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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 165 y 166,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
La movilidad para el aprendizaje fomenta los conocimientos, las capacidades, las competencias y las experiencias, por ejemplo, las competencias individuales y sociales y la conciencia cultural, fundamentales para la participación activa en la sociedad y en el mercado de trabajo, así como para promover una identidad europea.
La Comisión Europea, en su Comunicación «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (1), expone su visión para la creación, de aquí a 2025, de un Espacio Europeo de Educación en el que aprender, estudiar e investigar no se vea obstaculizado por las fronteras, algo que se logrará, entre otras cosas, suprimiendo los obstáculos al reconocimiento de las cualificaciones, tanto a nivel escolar como de educación superior.
Las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2017 instaban a los Estados miembros, el Consejo y la Comisión, en función de sus respectivas competencias, a impulsar los trabajos con el fin de «promover […] la cooperación entre los Estados miembros sobre el reconocimiento mutuo de títulos de enseñanza superior y de fin de estudios secundarios» (2).
El Convenio de 1997 sobre Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea (Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento de Cualificaciones) y sus textos derivados, elaborados por el Consejo de Europa y la UNESCO, proporcionan un marco jurídico para el reconocimiento de las cualificaciones de educación superior y de educación secundaria postobligatoria que dan acceso a la educación superior.
Los ministros de Educación del Espacio Europeo de Educación Superior se comprometieron con el objetivo a largo plazo del reconocimiento automático de grados académicos comparables en el Comunicado de Bucarest de 2012. Se lograron algunos avances, gracias, por ejemplo, a los trabajos del Grupo Pionero en materia de Reconocimiento Automático, pero aún no se ha alcanzado el objetivo.
Los ministros de los Estados miembros responsables de la educación y la formación profesionales se comprometieron en 2002 con el proceso de Copenhague, un foro de cooperación que promueve el reconocimiento de las cualificaciones y las competencias.
La garantía de la calidad, en particular, desempeña un papel fundamental cuando se trata de aumentar la transparencia, contribuyendo de este modo a consolidar la confianza mutua. Por lo tanto, es importante basarse en el trabajo ya realizado en el contexto de las Normas y Directrices en materia de Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior y del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales, y referirse al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente.
Para facilitar el reconocimiento de los resultados de aprendizaje en la legislación nacional, también en el marco de la movilidad, deben continuar los trabajos relativos a la aplicación de un Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos y un Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales.
La Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (3), tiene por objeto reforzar la transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones, facilitando así su reconocimiento.
El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la modernización de los sistemas de educación superior en Europa, pide esfuerzos adicionales por parte de la UE y sus Estados miembros para asegurar un reconocimiento más efectivo y una mayor armonización de las cualificaciones académicas (4).
En un contexto cada vez más globalizado, es importante que los estudiantes puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades de aprendizaje que se les presentan a lo largo y ancho de la UE. Para que esto ocurra, una cualificación otorgada por una autoridad competente de un Estado miembro debería ser válida en cualquier otro Estado miembro a efectos de acceder a nuevas actividades de aprendizaje. Ello es válido también para los nacionales de terceros países que están en posesión de una cualificación de un Estado miembro y se trasladan a otro Estado miembro. Sin embargo, la falta de dicho reconocimiento automático de las cualificaciones y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero supone un freno a la movilidad. Mediante un enfoque del reconocimiento automático a escala de la Unión se conseguirán la claridad y la coherencia necesarias para superar los obstáculos que aún persisten.
En el ámbito de la educación superior, los procedimientos de reconocimiento siguen siendo a menudo demasiado caros o complicados y un número demasiado alto de los estudiantes que se desplazan no obtienen el pleno reconocimiento de los resultados de aprendizaje que han alcanzado con éxito. No obstante, varios Estados miembros han tomado la iniciativa de avanzar hacia el reconocimiento mutuo automático, por ejemplo, mediante la firma de acuerdos regionales. Estas iniciativas pueden servir de modelo para la creación de un sistema a escala de la Unión.
En la educación secundaria postobligatoria ocurre frecuentemente que los titulares de cualificaciones que dan acceso a la educación superior en un Estado miembro no saben a ciencia cierta si esas mismas cualificaciones les permiten acceder a la educación superior en otro Estado miembro. En particular, algunos Estados miembros no reconocen las cualificaciones que permiten el acceso a la educación superior a los titulares de cualificaciones de educación y formación profesionales de nivel secundario en otros Estados miembros. Además, si bien los períodos de aprendizaje más breves en el extranjero no ocasionan necesariamente problemas de reconocimiento, la incertidumbre sigue siendo un obstáculo importante en el caso de los períodos de entre tres meses y un año de duración.
Con un enfoque gradual se ayudará a los Estados miembros a establecer las condiciones que harán posible el reconocimiento mutuo automático. Este enfoque se basará en los instrumentos que ya existen en el ámbito de la educación superior y de la educación y formación profesionales, pero mejorará su utilización y aumentará progresivamente el nivel de ambición. En la educación secundaria postobligatoria general se pondrá en marcha un proceso de cooperación destinado a generar el nivel necesario de confianza entre los diferentes sistemas de educación y formación de los Estados miembros. La presente Recomendación proporciona un enfoque complementario a las iniciativas de los Estados miembros, y los compromisos son de carácter voluntario.
La presente Recomendación se entiende sin perjuicio del sistema de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y requisitos de formación mínimos armonizados para varias profesiones en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por la Directiva 2013/55/UE (6).
RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:
De conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional y de la Unión, con los recursos disponibles y con las circunstancias nacionales, partiendo del Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento de Cualificaciones (7) y de sus textos derivados, y en estrecha colaboración con todas las partes interesadas pertinentes:
Principio fundamental
Poner en marcha, de aquí a 2025, las medidas necesarias para:
a)conseguir el reconocimiento mutuo automático (8) con el fin de proseguir el aprendizaje sin tener que pasar por ningún otro procedimiento de reconocimiento, de modo que:i) una cualificación del nivel de educación superior obtenida en un Estado miembro sea reconocida automáticamente (9) en el mismo nivel, a efectos de acceder a estudios posteriores en los demás Estados miembros, sin perjuicio del derecho de las instituciones de educación superior o de las autoridades competentes a establecer criterios de admisión específicos para programas concretos o a comprobar la autenticidad de los documentos;ii) los resultados de un período de aprendizaje realizado en el extranjero a nivel de educación superior en un Estado miembro sean reconocidos plena y automáticamente en los demás Estados miembros, tal como se establece de antemano en un acuerdo de aprendizaje y se confirma en la certificación académica, de conformidad con el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos;
b)hacer progresos sustanciales hacia el reconocimiento mutuo automático con el fin de proseguir el aprendizaje, de modo que: i) una cualificación de educación secundaria postobligatoria que dé acceso a la educación superior en el Estado miembro en el que se obtuvo dicha cualificación sea reconocida en los demás Estados miembros, únicamente a efectos de dar acceso a la educación superior, sin perjuicio del derecho de las instituciones de educación superior o de las autoridades competentes a establecer criterios de admisión específicos para programas concretos o a comprobar la autenticidad de los documentos;ii) los resultados de un período de aprendizaje en el extranjero de hasta un año de duración en otro Estado miembro durante la educación secundaria postobligatoria sean reconocidos en los demás Estados miembros, sin que el estudiante se vea obligado a repetir el año del programa o los resultados de aprendizaje alcanzados en el país de origen, siempre que los resultados de aprendizaje estén en consonancia en líneas generales con los planes de estudios nacionales del país de origen.
Educación superior
Reconociendo la importancia de promover la transparencia y consolidar la confianza en los sistemas de educación superior respectivos para lograr el reconocimiento mutuo automático con el fin de proseguir el aprendizaje, convenir en cumplir las siguientes condiciones, según las cuales:
a)los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones toman como referencia el Marco Europeo de Cualificaciones, cuyas referencias se revisan y actualizan cuando procede, y utilizan para la autocertificación el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior;
b)los sistemas de educación superior se organizan en consonancia con las estructuras y los principios del proceso de Bolonia y se componen de un marco de tres ciclos y, si procede según el Estado miembro, de un ciclo corto tal como se define en el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, y
c)la garantía externa de la calidad la llevan a cabo agencias de garantía de la calidad independientes registradas, o que están en proceso de ser registradas, en el Registro Europeo de Agencias de Garantía de la Calidad y que operan, por lo tanto, en consonancia tanto con las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, como con el Planteamiento Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas Conjuntos.
En cooperación con los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico, las instituciones de educación superior, las agencias de garantía de la calidad y otras partes interesadas fundamentales, elaborar orientaciones nacionales para ayudar a las instituciones de educación superior en el desarrollo y la aplicación efectiva de los siguientes instrumentos de transparencia, de conformidad con las directrices del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, garantizando así la coherencia y reduciendo las cargas administrativas para las instituciones de educación superior y los estudiantes:
a)un catálogo de oferta académica actualizado con las descripciones de los programas de grado, las unidades educativas individuales y las tablas de distribución de calificaciones;
b) c)suplementos europeos al título para todos los graduados, emitidos automática y gratuitamente en una lengua de uso común y, cuando sea posible, en formato digital, ycriterios transparentes para el reconocimiento que se aplican en todas y cada una de las instituciones de educación superior.
En cooperación con los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico, facilitar apoyo y formación de expertos a las instituciones de educación superior para que apliquen las orientaciones nacionales mencionadas y supervisen su aplicación.
Educación secundaria postobligatoria
Con el fin de hacer progresos sustanciales hacia el reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación secundaria postobligatoria únicamente con objeto de proseguir el aprendizaje, promover la transparencia y consolidar la confianza en los respectivos sistemas de formación y educación secundarias:
a)garantizando que los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones tomen como referencia el Marco Europeo de Cualificaciones, cuyas referencias se revisan y actualizan cuando procede;
b)intercambiando información y promoviendo el aprendizaje mutuo sobre los sistemas de garantía de la calidad en la educación escolar, respetando plenamente al mismo tiempo los distintos enfoques nacionales por lo que concierne a la garantía de la calidad, y
c)elaborando nuevos instrumentos de garantía de la calidad en la educación y formación profesionales, en consonancia con el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales y con su evolución posterior.
Facilitar la movilidad y el reconocimiento de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero durante la educación secundaria postobligatoria:
a)apoyando a las instituciones de educación secundaria postobligatoria en relación con los principios generales y los instrumentos de reconocimiento, por ejemplo mediante materiales de orientación o formación;
b) c) promoviendo el uso de criterios e instrumentos transparentes, tales como acuerdos de aprendizaje basados en los resultados de aprendizaje entre las instituciones de envío y de acogida; en la educación y formación profesionales, ampliando el uso de los instrumentos de la Unión (10), y promoviendo los beneficios de la movilidad entre las instituciones de educación secundaria postobligatoria, los estudiantes y sus familias.
Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico
Desarrollar la capacidad y reforzar la función de los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico y de los homologadores de títulos y cualificaciones, en particular por lo que se refiere a la difusión de información, la utilización de instrumentos en línea para mejorar la eficiencia, la transparencia y la coherencia, y el objetivo de reducir las cargas administrativas y financieras para los usuarios de sus servicios.
Permeabilidad y movilidad
Investigar buenas prácticas en relación con el reconocimiento del aprendizaje previo y la permeabilidad entre los sectores de la educación y la formación, en particular entre la educación y la formación profesionales y la educación superior.
Datos disponibles
Mejorar los datos disponibles mediante la recopilación y divulgación de información sobre el alcance y la naturaleza de los casos de reconocimiento a efectos de la presente Recomendación.
Informes y evaluación
En un plazo de tres años a partir de la adopción de la presente Recomendación, y periódicamente a partir de entonces, informar, a través de los marcos e instrumentos existentes, de las experiencias adquiridas, las buenas prácticas, incluidos los acuerdos regionales, y los avances realizados hacia el reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones y los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero.
RESPALDA LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:
Proporcionar apoyo específico a los Estados miembros, por ejemplo, mediante el aprendizaje mutuo, la delimitación de los obstáculos encontrados en las prácticas actuales sobre reconocimiento de cualificaciones, el intercambio de buenas prácticas y el fomento de la cooperación entre los Estados miembros y con las partes interesadas, las autoridades de reconocimiento y las organizaciones internacionales, en particular el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta cooperación estará encaminada a garantizar la plena aplicación de los instrumentos del proceso de Bolonia para la educación superior en la Unión, del Convenio de Lisboa sobre reconocimiento de cualificaciones y sus textos derivados, y de los instrumentos del proceso de Copenhague para la educación y la formación profesionales.
En el ámbito de la educación secundaria postobligatoria general, poner en marcha un proceso de cooperación a escala de la Unión en virtud del Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (ET 2020) o del marco que lo suceda, en colaboración con los Estados miembros, para emprender una cooperación más estrecha y el intercambio de prácticas entre los Estados miembros al nivel de la educación secundaria postobligatoria, con el fin de lograr los objetivos de la presente Recomendación en cuanto al fomento de la transparencia y la generación de confianza mutua en los sistemas de educación escolar de toda la Unión.
Establecer, en cooperación con los Estados miembros, un servicio de información en línea de fácil manejo a escala de la Unión sobre las cualificaciones de educación secundaria postobligatoria que dan acceso a la educación superior en cada Estado miembro, a través de un mayor desarrollo de las plataformas en línea actuales.
Explorar las sinergias entre los instrumentos de transparencia de la Unión (11) y, en su caso, desarrollarlas más, con el objetivo de mejorar la cooperación y la movilidad entre los sectores de la educación y la formación.
Investigar, en cooperación con los Estados miembros, el potencial de las nuevas tecnologías, tales como la tecnología de cadena de bloques, para facilitar el reconocimiento mutuo automático.
Estudiar, en colaboración con los Estados miembros y los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico, una ampliación de su función para incluir otros sectores de la educación y la formación y la manera de apoyarlos en dicha ampliación.
Favorecer el uso de las fuentes de financiación europeas, como Erasmus+ o los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cuando proceda y en consonancia con su respectiva capacidad financiera, su base jurídica, sus procedimientos de toma de decisiones y sus prioridades definidas para el período 2014-2020, sin perjuicio de las negociaciones del siguiente marco financiero plurianual. Reforzar la movilidad en la educación y formación secundarias dentro del programa Erasmus+ y del programa que lo suceda.
En el plazo de cuatro años, informar al Consejo del seguimiento de la Recomendación a través de los marcos e instrumentos existentes, a partir de las contribuciones de los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
J. BOGNER-STRAUSS
(1) COM(2017) 673 final.
(2) EUCO 19/1/17 REV 1.
(3) DO C 189 de 15.6.2017, p. 15.
(4) P7_TA(2012) 0139.
(5) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
(6) Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO L 354 de 28.12.2013, p. 132).
(7) Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea.
(8) Según se define en el anexo.
(9) Según se define en el Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento de Cualificaciones y tal como ha confirmado por último el proceso de Bolonia en el Comunicado de París de 25 de mayo de 2018.
(10) Como los instrumentos facilitados a través de la plataforma en línea de Europass y el memorando de acuerdo y el acuerdo de aprendizaje que forman parte del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales.
(11) Tales como el Suplemento de diploma, el Suplemento de certificado Europass, el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales, el Marco Europeo de Cualificaciones y los instrumentos que se proporcionan a través de la plataforma en línea de Europass.
GLOSARIO
Reconocimiento mutuo automático de cualificaciones: el derecho de los titulares de una cualificación de un nivel determinado que ha sido otorgada por un Estado miembro a que se les considere para su admisión a un programa de educación superior del nivel siguiente en cualquier otro Estado miembro, sin tener que pasar por ningún otro procedimiento de reconocimiento. Ello no irá en detrimento del derecho de las instituciones de educación superior o de las autoridades competentes a establecer criterios de evaluación y admisión específicos para programas concretos. Lo anterior no va en detrimento del derecho a comprobar si la cualificación es auténtica y, en caso de tratarse de una cualificación de segundo ciclo de educación y formación secundarias, si efectivamente da acceso a la educación superior en el Estado miembro emisor o, en casos debidamente justificados, si la cualificación obtenida cumple los requisitos para acceder a un programa concreto de educación superior en el Estado miembro receptor.
Reconocimiento mutuo automático de los resultados de un período de aprendizaje en el extranjero: en la educación superior, el derecho a que se reconozcan los resultados de un período de aprendizaje, tal como se establece de antemano en un acuerdo de aprendizaje y se confirma en la certificación académica, en consonancia con el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). En concreto, esto implica aplicar la regla que figura en la Guía de uso del ECTS de 2015, según la cual: «[t]odos los créditos obtenidos durante el período de estudio en el extranjero o durante la movilidad virtual, tal y como se suscribe en el acuerdo de aprendizaje y se confirma en la certificación académica, deben transferirse sin demora y contar para la titulación del estudiante sin necesidad de trabajos o evaluaciones adicionales del estudiante». En el segundo ciclo de educación secundaria, el derecho a que se reconozcan en el país de origen los resultados de aprendizaje de un período de aprendizaje realizado en el extranjero en un Estado miembro, siempre que los resultados de aprendizaje estén en consonancia en términos generales con los de los planes de estudio del país de origen. Esto no va en detrimento del derecho de las instituciones de educación y formación a fijar criterios específicos antes de un período de movilidad para el aprendizaje, o a comprobar que se hayan cumplido dichos requisitos a la vuelta de un período de movilidad para el aprendizaje.
Cadena de bloques: método para permitir que la información se registre y sea compartida por una comunidad. Cada miembro de la comunidad mantiene su propia copia de la información. Las entradas son permanentes, transparentes y existe una función de búsqueda. Cada actualización es un nuevo «bloque» que se añade al final de una «cadena».
Suplemento de certificado Europass (Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de profesionalidad): documento adjunto a un certificado de educación y formación profesionales, o a un certificado profesional, expedido por las autoridades o los organismos competentes, al objeto de que otras personas —especialmente en otro país— comprendan mejor los resultados del aprendizaje adquirido por el titular de la cualificación, así como el carácter, nivel, contexto, contenido y estatuto de la educación y formación realizadas y de las competencias adquiridas.
Catálogo de oferta académica: descrito en la Guía de uso del ECTS (2015) del siguiente modo: «[e]l catálogo de oferta académica incluye información detallada, fácil de utilizar y actualizada sobre el entorno de aprendizaje de la institución (información general sobre la institución, sus recursos y servicios e información académica sobre sus titulaciones y componentes educativos individuales) que debe estar a disposición de los estudiantes antes de iniciar sus estudios y a lo largo de los mismos con el fin de permitir que tomen las decisiones adecuadas y empleen su tiempo de la manera más eficiente posible. El catálogo debe publicarse en la página web de la institución, indicando los títulos de las materias en el idioma nacional (o regional, si corresponde) y en inglés, de forma que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a él. La institución tiene libertad para decidir el formato del catálogo, así como el orden de la información. Debe publicarse con suficiente antelación para que los posibles estudiantes tomen su decisión».
Autoridad competente: persona u organización en la que se haya delegado o a la que se haya conferido legalmente la autoridad, la capacidad o el poder para ejercer un cargo específico.
Homologador de títulos y cualificaciones: persona que evalúa cualificaciones o toma decisiones relativas a su reconocimiento.
Suplemento de diploma (Suplemento Europeo al Título): documento adjunto a un título de educación superior expedido por las autoridades o los organismos competentes, al objeto de que otras personas —especialmente en otro país— comprendan mejor los resultados del aprendizaje adquirido por el titular de la cualificación, así como el carácter, nivel, contexto, contenido y estatuto de la educación y formación realizadas y de las competencias adquiridas.
Planteamiento Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas Conjuntos: aprobado por los ministros de Educación del Espacio Europeo de Educación Superior en 2015, su objetivo es mejorar la garantía de la calidad de los programas conjuntos mediante la fijación de normas y la supresión de los obstáculos para su reconocimiento.
Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET): marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y, cuando proceda, la acumulación de resultados individuales de aprendizaje con vistas a obtener una cualificación. El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales se basa en la descripción de las cualificaciones en unidades de resultados de aprendizaje, en los procesos de transferencia, reconocimiento y acumulación, y en una serie de documentos complementarios, como los memorandos de acuerdo y los acuerdos de aprendizaje.
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS): descrito en la Guía de uso del ECTS (2015) como un «[s]istema de acumulación y transferencia de créditos centrado en el estudiante y basado en el principio de transparencia en el aprendizaje, la enseñanza y el proceso de evaluación. Tiene como objetivo facilitar la planificación, impartición y evaluación de los programas de estudio y la movilidad de los estudiantes mediante el reconocimiento de los logros, cualificaciones y períodos de aprendizaje».
Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior: marco general de cualificaciones que engloba a los cuarenta y ocho países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior. Comprende cuatro ciclos (ciclo corto, grado, máster y doctorado) y, en su caso, cualificaciones nacionales intermedias, y cada ciclo contiene descriptores generales basados en los resultados de aprendizaje y las competencias adquiridas, así como rangos de créditos para el primer y el segundo ciclo.
Registro Europeo de Agencias de Garantía de la Calidad de la Enseñanza Superior (EQAR): registro de agencias de garantía de la calidad, que incluye a aquellas que han demostrado una gran conformidad con un conjunto común de principios relativos a la garantía de la calidad en Europa. Dichos principios se presentan en las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad.
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET): comunidad de práctica que reúne a los Estados miembros, los interlocutores sociales y la Comisión Europea con el fin de desarrollar y mejorar la garantía de la calidad en la educación y la formación profesionales.
Marco Europeo de Cualificaciones (MEC): instrumento de referencia que facilita la comunicación y comparación entre los sistemas de cualificaciones europeos. Sus ocho niveles comunes de referencia europeos se describen como resultados de aprendizaje: conocimientos, capacidades y responsabilidad y autonomía. Esto permite que los sistemas nacionales de cualificaciones, los marcos nacionales de cualificaciones y las cualificaciones europeas tomen como referencia los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones. Los estudiantes, los graduados, las instituciones de enseñanza y los empresarios pueden utilizar estos niveles para comprender y comparar las cualificaciones otorgadas en diferentes países y por distintos sistemas de educación y formación.
Acuerdo de aprendizaje: en la educación superior, la Guía de uso del ECTS (2015) lo define como un «acuerdo formalizado entre las tres partes involucradas en la movilidad (el estudiante, la institución de envío y la institución, organización o empresa de acogida) con el fin de facilitar la organización de la movilidad de créditos y su reconocimiento. El acuerdo ha de ser firmado por las tres partes antes del inicio del período de movilidad y tiene como objetivo ofrecer al estudiante la confirmación de que se reconocerán los créditos que supere satisfactoriamente durante el período de movilidad». En la educación secundaria postobligatoria es un acuerdo entre las tres partes que participan en la movilidad (el alumno o trabajador en prácticas o su familia, la institución de envío y la institución, organización o empresa de acogida) a fin de facilitar la organización del período de aprendizaje y su reconocimiento. Al firmar el acuerdo de aprendizaje, las tres partes se comprometen a cumplir todas las disposiciones acordadas, garantizando así que no sean necesarios otros requisitos para que el alumno o trabajador en prácticas obtenga el reconocimiento por el período de aprendizaje o por los resultados de aprendizaje.
Resultados de aprendizaje: expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se definen como conocimientos, capacidades y competencias.
Marco nacional de cualificaciones: instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil.
Institución de educación superior: todo tipo de institución de educación superior que, independientemente de su denominación, expida títulos reconocidos u otras cualificaciones reconocidas de nivel terciario de conformidad con la legislación o la práctica nacional, así como cualquier otro tipo de institución de educación superior que las autoridades nacionales reconozcan como parte de su sistema de educación superior.
Cualificación: resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando una autoridad o un organismo competente establece que una persona ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado.
Reconocimiento del aprendizaje previo: reconocimiento de los resultados de aprendizaje, tanto si se trata de educación y formación formal como de aprendizaje no formal o informal, adquiridos con anterioridad a la solicitud de validación (1).
Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad: conjunto de normas y directrices para la garantía, interna y externa, de la calidad de la educación superior, elaborado en el marco del proceso de Bolonia. Proporciona orientaciones relativas a ámbitos que son fundamentales para que la calidad y los entornos de aprendizaje de la educación superior sean satisfactorios. Las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad deben considerarse en un contexto más amplio, que incluye los marcos de cualificaciones, el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos y el Suplemento Europeo al Título, todos los cuales contribuyen a promover la transparencia y la confianza mutua en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Certificación académica: definida en la Guía de uso del ECTS (2015) como un «[r]egistro actualizado del progreso de los alumnos en sus estudios: los componentes educativos cursados, el número de créditos ECTS obtenidos y las calificaciones otorgadas. Resulta fundamental para registrar el progreso y para reconocer los logros de aprendizaje, incluidos los de estudiantes de movilidad. La mayor parte de las instituciones elaboran la certificación académica a partir de sus bases de datos institucionales».
(1) Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (DO C 398 de 22.12.2012, p. 1). |
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,
RECONOCIENDO la cooperación en materia de política de juventud de la UE hasta 2019. Desde 2002 (1), la UE ha puesto en práctica una cooperación específica en materia de política de juventud, basada en los principios de participación activa e igualdad de acceso a las oportunidades y en sinergia con otras políticas dirigidas a los jóvenes, como las de educación, formación y empleo. La cooperación ha propiciado cambios en la legislación y las políticas en los Estados miembros y ha contribuido al refuerzo de las capacidades de las organizaciones juveniles.
RECORDANDO que, dado que el objetivo de la presente Resolución es establecer una Estrategia de la UE para la Juventud capaz de abordar los retos a los que se están enfrentando los jóvenes de toda Europa, darles una respuesta común y coherente de la UE y complementar los trabajos y las iniciativas de los Estados miembros a este respecto, dicho objetivo puede alcanzarse mejor a escala de la UE que de los Estados miembros. Así pues, a fin de alcanzar este objetivo, el Consejo puede adoptar iniciativas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Resolución no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
RECONOCEN lo siguiente:
1. La juventud tiene un papel específico en la sociedad y se enfrenta a retos específicos
Los jóvenes están deseosos de tomar las riendas de su vida, tejer relaciones y apoyar a los demás. Cuando toman las riendas de su vida, experimentan varias transiciones típicas en su vida personal y su entorno: pasan de la educación al trabajo y a vivir solos, formar parejas o empezar una vida familiar. Muchos de ellos tienen dudas sobre su futuro, como consecuencia de la globalización y el cambio climático, los cambios tecnológicos, las tendencias demográficas y socioeconómicas, el populismo, la discriminación, la exclusión social y las noticias falsas, cuyos efectos sobre el empleo, las capacidades o el funcionamiento de nuestras democracias todavía son desconocidos.
Debe prestarse especial atención a los jóvenes expuestos al riesgo de marginación sobre la base de posibles fuentes de discriminación, como su origen étnico, sexo, orientación sexual, discapacidad, religión, creencias u opiniones políticas.
La exclusión socioeconómica y la exclusión democrática van de la mano (2). Los jóvenes en situación de desventaja suelen ser ciudadanos menos activos y confían menos en las instituciones. Europa no puede permitirse el desperdicio de talento, la exclusión social ni el desinterés de la juventud. Los jóvenes no solo deben ser artífices de su propia vida, sino que también deben contribuir a lograr un cambio positivo en la sociedad. Para que los jóvenes puedan aprovechar plenamente las actuaciones de la UE, estas deben reflejar sus aspiraciones, su creatividad y su talento, y responder a sus necesidades. A su vez, los jóvenes enriquecen las ambiciones de la UE: según el Informe de la UE sobre la Juventud (3), esta generación es la mejor formada de la historia y está especialmente capacitada para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y los medios sociales.
2. Es necesaria una Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027
Partiendo de las experiencias y decisiones de cooperación en el ámbito de la juventud de los últimos años (4), la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 está encaminada a hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la juventud en toda Europa. La Estrategia de la UE para la Juventud proporciona un marco de objetivos, principios, prioridades, ámbitos principales y medidas para la cooperación en materia de política de juventud para todas las partes interesadas pertinentes, y tiene debidamente en cuenta sus respectivas competencias y el principio de subsidiariedad.
Las partes interesadas pertinentes son, entre otras, los Estados miembros de la UE, las instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales pertinentes, como el Consejo de Europa, las autoridades locales y regionales, los consejos de juventud, las organizaciones juveniles, las organizaciones que trabajan con los jóvenes, los animadores juveniles, los investigadores en materia de juventud y los agentes de la sociedad civil, así como las estructuras de los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y sus programas sucesores.
A través de la implicación y la capacitación de todos los jóvenes, la política de juventud puede contribuir a hacer realidad la visión de un continente en el que los jóvenes puedan aprovechar las oportunidades e identificarse con los valores europeos.
3. Las Metas de la Juventud Europea proporcionan una visión para Europa
En el transcurso del sexto ciclo del diálogo estructurado, a través de una consulta a escala de toda la UE, los responsables de la toma de decisiones, los jóvenes y los investigadores recopilaron, con el título «La juventud en Europa: ¿y ahora qué?», temas importantes para los jóvenes, y los reunieron en 11 ámbitos. A modo de resultado de este proceso participativo, que implicó a jóvenes de toda Europa, se elaboraron las 11 Metas de la Juventud Europea, que reflejan las opiniones de la juventud europea y representan la visión de los que participaron activamente en el diálogo estructurado.
Dichas metas demuestran el afán de muchos jóvenes europeos de participar en la definición de la dirección que debería seguir la cooperación europea en el ámbito de la juventud. La Estrategia de la UE para la Juventud debe contribuir a hacer realidad esta visión de la juventud mediante la movilización, por parte de todos los interesados, de instrumentos estratégicos a escala de la UE y de acciones a escala nacional, regional y local.
Las Metas de la Juventud Europea, voz inalterada de los participantes, se presentan íntegramente en el anexo 3 para que —con el debido respeto del principio de subsidiariedad, las competencias nacionales y la libertad de asociación— sirvan de inspiración y proporcionen una orientación a la UE, sus Estados miembros y sus autoridades y partes interesadas pertinentes.
ACOGEN CON SATISFACCIÓN
La Comunicación de la Comisión titulada «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para la Juventud», de 22 de mayo de 2018 (5).
POR LO TANTO, CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
1. Objetivos generales
La cooperación de la UE en el ámbito de la juventud deberá aprovechar al máximo el potencial de la política de juventud. Fomenta la participación de los jóvenes en la vida democrática, en consonancia con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, apoya el compromiso social y cívico, y está encaminada a garantizar que todos los jóvenes tengan los recursos necesarios para participar en la sociedad.
En los próximos años, la Estrategia aspira a:
permitir que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida, apoyar su desarrollo personal y su camino hacia la autonomía, reforzar su resiliencia y dotarlos de habilidades para la vida a fin de que puedan enfrentarse a un mundo cambiante;
animar a los jóvenes y dotarlos de los recursos necesarios para que se conviertan en ciudadanos activos, agentes de solidaridad y cambio positivo inspirados en los valores de la UE y en una identidad europea;
mejorar, en lo que respecta a su impacto sobre los jóvenes, las decisiones políticas en todos los sectores, en particular el empleo, la educación, la salud y la inclusión social;
contribuir a la erradicación de la pobreza juvenil y de todas las formas de discriminación, y promover la inclusión social de la juventud.
2. Principios rectores
La política de juventud europea y todas las acciones emprendidas en el marco de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 deben estar firmemente ancladas en el sistema internacional de derechos humanos. Deben aplicarse los siguientes principios en todas las políticas y actividades relativas a los jóvenes:
Igualdad y no discriminación: luchar contra todas las formas de discriminación y promover la igualdad de género, reconocer que los jóvenes corren el riesgo de sufrir múltiples formas de discriminación, en particular discriminación por motivos de edad, y respetar los principios que se reconocen, por ejemplo, en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Inclusión: reconociendo que los jóvenes no forman un grupo homogéneo y que, por lo tanto, tienen necesidades, orígenes, situaciones vitales e intereses diversos, la Estrategia de la UE para la Juventud debe promover actividades y políticas inclusivas para todos los jóvenes, especialmente para aquellos con menos oportunidades o cuyas voces podrían no ser escuchadas.
Participación: reconociendo que todos los jóvenes son un recurso para la sociedad, todas las políticas y actividades relativas a la juventud deben respaldar su derecho a participar en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas que les afectan a través de una participación significativa de los jóvenes y de las organizaciones juveniles. En este contexto, las políticas deben estar basadas en el reconocimiento de los cambios provocados por la comunicación digital que afectan a la participación cívica y democrática.
Dimensión mundial, europea, nacional, regional y local: a fin de garantizar un efecto duradero para los jóvenes, es importante que la política de juventud de la UE se aplique teniendo presentes las interrelaciones con las escalas regional y local, y que se lleven a cabo actividades para apoyar las políticas de juventud a nivel de la base. Al mismo tiempo, deben tenerse en cuenta las voces de las personas jóvenes cuando se traten cuestiones globales.
Planteamiento dual: Las políticas que procuran mejorar la vida de los jóvenes no deben nunca limitarse al mero ámbito de la juventud. En consecuencia, el planteamiento dual acordado en el anterior marco de cooperación (2010-2018) sigue siendo indispensable, dado que está encaminado a hacer frente a cuestiones importantes para la juventud integrando las iniciativas en distintas políticas, por una parte, y a través de iniciativas específicas en el sector de la juventud, por otra.
CONVIENEN, ADEMÁS, EN:
1. Trabajar en una aplicación eficaz, focalizada y coordinada intra- e intersectorial
La vida de los jóvenes está determinada por políticas arraigadas en ámbitos estratégicos diversos y distintos niveles de ejecución. Así pues, la única manera de garantizar que se tomen en cuenta en los programas o políticas considerados las necesidades específicas de los jóvenes, o los efectos deseados para ellos, es integrar la juventud como una prioridad en diferentes ámbitos estratégicos. Para dar ejemplo, el enfoque intersectorial debería ser con mayor frecuencia la base fundamental a escala de la UE. Por otra parte, la integración de la juventud en las políticas solo puede ser eficaz si además garantiza a los jóvenes una voz en todos los ámbitos estratégicos que les afecten.
Debe reforzarse la cooperación intersectorial a todos los niveles de la toma de decisiones, procurando lograr sinergias y complementariedad entre las acciones e incluyendo una mayor participación de los jóvenes.
2. Abordar ámbitos principales del sector de la juventud: Involucrar. Conectar. Capacitar.
a. Involucrar
Para el buen funcionamiento de la democracia y para la sociedad en general, es vital proporcionar a los jóvenes vías de participación en su vida diaria, así como en la vida democrática. Es especialmente importante centrarse en la participación de los jóvenes, dado que cualquier decisión adoptada hoy tendrá los efectos más duraderos para la generación actual de jóvenes. Además, el grupo de edad de los jóvenes está menos representado en los organismos políticos y tiene menos oportunidades de influir y participar en los procesos de toma de decisiones que otros grupos de edad. La Estrategia de la UE para la Juventud está encaminada a una participación cívica, económica, social, cultural y política significativas de los jóvenes.
En consecuencia, involucrar a la juventud ha de ser la piedra angular de la futura cooperación en materia de política de juventud de la UE. Esto significa también que los jóvenes deben poder hacer oír su voz en lo que respecta al desarrollo, la aplicación y la evaluación de las políticas que les afectan, como la Estrategia de la UE para la Juventud y las estrategias nacionales para la juventud. A fin de ser lo más inclusivos posible y de adaptarse a los retos actuales y futuros, es esencial estudiar nuevas formas de participación, así como formas de participación alternativas.
INVITAN A LOS ESTADOS MIEMBROS Y A LA COMISIÓN EUROPEA, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, A:
fomentar y promover una participación democrática inclusiva de todos los jóvenes en la sociedad y en los procesos democráticos;
involucrar activamente a los jóvenes, las organizaciones juveniles y otros organizadores de trabajo en el ámbito de la juventud en la elaboración, la aplicación y la evaluación de las políticas que influyen en la vida de los jóvenes a escala local, regional, nacional y europea;
apoyar la creación y el desarrollo de representaciones de la juventud a escala local, regional y nacional, reconociendo el derecho de las personas jóvenes a participar y a organizarse a sí mismas, así como el reconocimiento de estructuras juveniles representativas y su inclusión en los trabajos de las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas;
apoyar y transmitir el Diálogo de la UE con la Juventud (6) para integrar diversas voces de la juventud en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles y fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas, a través de la educación para la ciudadanía y las estrategias de aprendizaje;
apoyar y desarrollar oportunidades para «aprender a participar», de manera que se fomente el interés por las acciones participativas y se ayude a los jóvenes a prepararse para participar;
explorar y promover el uso de formas innovadoras y alternativas de participación democrática, por ejemplo herramientas de democracia digital, y facilitar el acceso para fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática e implicarlos de manera integradora, al tiempo que se es consciente de que algunos jóvenes no tienen acceso a internet ni a las tecnologías digitales, ni tienen las capacidades para utilizarlas.
b. Conectar
Los jóvenes de Europa cada vez están más conectados. Las conexiones, las relaciones y el intercambio de experiencias son un activo crucial para la solidaridad y el futuro desarrollo de la Unión Europea. Esta conexión se fomenta mejor a través de distintas formas de movilidad.
Por lo tanto, las oportunidades destinadas a los jóvenes en el ámbito del intercambio de experiencias, la cooperación o las acciones culturales y cívicas en un contexto europeo deben ser accesibles para todos los jóvenes. Esto les permite desarrollar y reforzar competencias personales, sociales y cívicas, desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad, mejorar la empleabilidad y convertirse en ciudadanos europeos activos. Los intercambios juveniles y los proyectos dentro de Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y sus programas sucesores son fuentes de aprendizaje intercultural y capacitación, especialmente para los jóvenes con menos oportunidades.
La cooperación de la UE en el ámbito de la juventud debe respaldar estas oportunidades para los jóvenes. Debería aprovechar programas de la UE como Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y sus programas sucesores para mejorar el conocimiento sobre los jóvenes y sus aspiraciones y reforzar la cooperación en materia de políticas y el desarrollo de la comunidad.
La Estrategia de la UE para la Juventud también debe fomentar la conectividad de los jóvenes de la UE y de los países candidatos, los de la Asociación Oriental y los socios de los Balcanes Occidentales (7), así como con otros terceros países con los que la UE ha firmado acuerdos de cooperación o de asociación, según el caso, con la ayuda de la UE a través de los programas de financiación de la UE pertinentes.
