.668.507,66 €
Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón
Fundaciones Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8.º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
FUNDACIONES
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
- Fundación Agencia Aragonesa para I+D
1.729.747,00 €
3.722,06 €
1.733.469,06 €
- Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
3.208.431,43 €
436.116,79 €
3.644.548,22 €
- Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler
35.000,00 €
35.000,00 €
- Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
3.548.050,00 €
7.747.824,47 €
11.295.874,47 €
- Fundación C. Paleontológico de Teruel-Dinópolis
671.865,40 €
65.293,30 €
737.158,70 €
- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca
185.386,84 €
54.000,00 €
239.386,84 €
- Fundación Emprender en Aragón
110.000,00 €
110.000,00 €
- Fundación Goya en Aragón
139.800,00 €
139.800,00 €
- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei (PACTAD)
1.066.000,00 €
315.000,00 €
1.381.000,00 €
- Fundación PLAZA
-1.800,00 €
-1.800,00 €
- Fundación Torralba Fortún
25.622,00 €
378,00 €
26.000,00 €
- Fundación Zaragoza Logistics Center
3.883.000,00 €
-35.000,00 €
3.848.000,00 €
Total Fundaciones
14.601.102,67 €
8.587.334,62 €
23.188.437,29 €
Consorcios Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8.º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
- Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel
1.333.720,00 €
4.150.000,00 €
5.483.720,00 €
Total Consorcios
1.333.720,00 €
4.150.000,00 €
5.483.720,00 €
ANEXO III
Vinculación de Créditos
La vinculación de los créditos a los que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 6.2 de la presente Ley de Presupuestos se recoge en el siguiente anexo:
A) Créditos que por su carácter de ampliables son vinculantes con el nivel de desagregación con que aparecen en el presupuesto
Letra del artículo 8
Clasificación Orgánica
programa
Económica
Descripción
Remuneraciones a agentes mediadores independientes
Adquisición de Cartones de Bingo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Gastos Financieros
Cancelación títulos de la deuda a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Gastos Financieros
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Amortización de préstamos a largo plazo con Entes del Sector Público
Cancelación préstamos por insolvencias
Suministros
Farmacia- Recetas médicas
Prestaciones - Prótesis
Prestaciones - Vehículos para inválidos
Desplazamiento de pacientes
Suministros
Ingreso Aragonés de Inserción
Prestaciones económicas de Servicios Sociales
Ayudas a mujeres víctimas violencia género
Subvenciones a Colegios Profesionales
Becas Comedor Educación Especial
Becas material curricular
Becas Comedor
Transporte
Bienes destinados al uso general
Otro inmovilizado material
Concesión Autopista Peaje 2
Concesión Autopista Peaje 68
B) Vinculaciones por Financiación
Las reglas de vinculación por fuente de financiación se integrarán con el conjunto de reglas de vinculación dispuestas por la presente Ley.
Las agrupaciones de vinculación determinadas por el tipo de financiación de las partidas presupuestarias seguirán el criterio que cada fondo de financiación forma una agrupación de vinculación, con la excepción de los conjuntos de fondos correspondientes al FSE, FEDER, FEAGA, FEADER, Conferencia Sectorial de Empleo, Conferencia Sectorial de Agricultura, Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que formarán cada uno una agrupación de vinculación.
Los Fondos de Financiación que se creen por modificación presupuestaria durante el ejercicio serán vinculantes siguiendo el mismo criterio.
La relación de agrupaciones de vinculación por fondo de financiación es la siguiente:
Código Fondo
Descripción
* FONDO SOCIAL EUROPEO
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
* FONDO EUROPEO DE PESCA
* UNION EUROPEA (PUNTO INFORMACIÓN EUROPEA)
* CONVENIO UE PRUEBAS COMPARATIVAS
* Programa Life
* FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN
CONVENIO BEI
PROYECTO EUROPEO GRIAL
OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACION UE
* MINISTERIO DE JUSTICIA
PLAN MINER
* FONDO ESPECIAL TERUEL
* CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO
* CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA
* CONFERENCIA SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
* CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
* PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (I.N.I.A.)
* FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
* PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS
* POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD
* INCORPORACIÓN DE DOCTORES. I.N.I.A.
* MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
* PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
* PROGRAMA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO
* FINANCIACIÓN DE LA AGE PROYECTOS INVESTIGACIÓN
* AYUDAS PÚBLICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO
* CONVENIO MINISTERIO DE DEFENSA. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN LABORAL
* MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - PLAN INTEGRAL DEL AGUA
* CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
* SPE SUBVENCIÓN AFECTADOS ERE SINTEL
PLAN DE VIVIENDA 2013-2016
* CONVENIO INVESTIGACIÓN CON SALUD
* TRANSFERENCIA DEL.INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD - ENSAYOSCLÍNICOS
* FORMACIÓN CONTINUA DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES
* PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIAS COMPETITIVAS DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
* PROMOTORES PRIV PROY PROD Y TRANSFERENCIA CONOCIM
* Fondos para Investigación Agroalimentaria de Entidades Privadas
Fondos de mejoras en montes propios
RECURSOS PROPIOS COFINANCIADORES
RECURSOS PROPIOS
C) Créditos para transferencias o subvenciones nominativas vinculantes con el nivel de desagregación que aparecen en el presupuesto:
Centro Gestor
Programa
Subconcepto
480001-Fundación Seminario Investigación para la Paz
480336-Fundación Montañana Medieval
480350-Transferencia Fundación Giménez Abad
480351-Fundación Tarazona Monumental
480366-Convenio Asociación Periodistas Aragón
480410-Fundación Labordeta
440002-Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
460101-Convenio con la Mancomunidad Bajo Gállego
460102-Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
460103-Convenio con la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva
460104-Convenio con la Mancomunidad Ribera Izda. del Ebro
760122-Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
760123-Convenio con la ciudad de Huesca
760124-Convenio con la ciudad de Teruel
440141-Transferencia Consorcio de Bomberos prov. Huesca
400008-Convenio M. Interior. Seguridad sedes judiciales
410010-Transferencia al IASS para Operaciones Corrientes
710002-Transferencia al IASS para Operaciones Capital
410017-Transferencia Inst.Juventud Operaciones Corrientes
710004-Transferencia Inst.Juventud Operaciones de Capital
410016-Transferencia IAM por Operaciones Corrientes
710003-Transferencia IAM por Operaciones de Capital
405004-Conv. Acad. Gral. Militar Curso Internal. Defensa
440147-Convenio UNIZAR Máster Unión Europea
480417-Conv. FAMCP Difusión Información Unión Europea
480419-Conv. INDICO asesoramiento europeo de entidades
440145-Conveni UNIZAR Plan Integral Gestión Biodiversidad
780122-Acuerdo transaccional valle de Astún
440088-Consorcio Túnel Bielsa
440097-Consorcio del Portalet
740048-Consorcio Túnel Bielsa
740052-Consorcio del Portalet
740069-Plataforma Logística de Zaragoza. Accesos PLAZA
440007-Convenio RENFE
440071-Consorcio de Transportes del área de Zaragoza
440140-Transferencia a Promo. Actividades Aeroportuarias
480030-Fundación Transpirenaica Travesía Central Pirineos
780170-Urbanización Junta de Compensación Arco Sur
780181-La Senda del Valadin, S.A. Polígono Sur de Teruel
440143-Encomienda gestión SVA Red bolsas viviendas
440015-Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
740006-Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
440043-Transfer Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
740019-Transferencia al INAGA para Operaciones Capital
440044-Transferencia al Instituto Aragonés del Agua
740020-Transferencia al I.A. del Agua Operaciones Capital
440090-A SARGA. Gestión Servicios Agroalimentarios
440055-Transferencia UNIZAR. Laboratorio Encefalopatías
440067-Mantenimiento Laboratorio Investigación Genética
480168-Conv. Asoc. Viveristas distribución clones de vid
740049-A SARGA. Ordenación y Sanidad Animal y Controles
440122-A SARGA. Mantenimiento CIAMA
440134-Transferencia a SARGA. Gestión Red Natural Aragón
770059-Convenio ENDESA. Proyecto líneas eléctricas
770134-Red Natura 2000 - medida 401 PDR 2014-2020
780161-Federación Aragonesa de M. Plan Refugios Montaña
740043-A SARGA para Prog. prev. y extinc. incendios
410001-Transferencia al INAEM para Operaciones Corrientes
710000-Transferencia al INAEM para Operaciones Capital
440076-Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
440111-Transferencia al CEEI Aragón
440112-Transferencia al Parque Tecnológico Walqa
440010-Actividades del Instituto Aragonés de Fomento
740005-Transferencia I.A.F. Inversiones
740061-IAF - Programa Empresa
740077-IAF - Programa Emprender
440005-Transferencia funcionamiento Aragón Exterior S.A.
740021-Fondo de Inversiones en Teruel
740065-Reafianzamiento AVALIA
480019-Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
480364-Transferencia Fundación del Hidrógeno
780156-Transferencia Fundación del Hidrógeno
440149-Plan Cameral Competitividad PYMES. Cámaras comercio
440150-Cámaras de comercio. Plan Cameral de Competitividad. Acciones sobre el sector comercial
440151-Cámaras de comercio. Plan Cameral de Internacionlización
410007-Transferencia al SALUD para Operaciones Corrientes
410018-Transf. SALUD- Formación continuada M.I.R.
480057-Transferencia a la Fundación Andrea Prader
710001-Transferencia al SALUD para Operaciones Capital
440018-Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
440139-Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
740009-Transferencia al IACS para Operaciones Capital
440003-Transferencia a AST para Operaciones Corrientes
740000-Transferencia a AST para Operaciones Capital
440023-Transf. Agencia de Calidad y Prospec.Universitaria
740028-Transf. Ag. Calidad y Prosp.Univers. Infr. y Equip
440021-Transferencia Fundación Zaragoza Logistic Center
440029-Actividades C.I.T.A.
740013-Actividades C.I.T.A.
440022-Transferencia al Instituto Tecnológico Aragón
440024-Centros Asociados UNED
440025-Universidad - Financiación por Objetivos
440026-Universidad y relaciones con la Sociedad
440027-Universidad de Zaragoza. Consejo Social
440028-Universidad de Zaragoza. Transferencia Básica
440120-Universidad Inter. Menendez Pelayo Pirineos
440121-Universidad Cursos ELE Jaca
440130-Compensación becas MEC - UNIZAR
480069-F. Univ. A. Gargallo - Cursos U. Verano de Teruel
740012-UZ: Reforma, Ampliación y Mejora de Equipamiento
480228-Transf. Fund. Agencia Arag. para Investig. y Dllo
480279-Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
480317-Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei
480080-Casa Salesiana N.S.Pilar Premio Nac. Don Bosco
480183-Fed. Aragonesa Montañismo-Conv Enseñanzas
Deportiv
460093-Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza
440036-Casa del Traductor de Tarazona
440039-Fundación Torralba Fortún
440060-Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel
440131-UNIZAR. Museo de Ciencias Naturales
480106-Fundación Beulas
480247-Fundación Goya en Aragón
480348-Museo Diocesano de Barbastro
480361-Fundación Museo Salvador Victoria
480383-Comisión Permanente Libro. Conv. Ferias Libro
480384-Asoc. Prov. Librerías Huesca. Conv Feria Libro
480385-Fundación Colección CIrca XX Pilar Citoler
440038-Subvención Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L.
440117-Consorcio Ciudadela de Jaca
440118-Consorcio Patrimonio Ibérico
460029-Ayuntamiento de Huesca. Feria I de Teatro y Danza
480199-Fundación Amantes de Teruel
480335-Asociación CARP
480394-ICOMOS España
480431-Fundación Bodas de Isabel
780155-Fundación Sta. M.ª Albarracín
780157-Conv. Restauración Catedral Santa María Tarazona
780165-Fundación Uncastillo
780166-Asociación Amigos del Serrablo
480110-Fed.Ar.Dptes Ctro Esp.Tecn.Deportes Invierno Jaca
480111-Fundación Jaca 2007
780161-Federación Aragonesa de M. Plan Refugios Montaña
440041-Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado
440046-Formación Instituto Tecnológico de Aragón
440047-Universa,con atención al talento al serv. empresa
440077-Convenio Cámara Oficial Comercio de Zaragoza
440078-Convenio Cámara Oficial Comercio de Huesca
440079-Convenio Cámara Oficial Comercio de Teruel
480261-Convenio Agentes Sociales.Plan Fija
480262-Convenio Secretariado General Gitano
480396-Convenio ASZA
440049-Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
480358-Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores
460057-Transf. Ayunt. Mantenimiento E.D.A.R.
410015-Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento)
440103-UNIZAR investigación y transf. del conocimiento
440139-Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
ESTADOS ECONOMICOS
ESTADO DE LETRA A
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016
Dotaciones asignadas a cada Sección y Organismo Público, por capítulos
SECCIÓN
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo Vil
Capítulo VIII
Capítulo IX
01 - Cortes de Aragón
13.628.477,51 €
5.835.101,20 €
1.202,00 €
3.614.286,86 €
146.900,00 €
80.000,00 €
23.305.967,57 €
02 - Presidencia del Gobierno de Aragón
1.365.522,73 €
820.071,98 €
151.270,00 €
47.500,00 €
2.384.364,71 €
03 - Consejo Consultivo de Aragón
130.870,34 €
192.240,62 €
323.110,96 €
04 - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
37.620,95 €
37.620,95 €
09 - Consejo Económico y Social
349.796,19 €
101.302,21 €
23.260,00 €
150,00 €
474.508,40 €
10-Presidencia
58.546.462,42 €
25.829.409,52 €
67.982.375,09 €
3.883.784,64 €
2.792.000,00 €
159.034.031,67 €
11-Ciudadanía y Derechos Sociales
5.777.350,68 €
1.782.942,50 €
333.816.464,42 €
5.000,00 €
5.212.272,73 €
346.594.030,33 €
12-Hacienda y Administración Pública
34.008.163,39 €
8.795.208,17 €
428.000,00 €
43.231.371,56 €
13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
35.147.763,56 €
5.496.102,06 €
19.108.361,36 €
36.148.762,63 €
21.124.945,99 €
117.025.935,60 €
14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad
73.014.450,68 €
22.933.322,79 €
169.000,00 €
452.656.304,10 €
23.985.350,28 €
111.849.593,66 €
684.608.021,51 €
15-Economía, Industria y Empleo
16.800.344,26 €
2.340.359,44 €
65.376.795,16 €
3.474.951,99 €
80.154.489,55 €
168.146.940,40 €
16-Sanidad
35.806.685,09 €
52.942.098,35 €
1.660.179.908,49 €
450.500,00 €
19.290.289,00 €
1.768.669.480,93 €
17-lnnovación, Investigación y Universidad
5.087.020,61 €
1.515.222,00 €
673.915,42 €
186.124.857,74 €
12.615.352,006
5.637.543,81 €
4.767.577,97 €
216.421.489,55 €
18-Educación, Cultura y Deporte
577.379.119,37 €
61.216.553,10 €
162.042.388,63 €
29.540.806,17 €
1.068.658,00 €
831.247.525,27 €
26-A las Adm. Comarcales
2.299.200,00 €
37.691.645,22 €
130.403,47 €
40.121.248,69 €
30-Diversos departamentos
20.000.000,00 €
194.016.343,22 €
13.094.185,29 €
14.384.840,44 €
16.345.409,00 €
3.154.591,00 €
324.935.551,71 €
585.930.920,66 €
TOTAL GENERAL D.G.A.
877.042.026,83 €
192.136.754,89 €
194.860.460,64 €
3.001.862.102,36 €
14.384.840,44 €
110.727.057,71 €
263.685.605,21 €
3.154.591,00 €
329.703.129,68 €
4.987.556.568,76 €
Instituto Aragonés de Empleo
17.886.728,94 €
7.073.872,10 €
65.930.107,69 €
417.467,37 €
420.000,00 €
91.728.176,10 €
Sen/icio Aragonés de Salud
964.130.702,00 €
412.756.009,00 €
288.380.000,00 €
18.643.289,00 €
1.683.910.000,00 €
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
80.547.730,56 €
116.384.993,47 €
139.297.690,76 €
2.530.000,00 €
150.000,00 €
338.910.414,79 €
Instituto Aragonés de la Mujer
976.661,35 €
1.819.414,30 €
558.291,00 €
5.000,00 €
3.359.366,65 €
Instituto Aragonés de la Juventud
3.344.808,72 €
1.171.581,68 €
416.010,00 €
150.000,00 €
5.082.400,40 €
Aragonesa de Servicios Telemáticos
3.157.038,52 €
528.321,82 €
4.200.000,00 €
181.467,78 €
8.066.828,12 €
Instituto Aragonés del Agua
2.881.392,28 €
51.051.748,51 €
138.000,00 €
485.000,00 €
2.703.150,12 €
1.434.134,33 €
58.693.425,24 €
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
5.913.575,71 €
3.424.769,27 €
2.036.982,75 €
641.000,00 €
506.000,00 €
12.522.327,73 €
Centro Investigación y Tecnología Agroaliment.
7.088.265,00 €
1.285.594,00 €
2.498.432,51 €
48.530,00 €
10.920.821,51 €
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
3.132.655,00 €
1.753.371,43 €
15.000,00 €
4.901.026,43 €
Banco de Sangre y Tejidos
2.847.230,00 €
6.600.000,00 €
272.300,00 €
270.000,00 €
9.989.530,00 €
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
386.460,22 €
139.347,36 €
2.000,00 €
527.807,58 €
TOTAL OO.AA. y Entidades
1.092.293.248,30 €
603.989.022,94 €
138.000,00 €
497.376.382,20 €
32.075.339,00 €
570.000,00 €
2.170.132,11 €
2.228.612.124,55 €
TOTAL (D.G.A. + Entidades Dcho Público+OO.AA.):
1.969.335.275,13 €
796.125.777,83 €
194.998.460,64 €
3.499.238.484,56 €
14.384.840,44 €
142.802.396,71 €
264.255.605,21 €
3.154.591,00 €
331.873.261,79 €
7.216.168.693,31 €
A deducir Transferencias internas
2.058.120.639,99 €
28.090.054,69 €
2.086.210.694,68 €
TOT.PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.969.335.275,13 €
796.125.777,83 €
194.998.460,64 €
1.441.117.844,57 €
14.384.840,44 €
142.802.396,71 €
236.165.550,52 €
3.154.591,00 €
331.873.261,79 €
5.129.957.998,63 €
Ejercicio 2016
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Orgánica
SECCIONES/DEPARTAMENTOS
Créditos
01-Cortes de Aragón
23.305.967,57 €
02-Presidencia del Gobierno de Aragón
2.384.364,71 €
03-Consejo Consultivo de Aragón
323.110,96 €
04-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
37.620,95 €
09-Consejo Económico y Social
474.508,40 €
10-Presidencia
159.034.031,67 €
11-Ciudadanía y Derechos Sociales
359.536.800,33 €
12-Hacienda y Administración Pública
43.231.371,56 €
13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
117.025.935,60 €
14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad
744.750.218,28 €
15-Economía, Industria y Empleo
200.407.917,31 €
16-Sanidad
1.801.287.852,12 €
17-Innovación, Investigación y Universidad
220.858.604,55 €
18-Educación, Cultura y Deporte
831.247.525,27 €
26-A las Adm. Comarcales
40.121.248,69 €
30-Diversos departamentos
585.930.920,66 €
5.129.957.998,63 C
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Económica
CAPÍTULOS
Créditos
1º.- Gastos de Personal
1.969.335.275,13 €
2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
796.125.777,83 €
3º.- Gastos Financieros
194.998.460,64 €
4º.- Transferencias Corrientes
1.441.117.844,57 €
* ∑ Gastos corrientes
4.401.577.358,17 €
5º.- Fondo de Contingencia
14.384.840,44 €
6º.- Inversiones Reales
142.802.396,71 €
7º.- Transferencias de Capital
236.165.550,52 €
* ∑ Gastos de capital no financieros
393.352.787,67 €
* Total operaciones no financieras
4.794.930.145,84 €
8º.- Activos Financieros
3.154.591,00 €
9º.- Pasivos Financieros
331.873.261,79 €
* Total operaciones financieras
335.027.852,79 €
5.129.957.998,63 €
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Funcional
GRUPOS DE FUNCIÓN
Créditos
0. Deuda Pública
518.951.894,93 €
1. Servicios de Carácter General
216.279.829,80 €
3. Seguridad, Protección y Promoción Social
453.832.971,33 €
4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social
2.835.424.465,45 €
5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico
322.975.822,19 €
6. Regulación Económica de Carácter General
142.440.398,80 €
7. Regulación Económica de Sectores Productivos
588.341.557,15 €
9. Transferencias a otras Administraciones Públicas
51.711.058,98 €
5.129.957.998,63 € |
La acción concertada es una forma de gestión de servicios con una larga tradición en nuestro Ordenamiento jurídico. La normativa sobre sanidad, educación o servicios sociales ya la contempla como una alternativa a la gestión directa o indirecta de los servicios. Sin embargo, el régimen jurídico al que debe ajustarse la celebración de los conciertos no siempre ha estado claro, hasta el punto de que, en los últimos años, y quizás por la falta de claridad de la normativa de contratos públicos, se ha venido asimilando el régimen de los conciertos al propio de una determinada modalidad de contrato público.
Tal asimilación nunca ha tenido un encaje perfecto y, en la práctica, ha dificultado que en la organización de la prestación de servicios no económicos pero de interés general como los sociales, sanitarios y educativos pudieran participar, en mayor medida, las entidades del Tercer Sector sin ánimo de lucro. El reconocimiento de una prioridad –cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social– en el acceso a los conciertos que reconocen el artículo 25 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, y también el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, no resulta suficiente para reconocer el valor social y la función que realizan las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios a las personas, al estar presidida su actuación por el principio de solidaridad. Dicho principio, además, ya ha sido admitido por la jurisprudencia europea en varias ocasiones como fundamento para excepcionar la aplicación de la normativa sobre contratos públicos.
La nueva y más precisa regulación de la contratación pública a través de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas. La citada Directiva, que ya produce efectos una vez concluido el plazo de transposición sin que el Estado haya aprobado ningún instrumento por el que se incorporen sus disposiciones, aclara, en primer lugar, que «los servicios no económicos de interés general deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva» (Considerando 6). En segundo lugar, la Directiva reconoce expresamente en relación con los servicios que se conocen como «servicios a las personas», como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, que las Administraciones competentes por razón de la materia «siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación» (Considerando 114). Es decir, la propia Directiva 2014/24/UE, en el marco de las previsiones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, afirma expresamente que la aplicación de la normativa contractual pública no es la única posibilidad de la que gozan las autoridades competentes para la gestión de los servicios a las personas. En consecuencia, no parece oportuno que se restrinjan las posibilidades de organización de dichos servicios con terceros, admitiéndose únicamente las que derivan de la legislación de contratos del sector público.
Este Decreto-ley se adopta al amparo del artículo 44.1 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevé que, en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. En este caso, la urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por la falta de transposición de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Ordenamiento Jurídico español y la incertidumbre de cuándo se producirá, habida cuenta de que desde el pasado 27 de octubre de 2015 el Gobierno –en funciones– se encuentra privado de la posibilidad de someter al Congreso Proyectos de Ley. Ante la posibilidad de que, con el marco jurídico vigente, no adaptado a las disposiciones de la citada Directiva, pueda seguir interpretándose que el régimen jurídico de la acción concertada debe equipararse al propio de alguna de las modalidades previstas en la legislación de contratos públicos resulta muy urgente clarificar que la acción concertada presenta una naturaleza distinta de los contratos públicos, así como determinar los principios a los que deberá ajustarse su celebración.
Las formas de prestación de los servicios a las personas de carácter social o sanitario que se establece mediante este Decreto-ley se basan en una concepción equilibrada de gestión directa, indirecta y acción concertada que garantiza la aplicación de la normativa de contratación del sector público, con las economías que genera, siempre que los operadores económicos actúen en el mercado con ánimo de lucro y, consecuentemente, incorporando a los precios beneficio industrial. La acción concertada se limita por ello, en el marco de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a entidades sin ánimo de lucro, limitándose su retribución al reintegro de costes y siempre en el marco del principio de eficiencia presupuestaria. De este modo, la posible prestación de servicios en régimen de gestión directa, objetivando los costes, en gestión indirecta recurriendo al mercado para la determinación de los precios y en régimen de acción concertada mediante módulos permitirá un adecuado control de los costes de las diferentes prestaciones que, además, conforme a este Decreto-ley, deberán ser transparentes y publicarse periódicamente. La filosofía que subyace en el presente Decreto-ley, por tanto, es simple: Si un operador económico aspira legítimamente a obtener un beneficio empresarial, un lucro, como consecuencia de su colaboración con la Administración en la prestación de servicios a las personas solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación. Solo desde la gestión solidaria, sin ánimo de lucro, de estas prestaciones podrá colaborarse con la Administración bajo la forma de acción concertada. Ha de tenerse presente, en este sentido y además de la capacidad de organización de la prestación de servicios no económicos de interés general a las personas reconocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la más reciente normativa europea sobre contratación, como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2016 (asunto C-50/14), admite la colaboración con entidades sin ánimo de lucro autorizada por la legislación de los Estados miembros como instrumento para la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria, controlando los costes de los servicios a las personas siempre que estas entidades, actuando en el marco de dichos objetivos, «no obtengan ningún beneficio de sus prestaciones, independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas, ni proporcionen ningún beneficio a sus miembros» (párrafo 64). Todo ello, además, resulta plenamente coherente con lo establecido por el propio Estado mediante la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que prevé la gestión de prestaciones con estas entidades preferentemente en el marco de conciertos o convenios.
La regulación que se introduce con este Decreto-ley se ampara en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón los artículos 71.34.ª, el 71.55.ª y el 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en materia de «acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial», así como «sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios...», y en materia de enseñanza, donde «corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida (...) en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal docente; la garantía de la calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria, respectivamente.
Igualmente, deben tenerse en cuenta las competencias autonómicas sobre régimen local (artículo 71.5.ª del Estatuto), en materia de menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo (artículo 71.39.ª del Estatuto) y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (artículo 71.7.ª del Estatuto). Además, la presente normativa se ampara en las competencias compartidas de la Comunidad sobre «seguridad social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico» (artículo 75.1.ª del Estatuto), «políticas de integración de inmigrantes, en especial, el establecimiento de las medidas necesarias para su adecuada integración social, laboral y económica, así como la participación y colaboración con el Estado, mediante los procedimientos que se establezcan, en las políticas de inmigración y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación, en su caso, del contingente de trabajadores extranjeros» (artículo 75.6.ª del Estatuto) y «régimen jurídico (...) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma» (artículo 75.12.ª del Estatuto).
En su virtud, en uso de la referida autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta de los Consejeros de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 17 de mayo de 2016, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto-ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2. Prestación de servicios a las personas.
Las Administraciones competentes podrán gestionar la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario de las siguientes formas:
a) Mediante gestión directa o con medios propios.
b) Mediante gestión indirecta con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.
c) Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 3. Concepto y régimen general de acción concertada.
Los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual a través de los cuales las Administraciones competentes podrán organizar la prestación de servicios a las personas de carácter social o sanitario cuya financiación, acceso y control sean de su competencia, ajustándose al procedimiento y requisitos previstos en este Decreto-ley y en la normativa sectorial que resulte de aplicación.
Artículo 4. Principios generales de la acción concertada.
Las Administraciones públicas ajustarán su acción concertada con terceros para la prestación a las personas de servicios sociales y sanitarios a los siguientes principios:
a) Subsidiariedad, conforme al cual la acción concertada con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro estará subordinada, con carácter previo, a la utilización óptima de los recursos propios.
b) Solidaridad, potenciando la implicación de las entidades del tercer sector en la prestación de servicios a las personas de carácter social y sanitario conforme a lo establecido en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de acción social.
c) Igualdad, garantizando que en la acción concertada quede asegurado que la atención que se preste a los usuarios se realice en plena igualdad con los usuarios que sean atendidos directamente por la Administración.
d) Publicidad, previendo que las convocatorias de solicitudes de acción concertada, cuando tengan carácter periódico, y la adopción de acuerdos de acción concertada sea objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
e) Transparencia, difundiendo en el portal de transparencia los acuerdos de acción concertada en vigor en cada momento.
f) No discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella.
g) Eficiencia presupuestaria, fijando contraprestaciones económicas a percibir por las entidades concertadas de acuerdo con las tarifas máximas o módulos que se establezcan, que cubrirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio, sin incluir beneficio industrial.
Artículo 5. Procedimientos de concertación y criterios de preferencia.
1. La normativa sectorial regulará los procedimientos para que las entidades que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse al régimen de acción concertada conforme a los principios generales establecidos en el artículo 4 de este Decreto-ley.
2. Para la adopción de acuerdos de acción concertada la normativa sectorial establecerá los criterios de selección de entidades cuando resulte esta necesaria en función de las limitaciones presupuestarias o del número o características de las prestaciones susceptibles de concierto.
3. Podrán establecerse los siguientes criterios de selección de entidades:
a) La implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.
b) Los años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.
c) La valoración de los usuarios si ya hubiere prestado el servicio anteriormente.
d) Las certificaciones de calidad.
e) La continuidad en la atención o calidad prestada.
f) El arraigo de la persona en el entorno de atención.
g) Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, especialmente en la ejecución de las prestaciones objeto de la acción concertada.
h) Cualesquiera otros que resulten determinantes para la valoración de la capacidad e idoneidad de las entidades.
Artículo 6. Formalización y efectos de los acuerdos de acción concertada.
1. Los acuerdos de acción concertada se formalizarán en documento administrativo de concierto con el contenido que establezca la normativa sectorial que resulte de aplicación.
2. Los conciertos obligan a la entidad que concierta a prestar a las personas los servicios de carácter social o sanitario en las condiciones que establezca la normativa sectorial aplicable y, conforme a la misma, el propio acuerdo de concertación.
3. No podrá percibirse de los usuarios de los servicios cantidad alguna por los servicios concertados al margen de los precios públicos establecidos.
4. La percepción de los usuarios de cualesquiera retribuciones por la prestación de servicios complementarios, y su importe, deberá ser previamente autorizada por la Administración concertante.
Artículo 7. Limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
1. Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada excepto cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores con autorización expresa y previa de la Administración, que adoptará las medidas precisas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
2. Las entidades concertadas deberán acreditar su idoneidad para prestar los servicios objeto del acuerdo de acción concertada. Cuando los medios materiales y personales de los que dispongan no sean suficientes podrán recurrir a la colaboración de terceros, sin que ello pueda suponer el traslado de la ejecución de un porcentaje superior al que establezca la normativa sectorial o, conforme a ella, el acuerdo de acción concertada.
3. El acuerdo de acción concertada, en el marco que establezca la normativa sectorial, podrá imponer condiciones sobre el régimen de contratación de las actuaciones concertadas.
Artículo 8. Extinción.
1. Son causas de extinción de los conciertos:
a) El acuerdo mutuo de las partes, manifestado con la antelación que se determine en el concierto para garantizar la continuidad del servicio.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte de la Administración o del titular del servicio, previo requerimiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto.
c) El vencimiento del plazo de duración del concierto, salvo que se acuerde su prórroga o renovación.
d) La extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad.
e) La revocación de la acreditación, homologación o autorización administrativa de la entidad concertada.
f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la entidad concertada en la prestación del servicio.
g) La inviabilidad económica del titular del concierto, constatada por los informes de auditoría que se soliciten.
h) La negación a atender a los usuarios derivados por la Administración competente o la prestación de servicios concertados no autorizada por esta.
i) La solicitud de abono a los usuarios de servicios o prestaciones complementarias cuando no hayan sido autorizadas por la Administración.
j) La infracción de las limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
k) El resto de causas que establezca la normativa sectorial o, de acuerdo con esta, los acuerdos de acción concertada.
2. Extinguido el concierto, la Administración competente garantizará la continuidad de la prestación del servicio de que se trate.
Artículo 9. Resolución de conflictos.
Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada serán resueltas por la Administración competente sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Disposición adicional primera. Incompatibilidad con subvenciones.
La acción concertada será incompatible con la concesión de subvenciones para la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto de concierto.
Disposición adicional segunda. Compatibilidad con convenios de vinculación en el ámbito sanitario.
La acción concertada será compatible con los convenios de vinculación conforme a lo establecido en los artículos 30 y 31 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre.
Disposición adicional tercera. Acción concertada con sociedades cooperativas.
La acción concertada podrá realizarse a través de sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón:
a) El apartado primero del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 21. Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
1. Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales proveerán a las personas de los servicios previstos en la Ley o en el Catálogo de Servicios Sociales de las siguientes formas:
a) Mediante gestión directa o medios propios, que será la forma de provisión preferente.
b) Mediante gestión indirecta con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público.
c) Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas de iniciativa social.»
b) El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23. Concertación con entidades privadas de iniciativa social.
1. Las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales podrán encomendar a entidades privadas de iniciativa social la provisión de prestaciones previstas en el Catálogo de Servicios Sociales, mediante acuerdos de acción concertada, siempre que tales entidades cuenten con la oportuna acreditación administrativa y figuren inscritas como tales en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
2. El Gobierno de Aragón, en el marco de lo establecido en la Ley, establecerá el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados que participen en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, determinando los requisitos de acceso, la duración máxima y las causas de extinción del concierto, así como las obligaciones de las partes.
3. El concierto suscrito entre la Administración y la entidad privada de iniciativa social establecerá los derechos y obligaciones de cada parte en cuanto a su régimen económico, duración, prórroga y extinción, número de unidades concertadas, en su caso, y demás condiciones legales.
4. El acceso a las plazas concertadas con entidades privadas de iniciativa social será siempre a través de la Administración concertante.»
c) El apartado primero del artículo 24 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 24. Requisitos exigibles para el régimen de concierto.
1. Podrán acceder al régimen de acción concertada las entidades privadas de iniciativa social prestadoras de servicios sociales que cuenten con acreditación administrativa y se hallen inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales correspondiente.»
d) El artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25. Ámbito objetivo de la acción concertada.
1. Los servicios a las personas en el ámbito de servicios sociales que podrán ser objeto de acción concertada se determinarán reglamentariamente de entre los previstos en la cartera de servicios.
2. Podrán ser objeto de acción concertada:
a) La reserva y ocupación de plazas para su ocupación por los usuarios del sistema público de servicios sociales, cuyo acceso será autorizado por las administraciones públicas competentes conforme a los criterios establecidos conforme a esta Ley.
b) La gestión integral de prestaciones, servicios o centros conforme a lo que se establezca reglamentariamente.
3. Cuando la prestación del servicio conlleve procesos que requieran de diversos tipos de intervenciones en distintos servicios o centros, la Administración competente podrá adoptar un solo acuerdo de acción concertada con dos o más entidades imponiendo en dicho acuerdo mecanismos de coordinación y colaboración de obligado cumplimiento.»
e) El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26. Financiación de los conciertos.
1. Anualmente se fijarán los importes de los módulos económicos correspondientes a cada prestación susceptible de acción concertada.
2. Las tarifas máximas o módulos económicos retribuirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial. Serán revisables periódicamente.
f) El apartado segundo del artículo 27 queda redactado del siguiente modo:
«2. Los conciertos deberán establecerse con una duración temporal no superior a cuatro años. Las eventuales prórrogas, cuando estén expresamente previstas en el acuerdo de acción concertada, podrán ampliar la duración total del concierto a diez años. Al terminar dicho periodo, la Administración competente podrá establecer un nuevo concierto.»
g) El artículo 28 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 28. Causas de extinción de los conciertos.
1. Son causas de extinción de los conciertos:
a) El acuerdo mutuo de las partes, manifestado con la antelación que se determine en el concierto para garantizar la continuidad del servicio.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte de la Administración o del titular del servicio, previo requerimiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto.
c) El vencimiento del plazo de duración del concierto, salvo que se acuerde su prórroga o renovación.
d) La extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad.
e) La revocación de la acreditación, homologación o autorización administrativa de la entidad concertada.
f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la entidad concertada en la prestación del servicio.
g) La inviabilidad económica del titular del concierto, constatada por los informes de auditoría que se soliciten.
h) La negación a atender a los usuarios derivados por la Administración competente o la prestación de servicios concertados no autorizada por esta.
i) El resto de causas que establezca la normativa sectorial o, de acuerdo con esta, los acuerdos de acción concertada.
j) La solicitud de abono a los usuarios de servicios o prestaciones complementarias cuando no hayan sido autorizadas por la Administración.
k) La infracción de las limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
l) El resto de causas que, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, prevean los acuerdos de acción concertada.
2. Extinguido el concierto, la Administración competente garantizará la continuidad de la prestación del servicio de que se trate.»
h) El artículo 30 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 30. Transparencia de costes de prestación de servicios.
Los costes de la gestión directa, indirecta o concertada de la prestación de los servicios regulados en esta Ley serán públicos y deberán expresarse de forma general o por prestación y usuario por parte de la entidad gestora, actualizándose cuando se produzcan variaciones.»
i) El apartado segundo del artículo 79 queda redactado del siguiente modo:
«2. Son entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales. Se considerarán entidades de iniciativa social, en particular, las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica.»
Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre.
El artículo 32 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 32. Conciertos para la prestación de servicios sanitarios.
1. El Servicio Aragonés de Salud, en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de la aplicación de formas de gestión directa o indirecta, podrá organizar la prestación a las personas de servicios sanitarios mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios.
2. La Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma fijará los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a estos conciertos, así como sus condiciones económicas, atendiendo a tarifas máximas o módulos, revisables periódicamente, que retribuirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial.
3. Los costes de la gestión directa, indirecta o concertada de la prestación de los servicios regulados en esta Ley serán públicos y deberán expresarse de forma general o por prestación y usuario por parte de la entidad gestora, actualizándose cuando se produzcan variaciones.
4. Podrán acceder al régimen de acción concertada las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, incluidas las cooperativas calificadas como tales conforme a su normativa específica, prestadoras de servicios sanitarios previamente homologadas por la Administración sanitaria, debiendo asegurarse que la atención sanitaria que se preste a los usuarios mediante acción concertada se realice en un plano de igualdad.
5. Cuando la prestación del servicio conlleve procesos que requieran de diversos tipos de intervenciones en distintos servicios o centros, la Administración competente podrá adoptar un solo acuerdo de acción concertada con dos o más entidades imponiendo en dicho acuerdo mecanismos de coordinación y colaboración de obligado cumplimiento.
6. Los conciertos deberán establecerse con una duración temporal no superior a cuatro años. Las eventuales prórrogas, cuando estén expresamente previstas en el acuerdo de acción concertada, podrán ampliar la duración total del concierto a diez años. Al terminar dicho periodo, el Servicio Aragonés de Salud podrá establecer un nuevo concierto.
7. El régimen de acción concertada será incompatible con la concesión de subvenciones económicas para la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto de concierto.»
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Consejeros competentes en materia de sanidad y de servicios sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto-ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la inmediata y efectiva ejecución e implantación de sus previsiones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 17 de mayo de 2016.
La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Sanidad,
SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en su sesión plenaria del día 2 de junio de 2016, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 95, de 19 de mayo de 2016. Asimismo, y de conformidad con el apartado 3 del mencionado artículo 44 del Estatuto de Autonomía, han acordado su tramitación como Proyecto de Ley.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 2 de junio de 2016.
El Presidente de las Cortes de Aragón,
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA |
El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en su artículo 71, regla 51.ª, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de turismo, que comprende la ordenación y promoción del sector, su fomento, la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos.
En el ámbito de esta competencia exclusiva y en el ejercicio de la potestad legislativa, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, siendo modificada posteriormente por las Leyes 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña; 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña; y 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En consecuencia, tal como disponía la disposición final segunda de la Ley 3/2010, de 7 de junio, y al amparo de lo previsto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, relativo a la delegación legislativa, se procedió a la refundición de la legislación en materia de turismo y por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, se aprobó el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.
Este texto refundido ha sido modificado por las Leyes de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 2/2014, de 23 de enero; 14/2014, de 30 de diciembre; y 2/2016, de 28 de enero.
En consecuencia, la disposición final primera de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su apartado 1 letra c), ha autorizado al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del Consejero competente por razón de la materia, apruebe un Decreto Legislativo que refunda las disposiciones legales vigentes en materia de turismo. La facultad de refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización.
De conformidad con el artículo 1, letra f), del Decreto 14/2016, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, corresponde a este Departamento la actuación sobre «la promoción y fomento de la actividad turística de Aragón, la creación y gestión de las infraestructuras turísticas en el ámbito territorial y competencial de la Comunidad Autónoma, a través de la acción directa del Departamento o por medio de empresas públicas; y la ordenación de la actividad turística en Aragón, en relación a las empresas y establecimientos turísticos de la Comunidad Autónoma».
Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; visto el Informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos de fecha 31 de mayo de 2016; contando con el Informe favorable del Consejo del Turismo de Aragón de fecha 14 de junio de 2016; de acuerdo con el Dictamen 142/2016 del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 26 de julio de 2016,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido.
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, que se inserta a continuación como anexo.
Disposición adicional única. Referencias y concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias al texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado a través del presente Decreto Legislativo.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado a través del presente Decreto Legislativo.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogados el Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón; el artículo 28 de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; el artículo 37 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su completa publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 26 de julio de 2016.
El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL TURISMO DE ARAGÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Finalidad.
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo y desarrollando las competencias en la materia, la organización administrativa, los instrumentos de ordenación y planificación de los recursos turísticos, el estatuto de las empresas afectadas, los medios de fomento y las correspondientes medidas de disciplina, así como los derechos y deberes de los turistas y de los empresarios turísticos.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) «Actividad turística»: la destinada a proporcionar a los turistas los servicios de alojamiento, intermediación, restauración, información, acompañamiento o cualquier otro servicio relacionado directamente con el turismo.
b) «Empresa turística»: aquella que, mediante precio y de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o por temporadas, presta servicios en el ámbito de la actividad turística.
c) «Empresario turístico»: la persona física o jurídica, u otra entidad que carezca de personalidad jurídica, titular de empresas turísticas.
d) «Establecimientos turísticos»: los locales o instalaciones abiertos al público en general de acuerdo con la normativa en su caso aplicable, en los que se presten servicios turísticos.
e) «Recursos turísticos»: todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes turísticas, especialmente el patrimonio cultural y natural.
f) «Turismo»: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos.
g) «Turista»: la persona que utiliza los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos o recibe los bienes y servicios que le ofrecen las empresas turísticas.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. Esta Ley será aplicable a los empresarios turísticos que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios turísticos en el territorio de Aragón y a los turistas que los demanden o contraten.
2. También será aplicable a todas las Administraciones públicas territoriales y a las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, tanto si adoptan forma jurídico-pública como privada, que intervengan o actúen en el mercado turístico con actividades de fomento o de puesta en el mercado de bienes y servicios turísticos.
Artículo 4. Principios.
Constituyen principios de la política turística de la Comunidad Autónoma:
a) Impulsar el turismo en cuanto sector estratégico de la economía aragonesa.
b) Promover Aragón como destino turístico integral.
c) Fomentar el turismo para lograr un mayor equilibrio entre las comarcas aragonesas, conforme a lo establecido en la legislación y directrices de ordenación territorial y de protección del medio ambiente.
d) Proteger el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos de la Comunidad Autónoma, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. En especial, se impulsará la gastronomía aragonesa como recurso turístico.
e) Potenciar el turismo rural como factor esencial del desarrollo local.
f) Ordenar y coordinar las competencias de las diferentes Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma sobre turismo.
g) Incrementar la calidad de la actividad turística y la competitividad de los establecimientos turísticos.
h) Garantizar el ejercicio por los turistas de sus derechos, así como el cumplimiento de sus deberes.
i) Asegurar a las personas con limitaciones físicas o sensoriales la accesibilidad y la utilización de los establecimientos y recursos turísticos.
j) Impulsar la mejora y modernización de los establecimientos y equipamientos turísticos como medio de obtener una mayor calidad adecuada a la demanda.
TÍTULO PRIMERO
Competencias y organización administrativa
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 5. Administraciones públicas competentes.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, son Administraciones públicas competentes en relación con el turismo la Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios.
2. Asimismo, podrán asumir competencias sobre turismo los organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas citadas, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas normas de creación y demás normativa que les resulte de aplicación.
Artículo 6. Relaciones interadministrativas.
1. Las Administraciones públicas con competencias sobre turismo adecuarán sus recíprocas relaciones a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e información mutua y respeto de sus ámbitos competenciales.
2. Estas Administraciones utilizarán las técnicas previstas en la legislación vigente y, en especial, los convenios, consorcios, conferencias sectoriales y planes y programas conjuntos.
CAPÍTULO II
Comunidad Autónoma
Artículo 7. Competencias.
Corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias sobre turismo:
a) La formulación y aplicación de la política turística del Gobierno de Aragón.
b) La planificación y ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma, coordinando las actuaciones que en esta materia lleven a cabo las entidades locales.
c) El ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las empresas, establecimientos y profesiones turísticos.
d) El ejercicio de las potestades registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos de su competencia y sobre las profesiones turísticas, así como la coordinación de tales potestades cuando sean ejercidas por las entidades locales.
e) La protección y promoción, en el interior y en el exterior, de la imagen de Aragón como destino turístico integral.
f) La coordinación de las actividades de promoción turística que realicen las entidades locales fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
g) El impulso y coordinación de la información turística.
h) El fomento de las enseñanzas turísticas y de la formación y perfeccionamiento de los profesionales del sector.
i) La elaboración y mantenimiento de bases de datos y estadísticas turísticas de la Comunidad Autónoma.
j) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el resto de Departamentos con competencias relacionadas.
k) Cualquier otra relacionada con el turismo que se le atribuya en esta Ley o en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 8. Organización.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá sus funciones y competencias sobre turismo a través del Departamento competente en materia de turismo, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas al Gobierno de Aragón.
2. Se adscribirán al Departamento competente en materia de turismo los siguientes órganos:
a) El Consejo del Turismo de Aragón.
b) La Comisión de Restauración y Gastronomía de Aragón.
c) La Comisión Interdepartamental de Turismo, en su caso.
d) Los organismos autónomos, entidades de derecho público y las empresas que se constituyan para la gestión del sector turístico.
Artículo 9. Consejo del Turismo de Aragón.
1. El Consejo del Turismo de Aragón es el órgano colegiado de asesoramiento, participación, apoyo y propuesta para los asuntos referidos a la ordenación y promoción del turismo de Aragón.
2. Son funciones del Consejo del Turismo de Aragón:
a) Elaborar informes sobre la situación turística de Aragón a iniciativa propia o del Departamento competente en materia de turismo, así como formular propuestas en cuanto a la adecuación de la actividad turística, velando por la sostenibilidad social y medioambiental y la correcta utilización de los recursos naturales, paisajísticos, históricos y culturales.
b) Emitir informe preceptivo previo sobre los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias en materia de turismo, así como sobre los instrumentos de ordenación territorial de los recursos turísticos que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón.
c) Conocer el presupuesto de la Comunidad Autónoma que afecte a la actividad turística.
d) Conocer del cumplimiento y ejecución de la planificación turística y de la ejecución de los programas presupuestarios correspondientes al turismo.
e) Facilitar la incorporación de la iniciativa privada y social al diseño y seguimiento de la política turística de la Comunidad Autónoma.
f) Proponer sugerencias, iniciativas y actuaciones que puedan contribuir a la mejora de la planificación, fomento y desarrollo del sector turístico.
g) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.
3. Reglamentariamente, se determinará la composición, organización y funcionamiento del Consejo del Turismo de Aragón, en el que estarán representados, en todo caso, los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias tengan relación con el turismo, las entidades locales, los centros de iniciativas turísticas, las organizaciones empresariales y sindicales representativas del sector turístico y las entidades no lucrativas entre cuyos fines figure la promoción turística, la defensa de los consumidores y usuarios o la conservación del patrimonio natural o cultural.
Artículo 10. Comisión Interdepartamental de Turismo.
Podrá crearse una Comisión Interdepartamental de Turismo en la que estarán representados, al menos, los distintos departamentos cuyas competencias tengan relación con la actividad turística.
Artículo 11. Coordinación turística.
La coordinación de las Administraciones públicas de Aragón en relación con el turismo podrá llevarse a cabo por el Gobierno de Aragón mediante la constitución de los correspondientes órganos de cooperación.
Artículo 12. Organismos públicos y empresas.
La Comunidad Autónoma de Aragón podrá crear cuantos organismos públicos y empresas considere oportuno para el cumplimiento de los fines de interés público en relación con la promoción, gestión y desarrollo del sector turístico, sin que en ningún caso se puedan atribuir potestades públicas a las empresas y fundaciones privadas de iniciativa pública.
CAPÍTULO III
Entidades locales
Artículo 13. Comarcas.
1. Las comarcas ejercerán las competencias sobre turismo que les atribuye la legislación de comarcalización.
2. Corresponden a las comarcas, en todo caso, las siguientes competencias sobre turismo:
a) El ejercicio de las potestades registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos de su competencia.
b) La elaboración y aprobación del plan de dinamización turística comarcal, respetando las directrices de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma.
c) La promoción de los recursos y de la oferta turística de la comarca en el marco de la política de promoción de Aragón como destino turístico integral.
d) La creación, conservación, mejora y protección de los recursos turísticos de la comarca, así como la gestión de los recursos turísticos de titularidad comarcal.
e) La gestión de las oficinas comarcales de turismo y la coordinación de las oficinas municipales de turismo ubicadas en el ámbito territorial comarcal.
f) La emisión de informe sobre la declaración de actividades de interés turístico de Aragón, en los términos establecidos reglamentariamente.
g) El ejercicio de las funciones inspectoras que les correspondan, con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación turística.
h) La cooperación con los municipios tendente a potenciar la dimensión turística de los servicios obligatorios municipales.
i) La prestación de la asistencia necesaria a los municipios para la conservación de los recursos turísticos y su efectivo disfrute.
j) La colaboración con el sector privado y social en cuantas actuaciones fueren de interés para el fomento y promoción de la actividad turística. En particular, el asesoramiento técnico a las pequeñas y medianas empresas turísticas para la puesta en funcionamiento de nuevas actividades turísticas.
k) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por la Administración competente.
3. Para el desarrollo y ejercicio de sus competencias, las comarcas podrán prestar los servicios turísticos y realizar las actividades económicas de carácter supramunicipal que consideren convenientes, utilizando para ello las formas de gestión de servicios públicos y de realización de iniciativas socioeconómicas previstas en la legislación de régimen local.