INVITAN A LOS ESTADOS MIEMBROS Y A LA COMISIÓN EUROPEA, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, A:
facilitar el acceso de todos los jóvenes, y también de los trabajadores en el ámbito de la juventud, a las oportunidades de movilidad transfronteriza, incluido el voluntariado en el sector de la sociedad civil, eliminando obstáculos y poniendo en marcha medidas de apoyo con especial atención a los jóvenes con menos oportunidades;
impulsar el compromiso de los jóvenes con la solidaridad, promoviendo sistemas de apoyo y buscando la complementariedad y las sinergias entre los instrumentos de financiación de la UE y los sistemas nacionales, regionales y locales;
implicar activamente a los jóvenes y a las organizaciones juveniles en el diseño, la aplicación y la evaluación de los programas de financiación de la UE pertinentes;
compartir las mejores prácticas y seguir trabajando en sistemas eficaces para la validación y el reconocimiento de capacidades y competencias adquiridas mediante el aprendizaje no formal e informal, en particular a través de actividades solidarias y de voluntariado, continuando con la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal.
c. Capacitar
Capacitar a los jóvenes significa animarlos a tomar las riendas de sus vidas. Esto requiere disponer de las herramientas y los recursos necesarios, así como de un entorno dispuesto a prestar la atención debida a la voz de los jóvenes. Hoy los jóvenes de toda Europa se enfrentan a diversos retos, como las dificultades para acceder a sus derechos sociales, la exclusión social y la discriminación, y a amenazas procedentes de las noticias falsas y la propaganda.
Para hacer frente a estos retos y permitir, por tanto, la verdadera capacitación de los jóvenes, es necesario trabajar de forma colaborativa en políticas que aborden la situación específica de los jóvenes de la UE y que mejoren, por consiguiente, sus vidas.
En este contexto, el trabajo con jóvenes, en todas sus formas, puede servir de catalizador para la capacitación: el trabajo con jóvenes aporta beneficios únicos a los jóvenes en su transición a la vida adulta (8), ofreciéndoles un entorno seguro para que adquieran confianza en sí mismos y aprendan de manera no formal. Se distingue por dotar a los jóvenes de capacidades y competencias clave, de tipo personal, profesional y empresarial, como el trabajo en equipo, el liderazgo, las competencias interculturales, la gestión de proyectos, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. En algunos casos, constituye el puente hacia la educación, la formación o el trabajo, impidiendo así la exclusión.
Para aprovechar estos beneficios, es necesario dar un mayor reconocimiento al aprendizaje no formal e informal mediante el trabajo en el ámbito de la juventud, especialmente beneficioso para aquellas personas con escasa cualificación formal, como forma de mejorar la empleabilidad. El reconocimiento puede mejorarse mediante un uso más sistemático de las herramientas de calidad.
INVITAN A LOS ESTADOS MIEMBROS Y A LA COMISIÓN EUROPEA, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, A:
elaborar y aplicar una agenda europea de trabajo en el ámbito de la juventud para la calidad, la innovación y el reconocimiento de este tipo de trabajo. Para explotar todo el potencial, es necesario integrar la experiencia de las representaciones y las organizaciones juveniles y de los trabajadores e investigadores en el ámbito de la juventud. Se deben fomentar más sinergias con el trabajo que está desarrollando el Consejo de Europa en este campo;
apoyar el desarrollo de un trabajo de calidad en el ámbito de la juventud a escala local, regional, nacional y europea, en particular el desarrollo de políticas en este sentido, la formación de las personas que trabajan con los jóvenes, la creación de marcos jurídicos y la suficiente asignación de recursos;
apoyar las actividades del trabajo con jóvenes a todos los niveles, en particular en el nivel de base, y reconocer que las organizaciones juveniles facilitan el desarrollo de competencias y la inclusión social a través del trabajo con jóvenes y las actividades educativas no formales, respetando al mismo tiempo las actividades locales, regionales y nacionales en este ámbito;
crear y seguir desarrollando, donde y cuando sea posible, puntos de contacto de fácil acceso para los jóvenes que proporcionen una serie de servicios e información, como orientación financiera, orientación y apoyo sobre el futuro profesional, la salud y las relaciones u oportunidades educativas, culturales y de empleo.
POR CONSIGUIENTE, INVITAN A LOS ESTADOS MIEMBROS Y A LA COMISIÓN EUROPEA, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, A:
3. Cooperar sobre la base de instrumentos y gobernanza
Para aplicar de manera eficaz la Estrategia de la UE para la Juventud en toda la UE y en los Estados miembros, se necesitan instrumentos concretos. Las siguientes medidas se utilizarán para lograr los objetivos de la Estrategia de la UE para la Juventud, cuando corresponda, a escala local, regional, nacional, europea y mundial:
Elaboración de políticas relativas a la juventud sobre la base de datos empíricos y generación de conocimiento: La política de la UE para la juventud debe estar basada en datos empíricos y vinculada a las necesidades y situaciones reales de los jóvenes. Esto requiere investigación continua, generación de conocimiento y acercamiento a los jóvenes y a las organizaciones juveniles. La recopilación de datos desagregados sobre los jóvenes es especialmente importante para comprender mejor las necesidades de los distintos grupos de jóvenes, especialmente de aquellos con menos oportunidades. La elaboración de políticas sobre la base de datos empíricos se debe llevar a cabo con el apoyo de la Wiki de la Juventud, las redes de investigación en el ámbito de la juventud y la cooperación con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la OCDE y otros organismos, en particular organizaciones juveniles.
Difusión y aprendizaje mutuo: El aprendizaje mutuo entre los Estados miembros, la Comisión Europea y las partes interesadas pertinentes debe ser una herramienta para el desarrollo de la política de juventud tanto en lo que respecta a los ámbitos centrales como a los intersectoriales. Los grupos de expertos seguirán desarrollando directrices estratégicas y herramientas prácticas e intercambiando buenas prácticas; esta estrategia ofrecerá nuevas herramientas de aprendizaje mutuo, como revisiones por homólogos y asesoramiento entre homólogos, foros de alto nivel, análisis y estudios, en la línea de las prioridades de la Estrategia de la UE para la Juventud en general y dentro de los planes de trabajo trienales. Adoptará un enfoque más sistemático en lo que respecta a la calidad de la información destinada a los jóvenes, su alcance y su difusión, sobre la base de las redes existentes.
Gobernanza participativa: Para reconocer a los jóvenes como expertos de sus propias vidas, es esencial garantizar que los jóvenes y sus organizaciones representativas participen en las distintas fases de aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud. La participación no solo aumenta la visibilidad de los jóvenes y sus preocupaciones, sino que también aumenta la visibilidad ante los jóvenes de los responsables políticos en materia de juventud. La participación también pretende aumentar la legitimidad y el reconocimiento de las políticas en el ámbito de la juventud. Con el fin de construir una base para un diálogo cívico regular, dar a las partes interesadas un papel más importante en la coordinación de la aplicación de la Estrategia y ofrecer oportunidades para intercambiar información sobre las actividades y los resultados, la Plataforma de la Estrategia de la UE para la Juventud tendrá como objetivo facilitar la gobernanza participativa y la coordinación de la aplicación de la Estrategia. Se invita a la Comisión a organizar encuentros específicos donde se reúnan, según corresponda, representantes de las instituciones de la UE, de los Estados miembros, de las agencias nacionales de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes, así como representantes de las autoridades locales y regionales.
Movilización de fondos y programas de la UE: La Estrategia fomentará el uso eficaz de los fondos y programas de la UE, como Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Horizonte 2020, incluidas las acciones Marie Skłodowska-Curie, «Europa Creativa» y sus sucesores. Se invita a los Estados miembros a explorar sinergias entre las fuentes de financiación a escala local, regional, nacional y de la UE.
Seguimiento de la financiación de la UE: La transparencia de las actuaciones de la UE para los jóvenes debe incluir el seguimiento del gasto de la UE en los jóvenes, utilizando como corresponda los mecanismos existentes.
Comunicación de la Estrategia de la UE para la Juventud: Teniendo en cuenta las distintas partes implicadas en la elaboración de políticas para la juventud, es importante comunicar la finalidad y el contenido de la Estrategia de la UE para la Juventud de manera global y con un leguaje cercano para los jóvenes. La Estrategia de la UE para la Juventud y las Metas de la Juventud Europea pueden servir de orientación para las personas directamente implicadas en la definición de las políticas en materia de juventud, y para otros actores fuera de dicho ámbito, creando un discurso nuevo y positivo sobre la política de juventud de la UE y el trabajo con jóvenes en Europa.
Planificación de Actividades Nacionales Futuras (9): La Planificación de Actividades Nacionales Futuras tiene como objetivo permitir que los Estados miembros compartan, de manera voluntaria, las prioridades que han establecido de conformidad con la Estrategia de la UE para la Juventud. La finalidad es aumentar la transparencia sobre la aplicación de las políticas de juventud en el ámbito regional, nacional y de la UE. Esto debe ayudar a identificar a los socios adecuados para realizar actividades de aprendizaje mutuo que respondan a las necesidades individuales de los Estados miembros. Para evitar una carga administrativa adicional, las Planificaciones deben inscribirse en los marcos de actuación y en las estrategias para la juventud que ya existen en el ámbito nacional.
Diálogo de la UE con la Juventud (10): Aprovechando los resultados del Diálogo Estructurado con la Juventud y las organizaciones juveniles, se creará un nuevo Diálogo de la UE con la Juventud, con las herramientas necesarias, a fin de incluir a más responsables políticos y jóvenes, especialmente a los que no se ha escuchado o los que tienen menos oportunidades, en los procesos de toma de decisiones y en la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud, lo que fomentará su compromiso y su participación política con la UE y con la sociedad en general. Además, habría que facilitar un intercambio más regular entre los grupos nacionales de trabajo sobre el Diálogo de la UE con la Juventud y la Comisión Europea.
Coordinador de la UE para la Juventud: El Consejo acoge favorablemente la intención de crear un Coordinador de la UE para la Juventud dentro de la Comisión Europea, con el objetivo de mejorar la cooperación intersectorial, así como el desarrollo y el intercambio de conocimientos sobre asuntos relativos a la juventud dentro de los servicios de la Comisión Europea. El Coordinador de la UE para la Juventud debe colaborar estrechamente con varias partes interesadas para garantizar una comunicación coherente hacia los jóvenes.
Información y Apoyo a la Juventud: la igualdad de acceso de los jóvenes a la información de calidad sobre sus derechos, sus oportunidades, los servicios y los programas de la UE en materia de juventud se pueden fomentar proporcionando unos servicios y plataformas de información para los jóvenes de calidad a todos los niveles, como el Portal Europeo de la Juventud, y con el apoyo de organizaciones europeas.
Planes de Trabajo de la UE para la Juventud: La Estrategia de la UE para la Juventud se desarrollará en períodos de trabajo de tres años que se sucederán durante dos Tríos de Presidencias. Las prioridades y las actuaciones de los períodos de trabajo respectivos se presentarán en los Planes de Trabajo de la UE para la Juventud. El Consejo establecerá dichos Planes de Trabajo de la UE junto con la Comisión, con un Plan de Trabajo inicial para 2019-2021 (11). Estos planes se basarán en los principios rectores y las prioridades de esta Estrategia, abordando las cuestiones relacionadas con la juventud en otras formaciones del Consejo y sus órganos preparatorios en los ámbitos de acción pertinentes.
Seguimiento, informes y evaluación: Se debe realizar un seguimiento periódico de los progresos conseguidos para revisar y promover el avance de la coordinación de políticas. Se deben identificar buenas prácticas y sus condiciones para transferirlas, a fin de facilitar el aprendizaje mutuo entre Estados miembros. La Comisión informará cada tres años de la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud, sobre la base, entre otras cosas, de la información facilitada por los Estados miembros y la Wiki de la Juventud. La Wiki de la Juventud seguirá proporcionando información sobre el desarrollo de las políticas nacionales en materia de juventud. A escala de la UE, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes participarán de cerca en el seguimiento de los progresos a través de la Plataforma de la Estrategia de la UE. Se puede utilizar el Cuadro de Indicadores de la UE sobre la Juventud para supervisar la situación general de los jóvenes en los Estados miembros. Se invita a los Estados miembros y a la Comisión a revisar el Cuadro de Indicadores transcurrido un año desde la adopción de la Estrategia de la UE para la Juventud. Se podrían establecer indicadores e índices de referencia cuantitativos y cualitativos, adaptados a las necesidades de los Estados miembros y de los sectores implicados, como modo de comparación de buenas prácticas y de seguimiento de la aplicación de la Estrategia. A partir de 2019 se deben revisar los proyectos de investigación financiados por la UE a fin de extraer conclusiones pertinentes para el ámbito de las políticas de juventud.
Revisión intermedia: El Consejo realizará una revisión intermedia de la Estrategia de la UE para la Juventud sobre la base de un informe de evaluación que presentará la Comisión el 31 de diciembre de 2023, a más tardar. Revisará como convenga la presente Resolución en el año 2024 para adaptarla a los avances y necesidades que puedan surgir.
(1) Resolución del Consejo relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud (27 de junio de 2002)
(2) Eurofound, sección sobre los ninis: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs
(3) Doc. 9264/18 ADD 2-SWD(2018) 169 final, partes 1 a 7.
(4) Comunicación de la Comisión «Invertir en la juventud de Europa» [COM(2016) 940], Conclusiones del Consejo sobre las perspectivas estratégicas para la cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018, mayo de 2017.
(5) Documento 9264/18 + ADD 1 a 8-COM (2018) 269 final.
(6) Para obtener más información, véase el anexo 1 sobre el Diálogo de la UE con la Juventud.
(7) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en
(8) Grupo de expertos sobre la «contribución del trabajo en el ámbito de la juventud y el aprendizaje no formal e informal para abordar los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes, en particular la transición de la educación al empleo». http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/contribution-youth-work-summary_en.pdf
(9) Para obtener más información, véase el anexo 2 sobre la Planificación de Actividades Nacionales Futuras.
(10) Para obtener más información, véase el anexo 1 sobre el Diálogo de la UE con la Juventud.
(11) Para obtener más información, véase el anexo 4 sobre el Plan de Trabajo de la UE para la Juventud 2019-2021
ANEXO 1
sobre el Diálogo de la UE con la Juventud
1. Introducción
Por «Diálogo de la UE con la Juventud» se entiende cualquier diálogo con los jóvenes y las organizaciones juveniles en el que participen decisores y diseñadores de políticas, expertos, investigadores y otros miembros de la sociedad civil pertinentes, según corresponda. Sirve de foro para una reflexión conjunta y una consulta permanentes sobre las prioridades, la aplicación y el seguimiento de la cooperación europea en el ámbito de la juventud (1).
El Diálogo de la UE con la Juventud es la evolución del proceso del Diálogo Estructurado creado por la Resolución del Consejo relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018) y desarrollado en los años posteriores, según los resultados de una supervisión y una evaluación continuas (2).
La Resolución del Consejo sobre el futuro desarrollo del Diálogo Estructurado adoptada en mayo de 2017 invitaba a los Estados miembros y a la Comisión a que «procedan a una revisión del proceso de diálogo estructurado y de sus objetivos para la cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018 y a estudiar formas innovadoras y eficaces de promover un diálogo significativo y constructivo y de fomentar el compromiso con los jóvenes de orígenes diversos, las organizaciones juveniles, los investigadores en materia de juventud y los responsables políticos, así como con las partes interesadas que pertenezcan a otros sectores pertinentes.» (3)
2. Objetivos del Diálogo de la UE con la Juventud
El Diálogo de la UE con la Juventud debe contribuir a los objetivos generales y seguir los principios rectores de la Estrategia de la UE para la Juventud que figura en la Resolución anterior.
Los objetivos específicos del Diálogo de la UE con la Juventud son:
fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa, en consonancia con el artículo 165 del TFUE;
promover una participación equitativa de jóvenes de ambos sexos;
integrar distintas voces y garantizar la apertura a todas las personas jóvenes para que contribuyan a la elaboración de políticas;
lograr cambios positivos en lo relativo a la política de juventud a escala local, regional, nacional y europea;
reforzar las competencias de ciudadanía de la juventud y su sentimiento de pertenencia a la sociedad y a la Unión Europea.
3. Aplicación del Diálogo de la UE con la Juventud
El Diálogo de la UE con la Juventud debe seguir, preferentemente, ciclos de trabajo de dieciocho meses, con una prioridad temática por ciclo que esté estrechamente relacionada con las prioridades de la Estrategia de la UE para la Juventud y las Metas de la Juventud Europea, cuando proceda.
Cada ciclo debe basarse en las enseñanzas extraídas del ciclo anterior. Es vital realizar un seguimiento continuo para controlar la calidad de los resultados y el impacto en general del proceso. Todos los socios implicados en la escala pertinente deben aplicar, en todas las fases del proceso, procedimientos para medir el impacto cualitativo o cuantitativo.
De conformidad con los objetivos mencionados, el Diálogo con la Juventud debe basarse en enfoques que propicien la participación en las distintas fases:
suministro de información sobre las posibilidades de participación, así como sobre el tema general, de la escala local a la europea:
una consulta con interacciones en línea y a través de otros medios y resultados de la investigación basados en pruebas;
un diálogo directo entre los responsables políticos y los jóvenes, sobre la base de las mejores prácticas en lo que respecta a los planteamientos metodológicos elaboradas hasta el momento en el marco del diálogo estructurado y de las continuas innovaciones en este ámbito;
una asociación continua en lo que respecta a la gobernanza del proceso a escala nacional y europea que incluya, cuando proceda, asociaciones con los sectores pertinentes en función del tema del ciclo.
4. Gobernanza del Diálogo de la UE con la Juventud
La gobernanza del Diálogo de la UE con la Juventud debe basarse en experiencias pasadas, aspirando al mismo tiempo a lograr un proceso más claro y sencillo.
A fin de apoyar la aplicación y la gobernanza del Diálogo de la UE con la Juventud, pueden resultar beneficiosas diversas asociaciones a distintas escalas, por ejemplo con los consejos de juventud, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas en el ámbito de la juventud, así como con socios de otros sectores.
Se anima a los Estados miembros a permitir la participación de los jóvenes en todas las fases de la aplicación del Diálogo de la UE con la Juventud, otorgando un papel protagonista al Consejo Nacional de la Juventud en el Grupo de Trabajo Nacional, entre otras medidas.
(1) Documento 11865/18, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1288/2013.
(2) Documento 9264/18 ADD 1, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los resultados del método abierto de coordinación en el ámbito de la juventud 2010-2018 que acompaña a la Comunicación de la Comisión «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para la Juventud».
(3) Documento 9632/17, Resolución del Consejo sobre el diálogo estructurado y el futuro desarrollo del diálogo con los jóvenes en el contexto de las políticas de cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018.
ANEXO 2
sobre Planificación de Actividades Nacionales Futuras
A fin de reforzar la transparencia en la aplicación de las políticas de juventud a escala regional, nacional y de la UE, el objetivo de las Planificaciones de Actividades Nacionales Futuras es que los Estados miembros puedan compartir, de manera voluntaria, las prioridades que se han establecido de conformidad con la Estrategia de la UE para la Juventud.
Las políticas de juventud en los Estados miembros son uno de los instrumentos más importantes para la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud. A menudo se consolidan en una Estrategia Nacional para la Juventud, o en un documento equivalente de planificación de la política de juventud. El contenido de dichas estrategias nacionales para la juventud puede ser muy pertinente para otros Estados miembros, dado que les permite establecer sinergias, facilita el aprendizaje entre iguales, y ayuda a determinar y agrupar los distintos intereses y las necesidades específicas de los Estados miembros en el ámbito del desarrollo de la política de juventud.
La recopilación de prioridades nacionales futuras en el ámbito de la juventud tiene por objetivo:
crear una base de conocimientos para favorecer la creación de proyectos y actividades bilaterales o multilaterales potenciales en el ámbito de la elaboración de políticas de juventud;
permitir a los Estados miembros colaborar estratégicamente con otros Estados miembros en lo relativo a las necesidades nacionales y las estrategias futuras;
definir ámbitos de aprendizaje mutuo entre Estados miembros;
dar a las actividades nacionales y regionales un papel en la escena europea.
En sus Planificaciones de Actividades Nacionales Futuras los Estados miembros pueden:
nombrar a agentes responsables;
esbozar la traducción de las prioridades europeas en el contexto nacional, vinculándolas con acciones concretas;
establecer las relaciones entre las acciones que figuran en los planes y los programas de financiación para la juventud nacionales y de la UE, como Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Garantía Juvenil y sus programas sucesores en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027.
Idealmente, el diseño de las Planificaciones de Actividades Nacionales Futuras debe respetar el principio de participación de los jóvenes en la elaboración de las políticas. También podría fomentarse la participación en este proceso de las agencias nacionales de Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como la cooperación con distintos agentes intersectoriales.
Con el fin de aprovechar al máximo el potencial de aprendizaje mutuo y las sinergias, deben ponerse a disposición del público las Planificaciones de Actividades Nacionales Futuras.
ANEXO 3
sobre las Metas de la Juventud Europea
Las Metas de la Juventud Europea (1) son el resultado del sexto ciclo del diálogo estructurado con los jóvenes, los responsables políticos, los investigadores y otras partes interesadas, titulado «La juventud en Europa: ¿y ahora qué?». El objetivo de este ciclo era recoger las voces de los jóvenes y contribuir a crear con ellos la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027.
Las Metas de la Juventud Europea presentan una visión de una Europa que permite a los jóvenes explotar todo su potencial. Definen ámbitos intersectoriales que afectan a la vida de los jóvenes e indican los retos que deben abordarse.
La primera fase del sexto ciclo del diálogo estructurado se centró en la búsqueda de ideas completamente nuevas y en definir una comprensión común del tema del ciclo. Los jóvenes, junto con los responsables políticos, definieron temas pertinentes para la elaboración de políticas en el ámbito de la juventud, que sirvieron de base a los investigadores para elaborar una consulta a escala europea. En la fase de consulta posterior, se implicó a jóvenes de toda Europa, de orígenes muy diversos, a través de grupos temáticos, encuestas y otros métodos. Sobre la base de los resultados de esta consulta, los delegados de la juventud y los responsables políticos formularon juntos las once Metas de la Juventud Europea que figuran a continuación, que fueron muy bien acogidas por los ministros en el transcurso del debate de orientación celebrado posteriormente en el marco del Consejo de la UE dedicado a la juventud. La última fase del ciclo se centró en la planificación de acciones concretas y en el estudio de maneras de aplicar las Metas de la Juventud Europea.
Se invita a los Estados miembros y la Comisión Europea a que se inspiren, respetando sus competencias respectivas, en las Metas de la Juventud Europea, entre otras cosas, e incluyan esta visión donde proceda en todas las políticas y programas relacionados.
Teniendo debidamente en cuenta la subsidiariedad, las Metas de la Juventud Europea deben ser tratadas de conformidad con la legislación nacional y de la Unión y con las circunstancias nacionales. Las Metas de la Juventud Europea no son metas jurídicamente vinculantes.
1. CONECTANDO LA UE CON LOS JÓVENES
Contexto: Un número cada vez mayor de jóvenes no confía en la UE y tiene dificultades para entender sus principios, valores y funcionamiento. Se ha determinado que los déficits democráticos en los procesos de la UE son una de las razones del creciente euroescepticismo entre los jóvenes.
Meta: Fomentar el sentimiento de pertenencia de la juventud al proyecto europeo y construir un puente entre la UE y las personas jóvenes para recuperar la confianza y aumentar la participación.
Objetivos
Garantizar que la participación de las personas jóvenes y el diálogo con ellas sean significativos en todas las etapas de la toma de decisiones de la UE, a fin de mejorar los mecanismos participativos existentes y crear otros nuevos.
Garantizar la igualdad de acceso a una información de calidad, imparcial y cercana para los jóvenes sobre el funcionamiento de la UE, la manera de participar en ella y las oportunidades que ofrece.
Introducir y reforzar la educación sobre Europa y la UE en entornos formales y no formales.
Garantizar una representación justa de todos los Estados miembros en los órganos políticos y administrativos de la UE, en consonancia con el principio de igualdad de ciudadanía.
Incrementar el presupuesto y el impacto de los programas juveniles de la UE.
Desarrollar la confianza de las personas jóvenes en el proyecto de la UE abordando el déficit democrático y la falta de transparencia y visibilidad.
Institucionalizar la evaluación de la cercanía, el impacto y el efecto de las políticas de la UE.
2. IGUALDAD DE TODOS LOS GÉNEROS (2)
Contexto: La discriminación de género todavía afecta a muchos jóvenes, especialmente a las mujeres. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos a los jóvenes de todos los géneros, incluidos los jóvenes no binarios y LGBTIQ+ (3).
Meta: Asegurar la igualdad de todos los géneros y los enfoques sensibles al género en todos los ámbitos de la vida de una persona joven.
Objetivos
Combatir la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para todos los géneros en la vida cultural, política y socioeconómica.
Lograr una conciencia universal sobre la desigualdad y la discriminación basadas en el género, especialmente en los medios de comunicación.
Acabar con la violencia de género abordando y combatiendo de manera efectiva el problema en todas sus formas.
Eliminar los roles estereotípicos de género y aceptar identidades de género diversas en los sistemas educativos, la vida familiar, el lugar de trabajo y otras áreas de la vida.
Poner fin a la discriminación estructural basada en el género en el mercado laboral y garantizar la igualdad de derechos, acceso y oportunidades.
Garantizar la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado.
Garantizar el acceso equitativo a la educación formal y no formal, y que el diseño de los sistemas educativos tenga en cuenta enfoques sensibles a las cuestiones de género.
3. SOCIEDADES INCLUSIVAS
Contexto: Un tercio de las personas jóvenes de Europa está en riesgo de pobreza y exclusión social. Muchas no tienen acceso a sus derechos sociales. Muchas siguen enfrentándose a discriminaciones múltiples y siendo víctimas de prejuicios y delitos de odio. Los nuevos fenómenos migratorios han planteado numerosos retos sociales y de integración. Por lo tanto, es fundamental trabajar para el cumplimiento de los derechos de todas las personas jóvenes en Europa, incluidas las más marginadas y excluidas.
Meta: Permitir y asegurar la inclusión de todas las personas jóvenes en la sociedad.
Objetivos
Proporcionar protección jurídica y hacer cumplir los instrumentos legales internacionales para luchar contra todo tipo de discriminación e incitación al odio, reconociendo que las personas jóvenes son objeto de múltiples formas de discriminación.
Reforzar el alcance de la información para que llegue a personas jóvenes marginadas, a fin de garantizar que sean conscientes de los espacios, las oportunidades y las experiencias que están a su disposición.
Garantizar que todas las personas jóvenes marginadas tengan el mismo acceso a los entornos formales y no formales de aprendizaje, abordando todas las dimensiones de la inclusión.
Fortalecer las capacidades de los educadores para trabajar con la juventud marginada.
Proporcionar más espacios, oportunidades, recursos y programas para fomentar el diálogo y la cohesión social, y combatir la discriminación y la segregación.
Fortalecer el apoyo social mediante la implementación del derecho a un salario digno, unas condiciones laborales justas y un acceso universal a una atención médica de calidad, y garantizar medidas específicas para la juventud marginada.
Garantizar que las personas jóvenes marginadas participen en todos los procesos de toma de decisiones y sean actores clave, en particular en los procesos relacionados con sus propios derechos, bienestar e intereses.
4. INFORMACIÓN Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO
Contexto: Las personas jóvenes experimentan dificultades para verificar la precisión y fiabilidad de la información. Deben estar mejor preparadas para orientarse en el panorama mediático y participar en un diálogo constructivo.
Meta: Garantizar que la juventud tenga un mejor acceso a información fiable, apoyar su capacidad para evaluar la información de manera crítica y entablar un diálogo participativo y constructivo.
Objetivos
Capacitar a los jóvenes para que sean usuarios y productores de información críticos y responsables.
Garantizar que las personas jóvenes tengan la capacidad de reconocer y denunciar noticias reiteradamente engañosas, así como de verificar la exactitud de las fuentes utilizadas.
Garantizar que las personas jóvenes tengan la capacidad de reconocer y denunciar la incitación al odio y la discriminación, tanto en línea como fuera de internet.
Garantizar que los jóvenes puedan entablar un diálogo respetuoso, tolerante y no violento, tanto en línea como fuera de internet.
Garantizar un fácil acceso a una información comprensible y cercana para jóvenes que siga códigos de ética y estándares de calidad.
Garantizar que los padres y los cuidadores, así como todas las personas involucradas en la educación y formación de las personas jóvenes, tengan competencias digitales y mediáticas, y que sean fuentes de información fiables para ellas.
5. SALUD MENTAL Y BIENESTAR
Contexto: Un número significativo y cada vez mayor de jóvenes en toda Europa expresan su preocupación por la prevalencia entre sus iguales de problemas de salud mental, como un elevado nivel de estrés, ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales. Los jóvenes mencionan las inmensas presiones sociales a las que se enfrentan hoy y expresan la necesidad de una mejor cobertura de salud mental para la juventud.
Meta: Lograr un mayor bienestar mental y acabar con la estigmatización de los problemas de salud mental, promoviendo así la inclusión social de todos los jóvenes.
Objetivos
Fomentar el desarrollo del autoconocimiento y de mentalidades menos competitivas fomentando el aprecio por las capacidades y fortalezas individuales.
Salvaguardar el derecho al trabajo y al estudio de las personas con problemas de salud mental durante la enfermedad y después de esta, a fin de garantizar que no tengan que renunciar a sus ambiciones.
Desarrollar un planteamiento interseccional inclusivo en lo que respecta a la cobertura de salud mental universal, en particular para los colectivos marginados.
Proporcionar a todos los profesionales que trabajan con jóvenes, así como a familiares y amistades, formación de calidad en primeros auxilios en el ámbito de la salud mental.
Ofrecer un tratamiento inclusivo, respetuoso y dotado de fondos suficientes incorporando una asistencia sanitaria de gran calidad en el ámbito de la salud mental en todas las instituciones médicas.
Centrarse en medidas de prevención que garanticen que las personas jóvenes estén equipadas con los conocimientos y las capacidades necesarios para un mayor bienestar mental.
Luchar contra el estigma de los problemas de salud mental mediante el desarrollo de programas de sensibilización.
6. IMPULSAR A LA JUVENTUD RURAL
Contexto: A pesar del compromiso de la UE con el desarrollo rural y teniendo en cuenta que en 2015 casi un tercio de la población de la UE vivía en zonas rurales, prevalecen diferencias entre la vida en zonas urbanas y rurales (4) . Por lo tanto, es importante garantizar la igualdad para las personas jóvenes en entornos urbanos y rurales.
Meta: Crear condiciones que permitan a los jóvenes aprovechar su potencial en las zonas rurales.
Objetivos
Asegurar una infraestructura adecuada en las zonas rurales para ofrecer una prestación equitativa en lo que respecta a los servicios públicos, la conectividad de datos y las oportunidades de vivienda para las personas jóvenes.
Garantizar la creación en las zonas rurales de puestos de trabajo sostenibles y de alta calidad, accesibles para las personas jóvenes.
Asegurar la descentralización de diferentes actividades por parte de los jóvenes, para ellos y con su colaboración, a fin de apoyar su inclusión y de beneficiar a las comunidades locales.
Garantizar que las personas jóvenes de las zonas rurales participen activamente en los procesos de toma de decisiones.
Garantizar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad para las personas jóvenes en las zonas rurales.
Dar una imagen positiva de las zonas rurales.
Asegurar la protección de las tradiciones rurales.
7. EMPLEO DE CALIDAD PARA TODOS
Contexto: Los elevados índices de desempleo juvenil, las condiciones de trabajo precarias y abusivas y la discriminación en el mercado laboral y en el lugar de trabajo son fuentes de sufrimiento para los jóvenes. La falta de información y de capacidades adecuadas para conseguir un empleo impiden a la juventud integrarse plenamente en el mercado laboral. Por lo tanto, deben tomarse medidas para garantizar un empleo de calidad para todos.
Meta: Garantizar un mercado laboral accesible con oportunidades que conduzcan a empleos de calidad para todos los jóvenes.
Objetivos
Crear empleos de calidad que garanticen condiciones de trabajo justas, derechos laborales y el derecho a un salario digno a todas las personas jóvenes.
Salvaguardar la protección social y la asistencia sanitaria para todos los trabajadores jóvenes.
Garantizar un trato justo y la igualdad de oportunidades para todas las personas jóvenes a fin de acabar con la discriminación en el mercado laboral.
Garantizar la igualdad de oportunidades para que todas las personas jóvenes puedan desarrollar las competencias necesarias y adquirir experiencia práctica, a fin de facilitar la transición de la educación al mercado laboral.
Garantizar el reconocimiento y la validación de las competencias adquiridas a través de prácticas, formaciones en centros de trabajo y otras formas de aprendizaje en el trabajo, así como de voluntariado y educación no formal.
Asegurar la participación de las personas jóvenes y las organizaciones juveniles como socios en pie de igualdad en el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas de empleo a todas las escalas.
Garantizar la igualdad de acceso a información de calidad y a unos mecanismos de apoyo adecuados para preparar a los jóvenes para un mercado laboral cambiante y el futuro del trabajo.
8. APRENDIZAJE DE CALIDAD
Contexto: La educación sigue siendo clave para una ciudadanía activa, una sociedad inclusiva y la empleabilidad. Por esta razón, debemos ampliar nuestra visión de la educación para el siglo xxi, centrándonos más en las capacidades transferibles, el aprendizaje centrado en el estudiante y la educación no formal, a fin de hacer realidad un acceso verdaderamente igualitario y universal al aprendizaje de calidad.
Meta: Integrar y mejorar las diferentes formas de aprendizaje y, así, preparar a la juventud para los desafíos de una vida en constante cambio en el siglo xxi.
Objetivos
Garantizar un acceso universal y equitativo a la educación de calidad y al aprendizaje permanente.
Garantizar que todas las personas jóvenes tengan acceso a una educación no formal dotada de fondos adecuados en todos los niveles, que sea reconocida y validada.
Promover la amplitud de miras y apoyar el desarrollo de capacidades interpersonales e interculturales.
Crear y aplicar métodos más personalizados, participativos y cooperativos, centrados en el alumno, en cada etapa del proceso educativo.
Garantizar que la educación proporcione a todas las personas jóvenes capacidades para la vida, tales como la administración del dinero y la educación sanitaria, en particular la salud reproductiva y sexual.
Incorporar, en entornos educativos tanto formales como no formales, métodos que permitan al alumnado desarrollar capacidades personales, en particular el pensamiento crítico y analítico, la creatividad y el aprendizaje.
Garantizar a la juventud un acceso a la educación para la ciudadanía, a fin de proporcionarles un conocimiento sólido de los sistemas políticos, la democracia y los derechos humanos, que también puede obtenerse a través de experiencias centradas en la comunidad, a fin de promover una participación civil activa.
9. ESPACIO Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS
Contexto: Pese a que su participación es crucial para la democracia, las personas jóvenes están infrarrepresentadas en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Necesitan acceder a espacios físicos en sus comunidades para apoyar su desarrollo personal, cultural y político.
Meta: Fortalecer la participación democrática y la autonomía de las personas jóvenes, así como proporcionar espacios dedicados a la juventud en todos los ámbitos de la sociedad.
Objetivos
Garantizar que las personas jóvenes puedan influir adecuadamente en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las partes de los procesos de toma de decisiones, desde la determinación de prioridades hasta su puesta en práctica, seguimiento y evaluación, a través de mecanismos y estructuras accesibles y cercanas para la juventud, garantizando así que las políticas respondan a las necesidades de las personas jóvenes.
Garantizar a todas las personas jóvenes, independientemente de su origen, el mismo acceso a la toma de decisiones diaria.
Incrementar la participación de la juventud y, por lo tanto, la representación equitativa en el proceso electoral, así como en los órganos electos y en otros órganos de toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad.
Proporcionar instalaciones e infraestructuras físicas dirigidas por jóvenes, llamadas «espacios juveniles», definidas por su autonomía, apertura y seguridad, accesibles para todos y que ofrezcan apoyo profesional para el desarrollo y oportunidades para la participación de las personas jóvenes.
Garantizar espacios juveniles virtuales seguros a los que todas las personas jóvenes puedan acceder, que brinden acceso a la información y los servicios y aseguren oportunidades para la participación de la juventud.
Asegurar una financiación sostenible, el reconocimiento común y el desarrollo de un trabajo en el ámbito de la juventud de calidad para fortalecer las organizaciones juveniles y su papel en la inclusión, la participación y la educación no formal.
Proporcionar información exhaustiva, pertinente y cercana para jóvenes, desarrollada por los jóvenes y con ellos, a fin de propiciar la participación de la juventud.
10. UNA EUROPA VERDE Y SOSTENIBLE
Contexto: Hoy en día consumimos de una manera insostenible para el medio ambiente. La sociedad debe actuar contra el cambio climático y las crecientes amenazas medioambientales. No obstante, nuestra sociedad no puede resolver un problema que no está dispuesta a reconocer. Por este motivo, todos, también los jóvenes, debemos comenzar a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y nuestro impacto en la vida de las generaciones futuras. Ser sostenible no es una elección, es una obligación.
Meta: Lograr una sociedad en la que todas las personas jóvenes sean activas, educadas y capaces de lograr un cambio en sus vidas cotidianas en materia medioambiental.
Objetivos
Asegurar que todos, incluidas las personas jóvenes, conozcan la repercusión de sus acciones en el medio ambiente.
Capacitar a toda la sociedad, especialmente a la juventud, para que actúe como agente de cambio para el desarrollo ambiental y sostenible.
Tener en cuenta el impacto ambiental de cada política y decisión de vida, mientras se asegura que los jóvenes estén incluidos en la formulación de políticas de desarrollo sostenible en todos los niveles.
Incrementar la cooperación internacional para eliminar la producción y el consumo dañinos para el medio ambiente.
Apoyar y mejorar las oportunidades para que los jóvenes sean voluntarios en el sector medioambiental.
Asegurar que todas las personas, especialmente las jóvenes, tengan acceso a una infraestructura ecológica para vivir un estilo de vida más sostenible.
Ampliar la investigación y la innovación en soluciones y tecnologías ecológicas.
11. PROGRAMAS EUROPEOS DE JUVENTUD Y ORGANIZACIONES JUVENILES
Contexto: Las organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud implican a millones de jóvenes y apoyan su ciudadanía activa y el desarrollo de sus habilidades para la vida. Sin embargo, las organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud siguen recibiendo una financiación insuficiente y careciendo de reconocimiento y accesibilidad.
Meta: Garantizar la igualdad de acceso para todos los jóvenes a las organizaciones juveniles y a los programas europeos de juventud, construyendo una sociedad basada en una identidad y unos valores europeos.
Objetivos
Asegurar la visibilidad y brindar información de calidad sobre las organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud a todos los jóvenes.
Asegurar recursos suficientes de los programas de la UE para que las organizaciones juveniles desarrollen proyectos y accedan a apoyo estructural para llevar a cabo sus misiones y apoyar su trabajo.
Asegurar que las organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud estén mejor conectados con el sistema educativo y se les reconozca como actores que fomentan las habilidades para la vida y la ciudadanía activa.
Aumentar la accesibilidad de los programas europeos de juventud, garantizar la simplificación de las gestiones administrativas para los jóvenes y proporcionar información de calidad y apoyo a todos los participantes y solicitantes.
Llegar a las personas jóvenes marginadas y apoyar su participación activa en las organizaciones juveniles, los movimientos juveniles y los programas de juventud de la UE.