Artículo 14. Municipios.
Corresponden a los municipios las siguientes competencias sobre turismo:
a) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias.
b) La promoción de los recursos turísticos existentes en el término municipal, en el marco de promoción de Aragón como destino turístico integral.
c) El fomento de las actividades turísticas de interés municipal.
d) El otorgamiento de las licencias municipales en relación con las empresas y establecimientos turísticos.
e) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por la Administración competente.
Artículo 15. Municipio turístico.
1. Podrán solicitar la declaración de municipios turísticos aquéllos en los que concurran, al menos, dos de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de municipios cuya población de hecho al menos duplique la población residente en las temporadas turísticas.
b) Que se trate de términos municipales en los que el censo de viviendas sea superior al doble de las viviendas habitadas por sus habitantes residentes.
c) Que se trate de poblaciones en las que el número de plazas turísticas hoteleras o extrahoteleras duplique, al menos, la población residente.
2. Para la declaración de municipio turístico se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) La existencia de planeamiento urbanístico, con especial valoración del sistema de espacios libres.
b) La existencia de zonas verdes y espacios libres que sirvan de protección del núcleo histórico edificado.
c) El porcentaje de gasto presupuestario realizado por el municipio en relación con la prestación de los servicios municipales obligatorios y de todos aquellos servicios con especial repercusión en el turismo.
d) La adopción de medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje.
e) La adopción de medidas de defensa y restauración del patrimonio cultural y urbano.
f) La relevancia de los recursos turísticos existentes en el término municipal.
3. La declaración de Municipio Turístico se efectuará mediante orden del Consejero competente en materia de turismo, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá informar la Administración de la comarca a la que pertenezca el municipio solicitante.
4. La declaración tendrá como consecuencia la incorporación de criterios de calidad a la gestión de las empresas y los servicios turísticos y el acceso preferente a las medidas de fomento previstas en los planes y programas del Departamento competente en materia de turismo.
5. Podrá existir en los municipios turísticos un Consejo Sectorial de Turismo en el que participarán, en todo caso, las organizaciones empresariales y sociales representativas del sector turístico en el ámbito del término municipal.
6. Las entidades locales menores que reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores podrán ser declaradas pueblos turísticos.
TÍTULO SEGUNDO
Ordenación territorial de los recursos turísticos
Artículo 16. Objetivos.
Las Administraciones públicas con competencias sobre turismo estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística, respetando el patrimonio natural y cultural, y promoviendo el reequilibrio territorial para la consecución de un desarrollo turístico sostenible.
Artículo 17. Directrices de los recursos turísticos.
1. La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma se realizará a través de directrices de ordenación territorial en la modalidad de directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos, que observarán lo establecido en la legislación de ordenación territorial, con las especialidades contenidas en esta Ley. En todo caso, respetarán las prescripciones establecidas por la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.
2. Con carácter previo a la elaboración de las directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos, el Departamento competente en materia de turismo formará un inventario de los recursos turísticos existentes en el territorio aragonés.
3. Las directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos se ajustarán al contenido establecido en el artículo 22 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, o norma que lo sustituya, estableciendo las siguientes prescripciones:
a) Definición del modelo de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma.
b) Determinación de las necesidades, objetivos, prioridades y programas de actuación.
c) Modos óptimos de aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, con especial atención a los aspectos de preservación y restauración de los valores ambientales y culturales.
d) Adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices.
e) Previsiones relativas a cualquier otro aspecto condicionante del desarrollo de las actividades turísticas.
Artículo 18. Procedimiento de aprobación de las directrices.
1. El proyecto de directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón será elaborado por el Departamento competente en materia de turismo, previo informe del Consejo del Turismo de Aragón y, en su caso, de los órganos de coordinación previstos en el artículo 11 de esta Ley.
2. Las directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón se someterán al procedimiento de evaluación ambiental. El Departamento competente en materia de turismo actuará como promotor de estos instrumentos a efectos de lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, o norma que la sustituya.
3. El proyecto de directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón deberá someterse a información pública durante un período de dos meses mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», garantizando la participación ciudadana en los términos fijados en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
4. Una vez finalizado el período de información pública, corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón informar el proyecto de directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón.
5. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la elevación del proyecto de directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón al Gobierno de Aragón para su aprobación definitiva mediante decreto.
Artículo 19. Zonas turísticas saturadas.
1. El Gobierno de Aragón, de modo excepcional y a propuesta de los Departamentos competentes en materia de turismo, de ordenación del territorio y de medio ambiente, previo dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y de las entidades locales afectadas, podrá acordar por decreto la declaración de zona turística saturada.
2. La declaración de zona turística saturada podrá afectar a uno o varios municipios o comarcas en los que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Sobrepasar la capacidad de acogida que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta el número de plazas turísticas por habitante o la densidad de población.
b) Registrar una demanda que cree situaciones incompatibles con la legislación ambiental.
3. La declaración de zona turística saturada conllevará las limitaciones de nuevas actividades turísticas que se determinen por ella, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
TÍTULO TERCERO
Derechos y deberes en relación con el turismo
CAPÍTULO I
Deber general
Artículo 20. Protección de los recursos turísticos.
Toda actividad turística deberá, en todo caso, salvaguardar el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos.
CAPÍTULO II
Turistas
Artículo 21. Derechos.
Son derechos de los turistas los siguientes:
a) Obtener información previa, veraz, completa y objetiva sobre los bienes y servicios que se les oferten y el precio de los mismos.
b) Acceder a los establecimientos turísticos en su condición de establecimientos públicos.
c) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofertadas o pactadas, debiendo corresponderse los servicios con la categoría del establecimiento.
d) Recibir un trato correcto por parte del personal de los establecimientos turísticos.
e) Obtener cuantos documentos acrediten los términos de la contratación de servicios y, en cualquier caso, las facturas o justificantes de pago.
f) Obtener un servicio adecuado en cuanto a la seguridad de las personas y las cosas.
g) Formular quejas y reclamaciones.
h) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico en relación con la protección de los consumidores y usuarios.
Artículo 22. Deberes.
Son deberes de los turistas los siguientes:
a) Observar las normas de convivencia social e higiene para la adecuada utilización de los establecimientos turísticos.
b) Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos.
c) Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la factura o, en su caso, en el tiempo y lugar convenido, sin que el hecho de presentar una reclamación o queja exima del citado pago.
d) Respetar el patrimonio natural y cultural de Aragón.
CAPÍTULO III
Empresarios turísticos
Artículo 23. Derechos.
Son derechos de los empresarios turísticos los siguientes:
a) Que se incluya información sobre sus establecimientos y su oferta de actividades en los catálogos, directorios y guías, cualquiera que sea su soporte, de las Administraciones públicas.
b) Incorporarse a las actividades de promoción turística que realicen las Administraciones públicas, en las condiciones fijadas por éstas.
c) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos para el desarrollo del sector promovidos por las Administraciones públicas.
d) Participar, a través de sus asociaciones, en el proceso de adopción de decisiones públicas en relación con el turismo y en los órganos colegiados representativos de intereses previstos en esta Ley.
e) Impulsar, a través de sus asociaciones, el desarrollo y ejecución de programas de cooperación pública, privada y social de interés general para el sector.
f) Proponer, a través de sus asociaciones, la realización de estudios, investigaciones y publicaciones que contribuyan a la mejora del desarrollo de la empresa turística en la Comunidad Autónoma.
g) Proponer, a través de sus asociaciones, cualquier otra acción no contemplada anteriormente que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico.
Artículo 24. Deberes.
Son deberes de los empresarios turísticos los siguientes:
a) Formalizar la declaración responsable ante el órgano competente para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos, así como para la modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
b) Prestar los servicios a los que estén obligados en función de la clasificación de sus empresas y establecimientos turísticos, en las condiciones ofertadas o pactadas con el turista, de acuerdo con esta Ley y los reglamentos dictados en su desarrollo.
c) Cuidar del buen estado general de las dependencias y del mantenimiento de las instalaciones y servicios del establecimiento, así como garantizar un trato correcto a los clientes.
d) Informar con la debida antelación, objetividad, veracidad y accesibilidad a los turistas sobre el precio y demás extremos relativos a los servicios ofertados, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable al libre acceso y prestación de los servicios y los reglamentos de desarrollo de esta Ley.
e) Exhibir los precios de los servicios ofertados en lugar visible y de modo legible, junto con el distintivo correspondiente a la clasificación del establecimiento.
f) Disponer los medios para que los turistas puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable al libre acceso y prestación de los servicios, poniendo a disposición de aquellos hojas de reclamaciones y entregándolas cuando así lo soliciten; y dar respuesta a las eventuales reclamaciones en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, antes de un mes desde la fecha en que hayan sido formuladas.
g) Facturar detalladamente los servicios de acuerdo con los precios ofertados o pactados.
h) Disponer de los libros y demás documentación que sean exigidos por la legislación vigente.
i) Facilitar, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, la accesibilidad a los establecimientos de las personas con discapacidad.
j) Proporcionar a las Administraciones públicas la información y la documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones legalmente reconocidas.
k) Suscribir los seguros obligatorios con las coberturas mínimas exigidas por los reglamentos de desarrollo de esta Ley, y estar al corriente del pago de las primas correspondientes.
TÍTULO CUARTO
Las empresas turísticas
CAPÍTULO I
Funcionamiento de la empresa turística
Artículo 25. Libertad de empresa.
El ejercicio de la actividad turística empresarial es libre, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, bajo la forma de empresario individual o colectivo, de acuerdo con la legislación civil y mercantil.
Artículo 26. Declaración responsable.
1. En aras de la salvaguarda del orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección del medio ambiente, del entorno urbano y del patrimonio histórico-artístico, y respetando el principio de proporcionalidad, para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, así como para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos, deberá presentar declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística ante el órgano competente en los siguientes supuestos:
a) Inicio y, en su caso, el cese de las actividades de cada empresa turística en el territorio de la Comunidad Autónoma, con excepción de aquellas empresas que ya estén legalmente establecidas en otra Comunidad Autónoma.
b) Apertura de un establecimiento turístico y, en su caso, la clasificación pretendida.
c) Cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
d) Cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
e) Transmisión de la titularidad del establecimiento.
2. Una vez formalizada la declaración responsable y en un plazo no superior a tres meses, tras las oportunas comprobaciones, el órgano competente podrá, en su caso:
a) Inscribir el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos meramente informativos.
b) Clausurar el establecimiento o prohibir el ejercicio de la actividad en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin que por ello se derive derecho alguno a indemnización.
c) Establecer motivadamente las condiciones en que pudiera ser ejercida la actividad o tener lugar la apertura y clasificación del establecimiento, y su correspondiente inscripción.
3. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para el desarrollo de la actividad deberá estar a disposición de la Administración turística durante su ejercicio.
4. Transcurrido el plazo de tres meses sin haber efectuado las actuaciones comprendidas en las letras b) o c) del apartado 2 se inscribirá el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos meramente informativos.
5. Los actos de inscripción y clasificación podrán ser modificados o revocados previa audiencia al interesado y con la debida motivación, cuando se incumplan o desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a aquellos o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación o, en su caso, oposición.
6. Corresponde a las comarcas recibir y tramitar la declaración responsable referida a establecimientos extrahoteleros distintos de los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, así como de empresas de restauración.
7. Corresponde al Departamento competente en materia de turismo recibir y tramitar la declaración responsable referida a empresas de intermediación turística, empresas de turismo activo, complejos turísticos, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico.
Artículo 27. Informe de cumplimiento de requisitos mínimos.
1. Las empresas turísticas que proyecten la construcción o modificación de un establecimiento turístico podrán, antes de iniciar cualquier tipo de obra, solicitar de la Administración turística competente un informe relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructuras y servicios y de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los términos previstos en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la materia, así como respecto de la clasificación que, en su caso, pudiera corresponder a dicho establecimiento.
2. Por orden del Consejero competente en materia de turismo, se establecerá el procedimiento de tramitación y los documentos técnicos que deben acompañar a la solicitud de informe.
Artículo 28. Registro de Turismo de Aragón.
1. El Registro de Turismo de Aragón es un registro de naturaleza administrativa y carácter público, gestionado por las diferentes Administraciones con competencia sobre turismo, bajo la coordinación y supervisión del Departamento competente en materia de turismo.
2. En el Registro se inscribirán los empresarios turísticos, las empresas y establecimientos turísticos y las actividades turísticas definidas en esta Ley, en los términos que resulten de la misma o de sus reglamentos de desarrollo.
3. En el Registro, se inscribirán de oficio los siguientes actos:
a) Las declaraciones responsables formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 26.
b) Cualquier modificación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.
c) Los cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
d) La transmisión de la titularidad del establecimiento.
e) El cese de la actividad.
4. La organización y el funcionamiento del Registro, así como su puesta a disposición a través de la ventanilla única conforme a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de esta Ley, se determinarán reglamentariamente.
Artículo 29. Seguros obligatorios.
1. Los empresarios turísticos suscribirán y mantendrán vigentes los seguros que se establecen en esta Ley.
2. Las coberturas mínimas de los seguros obligatorios, que deberán ser en todo caso suficientes para responder de las obligaciones contractuales o extracontractuales derivadas de la prestación de los servicios frente a turistas y terceros, serán establecidas reglamentariamente para cada modalidad o servicio turístico.
3. Los empresarios turísticos establecidos en otras Comunidades Autónomas o en otros Estados miembros de la Unión Europea que cuenten con seguros de coberturas inferiores a las exigidas de acuerdo con lo previsto en este artículo deberán mejorar sus pólizas hasta alcanzar las coberturas mínimas.
Artículo 30. Requisitos de los establecimientos turísticos.
1. Los establecimientos turísticos, en función de su tipo, grupo, modalidad y categoría, están sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad y calidad de los servicios prestados que se determinen reglamentariamente desde el punto de vista turístico, sin perjuicio de las restantes obligaciones que les sean de aplicación.
2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas sobre accesibilidad a los mismos de personas con discapacidad, en los términos previstos en la legislación de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
3. Por orden del Consejero competente en materia de turismo podrán ser objeto de dispensa motivada de alguno de los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos de desarrollo de este texto refundido, previo informe de la Dirección General competente en materia de turismo, aquellos establecimientos turísticos en los que las condiciones exigidas por la normativa no sean técnica o económicamente viables o compatibles con las características del establecimiento o el grado de protección del edificio, y precisen de medidas económica o técnicamente desproporcionadas. La posible incompatibilidad deberá justificarse y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que permitan la mayor adecuación posible a la normativa, de forma que las condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad cumplan con el mayor grado de adecuación efectiva global a la normativa de aplicación.
4. El órgano competente para la recepción de la declaración responsable podrá requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora de las instalaciones y del equipamiento, en su caso, que resulten necesarias para el mantenimiento del nivel de calidad que motivó la clasificación del establecimiento en la categoría originaria.
5. Por orden del Consejero competente en materia de turismo, se establecerá el procedimiento de tramitación y los documentos técnicos que deben acompañar a la solicitud de dispensa.
Artículo 31. Acceso a los establecimientos.
1. Los establecimientos turísticos tendrán la consideración de públicos, siendo libre el acceso y permanencia en los mismos, sin otras restricciones que el sometimiento a las prescripciones específicas que regulan la actividad y, en su caso, al reglamento de régimen interior del establecimiento, siempre que este se anuncie de forma visible en los lugares de entrada al establecimiento.
2. El acceso no podrá ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, si bien se podrá negar la admisión o expulsar del establecimiento a las personas que incumplan las normas de una ordenada convivencia social o a las que pretendan usar las instalaciones para una finalidad diferente a las propias de la actividad de que se trate, recabando, si fuera necesario, el auxilio de los agentes de la autoridad competente.
3. Las personas con discapacidad visual que vayan auxiliadas por perros guía tendrán derecho de libre acceso, deambulación y permanencia en los establecimientos turísticos en compañía del perro guía, siempre que éste cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias reglamentarias, sin que, en ningún caso, dicho derecho pueda ser desconocido o menoscabado.
Artículo 32. Precios y reservas.
1. Los precios de los servicios turísticos serán libres, y deberán ser expresados en sus cuantías máximas y con inclusión de toda carga, tributo o gravamen, así como de los descuentos aplicables en su caso y de los eventuales suplementos o incrementos.
2. Los precios de los servicios turísticos deberán ser comunicados o exhibidos al público en lugar visible y de modo legible en el propio establecimiento y en su publicidad o, en su caso, en la del servicio turístico ofertado.
3. Se establecerá reglamentariamente el régimen de reservas de plazas en los alojamientos turísticos.
Artículo 33. Clases de empresas turísticas.
Las empresas turísticas pueden ser:
a) Empresas de alojamiento turístico.
b) Empresas de intermediación.
c) Complejos turísticos.
d) Empresas de restauración.
e) Empresas de turismo activo.
f) Cualesquiera otras que presten servicios turísticos y que se clasifiquen reglamentariamente como tales.
CAPÍTULO II
Empresas de alojamiento turístico
Artículo 34. Concepto.
1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, de manera profesional y habitual, a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas que lo demanden, con o sin prestación de otros servicios complementarios.
2. Se presumirá la habitualidad cuando se haga publicidad por cualquier medio o cuando se facilite alojamiento en dos o más ocasiones dentro del mismo año, por tiempo que en su conjunto exceda de un mes.
3. Las empresas de alojamiento turístico, en caso de prestar servicio de comedor, salvo desayunos, a personas no alojadas en las mismas deberán ajustar sus instalaciones a la categoría que les corresponda de acuerdo con la reglamentación aplicable a las empresas de restauración.
Artículo 35. Modalidades.
1. La actividad de alojamiento turístico se ofrecerá dentro de la modalidad hotelera o extrahotelera.
2. Son establecimientos hoteleros los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones.
3. Son establecimientos extrahoteleros los apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, alojamientos turísticos al aire libre, albergues turísticos, casas rurales y cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
Sección 1.ª Establecimientos hoteleros
Artículo 36. Concepto y grupos.
1. Son establecimientos hoteleros aquellos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan clasificarse en alguno de los grupos que se establecen en el apartado siguiente.
2. La modalidad hotelera de alojamiento se clasifica en tres grupos. El grupo primero comprende los hoteles y los hoteles-apartamento; el grupo segundo está integrado por los hostales, y el grupo tercero, por las pensiones.
3. Los hoteles son establecimientos que, ofreciendo alojamiento, con o sin servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o edificios o una parte independiente de los mismos, constituyendo sus dependencias una explotación homogénea con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo, y reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamentariamente.
4. Los hoteles-apartamento son establecimientos en los que concurren los servicios comunes propios de los hoteles con las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento, y cumplen con las exigencias requeridas reglamentariamente.
5. Los hostales son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios y otras características, no pueden ser clasificados en el grupo primero, y cumplen las exigencias requeridas reglamentariamente.
6. Las pensiones son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios u otras características, no pueden ser clasificados ni en el grupo primero ni en el segundo, y cumplen las exigencias requeridas reglamentariamente.
Artículo 37. Categorías.
1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero se clasificarán en categorías identificadas por estrellas, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente, que contemplarán, entre otros criterios, los servicios ofertados, el confort, la capacidad de alojamiento, el equipamiento de las habitaciones, las condiciones de las instalaciones comunes, los servicios complementarios y el personal de servicio.
2. El Departamento competente en materia de turismo impulsará la aplicación de sistemas de clasificación cualitativa de hoteles para su promoción.
3. Los establecimientos del grupo primero podrán coexistir en un mismo inmueble, en distintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 38. Especialización.
1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero podrán solicitar y obtener del Departamento competente en materia de turismo el reconocimiento de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
2. La especialización se otorgará en función de las características e instalaciones complementarias y de los servicios ofertados, así como de la tipología dominante en el entorno en el que se hallen ubicados.
3. La lista de especialidades como hotel u hotel-apartamento de montaña, hotel familiar, deportivo, motel o cualquier otra identificación y los requisitos exigibles serán determinados reglamentariamente. Los hoteles rurales se considerarán, además, alojamientos de turismo rural, en los términos del artículo 44 de esta Ley.
Sección 2.ª Apartamentos, viviendas de uso turístico, alojamientos al aire libre y albergues turísticos
Artículo 39. Apartamentos turísticos.
1. Se incluyen en esta modalidad de alojamiento turístico los bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o similares que ofrezcan, mediante precio, alojamiento turístico, cuando se ceda el uso y disfrute de los inmuebles referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamentariamente.
2. El uso y disfrute de los inmuebles comprenderá, en su caso, el de los servicios e instalaciones comprendidos en el bloque o conjunto en que se encuentren.
3. Se entiende por bloque el edificio o edificios integrados por apartamentos ofertados en su totalidad; y por conjunto, el agregado de pisos, casas, villas, chalés o similares, ofertados como alojamientos turísticos. La gestión de estos alojamientos podrá basarse tanto en la propiedad del bloque o los inmuebles integrantes del conjunto como en cesión irrevocable del inmueble por cualquier título para su explotación turística. Solo se admitirá la revocación de la cesión, mediando acuerdo entre las partes, cuando el planeamiento urbanístico no establezca la calificación del suelo para alojamientos turísticos o uso análogo.
4. Los apartamentos se clasificarán en categorías identificadas por llaves, de acuerdo con las condiciones determinadas reglamentariamente.
5. Los apartamentos podrán coexistir en un mismo inmueble con los establecimientos hoteleros, en distintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 40. Viviendas de uso turístico.
1. Tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellas que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa, de acuerdo con los límites y las características que se determinen reglamentariamente.
2. Las viviendas de uso turístico deberán ser cedidas al completo y no se permitirá la cesión por estancias.
3. El cumplimiento por parte de las viviendas de uso turístico de la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas será el correspondiente a los edificios de uso privado.
Artículo 41. Alojamientos turísticos al aire libre.
1. Se entiende por alojamiento turístico al aire libre o camping el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y servicios precisos, ofrecido al público de forma habitual y profesional, mediante precio, para su ocupación temporal con tiendas de campaña, caravanas u otros elementos desmontables.
2. Dentro de la superficie reservada para acampada, podrán autorizarse instalaciones tales como bungalows, mobile-homes, albergues y habitaciones asociadas o similares, adecuados al entorno paisajístico, ambiental y territorial, siempre que se encuentren dentro del límite de la superficie fijada reglamentariamente para este fin, y no den lugar a la constitución de un núcleo de población.
3. Dentro del recinto de los alojamientos turísticos al aire libre, podrán autorizarse otros establecimientos de alojamiento turístico en las condiciones determinadas reglamentariamente.
4. Se prohíbe en los alojamientos turísticos al aire libre la venta de parcelas o su cesión al mismo turista por tiempo superior a una temporada.
5. Los alojamientos turísticos al aire libre se clasificarán en categorías identificadas por estrellas grafiadas con la silueta de una tienda de campaña, con los requisitos y en la forma que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a sus instalaciones y servicios.
6. Los titulares de alojamientos al aire libre suscribirán y mantendrán vigente un seguro obligatorio de responsabilidad civil en la cuantía suficiente para responder de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios.
7. Se establecerá reglamentariamente el régimen de los alojamientos turísticos al aire libre y de las acampadas en casas rurales aisladas, así como las prohibiciones y limitaciones para la ubicación de estos establecimientos.
Artículo 42. Albergues turísticos.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente, ofrecen al público en general, de modo habitual y profesional y mediante precio, el servicio de alojamiento por plazas en habitaciones de capacidad múltiple, pudiendo prestarse alguna actividad complementaria deportiva, cultural o relacionada con la naturaleza.
2. Los albergues turísticos, en atención a sus servicios o al entorno en que se hallen ubicados, podrán ser objeto de especialización en los términos que se establezcan reglamentariamente. Entre estas especialidades se regulará el refugio de montaña.
Sección 3.ª Alojamientos de turismo rural
Artículo 43. Clases.
1. Los alojamientos de turismo rural deberán ocupar edificaciones de especiales características de construcción, entorno y tipicidad, ubicadas necesariamente en asentamientos tradicionales con un número de habitantes de derecho inferior a los límites establecidos reglamentariamente, según se trate de casas rurales o de hoteles rurales.
2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deberán reunir y los criterios de clasificación atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación y características, así como, en su caso, a la oferta de servicios complementarios.
3. Los alojamientos de turismo rural podrán adoptar las modalidades de hotel rural o casa rural.
Artículo 44. Hoteles rurales.
1. Los hoteles rurales son aquellos establecimientos hoteleros que, reuniendo los requisitos que se establezcan reglamentariamente, están ubicados en inmuebles de singular valor arquitectónico o que responden a la arquitectura tradicional de la zona.
2. Los hoteles rurales tendrán un número máximo de plazas de alojamiento, que se determinará reglamentariamente.
Artículo 45. Casas rurales.
1. Son casas rurales las casas independientes, cuyas características sean las propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se proporcione, mediante precio, el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros servicios complementarios.
2. La prestación de alojamiento turístico en casas rurales se ajustará a alguna de las siguientes modalidades:
a) Contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar.
b) Contratación de un conjunto independiente de habitaciones.
c) Contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del turista, en condiciones, equipo, instalaciones y servicios que permitan su inmediata utilización.
3. En los casos en que el empresario turístico no gestione directamente el establecimiento, deberá designar un encargado que habrá de facilitar el alojamiento y resolver cuantas incidencias surjan.
4. Las casas rurales se clasificarán en categorías identificadas por signos distintivos, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Los establecimientos comprendidos en la máxima categoría podrán solicitar y obtener del Departamento competente en materia de turismo el reconocimiento de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
CAPÍTULO III
Empresas de intermediación
Artículo 46. Concepto.
Se consideran empresas de intermediación turística aquellas que, reuniendo los requisitos que se determinen reglamentariamente, se dedican, profesional y habitualmente, a desarrollar actividades de mediación y organización de servicios turísticos.
Artículo 47. Modalidades.
La intermediación turística podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: agencias de viaje, centrales de reserva y cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente.
Artículo 48. Agencias de viaje.
1. Se consideran agencias de viaje las empresas que se dedican a la intermediación en la prestación de servicios turísticos o a la organización de éstos, teniendo reservadas en exclusiva la organización y contratación de viajes combinados, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
2. Las agencias de viaje pueden ser de tres clases:
a) mayoristas u organizadores: son las agencias que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios individualizados y viajes combinados para las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al turista.
b) Minoristas o detallistas: son las agencias que comercializan el producto de las agencias mayoristas con la venta directa a los turistas o que proyectan, elaboran, organizan y venden todas las clases de servicios individualizados o viajes combinados directamente al turista, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.
c) mayoristas-minoristas u organizadores-detallistas: son las agencias que pueden simultanear las actividades de los dos grupos anteriores.
3. Las agencias de viaje que presten sus servicios total o parcialmente por vía electrónica deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre prestación de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y con lo dispuesto en la normativa turística que les resulte aplicable.
4. Las agencias de viaje deberán constituir y mantener una garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma para responder con carácter general del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los mismos. La exigencia de esta garantía se sujetará a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, o norma que la sustituya.
5. Las agencias de viaje legalmente establecidas en cualquier Comunidad Autónoma podrán establecer sucursales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de su actividad, sin necesidad de presentar la declaración responsable a la que se refiere el artículo 26.
6. Las agencias de viaje legalmente establecidas en Estados miembros de la Unión Europea podrán establecer sucursales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de su actividad sin necesidad de presentar la declaración responsable a la que se refiere el artículo 26, salvo que, no teniendo sucursales en otra parte del territorio nacional, abran la primera sucursal en Aragón. En este caso, deberán formular declaración responsable de tener constituida una garantía en el Estado de establecimiento, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de los viajes combinados, que se considerará equivalente en cuanto a su finalidad, si bien se podrá requerir a la agencia interesada que amplíe la garantía por el importe de la diferencia entre la cuantía exigida en su Estado de establecimiento y la exigida en la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. El Departamento competente en materia de turismo podrá comprobar a través de mecanismos de cooperación administrativa que las agencias de viaje establecidas en otras Comunidades Autónomas o Estados miembros de la Unión Europea se encuentran cubiertas por la garantía exigida por el respectivo Estado o por la Comunidad Autónoma de origen.
Artículo 49. Centrales de reserva.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por centrales de reserva las empresas turísticas que se dedican exclusivamente a reservar servicios turísticos.
2. Se establecerán reglamentariamente las condiciones y requisitos exigibles para esta modalidad de intermediación.
CAPÍTULO IV
Complejos turísticos
Artículo 50. Ciudades de vacaciones.
1. Se entiende por ciudad de vacaciones el complejo turístico que, además de prestar el servicio de alojamiento en una o varias de sus modalidades, responde a un proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial y se ubica en áreas geográficas homogéneas, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente.
2. En atención a determinados servicios e instalaciones complementarias o a su singular ubicación, este tipo de complejos turísticos podrá solicitar y obtener del Departamento competente en materia de turismo el reconocimiento de algún tipo de especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 51. Pueblos recuperados.
1. Se entiende por pueblo recuperado con fines turísticos el núcleo deshabitado que se rehabilita y acondiciona para prestar una oferta turística de alojamiento en una o varias de sus modalidades, y que responde a un proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente.
2. En los pueblos recuperados se respetarán especialmente los valores de la arquitectura tradicional de la zona.
Artículo 52. Balnearios.
1. Son balnearios los complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan estos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares.
2. Los empresarios podrán establecer el régimen de preferencia entre los clientes de los alojamientos y los usuarios de las instalaciones de tratamiento.
3. Los balnearios que utilicen aguas minero-medicinales o termales con fines terapéuticos tendrán la consideración de centros sanitarios añadida a la de complejos turísticos, debiéndose ajustar en los aspectos médicos y en las prestaciones hidrológicas y balneoterápicas a lo prescrito por las disposiciones aplicables en materia sanitaria.
Artículo 53. Centros de esquí y montaña.
1. Son centros de esquí y de montaña los complejos turísticos dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña que formen un conjunto coordinado de infraestructuras, pistas y, en su caso, instalaciones complementarias de uso público.
2. Los centros de esquí y de montaña deberán cumplir los requisitos determinados reglamentariamente, así como los que se establezcan en esta Ley.
3. Las empresas titulares de los centros de esquí y de montaña suscribirán y mantendrán vigente un seguro de responsabilidad civil y garantizarán la asistencia sanitaria en caso de accidente en los términos que se determinen reglamentariamente.
4. Los centros de esquí y de montaña tendrán el carácter de planes o proyectos de interés general de Aragón, podrán ser de iniciativa y gestión pública o privada y se regirán por la normativa urbanística, previa declaración de interés general de conformidad con la normativa de ordenación del territorio. La declaración de interés general requerirá, además de las exigencias previstas en la normativa sobre ordenación del territorio, que el plan o proyecto incorpore las siguientes determinaciones:
a) Justificación de la máxima adaptación de las instalaciones propuestas a la morfología de las montañas, minimizando las actuaciones que pongan en riesgo la preservación de los suelos y las afecciones sobre las laderas.
b) Justificación de la rentabilidad económica y social del proyecto presentado para los municipios afectados y para la sociedad en general, realizando un análisis comparado con diferentes alternativas de desarrollo, conforme se establece en el apartado 5 de este artículo.
c) Estudio sobre los distintos escenarios del cambio climático, en relación con el área ocupada por el proyecto, y sus posibles efectos.
d) Estudio y garantía de reversibilidad de las diversas instalaciones contempladas en cualquier nueva actuación en zonas de alta montaña.
e) Establecimiento de medidas que favorezcan la compatibilidad de la intervención con los usos agroganaderos.
f) Plan de transporte y movilidad para el entorno del centro de esquí y montaña y su área de influencia, evitando los aparcamientos en altura.
g) Medidas de fomento del desarrollo endógeno y mejora de las condiciones de vida en las poblaciones del entorno, favoreciendo, en la medida de lo posible, la creación y el mantenimiento de iniciativas empresariales locales.
h) Medidas singulares que favorezcan el asentamiento de población, la creación de empleo, la fijación de servicios básicos y la mejora de la accesibilidad a la vivienda, tanto de quienes únicamente desarrollen su actividad profesional o laboral en territorios de montaña como de quienes deseen fijar en ellos su residencia habitual y permanente.
i) Medidas que garanticen la reinversión de los beneficios derivados de la ejecución en mejoras del proyecto y de la zona, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre ordenación del territorio. Asimismo, se formularán propuestas de intervención en otros territorios a través de proyectos de interés general que fomenten la cohesión territorial.
j) Consideración de la compatibilidad del proyecto con las medidas previstas en los planes de gestión y en los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas. Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 47 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o norma que la sustituya.
5. Los planes o proyectos de centros de esquí y montaña, de pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas estarán sometidos, en todo caso, a evaluación ambiental o evaluación de impacto ambiental, según proceda, con las siguientes particularidades:
a) La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la justificación de la elección de la solución adoptada deberá acompañarse de un estudio de la rentabilidad económica y social de las alternativas estudiadas y de la opción elegida.
b) Se garantizará la difusión del seguimiento y control de las indicaciones y las medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental o en la memoria ambiental definitiva.
6. En los planes o proyectos de centros de esquí y de montaña, así como en la modificación de los existentes, se primará la calidad en la gestión, el diseño y la promoción del modelo de esquí.
7. El planeamiento territorial, los planes o proyectos de interés general y el planeamiento urbanístico general, cuando en su ámbito se incluyan total o parcialmente centros de esquí y montaña o su área de influencia, deberán incorporar, además de los exigibles con carácter general, las determinaciones y los documentos establecidos específicamente para este tipo de complejos turísticos en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 54. Parques temáticos.
1. Los parques temáticos son complejos turísticos caracterizados por áreas de gran extensión en las que se ubican de forma integrada actividades y atracciones de carácter recreativo o cultural y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros o residenciales, con sus servicios correspondientes.
2. Para garantizar la viabilidad e implantación del proyecto, así como su compatibilidad con el entorno socioeconómico, urbanístico y ambiental, se establecerán reglamentariamente, al menos, los requisitos correspondientes a los siguientes aspectos:
a) Superficie mínima del parque temático de atracciones.
b) Número mínimo de atracciones.
c) Superficie mínima del área deportiva y de espacios libres.
d) Superficie mínima de la zona destinada a usos hoteleros, residenciales y sus servicios.
e) Edificabilidad máxima para usos residenciales.
3. Las empresas titulares de los parques temáticos suscribirán y mantendrán vigentes los seguros de responsabilidad civil y de asistencia o accidentes.
4. Los proyectos de parques temáticos estarán sometidos a evaluación de impacto ambiental en todo caso.
CAPÍTULO V
Empresas de restauración
Artículo 55. Concepto.
1. Son empresas turísticas de restauración los establecimientos que, reuniendo los requisitos que se determinen reglamentariamente, se dedican de forma habitual y profesional, mediante precio, a servir al público comidas y bebidas relacionadas en sus cartas para ser consumidas en los mismos.
2. No tendrán la consideración de establecimientos de restauración turística los comedores universitarios, escolares, de empresa y cualesquiera otros en los que se sirva comida a colectivos particulares excluyendo al público en general, o los comedores de los establecimientos turísticos de alojamiento en los que se sirva comida exclusivamente a sus huéspedes.
Artículo 56. Categorías.
1. Los restaurantes se clasificarán en categorías identificadas con tenedores, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente.
2. Las cafeterías se clasificarán en categorías identificadas con tazas, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente.
3. Los bares no serán objeto de clasificación en categoría alguna, y solo se deberá comunicar su apertura al órgano competente a efectos censales, sin que proceda su inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
4. Los establecimientos que además de ofrecer servicio de restauración presten servicios complementarios de ocio deberán precisar dicha circunstancia en el momento de formalizar la declaración responsable.
CAPÍTULO VI
Empresas de turismo activo
Artículo 57. Concepto.
1. Se consideran empresas de turismo activo aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza o esfuerzo físico para su práctica. Para la práctica de las actividades dispondrán de equipos y material homologado y excepcionalmente se podrán utilizar recursos distintos a los que ofrece la naturaleza.
2. No tendrán la consideración de empresas de turismo activo los clubes y federaciones deportivas cuando organicen la realización de actividades en el medio natural, dirigidas única y exclusivamente a sus asociados o federados y no al público en general.
Artículo 58. Requisitos.
1. Las empresas de turismo activo deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente en cuanto a seguridad, información, prevención, instructores, monitores o guías acompañantes.
2. Las empresas de turismo activo no podrán realizar sus actividades sin los preceptivos informes o autorizaciones favorables de las Administraciones públicas implicadas en función de la naturaleza de la actividad de que se trate o del medio en que se desarrolle.
3. Las empresas de turismo activo deberán suscribir los seguros de responsabilidad civil que cubran los posibles riesgos imputables a la empresa por la oferta y práctica de las actividades de turismo activo. La cuantía de dicho seguro deberá ser adecuada y suficiente para la actividad desarrollada y se determinará reglamentariamente. No se exigirán seguros de responsabilidad civil adicionales a las empresas de turismo activo establecidas en otra Comunidad Autónoma o en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que dichos seguros sean comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezcan en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía.
4. Asimismo, las empresas deberán contar con un seguro de asistencia o accidente que cubra el rescate, traslado y asistencia, derivados de accidente en la prestación de servicios de turismo activo.
CAPÍTULO VII
Profesiones turísticas
Artículo 59. Concepto.
Se consideran profesiones turísticas las relativas a la prestación, de forma habitual y retribuida, de servicios específicos de la actividad turística de las empresas de esta naturaleza, así como las actividades turístico-informativas.
Artículo 60. Guías de turismo.
Todos los aspectos relativos a las modalidades, derechos y deberes de los guías de turismo, así como a los procedimientos de acreditación de las cualificaciones exigibles para el ejercicio de la profesión, serán objeto de regulación reglamentaria conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la normativa relativa al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios y de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Artículo 61. Guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas.
Los guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar libremente su actividad en Aragón sin necesidad de presentar documentación alguna ni someterse al cumplimiento de requisitos adicionales.
Artículo 62. Guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. Los guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea podrán a su vez establecerse en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
2. Los guías de turismo que se encuentren legalmente establecidos en otro Estado miembro, y se desplacen de manera ocasional o temporal, podrán prestar libremente sus servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente y siempre que cumplan con la obligación de presentar una declaración con carácter previo al desplazamiento al órgano competente, si ésta no se hubiese presentado en otra Comunidad.
TÍTULO QUINTO
Promoción y fomento del turismo
CAPÍTULO I
Promoción del turismo
Artículo 63. Concepto.
Se entiende por promoción la actuación de las Administraciones públicas, de carácter eminentemente material, encaminada a favorecer la demanda de servicios turísticos y apoyar la comercialización de los recursos y productos turísticos propios dentro o fuera de la Comunidad Autónoma.
Artículo 64. Aragón, destino turístico integral.
Aragón en su conjunto se considera, a los efectos de esta Ley, destino turístico integral, cuyos recursos y servicios requieren un tratamiento unitario en su promoción fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. La promoción de esta imagen deberá integrar la diversidad de los destinos turísticos de Aragón.
Artículo 65. Administraciones y agentes implicados.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la promoción del turismo de Aragón, sin perjuicio de la participación de las entidades locales.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, así como las empresas turísticas cuando utilicen medios o fondos públicos, realizarán sus actividades de promoción incorporando la imagen de Aragón como destino turístico integral.
3. El Departamento competente en materia de turismo facilitará la participación e integración de los agentes y asociaciones empresariales del sector turístico en las actividades de promoción, de acuerdo con su ámbito territorial y representatividad.
Artículo 66. Medidas de promoción.
El Departamento competente en materia de turismo, para potenciar y promover la imagen de la Comunidad Autónoma, podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) La elaboración y desarrollo de planes y programas especiales de promoción orientados a sectores y destinos determinados.
b) El diseño y ejecución de campañas de promoción de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma.
c) La coordinación y gestión de la información turística institucional.
d) La participación en ferias y certámenes, tanto en el ámbito nacional como internacional.
e) La edición de publicaciones orientadas a la difusión y comercialización del turismo de Aragón.
f) El patrocinio a las iniciativas de promoción y comercialización de interés general para el sector turístico aragonés.
g) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción turística de Aragón que se considere de interés.
Artículo 67. Declaración de actividades de interés turístico.
1. El Departamento competente en materia de turismo podrá declarar de interés turístico las fiestas, acontecimientos, actividades, espacios, servicios y bienes que supongan la manifestación de valores propios y de la tradición popular aragonesa, cuando revistan una especial importancia como recurso turístico.
2. La declaración se realizará por orden del Consejero competente en materia de turismo, a solicitud de las entidades locales y, en todo caso, previo informe de la comarca interesada.
Artículo 68. Información turística.
1. El Departamento competente en materia de turismo se dotará de medios y sistemas de información orientados a proporcionar el conocimiento de la oferta y la demanda turísticas y a garantizar la atención de peticiones de información.
2. Especialmente, se potenciará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la difusión interior y exterior de los recursos turísticos como en las relaciones entre la Administración, los empresarios turísticos y los turistas.
3. Las oficinas de turismo son dependencias abiertas al público que, con carácter habitual, prestan un servicio de interés público consistente en facilitar a los turistas orientación, asistencia e información turística.
4. Las oficinas de turismo podrán ser de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las entidades locales y de otras personas públicas o privadas.
5. La Red de Oficinas de Turismo de Aragón, instrumento de coordinación y promoción de la calidad de la información turística general en Aragón, estará integrada por las oficinas de titularidad pública y por aquellas de titularidad privada que se incorporen a la misma.
6. Las oficinas de turismo integradas en la Red deberán cumplir los requisitos que, en relación con la realización de actividades, prestación de servicios e identidad de imagen, se determinen reglamentariamente.
7. De las oficinas de titularidad privada, sólo las integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Aragón podrán recibir subvenciones, ayudas o asistencia técnica.
CAPÍTULO II
Fomento del turismo
Artículo 69. Concepto.
Se entiende por fomento del turismo la actividad encaminada a la potenciación de la oferta turística de la Comunidad Autónoma de Aragón a través de medidas concretas tendentes a la mejora de la competitividad, el empleo y la internacionalización de las empresas y sus profesionales.
Artículo 70. Objetivos.
La acción de fomento en relación con el turismo perseguirá los siguientes objetivos:
a) La diversificación, segmentación y desestacionalización de la oferta turística a través de la incentivación de productos propios del turismo de interior.
b) La puesta en valor y conservación de los recursos turísticos vinculados esencialmente al patrimonio cultural y natural aragonés, en coordinación con el resto de Departamentos con competencias relacionadas.
c) La modernización de la oferta turística mediante la actualización de instalaciones, infraestructuras y servicios y la mejora de la productividad y competitividad.
d) La potenciación de las enseñanzas turísticas y de la cualificación de los profesionales del sector mediante su reciclaje profesional y especialización.
Artículo 71. Ayudas y subvenciones.
1. Las comarcas podrán otorgar ayudas y subvenciones a empresas, entidades y asociaciones turísticas, así como a otras entidades locales, para estimular la realización de las acciones establecidas en los planes y programas de fomento y promoción turística, aprobados en desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial de los recursos turísticos.
2. El Departamento competente en materia de turismo podrá otorgar ayudas y subvenciones, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión, en los supuestos en que, por el carácter de la actividad subvencionable, en relación con los intereses generales de la Comunidad Autónoma o por la necesidad de gestión centralizada o derivada de la normativa comunitaria europea, no sea suficiente con la actividad que libremente puedan llevar a cabo las comarcas, sin perjuicio de la colaboración, mediante convenio, con estas entidades locales.
3. El otorgamiento de las mencionadas ayudas y subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia, igualdad, respeto de las reglas de la libre competencia y adecuación a la legalidad presupuestaria.
Artículo 72. Medidas honoríficas.
El Departamento competente en materia de turismo podrá crear incentivos y premios en reconocimiento de aquellas actuaciones privadas o realizadas por entidades locales tendentes a la consecución de un turismo de calidad.
Artículo 73. Fomento de la calidad.
Además de las medidas de fomento generales y específicas recogidas en esta Ley, el Departamento competente en materia de turismo podrá fomentar la elevación del nivel de calidad de los establecimientos, empresas y actividades turísticas a través de los siguientes instrumentos:
a) La creación de marcas o distintivos de calidad turística.
b) La promoción de las actividades de evaluación o certificación de la calidad, realizadas por parte de entidades especializadas.
c) El impulso a la elaboración de cartas de calidad o a la participación en cartas de calidad elaboradas por entidades especializadas.
Artículo 74. Estudios turísticos.
La Administración de la Comunidad Autónoma propiciará la unificación de criterios en los programas de estudios de la formación reglada y ocupacional no universitaria y promoverá el acceso a la formación continua de los trabajadores del sector turístico. Asimismo, promoverá la realización de convenios con las universidades para el impulso de los estudios turísticos.
TÍTULO SEXTO
Disciplina turística
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 75. Objeto de la disciplina turística.
La disciplina turística tiene por objeto la regulación de la actuación inspectora, la tipificación de las infracciones, la determinación de las sanciones administrativas y el procedimiento sancionador en relación con el turismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 76. Sujetos de la disciplina turística.
Están sujetos a la disciplina turística regulada en esta Ley las personas físicas o jurídicas, u otras entidades que carezcan de personalidad jurídica, titulares de empresas, establecimientos turísticos, canales de comercialización o promoción de la oferta turística, así como aquellas que ejerzan una profesión turística o realicen actividades turísticas en Aragón.
Artículo 77. Sujeción a otros regímenes.
Lo dispuesto en este título se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen específico sobre fiscalidad, consumo, prevención de incendios, sanidad e higiene o cualquier otro al que estuvieran sometidas las actividades turísticas.
CAPÍTULO II
Inspección turística
Artículo 78. Inspección de las actividades turísticas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, atendiendo a los principios de cooperación y coordinación interadministrativa, llevarán a cabo funciones de información, asesoramiento y comprobación del cumplimiento de la legislación turística y de la relativa a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
2. Corresponde a las comarcas la inspección general de las empresas de restauración y de los establecimientos extrahoteleros, salvo los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, bajo la coordinación del Departamento competente en materia de turismo.
3. Corresponde al Departamento competente en materia de turismo el ejercicio de las restantes funciones inspectoras en relación con empresas y establecimientos turísticos. El ejercicio de las actuaciones inspectoras se ordenará mediante los correspondientes planes de inspección que se aprueben mediante orden del Consejero competente en materia de turismo.
Artículo 79. Inspectores turísticos.
1. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo tendrán el carácter de autoridad en el ejercicio de su función y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra en su correspondiente ámbito competencial, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales y de los Agentes para la Protección de la Naturaleza.
2. Los inspectores turísticos deberán acreditar en todo caso su condición con la correspondiente credencial. Podrán entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en establecimientos y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de las funciones inspectoras sea precisa la entrada en un domicilio particular, deberán contar con la oportuna autorización judicial, salvo consentimiento del afectado.
3. Los inspectores turísticos tendrán las siguientes funciones:
a) La comprobación y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de turismo, especialmente la persecución de las actividades clandestinas.
b) La emisión de los informes técnicos que solicite la Administración turística competente en cada caso, en particular en relación con la clasificación de establecimientos turísticos, dispensas, funcionamiento de empresas y seguimiento de la ejecución de inversiones subvencionadas.
c) La información y asesoramiento a las personas interesadas, cuando así lo requieran, sobre sus derechos y deberes, así como sobre la aplicación de la normativa turística vigente.
d) Aquellas otras que, en función de su naturaleza, les sean encomendadas por la Administración turística competente.
Artículo 80. Deber de colaboración.
1. Los titulares, representantes legales o encargados de las empresas, establecimientos y actividades turísticas están obligados a facilitar a los inspectores turísticos el examen de las dependencias y el análisis de los documentos relativos a la prestación de los servicios. Igualmente, deberán tener a disposición de los mismos un libro de inspección, debidamente diligenciado, en el que se reflejará el resultado de las inspecciones que se realicen.
2. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo podrán solicitar a organismos oficiales, organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores cuanta información consideren necesaria para un adecuado cumplimiento de las funciones inspectoras.
3. De no poderse aportar en el momento de la inspección los documentos requeridos o necesitar estos de un examen detenido, los inspectores turísticos podrán conceder un plazo para la entrega de aquellos o, en su lugar, citar a los empresarios o responsables de la actividad turística, sus representantes legales o, en su defecto, personas debidamente autorizadas a comparecencia ante la Administración turística competente.
Artículo 81. Actas de inspección.
1. Las actas de inspección se extenderán en modelo oficial y reflejarán los hechos que corresponda comprobar o se estime puedan ser constitutivos de infracción administrativa, la identificación del interesado o del presunto infractor y de los responsables subsidiarios o solidarios si los hubiere, el lugar de comprobación o comisión, las circunstancias atenuantes o agravantes y los preceptos que se consideren infringidos, en su caso.
2. Las actas se extenderán en presencia del titular de la empresa, establecimiento o actividad, de su representante legal o encargado o, en su defecto, de cualquier persona dependiente de aquél, o de los presuntos infractores de las normas turísticas.
3. La persona ante la que se extienda el acta podrá alegar cuanto estime conveniente. La firma del acta no implicará la aceptación de su contenido.
4. Las actas de inspección son documentos públicos y su contenido se presumirá cierto, salvo que se acredite lo contrario.
5. Del acta levantada se entregará copia a la persona ante quien se extienda, haciéndolo constar expresamente en la misma.
6. Las actas de inspección serán remitidas al órgano de la comarca o al Departamento competente en materia de turismo.
CAPÍTULO III
Infracciones
Artículo 82. Concepto.
Constituyen infracciones administrativas en relación con el turismo las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 83. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. La falta de limpieza contrastada o el manifiesto deterioro en las instalaciones, servicios y enseres de los establecimientos turísticos.
2. La falta de exhibición de anuncios o distintivos obligatorios o su exhibición sin respetar las formalidades exigidas por la legislación turística.
3. No hacer constar en la documentación, publicidad y facturación las indicaciones establecidas por la legislación turística.
4. El incumplimiento del requisito de publicidad de cuantos extremos fueren exigibles por la legislación turística.
5. La falta de la documentación debidamente diligenciada de acuerdo con la legislación turística.
6. La falta de personal adecuado para las funciones que exijan cualificación específica en su desempeño.
7. La incorrección manifiesta en el trato al turista.
8. El incumplimiento menor en la prestación de los servicios exigibles.
9. El incumplimiento de las obligaciones de información y respuesta a las reclamaciones de los turistas y, en particular, la falta de hojas de reclamaciones o la negativa a entregarlas al turista.