Aumentar los recursos y ampliar la variedad de subvenciones y la diversidad de iniciativas disponibles para las organizaciones juveniles y los movimientos juveniles.
Garantizar la participación de los jóvenes en los procesos de gobernanza de los programas europeos de juventud.
(1) www.youthgoals.eu
Los iconos de las Metas de la Juventud, que pueden descargarse junto con el manual de diseño, son obra de Mireille van Bremen.
(2) Teniendo debidamente en cuenta la subsidiariedad, la expresión «todos los géneros» debe interpretarse de conformidad con la legislación nacional y de la Unión y con las circunstancias nacionales.
(3) El objetivo de la abreviatura «LGBTIQ+» es representar las identidades no heterosexuales o no binarias. Las letras L, G, B, T, I, y Q remiten a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, y el símbolo «+» indica que se trata de una lista no exhaustiva.
(4) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU
ANEXO 4
sobre el plan de trabajo para la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2021
Método de trabajo/instrumento
Objetivo y resultado indicativos
Metas de la Juventud relacionadas
Propuesto por
Resultados generales
Una vez al año
Plataforma de la Estrategia de la UE para la Juventud
Al menos una vez al año (con reuniones con las partes interesadas entre medias).
El informe de la Plataforma se difundirá a un público amplio.
Conectando la UE con los jóvenes
Sociedades inclusivas
Información y diálogo constructivo
Trío de Presidencias RO, FI, HR
Tema general: «Crear oportunidades para la juventud»
Mediados de 2019
Grupo de expertos en indicadores
Indicadores estratégicos que ayuden a supervisar los progresos en la aplicación de la Estrategia para la Juventud
Información y diálogo constructivo
Grupo de expertos en solidaridad transfronteriza
Recomendaciones estratégicas para contribuir a la revisión de la Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
Conectando la UE con los jóvenes
Programas europeos y organizaciones juveniles
DE, (COM)
2019 (primer semestre)
Conclusiones del Consejo sobre el aumento de la adaptabilidad de los jóvenes a los retos del futuro del trabajo
Empleo de calidad para todos
Aprendizaje de calidad
2019 (primer semestre)
Conferencia/Seminario sobre la igualdad de acceso al empleo de calidad para los jóvenes
Recomendaciones estratégicas elaboradas con los jóvenes sobre cómo facilitar su inserción en el mercado laboral
Empleo de calidad para todos
Información y diálogo constructivo
2019 (primer semestre)
Proyecto piloto Delegado de la Juventud Europea
Proyecto piloto por el que representantes de la juventud del país que ejerza la Presidencia podrán participar en la realización o la promoción de actividades de la Presidencia en el ámbito de la juventud, tanto a escala nacional como de la UE.
Información y diálogo constructivo
Espacios y participación para todos
2019 (segundo semestre)
Conclusiones del Consejo sobre educación y formación de los trabajadores en el ámbito de la juventud
Adopción por el Consejo
Promoción de la calidad del trabajo con jóvenes mediante la educación y la formación de los trabajadores en el ámbito de la juventud
Espacios y participación para todos
Información y diálogo constructivo
Aprendizaje de calidad
2019 (segundo semestre)
Conclusiones del Consejo sobre el trabajo digital en el ámbito de la juventud
Adopción por el Consejo
Favorecer la interpretación común y el desarrollo estratégico del trabajo digital en el ámbito de la juventud
Espacios y participación para todos
Información y diálogo constructivo
Sociedades inclusivas
Desarrollo de un curso en línea sobre el trabajo con jóvenes
Curso en línea sobre el trabajo con jóvenes
Mayor difusión del manual «Mejorar el trabajo en el ámbito de la juventud, una guía para desarrollar la calidad» (2017)
Mayor difusión del informe del grupo de expertos «Desarrollar el trabajo digital en el ámbito de la juventud» (2018)
Espacios y participación para todos
Información y diálogo constructivo
Actividad de aprendizaje entre iguales sobre planteamientos intersectoriales en el trabajo con jóvenes
Compendio de ejemplos de buenas prácticas
Estudio para proponer un conjunto de instrumentos sobre políticas de juventud que llegue al nivel de base
Desarrollo de un conjunto de instrumentos prácticos que aborden las necesidades de los jóvenes destinado a los responsables políticos locales y regionales, con especial atención a las asociaciones intersectoriales
Espacios y participación para todos
Grupo de expertos sobre un planteamiento de las políticas de juventud basado en los derechos
Recomendaciones estratégicas sobre la promoción de un planteamiento de la juventud basado en los derechos
Empleo de calidad para todos
Espacios y participación para todos
Actividad de aprendizaje entre iguales
Posible proyecto conjunto con el Comité de las Regiones
Gobernanza multinivel y participación
Reforzar la gobernanza multinivel al fomentar la participación de los jóvenes en los procesos políticos y otros procesos de toma de decisiones a escala local, regional, nacional y europea
Espacios y participación para todos
2020 (primer semestre)
(pos.) Conclusiones del Consejo sobre el trabajo en el ámbito de la juventud en las zonas rurales y la promoción de la solidaridad intergeneracional
Impulsar a la juventud rural
Sociedades inclusivas
2020 (primer semestre)
(pos.) Conclusiones del Consejo sobre el fomento del trabajo en el ámbito de la juventud mediante la sensibilización del sector de la juventud a través de la información y la mejora de los recursos
Espacios y participación para todos
2020 (primer semestre)
(pos.) tema para la reunión DG: Promover el emprendimiento social entre los jóvenes
Empleo de calidad para todos
Sociedades inclusivas
Trío de Presidencias DE, PT, SI
2020 (segundo semestre)
Actualización de la Recomendación del Consejo de 2008 sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
Adopción por el Consejo
Reforzar el potencial de los programas europeos de juventud sensibilizando a los jóvenes y ayudándolos a crear una comunidad
Espacios y participación para todos
Conectando la UE con los jóvenes
Programas europeos y organizaciones juveniles
DE, (COM)
2020 (segundo semestre)
Resolución del Consejo «Agenda sobre el trabajo en el ámbito de la juventud» (plazo de acuerdo con la versión definitiva de la Estrategia de la UE para la Juventud)
Adopción por el Consejo
Resumen/Fusión/Consolidación de actuaciones y resoluciones relativas al trabajo en el ámbito de la juventud en Europa e identificación de sinergias en la cooperación con el Consejo de Europa.
Programas europeos y organizaciones juveniles
Espacios y participación para todos
Dic. 2020
Tercera Convención Europea sobre el Trabajo en el ámbito de la Juventud
Inicio del proceso de aplicación de la agenda europea sobre el trabajo en el ámbito de la juventud y la recomendación del Consejo de Europa sobre el trabajo en el ámbito de la juventud.
Programas europeos y organizaciones juveniles
Espacios y participación para todos
2020 (segundo semestre)
Conclusiones del Consejo sobre juventud y democracia
Adopción por el Consejo
Conectando la UE con los jóvenes
Espacios y participación para todos
2020 (segundo semestre)
(pos.) Reunión conjunta DG y jefes de las agencias nacionales de Erasmus+ La juventud en acción/Cuerpo Europeo de Solidaridad
Debate sobre la contribución de los nuevos programas de juventud de la UE que comiencen en 2021 para alcanzar los objetivos políticos de la política de juventud de la UE.
Programas europeos y organizaciones juveniles
2020 o 2021
(pos.) Ejercicio de aprendizaje entre iguales sobre el trabajo digital en el ámbito de la juventud
Espacios y participación para todos
Información y diálogo constructivo
2020-2021
Actividades de aprendizaje entre iguales sobre actividades solidarias nacionales
Actividades de aprendizaje entre iguales para intercambiar actividades de buenas prácticas
Conectando la UE con los jóvenes
Programas europeos y organizaciones juveniles
Mayo de 2021
Seminario internacional
Educación no formal e informal como herramienta para trabajar con los jóvenes en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(pos.) Conclusiones de la Presidencia
Una Europa verde y sostenible
Aprendizaje de calidad
2021 (primer semestre)
(pos.) Conclusiones del Consejo sobre la garantía de un planteamiento de las políticas de juventud basado en los derechos
Adopción por el Consejo
(teniendo en cuenta las Conclusiones del Consejo sobre el fomento del acceso a los derechos por parte de los jóvenes, con el fin de propiciar su autonomía y su participación en la sociedad civil, de 12 de diciembre de 2014)
Empleo de calidad para todos
Espacios y participación para todos
2021 (primer semestre)
(pos.) Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la gobernanza multinivel al fomentar la participación de los jóvenes en los procesos políticos y otros procesos de toma de decisiones a escala local, regional, nacional y europea
Adopción por el Consejo
Con ocasión del décimo aniversario de la Resolución del Consejo relativa al fomento de formas de participación nuevas y efectivas de todos los jóvenes en la vida democrática de Europa
Espacios y participación para todos
Conectando la UE con los jóvenes
Actividad de aprendizaje entre iguales sobre modos innovadores de financiar el trabajo en el ámbito de la juventud
Compendio de ejemplos de buenas prácticas
Espacios y participación para todos
2021 (segundo semestre)
Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud
Informe sobre los progresos realizados en el período 2019-2021 en la aplicación de la Estrategia para la Juventud, en particular del plan de trabajo trienal
SI, (COM)
2021 (segundo semestre)
Plan de trabajo 2022-2024
2021 (segundo semestre)
Diálogo de la UE con la Juventud, Conclusiones del Consejo |
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 10, apartado 4,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1), y en particular su artículo 25, apartado 1,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3) (en lo sucesivo, «normas de desarrollo del Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE, Euratom) 2015/2401, de 2 de octubre de 2015, sobre el contenido y el funcionamiento del Registro de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (4),
Visto el Reglamento interno del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Reglamento interno»), y en particular su artículo 25, apartado 11, y su artículo 223 bis,
Considerando lo siguiente:
(1) Es necesario establecer los procedimientos de ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014,
(2) Por razones de buena gestión financiera y transparencia, toda solicitud de financiación estará sujeta a una decisión de la Mesa que se notificará al destinatario y será motivada cuando la medida afecte negativamente a dicho destinatario,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN
Artículo 1
La presente Decisión establece los procedimientos aplicables para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
A menos que se disponga de otro modo, la presente Decisión se aplicará a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas.
Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de la misma.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «solicitante» un partido o fundación que presenta una solicitud de financiación de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, tras la convocatoria de contribuciones o de propuestas;
2) «ordenador delegado» el miembro del personal en el que se delegan las facultades del ordenador de conformidad con la Decisión de la Mesa de 16 de junio de 2014 (5) y la decisión aplicable del secretario general relativa a la delegación de competencias al ordenador;
3) «autoridad» la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas establecida en el artículo 6 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
4) «beneficiario» el partido al que se le ha concedido una contribución o la fundación a la que se le ha concedido una subvención de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
5) «importe final de la financiación» el importe final de la contribución, en el caso de los partidos, o el importe final de la subvención, en el caso de las fundaciones, que determina la Mesa tras su decisión sobre el informe anual;
6) «fundación» una fundación política europea en el sentido del artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
7) «financiación» una contribución en el sentido del título VIII de la segunda parte del Reglamento Financiero (en el caso de los partidos) o una subvención de administración en el sentido del título VI de la primera parte del Reglamento Financiero (en el caso de las fundaciones);
8) «decisión de financiación» la decisión sobre la concesión de una contribución a un partido o una subvención a una fundación de conformidad con las condiciones establecidas en la convocatoria;
9) «procedimiento de financiación» el procedimiento que se desarrolla desde la presentación de las solicitudes hasta la aprobación del informe anual y la adopción de la decisión sobre el importe definitivo de la financiación;
10) «partido» un partido político europeo en el sentido del artículo 2, punto 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo 3
Convocatorias
1. Tras la correspondiente aprobación de la Mesa, el ordenador delegado se encargará de publicar una convocatoria de contribuciones para los partidos y una convocatoria de propuestas para las fundaciones (en lo sucesivo, «convocatorias»).
2. Las convocatorias fijarán el plazo para que los partidos y las fundaciones presenten al Parlamento Europeo sus solicitudes de financiación por escrito.
3. En las convocatorias se especificarán los siguientes extremos:
a) los objetivos perseguidos;
b) el marco jurídico;
c) el calendario del procedimiento de financiación;
d) las modalidades de financiación de la Unión;
e) los criterios de admisión y de exclusión;
f) únicamente en el caso de las fundaciones, los criterios de selección;
g) los criterios de concesión, tal como se especifican en el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
h) un formulario de solicitud y la estructura del presupuesto estimado que el solicitante tiene que facilitar con su solicitud;
i) en su caso, una lista los documentos justificativos que se requieran;
j) las condiciones generales y especiales, aprobadas por la Mesa, para la concesión de contribuciones y subvenciones.
4. La convocatoria de contribuciones o la propuesta de contribuciones especificará que, para que la solicitud sea admisible, cada solicitante debe comprometerse expresamente y por escrito a cumplir las condiciones aplicables.
Artículo 4
Solicitud de financiación
1. De conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el solicitante que desee recibir financiación con cargo al presupuesto general de la Unión presentará una solicitud por escrito al presidente del Parlamento Europeo.
2. El ordenador delegado podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo razonable, otros documentos justificativos o aclaraciones en relación con la solicitud.
Artículo 5
Decisión sobre la solicitud de financiación
1. Sobre la base de una propuesta del secretario general, la Mesa adoptará, en el plazo de tres meses a partir del cierre de la correspondiente convocatoria, una decisión respecto a las solicitudes de financiación, previa comprobación del cumplimiento de los criterios establecidos en los artículos 17 y 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y a los que se refiere el artículo 3, apartado 3, de la presente Decisión. La Mesa deberá tener en cuenta los cambios que se hayan producido en la situación del solicitante tras la presentación de la solicitud de financiación.
2. Cuando se apruebe una solicitud, la Mesa adoptará una decisión de financiación con arreglo al modelo establecido en el anexo 1a (en el caso de los partidos) o el anexo 1b (en el caso de las fundaciones), en la que se determinará el importe asignado al solicitante.
3. En caso de denegarse una solicitud, la decisión indicará los motivos de la denegación.
4. El importe de la financiación se determinará de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y tendrá un carácter meramente indicativo en esta fase. El importe final de la financiación se determinará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 8 de la presente Decisión.
5. En el supuesto de que los importes por solicitante difieran significativamente de los previstos en el momento de la publicación de las convocatorias a que se refiere el artículo 3 de la presente Decisión, la Mesa podrá instar al presidente del Parlamento Europeo a que presente una propuesta a la comisión competente para esta que adapte los créditos disponibles.
Artículo 6
1. La financiación se abonará a los beneficiarios en forma de prefinanciación, tal como se indica en las condiciones especiales recogidas en los Anexos 1a (para los partidos) y 1b (para las fundaciones). Salvo que la Mesa lo decida de otro modo en casos debidamente justificados, la prefinanciación se abonará en un único tramo del 100 % del importe máximo de la financiación.
2. En función del caso concreto y previa realización de un análisis de riesgos, la Mesa podrá decidir exigir al beneficiario la constitución de una garantía de prefinanciación de conformidad con el Reglamento Financiero.
3. Las disposiciones sobre pagos y sus plazos se especificarán en la decisión de financiación.
Artículo 7
Auditoría externa
1. El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, letra b), del referido Reglamento.
2. El alcance de la auditoría externa se especifica en el artículo 23, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. El propósito de la auditoría externa se detalla en las disposiciones aplicables de la Parte B de las condiciones generales del Anexos 1a (para los partidos) y en la Parte B de las condiciones generales del Anexo 1b (para las fundaciones).
Artículo 8
Decisión sobre el informe anual y el importe definitivo de la financiación
1. Sobre la base de una propuesta del secretario general, la Mesa aprobará o rechazará el informe anual a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al ejercicio financiero al que se refiere el informe anual.
2. La Mesa o el ordenador delegado podrán pedir al beneficiario que facilite información adicional con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables.
3. En caso de que la Mesa o el ordenador delegado soliciten esa información adicional, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que se haya recibido y evaluado la información adicional.
4. En el caso de los partidos, la Mesa determinará cada año, sobre la base del informe anual, el importe de los gastos reembolsables. En caso de prórroga al ejercicio siguiente de financiación no gastada, el importe definitivo de la financiación se determinará de conformidad con lo dispuesto en la Parte B de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a.
5. En el caso de las fundaciones, el importe final de la subvención se determinará sobre la base del informe anual.
6. El importe final de la financiación no podrá exceder:
a) del importe máximo de la financiación establecido en la decisión de financiación;
b) del 90 % de los costes anuales reembolsables indicados en el presupuesto de un partido político europeo y del 95 % de los costes admisibles en que haya incurrido una fundación política europea.
7. Sobre la base del importe final de la financiación determinado de conformidad con los apartados 4 a 6, y de los pagos de prefinanciación realizados previamente en virtud de la decisión de financiación, el ordenador delegado determinará los importes adeudados al beneficiario o al Parlamento Europeo.
8. El importe definitivo de la financiación se determinará sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de efectuar controles ex post de conformidad con lo dispuesto en la Parte B de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y en la Parte B de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones) y de la posibilidad de ajustar el importe definitivo de la financiación con carácter retroactivo.
9. Las decisiones adoptadas con arreglo al presente artículo se notificarán al beneficiario como una decisión uniforme, de conformidad con el artículo 223 bis, apartado 1, del Reglamento interno.
10. El procedimiento aplicable para la aprobación del informe anual y la adopción de la decisión sobre el importe definitivo de la financiación se detalla en la Parte B de las condiciones generales del Anexo 1a (para los partidos) y en la Parte B de las condiciones generales del Anexo 1b (para las fundaciones).
11. La Mesa o el ordenador delegado podrán consultar a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 9, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, al objeto de solicitar la información adicional que consideren pertinente para la aprobación del informe anual para la adopción de la decisión sobre el importe definitivo de la financiación.
Artículo 9
Procedimiento de suspensión
1. De conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento Financiero y de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, suspender el pago de la financiación a un partido político o fundación política, así como reanudar el pago cuando desaparezcan los motivos para la suspensión. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 223 bis, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
Artículo 10
Revocación de la decisión de financiación
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular en su artículo 30, y con las disposiciones aplicables del Reglamento financiero, de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, revocar la decisión de financiación. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 223 bis, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
3. El ordenador delegado tendrá la facultad de emitir las preceptivas órdenes de cobro.
Artículo 11
Anulación de la decisión de financiación
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, en particular en sus artículos 27 y 30, y con las disposiciones aplicables del Reglamento financiero, de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y de la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, anular la decisión de financiación. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1a (para los partidos) y en la Parte A de las condiciones generales establecidas en el Anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 223 bis, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
3. El ordenador delegado tendrá la facultad de emitir las preceptivas órdenes de cobro.
Artículo 12
Control
La decisión de financiación establecerá expresamente las facultades del Parlamento Europeo y de otras autoridades competentes al ejercer frente al beneficiario sus competencias de control, tal como se contemplan en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo 13
Asistencia técnica
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, los beneficiarios podrán solicitar asistencia técnica de conformidad con la Decisión de la Mesa, de 14 de marzo de 2000, sobre la Reglamentación relativa a la utilización de los locales del Parlamento Europeo por usuarios externos, en su versión modificada, así como cualquier otro tipo de asistencia técnica que se prevea en reglamentaciones aprobadas posteriormente por la Mesa. La Mesa podrá delegar en el secretario general las decisiones relativas a la asistencia técnica.
Artículo 14
Derecho a ser oído
En los casos en los que, en virtud de la decisión de financiación aplicable, incluidas sus condiciones generales y especiales, el beneficiario o una persona física de conformidad con el artículo 27 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho, previamente a cualquier decisión del Parlamento, a formular observaciones, el beneficiario o la persona física en cuestión deberá disponer de un plazo de diez días hábiles para formular observaciones por escrito, salvo que se disponga de otro modo en las normas aplicables. A petición motivada del beneficiario o de la persona física en cuestión, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
Artículo 15
Derogación y entrada en vigor
1. Queda derogada la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2017 (6) a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión. No obstante, seguirá aplicándose en lo relativo a los actos y compromisos relacionados con la financiación de partidos políticos y fundaciones políticas a escala europea para el ejercicio 2018.
2. La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 16
Publicación
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio de internet del Parlamento Europeo.
Anexos - Modelos de decisiones de financiación
Anexo 1a — Modelo de decisión sobre contribución - partido
Anexo 1b — Modelo de decisión sobre subvención - fundación
(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(3) DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
(4) DO L 333 de 19.12.2015, p. 50.
(5) Decisión de la Mesa de 16 de junio de 2014 relativa a las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo.
(6) DO C 205 de 29.6.2017, p. 2.
ANEXO 1a
[MODELO] DECISIÓN SOBRE CONTRIBUCIÓN — PARTIDO
NÚMERO: …[INSÉRTESE]…
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 10, apartado 4,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1), y en particular su artículo 25, apartado 1,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3) (en lo sucesivo, «normas de desarrollo del Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE, Euratom) 2015/2401, de 2 de octubre de 2015, sobre el contenido y el funcionamiento del Registro de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (4),
Visto el Reglamento del Parlamento Europeo, y en particular su artículo 25, apartado 11,
Vista la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 28 de mayo de 2018, por la que se establecen los procedimientos para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (5),
Vistas las condiciones establecidas por el Parlamento Europeo en la convocatoria de contribuciones con vistas a la concesión de subvenciones a los partidos políticos a escala europea,
Considerando lo siguiente:
El artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea establece que los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión;
La presente Decisión es el resultado de una convocatoria de propuestas por la que se informó a los solicitantes sobre el modelo de Decisión de financiación, incluidas las condiciones;
[el beneficiario] ha presentado una solicitud de financiación con fecha [fecha de recepción por el Parlamento Europeo] y ha aceptado expresamente las condiciones de la Decisión de financiación;
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA EXAMINADO la solicitud en su reunión del [fecha] y HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Se conceden contribuciones financieras directas en el sentido del artículo 204 bis del Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «financiación») a:
[denominación oficial completa del beneficiario]
[forma jurídica oficial]
[n.o de registro]
[dirección oficial completa]
[número de IVA],
(«el beneficiario»),
que, a los efectos de la presente Decisión de financiación, está representado por:
…[representante habilitado para contraer compromisos jurídicos]…,
para apoyar las actividades y los objetivos estatutarios del beneficiario,
en las condiciones que se establecen en la convocatoria de contribuciones y en la presente Decisión de contribución (en lo sucesivo, «Decisión de financiación»), incluidas sus Condiciones Especiales, las Condiciones Generales y el presupuesto estimado en el anexo que forma parte integrante de la presente Decisión de financiación.
Los términos de las Condiciones Especiales prevalecerán sobre los de las demás partes de la presente Decisión. Los términos de las Condiciones Generales prevalecerán sobre los del anexo.
CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 –
OBJETO DE LA DECISIÓN
ARTÍCULO I.2 –
PERÍODO DE ADMISIÓN
ARTÍCULO I.3 –
FORMA DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.4 –
IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.5 –
PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
Prefinanciación
Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
ARTÍCULO I.6 –
CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO I.7 –
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
ARTÍCULO I.8 –
ENTRADA EN VIGOR DE LA DECISIÓN
CONDICIONES GENERALES
PARTE A:
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 –
DEFINICIONES
ARTÍCULO II.2 –
OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
ARTÍCULO II.3 –
OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO II.4 –
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTÍCULO II.5 –
CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO II.6 –
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
ARTÍCULO II.7 –
REGISTROS
ARTÍCULO II.8 –
VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
Información sobre la financiación de la Unión
Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Publicación de información por el Parlamento Europeo
ARTÍCULO II.9 –
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
Principios
Registros
Control
Responsabilidad
ARTÍCULO II.10 –
FUERZA MAYOR
ARTÍCULO II.11 –
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.11.1
Motivos de suspensión
II.11.2
Procedimiento de suspensión
II.11.3
Efectos de la suspensión
II.11.4
Reanudación del pago
ARTÍCULO II.12 –
REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.12.1
Motivos de revocación
II.12.2
Procedimiento de revocación
II.12.3
Efectos de la revocación
ARTÍCULO II.13 –
ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.13.1
Anulación a petición del beneficiario
II.13.2
Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.13.3
Efectos de la anulación
ARTÍCULO II.14 –
ARTÍCULO II.15 –
INTERESES DE DEMORA
ARTÍCULO II.16 –
DERECHO APLICABLE
ARTÍCULO II.17 –
DERECHO A SER OÍDO
PARTE B:
DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.18 –
GASTOS REEMBOLSABLES
II.18.1
Condiciones
II.18.2
Ejemplos de gastos reembolsables
ARTÍCULO II.19 –
GASTOS NO REEMBOLSABLES
ARTÍCULO II.20 –
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
ARTÍCULO II.21 –
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
ARTÍCULO II.22 –
OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.22.1
Informe anual
II.22.2
Informe de auditoría externa
ARTÍCULO II.23 –
DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
ARTÍCULO II.24 –
DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.24.1
Impacto del informe anual
II.24.2
II.24.3
Prórroga de financiación no gastada
II.24.4
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.24.5
Recuperación de financiación no gastada
II.24.6
Saldo de la financiación
II.24.7
Excedente de recursos propios
ARTÍCULO II.25 –
INTERESES SOBRE LA PREFINANCIACIÓN
ARTÍCULO II.26 –
RECUPERACIÓN
II.26.1
Intereses de demora
II.26.2
Compensación
II.26.3
Gastos bancarios
ARTÍCULO II.27 –
GARANTÍA FINANCIERA
ARTÍCULO II.28 –
CONTROL
II.28.1
Disposiciones generales
II.28.2
Obligación de conservar los documentos
II.28.3
Obligación de facilitar documentos e información
II.28.4
Visitas in situ
II.28.5
Procedimiento de auditoría contradictorio
II.28.6
Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
II.28.7
Facultades de control de la OLAF
II.28.8
Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
II.28.9
Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a
ANEXO –
PRESUPUESTO ESTIMADO
I. CONDICIONES ESPECIALES
Artículo I.1
Objeto de la Decisión
El Parlamento Europeo concede financiación para la realización de las actividades y objetivos estatutarios del beneficiario durante el ejercicio [insértese], de conformidad con las condiciones establecidas en las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales (en lo sucesivo, «condiciones»), así como con el anexo a la Decisión de financiación. Esto constituye la aplicación de la Decisión de financiación por el Parlamento Europeo.
El beneficiario utilizará la financiación para la ejecución de sus actividades y objetivos estatutarios, bajo su propia responsabilidad y con arreglo a las condiciones y el anexo a la Decisión de financiación. Esto constituye la aplicación de la Decisión de financiación por el Parlamento Europeo.
Artículo I.2
Período de admisión
El período de admisión para la obtención de financiación de la Unión estará comprendido entre el [insértese DD/MM/AA] y el [insértese DD/MM/AA].
Artículo I.3
Forma de financiación
Las contribuciones concedidas al beneficiario de conformidad con la parte II, título VIII, del Reglamento Financiero revestirán la forma de reembolso de un porcentaje de los gastos reembolsables en que efectivamente se haya incurrido.
Artículo I.4
Importe (máximo) provisional de financiación
El Parlamento Europeo se hará cargo de un importe máximo de [indíquese el importe] euros, que no podrá superar el 90 % de los gastos reembolsables totales estimados.
Los gastos reembolsables estimados del beneficiario se establecen en el anexo («presupuesto estimado»). Las estimaciones presupuestarias estarán equilibradas y recogerán el conjunto de los gastos e ingresos del beneficiario para el período de admisión. Los gastos reembolsables se separarán de los gastos no reembolsables de conformidad con el artículo II.18.
Artículo I.5
Pagos y modalidades de pago
La financiación se abonará de conformidad con el calendario y las normas siguientes.
I.5.1 Prefinanciación
El pago de prefinanciación de [indíquese el importe] euros, que representa el [100 % por defecto; en caso contrario indíquese el porcentaje decidido por el Parlamento Europeo] del importe máximo de financiación establecido en el artículo I.4 de la presente Decisión de financiación, se abonará al beneficiario en los treinta días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Decisión de financiación o, en su caso, a partir de la fecha en la que el Parlamento Europeo reciba la garantía financiera por un importe de [indíquese el importe, en su caso] euros, si esta fecha es posterior.
I.5.2 Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
El saldo de financiación se abonará al beneficiario, y cualquier prefinanciación indebidamente pagada deberá ser recuperada dentro de los treinta días siguientes a la decisión del Parlamento Europeo sobre el informe anual y la determinación del importe final de la financiación, tal como se especifica en el artículo II.24.
I.5.3 Moneda
Los pagos serán efectuados por el Parlamento Europeo en euros. La conversión eventual de los gastos reales en euros se realizará tomando como base el tipo de cambio del día publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea o, en su defecto, el índice contable mensual fijado por el Parlamento Europeo y publicado en su sitio internet, el día de la emisión de la orden de pago por parte del Parlamento Europeo, salvo que las Condiciones Especiales lo dispongan expresamente de otro modo.
Los pagos del Parlamento Europeo se considerarán efectuados en la fecha de su inscripción en el debe de la cuenta del Parlamento Europeo.
Artículo I.6
Cuenta bancaria
Los pagos se efectuarán en una cuenta o subcuenta bancaria del beneficiario abierta en euros en un banco establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, cuyos datos figuran a continuación:
Nombre del banco: […]
Dirección de la agencia bancaria: […]
Denominación exacta del titular de la cuenta: […]
Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]
Código IBAN de la cuenta: […]
Código BIC / SWIFT: […]
Artículo I.7
Disposiciones administrativas generales
Toda comunicación dirigida al Parlamento Europeo en el marco de la Decisión de financiación habrá de cursarse por escrito, mencionar el número de la Decisión de financiación y enviarse a la siguiente dirección:
Parlamento Europeo
El Presidente
c/o Director general de Finanzas
Oficina SCH 05B031
L-2929 Luxemburgo
Se considerará que la fecha de recepción del correo ordinario por el Parlamento Europeo es aquella en la que el Servicio de Correo del Parlamento lo haya registrado formalmente.
La Decisión de financiación se remitirá al beneficiario, a la siguiente dirección:
Sr. / Sra. […]
[Cargo]
[Denominación oficial del organismo beneficiario]
[Dirección oficial completa]
Se comunicará al Parlamento Europeo por escrito y sin demora cualquier cambio de dirección del beneficiario.
Artículo I.8
Entrada en vigor de la Decisión
La Decisión de financiación entrará en vigor en la fecha de su firma en nombre del Parlamento Europeo.
II. CONDICIONES GENERALES
PARTE A: DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Artículo II.1
Definiciones
A los efectos de la presente Decisión de financiación, se entenderá por:
«informe de actividades»: la justificación por escrito de los gastos en que se incurra durante el período de admisión. Por ejemplo, una explicación sobre las actividades, los gastos administrativos, etc. El informe de actividades forma parte del informe anual;
«informe anual»: un informe que debe presentarse en el plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y el artículo 2041 del Reglamento Financiero;
«saldo de la financiación»: la diferencia entre el importe de prefinanciación según lo previsto en el artículo I.5.1 y el importe definitivo de la financiación determinado con arreglo al artículo II.24.4.
«liquidación de la prefinanciación»: una situación en la que el ordenador de pagos establece el importe final de la financiación, y el importe abonado al beneficiario ya no es propiedad de la Unión;
«conflicto de intereses»: una situación en que la ejecución de la Decisión de financiación de manera imparcial y objetiva por parte del beneficiario se ve comprometida por razones familiares, afectivas, de afinidad nacional, intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido con un tercero que guarde relación con el objeto de la Decisión de financiación. la afinidad política no constituye, en principio, motivo de conflicto de intereses en el caso de acuerdos celebrados entre el partido político y organizaciones con los mismos valores políticos. No obstante, en caso de tal acuerdo, deberá cumplirse el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«contribuciones en especie» u «ofertas en especie»: recursos no financieros, aportados de manera gratuita por terceros al beneficiario, de conformidad con el artículo 2, apartados 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«ejercicio financiero N» o «periodo de admisión»: el período de ejecución de las actividades para las que la financiación se había concedido en virtud de la Decisión de financiación, como se especifica en el artículo I.2;
«fuerza mayor»: cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno al control del beneficiario o del Parlamento Europeo que impida a cualquiera de ellos cumplir alguna de sus obligaciones en virtud de la Decisión de financiación, que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades afiliadas o terceros que reciban apoyo financiero y que resulte inevitable a pesar de haber actuado ambos con la debida diligencia. No podrán invocarse como casos de fuerza mayor: los conflictos laborales, las huelgas, los problemas financieros o las carencias del servicio, los defectos del equipo o material o los retrasos en su disponibilidad, a menos que deriven directamente de un caso claro de fuerza mayor;
«notificación oficial»: la comunicación escrita transmitida por correo postal o electrónico con acuse de recibo;
«fraude»: cualquier acto deliberado u omisión que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, o el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información;
«financiación»: las «contribuciones financieras directas» en el sentido de la parte segunda, título VIII, del Reglamento Financiero y del capítulo IV del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«irregularidad»: toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión que resulte de un acto u omisión del beneficiario que tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto de la Unión;
«recursos propios»: cualquier fuente externa de financiación distinta de la financiación de la Unión; Por ejemplo: las donaciones, las aportaciones de los miembros (tal como se definen en el artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014), etc.;
«persona relacionada»: cualquier persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar decisiones en su nombre;
«error sustancial»: cualquier infracción de una disposición de la Decisión de financiación que resulte de un acto u omisión que acarree o pueda acarrear un perjuicio al presupuesto de la Unión Europea.
Artículo II.2
Obligaciones generales del beneficiario
El beneficiario:
será el único responsable y asumirá la carga de la prueba del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban;
habrá de reparar cualquier perjuicio sufrido por el Parlamento Europeo como consecuencia de la ejecución, incluida la mala ejecución de la Decisión de financiación, salvo en los casos de fuerza mayor;
será el único responsable frente a terceros, incluso en el caso de daños de todo tipo que se pudieran causar en la ejecución de la Decisión de financiación;
informará al Parlamento Europeo inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal.
adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses.
Artículo II.3
Obligaciones vinculadas a la cuenta bancaria
La cuenta o subcuenta a que se refiere el artículo I.6 deberá permitir la identificación de los fondos abonados por el Parlamento Europeo y debe estar reservada exclusivamente para la recepción de los importes a que se refiere el artículo I.5 abonados por el Parlamento Europeo.
Cuando los importes abonados en esa cuenta como prefinanciación devenguen intereses u otros beneficios equivalentes según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto la cuenta, el Parlamento Europeo recuperará tales intereses u otros beneficios sujetos a las condiciones establecidas en el artículo II.25, de conformidad con el artículo 204 duodecies, apartado 5, del Reglamento Financiero.
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán los importes abonados por el Parlamento Europeo con fines especulativos.
La prefinanciación continuará siendo propiedad de la Unión hasta que sea deducida del importe final de la financiación.
Artículo II.4
Responsabilidad por daños y perjuicios
El Parlamento Europeo no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados o sufridos por el beneficiario, incluidos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución de la presente Decisión de financiación o durante dicha ejecución.
Salvo en casos de fuerza mayor, el beneficiario o la persona relacionada con él indemnizarán al Parlamento Europeo por los perjuicios que sufra como consecuencia de la ejecución de la Decisión de financiación o porque la Decisión de financiación no se ha aplicado respetando plenamente sus disposiciones.
Artículo II.5
Confidencialidad
Salvo que se especifique de otro modo en la presente Decisión de financiación, en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en otros actos jurídicos de la Unión aplicables, el Parlamento Europeo y el beneficiario se comprometerán a preservar la confidencialidad de todo documento, información u otro material que esté directamente relacionado con el objeto de la presente Decisión de financiación.
Artículo II.6
Tratamiento de los datos personales
Todos los datos personales recopilados en el contexto de la Decisión de financiación se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en Reglamento (CE) n.o 45/2001 (6).
Esos datos se tratarán únicamente a los efectos de la ejecución y el seguimiento de la Decisión de financiación, sin perjuicio de que puedan ser comunicados a los órganos responsables de las labores de control y auditoría de conformidad con el Derecho de la Unión.
Artículo II.7
Registros
De conformidad con el artículo 204 sexdecies del Reglamento Financiero, el beneficiario conservará todos los registros y documentos justificativos relativos a la ejecución de la Decisión de financiación por un período de cinco años a partir de la presentación del informe anual y de los estados financieros anuales a que se refiere el artículo 204 terdecies, apartado 1, del Reglamento Financiero.
Los registros relativos a las auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones derivados de la utilización de la financiación se conservarán hasta el final de tales auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones.
Artículo II.8
Visibilidad de la financiación de la Unión
II.8.1 Información sobre la financiación de la Unión
A menos que el Parlamento Europeo lo solicite o acuerde de otro modo, cualquier comunicación o publicación del beneficiario relativa a la Decisión de financiación, incluidas las realizadas en una conferencia, seminario o en cualquier material informativo o de promoción (como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, en formato electrónico, etc.), deberá indicar que el programa ha recibido ayuda financiera del Parlamento Europeo.
II.8.2 Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Toda comunicación o publicación del beneficiario, sea cual sea la forma que adopte y el soporte utilizado, deberá indicar que solo refleja las opiniones de su autor y que el Parlamento Europeo no es responsable de la utilización que se haga de las informaciones contenidas en dicha comunicación o publicación.
II.8.3 Publicación de información por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo publica en una página web la información que se especifica en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo II.9
Adjudicación de contratos por el beneficiario
II.9.1 Principios
De conformidad con el artículo 204 ter, apartado 2, del Reglamento Financiero, las contribuciones podrán utilizarse para el reembolso de gastos relativos a contratos concluidos por el beneficiario, siempre que no haya conflictos de intereses en el momento de su concesión.
Cuando se trate de contratos de cuantía superior a los 60 000 EUR por proveedor, por año y por bien o servicio, el beneficiario examinará al menos tres ofertas recibidas en respuesta a una licitación por escrito en la que se habrán detallado los requisitos del procedimiento de contratación. La duración de los contratos no superará los cinco años.
En el caso de que se presenten menos de tres ofertas a la licitación por escrito, el beneficiario deberá demostrar que fue imposible obtener más ofertas para el procedimiento de contratación en cuestión.
II.9.2 Registros
El beneficiario conservará un registro de la evaluación de las ofertas y motivará por escrito su elección del proveedor final.
II.9.3 Control
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y del artículo 204 quindecies del Reglamento Financiero. El beneficiario se asegurará de que los contratos celebrados con terceros proporcionan la posibilidad de que esas competencias de control puedan ejercerse también frente a esas terceras partes.
II.9.4 Responsabilidad
El beneficiario será el único responsable de la ejecución de la Decisión de financiación y del cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión de financiación. El beneficiario se comprometerá a adoptar todas las disposiciones necesarias para garantizar que el adjudicatario del contrato renuncie a todos los derechos con respecto al Parlamento Europeo en virtud de la Decisión de financiación.
Artículo II.10
Fuerza mayor
Si el Parlamento Europeo o el beneficiario se enfrentan a una situación de fuerza mayor, lo notificarán sin demora a la otra parte por carta certificada con acuse de recibo o procedimiento equivalente, precisando el carácter, la duración probable y los efectos previsibles de la situación de que se trate.
El Parlamento Europeo y el beneficiario adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar el perjuicio que pueda derivarse de una situación de fuerza mayor.
No se considerará que el Parlamento Europeo o el beneficiario han incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud de la Decisión de financiación cuando no les haya sido posible respetarla por causa de fuerza mayor.
Artículo II.11
Suspensión del pago de la financiación
II.11.1 Motivos de suspensión
El Parlamento Europeo estará facultado para suspender el pago de la financiación, de conformidad con las normas aplicables en virtud del Reglamento Financiero, en las siguientes circunstancias:
i) si se sospecha que el beneficiario ha incumplido sus obligaciones relacionadas con la utilización de las contribuciones establecidas en el artículo 204 duodecies del Reglamento Financiero hasta que se compruebe dicha sospecha; o
ii) si el beneficiario ha sido objeto de las sanciones financieras previstas en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 hasta que se haya abonado la sanción.
II.11.2 Procedimiento de suspensión
Etapa 1 — Antes de suspender el pago, el Parlamento Europeo enviará una notificación oficial al beneficiario informándole de su intención de suspender el pago, explicando sus razones e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la presentación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no seguir con el procedimiento de suspensión, notificará dicha decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide seguir con el procedimiento de suspensión, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de suspensión, informándole de:
i) la fecha indicativa en que se haya de completar la comprobación necesaria en el caso a que se refiere el artículo II.11.1, inciso i); y
ii) todas las vías de recurso.
II.11.3 Efectos de la suspensión
La suspensión del pago tendrá por efecto que el beneficiario no tenga derecho a recibir ningún pago del Parlamento Europeo hasta que se haya completado la comprobación a que se refiere el artículo II.11.2, inciso i), en el marco de la Etapa 2, o deje de aplicarse el motivo de suspensión. Ello se entiende sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de revocar la financiación o anular la Decisión de financiación.
II.11.4 Reanudación del pago
Desde el momento en que deje de aplicarse el motivo de suspensión, todos los pagos en cuestión se reanudarán y el Parlamento Europeo notificará al beneficiario al respecto.
Artículo II.12
Revocación de la decisión de financiación por el Parlamento Europeo
II.12.1 Motivos de revocación
El Parlamento Europeo estará facultado para revocar la Decisión de financiación sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancela el registro del beneficiario, excepto en los casos cubiertos por el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
II.12.2 Procedimiento de revocación
Etapa 1 — Antes de revocar la Decisión de financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de revocar la Decisión, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no revocar la Decisión de financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide revocar la Decisión de financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de revocación.
Todo importe que se haya abonado indebidamente al beneficiario deberá recuperarse de acuerdo con las normas del Reglamento Financiero aplicables.
II.12.3 Efectos de la revocación
La decisión de revocación de la Decisión de financiación tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha de la adopción de la Decisión de financiación.
Artículo II.13
Anulación de la decisión de financiación
II.13.1 Anulación a petición del beneficiario
El beneficiario podrá solicitar la anulación de la Decisión de financiación.
El beneficiario notificará formalmente la anulación al Parlamento Europeo, indicando:
a) los motivos de la anulación; y
b) la fecha en dicha anulación haya de surtir efecto, que no será anterior a la fecha de envío de la notificación formal.
La anulación surtirá efecto en la fecha que se indique en la decisión de anulación.
II.13.2 Anulación por parte del Parlamento Europeo
(a) Motivos de anulación
El Parlamento Europeo estará facultado para anular la Decisión de financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:
sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancele el registro del beneficiario, en los casos cubiertos por el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
en caso de que el beneficiario deje de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
en caso de que el Parlamento Europeo determine que el beneficiario ha incumplido sus obligaciones relacionadas con la utilización de las contribuciones establecidas en el artículo 204 duodecies del Reglamento Financiero;
en caso de que se declare la insolvencia del beneficiario o este sea objeto de un procedimiento de concurso o de cualquier otro procedimiento análogo.
(b) Procedimiento de anulación
Etapa 1 — Antes de anular la Decisión de financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de anularla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no anular la Decisión de financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide anular la Decisión de financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de anulación.
La anulación surtirá efecto en la fecha que se indique en la decisión de anulación.
II.13.3 Efectos de la anulación
La decisión de anular la Decisión de financiación surtirá efecto ex nunc. Los gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario a partir del día en que surta efecto la decisión de anulación se considerarán gastos no reembolsables.
Artículo II.14
El beneficiario no podrá ceder ninguna de sus reclamaciones de pago frente al Parlamento Europeo a ningún tercero excepto con la aprobación previa del Parlamento Europeo sobre la base de una solicitud justificada por escrito del beneficiario.
Si el Parlamento Europeo no acepta por escrito la cesión o si se incumplen sus condiciones de aceptación, la cesión no tendrá ningún efecto jurídico.
Una cesión no podrá bajo ninguna circunstancia liberar al beneficiario de sus obligaciones para con el Parlamento Europeo.
Artículo II.15
Intereses de demora
Si el Parlamento Europeo no paga dentro de los plazos de pago, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El tipo de referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que expira el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el Parlamento Europeo suspende los pagos tal como se establece en el artículo II.11, estas acciones no podrán considerarse casos de demora en el pago.
Los intereses de demora corresponderán al período comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago y el día, incluido, de la fecha efectiva de pago.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el interés calculado sea inferior o igual a 200 EUR, el Parlamento Europeo únicamente estará obligado a abonárselo al beneficiario si el beneficiario lo solicita en los dos meses posteriores a la recepción del pago atrasado.
Artículo II.16
Derecho aplicable
El Derecho aplicable a la Decisión de financiación será el Derecho de la Unión, y en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y las normas aplicables del Reglamento Financiero que se aplica por completo. Se completarán, en su caso, por el Derecho nacional del Estado miembro en el que el beneficiario tenga su sede.
Artículo II.17
Derecho a ser oído
En los casos en los que, en virtud de la presente Decisión de financiación, el beneficiario o una persona física a la que hace referencia el artículo 27 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho a formular observaciones, se concederá al beneficiario o a la persona física de que se trate un plazo de 10 días hábiles para formular sus observaciones por escrito, salvo que se disponga expresamente de otro modo. A petición motivada del beneficiario o de la persona física de que se trate, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
PARTE B: DISPOSICIONES FINANCIERAS
Artículo II.18
Gastos reembolsables
II.18.1 Condiciones
Para poder ser considerados reembolsables por la Unión, de conformidad con el artículo 204 duodecies del Reglamento Financiero, los gastos deberán responder a los siguientes criterios:
estar directamente relacionados con el objeto de la Decisión de financiación y estar previstos en el presupuesto estimado adjunto a la Decisión de financiación;
ser necesarios para la ejecución de la Decisión de financiación;
ser razonables y justificados y cumplir el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a los requisitos de economía y eficiencia;
haberse generado durante el período de admisión tal como se define en el artículo I.2, con la excepción de los gastos relativos a los informes anuales y los certificados sobre los estados financieros y las cuentas subyacentes;
corresponder a gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario;
ser identificables y comprobables, y estar registrados en la contabilidad del beneficiario de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
cumplir los requisitos de la legislación tributaria y de seguridad social aplicable;
cumplir con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo.
Los procedimientos de contabilidad y auditoría interna del beneficiario deberán permitir una conciliación directa entre los gastos y los ingresos declarados en el informe anual con los estados financieros y los documentos justificativos correspondientes.
II.18.2 Ejemplos de gastos reembolsables
En particular, y siempre que cumplan los criterios enumerados en el artículo II.18.1, serán reembolsables los gastos de funcionamiento siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 204 duodecies del Reglamento Financiero:
los gastos administrativos, los gastos relacionados con la asistencia técnica, las reuniones, las investigaciones, los actos transfronterizos, los estudios, la información y las publicaciones;
los gastos de personal, correspondientes a los sueldos reales, las cargas sociales y otros costes legales incluidos en la remuneración, a condición de que no superen los tipos medios de la política habitual del beneficiario en materia de remuneración;
los gastos de viaje y de estancia del personal, a condición de que correspondan a las prácticas habituales del beneficiario en materia de gastos de desplazamiento;
los costes de amortización de los equipos u otros activos (nuevos o de segunda mano), registrados en los estados contables del beneficiario, siempre que el activo
se amortice de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las prácticas contables habituales del beneficiario; y
se haya adquirido de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo, si la adquisición se ha producido dentro del período de admisión;
los gastos en bienes fungibles y suministros y otros contratos, siempre que estos
i) se hayan adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo, y
ii) se asignen directamente al objeto de la Decisión de financiación;
los gastos derivados directamente de requisitos impuestos por la Decisión de financiación, como, en su caso, los costes de servicios financieros (en particular, el coste de las garantías financieras), siempre que los servicios correspondientes se adquieran de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo.
la ayuda financiera para las siguientes entidades asociadas al beneficiario: [indicar los nombres de las entidades asociadas, como las organizaciones de jóvenes y mujeres, tal como se comunicó en la solicitud de financiación] a condición de que el apoyo financiero para cada entidad no supere los 100 000 EUR, que la entidad asociada lo utilice para los gastos reembolsables, que una cantidad a tanto alzado abonada a la entidad asociada no sea superior a un cuarto del total de la ayuda financiera concedido a esa entidad y que el beneficiario garantice el posible cobro de dicho apoyo financiero.
Artículo II.19
Gastos no reembolsables
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II.18.1 de la presente Decisión y en el artículo 204 duodecies del Reglamento Financiero, no se considerarán reembolsables los gastos siguientes:
el rendimiento del capital y los dividendos abonados por el beneficiario;
la deuda y los costes del servicio de la deuda;
las provisiones para pérdidas o deudas;
los intereses deudores;
las deudas de dudoso cobro;
las pérdidas de cambio;
los gastos de las transferencias del Parlamento Europeo cobrados por el banco del beneficiario;
los gastos declarados por el beneficiario en el marco de otra acción que reciba una subvención financiada con cargo al presupuesto de la Unión;
las contribuciones en especie;
los gastos excesivos o desproporcionados;
el IVA deducible;
la financiación prohibida de determinados terceros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el artículo 204 ter, apartado 3, del Reglamento Financiero.
Artículo II.20
Contribuciones en especie
El Parlamento Europeo permitirá al beneficiario recibir contribuciones en especie durante la ejecución de la Decisión de financiación, siempre que el valor de dichas contribuciones no exceda:
de los costes realmente efectuados y debidamente justificados por los documentos contables de los terceros que han efectuado dichas contribuciones al beneficiario de manera gratuita, pero que asumen los costes correspondientes;
a falta de tales documentos, los gastos que correspondan a los generalmente aceptados en el mercado de referencia;
su valor tal como se haya aceptado en el presupuesto estimado;
el 50 % de los recursos propios en el presupuesto estimado;
Contribuciones en especie:
se presentarán por separado en el presupuesto estimado a fin de reflejar los recursos totales;
cumplirán lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, así como las normas tributarias y de seguridad social nacionales;
solo podrán aceptarse de manera provisional, a reserva de certificación por parte del auditor externo y de la aceptación de la decisión relativa al importe final de la financiación;
no tendrán carácter de propiedad inmobiliaria.
Artículo II.21
Transferencias presupuestarias
El beneficiario estará autorizado a ajustar el presupuesto estimado que figura en el anexo, mediante transferencias entre las diferentes rúbricas presupuestarias. Este ajuste no requerirá una modificación de la decisión de financiación. Dichas transferencias deberán justificarse en el informe anual.
Artículo II.22
Obligaciones de notificación
II.22.1 Informe anual
Preferiblemente para el 15 de mayo y, a más tardar, el 30 de junio siguiente al término del ejercicio financiero N, el beneficiario presentará un informe anual, compuesto de los siguientes elementos:
los estados financieros anuales y sus notas adjuntas, referidos a los ingresos y gastos y al activo y al pasivo del beneficiario al inicio y al fin del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable del Estado miembro donde esté domiciliado;
los estados financieros anuales, preparados de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (7);
la lista de donantes y contribuyentes y sus correspondientes donaciones o contribuciones notificadas de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
un informe de actividades;
un estado financiero basado en la estructura del presupuesto estimado;
cuentas detalladas en lo relativo a ingresos y gastos y a activo y pasivo;
la conciliación del estado financiero a que se refiere la letra e), con el detalle de las cuentas a que se refiere la letra f);
un listado de los proveedores que en el ejercicio financiero de que se trate hayan cobrado al beneficiario más de 10 000 EUR, con sus nombres y direcciones, así como una indicación del alcance de los bienes o servicios facilitados.
La información incluida en el informe anual debe ser suficiente para poder determinar el importe final de la financiación.
II.22.2 Informe de auditoría externa
El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento.
La auditoría externa tiene por objeto certificar la fiabilidad de los estados financieros y la legalidad y regularidad del gasto, y, en particular, que:
los estados financieros se prepararon de conformidad con la legislación nacional aplicable al beneficiario, están exentos de declaraciones erróneas y reflejan de manera fiel y genuina la posición financiera y los resultados de las operaciones;
los estados financieros se elaboraron de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002;
los gastos declarados son reales;
los ingresos declarados son exhaustivos;
los documentos financieros presentados por el beneficiario al Parlamento son conformes a las disposiciones financieras de la decisión de financiación;
se han cumplido las obligaciones derivadas del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular las de su artículo 20;
se han cumplido las obligaciones que establece la Decisión de financiación, en particular en sus artículos II.9 y II.18;
las contribuciones en especie se han entregado realmente al beneficiario y se han evaluado con arreglo a la normativa aplicable.
la parte no utilizada de la financiación de la Unión se ha prorrogado al ejercicio siguiente;
la parte no utilizada de la financiación de la Unión ha recibido un uso conforme a lo previsto en el artículo 204 duodecies, apartado 2, del Reglamento Financiero.
todos los excedentes de recursos propios se han transferido a la reserva.
Artículo II.23
Decisión sobre el informe anual
A más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al ejercicio financiero N, el Parlamento Europeo aprobará o rechazará dicho informe, según lo previsto en el artículo II.22.1.
A falta de reacción escrita del Parlamento Europeo en un plazo de seis meses a partir de la recepción del informe anual, este se considerará aprobado.
La aprobación del informe anual se realiza sin perjuicio de la determinación del importe definitivo de financiación en virtud del artículo II.24, mediante la cual el Parlamento Europeo toma una decisión final sobre la admisión a financiación de los gastos.
El Parlamento Europeo puede solicitar información adicional al beneficiario al objeto de poder tomar una decisión sobre el informe anual. En caso de que se realice dicha solicitud, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que el Parlamento Europeo haya recibido y evaluado la información solicitada.
Si el informe anual presenta deficiencias sustanciales, el Parlamento Europeo puede rechazarlo sin solicitar información adicional al beneficiario, y pedir a este último que presente un nuevo informe en un plazo de quince días laborables.
Las solicitudes de información adicional o de un nuevo informe se notificarán al beneficiario por escrito.
En caso de que se rechace el informe anual presentado inicialmente y de que se solicite uno nuevo, este último estará sujeto al procedimiento de aprobación descrito en el presente artículo.
Artículo II.24
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.24.1 Impacto del informe anual
La decisión del Parlamento Europeo por la que se establece el importe definitivo de la financiación se basará en el informe anual aprobado de conformidad con el artículo II.23. En caso de que el Parlamento Europeo rechace de manera definitiva el informe anual o si el beneficiario no presenta un informe anual dentro de los plazos aplicables, no se determinará ningún gasto reembolsable mediante la decisión sobre el importe definitivo de la financiación.
II.24.2 Umbral
El importe definitivo de la financiación no podrá ser superior al establecido en el artículo I.4. No superará el 90 % de los gastos reembolsables indicados en el presupuesto estimado ni el 90 % de los gastos reembolsables en que se haya efectivamente incurrido.
II.24.3 Prórroga de financiación no gastada
Cualquier parte de la contribución que no se haya gastado durante el ejercicio financiero N para el que fue concedida se prorrogará al ejercicio N+1 y emplearse en cualquier gasto reembolsable en que se haya incurrido a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio N+1. Los importes pendientes de las contribuciones del último año no se utilizarán para financiar la parte de los gastos que los partidos políticos europeos deben cubrir con sus recursos propios.
El beneficiario utilizará en primer lugar la parte de la contribución que no haya sido utilizada en el ejercicio financiero para el que se haya concedido, y solo entonces podrá utilizar la contribución concedida después de dicho ejercicio.
II.24.4 Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
El Parlamento Europeo controla anualmente si los gastos son conformes a las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Reglamento financiero y la Decisión de financiación. Cada año adoptará una decisión sobre el importe definitivo de la financiación, que se notificará debidamente al beneficiario.
Si el importe de la financiación fijada en el artículo I.4 se gastó íntegramente durante el ejercicio N, el importe definitivo de la financiación se determinará tras el cierre de dicho ejercicio en el año N+1.
En el supuesto de que se prorrogue la financiación no gastada al ejercicio N+1 de conformidad con el artículo II.24.3, el importe definitivo de la financiación del año N se establecerá como sigue:
Etapa 1 : En el año N+1 el Parlamento Europeo decidirá acerca de los gastos reembolsables del ejercicio N y la primera parte del importe definitivo de la financiación del año N correspondiente a esos gastos. Además, el Parlamento Europeo establecerá el importe de la financiación no gastada concedida para el ejercicio N que deba prorrogarse al ejercicio N+1.
Etapa 2 : En el año N+2 el Parlamento Europeo decidirá acerca de los gastos reembolsables del ejercicio N+1, determinando cuáles de ellos se cubrirán con la financiación no gastada prorrogada al ejercicio N+1 (segunda parte del importe definitivo de la financiación).
El importe definitivo de la financiación del año N será la suma de los importes establecidos en las etapas 1 y 2.
La liquidación de la prefinanciación se producirá en el momento de determinar el importe definitivo de la financiación. En caso de prórroga, se producirá una liquidación parcial de la prefinanciación en el momento de cada una de las etapas mencionadas.
II.24.5 Recuperación de financiación no gastada
Cualquier parte restante de la contribución concedida para el ejercicio N que no haya sido gastada antes del final del ejercicio N+1 se recuperará de acuerdo con lo previsto en el capítulo 5 del título IV de la primera parte del Reglamento financiero.
II.24.6 Saldo de la financiación
Si la prefinanciación abonada sobrepasa el importe definitivo de la financiación, el Parlamento Europeo procederá a la recuperación de la prefinanciación pagada indebidamente.
Si importe definitivo de la financiación excede de la prefinanciación abonada, el Parlamento Europeo abonará la diferencia.
II.24.7 Excedente de recursos propios
(a) Constitución de la reserva especial
El beneficiario podrá constituir una reserva especial a partir del excedente de recursos propios.
El excedente de recursos propios que se transferirá a la cuenta de la reserva especial será el importe de los recursos propios que exceda de la suma de los recursos propios necesarios para cubrir el 10 % de los gastos en que se haya efectivamente incurrido en el ejercicio financiero N. El beneficiario deberá haber cubierto previamente los gastos no reembolsables del ejercicio financiero N recurriendo solo a sus recursos propios.
La reserva se destinará exclusivamente a la cofinanciación de los gastos reembolsables y no reembolsables que deban cubrirse con recursos propios durante la ejecución de cualquier Decisión de financiación futura.
(b) Beneficios
Se entenderá por «beneficio» el excedente de ingresos frente a gastos.
Los ingresos incluyen tanto la financiación con cargo al presupuesto de la Unión como los recursos propios del beneficiario.
Las contribuciones de terceros a actos conjuntos no se considerarán parte de los recursos propios del beneficiario. Por otra parte, el beneficiario no podrá percibir directa ni indirectamente ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión. En particular, estarán prohibidas las donaciones procedentes de los presupuestos de los grupos políticos del Parlamento Europeo.
El excedente asignado a la reserva especial no se tendrá en cuenta para el cálculo de los beneficios.
(c) Recuperación
La financiación no podrá generar beneficios para el beneficiario. El Parlamento Europeo estará autorizado a recuperar el porcentaje de beneficio correspondiente a la contribución de la Unión a los gastos reembolsables.
Artículo II.25
Intereses sobre la prefinanciación
El beneficiario deberá notificar al Parlamento Europeo el importe de los intereses o beneficios equivalentes eventualmente generados por las prefinanciaciones que ha recibido del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo deducirá los intereses devengados por la prefinanciación al efectuar el cálculo del importe definitivo de la financiación. Los intereses no se incluirán en los recursos propios.
Artículo II.26
Recuperación
Cuando se hayan pagado indebidamente importes al beneficiario o cuando, con arreglo a las condiciones de la Decisión de financiación, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 o del Reglamento Financiero, se justifique un procedimiento de recuperación, el beneficiario o la persona física a la que hace referencia el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 reembolsará al Parlamento Europeo, en las condiciones y en la fecha de vencimiento fijadas por este, los importes en cuestión.
II.26.1 Intereses de demora
En caso de que, en la fecha de vencimiento fijada por el Parlamento Europeo, el beneficiario no haya procedido al reembolso, el Parlamento Europeo incrementará los importes adeudados con intereses de demora al tipo fijado en el artículo II.15. Los intereses de demora corresponderán al período transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada para el reembolso y la fecha de recepción por el Parlamento Europeo del pago íntegro de los importes adeudados, incluida.
Todo pago parcial se imputará en primer lugar a los gastos e intereses de demora y solo a continuación al principal.
II.26.2 Compensación
En caso de no haberse procedido al reembolso a más tardar en la fecha de vencimiento, los importes adeudados al Parlamento Europeo podrán recuperarse mediante compensación con los importes adeudados al beneficiario por cualquier otro concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento financiero y sus normas de desarrollo. En circunstancias excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, el Parlamento Europeo podrá recuperar mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No se requerirá el acuerdo previo del beneficiario.
II.26.3 Gastos bancarios
Los gastos bancarios que conlleve la recuperación de los importes adeudados al Parlamento Europeo correrán íntegramente a cargo del beneficiario.
Artículo II.27
Garantía financiera
Si el Parlamento Europeo solicita una garantía financiera de conformidad con el artículo 204 undecies del Reglamento Financiero, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
la garantía financiera deberá ser prestada por un banco o entidad financiera autorizada o, si así lo solicita el beneficiario y lo acepta el Parlamento Europeo, por un tercero;
la garantía financiera deberá ser ejecutada por el garante a primer requerimiento, sin que este pueda exigir al Parlamento Europeo que actúe contra el deudor principal (es decir, el beneficiario de que se trate); y
la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la prefinanciación sea deducida de los pagos intermedios o del pago del saldo por el Parlamento Europeo; si el pago del saldo adopta la forma de una recuperación, la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la deuda se considere totalmente liquidada; y el Parlamento Europeo deberá liberar la garantía dentro del mes siguiente.
Artículo II.28
Control
II.28.1 Disposiciones generales
En el ámbito de sus competencias y de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y del artículo 204 quindecies, apartado 1, del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán ejercer en cualquier momento sus funciones de control respectivas con el fin de comprobar si el beneficiario cumple plenamente las obligaciones establecidas en la Decisión de financiación, en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el Reglamento Financiero.
El beneficiario cooperará debidamente con las autoridades competentes y les proporcionará toda la asistencia necesaria para el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán delegar la tarea de control en organismos externos debidamente autorizados para actuar en su nombre (en lo sucesivo, «organismos autorizados»).
II.28.2 Obligación de conservar los documentos
Durante un período de cinco años a contar a partir la fecha de presentación del informe anual, el beneficiario conservará, en cualquier soporte adecuado, todos los documentos originales, especialmente los registros contables y fiscales, incluidos originales digitalizados cuando lo autorice la correspondiente legislación nacional y en las condiciones que esta establezca.
El período de cinco años establecido en el párrafo primero no se aplicará en caso de auditorías en curso, apelaciones, litigios o reclamaciones relativas a la financiación. En tales casos, el beneficiario conservará los documentos hasta que se resuelvan dichas auditorías, apelaciones, litigios o reclamaciones.
II.28.3 Obligación de facilitar documentos e información
El beneficiario facilitará cualquier documento o información, incluida información en formato electrónico, solicitada por el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas o los organismos autorizados (en lo sucesivo, «autoridad competente»).
Todo los documentos o información facilitados por el beneficiario se tratarán de conformidad con el artículo II.6.
II.28.4 Visitas in situ
La autoridad competente podrá realizar visitas in situ en los locales del beneficiario. A tal fin, podrá solicitar por escrito que el beneficiario disponga lo necesario para tal visita dentro de un plazo adecuado que ha de fijar la autoridad competente.
Durante las visitas in situ, el beneficiario autorizará el acceso de la autoridad competente a los lugares y locales donde se están efectuando o se han efectuado las actividades, así como a toda la información necesaria, incluida la soportada en formato electrónico.
El beneficiario velará por que la información esté disponible en el momento de la visita y que la información solicitada se entregue de manera apropiada.
II.28.5 Procedimiento de auditoría contradictorio
Sobre la base de las conclusiones extraídas durante el procedimiento de control, el Parlamento Europeo elaborará un informe provisional de auditoría, que se remitirá al beneficiario. El beneficiario podrá formular observaciones en el plazo de treinta días naturales, a contar a partir de la fecha de recepción del informe provisional de auditoría.
Sobre la base de las conclusiones del informe de auditoría provisional y las posibles observaciones del beneficiario, el Parlamento Europeo establecerá sus conclusiones definitivas de la auditoría en un informe final de auditoría. El informe final de auditoría se remitirá al beneficiario dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la formulación de observaciones al informe provisional de auditoría.
II.28.6 Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
Sin perjuicio de la facultad del Parlamento de adoptar medidas en virtud de los artículos II.11 a II.13, el Parlamento Europeo tendrá debidamente en cuenta las conclusiones definitivas de la auditoría en el contexto de la determinación del importe definitivo de la financiación.
Los casos de posible fraude o incumplimiento grave de las normas aplicables que sean revelados en las conclusiones definitivas de la auditoría se notificarán a las autoridades nacionales o de la Unión competentes para la adopción de medidas adicionales.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación sobre la base de las conclusiones definitivas de la auditoría.
II.28.7 Facultades de control de la OLAF
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ejercerá sus facultades de control frente los beneficiarios de conformidad con las normas aplicables, y en particular, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996 (8), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, de 11 de septiembre de 2013 (9), el artículo 204 quindecies, apartado 1, del Reglamento Financiero, y los artículos 24, apartado 4, y 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
El beneficiario cooperará debidamente con la OLAF y le proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente en cualquier momento la decisión sobre el importe definitivo de la financiación basándose en las conclusiones que le remita la OLAF, en virtud del artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Antes de que el Parlamento Europeo decida adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, se informará debidamente al beneficiario sobre las conclusiones pertinentes y la intención del Parlamento de adaptar la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, y le dará la oportunidad de formular observaciones.
II.28.8 Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo ejercerá su facultad de control de conformidad con las normas aplicables, en especial, con el artículo 204 quindecies, apartado 1, del Reglamento Financiero, y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Los artículos II.28.3 y II.28.4 son aplicables.
El beneficiario habrá de colaborar debidamente con el Tribunal de Cuentas y proporcionar toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
II.28.9 Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a 4
Si el beneficiario no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo II.28, puntos 1 a 4, el Parlamento Europeo podrá considerar como no reembolsable cualquier gasto insuficientemente justificado por el beneficiario.
Por el Parlamento Europeo
[apellidos, nombre]
Hecho en [ciudad: Estrasburgo, Luxemburgo, Bruselas]
Presupuesto estimado
Gastos reembolsables
Presupuesto
A.1: Gastos de personal
Sueldos
Contribuciones
Formación profesional
Gastos de misión del personal
Otros gastos de personal
A.2: Gastos de infraestructura y de funcionamiento
Alquiler, gastos relacionados con el alquiler y gastos de mantenimiento
Gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Gastos de amortización de los bienes muebles e inmuebles
Material y suministros de oficina
Gastos de envíos postales y telecomunicaciones
Gastos de impresión, de traducción y de reproducción
Otros gastos de infraestructura
A.3: Gastos administrativos
Gastos de documentación (periódicos, agencias de prensa, bases de datos)
Gastos de estudio y de investigación
Gastos jurídicos
Gastos de contabilidad y auditoría
Gastos administrativos varios
Apoyo a entidades asociadas
A.4: Reuniones y gastos de representación
Gastos de reuniones
Participación en seminarios y conferencias
Gastos de representación
Gastos para las invitaciones
Otros gastos relacionados con reuniones
A.5: Gastos de información y de publicación
Gastos de publicación
Creación y funcionamiento de sitios internet
Gastos de publicidad
Material de comunicación (artículos promocionales)
Seminarios y exposiciones
Campañas electorales19
Otros gastos de información
A. GASTOS TOTALES REEMBOLSABLES
Gastos no reembolsables
Dotaciones para otras provisiones
Gastos financieros
Pérdidas por tipo de cambio
Deudas de terceros de dudoso cobro
Otros gastos (por precisar)
Contribuciones en especie
B. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES
C. GASTOS TOTALES
Ingresos
Presupuesto
D.1-1. Financiación del Parlamento Europeo prorrogada desde el ejercicio N-1
D.1-2. Financiación del Parlamento Europeo concedida para el ejercicio N
D.1-3. Financiación del Parlamento Europeo prorrogada al ejercicio N+1
D.1. Financiación del Parlamento Europeo utilizada para cubrir el 90 % de los costes reembolsables en el ejercicio N
D.2 Aportaciones de los miembros
de partidos asociados
de miembros individuales
D.3 Donaciones
D.4 Otros recursos propios
(complétese)
D.5 Contribuciones en especie
D: TOTAL INGRESOS
E. Ganancias/pérdidas (D-C)
F. Dotación de recursos propios a la cuenta de reserva
G. Ganancias/pérdidas para la verificación del cumplimiento de la norma de no rentabilidad (E-F)
H. Intereses generados por la prefinanciación
Nota: Estructura meramente orientativa. La estructura vinculante del presupuesto estimado se publicará con carácter anual junto con la convocatoria de contribuciones.
(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(3) DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
(4) DO L 333 de 19.12.2015, p. 50.
(5) DO C 225 de 28.6.2018, p. 4.
(6) Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(7) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(8) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(9) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
ANEXO 1b
[MODELO] DECISIÓN DE FINANCIACIÓN - FUNDACIÓN
NÚMERO: …[INSÉRTESE]…
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 10, apartado 4,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1), y en particular su artículo 25, apartado 1,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3) (en lo sucesivo, «normas de desarrollo del Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE, Euratom) 2015/2401, de 2 de octubre de 2015, sobre el contenido y el funcionamiento del Registro de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (4),
Visto el Reglamento interno del Parlamento Europeo, y en particular su artículo 25, apartado 11,
Vista la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 28 de mayo de 2018, por la que se establecen los procedimientos para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y de las fundaciones políticas europeas (5),
Vistas las condiciones establecidas por el Parlamento Europeo en la convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de subvenciones a las fundaciones políticas a escala europea;
Considerando lo siguiente:
El artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea establece que los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión;
La presente Decisión es el resultado de una convocatoria de propuestas por la que se informó a los solicitantes sobre el modelo de Decisión de financiación, incluidas las condiciones;
[el beneficiario] ha presentado una solicitud de financiación con fecha [fecha de recepción por el Parlamento Europeo] y ha aceptado expresamente las condiciones de la Decisión de financiación;
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA EXAMINADO la solicitud en su reunión del [fecha] y HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Se concede una subvención de administración en el sentido del artículo 121 del Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «financiación») a:
[denominación oficial completa del beneficiario]
[forma jurídica oficial]
[n.o de registro]
[dirección oficial completa]
[número de IVA],
(«el beneficiario»),
que, a los efectos de la presente Decisión de financiación, está representado por:
…[representante habilitado para contraer compromisos jurídicos]…,
para apoyar las actividades y los objetivos estatutarios del beneficiario,
en las condiciones que se establecen en la convocatoria de propuestas y en la presente Decisión («Decisión de financiación»), incluidas sus Condiciones Especiales, Condiciones Generales y anexos.
Anexo 1 Presupuesto estimado
Anexo 2 Programa de trabajo
que forman parte integrante de la presente Decisión de financiación.
Los términos de las Condiciones Especiales prevalecerán sobre los de las demás partes de la presente Decisión. Los términos de las Condiciones Generales prevalecerán sobre los de los otros anexos.
CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 –
OBJETO DE LA DECISIÓN
ARTÍCULO I.2 –
PERÍODO ADMISIÓN
ARTÍCULO I.3 –
FORMA DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.4 –
IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.5 –
PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
Prefinanciación
Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
ARTÍCULO I.6 –
CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO I.7 –
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
ARTÍCULO I.8 –
ENTRADA EN VIGOR DE LA DECISIÓN
CONDICIONES GENERALES
PARTE A:
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 –
DEFINICIONES
ARTÍCULO II.2 –
OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
ARTÍCULO II.3 –
OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO II.4 –
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTÍCULO II.5 –
CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO II.6 –
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
ARTÍCULO II.7 –
REGISTROS
ARTÍCULO II.8 –
VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
Información sobre la financiación de la Unión
Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Publicación de información por el Parlamento Europeo
ARTÍCULO II.9 –
CONCESIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
Principios
Registros
Control
Responsabilidad
ARTÍCULO II.10 –
AYUDA FINANCIERA A TERCEROS
ARTÍCULO II.11 –
FUERZA MAYOR
ARTÍCULO II.12 –
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.12.1
Motivos de suspensión
II.12.2
Procedimiento de suspensión
II.12.3
Efectos de la suspensión
II.12.4
Reanudación del pago
ARTÍCULO II.13 –
REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1
Motivos de la revocación
II.13.2
Procedimiento de revocación
II.13.3
Efectos de la revocación
ARTÍCULO II.14 –
ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.14.1
Anulación a petición del beneficiario
II.14.2
Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.14.3
Efectos de la anulación
ARTÍCULO II.15 –
ARTÍCULO II.16 –
INTERESES DE DEMORA
ARTÍCULO II.17 –
DERECHO APLICABLE
ARTÍCULO II.18 –
DERECHO A SER OÍDO
PARTE B:
DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.19 –
GASTOS SUBVENCIONABLES
II.19.1
Condiciones
II.19.2
Ejemplos de gastos subvencionables
ARTÍCULO II.20 –
GASTOS NO SUBVENCIONABLES
ARTÍCULO II.21 –
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
ARTÍCULO II.22 –
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
ARTÍCULO II.23 –
OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.23.1
Informe anual
II.23.2
Informe de auditoría externa
ARTÍCULO II.24 –
DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
ARTÍCULO II.25 –
DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.25.1
Impacto del informe anual
II.25.2
II.25.3
Prórroga de excedentes
II.25.4
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.25.5
Saldo de la financiación
II.25.6
Beneficios
ARTÍCULO II.26 –
RECUPERACIÓN
II.26.1
Intereses de demora
II.26.2
Compensación
II.26.3
Gastos bancarios
ARTÍCULO II.27 –
GARANTÍA FINANCIERA
ARTÍCULO II.28 –
CONTROL
II.28.1
Disposiciones generales
II.28.2
Obligación de conservar los documentos
II.28.3
Obligación de facilitar documentos e información
II.28.4
Visitas in situ
II.28.5
Procedimiento de auditoría contradictorio
II.28.6
Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
II.28.7
Facultades de control de la OLAF
II.28.8
Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
II.28.9
Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a
Anexo 1 –
Presupuesto estimado
Anexo 2 –
Programa de trabajo
I. CONDICIONES ESPECIALES
Artículo I.1
Objeto de la decisión
El Parlamento Europeo concede financiación para la realización de las actividades y objetivos estatutarios del beneficiario durante el ejercicio [insértese], de conformidad con las condiciones establecidas en las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales (en lo sucesivo, «condiciones»), así como con los anexos a la Decisión de financiación. Esto constituye la aplicación de la Decisión de financiación por el Parlamento Europeo.
El beneficiario utilizará la financiación para la ejecución de sus actividades y objetivos estatutarios, bajo su propia responsabilidad y con arreglo a las condiciones y los anexos a la Decisión de financiación. Esto constituye la aplicación de la Decisión de financiación por el Parlamento Europeo.
Artículo I.2
Período admisión
El período de admisión para la obtención de financiación de la Unión estará comprendido entre el [insértese DD/MM/AA] y el [insértese DD/MM/AA].
Artículo I.3
Forma de financiación
La subvención concedida al beneficiario de conformidad con la parte I, título VI, del Reglamento Financiero revestirá la forma de reembolso de un porcentaje de los gastos subvencionables en que efectivamente se haya incurrido.
Artículo I.4
Importe (máximo) provisional de financiación
El Parlamento Europeo se hará cargo de un importe máximo de [indíquese el importe] euros, que no podrá superar el 95 % de los gastos subvencionables totales estimados.
Los gastos subvencionables estimados del beneficiario se establecen en el anexo 1 («presupuesto estimado»). Las estimaciones presupuestarias estarán equilibradas y recogerán el conjunto de los gastos e ingresos del beneficiario para el período de admisión. Los gastos subvencionables se separarán de los gastos no subvencionables de conformidad con el Artículo II.19.
Artículo I.5
Pagos y modalidades de pago
La financiación se abonará de conformidad con el calendario y las normas siguientes.
I.5.1 Prefinanciación
El pago de prefinanciación de [indíquese el importe] euros, que representa el [100 % por defecto; en caso contrario indíquese el porcentaje decidido por el Parlamento Europeo] del importe máximo de financiación establecido en el artículo I.4 de la presente Decisión de financiación, se abonará al beneficiario en los treinta días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Decisión de financiación o, en su caso, a partir de la fecha en la que el Parlamento Europeo reciba la garantía financiera por un importe de [indíquese el importe, en su caso] euros, si esta fecha es posterior.
I.5.2 Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
El saldo de financiación se abonará al beneficiario, y cualquier prefinanciación indebidamente pagada deberá ser recuperada dentro de los treinta días siguientes a la decisión del Parlamento Europeo sobre el informe anual y la determinación del importe final de la financiación, tal como se especifica en los artículos II.23 y II.25.
I.5.3 Divisa
Los pagos serán efectuados por el Parlamento Europeo en euros. La conversión eventual de los gastos reales en euros se realizará tomando como base el tipo de cambio del día publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea o, en su defecto, el índice contable mensual fijado por el Parlamento Europeo y publicado en su sitio internet, el día de la emisión de la orden de pago por parte del Parlamento Europeo, salvo que las Condiciones Especiales lo dispongan expresamente de otro modo.
Los pagos del Parlamento Europeo se considerarán efectuados en la fecha de su inscripción en el debe de la cuenta del Parlamento Europeo.