10. La falta de conservación de la documentación exigible por la Administración durante el tiempo establecido en la legislación turística.
11. La infracción que aunque tipificada como grave, no mereciera tal calificación en razón de su naturaleza, ocasión, circunstancia, categoría o capacidad del establecimiento.
Artículo 84. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. El ejercicio de actividades turísticas sin haber formalizado la declaración responsable regulada en esta Ley o incumpliendo las condiciones que el órgano competente hubiese dispuesto para el ejercicio de la actividad o la apertura y clasificación del establecimiento.
2. La práctica de la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma.
3. La utilización en los establecimientos turísticos de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La información o publicidad que induzca objetivamente a engaño en la prestación de los servicios, incluida aquella que se contenga en los canales de comercialización y promoción de la oferta turística.
5. La formalización de los contratos con los turistas en contra de lo establecido en la legislación.
6. La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en condiciones diferentes o de calidad inferior a las ofrecidas. No constituirá infracción la negativa a continuar prestando servicios cuando el turista se niegue al pago de los ya recibidos, o por razones de fuerza mayor.
7. El incumplimiento contractual respecto del lugar, establecimiento, categoría, tiempo, precio o demás condiciones pactadas.
8. La reserva confirmada de plazas en número superior a las disponibles o el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas.
9. La percepción de precios superiores a los exhibidos.
10. La facturación de conceptos no incluidos en los servicios ofertados o pactados.
11. El incumplimiento de las disposiciones sobre prevención de incendios.
12. La obstrucción a la inspección, la negativa o resistencia a facilitar la información requerida y el suministro de información falsa o inexacta a los inspectores u órganos de la Administración competentes en materia de turismo.
13. La prohibición del libre acceso y permanencia en los establecimientos turísticos, sin perjuicio de las normas sobre derecho de admisión.
14. La inejecución de los requerimientos formulados por la Administración para subsanar deficiencias en los establecimientos o instalaciones.
Artículo 85. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La prestación de servicios con deficiencias, especialmente en relación con incendios y seguridad, cuando entrañen grave riesgo para las personas y el medio ambiente.
2. La alteración o modificación de los requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad o que determinaron la clasificación y categoría de las instalaciones sin cumplir las formalidades exigidas, así como su uso indebido.
3. La negativa u obstrucción a la actuación de los inspectores turísticos que impida totalmente el ejercicio de sus funciones.
Artículo 86. Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas a la normativa turística las siguientes personas físicas o jurídicas:
a) Los titulares de empresas, establecimientos y actividades turísticas, que serán, salvo que se acredite lo contrario, aquéllos a cuyo nombre figure la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
b) Quienes realicen la actividad o mantengan abiertos establecimientos turísticos sin disponer del título que resulte exigible en cada caso.
c) Los canales de comercialización o promoción de la oferta turística que desatiendan los requerimientos efectuados por las Administraciones públicas con competencia en materia de turismo al amparo de lo regulado en esta ley.
d) Quienes sean materialmente responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
2. El empresario turístico deberá garantizar el cumplimiento de la normativa turística por parte del personal a su servicio. Cabrá exigir al titular de la empresa, establecimiento o actividad la responsabilidad solidaria por las infracciones cometidas por el personal a su servicio, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones oportunas contra los sujetos a quienes sean materialmente imputables las infracciones.
Artículo 87. Prescripción.
1. Las infracciones administrativas a que se refiere esta Ley prescribirán, desde el momento de la comisión de las mismas, en los siguientes plazos:
a) Infracciones leves: un año.
b) Infracciones graves: dos años.
c) Infracciones muy graves: tres años.
2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo a efectos de la prescripción será la del cese de la actividad o la del último acto con el que la infracción se hubiere consumado.
CAPÍTULO IV
Sanciones y medidas accesorias
Artículo 88. Sanciones.
1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la imposición, ya sea de modo singular o acumulativo, de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Suspensión del ejercicio de las actividades turísticas o clausura del establecimiento por plazo de hasta un año.
d) Cancelación de la inscripción del empresario, empresa o establecimiento turístico en el Registro de Turismo de Aragón y clausura definitiva del establecimiento.
2. Las siguientes medidas no tendrán la consideración de sanciones y podrán ser adoptadas sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador:
a) La clausura del establecimiento cuya apertura no haya sido declarada al órgano competente.
b) La suspensión del ejercicio de las actividades que, en su caso, pueda decidirse hasta el momento en que se formalice la declaración responsable.
Artículo 89. Medidas accesorias.
El órgano competente podrá adoptar las siguientes medidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren imponerse:
a) Comiso de los productos ilegalmente obtenidos, así como los instrumentos, útiles, maquinaria, vehículos y demás medios empleados en la comisión de los hechos.
b) Inhabilitación para obtener cualquier clase de subvención o ayuda en relación con el turismo concedida por las Administraciones públicas, por un plazo máximo de cinco años.
Artículo 90. Resarcimiento e indemnización.
Sin perjuicio de las sanciones, medidas previstas en el artículo 88.2 o medidas accesorias que se impongan, el responsable estará obligado a restaurar el orden alterado y a reparar los daños y perjuicios causados al patrimonio natural y cultural o a los demás recursos turísticos, a terceros o a la Administración.
Artículo 91. Correspondencia entre infracciones y sanciones.
1. Las sanciones serán las siguientes:
a) Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 60 a 600 euros.
b) Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de 601 a 6.000 euros.
c) Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa de 6.001 a 90.000 euros.
2. Podrá imponerse acumulativamente la sanción de multa y de suspensión del ejercicio de las actividades o clausura del establecimiento o instalación por un período de hasta seis meses, por la comisión de infracciones graves, y por un plazo superior a seis meses, hasta un año, por la comisión de infracciones muy graves.
3. Podrán imponerse acumulativamente las sanciones de multa y cancelación de la inscripción registral por la comisión de infracciones muy graves en las que concurran tres o más circunstancias agravantes.
Artículo 92. Circunstancias atenuantes y agravantes.
Dentro de cada categoría de infracciones, para graduar la cuantía y modalidad de las sanciones aplicables a las mismas, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias como atenuantes o agravantes en cada caso:
a) Los perjuicios económicos o personales causados a turistas o a terceros.
b) El número de personas afectadas.
c) La cuantía del beneficio ilícito obtenido.
d) La capacidad económica y volumen de facturación del establecimiento, así como el número de plazas de que disponga.
e) Las repercusiones negativas para el resto del sector turístico.
f) El daño causado al patrimonio natural y cultural, a los demás recursos turísticos y a la imagen turística de Aragón.
g) La notoria negligencia, la intencionalidad y la reiteración en la comisión de infracciones.
h) La reincidencia, que se apreciará cuando los responsables de las infracciones hayan sido sancionados por la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año contado a partir de la firmeza de la primera sanción.
i) La subsanación, durante la tramitación del expediente, de las anomalías que dieron origen a la incoación del procedimiento.
j) La trascendencia de los hechos respecto de la seguridad de las personas y bienes.
Artículo 93. Competencia.
Son órganos competentes para la imposición de las sanciones y medidas accesorias establecidas en esta Ley:
a) Los órganos competentes de las comarcas, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves sobre empresas de restauración y establecimientos extrahoteleros, salvo apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, así como sobre acampada libre.
b) Los directores de los servicios provinciales competentes en materia de turismo, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves en los supuestos no comprendidos en la letra anterior.
c) El Director General competente en materia de turismo, para las sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones muy graves.
Artículo 94. Prescripción de sanciones y medidas accesorias.
Las sanciones y medidas accesorias a que se refiere esta Ley que sean impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año, comenzando el cómputo de estos plazos el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o las medidas accesorias.
Artículo 95. Registro de sanciones.
En el Departamento competente en materia de turismo existirá un registro de sanciones, en el que se anotarán las sanciones firmes impuestas por infracciones sobre turismo. Dichas anotaciones serán canceladas a los dos años de haber sido cumplidas las sanciones.
CAPÍTULO V
Procedimiento sancionador
Artículo 96. Tramitación.
1. La tramitación de los procedimientos sancionadores se realizará conforme a lo establecido en el Decreto 28/2001, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o normas que los sustituyan.
2. Cuando una infracción de las previstas en esta Ley pudiere ser constitutiva de delito o falta, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
3. Transcurridos tres meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir. El procedimiento sancionador deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses.
Artículo 97. Incoación.
1. Los procedimientos sancionadores se incoarán por acuerdo del órgano correspondiente de la comarca o del director del servicio provincial competente en materia de turismo, según corresponda, en virtud de cualquiera de los siguientes actos:
a) La denuncia de particular, incluida la realizada en hojas de reclamaciones.
b) El acta suscrita por los inspectores turísticos.
c) La comunicación de la presunta infracción formulada por la autoridad colaboradora u órgano administrativo que tenga conocimiento de la misma.
d) La iniciativa de los órganos competentes en materia de turismo.
2. Los procedimientos sancionadores dimanantes de la posible comisión de una infracción muy grave serán incoados en todo caso por el director del servicio provincial competente en materia de turismo, con independencia de la atribución competencial sobre el establecimiento o actividad turística de que se trate, y serán comunicados al municipio y la comarca donde esté ubicado el establecimiento responsable de la posible infracción muy grave.
Artículo 98. Medidas de carácter provisional.
En el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador se podrán adoptar motivadamente las medidas de carácter provisional, incluida la clausura temporal de los establecimientos o la suspensión de actividades, que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiere recaer o impidan la continuidad de la infracción.
Artículo 99. Conciliación y subsanación.
1. Con carácter previo o simultáneo a la incoación del procedimiento sancionador, se ofrecerá al presunto infractor la posibilidad de normalizar las irregularidades administrativas en las que hubiere incurrido y reparar los perjuicios causados a los turistas.
2. La conciliación voluntaria para la reparación de los perjuicios causados a los turistas solo podrá tener lugar en aquellas reclamaciones en las que prime un interés particular y este sea cuantificable económicamente.
3. La subsanación de las irregularidades administrativas podrá formularse atendiendo a la entidad de la infracción y al perjuicio que conlleve.
4. La conciliación y la subsanación plena comportarán el archivo de las actuaciones o la atenuación de las infracciones y sanciones, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los perjuicios causados, en tanto que la subsanación parcial únicamente podrá dar lugar a la atenuación de las infracciones y sanciones. No procederá el archivo de las actuaciones en los casos de subsanación plena de infracciones muy graves.
5. La incoación de los procedimientos regulados en este artículo interrumpirán los plazos de prescripción establecidos en esta Ley.
Disposición adicional primera. Sistema Arbitral de Consumo.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 99 de esta Ley, las Administraciones públicas con competencias en turismo promoverán la adhesión de las empresas y establecimientos al Sistema Arbitral de Consumo.
Disposición adicional segunda. Asociacionismo empresarial.
La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará y apoyará el asociacionismo empresarial en el sector turístico, así como la cooperación con los agentes sociales de este sector.
Disposición adicional tercera. Red de Hospederías de Aragón.
1. Las hospederías de Aragón serán gestionadas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma o, indirectamente, a través de organismo público, sociedad mercantil o arrendatario.
2. Previo convenio suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma, a través del Departamento competente en materia de turismo, podrán integrarse en la Red de Hospederías de Aragón aquellos establecimientos hoteleros gestionados por entidades locales o empresas privadas.
3. Los nuevos establecimientos que se integren en la Red de Hospederías de Aragón deberán pertenecer a alguna de las categorías establecidas reglamentariamente.
4. El término «Hospedería de Aragón» queda reservado a aquellos establecimientos hoteleros caracterizados por su singularidad y elevado nivel de calidad, asentados en un edificio de interés patrimonial o en un entorno paisajístico, monumental o natural privilegiado, que contribuyen a la dinamización económica y social de la zona en la que se ubican y que se hallan integrados en la Red de Hospederías de Aragón.
5. La Red de Hospederías de Aragón es el conjunto de hospederías de Aragón que comparten identidad visual, objetivos de calidad y unos parámetros básicos en materia de estrategia comercial, entendiéndose por Gestor de la Red el órgano administrativo, organismo público o empresa de la Administración de la Comunidad Autónoma encargado de la dirección y coordinación de los elementos comunes a todas las hospederías de Aragón.
Disposición adicional cuarta. Paradores de turismo.
1. El Gobierno de Aragón negociará con la Administración del Estado el traspaso de los medios materiales y personales de los paradores de turismo ubicados en territorio aragonés.
2. Una vez transferidos los mencionados paradores, el Gobierno de Aragón los integrará en la Red de Hospederías de Aragón.
Disposición adicional quinta. Pueblos recuperados.
Los núcleos de Aldea de Puy, Búbal, Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou y Ruesta podrán ser inscritos en el Registro de Turismo de Aragón como pueblos recuperados con fines turísticos, previa presentación de un informe técnico que acredite sus condiciones de seguridad.
Disposición adicional sexta. Obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Con la finalidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación física o sensorial la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, en particular, de los turísticos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón velará especialmente por el cumplimiento de la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
Disposición adicional séptima. Ventanilla única.
El Departamento competente en materia de turismo dispondrá los medios necesarios para trasladar a soporte electrónico todos los procedimientos y trámites susceptibles de formalización ante el Registro de Turismo de Aragón, para su consiguiente integración en la ventanilla única del Gobierno de Aragón, de acuerdo con la normativa aplicable al acceso electrónico a los servicios públicos y al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.
Disposición transitoria primera. Comarcas.
En el territorio donde las comarcas no hayan asumido competencias sobre turismo, corresponderá el ejercicio de las mismas al Departamento del Gobierno de Aragón competente de esta materia.
Disposición transitoria segunda. Clasificaciones en vigor.
Todos los establecimientos turísticos mantendrán sus actuales grupos, categorías y modalidades, salvo que las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta Ley dispongan otra cosa.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos sancionadores.
Los procedimientos sancionadores ya iniciados en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación.
Disposición final primera. Actualización de sanciones.
Por decreto del Gobierno de Aragón se podrá proceder a la actualización de las cuantías de las sanciones previstas en esta Ley, teniendo en cuenta la variación experimentada por el índice de precios al consumo.
Disposición final segunda. Acampadas.
Se prohíbe la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final tercera. Señalización turística.
Se determinará reglamentariamente la señalización turística que deberá ser utilizada por las Administraciones públicas en Aragón y por los empresarios turísticos para identificar e informar sobre los recursos y los establecimientos turísticos.
Disposición final cuarta. Senderos turísticos.
Los aspectos relativos a la selección, acondicionamiento, protección y señalización de aquellos senderos que revistan la condición de recursos turísticos serán objeto de regulación conjunta por parte de los Departamentos competentes en materia de turismo, medio ambiente, cultura, ordenación del territorio, deporte y agricultura, dando participación en todos esos aspectos a las comarcas, a través del Consejo de Cooperación Comarcal. |
La aprobación en su día del Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones de producción de energía, tuvo por objeto impulsar de forma ordenada el desarrollo de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. Se estableció para ello un procedimiento de priorización basado en la identificación previa de la capacidad de evacuación de las redes de transporte y distribución en el territorio de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el proceso de aplicación de dicha norma dio lugar a una elevada conflictividad que se ha traducido en un gran número de procedimientos administrativos y judiciales de impugnación que, a la postre, han provocado un elevado número de sentencias judiciales y, a la postre, una situación de grave inseguridad jurídica. Constituye el objetivo prioritario de este Decreto-ley, atendiendo a lo establecido en los artículos 9.3 y 118 de la Constitución, adoptar urgentemente las medidas oportunas para la inmediata ejecución de las sentencias recaídas, dando así adecuada satisfacción tanto a quienes han visto reconocidos sus derechos en las mismas como a otras personas que, a la vista de los antecedentes y los procedimientos objeto de revisión jurisdiccional, pudieran verse afectadas por el fallo.
Es precisamente ese objetivo prioritario el que fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de las medidas que establece este Decreto-ley. De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, por medio de este Decreto-ley se da debido cumplimiento a los fallos de las sentencias, que atendiendo a sus fechas, no admite más dilación. Además, mediante este Decreto-ley se concreta, conforme a los datos que se desprenden de los correspondientes procedimientos administrativos y judiciales, las personas afectadas por la ejecución considerando como tales a aquéllas que pueden ver menoscabados o perjudicados sus derechos o sus intereses legítimos por efecto de la ejecución o de la inejecución de las sentencias. Precisamente la circunstancia de que existan afectados no recurrentes, titulares de derechos e intereses legítimos que resultan alcanzados por la ejecución de las sentencias, determina la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las medidas previstas en este Decreto-ley. Sin él la ejecución, que afectaría en todo caso a no recurrentes que podrían instar incidentes de ejecución, resultaría incierta y, a la postre, podría prolongarse indefinidamente en el tiempo. Por ello, conforme a la normativa procesal citada y de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 118 y 119 de la Ley Jurisdiccional citada, lo procedente es incorporar en la ejecución a todos los afectados tal cual hace el presente Decreto-ley.
Para el adecuado cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón este Decreto-ley incorpora también, como no puede ser de otra manera, el nuevo régimen jurídico básico establecido por el legislador estatal, haciendo así posible el cumplimiento de los mandatos establecidos en los pronunciamientos judiciales, objetivo prioritario y habilitante, y dando además cumplida satisfacción a los principios contemplados en el artículo 9.3 de la Constitución, y entre ellos, muy especialmente, el de seguridad jurídica. Como consecuencia de todo ello, y siempre para hacer posible en adecuadas condiciones de seguridad jurídica la ejecución de las sentencias recaídas, se incorpora al ordenamiento aragonés el nuevo régimen jurídico básico establecido por el Estado en 2013, impulsando la liberalización del sector, impidiendo la priorización autonómica de la tramitación de instalaciones de producción y estableciendo, consecuentemente, criterios reglados y prioridades basadas en el orden de presentación en el registro de la obtención de permisos de acceso y conexión para la tramitación y resolución de proyectos de generación de energía eólica de competencia autonómica acordes con los ya vigentes para los proyectos de competencia estatal. Se establece así un marco jurídico adecuado y seguro para los nuevos proyectos que se planteen en Aragón sin margen a la discrecionalidad para la priorización de unos proyectos sobre otros y asumiendo, de forma coherente con la normativa estatal, las decisiones técnicas de otorgamiento de derecho de acceso a las redes de transporte y distribución acordadas por sus respectivos gestores. Paralelamente, y con objeto de proporcionar al sector la máxima transparencia y certidumbre en el marco de lo ya establecido en la normativa estatal, se concretan las obligaciones de publicidad, información y transparencia de los gestores de las redes de transporte y distribución inherentes al nuevo marco de liberalización del sector previsto en la vigente normativa estatal. La liberalización en el régimen o actividad de producción de energía eléctrica comporta conforme al nuevo régimen que la producción o generación de electricidad se desarrolla en régimen de libre competencia.
La renovación de la normativa estatal, que avanza por el camino de la normativa precedente en algunos aspectos e innova en otros, ha contribuido también a la actual situación de paralización de la instalación de nuevos parques de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en la Comunidad Autónoma. El impulso estatal al nuevo régimen retributivo específico mediante la convocatoria de una primera subasta, a la que sin duda seguirán otras atendiendo las demandas del sector, complementa sin duda la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad de la aprobación de este Decreto-ley y de las medidas que incorpora que, partiendo prioritariamente de la obligación de la administración autonómica de ejecutar las sentencias que han ganado firmeza, eliminen de raíz tal inseguridad jurídica, adecuando la normativa aragonesa al nuevo marco regulatorio estatal, impulsado desde el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y proporcionando de ese modo un entorno regulatorio a los promotores de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón que siente las bases del desarrollo del sector en nuestra Comunidad. De este modo, con la extraordinaria y urgente necesidad de ejecutar las sentencias recaídas confluye la de que tal proceso de ejecución contribuya a normalizar el sector de la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
La aplicación del nuevo régimen regulatorio, y en consecuencia la posibilidad misma de autorizar instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, choca con notables dificultades como consecuencia de la pendencia de la ejecución de las sentencias dictadas en los numerosos procedimientos de impugnación derivados del citado Decreto 124/2010. Las nuevas iniciativas se ven frenadas por la pendencia de la ejecución, las promovidas por los recurrentes por el resultado incierto de la misma y las que se iniciaron al amparo de los concursos por el resultado de los procedimientos judiciales respecto de los mismos. No habrá pues seguridad jurídica para el sector de generación de energía eólica en Aragón en tanto no se ejecuten dichas resoluciones judiciales cuya fuerza ampara y limita al mismo tiempo la regulación que se establece mediante el presente Decreto-ley. La solución, en el actual contexto regulatorio, no puede ya basarse en procedimientos administrativos ni resoluciones administrativas globales de priorización por nudos de conexión cuyo resultado ha sido, como el tiempo ha demostrado, la paralización del sector. Resulta indispensable establecer un nuevo marco legal que garantice, en primer lugar, la eficacia de la ejecución de sentencias respecto de los beneficiados por los fallos y prevenga o impida, en segundo lugar, daños a terceros derivados de la frustración de sus expectativas, fundadas en resoluciones administrativas precedentes, de ejecución de determinados proyectos de producción de energía eléctrica. De ahí, entre otras razones, la necesidad del presente Decreto-ley. Por ello, mediante el mismo se dará recto cumplimiento a las sentencias judiciales recaídas, de forma compatible con el nuevo marco regulatorio que en él se establece, lo que obliga a dejar sin efecto los concursos de priorización convocados al amparo del Decreto 124/2010, de modo que no se dictará resolución administrativa alguna al respecto.
El cumplimiento de lo expresado exige que la ejecución de las sentencias judiciales dictadas que, según datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma, suman un total de treinta y cuatro pronunciamientos estimatorios en los cuarenta y siete recursos contenciosos-administrativos interpuestos por empresas del sector, y afectan a veintinueve instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, vaya acompañada de las medidas precisas para que quienes ven reconocidos sus derechos por las mismas puedan ejercerlos en el nuevo contexto regulatorio en condiciones adecuadas, preservando sus proyectos de la afección eólica que pudiera producir la ejecución de otros proyectos que contasen con derecho de acceso a redes. En este contexto gran cantidad de proyectos, cuando no existan afecciones eólicas y se cuente con derecho de acceso a redes, verán garantizada su viabilidad y facilitada su tramitación administrativa. Otros, en cambio, dependerán de la evolución tecnológica de la capacidad de evacuación de las redes, sin perjuicio de que puedan producirse, en un entorno regulatorio como el actual, profundamente liberalizado por la normativa básica estatal, acuerdos entre promotores.
De acuerdo con ello, el Decreto-ley establece un régimen especial de tramitación anticipada mediante el que se ejecutan las sentencias recaídas, que se relacionan en el anexo I que acompaña a este Decreto-ley, permitiendo impulsar los proyectos que, de haberse llegado a resolver los concursos convocados en su día, hubieran resultado priorizados en ejecución de sentencia, incorporando a todos los concursantes, con excepción de aquellos que hubieren renunciado a la tramitación o a la priorización concedida, la valoración correspondiente al interés especial y sin limitar la potencia solicitada. Los promotores de estos proyectos, que según los datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma se recogen en un anexo II, se verán protegidos de la potencial afección eólica de otros proyectos, pero verán condicionada su ejecución a la obtención de los permisos de acceso y conexión, directamente del gestor de la red de transporte o distribución o mediante acuerdo con otros promotores del sector de la producción de energía eléctrica. Tal protección frente a afección eólica se otorga, además, aun cuando no cuenten con permisos de acceso y conexión y hasta que los obtengan o que transcurra un plazo de diez años. Los promotores de estos proyectos habrán de realizar las actuaciones precisas ante el gestor de la red de transporte o distribución para obtener derechos de accesión y conexión que permitan la autorización y ejecución de sus proyectos. Su inactividad comportará, conforme a lo previsto en el presente Decreto-ley, el archivo del proyecto.
Pero, además, el régimen especial de tramitación anticipada permite también canalizar aquellos otros proyectos que, inicialmente priorizados mediante resoluciones administrativas afectadas por las sentencias objeto de ejecución, se ven hoy comprometidos. Y ello, porque los promotores de estos proyectos, amparados en resoluciones administrativas afectadas por los procedimientos judiciales, los impulsaron en diferentes grados, incurriendo en gastos precisos para ello y obteniendo de los gestores de las redes de transporte o distribución, en muchos supuestos, permisos de acceso que mantienen su vigencia conforme a la normativa básica estatal. Consecuentemente, en el actual contexto regulatorio liberalizado y con objeto de establecer medidas compensatorias que prevengan posibles daños a estos operadores, cuando deseen impulsar sus proyectos, se establece la posibilidad de tramitarlos anticipadamente, siempre que no produzcan afección eólica a los proyectos que anteriormente se han señalado o mediando acuerdo con sus promotores, conforme al régimen que establece la presente norma. Dichos proyectos, según los datos obrantes en la administración de la Comunidad Autónoma, se recogen en el anexo III que acompaña a este Decreto-ley.
Los proyectos no incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley serán archivados sin más trámite y podrán replantearse, siempre que no exista afección eólica a los parques incluidos en los mismos que se hayan tramitado en los plazos previstos, en el nuevo contexto regulatorio. Es por ello que, al igual que resulta extraordinaria y urgentemente necesario establecer las medidas regulatorias precisas para la adecuada ejecución de las tan repetidas sentencias, estas medidas han de verse acompañadas, como ha quedado ya expuesto, de las indispensables para fijar ese nuevo marco regulatorio en Aragón, coherente con el renovado marco establecido por la legislación básica estatal. No sería posible articular de forma adecuada la ejecución de las resoluciones judiciales recaídas sin tal regulación adicional.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los artículos 75.4.ª, 77.16.ª y 17.ª y 71,24.ª y 26.ª del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 30 de agosto de 2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Decreto-ley establecer las medidas urgentes precisas para las siguientes finalidades:
a) La ejecución de la totalidad de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, que se detallan en el anexo I, con la máxima celeridad y seguridad jurídica.
b) El impulso de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón resolviendo la situación fáctica de bloqueo de nuevas actuaciones derivada de la elevada conflictividad suscitada por los últimos procedimientos de priorización y autorización tramitados.
c) La regulación, para facilitar la viabilidad financiera de las actuaciones recogidas en los anexos II y III, de la sustitución de los compromisos adicionales y voluntarios a los que se refiere la letra e) del apartado segundo del artículo 4 del Decreto 124/2010, de 22 de junio, por otras actuaciones ambientales o productivas.
d) La regulación, en conexión con lo anterior y en el marco de la nueva normativa básica estatal, de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica con una potencia superior a cien kilovatios e igual o inferior a cincuenta megavatios, conectadas a la red de transporte o distribución eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Decreto-ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Parque Eólico: Instalación dedicada a la producción de energía eléctrica utilizando como energía primaria el viento. Estará constituida por un aerogenerador o una agrupación de estos, interconectados eléctricamente y con un único punto de conexión a la red de transporte o distribución. Formarán parte del parque eólico sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.
b) Modificación de Parque Eólico: Se entenderá por modificación de parque eólico la repotenciación o ampliación de un Parque Eólico, así como cualquier otra actuación que tenga la consideración de ampliación o modificación según la reglamentación eléctrica de aplicación.
c) Repotenciación de un Parque Eólico: Se considera repotenciación de un parque eólico el aumento de su potencia a través de la sustitución de sus aerogeneradores por otros nuevos de mayor potencia, o de la introducción de cambios técnicos, que sin afectar a la estructura básica del aerogenerador, mejoren su eficiencia energética sin producir afección eólica a otro parque eólico.
d) Ampliación de un Parque Eólico: Se considera ampliación de un parque eólico existente la colocación de nuevos aerogeneradores en el interior de la poligonal del parque y, excepcionalmente, en el espacio colindante con el parque eólico, siempre que no suponga la afección a áreas protegidas y que no produzca afección eólica a otro parque eólico.
e) Afección eólica: Se entenderá que existe afección eólica de un parque eólico o su modificación sobre otro parque eólico ya en servicio o que haya iniciado previamente la tramitación de la autorización conforme al régimen establecido en este Decreto-ley cuando las nuevas poligonales que se propongan afecten a las poligonales del parque ya en servicio o en tramitación.
f) Poligonal: Se entenderá por poligonal del parque eólico aquella, única y cerrada, que engloba la totalidad de los aerogeneradores que lo integran. La superficie se delimitará por las coordenadas geográficas UTM de los vértices de la línea poligonal que la comprende.
Artículo 3. Transparencia de los procedimientos de acceso a redes.
1. Los gestores de redes de transporte y distribución pondrán a disposición del público las peticiones de acceso y las concesiones de acceso y conexión a nudos o redes ubicadas en Aragón realizadas en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. Los gestores de las redes de transporte y distribución comunicarán, conforme a los mejores criterios técnicos, la capacidad total de acceso, la ocupada, la autorizada pendiente de ocupación en plazo, la solicitada y la disponible, considerando las instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y las ya comprometidas en dichos nudos.
3. La puesta a disposición del público y las comunicaciones previstas en los apartados anteriores se realizarán por medios telemáticos y, en todo caso, a través del portal del Departamento competente en materia de energía.
Artículo 4. Mecanismos de coordinación administrativa.
1. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas.
2. La Comunidad Autónoma de Aragón como Administración Pública afectada de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se pronunciará, en los trámites de consultas legalmente establecidos, sobre la compatibilidad de las instalaciones de producción de energía eléctrica cuya autorización sea competencia de la Administración General del Estado con la planificación energética autonómica.
CAPÍTULO II
Ejecución de sentencias dictadas en el marco de los concursos de priorización convocados al amparo del Decreto 124/2010, de 22 de junio
Artículo 5. Ejecución de Sentencias.
1. Mediante el presente Decreto-ley se procede a la ejecución de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, enumeradas en el anexo I, estimatorias de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra decisiones administrativas adoptadas en el marco de los procedimientos de concurso y priorización de parques eólicos convocados al amparo del Decreto 124/2010, de 22 de junio del Gobierno de Aragón.
2. La ejecución de las sentencias recogidas en el anexo I se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en este Decreto-ley y, en concreto, conforme al régimen especial de tramitación anticipada de proyectos derivados del Decreto 124/2010 en ejecución de sentencias, establecido en el artículo siguiente.
Artículo 6. Régimen especial de tramitación anticipada.
1. En ejecución de las sentencias reseñadas en el anexo I de este Decreto-ley, quedan sin efecto los concursos de priorización convocados al amparo de lo establecido en el Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante Órdenes de 26 de agosto de 2010 (zona A), 28 de septiembre de 2010 (zonas B y F), 26 de noviembre de 2010 (zona C), 14 de diciembre de 2010 (zona D), 28 de diciembre de 2010 (zona E) y 9 de diciembre de 2010 (instalaciones experimentales).
2. En virtud de lo acordado en las resoluciones judiciales antes citadas, la Administración de la Comunidad Autónoma procederá a su ejecución conforme a lo establecido en el presente Decreto-ley, admitiendo a trámite de forma anticipada y sucesiva los proyectos incluidos en los anexos II y III.
3. La ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I en relación con los proyectos incluidos en el anexo II de este Decreto-ley tendrá lugar atendiendo a las siguientes reglas:
a) Conforme a los criterios resultantes de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I se incluyen en el anexo II los proyectos que, no habiendo formulado renuncia a su tramitación antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, hubieren obtenido una mayor puntuación en el marco de los concursos convocados conforme al Decreto 124/2010 aplicando por igual a todos los solicitantes, independientemente de que hubiesen ejercido o no acciones administrativas o judiciales, la puntuación correspondiente a las instalaciones eólicas de interés especial, manteniendo la puntuación técnica acordada en su día y considerando la potencia total solicitada, sin reducción, todo ello hasta el límite de la capacidad máxima de evacuación en cada zona eléctrica fijada en las convocatorias. El orden se determina, en ejecución de sentencias, conforme a tales criterios en función de la puntuación total que hubiere resultado y, en caso de empate, del de presentación en registro de las solicitudes a los concursos a que se refiere el apartado primero conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
b) Las inversiones derivadas de los compromisos adicionales y voluntarios a los que se refiere la letra e) del apartado segundo del artículo 4 del Decreto 124/2010 y en los términos señalados en las resoluciones judiciales en ejecución podrán sustituirse por otras inversiones ambientales o productivas mediante resolución de la Dirección General competente en materia de energía, previo informe favorable de la comisión técnica que se constituya al efecto.
c) Los proyectos del anexo II que se acojan al régimen especial de tramitación anticipada quedarán protegidos frente a cualquier afección eólica que pudieran producirles cualesquiera otros proyectos, desde la presentación de la solicitud, aun cuando no cuenten con permisos de acceso y conexión, durante el plazo de diez años desde la solicitud. Sus promotores deberán reiterar cada dos años, como mínimo, la solicitud de acceso y conexión al gestor de la red de transporte o distribución, comunicándolo a la Dirección General competente en materia de energía.
d) Transcurridos diez años desde la solicitud sin que el solicitante haya obtenido y comunicado a la Dirección General competente en materia de energía la obtención de permisos de acceso y conexión, la protección de su proyecto frente a afecciones eólicas de otros proyectos se sujetará al régimen general establecido en este Decreto-ley.
4. La ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I en relación con los proyectos incluidos en el anexo III de este Decreto-ley tendrá lugar atendiendo a las siguientes reglas:
a) Se incluyen en el anexo III los proyectos inicialmente priorizados, en los mismos términos acordados en su día, en las diferentes zonas eléctricas que, como consecuencia de la ejecución de las resoluciones judiciales recogidas en el anexo I, no hubieran resultado priorizados excluyendo, por tanto, aquellos que resulten incluidos en el anexo II, así como los incluidos como reservas y los que hubiesen renunciado expresamente antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley a la priorización en su día acordada.
b) Las inversiones derivadas de los compromisos adicionales y voluntarios a los que se refiere la letra e) del apartado segundo del Decreto 124/2010 y en los términos señalados en las resoluciones judiciales en ejecución podrán sustituirse por otras inversiones ambientales o productivas mediante resolución de la Dirección General competente en materia de energía, previo informe favorable de la comisión técnica que se constituya al efecto.
c) Los proyectos del anexo III que se acojan al régimen especial de tramitación anticipada quedarán protegidos frente a cualquier afección eólica que pudieran producirles cualesquiera otros proyectos excepto los relacionados en el anexo II, desde la presentación de la solicitud, aun cuando no cuenten con permisos de acceso y conexión, durante el plazo de dos años desde la solicitud.
d) Transcurridos dos años desde la solicitud sin que el solicitante haya obtenido y comunicado a la Dirección General competente en materia de energía la obtención de permisos de acceso y conexión, la protección de su proyecto frente a afecciones eólicas de otros proyectos se sujetará al régimen general establecido en este Decreto-ley.
5. La tramitación de los procedimientos de autorización de los proyectos incluidos en los anexos II y III se someterá a las siguientes reglas:
a) Los interesados podrán iniciar su tramitación, o instar la continuación de la ya iniciada, dentro del plazo de dos meses contados desde el trigésimo primer día hábil desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.
b) Serán objeto de convalidación los trámites ya realizados, incluida en su caso la autorización otorgada, cuando resulten útiles a los efectos establecidos en este Decreto-ley.
c) Se tramitarán en primer lugar los proyectos incluidos en el anexo II, por el orden fijado en el mismo para cada zona, y posteriormente los proyectos incluidos en el anexo III, igualmente por el orden fijado para cada zona. Ambas ordenaciones determinan la protección aplicable frente a afecciones eólicas de unos proyectos respecto a otros conforme a los criterios generales de este Decreto-ley incluso en aquellos supuestos en que se convalide la autorización.
d) Si existen afecciones eólicas entre los proyectos incluidos en los anexos II y III, los promotores que hayan de respetarlas podrán ajustar sus proyectos en lo necesario para hacer posible su tramitación.
6. Los proyectos incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley cuyos promotores no soliciten la iniciación o continuación de su tramitación en el plazo previsto en el apartado anterior se regirán por lo establecido en la disposición transitoria segunda. Si optasen por iniciar su tramitación o continuar la ya iniciada conforme a la disposición transitoria segunda se mantendrán los compromisos adicionales y voluntarios a los que se refiere la letra e) del apartado segundo del Decreto 124/2010.
7. Los proyectos no incluidos en los anexos II y III de este Decreto-ley que se presentaron a los concursos de priorización en el marco de lo establecido en el Decreto 124/2010 se regirán por lo establecido en la disposición transitoria segunda. Concluido el plazo previsto en el apartado quinto, la administración podrá proceder, de oficio o a instancia de parte, a devolver los depósitos realizados.
CAPÍTULO III
Autorización administrativa de las instalaciones
Artículo 7. Régimen del procedimiento de autorización.
1. Los procedimientos de autorización tienen carácter reglado y respetarán los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación sin que, en ningún caso, pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al cumplimiento de requisitos no vinculados al desarrollo de la actividad de producción de energía.
2. La autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de instalaciones de producción e infraestructuras de evacuación pertenecientes a un único promotor eólico serán objeto de solicitud, tramitación y autorización conjunta.
3. La autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de las infraestructuras de evacuación compartidas por varios promotores eólicos serán objeto de solicitud, tramitación y autorización conjunta. Se tramitará de forma independiente, pero coordinada con las solicitudes de autorizaciones de las instalaciones de producción de los promotores eólicos.
Artículo 8. Admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción y prioridad.
1. Las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de parques eólicos o de modificación de los que ya dispongan de autorización administrativa previa y de construcción podrán presentarse en cualquier momento conforme a lo establecido en el presente Decreto-ley.
2. Es requisito imprescindible para la presentación de la solicitud, sin perjuicio de los demás establecidos en este Decreto-ley, haber solicitado el permiso de acceso al gestor de la red de transporte o distribución.
3. Es requisito imprescindible para la resolución de la solicitud, sin perjuicio de los demás establecidos en este Decreto-ley, haber obtenido del gestor de la red de transporte o distribución permisos de acceso y conexión.
4. Los proyectos quedarán protegidos frente a cualesquiera afecciones eólicas desde el momento en que el solicitante comunique a la Dirección General competente en materia de energía la concesión de permisos de acceso y conexión por el gestor de la red de transporte o distribución. La protección se otorgará conforme al orden de presentación a registro por el solicitante de la comunicación de concesión de permisos de acceso y conexión. No podrán autorizarse proyectos que produzcan afección eólica a los que estén protegidos conforme a lo establecido en este apartado.
5. La Dirección General competente en materia de energía hará públicas, a través del sistema de información territorial de Aragón, las poligonales de los parques eólicos en servicio, autorizados o protegidos frente a afecciones eólicas, así como las de aquellos que, aun no estándolo, estén tramitando la autorización administrativa previa y de construcción.
Artículo 9. Suspensión de la admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción.
1. El Departamento competente en materia de energía podrá suspender la admisión de solicitudes en relación con los nudos de acceso a la red de transporte de Aragón cuando, en función de la información comunicada por el gestor de la red de transporte, no exista capacidad de evacuación en todos o alguno de dichos nudos o cuando se restrinja temporalmente el acceso conforme a la normativa básica estatal. La orden de suspensión deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. La suspensión de la admisión de solicitudes deberá levantarse cuando el gestor de la red de transporte comunique la existencia de capacidad de evacuación conforme a lo establecido en este Decreto-ley. En todo caso, la suspensión quedará levantada transcurrido un mes desde la publicación de la comunicación del gestor de la red de transporte.
Artículo 10. Garantía económica.
1. El solicitante de la autorización administrativa previa y de construcción de un parque eólico o de modificación del que ya disponga de autorización administrativa y de construcción deberá acreditar, en su caso, el depósito de la garantía económica prevista en la normativa estatal en relación con las solicitudes de acceso a las redes de transporte o distribución.
2. En los casos de transmisión de titularidad no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el transmitente hasta que no se halle formalmente constituida la del nuevo titular.
Artículo 11. Inicio del procedimiento.
Los promotores de instalaciones de producción presentarán la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción ante la Dirección General competente en materia de energía para su traslado al correspondiente Servicio Provincial para su tramitación.
Artículo 12. Capacidad del solicitante.
1. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción deberán acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
2. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Para acreditar la capacidad legal deberán tener personalidad física o jurídica propia, quedando excluidas las uniones temporales de empresas.
b) Para acreditar la capacidad técnica, los solicitantes deberán haber ejercido la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica durante, al menos, los últimos tres años; o contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe en el capital social con un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento y que pueda acreditar su experiencia durante los últimos tres años en la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica o tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período de tres años con una empresa que acredite experiencia en la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energía eólica.
c) La capacidad económica de la sociedad solicitante se entenderá cumplida cuando la empresa solicitante aporte acreditación que garantice la viabilidad económica financiera del proyecto, pudiendo la Administración competente eximirla de esta acreditación para aquellas que vinieran ejerciendo esta actividad con anterioridad.
Artículo 13. Documentación precisa para la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción.
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida a la Dirección General competente en materia de energía.
b) Copia del resguardo acreditativo del depósito de la garantía prestada según lo dispuesto en los artículos 59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
c) Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se determinarán las obras e instalaciones necesarias. Deberá presentarse el original en soporte papel y tres copias, igualmente en soporte papel o en formato electrónico debidamente firmado en cualquier caso. Se presentarán además, en los mismos soportes, una copia adicional por cada municipio afectado, y separatas por duplicado para cada uno de los organismos afectados. En el proyecto de ejecución se incluirán, además de cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente preceptivas, las siguientes determinaciones:
1) Las razones de cualquier índole que justifiquen la implantación o modificación del parque eólico en la zona de que se trate.
2) Los criterios técnicos de situación que desde el punto de vista de aprovechamiento del recurso eólico, optimización de la planificación de redes de evacuación y transporte eléctrico, respecto al patrimonio cultural y a los valores medioambientales se han seguido para elegir los terrenos en los que se situarán concretamente las instalaciones.
3) Descripción de los recursos eólicos presentes mediante las mediciones efectuadas o un estudio o modelización que confirme la existencia de recurso suficiente para el funcionamiento del parque.
4) Adecuación del proyecto a la situación de planeamiento urbanístico vigente, en el área de implantación prevista.
5) Descripción y justificación de los datos referidos a la ordenación del parque eólico, tales como superficie, ocupación de la finca por edificaciones, instalaciones y superficies pavimentadas. Se incluirá asimismo, la justificación de los movimientos de tierra a efectuar.
6) Descripción de los servicios existentes y previstos relativos a accesos, abastecimientos, energías, alumbrado y otras instalaciones.
7) Descripción de las características formales y constructivas; uso y destino de las edificaciones, referidas a la superficie construida; altura de las edificaciones y de los elementos singulares, composición, materiales y otras.
8) Plazo de ejecución del proyecto.
9) Presupuesto de las instalaciones.
10) Descripción detallada de todas las instalaciones de alta y baja tensión con adecuación a la normativa vigente.
11) Descripción de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica hasta el punto de conexión con la red de distribución o transporte. Descripción de las líneas eléctricas y demás instalaciones eléctricas necesarias para la evacuación, incluyendo la tensión, longitud, emplazamientos, superficies afectadas y sus características. Su representación se realizará en cartografía oficial.
12) Medidas previstas de protección contra incendios.
13) Descripción del aerogenerador a instalar que certifique el cumplimiento de las exigencias del operador del sistema conforme a la normativa estatal vigente y principales características, en especial, el apartado relativo a los huecos de tensión. Declaración de conformidad CE de las maquinas que se pretende instalar, junto con una descripción detallada del aerogenerador a instalar.
14) Adecuación de las instalaciones a las disposiciones relativas a la seguridad y a la salud para la utilización por los operadores de los equipos de trabajo.
15) Estudio de seguridad y salud.
16) Relación de personas físicas y jurídicas propietarios de bienes, instalaciones, obras o servicios afectados por la instalación.
17) Separadamente se presentaran aquellas partes del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de otras Administraciones Publicas, Organismos, Corporaciones o Departamentos del Gobierno de Aragón para que estos establezcan, si procede, el condicionado procedente.
18) Documentación acreditativa de la capacidad legal, técnica y económica del solicitante.
19) Informe de las servidumbres aeronáuticas afectadas y, en caso de existir, estudio aeronáutico que asegure que las instalaciones no comprometen la seguridad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con el Real Decreto 1541/2003, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975, de servidumbres aeronáuticas en helipuertos, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y helipuertos.
20) Cuantos documentos adicionales relacionados con el expediente y relevantes para su resolución estime oportuno reclamar el órgano competente para la tramitación del expediente administrativo.
d) Estudio técnico-económico de viabilidad.
e) Documentación acreditativa de la solicitud o, en su caso, concesión de los permisos de acceso y conexión. La concesión podrá acreditarse en cualquier momento antes de la emisión de la resolución de autorización administrativa previa y de construcción.
f) Memoria justificativa que permita al órgano competente comprobar, a los efectos establecidos en el apartado cuarto del artículo 8 de este Decreto-ley, la potencial existencia de afección eólica a otras instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en servicio o en tramitación conforme a las definiciones de las letras e) y f) de su artículo 2. Se indicará la superficie afectada, con expresión de las coordenadas geográficas UTM definitorias de la poligonal que la delimita. Para la localización e identificación de los aerogeneradores, en la memoria justificativa también se especificaran las coordenadas geográficas UTM de los mismos. La representación de las coordenadas se realizará en cartografía oficial.
g) Estudio de impacto ambiental del proyecto de parque eólico y una copia en soporte papel o electrónico, debidamente firmados, incluyendo la documentación exigida en el artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en caso de que deba someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En caso de que el proyecto estuviera incluido en el anexo II de la Ley 11/2014 y el órgano ambiental competente hubiese dictaminado no someter el mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se presentará copia de la resolución dictada.
En todo caso se incluirán las afecciones al paisaje, a la vegetación y a la fauna, y en especial a las aves con los requisitos establecidos en el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
Artículo 14. Requerimiento de informes y propuesta de resolución.
1. Los proyectos presentados se someterán a información pública, junto con el estudio de impacto ambiental en su caso, durante el plazo de un mes, a cuyo efecto se publicará anuncio, al menos, en el «Boletín Oficial de Aragón», en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados y en uno de los periódicos de mayor difusión regional.
2. El Servicio Provincial del Departamento competente en materia de energía, con carácter simultaneo al inicio del trámite de información pública, solicitará preceptivamente informes, al menos, de los Ayuntamientos afectados y del Departamento competente en materia de medio ambiente y del Departamento competente en materia de urbanismo, que serán emitidos en el plazo máximo de dos meses, a cuyo fin se les remitirá un ejemplar del proyecto, sin perjuicio de que los interesados puedan instar los trámites pertinentes y aportar los documentos que consideren oportunos.
3. Finalizado el trámite de información pública, y en el caso de que el proyecto se someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el correspondiente Servicio Provincial remitirá al órgano ambiental competente, en el plazo de quince días, el expediente completo, incluido el resultado de la información pública.
4. A la vista de las alegaciones presentadas, el Servicio Provincial podrá solicitar cualquier otro informe que considere oportuno, de cualquier Departamento del Gobierno de Aragón u Organismo que considere afectado. Estos últimos informes serán emitidos en el plazo de un mes.
De las alegaciones presentadas, en su caso, se dará traslado al peticionario, para que este, a su vez, comunique al Servicio Provincial competente en materia de energía correspondiente lo que estime pertinente en un plazo no superior a quince días.
5. Transcurridos los plazos mencionados en este artículo sin la correspondiente emisión de los informes solicitados a los organismos y entidades indicados y sin que el interesado haya realizado alegaciones, se proseguirán las actuaciones, entendiéndose que no existen objeciones al Proyecto.
6. Finalizada la información pública y recibidos los informes y alegaciones a que hubiese lugar, o transcurrido su plazo de emisión, una vez resuelto en su caso el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el Servicio Provincial correspondiente, dentro del plazo de tres meses, emitirá propuesta de resolución del expediente, incluyendo el análisis de su adecuación a la normativa de instalaciones industriales y eléctricas, de las alegaciones presentadas y de los informes de otros Organismos sobre las separatas de su competencia.
Artículo 15. Resolución de autorización administrativa previa y de construcción.
1. La competencia para la emisión de la resolución de autorización corresponde al Director General competente en materia de energía.
2. El expediente, acompañado de una propuesta de resolución, será remitido por el Servicio Provincial competente a la Dirección General competente en materia de energía, la cual deberá emitir resolución en el plazo de un mes.
3. La autorización no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.
4. El plazo para resolver el procedimiento se fija en seis meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se dicte y notifique resolución se podrá entender desestimada la solicitud.
5. La autorización será otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y al medio ambiente.
6. El incumplimiento por parte del titular de la instalación eólica de cualquiera de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, así como de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrá dar lugar a su revocación. La Dirección General competente en materia de energía, suspendiendo la eficacia de la autorización en tanto se mantenga el incumplimiento, podrá requerir al titular de la instalación para que cumpla la normativa aplicable y las condiciones de la autorización otorgada. Transcurrido el plazo otorgado por la Dirección General en la correspondiente resolución se iniciará el procedimiento de revocación de la autorización.
7. La resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 16. Cumplimiento y ejecución del proyecto.
1. Una vez obtenida la autorización administrativa previa y de construcción, el proyecto se ejecutará con estricta sujeción a los requisitos y plazos previstos en la autorización administrativa.
2. Cuando no se proceda a la ejecución, siempre que el incumplimiento sea debido a causas imputables al interesado, se procederá al archivo del expediente, sin perjuicio de la ejecución de la garantía a que se refiere el artículo 10 e indemnización a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 17. Autorización de explotación.
1. El plazo para la obtención de la autorización de explotación de las instalaciones, que se emitirá mediante Resolución del Servicio Provincial correspondiente, se fijará en la resolución de la Dirección General competente en materia de energía por la que se otorgó la autorización administrativa previa y de construcción. Dicho plazo solo será ampliable mediante solicitud motivada de la entidad beneficiaria y resolución favorable expresa, si procede, de la Dirección General competente en materia de energía.
2. En el supuesto de que tal requisito no sea cumplido por el solicitante y consiguientemente la instalación no pueda entrar en explotación, no se generará derecho a indemnización económica alguna por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de ejecutar la garantía prestada.
3. En todo caso, para la obtención de la autorización de explotación será requisito indispensable disponer de los correspondientes permisos de acceso y conexión.
Artículo 18. Garantía de servicio y desmantelamiento.