Artículo I.6
Cuenta bancaria
Los pagos se efectuarán en una cuenta o subcuenta bancaria del beneficiario abierta en euros en un banco establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, cuyos datos figuran a continuación:
Nombre del banco: […]
Dirección de la agencia bancaria: […]
Denominación exacta del titular de la cuenta: […]
Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]
Código IBAN de la cuenta: […]
Código BIC / SWIFT: […]
Artículo I.7
Disposiciones administrativas generales
Toda comunicación dirigida al Parlamento Europeo en el marco de la Decisión de financiación habrá de cursarse por escrito, mencionar el número de la Decisión de financiación y enviarse a la siguiente dirección:
Parlamento Europeo
El Presidente
c/o Director general de Finanzas
Oficina SCH 05B031
L-1352 Luxemburgo
Se considerará que la fecha de recepción del correo ordinario por el Parlamento Europeo es aquella en la que el Servicio de Correo del Parlamento lo haya registrado formalmente.
La Decisión de financiación se remitirá al beneficiario, a la siguiente dirección:
Sr. / Sra. […]
[Cargo]
[Denominación oficial del organismo beneficiario]
[Dirección oficial completa]
Se comunicará al Parlamento Europeo por escrito y sin demora cualquier cambio de dirección del beneficiario.
Artículo I.8
Entrada en vigor de la Decisión
La Decisión de financiación entrará en vigor en la fecha de su firma en nombre del Parlamento Europeo.
II. CONDICIONES GENERALES
PARTE A: DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Artículo II.1
Definiciones
A los efectos de la presente Decisión de financiación, se entenderá por:
«informe de actividades»: la justificación por escrito de los gastos en que se incurra durante el período de admisión. Por ejemplo, una explicación sobre las actividades, los gastos administrativos, etc. El informe de actividades forma parte del informe anual;
«informe anual»: un informe que debe presentarse en el plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«saldo de la financiación»: la diferencia entre el importe de prefinanciación según lo previsto en el artículo I.5.1 y el importe definitivo de la financiación determinado con arreglo al artículo II.25.4;
«liquidación de la prefinanciación»: una situación en la que el ordenador de pagos establece el importe final de la financiación, y el importe abonado al beneficiario ya no es propiedad de la Unión;
«conflicto de intereses»: una situación en que la ejecución de la Decisión de financiación de manera imparcial y objetiva por parte del beneficiario se ve comprometida por razones familiares, afectivas, de afinidad nacional, intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido con un tercero que guarde relación con el objeto de la Decisión de financiación; La afinidad política en principio no será motivo de conflicto de intereses en el caso de acuerdos celebrados entre el partido político y organizaciones con los mismos valores políticos; no obstante, en caso de tal acuerdo, deberá cumplirse el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«contribuciones en especie» u «ofertas en especie»: recursos no financieros, aportados de manera gratuita por terceros al beneficiario, de conformidad con el artículo 2, apartados 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«ejercicio financiero N» o «periodo de admisión»: el período de ejecución de las actividades para las que la financiación se había concedido en virtud de la Decisión de financiación, como se especifica en el artículo I.2;
«fuerza mayor»: cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno al control del beneficiario o del Parlamento Europeo que impida a cualquiera de ellos cumplir alguna de sus obligaciones en virtud de la Decisión de financiación, que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades afiliadas o terceros que reciban apoyo financiero y que resulte inevitable a pesar de haber actuado ambos con la debida diligencia. No podrán invocarse como casos de fuerza mayor: los conflictos laborales, las huelgas, los problemas financieros o las carencias del servicio, los defectos del equipo o material o los retrasos en su disponibilidad, a menos que deriven directamente de un caso claro de fuerza mayor;
«notificación oficial»: la comunicación escrita transmitida por correo postal o electrónico con acuse de recibo;
«fraude»: cualquier acto deliberado u omisión que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, o el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información;
«financiación»: las «subvenciones» en el sentido de la parte primera, título VI, del Reglamento Financiero y del capítulo IV del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«irregularidad»: toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión que resulte de un acto u omisión del beneficiario que tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto de la Unión;
«recursos propios»: cualquier fuente externa de financiación distinta de la financiación de la Unión; por ejemplo: las donaciones, las aportaciones de los miembros (tal como se definen en el artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014), etc.;
«persona relacionada»: cualquier persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar decisiones en su nombre;
«error sustancial»: cualquier infracción de una disposición de la Decisión de financiación que resulte de un acto u omisión que acarree o pueda acarrear un perjuicio al presupuesto de la Unión Europea.
Artículo II.2
Obligaciones generales del beneficiario
El beneficiario:
será el único responsable y asumirá la carga de la prueba del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban;
habrá de reparar cualquier perjuicio sufrido por el Parlamento Europeo como consecuencia de la ejecución, incluida la mala ejecución de la Decisión de financiación, salvo en los casos de fuerza mayor;
será el único responsable frente a terceros, incluso en el caso de daños de todo tipo que se pudieran causar en la ejecución de la Decisión de financiación;
informará al Parlamento Europeo inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal;
adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses.
Artículo II.3
Obligaciones vinculadas a la cuenta bancaria
La cuenta o subcuenta a que se refiere el artículo I.6 deberá permitir la identificación de los importes abonados por el Parlamento Europeo y de los intereses devengados u otros beneficios equivalentes.
Cuando los importes abonados en esa cuenta devenguen intereses u otros beneficios equivalentes según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto la cuenta, el beneficiario podrá mantener tales intereses u otros beneficios de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento Financiero.
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán los importes abonados por el Parlamento Europeo con fines especulativos.
La prefinanciación continuará siendo propiedad de la Unión hasta que sea deducida del importe final de la financiación.
Artículo II.4
Responsabilidad por daños y perjuicios
El Parlamento Europeo no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados o sufridos por el beneficiario, incluidos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución de la presente Decisión de financiación o durante dicha ejecución.
Salvo en casos de fuerza mayor, el beneficiario o la persona relacionada con él indemnizarán al Parlamento Europeo por los perjuicios que sufra como consecuencia de la ejecución de la Decisión de financiación o porque la Decisión de financiación no se ha aplicado respetando plenamente sus disposiciones.
Artículo II.5
Confidencialidad
Salvo que se especifique de otro modo en la presente Decisión de financiación, en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en otros actos jurídicos de la Unión aplicables, el Parlamento Europeo y el beneficiario se comprometerán a preservar la confidencialidad de todo documento, información u otro material que esté directamente relacionado con el objeto de la presente Decisión de financiación.
Artículo II.6
Tratamiento de los datos personales
Todos los datos personales recopilados en el contexto de la Decisión de financiación se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en Reglamento (CE) n.o 45/2001 (6).
Esos datos se tratarán únicamente a los efectos de la ejecución y el seguimiento de la Decisión de financiación, sin perjuicio de que puedan ser comunicados a los órganos responsables de las labores de control y auditoría de conformidad con el Derecho de la Unión.
Artículo II.7
Registros
De conformidad con el artículo 136 del Reglamento Financiero, el beneficiario mantendrá un registro y conservará los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación relativa a la ejecución de la Decisión de financiación durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada.
Los registros relativos a auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones derivados de la utilización de la financiación se conservarán hasta el final de tales auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones.
Artículo II.8
Visibilidad de la financiación de la unión
II.8.1 Información sobre la financiación de la Unión
A menos que el Parlamento Europeo lo solicite o acuerde de otro modo, cualquier comunicación o publicación del beneficiario relativa a la Decisión de financiación, incluidas las realizadas en una conferencia, seminario o en cualquier material informativo o de promoción (como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, en formato electrónico, etc.), deberá indicar que el programa ha recibido ayuda financiera del Parlamento Europeo.
II.8.2 Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Toda comunicación o publicación del beneficiario, sea cual sea la forma que adopte y el soporte utilizado, deberá indicar que solo refleja las opiniones de su autor y que el Parlamento Europeo no es responsable de la utilización que se haga de las informaciones contenidas en dicha comunicación o publicación.
II.8.3 Publicación de información por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo publica en una página web la información que se especifica en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo II.9
Concesión de contratos por el beneficiario
II.9.1 Principios
Cuando, a efectos de la ejecución de la Decisión de financiación, el beneficiario concluya contratos de adjudicación, deberá convocar una licitación y adjudicar el contrato al licitador que haga la oferta que presente la mejor relación calidad/precio o, según proceda, al licitador que ofrezca el precio más bajo. El beneficiario deberá evitar todo conflicto de intereses.
Cuando se trate de contratos de cuantía superior a los 60 000 EUR por proveedor, por año y por bien o servicio, el beneficiario examinará al menos tres ofertas recibidas en respuesta a una licitación por escrito en la que se habrán detallado los requisitos del procedimiento de contratación. La duración de los contratos no superará los cinco años.
En el caso de que se presenten menos de tres ofertas a la licitación por escrito, el beneficiario deberá demostrar que fue imposible obtener más ofertas para el procedimiento de contratación en cuestión.
II.9.2 Registros
El beneficiario conservará un registro de la evaluación de las ofertas y motivará por escrito su elección del proveedor final.
II.9.3 Control
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sean capaces de ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. El beneficiario se asegurará de que los contratos celebrados con terceros proporcionan la posibilidad de que esas competencias de control puedan ejercerse también frente a esas terceras partes.
II.9.4 Responsabilidad
El beneficiario será el único responsable de la ejecución de la Decisión de financiación y del cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión de financiación. El beneficiario se comprometerá a adoptar todas las disposiciones necesarias para garantizar que el adjudicatario del contrato renuncie a todos los derechos con respecto al Parlamento Europeo en virtud de la Decisión de financiación.
Artículo II.10
Ayuda financiera a terceros
La ayuda financiera por parte del beneficiario a terceros, en el sentido del artículo 137 del Reglamento Financiero, podrá en las siguientes condiciones constituir un gasto subvencionable:
la ayuda financiera se concede por el beneficiario a los siguientes terceros: … [insértense los nombres de los posibles beneficiarios según se indica en el formulario de solicitud];
la ayuda financiera no superará los 60 000 EUR por tercero;
el tercero lo destinará a gastos subvencionables;
el beneficiario garantiza la posible recuperación de dicha ayuda financiera;
Un partido político europeo o nacional o una fundación política europea o nacional no se considerarán terceros a los efectos del presente artículo.
De conformidad con el artículo 137, apartado 2, del Reglamento Financiero, el beneficiario se asegurará de que el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer sus facultades de control sobre todos los terceros que hayan recibido fondos de la Unión en lo que respecta a los documentos, los locales y la información, incluida la almacenada en soporte electrónico.
Artículo II.11
Fuerza mayor
Si el Parlamento Europeo o el beneficiario se enfrentan a una situación de fuerza mayor, lo notificarán sin demora a la otra parte por carta certificada con acuse de recibo o procedimiento equivalente, precisando el carácter, la duración probable y los efectos previsibles de la situación de que se trate.
El Parlamento Europeo y el beneficiario adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar el perjuicio que pueda derivarse de una situación de fuerza mayor.
No se considerará que el Parlamento Europeo o el beneficiario han incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud de la Decisión de financiación cuando no les haya sido posible respetarla por causa de fuerza mayor.
Artículo II.12
Suspensión del pago de la financiación
II.12.1 Motivos de suspensión
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 135 del Reglamento Financiero y en el artículo 208 de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo estará facultado para suspender el pago de la financiación:
i) si el Parlamento Europeo tiene sospechas fundadas de que el beneficiario ha cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude o ha incumplido obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la Decisión de financiación y tiene que comprobar si en efecto se han producido;
ii) si el beneficiario ha sido objeto de las sanciones financieras previstas en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 hasta que se haya abonado la sanción.
II.12.2 Procedimiento de suspensión
Etapa 1 — Antes de suspender el pago, el Parlamento Europeo enviará una notificación oficial al beneficiario informándole de su intención de suspender el pago, explicando sus razones e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la presentación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no seguir con el procedimiento de suspensión, notificará dicha decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide seguir con el procedimiento de suspensión, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de suspensión, con acuse de recibo, informándole de:
i) la fecha indicativa en que se haya de completar la comprobación necesaria en el caso a que se refiere el artículo II.12.1, inciso i); y
ii) todas las vías de recurso.
II.12.3 Efectos de la suspensión
La suspensión del pago tendrá por efecto que el beneficiario no tenga derecho a recibir ningún pago del Parlamento Europeo hasta que se haya completado la comprobación a que se refiere el artículo II.12.2, inciso i), en el marco de la Etapa 2, o deje de aplicarse el motivo de la suspensión. Ello se entiende sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de revocar la financiación o anular la Decisión de financiación.
II.12.4 Reanudación del pago
Desde el momento en que deje de aplicarse el motivo de suspensión, todos los pagos en cuestión se reanudarán y el Parlamento Europeo notificará al beneficiario al respecto.
Artículo II.13
Revocación de la decisión de financiación por el Parlamento Europeo
II.13.1 Motivos de la revocación
El Parlamento Europeo estará facultado para revocar la Decisión de financiación sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancela el registro del beneficiario, a excepción de los casos cubiertos por el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
II.13.2 Procedimiento de revocación
Etapa 1 — Antes de revocar la Decisión de financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de revocarla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no revocar la Decisión de financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide revocar la Decisión de financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de revocación.
Todo importe que se haya abonado indebidamente al beneficiario deberá recuperarse de acuerdo con las normas del Reglamento Financiero aplicables.
II.13.3 Efectos de la revocación
La decisión de revocación de la Decisión de financiación tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha de la adopción de la Decisión de financiación.
Artículo II.14
Anulación de la decisión de financiación
II.14.1 Anulación a petición del beneficiario
El beneficiario podrá solicitar la anulación de la Decisión de financiación.
El beneficiario notificará formalmente la anulación al Parlamento Europeo, indicando:
a) los motivos de la anulación; y
b) la fecha en que dicha anulación haya de surtir efecto, que no será anterior a la fecha de envío de la notificación formal.
La anulación surtirá efecto en la fecha que se indique en la decisión de anulación.
II.14.2 Anulación por parte del Parlamento Europeo
Motivos de anulación
El Parlamento Europeo estará facultado para anular la Decisión de financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:
sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancele el registro del beneficiario, en los casos cubiertos por el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
en caso de que el beneficiario deje de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
en los casos a que se refiere el artículo 135, apartados 3 y 5, del Reglamento Financiero;
cuando el beneficiario o cualquier persona vinculada con él o que haya asumido una responsabilidad ilimitada por las deudas del beneficiario se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento Financiero;
en caso de que el beneficiario o cualquier persona vinculada con él se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras c), d), e) o f), o entre dentro del ámbito de aplicación del artículo 106, apartado 2, del Reglamento Financiero; o
en caso de que el beneficiario pierda su calidad de tal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Procedimiento de anulación
Etapa 1 — Antes de anular la Decisión de financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de anular la Decisión, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no anular la Decisión de financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide anular la Decisión de financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de anulación.
La anulación de la Decisión de financiación surtirá efecto el día en que esa decisión se notifique al beneficiario.
II.14.3 Efectos de la anulación
La decisión de anular la Decisión de financiación surtirá efecto ex nunc. Los gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario a partir del día en que surta efecto la decisión de anulación se considerarán gastos no subvencionables.
Artículo II.15
El beneficiario no podrá ceder ninguna de sus reclamaciones de pago frente al Parlamento Europeo a ningún tercero excepto con la aprobación previa del Parlamento Europeo sobre la base de una solicitud justificada por escrito del beneficiario.
Si el Parlamento Europeo no acepta por escrito la cesión o si se incumplen sus condiciones de aceptación, la cesión no tendrá ningún efecto jurídico.
Una cesión no podrá bajo ninguna circunstancia liberar al beneficiario de sus obligaciones para con el Parlamento Europeo.
Artículo II.16
Intereses de demora
Si el Parlamento Europeo no paga dentro de los plazos de pago, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El tipo de referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que expira el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el Parlamento Europeo suspende los pagos tal como se establece en el artículo II.12, estas acciones no podrán considerarse como casos de demora en el pago.
Los intereses de demora corresponderán al período comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago y el día, incluido, de la fecha efectiva de pago.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el interés calculado sea inferior o igual a 200 EUR, el Parlamento Europeo únicamente estará obligado a abonárselo al beneficiario si el beneficiario lo solicita en los dos meses posteriores a la recepción del pago atrasado.
Artículo II.17
Derecho aplicable
El Derecho aplicable a la Decisión de financiación será el Derecho de la Unión, y en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y las normas aplicables del Reglamento Financiero que se aplica por completo. Se completarán, en su caso, por el Derecho nacional del Estado miembro en el que el beneficiario tenga su sede.
Artículo II.18
Derecho a ser oído
En los casos en los que, en virtud de la presente Decisión de financiación, el beneficiario o una persona física a la que hace referencia el artículo 27 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho a formular sus observaciones, se concederá al beneficiario o a la persona física de que se trate un plazo de 10 días hábiles para formular observaciones por escrito, salvo que se disponga expresamente de otro modo. A petición motivada del beneficiario o de la persona física de que se trate, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
PARTE B: DISPOSICIONES FINANCIERAS
Artículo II.19
Gastos subvencionables
II.19.1 Condiciones
Para poder ser considerados subvencionables por la Unión, de conformidad con el artículo 126 del Reglamento Financiero, los gastos deberán responder a los siguientes criterios:
estar directamente relacionados con el objeto de la Decisión de financiación y estar previstos en el presupuesto estimado adjunto a la Decisión de financiación;
ser necesarios para la ejecución de la Decisión de financiación;
ser razonables y justificados y cumplir el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a los requisitos de economía y eficiencia;
haberse generado durante el período de admisión tal como se define en el artículo I.2 de la Decisión, con la excepción de los gastos relativos a los informes anuales y los certificados sobre los estados financieros y las cuentas subyacentes;
corresponder a gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario;
ser identificables y comprobables, y estar registrados en la contabilidad del beneficiario de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
cumplir los requisitos de la legislación tributaria y de seguridad social aplicable;
cumplir con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo.
Los procedimientos de contabilidad y auditoría interna del beneficiario deberán permitir una conciliación directa entre los gastos y los ingresos declarados en el informe anual con los estados financieros y los documentos justificativos correspondientes.
II.19.2 Ejemplos de gastos subvencionables
En particular, y siempre que cumplan los criterios enumerados en el apartado 1, serán subvencionables los gastos de funcionamiento siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Financiero:
los gastos administrativos, los gastos relacionados con la asistencia técnica, las reuniones, las investigaciones, los actos transfronterizos, los estudios, la información y las publicaciones;
los gastos de personal, correspondientes a los sueldos reales más las cotizaciones a la seguridad social y otros gastos estatutarios incluidos en la remuneración, a condición de que no superen los tipos medios de la política habitual del beneficiario en materia de remuneración;
los gastos de viaje y de estancia del personal, a condición de que correspondan a las prácticas habituales del beneficiario en materia de gastos de desplazamiento;
los costes de amortización de los equipos u otros activos (nuevos o de segunda mano), registrados en los estados contables del beneficiario, siempre que el activo
i) se amortice de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las prácticas contables habituales del beneficiario; y
ii) se haya adquirido de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo, si la adquisición se ha producido dentro del período de admisión;
los gastos en bienes fungibles y suministros y otros contratos, siempre que:
i) se hayan adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo, y
ii) se asignen directamente al objeto de la Decisión de financiación;
los gastos derivados directamente de requisitos impuestos por la Decisión de financiación, como, en su caso, los costes de servicios financieros (en particular, el coste de las garantías financieras), siempre que los servicios correspondientes se adquieran de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo.
Artículo II.20
Gastos no subvencionables
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II.19.1 de la presente Decisión y en el artículo 126 del Reglamento Financiero, no se considerarán subvencionables los gastos siguientes:
el rendimiento del capital y los dividendos abonados por el beneficiario;
la deuda y los costes del servicio de la deuda;
las provisiones para pérdidas o deudas;
los intereses adeudados;
las deudas de dudoso cobro;
las pérdidas por tipo de cambio;
los gastos de las transferencias del Parlamento Europeo cobrados por el banco del beneficiario;
los gastos declarados por el beneficiario en el marco de otra acción que reciba una subvención financiada con cargo al presupuesto de la Unión;
las contribuciones en especie;
los gastos excesivos o desproporcionados;
el IVA deducible;
la financiación prohibida de determinados terceros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo II.21
Contribuciones en especie
El Parlamento Europeo permitirá al beneficiario recibir contribuciones en especie durante la ejecución de la Decisión de financiación, siempre que el valor de dichas contribuciones no supere:
los gatos realmente soportados y debidamente justificados por los documentos contables de los terceros que han efectuado dichas contribuciones al beneficiario de manera gratuita, pero que asumen los correspondientes gastos;
a falta de tales documentos, los gastos que correspondan a los generalmente aceptados en el mercado de referencia;
su valor tal como se haya aceptado en el presupuesto estimado;
el 50 % de los recursos propios aceptados en el presupuesto estimado.
Contribuciones en especie:
se presentarán por separado en el presupuesto estimado a fin de reflejar los recursos totales;
cumplirán lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, así como las normas tributarias y de seguridad social nacionales;
solo podrán aceptarse de manera provisional, a reserva de certificación por parte del auditor externo y de la aceptación de la decisión relativa al importe final de la financiación;
no tendrán carácter de propiedad inmobiliaria.
Artículo II.22
Transferencias presupuestarias
El beneficiario estará autorizado a ajustar el presupuesto estimado que figura en el anexo 1 mediante transferencias entre las diferentes rúbricas presupuestarias. Este ajuste no requerirá una modificación de la Decisión de financiación. Dichas transferencias deberán justificarse en el informe anual.
Artículo II.23
Obligaciones de notificación
II.23.1 Informe anual
Preferiblemente para el 15 de mayo y, a más tardar, el 30 de junio siguiente al término del ejercicio financiero N, el beneficiario presentará un informe anual, incluidos los siguientes elementos:
los estados financieros anuales y sus notas adjuntas, referidos a los ingresos y gastos y al activo y al pasivo del beneficiario al inicio y al fin del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable del Estado miembro donde esté domiciliado;
los estados financieros anuales, preparados de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (7);
la lista de sus donantes y contribuyentes y sus correspondientes donaciones o contribuciones notificadas de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
un informe de actividades;
un estado financiero basado en la estructura del presupuesto estimado;
el detalle de las cuentas en lo relativo a ingresos y gastos y al activo y al pasivo;
la conciliación del estado financiero a que se refiere la letra e), con el detalle de las cuentas a que se refiere la letra f);
un listado de los proveedores que en el ejercicio financiero de que se trate hayan cobrado al beneficiario más de 10 000 EUR, con sus nombres y direcciones, así como indicación del alcance de los bienes o servicios facilitados.
En el caso de prórroga de acuerdo a lo dispuesto en el artículo II.25.3, el informe anual deberá incluir los documentos enumerados en las letras d), e), f) y g) cubriendo el primer trimestre del año siguiente al ejercicio de que se trate.
La información incluida en el informe anual debe ser suficiente para poder determinar el importe final de la financiación.
II.23.2 Informe de auditoría externa
El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento.
La auditoría externa tiene por objeto certificar la fiabilidad de los estados financieros y la legalidad y regularidad del gasto, y, en particular, que:
los estados financieros se prepararon de conformidad con la legislación nacional aplicable al beneficiario, están exentos de declaraciones erróneas y reflejan de manera fiel y genuina la posición financiera y los resultados de las operaciones;
los estados financieros se elaboraron de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002;
los gastos declarados son reales;
los ingresos declarados son exhaustivos;
los documentos financieros presentados por el beneficiario al Parlamento son conformes a las disposiciones financieras de la Decisión de financiación;
se han cumplido las obligaciones derivadas del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular las de su artículo 20;
se han cumplido las obligaciones que establece la Decisión de financiación, en particular en sus artículos II.9 y II.19;
las contribuciones en especie se han entregado realmente al beneficiario y se han evaluado con arreglo a la normativa aplicable.
todos los excedentes de la financiación de la Unión se han prorrogados al ejercicio siguiente y se han utilizado en el primer trimestre del ejercicio, de conformidad con el artículo 125, apartado 6, del Reglamento Financiero;
todos los excedentes de recursos propios se han transferido a la reserva.
Artículo II.24
Decisión sobre el informe anual
A más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al ejercicio financiero N, el Parlamento Europeo aprobará o rechazará dicho informe, según lo previsto en el artículo II.23.1.
A falta de reacción escrita del Parlamento Europeo en un plazo de seis meses a partir de la recepción del informe anual, este se considerará aprobado.
La aprobación del informe anual se realiza sin perjuicio de la determinación del importe definitivo de financiación en virtud del artículo II.25, mediante la cual el Parlamento Europeo toma una decisión final sobre la admisión a financiación de los gastos.
El Parlamento Europeo puede solicitar información adicional al beneficiario al objeto de poder tomar una decisión sobre el informe anual. En caso de que se realice dicha solicitud, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que el Parlamento Europeo haya recibido y evaluado la información solicitada.
Si el informe anual presenta deficiencias sustanciales, el Parlamento Europeo puede rechazarlo sin solicitar información adicional al beneficiario, y pedir a este último que presente un nuevo informe en un plazo de quince días laborables.
Las solicitudes de información adicional o de un nuevo informe se notificarán al beneficiario por escrito.
En caso de que se rechace el informe anual presentado inicialmente y de que se solicite uno nuevo, este último estará sujeto al procedimiento de aprobación descrito en el presente artículo.
Artículo II.25
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.25.1 Impacto del informe anual
La decisión del Parlamento Europeo por la que se establece el importe definitivo de la financiación se basará en el informe anual aprobado de conformidad con el artículo II.24. En caso de que el Parlamento Europeo rechace de manera definitiva el informe anual o si el beneficiario no presenta un informe anual dentro de los plazos aplicables, no se determinará ningún gasto subvencionable mediante la decisión sobre el importe definitivo de la financiación.
II.25.2 Umbral
El importe definitivo de la financiación se limitará al importe fijado en el artículo I.4 y no podrá exceder el 95 % de los gastos subvencionables en que se haya efectivamente incurrido.
II.25.3 Prórroga de excedentes
Si, al final del ejercicio N, el beneficiario tuviera un superávit de ingresos frente a gastos, una parte del excedente podrá ser prorrogada al ejercicio N+1, de conformidad con el artículo 125, apartado 6, del Reglamento Financiero.
a) Definición de excedente
El excedente del ejercicio N es la diferencia entre los gastos subvencionables totales y la suma de:
i) el importe de la financiación (máximo) provisional, de conformidad con el artículo I.4,
ii) los recursos propios del beneficiario destinados a los gastos subvencionables, si anteriormente el beneficiario ha destinado a gastos no subvencionables solo recursos propios, y
iii) todo excedente prorrogado del ejercicio N-1.
El excedente que podrá prorrogarse al ejercicio N+1 no superará el 25 % de los ingresos totales contemplados en los incisos i) e ii).
b) Contabilización de la provisión para gastos subvencionables
El importe efectivamente prorrogado se consignará en el balance del ejercicio N como «provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N+1». Esta provisión constituirá un coste subvencionable del ejercicio N.
Además, una liquidación provisional de las cuentas a día 31 de marzo del ejercicio N+1 a más tardar determinará los gastos subvencionables en que efectivamente se haya incurrido a dicha fecha. La provisión no excederá esos gastos.
En el ejercicio N+1, la provisión se liquidará y generará ingresos que se destinarán a cubrir gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N+1.
II.25.4 Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
El Parlamento Europeo controla anualmente si los gastos son conformes a las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Reglamento financiero y la Decisión de financiación. Cada año adoptará una decisión sobre el importe definitivo de la financiación, que se notificará debidamente al beneficiario.
El importe definitivo de la financiación en el ejercicio N se determinará en el ejercicio N+1.
La liquidación de la prefinanciación se producirá en el momento en que se fije el importe definitivo de la financiación.
II.25.5 Saldo de la financiación
Si la prefinanciación abonada sobrepasa el importe definitivo de la financiación, el Parlamento Europeo procederá a la recuperación de la prefinanciación pagada indebidamente.
Si importe definitivo de la financiación excede de la prefinanciación abonada, el Parlamento Europeo abonará la diferencia.
II.25.6 Beneficios
a) Definición
Se entenderá «beneficio» tal como se define en el artículo 125, apartado 5, del Reglamento Financiero.
b) Constitución de reservas
De conformidad con el artículo 125, apartado 5, del Reglamento Financiero, el beneficiario podrá constituir reservas a partir del excedente de recursos propios, según se define en el Artículo II.1.
El excedente que se transferirá a la cuenta de la reserva será, en su caso, el importe de los recursos propios que exceda de la suma de los recursos propios necesarios para cubrir el 5 % de los gastos subvencionables en que se haya efectivamente incurrido en el ejercicio financiero N y el 5 % de los gastos incluidos en la provisión prorrogada al ejercicio N+1. El beneficiario deberá haber cubierto previamente los gastos no subvencionables recurriendo solo a sus recursos propios.
El excedente asignado a la reserva no se tendrá en cuenta para el cálculo de los beneficios.
La reserva se destinará exclusivamente a cubrir los gastos de funcionamiento del beneficiario.
c) Recuperación
La financiación no podrá generar beneficios para el beneficiario. El Parlamento Europeo estará autorizado a recuperar el porcentaje de beneficio correspondiente a la contribución de la Unión a los gastos subvencionables, de conformidad con el artículo 125, apartado 4, del Reglamento Financiero.
Artículo II.26
Recuperación
Cuando se hayan pagado indebidamente importes al beneficiario o cuando, con arreglo a las condiciones de la Decisión de financiación, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 o del Reglamento Financiero, se justifique un procedimiento de recuperación, el beneficiario o la persona física en cuestión con arreglo al artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 reembolsará al Parlamento Europeo, en las condiciones y en la fecha de vencimiento fijadas por este, los importes en cuestión.
II.26.1 Intereses de demora
En caso de que, en la fecha de vencimiento fijada por el Parlamento Europeo, el beneficiario no haya procedido al reembolso, el Parlamento Europeo incrementará los importes adeudados con intereses de demora al tipo fijado en el artículo II.16. Los intereses de demora corresponderán al período transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada para el pago y la fecha de recepción por el Parlamento Europeo del pago íntegro de los importes adeudados, incluida.
Todo pago parcial se imputará en primer lugar a los gastos e intereses de demora y solo a continuación al principal.
II.26.2 Compensación
En caso de no haberse procedido al reembolso a más tardar en la fecha de vencimiento, los importes adeudados al Parlamento Europeo podrán recuperarse mediante compensación con los importes adeudados al beneficiario por cualquier otro concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento financiero y sus normas de desarrollo. En circunstancias excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, el Parlamento Europeo podrá recuperar mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No se requerirá el acuerdo previo del beneficiario.
II.26.3 Gastos bancarios
Los gastos bancarios que conlleve la recuperación de los importes adeudados al Parlamento Europeo correrán íntegramente a cargo del beneficiario.
Artículo II.27
Garantía financiera
Si el Parlamento Europeo solicita una garantía financiera de conformidad con el artículo 134 del Reglamento Financiero, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) la garantía financiera deberá ser prestada por un banco o entidad financiera autorizada o, si así lo solicita el beneficiario y lo acepta el Parlamento Europeo, por un tercero;
b) la garantía financiera deberá ser ejecutada por el garante a primer requerimiento, sin que este pueda exigir al Parlamento Europeo que actúe contra el deudor principal (es decir, el beneficiario de que se trate); y
c) la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la prefinanciación sea deducida de los pagos intermedios o del pago del saldo por el Parlamento Europeo; si el pago del saldo adopta la forma de una recuperación, la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la deuda se considere totalmente liquidada; y el Parlamento Europeo deberá liberar la garantía dentro del mes siguiente.
Artículo II.28
Control
II.28.1 Disposiciones generales
En el ámbito de sus competencias y de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán ejercer en cualquier momento sus funciones de control respectivas con el fin de comprobar si el beneficiario cumple plenamente las obligaciones establecidas en la Decisión de financiación, en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el Reglamento Financiero.
El beneficiario cooperará debidamente con las autoridades competentes y les proporcionará toda la asistencia necesaria para el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán delegar la tarea de control en organismos externos debidamente autorizados para actuar en su nombre (en lo sucesivo, «organismos autorizados»).
II.28.2 Obligación de conservar los documentos
Durante un período de cinco años a contar a partir de la fecha de presentación del informe anual, el beneficiario conservará, en cualquier soporte adecuado, todos los documentos originales, especialmente los registros contables y fiscales, incluidos originales digitalizados cuando lo autorice la correspondiente legislación nacional y en las condiciones que esta establezca.
El período de cinco años establecido en el párrafo primero no se aplicará en caso de auditorías en curso, apelaciones, litigios o reclamaciones relativas a la financiación. En tales casos, el beneficiario conservará los documentos hasta que se resuelvan dichas auditorías, apelaciones, litigios o reclamaciones.
II.28.3 Obligación de facilitar documentos e información
El beneficiario facilitará cualquier documento o información, incluida información en formato electrónico, solicitada por el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas o los organismos autorizados (en lo sucesivo, «autoridad competente»).
Todo los documentos o información facilitados por el beneficiario se tratarán de conformidad con el artículo II.6.
II.28.4 Visitas in situ
La autoridad competente podrá realizar visitas in situ en los locales del beneficiario. A tal fin, podrá solicitar por escrito que el beneficiario disponga lo necesario para tal visita dentro de un plazo adecuado que ha de fijar la autoridad competente.
Durante las visitas in situ, el beneficiario autorizará el acceso de la autoridad competente a los lugares y locales donde se están efectuando o se han efectuado las actividades, así como a toda la información necesaria, incluida la soportada en formato electrónico.
El beneficiario velará por que la información esté disponible en el momento de la visita y que la información solicitada se entregue de manera apropiada.
II.28.5 Procedimiento de auditoría contradictorio
Sobre la base de las conclusiones extraídas durante el procedimiento de control, el Parlamento Europeo elaborará un informe provisional de auditoría, que se remitirá al beneficiario. El beneficiario podrá formular observaciones en el plazo de treinta días naturales, a contar a partir de la fecha de recepción del informe provisional de auditoría.
Sobre la base de las conclusiones del informe de auditoría provisional y las posibles observaciones del beneficiario, el Parlamento Europeo establecerá sus conclusiones definitivas de la auditoría en un informe final de auditoría. El informe final de auditoría se remitirá al beneficiario dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la formulación de observaciones al informe provisional de auditoría.
II.28.6 Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
Sin perjuicio de la facultad del Parlamento de adoptar medidas en virtud de los artículos II.12 a II.14, el Parlamento Europeo tendrá debidamente en cuenta las conclusiones definitivas de la auditoría en el contexto de la determinación del importe definitivo de la financiación.
Los casos de un posible fraude o incumplimiento grave de las normas aplicables que sean revelados en las conclusiones definitivas de la auditoría se notificarán a las autoridades nacionales o de la Unión competentes para la adopción de medidas adicionales.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación de manera retroactiva sobre la base de las conclusiones definitivas de la auditoría.
II.28.7 Facultades de control de la OLAF
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ejercerá sus facultades de control frente los beneficiarios de conformidad con las normas aplicables, y en particular, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996 (8), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, de 11 de septiembre de 2013 (9), y los artículos 24, apartado 4, y 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
El beneficiario cooperará debidamente con la OLAF y le proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente en cualquier momento la decisión sobre el importe definitivo de la financiación de manera retroactiva basándose en las conclusiones que le remita la OLAF, en virtud del artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Antes de que el Parlamento Europeo decida adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, se informará debidamente al beneficiario sobre las conclusiones pertinentes y la intención del Parlamento de adaptar la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, y le dará la oportunidad de formular observaciones.
II.28.8 Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo ejercerá su facultad de control de conformidad con las normas aplicables, en especial, con el artículo 137, apartado 2, del Reglamento Financiero, y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Los artículos II.28.3 y II.28.4 son aplicables.
El beneficiario habrá de colaborar debidamente con el Tribunal de Cuentas y proporcionar toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
II.28.9 Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a 4
Si el beneficiario no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo II.28, puntos 1 a 4, el Parlamento Europeo podrá considerar como no reembolsable cualquier gasto insuficientemente justificado por el beneficiario.
Por el Parlamento Europeo
[apellidos, nombre]
Hecho en [ciudad: Estrasburgo, Luxemburgo, Bruselas]
Anexo 1
Presupuesto estimado
Gastos subvencionables
Presupuesto
A.1: Gastos de personal
Sueldos
Formación profesional
Gastos de misión del personal
Otros gastos de personal
A.2: Gastos de infraestructura y de funcionamiento
Alquiler, gastos relacionados con el alquiler y gastos de mantenimiento
Gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Gastos de amortización de los bienes muebles e inmuebles
Material y suministros de oficina
Gastos de envíos postales y telecomunicaciones
Gastos de impresión, de traducción y de reproducción
Otros gastos de infraestructura
A.3: Gastos administrativos
Gastos de documentación (periódicos, agencias de prensa, bases de datos)
Gastos de estudio y de investigación
Gastos jurídicos
Gastos de contabilidad y auditoría
Apoyo a terceros
Gastos administrativos varios
A.4: Reuniones y gastos de representación
Gastos de reuniones
Participación en seminarios y conferencias
Gastos de representación
Gastos para las invitaciones
Otros gastos relacionados con reuniones
A.5: Gastos de información y de publicación
Gastos de publicación
Creación y funcionamiento de sitios Internet
Gastos de publicidad
Material de comunicación (artículos promocionales)
Seminarios y exposiciones
Otros gastos de información
A.6: Asignación de la «Provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del año N+1»
A. GASTOS TOTALES SUBVENCIONABLES
Gastos no subvencionables
Provisiones
Pérdidas por tipo de cambio
Deudas de terceros de dudoso cobro
Contribuciones en especie
Otros gastos (por precisar)
B. GASTOS TOTALES NO SUBVENCIONABLES
C. GASTOS TOTALES
Ingresos
Presupuesto
D.1 Disolución de la «Provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del año N»
D.2 Financiación del Parlamento Europeo
D.3 Aportaciones de los miembros
organizaciones asociadas
de miembros individuales
D.4 Donaciones
D.5 Otros recursos propios
(por enumerar)
D.6. Intereses generados por la prefinanciación
D.7. Contribuciones en especie
D. TOTAL INGRESOS
E. Ganancias/pérdidas (D-C)
F. Dotación de recursos propios a la cuenta de reserva
G. Ganancias/pérdidas para la verificación del cumplimiento de la norma de no rentabilidad (E-F)
Nota: Estructura meramente orientativa. La estructura vinculante del presupuesto estimado se publicará con carácter anual junto con la convocatoria de propuestas.
Anexo 2
Programa de trabajo
[insertar para cada solicitud de financiación]
(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(3) DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
(4) DO L 333 de 19.12.2015, p. 50.
(5) DO C 225 de 28.6.2018, p. 4.
(6) Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(7) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(8) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(9) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). |
Lengua de procedimiento: inglés
Demandante: Dyson Ltd (Malmesbury, Reino Unido) (representantes: F. Carlin, Barrister, E. Batchelor y M. Healy, Solicitors, asistidos por A. Patsa, abogada)
Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, K. Herrmann y K. Talabér-Ritz, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras (DO 2013, L 192, p. 1).