1. A los efectos de garantizar el mantenimiento en servicio y el desmantelamiento de la instalación, su titular deberá constituir, antes del otorgamiento de la autorización de explotación, una garantía por importe de veinte euros por kilovatio instalado y puesto en explotación, que se constituirá en la Tesorería de la Diputación General de Aragón, en cualquiera de las formas señaladas en el apartado tercero del artículo 11 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, previa devolución, a solicitud del interesado, de la garantía a que se refiere el artículo 10 de este Decreto-ley.
2. Antes de realizar la solicitud de autorización de explotación al Servicio Provincial correspondiente, el promotor deberá presentar ante la Dirección General competente en materia de energía el resguardo acreditativo de haber depositado la garantía de servicio y desmantelamiento por importe de veinte euros por kilovatio instalado y puesto en explotación.
3. El importe de esta garantía se actualizará quinquenalmente mediante la aplicación del índice de precios al consumo y será devuelta, a solicitud del interesado, una vez desmantelada la instalación de forma que el espacio ocupado recupere sus condiciones originales.
Artículo 19. Acreditación de medios.
1. Para asegurar el correcto funcionamiento de los parques e impedir afecciones a la red y a la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica, el beneficiario de la autorización de explotación deberá, en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización de explotación, acreditar ante el Servicio Provincial donde se ubique dicho parque la disponibilidad de medios adecuados para las labores normales de mantenimiento del Parque.
2. Para poder atender a las necesidades de mantenimiento de los Parques Eólicos, el beneficiario deberá contar en su plantilla con un operario por cada instalación eólica que posea en el territorio aragonés con potencia igual o superior a dos megavatios. El centro de trabajo de dichos operarios será la instalación eólica de la que se trate. Igualmente deberá disponer de los servicios de un técnico titulado competente en materia de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Artículo 20. Restitución de terrenos y autorización de cierre.
1. La autorización de explotación de todo parque eólico llevará implícita la obligación de remoción y restitución de los terrenos que ocupa, una vez finalizada la actividad de producción de energía eléctrica, debiendo dejar los terrenos en su estado original.
2. Para ello el titular deberá solicitar el cierre de la instalación a la Dirección General competente en materia de energía, adjuntando el correspondiente proyecto de clausura. La Dirección General trasladará el expediente al Servicio Provincial correspondiente para su tramitación.
3. El Servicio Provincial requerirá el informe del operador del sistema, en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. También requerirá informe del Departamento competente en materia de medio ambiente y del Departamento competente en materia de urbanismo o de cualquier otro Departamento u Organismo de la Administración de la Comunidad Autónoma u otras Administraciones Públicas, cuyo informe se considere conveniente.
4. Una vez obtenidos los informes, el expediente junto con el correspondiente informe del Servicio Provincial, será remitido a la Dirección General competente en materia de energía para su resolución.
5. La resolución del cierre definitivo de la instalación deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
CAPÍTULO IV
Modificaciones no sustanciales de Parques Eólicos
Artículo 21. Modificación no sustancial de una instalación eólica.
1. Las modificaciones no sustanciales de parques eólicos no requerirán el otorgamiento de una nueva autorización administrativa previa y de construcción y se rigen por lo establecido en los apartados siguientes de este artículo.
2. La autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica continuará siendo eficaz respecto de modificaciones no sustanciales del proyecto inicial, siempre que, antes del inicio de la explotación de la instalación modificada, así lo soliciten los titulares de las mismas a la Dirección General competente en materia de energía y les sean reconocidas como tales dichas modificaciones.
3. Las modificaciones de un proyecto de instalación de producción de energía eléctrica a partir de la eólica tendrán el carácter de no sustanciales cuando, además de no producir afección eólica sobre otros parques en servicio o en tramitación, cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Los aerogeneradores se mantengan dentro de la poligonal definida en el proyecto original.
b) No se realice ningún cambio de ubicación de aerogenerador que implique modificar el tipo de terreno considerado en el proyecto original o los cambios que se produzcan impliquen desplazar aerogeneradores a terrenos de menor incidencia ambiental.
c) Entre los aerogeneradores se mantenga siempre un pasillo libre entre puntas de palas, a la altura del buje, igual o superior a una vez y media el diámetro del rotor del aerogenerador de mayor tamaño de palas.
d) La potencia total del parque eólico no supere una variación del cinco por ciento de la potencia definida en el proyecto original.
e) Se respete en su integridad el condicionado medioambiental del proyecto original.
4. La eficacia de la autorización administrativa de la instalación modificada en las condiciones establecidas en este artículo se entiende sin perjuicio de cuantos permisos, licencias y autorizaciones u otros requisitos precisen y, en particular, de la preceptiva autorización de explotación.
CAPÍTULO V
Inspecciones periódicas de las instalaciones
Artículo 22. Inspecciones periódicas de las instalaciones.
1. Las instalaciones deberán pasar una inspección periódica cada tres años por un Organismo de Control habilitado que emitirá los correspondientes certificados de inspección de las instalaciones con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la reglamentación eléctrica vigente.
2. Independientemente de lo anterior, la instalación podrá ser inspeccionada por personal competente autorizado del Departamento competente en materia de energía y seguridad industrial durante toda su vida útil.
3. El titular del Departamento competente en materia de energía, a propuesta de la Dirección General competente en materia de energía o de seguridad industrial, podrá ordenar la desconexión de una instalación de energía eólica cuando no se ajuste al proyecto autorizado o no reúna las condiciones técnicas reglamentarias o las garantías de seguridad adecuadas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado sexto del artículo 15 de este Decreto-ley.
CAPÍTULO VI
Expropiación y servidumbres
Artículo 23. Expropiación y servidumbres.
1. La expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica y el establecimiento e imposición y ejercicio de la servidumbre de paso se regirán por lo establecido en la legislación estatal.
2. Corresponderá acordar la declaración de utilidad pública, cuando legalmente proceda, al titular del Departamento competente en materia de energía, sin perjuicio de la competencia del Gobierno de Aragón en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público.
3. La solicitud de declaración de utilidad pública podrá efectuarse bien de manera simultánea a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, o bien con posterioridad a la obtención de dicha autorización administrativa.
4. Serán competentes para la tramitación de los expedientes de solicitud de utilidad pública los Servicios Provinciales en cuyas provincias se ubique o discurra la instalación o, de hacerlo en varias provincias, el Servicio Provincial de la provincia donde la instalación ocupe mayor superficie.
CAPÍTULO VII
Transmisión de instalaciones
Artículo 24. Transmisión de instalaciones.
1. La transmisión de la titularidad de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica requerirá autorización administrativa previa conforme al régimen establecido en la normativa estatal.
2. La solicitud de autorización se dirigirá a la Dirección General competente en materia de energía por quien pretende adquirir la titularidad de la instalación. Deberá ir acompañada de la documentación que permita acreditar la capacidad legal, técnica y económica del solicitante conforme a este Decreto-ley, así como una declaración del titular de la instalación en que manifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad y del nuevo titular de prestar las garantías que resulten exigibles conforme a este Decreto-ley.
3. La Dirección General competente en materia de energía resolverá sobre la solicitud en el plazo de tres meses. La falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.
4. Autorizada la transmisión, el titular de la instalación dispondrá de un plazo de seis meses para transmitir la titularidad. De no producirse en dicho plazo la transmisión se producirá la caducidad de la autorización.
5. Producida la transmisión, el nuevo titular deberá comunicarla a la Dirección General competente en materia de energía dentro del plazo de un mes.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los legales representantes de las personas jurídicas titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica deberán comunicar a la Dirección General competente en materia de energía las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles consistentes en su transformación o fusión, así como las modificaciones estatutarias relativas a la denominación y domicilio social.
Disposición adicional primera. Comunicación inicial de capacidad de acceso.
Los gestores de las redes de transporte y distribución deberán realizar la comunicación de capacidad de acceso al Departamento competente en materia de energía a los efectos establecidos en el artículo 3 de este Decreto-ley dentro del plazo de dos meses desde su entrada en vigor para su publicación en el mes siguiente.
Disposición adicional segunda. Admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción conforme a este Decreto-ley.
Podrán presentarse solicitudes de autorización conforme a lo establecido en el presente Decreto-ley, sin perjuicio de lo establecido para los proyectos incluidos en sus anexos II y III, una vez transcurra el plazo previsto para la tramitación anticipada de proyectos establecido en el artículo 6.
Disposición transitoria primera. Modificación de instalaciones ya autorizadas.
Las instalaciones de producción eólica ya autorizadas con arreglo a la normativa anterior podrán acogerse el régimen de modificaciones no sustanciales regulado en este Decreto-ley.
Disposición transitoria segunda. Parques eólicos en tramitación.
1. La entrada en vigor de este Decreto-ley determinará la suspensión de los procedimientos de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica formuladas al amparo de una norma anterior a este Decreto-ley.
2. Los solicitantes afectados por la suspensión que hubiesen promovido instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica cuyos proyectos se encuentren incluidos en los anexos II o III podrán reformular sus solicitudes conforme a lo establecido en el artículo 6 de este Decreto-ley.
3. El resto de solicitantes afectados por la suspensión, así como los incluidos en los anexos II y III que no soliciten el inicio o continuación de su tramitación conforme a lo previsto en el artículo 6 de este Decreto-ley, podrán reformular sus solicitudes conforme al régimen de autorización establecido con carácter general en este Decreto-ley.
4. Transcurridos dos meses desde que se inicie la admisión a trámite conforme a la disposición adicional segunda de este Decreto-ley sin que el interesado hubiese reformulado su solicitud, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo del expediente.
5. En la tramitación resultante de la reformulación de solicitudes serán objeto de convalidación los trámites ya realizados, incluida en su caso la autorización otorgada, cuando resulten útiles a los efectos establecidos en este Decreto-ley.
Disposición transitoria tercera. Plan de Evacuación de Régimen Especial de Aragón.
Los parques eólicos en el Plan de Evacuación de Régimen Especial de Aragón (PEREA), seguirán su tramitación administrativa y podrán evacuar la potencia aprobada en el mismo, cuando así lo permita la capacidad de las correspondientes infraestructuras eléctricas.
Disposición derogatoria primera. Derogación expresa.
Queda derogado el Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición derogatoria segunda. Derogación por incompatibilidad.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este Decreto-ley.
Disposición final primera. Remisión a normativa estatal.
En todo lo no previsto en el presente Decreto-ley será de aplicación el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en cuanto resulte compatible.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Aragón y al titular del Departamento competente en materia de energía para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 30 de agosto de 2016.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
MARTA GASTÓN MENAL
ANEXO I
Relación de sentencias a que se refiere la letra a) del artículo 1
TITULAR
PROC. JUDICIAL
SENTENCIA
Eólica Valtomás S.L
VALTOMÁS
531/2011
7/11/2014
Eolica La Foradada S.L.
LA FORADADA
532/2011
7/11/2014
Eolica La Cantera
LA CANTERA S.L.
533/2011
7/11/2014
Renovables ARA-IN S.L.
Multitecnología
308/2011
15/06/2014
043/2012
28/01/2015
lberjalón S.L.
EL PRADILLO
048/2012
1/06/2015
lberjalón Sirasa
ALTOS DE LERIN
lberjalón Sirasa
LA ESTANCA
Parque Eólico
Magallón, 27 S.L
MAGALLON 27
310/2012
15/12/2014
25/2012
28/01/2015
Sociedad Eólica y Ecológica Aragonesa 53 S.L
EL SOTILLO
359/2011
2/07/2014
711/2011
12/12/2014
Azuara Eólica S.L.
VENTOLANO
361/2011
30/06/2014
535/2011
19/09/2014
Azuara Eólica S.L.
360/2011
30/06/2014
535/2011
19/09/2014
Productores Eólicos Aragoneses S.L.
I+D CABANILLAS
528/2011
15/09/2014
lberjalón S.A.
LAS HERRERÍAS
046/2012
24/02/2015
EL FORTIN
VALDERRANCA
lberenova Promociones
PURROYO
049/2012
23/02/2015
Micromuela Eólica S.L.
MICROMUELA
363/2011
30/06/2014
799/2011
6/10/2014
Micromuela Eólica S.L.
LA SALADA
362/2011
30/06/2014
826/2011
26/09/2014
FCC Energía Aragón I, S.L
LA CARDELINA
370/2011
27/06/2014
705/2011
14/10/2014
Eólica de Valdejalón S.L.
VALDEJALÓN
367/2011
1/07/2014
811/2011
14/10/2014
FCC Energía Aragón I, S.L
LA ATALAYA
369/2011
27/06/2014
709/2011
14/10/2014
Sistemas de Ingeniería Solar y Transformaciones Energéticas de Villanueva de Gallego S.L.
I+D EL SOTILLO
529/2011
15/09/2014
lberjalon S.A
CUEVAS DE ALMUDÉN
47/2012
3010/2014
LA COVACHUELA
ALTO DE RABADANES
LAS CERRADAS
Sistemas Energéticos Abadía S.A.
VALDECONEJOS FASE II
408/2011
16/10/2014
708/2011
16/10/2014
Compañía Fotovoltaica de Navarra SLU
VILLAFELICHE
315/2011
15/12/2014
629/2011
23/12/2014
FCC Energía Aragón II
LAS CERRADAS
409/2011
1/07/2014
704/2011
14/07/2014
ANEXO II
Relación de proyectos a que se refiere el apartado tercero del artículo 6
Potencia convocada: 172,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 147,85 MW
Potencia sobrante: 24.15 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW)
Castillo de Orús, S.A
Castillo de Orús
Pretersa Energia SL
El Campillo
Enerfín, S.A.
Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L
San Lícer
Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L
San Isidro
Potencia convocada: 40,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 18,00 MW
Potencia sobrante: 22,00 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW)
Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L
Santa Cruz I
Potencia convocada: 239,50 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 230,35 MW
Potencia sobrante: 9,15 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW)
Renovables ARA-IN SL
Multitecnología
Molinos del Ebro S.A.
Las Azubías
Molinos del Ebro S.A.
Picador
Compañía Integral de Energías Renovables de Zaragoza SL
Venta del Ginestar
Parque Eólico Virgen la Oliva SL
Virgen de la Oliva
Desarrollos Eólicos del Valle del Ebro, S.A. (DEVESA)
Lanzas Agudas
Potencia convocada: 345,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 309,00 MW
Potencia sobrante: 36,00 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW)
Eólicas y Ecológicas 59 SL
El Campillo
Molinos del Ebro S.A.
Pedrola
Molinos del Ebro S.A.
El Llano
Sistemas de Ingeniería Solar y Tansf. Energéticas Villanueva de Gállego SL
I+D Sotillo
Sociedad Eólica Secastilla 53 SL
Raso Alto
lberjalón, S.A.
El Fortín
C.B.A. Eólica SLU
Cañacoloma
Productores Eólicos Aragoneses SL
I+D Cabarnillas
Micro Muela Eólica SL
Micromuela
Potencia convocada: 305,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 304,20 MW
Potencia sobrante: 0,80 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW).
Energías Eólicas y Ecológicas 52 SL
Villanueva
Energías Alternativas de Teruel, S.A
Loma de La Solana
Sociedad Eólica Santalecina 53 SL
Las Cerradas
120,00.
Sociedad Eólica Santalecina 53 SL
El Bolar
163,20.
Energías Eólicas y Ecológicas 52 SL
Las Cuencas
208,20.
Energías Alternativas de Teruel, S.A.
256,20.
Villoldo Solar SL
Río Seco
304,20.
Potencia convocada: 105,00 MW
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 93 MW
Potencia sobrante: 12 MW
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW).
Energías Alternativas de Teruel, S.A.
Caballos
Energías Alternativas de Teruel, S.A.
Caballos II
Experimentales
Potencia convocada: no establecida
Potencia acumulada de proyectos protegidos: 36 MW
Potencia sobrante: no procede
Razón social
Nombre Parque
Pot. Parque (MW)
Punt. Técn.
Punt. IE
Punt. total
Pot. Acum. (MW).
Gamesa Energía, S.A.
Campoliva I (ubicado en zona D)
ANEXO III
Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Energías Eólicas y Ecológicas 58 SL
El Balsón
General Eólica Aragonesa, S.A.
Santo Domingo de Luna
Eólica Sostenible del Gállego SL
La Sarda
Enerfín, S.A.
I+D Zuera
Ayuntamiento de Huesca
Park Renova
EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.0
La Peña
Mediterranean Offshore Wind Energy S.L.U.
Valiente
Cogeneración del Ebro, S.A.
Odón de Buen
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Ninguno
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Habidite Energy SL
Habidite
Energías Valdeferrín, S.L.
Energías Eólicas y Ecológicas 53, S.L.
Los Cierzos
CARRERAS ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U.
Energías Eólicas Cotaz, S.L.
Abejares
Desarrollo Eólico La Muga SL
La Muga
EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.0
Gólgota
Iberjalón, S.A.
El Pradillo
Gas Natural Wind 4 S.L.
Fréscano
Energías San Miguel SLU
Campo San Miguel (Las Ermitas)
Enerica SL
Carralaspeñas
Bosa del Ebro SL
La Estanca
Luzista Engineering SL
El Campo
Eólica del Cierzo SL
Dehesa de Mallén
Industrias de Deshidratación Agrícola, S.A. (INDASA)
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Urbanizaciones y Medio Ambiente SLU (URBYMA)
I+D La Longatera
Gamesa Energía, S.A.
Ampliación Fuendetodos I
Gamesa Energía, S.A.
Ampliación Fuendetodos II
Consorcio Aragonés de Recursos Eólicos, S.L
Río Ebro II
Sociedad Eólica y Ecológica Aragonesa 53 SL
El Sotillo
Parque Eólico Sierra de Luna S.L
Sierra de Luna
Servicios Auxiliares de Telecomunicación SA
Alto de la Muela
E.ON Renovables SLU
Las Sardas
Tauste Energía Distribuida, S.L.
Loma Gorda
Parque Eólico La Val S.L (antes Parque Eólico Valdecarro, SL.)
Acampo Arias, S.L.
Acampo Arias
Solyvent Desarrollos sl
Partasona II
Enerfín, S.A.
La Rinconada
Epila Renovables, S.L.
I+D La Gabarda
Sociedad Eólica Ribera Baja SL
Tablares
Argovento SL
Argovento
Eólica El Saso, SL
El Saso
Iberia Aprovechamientos Eólicos, S.A.
Virgen de la Peña de Alfajarín
Operación y Mantenimiento de Minicentrales hidráulicas
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Energías Alternativas de Teruel, S.A.
Pedregales
Casting Ros, S.A.
El Rebollar
Molinos del Jalón, S.A.
Ampliación Puerto Escandón
CYOPSA- El Molino Energía Eólica SA
Santos de la Piedra
E.ON Casting Renovables SL
El Frontón
Parque Eólico Cortado Alto S.L
Cortado Alto
ARANORT DESARROLLOS SL
Cañaseca
Gamesa Energía, S.A.
La Torrecilla fase III
Recuperación Energía Solar 2007 SL
El Pajaranco
Desarrollos Eólicos de Teruel SL
Piedrahita
Desarrollos Eólicos de Teruel SL
El Castillo
Juncada Renovables SL
La Muela de Anadón
Vidal Marqués Energía, S.L
Rural de Energías Aragonesas, S.A
El Cubo 1
Generación Eólica el Vedado SL
Hilada Honda
Gas Natural Wind 4 S.L.
Fuenfresca
Energía Eólica Peninsular SL
San Darve
Diputación General de Aragón-Sodemasa
I+D Gúdar Javalambre
EVRA Instalaciones y Servicios SL
Hocino I
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Energías Renovables Andorranas S.L (anteriormente: Energía y Recursos Ambientales e Ingeniería del Cartón Ondulado)
Andorra
José Tesán Pascual
Azaila-TEAF-magnus
Gas Natural Wind 4 S.L.
San Agustín
Experimentales
Concursante Razón social
Nombre Parque
Pot. Protegida (MW)
Ninguno |
Advertidos errores en el citado Decreto-Ley, inserto en el «Boletín Oficial de Aragón», número 168, de 31 de agosto de 2016, se formulan a continuación las oportunas rectificaciones:
En el segundo párrafo, penúltima línea, de la parte expositiva del Decreto-Ley, donde dice: "(...) principios establecidos en los artículos 118 y 119 de la Ley Jurisdiccional citada", debe decir: "(...) principios establecidos en los artículos 118 de la Constitución y 109 de la Ley Jurisdiccional citada".
En el anexo II, Relación de proyectos a que se refiere el apartado tercero del artículo 6. Zona D, primera fila, donde dice:
Eólicas y Ecológicas 59, S.L.
El Campillo
debe decir:
Energías Eólicas y Ecológicas 59, S.L.
El Campillo
En el Anexo III, Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6. Zona A, sexta fila, donde dice:
EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U
La Peña
debe decir:
EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U
La Peña
En el Anexo III, Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6. Zona A, última fila, donde dice:
Cogeneración del Ebro, S.A.
Odón de Buen
debe decir:
Cogeneración del Ebro, S.A.
I+D Odón de Buen
En el Anexo III, Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6. Zona E, penúltima fila, donde dice:
Diputación General de Aragón-Sodemasa
I+D Gúdar Javalambre
debe decir:
Comarca Gúdar Javalambre (anteriormente, Diputación General de Aragón-Sodemasa)
I+D Gúdar Javalambre
En el Anexo III, Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6. Zona E, última fila, donde dice:
EYRA Instalaciones y Servicios S.L.
Hocino I
debe decir:
EYRA Instalaciones y Servicios S.L. y Cóndor Energía Eólica, S.L.
Hocino I
En el Anexo III, Relación de proyectos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 6. Zona F, segunda fila, donde dice:
José Tesán Pascual
Azaila-TEAF-magnus
debe decir:
José Tesán Pascual y Aerogeneradores Canarios S.A.
I+D Azaila-TEAF-magnus |
Advertido error en la Ley 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón», número 115, de 16 de junio de 2016, y en concordancia con el tenor literal del texto de la Proposición de Ley presentada por todos los grupos parlamentarios en el Registro General de la Cámara, se procede a su subsanación:
Página 15738, en el Artículo 1. Modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia, que modifica el punto d), del apartado 1, del artículo 40 de la Ley 12/2001, donde dice: «Asimismo, los mayores de dieciséis años podrán acceder y permanecer solos en estos locales, (…)», debe decir: «Asimismo, los mayores de dieciséis años podrán acceder y permanecer solos en salas de fiestas, discotecas, salas de baile y pubs, (…)». |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 15 de septiembre de 2016, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 168, de 31 de agosto de 2016, con corrección de errores de este Decreto-Ley, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 179, de 15 de septiembre de 2016.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
El Estatuto de Autonomía de Aragón, dispone en su artículo 111, apartado 3, que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. En este mismo sentido, el artículo 38 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, considera automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio inmediato anterior hasta la aprobación y publicación de la Ley correspondiente en el «Boletín Oficial de Aragón».
Asimismo, resulta de aplicación la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que dispone en su artículo vigésimo primero, apartado dos, la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio anterior cuando no fueran aprobados los del año corriente antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.
De acuerdo con estas disposiciones legales, se prorrogan automáticamente a partir de 1 de enero de 2017 y hasta la aprobación del nuevo presupuesto, los créditos iniciales aprobados para el año 2016, salvo los créditos para cobertura de gastos correspondientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.
No obstante, lo anterior, la prórroga debe ser objeto de la adecuada instrumentación y ajuste a las condiciones legalmente establecidas, lo cual requiere fijar criterios interpretativos en cuanto al alcance de la misma, así como sobre la propia disponibilidad temporal de los créditos prorrogados, adoptando determinadas cautelas que permitan un margen razonable de seguridad para su encaje con los créditos que resulten definitivamente aprobados en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos.
En su virtud, conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, dispongo:
Artículo 1. Ámbito subjetivo.
La prórroga de los presupuestos afectará a todos los entes e instituciones recogidas en el artículo 1 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, siéndoles de aplicación todas las normas establecidas en esta orden que no sean incompatibles con su naturaleza jurídica.
Artículo 2. Créditos prorrogables.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 38 el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, se prorrogan los créditos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Públicos, contenidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016, con las limitaciones que se determinan en la presente orden. Dicha prórroga tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2017, hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 2017.
Los créditos del estado de ingresos y de gastos se prorrogarán por su importe inicial. La cuantía del presupuesto prorrogado consolidado asciende a cinco mil ciento veintinueve novecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho euros con sesenta y tres céntimos (5.129.957.998,63€).
Los organismos, empresas y otras entidades públicas que no se integran en el presupuesto consolidado y que se financian con transferencias, corrientes o de capital, procedentes de las secciones presupuestarias no podrán ejecutar gastos en sus presupuestos por encima de los correspondientes créditos prorrogados desde los que se financian.
El Departamento de Hacienda y Administración Pública revisará el estado de ingresos del presupuesto prorrogado de modo que si en alguna partida el importe de los ingresos estimados fuera inferior a las previsiones iniciales prorrogadas, se procederá a bloquear créditos en el estado de gastos por el importe de la cantidad excedida, con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario.
El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá proceder al bloqueo de créditos para su no disponibilidad con el objeto de cumplir los objetivos de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que resulten de aplicación para la Comunidad Autónoma en el año 2017.
No se prorrogan los créditos para gastos destinados a programas y actuaciones que finalizan en 2016 ni serán de aplicación al presupuesto prorrogado los artículos de la Ley 1/2016, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma cuyo contenido estuviera restringido o limitado temporalmente al año 2016.
Artículo 3. De la gestión de los créditos y sus modificaciones.
La ejecución y modificación de los créditos durante el período de prórroga estará sujeta a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, manteniendo el régimen de vinculaciones regulado en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos de 2016.
No obstante lo anterior, solo se podrán realizar las siguientes modificaciones:
– Incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2016, siempre que su financiación se realice con baja en otros créditos.
– Generaciones de crédito por ingresos no previstos en el presupuesto prorrogado.
– Las transferencias que resulten necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo o a los que se les encomiende, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, el pago de tributos o la realización de actuaciones de carácter institucional.
Artículo 4. Disposición de los créditos de gastos.
Los créditos de los capítulos 1, 2, 3 y 9 quedarán disponibles por el importe prorrogado, con las siguientes excepciones:
a) Quedarán bloqueados los créditos para gastos relativos a los servicios o programas cuya vigencia temporal se limitara al ejercicio de 2016.
b) Los créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas con carácter finalista serán disponibles por el importe aprobado en la Ley de Presupuestos de 2016 siempre que exista constancia de su continuidad. En el caso de que la consignación efectiva de dichos recursos en el ejercicio 2016 haya sido menor que la previsión inicial, se procederá a realizar una retención de no disponibilidad en el estado de gastos por el importe del exceso de ingresos estimado.
Con carácter general, los créditos de gastos para transferencias corrientes, de capital e inversiones reales (capítulos 4, 6, 7 y 8) quedarán bloqueados desde el día 1 de enero de 2017.
No obstante, estarán disponibles los créditos de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
– Créditos de la Sección 01 y Sección 26.
– Transferencias nominativas corrientes para la financiación de los presupuestos de Organismos, Empresas y otros Entes Públicos de la Comunidad Autónoma.
– Los créditos que tengan la naturaleza de ampliables en el artículo 8 de la Ley de Presupuestos de 2016.
– Los créditos necesarios para dar cobertura a los compromisos adquiridos en el ejercicio 2016 (o anteriores) derivados de la ejecución de expedientes plurianuales o de tramitación anticipada.
– Los créditos destinados a la financiación de la enseñanza concertada.
A partir del 1 de enero de 2017 no se podrán adquirir nuevos compromisos de gasto financiados íntegramente con recursos propios en los capítulos 4, 6, 7 y 8, salvo que se trate de gastos imprescindibles para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos. La disponibilidad de los créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas con carácter finalista se efectuará en la medida en que se acredite la asignación de los recursos que los financian, con las excepciones que se determinen por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad.
Artículo 5. Traspaso de operaciones al presupuesto aprobado.
Aprobada la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2017, se imputarán a éste todas las operaciones contables de ejecución realizadas en el presupuesto prorrogado durante el período que transcurra desde el 1 de enero de 2017 hasta la entrada en vigor de la nueva ley.
Se autoriza a la Intervención General para que, en coordinación con la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, realice las operaciones necesarias que permitan traspasar los documentos de ejecución presupuestaria contabilizados durante la vigencia del Presupuesto prorrogado a las aplicaciones resultantes de la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto para el ejercicio de 2017.
Disposición adicional primera. Retenciones de crédito.
La Intervención General realizará de oficio las retenciones de crédito previstas en la presente orden para garantizar el cumplimiento de lo previsto en su articulado.
Disposición adicional segunda. Instrucciones de desarrollo.
Se faculta a la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería y a la Intervención General para dictar en el ámbito de sus competencias, cuantas instrucciones fuesen necesarias para la gestión de la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2017.
Zaragoza, 23 de diciembre de 2016.‒El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín. |
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.8.ª y 9.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en materia de ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental, así como en materia de urbanismo.
Con fecha 17 de noviembre de 2015 se aprobó por el Gobierno de Aragón el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, cuyo título tercero califica como Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial a los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, regulándose tanto el procedimiento de declaración de interés general del plan o proyecto como la tramitación del Plan o Proyecto definitivo en el caso de que obtenga esta calificación, unificando en un solo texto normativo el procedimiento que hasta la Ley 8/2014 estaba parcialmente establecido en la legislación urbanística.
Del análisis de la regulación existente, y de su confrontación con las necesidades derivadas, al impulsar este tipo de actuaciones teniendo en cuenta que son los instrumentos que regulan la implantación de actividades de especial trascendencia territorial, económica, social o cultural, tanto por su magnitud como por sus singulares características, se pone de relieve la necesidad de adoptar los mecanismos necesarios para garantizar la operatividad de esta fórmula jurídica, así como la agilidad del procedimiento. Por las mismas razones resulta imprescindible que los parámetros urbanísticos generales aplicables a estos procedimientos específicos se adecuen a la realidad de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.
En el actual contexto económico, todavía volátil y en el que Aragón es un lugar atractivo para la inversión y la implantación de empresas, la puntual modificación del marco regulatorio que permite agilizarlas debe tener lugar con la mayor urgencia posible para permitir su aplicación inmediata a planes y proyectos. No puede perderse de vista que la implantación de actividades que se llevan a cabo a través de este tipo de planes y proyectos tiene una transcendencia y un impacto territorial y económico sustancial, decisivo para el equilibrio territorial y el desarrollo de Aragón que precisamente lo justifican. Por ello, en este momento resulta urgente la adopción de medidas extraordinarias adecuadas que faciliten la aprobación, implantación y desarrollo de estas grandes actuaciones de impacto territorial, que responden a prioridades determinadas por la planificación e impulso de la actividad económica en Aragón, sobre la base de la planificación general de la actividad económica establecida por el Estado. La omisión de estas medidas podría poner en grave riesgo la capacidad efectiva de respuesta de la Administración de la Comunidad Autónoma a concretas demandas de implantación empresarial en nuestro territorio o subordinarlas a vaivenes especulativos o incertidumbres que cualquier empresa, lógicamente, trata de rehuir.
Por lo tanto, no sólo es precisa la adopción de estas medidas, sino su aplicación inmediata, de modo que se garantice la mayor seguridad jurídica y predictibilidad temporal tanto para cualesquiera operadores económicos como para los poderes públicos promotores de estas actuaciones, de modo que puedan conocer los parámetros exactos que les resulten aplicables y programar adecuadamente, en ese marco, sus decisiones de inversión. De este modo, se acentúa la labor de fomento y promoción de este tipo de actuaciones en cuanto contribuyen al impulso de la actividad económica y, por ello, son generadoras de empleo. Además, esta modificación normativa permitirá evitar posibles maniobras especulativas en torno a los ámbitos de estas actuaciones de relevancia territorial mientras se impulsa su ordenación y autorización, lo que justifica suficientemente la urgencia en su adopción dado que, en el actual contexto normativo y como consecuencia de las modificaciones realizadas en 2013 y 2014 en la anterior normativa urbanística y territorial, nada evita que dichas maniobras especulativas se produzcan durante los tiempos de tramitación de los planes y proyectos de interés general de Aragón al no poder obtenerse antes de su aprobación definitiva los terrenos precisos para ejecutarlas.
Se requiere por lo tanto, una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía de tramitación legislativa, y por ello, se considera que se encuentra totalmente justificada la utilización del Decreto-Ley como instrumento normativo, al haberse acreditado la extraordinaria y urgente necesidad de la regulación propuesta, por su especial transcendencia sobre ámbitos que por propia definición exigen la declaración formal de interés general por parte del Gobierno de Aragón. Para la consecución de los objetivos de política económica propuestos, y con objeto de permitir el inmediato y efectivo impulso de actuaciones de interés general de Aragón eludiendo los riesgos, incertidumbres y potenciales maniobras especulativas en el sentido ya expuesto, resulta necesario introducir modificaciones en los artículos 39 y 44 del vigente texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre. El primero de dichos preceptos, que regula el derecho de tanteo y retracto, establece actualmente lo siguiente:
«1. Cuando la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón estuviera determinada en el acuerdo del Gobierno de Aragón de declaración del interés general, él ámbito correspondiente tendrá la consideración de área de tanteo y retracto para el destino especificado en la declaración de interés general, sometiéndose a tal fin al régimen establecido en la legislación urbanística.
2. Transcurridos cinco años desde la determinación de la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón sin que este hubiere sido definitivamente aprobado, los terrenos correspondientes dejarán de estar sujetos al régimen establecido en el apartado anterior de este artículo».
Dicho precepto, procedente de Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón, preveía en su redacción original que «determinada la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón en el acuerdo de declaración de interés general, el ámbito correspondiente tendrá la consideración de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo y de área de tanteo y retracto a los efectos de esta Ley y para el destino especificado en la declaración de interés general.» La reforma de la legislación urbanística realizada mediante Ley 4/2013, de 23 de mayo, y ratificada en este punto por lo dispuesto en la Ley 8/2014, de 23 de octubre, suprimió la consideración del ámbito correspondiente de un Plan o Proyecto de Interés General como de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo, habiéndose mantenido exclusivamente su consideración como área de tanteo y retracto.
Recuérdese, a este respecto, que el actual texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, regula en el capítulo VI de su título III los patrimonios públicos de suelo, determinando que deberán gestionarse con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística y posibilitar iniciativas de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica en el marco establecido por esta ley y por la normativa básica estatal. Asimismo, se establece que los terrenos integrantes de estos patrimonios públicos de suelo que no provengan de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechamiento urbanístico previstas en la legislación básica, podrán ser destinados, además de a los fines establecidos en el apartado anterior, a iniciativas de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica.
De acuerdo con lo expuesto se considera que en el caso de la delimitación del ámbito de un Plan o Proyecto de Interés General, estaría plenamente justificada su consideración como reserva para la ampliación del patrimonio público del suelo, teniendo en cuenta la regulación del destino de este tipo de bienes en la normativa urbanística. Para ello resulta procedente recuperar la redacción anterior del artículo 91 de la Ley de Urbanismo de 2009 incluyendo de nuevo la consideración de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo de los terrenos delimitados en el ámbito correspondiente de un Plan o Proyecto de Interés General, una vez determinada su ubicación.
La consideración de este ámbito como reserva para la constitución o ampliación del patrimonio público del suelo conlleva la aplicación inmediata del régimen previsto en el capítulo VI del título III del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón que, en lo que afecta a estos planes e instrumentos, tiene especial relevancia tanto para evitar posibles actuaciones especulativas como para garantizar la máxima celeridad y eficacia en su tramitación. Y ello porque se prevé que el establecimiento o delimitación de áreas de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo comporta la sujeción de cuantas trasmisiones se efectúen de terrenos u otros bienes inmuebles reservados a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración que estableció o declaró la reserva y la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.
Por otra parte, el artículo 54.6 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón prevé que el Gobierno de Aragón puede, con carácter general, tanto establecer nuevas categorías y módulos de reserva como modificar o suprimir las categorías y módulos previstos en el apartado primero de dicho precepto. Pero, además, el citado precepto faculta al Gobierno para establecer módulos de reserva especiales para los supuestos establecidos en el apartado sexto de dicho artículo 54 de la Ley de Urbanismo. Así pues, y con objeto de dotar de la máxima seguridad a esta previsión cuando se proyecta sobre grandes actuaciones que se canalizan a través de los planes y proyectos de interés general de Aragón, resulta conveniente aclarar específicamente que en los Planes de Interés General de Aragón de carácter industrial resulta posible realizar estas modificaciones mediante el acuerdo del Gobierno de Aragón que los apruebe, lógicamente siempre que aparezca suficientemente justificado.
Por todo lo expuesto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren por su naturaleza y finalidad las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 3 de febrero de 2017,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre:
1. El artículo 39 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 39. Reservas, tanteo y retracto.
1. Cuando la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón estuviera determinada en el acuerdo del Gobierno de Aragón de declaración del interés general, el ámbito correspondiente tendrá la consideración de reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo y de área de tanteo y retracto para el destino especificado en la declaración de interés general, sometiéndose a tal fin al régimen establecido en la legislación urbanística.
2. Transcurridos cinco años desde la determinación de la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón sin que este hubiere sido definitivamente aprobado, los terrenos correspondientes dejarán de estar sujetos al régimen establecido en el apartado anterior.
3. El Gobierno de Aragón, una vez iniciado el procedimiento para la declaración de interés general de Aragón, mediante acuerdo adoptado en cualquier fase previa a la declaración de interés general podrá declarar el ámbito previsto como reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo y de área de tanteo y retracto, siempre que se trate de Planes o Proyectos de Interés General de iniciativa pública, la ubicación estuviera determinada y existiera acuerdo del municipio o municipios previstos para su ubicación.
Cuando se produzca la declaración de interés general de la actuación serán de aplicación los apartados anteriores.
En el supuesto de que transcurrido un año desde el acuerdo al que se refiere este apartado, no se hubiera declarado el interés general de la actuación, los terrenos correspondientes dejarán de estar sujetos al régimen de reserva de terrenos».
2. Se modifica el artículo 44.1, en el que se crea una nueva letra d) con la siguiente redacción:
«d) El establecimiento de módulos de reserva especiales por el Gobierno de Aragón previsto en la normativa urbanística en relación con actuaciones industriales podrá realizarse, en relación con Planes de Interés General de Aragón, en el acuerdo de aprobación definitiva de dichos instrumentos. En la memoria deberán justificarse específicamente dichos módulos de reserva especiales atendiendo a las necesidades funcionales del Plan de Interés General».
Disposición transitoria única.
Las disposiciones de este Decreto-ley son de aplicación a los Planes y Proyectos de Interés General que se aprueben inicialmente después de su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este Decreto-ley.
Disposición final única.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 3 de febrero de 2017.
El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 9 de marzo de 2017, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 1/2017, de 3 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 25, de 7 de febrero de 2017.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 9 de marzo de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva, de conformidad con lo referido en el artículo 71.23.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, en planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad y, en especial, la creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad.
El instrumento técnico de financiación que se ordena o autoriza a través de esta norma viene amparado en las previsiones del artículo 110 del Estatuto de Autonomía respecto a las operaciones de crédito, por cuanto el apartado 2.º del mismo habilita a la Comunidad Autónoma para que, mediante norma legal, pueda recurrir a cualquier tipo de préstamos o crédito, así como emitir deuda pública o títulos equivalentes para financiar gastos de inversión, con arreglo a lo dispuesto en la Ley a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de 2016, se autorizó a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de préstamos a largo plazo por importe de 46 millones de euros, que se destinarán a refinanciar operaciones de préstamos y créditos vivas de las que son titulares empresas públicas incluidas en el Sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma a precios más competitivos.
De conformidad con los términos del propio acuerdo, esta autorización del Consejo de Ministros sólo puede amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de marzo de 2017, y deberán respetar el principio de prudencia financiera.
La Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, introduce un nuevo artículo 13 bis en la ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, con la siguiente redacción: «Todas las operaciones financieras que suscriban las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, están sujetas al principio de prudencia financiera, entendiendo por prudencia financiera el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste». Dicho precepto en su apartado 4 establece que: «Las Comunidades Autónomas velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto del sector público».
La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., que tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con sus Estatutos Sociales ha de servir como instrumento para la ejecución de las políticas establecidas por el Gobierno de Aragón para hacer efectivo el derecho a la Vivienda reconocido por el artículo 47 de la Constitución y 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, colaborando con las Administraciones Públicas Aragonesas en la ejecución de acciones destinadas a la provisión de vivienda, en régimen de propiedad o alquiler, a las familias, ciudadanos o colectivos que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad, todo ello de acuerdo con lo que en cada momento se establezcan por las normas estatales o de la Comunidad Autónoma de Aragón que resulten de aplicación.
En la actualidad la empresa pública SVA, S.L.U. está gestionando para el Gobierno de Aragón, un volumen de 445 viviendas en alquiler y 1.041 viviendas promovidas por actuación directa o convenida. Un total de 1.486 viviendas. La labor que se realiza corresponde a la gestión económica y social del parque de viviendas en alquiler, propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las viviendas de promoción pública con destino a compraventa que fueron promovidas directamente por el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón o financiadas por dicho Instituto, proporcionando acompañamiento y asistencia social a las familias que ocupan las viviendas, así como la gestión y seguimiento del cobro de los pagos derivados de las viviendas de promoción pública citadas con préstamos aún vigentes y de las rentas y gastos asimilables en las viviendas de alquiler.
Esta empresa pública a 31 de diciembre de 2016 tenía estructurada su deuda bancaria en tres grandes bloques:
‒ Préstamos hipotecarios de Viviendas por un importe de 17.77 millones de euros que financian los inmuebles ya construidos con vencimientos a muy largo plazo.
‒ Préstamos hipotecarios de edificios de uso terciario por un importe de 14,33 millones de euros con vencimiento a largo plazo.
‒ Pólizas de crédito que financian el resto de activos de la sociedad con un límite de 56,05 millones de euros cuyos vencimientos son 6 millones de euros a final del ejercicio 2017 y 50,05 millones de euros a finales del ejercicio 2018. El saldo vivo de estos créditos asciende a fecha de 31 de diciembre de 2016 a 34,93 millones de euros.
Adicionalmente, la sociedad mantiene un saldo de 0,73 millones de euros, con vencimiento a largo plazo, en préstamos sin intereses concedidos por el Ministerio de Industria.
Asimismo, forman parte del perímetro de consolidación de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010), consolidando en el cómputo del objetivo de deuda del sector público aragonés.
Para hacer efectivo por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón el deber de velar por la aplicación de principio de prudencia financiera del conjunto del sector público aragonés, resulta preciso refinanciar las condiciones financieras del endeudamiento vivo del sector público empresarial, y concretamente de la empresa pública, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. para adecuarlas a las condiciones de prudencia financiera, de manera que el riesgo financiero y su coste sea mínimo. Para ello, resulta necesaria la suscripción por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón del contrato o contratos de préstamo con las entidades financieras que han sido objeto de autorización por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
El artículo 43 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, establece que cuando se deba efectuar algún gasto y no exista crédito adecuado ni fuese posible su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones, el Consejero competente en materia de Hacienda someterá al Gobierno de Aragón el oportuno acuerdo, para remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito, en el que se especificará la financiación adecuada.
El artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece que la Comunidad Autónoma mediante ley de Cortes de Aragón podrá recurrir a cualquier tipo de préstamo o crédito, así como emitir deuda pública o títulos equivalente para financiar gastos de inversión.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón faculta al Gobierno de Aragón para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad y siempre que su contenido no afecte a las materias relacionadas en el apartado 1 del antedicho artículo del Estatuto.
Teniendo en cuenta la limitación temporal determinada en el propio acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros respecto a la formalización de las operaciones de préstamo, que establece como límite temporal para su formalización el 31 de marzo de 2017 y resulta absolutamente patente la urgencia en la tramitación de estas actuaciones y por tanto, queda totalmente justificada en este momento la extraordinaria y urgente necesidad que debe concurrir para poder acudir a la fórmula del Decreto-ley.
Por todo lo expuesto, resulta preceptivo una norma de rango legal que cumpla lo previsto por el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto al crédito extraordinario, así como para dar cumplimiento al requisito de reserva legal para recurrir al endeudamiento con el objeto de refinanciar las condiciones financieras del endeudamiento vivo del sector público empresarial, para adecuarlas a las condiciones de prudencia financiera, de manera que el riesgo financiero y su coste sea mínimo.
Por todo lo expuesto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren por su naturaleza y finalidad las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 22 de marzo de 2017.
DISPONGO:
Artículo 1. Crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2017 (prórroga del presupuesto para 2016) por un importe máximo de 46.000.000 euros en la partida presupuestaria 30040 G/5111/810001/91002, denominada «compra acciones y participaciones de la Corporación Empresarial Pública de Aragón».
Artículo 2. Financiación crédito extraordinario.
El crédito extraordinario que se concede por este Decreto-Ley se financiará con endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos de autorizaciones establecidos en materia de estabilidad presupuestaria.
Artículo 3. Autorización para realizar operaciones de endeudamiento.
1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para concertar operaciones de crédito o de préstamo a largo plazo por un importe máximo de hasta 46.000.000 euros, destinadas a cancelar deuda financiera de la empresa pública, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
2. Hasta el límite señalado podrán concertarse una o varias operaciones de crédito o préstamo en los términos autorizados.
3. Las características y requisitos de las operaciones de endeudamiento se formalizarán de acuerdo con lo previsto en el presente artículo y se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de la materia.
Disposición final única.
Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 22 de marzo de 2017.‒El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.‒El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín.‒El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 20 de abril de 2017, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 2/2017, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un crédito extraordinario y por el que se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2017.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 20 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón fue creado por Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Dicha medida engarzaba con la modificación del régimen de recursos en el ámbito de la contratación pública introducida por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. En esa modificación de la normativa de cabecera en materia de contratos públicos se encuentran las bases del sistema actual de recursos, especial para el ámbito de la contratación pública, caracterizado por su rapidez, eficacia y por la independencia del órgano encargado de resolver los recursos.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación. Concebido inicialmente como un órgano cuyos miembros desempeñarían su función en régimen de dedicación exclusiva y con carácter retribuido, lo cierto es que desde su creación se estableció un régimen transitorio que hacía recaer las funciones del Tribunal en algunos miembros de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. La Ley 10/2012, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificó algunas cuestiones relativas a la composición, incompatibilidades y retribución de los miembros del Tribunal para permitir que compatibilizasen su tarea con su puesto de trabajo en la Administración a la que perteneciesen. No obstante, el modelo de compatibilidad de las funciones del Tribunal con las que sus miembros ejerzan en sus Administraciones de origen es un modelo minoritario en la organización de los órganos de recurso especial en materia de contratación.
Desde su creación en 2011 y hasta 2016 el Tribunal ha dictado 489 Acuerdos, habiéndose incrementado la carga de trabajo un 400 por ciento en el citado período. Las competencias materiales del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón han ido progresivamente aumentando como consecuencia de la rebaja de los umbrales económicos a partir de la cual los contratos públicos pueden ser susceptibles del recurso especial en materia de contratación pública regulado en los artículos 40 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La Ley 10/2012, de 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, situó esos umbrales en un millón de euros para los contratos de obras y en cien mil euros para los contratos de servicios y suministros (frente a los 5.225.000 y 209.000 euros, respectivamente, que indica actualmente el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética públicas, los ha situado en 200.000 euros para los contratos de obras y en los 60.000 para los de suministros y servicios. La misma Ley 10/2012 extendió a las modificaciones contractuales la posibilidad de interponer recurso especial en materia de contratación. Y en el futuro, está previsto que el Tribunal asuma nuevas competencias al considerar la nueva normativa en materia de contratación pública –actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados– a los encargos de ejecución a medios propios como actuaciones susceptibles de recurso especial.
En la actualidad los miembros del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón compatibilizan esta tarea con su puesto de trabajo en la Administración a la que pertenezcan. La nueva situación derivada de la aprobación de la Ley de Integridad y Ética Pública, y el incremento de trabajo que va a suponer, demandan un cambio urgente en la regulación de este Tribunal, posibilitando, al igual que en la mayor parte de los Tribunales de Contratos del resto de las Administraciones Pública, que estas funciones se realicen en régimen de dedicación exclusiva y con carácter retribuido.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44.1 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevé que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. En este caso, la urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por la falta de correlación entre el incremento de funciones del Tribunal y los recursos adscritos a su desempeño, que determinan la necesidad de dotar adecuadamente de recursos al Tribunal para reforzar la eficacia del recurso y la profesionalización de los miembros encargados de resolverlo.
Queda justificado, por tanto, que el ejercicio de la iniciativa legislativa por el Gobierno obedece a razones de interés general, respetándose de este modo los principios de buena regulación de necesidad, eficacia y transparencia, en cumplimiento del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, este Decreto-Ley cumple con el principio de proporcionalidad, puesto que recoge las modificaciones imprescindibles en la regulación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón para atender a las necesidades que motivan su aprobación. Por otra parte, responde al principio de eficiencia, ya que favorece la racionalización del funcionamiento del citado Tribunal y también, finalmente, respeta el principio de seguridad jurídica, puesto que contribuye a generar un marco normativo estable, predecible, integrado y claro que facilita su conocimiento.
La regulación que se introduce con este Decreto-Ley se ampara en la competencia exclusiva en materia de creación, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reconocida por el artículo 71.1.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, puesta en relación con las competencias que el artículo 75.11.ª y 12.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo normativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado, al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, en materia de contratación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las restantes Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las entidades locales.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración pública, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día de 20 de junio de 2017,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón:
Uno. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 18. Composición del Tribunal.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estará compuesto por un Presidente y al menos dos vocales. Cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje, el Gobierno acordará la ampliación de los vocales del Tribunal.
2. El Presidente y los vocales del Tribunal serán nombrados por decreto del Gobierno de Aragón, previa información a las Cortes de Aragón y a propuesta del Consejero competente en materia de contratación pública.
La propuesta al Gobierno se hará previa convocatoria pública realizada por el Departamento competente en materia de contratación pública, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón». En ella se especificarán los requisitos que habrán de reunir los que aspiren a ser designados para cubrir cada uno de los puestos convocados, que garantizarán la cualificación específica de todos los aspirantes para el desempeño de las competencias propias del Tribunal.
3. La designación del Presidente se realizará entre funcionarios de carrera del Grupo A1, con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública.
4. La designación de los vocales se realizará entre funcionarios de carrera del Grupo A1, con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública».