1) Anular el Reglamento Delegado (UE) nº 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras.
2) Condenar en costas a la Comisión Europea, incluidas las relativas al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
(1) DO C 344 de 23.11.2013. |
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (1), y en particular el artículo 61 del mencionado Estatuto, y los artículos 16 y 91 del citado régimen,
Vista la normativa común por la que se establece la lista de días festivos de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 1, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
En virtud del artículo 61 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y de los artículos 16 y 91 del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, procede aprobar la lista de días festivos de 2020 para los funcionarios y agentes destinados en Bruselas y Luxemburgo.
En 2020, el Domingo de Pascua es el 12 de abril.
En 2020, el 24 de diciembre es jueves.
El 7 de noviembre de 2018 se recabó el dictamen del Colegio de Jefes de Administración sobre la lista de días festivos de 2020.
DECIDE:
Artículo 1
Quedan fijados los días festivos de 2020 para las instituciones de la Unión Europa en Bruselas y Luxemburgo.
1 de enero
Miércoles, día de Año Nuevo
2 de enero
Jueves, día siguiente al de Año Nuevo
9 de abril
Jueves Santo
10 de abril
Viernes Santo
13 de abril
Lunes de Pascua
1 de mayo
Viernes, Fiesta del Trabajo
21 de mayo
Jueves, día de la Ascensión
22 de mayo
Viernes, día siguiente al de la Ascensión
1 de junio
Lunes de Pentecostés
21 Julio
Martes, fiesta nacional de Bélgica
2 de noviembre
Lunes, Día de Difuntos
Del 24 de diciembre
31 de diciembre
6 días de final de año
17 días
Artículo 2
Para Luxemburgo, el martes 21 de julio se sustituye por el martes 23 de junio, fiesta nacional de Luxemburgo.
Artículo 3
El trabajo se reanudará normalmente el lunes 4 de enero de 2021.
Artículo 4
Sin perjuicio del calendario final de días festivos de 2021, el viernes 1 de enero de 2021 se considerará día festivo de ese año.
Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 2019.
Por la Comisión
Günther OETTINGER
Miembro de la Comisión
(1) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1. |
Lengua de procedimiento: español
Demandante: Reino de España (representante: Sr. M. Sampol Pucurull, agente)
Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente D. Triantafyllou, y posteriormente I. Galindo Martín, N. Ruiz García y A. Sauka, agentes)
Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059 de la Comisión, de 20 de junio de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2016, L 173, p. 59).
1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059 de la Comisión, de 20 de junio de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en lo que se refiere a la corrección financiera impuesta al Reino de España, en la medida en que impone:—una corrección a tanto alzado del 25 % en relación con el pasto arbolado-dehesa en los años de solicitud 2010 a 2013, y—una corrección a tanto alzado del 10 % en relación con el pasto arbustivo declarado por los «ganaderos» en los años de solicitud 2010 a 2013.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) Cada parte cargará con sus propias costas.
(1) DO C 392 de 24.10.2016. |
LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CONSIDERANDO que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido»), tras el resultado de un referéndum celebrado en el Reino Unido y su decisión soberana de abandonar la Unión Europea, notificó su intención de retirarse de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom») de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), que se aplica a la Euratom en virtud del artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»),
DESEANDO establecer la forma de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom, teniendo cuenta el marco de sus relaciones futuras,
TOMANDO NOTA de las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril y 15 de diciembre de 2017 y de 23 de marzo de 2018, según las cuales la Unión debe celebrar un acuerdo por el que se establezcan las disposiciones de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom,
RECORDANDO que, en virtud del artículo 50 del TUE, en relación con el artículo 106 bis del Tratado Euratom, y a reserva de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, el Derecho de la Unión y de la Euratom en su totalidad dejará de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
DESTACANDO que el objetivo del presente Acuerdo es garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom,
RECONOCIENDO que es necesario proporcionar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales del Reino Unido, así como a los miembros de sus familias respectivas, cuando hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de una fecha fijada en el presente Acuerdo, y garantizar que los derechos que les corresponden en virtud del presente Acuerdo sean exigibles y se basen en el principio de no discriminación; reconociendo asimismo que deben protegerse los derechos devengados por períodos de cotización a sistemas de seguridad social,
RESUELTOS a garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido, sin excluir la posibilidad de que las disposiciones pertinentes relativas a la separación sean sustituidas por el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
CONSIDERANDO que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio o de ejecución durante el cual -no obstante todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a la participación del Reino Unido en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en especial el fin, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de los mandatos de todos los miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se hubiesen nombrado, designado o elegido por la pertenencia del Reino Unido a la Unión- el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
RECONOCIENDO que, aunque el Derecho de la Unión se aplique al y en el Reino Unido durante el período transitorio, las características específicas del Reino Unido, en cuanto Estado que se ha retirado de la Unión, implican que será importante que el Reino Unido pueda tomar medidas para preparar y establecer nuevos acuerdos internacionales propios, inclusive en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, a condición de que dichos acuerdos no entren en vigor ni se apliquen durante ese período, a menos que la Unión lo autorice,
RECORDANDO que la Unión y el Reino Unido han acordado respetar los compromisos mutuos contraídos cuando el Reino Unido aún era miembro de la Unión a través de una liquidación financiera única,
CONSIDERANDO que, para garantizar una interpretación y aplicación correctas del presente Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, es esencial establecer disposiciones que aseguren la gobernanza general, en particular normas vinculantes de solución de controversias y de garantía del cumplimiento que respeten plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido así como la condición de tercer país del Reino Unido,
RECONOCIENDO que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en protocolos separados del presente Acuerdo, disposiciones duraderas para dar respuesta a situaciones muy específicas relativas a Irlanda / Irlanda del Norte y a las zonas de soberanía en Chipre,
RECONOCIENDO, además, que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en un protocolo separado del presente Acuerdo, disposiciones específicas respecto de Gibraltar que sean aplicables, en particular, durante el período transitorio,
RECALCANDO que el presente Acuerdo se fundamenta en un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones para la Unión y el Reino Unido,
TOMANDO NOTA de que, en paralelo al presente Acuerdo, las Partes han efectuado una Declaración Política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
CONSIDERANDO que existe la necesidad, tanto para el Reino Unido como para la Unión, de adoptar todas las medidas necesarias para empezar, tan pronto como sea posible después del 29 de marzo de 2019, las negociaciones formales de uno o varios acuerdos que regulen sus relaciones futuras, con el fin de garantizar que, en la medida de lo posible, dichos acuerdos se apliquen a partir del final del período transitorio,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 1
Objetivo
El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom»).
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «Derecho de la Unión»:
i) el Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»), tal como han sido modificados o complementados, así como los Tratados de Adhesión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, denominados conjuntamente «los Tratados»,
ii) los principios generales del Derecho de la Unión,
iii) los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión,
iv) los acuerdos internacionales en los que sea Parte la Unión y los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros en nombre de la Unión,
v) los acuerdos celebrados entre Estados miembros en calidad de Estados miembros de la Unión,
vi) los actos de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo Europeo o del Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo»),
vii) las declaraciones realizadas a raíz de las conferencias intergubernamentales en las que se adoptaron los Tratados;
b) «Estados miembros»: el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia;
c) «ciudadano de la Unión»: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro;
d) «nacional del Reino Unido»: un nacional del Reino Unido, como se define en la nueva declaración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 31 de diciembre de 1982, sobre la definición del término «nacionales» (1) y en la declaración n.o 63 aneja al Acta Final de la conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa (2);
e) «período transitorio»: el período previsto en el artículo 126;
f) «día»: un día natural, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o de disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo.
Artículo 3
Ámbito de aplicación territorial
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias al Reino Unido o a su territorio en el presente Acuerdo se refieren a:
a) el Reino Unido;
b) Gibraltar, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
c) las islas del Canal y la isla de Man, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a estas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
d) las zonas de soberanía de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea;
e) los países y territorios de ultramar recogidos en el anexo II del TFUE que mantienen relaciones especiales con el Reino Unido (3), respecto de las disposiciones del presente Acuerdo referentes al régimen especial de asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión.
2. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a los Estados miembros, o a su territorio, en el presente Acuerdo abarcan los territorios de los Estados miembros a los que se aplican los Tratados como se dispone en el artículo 355 del TFUE.
Artículo 4
Métodos y principios relativos a los efectos, la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo
1. Las disposiciones del presente Acuerdo y las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo producirán los mismos efectos jurídicos para el Reino Unido, y en su territorio, que los que produzcan en la Unión y en sus Estados miembros.
Por lo tanto, las personas físicas o jurídicas podrán, en particular, invocar directamente las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, o indicadas en él, que cumplan las condiciones para tener efecto directo en virtud del Derecho de la Unión.
2. El Reino Unido garantizará el cumplimiento del apartado 1, incluido en lo relativo a las competencias de sus autoridades judiciales y administrativas para no aplicar disposiciones nacionales incoherentes o incompatibles, por medio del Derecho primario nacional.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión o a conceptos o disposiciones de este se interpretarán y aplicarán conforme a los métodos y principios generales del Derecho de la Unión.
4. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada antes del final del período transitorio.
5. Al interpretar y aplicar el presente Acuerdo, las autoridades judiciales y administrativas del Reino Unido tendrán debidamente en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada después del final del período transitorio.
Artículo 5
Buena fe
La Unión y el Reino Unido, con pleno respeto mutuo y de buena fe, se asistirán mutuamente en el cumplimiento de las tareas derivadas del presente Acuerdo.
Adoptarán todas las medidas apropiadas, tanto de índole general como particular, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.
El presente artículo no afecta a la aplicación del Derecho de la Unión en virtud del presente Acuerdo, en particular al principio de cooperación leal.
Artículo 6
Referencias al Derecho de la Unión
1. Con excepción de la cuarta y quinta partes, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, todas las referencias en el presente Acuerdo al Derecho de la Unión se entenderán como referencias al Derecho de la Unión, incluidas sus modificaciones y sustituciones, que sea de aplicación en el último día del período transitorio.
2. Cuando el presente Acuerdo se refiera a actos de la Unión o a disposiciones de estos, se entenderá que dicha referencia incluye, en su caso, una referencia al Derecho de la Unión o a disposiciones de este que, aunque hayan sido sustituidas por el acto referido, siguen aplicándose conforme a dicho acto.
3. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen las referencias a los correspondientes actos de la Unión que completen o ejecuten dichas disposiciones.
Artículo 7
Referencias a la Unión y a los Estados miembros
1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a las autoridades competentes de estos en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen al Reino Unido y sus autoridades competentes, salvo en lo que respecta a:
a) la designación, el nombramiento o la elección de miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como la participación en el proceso decisorio y la asistencia a las reuniones de las instituciones;
b) la participación en el proceso decisorio y la gobernanza de los órganos y organismos de la Unión;
c) la asistencia a las reuniones de los comités a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión o de otras entidades similares, o a las reuniones de los grupos de expertos o entidades similares de los órganos y organismos de la Unión, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
2. Se entenderá que toda referencia a la Unión incluye a la Euratom salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
Artículo 8
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, al final del período transitorio el Reino Unido dejará de tener derecho de acceso a toda red, sistema de información y base de datos establecidos con base en el Derecho de la Unión. El Reino Unido adoptará las medidas adecuadas para garantizar que no accede a ninguna red, sistema de información o base de datos respecto de los que deje de tener derecho de acceso.
SEGUNDA PARTE
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 9
Definiciones
A efectos de la presente parte, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, se entenderá por:
a) «miembros de la familia»: las personas de la lista siguiente, con independencia de su nacionalidad, que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación personal previsto en el artículo 10 del presente Acuerdo:
i) miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o miembros de la familia de nacionales del Reino Unido, tal y como se definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5),
ii) aquellas personas, distintas de las definidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, cuya presencia sea obligatoria para que ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido no pierdan el derecho de residencia que se les reconoce en la presente parte;
b) «trabajadores fronterizos»: ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad económica de conformidad con el artículo 45 o el artículo 49 del TFUE en uno o más Estados en los que no residen;
c) «Estado de acogida»:
i) respecto de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, el Reino Unido, si han ejercido su derecho de residencia en dicho Estado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período,
ii) respecto de los nacionales del Reino Unido y los miembros de sus familias, el Estado miembro en el que hayan ejercido su derecho de residencia con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y en el que sigan residiendo después de este período;
d) «Estado de trabajo»:
i) respecto de los ciudadanos de la Unión, el Reino Unido, si han ejercido una actividad económica como trabajadores fronterizos en dicho Estado antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período,
ii) respecto de los nacionales del Reino Unido, el Estado miembro en el que hayan ejercido una actividad económica como trabajadores fronterizos antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período;
e) «derechos de custodia»: derechos de custodia como se definen en el artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo (6), que incluyen los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.
Artículo 10
Ámbito de aplicación personal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, la presente parte se aplicará a las personas siguientes:
a) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de residencia en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período;
b) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho de residencia en un Estado miembro con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período;
c) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho como trabajadores fronterizos en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período;
d) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho como trabajadores fronterizos en uno o más Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período;
e) los miembros de la familia de las personas a que se refieren las letras a) a d), siempre que satisfagan una de las condiciones siguientes:
i) haber residido en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y seguir residiendo en él después de este período,
ii) tener un vínculo directo con una persona a que se refieren las letras a) a d) y haber residido fuera del Estado de acogida antes del final del período transitorio, siempre que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado,
iii) ser descendiente consanguíneo o adoptivo de primer grado de las personas a que se refieren las letras a) a d) y que el nacimiento o la adopción haya tenido lugar después del final del período transitorio, en el Estado de acogida o en un lugar distinto, y satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado y cumpla una de las condiciones siguientes:
— ambos progenitores pertenecen a una de las categorías de personas de las letras a) a d),
— uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y el otro es nacional del Estado de acogida, o
— uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y tiene derecho de custodia compartida o exclusiva respecto del menor de conformidad con la normativa aplicable del Derecho de familia de un Estado miembro o del Reino Unido, incluida la normativa aplicable del Derecho internacional privado en virtud de la cual se reconocen en el Estado miembro o en el Reino Unido los derechos de custodia previstos en el Derecho de un tercer Estado, especialmente en cuanto al interés superior del menor, y sin perjuicio del funcionamiento normal de esa normativa aplicable del Derecho internacional privado (7);
f) los miembros de la familia que hayan residido en el Estado de acogida con arreglo a los artículos 12 y 13, el artículo 16, apartado 2, y los artículos 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio y que sigan residiendo en él después de este período.
2. Las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE cuya residencia haya sido facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional antes del final del período transitorio conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva conservarán el derecho de residencia que les corresponda en el Estado de acogida conforme a la presente parte, siempre que sigan residiendo en el Estado de acogida después del período transitorio.
3. El apartado 2 del presente artículo se aplicará también a las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE que hayan solicitado la ayuda a la entrada y la residencia antes del final del período transitorio y cuya residencia esté siendo facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional después del período transitorio.
4. Sin perjuicio de un derecho de residencia personal que puedan tener los interesados, el Estado de acogida facilitará, con arreglo a su legislación nacional y al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, la entrada y la residencia a la pareja con la que la persona a la que se refiere el apartado 1, letras a) a d), del presente artículo mantenga una relación estable, debidamente probada, en caso de que dicha pareja no resida en el Estado de acogida antes del final del período transitorio y con la condición de que la relación fuese estable antes del final del período transitorio y lo siga siendo cuando la pareja solicite residencia en virtud de la presente parte.
5. En los supuestos descritos en los apartados 3 y 4, el Estado de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales de las personas concernidas y justificará las denegaciones de entrada o residencia de dichas personas.
Artículo 11
Continuidad de la residencia
La continuidad de la residencia a efectos de los artículos 9 y 10 no se verá afectada por las ausencias a que se refiere el artículo 15, apartado 2.
El derecho de residencia permanente adquirido en virtud de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio no será considerado como perdido por ausencia del Estado de acogida por un período especificado en el artículo 15, apartado 3.
Artículo 12
No discriminación
En el ámbito de aplicación de la presente parte y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en la misma, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad en el sentido del artículo 18, párrafo primero, del TFUE, tanto en el Estado de acogida como en el Estado de trabajo, respecto de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo.
TÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Capítulo 1
Derechos relacionados con la residencia y documentos de residencia
Artículo 13
Derechos de residencia
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida con arreglo a las limitaciones y condiciones establecidas en los artículos 21, 45 o 49 del TFUE y en el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letras a), b) o c), el artículo 7, apartado 3, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.
2. Los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letra d), el artículo 12, apartados 1 o 3, el artículo 13, apartado 1, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartados 3 y 4, de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones.
3. Los miembros de la familia que no sean ni ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 12, apartados 2 o 3, el artículo 13, apartado 2, el artículo 14, el artículo 16, apartado 2, el artículo 17, apartados 3 o 4, o el artículo 18 de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones.
4. El Estado de acogida no podrá imponer limitaciones ni condiciones distintas de las que se contemplan en el presente título para la obtención, la conservación o la pérdida de los derechos de residencia por parte de las personas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3. Solo se podrá ejercer discrecionalidad en la aplicación de las limitaciones y condiciones previstas en el presente título para favorecer a los interesados.
Artículo 14
Derecho de salida y de entrada
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título tendrán derecho a salir del Estado de acogida y entrar en este en los términos del artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/38/CE con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y el resto de personas que no sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido.
Transcurridos cinco años desde el final del período transitorio, el Estado de acogida podrá dejar de aceptar los documentos nacionales de identidad a efectos de la entrada en su territorio o la salida del mismo si dichos documentos no incorporan un chip que cumpla las normas aplicables de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de identificación biométrica.
2. A los titulares de un documento válido expedido con arreglo a los artículos 18 o 26 no se les exigirán visados de entrada ni visados de salida, ni se les someterá a obligaciones equivalentes.
3. Cuando el Estado de acogida exija un visado de entrada a los miembros de la familia que vayan a reunirse con un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido después del final del período transitorio, el Estado de acogida concederá a estas personas todas las facilidades necesarias para obtener el visado. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.
Artículo 15
Derecho de residencia permanente
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión por un período continuado de cinco años o por el período especificado en el artículo 17 de la Directiva 2004/38/CE tendrán derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en los artículos 16, 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio.
2. La continuidad de la residencia a efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente se determinará con arreglo al artículo 16, apartado 3, y el artículo 21 de la Directiva 2004/38/CE.
3. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente solo se perderá por ausencia del Estado de acogida durante más de cinco años consecutivos.
Artículo 16
Acumulación de períodos
Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE por un período inferior a cinco años tendrán derecho a adquirir el derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en el artículo 15 del presente Acuerdo una vez hayan completado los períodos de residencia exigidos. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio.
Artículo 17
Variaciones en la condición de residente
1. El derecho de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, a invocar lo dispuesto en la presente parte no se verá afectado por los cambios en su condición, por ejemplo entre estudiante, trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia o persona sin actividad económica. Las personas que, al final del período transitorio, disfruten de un derecho de residencia en cuanto miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o de nacionales del Reino Unido no podrán formar parte de las categorías de personas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letras a) a d).
2. Los derechos que el presente título reconoce a los miembros de la familia que estén a cargo de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio seguirán vigentes incluso cuando dejen de estar a su cargo.
Artículo 18
Expedición de documentos de residencia
1. El Estado de acogida podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas, que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título, que soliciten una nueva condición de residente, que otorgue los derechos del presente título, y un documento que la acredite, que podrá estar en formato digital.
La solicitud de dicha condición de residente estará sujeta a las condiciones siguientes:
la finalidad del procedimiento de solicitud será comprobar si a la persona solicitante le corresponden los derechos de residencia establecidos en el presente título. Cuando así sea, la persona solicitante tendrá derecho a que se le otorgue la condición de residente y un documento que la acredite.
las personas que residan en el Estado de acogida antes del final del período transitorio tendrán un plazo no inferior a seis meses desde el final del período transitorio para presentar la solicitud.
En el caso de las personas cuyo derecho de residencia en el Estado de acogida comience después del final del período transitorio de conformidad con el presente título, el plazo para presentar la solicitud será de tres meses desde su llegada o el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero, si esta última fecha fuere posterior.
Se expedirá inmediatamente un certificado de solicitud de condición de residente.
el plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) se prorrogará automáticamente por un año si la Unión notifica al Reino Unido, o el Reino Unido a la Unión, que debido a problemas técnicos el Estado de acogida no puede registrar la solicitud o expedir el certificado de la solicitud a que se refiere la letra b). El Estado de acogida publicará dicha notificación y proporcionará información pública adecuada a los interesados con prontitud.
en caso de incumplimiento del plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) por los interesados, las autoridades competentes valorarán las circunstancias y los motivos por los que se ha producido el incumplimiento y concederán al interesado un plazo adicional suficiente para presentar la solicitud si los motivos del incumplimiento están fundados.
el Estado de acogida velará por que los procedimientos administrativos relativos a las solicitudes sean expeditos, transparentes y sencillos y por que se eliminen las trabas administrativas innecesarias.
los formularios de solicitud serán cortos, sencillos, de uso fácil y estarán adaptados al contexto del presente Acuerdo; las distintas solicitudes procedentes de una misma familia que se presenten a la vez se tramitarán conjuntamente.
el documento acreditativo de la condición de residente se expedirá con carácter gratuito o mediante pago de una tasa que no rebase la impuesta a los ciudadanos o nacionales del Estado de acogida por la expedición de documentos similares.
las personas que, antes del final del período transitorio, sean titulares de un documento válido de residencia permanente expedido con arreglo a los artículos 19 o 20 de la Directiva 2004/38/CE o de un documento nacional válido de inmigrante que otorgue un derecho de residencia permanente en el Estado de acogida tendrán derecho a cambiar dicho documento en el plazo indicado en la letra b) del presente apartado por un nuevo documento de residencia mediante solicitud y una vez se haya verificado su identidad, se haya realizado un control de antecedentes penales y de seguridad con arreglo a la letra p) del presente apartado y se haya confirmado el carácter continuado de su residencia; el nuevo documento de residencia será expedido gratuitamente.
la identidad de los solicitantes se acreditará con la presentación de un pasaporte o un documento nacional de identidad válidos, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con la presentación de un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y otras personas que no sean ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido; la admisión de dichos documentos de identidad no podrá depender de otro criterio que no sea la validez del documento. Si durante la tramitación de la solicitud el documento de identidad obra en poder de las autoridades competentes del Estado de acogida, el interesado podrá solicitar su restitución, que el Estado de acogida realizará sin demora, antes de que se haya adoptado una resolución sobre la solicitud.
se podrá presentar copia de la documentación justificativa, como la relativa al estado civil, con excepción de los documentos de identidad. Solo se podrá exigir la presentación de los originales de la documentación justificativa en casos específicos en los que se alberguen dudas fundadas sobre su autenticidad.
el Estado de acogida solo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indican en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE:
si residen en el Estado de acogida como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, una declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo, o una prueba de que trabajan por cuenta propia,
si residen en el Estado de acogida como personas sin actividad económica con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado de acogida, o
si residen en el Estado de acogida como estudiantes con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que están matriculados en un centro reconocido o financiado por el Estado de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, prueba de que disponen de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, así como una declaración o medio de prueba equivalente de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado de acogida durante su período de residencia; el Estado de acogida no podrá exigir que dichas declaraciones hagan referencia a una cantidad determinada de recursos.
Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes.
el Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso i), o el artículo 10, apartados 2 o 3, del presente Acuerdo y que residan en el Estado de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d), o al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, o en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE:
un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada,
el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que residen reside efectivamente en el Estado de acogida,
en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE,
en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartados 2 o 3, del presente Acuerdo, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de acogida conforme al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.
Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes respecto de los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido.
el Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii), o el artículo 10, apartado 4, del presente Acuerdo que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE:
un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada,
el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que se vayan a reunir en el Estado de acogida reside en dicho Estado,
en el caso de los cónyuges o las parejas de hecho registradas, un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada antes del final del período transitorio,
en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de su parentesco con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE relacionados con la edad o la situación de dependencia,
en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartado 4, del presente Acuerdo, prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y después de este.
en aquellos casos distintos de los señalados en las letras k), l) y m), el Estado de acogida no exigirá a los solicitantes documentación justificativa que exceda de lo que sea estrictamente necesario y proporcionado para demostrar que se cumplen las condiciones relativas al derecho de residencia establecidas en el presente título.
las autoridades competentes del Estado de acogida ayudarán a que los solicitantes prueben que reúnen los requisitos y no cometan errores u omisiones en su solicitud; asimismo, concederán a los solicitantes la oportunidad de aportar material probatorio complementario y de subsanar deficiencias, errores u omisiones.
se podrán realizar controles de antecedentes penales y de seguridad a los solicitantes de forma sistemática únicamente para comprobar si son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 20 del presente Acuerdo. A tal fin, se podrá exigir a los solicitantes que declaren las condenas penales que figuren en sus antecedentes penales de conformidad con el Derecho del Estado de la condena en el momento de la solicitud. El Estado de acogida podrá aplicar, si considera que es necesario, el procedimiento establecido en el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE a las peticiones de consulta a otros Estados sobre antecedentes penales.
el nuevo documento de residencia mencionará que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo.
los solicitantes podrán interponer recursos judiciales y, en su caso, administrativos en el Estado de acogida contra las decisiones por las que se deniegue la condición de residente. En dichos recursos se podrá solicitar un examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que se basa la decisión. La finalidad del procedimiento de recurso será garantizar que la decisión no sea desproporcionada.
2. Durante el período a que se refiere el apartado 1, letra b), del presente artículo y su eventual prórroga de un año con arreglo a la letra c) del mismo apartado, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el Estado de acogida con arreglo a las condiciones y restricciones establecidas en el artículo 20.
3. Hasta que la autoridad competente tome la decisión final, en el caso de las solicitudes a que se refiere el apartado 1, y hasta que se dicte la sentencia definitiva, en el caso de los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades administrativas competentes por las que se deniegan dichas solicitudes, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los solicitantes y recurrentes, incluido el artículo 21 relativo a las garantías y el derecho a recurrir, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 4.
4. Si el Estado de acogida opta por que los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título no tengan que solicitar una nueva condición de residente con arreglo al apartado 1 para tener residencia legal, las personas a las que corresponda uno de los derechos de residencia establecidos en el presente título tendrán derecho a recibir, con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, un documento de residencia, que podrá estar en formato digital, que mencione que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo.
Artículo 19
Expedición de documentos de residencia durante el período transitorio
1. Durante el período transitorio, el Estado de acogida podrá permitir la presentación voluntaria de solicitudes de condición de residente o de documento de residencia a que se refiere el artículo 18, apartados 1 y 4, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. Las decisiones por las que se acepten o rechacen dichas solicitudes se adoptarán con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 4. Las decisiones que se adopten con arreglo al artículo 18, apartado 1, solo surtirán efecto después del final del período transitorio.
3. Cuando se acepte una solicitud a que se refiere el artículo 18, apartado 1, antes del final del período transitorio, el Estado de acogida solo podrá retirar la decisión por la que otorgue la condición de residente antes del final del período transitorio con base en alguno de los motivos establecidos en el capítulo VI y el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE.
4. Si se rechaza una solicitud antes del final del período transitorio, la persona solicitante podrá presentar una nueva solicitud en cualquier momento antes del final del período establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b).
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los recursos a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra r), se podrán interponer a partir de la fecha de la decisión por la que se rechace una solicitud prevista en el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 20
Limitaciones de los derechos de residencia y entrada
1. La conducta personal antes del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título se valorará con arreglo al capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE.
2. La conducta personal después del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título podrá constituir un motivo para la restricción del derecho de residencia por parte del Estado de acogida o del derecho de entrada en el Estado de trabajo con arreglo a la legislación nacional.
3. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por el presente título en caso de abuso de derecho o fraude, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE. Estas medidas estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en el artículo 21 del presente Acuerdo.
4. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán expulsar de su territorio a los solicitantes que hayan presentado solicitudes fraudulentas o con abuso de derecho con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, en particular los artículos 31 y 35, incluso antes de que se dicte sentencia firme en caso de interposición de un recurso judicial contra la decisión que deniegue la solicitud.
Artículo 21
Garantías y derecho a recurrir
Las garantías establecidas en el artículo 15 y el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE se aplicarán respecto de las decisiones del Estado de acogida que restrinjan los derechos de residencia de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo.
Artículo 22
Derechos conexos
De conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2004/38/CE e independientemente de su nacionalidad, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en el Estado de acogida o el Estado de trabajo tendrán derecho a trabajar por cuenta propia o ajena en él.
Artículo 23
Igualdad de trato
1. De conformidad con el artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE y con sujeción a las disposiciones específicas establecidas en el presente título y en los títulos I y IV de la presente parte, todos los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo al presente Acuerdo gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en los ámbitos tratados en la presente parte. El disfrute de este derecho será extensivo a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que sean titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los períodos de residencia a que se refiere el artículo 6 o el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, el Estado de acogida no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente con arreglo al artículo 15 del presente Acuerdo, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que no sean trabajadoras por cuenta ajena o propia, a personas que mantengan dicha condición o a miembros de sus familias.
Capítulo 2
Derechos de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia
Artículo 24
Derechos de los trabajadores por cuenta ajena
1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 45, apartados 3 y 4, del TFUE, los trabajadores por cuenta ajena en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta ajena en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en el artículo 45 del TFUE y los derechos que confiere el Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
el derecho a no ser objeto de discriminación por razón de la nacionalidad, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo y de empleo;
el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla con arreglo a las normas aplicables a los nacionales del Estado de acogida o del Estado de trabajo;
el derecho a recibir la misma asistencia que las oficinas de empleo del Estado de acogida o del Estado de trabajo conceden a sus propios nacionales;
el derecho a recibir un trato igualitario en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, en caso de desempleo;
el derecho a las ventajas sociales y fiscales;
los derechos colectivos;
los derechos y ventajas concedidos a los trabajadores nacionales en materia de alojamiento;
el derecho a que los hijos sean admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida o el Estado de trabajo, si esos hijos residen en el territorio en el que el trabajador por cuenta ajena desempeña su actividad.
2. Si el descendiente directo de un trabajador por cuenta ajena que deje de residir en el Estado de acogida está escolarizado en dicho Estado, la persona que ejerza la guarda y custodia de este descendiente tendrá derecho a residir en dicho Estado hasta que el descendiente sea mayor de edad e incluso después de la mayoría de edad si el descendiente sigue necesitando la presencia y la atención de la persona que ejerza la guarda y custodia para completar sus estudios.
3. Los trabajadores fronterizos por cuenta ajena gozarán del derecho de salida y de entrada en el Estado de trabajo con arreglo al artículo 14 del presente Acuerdo y conservarán los derechos que les correspondían en cuanto trabajadores por cuenta ajena en dicho Estado, siempre que se encuentren en uno de los casos contemplados en el artículo 7, apartado 3, letras a), b), c) y d), de la Directiva 2004/38/CE, aun cuando no cambien el lugar de su residencia al Estado de trabajo.
Artículo 25
Derechos de los trabajadores por cuenta propia
1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en los artículos 51 y 52 del TFUE, los trabajadores por cuenta propia en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta propia en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en los artículos 49 y 55 del TFUE. Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
a) el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla por cuenta propia y a constituir y administrar empresas en las condiciones fijadas por el Estado de acogida para sus propios nacionales, como establece el artículo 49 del TFUE;
b) los derechos establecidos en el artículo 24, apartado 1, letras c) a h), del presente Acuerdo.
2. El artículo 24, apartado 2, se aplicará a los descendientes directos de los trabajadores por cuenta propia.
3. El artículo 24, apartado 3, se aplicará a los trabajadores fronterizos por cuenta propia.
Artículo 26
Expedición de un documento que acredite los derechos de los trabajadores fronterizos
El Estado de trabajo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que disfruten de derechos establecidos en el presente título en cuanto trabajadores fronterizos que soliciten un documento que acredite que son titulares de dichos derechos en virtud del presente título. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que así lo soliciten tendrán derecho a que se les expida dicho documento.
Capítulo 3
Cualificaciones profesionales
Artículo 27
Reconocimiento de las cualificaciones profesionales
1. El reconocimiento, antes del final del período transitorio, de las cualificaciones profesionales, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), de los ciudadanos de la Unión o de los nacionales del Reino Unido, y los miembros de sus familias, por su Estado de acogida o su Estado de trabajo seguirá surtiendo efecto en el Estado respectivo, incluido el derecho a ejercer su profesión en las mismas condiciones que sus nacionales si dicho reconocimiento se ha efectuado de conformidad con alguna de las disposiciones siguientes:
el título III de la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el contexto del ejercicio de la libertad de establecimiento, independientemente de si dicho reconocimiento se produjo en virtud del régimen general de reconocimiento de títulos de formación, el régimen de reconocimiento de la experiencia profesional o el régimen de reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación;
el artículo 10, apartados 1 y 3, de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) en lo que respecta al acceso a la profesión de abogado en el Estado de acogida o el Estado de trabajo;
el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) en lo que respecta a la autorización de los auditores legales de otro Estado miembro;
la Directiva 74/556/CEE del Consejo (12) en lo que respecta a la admisión de elementos de prueba de los conocimientos y aptitudes necesarios para acceder a las actividades no asalariadas de comercio y distribución de productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las actividades de intermediario, y para ejercerlas.
2. El reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos del apartado 1, letra a), del presente artículo incluirá:
las cualificaciones profesionales reconocidas en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE;
las decisiones que concedan acceso parcial a una actividad profesional con arreglo al artículo 4 septies de la Directiva 2005/36/CE;
las cualificaciones profesionales reconocidas a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.
Artículo 28
Procedimientos en curso de reconocimiento de cualificaciones profesionales
La Directiva 74/556/CEE, el artículo 4, el artículo 4 quinquies, en lo relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento, el artículo 4 septies y el título III de la Directiva 2005/36/CE, el artículo 10, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 98/5/CE y el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE se aplicarán respecto del examen, por parte de una autoridad competente del Estado de acogida o del Estado de trabajo, de las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales que presenten los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio y de las decisiones que resuelvan dichas solicitudes.
También se aplicarán los artículos 4 bis, 4 ter y 4 sexies de la Directiva 2005/36/CE en la medida en que sea pertinente para finalizar los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de dicha Directiva.
Artículo 29
Cooperación administrativa en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales
1. El Reino Unido y los Estados miembros cooperarán para facilitar la aplicación del artículo 28 en cuanto a las solicitudes a que se refiere dicho artículo y que estén en curso. Esta cooperación podrá abarcar el intercambio de información, especialmente la información relativa a las medidas disciplinarias o a las sanciones penales o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que pueda tener consecuencias para el ejercicio de actividades que entran dentro del ámbito de las Directivas mencionadas en el artículo 28.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, durante un período no superior a nueve meses desde el final del período transitorio, el Reino Unido podrá utilizar el sistema de información del mercado interior en relación con las solicitudes a que se refiere el artículo 28 siempre que correspondan a procedimientos para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento con arreglo al artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.
TÍTULO III
Coordinación de los sistemas de seguridad social
Artículo 30
Ámbito de aplicación personal
1. El presente título se aplicará a las personas siguientes:
ciudadanos de la Unión sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
nacionales del Reino Unido sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido y estén sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
nacionales del Reino Unido que residan en un Estado miembro y estén sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
personas no comprendidas en las letras a) a d) que sean:
ciudadanos de la Unión que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Reino Unido al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), estén sujetos a la legislación de un Estado miembro, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, o
nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en uno o más Estados miembros al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.o 883/2004, estén sujetos a la legislación del Reino Unido, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
personas apátridas y refugiadas que residan en un Estado miembro o en el Reino Unido y que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e), así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
nacionales de terceros países, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e) siempre que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo (14).
2. Las personas a que se refiere el apartado 1 estarán cubiertas durante el tiempo en el que se encuentren, sin interrupción, en una de las situaciones descritas en dicho apartado que afecten a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo.
3. El presente título también se aplicará a las personas que no estén o hayan dejado de estar incluidas en las letras a) a e) del apartado 1 del presente artículo, pero que estén incluidas en el artículo 10 del presente Acuerdo, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.
4. Las personas a que se refiere el apartado 3 estarán cubiertas durante el tiempo en que sigan teniendo derecho a residir en el Estado de acogida en virtud del artículo 13 del presente Acuerdo o derecho a trabajar en su Estado de trabajo en virtud de los artículos 24 o 25 del presente Acuerdo.
5. Cuando el presente artículo se refiere a los miembros de sus familias y a los supérstites, se entiende que dichas personas están cubiertas por el presente título solo en la medida en que sean titulares de derechos y obligaciones en calidad de tales en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Artículo 31
Normas de coordinación en materia de seguridad social
1. Las normas y objetivos establecidos en el artículo 48 del TFUE, en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y en el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), se aplicarán a las personas cubiertas por el presente título.
La Unión y el Reino Unido tendrán debidamente en cuenta las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social vinculada a la Comisión Europea, y creada en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (en lo sucesivo, «Comisión Administrativa»), cuya lista figura en el anexo I, parte I, del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del presente Acuerdo, a efectos del presente título se aplicarán las definiciones del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
3. Por lo que se refiere a los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, así como los miembros de sus familias o sus supérstites incluidos en el ámbito de aplicación del presente título, se entenderá que las referencias al Reglamento (CE) n.o 883/2004 y al Reglamento (CE) n.o 987/2009 en el presente título se refieren al Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo (16) y al Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo (17), respectivamente. Se entenderá que las referencias a disposiciones específicas del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 se refieren a las disposiciones correspondientes del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72.
Artículo 32
Situaciones especiales cubiertas
1. Las normas siguientes se aplicarán a las situaciones siguientes dentro de los límites definidos por el presente artículo, y en la medida en que afecten a personas que no estén comprendidas en el artículo 30 o que dejen de estarlo:
las personas siguientes estarán cubiertas por el presente título a efectos de hacer valer y totalizar períodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia, incluidos los derechos y obligaciones derivados de dichos períodos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 883/2004:
los ciudadanos de la Unión, así como los apátridas y refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, que hubieran estado sujetos a la legislación del Reino Unido antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites,
los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, que hubieran estado sujetos a la legislación de un Estado miembro antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites.
A efectos de la totalización de los períodos, se tendrán en cuenta los períodos completados antes y después del final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004.
las normas establecidas en los artículos 20 y 27 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose a aquellas personas que, antes del final del período transitorio, hubiesen solicitado una autorización para recibir un tratamiento sanitario programado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004, hasta el final del tratamiento. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe el tratamiento. Dichas personas y las personas que las acompañen gozarán del derecho de entrada y de salida en el Estado en el que se efectúe el tratamiento en los términos del artículo 14, mutatis mutandis.
las normas establecidas en los artículos 19 y 27 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose a las personas cubiertas por el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y que estén realizando una estancia, al final del período transitorio, en un Estado miembro o en el Reino Unido, hasta el final de dicha estancia. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe la estancia o el tratamiento.
las normas establecidas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose, siempre y cuando se cumplan las condiciones pertinentes, a la concesión de prestaciones familiares a las que tengan derecho al final del período transitorio las personas siguientes:
los ciudadanos de la Unión, los apátridas y los refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 y residan en un Estado miembro, que estén sujetos a la legislación de un Estado miembro y tengan miembros de su familia residiendo en el Reino Unido al final del período transitorio,
los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 y residan en el Reino Unido, que estén sujetos a la legislación del Reino Unido y tengan miembros de su familia residiendo en un Estado miembro al final del período transitorio.
en las situaciones contempladas en la letra d), incisos i) y ii), del presente apartado, seguirán aplicándose el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.o 987/2009, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en estos, a las personas que tengan derechos en cuanto miembros de la familia al final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004, como los derechos derivados de las prestaciones de enfermedad en especie.