Dos. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 19. Duración del mandato, incompatibilidades y garantías de los miembros del Tribunal.
1. La duración del mandato de los miembros del Tribunal será de seis años y no podrá prorrogarse. En cualquier caso, cesado un miembro, este continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
2. El Presidente y los vocales desempeñarán su función en régimen de dedicación exclusiva. Los miembros del Tribunal ocuparán puestos integrados en su relación de puestos de trabajo, pasando a situación de servicios especiales en su puesto de origen.
3. A los miembros del Tribunal les resultará de aplicación el régimen de conflictos de intereses, dedicación exclusiva e incompatibilidades de las autoridades y cargos del sector público, y además, tendrán incompatibilidad con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
4. Los miembros de este Tribunal tendrán carácter independiente e inamovible y, consecuentemente, no podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno de Aragón.
c) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
d) Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
e) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d) y e) se acordará por el Gobierno de Aragón, previo expediente con audiencia del interesado».
Tres. La Disposición adicional quinta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional quinta. Unidad de apoyo al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón dispondrá de una unidad administrativa que prestará apoyo técnico y administrativo para el ejercicio de sus funciones».
Disposición adicional única.
Para la aprobación de la relación de puestos de trabajo y posterior convocatoria de los puestos de Presidente y Vocales del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, así como para la dotación de los medios materiales y personales que sean necesarios para su correcto funcionamiento, se generarán los créditos necesarios en la Sección 04 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición transitoria única.
1. El Presidente y los vocales del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón nombrados por Decretos 14/2013, de 5 de febrero, y 38/2017, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión de su cargo quienes los hayan de sustituir.
2. El Departamento competente en materia de función pública convocará el procedimiento para la selección de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos dentro del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este Decreto-Ley.
Disposición final única.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 20 de junio de 2017.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
FERNANDO GIMENO MARÍN
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS |
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, estableció la regulación de la política forestal, ordenación y gestión de los montes en Aragón, como consecuencia de que los montes son una parte muy importante del medio ambiente, y cuya tendencia en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es de máxima protección del mismo.
La misma fue promulgada teniendo en cuenta las bases constitucionales y estatutarias sobre la materia, entre las que cabe destacar; el artículo 149.1.23.ª de la Constitución que recoge la competencia del Estado respecto a la legislación básica sobre protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene reconocida en el artículo 71.1.20.ª de su Estatuto de Autonomía la competencia exclusiva en materia de «Montes y vías pecuarias, que, al menos, incluye la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de sus usos, así como de los pastos y los servicios y aprovechamientos forestales», correspondiendo, asimismo, a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en cuestiones relativas a la «protección del medio ambiente; normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje» prevista en el artículo 71.1.22.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón.
La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, ha sufrido modificaciones numerosas y relevantes a lo largo de su vigencia que han determinado que las Cortes de Aragón consideren conveniente su refundición al objeto de proceder a su sistematización, regularización, renumeración, titulación, aclaración y armonización, a través de la aprobación de un Decreto Legislativo. Entre las modificaciones hay que destacar la operada por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por el que se sustituye en determinados procedimientos la figura de la autorización por la declaración responsable; la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que añade la disposición adicional décimo tercera sobre la elaboración de planes de ordenación de los recursos forestales y otros instrumentos de gestión forestal; y la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón que modifica el artículo 31, relativo a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo. Pero la reforma más sustancial se produjo con la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, por la cual se simplifican los trámites administrativos en diversos procedimientos, como los relativos a la circulación con vehículos a motor en montes catalogados; también se disponen medidas en la rescisión de consorcios y convenios forestales, y, finalmente, destacan las modificaciones relativas a las medidas de lucha contra los incendios forestales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en los artículos 39 y 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, el Gobierno puede dictar normas con rango de ley mediante la promulgación de decretos legislativos en el ejercicio de la delegación legislativa que le atribuyan las Cortes.
En este marco, la disposición final primera de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de dicha ley, se apruebe, a propuesta del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, un Decreto Legislativo por el que se refunda la Ley 15/2006, de 26 de diciembre, de Montes de Aragón, y sus sucesivas modificaciones, indicando que la facultad de refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, titulación, aclaración y armonización.
Por lo ya expuesto, se ha procedido a la elaboración del texto refundido que sistematiza y ordena las disposiciones vigentes con rango de ley reguladoras de los montes en Aragón. Se eliminan algunos preceptos, por haber quedado su contenido sin eficacia dadas las modificaciones producidas, como por ejemplo, la eliminación de la disposición transitoria segunda, como consecuencia de la reforma producida en el concepto de montes respecto a los ribazos o márgenes de cultivo, o bien la supresión de la antigua disposición adicional séptima, relativa a la creación del Comité Forestal de Aragón, que ya fue creado en 2008, así como el contenido correspondiente a leyes distintas a la propia ley de montes de Aragón que sin embargo fueron modificadas por la misma o por leyes que la modificaron, lo que sucedió con la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente y con Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, variaciones que quedaron incorporadas al contenido de esas leyes sectoriales.
Por todo lo expuesto, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; visto el informe de la Dirección de Servicios Jurídicos, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del 20 de junio de 2017,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, se entenderán hechas al texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.
2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado artículo de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, se entenderán sustituidas por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido de la Ley Montes de Aragón.
Disposición adicional segunda. Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que puedan aparecer en este Decreto Legislativo y en el texto refundido que se aprueba se entienden igualmente referidas a su correspondiente femenino.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Queda derogada la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, modificada por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón y por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto Legislativo y al texto refundido que por él se aprueba.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo, y el texto refundido que el mismo aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 20 de junio de 2017.
El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE MONTES DE ARAGÓN
ÍNDICE.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I. Definición y principios generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Fines.
Artículo 3. Principios generales.
Artículo 4. Función social de los montes.
Artículo 5. Definiciones.
Artículo 6. Concepto de monte.
CAPÍTULO II. Competencias de las Administraciones públicas.
Artículo 7. Disposiciones generales.
Artículo 8. Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9. Comarcas.
Artículo 10. Municipios.
TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES.
CAPÍTULO I. Clasificación de los montes.
Artículo 11. Clasificación de los montes.
CAPÍTULO II. Régimen jurídico de los montes públicos
Artículo 12. Régimen jurídico de los montes demaniales.
Artículo 13. Declaración de utilidad pública.
Artículo 14. Propiedad y presunción de posesión de los montes catalogados.
Artículo 15. Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
Artículo 16. Descatalogación.
Artículo 17. Permuta.
Artículo 18. Prevalencia de demanialidad.
Artículo 19. Desafectación de montes catalogados.
Artículo 20. Desafectación de montes no catalogados.
Artículo 21. Régimen jurídico de los sotos y masas arboladas de las riberas.
Artículo 22. Régimen jurídico de los montes comunales.
Artículo 23. Régimen jurídico de los montes patrimoniales.
CAPÍTULO III. Régimen jurídico de los montes privados.
Artículo 24. Régimen jurídico de los montes privados.
Artículo 25. Registro de montes protectores.
Artículo 26. Efectos de la declaración e inclusión en el Registro de montes protectores.
Artículo 27. Pérdida de condición de monte protector.
CAPÍTULO IV. Montes vecinales en mano común.
Artículo 28. Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
CAPÍTULO V. Adquisición y pérdida de la condición de monte.
Artículo 29. Adquisición de la condición de monte.
Artículo 30. Pérdida de la condición de monte.
Artículo 31. Pérdida del uso forestal por puesta en cultivo.
Artículo 32. Procedimientos de concentración parcelaria.
Artículo 33. Planeamiento urbanístico.
TÍTULO III. INVESTIGACIÓN, DESLINDE, ADQUISICIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS MONTES.
CAPÍTULO I Investigación e inventario de los montes públicos.
Artículo 34. Investigación.
Artículo 35. Inventario.
CAPÍTULO II. Deslinde y amojonamiento de los montes públicos.
Artículo 36. Disposiciones generales.
Artículo 37. Contenido de la memoria.
Artículo 38. Inicio del deslinde.
Artículo 39. Efectos del acto inicial del deslinde.
Artículo 40. Régimen de audiencia y publicidad.
Artículo 41. Práctica del apeo.
Artículo 42. Procedimientos de deslinde.
Artículo 43. Primera fase del procedimiento de deslinde.
Artículo 44. Segunda fase del procedimiento de deslinde.
Artículo 45. Deslinde abreviado.
Artículo 46. Condiciones de la aprobación.
Artículo 47. Aprobación del deslinde.
Artículo 48. Efectos del deslinde.
Artículo 49. Impugnación del acto aprobatorio del deslinde.
Artículo 50. Amojonamiento.
Artículo 51. Deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
CAPÍTULO III. Recuperación, adquisición e inscripción.
Artículo 52. Recuperación posesoria.
Artículo 53. Adquisición de montes.
Artículo 54. Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto.
Artículo 55. Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 56. Régimen registral de fincas sitas en términos municipales en los que se hallen montes demaniales.
TÍTULO IV. POLÍTICA FORESTAL, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MONTES.
CAPÍTULO I. Política forestal.
Artículo 57. Plan forestal de Aragón.
Artículo 58. Ámbito, vigencia y contenido.
Artículo 59. Elaboración y aprobación.
Artículo 60. Comité Forestal de Aragón.
CAPÍTULO II. Ordenación y gestión de los montes.
Artículo 61. Disposición general.
Artículo 62. Planes de ordenación de los recursos forestales.
Artículo 63. Instrucciones de ordenación de montes.
Artículo 64. Instrumentos de gestión forestal.
Artículo 65. Instrumentos de gestión forestal en montes catalogados y protectores.
Artículo 66. Instrumentos de gestión forestal en otros montes.
CAPÍTULO III. Información y estadística forestal.
Artículo 67. Información y estadística forestal.
TÍTULO V. RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE LOS MONTES.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 68. Regulación aplicable.
Artículo 69. Definiciones.
CAPÍTULO II. Concesiones y servidumbres.
Artículo 70. Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad pública.
Artículo 71. Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo en montes catalogados.
Artículo 72. Concesiones de interés público.
Artículo 73. Concesiones de interés particular.
Artículo 74. Servidumbres en montes públicos no catalogados.
Artículo 75. Servidumbres en montes catalogados.
Artículo 76. Servidumbres en montes de titularidad privada.
CAPÍTULO III. Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales.
Artículo 77. Aprovechamientos forestales.
Artículo 78. Control de los aprovechamientos forestales.
Artículo 79. Aprovechamientos en montes catalogados. Plan anual de aprovechamientos.
Artículo 80. Fondos y planes de mejoras.
Artículo 81. Aprovechamientos en montes no catalogados y no gestionados por la Administración autonómica.
Artículo 82. Aprovechamientos en montes comunales.
Artículo 83. Condiciones especiales de los aprovechamientos maderables.
Artículo 84. Aprovechamientos de pastos.
Artículo 85. Aprovechamiento de la biomasa forestal.
Artículo 86. Recursos del subsuelo.
CAPÍTULO IV. Actividades y usos sociales.
Artículo 87. Actividades y uso público de los montes.
Artículo 88. Vías de saca, pistas forestales, modificación sustancial de la cubierta vegetal y cortas en montes no catalogados.
Artículo 89. Uso cultural, turístico y recreativo de los montes públicos.
Artículo 90. Prohibiciones o limitaciones de ciertos usos.
Artículo 91. Acceso a los montes.
Artículo 92. Régimen de uso de las pistas forestales.
TÍTULO VI. PROTECCIÓN DE LOS MONTES.
CAPÍTULO I. Control de la erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación.
Artículo 93. Disposición general.
Artículo 94. Control de la erosión y corrección hidrológico-forestal.
Artículo 95. Repoblación forestal.
Artículo 96. Medidas de repoblación forestal.
Artículo 97. Material forestal de reproducción.
CAPÍTULO II. Prevención de plagas y enfermedades.
Artículo 98. Sanidad forestal.
Artículo 99. Controles fitosanitarios.
Artículo 100. Contaminación.
CAPÍTULO III. Protección frente a los incendios forestales.
Artículo 101. Competencias de las distintas Administraciones públicas en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.
Artículo 102. Obligación de aviso.
Artículo 103. Zonas de alto riesgo.
Artículo 104. Medidas preventivas.
Artículo 105. Organización de la extinción.
Artículo 106. Medidas para la restauración de zonas incendiadas.
TÍTULO VII. FOMENTO DE LAS ACTUACIONES FORESTALES.
Artículo 107. Ayudas técnicas y económicas.
Artículo 108. Régimen de las ayudas a otorgar.
Artículo 109. Pérdida de beneficios.
Artículo 110. Colaboración en formación, sensibilización, investigación y desarrollo.
Artículo 111. Certificación forestal.
Artículo 112. Compra pública responsable de productos forestales.
Artículo 113. Agrupaciones y asociaciones.
TÍTULO VIII. POLICÍA FORESTAL E INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO I. Competencias de las Administraciones públicas en materia de policía forestal.
Artículo 114. Disposiciones generales.
Artículo 115. Agentes de protección de la naturaleza.
Artículo 116. Agentes forestales de las entidades locales.
Artículo 117. Personal voluntario.
CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones.
Artículo 118. Responsabilidad administrativa.
Artículo 119. Tipificación de infracciones.
Artículo 120. Clasificación de las infracciones.
Artículo 121. Medidas provisionales.
Artículo 122. Prescripción de las infracciones.
Artículo 123. Responsabilidad penal.
Artículo 124. Potestad sancionadora.
Artículo 125. Clasificación de las infracciones y cuantía de las sanciones.
Artículo 126. Registro de infractores.
Artículo 127. Reducción de la sanción.
Artículo 128. Proporcionalidad.
Artículo 129. Reparación del daño e indemnización.
Artículo 130. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
Artículo 131. Prestación ambiental sustitutoria.
Artículo 132. Decomiso.
Artículo 133. Prescripción de las sanciones.
Disposición adicional primera. Competencias del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Disposición adicional segunda. Acción pública.
Disposición adicional tercera. Plazo de abandono de terrenos agrícolas.
Disposición adicional cuarta. Consorcios y convenios de repoblación sobre montes públicos.
Disposición adicional quinta. Consorcios y convenios de repoblación sobre montes privados.
Disposición adicional sexta. Rescisión onerosa de consorcios o convenios de repoblación en montes públicos o privados.
Disposición adicional séptima. Montes pertenecientes a sociedades extintas o sin capacidad de obrar.
Disposición adicional octava. Inventario de pistas forestales.
Disposición adicional novena. Montes sometidos a enfiteusis.
Disposición adicional décima. Actualización de multas.
Disposición adicional undécima. Adecuación de aprovechamientos de montes privados.
Disposición adicional duodécima. Personal de auxilio al director técnico de extinción.
Disposición adicional decimotercera. Registro electrónico de Montes de Aragón.
Disposición adicional decimocuarta. Gestión de montes pro indiviso.
Disposición adicional decimoquinta. Régimen sancionador en materia de aprovechamiento micológico.
Disposición transitoria primera. Competencias comarcales.
Disposición transitoria segunda. Riberas deslindadas con arreglo a la Ley de 18 de octubre de 1941 de repoblación de las riberas de ríos y arroyos.
Disposición transitoria tercera. Instrumentos de gestión forestal en montes consorciados o conveniados.
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los planes actuales.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio para la realización de determinadas actuaciones mediante comunicación previa en montes no gestionados por la Administración forestal.
Disposición transitoria sexta. Plazos en trámites de audiencia, periodo de información pública y en el procedimiento de concurrencia competitiva.
Disposición transitoria séptima. Operativo de prevención y extinción de incendios.
Disposición transitoria octava. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
Disposición final segunda. Acceso a Árboles Singulares de Aragón de propiedad privada.
Disposición final tercera. Acceso a la escala de agentes de protección de la naturaleza.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Disposición final quinta. Habilitación de desarrollo.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Definición y principios generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente ley regular los montes situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Aragón, conforme a su competencia exclusiva en el marco de la legislación básica del Estado.
Artículo 2. Fines.
Son fines perseguidos por esta ley:
a) La gestión integral de los montes, asegurando la protección, conservación y aumento de su diversidad biológica y los procesos evolutivos y ecológicos de la cubierta vegetal conforme a las exigencias del interés general, favoreciendo y salvaguardando los recursos hídricos de los ecosistemas forestales.
b) El establecimiento del régimen de defensa y protección de los montes, cualquiera que sea su titularidad, regulando sus usos y aprovechamientos, sin perjuicio de la adopción, en su caso, de medidas de fomento.
c) La definición de la política forestal y de su ejecución por medio de la planificación forestal, que incluirá medidas de prevención y protección de los riesgos que amenazan al monte, así como la determinación de los criterios de restauración hidrológico-forestal.
d) La delimitación de las competencias de las distintas Administraciones públicas territoriales y, en particular, las de las entidades locales en la gestión de los montes de su titularidad.
e) La promoción entre la población del mejor conocimiento de los valores que sustentan los ecosistemas forestales.
Artículo 3. Principios generales.
Son principios generales que inspiran la presente ley, junto a aquellos que establece la legislación básica estatal, los siguientes:
a) La prevención y control de la erosión y la defensa, conservación y mejora de los suelos como recurso natural.
b) La relevancia de la función de los montes en la generación y reserva de recursos hídricos, la regulación del régimen fluvial y la defensa de poblaciones e infraestructuras.
c) La defensa de la propiedad forestal pública.
d) La coordinación de la planificación forestal con la agrícola.
e) La integración en la política forestal aragonesa de los objetivos de la acción nacional e internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio climático y biodiversidad.
f) La defensa del árbol como valor cultural, del paisaje y del ecosistema.
g) La conservación de los bosques autóctonos y de su patrimonio genético.
h) La coordinación de la Administración local y la autonómica en la prevención y extinción de los incendios forestales.
i) El carácter prioritario de la prevención, que deberá presidir la política dirigida a la lucha contra los incendios forestales.
j) El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados, mejorando los procesos de obtención, transformación y comercialización de los productos económicos de los montes.
k) El fomento del asociacionismo y la cooperación entre los propietarios de montes y los sectores de transformación de los recursos forestales.
l) La incorporación de los valores del monte en los planes de empleo y su aprovechamiento racional como medio de contribución al desarrollo rural.
m) El fomento de la investigación y de la información en materia de selvicultura y, en general, de protección, conservación y aumento de los montes y de las masas arboladas.
n) El fomento de los usos culturales, turísticos, pedagógicos, recreativos y deportivos de los montes de forma compatible con el resto de sus finalidades.
ñ) La aplicación del principio o enfoque de precaución, en cuya virtud, cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
o) La adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.
p) Garantizar la integración de los montes en la ordenación territorial y urbanística.
Artículo 4. Función social de los montes.
1. Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples servicios o externalidades ambientales, por lo que las Administraciones públicas aragonesas velarán en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenación.
2. En virtud de su función social, los montes aragoneses son considerados infraestructuras naturales básicas de la Comunidad Autónoma. Las Administraciones públicas aragonesas destinarán los medios materiales y humanos necesarios para que los montes cumplan su función social.
Artículo 5. Definiciones.
Serán de plena aplicación en la normativa forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón las definiciones que establezca la legislación forestal estatal básica vigente.
Artículo 6. Concepto de monte.
1. A los efectos de la presente ley, son montes los terrenos sobre los que vegetan, de forma espontánea o mediante siembra o plantación, especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas que cumplan o puedan cumplir funciones protectoras, ambientales, económicas, culturales, recreativas o paisajísticas.
2. Igualmente, a los efectos de la aplicación de la presente ley, tienen la consideración de monte:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Todo terreno que, sin reunir las características anteriores, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de acuerdo con la normativa aplicable.
c) Las pistas forestales, instalaciones contra incendios y otras construcciones e infraestructuras ubicadas en el monte y destinadas a su gestión.
3. En desarrollo de la ley básica estatal, se consideran monte en la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Los terrenos agrícolas abandonados que no hayan sido objeto de laboreo por plazo superior a quince años y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas cuya superficie no sea inferior a los dos mil metros cuadrados.
4. Asimismo, tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos que se encuentren en un monte público, aunque su uso y destino no sea forestal.
b) Los neveros, los glaciares y las cumbres.
c) Los humedales, sotos y masas forestales de las riberas de los ríos.
d) Las plantaciones de especies forestales que no sean objeto de labores agrícolas, destinadas a la producción de madera, de biomasa o de cualesquiera otros productos de uso industrial, cuyo periodo de crecimiento sea superior al plazo de un año, así como las plantaciones de especies forestales destinadas a procurar un aprovechamiento micológico mediante el uso de técnicas de cultivo específicas, salvo que estas últimas se hayan realizado sobre terreno agrícola, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones exigidas en el proceso de forestación de dichas superficies en caso de haber sido objeto de subvención.
e) En general, todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, pueda adscribirse al uso forestal como consecuencia de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, imposición de medidas complementarias en expedientes sancionadores, espacios recuperados procedentes de concesiones mineras, canteras, escombreras vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben al amparo de la presente ley.
5. Tienen también la condición de monte, cualquiera que sea su extensión, sin perjuicio de lo que se establezca mediante su desarrollo reglamentario, y siempre que aparezcan cubiertos con vegetación forestal, los terrenos que formen parte de la Red Natural de Aragón.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de monte:
a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
b) Los terrenos urbanos o urbanizables delimitados.
c) Los terrenos cubiertos con vegetación no arbórea cuya superficie continua sea inferior a dos mil metros cuadrados.
d) Los terrenos que, previa resolución administrativa que así lo autorice, según lo dispuesto en el artículo 30, cambien su uso y se destinen a un uso distinto del forestal.
CAPÍTULO II
Competencias de las Administraciones públicas
Artículo 7. Disposiciones generales.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias en materia forestal, están obligadas a la observancia de los principios y la consecución de los fines de la presente Ley.
2. Las Administraciones públicas y, en su caso, los organismos públicos de ellas dependientes, cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus competencias en materia forestal para garantizar la ejecución coordinada de las distintas políticas públicas, forestales y medioambientales, y de ordenación del territorio.
Artículo 8. Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la determinación y ejecución de la política forestal y la protección, defensa, administración y gestión de los montes, sin perjuicio de las competencias propias de las restantes Administraciones públicas en materia forestal y, en particular, de las que la ley atribuye a comarcas y municipios.
2. Son competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos establecidos en esta ley y en la legislación sectorial que resulte de aplicación:
a) El desarrollo de la legislación básica del Estado, incluyendo la potestad para dictar normas adicionales en materia de montes y su ejecución.
b) La elaboración de la política forestal y la aprobación de los planes de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de montes y de los instrumentos de gestión forestal.
c) La gestión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón y del Registro de montes protectores de Aragón.
d) La defensa de la propiedad forestal pública y el ejercicio de las facultades y funciones dominicales sobre los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma.
e) La autorización, suspensión o supresión de servidumbres y el otorgamiento de concesiones en los montes catalogados.
f) La realización de informes y el otorgamiento de autorizaciones en materia de montes.
g) El ejercicio de la potestad expropiatoria en los montes.
h) La regulación de los usos y aprovechamientos en los montes aragoneses.
i) La prevención y lucha contra los incendios forestales y las actuaciones en materia de sanidad forestal.
j) La regulación de los servicios y funciones de la escala de agentes de protección de la naturaleza, dependiente de la Administración autonómica.
k) La promoción de la investigación y formación sobre temas forestales.
l) La inspección, el control y el ejercicio de la potestad sancionadora.
m) La ejecución de inversiones en montes cuya gestión le corresponda.
n) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y demás derechos y acciones destinadas al patrimonio forestal.
ñ) Cualesquiera otras que la normativa en materia de montes determine o pudiera determinar en el futuro.
3. Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia forestal serán ejercidas por el departamento competente en materia de medio ambiente directamente o, en su caso, previa su desconcentración mediante ley, por organismo público a él adscrito, sin perjuicio de las que estén reservadas expresamente al Gobierno de Aragón o, específicamente, a otro departamento de su Administración.
Artículo 9. Comarcas.
Las comarcas podrán ejercer únicamente las siguientes competencias en materia de gestión forestal cuando los montes se encuentren íntegramente en su territorio:
a) La elaboración de los planes de ordenación de los recursos forestales y de los instrumentos de gestión forestal de los montes catalogados de titularidad local, con la participación de los municipios propietarios.
b) La aprobación y ejecución de los planes anuales de aprovechamientos de los montes catalogados de titularidad local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de esta ley.
c) La ejecución de inversiones y actuaciones en montes catalogados de titularidad local, siempre que estén previstas en los instrumentos de gestión forestal en vigor o hayan sido autorizadas por la administración autonómica.
d) La aprobación y gestión de los planes anuales de mejoras para los montes catalogados de titularidad local.
e) La colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la investigación en materia de defensa de la propiedad forestal.
f) El deslinde y amojonamiento cuando se trate de montes patrimoniales de titularidad local o comunal no catalogados, previa encomienda del ayuntamiento propietario.
g) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales dependientes de la Administración comarcal y la regulación de sus servicios y funciones.
h) Las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales, según lo dispuesto en la presente ley, en la normativa de protección civil y en los instrumentos de gestión forestal.
i) La colaboración en la lucha contra las plagas y enfermedades forestales.
j) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la realización de inversiones o gestión de montes no catalogados.
k) La inspección y control de los usos, aprovechamientos y resto de actuaciones en el ámbito de aplicación de la presente ley y el ejercicio de la potestad sancionadora por infracciones administrativas en las materias de competencia comarcal.
l) La gestión, previa encomienda de los municipios propietarios, de los montes públicos no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, incluso la ejecución de inversiones cuando estén contempladas en el instrumento de gestión en vigor o hayan sido objeto de autorización administrativa.
Artículo 10. Municipios.
Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia de gestión forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la Administración de la Comunidad Autónoma y las comarcas:
a) La participación, mediante la emisión de informe preceptivo, en la elaboración de los planes de ordenación de los recursos forestales y de los instrumentos de gestión forestal de los montes catalogados.
b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad.
c) La propuesta de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de los montes catalogados.
d) La propuesta de actuaciones u obras para su financiación con cargo a los fondos de mejoras para los montes catalogados o con cargo a los presupuestos comarcales o autonómicos.
e) La ejecución de inversiones con cargo al presupuesto municipal siempre que se contemplen en el instrumento de gestión en vigor o hayan sido objeto de autorización administrativa.
f) La enajenación y el control económico y administrativo de aprovechamientos incluidos en los planes anuales de los montes catalogados y los que hayan de ser realizados en los demás montes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos que mantenga la Administración forestal autonómica en el caso de montes consorciados o conveniados.
g) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
h) La colaboración con la Administración forestal autonómica y las comarcas en el control técnico de los aprovechamientos.
i) La colaboración con la Administración autonómica y las comarcas en la investigación en materia de defensa de la propiedad forestal.
j) El deslinde y amojonamiento de los montes públicos de su titularidad no catalogados.
k) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la realización de inversiones o gestión de montes no catalogados.
l) La elaboración de los instrumentos de gestión forestal y la gestión, en todos sus aspectos, de los montes comunales no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y de los montes patrimoniales de titularidad municipal.
m) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales municipales y la regulación de sus servicios y funciones.
n) La colaboración con la Administración comarcal y la autonómica en la prevención y extinción de incendios forestales, en los términos regulados por la presente ley.
TÍTULO II
Clasificación y régimen jurídico de los montes
CAPÍTULO I
Clasificación de los montes
Artículo 11. Clasificación de los montes.
1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados.
2. Tienen la condición de públicos los pertenecientes al Estado, a la Comunidad Autónoma de Aragón, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.
3. Son montes de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal los que seguidamente se relacionan:
a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.
4. Son montes patrimoniales los de titularidad pública que no sean demaniales.
5. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
6. Por razón de sus especiales características, los montes privados podrán clasificarse como protectores, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de esta ley.
7. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de los montes públicos
Artículo 12. Régimen jurídico de los montes demaniales.
Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.
Artículo 13. Declaración de utilidad pública.
El departamento competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de parte, podrá incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos que se hallen en alguno de los casos que se citan a continuación:
a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras.
b) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión.
c) Los que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-forestal.
d) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.
e) Los que generen recursos hídricos o contribuyan a su gestión.
f) Los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua.
g) Los humedales, sotos y masas arboladas de las riberas de los ríos que hayan sido objeto de deslinde.
h) Los que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un plan de ordenación de recursos naturales o de un plan de ordenación de recursos forestales.
i) Los que contribuyan a la conservación y aumento de la diversidad biológica, a través del mantenimiento e incremento de los sistemas ecológicos, la protección y desarrollo de la flora y la fauna o la preservación y extensión de la diversidad genética.
j) Los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red Natural de Aragón, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se encuentren en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
k) Los que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo establecido en el artículo 103 de la presente ley.
l) Los que tengan valores forestales de especial significación, entendiéndose por tales aquellos montes o la parte de ellos que, sin estar situados en un área declarada de protección y delimitada por un plan de ordenación de los recursos naturales o por un plan de los recursos forestales, incluyan formaciones o agrupaciones vegetales que sea necesario restaurar, conservar o mejorar, o bosques espontáneos formados por especies autóctonas.
m) Los que por sus valores ambientales, usos o aprovechamientos forestales contribuyan a la mejora de la salud pública, a la mejora de las condiciones socio-económicas de la zona o al uso cultural y recreativo de los ciudadanos.
n) Los que vayan a ser destinados a su restauración, repoblación o mejora forestal justificada en cualquiera de los supuestos anteriores.
Artículo 14. Propiedad y presunción de posesión de los montes catalogados.
1. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública no prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la entidad pública a quien aquel asigna su pertenencia.
2. En todo caso y mientras no recaiga sentencia firme en juicio declarativo ordinario de propiedad, dicha posesión será mantenida y, si procede, asistida para su recuperación por las autoridades competentes.
3. La titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte sólo podrá impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. En los casos en que se promuevan estos juicios, será parte demandada la Comunidad Autónoma de Aragón, además de la entidad titular del monte.
Artículo 15. Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón es un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen todos los montes declarados de utilidad pública y que, dentro del territorio de Aragón, pertenezcan al Estado, a la Comunidad Autónoma, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón está formado por la unión de los Catálogos de Montes de Utilidad Pública de las tres provincias.
2. La llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente, que deberá mantener permanentemente actualizado y revisado el contenido del mismo.
3. La inclusión de un monte, o de parte de él, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se efectuará por el departamento competente en materia de medio ambiente, previa la tramitación del procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que además de la audiencia a los interesados, se deberá acreditar que el monte tiene alguna o varias de las características que la ley exige para su catalogación.
4. Los montes incluidos en el Catálogo se regirán por la presente ley, por las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, en todo caso, por la legislación básica estatal.
Artículo 16. Descatalogación.
1. La exclusión de todo o de parte de un monte del Catálogo sólo procederá cuando haya perdido las características que determinaron la catalogación o en los supuestos especiales previstos en la ley.
2. La descatalogación de un monte o de parte de él se efectuará por el departamento competente en materia de medio ambiente, previa la tramitación del procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que, además de la audiencia a los interesados, se deberá acreditar que el monte ha perdido las características que justificaron su catalogación.
3. La exclusión parcial de una parte no significativa de un monte catalogado cuando suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora de su gestión o conservación podrá autorizarse por el departamento competente en materia de medio ambiente, mediante orden del consejero, conforme al procedimiento establecido en el apartado anterior.
4. Con carácter excepcional, previo informe del departamento competente en materia de medio ambiente y, en su caso, de la entidad titular del monte catalogado, el Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero de dicho departamento, podrá autorizar por causa de interés público prevalente la exclusión del Catálogo de una parte del monte catalogado.
Artículo 17. Permuta.
1. La permuta de todo o parte de un monte catalogado sólo procederá, previa su desafectación, en su caso, del dominio público forestal en la forma prevista en la presente ley, cuando el monte o la parte de él que se adquiera en permuta tenga alguna de las características que justifiquen su catalogación cuando el monte a permutar haya perdido las características que determinaron la catalogación, o cuando suponga una mejor definición de la superficie o una mejora para su gestión, o en los supuestos especiales previstos en la ley.
2. La permuta de todo o parte de un monte catalogado o, en su caso, su autorización se regirá por el procedimiento previsto para su descatalogación, debiéndose acreditar:
a) Que se encuentra en alguno de los supuestos del apartado anterior.
b) Que la diferencia de valor de los montes o de las superficies forestales a permutar, previa su tasación pericial, no excede del porcentaje mínimo exigido en la legislación de patrimonio que resulte de aplicación, salvo dispensa de este último requisito por el Gobierno de Aragón por razón excepcional de interés público forestal o medioambiental que deberá constar, asimismo, en el expediente.
3. Las permutas, sean totales o parciales, que afecten a los montes catalogados se harán constar en el Catálogo por orden del departamento competente en materia de medio ambiente que declare las circunstancias de su otorgamiento y serán objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 18. Prevalencia de demanialidad.
1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los declarados como de interés general por el Estado, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones públicas competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer.
2. En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones públicas resolverá, según la que haya tramitado el expediente, el Gobierno de la Nación o, en su caso, el Gobierno de Aragón.
3. En el caso de que ambas declaraciones fueran compatibles, la Administración pública que haya gestionado el expediente tramitará, en pieza separada, expediente de concurrencia, a fin de armonizar el doble carácter demanial.
4. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el Gobierno de la Nación, oído el Gobierno de Aragón.
Artículo 19. Desafectación de montes catalogados.
1. La desafectación del dominio público forestal de los montes catalogados requerirá su previa exclusión del Catálogo, sin perjuicio de los casos de mutación demanial que sean consecuencia de una declaración de prevalencia en la forma establecida en el artículo anterior.
2. La competencia para la desafectación de los montes catalogados de titularidad distinta de la Comunidad Autónoma de Aragón le corresponderá a la Administración pública titular del monte, mediante el procedimiento que se establezca a tal fin en la legislación de patrimonio que sea aplicable y requerirá, en todo caso, del informe preceptivo y favorable del departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón.
Artículo 20. Desafectación de montes no catalogados.
1. La desafectación de los montes no catalogados se efectuará, previo informe favorable del órgano ambiental autonómico, mediante lo dispuesto en la legislación patrimonial que sea de aplicación a la Administración propietaria.
2. Cuando la desafectación lo sea de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón se seguirá, a tal fin, lo dispuesto en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma.
3. Los montes desafectados adquieren la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales.
Artículo 21. Régimen jurídico de los sotos y masas arboladas de las riberas.
1. Las riberas de los ríos se sujetan a una doble afectación derivada de su pertenencia tanto al dominio público hidráulico como al dominio público forestal.
2. Las riberas de los ríos que hayan sido objeto de deslinde se inscribirán en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
3. En las riberas no deslindadas, el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón ejercerá las competencias que la presente ley le atribuye respecto de los montes públicos no catalogados, sin perjuicio de las que le pudiera encomendar mediante convenio la Administración hidráulica estatal en el ejercicio coordinado de las competencias de las distintas Administraciones públicas.
Artículo 22. Régimen jurídico de los montes comunales.
1. En todo lo no regulado por esta ley, los montes comunales se regirán por lo dispuesto en la normativa de régimen local y demás legislación que les sea aplicable.
2. La eliminación del carácter comunal de los aprovechamientos de los montes catalogados municipales podrá llevarse a cabo según lo establecido en la normativa aplicable en materia de administración local, sin que ello conlleve su descatalogación ni su exclusión del dominio público forestal.
3. Cuando se declare de utilidad pública y se incluya en el Catálogo un monte cuyo aprovechamiento corresponda a los vecinos de un núcleo de población que no constituya entidad local, se incluirá en el Catálogo a favor de la entidad local a la que pertenezca el núcleo de población, consignando que el aprovechamiento del monte corresponde exclusivamente a los vecinos del núcleo aunque no esté legalmente constituido como entidad local.
Artículo 23. Régimen jurídico de los montes patrimoniales.
1. La prescripción adquisitiva o usucapión sólo será posible en los montes patrimoniales, mediante la posesión pública, pacífica y no interrumpida durante un plazo de treinta años.
2. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de la prescripción por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por cualquier otro acto posesorio realizado por la Administración propietaria del monte.
3. A tal efecto, cuando tales actos se realicen por la Administración gestora se entenderán como actos posesorios contrarios a la prescripción, aun cuando esa Administración no sea la titular del monte.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los montes privados
Artículo 24. Régimen jurídico de los montes privados.
1. Los montes de propiedad privada se gestionan por su titular.
2. Las Administraciones públicas y los propietarios de estos montes podrán concertar convenios u otras formas de contratación o colaboración para la gestión de los mismos.
3. Los aprovechamientos y usos de los montes privados se someterán a los correspondientes instrumentos de gestión y ordenación y a la intervención del departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón en los casos en los que venga exigido en la presente ley.
4. Serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales o de monte cuya superficie sea inferior a veinte hectáreas. Las parcelas forestales o de monte con superficies mayores serán divisibles siempre y cuando ninguna de las parcelas que resulten de la división sea inferior a las diez hectáreas.
5. El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de los propietarios de montes privados la información necesaria para elaborar el correspondiente inventario, que deberá mantenerse actualizado y que incluirá los montes de propiedad particular de superficie superior a diez hectáreas.
6. Son deberes específicos de los propietarios de los montes, sin perjuicio de los que pudieran derivarse de los distintos instrumentos de ordenación forestal o, en su caso, de las resoluciones administrativas correspondientes:
a) La eliminación de los restos, residuos o desperdicios a que hayan dado lugar los aprovechamientos, obras, usos y servicios y el control de las plagas que puedan afectar al monte cuando así se establezca por resolución administrativa.
b) La adopción de medidas preventivas y de control respecto a cualquier tipo de daño y, en especial, respecto a los incendios forestales.
c) La conservación de la biodiversidad y el resto de los valores ambientales de los montes.
d) El mantenimiento del uso forestal de sus montes salvo resolución administrativa en los términos previstos en la presente ley.
e) La facilitación de las actividades de reconocimiento e inspección de la Administración sobre los predios.
f) La información a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, de todos aquellos datos que sean necesarios para la llevanza ordenada y actualizada del Registro de montes protectores y para la formación de la estadística forestal.
7. La apertura de nuevas vías de saca y acceso o ensanche de las existentes en los montes, cuando no estén previstas en su instrumento de gestión en vigor, estarán sometidas a autorización administrativa expresa del departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 25. Registro de montes protectores.
1. El Registro de montes protectores de Aragón es un registro público de carácter administrativo en el que se incluirán los montes privados declarados como tales al estar comprendidos en cualesquiera de los casos que permitan la catalogación de los montes de titularidad pública. El Registro de montes protectores de Aragón está formado por la unión de los Registros de montes protectores de las tres provincias.
2. Podrán inscribirse también aquellos montes privados que hubieran sido objeto de consorcio o convenio de repoblación otorgado con la Administración forestal y los que, habiendo figurado en el Catálogo, hayan pasado o pasen legalmente al dominio particular por rectificación del mismo.
3. En el Registro de montes protectores se harán constar las cargas, gravámenes y demás derechos reales que soporten los montes incluidos en ellos.
4. La condición de monte protector se declarará por el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, especificándose las causas que justifican la especial protección, así como la inclusión y exclusión de un monte o parte del mismo en el correspondiente registro.
5. Los procedimientos para la declaración e inscripción se iniciarán de oficio o a instancia de terceros, e incluirán la previa audiencia a su propietario y a las entidades locales en cuyo término radique el monte o parte de él.
6. La Comunidad Autónoma notificará anualmente al Ministerio de Medio Ambiente las inclusiones o exclusiones que se practiquen en el Registro de montes protectores.
Artículo 26. Efectos de la declaración e inclusión en el Registro de montes protectores.
1. La gestión de los montes protectores corresponde a sus propietarios, que deberán presentar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, el correspondiente proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, que se someterá, en su caso, a los instrumentos de planificación de ordenación de recursos naturales o forestales vigentes en la zona.
2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de montes protectores por razón de las funciones ecológicas, de protección o sociales que cumplen podrán ser compensadas económicamente en los términos que establezca la legislación forestal.
Artículo 27. Pérdida de condición de monte protector.
1. La pérdida de la condición de monte protector, que podrá ser de todo o de parte, procederá únicamente cuando desaparezcan las características que justificaron la declaración o cuando se transfiera por cualquier título su propiedad a cualquiera de las Administraciones públicas, sin perjuicio de que, en tal caso, mantenga las características que le hagan susceptible de catalogación.
2. La pérdida de la condición de monte protector y la exclusión del Registro exigirá de su declaración previa por el departamento competente en materia de medio ambiente, previa audiencia de su propietario y de las entidades locales en cuyo término radique el monte o la parte de él afectada.
3. En el caso en que la exclusión del Registro de montes protectores sea debida a su adquisición por una Administración pública y de mantenerse las circunstancias que habían motivado la anterior declaración como monte protector, la orden del departamento competente en materia de medio ambiente que acuerde la exclusión del registro acordará simultáneamente su declaración de utilidad pública y su inclusión en el Catálogo.
CAPÍTULO IV
Montes vecinales en mano común
Artículo 28. Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
Los montes vecinales en mano común se regularán por lo dispuesto en su legislación especial y, en su defecto, por el régimen de los montes privados que se establezca en la legislación básica estatal y en la presente ley.
CAPÍTULO V
Adquisición y pérdida de la condición de monte
Artículo 29. Adquisición de la condición de monte.
Además del supuesto previsto en el artículo 6.2.b) de esta ley, un terreno podrá adquirir la condición de forestal por efecto de su forestación, modificándose su anterior destino y uso, mediante la previa autorización expresa del departamento competente en materia de medio ambiente para todas las actuaciones que superen la superficie de diez hectáreas, exigiéndose, en todo caso, el informe del órgano competente en relación con el uso anterior y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable. En todo caso, incluso en superficies inferiores al umbral determinado de diez hectáreas, y siempre que la forestación se produzca de manera artificial, se debe dar cumplimiento a la normativa relativa a materiales forestales de reproducción.
Artículo 30. Pérdida de la condición de monte.
1. La pérdida de la condición legal de monte exigirá siempre de una actuación administrativa previa que así lo establezca.
2. La pérdida de uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos de prevalencia de demanialidades y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y, en su caso, del titular del monte.
3. Cuando la pérdida de uso forestal afecte a montes demaniales, será siempre necesaria su previa desafectación y, en su caso, su descatalogación con carácter anterior, en todo caso, a la resolución del procedimiento del que pudiera resultar ese cambio de uso.
4. Lo dispuesto en este artículo no exonerará al titular de la obtención de las restantes autorizaciones, informes o licencias que sean preceptivos.
Artículo 31. Pérdida del uso forestal por puesta en cultivo.
El departamento competente en materia de agricultura autorizará la puesta en cultivo de superficies de monte conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, salvo en el caso en el que las superficies a cultivar pertenezcan a montes catalogados. En la emisión del informe al que se refiere el artículo anterior y, para el caso exclusivo de la puesta en cultivo, se atenderá a aspectos forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies que adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso agrícola en los términos de lo establecido en el artículo 6.3.a) de la presente ley, así como la concurrencia de circunstancias como la explotación tradicional de recursos, de promoción de la actividad socioeconómica, la creación de empleo y asentamiento de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o de montaña.
Artículo 32. Procedimientos de concentración parcelaria.
1. Los montes demaniales se excluirán de los procedimientos de concentración parcelaria y de reordenación de la propiedad agraria, salvo en casos singulares que contribuyan a una mejor gestión y delimitación física del monte y garantizando tanto el mantenimiento de la cabida forestal de los mismos como los límites y la titularidad definidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, previa orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.
2. Iniciado el procedimiento de concentración parcelaria y una vez delimitada la superficie a concentrar, con carácter previo a la realización de las actuaciones de investigación e indagación de la propiedad, el departamento competente en materia de agricultura pondrá en conocimiento del departamento competente en materia de medio ambiente el comienzo de la actuación para que, por este departamento, se realice la descripción detallada de todos los montes públicos y privados que queden incluidos, total o parcialmente, dentro del perímetro de la zona a concentrar.
3. En los montes demaniales incluidos total o parcialmente dentro del perímetro de la zona a concentrar que no se encuentren deslindados, el departamento competente en materia de medio ambiente efectuará una delimitación provisional de su superficie y linderos, sin perjuicio de la ulterior potestad de deslinde que pudiera ejercitarse conforme a la ley forestal.
4. Respecto de los montes no demaniales, el departamento competente en materia de medio ambiente, atendiendo a su interés forestal y a los valores ambientales, propondrá al departamento competente en materia de agricultura la exclusión del proceso de concentración parcelaria de toda o de parte de su superficie o, en otro caso, el establecimiento de limitaciones a su ulterior puesta en cultivo.
Artículo 33. Planeamiento urbanístico.
1. Los montes demaniales y los protectores tendrán la condición de suelo no urbanizable de protección especial a los efectos del correspondiente planeamiento urbanístico.
2. La modificación de la calificación urbanística a suelo urbano o urbanizable de los montes demaniales o protectores, o de parte de ellos, requerirá, correlativamente, su previa descatalogación, cuando proceda, y su desafectación, o la previa exclusión del Registro de montes protectores.
3. En los procedimientos de aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico se emitirá, con carácter previo, informe del departamento competente en materia de medio ambiente, que será vinculante cualquiera que sea la titularidad del monte conforme a lo dispuesto en la presente ley.
4. Los planes y proyectos de interés general de Aragón que supongan la transformación de las condiciones de un área forestal requerirán, previamente a su aprobación definitiva, el informe preceptivo del departamento competente en materia de medio ambiente y será condición para su aprobación definitiva que los citados planes o proyectos compensen la superficie forestal afectada en otras áreas susceptibles de reforestación.
TÍTULO III.
Investigación, deslinde, adquisición e inscripción de los montes
CAPÍTULO I
Investigación e inventario de los montes públicos
Artículo 34. Investigación.
1. Los titulares de los montes públicos, y el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón en lo que se refiere a montes catalogados, investigarán la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren necesarios.
2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar documentación sobre la titularidad de los montes y a permitir la entrada de personal autorizado.
3. El ejercicio de esta potestad podrá efectuarse de oficio por parte del departamento competente en materia de medio ambiente o previa solicitud de otras Administraciones públicas, organismos y cualesquiera particulares interesados.
Artículo 35. Inventario.
El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de las Administraciones titulares de los montes públicos la información necesaria para elaborar el Inventario de montes públicos, inventario que deberá mantenerse actualizado y que incluirá los montes de propiedad pública de superficie superior a diez hectáreas, consignando, en su caso, su naturaleza demanial, comunal o patrimonial.
CAPÍTULO II
Deslinde y amojonamiento de los montes públicos
Artículo 36. Disposiciones generales.
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se delimita el monte de titularidad pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad.
2. La competencia para el deslinde y amojonamiento de los montes públicos no catalogados corresponde a la respectiva Administración pública propietaria, mientras que el deslinde y amojonamiento de los montes públicos catalogados corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma por medio del departamento competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente y sin perjuicio de lo dispuesto para el deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
3. A petición de las entidades propietarias y a sus expensas, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá deslindar montes públicos no catalogados con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para los montes catalogados.
Artículo 37. Contenido de la memoria.
Todo acuerdo de deslinde deberá ir precedido de una memoria que lo justifique, con descripción general del monte, especificando sus linderos, enclaves, colindancias, perímetros y superficies, así como los datos relativos a la titularidad.
Artículo 38. Inicio del deslinde.
El deslinde de los montes catalogados podrá acordarse, de oficio o a solicitud de las entidades propietarias o de los particulares que ostenten un interés legítimo, mediante un acto de inicio, motivado, que declare el estado de deslinde, dándose conocimiento de ello conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento a que da lugar.
Artículo 39. Efectos del acto inicial del deslinde.
1. En el acto que acuerde el inicio del procedimiento de deslinde o, en su caso, por acto posterior motivado, de forma cautelar, hasta que se alce o cumpla el procedimiento su término legal, se podrán limitar los aprovechamientos en el monte a deslindar y en las fincas colindantes o enclavadas, suspender la eficacia de toda autorización, ocupación, servidumbre o concesión, así como adoptar cualesquiera otras medidas provisionales que se consideren oportunas para proteger la efectividad del acto de deslinde que, en su caso, pudiera aprobarse.
2. El acto de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad para su toma de razón, si hubiera lugar a ello, en el correspondiente asiento de inscripción.
3. El acto de iniciación del deslinde faculta a la Administración de la Comunidad Autónoma para ejecutar en los terrenos privados cualesquiera trabajos de toma de datos e instalación de señales u otros indicadores que resulten necesarios para su práctica, así como para recabar a tal fin la presentación de los documentos que acrediten la titularidad de derechos sobre las fincas colindantes afectadas, sin perjuicio, en todo caso, de la potestad independiente de investigación propia de la Administración.
4. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
Artículo 40. Régimen de audiencia y publicidad.
1. De los actos y actuaciones del procedimiento de deslinde se dará audiencia a las entidades titulares de los montes objeto de deslinde, al ayuntamiento y a la comarca que correspondan al término en el que radica el monte, a los propietarios de los predios colindantes y enclavados y a cualesquiera terceros que ostenten un interés legítimo dimanante de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde, mediante su notificación expresa si sus identidades y domicilios son conocidos y, en todo caso, por anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y mediante la fijación de edictos en los ayuntamientos, sin perjuicio de la posibilidad discrecional de utilizar adicionalmente cualesquiera otros medios de difusión.
2. En el caso de su no comparecencia, se continuará el procedimiento sin perjuicio de que los interesados puedan personarse en el mismo en cualquier momento y sin que esto implique retrotraer las actuaciones practicadas.
Artículo 41. Práctica del apeo.
1. En la práctica del apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, que tenga la condición de funcionario designado al efecto por la Administración, recorrerá los linderos exterior e interior del monte, colocará hitos o mojones provisionales, realizando el correspondiente levantamiento topográfico, y levantará acta diaria. Los límites del monte quedarán identificados mediante coordenadas geográficas.
2. Las actas de apeo serán firmadas diariamente por todos los asistentes al mismo.
3. Concluido el apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, emitirá un informe sobre lo actuado, dándose trámite de audiencia por plazo de un mes, conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento de deslinde, para que los interesados comparezcan y formulen alegaciones.
Artículo 42. Procedimientos de deslinde.
1. El deslinde podrá realizarse en una primera fase, en una segunda fase o en ambas sucesivamente.
2. El plazo máximo para resolver el deslinde será de veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin que se hubiera notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de lo actuado.
3. También podrá realizarse el deslinde mediante la modalidad de deslinde abreviado.
Artículo 43. Primera fase del procedimiento de deslinde.
1. La primera fase del deslinde consiste en la determinación de aquellas partes de los linderos exteriores e interiores sobre las que se tengan elementos de juicio que permitan su fijación atendiendo al estado posesorio en el que se encuentran en el momento de la práctica del apeo.
2. Las líneas determinadas en la primera fase sobre las que no se hubiere formulado ninguna reclamación ni en el apeo ni en el trámite posterior de audiencia e información pública adquirirán carácter definitivo, pasando el expediente a su resolución si esta situación se extiende a la totalidad de los perímetros.
Artículo 44. Segunda fase del procedimiento de deslinde.
1. Se abrirá una segunda fase del procedimiento de deslinde que afectará únicamente a aquellos tramos del perímetro sobre los que se hubieran formulado alegaciones en término y forma legal y que versen sobre el objeto del deslinde, así como respecto de aquellos otros que hubieran quedado pendientes de trazado de no haber resultado elementos de juicio suficientes para la definición de su estado posesorio en el momento de la práctica del apeo.
2. La apertura de esta segunda fase, mediante acto expreso y motivado, obligará a los propietarios de fincas colindantes o enclavadas o titulares de intereses legítimos dimanantes de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde a presentar títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad o pruebas que justifiquen los derechos que aducen a requerimiento de la Administración, y determinará que, para las fincas de los comparecientes, se tome anotación preventiva por el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
3. Los títulos de propiedad y la demás documentación que aporten los interesados se someterán al estudio e informe del letrado de la Comunidad Autónoma, que tendrá carácter preceptivo para su calificación, salvo en el caso en el que el deslinde tenga por objeto montes de titularidad estatal, en cuyo caso será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.
Artículo 45. Deslinde abreviado.
Se podrá recurrir a la modalidad de deslinde abreviado cuando en la zona donde se encuentra el monte exista una concentración parcelaria aprobada, firme y haya sido otorgada el acta de reorganización de la propiedad. A diferencia del deslinde en primera o segunda fase, en el deslinde abreviado la práctica del apeo podrá ser sustituida por acta en la que los interesados muestren su conformidad con lo pretendido por la Administración forestal. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde abreviado será de seis meses contados desde la fecha de iniciación.
Artículo 46. Condiciones de la aprobación.
Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del deslinde, y establecerán los límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse, igualmente, los gravámenes existentes.
Artículo 47. Aprobación del deslinde.
1. El deslinde se aprobará mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente, la cual se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y se notificará debidamente a todos los interesados relacionados en el artículo 40 de esta ley.
2. Dicha orden se comunicará al Registro de la Propiedad y al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón, modificándose en ambos, en su caso, la descripción del monte deslindado de acuerdo con la referida orden.
Artículo 48. Efectos del deslinde.
1. La orden aprobatoria del deslinde, una vez firme en vía administrativa, tendrá los siguientes efectos:
a) Delimita el monte de titularidad pública y declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad.
b) Es título suficiente para la inmatriculación del monte en el Registro de la Propiedad.
c) Es título suficiente para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en fincas no atribuidas al monte en el deslinde.
d) Es título suficiente para la inscripción de rectificación de la descripción de las fincas afectadas y, en concreto, la rectificación de situaciones contradictorias con el deslinde que no se hallen amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, incluyendo el cambio de titularidad y la cancelación de inscripciones registrales.
e) La Administración de la Comunidad Autónoma comunicará al Catastro Inmobiliario todos los datos y antecedentes relativos al deslinde.
2. Sin embargo, la resolución aprobatoria del deslinde no es título suficiente para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 49. Impugnación del acto aprobatorio del deslinde.
1. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real. En este último caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 de la presente ley, siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de Aragón, además de la entidad titular.
2. Podrá pedirse a nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se acordará por los jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el estado en el que se encuentren los referidos procedimientos.
Artículo 50. Amojonamiento.
1. Una vez firme en vía administrativa la orden resolutoria del deslinde, se procederá al amojonamiento definitivo.
2. Las operaciones consistirán en marcar sobre el terreno, con carácter permanente, los límites definidos en el deslinde mediante hitos o mojones, cuya forma, dimensiones y naturaleza se definirán reglamentariamente.
3. De las operaciones se levantará acta diaria, con la descripción y localización de los mojones.
4. Concluidas las operaciones, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, emitirá informe, procediéndose a su publicación y notificación en los términos previstos para el deslinde.
5. En el procedimiento de amojonamiento únicamente podrán reclamarse y ventilarse cuestiones relativas a la diferencia que pudiera resultar entre lo establecido en la orden que aprueba el deslinde y su práctica material mediante su ejecución en el amojonamiento.
6. El amojonamiento concluirá mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente. Dicha orden se notificará a los interesados, se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y obrará constancia de ella en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
7. Las Administraciones públicas titulares de montes deslindados y la Administración forestal autonómica en el caso de montes catalogados que estén deslindados quedan obligadas a la revisión periódica de los hitos o mojones.
Artículo 51. Deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, podrá deslindar las riberas de los ríos susceptibles de inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siguiendo el procedimiento previsto para los montes catalogados.
2. Cuando la Administración hidráulica estatal efectúe el deslinde del dominio público hidráulico por el procedimiento establecido a tal fin en la legislación hidráulica, afectando a una ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal corresponderá, una vez catalogada, al departamento competente en materia de medio ambiente, salvo en caso de incompatibilidad expresamente declarada en procedimiento de concurrencia.
3. Cuando sea la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, la que ejercite la potestad de deslinde de una ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal, previa catalogación, quedará asimismo atribuida al departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo prevalecer, en los términos establecidos en la legislación forestal y a los efectos que la misma prevé, la titularidad dimanante de su afección forestal cuando se tramite el correspondiente procedimiento de concurrencia.
4. En este último caso, la orden que apruebe el deslinde acordará su inclusión en el Catálogo, con reconocimiento de su titularidad estatal.
CAPÍTULO III
Recuperación, adquisición e inscripción
Artículo 52. Recuperación posesoria.
1. Los titulares de los montes demaniales y la Administración gestora en los montes catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo y respecto a la que no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.
2. Los titulares de montes patrimoniales podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros siempre y cuando la iniciación del procedimiento de recuperación de la posesión haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año contado desde el día siguiente a la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes, deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Artículo 53. Adquisición de montes.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procurará incrementar su propiedad forestal adquiriendo montes o los derechos existentes sobre los mismos con la finalidad de cumplir los fines perseguidos por la presente ley, con preferencia para aquellos que cumplan las condiciones para su catalogación, siendo obligatoria en este último caso la catalogación con posterioridad a la adquisición.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá subvencionar a las entidades locales para que estas adquieran terrenos enclavados o colindantes en montes de utilidad pública de su propiedad o montes privados que cumplan las condiciones para su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siendo obligatoria en este último caso la catalogación con posterioridad a la adquisición.
Artículo 54. Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente tendrá derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, en los casos de transmisiones onerosas de montes de extensión superior a las doscientas hectáreas y montes protectores.
2. En el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente se aplicará cualquiera que sea la extensión de las mismas, y corresponderá a la Administración titular del monte colindante o que contenga al enclavado.
3. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio de este derecho aquella cuyo monte tenga mayor linde en común con el monte en cuestión.
4. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de aportación de capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.
5. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos de agua permanentes o temporales y accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.
6. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la notificación para ejercitar dicho derecho mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.
7. Entre los referidos datos y características, se incluirán el precio, nombre y dirección del vendedor y del comprador, así como situación de la finca, límites, cabida, referencias catastrales, cargas y servidumbres.
8. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se acredite previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente.
9. Si se llevara a efecto la transmisión sin la referida notificación previa, o sin seguir las condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la Administración hubiera tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de la transmisión.
10. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.
11. Deberá abonarse por la Administración adquirente no sólo el precio determinado en la transmisión, sino también los gastos que hubiese originado el contrato y cualquier otro pago legítimo, incluidos impuestos o gravámenes. También se abonarán los estudios previos que, en su caso, se hubieran efectuado debido a la complejidad de la operación.
Artículo 55. Inscripción en el Registro de la Propiedad.
1. La titularidad de los montes de dominio público se inscribirá en el Registro de la Propiedad, promoviéndose, en su caso, su inmatriculación o su inscripción por la Administración titular o por la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente, debiendo inscribirse también los actos de deslinde y amojonamiento así como cualquier derecho real constituido o que pudiera afectar a esa titularidad.
2. La inscripción practicará en la forma establecida en la legislación básica forestal o, en su caso, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas, en la legislación hipotecaria o en la legislación sobre catastro inmobiliario.
3. En las certificaciones que a tal fin expida la Administración de la Comunidad Autónoma podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación de una base gráfica o mediante su definición topográfica, realizada por técnico competente, con arreglo a un sistema de coordenadas geográficas.
4. En el caso de que la inmatriculación o inscripción se promueva por la Administración titular de un monte catalogado, la inscripción efectiva se deberá poner en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 56. Régimen registral de fincas sitas en términos municipales en los que se hallen montes demaniales.
1. Toda inmatriculación o inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida de una finca colindante o enclavada con monte demanial o ubicada en un término municipal en el que existan montes demaniales requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo informe favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y, para el resto de los montes demaniales, el informe favorable de la entidad titular del predio.
2. Tales informes podrán ser solicitados por el interesado o por el registrador de la propiedad y se entenderán favorables si desde su solicitud transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación.
3. La no emisión del informe en el plazo previsto en el apartado anterior no impedirá el ejercicio de las oportunas acciones por parte de la Administración destinadas a la corrección del correspondiente asiento registral.
4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos permanentes o temporales de agua y accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.
TÍTULO IV
Política forestal, ordenación y gestión de los montes
CAPÍTULO I
Política forestal
Artículo 57. Plan forestal de Aragón.
1. El plan forestal de Aragón, que aprobará el Gobierno de Aragón mediante acuerdo, constituye el plan director de la política forestal de la Comunidad Autónoma.
2. El plan forestal de Aragón se elaborará a partir de la información sobre la situación de los medios y recursos naturales, su problemática, las demandas actuales y las tendencias futuras relacionadas con los montes, y en él se determinarán las directrices, programas, actuaciones, medios, inversiones, fuentes de financiación y cronograma de ejecución, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.
3. El plan forestal de Aragón se desarrollará mediante los siguientes instrumentos:
a) Planes de ordenación de recursos forestales.
b) Instrumentos de gestión forestal.
Artículo 58. Ámbito, vigencia y contenido.
1. El ámbito de aplicación del plan forestal de Aragón es todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. El plan forestal de Aragón tendrá vigencia indefinida, debiendo revisarse periódicamente por el Gobierno de Aragón cada cinco años o cuando hubieran cambiado sustancialmente las circunstancias determinantes de su aprobación.
3. Los objetivos y directrices que contenga el plan forestal serán vinculantes y determinarán los planes de ordenación y los instrumentos de gestión, así como las actuaciones de las distintas Administraciones públicas del territorio con competencia en materia forestal.
4. El plan forestal de Aragón contendrá, como mínimo, programas o planes relativos a:
— La repoblación forestal.
— La restauración hidrológico-forestal.
— La defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
— El uso público recreativo y la educación ambiental.
— La investigación ecológico forestal.
— La industrialización y adecuada comercialización de los productos forestales.
— La financiación de los costes de las acciones programadas.
— La participación social y el desarrollo socioeconómico.
Artículo 59. Elaboración y aprobación.
1. El procedimiento de aprobación del plan forestal de Aragón se iniciará a propuesta del departamento competente en materia de medio ambiente, el cual tiene atribuida su elaboración e impulso.
2. La elaboración del plan incluirá la consulta a las entidades locales, sin perjuicio del trámite de información pública previsto legalmente.
3. Con carácter preceptivo y previamente a su aprobación, será emitido informe por el Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de Protección de la Naturaleza, sin perjuicio de la formulación del correspondiente informe de sostenibilidad ambiental en los términos que establezca la legislación específica.
4. Una vez aprobado por el Gobierno de Aragón, el plan forestal se someterá a debate en las Cortes de Aragón.
Artículo 60. Comité Forestal de Aragón.
1. Se crea el Comité Forestal de Aragón como órgano técnico de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de política forestal en el marco de la conservación del medio natural.
2. Serán funciones del Comité:
a) Informar el plan forestal de Aragón y cualesquiera de sus modificaciones o revisiones con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de Aragón.
b) Informar los planes de ordenación de los recursos forestales.
c) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos a su consideración.
d) Las que reglamentariamente se le atribuyan.
3. Reglamentariamente se determinará la composición del Comité Forestal de Aragón y su funcionamiento, garantizándose la representación de las entidades locales y de los propietarios de montes privados, así como de las organizaciones agrarias y de colegios profesionales, asociaciones y personas de reconocido prestigio relacionados con el ámbito forestal y la conservación de la naturaleza.
CAPÍTULO II
Ordenación y gestión de los montes
Artículo 61. Disposición general.
Los montes deben ser gestionados de forma integrada, contemplándose conjuntamente la vegetación, la flora, la fauna, el paisaje y el medio físico que los engloba, con el fin de conseguir un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, garantizando su sostenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos ecológicos esenciales.
Artículo 62. Planes de ordenación de los recursos forestales.
1. Los planes de ordenación de los recursos forestales constituyen los instrumentos básicos de planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio y se regirán por lo dispuesto en la presente ley, en la legislación básica estatal y en las normas reglamentarias que a tal fin apruebe el Gobierno de Aragón.
2. Toda la superficie forestal de la Comunidad Autónoma deberá estar incluida en un plan de ordenación de recursos forestales.
3. Los planes de ordenación de los recursos forestales se aprobarán por decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del departamento competente en materia de medio ambiente, previa su elaboración por la comarca correspondiente a su ámbito territorial, garantizándose la participación de los ayuntamientos de ese territorio comarcal, así como la de todos los interesados, en los términos establecidos en la legislación básica forestal, sin perjuicio de la formulación del correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, de conformidad con la legislación específica.
4. Con carácter previo a su elaboración, los planes de ordenación de los recursos forestales serán informados preceptivamente por el Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de Protección de la Naturaleza.
5. Reglamentariamente se establecerá el contenido de los planes de ordenación de los recursos forestales que, en todo caso, incluirá lo establecido al respecto en la legislación básica.
6. Cuando en aplicación de la legislación vigente en materia de espacios naturales protegidos, en el ámbito territorial de una determinada comarca exista o se haya iniciado el procedimiento para la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales que abarque el mismo territorio, este podrá incluir los contenidos necesarios de un plan de ordenación de los recursos forestales, dándose, en cualquier caso, audiencia a las comarcas a cuyo territorio afecte la ordenación en cada una de las distintas fases previstas en la elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales.
7. En los planes de ordenación de los recursos forestales se incluirán, en su caso, medidas concretas a fin de establecer corredores biológicos entre los montes catalogados o los protectores, o entre estos montes y otros espacios naturales protegidos y de interés, a través de ríos, cañadas y otras vías de comunicación natural, con el fin de evitar el aislamiento de sus poblaciones y de fomentar el trasiego de especies y la diversidad genética.
8. Los planes de ordenación de los recursos forestales serán redactados por un equipo técnico multidisciplinar, del que deberá formar parte un ingeniero de montes, ingeniero técnico forestal, ingeniero forestal y del medio natural o equivalente.
9. El plazo de revisión de estos planes no podrá ser superior a quince años.
Artículo 63. Instrucciones de ordenación de montes.
1. Las instrucciones de ordenación de montes constituyen, conforme al conocimiento científico del momento histórico en el que se aprueben, la reglamentación técnico-forestal que se deberá observar y la que técnicamente será de aplicación en los distintos instrumentos de gestión forestal.
2. Las instrucciones de ordenación de montes se aprobarán por orden del Consejero competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, previo informe del Comité Forestal de Aragón. En tanto no se aprueben dichas instrucciones, el Consejero competente en materia de medio ambiente podrá aprobar mediante orden pliegos generales de condiciones técnicas para la redacción de instrumentos de gestión, únicamente con el informe de la dirección general competente en materia de gestión forestal, y pudiendo establecer diferentes condiciones en función de diversos criterios, entre los cuales se encuentra la superficie del monte, de forma que los montes de menor entidad puedan contar con instrumentos de gestión más sencillos.
3. El departamento competente en materia de medio ambiente, a través de la dirección general correspondiente, aprobará los pliegos generales de condiciones técnico-facultativas, que contendrán la reglamentación técnico-forestal que será de aplicación en los aprovechamientos que haya que realizar en montes catalogados.
Artículo 64. Instrumentos de gestión forestal.
1. La gestión técnica de los montes se llevará a cabo mediante los instrumentos de gestión forestal y, en su ausencia, será de aplicación, a todos los efectos legales, el correspondiente plan de ordenación de los recursos forestales.
2. Son instrumentos de gestión forestal, en los términos definidos en la legislación básica, los proyectos de ordenación de montes y los planes dasocráticos, así como los planes técnicos de gestión y los planes básicos de gestión forestal.
3. Los instrumentos de gestión forestal desarrollan el plan de ordenación de los recursos forestales correspondiente al territorio en el que se encuentre el monte y se someten a él, así como a la reglamentación técnico-forestal establecida mediante las instrucciones de ordenación de montes.
4. Los instrumentos de gestión podrán ser redactados de forma conjunta para grupos de montes con características dasocráticas semejantes.
5. Los instrumentos de gestión forestal serán redactados por ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, ingenieros forestales y del medio natural o equivalentes y aprobados por el departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 65. Instrumentos de gestión forestal en montes catalogados y protectores.
1. Todos los montes catalogados y protectores deberán contar con proyectos de ordenación, planes dasocráticos o planes técnicos de gestión.
2. En los casos en los que no se haya aprobado instrumento de gestión alguno, la gestión de los montes catalogados se someterá a lo que se establezca en los planes anuales de aprovechamiento que, en su caso, deberá adecuarse al correspondiente plan de ordenación de los recursos forestales.
3. En el procedimiento de aprobación de cualesquiera instrumentos de gestión que sean aplicables a los montes catalogados y a los montes protectores se dará trámite de audiencia a la comarca en cuyo territorio se encuentren, a las entidades locales titulares y, en su caso, a los propietarios particulares en la forma que reglamentariamente se determine.
4. Con carácter general, los instrumentos de gestión serán específicos de cada monte si bien, previa justificación, podrán ser redactados de forma conjunta para grupos de montes con características semejantes.
5. Los instrumentos de gestión forestal que se aprueben contendrán el periodo de vigencia de los mismos, el cual no podrá ser superior en ningún caso a quince años y deberá coincidir con la duración del plan especial que se fija en dicho instrumento.
Artículo 66. Instrumentos de gestión forestal en otros montes.
Los restantes montes que no se encuentren comprendidos en el artículo anterior, ya sean públicos o privados, deberán contar para su gestión y explotación, con carácter necesario, con un instrumento de gestión, siempre que se encuentren poblados por especies arbóreas o arbustivas susceptibles de producir un aprovechamiento maderable o de leña y en los casos que a continuación se indican:
a) Que se encuentren pobladas por especies de crecimiento rápido en una plantación de producción que sea superior a diez hectáreas.
b) Alternativamente, que, estando pobladas por especies de crecimiento lento, la superficie forestal de producción sea superior a cien hectáreas.
CAPÍTULO III
Información y estadística forestal
Artículo 67. Información y estadística forestal.
La llevanza de los registros públicos que la ley establece así como aquella información forestal complementaria que no forme parte de su contenido, la información cartográfica y la totalidad de las estadísticas forestales, le corresponden al departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, debiendo mantener actualizados tales registros y el resto de la información y de la estadística forestal a los efectos previstos en la presente ley y en la ley básica estatal.
TÍTULO V
Régimen de uso y aprovechamientos de los montes
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 68. Regulación aplicable.
1. El régimen de uso y aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad, se someterá a lo dispuesto en la presente ley y, en su caso, en los planes de ordenación e instrumentos de gestión que resulten de aplicación.
2. El Gobierno de Aragón podrá establecer mediante decreto condiciones y limitaciones de usos y aprovechamientos cuando las exigencias derivadas de la conservación de los valores naturales así lo precise, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes de ordenación de los recursos naturales o forestales.
Artículo 69. Definiciones.
1. Se entiende por concesión en los montes que integren el dominio público forestal la cesión de uso que implique su utilización privativa mediante cualquier tipo de obra o instalación de carácter fijo, sin que pueda exceder de un plazo de treinta años, y sin perjuicio de su prórroga bajo los límites que establezca a tal fin la legislación básica estatal en materia de patrimonio.
2. Se entenderá por servidumbre, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación foral aragonesa y, supletoriamente, en el Código Civil, todo gravamen impuesto sobre un monte en beneficio de otra finca o monte perteneciente a distinto dueño, cualquiera que sea su titularidad.
3. Se considera aprovechamiento toda explotación del monte o de sus recursos renovables o no renovables, cualquiera que sea su finalidad, siempre que implique una actividad que tenga valor de mercado o que exija el pago de un precio o contraprestación económica por su realización.
4. A efectos de esta ley, se equiparan a aprovechamientos las actividades que, por su carácter empresarial y económico, se desarrollen en el monte al amparo de su funcionalidad, aunque no conlleven el consumo de recursos forestales.
5. Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas, cortezas, resinas, pastos, frutos, plantas aromáticas y medicinales, setas y trufas, productos apícolas, caza y demás productos propios de los terrenos forestales en los términos establecidos en la presente ley, así como los cultivos en el caso de los montes catalogados.
6. Se consideran actividades o usos sociales del monte todo uso común general que se realice en montes de titularidad pública con finalidad recreativa, cultural o educativa y sin ánimo de lucro.
7. Toda actividad no excluyente del uso común general que por su intensidad, multiplicidad o peligrosidad exija la intervención de la Administración gestora de los montes de titularidad pública en que se realice tendrá la consideración de uso común especial.
CAPÍTULO II
Concesiones y servidumbres
Artículo 70. Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad pública.
1. Las concesiones para uso privativo de los montes que integran el dominio público forestal y las cesiones de uso de los montes patrimoniales se regirán por lo dispuesto en la legislación patrimonial que sea de aplicación a la entidad pública titular, sin perjuicio del régimen que para las concesiones para uso privativo de los montes catalogados se establecen en los artículos siguientes de la presente ley.
2. En los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,
b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.
Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente. La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él.
Artículo 71. Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo en montes catalogados.
1. Se podrán otorgar concesiones para uso privativo en montes catalogados en todos aquellos casos en los que, garantizándose la conservación de las características que justificaron su catalogación y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se cumplan las siguientes condiciones:
a) No sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte catalogado sobre el que se interesa su otorgamiento.
b) Provoque un impacto ambiental mínimo, debiendo haber obtenido declaración de impacto ambiental favorable cuando, atendiendo a las características del proyecto, venga sometido a evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación que resulte de aplicación a tal fin.
c) Preste su conformidad al uso pretendido la Administración propietaria del monte, sin perjuicio de lo dispuesto para las concesiones de interés público.
d) Sea compatible con el mantenimiento del uso forestal del monte y con la utilidad pública que justifica su catalogación.
2. En el caso en el que la declaración de impacto referida en el apartado anterior fuera condicionada, las condiciones fijadas se asumirán en el título de otorgamiento de la concesión.
3. De las concesiones demaniales que pudieran otorgarse sobre los montes de utilidad pública se tomará razón en los asientos del Catálogo, sin perjuicio de la posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la presente ley, en la legislación forestal estatal y en la legislación hipotecaria.
4. Cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia, que deberán precisarse y justificarse en la solicitud, acreditado el cumplimiento de las condiciones del apartado primero, se podrá autorizar de modo provisional, por plazo no superior a un año, el uso privativo del dominio público forestal de los montes catalogados, cuando no se requiera concurrencia. En cualquier caso, la autorización provisional conlleva la obligación del peticionario de aceptar las condiciones técnicas y económicas que se determinen, sin que suponga para el beneficiario derecho preferente respecto a la obtención de la concesión, y si, en el plazo de un año, esta no se hubiera otorgado, quedará automáticamente rescindida sin derecho a indemnización alguna.
5. Si el proyecto correspondiente al uso privativo del dominio público forestal de los montes catalogados está sometido a evaluación de impacto ambiental directamente o a análisis caso a caso, no se podrá emitir dicha autorización provisional mientras no hayan concluido de forma positiva dichos trámites. No obstante, si el proyecto no estuviera sometido a los trámites anteriores, no se podrá emitir la autorización provisional sin haber realizado el trámite de información pública que lleva aparejada la tramitación de la concesión o la información pública de la autorización sustantiva en su caso.
Artículo 72. Concesiones de interés público.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente otorgará la concesión del uso del dominio público forestal en los montes catalogados, por razón de interés público previamente declarada y previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que deberá constar acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo anterior.
2. La resolución que así lo acuerde fijará las condiciones de la concesión, cuyo incumplimiento determinará su revocación, quedando asimismo condicionadas en todo caso su validez y eficacia al mantenimiento del interés público que la justifica.
3. En el caso de disconformidad o discrepancia entre la Administración titular del monte, la promotora del proyecto, o la Administración que haya efectuado la declaración de interés general o público, o en el caso en que esa razón de interés público concurrente justifique una doble afección demanial, se estará, a los efectos de su compatibilidad o prevalencia, a lo dispuesto en la presente ley y en la legislación básica estatal, resolviendo en todo caso, cuando la discrepancia se presente entre la Administración de la Comunidad Autónoma y una entidad local, el Gobierno de Aragón.
Artículo 73. Concesiones de interés particular.
1. Excepcionalmente, y cumpliéndose en cualquier caso las condiciones generales establecidas por la ley, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá otorgar la concesión de interés particular del dominio público forestal.
2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo a seguir para el otorgamiento de las concesiones de interés particular, en cuyo expediente deberá constar acreditado el cumplimiento de las condiciones generales que se establecen por la ley, así como los casos en que dicho procedimiento deba tramitarse en régimen de concurrencia.
3. La concesión del uso privativo por interés particular del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón devengará anualmente una tasa, en los términos y con las condiciones que establezca la legislación autonómica en materia de tasas.
4. En caso de concesión del uso privativo por interés particular de los montes catalogados que no sean de titularidad de la Comunidad Autónoma, la Administración forestal autonómica incorporará en el acto de otorgamiento de la concesión su régimen económico. Este régimen económico de la concesión será previamente determinado por la Administración titular del monte catalogado, pudiendo ser gratuito, sujeto a una contraprestación patrimonial o a una tasa, caso de existir normativa tributaria aplicable al caso. En ausencia de dicha tasa, a petición del titular del monte, la Administración autonómica podrá emitir un informe a los solos efectos de que el citado titular pueda fijar el régimen económico de la concesión.
Artículo 74. Servidumbres en montes públicos no catalogados.
1. Las servidumbres sobre montes públicos no catalogados se regirán por lo dispuesto en la correspondiente legislación de patrimonio de aplicación a la respectiva Administración pública propietaria.
2. El incendio de estos montes podrá ser causa de suspensión temporal de las servidumbres existentes en el momento en que se produjo el incendio cuando sea necesario para su regeneración, bien mediante acto expreso o bien mediante su inclusión en el instrumento de gestión correspondiente o en el plan anual de aprovechamientos.
Artículo 75. Servidumbres en montes catalogados.
1. Las servidumbres sobre montes catalogados, que deberán ser compatibles con las características del monte que justifican su catalogación, se reconocerán en los instrumentos de gestión y, subsidiariamente, en el plan anual de aprovechamientos, y se ejercitarán en la forma prevista en ellos. En otro caso, el otorgamiento de las servidumbres sobre montes catalogados y la regulación de su ejercicio se realizará mediante acto expreso del Departamento de Medio Ambiente.
2. Las servidumbres que graven los montes catalogados se inscribirán en el Catálogo, haciendo constar en el asiento correspondiente su contenido y extensión, beneficiario, origen y título en virtud del cual fueron establecidas.
3. Las servidumbres sobre montes catalogados se extinguirán, en cualquier caso, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón cuando su ejercicio resultare incompatible con la utilidad pública del monte catalogado, fijándose en dicho acuerdo la indemnización a la que tuviera derecho su titular como consecuencia de la pérdida del derecho.
Artículo 76. Servidumbres en montes de titularidad privada.
Las servidumbres en montes de titularidad privada se regirán por la legislación foral o, en su caso, por el Código Civil, sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran establecerse conforme a la legislación forestal.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales
Artículo 77. Aprovechamientos forestales.
1. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las condiciones fijadas en la ley y con las prescripciones establecidas en los correspondientes planes de ordenación de los recursos forestales o en los instrumentos de gestión vigentes, debiendo ser compatibles con la conservación y mejora de las masas forestales y de su medio físico y respetando en todo caso el principio de persistencia o sostenibilidad.
2. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento.
3. La realización de aprovechamientos en montes públicos exigirá el correspondiente título o licencia.
Artículo 78. Control de los aprovechamientos forestales.
El departamento competente en materia de medio ambiente podrá requerir a los transformadores y almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen de las partidas, al objeto de comprobar las talas y demás aprovechamientos forestales, en especial los extraídos de los montes incendiados.
Artículo 79. Aprovechamientos en montes catalogados. Plan anual de aprovechamientos.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, la comarca correspondiente, establecerán las condiciones técnico-facultativas que hayan de regir la adjudicación y explotación de los aprovechamientos en los montes catalogados, y que se ajustarán en lo económico a la legislación en materia de patrimonio y de contratación administrativa que resulte en cada caso de aplicación.
2. Las referidas condiciones técnico-facultativas constarán en el plan anual de aprovechamientos, que concretará para cada monte catalogado, de acuerdo con lo dispuesto en el instrumento de gestión forestal previsto en el artículo 64 de la presente ley, la relación de los que han de realizarse para ese periodo de tiempo.
3. Previa propuesta de las entidades locales propietarias, corresponde a las comarcas la aprobación y la ejecución de los planes anuales de aprovechamientos de los montes catalogados de titularidad local que dispongan de instrumento de gestión forestal en vigor, incluyendo la expedición de licencias.
4. Asimismo, corresponderá a las comarcas el control técnico de la ejecución de los aprovechamientos siempre que cuenten con personal propio, sin perjuicio de las funciones de inspección y control que competen a la Administración de la Comunidad Autónoma.
5. En ausencia de instrumento de gestión forestal en vigor, corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente la aprobación de los planes anuales de aprovechamientos, así como la expedición de las autorizaciones o licencias para su ejecución y el control técnico de los mismos.
6. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá autorizar la realización de aprovechamientos en montes catalogados no contemplados en el correspondiente plan anual.
7. La puesta en cultivo de superficies pertenecientes a montes catalogados solo podrá autorizarse, por el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, con carácter excepcional, por razones de conservación de especies o de prevención contra incendios forestales, siempre que se garantice la persistencia del suelo y la reversibilidad de la actuación, sin que en virtud de esta autorización pierdan la condición de monte ni su pertenencia al dominio público forestal.
8. Cuando exista un instrumento de gestión forestal aprobado, la entidad propietaria podrá realizar la enajenación de la cuantía total de un tipo de aprovechamiento, conforme al calendario establecido en el plan especial del instrumento de gestión correspondiente, cuya duración no podrá ser superior a la vigencia del plan, con las revisiones de precios que se determinen en el pliego de condiciones económico-administrativas. Todo ello sin perjuicio de que la Administración autonómica pueda establecer las modificaciones o suspensiones que procedan, en el marco de sus competencias, en el plan especial o de la ampliación del plazo de enajenación, con sometimiento a lo que disponga la legislación aplicable en materia de patrimonio.
9. En el plan anual de aprovechamientos deberán incluirse otras actividades que impliquen valor de mercado o que exijan el pago de un precio o contraprestación económica por su realización, como pueden ser las concesiones de uso privativo.
Artículo 80. Fondos y planes de mejoras.
1. El fondo de mejoras constituye una cuenta por afectación que se forma por las aportaciones e ingresos que realicen las entidades locales titulares de montes catalogados procedentes de la ejecución del correspondiente plan de aprovechamientos, así como de cualquier otro rendimiento, indemnización, contraprestación económica o tasa que pudiera percibir el titular por otras actividades desarrolladas en el monte, incluidas las que resulten de las concesiones de uso privativo, de la compensación de permutas y de las prevalencias, siendo su finalidad y destino la conservación de los montes catalogados en la forma que la ley establece. La gestión del fondo de mejoras se realizará mediante el respectivo plan de mejoras, perteneciendo al departamento competente en materia de medio ambiente las facultades de inspección, control y coordinación del fondo a través de la fiscalización de la correspondiente memoria de gestión sobre el cumplimiento del plan de mejoras.
2. Las entidades locales titulares de montes catalogados destinarán al fondo de mejoras el quince por ciento del valor de los aprovechamientos, así como de cualquier otro rendimiento, indemnización, contraprestación económica o tasa que pudiera percibir el titular, obtenidos del monte al amparo de su funcionalidad, incluidos los que resulten de las concesiones de uso privativo, de la compensación de permutas y de las prevalencias, sin perjuicio de la posibilidad de que dichas entidades locales, voluntariamente, destinen al citado fondo un porcentaje superior al legalmente establecido, ya sea de forma periódica, ya sea mediante aportaciones o ingresos de carácter extraordinario.
3. Se ingresará en el fondo de mejoras la totalidad de los pagos en concepto de daños y perjuicios establecidos por resolución firme en procedimientos sancionadores incoados por infracciones cometidas en montes catalogados.
4. Se considerarán mejoras los trabajos y actuaciones de defensa de la gestión forestal, tales como deslindes, amojonamientos, elaboración de instrumentos de gestión, reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios, obras de ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, o aquellas otras que contribuyan a la mejora de la conservación de los montes.
5. El plan de mejoras de los montes catalogados de titularidad de las entidades locales, que contendrá la previsión de los ingresos que resulten de la ejecución del plan de aprovechamientos y de otros rendimientos derivados del monte y de los gastos a realizar con cargo al fondo de mejoras, tendrá carácter anual y su aprobación corresponderá a la Administración comarcal. La gestión del plan de mejoras podrá atribuirse a las entidades locales titulares de los montes catalogados.
6. En el primer trimestre del año, las comarcas o, en su caso, las entidades locales titulares de los montes catalogados, presentarán al departamento competente en materia de medio ambiente, para su fiscalización, una memoria de gestión de los ingresos obtenidos y de las actuaciones ejecutadas en el marco del plan de mejoras del año inmediatamente anterior.
7. Mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente se regulará un fondo de mejoras de los montes catalogados de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 81. Aprovechamientos en montes no catalogados y no gestionados por la Administración autonómica.
1. Los aprovechamientos en montes no catalogados y no gestionados por la Administración autonómica, cualquiera que sea su titularidad, se someterán a las limitaciones establecidas en la presente ley.
2. Los aprovechamientos de maderas y leñas en los montes no catalogados y no gestionados por la Administración autonómica se someterán a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de gestión, debiendo efectuarse una comunicación previa al departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo denegarse o condicionarse mediante resolución motivada en el plazo máximo de un mes. En ningún caso se entenderán adquiridos por silencio administrativo aprovechamientos de madera y leñas en contra de la legislación o instrumentos de gestión aprobados.
3. Cuando no se disponga de instrumento de gestión aprobado por la Administración autonómica, los aprovechamientos maderables o leñosos en montes no catalogados y no gestionados por la Administración autonómica con carácter general requerirán autorización previa del departamento competente en materia de medio ambiente, otorgándose en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de su solicitud y entendiéndose denegada si, transcurrido dicho plazo, no ha recaído resolución expresa.
4. Los aprovechamientos en montes no catalogados que se encuentren dentro del ámbito territorial de un espacio incluido en la Red Natural de Aragón, aunque no tengan por objeto aprovechamientos maderables o leñosos, podrán someterse, mediante disposición general del Gobierno de Aragón, a una ordenación específica cuya finalidad sea garantizar la conservación del ecosistema forestal, la protección del suelo o la del estado físico del monte.
Artículo 82. Aprovechamientos en montes comunales.
En la adjudicación de los aprovechamientos de los montes comunales se respetarán los derechos vecinales, haciéndolos compatibles con las restantes formas de contratación, enajenación y adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local.
Artículo 83. Condiciones especiales de los aprovechamientos maderables.
Sin perjuicio de su sujeción a lo que establezca el correspondiente instrumento de gestión forestal, y con independencia de la titularidad del monte, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá establecer la condición de señalamiento previo para cualquier corta de arbolado.
Artículo 84. Aprovechamientos de pastos.
1. El pastoreo en los montes se realizará de forma que sea compatible con la conservación y mejora de los mismos, procurando la ordenación y perfeccionamiento de los aprovechamientos ganaderos ya existentes y la ampliación de los mismos que, sin menoscabo de las masas forestales, permitan el mantenimiento del mayor número posible de cabezas de ganado.
2. En el caso de montes cubiertos de arbolado, se dará una preferencia absoluta a las exigencias silvícolas, pudiéndose limitar e incluso prohibir el pastoreo del monte si resultare incompatible con su conservación. De igual modo se procederá en el caso de terrenos erosionables si el propietario no efectuase las obras y trabajos de conservación de suelos que le impusiera la Administración pública competente.
3. Los aprovechamientos de pastos deberán estar, en su caso, expresamente regulados en el correspondiente instrumento de gestión forestal o en el plan de ordenación de los recursos forestales en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.
4. El departamento competente en materia de medio ambiente fomentará la ganadería extensiva en los montes como medio para la conservación y mejora de estos. Si se dan circunstancias excepcionales de carácter técnico o económico tales como una urgente necesidad de pastoreo para la prevención de incendios o la ausencia de rematantes, la dirección general competente en materia forestal podrá, previa publicidad que asegure la posibilidad de concurrencia, autorizar el aprovechamiento gratuito de los pastos de los montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, condicionado al cumplimiento de los fines que justifiquen la adjudicación y de acuerdo con el pliego de condiciones correspondiente.
Artículo 85. Aprovechamiento de la biomasa forestal.
1. Los instrumentos de gestión forestal de los montes de la Comunidad Autónoma contemplarán expresamente un análisis sobre las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa forestal primaria contenida en los mismos que contemple, como mínimo, las condiciones óptimas de dicho aprovechamiento y los procesos adecuados de explotación en atención a las condiciones de los recursos forestales abarcados.
2. El Gobierno de Aragón, por sí o a través de sus entidades instrumentales, podrá participar en consorcios con otras Administraciones Públicas o entidades privadas con objeto de facilitar el aprovechamiento conjunto y movilización de la biomasa forestal primaria contenida en los montes de titularidad de las entidades consorciadas.
3. El Gobierno de Aragón promoverá la redacción de planes de ordenación y gestión forestal y favorecerá la creación de centros y redes logísticas que faciliten el acopio, transformación, secado y almacenado de la biomasa forestal.
4. El Gobierno de Aragón favorecerá el fomento del asociacionismo y la cooperación entre los propietarios de montes y los sectores de transformación del uso recursos forestales, en especial en aquellos casos en los que el fin último sea el aprovechamiento y movilización de la biomasa forestal primaria.
5. El Gobierno de Aragón fomentará el empleo de biomasa forestal en sus edificios públicos así como las iniciativas privadas presentadas a tal fin, como forma de fomentar el uso de las energías renovables, optimizar la eficiencia en el consumo energético y la protección del medio ambiente.
Artículo 86. Recursos del subsuelo.
1. Se consideran recursos del subsuelo los derivados de explotación de canteras, áridos o cualquier otra actividad extractiva a cielo abierto o subterránea.
2. La extracción y utilización de los recursos del subsuelo no tienen la consideración de aprovechamiento forestal. No obstante, se someterá a concesión la utilización privativa del dominio público forestal cuando sea necesaria para el desarrollo de las actividades extractivas a las que resulte de aplicación la legislación de minas.
3. En cualquier caso, el ejercicio de las actividades extractivas mineras que afecte a montes requerirá informe del departamento competente en materia de medio ambiente sobre su compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte, que será vinculante si se trata de montes protectores, sin perjuicio de las obligaciones de restauración ambiental, para las que exigirá la correspondiente fianza al interesado, y del sometimiento, en su caso, a evaluación de impacto ambiental conforme a su legislación específica.
CAPÍTULO IV
Actividades y usos sociales
Artículo 87. Actividades y uso público de los montes.
1. El Gobierno de Aragón regulará las actividades no lucrativas y las condiciones del acceso público a los montes conforme a lo dispuesto en la presente ley.
2. Los montes integrantes del dominio público forestal estarán sujetos al uso común, general, público y gratuito cuando las actividades a desarrollar tengan finalidad recreativa, cultural o educativa no lucrativa, sometida a la normativa vigente, a los correspondientes instrumentos de gestión, así como a las instrucciones que pudieran impartir los agentes de protección de la naturaleza a tal fin.
3. Ese uso común y general, público y gratuito de los montes del dominio público forestal deberá ser respetuoso con el medio natural y compatible con las concesiones o derechos previamente otorgados sobre el uso del monte y de los aprovechamientos de cualquier naturaleza a que su explotación dé lugar.
Artículo 88. Vías de saca, pistas forestales, modificación sustancial de la cubierta vegetal y cortas en montes no catalogados.
1. La apertura de nuevas vías de saca y pistas de acceso o ensanche de las existentes en los montes no catalogados, cuando no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, podrá realizarse mediante comunicación previa a la Administración autonómica forestal, bajo los umbrales y condiciones de estricto cumplimiento que se establezcan reglamentariamente, debiendo notificarse con una antelación de un mes al de la fecha prevista de la actuación y pudiendo denegarse o aceptarse, fijando, en su caso, condiciones en ese plazo, entendiéndose el silencio administrativo como estimatorio. En el resto de los casos y siempre que no estén previstas en su instrumento de gestión en vigor, estarán sometidas a autorización administrativa expresa del departamento competente en materia de medio ambiente.
2. Cualquier otra actuación que suponga la modificación sustancial de la cubierta vegetal en montes no catalogados, cuando no implique el cambio de uso forestal de los terrenos y no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, estará sujeta al régimen administrativo que se define en la presente ley, sin perjuicio de lo previsto para los aprovechamientos maderables y para el manejo de la vegetación mediante el uso del fuego en terrenos forestales. La modificación sustancial de la cubierta vegetal podrá realizarse por medio de comunicación previa a la Administración autonómica forestal, en las mismas condiciones que en el apartado anterior, bajo los umbrales y requisitos de estricto cumplimiento que se establezcan reglamentariamente. En el resto de casos, será sometida a autorización expresa del departamento competente en materia de medio ambiente.
3. Podrán realizarse cortas de arbolado por medio de comunicación previa a la Administración autonómica cuando no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, siempre que se ajusten a unas características y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha prevista de realización de la corta, entendiéndose que puede llevarse a cabo la actuación objeto de la comunicación si, transcurrido dicho plazo, no se obtuviera denegación o condicionamiento expreso por la Administración autonómica. En el resto de casos, será sometida a autorización expresa del departamento competente en materia de medio ambiente.
4. Asimismo, se someterán a mera comunicación previa, en las mismas condiciones que los apartados anteriores, las cortas de plantaciones de chopos, cualquiera que sea su superficie. Podrá procederse a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo sin necesidad de informe preceptivo del órgano forestal en estos terrenos, siempre y cuando las operaciones para la puesta en cultivo se lleven a cabo en el plazo de un año, a contar desde la realización de la corta, a los efectos de lo previsto en los artículos 30 y 31 de la presente ley.
5. El sometimiento a comunicación previa de las actividades descritas en el presente precepto no exime de las limitaciones o prohibiciones reguladas por otros regímenes de protección establecidos al amparo de su correspondiente legislación específica.
Artículo 89. Uso cultural, turístico y recreativo de los montes públicos.
1. La Administración pública competente promoverá el uso cultural, turístico, educativo y recreativo de los montes públicos que sea adecuado y compatible con su conservación. A tal efecto, impulsará áreas, núcleos o itinerarios recreativos, zonas de acampada, campamentos, aulas de la naturaleza o cualquier otro tipo de infraestructura recreativa.
2. El departamento competente en materia de medio ambiente elaborará y mantendrá actualizado un inventario de áreas recreativas en los montes públicos y adoptará las medidas necesarias para su adecuada utilización, mantenimiento y mejora.
3. El uso de algunas infraestructuras o instalaciones de carácter recreativo, cultural o turístico podrá requerir el abono de una cantidad previamente regulada por la Administración pública competente.
Artículo 90. Prohibiciones o limitaciones de ciertos usos.
1. El uso del fuego en los montes y zonas cercanas se someterá a las prohibiciones y limitaciones que el departamento competente en materia de medio ambiente determine.
2. En los montes demaniales y en los montes protectores, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá establecer prohibiciones o limitaciones para la acampada y el acceso de personas y vehículos, el uso de elementos o actividades productoras de ruido o cualesquiera otras actividades que puedan afectar a los valores naturales del monte, incrementar los riesgos que amenazan su conservación o, en su caso, impedir o condicionar los aprovechamientos autorizados.
3. Se considerará uso común especial la celebración de actos que conlleven una afluencia de público indeterminada, y estará sujeta a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de gestión cuando tengan carácter tradicional y periódico. En ausencia de dicho instrumento o cuando tengan carácter ocasional, requerirán previa autorización administrativa, que será en todo caso temporal, y nunca podrá excluir el uso común general.
Artículo 91. Acceso a los montes.
1. Sin perjuicio de las servidumbres y derechos existentes, el acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, a pie o por cualquier otro medio, podrá limitarse mediante resolución administrativa por razones de conservación de recursos o valores naturales o prevención de incendios forestales. Las limitaciones deberán hacerse públicas de forma fehaciente.
2. Salvo por razones de gestión y vigilancia o previa autorización administrativa expresa, queda prohibida la circulación de vehículos a motor recorriendo terrenos de monte de cualquier titularidad fuera de los caminos o pistas forestales existentes.
Artículo 92. Régimen de uso de las pistas forestales.
1. Con carácter general, la circulación con vehículos a motor por pistas forestales se limitará a las funciones de gestión, incluyendo la vigilancia, extinción de incendios forestales y realización de aprovechamientos forestales, y a los usos amparados por las servidumbres y derechos existentes.
2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales abiertas al tránsito general en montes públicos se considerará uso común general, siempre que no se trate de actividades lucrativas, competiciones o pruebas deportivas, rutas turísticas o culturales, o similares, asumiendo el conductor toda responsabilidad civil. Esta circulación, que no requiere autorización, deberá realizarse de manera respetuosa con el medio natural, en grupos de hasta cinco vehículos en caravana, con una velocidad moderada no superior a 30 km/h y adaptando siempre la conducción a las características y el estado de la pista y a las condiciones meteorológicas.
3. La circulación con vehículos a motor en pistas forestales de montes públicos no abiertas al tránsito general requerirá la autorización del departamento competente en materia de medio ambiente en montes gestionados por la Administración autonómica o de la entidad local propietaria en el resto de montes públicos, asumiendo el conductor toda responsabilidad civil. En el caso de pistas en montes privados, será necesaria la autorización del titular en los términos que este estime.
4. Cuando exista contraprestación económica derivada de la circulación con vehículos a motor por pistas forestales en montes de utilidad pública, será necesaria la obtención de la correspondiente licencia de disfrute, pudiendo exigir la entidad titular o gestora una fianza al interesado y la obligación de restaurar los daños ocasionados.
5. Asimismo, en los montes gestionados por la Administración autonómica, se podrá otorgar autorización de uso especial para la realización de competiciones o pruebas deportivas o rutas turísticas y culturales, siempre que no exista contraprestación económica y se circule exclusivamente por pistas forestales, y contando con la conformidad de la entidad propietaria. El promotor de la actividad tendrá la obligación de asumir la reparación de los daños ocasionados y se le podrá exigir una fianza cuando la actividad se desarrolle con vehículo a motor. En el resto de montes, será el propietario o gestor quien autorice y establezca los condicionantes.
TÍTULO VI
Protección de los montes
CAPÍTULO I
Control de la erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación
Artículo 93. Disposición general.
La Administración autonómica abordará las políticas de control de la erosión, de corrección hidrológico-forestal y de repoblación, desde la ordenación del territorio, con una respuesta que integre y coordine los distintos instrumentos con incidencia en el territorio y que vincule también a los propietarios privados.
Artículo 94. Control de la erosión y corrección hidrológico-forestal.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente la actuación en materia de corrección hidrológico-forestal y de mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del suelo frente a los procesos de degradación por erosión, de conformidad con los distintos planes y programas públicos y, en particular, según las directrices del plan forestal de Aragón, todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado en materia de dominio público hidráulico.
2. El departamento competente en materia de medio ambiente establecerá zonas prioritarias de actuación en materia de control de la erosión y restauración hidrológico-forestal en función del riesgo que se genere a las áreas habitadas, a los recursos productivos, con especial atención a los recursos hídricos, y a las infraestructuras asociadas a su gestión.
3. Quedarán incluidos en dichas zonas:
a) Los terrenos forestales incendiados en los que sea difícil su recuperación natural.
b) Las áreas de ramblas y torrentes que precisen trabajos de restauración y estabilización.
c) Las áreas de riesgo por aludes de nieve.
d) Las áreas de riesgo por desprendimientos, deslizamientos o movimientos del terreno.
e) Otras áreas asociadas a fenómenos o causas meteorológicas, antrópicas, bióticas u otras que afecten a la cubierta vegetal o al suelo.
4. Los planes, obras y trabajos de corrección o restauración hidrológico-forestal que sean precisos para la recuperación de las zonas prioritarias de actuación, cualquiera que sea su titularidad y el uso al que se destinen, podrán ser declarados de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa, o, en su caso, de interés público, amparando la correspondiente declaración de concurrencia o de prevalencia que, a tal fin, debiera promoverse.
Artículo 95. Repoblación forestal.
1. La repoblación de los montes podrá realizarse directamente por las Administraciones públicas o por los particulares, quedando sujeta a los instrumentos de ordenación y de gestión forestal que resulten de aplicación y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable.
2. La repoblación de montes o de parte de ellos estará sujeta a la previa y expresa autorización del departamento competente en materia de medio ambiente, cuando supere la superficie de diez hectáreas, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
3. En el caso en que el instrumento de gestión aprobado que resulte de aplicación prevea la repoblación y sus condiciones técnicas, será suficiente a tal fin la mera comunicación de su práctica al departamento competente en materia de medio ambiente.
4. Se exceptúa de la necesidad de obtener autorización administrativa la práctica de segundas repoblaciones o reforestaciones cuando no conlleven cambios en la composición de las especies forestales preexistentes.
5. En los trabajos de repoblación se atenderá a las normas vigentes de comercialización y certificación así como a las de procedencia y calidad de los materiales forestales de reproducción.
6. La autorización de repoblaciones forestales cuya superficie supere la mínima establecida en el apartado 2 del presente artículo exigirá la presentación de un proyecto o memoria técnica. La redacción y dirección de obra serán realizadas por técnicos con titulación forestal universitaria.
Artículo 96. Medidas de repoblación forestal.
1. La Administración autonómica fomentará la repoblación de superficies desarboladas, considerando prioritarias las zonas que hayan sufrido incendios.
2. Por acuerdo del Gobierno de Aragón podrá declararse la obligatoriedad de la repoblación en montes catalogados.
3. La Administración autonómica impulsará la repoblación con especies forestales autóctonas.
4. La Administración autonómica promoverá la implantación de arbolado en el medio rural mediante plantaciones lineales o en grupos en caminos, lindes de fincas y riberas de cauces, a fin de incrementar el patrimonio forestal y la riqueza del paisaje.
Artículo 97. Material forestal de reproducción.
1. La Administración autonómica garantizará el abastecimiento, procedencia y calidad del material forestal de reproducción, aprobando a estos efectos la normativa correspondiente a condiciones y características del ámbito regional.
2. La Administración autonómica procurará el fomento y control de viveros públicos y privados que garanticen el adecuado abastecimiento de material vegetal, y regulará las calidades genéticas y sistemas de control y manejo de los materiales así como su transporte y control de calidad en la recepción.
CAPÍTULO II
Prevención de plagas y enfermedades
Artículo 98. Sanidad forestal.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente velar por la protección de los montes contra plagas y enfermedades, manteniendo actualizada la información sobre el estado fitosanitario de los montes aragoneses y adoptando las necesarias medidas preventivas, sanitarias y silvícolas, o la aplicación de métodos de lucha integrada, conforme a la presente ley, a la legislación forestal estatal y a la específica legislación fitosanitaria.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación forestal básica y en la de sanidad vegetal, los titulares de los montes están obligados a comunicar al departamento competente en materia de medio ambiente la aparición atípica de agentes nocivos y a ejecutar y facilitar las acciones obligatorias que determine la Administración pública.
3. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio la lucha contra una plaga o enfermedad forestal, con delimitación de la zona afectada.
4. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá formalizar acuerdos o convenios con los titulares de los terrenos para la realización de trabajos de prevención, control y extinción de plagas o enfermedades forestales, así como otorgar ayudas para dichas actividades en forma de asesoramiento, subsidiación de intereses o subvenciones.
5. Las instrucciones acordadas por el departamento competente en materia de medio ambiente para la prevención, control y extinción local de las plagas y enfermedades forestales podrán ser llevadas a cabo:
a) Por los titulares de los terrenos afectados.
b) Subsidiariamente por el citado departamento, en cuyo caso los gastos correrán a cargo de los titulares de los terrenos.
En ambos supuestos, los titulares de los terrenos podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el apartado anterior, siendo gratuita, en cualquier caso, la asistencia técnica prestada por el departamento.
Artículo 99. Controles fitosanitarios.
1. Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas instalaciones destinadas a la producción o comercialización con destino forestal u ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por el departamento competente en materia de medio ambiente.
2. El departamento competente en materia de medio ambiente procederá a la inmovilización y, en su caso, a la destrucción de los productos existentes en dichas instalaciones afectadas por alguna enfermedad o plaga, sin que proceda indemnización alguna.
Artículo 100. Contaminación.
El departamento competente en materia de medio ambiente realizará un seguimiento de los efectos de cualquier tipo de contaminación que afecte o que pueda afectar a los montes, recopilando los datos necesarios a tal fin, participando en el establecimiento de redes europeas de seguimiento y control de las interacciones del monte con el medio ambiente y obligándose a mantener convenientemente actualizados los puntos de la Red europea de control del inventario de daños forestales que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO III
Protección frente a los incendios forestales
Artículo 101. Competencias de las distintas Administraciones públicas en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, la prevención y extinción de los incendios forestales mediante la coordinación de los planes comarcales de prevención y la organización del operativo para su extinción, incluyendo el sistema de vigilancia y detección, así como la investigación de las causas de los incendios forestales.
2. Las comarcas podrán asumir la elaboración y aprobación de los planes comarcales de prevención de incendios forestales, la ejecución de los proyectos y obras enunciados en los mismos, así como la organización de las agrupaciones de voluntarios para su extinción, todo ello sin perjuicio de las competencias propias de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio podrán redactar planes locales de prevención de incendios, que serán obligatorios para las zonas de alto riesgo de incendios forestales, debiendo ser remitidos al departamento competente en materia de medio ambiente. Estos planes tendrán carácter subordinado respecto a los planes comarcales.
4. La actuación de las Administraciones públicas en materia de prevención y extinción de incendios forestales se someterá en todo caso a los principios de colaboración y asistencia recíproca, mediante la utilización conjunta de los medios personales y materiales conforme a lo dispuesto en los distintos planes y programas públicos y, en particular, en el protocolo en materia de emergencias de protección civil por incendios forestales, en el plan forestal de Aragón y en los correspondientes planes de ordenación de los recursos forestales.
5. Las entidades locales y, en particular, las autoridades municipales, podrán movilizar todos los medios públicos o privados a fin de que queden integrados en el operativo de extinción, que actuará bajo las instrucciones de su director.
6. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá establecer mecanismos de apoyo y coordinación con otras Comunidades Autónomas, especialmente las limítrofes, en las actuaciones relativas a la lucha contra incendios forestales.
Artículo 102. Obligación de aviso.
Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar dentro de sus posibilidades en la extinción del incendio.
Artículo 103. Zonas de alto riesgo.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de alto riesgo aquellas zonas que por sus características muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de los incendios o que por la importancia de los valores amenazados precisen de medidas especiales de protección.
2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar, así como el restante contenido que prevea la legislación básica estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención contra incendios forestales del plan de ordenación de los recursos forestales correspondiente a la comarca donde se ubiquen.
3. Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de protección preferente que cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a realizar, o a permitir realizar, las medidas de prevención de incendios forestales que estén contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento.
4. A efectos de la ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas promovidas por el departamento competente en materia de medio ambiente, se atribuye al propio departamento el título suficiente de gestión y aprovechamiento vinculado a los contratos territoriales que se suscriban conforme al Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.
Artículo 104. Medidas preventivas.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente promoverá anualmente las medidas convenientes para conseguir que se alcance una estabilidad laboral de doce meses, en atención a las diferentes tareas de gestión forestal, en las cuadrillas forestales y de espacios naturales protegidos integradas en la entidad instrumental correspondiente, priorizando el uso de esta plantilla para la contratación de otras prestaciones.
2. De conformidad con la legislación básica estatal, el Gobierno de Aragón regulará el ejercicio de actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, estableciendo normas de seguridad y condiciones especiales de uso, conservación o mejora, aplicables, con carácter general, a instalaciones o infraestructuras de cualquier naturaleza que afecten a los montes o a sus áreas colindantes. Asimismo, podrá establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.
3. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará mediante orden los periodos de peligro y las condiciones especiales de empleo del fuego y otras medidas preventivas que sean de aplicación, procurando alcanzar una adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas limítrofes.
4. El departamento competente en materia de medio ambiente promoverá las técnicas de silvicultura preventivas basadas en la ordenación de los recursos forestales y en la ejecución y conservación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales.
5. El Gobierno de Aragón regulará mediante decreto, para su incorporación al sistema de gestión de ayudas agrarias, las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento en cultivo de aquellas parcelas que por su situación revistan importancia estratégica para la prevención y extinción de incendios forestales.
6. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará un sistema de vigilancia de los montes que incluya la vigilancia disuasiva y prevea la instalación de dispositivos de vigilancia, fijos o móviles, e instrumentos de comunicación.
7. Se podrán someter a comunicación previa las cortas, podas, desbroces u otros trabajos que tengan por objetivo la disminución del riesgo de incendio por aproximación a elementos de naturaleza eléctrica existentes en todo tipo de montes, independientemente de su titularidad o gestión. Dicha comunicación deberá efectuarse ante la Administración autonómica forestal con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha prevista de realización del trabajo, pudiendo ser denegado o aceptado, estableciendo, en su caso, condiciones durante ese plazo, entendiéndose el silencio administrativo como favorable o estimatorio.
Artículo 105. Organización de la extinción.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente la planificación y gestión del operativo destinado a la extinción de incendios forestales conforme a lo establecido en la presente ley y en la restante legislación forestal.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma procurará la integración efectiva de las distintas Administraciones públicas en el protocolo de emergencias por incendios forestales, contemplando especialmente la incorporación de las agrupaciones de voluntarios de protección civil.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma garantizará la formación y entrenamientos específicos adecuados al personal que participe en las distintas funciones y responsabilidades definidas en el sistema de extinción derivado del protocolo de emergencias por incendios forestales.
4. La dirección técnica de la extinción de incendios forestales corresponderá a funcionarios con formación acreditada específica en la extinción de incendios forestales, encuadrados en el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, en la forma que se determine en el protocolo en materia de emergencias de protección civil por incendios forestales.
5. El director de extinción actuará de acuerdo con un plan de operaciones establecido y tendrá la condición de agente de la autoridad a los efectos del mando sobre todo el personal actuante. En el ejercicio de dicha condición, podrá movilizar medios públicos o privados y disponer la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas de cualquier titularidad, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros y cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos y la quema anticipada o aplicación de contrafuegos en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, puedan ser consumidas por el incendio. El Gobierno de Aragón resarcirá a los propietarios, en su caso, de los daños que se deriven de estas actuaciones.
6. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las infraestructuras públicas tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses y todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.
7. La Administración de la Comunidad Autónoma asumirá, directamente o a través del correspondiente seguro, la defensa jurídica del personal que desempeña funciones de coordinación y dirección y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.
Artículo 106. Medidas para la restauración de zonas incendiadas.
1. Las Administraciones públicas y, en particular, la Administración de la Comunidad Autónoma, deberán garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los terrenos forestales incendiados.
2. Queda prohibido:
a) La pérdida o cambio del uso forestal al menos durante treinta años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de diez años, sin perjuicio de su ampliación por plazo igual por el departamento competente en materia de medio ambiente cuando, por la dificultad de regeneración de los valores naturales afectados, así se precise.
3. Con carácter singular, el Gobierno de Aragón podrá acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
c) Cualquier otro supuesto de pérdida o cambio del uso forestal que hubiera sido previamente autorizado.
4. También con carácter singular, de forma excepcional, y cuando concurran razones de interés público basadas en necesidades derivadas de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, podrá dispensar la prohibición de la pérdida o cambio del uso forestal o de desarrollo de actividades que fueran incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal aun cuando no haya transcurrido el límite temporal a que se refieren ambas prohibiciones, mediante acuerdo motivado y justificado siempre a tal fin.
5. En las áreas afectadas por incendios forestales se realizará un seguimiento de la evolución natural de su cubierta vegetal y se adoptarán las medidas necesarias para facilitar su recuperación, incluyendo las referentes a la retirada de la madera quemada cuando sea necesario así como, en su caso, la regulación de los usos y aprovechamientos en esas superficies y, en particular, el aprovechamiento de pastos.
TÍTULO VII
Fomento de las actuaciones forestales
Artículo 107. Ayudas técnicas y económicas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ayudará técnica y económicamente a los propietarios o gestores públicos o privados y, en particular, a las comarcas aragonesas, en la elaboración y ejecución de los planes de ordenación y de los instrumentos de gestión cuando así venga exigido en la presente ley.
2. Las ayudas podrán consistir en la prestación de asesoramiento técnico, el otorgamiento de subvenciones, anticipos reintegrables, exenciones fiscales de tributos propios de la Comunidad Autónoma, créditos, o cualesquiera otros incentivos que puedan establecerse.
3. Para la concesión de ayudas se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los planes de ordenación y en los programas o instrumentos de gestión.
Artículo 108. Régimen de las ayudas a otorgar.
1. Las ayudas a otorgar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, seguirán el siguiente orden de prioridad:
a) Actuaciones preventivas contra incendios forestales en zonas de alto riesgo.
b) Corrección hidrológico-forestal y control de la erosión en las zonas prioritarias de actuación.
c) Actuaciones en montes catalogados y en montes protectores.
d) Actuaciones en montes incluidos en la Red Natural de Aragón.
e) Actuaciones que ayuden al mantenimiento y fijación del empleo rural y, en especial, actuaciones promovidas por agrupaciones y asociaciones de propietarios forestales y cooperativas creadas en el medio rural.
2. Podrán beneficiarse de las ayudas:
a) Los propietarios de los terrenos.
b) Los titulares de derecho de uso o disfrute sobre montes.
c) Quienes tengan establecidos con el departamento competente en materia de medio ambiente acuerdos o convenios para la realización de actuaciones previstas en la ley.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, podrán realizar inversiones directas para la conservación y mejora de los montes catalogados.
4. Asimismo, se desarrollarán medidas de política forestal, fiscal y económica para compensar la baja rentabilidad de los productos forestales, condicionándose su concesión al cumplimiento de una gestión social y ambientalmente responsable.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, en el cumplimiento de las finalidades previstas en la presente ley, podrán otorgar convenios y acuerdos de colaboración con los propietarios de los montes, cualquiera que sea su titularidad, así como con Administraciones públicas y con cooperativas, empresas o asociaciones, encaminados a la gestión, protección y mejora forestal, conforme a los principios previstos en la presente ley y de acuerdo con el orden de prioridades anteriormente establecido.
Artículo 109. Pérdida de beneficios.
No podrán ser objeto de ayudas económicas aquellas actuaciones que se deriven de reparaciones obligatorias de daños causados por acciones que constituyan alguna de las infracciones previstas en esta ley.
Artículo 110. Colaboración en formación, sensibilización, investigación y desarrollo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la investigación, experimentación y estudio en materia forestal, e impulsará las actividades tendentes a incrementar la formación técnica de los profesionales del sector forestal, la transferencia de tecnología, la modernización y la mejora de los procesos de transformación.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón fomentará las actividades educativas, formativas y de divulgación sobre los montes y el medio natural.
3. A tal fin, podrán otorgarse convenios de colaboración con centros de investigación y empresas de transformación, con las distintas Administraciones públicas, con las Universidades, con los Colegios Profesionales, y con cualesquiera otras organizaciones con identidad de fin.
4. En particular, se podrán suscribir convenios de formación en centros de trabajo para la realización de prácticas de estudiantes en el departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 111. Certificación forestal.
1. Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán la certificación forestal como elemento diferenciador de la gestión forestal, garantizando que los sistemas de certificación establezcan requisitos adecuados a criterios ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional.
2. El departamento competente en materia de medio ambiente impulsará la certificación forestal así como las adquisiciones de carácter responsable de productos forestales certificados.
Artículo 112. Compra pública responsable de productos forestales.
1. En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques certificados.
2. Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de divulgación.
Artículo 113. Agrupaciones y asociaciones.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, en el ejercicio de sus competencias:
a) Fomentarán la agrupación de montes, públicos o privados, con objeto de facilitar una ordenación y gestión de carácter integral mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños propietarios. También fomentarán procesos de concentración de la propiedad forestal.
b) Promocionarán la asociación de propietarios y cooperativas, fomentando las relaciones interprofesionales entre el sector de la producción forestal y las industrias transformadoras.
c) Promoverán la creación de industrias o promocionarán las ya existentes que utilicen productos de los montes ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
TÍTULO VIII
Policía forestal e infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Competencias de las Administraciones públicas en materia de policía forestal
Artículo 114. Disposiciones generales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá las funciones de policía, custodia y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención, detección e investigación de la causalidad de los incendios forestales.
2. Las comarcas y los municipios, en el ejercicio de su propia competencia, podrán realizar funciones complementarias de vigilancia mediante la creación de cuerpos o escalas de agentes forestales en sus propias Administraciones.
Artículo 115. Agentes de protección de la naturaleza.
1. Los agentes de protección de la naturaleza realizarán las tareas de extensión y apoyo a la gestión forestal, de policía y de denuncia de las infracciones a lo dispuesto en la normativa forestal.
2. Los agentes de protección de la naturaleza contarán con la formación necesaria que les capacite para el correcto desarrollo de sus funciones, perteneciendo a una escala específica y gozando de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de la de agentes de la autoridad.
3. Los hechos constados y formalizados por los agentes de protección de la naturaleza en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas y defensa de los respectivos derechos e intereses que puedan aportar los interesados.
4. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de protección de la naturaleza tienen todas las facultades que establezca la legislación básica estatal y, en particular, gozan de la facultad de entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en los lugares sujetos a inspección, y de permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio, estando obligados al efectuar una visita de inspección a comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones, quedando obligados los titulares de montes privados a facilitar el acceso a sus propiedades a los agentes de autoridad, cuyas órdenes o instrucciones serán de obligado cumplimiento.
5. Los agentes de protección de la naturaleza, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de forma coordinada con los agentes forestales de las entidades locales y con respeto a las facultades que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación orgánica reguladora.
Artículo 116. Agentes forestales de las entidades locales.
1. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que sean funcionarios públicos, tendrán asimismo la condición de agentes de la autoridad, gozando de las mismas facultades que los agentes de protección de la naturaleza de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que sean personal laboral, tendrán únicamente la condición de colaboradores con los agentes de la autoridad.
3. En todo caso, los agentes forestales de las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de forma coordinada con los agentes de protección de la naturaleza de la Administración de la Comunidad Autónoma y con respeto a las facultades que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación orgánica reguladora.
Artículo 117. Personal voluntario.
La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán promover un voluntariado que colabore en tareas de vigilancia y de sensibilización sobre la preservación de los montes.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 118. Responsabilidad administrativa.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las personas físicas o jurídicas que cometan cualesquiera de las infracciones previstas en la presente ley y, en particular, la persona que directamente realice la actividad infractora o la que ordene dicha actividad cuando el ejecutor tenga con aquélla una relación contractual o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
Artículo 119. Tipificación de infracciones.
Son infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente ley:
a) El cambio de uso forestal sin autorización, o la realización de usos no forestales en montes sin autorización o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.
b) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o autorización para aquellos casos que la requieran o, en su caso, sin la previa comunicación cuando sea preceptiva.
c) Toda conducta que provoque un daño apreciable a un monte o parte de el que se encuentre en la Red Natural de Aragón.
d) La quema, arranque, corta o inutilización de ejemplares arbóreos y, en general, toda especie forestal, salvo casos excepcionales autorizados o de intervención administrativa, justificados por razones de gestión del monte.
e) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, lugares o en actividades no autorizadas.
f) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, con independencia de que provoque o no un incendio forestal.
g) La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte que implique cambio en la composición de sus especies, cuando no conlleve pérdida del uso forestal, sin la correspondiente autorización administrativa o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.
h) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente prohibidos.
i) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra o infraestructura cuando no esté prevista en los correspondientes proyectos de ordenación, planes dasocráticos de montes o, en su caso, planes de ordenación de recursos forestales, o sin estar expresamente autorizada por la Administración de la Comunidad Autónoma o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.
j) El pastoreo o permanencia de reses en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de las normas establecidas al efecto.
k) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición expresa en tal sentido, o incumpliendo las condiciones que al respecto se establezcan.
l) La circulación con vehículos a motor atravesando terrenos de monte fuera de las carreteras, caminos, pistas o cualquier infraestructura utilizable a tal fin, excepto cuando haya sido expresamente autorizada.
m) La realización de pruebas o competiciones deportivas y recorridos organizados con vehículos a motor sin la correspondiente autorización administrativa o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.
n) Cualquier incumplimiento que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de los proyectos de ordenación, planes dasocráticos o planes de aprovechamientos, así como sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y notificada al órgano forestal para su aprobación.
ñ) El incumplimiento del deber de restaurar y reparar los daños ocasionados a los montes cuando hubiera sido impuesto por cualquier acto administrativo.
o) El vertido no autorizado o el abandono de residuos, materiales o productos de cualquier naturaleza en terrenos forestales.
p) La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos deslindados.
q) La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia y control de las Administraciones públicas y de sus agentes, en relación con las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo, entendiéndose como tal obstrucción, entre otros supuestos, la desobediencia a las órdenes e instrucciones que pudieran dar los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
r) El incumplimiento de las medidas cautelares obligatorias destinadas a la conservación de los montes.
s) Los actos de personas distintas de su titular que impidan o dificulten la realización de los aprovechamientos forestales autorizados o previstos en el correspondiente instrumento de gestión.
t) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares.
u) El incumplimiento total o parcial de otras obligaciones o prohibiciones previstas en esta ley.
v) La recolección de setas en zonas de aprovechamiento micológico regulado sin la debida autorización.
w) No presentar la autorización de aprovechamiento micológico cuando esta sea requerida por las autoridades competentes.
x) La recolección de especies no recolectables de setas, así como la recogida de ejemplares en primeras fases de su desarrollo.
y) La recolección de ejemplares de setas alterados o la producción de daños al micelio del resto de ejemplares sin enterrarlo entre hojas o mantillo para favorecer la expansión de la especie.
z) La utilización de recipientes que no permitan la aireación de las setas y la caída al exterior de las esporas.
aa) La recolección de setas durante la noche.
ab) La venta de setas dentro de montes de utilidad pública o consorciados con la Administración de la Comunidad Autónoma.
ac) La remoción del suelo alterando la capa de tierra superficial y su cobertura para la recolección de las setas.
ad) La utilización de herramientas o utensilios que permitan alzar la cubierta de materia orgánica en descomposición existente y la alteración del suelo en la recogida de hongos hipogeos no incluidos en su legislación específica.
ae) El incumplimiento de las autorizaciones científicas.
af) El exceso en la recolección de setas respecto a la cantidad autorizada.
ag) Destruir o dañar las señalizaciones y vallas o muros de piedra existentes que delimitan las propiedades privadas o públicas.
Artículo 120. Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del artículo anterior cuando, afectando a una superficie mínima de una hectárea, comporten una alteración sustancial de los montes, su vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy difícil su restauración o hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a diez años.
c) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior, cuando la alteración de las señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
d) La infracción tipificada en el apartado ag) del artículo anterior.
e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las cantidades que se establezcan reglamentariamente.
3. Son infracciones graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del artículo anterior cuando, afectando a una superficie mayor o igual que la superficie establecida en el artículo 6.3.b) de esta ley, comporten una alteración sustancial de los montes, su vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy difícil su reparación o recuperación o hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a seis meses y no se encuentren dentro de los supuestos de infracciones clasificadas como muy graves.
c) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior, cuando la alteración de las señales y mojones no impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
d) Las infracciones tipificadas en los apartados q), ac), ad) y ae) del artículo anterior.
e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las cantidades que se establezcan reglamentariamente.
4. Son infracciones leves:
a) La infracción de los párrafos r) y u) del artículo anterior, aunque no se cause daño o perjuicio forestal o sus repercusiones sean de menor importancia o no precisen medidas restauradoras.
b) Cualesquiera de las infracciones tipificadas en la presente ley que afecten a una superficie arbolada inferior a la establecida en el artículo 6.3.b) de esta ley.
c) Las infracciones tipificadas en los apartados s), t) y v) a ab) del artículo anterior.
d) Las que produzcan daños cuyo plazo de restauración sea inferior a seis meses.
e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las cantidades que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 121. Medidas provisionales.
1. La Administración competente, o sus agentes de la autoridad, podrán adoptar las medidas de carácter provisional que estimen necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.
2. En la incoación del procedimiento sancionador, y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la Administración competente deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Artículo 122. Prescripción de las infracciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, de tres años para las graves y de un año para las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que hubieran concluido los actos constitutivos de las infracciones.
3. La iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento del interesado, interrumpirá la prescripción. Se reanudará el plazo de prescripción si el procedimiento sancionador estuviese paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Artículo 123. Responsabilidad penal.
1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso, sin perjuicio de las facultades de los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal que se derivan de su condición de policía judicial en el sentido genérico establecido en la normativa estatal procesal.
2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o falta penal, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento administrativo sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del órgano judicial competente.
3. El plazo de prescripción previsto en el artículo anterior se interrumpirá durante la tramitación del procedimiento judicial.
Artículo 124. Potestad sancionadora.
1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, o a las comarcas en las materias de su competencia.
2. Esta potestad se ejercerá de conformidad con el procedimiento sancionador vigente.
Artículo 125. Clasificación de las infracciones y cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente serán sancionadas con las siguientes cuantías:
a) Infracciones leves: multa de 100 a 1.000 euros, siendo de 60 a 100 euros en las infracciones tipificadas en los apartados v) a ab) del artículo 119 y en el apartado af) cuando proceda su calificación como leve.
b) Infracciones graves: multas de 1.001 a 100.000 euros, siendo de 101 a 1.000 euros en las infracciones tipificadas en los apartados ac), ad) y ae) del artículo 119 y en el apartado af) cuando proceda su calificación como grave.
c) Infracciones muy graves: multas de 100.001 a 1.000.000 euros, siendo de 1.001 a 10.000 euros en la infracción tipificada en el apartado ag) del artículo 119 y en el apartado af) cuando proceda su calificación como muy grave.
2. En el supuesto de que el beneficio derivado de una infracción supere la cantidad establecida en el apartado anterior, podrá elevarse la cuantía de la multa hasta superar ese beneficio.
Artículo 126. Registro de infractores.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente creará un Registro de infractores de la Ley de Montes de Aragón, en el cual se inscribirán las personas físicas y jurídicas sancionadas en virtud de resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves.
2. Reglamentariamente se regulará este registro.
Artículo 127. Reducción de la sanción.
Podrá reducirse la sanción o su cuantía cuando el infractor haya procedido a corregir la situación o el daño producido en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
Artículo 128. Proporcionalidad.
1. Dentro de los límites establecidos en el artículo 120, la cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta:
a) El impacto ambiental de la infracción y la intensidad del daño causado.
b) El grado de reversibilidad del daño o deterioro producido.
c) La valoración económica de los daños producidos.
d) El beneficio obtenido por la infracción cometida.
e) El grado de culpa, intencionalidad o negligencia.
f) La reincidencia en la infracción realizada.
g) La disposición del infractor a reparar los daños causados.
2. La comisión de infracciones en montes catalogados o protectores tendrá la consideración de agravante en la graduación de sanciones.
Artículo 129. Reparación del daño e indemnización.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por «restauración» la vuelta del monte a la situación anterior a los hechos constitutivos de la infracción sancionada, y por «reparación» las medidas que se adopten para lograr su restauración. Salvo para el dominio público forestal, y cuando medioambientalmente se considere razonable a criterio del órgano sancionador, la obligación de restaurar podrá ser sustituida por la aportación de terrenos para uso forestal que puedan cumplir, en la zona afectada, con similares fines medioambientales y cuya superficie nunca sea inferior a la dañada. Las condiciones medioambientales que han de cumplir dichos terreros serán fijadas por el órgano sancionador.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal.
3. El infractor está obligado a indemnizar por los perjuicios producidos, y cuando la reparación no sea posible, a indemnizar por la parte de los daños que no puedan ser reparados.
4. Los daños y perjuicios deberán ser evaluados técnicamente por separado, abonándose la indemnización al propietario de los montes o predios afectados.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 125.2 de la presente ley y en el apartado anterior, podrá elevarse la indemnización hasta su equivalencia con el beneficio económico del infractor cuando este supere a los daños y perjuicios evaluados.
6. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se determinarán según informe técnico debidamente motivado al que se referirá la resolución sancionadora.
7. En el cálculo de los daños se tendrán en cuenta:
a) El presupuesto de reparación.
b) El valor de los bienes dañados.
c) El coste del proyecto o de la actividad causante del daño.
d) El beneficio obtenido con la actividad infractora.
Artículo 130. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento realizado por parte del órgano sancionador competente, la Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.
2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada por la infracción cometida.
3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a costa del infractor.
4. Acordada la ejecución subsidiaria, y sin perjuicio de la competencia comarcal al respecto, tendrá carácter prioritario el destino a dicho fin de los fondos de mejoras establecidos en el artículo 80 de la presente ley.
Artículo 131. Prestación ambiental sustitutoria.
El órgano sancionador competente, previa solicitud de la persona sancionada en virtud de resolución administrativa firme por la comisión de una infracción administrativa, o bien de oficio con la conformidad del interesado, podrá autorizar que la multa impuesta sea sustituida por alguna actuación ambiental de restauración, conservación o mejora que afecte a los montes, siempre que esta actuación ambiental sea de valor equivalente o superior a la cuantía de dicha multa, excluido, en su caso, el beneficio industrial propio de tal actuación. Las condiciones para la realización de dicha prestación las determinará el órgano sancionador.
Artículo 132. Decomiso.
El órgano competente en materia sancionadora podrá acordar el decomiso, tanto de los productos ilícitamente obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados, quedando en depósito en los correspondientes ayuntamientos hasta que se acuerde por la Administración pública el destino que proceda.
Artículo 133. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Disposición adicional primera. Competencias del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
1. En aplicación de lo previsto en el artículo 8.3 de la presente ley, corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de acuerdo con su distribución competencial, la resolución de los procedimientos administrativos y la emisión de informes en los supuestos que seguidamente se relacionan:
a) La autorización de prevalencias y concurrencias de demanialidades que afecten a montes catalogados, siempre que los correspondientes procedimientos se inicien a instancia de parte.
b) La inclusión o exclusión de montes de titularidad privada en el Registro de montes protectores, siempre que los correspondientes procedimientos se inicien a instancia de parte.
c) La autorización de la apertura de nuevas vías de saca o pistas forestales y ensanche de las existentes en montes no catalogados, así como las actuaciones relativas a las comunicaciones previas formuladas al respecto por los interesados.
d) Los informes en procedimientos de desafectación de montes demaniales no catalogados.
e) Los informes preceptivos en materia de montes en procedimientos de concentración parcelaria, planeamiento urbanístico y en cualesquiera otras actuaciones administrativas que conlleven cambio de uso forestal, salvo por puesta en cultivo.
f) Las autorizaciones de forestación y adquisición de la condición legal de monte, en procedimientos que se inicien a instancia de parte.
g) El otorgamiento de concesiones de uso privativo en montes catalogados, sin perjuicio de las competencias propias de las Administraciones públicas titulares de los mismos para fijar las tasas o contraprestaciones aplicables.
h) La aprobación de instrumentos de gestión forestal en montes patrimoniales o demaniales no catalogados y en montes de dominio privado.
i) La expedición de licencias de aprovechamientos maderables o leñosos en montes no catalogados.
j) La modificación y rescisión de consorcios o convenios de repoblación.
k) La emisión de informes sobre actividades extractivas de recursos mineros que afecten a montes, en procedimientos que se inicien a instancia de parte.
l) La autorización de la modificación sustancial de la cubierta vegetal sin cambio de uso forestal en montes no catalogados, excepto los establecidos para el uso del fuego en terrenos forestales, así como las actuaciones relativas a las comunicaciones previas formuladas al respecto por los interesados.
m) La autorización del uso especial en montes de utilidad pública para la realización de competiciones o pruebas deportivas con empleo de vehículos a motor.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las competencias del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental vendrán definitivamente determinadas en el anexo de su ley propia.
Disposición adicional segunda. Acción pública.
Será pública la acción de exigir ante los órganos administrativos y judiciales competentes la observancia de lo establecido en esta ley y en las normas que puedan dictarse para su desarrollo y aplicación.
Disposición adicional tercera. Plazo de abandono de terrenos agrícolas.
Excepcionalmente, para parcelas concretas y previa solicitud justificada, podrán concederse ampliaciones del plazo establecido en el apartado 3.a) del artículo 6 de esta ley.
Disposición adicional cuarta. Consorcios y convenios de repoblación sobre montes públicos.
1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad pública podrán rescindirse, previa su declaración de utilidad pública y consiguiente catalogación, produciéndose, por efecto de la catalogación, la condonación de la deuda que se mantenga a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma por los trabajos realizados en cumplimiento del consorcio o convenio. Con la catalogación queda extinto el derecho de la Administración autonómica al vuelo creado con el consorcio o convenio forestal.
2. Los mismos derechos y condiciones económicas serán de aplicación a los consorcios y convenios de repoblación existentes sobre montes ya catalogados a la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición adicional quinta. Consorcios y convenios de repoblación sobre montes privados.
1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad privada podrán rescindirse, previa su declaración como montes protectores y consiguiente inclusión en Registro de montes protectores, produciéndose por efecto de la inscripción la condonación de la deuda que se mantenga a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma por los trabajos realizados en cumplimiento del consorcio o convenio. Con la declaración de monte protector queda extinto el derecho de la Administración autonómica al vuelo creado con el consorcio o convenio forestal, si bien el propietario estará obligado a la elaboración y aprobación de un instrumento de gestión en el plazo de cinco años desde la declaración como monte protector.
2. Excepcionalmente, por razones de interés público, el Gobierno de Aragón podrá declarar la utilidad pública, a los fines del ejercicio de la potestad expropiatoria para su incorporación al dominio público forestal, de los montes de propiedad privada consorciados o conveniados cuyas características los hagan susceptibles de ser catalogados, previa audiencia de su titular y mediante la acreditación de tal circunstancia en el expediente a que dé lugar esa declaración.
Disposición adicional sexta. Rescisión onerosa de consorcios o convenios de repoblación en montes públicos o privados.
1. Cuando, por cualquier motivo, la Administración autonómica o los propietarios de los montes deseen o deban rescindir anticipadamente consorcios o convenios de repoblación, sin que resulten oportunos su catalogación o declaración de monte protector, ni ejercer el derecho expropiatorio previsto en la presente ley, se aplicarán los criterios de los apartados siguientes para determinar la indemnización máxima a satisfacer, aun cuando resultase inferior la indemnización calculada conforme a las bases de cada consorcio o convenio.
2. Si se trata de una masa forestal de aprovechamiento mediante cortas a hecho (populicultura) en las que el consorcio o el convenio han amparado más de un turno y con los aprovechamientos sucesivos no se ha producido la liquidación de la deuda, solamente se computarán en la liquidación derivada de la rescisión las deudas del último turno. En estas mismas plantaciones, si ejecutado el aprovechamiento final y efectuadas las liquidaciones conforme a las bases, el departamento competente en materia de medio ambiente renuncia a ejercer su derecho a continuar con el contrato, no procediendo a la preparación del terreno y repoblación efectiva en un plazo inferior a diez años desde la corta, se rescindirá el consorcio o convenio sin coste alguno por parte del propietario.
3. Para cualquier tipo de masa consorciada o conveniada, por orden del Consejero competente en materia de medio ambiente se fijará una valoración máxima aplicable a la deuda, determinada por hectárea, en función de la especie y, en su caso, de la calidad de la masa consorciada. El solicitante de la rescisión que lo desee podrá acogerse a que se aplique directamente dicho módulo para determinar la indemnización, sin necesidad de calcular la deuda conforme a las bases del consorcio o convenio.
4. Quedarán necesariamente rescindidos los consorcios, convenios o partes de los mismos, sin coste alguno para el propietario de los terrenos, en aquellos casos en los que, en un plazo de diez años tras su aprobación, no se hubiera realizado la plantación pertinente.
Disposición adicional séptima. Montes pertenecientes a sociedades extintas o sin capacidad de obrar.
Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se podrá declarar la utilidad pública para la expropiación forzosa e incorporación al dominio público forestal de los montes que cumplan alguna de las características y funciones establecidas para la catalogación de montes públicos en la presente ley y pertenezcan a sociedades o personas jurídicas que hayan perdido su capacidad de obrar o se hayan extinguido y se encuentren pendientes de liquidación.
Disposición adicional octava. Inventario de pistas forestales.
1. El Departamento competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de pistas forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá mantener actualizado, incluyendo, para cada pista o tramo individualizado de su trazado, su representación cartográfica, la información referente a su titularidad, las servidumbres a las que se afecta y las condiciones de acceso libre o restringido para el público y para la circulación de vehículos de motor.
2. A tal fin, los propietarios de los montes, cualquiera que sea su titularidad, deberán poner en conocimiento del Departamento competente en materia de medio ambiente, directamente o a requerimiento de la Administración, los datos de los que dispongan y que deban incluirse en el inventario.
Disposición adicional novena. Montes sometidos a enfiteusis.
1. Los montes cuyo dominio útil o parte de él corresponda a cualquier entidad pública se considerarán públicos, aunque el dominio directo pertenezca a un particular.
2. Si el dominio útil de un monte corresponde a una entidad pública, podrá su dueño ofrecer al de dominio directo el rescate del canon, haciéndose la redención por el precio convenido o mediante equitativo aprecio del valor, capitalizando su importe al cuatro por ciento.
Disposición adicional décima. Actualización de multas.
Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar mediante decreto la cuantía de las multas establecidas en la presente ley de acuerdo con el índice de precios de consumo.
Disposición adicional undécima. Adecuación de aprovechamientos de montes privados.
Los propietarios de montes privados deberán adecuar sus aprovechamientos y su gestión a los planes de ordenación e instrumentos de gestión previstos en la presente ley, de acuerdo con las directrices que emita el departamento competente en materia de medio ambiente.
Disposición adicional duodécima. Personal de auxilio al director técnico de extinción.
No obstante lo establecido en el artículo 105.4, el director técnico de extinción podrá ser auxiliado en el ejercicio de sus funciones por personal que no ostente la condición de funcionario en todas aquellas tareas que no exijan el ejercicio de potestades públicas.
Disposición adicional decimotercera. Registro electrónico de Montes de Aragón.
1. Se crea el Registro electrónico de Montes de Aragón, en el que se incluirá la información alfanumérica, cartográfica o documental relativa a los montes de Aragón, que en el caso concreto de los Montes de Utilidad Pública contendrá la transposición literal de dicha información proveniente de los Catálogos de Montes de Utilidad Pública.
2. Dicho Registro tendrá formato electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos, cuya estructura, organización y funcionamiento corresponderá definir al departamento competente en materia de medio ambiente.
3. Se adoptarán las medidas necesarias que aseguren la máxima difusión de la información contenida en dicho Registro, así como su puesta a disposición de las Administraciones públicas y del público en general de la manera más accesible posible, especialmente a través de las redes públicas de telecomunicaciones y, en todo caso, estableciendo en el portal del Gobierno de Aragón un acceso al mismo.
4. Las Administraciones públicas tendrán la obligación de promover las inscripciones en el Registro de Montes de Aragón y facilitarán los datos e información necesarios para la práctica de las mismas.
Disposición adicional decimocuarta. Gestión de montes pro indiviso.
El departamento competente en materia de medio ambiente desarrollará reglamentariamente el procedimiento de convocatoria y constitución de las juntas gestoras de montes en pro indiviso que se constituyan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su régimen jurídico. Dicho departamento creará un registro administrativo de montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras, así como sus integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad, con independencia de su fecha de constitución.
Disposición adicional decimoquinta. Régimen sancionador en materia de aprovechamiento micológico.
1. El aprovechamiento micológico de los montes en la Comunidad Autónoma de Aragón se sujetará a lo previsto en esta ley, en concreto a lo recogido en el Título VIII y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, las cuales contemplarán, entre otros aspectos, las especies comercializables y las especies catalogadas, pudiendo regular asimismo la figura del recolector. Los municipios podrán, en su caso, regular la actividad micológica mediante las oportunas ordenanzas municipales.
2. En el caso de infracciones relacionadas con la comercialización de setas, será de aplicación el régimen sancionador previsto en la normativa específica sobre esta materia.
Disposición transitoria primera. Competencias comarcales.
1. En tanto no sean expresamente transferidas las funciones y traspasados los medios y servicios que la presente ley atribuye a las comarcas, estas serán ejecutadas por el Departamento competente en materia de medio ambiente, excepto las relativas a la redacción de los planes de ordenación de los recursos forestales, cuya aprobación será previa a dichas transferencias.
2. Mientras las comarcas no dispongan de medios técnicos propios, y sin perjuicio de que se puedan establecer encomiendas de gestión o mecanismos de colaboración supracomarcales, corresponde al Departamento competente en materia de medio ambiente prestar el apoyo técnico que dichas entidades locales precisen para la ejecución de las competencias que la presente ley les atribuye.
Disposición transitoria segunda. Riberas deslindadas con arreglo a la Ley de 18 de octubre de 1941, de repoblación de las riberas de ríos y arroyos.
La Comunidad Autónoma de Aragón mantendrá la titularidad de las zonas de ribera deslindadas o inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad con anterioridad al 29 de enero de 2007.
Disposición transitoria tercera. Instrumentos de gestión forestal en montes consorciados o conveniados.
En tanto no se lleve a cabo lo previsto en las disposiciones adicionales cuarta y quinta, la gestión de los aprovechamientos en montes consorciados o conveniados se someterá a lo que se disponga en los instrumentos de gestión mediante un régimen semejante al previsto para los montes catalogados y para los montes protectores, respectivamente.
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los planes actuales.
En tanto no se aprueben los instrumentos de planificación forestal a que hace referencia esta ley, seguirán en vigor los actualmente existentes.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio para la realización de determinadas actuaciones mediante comunicación previa en montes no gestionados por la Administración forestal.
1. En tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 88, podrán realizarse mediante comunicación previa al órgano ambiental competente las actuaciones que quedan reguladas en el citado artículo, cuando no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, en los supuestos que seguidamente se relacionan y siempre que se cuente con autorización del propietario:
a) La apertura de nuevas vías de saca o acceso en terrenos forestales con longitud total inferior a 500 metros, con pendiente inferior al quince por ciento, y hasta 6 metros de anchura de caja y taludes máximos de 2 metros de altura tanto en desmonte como en terraplén.
b) El ensanche de vías de saca o acceso en terrenos forestales que supongan una ampliación de la caja no superior a 1,5 metros de anchura, sin sobrepasar los 6 metros de anchura total de la caja, y una longitud total no superior a 2000 metros, con taludes máximos de 2 metros de altura en desmonte y en terraplén.
c) La construcción de áreas cortafuegos en montes colindantes a pistas forestales existentes, en línea de coronación o en el entorno de núcleos habitados, con pendientes nunca superiores al treinta por ciento y anchura total inferior a 20 metros, sin remoción del suelo vegetal y afectando a una superficie total inferior a 5 hectáreas. A efectos de este apartado, se entenderá por «área cortafuegos» aquella superficie que cuente con la vegetación arbustiva totalmente desbrozada, los restos de corta totalmente triturados y que presente una densidad mínima de 300 árboles por hectárea, podados, homogéneamente repartidos y con diámetro normal superior a 15 centímetros en el caso de confieras y de 500 en el caso de frondosas con las mismas características.
d) Cualquier otra actuación que suponga la modificación sustancial de la cubierta vegetal, cuando no implique la pérdida del uso forestal de los terrenos, no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, no suponga corta de arbolado, que afecte a una superficie inferior a dos hectáreas y no esté incluida en zonas ambientalmente sensibles definidas en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
e) Los aprovechamientos de leñas inferiores a un peso de 15 toneladas métricas o un volumen inferior a 30 estéreos. A esos efectos, los Agentes para la Protección de la Naturaleza correspondientes podrán realizar el señalamiento y especificar las condiciones de la corta. Por lo que respecta a esta disposición, tienen la consideración de «leñas» los pies sanos con diámetros inferiores a 25 centímetros, así como los pies secos o afectados por plagas, enfermedades o fenómenos de decaimiento sin limitación diamétrica.
2. Para poder efectuar la comunicación prevista en el apartado anterior, se deberá contar con la autorización expresa del propietario o propietarios de los terrenos o su representante legal, en caso de ser distintos de aquel que efectúa la comunicación previa.
3. Los umbrales establecidos en el apartado 1, siempre que sean del mismo tipo, no podrán acumularse en una superficie continua de una misma finca forestal en el periodo de un año.
4. Las comunicaciones previas no eximen de la obtención de aquellas otras autorizaciones que se pudieran requerir por razón de la materia o el territorio.
5. En todo caso, la comunicación previa deberá incluir los datos completos del solicitante e información detallada sobre las características y plazo de la actuación, así como de su emplazamiento, haciendo constar expresamente si afecta a parcelas ubicadas en Red Natura 2000 o en cualquier otra figura incluida en la Red Natural de Aragón.
Disposición transitoria sexta. Plazos en trámites de audiencia, periodo de información pública y en el procedimiento de concurrencia competitiva.
1. En tanto no se regulen reglamentariamente los procedimientos previstos en la presente ley, se establecen con carácter general estos plazos para los trámites siguientes:
a) Periodo de información pública: veinte días.
b) Audiencia a los interesados: diez días.
c) Procedimiento de concesión en concurrencia competitiva, cuando proceda: veinte días.
2. Sin embargo, cuando se justifique singularmente en el expediente o así lo solicite el promotor del mismo, podrá acordarse un plazo superior para cualquiera de dichos trámites. Dicha ampliación de plazo estará sometida a los límites y condiciones establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria séptima. Operativo de prevención y extinción de incendios.
1. El departamento con competencia en la materia de medio ambiente revisará periódicamente el modelo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de manera que se adecue a las necesidades y disponibilidades existentes.
2. Con carácter general, el dispositivo de apoyo al operativo de prevención y extinción de incendios forestales quedará organizado de forma comarcal, sin perjuicio de que, por razones de eficiencia y proximidad, se engloben distintas comarcas, teniendo como punto de partida la actual organización en cuatro áreas.
Disposición transitoria octava. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
Los procedimientos iniciados con anterioridad al 12 de junio de 2014, se resolverán conforme a la normativa vigente en aquel momento.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal, las leyes y desarrollos reglamentarios estatales en materia de montes tendrán el valor de derecho supletorio respecto a lo establecido en la presente ley y en la restante normativa forestal propia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final segunda. Acceso a Árboles Singulares de Aragón de propiedad privada.
El acceso público a los árboles singulares de propiedad privada exigirá de otorgamiento previo de acuerdo o convenio entre el Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, y sus propietarios particulares.
Disposición final tercera. Acceso a la escala de agentes de protección de la naturaleza.
1. El Gobierno de Aragón o, en su caso, el departamento competente en materia de función pública de su Administración, promoverá la modificación normativa que sea procedente para asegurar, conforme a lo dispuesto en la presente ley y en la legislación básica estatal, que en los procedimientos selectivos para el acceso a la escala de agentes de protección de la naturaleza se exigirá la formación específica que capacite al aspirante para el correcto desarrollo de sus funciones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los funcionarios de la actual escala de agentes de protección de la naturaleza pertenecientes al grupo D que carezcan del título de bachiller o equivalente podrán participar en las convocatorias de promoción al grupo C, siempre que tengan una antigüedad de diez años en el grupo D o de cinco años en dicho grupo más la superación de un curso específico.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley.
Disposición final quinta. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al titular del departamento competente en materia de medio ambiente para que mediante orden establezca las condiciones que deberán reunir los profesionales que desempeñen tareas de extinción de incendios forestales. |
Advertidos errores en la publicación de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas en el «Boletín Oficial de Aragón», número 114, de 16 de junio de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 14113, Disposición final Primera, apartado 2:
Donde dice: «de todas las entidades comprendidas en el artículo 2 bis)», debe decir: «de todas las entidades comprendidas en el artículo 4».
En la página 14120, Disposición final Cuarta:
Donde dice:
«Cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.
Se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, quedando la anterior numerada como disposición adicional decimoquinta y la nueva redactada como sigue:
3. Los órganos competentes para la aprobación definitiva de planes generales, incluidas sus revisiones y modificaciones aisladas, así como de delimitaciones de suelo urbano y convenios urbanísticos, darán conocimiento a la Agencia de Integridad y Ética Públicas del expediente mediante el que se tramite el instrumento de que se trate en cualquier momento cuando, a criterio de los referidos órganos, incorpore contenidos que supongan relevantes variaciones en el valor de los suelos afectados y, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a) Que suponga incrementos de suelo urbano o urbanizable en proporción superior al diez por ciento de la superficie del suelo urbano previo a la tramitación, y esta supere la extensión de treinta hectáreas.
b) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable represente más del cien por cien del suelo urbano previo a la tramitación.
c) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable tenga una extensión superior a cien hectáreas.
d) Que la actuación en trámite afecte a suelo no urbanizable, en cualesquiera de sus categorías, en una extensión superior a cien hectáreas, aun sin alterar tal clasificación, siempre que se posibiliten usos lucrativos distintos a los autorizables antes de la actuación en trámite.».
Debe decir:
«Cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.
Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, quedando renumerada la anterior disposición adicional decimoquinta como disposición adicional decimocuarta; y la disposición adicional decimocuarta como disposición adicional decimosexta.
La nueva disposición adicional decimoquinta queda redactada como sigue:
Los órganos competentes para la aprobación definitiva de los planes generales, incluidas sus revisiones y modificaciones aisladas, así como de delimitaciones de suelo urbano y convenios urbanísticos, darán conocimiento a la Agencia de Integridad y Ética Públicas del expediente mediante el que se tramite el instrumento de que se trate en cualquier momento, cuando a criterio de los referidos órganos, incorpore contenidos que supongan relevantes variaciones en el valor de los suelos afectados y, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a) Que supongan incrementos de suelo urbano o urbanizable en proporción superior al diez por ciento de la superficie del suelo urbano previo a la tramitación, y esta supere la extensión de treinta hectáreas.
b) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable represente más del cien por cien del suelo urbano previo a la tramitación.
c) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable tenga una extensión superior a cien hectáreas.
d) Que la actuación en trámite afecte a suelo no urbanizable, en cualesquiera de sus categorías, en una extensión superior a cien hectáreas, aun sin alterar tal clasificación, siempre que se posibiliten usos lucrativos distintos a los autorizables antes de la actuación en trámite». |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en Diputación Permanente celebrada el día 12 de julio de 2017, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, para la profesionalización de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 120, de 26 de junio de 2017.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 12 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en su artículo 71, regla 51.ª, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de turismo, que comprende la ordenación y promoción del sector, su fomento, la regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísticos.
El desarrollo legislativo en esta materia se encuentra contenido en el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, que regula las agencias de viaje en su artículo 48.
Con fecha 15 de abril de 2014 la Comisión Europea inició un Proyecto Piloto, en el que participaba España, para la tramitación de asuntos en los que se planteaban problemas de aplicación del Derecho comunitario.
En el marco de este Proyecto se planteó la inaplicabilidad en España de lo establecido en el artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, que establece que en caso de insolvencia o de quiebra los organizadores y detallistas deben garantizar el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor.
En este sentido, las Cortes Generales, mediante la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, adaptó a la regulación comunitaria el artículo 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que regula la garantía de la responsabilidad contractual de las agencias de viaje, siendo además normativa básica para las Comunidades Autónomas en esta materia.
A partir de la modificación del citado artículo 163, la garantía deberá servir para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y, especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los mismos. Tan pronto como sea evidente que la ejecución del viaje combinado se vea afectado por la falta de liquidez de los organizadores o detallistas, en la medida en que el viaje no se ejecute o se ejecute parcialmente o los prestadores de servicios requieran a los viajeros pagar por ellos, el viajero podrá acceder fácilmente a la protección garantizada, sin trámites excesivos, sin ninguna demora indebida y de forma gratuita.
En Aragón, la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre otras modificaciones, dio nueva redacción a la regulación de las agencias de viaje contenida en el anteriormente vigente texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, adaptándola al nuevo artículo 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y, por lo tanto, al artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990.
Asimismo, el vigente Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, que aprueba un nuevo texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de turismo, recoge en su artículo 48 la nueva regulación de las agencias de viaje.
El desarrollo reglamentario de lo recogido en el texto refundido pasa por la incorporación de un texto armonizado elaborado por el grupo de trabajo de las Comunidades Autónomas, coordinado por la Secretaria de Estado de Turismo, en el que ha participado la Comunidad Autónoma de Aragón, que fue sometido a la consideración de la Mesa de Directores Generales de Turismo de 13 de abril de 2016, ahora Comisión Sectorial de Turismo, siendo aprobada el Acta en reunión de la Comisión del día 23 de mayo de 2017.
En fecha 1 de febrero de 2017, la Secretaría de Estado de la Unión Europea comunica que la Comisión Europea ha decidido archivar el expediente en fase de Proyecto Piloto e iniciar un expediente de infracción según el artículo 258 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
En carta de emplazamiento 2017/4024 de la Comisión, en relación a la inadecuada transposición del artículo 7 de la Directiva 90/314 7/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, se valora positivamente la modificación de la normativa turística a nivel legal en Aragón, adaptándola al citado artículo 7, si bien se alude a la falta de desarrollo reglamentario porque la Comisión considera «que no existe una total garantía de que en Aragón se haya traspuesto correctamente el artículo 7».
Por ello, de acuerdo con el texto armonizado aprobado, a través de la Orden de 26 de mayo de 2017, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se ha acordado iniciar el trámite de modificación del artículo 13 del Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje, en lo relativo a las garantías que deben constituir las agencias de viaje para responder con carácter general del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado, especialmente en caso de insolvencia o quiebra y de repatriación.
No obstante, de acuerdo con el texto armonizado adoptado en el seno de la Comisión Sectorial de Turismo, la garantía podrá revestir tres formas: garantía individual (mediante seguro, aval u otra garantía financiera); garantía colectiva (mediante aportaciones a un fondo solidario de garantía, a través de las asociaciones empresariales legalmente constituidas) o garantía por cada viaje combinado (mediante un seguro para cada usuario de viaje combinado). En el momento en que el viajero efectúe el primer pago a cuenta del precio del viaje combinado, el organizador o, en su caso, el minorista, le facilitará un certificado que acredite el derecho a reclamar directamente al que sea garante en caso de insolvencia, el nombre de la entidad garante y sus datos de contacto. Cuando la ejecución del viaje combinado se vea afectada por la insolvencia del organizador o del minorista, la garantía se activará gratuitamente para las repatriaciones y, en caso necesario, la financiación del alojamiento previo a la repatriación. Los reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán en un plazo no superior a un mes previa solicitud del viajero.
Esta previsión acerca de las distintas modalidades de garantía choca con la redacción del primer inciso del apartado 4 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón vigente, cuando se indica que «las agencias de viaje deberán constituir y mantener vigente una garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma (—)». De no modificarse este precepto se haría imposible la implantación del sistema de garantías pactado en el seno de la Comisión Sectorial de Turismo y dificultaría la necesaria modificación del ya citado artículo 13 del Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, puesto que las distintas modalidades de garantía cuya implantación se prevé en ningún caso se corresponden con fianzas o depósitos en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma. Además, la inadecuada transposición del artículo 7 de la Directiva 90/314 7/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, podría dar pie a que la Comisión Europea pudiese recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ello desembocar en una sanción para el Reino de España.
Por lo tanto, ante la necesidad urgente y extraordinaria de proceder a la supresión de la mención «en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón» del primer inciso del apartado 4 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, se hace precisa la aprobación de un decreto-ley conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de manera que pueda entrar en vigor antes de la aprobación de la modificación del artículo 13 del Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta además el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea.
Para la elaboración de este decreto-ley han sido tenidos en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como se exige en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A este respecto ha de señalarse que la modificación del apartado 4 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón resulta completamente necesaria, urgente y proporcional teniendo en cuenta la carta de emplazamiento 2017/4024 de la Comisión, en relación a la inadecuada transposición del artículo 7 de la Directiva 90/314 7/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, y a la vista del informe de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de fecha 4 de julio de 2017, en relación con la necesaria implementación del texto armonizado consensuado por unanimidad de las Comunidades Autónomas participantes en la reunión de 13 de abril de 2016.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos de 20 de septiembre de 2017, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 17 de octubre de 2017,
DISPONGO:
Artículo único.
Modificación del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón.
El apartado 4 del artículo 48 queda redactado de la siguiente manera:
«4. Las agencias de viaje deberán constituir y mantener una garantía para responder con carácter general del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los mismos. La exigencia de esta garantía se sujetará a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, o norma que la sustituya».
Disposición final única.
Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 17 de octubre de 2017.‒El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.‒El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo. |
El artículo 71.32.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva «el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad».
Por otra parte, el artículo 79 del Estatuto establece que, en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.
Con fecha 20 de septiembre de 2017 se firmó el Protocolo de Intenciones entre la Administración General del Estado (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales) y la Diputación General de Aragón en pro del desarrollo de actuaciones que continúen favoreciendo la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel.
En la misma fecha se suscribió el convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales) y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que continúen favoreciendo la generación de renta en dicha provincia. Dicho convenio se firma para hacer efectivo el principio de solidaridad territorial, como se especifica en su apartado expositivo segundo, la Comunidad Autónoma de Aragón, no siendo beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial por su nivel de renta, presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles. De ahí que, en este sentido la provincia de Teruel deba ser objeto de la acción pública para la mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de renta.
En dicho convenio, al igual que en los suscritos en años anteriores, se articulan una serie de subvenciones a tramitar y conceder por la Comunidad Autónoma de Aragón, aplicando la normativa estatal y autonómica pertinente.
La cláusula dos del citado convenio, relativa a la financiación y pago, enuncia que en el ejercicio presupuestario de 2017, la Administración General del Estado aportará la cantidad de 30.000.000 de euros, como máximo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para cofinanciar proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel en el marco de lo establecido en este convenio.
En su apartado tercero se reconoce la obligación del Gobierno de Aragón de aportar, en el ejercicio presupuestario de 2017, la cantidad de 30.000.000 de euros, como máximo, con cargo a sus Presupuestos, para cofinanciar proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y de riqueza.
En el apartado cuarto se determina que el Gobierno de Aragón podrá transferir anticipadamente la totalidad de los fondos asignados a los proyectos aprobados por la Comisión de Seguimiento.
Este apartado contempla la posibilidad de efectuar pagos anticipados, prevista en el artículo 41 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, si bien deviene incompatible con las limitaciones previstas en el artículo 35.2 y la disposición adicional décima de la Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017.
La imposibilidad de anticipar el pago del 100 por cien de las subvenciones que se otorguen, de acuerdo al procedimiento legalmente establecido, conlleva a la imposibilidad de ejecutar alguno de los proyectos propuestos por la Comisión de Seguimiento, en su reunión de 24 de octubre de 2017, y la consecuente pérdida de la aportación dineraria estatal.
Es necesario, por tanto, adecuar el régimen jurídico para evitar la incompatibilidad descrita y dar cumplimiento al convenio firmado por ambas administraciones públicas.
La adopción de esta medida requiere la máxima celeridad debido a que la transferencia de los fondos a los órganos responsables de los proyectos ha de acometerse a lo largo del año 2017 y resulta imprescindible, por tanto, que sea tramitada y aplicable esta excepción en este año 2017 a fin de asegurar la efectividad de las ayudas y la finalidad del convenio suscrito, concurriendo razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de un decreto-ley.
Por otro lado, la determinación de órganos responsables de la ejecución de los proyectos por la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio y la necesidad de que estos órganos distribuyan y procedan al pago de las subvenciones que correspondan, tras la tramitación del pertinente procedimiento administrativo, implica que hayan de modificarse las bases reguladoras de las ayudas que por razón de la materia se vean afectadas para contemplar esta circunstancia, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ante la celeridad necesaria en la tramitación, por las razones expuestas, es necesario que esta previsión se adopte en este decreto-ley, sin que implique la exención del cumplimiento de los requisitos, obligaciones y adopción del oportuno convenio, en los términos de la normativa aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la elaboración de este decreto-ley han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación recogidos en el citado artículo. En concreto, los principios de necesidad y eficacia, el de proporcionalidad, el de seguridad jurídica, así como los principios de transparencia y de eficiencia.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 14 de noviembre de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Pago anticipado.
Para las subvenciones otorgadas al amparo y en ejecución de los convenios de colaboración, suscritos entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que continúen favoreciendo la generación de la renta y riqueza en dicha provincia, se establece la posibilidad del pago anticipado de los fondos asignados a los proyectos que sean aprobados por el órgano de seguimiento del convenio, en los siguientes términos:
a) Pago anticipado de la totalidad de los fondos, sin la obligación de presentar garantía, para las subvenciones otorgadas a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro.
b) Pago anticipado del 50 por cien de los fondos, sin la obligación de presentar garantía, para las subvenciones otorgadas al resto de beneficiarios.
En consecuencia, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 35.2 y la disposición adicional décima, de la Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017; ni el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de pago de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 2. Entidades colaboradoras.
Los órganos que se determinen en el convenio o en las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio como entidad responsable de la ejecución, o denominación análoga, tendrán la consideración de entidades colaboradoras con capacidad para la distribución y pagos de los fondos, sin perjuicio de la obligación de reunir los requisitos que establece la normativa de subvenciones para ser entidades colaboradoras.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 14 de noviembre de 2017.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARTA GASTÓN MENAL
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión Plenaria celebrada el día 16 de noviembre de 2017, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 4/2017, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón en materia de agencias de viaje, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 204, de 24 de octubre de 2017.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 16 de noviembre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
Advertidos errores en la publicación del Reglamento de las Cortes de Aragón en el «Boletín Oficial de Aragón», número 138, de 20 de julio de 2017, ruego subsanen los mismos en el sentido siguiente:
Página 17669, Artículo 73, se sustituye el apartado 3 por el siguiente:
«3. El Pleno, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá delegar asimismo en las Comisiones permanentes legislativas la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, en cuyo caso la Comisión correspondiente actuará con competencia legislativa plena».
Página 17690, Artículo 181, apartado 6:
Donde dice: «la Mesa de la Comisión», debe decir: «la Mesa de las Cortes».
Página 17705, Artículo 264, apartado 1:
Donde dice: «artículo 107», debe decir: «artículo 115».
Página 17714, Artículo 306, apartado 1:
Donde dice: «c) Presentación de propuestas de preguntas de iniciativa ciudadana, en los términos previstos en el artículo 266 de este Reglamento.», debe decir, «d) Presentación de propuestas de preguntas de iniciativa ciudadana, en los términos previstos en el artículo 266 de este Reglamento».
Donde dice: «d) Presentación de propuestas de proposiciones no de ley de iniciativa ciudadana, en los términos previstos en el artículo 270 de este Reglamento.», debe decir, «e) Presentación de propuestas de proposiciones no de ley de iniciativa ciudadana, en los términos previstos en el artículo 270 de este Reglamento». |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión Plenaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 5/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para facilitar la ejecución del convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales) y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que continúen favoreciendo la generación de renta en dicha provincia, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 222, de 20 de noviembre de 2017.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 30 de noviembre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
La reciente entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha supuesto atribuir un mayor protagonismo a los principios fundamentales que inspiran la normativa europea de contratación pública, potenciando muy especialmente los de concurrencia, publicidad y transparencia e integridad. Ciertamente, si los niveles ya alcanzados con la normativa de transparencia, y la anterior normativa contractual, resultaban elevados, todavía lo serán más con la nueva normativa estatal de contratos del sector público.
A la Comunidad Autónoma de Aragón corresponden, de acuerdo con los apartados 11.º y 12.º del artículo 75 del Estatuto de Autonomía, y con la finalidad de que pueda desarrollar políticas propias, las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica que en materia de contratación administrativa establezca el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las restantes Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las entidades locales. En materia de contratación, el Tribunal Constitucional ha declarado que «la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas» (Sentencia del Tribunal Constitucional 141/1993, FJ. 5). De este modo, serán normas básicas las que estén en conexión con tales garantías y principios «mientras que no lo serán aquellas otras prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos, pudieran ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas por las Comunidades Autónomas con competencias para ello» (Sentencia del Tribunal Constitucional 141/1993, FJ. 5). En particular, el Tribunal Constitucional ha admitido que las Comunidades Autónomas establezcan desarrollos normativos que prevean especialidades en la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (Sentencia del Tribunal Constitucional 237/2015, FJ. 7).
Uno de los objetivos esenciales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha sido imponer la máxima publicidad, transparencia y concurrencia en la contratación, incidiendo especialmente sobre procedimientos previstos en la normativa anterior como el negociado sin publicidad por razón de la cuantía y el contrato menor, que no contaban con garantías suficientes para impedir que, en ocasiones, se hiciese un uso incorrecto de los mismos. El primero de ellos ha sido suprimido en la Ley estatal, a semejanza de lo sucedido en Aragón con ocasión de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. Y en relación con el segundo, durante la tramitación parlamentaria de la Ley, y ciertamente con una cuestionable técnica normativa que está dando lugar a interpretaciones dispares y una gran inseguridad jurídica, se introdujo la prohibición de que un mismo contratista suscriba contratos menores por importe que, individual o conjuntamente, supere los umbrales previstos. En ausencia de concurrencia, por tanto, la norma básica estatal impide adjudicaciones sucesivas a un mismo contratista utilizando el procedimiento del contrato menor.
No obstante, tal y como señaló la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, dicha prohibición debería ceñirse única y exclusivamente a los supuestos de adjudicación directa en los que no haya habido publicidad o concurrencia. La norma estatal cuenta con un «vacío legal» en la regulación del procedimiento del contrato menor al no haberse previsto los efectos que produce en su tramitación la evacuación de un trámite de publicidad en el perfil de contratante. Esa falta de previsión produce inseguridad jurídica entre los gestores y los operadores económicos, y de ahí deriva la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica esta intervención por vía de Decreto-ley.
Las disposiciones contenidas en este Decreto-ley desarrollan las que se recogen en el artículo 118 de la Ley 9/2017, en relación con la tramitación de los expedientes de contratos menores. En esta ocasión, lo que se hace es regular una tramitación con publicidad del procedimiento de contrato menor, con pleno respeto a los elementos definidores de dicho procedimiento, tales como la cuantía máxima de los contratos que pueden adjudicarse con arreglo al mismo, o los documentos que deben constar en el expediente. Siguiendo la lógica que manifestaba la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de que la incompatibilidad a la que se refiere el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, únicamente debe operar en los supuestos de adjudicación directa en los que no haya habido publicidad o concurrencia, este Decreto-ley, concretando las especialidades que en la tramitación del contrato menor produce la existencia de publicidad y concurrencia, incluye entre ellas la posible adjudicación sucesiva de contratos menores al mismo contratista cuando la licitación del contrato menor sea objeto de publicidad en el perfil de contratante. Con esa publicidad de la licitación que caracterizará la tramitación de estos procedimientos de contrato menor quedan asegurados los principios de concurrencia, competencia, igualdad de trato a los licitadores y eficiencia en la utilización de los fondos públicos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley básica estatal en mucha mayor medida que con la posibilidad de adjudicación directa que permite el artículo 131.3 de la misma «a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación».
La aplicación de la prohibición a que se refiere el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, en los supuestos en los que hay publicidad de la licitación y cualquier interesado puede concurrir a la misma, y en los que el contrato se adjudica a la mejor oferta, carecería de todo sentido y sería contrario al principio de igualdad de trato a los licitadores. Supondría «de facto» una prohibición de contratar para quien presenta la mejor oferta en respuesta a un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el marco de un contrato de pequeña cuantía. Y sería absolutamente incoherente, si lo comparamos con el resto de procedimientos, abiertos o restringidos, caracterizados por esa misma publicidad que ahora se regula en relación con el procedimiento de contrato menor, y en los que no se dispone prohibición de contratar futura para quien resulte adjudicatario de los mismos.
La urgencia en la adopción de las medidas que incorpora este Decreto-ley viene avalada también por los negativos efectos que la ausencia de un adecuado desarrollo normativo de la tramitación con publicidad y concurrencia del contrato menor puede producir. Tal omisión plantea especiales problemas para las entidades locales aragonesas, dispersas en el territorio de la Comunidad Autónoma y atendidas por un tejido empresarial débil en muchas zonas, básicamente conformado por autónomos y pequeña y mediana empresa. La aplicación de la tramitación ordinaria del contrato menor, no competitivo y por ello con la prohibición señalada en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, supondría que en muchas zonas del territorio los pocos licitadores potenciales quedarían inhabilitados rápidamente para acceder a la contratación de pequeña cuantía, prácticamente obligada por el tipo de compra que realizan gran parte de las entidades locales aragonesas. Además, resultaría contradictorio con el propósito de la normativa básica, y de las normas europeas que incorporan, de favorecer el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas que, precisamente en las zonas con menor densidad de población y mayor dispersión, allí donde son más valiosas y necesarias, quedarían incursas rápidamente en la prohibición temporal de acceder a contratos menores. Ello supondría, en fin, que en tal situación resultaría complicado, o aun imposible, encontrar contratistas dispuestos a asumir las prestaciones que habitualmente se atendían por la vía del contrato menor.
Por otra parte, el procedimiento abierto simplificado no satisface en ninguna de sus modalidades las necesidades de contratación expuestas, dado que en la alternativa más favorable el procedimiento se extenderá más allá de un mes. No permite dar respuesta, por ello, ni a las necesidades ordinarias de contratación de pequeña cuantía habituales en gran parte del territorio aragonés ni a las necesidades perentorias que han de atender las administraciones y que no pueden satisfacerse por esta vía ni declarando urgente otro procedimiento o aplicando, indebidamente, la tramitación de emergencia.
Es preciso, por ello, en coherencia con la normativa básica, desarrollar las especialidades del contrato menor con publicidad y concurrencia, en línea con lo que ya en su día estableció sin objeción ni tacha constitucional el apartado segundo del artículo 4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón de modo que, con la suficiente agilidad, puedan los órganos de contratación suscitar competencia entre los potenciales licitadores, con estricto cumplimiento de las exigencias de publicidad y transparencia, garantizando a un tiempo la selección de la mejor oferta y el control de las adjudicaciones, y previniendo de este modo adjudicaciones reiteradas no debidamente justificadas al mismo contratista. En este supuesto, el control vendría establecido por la concurrencia y transparencia de la adjudicación, dando así estricto y coherente cumplimiento al mandato de la norma básica y haciendo innecesaria la prohibición que esta establece para la tramitación ordinaria del contrato menor, aquella que no precisa de concurrencia.
Para la elaboración de este Decreto-ley han sido tenidos en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como se exige en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los apartados 11.º y 12.º del artículo 75 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 20 de marzo de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
«2. […].
La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante».
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto-ley.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de contratación pública para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 20 de marzo de 2018.– El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.–El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión Plenaria celebrada el día 3 y 4 de mayo de 2018, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía, publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», número 57, de 21 de marzo de 2018.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 3 de mayo de 2018.−La Presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba Borderías. |
Durante el mes de abril de 2018, una vez más, se han producido en la cuenca del río Ebro importantes inundaciones derivadas de desbordamientos de diversos ríos que han provocado daños en infraestructuras y otros bienes de titularidad pública y privada.
El impacto de tales hechos aconseja la adopción inmediata de medidas adecuadas y debidamente coordinadas por parte de todos los poderes públicos, tanto paliativas como reparadoras, para corregir la situación actual impulsando rápidamente el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos, de índole muy diversa, y la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas. Al igual que ocurrió en 2015, cuando el Decreto-Ley 1/2015, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, estableció medidas complementarias a las del Real Decreto-Ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, las medidas que adopta mediante este Decreto-Ley el Gobierno de Aragón se establecen como complementarias de las que establezca el Gobierno de España para paliar los daños ocasionados en territorio aragonés.
El presente Decreto-Ley identifica los sucesos y los municipios inicialmente afectados que resultan, en principio, destinatarios de las subvenciones propuestas. No obstante, ante la eventualidad de que puedan reiterarse estos fenómenos adversos, se contempla la posibilidad de que el Gobierno de Aragón, mediante Decreto, pueda extender la aplicación de estas medidas a daños que puedan derivarse de sucesos semejantes hasta el 31 de mayo de 2018. Asimismo, el Gobierno podrá también, mediante Decreto, ampliar los municipios destinatarios de las medidas adoptadas por este Decreto-Ley para reparar los daños acaecidos antes de su entrada en vigor o, ya tras ella, durante el periodo de cobertura señalado.
Por supuesto, las medidas que el Gobierno de Aragón adopta mediante esta norma habrán de coordinarse adecuadamente con las que pudieran adoptar la Administración General del Estado, de las que se consideran complementarias, o las entidades locales cuyo territorio se ha visto afectado por las inundaciones. Para ello se prevé la aplicación de los mecanismos y técnicas de colaboración y coordinación que pudieran resultar precisos.
Además, para garantizar la más rápida implementación de las medidas precisas, este Decreto-Ley incorpora medidas administrativas relativas a la tramitación de los procedimientos administrativos precisos y, en particular, de los procedimientos de contratación y subvenciones que se tramiten a su amparo.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón que prevé que en casos de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón pueda dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley.
Para su adopción se ha atendido, además, a los principios de buena regulación que deben inspirar todo proyecto normativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En su tramitación se ha emitido informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Las medidas que se introducen con este Decreto-Ley se amparan en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón el artículo 71, 8.ª, 10.ª, 13.ª, 17.ª, 20.ª, 21.ª, 32.ª, 34.ª y 48.ª; y el artículo 75, 12.ª, del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Industria y Empleo; Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Desarrollo Rural y Sostenibilidad; y Ciudadanía y Derechos Sociales y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 8 de mayo de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. Este Decreto-Ley tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para reparar en el territorio de Aragón, los daños causados y las pérdidas que se deriven de las inundaciones ocasionadas por los desbordamientos acaecidos en cauces de la Cuenca del Río Ebro producidos durante el mes de abril del presente año, así como facilitar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas.
2. El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, podrá declarar, con delimitación de los Municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en este Decreto-Ley a otros sucesos de características similares que puedan acaecer en la Comunidad Autónoma hasta el 31 de mayo de 2018.
Artículo 2. Financiación.
1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que habilite los créditos necesarios en las secciones correspondientes para la ejecución de las medidas contempladas en este Decreto-Ley. Dichos créditos tendrán la condición de ampliables, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
2. La financiación de dichos créditos se realizará con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria y con bajas en créditos de la Sección 30. En caso de que fuera necesaria financiación adicional, su dotación se llevará a cabo con bajas en otros créditos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Todos los gastos derivados de la ejecución de este Decreto-Ley se deberán imputar a un mismo proyecto de gasto denominado «Daños desbordamiento Rio Ebro 2018», debiendo figurar dicha denominación en el texto de todos los documentos contables que se tramiten para identificar las actuaciones de manera inmediata.
Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación.
1. Las medidas previstas en este Decreto-Ley se aplicarán en los términos municipales afectados por las inundaciones, que se concretan en el anexo, así como en aquellos otros en que así se determine conforme al artículo 17.2.
2. A los efectos de la realización de las actuaciones reparadoras se entenderán también incluidos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta ejecución de las obras necesarias, sea imprescindible realizar actuaciones por los órganos competentes.
Artículo 4. Actuaciones previstas.
El Gobierno de Aragón adoptará las medidas siguientes:
a) Medidas destinadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres domésticos, en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, establecimientos industriales y mercantiles, y a favor de las personas afectadas:
1. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados a los particulares en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles.
2. Acceso preferente a la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios.
3. Subvenciones a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes.
4. Indemnización de daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
5. Subvenciones para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas, así como sobre los gastos en explotaciones ganaderas.
6. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles.
b) Medidas destinadas a la reparación de infraestructuras y servicios públicos:
1. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados en infraestructuras, instalaciones, equipamientos y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas.
2. Reparación de daños en infraestructuras públicas de riego o subvenciones a sus titulares o gestores para efectuarla.
3. Reparación de daños medioambientales.
4. Reparación de daños en infraestructuras del ciclo integral del agua de titularidad autonómica y municipal o, en este último caso, subvenciones a los municipios para efectuarla.
5. Reparación de daños en carreteras.
Artículo 5. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados a los particulares en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles.
1. El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, subvenciones destinadas a resarcir los daños materiales ocasionados en viviendas, enseres domésticos y otros bienes muebles que podrán ser complementarias de las que establezcan a tales efectos otras Administraciones Públicas.
2. Estas subvenciones estarán dirigidas a los afectados por destrucción total de las viviendas o por daños en las mismas, afecten o no a su estructura.
3. Igualmente se destinarán subvenciones a resarcir la destrucción o los daños de los enseres domésticos de primera necesidad contenidos en las viviendas.
4. Para el reconocimiento y, en su caso, cálculo de las subvenciones se tomará en consideración, necesariamente, la posible cobertura de estos daños por contratos de seguro existentes.
Artículo 6. Acceso preferente a la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios.
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales sufragará los gastos de los recursos de la Red de Servicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón y otros recursos sociosanitarios que pudieran disponerse para atender a las personas que hayan tenidos que abandonar de forma temporal su residencia habitual como consecuencia de las inundaciones. Esta cobertura se mantendrá durante el tiempo necesario hasta que los afectados puedan recuperar dicha residencia.
2. En los casos en que sea necesaria la asignación de un recurso permanente por no ser posible la recuperación de la residencia habitual, las personas dependientes o con grado de discapacidad reconocido tendrán derecho preferente de acceso al recurso adecuado de la Red.
Artículo 7. Subvenciones a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes.
1. El Departamento de Presidencia sufragará los gastos ocasionados a personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, hayan efectuado prestación personal o de bienes con motivo de haberse producido una situación de emergencia.
2. A estos efectos, las personas físicas o jurídicas que hubieran sido requeridas para realizar una prestación de bienes o servicios, en el momento mismo de la emergencia o en momentos posteriores mientras el plan de protección se encuentre activado, con objeto de proteger a personas y bienes o para evitar un peligro grave e inminente para su vida o seguridad, podrán obtener el resarcimiento por el importe total de los gastos, daños o perjuicios ocasionados por dicha prestación.
Artículo 8. Indemnización de daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
1. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, las condiciones para la indemnización por daños producidos en las producciones agrícolas, ganaderas y forestales, de forma complementaria a la que pudiera establecer la Administración General del Estado.
2. Las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales se determinarán conforme a los criterios y módulos que establezca el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, siendo necesario para su percepción que el beneficiario disponga de póliza de seguro en vigor amparada por el Plan de Seguros Agrarios Combinados para las producciones afectadas, o bien cuando el periodo de suscripción del correspondiente seguro no se hubiera finalizado, deberán haber asegurado las producciones de la parcela afectada en la campaña anterior. Asimismo, las explotaciones ganaderas deberán disponer de las autorizaciones administrativas obligatorias.
Artículo 9. Subvenciones para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y otros gastos en explotaciones ganaderas.
1. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad convocará, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, subvenciones para atender las siguientes situaciones producidas en las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas:.
a) Restaurar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas consistentes en: la sistematización de las tierras, la reparación de las instalaciones de regadío y de edificaciones agrícolas y ganaderas y los gastos de reposición de plantaciones de cultivos plurianuales completamente perdidas como consecuencia de las inundaciones, así como otros daños de carácter estructural en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
b) Paliar los gastos extraordinarios derivados del traslado y manutención del ganado que se hayan generado como consecuencia de la inundación.
2. Las medidas previstas en este artículo se cuantificarán aplicando los criterios y módulos que para cada caso apruebe el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
3. Para percibir estas subvenciones será necesario que se haya suscrito póliza de seguro agrario en producciones, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior, así como que las infraestructuras afectadas dispongan en su caso de las preceptivas autorizaciones administrativas.
Artículo 10. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados a establecimientos industriales, comerciales y mercantiles.
El Departamento de Economía, Industria y Empleo establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, subvenciones destinadas a reparar los daños materiales ocasionados en establecimientos industriales, comerciales y mercantiles, de forma complementaria a la que pudiera establecer la Administración General del Estado.
Artículo 11. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados a establecimientos turísticos.
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, subvenciones destinadas a reparar los daños materiales ocasionados en establecimientos turísticos de forma complementaria a la que pudiera establecer la Administración General del Estado.
Artículo 12. Subvenciones para resarcir los daños ocasionados en infraestructuras y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas.
El Departamento de Presidencia establecerá, en el plazo previsto en la Disposición Adicional Tercera, subvenciones destinadas a reparar los daños ocasionados en infraestructuras y servicios de titularidad de los Municipios, Mancomunidades y Comarcas, financiando los proyectos que ejecuten estas entidades locales para la reparación o restitución de los daños ocasionados en sus infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios.
Artículo 13. Reparación de daños en infraestructuras públicas de riego.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en infraestructuras públicas de riego incluidas las de las comunidades de regantes, así como aquellas necesarias para asegurar el mismo. Podrá igualmente disponer las subvenciones precisas para sufragar el coste de reparación por sus titulares o gestores.
Artículo 14. Reparación de daños medioambientales.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ejecutará las obras y actuaciones necesarias para reparar los daños al medio natural y a sus infraestructuras de gestión y uso público.
Artículo 15. Reparación de daños relativos a infraestructuras del ciclo integral del agua.
El Instituto Aragonés del Agua ejecutará las actuaciones necesarias para reparar los daños causados en las infraestructuras del ciclo del agua de titularidad autonómica y municipal. Por razón de la urgencia de la actuación, el Instituto podrá igualmente disponer las subvenciones precisas para sufragar el coste de reparación por sus titulares.
Artículo 16. Reparación de daños en carreteras.
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón o en aquellas otras en las que se hayan producido daños a consecuencia de las actuaciones realizadas por la Administración autonómica.
Artículo 17. Régimen aplicable a las subvenciones.
1. Las bases reguladoras de las subvenciones serán aprobadas por orden del Consejero competente por razón de la materia simultáneamente con las correspondientes convocatorias.
Serán objeto de fiscalización previa de forma simultánea.
2. Las bases reguladoras de las subvenciones contendrán:
a) El ámbito territorial específico de aplicación de las subvenciones.
b) Él ámbito temporal específico de aplicación de las subvenciones. Podrán incluir como proyectos elegibles los ejecutados desde el 7 de abril de 2018 directamente dirigidos a la prevención de daños cubiertos por este Decreto-Ley.
c) La concesión de anticipos de hasta por la totalidad de la cuantía de la subvención.
d) El procedimiento para su otorgamiento, que será el de concesión directa con libre concurrencia.
3. Las convocatorias de subvenciones que se realicen en ejecución de este Decreto-Ley determinarán las cuantías de los créditos destinados a las mismas y podrán prever su ampliación.
4. La cuantía de las subvenciones que se concedan en aplicación de este Decreto-Ley podrá alcanzar la totalidad del importe de los daños acreditados. En ningún caso la cuantía de las mismas, junto con las concedidas por el resto de las Administraciones Públicas u organismos públicos nacionales o internacionales, y las indemnizaciones que puedan percibir los damnificados de los seguros contratados, podrán superar el importe total del valor del daño producido. En todo caso deberá respetarse lo establecido en el régimen de ayudas de Estado.
5. Las bases reguladoras establecerán los plazos y porcentajes de los pagos anticipados, que podrán alcanzar la totalidad de la subvención concedida.
Artículo 18. Régimen de contratación.
1. Previo acuerdo adoptado por el órgano de contratación conforme a lo establecido en la normativa básica del Estado, tendrán la consideración de contratos de emergencia los de obras, suministros y servicios que tramiten los Departamentos, Organismos Públicos y Empresas Públicas de la administración autonómica para ejecutar las actuaciones previstas en este Decreto-Ley.
2. En el resto de los expedientes de contratación que traigan causa de este Decreto-Ley, los motivos que lo justifican constituyen una razón de interés público para que se tramiten con carácter de urgencia.
3. La gestión de las actuaciones de emergencia se realizará preferentemente por los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, que podrán igualmente ordenar para ello la inmediata puesta a su disposición del personal y otros recursos de sus medios propios sin perjuicio del posterior reintegro de los gastos en que estos incurran.
Artículo 19. Reducción de plazos en los procedimientos administrativos.
Los plazos ordinarios en los procedimientos administrativos que se sigan en ejecución de este Decreto-Ley se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a los efectos previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera. Convenios con otras Administraciones Públicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir con la Administración General del Estado y con otras Administraciones los convenios de colaboración que exijan o aconsejen la ejecución de las medidas previstas en este Decreto-Ley.
Disposición adicional segunda. Convenios con entidades financieras.
La Administración autonómica formalizará con las entidades financieras que se adhieran, los correspondientes convenios con el objeto de facilitar a las personas físicas o jurídicas afectadas el acceso a líneas preferenciales de crédito o la moratoria en el pago de los préstamos y/o créditos hipotecarios formalizados con anterioridad a los daños.
Disposición adicional tercera. Plazo de aprobación de bases reguladoras y convocatorias.
La aprobación simultánea de las bases reguladoras y convocatorias de las subvenciones previstas en este Decreto-Ley que, en función de la existencia y valoración de daños resulten necesarias, se producirá en el plazo máximo de un mes desde su entrada en vigor.
Disposición adicional cuarta. Compensación de cuotas correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles ejercicio 2018.
1. El Gobierno de Aragón compensará el importe de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio de 2018 correspondientes a viviendas y fincas rústicas dañadas como consecuencia directa de las inundaciones.
2. A tal efecto, el Gobierno de Aragón dispondrá las medidas necesarias para hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior.
Disposición adicional quinta. Referencia genérica a vivienda, explotación agrícola, ganadera, forestal, actividad industrial, comercial, turística y mercantil.
A efectos de lo establecido en este Decreto-Ley se entiende por vivienda, explotación agrícola, ganadera, forestal, actividad industrial, comercial, turística y mercantil las que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para tener tal calificación y hayan obtenido las autorizaciones pertinentes de las administraciones competentes.
Disposición final primera. Habilitación a los Departamentos competentes.
Se faculta a los Consejeros de los Departamentos de Presidencia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Industria y Empleo; Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Desarrollo Rural y Sostenibilidad; y Ciudadanía y Derechos Sociales a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este Decreto-Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 8 de mayo de 2018.‒El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.‒El Consejero de Presidencia, Vicente Guillén Izquierdo.‒La Consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón Menal.‒El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín.‒El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo.‒La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela.‒El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona Blasco.
Términos municipales afectados
Alagón.
Alborge.
Alcalá de Ebro.
Alfajarín.
Alfamén.
Alforque.
Bárboles.
Bardallur.
Boquiñeni.
Cabañas de Ebro.
Calatayud.
Calatorao.
Chiprana.
Cinco Olivas.
Ejea de los Caballeros.
El Burgo de Ebro.
Escatrón.
Fuentes de Ebro.
Fuentes de Jiloca.
Gallur.
Grisén.
La Puebla de Alfindén.
La Zaida.
Jaraba.
Luceni.
Novillas.
Nuez de Ebro.
Osera de Ebro.
Pedrola.
Pastriz.
Pina de Ebro.
Pleitas.
Plasencia del Jalón.
Pradilla de Ebro.
Quinto.
Remolinos.
Sádaba.
Sástago.
San Mateo de Gállego.
Sobradiel.
Tauste.
Torres de Berrellén.
Urrea de Jalón.
Velilla de Ebro.
Villafranca de Ebro.
Villanueva de Gállego.
Zaragoza. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión Plenaria celebrada el día 14 y 15 de junio de 2018, han acordado la convalidación del Decreto-Ley 2/2018, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante el mes de abril de 2018, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 89, de 10 de mayo de 2018.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 14 de junio de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Aragón,
VIOLETA BARBA BORDERÍAS |
El artículo 42 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón establece en su apartado 5 que podrá anticiparse la tramitación de expedientes de gastos autorizando los mismos en el ejercicio anterior a aquél a cuyo presupuesto vayan a ser imputados con arreglo a las normas que establezca el Departamento competente en materia de Hacienda.
La situación actual, en la que la ejecución de muchas de las actuaciones que debe poner en marcha el Gobierno de Aragón depende de la efectiva transferencia de recursos externos, fundamentalmente de la Administración del Estado, hace necesario posibilitar que el expediente se tramite anticipadamente aun cuando su ejecución se realice en el mismo ejercicio presupuestario y los gastos se imputen en el presupuesto de ese ejercicio. De esta manera se podrá adelantar la tramitación del expediente, hasta llegar a la fase resolutoria o de compromiso de gasto en la que se exigirá la efectiva transferencia de dichos fondos.
Resulta materialmente imposible tramitar por completo, dentro del correspondiente ejercicio presupuestario, los expedientes administrativos cuya financiación provenga de recursos externos, cuando estos recursos se consolidan bien entrado el año, o al final del mismo. Esperar a la contabilización de los correspondientes ingresos externos, hace que el periodo de tramitación de los expedientes de gasto quede reducido a un plazo muy limitado que, en la mayor parte de los casos, determina serias dificultades para su ejecución y, en alguno, su imposibilidad material y pérdida de los recursos afectados.
La situación descrita se ha agravado en el presente ejercicio por el retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, de cuya aprobación depende la efectiva disponibilidad de un buen número de recursos a percibir por la Comunidad Autónoma de Aragón.
En estas circunstancias, esta tramitación anticipada resulta indispensable en cualquier actuación dependiente de transferencias o fondos provenientes del exterior, especialmente en materia de contratación, pero también en otro tipo de expedientes, como los relativos al otorgamiento de ayudas o subvenciones. Resulta por ello necesario modificar el marco normativo aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón incluyendo esta posibilidad en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, así como en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
En cuanto a su ámbito de aplicación, la modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del sector Público de Aragón, será de aplicación a los entes enumerados en su artículo 2.1; esto es a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y a aquellos organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, así como a la Universidad de Zaragoza.
No es de aplicación a las entidades locales aragonesas, para quienes el legislador estatal ya ha contemplado específicamente en la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la posibilidad de tramitación anticipada de contratos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevé que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. En este caso, la urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por la necesidad de iniciar los procedimientos administrativos necesarios, con cumplimiento de todas las fases y garantías contemplados en los mismos y que no puede quedar demorada su iniciación a la efectiva transferencia de fondos ya que en muchos casos son procedimientos complejos que necesitan varios meses de tramitación. Por otra parte la modificación que se plantea permite adelantar la ejecución de los trámites administrativos hasta la adecuada resolución del procedimiento que exigirá, en todo caso, tener esa financiación disponible en la Comunidad Autónoma.
La regulación que se introduce con este Decreto-Ley se ampara en la competencia compartida reconocida por el artículo 75.12 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración pública, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 13 de julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
El apartado 5 del artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«5. Podrá anticiparse la tramitación de expedientes de gastos autorizando los mismos en el mismo ejercicio o en el anterior a aquel a cuyo presupuesto vayan a ser imputados con arreglo a las normas que establezca el Departamento competente en materia de Hacienda. También se podrá anticipar la tramitación de convocatorias de subvenciones cuya financiación dependa de una transferencia o de una subvención de otra entidad pública. En este último caso, no se podrá resolver la convocatoria hasta que se produzca la efectiva consolidación de los recursos que han de financiarla.
En los supuestos en que las normas de aplicación lo prevean, podrán comprometerse los créditos con las limitaciones establecidas en el artículo 41».
Artículo segundo. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
Se añade una Disposición Adicional Décima con el siguiente contenido:
«Disposición Adicional Décima. Tramitación anticipada.
Se podrán tramitar anticipadamente los siguientes contratos:
a) Aquellos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente.
b) Aquellos cuya ejecución se deba iniciar en el mismo ejercicio cuando su financiación dependa de una transferencia o de una subvención de otra entidad pública. Estos contratos no podrán adjudicarse hasta que se produzca la efectiva consolidación de los recursos que han de financiarlos».
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-Ley.
Disposición final única.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 13 de julio de 2018.‒El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno Marín.‒El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés. |
En el año 2019 se celebrarán elecciones a Cortes de Aragón, simultáneamente con las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Europeo.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, determina que será competencia de los Consejos de Gobierno de las respectivas Comunidades Autónomas subvenir las necesidades personales y materiales de la Administración Electoral encargada de llevar a cabo las elecciones a las Asambleas Legislativas de dichas Comunidades.
Resulta preciso, por consiguiente, prevenir las necesidades que se derivarán de la aplicación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, a fin de garantizar el ejercicio del sufragio en las elecciones a celebrar.
El gasto estimado a ejecutar por el Departamento de Presidencia en el programa de gasto 4631 «Elecciones Institucionales» asciende a 3.927.447 euros distribuido en distintas partidas del capítulo II y IV del mismo.
De acuerdo con el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, «si las Cortes no aprobasen la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio inmediato anterior, hasta la aprobación y publicación de aquella en el "Boletín Oficial de Aragón"».
Dado que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018 se ha visto prorrogado hasta la aprobación y publicación de la Ley de Presupuestos de 2019, procede adoptar las medidas que garanticen la existencia de crédito en las aplicaciones presupuestarias del programa de gasto referido.
La dotación inicial en el presupuesto a prorrogar del programa de gasto 4631 asciende a 12.000 euros, importe insuficiente para dar cobertura al gasto derivado del proceso electoral a celebrar, por lo que se hace necesaria la aprobación de un suplemento de crédito que permita la dotación del crédito adecuado y suficiente para el citado gasto.
El artículo 43 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, establece que cuando se deba efectuar algún gasto y no exista crédito adecuado ni fuese posible su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones, el Consejero competente en materia de Hacienda someterá al Gobierno de Aragón el oportuno acuerdo, para remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito, en el que se especificará la financiación adecuada.
A su vez, el artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía prevé que, en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. En este caso, la urgente y extraordinaria necesidad viene justificada por la necesidad de garantizar la existencia de crédito suficiente para desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la adecuada organización y planificación de los procesos electorales que se celebrarán en mayo de 2019.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 15 de enero de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Suplemento de Crédito.
Se concede un suplemento de crédito en el programa 4631 «Elecciones Institucionales» del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2019 (prórroga del presupuesto para 2018) por un importe máximo de 3.915.447 euros en las siguientes partidas presupuestarias.
Centro Gestor
Programa
Subconcepto
Denominación subconcepto
Importe
Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utill.
3.000,00
Arrendamientos Equipos procesos Informáticos
1.000,00
Ordinario no inventariable
230.000,00
Material Informático
3.000,00
Seguridad
1.000,00
Estudios, Trabajos Técnicos
1.400.000,00
Otros trabajos realizados por otras empresas
8.000,00
Otras Indemnizaciones
125.000,00
Gastos Electorales
2.144.447,00
3.915.447,00
Artículo 2. Financiación suplemento de crédito.
El suplemento de crédito que se concede por este Decreto-Ley se financiará con baja en otros conceptos, concretamente en la partida 30030 G/0111/310003/91002 «Intereses de operaciones financieras con el Estado».
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 15 de enero de 2019.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
El Presidente del Gobierno de Aragón,
FERNANDO GIMENO MARÍN
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS |
La entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha supuesto una modificación sustancial de régimen de medidas en materia de incapacidad temporal para el conjunto del personal del sector público. En este sentido, la disposición adicional quincuagésima cuarta de la precitada Ley de Presupuestos para el ejercicio 2018, que tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución, dispone que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario sometido a Mutualismo Administrativo al que se le hay expedido licencia por enfermedad.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se había abonado el 100% de las retribuciones en las situaciones de incapacidad temporal hasta la publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que regula en su artículo 9, con carácter básico, la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas pero permitía a estas últimas, determinar, respecto de su personal, los supuestos en que, con carácter excepcional y debidamente justificados, que se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el 100 por 100 de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento, considerando ya directamente este precepto incluidos en estos casos la hospitalización y la intervención quirúrgica.
Para dar cumplimiento a esta disposición básica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se aprueban diversas normas. La Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria, dispuso en su artículo 9 medidas en materia de incapacidad temporal disponiendo que la Administración de la Comunidad Autónoma determinará respecto de su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificado el complemento económico alcance durante todo el período de duración de incapacidad el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento.
Finalmente, la Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria, modificó la redacción del artículo 9 con el fin de aplicar el complemento de incapacidad temporal con el cien por cien de las retribuciones a partir del quinto día a todas aquellas contingencias comunes que imposibilite el normal desarrollo de la prestación del servicio.
Sin embargo, con la nueva regulación prevista en la Disposición Adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 desaparecen las limitaciones impuestas por la normativa básica estatal en relación con la incapacidad temporal, por lo que con el fin de establecer el nuevo régimen retributivo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en situación de incapacidad temporal conforme a las previsiones contenidas en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se hace necesario derogar la regulación que al efecto se ha establecido en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por último, la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de acuerdo con lo previsto en el apartado Tres de su Disposición adicional quincuagésima cuarta, obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a regular la forma de justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia.
Este Decreto-Ley se adopta al amparo del artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevé que, en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, siempre y cuando no afecten al desarrollo de los derechos y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II del Estatuto, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno de Aragón, a la vista de que la limitación legal para retribuir al 100% la baja en caso de incapacidad temporal ha desaparecido propone una regulación en materia de complementos de incapacidad temporal que se adapte a las previsiones contenidas en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de carácter básico. En consecuencia, con la nueva regulación de esta materia es precisa la derogación del artículo 9 de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria y de cuantas normas de igual o inferior rango se dictaron en desarrollo de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
La aprobación del presente Decreto-Ley se justifica en la necesidad de adaptar la legislación dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia, posibilitando a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para que, previa negociación colectiva, regule con carácter urgente los nuevos criterios de aplicación del complemento de incapacidad temporal con el cien por cien de las retribuciones a partir del primer día a todas aquellas contingencias que imposibilite el normal desarrollo de la prestación del servicio. La finalidad es la de otorgar la máxima protección, garantizando el cien por cien de las retribuciones en las situaciones de incapacidad temporal, evitando que la merma de las retribuciones agrave la situación personal y familiar de los empleados del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que justifica las razones de urgencia y necesidad. Cabe señalar que la regulación autonómica vigente hasta la fecha es de carácter excepcional en la medida que el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, alteró la regulación anterior en esta materia, sin embargo, una vez que con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 desaparecen los límites temporales y excepcionales vigentes en materia de complementos de incapacidad temporal, se hace necesario regular esta materia con carácter urgente, con el fin de regular lo antes posible las previsiones contenidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, dando cumplimiento además al Acuerdo de la Mesa General de Negociación para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de 15 de noviembre de 2018, que establece el carácter retroactivo en la aplicación de estas medidas a todos los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de la fecha del meritado Acuerdo, circunstancia que refuerza la necesidad y la urgencia de aprobar estas medidas mediante el presente Decreto-Ley.
La regulación que se introduce con este Decreto-Ley se ampara en el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece la competencia compartida en materia de «Seguridad social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico» y en el artículo 75.13 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece la competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el «Régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Administración Local y las especialidades del personal laboral derivadas de la organización administrativa y la formación de este personal» en desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica que establezca el Estado, al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
En la tramitación de esta norma se ha efectuado previa negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, se han emitido los informes de la Dirección General de Servicios Jurídicos, de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública y de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, así como el informe favorable de la Comisión Interdepartamental de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración pública, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 15 de enero de 2019,
DISPONGO:
Artículo único. Medidas en materia de incapacidad temporal.
1. Al personal funcionario, estatutario y laboral del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón al que le sea de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social, se le reconocerá desde el primer día en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, un complemento retributivo hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones ordinarias que se vinieran percibiendo en el mes de inicio de la incapacidad.
2. Al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, en situación de incapacidad temporal al que se le haya extendido la correspondiente licencia, se le reconocerá que las retribuciones a percibir durante el periodo que no comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal; complementándose las cantidades que correspondan durante el periodo que comprende la aplicación del subsidio por incapacidad temporal con el fin de que los funcionarios adscritos a éste Régimen no perciban una cantidad inferior a la que corresponda a los funcionarios adscritos al Régimen General de Seguridad Social.
3. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación económica reconocida por la Seguridad Social será complementada, desde el primer día, hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes de inicio de la incapacidad.
4. Quedan excluidos de la cuantía que proceda, en concepto de complemento retributivo de las situaciones señaladas, las pagas extraordinarias, las cantidades percibidas en concepto de productividad variable, así como las indemnizaciones o gratificaciones que legal o reglamentariamente se hubieran percibido.
Queda así mismo excluido de dicha cuantía el complemento de atención continuada en todas sus modalidades, salvo que se trate de situaciones de incapacidad derivadas de contingencias profesionales.
5. El cómputo de los plazos para la aplicación de los complementos retributivos mencionados se efectuará por días naturales.
6. Así mismo, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se constituirá un grupo de trabajo para el impulso, prevención y reducción del absentismo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, promoviendo la adopción de medidas que minimicen las causas que lo ocasionan.
Disposición transitoria única. Aplicación de las medidas en materia de incapacidad temporal.
Las medidas en materia de incapacidad temporal previstas en este Decreto-Ley se aplicarán a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir del 15 de noviembre de 2018.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga el artículo 9 de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria y de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-Ley.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de función pública para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de las medidas en materia de incapacidad temporal previstas en el presente Decreto-Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 15 de enero de 2019.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Hacienda y Administración Pública,
FERNANDO GIMENO MARÍN |
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