2. Las disposiciones del título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 relativas a las prestaciones de enfermedad se aplicarán a las personas que reciban prestaciones en virtud del apartado 1, letra a), del presente artículo.
El presente apartado se aplicará, mutatis mutandis, en lo relativo a las prestaciones familiares basadas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Artículo 33
Nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
1. Las disposiciones del presente título aplicables a los ciudadanos de la Unión se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, con la condición de que:
Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con el Reino Unido que se apliquen a los ciudadanos de la Unión; y
Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con la Unión que se apliquen a los nacionales del Reino Unido.
2. Una vez se produzca la notificación por parte del Reino Unido y de la Unión de la fecha de entrada en vigor de los acuerdos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el Comité Mixto que establece el artículo 164 (en lo sucesivo, «Comité Mixto») fijará la fecha a partir de la cual las disposiciones del presente título se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, según proceda.
Artículo 34
Cooperación administrativa
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 128, apartado 1, el Reino Unido tendrá la condición de observador en la Comisión Administrativa desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Cuando los puntos del orden del día relacionados con el presente título se refieran al Reino Unido, este podrá enviar a un representante, para asistir con carácter consultivo, a las reuniones de la Comisión Administrativa y a las reuniones de los organismos a que se refieren los artículos 73 y 74 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 en las que se traten dichos puntos.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido participará en el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI, por sus siglas en inglés) y asumirá los gastos correspondientes.
Artículo 35
Reembolso, recuperación y compensación
Las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 sobre reembolso, recuperación y compensación seguirán aplicándose en relación con acontecimientos que, en la medida en que se refieran a personas que no estén cubiertas por el artículo 30:
hayan ocurrido antes del final del período transitorio; o
ocurran después del final del período transitorio y se refieran a personas que estaban cubiertas por los artículos 30 o 32 en el momento en que ocurrió el acontecimiento.
Artículo 36
Evolución legislativa y adaptaciones de actos de la Unión
1. Cuando se modifiquen o sustituyan los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 después del final del período transitorio, se entenderá que las referencias a dichos Reglamentos en el presente Acuerdo se refieren a dichos Reglamentos en su versión modificada o sustituida, de conformidad con los actos que figuran en la lista del anexo I, parte II, del presente Acuerdo.
El Comité Mixto revisará el anexo I, parte II, del presente Acuerdo y lo adaptará a la luz de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 tan pronto como la Unión adopte dichos actos. A tal efecto, la Unión informará al Reino Unido en el Comité Mixto de los actos que modifiquen o sustituyan a dichos Reglamentos a la mayor brevedad tras su adopción.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, el Comité Mixto evaluará los efectos de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 cuando dichos actos:
modifiquen o sustituyan a las materias reguladas por el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004; o
hagan exportables prestaciones en metálico que no eran exportables con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004 al final del período transitorio, o hagan no exportables prestaciones en metálico que fuesen a ser exportables al final del período transitorio; o
hagan exportables por un período ilimitado prestaciones en metálico que solo lo fuesen por un período limitado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004 al final del período transitorio, o hagan exportables por un período limitado prestaciones en metálico que lo fuesen por un período ilimitado con arreglo a dicho Reglamento al final del período transitorio.
Al llevar a cabo la evaluación, el Comité Mixto examinará de buena fe el alcance de los cambios a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, así como la importancia de mantener el buen funcionamiento de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 entre la Unión y el Reino Unido y la importancia de que haya un Estado competente en relación con las personas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Si el Comité Mixto así lo decide en un plazo de seis meses desde la recepción de la información proporcionada por la Unión en virtud del apartado 1, el anexo I, parte II, del presente Acuerdo no se adaptará para reflejar la adopción del acto a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.
A efectos del presente apartado, se entiende por:
a) «exportable»: abonable en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004 a una persona, o respecto de una persona, que resida en un Estado miembro o en el Reino Unido si la institución encargada de conceder la prestación no está ubicada en éste; «no exportable» se interpretará en consecuencia; y
b) «exportable por un período ilimitado»: exportable en tanto que se cumplan las condiciones que dan derecho a prestación.
3. Se entenderá que las referencias a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 comprenden, a efectos del presente Acuerdo, las adaptaciones que figuran en la parte III del anexo I del presente Acuerdo. A la mayor brevedad tras la adopción de cualquier cambio de las disposiciones nacionales que sean pertinentes para el anexo I, parte III, del presente Acuerdo, el Reino Unido informará a la Unión al respecto en el Comité Mixto.
4. Se entenderá que las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa comprenden, a efectos del presente Acuerdo, las decisiones y recomendaciones que figuran en el anexo I, parte I. El Comité Mixto modificará el anexo I, parte I, para reflejar las nuevas decisiones o recomendaciones adoptadas por la Comisión Administrativa. A tal efecto, a la mayor brevedad tras la adopción de las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa, la Unión informará al Reino Unido al respecto en el Comité Mixto. El Comité Mixto realizará dichas modificaciones a propuesta de la Unión o del Reino Unido.
TÍTULO IV
Otras disposiciones
Artículo 37
Publicidad
Los Estados miembros y el Reino Unido difundirán la información relativa a los derechos y obligaciones de las personas amparadas por la presente parte, en particular mediante campañas de concienciación llevadas a cabo, según proceda, en medios de comunicación nacionales y locales y en otros canales de comunicación.
Artículo 38
Disposiciones más favorables
1. La presente parte no afectará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados de acogida o los Estados de trabajo cuando estas resulten más favorables para los interesados. El presente apartado no se aplicará al título III.
2. El artículo 12 y el artículo 23, apartado 1, no impedirán la aplicación del régimen de la Zona de Viaje Común entre el Reino Unido e Irlanda cuando de las disposiciones de este pueda resultar un trato más favorable para los interesados.
Artículo 39
Protección de por vida
Las personas amparadas por la presente parte gozarán de por vida de los derechos previstos en los títulos pertinentes de la presente parte, salvo que dejen de cumplir las condiciones establecidas en dichos títulos.
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES SOBRE LA SEPARACIÓN
TÍTULO I
Bienes introducidos en el mercado
Artículo 40
Definiciones
A efectos del presente título, se entenderá por:
a) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un bien para su distribución, consumo o utilización en el mercado en el transcurso de una actividad comercial;
b) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de un bien en el mercado de la Unión o del Reino Unido;
c) «suministro de un bien para su distribución, consumo o utilización»: que, una vez terminada la fase de fabricación, un bien real e individualmente identificable es objeto de un acuerdo escrito o verbal entre dos o más personas físicas o jurídicas para la transmisión de la propiedad, cualquier otro derecho real o la posesión del bien en cuestión, o es objeto de una oferta a una persona física o jurídica o a varias para celebrar dicho acuerdo;
d) «puesta en servicio»: la primera utilización de un bien en la Unión o el Reino Unido por parte del usuario final para los fines pretendidos o, en el caso del equipo marino, la instalación a bordo;
e) «vigilancia del mercado»: actividades llevadas a cabo y medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado para velar por que los bienes cumplan los requisitos aplicables y no entrañen un riesgo para la salud, la seguridad u otros aspectos relacionados con la protección del interés público;
f) «autoridad de vigilancia del mercado»: una autoridad de un Estado miembro o del Reino Unido que es responsable de ejercer la vigilancia del mercado en su territorio;
g) «condiciones para la comercialización de bienes»: los requisitos relativos a las características de los bienes, como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad, o las dimensiones, incluidos los relativos a la composición de dichos bienes o la terminología, los símbolos, los ensayos y los métodos de ensayo, el embalaje, el marcado, el etiquetado y los procedimientos de evaluación de la conformidad utilizados en relación con dichos bienes; este término también abarca los requisitos relativos a los métodos y procesos de producción cuando estos afecten a las características del producto;
h) «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, entre las que se incluyen el calibrado, el ensayo, la certificación y la inspección;
i) «organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad con autorización para llevar a cabo tareas de evaluación de la conformidad por terceros en virtud de normas del Derecho de la Unión que armonizan las condiciones para la comercialización de bienes;
j) «productos de origen animal»: los productos de origen animal, los subproductos animales y los productos derivados a que se refiere el artículo 4, puntos 29, 30 y 31 respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), los piensos de origen animal y los alimentos y piensos que contienen productos de origen animal.
Artículo 41
Prorrogación de la circulación de bienes introducidos en el mercado
1. Cualquier bien que se haya introducido legalmente en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio podrá:
seguir comercializándose en el mercado de la Unión o del Reino Unido y circular entre estos dos mercados hasta que llegue al usuario final;
ponerse en servicio en la Unión o el Reino Unido cuando así lo prevean las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión.
2. Se aplicarán respecto de los bienes a que se refiere el apartado 1 los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 del TFUE y en el Derecho de la Unión aplicable que regule la comercialización de bienes y sea aplicable a los bienes en cuestión, incluidas las condiciones para la comercialización de bienes.
3. El apartado 1 se aplicará a todos los bienes existentes e individualmente identificables en el sentido del título II de la tercera parte del TFUE, a excepción de la circulación entre el mercado de la Unión y el mercado del Reino Unido, y viceversa, de:
animales vivos y productos reproductivos; y
productos de origen animal.
4. Por lo que respecta a los desplazamientos de animales vivos o de productos reproductivos entre un Estado miembro y el Reino Unido, o viceversa, se aplicarán las disposiciones del Derecho de la Unión que figuran en el anexo II siempre que la fecha de salida sea anterior al final del período transitorio.
5. El presente artículo no impedirá que el Reino Unido, un Estado miembro o la Unión adopten medidas para prohibir o restringir la comercialización en su mercado de un bien en el sentido del apartado 1, o de una categoría de tales bienes, en la medida en que lo permita el Derecho de la Unión.
6. Las disposiciones del presente título se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables en materia de condiciones de venta, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, aranceles e impuestos.
Artículo 42
Prueba de introducción en el mercado
Cuando un operador económico invoque el artículo 41, apartado 1, con respecto a un bien específico, le corresponderá la carga de la prueba, por medio de cualquier documento pertinente, de que el bien ha sido introducido en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio.
Artículo 43
Vigilancia del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido se comunicarán sin demora cualquier información pertinente sobre los bienes a que se refiere el artículo 41, apartado 1, recabada en el contexto de sus respectivas actividades de vigilancia del mercado. En particular, se comunicarán entre sí y a la Comisión Europea cualquier información relativa a bienes que supongan un riesgo grave, así como las medidas adoptadas en relación con bienes no conformes, incluida la información pertinente extraída de las redes, sistemas de información y bases de datos establecidos en virtud del Derecho de la Unión o del Reino Unido en relación con dichos bienes.
2. Los Estados miembros y el Reino Unido transmitirán sin demora las solicitudes de las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido o de un Estado miembro, respectivamente, a un organismo de evaluación de la conformidad establecido en su territorio, cuando la solicitud se refiera a una evaluación de la conformidad realizada por dicho organismo en calidad de organismo notificado antes del final del período transitorio. Los Estados miembros y el Reino Unido velarán por que el organismo de evaluación de la conformidad tramite rápidamente las solicitudes de este tipo.
Artículo 44
Remisión de expedientes y documentos relativos a procedimientos en curso
El Reino Unido remitirá sin demora a la autoridad competente de un Estado miembro que se designe de conformidad con los procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión aplicable todos los expedientes o documentos pertinentes en relación con las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones que estén en curso el día anterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo de las que se sea responsable una autoridad competente del Reino Unido con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 (19), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (20), la Directiva 2001/83/CE (21) o la Directiva 2001/82/CE (22) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Artículo 45
Disponibilidad de la información relacionada con antiguos procedimientos de autorización de medicamentos
1. Previa solicitud motivada de un Estado miembro o de la Agencia Europea de Medicamentos, el Reino Unido facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente del Reino Unido antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización con arreglo a los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.
2. Previa solicitud motivada del Reino Unido, el Estado miembro de que se trate facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente de dicho Estado miembro antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización en el Reino Unido con arreglo a los requisitos de la legislación del Reino Unido, en la medida en que dichos requisitos legislativos se correspondan con las circunstancias descritas en los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.
Artículo 46
Disponibilidad de la información que obre en poder de los organismos notificados establecidos en el Reino Unido o en un Estado miembro
1. El Reino Unido se asegurará de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido relacionada con sus actividades en calidad de organismo notificado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo notificado establecido en el Estado miembro que indique el titular del certificado.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo notificado establecido en el Estado miembro de que se trate relacionada con sus actividades antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido que indique el titular del certificado.
TÍTULO II
Regímenes aduaneros en curso
Artículo 47
Estatuto de mercancías de la Unión
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) se aplicará respecto de las mercancías de la Unión a que se refiere el artículo 5, punto 23, de dicho Reglamento cuando dichas mercancías circulen del territorio aduanero del Reino Unido al territorio aduanero de la Unión, o viceversa, siempre que la circulación se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este. La circulación de mercancías que se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este se considerará circulación dentro de la Unión en cuanto a los requisitos de concesión de licencias de importación y exportación del Derecho de la Unión.
2. A efectos del apartado 1, no se aplicará la presunción del estatuto aduanero de mercancías de la Unión a que se refiere el artículo 153, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013. La persona interesada deberá demostrar, respecto de cada circulación y por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 199 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (24), el estatuto aduanero de mercancías de la Unión de estas mercancías y que la circulación a que se refiere el apartado 1 se inició antes del final del período transitorio. El inicio de la circulación se probará mediante un documento de transporte de las mercancías.
3. El apartado 2 no se aplicará respecto de las mercancías de la Unión que sean transportadas por vía aérea y hayan sido cargadas o transbordadas en un aeropuerto situado en el territorio aduanero del Reino Unido para su envío al territorio aduanero de la Unión, o que hayan sido cargadas o transbordadas en un aeropuerto situado en el territorio aduanero de la Unión para su envío al territorio aduanero del Reino Unido, cuando dichas mercancías circulen al amparo de un único documento de transporte expedido en cualquiera de estos territorios aduaneros y siempre que la circulación por vía aérea se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
4. El apartado 2 no se aplicará respecto de las mercancías de la Unión que circulen por vía marítima y hayan sido transportadas entre puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido y puertos situados en el territorio aduanero de la Unión por un servicio marítimo regular, en el sentido del artículo 120 del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (25), siempre que:
el viaje que comprenda puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido y puertos situados en el territorio aduanero de la Unión se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este; y
el buque de servicio marítimo regular haya hecho escala en uno o varios puertos del territorio aduanero del Reino Unido o del territorio aduanero de la Unión antes del final del período transitorio.
5. Si durante el viaje a que se refiere el apartado 4, letra a), el buque de servicio marítimo regular hace escala en uno o varios puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio:
las mercancías cargadas antes del final del período transitorio y descargadas en dichos puertos no perderán el estatuto aduanero de mercancías de la Unión;
las mercancías cargadas en dichos puertos una vez finalizado el período transitorio no perderán el estatuto aduanero de mercancías de la Unión siempre que se pruebe esta circunstancia con arreglo al apartado 2.
Artículo 48
Declaración sumaria de entrada y declaración previa a la salida
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las declaraciones sumarias de entrada presentadas en una aduana de primera entrada con arreglo al capítulo I del título IV de dicho Reglamento antes del final del período transitorio, y dichas declaraciones producirán los mismos efectos jurídicos en el territorio aduanero de la Unión y en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio.
2. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las declaraciones previas a la salida presentadas de conformidad con el capítulo I del título VIII de dicho Reglamento antes del final del período transitorio y, en su caso, a las mercancías objeto de levante con arreglo al artículo 194 de dicho Reglamento antes del final del período transitorio. Dichas declaraciones producirán los mismos efectos jurídicos en el territorio aduanero de la Unión y en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio.
Artículo 49
Finalización de depósitos temporales y conclusión de regímenes aduaneros
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las mercancías no pertenecientes a la Unión que se encontraban en el depósito temporal a que se refiere el artículo 5, punto 17, de dicho Reglamento al final del período transitorio y a las mercancías en alguno de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 5, punto 16, de dicho Reglamento en el territorio aduanero del Reino Unido al final del período transitorio hasta que finalice dicho depósito temporal, hasta que concluya uno de los regímenes aduaneros especiales, hasta que se despachen las mercancías a libre práctica o hasta que las mercancías salgan del territorio, siempre que dicho hecho se produzca después del final del período transitorio y, a más tardar, antes de que venza el plazo correspondiente a que se hace referencia en el anexo III.
No obstante, el artículo 148, apartado 5, letras b) y c), y el artículo 219 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 no se aplicarán respecto de la circulación de mercancías entre el territorio aduanero del Reino Unido y el territorio aduanero de la Unión que finalice después del final del período transitorio.
2. El Reglamento (UE) n.o 952/2013, la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (26), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo (27) y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo (28) se aplicarán en relación con cualquier deuda aduanera que se genere después del final del período transitorio desde que finalice el depósito temporal o una vez que se produzca la finalización o conclusión a que se refiere el apartado 1.
3. El título II, capítulo 1, sección 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 se aplicará respecto de las solicitudes para beneficiarse de contingentes arancelarios que hayan sido concedidos por las autoridades aduaneras en el territorio aduanero del Reino Unido siempre que las autoridades aduaneras del territorio aduanero del Reino Unido hayan facilitado los documentos justificativos requeridos con arreglo al artículo 50 de dicho Reglamento antes del final del período transitorio, y también se aplicará respecto de la cancelación de solicitudes y de las devoluciones de cantidades asignadas no utilizadas de dichas solicitudes.
Artículo 50
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos pertinentes
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del presente título, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se refiere el anexo IV. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
TÍTULO III
Cuestiones pendientes en materia de impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales
Artículo 51
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
1. La Directiva 2006/112/CE del Consejo (29) se aplicará respecto de los bienes expedidos o transportados desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, y viceversa, siempre que la expedición o el transporte se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
2. La Directiva 2006/112/CE seguirá aplicándose hasta cinco años después del final del período transitorio por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos del impuesto en relación con las operaciones con un elemento transfronterizo entre el Reino Unido y un Estado miembro que hayan tenido lugar antes del final del período transitorio, y por lo que se refiere a las operaciones contempladas en el apartado 1.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y en el artículo 15 de la Directiva 2008/9/CE del Consejo (30), las solicitudes de devolución referentes al IVA pagado en un Estado miembro por un sujeto pasivo establecido en el Reino Unido, o pagado en el Reino Unido por un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro, se presentarán con arreglo a las condiciones de dicha Directiva a más tardar el 31 de marzo de 2021.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo (31), las modificaciones de las declaraciones del IVA presentadas con arreglo al artículo 364 o el artículo 369 septies de la Directiva 2006/112/CE, bien en el Reino Unido en relación con los servicios prestados en los Estados miembros de consumo antes del final del período transitorio, bien en un Estado miembro en relación con los servicios prestados en el Reino Unido antes del final del período transitorio, se presentarán a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 52
Productos sujetos a impuestos especiales
La Directiva 2008/118/CE del Consejo (32) se aplicará respecto de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo y en relación con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales después de su despacho a consumo desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, o viceversa, siempre que la circulación se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
Artículo 53
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos pertinentes
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del presente título, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se refiere el anexo IV. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
TÍTULO IV
Propiedad intelectual
Artículo 54
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los derechos registrados u otorgados
1. El titular de cualquiera de los siguientes derechos de propiedad intelectual que hayan sido registrados u otorgados antes del final del período transitorio se convertirá, sin ninguna revisión, en titular de un derecho equivalente de propiedad intelectual registrado y exigible en el Reino Unido con arreglo al Derecho del Reino Unido:
el titular de una marca de la Unión Europea registrada con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo (33) se convertirá en titular de una marca en el Reino Unido, consistente en el mismo signo, para los mismos bienes o servicios;
el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado y, en su caso, publicado tras un aplazamiento de publicación con arreglo al Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo (34) se convertirá en titular de un dibujo o modelo registrado en el Reino Unido del mismo diseño;
el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal concedida con arreglo al Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo (35) se convertirá en titular de una protección de obtención vegetal en el Reino Unido de la misma obtención vegetal.
2. Cuando una indicación geográfica, denominación de origen o especialidad tradicional garantizada en el sentido del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (36), una indicación geográfica, denominación de origen o término tradicional para el vino, en el sentido del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) o una indicación geográfica en el sentido del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (38), o una indicación geográfica en el sentido del Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (39), esté protegida en la Unión en el último día del período transitorio en virtud de dichos Reglamentos, las personas facultadas para utilizar la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate tendrán derecho, a partir del final del período transitorio y sin ningún reexamen, a la utilización en el Reino Unido de la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate, que tendrá al menos el mismo nivel de protección en virtud del Derecho del Reino Unido que la protección prevista por las siguientes disposiciones del Derecho de la Unión:
el artículo 4, apartado 1, letras i), j) y k), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo (40); y
en función de la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate, el artículo 13, el artículo 14, apartado 1, el artículo 24, el artículo 36, apartado 3, el artículo 38, el artículo 44 y el artículo 45, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012; el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (41); el artículo 100, apartado 3, el artículo 102, apartado 1, el artículo 103, el artículo 113 y el artículo 157, apartado 1, letra c), inciso x), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013; el artículo 62, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) n.o 607/2009 de la Comisión (42); el artículo 15, apartado 3, párrafo primero, el artículo 16 y el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 110/2008, y, en la medida en que guarden relación con el cumplimiento de las citadas disposiciones de dicho Reglamento, el artículo 24, apartado 1, de dicho Reglamento; o el artículo 19, apartado 1, y el artículo 20 del Reglamento (UE) n.o 251/2014.
Cuando una indicación geográfica, una denominación de origen, una especialidad tradicional garantizada o un término tradicional para el vino a que se refiere el párrafo primero dejen de estar protegidos en la Unión después del final del período transitorio, el párrafo primero dejará de aplicarse respecto de dicha indicación geográfica, denominación de origen, especialidad tradicional garantizada o término tradicional para el vino.
El párrafo primero no se aplicará si la protección en la Unión se deriva de acuerdos internacionales de los que la Unión sea Parte.
El presente apartado será de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo a que se refiere el artículo 184 que sustituya al presente apartado haya entrado en vigor o pase a ser aplicable.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si se declara en la Unión la nulidad o la caducidad de uno de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere dicho apartado, o la nulidad o la anulación en el caso de una protección comunitaria de obtención vegetal, como resultado de un procedimiento administrativo o judicial que estuviese en curso en el último día del período transitorio, también se declarará la nulidad, la anulación o la caducidad del derecho correspondiente en el Reino Unido. La fecha en que surtirá efecto la nulidad, la anulación o la caducidad en el Reino Unido será la misma que la de la Unión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el Reino Unido no estará obligado a declarar la nulidad, la anulación o la caducidad del derecho correspondiente en el Reino Unido cuando los motivos de la nulidad, la anulación o la caducidad de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado no se apliquen en el Reino Unido.
4. Las marcas o los dibujos o modelos registrados que surjan en el Reino Unido con arreglo al apartado 1, letras a) o b), tendrán como primera fecha de renovación la fecha de renovación del correspondiente derecho de propiedad intelectual registrado con arreglo al Derecho de la Unión.
5. En relación con las marcas en el Reino Unido a que se refiere el apartado 1, letra a), del presente artículo se aplicarán las normas siguientes:
se beneficiarán de la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca de la Unión Europea y, en su caso, de la antigüedad de una marca del Reino Unido reivindicada con arreglo a los artículos 39 o 40 del Reglamento (UE) 2017/1001;
no se podrá declarar su caducidad por el hecho que la marca de la Unión Europea correspondiente no haya sido objeto de un uso efectivo en el territorio del Reino Unido antes del final del período transitorio;
el titular de una marca de la Unión Europea que haya adquirido renombre en la Unión tendrá derecho a ejercer en el Reino Unido derechos equivalentes a los previstos en el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 y en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva (UE) 2015/2436 en lo que respecta a la marca correspondiente sobre la base del renombre que haya adquirido en la Unión hasta el final del período transitorio, y, a partir de ese momento, el renombre que siga teniendo dicha marca se basará en el uso de la marca en el Reino Unido.
6. En relación con los dibujos o modelos y las protecciones de obtenciones vegetales registrados en el Reino Unido a que se refiere el apartado 1, letras b) y c), se aplicarán las normas siguientes:
el plazo de protección con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante en virtud del Derecho de la Unión del dibujo o modelo comunitario o la protección comunitaria de obtención vegetal registrados de que se trate;
la fecha de presentación o la fecha de prioridad será la del dibujo o modelo comunitario o la protección comunitaria de obtención vegetal registrados de que se trate.
Artículo 55
Procedimiento de registro
1. Las entidades pertinentes del Reino Unido llevarán a cabo de forma gratuita las labores de registro, concesión o protección de conformidad con el artículo 54, apartados 1 y 2, del presente Acuerdo, utilizando la información que obre en los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la Comisión Europea. El anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 tiene consideración de registro a efectos del presente artículo.
2. A efectos del apartado 1, los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 54, apartado 1, y quienes estén facultados para utilizar las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, especialidades tradicionales garantizadas o términos tradicionales para el vino a que se refiere el artículo 54, apartado 2, no tendrán que presentar una solicitud ni someterse a un procedimiento administrativo particular. Los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 54, apartado 1, no estarán obligados a tener dirección postal en el Reino Unido en los tres años siguientes al final del período transitorio.
3. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la Comisión Europea proporcionarán a las entidades pertinentes del Reino Unido la información necesaria para el registro, la concesión o la protección en el Reino Unido en virtud del artículo 54, apartados 1 y 2.
4. El presente artículo no impedirá que se impongan tasas a la renovación de los derechos o que los titulares de que se trate renuncien a sus derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido de conformidad con el procedimiento pertinente previsto en el Derecho del Reino Unido.
Artículo 56
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los registros internacionales que designen a la Unión
El Reino Unido adoptará medidas para garantizar que las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido protección antes del final del período transitorio para marcas o dibujos o modelos internacionalmente registrados que designen a la Unión, con arreglo al sistema de Madrid de registro internacional de marcas o al sistema de La Haya para el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, gocen de protección en el Reino Unido para sus marcas o dibujos o modelos industriales con respecto a esos registros internacionales.
Artículo 57
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los dibujos y modelos comunitarios no registrados
El titular de un derecho en relación con un dibujo o modelo comunitario no registrado que haya surgido antes del final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 6/2002 se convertirá, ipso iure, en titular de un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino Unido respecto de dicho dibujo o modelo comunitario no registrado, de conformidad con el Derecho del Reino Unido, que otorgue el mismo nivel de protección que el previsto en el Reglamento (CE) n.o 6/2002. El plazo de protección de dicho derecho con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante del correspondiente dibujo o modelo comunitario no registrado en virtud del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento.
Artículo 58
Mantenimiento de la protección de las bases de datos
1. Los titulares del derecho que establece el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (43) en relación con una base de datos relativa al Reino Unido, siempre que este derecho haya surgido antes del final del período transitorio, conservará, en relación con dicha base de datos, un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino Unido, de conformidad con el Derecho del Reino Unido, que le otorgará el mismo nivel de protección que el previsto en la Directiva 96/9/CE, siempre que el titular de ese derecho siga cumpliendo los requisitos del artículo 11 de dicha Directiva. El plazo de protección de dicho derecho con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante en virtud del artículo 10 de la Directiva 96/9/CE.
2. Se considerará que las personas y empresas siguientes cumplen los requisitos del artículo 11 de la Directiva 96/9/CE:
los nacionales del Reino Unido;
las personas físicas que residan habitualmente en el Reino Unido;
las empresas establecidas en el Reino Unido, siempre que, cuando tengan únicamente su domicilio social en el Reino Unido, sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con la economía del Reino Unido o de un Estado miembro.
Artículo 59
Derecho de prioridad de las solicitudes en curso relativas a marcas de la Unión Europea, dibujos y modelos comunitarios, y protecciones comunitarias de obtenciones vegetales
1. Cuando una persona haya presentado una solicitud de marca de la Unión Europea o de dibujo o modelo comunitario de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y se le haya asignado una fecha de presentación, dicha persona tendrá el derecho a presentar en el Reino Unido en un plazo de nueve meses desde el final del período transitorio una solicitud para la misma marca, dibujo o modelo respecto de bienes o servicios que sean idénticos a aquellos para los que se haya presentado la solicitud en la Unión, o que estén subsumidos en estos. Se considerará que las solicitudes presentadas con arreglo al presente artículo tienen la misma fecha de presentación y la misma fecha de prioridad que la solicitud correspondiente presentada en la Unión y, en su caso, la misma antigüedad que una marca del Reino Unido reivindicada con arreglo a los artículos 39 o 40 del Reglamento (UE) 2017/1001.
2. Cuando una persona haya presentado una solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio, dicha persona tendrá un derecho de prioridad específico para la presentación en el Reino Unido de una solicitud relativa a la misma obtención vegetal en el Reino Unido en un plazo de seis meses desde el final del período transitorio. En virtud de este derecho de prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal a efectos de determinar el carácter distintivo, la novedad y la titularidad del derecho en el Reino Unido será la fecha de solicitud de protección de obtención vegetal.
Artículo 60
Solicitudes en curso de certificados complementarios de protección en el Reino Unido
1. Los Reglamentos (CE) n.o 1610/96 (44) y (CE) n.o 469/2009 (45) del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicarán en lo que se refiere a las solicitudes de certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios y medicamentos, respectivamente, así como a las solicitudes de prórroga de dichos certificados, si dichas solicitudes se presentaron ante una autoridad del Reino Unido antes del final del período transitorio en aquellos casos en que el procedimiento administrativo para la concesión del certificado en cuestión o la prórroga estuviera en curso al final del período transitorio.
2. Los certificados concedidos con arreglo al apartado 1 proporcionarán el mismo nivel de protección que el previsto en el Reglamento (CE) n.o 1610/96 o en el Reglamento (CE) n.o 469/2009.
Artículo 61
Agotamiento de los derechos
Los derechos de propiedad intelectual que se hayan agotado tanto en la Unión como en el Reino Unido antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión se seguirán considerando agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido.
TÍTULO V
Cooperación policial y judicial en curso en materia penal
Artículo 62
Procedimientos de cooperación judicial en curso en materia penal
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
el Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (46), y el Protocolo del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (47), se aplicarán respecto de las solicitudes de asistencia judicial recíproca que reciba la autoridad central o la autoridad judicial en virtud del instrumento correspondiente antes del final del período transitorio;
la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (48) se aplicará en relación con las órdenes de detención europeas cuando la persona buscada haya sido detenida antes del final del período transitorio a efectos de la ejecución de una orden de detención europea, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución decida que la persona buscada debe seguir detenida o quedar en libertad provisional;
la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo (49) se aplicará en relación con las resoluciones de embargo preventivo de bienes que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad judicial competente para su ejecución o una autoridad judicial del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar una resolución de embargo preventivo de bienes pero que la transmita, de oficio, a la autoridad judicial competente para su ejecución;
la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo (50) se aplicará en relación con las resoluciones que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la resolución pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo (51) se aplicará en relación con las resoluciones de decomiso que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la resolución de decomiso pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo (52) se aplicará:
a las sentencias que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la sentencia o ejecutar la condena pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución,
a efectos del artículo 4, apartado 6, o el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, cuando dicha Decisión Marco sea aplicable en virtud de la letra b) del presente apartado;
la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo (53) se aplicará a los nuevos procesos penales, en el sentido del artículo 3 de dicha Decisión Marco, incoados antes del final del período transitorio;
la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo (54) se aplicará en relación con las solicitudes de información sobre condenas que reciba la autoridad central antes del final del período transitorio; no obstante, después del final del período transitorio, las respuestas a dichas solicitudes no se transmitirán a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, establecido en virtud de la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (55);
la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo (56) se aplicará en relación con las resoluciones sobre medidas de vigilancia que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la resolución pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (57) se aplicará en relación con las solicitudes de información que reciba la autoridad central antes del final del período transitorio; no obstante, después del final del período transitorio, las respuestas a dichas solicitudes no se transmitirán a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, establecido en virtud de la Decisión 2009/316/JAI del Consejo;
la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (58) se aplicará en relación con las órdenes europeas de protección que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la orden europea de protección pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (59) se aplicará en relación con las órdenes europeas de investigación que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la orden europea de investigación y que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución.
2. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán seguir participando en los equipos conjuntos de investigación en que participasen antes del final del período transitorio, si dichos equipos conjuntos de investigación se hubiesen creado, bien de conformidad con el artículo 13 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, bien de conformidad con la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo (60).
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período no superior a un año después del final del período transitorio, la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información («SIENA», por sus siglas en inglés), en la medida en que sea estrictamente necesario para el intercambio de información en los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de SIENA. La Unión comunicará el importe de dichos gastos al Reino Unido a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
3. Eurojust podrá, previa petición del Reino Unido, supeditada al cumplimiento del artículo 26 bis, apartado 7, letra a), y el artículo 27 de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (61), facilitar información, incluidos datos personales, procedente de su sistema de gestión de casos, si es necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras a), b), c), e) y l) del apartado 1 del presente artículo o las actividades de los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán, previa petición, facilitar a Eurojust información que obre en su poder si fuera necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras a), b), c), e) y l) del apartado 1 del presente artículo o las actividades de los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Cuando se produzcan gastos de naturaleza extraordinaria como consecuencia de la aplicación del presente apartado, el Comité Mixto determinará la forma en que deban tratarse dichos gastos.
Artículo 63
Procedimientos de cooperación policial, cooperación de servicios de seguridad e intercambio de información en curso
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
los artículos 39 y 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985 («Convenio de aplicación de Schengen») (62), en relación con los artículos 42 y 43 del mismo, se aplicarán por lo que respecta a:
las solicitudes de conformidad con el artículo 39 del Convenio de aplicación de Schengen que reciban, antes del final del período transitorio, el órgano central que esté encargado, en la Parte contratante requerida, de la cooperación policial internacional, las autoridades competentes de la Parte requerida, o las autoridades policiales requeridas que no tengan competencia para tramitar la solicitud, pero que la transmitan a las autoridades competentes,
las solicitudes de asistencia de conformidad con el artículo 40, apartado 1, del Convenio de aplicación de Schengen que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad designada por la Parte contratante,
la vigilancia transfronteriza sin autorización previa de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Convenio de aplicación de Schengen cuando dicha vigilancia se inicie antes del final del período transitorio.
el Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (63), se aplicará en lo que se refiere a:
las solicitudes de información que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
las solicitudes de vigilancia que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
las solicitudes de investigaciones que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
las solicitudes de notificación que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
las solicitudes de autorización de vigilancia transfronteriza o de encomienda de vigilancia a los funcionarios del Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la vigilancia que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad designada por el Estado miembro requerido que sea competente para conceder la autorización solicitada o transmitirla a otra instancia,
la vigilancia transfronteriza sin autorización previa de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Convenio de aplicación de Schengen cuando dicha vigilancia se inicie antes del final del período transitorio,
las solicitudes de autorización para realizar entregas vigiladas que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
las solicitudes de autorización para realizar investigaciones encubiertas que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
los equipos comunes de investigación especial creados en virtud del artículo 24 de dicho Convenio antes del final del período transitorio.
la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (64) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba la unidad de información financiera requerida antes del final del período transitorio.
la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo (65) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba el servicio de seguridad competente requerido antes del final del período transitorio.
la Decisión 2007/533/JAI del Consejo (66) se aplicará respecto del intercambio de información complementaria cuando se produzca una respuesta positiva antes del final del período transitorio en relación con una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, siempre que sus disposiciones se apliquen al Reino Unido el último día del período transitorio. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período máximo de tres meses después del final del período transitorio, la infraestructura de comunicación a que se refiere el artículo 8, apartado 1, de la Decisión 2007/533/JAI, en la medida en que sea estrictamente necesario para el intercambio de esa información complementaria. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de la infraestructura de comunicación. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
la Decisión 2007/845/JAI del Consejo (67) se aplicará respecto de las solicitudes que reciban los organismos de recuperación de activos antes del final del período transitorio.
la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (68) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba la unidad de información sobre los pasajeros de conformidad con los artículos 9 y 10 de dicha Directiva antes del final del período transitorio.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período no superior a un año después del final del período transitorio, la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información («SIENA», por sus siglas en inglés), en la medida en que sea estrictamente necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras c), d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de SIENA. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
Artículo 64
Confirmación de acuse de recibo o de detención
1. La autoridad competente que dicte la resolución judicial o presente la solicitud, respectivamente, a que se refieren el artículo 62, apartado 1, letra a), letras c) a e), letra f), inciso i), y letras h) a l), y el artículo 63, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), letra b), incisos i) a v), y vii) a ix), y letras c), d), f) y g), podrá solicitar un acuse de recibo de dicha resolución judicial o solicitud en un plazo de diez días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la autoridad de ejecución o la autoridad requerida ha recibido dicha resolución judicial o solicitud antes del final del período transitorio.
2. En los casos contemplados en el artículo 62, apartado 1, letra b), cuando la autoridad judicial emisora albergue dudas acerca de si la persona buscada ha sido detenida con arreglo al artículo 11 de la Decisión Marco 2002/584/JAI antes del final del período transitorio, podrá solicitar a la autoridad judicial de ejecución competente la confirmación de la detención en un plazo de diez días desde el final del período transitorio.
3. Salvo que una confirmación ya haya sido proporcionada conforme a las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, la autoridad de ejecución o la autoridad requerida a que se refieren los apartados 1 y 2 responderá a las solicitudes de acuse de recibo o confirmación de detención en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo 65
Otros actos de la Unión aplicables
La Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (69) y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (70) se aplicarán respecto de los procedimientos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra b), del presente Acuerdo.
TÍTULO VI
Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil
Artículo 66
Derecho aplicable en materia contractual y extracontractual
En el Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
el Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (71) se aplicará respecto de los contratos celebrados antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (72) se aplicará respecto de los hechos generadores de daño, cuando dichos hechos se produzcan antes del final del período transitorio.
Artículo 67
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales
1. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación con tales procesos judiciales con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (73), el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 o los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo (74), se aplicarán los actos o disposiciones siguientes:
las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) n.o 1215/2012;
las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) 2017/1001, del Reglamento (CE) n.o 6/2002, del Reglamento (CE) n.o 2100/94, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (75) y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (76);
las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.o 2201/2003;
las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.o 4/2009.
2. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, se aplicarán los actos o disposiciones siguientes respecto del reconocimiento y la ejecución de resoluciones, documentos públicos, acuerdos y transacciones judiciales, como se dispone a continuación:
el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, así como a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos celebrados antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 4/2009 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (77) se aplicará a las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes del final del período transitorio, siempre que la certificación como título ejecutivo europeo se haya solicitado antes del final del período transitorio.
3. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, las siguientes disposiciones se aplicarán como sigue:
el capítulo IV del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 se aplicará a las solicitudes y demandas recibidas por la autoridad central o cualquier otra autoridad competente del Estado requerido antes del final del período transitorio;
el capítulo VII del Reglamento (CE) n.o 4/2009 se aplicará a las solicitudes de reconocimiento o ejecución a que se refiere el apartado 2, letra c), del presente artículo y a las solicitudes que reciba la autoridad central del Estado requerido antes del final del período transitorio;
el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (78) se aplicará a los procedimientos de insolvencia y a las acciones a que se refiere el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, siempre que el procedimiento principal se haya incoado antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (79) se aplicará a las peticiones de requerimiento europeo de pago presentadas antes del final del período transitorio; cuando, a raíz de dicha petición, se traslade el proceso con arreglo al artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, se considerará que dicho proceso ha sido incoado antes del final del período transitorio;
el Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (80) se aplicará a los procesos de escasa cuantía en los que la demanda haya sido presentada antes del final del período transitorio;
el Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (81) se aplicará a los certificados expedidos antes del final del período transitorio.
Artículo 68
Procedimientos de cooperación judicial en curso
En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (82) se aplicará a los documentos judiciales y extrajudiciales que reciban a los efectos de su notificación o traslado antes del final del período transitorio:
un organismo receptor,
una entidad central del Estado en el que deba realizarse la notificación o el traslado, o
los agentes diplomáticos o consulares, los servicios postales o los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado requerido a que se refieren los artículos 13, 14 y 15 de dicho Reglamento;
el Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo (83) se aplicará a las solicitudes que reciban antes del final del período transitorio:
un órgano jurisdiccional requerido,
un órgano central del Estado en el que se solicita que se obtenga la prueba, o
un órgano central o autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento;
la Decisión 2001/470/CE del Consejo (84) se aplicará a las solicitudes recibidas antes del final del período transitorio; el punto de contacto requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio.
Artículo 69
Otras disposiciones aplicables
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
la Directiva 2003/8/CE del Consejo (85) se aplicará a las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que reciba la autoridad receptora antes del final del período transitorio. La autoridad requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio.
la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (86) se aplicará cuando, antes del final del período transitorio:
las partes hayan acordado hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio,
el órgano jurisdiccional dicte la mediación, o
un órgano jurisdiccional invite a las partes a hacer uso de la mediación.
la Directiva 2004/80/CE del Consejo (87) se aplicará a las solicitudes que reciba la autoridad de decisión antes del final del período transitorio.
2. El artículo 67, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (88).
3. El artículo 68, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (89).
TÍTULO VII
Datos e información tratados u obtenidos antes del final del período transitorio, o con base en el presente acuerdo
Artículo 70
Definición
A efectos del presente título, se entenderá por «Derecho de la Unión sobre protección de datos personales»:
el Reglamento (UE) 2016/679, con excepción de su capítulo VII;
la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (90);
la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (91);
cualesquiera otras disposiciones del Derecho de la Unión que regulen la protección de los datos personales.
Artículo 71
Protección de los datos personales
1. El Derecho de la Unión sobre protección de datos personales se aplicará en el Reino Unido respecto del tratamiento de datos personales de interesados fuera del Reino Unido, siempre que los datos personales:
se hayan tratado en virtud del Derecho de la Unión en el Reino Unido antes del final del período transitorio; o
sean tratados en el Reino Unido después del final del período transitorio con base en el presente Acuerdo.
2. El apartado 1 no se aplicará en la medida en que el tratamiento de los datos personales en él contemplados esté sujeto a un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en las decisiones que resulten de aplicación en virtud del artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 36, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/680.
3. En la medida en que una decisión de las mencionadas en el apartado 2 haya dejado de ser aplicable, el Reino Unido garantizará un nivel de protección de los datos personales esencialmente equivalente al establecido en el Derecho de la Unión sobre protección de datos personales en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de los interesados a que se refiere el apartado 1.
Artículo 72
Tratamiento confidencial y uso restringido de los datos y la información en el Reino Unido
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, además del Derecho de la Unión sobre protección de datos personales, se aplicarán las disposiciones del Derecho de la Unión sobre tratamiento confidencial, restricción del uso, limitación del plazo de conservación y la obligación de supresión de los datos y la información respecto de los datos y la información obtenidos por autoridades u organismos oficiales del o en el Reino Unido o por entidades adjudicadoras, tal y como se definen en el artículo 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (92), del o en el Reino Unido:
antes del final del período transitorio; o
sobre la base del presente Acuerdo.
Artículo 73
Tratamiento de los datos e información obtenidos del Reino Unido
La Unión no tratará los datos y la información obtenidos del Reino Unido antes del final del período transitorio, u obtenidos después del final del período transitorio sobre la base del presente Acuerdo, de forma diferente a los datos y la información obtenidos de un Estado miembro por el mero hecho de que el Reino Unido se haya retirado de la Unión.
Artículo 74
Seguridad de la información
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión sobre protección de la información clasificada de la UE y la información clasificada de la Euratom se aplicarán respecto de la información clasificada obtenida por el Reino Unido, bien antes del final del período transitorio, bien sobre la base del presente Acuerdo, u obtenida del Reino Unido por la Unión o un Estado miembro, bien antes del final del período transitorio, bien sobre la base del presente Acuerdo.
2. Las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión en materia de seguridad industrial se aplicarán al Reino Unido en aquellos casos en que el procedimiento de licitación, contratación o adjudicación de subvenciones relativo a un contrato clasificado, un subcontrato clasificado o un acuerdo de subvención clasificado se haya iniciado antes del final del período transitorio.
3. El Reino Unido garantizará que los productos criptográficos que utilicen algoritmos criptográficos clasificados desarrollados bajo el control de una autoridad de certificación criptográfica de un Estado miembro o del Reino Unido, y evaluados y certificados por una de dichas autoridades, y que hayan sido certificados por la Unión hasta el final del período transitorio y estén presentes en el Reino Unido no se transfieran a un tercer país.
4. Se aplicarán a dichos productos los requisitos, las limitaciones y las condiciones establecidos en la certificación para la Unión de los productos criptográficos.
TÍTULO VIII
Contratación pública y procedimientos similares en curso
Artículo 75
Definición
A efectos del presente título, se entenderá por «normas pertinentes» los principios generales del Derecho de la Unión aplicables a la adjudicación de contratos públicos, las Directivas 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) y 2014/25/UE (96) del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 2195/2002 (97) y (CE) n.o 1370/2007 (98) del Parlamento Europeo y del Consejo, el artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 3577/92 del Consejo (99), los artículos 11 y 12 de la Directiva 96/67/CE del Consejo (100), los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (101), los artículos 6 y 7 del Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo (102), y cualquier otra disposición específica del Derecho de la Unión que regule los procedimientos de contratación pública.
Artículo 76
Normas aplicables a los procedimientos en curso
1. Las normas pertinentes se aplicarán:
sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), respecto de los procedimientos iniciados por los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras de los Estados miembros o del Reino Unido en virtud de dichas normas antes del final del período transitorio y que el último día del período transitorio aún no hayan finalizado, incluidos los procedimientos que utilicen sistemas dinámicos de adquisición y los procedimientos en los que la convocatoria de licitación se realice mediante un anuncio de información previa, un anuncio periódico indicativo o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación; y
respecto de los procedimientos a que se refieren el artículo 29, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 2009/81/CE, el artículo 33, apartados 2 a 5, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 51, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE que estén relacionados con la ejecución de los siguientes acuerdos marco celebrados por poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras de los Estados miembros o del Reino Unido, incluida la adjudicación de contratos con arreglo a dichos acuerdos marco:
acuerdos marco celebrados antes del final del período transitorio que, en el último día del período transitorio, no hayan vencido ni hayan sido resueltos, o
acuerdos marcos celebrados después del final del período transitorio con arreglo a un procedimiento que entre dentro del ámbito de la letra a) del presente apartado.
2. Sin perjuicio de las restricciones que resulten de aplicación con arreglo al Derecho de la Unión, los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras respetarán el principio de no discriminación en lo que respecta a los licitadores o, en su caso, a las personas legitimadas para presentar ofertas, de los Estados miembros y del Reino Unido, en relación con los procedimientos a que se refiere el apartado 1.
3. Se considerará que los procedimientos a que se refiere el apartado 1 se han iniciado en el momento en que se efectúe una convocatoria de licitación o cualquier otra invitación a presentar ofertas con arreglo a las normas pertinentes. Cuando las normas pertinentes permitan el uso de procedimientos que no requieran una convocatoria de licitación u otras invitaciones a presentar ofertas, se considerará que el procedimiento se ha iniciado en el momento en que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora se pongan en contacto con operadores económicos a propósito del procedimiento específico.
4. Se considerará que los procedimientos a que se refiere el apartado 1 han finalizado:
cuando se publique el anuncio de adjudicación de contrato con arreglo a las normas pertinentes o, si dichas normas no requieren la publicación de un anuncio de adjudicación de contrato, cuando se adjudique el contrato correspondiente; o
cuando se informe a los licitadores o las personas legitimadas para presentar ofertas, según proceda, de los motivos por los que no se ha adjudicado el contrato, si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora decide no adjudicar el contrato.
5. El presente artículo no afectará a las normas de la Unión o del Reino Unido en materia de aduanas, circulación de mercancías, prestación de servicios, reconocimiento de cualificaciones profesionales o propiedad intelectual.
Artículo 77
Procedimientos de recurso
Las Directivas 89/665/CEE (103) y 92/13/CEE (104) del Consejo se aplicarán respecto de los procedimientos de contratación pública a que se refiere el artículo 76 del presente Acuerdo que entren en el ámbito de aplicación de dichas Directivas.
Artículo 78
Cooperación
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE se aplicará durante un período no superior a nueve meses desde el final del período transitorio en lo que respecta a los procedimientos previstos en dicha Directiva que hayan sido iniciados por poderes adjudicadores del Reino Unido antes del final del período transitorio y que aún no hayan finalizado el último día del período transitorio.
TÍTULO IX
Cuestiones relacionadas con Euratom
Artículo 79
Definiciones
A efectos del presente título, se entenderá por:
a) «Comunidad»: la Comunidad Europea de la Energía Atómica;
b) «controles de seguridad»: las actividades cuyo objeto es verificar que los materiales y equipos nucleares no se destinen a usos distintos de los declarados por los usuarios y las actividades tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de utilizar los materiales y equipos nucleares con fines pacíficos;
c) «materiales fisionables especiales»: los materiales fisionables especiales, tal y como se definen en el artículo 197, punto 1, del Tratado Euratom;
d) «minerales»: los minerales, tal y como se definen en el artículo 197, punto 4, del Tratado Euratom;
e) «materiales básicos»: los materiales básicos, tal y como se definen en el artículo 197, punto 3, del Tratado Euratom;
f) «materiales nucleares»: los minerales, los materiales básicos y los materiales fisionables especiales;
g) «combustible nuclear gastado» y «residuos radiactivos»: el combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos, tal y como se definen en el artículo 3, puntos 7 y 11, de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo (105).
Artículo 80
Terminación de la responsabilidad de la Comunidad en los asuntos relacionados con el Reino Unido
1. El Reino Unido será el único responsable de garantizar que todos los minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales regulados por el Tratado Euratom y presentes en el territorio del Reino Unido al finalizar el período transitorio se manipulen de conformidad con los tratados y convenios internacionales pertinentes y aplicables, entre los que se incluyen, entre otros, los tratados y las convenciones internacionales en materia de seguridad nuclear, controles de seguridad, no proliferación y protección física de los materiales nucleares, y los tratados y las convenciones internacionales en materia de seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y seguridad en la gestión de los residuos radiactivos.
2. El Reino Unido será el único responsable de garantizar la observancia de las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de su condición de miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, de su condición de Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, o de cualquier otro tratado o convención internacional en que sea parte el Reino Unido.
Artículo 81
Controles de seguridad
El Reino Unido instaurará un régimen de controles de seguridad. Este régimen de controles de seguridad aplicará un sistema que ofrezca una eficacia y una cobertura equivalentes a las que ofrece la Comunidad en el territorio del Reino Unido, de conformidad con el Acuerdo entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares [INFCIRC/263], en su versión modificada.
Artículo 82
Obligaciones específicas derivadas de acuerdos internacionales
El Reino Unido velará por que se cumplan todas las obligaciones específicas derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países u organizaciones internacionales en relación con cualesquiera equipos nucleares, materiales nucleares u otros artículos nucleares presentes en el territorio del Reino Unido al finalizar el período transitorio o, alternativamente, por que se establezcan las disposiciones apropiadas de común acuerdo con el tercer país o la organización internacional que corresponda.
Artículo 83
Propiedad y derechos de uso y consumo de los materiales fisionables especiales en el Reino Unido
1. Los materiales fisionables especiales presentes en el territorio del Reino Unido respecto de los cuales fuese aplicable el artículo 86 del Tratado Euratom hasta el final del período transitorio dejarán de ser propiedad de la Comunidad al final del período transitorio.
2. Los materiales fisionables especiales a que se hace referencia en el apartado 1 pasarán a ser propiedad de las personas o empresas que tengan el más amplio derecho de uso y consumo sobre estos materiales al final del período transitorio, de conformidad con el artículo 87 del Tratado Euratom.
3. Cuando el derecho de uso y consumo de los materiales fisionables especiales a que se hace referencia en el apartado 2 (en lo sucesivo, «materiales afectados») corresponda a un Estado miembro o a personas o empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro, con el fin de proteger la integridad de la política común de abastecimiento establecida en el título II, capítulo 6, del Tratado Euratom y del mercado común nuclear establecido en el capítulo 9 de dicho título, en particular por lo que respecta al nivel de los controles de seguridad aplicables a los materiales afectados, se aplicará lo siguiente:
visto el artículo 5 del presente Acuerdo, la Comunidad podrá exigir que los materiales afectados se depositen ante la Agencia establecida en virtud del artículo 52, apartado 2, letra b), del Tratado Euratom o en otros depósitos controlados o controlables por la Comisión Europea;
la Comunidad tendrá el derecho de celebrar contratos relacionados con el suministro de los materiales afectados con cualquier persona o empresa establecida en el territorio del Reino Unido o de un tercer país, de conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Tratado Euratom;
el artículo 20 del Reglamento (Euratom) n.o 302/2005 de la Comisión (106), con excepción del apartado 1, letras b) y c), se aplicará respecto de los materiales afectados;
la exportación de los materiales afectados a un tercer país será autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté establecida la persona o empresa con derecho a utilizar y consumir los materiales afectados, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (107);
por lo que se refiere a los materiales afectados, la Comunidad tendrá derecho a ejercer cualesquiera otros derechos que, en virtud del Tratado Euratom, se deriven de su propiedad, de conformidad con el artículo 86 de dicho Tratado.
4. Los Estados miembros, las personas o empresas que disfruten del más amplio derecho de uso y consumo de materiales fisionables especiales presentes en el territorio del Reino Unido al final del período transitorio conservarán ese derecho.
Artículo 84
Equipos y otros bienes relacionados con la realización de los controles de seguridad
1. Los equipos y otros bienes de la Comunidad relacionados con la realización de controles de seguridad con arreglo al Tratado Euratom que se encuentren en el Reino Unido al final del período transitorio pasarán a ser propiedad del Reino Unido, según lo establecido en el anexo V. El Reino Unido reembolsará a la Unión el valor de dichos equipos y otros bienes, cuyo cálculo se basará en el valor asignado a estos equipos y otros bienes en las cuentas consolidadas del ejercicio 2020.
2. El Reino Unido asumirá todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de la Comunidad relacionados con los equipos y otros bienes a que se refiere el apartado 1.
Artículo 85
Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
El artículo 4, apartados 1 y 2, y el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2011/70/Euratom, se aplicarán respecto de la responsabilidad final del Reino Unido por el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos que se hayan generado en el Reino Unido y estén presentes en el territorio de un Estado miembro al final del período transitorio.
TÍTULO X
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIÓN
Capítulo 1
Procedimientos judiciales
Artículo 86
Asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para conocer de los procedimientos iniciados por o contra el Reino Unido antes del final del período transitorio. Esta competencia se aplicará a todas las fases del procedimiento, incluidos los recursos de casación ante el Tribunal de Justicia y el procedimiento ante el Tribunal General en caso de devolución del asunto al Tribunal General.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales del Reino Unido antes del final del período transitorio.
3. A efectos del presente capítulo, se considerará que los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido iniciados, y que las peticiones de decisión prejudicial han sido presentadas, en el momento en que el escrito que inicia el proceso ha sido inscrito en el Registro por la Secretaría del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, según proceda.
Artículo 87
Nuevos asuntos ante el Tribunal de Justicia
1. Si la Comisión Europea considera que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o de la cuarta parte del presente Acuerdo antes del final del período transitorio, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir del final del período transitorio, someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme a los requisitos establecidos en el artículo 258 del TFUE o en el artículo 108, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE, según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
2. Si el Reino Unido incumple una decisión de las contempladas en el artículo 95, apartado 1, del presente Acuerdo, o no confiere efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico del Reino Unido a una decisión de las contempladas en dicha disposición dirigida a una persona física o jurídica que resida o esté establecida en el Reino Unido, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la decisión de que se trate, someter el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 258 del TFUE o en el artículo 108, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE, según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
3. A la hora de decidir si emprender acciones judiciales en virtud del presente artículo, la Comisión Europea aplicará los mismos principios con respecto al Reino Unido que con respecto a cualquier Estado miembro.
Artículo 88
Reglas de procedimiento
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicarán a los procedimientos y las peticiones de decisión prejudicial a los que se refiere el presente título.
Artículo 89
Fuerza vinculante y carácter ejecutivo de las sentencias y autos
1. Las sentencias y autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes del final del período transitorio y las sentencias y autos dictados después del final del período transitorio en los procedimientos a que se refieren los artículos 86 y 87 serán vinculantes en su totalidad para y en el Reino Unido.
2. Si, en una sentencia de las contempladas en el apartado 1, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o del presente Acuerdo, el Reino Unido adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha sentencia.
3. Los artículos 280 y 299 del TFUE se aplicarán en el Reino Unido en lo relativo a la ejecución de las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contemplados en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 90
Derecho a intervenir y participar en el procedimiento
Hasta que las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todos los procedimientos y peticiones de decisión prejudicial a que se refiere el artículo 86 pasen a ser firmes, el Reino Unido podrá intervenir del mismo modo que un Estado miembro o, en los asuntos que se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 del TFUE, participar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mismo modo que un Estado miembro. Durante ese período, el Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea notificará al Reino Unido, al mismo tiempo y del mismo modo que a los Estados miembros, cualquier cuestión planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con carácter prejudicial por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.
El Reino Unido podrá también intervenir o participar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mismo modo que un Estado miembro:
en relación con los asuntos referidos a un incumplimiento de las obligaciones en virtud de los Tratados, cuando el Reino Unido estuviese sujeto a las mismas obligaciones antes del final del período transitorio, y cuando tales asuntos se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 258 del TFUE antes del final del período mencionado en el artículo 87, apartado 1, o, en su caso, hasta el momento, posterior al final de dicho período, en que la última sentencia o el último auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base del artículo 87, apartado 1, pase a ser firme;
en relación con los asuntos referidos a actos o disposiciones del Derecho de la Unión que fuesen aplicables antes del final del período transitorio a y en el Reino Unido y que se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 267 del TFUE antes del final del período mencionado en el artículo 87, apartado 1, o, en su caso, hasta el momento, posterior al final de dicho período, en que la última sentencia o el último auto dictado por el Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 87, apartado 1, pase a ser firme; y
en relación con los casos a que se refiere el artículo 95, apartado 3.
Artículo 91
Representación ante el Tribunal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, cuando, antes del final del período transitorio, un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido esté representando o asistiendo a una parte en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en relación con peticiones de decisión prejudicial planteadas antes del final del período transitorio, dicho abogado podrá seguir representando o asistiendo a la parte en el procedimiento o en relación con dichas peticiones. Este derecho se aplicará a todas las fases de los procedimientos, incluidos los procedimientos de apelación ante el Tribunal de Justicia y los procedimientos ante el Tribunal General en caso de devolución de un asunto a este último.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrán representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos contemplados en el artículo 87 y en el artículo 95, apartado 3. Los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido también podrán representar o asistir al Reino Unido en los procedimientos contemplados en el artículo 90 en los que el Reino Unido haya decidido intervenir o participar.
3. Cuando representen o asistan a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos a que se refieren los apartados 1 y 2, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros representando o asistiendo a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Capítulo 2
Procedimientos administrativos
Artículo 92
Procedimientos administrativos en curso
1. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión seguirán siendo competentes en lo que respecta a los procedimientos administrativos que se hayan iniciado antes del final del período transitorio en relación con:
el cumplimiento del Derecho de la Unión por el Reino Unido, o por personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido; o
el cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con la competencia en el Reino Unido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, a efectos del presente capítulo se considerará que los procedimientos administrativos se han iniciado en el momento en que estos hayan sido registrados formalmente en la institución, órgano u organismo de la Unión.
3. A efectos del presente capítulo:
se considerará que los procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (108) se han iniciado en el momento en que se haya atribuido a los procedimientos un número de asunto;
los procedimientos para la aplicación del artículo 101 o 102 del TFUE impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (109) se considerarán iniciados en el momento en que la Comisión Europea haya decidido iniciar el procedimiento de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión (110);
los procedimientos relacionados con el control de las concentraciones entre empresas regulados por el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (111) se considerarán iniciados en el momento en que:
se haya notificado a la Comisión Europea una concentración que tenga dimensión de la Unión de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004,
el plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 haya expirado sin que ninguno de los Estados miembros competentes para examinar la concentración en virtud de su Derecho nacional en materia de competencia haya manifestado su desacuerdo con respecto a la solicitud de remisión del asunto a la Comisión Europea, o
la Comisión Europea haya decidido, o se considere que ha decidido, examinar la concentración de conformidad con el artículo 22, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004;
la investigación por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de una presunta infracción de las enumeradas en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (112) o en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (113) se considerará iniciada en el momento en que dicha Autoridad haya designado a un agente investigador independiente de conformidad con el artículo 23 sexies, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 o el artículo 64, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.
4. La Unión facilitará al Reino Unido una lista de todos los procedimientos administrativos individuales en curso que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 en un plazo de tres meses después del final del período transitorio. No obstante lo dispuesto en la primera frase, en el caso de los procedimientos administrativos individuales en curso de la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Unión facilitará al Reino Unido una lista de dichos procedimientos administrativos en curso en el plazo de un mes después del final del período transitorio.
5. En el marco de procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589, la Comisión Europea estará vinculada con respecto al Reino Unido por la jurisprudencia y las mejores prácticas aplicables, tal y como si el Reino Unido fuese aún un Estado miembro. En particular, la Comisión Europea adoptará, en un plazo razonable, una de las decisiones siguientes:
una decisión por la que se constate que la medida no constituye ayuda en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589;
una decisión de no formular objeciones en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589;
una decisión de incoar un procedimiento de investigación formal en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/1589.
Artículo 93
Nuevos procedimientos en materia de ayudas estatales y relacionados con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
1. Por lo que se refiere a las ayudas concedidas antes del final del período transitorio, durante un período de cuatro años después del final del período transitorio, la Comisión Europea será competente para iniciar nuevos procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589 en relación con el Reino Unido.
La Comisión Europea seguirá siendo competente después del final del período de cuatro años respecto de los procedimientos iniciados antes del final de dicho período.
El artículo 92, apartado 5, del presente Acuerdo se aplicará mutatis mutandis.
La Comisión Europea informará al Reino Unido de cualquier nuevo procedimiento administrativo en materia de ayudas estatales iniciado en virtud del párrafo primero del presente apartado en un plazo de tres meses desde su inicio.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 136 y 138 del presente Acuerdo, durante un período de cuatro años después del final del período transitorio, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «OLAF») será competente para abrir nuevas investigaciones reguladas por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (114) relativas a:
hechos que se hayan producido antes del final del período transitorio; o
cualquier deuda aduanera originada después del final del período transitorio como consecuencia de los procedimientos de aprobación de la gestión a que se refiere el artículo 49, apartado 1, del presente Acuerdo.
La OLAF seguirá siendo competente después del final del período de cuatro años para los procedimientos iniciados antes del final de dicho período.
La OLAF informará al Reino Unido de cualquier nueva investigación abierta en virtud del párrafo primero del presente apartado en el plazo de tres meses desde la apertura de la investigación.
Artículo 94
Reglas de procedimiento
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los distintos tipos de procedimientos administrativos contemplados en el presente capítulo se aplicarán a los procedimientos a que se hace referencia en los artículos 92, 93 y 96.
2. Cuando representen o asistan a una parte en relación con los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 92 y 93, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que representan o asisten a una parte en relación con dichos procedimientos administrativos.
3. El artículo 128, apartado 5, se aplicará en la medida necesaria a los procedimientos contemplados en los artículos 92 y 93 después del final del período transitorio.
Artículo 95
Fuerza vinculante y carácter ejecutivo de las decisiones
1. Las decisiones adoptadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión antes del final del período transitorio, o adoptadas en los procedimientos a que se refieren los artículos 92 y 93 después del final del período transitorio, y dirigidas al Reino Unido o a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido, serán vinculantes para y en el Reino Unido.
2. Salvo acuerdo en contrario entre la Comisión Europea y la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido, la Comisión Europea seguirá siendo competente para controlar y hacer cumplir los compromisos contraídos o las medidas correctoras impuestas en el territorio del Reino Unido, o en relación con el Reino Unido, en el marco de los procedimientos para la aplicación de los artículos 101 o 102 del TFUE impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 1/2003, o de los procedimientos impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 139/2004 relativos al control de las concentraciones entre empresas. Si así lo acuerdan entre ellas la Comisión Europea y la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido, la Comisión Europea transferirá el control y la garantía del cumplimiento de dichos compromisos o medidas correctoras en el Reino Unido a la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido.
3. La legalidad de las decisiones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo será controlada exclusivamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 263 del TFUE.
4. El artículo 299 del TFUE se aplicará en el Reino Unido en lo que se refiere a la ejecución de las decisiones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo que impongan obligaciones pecuniarias a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido.
Artículo 96
Otros procedimientos en curso y obligaciones de notificación
1. Los exámenes técnicos realizados por las Oficinas de examen del Reino Unido en cooperación con la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2100/94 que estuviesen en curso el día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo continuarán y se finalizarán según lo establecido en dicho Reglamento.
2. El artículo 12, apartados 2 bis y 3, y los artículos 14, 15 y 16 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (115) se aplicarán a y en el Reino Unido en relación con los gases de efecto invernadero emitidos durante el último año del período transitorio.
3. El artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (116) y los artículos 26 y 27 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (117) se aplicarán a y en el Reino Unido en relación con la información de datos correspondiente al último año del período transitorio.
4. El artículo 8, apartados 1, 2, 3 y 7, del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (118), el anexo II de dicho Reglamento, el artículo 8, apartados 1, 2, 3, 8 y 10, del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (119), el anexo II de dicho Reglamento, así como los artículos 2 a 5, el artículo 7, y el artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión y los artículos 3 a 6, el artículo 8 y el artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión (120), se aplicarán a y en el Reino Unido en lo relativo al control y la presentación de datos sobre las emisiones de dióxido de carbono de vehículos pertinentes durante el último año del período transitorio.
5. Los artículos 5, 7, 9 y 10, el artículo 11, apartado 3, el artículo 17, apartado 1, letras a) y d), y los artículos 19, 22 y 23 del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (121), y los artículos 3, 7 y 11 de la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (122) se aplicarán al Reino Unido en relación con los gases de efecto invernadero emitidos durante 2019 y 2020, y el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión (123) se aplicará al Reino Unido hasta la finalización del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto.
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo:
en la medida necesaria para dar cumplimiento a los apartados 2, 4 y 5 del presente artículo, el Reino Unido y los operadores presentes en el Reino Unido tendrán acceso a:
el registro de la Unión y el registro del Protocolo de Kioto del Reino Unido establecidos por el Reglamento (UE) n.o 389/2013, y
el archivo central de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, según lo previsto en el Reglamento (UE) n.o 1014/2010, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 749/2014 de la Comisión (124);
en la medida necesaria para dar cumplimiento al apartado 3 del presente artículo, las empresas presentes en el Reino Unido tendrán acceso a:
la herramienta de notificación basada en el formato establecido en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1191/2014 de la Comisión (125) a efectos de la gestión y la presentación de los datos sobre los gases fluorados de efecto invernadero, y
el archivo de datos empresariales utilizado para la presentación de informes por parte de las empresas con arreglo al artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009.
A petición del Reino Unido, durante un período de un año después del final del período transitorio, la Unión facilitará al Reino Unido la información necesaria para:
cumplir sus obligaciones en materia de presentación de datos en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; y
aplicar sanciones conforme al artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 y al artículo 29 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009.
Artículo 97
Representación en procedimientos en curso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Cuando, antes del final del período transitorio, una persona facultada para representar a una persona física o jurídica ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de conformidad con el Derecho de la Unión estuviese representando a una parte en un procedimiento promovido ante dicha Oficina, dicho representante podrá seguir representando a esa parte en ese procedimiento. Este derecho se aplicará a todas las fases del procedimiento ante dicha Oficina.
Cuando represente a una parte ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el marco de uno de los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, dicho representante será tratado a todos los efectos como un representante profesional facultado para representar a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de conformidad con el Derecho de la Unión.
TÍTULO XI
Procedimientos de cooperación administrativa entre los Estados miembros y el Reino Unido
Artículo 98
Cooperación administrativa en materia aduanera
1. Los procedimientos de cooperación administrativa entre un Estado miembro y el Reino Unido establecidos en el anexo VI que se hayan iniciado de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio serán completados por dicho Estado miembro y por el Reino Unido con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
2. Los procedimientos de cooperación administrativa entre un Estado miembro y el Reino Unido establecidos en el anexo VI que se inicien en un plazo de tres años a partir del final del período transitorio pero que se refieran a hechos que se hayan producido antes del final del período transitorio serán completados por dicho Estado miembro y por el Reino Unido con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
Artículo 99
Cooperación administrativa en asuntos relacionados con los impuestos indirectos
1. El Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (126) se aplicará hasta cuatro años después del final del período transitorio por lo que se refiere a la cooperación entre las autoridades competentes responsables de la aplicación de la legislación en materia de IVA en los Estados miembros y en el Reino Unido en relación con las operaciones efectuadas antes del final del período transitorio y con las operaciones contempladas en el artículo 51, apartado 1, del presente Acuerdo.
2. El Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo (127) se aplicará hasta cuatro años después del final del período transitorio por lo que se refiere a la cooperación entre las autoridades competentes responsables de la aplicación de la legislación en materia de impuestos especiales en los Estados miembros y en el Reino Unido en relación con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales que haya tenido lugar antes del final del período transitorio y con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales contemplados en el artículo 52 del presente Acuerdo.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en virtud del presente artículo, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los costes reales que esta haya soportado a fin de facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos costes a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se hace referencia en el anexo IV. En caso de que el importe de los costes reales soportados que se comunique difiera considerablemente de las mejores estimaciones del importe que haya comunicado la Unión al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará sin demora a la Unión las mejores estimaciones del importe y el Comité Mixto determinará la manera en que debe abordarse la diferencia entre los costes reales soportados y las mejores estimaciones del importe.
Artículo 100
Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas
1. La Directiva 2010/24/UE del Consejo (128) se aplicará hasta cinco años después del final del período transitorio entre los Estados miembros y el Reino Unido por lo que se refiere a los créditos relacionados con importes que se hayan convertido en exigibles antes del final del período transitorio, a los créditos relacionados con operaciones efectuadas antes del final del período transitorio pero en las que los importes se hayan convertido en exigibles después de dicho período, y a los créditos relacionados con operaciones contempladas en el artículo 51, apartado 1, del presente Acuerdo o con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales contemplados en el artículo 52 del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en virtud del presente artículo, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los costes reales que esta haya soportado a fin de facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos costes a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se hace referencia en el anexo IV. En caso de que el importe de los costes reales soportados que se comunique difiera considerablemente de las mejores estimaciones del importe que haya comunicado la Unión al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará sin demora a la Unión las mejores estimaciones del importe y el Comité Mixto determinará la manera en que debe abordarse la diferencia entre los costes reales soportados y las mejores estimaciones del importe.
TÍTULO XII
Privilegios e inmunidades
Artículo 101
Definiciones
1. A efectos del presente título, se entenderá por «miembros de las instituciones», con independencia de su nacionalidad: el Presidente del Consejo Europeo, los miembros de la Comisión Europea, los jueces, los abogados generales, los secretarios y los ponentes adjuntos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los miembros del Tribunal de Cuentas, los miembros de los órganos del Banco Central Europeo, los miembros de los órganos del Banco Europeo de Inversiones, así como todas las demás personas asimiladas a cualquiera de estas categorías de personas en virtud del Derecho de la Unión a los efectos del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades»). El término «miembros de las instituciones» no incluye a los miembros del Parlamento Europeo.
2. El Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 del Consejo (129) se aplicará a la hora de determinar las categorías de los funcionarios y agentes a las que se aplican los artículos 110 a 113 del presente Acuerdo.
Capítulo 1
Bienes, fondos, activos y operaciones de la Unión
Artículo 102
Inviolabilidad
El artículo 1 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los locales, los edificios, los bienes y los activos de la Unión en el Reino Unido utilizados por la Unión antes del final del período transitorio, hasta que dejen de utilizarse de manera oficial o hayan sido retirados del Reino Unido. Cuando la Unión deje de utilizar de manera oficial sus locales, edificios, bienes o activos, o los haya retirado del Reino Unido, notificará esta circunstancia al Reino Unido.
Artículo 103
Archivos
El artículo 2 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a todos los archivos de la Unión en el Reino Unido al final del período transitorio, hasta que se hayan retirado del Reino Unido. Cuando la Unión retire del Reino Unido cualquiera de sus archivos, notificará esta circunstancia al Reino Unido.
Artículo 104
Fiscalidad
El artículo 3 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los activos, los ingresos y otros bienes de la Unión en el Reino Unido al final del período transitorio, hasta que dejen de utilizarse de manera oficial o se hayan retirado del Reino Unido.
Capítulo 2
Comunicaciones
Artículo 105
Comunicaciones
El artículo 5 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a las comunicaciones oficiales, la correspondencia oficial y la transmisión de documentos relacionados con las actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
Capítulo 3
Miembros del Parlamento Europeo
Artículo 106
Inmunidad de los miembros del Parlamento Europeo
El artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a las opiniones o los votos emitidos antes del final del período transitorio por los miembros del Parlamento Europeo, incluidos los antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 107
Seguridad social
Los antiguos miembros del Parlamento Europeo, con independencia de su nacionalidad, que reciban una pensión en cuanto tales, así como las personas con derecho a una pensión de supervivencia como derechohabientes de antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, estarán exentos de la afiliación obligatoria y del pago a los regímenes nacionales de seguridad social en el Reino Unido, en las mismas condiciones que fuesen aplicables el último día del período transitorio, siempre que los antiguos miembros del Parlamento Europeo fuesen miembros del Parlamento Europeo antes del final del período transitorio.
Artículo 108
Evitación de la doble imposición de las pensiones y las indemnizaciones transitorias
Los artículos 12, 13 y 14 de la Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo (130) se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a las pensiones y a las indemnizaciones transitorias abonadas a los antiguos miembros del Parlamento Europeo, con independencia de su nacionalidad, y el artículo 17 de dicha Decisión se aplicará en lo que respecta a las personas que tengan derecho a pensiones de supervivencia como derechohabientes de antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, en la medida en que el derecho a una pensión o a una indemnización transitoria se haya adquirido antes del final del período transitorio.
CAPÍTULO 4
Representantes de los Estados miembros y del Reino Unido que participan En los trabajos de las instituciones de la Unión
Artículo 109
Privilegios, inmunidades y facilidades
1. El artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los representantes de los Estados miembros y del Reino Unido que participen en los trabajos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a sus consejeros y expertos técnicos y a los miembros de los órganos consultivos de la Unión, con independencia de su nacionalidad, en la medida en que su participación en dichos trabajos:
haya tenido lugar antes del final del período transitorio;
tenga lugar después del final del período transitorio y esté relacionada con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
2. El artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en la Unión en lo que respecta a los representantes del Reino Unido que participen en los trabajos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a sus consejeros y expertos técnicos, en la medida en que su participación en dichos trabajos:
haya tenido lugar antes del final del período transitorio;
tenga lugar después del final del período transitorio y esté relacionada con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
Capítulo 5
Miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes
Artículo 110
Privilegios e inmunidades
1. El artículo 11, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los actos realizados con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, por los miembros de las instituciones, los funcionarios y otros agentes de la Unión, incluidos los antiguos miembros, los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, con independencia de su nacionalidad:
antes del final del período transitorio;
después del final del período transitorio y relacionados con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
2. El artículo 3, párrafos primero, segundo y tercero, del Protocolo (n.o 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los abogados generales, hasta que sean firmes las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todos los procedimientos y las peticiones de decisiones prejudiciales a que se hace referencia en los artículos 86 y 87 del presente Acuerdo, y se seguirán aplicando posteriormente, incluso con respecto a los antiguos jueces y abogados generales, en lo que respecta a todos los actos realizados por ellos con carácter oficial, incluidas las manifestaciones orales y escritas, antes del final del período transitorio o en relación con los procedimientos a que se refieren los artículos 86 y 87.
3. El artículo 11, letras b) a e), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, así como a los cónyuges y a los miembros de sus familias a su cargo, con independencia de su nacionalidad, si dichos funcionarios u otros agentes iniciaron su relación de servicios con la Unión antes del final del período transitorio, hasta que dichas personas hayan completado su reubicación en la Unión.
Artículo 111
Fiscalidad
El artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos miembros, antiguos funcionarios y antiguos otros agentes, si estos miembros, funcionarios u otros agentes entraron al servicio de la Unión antes del final del período transitorio, siempre que las personas de que se trate estén sujetas al pago de impuestos en beneficio de la Unión por los sueldos, salarios, emolumentos y pensiones que les abone la Unión.
Artículo 112
Domicilio fiscal
1. El artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio, así como, con independencia de su nacionalidad, en lo que respecta a los cónyuges que no ejerzan actividad profesional remunerada y a los hijos a cargo y bajo la potestad de dichos miembros, funcionarios u otros agentes.
2. El apartado 1 se aplicará únicamente en lo que respecta a las personas que hayan establecido su residencia en un Estado miembro únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión y que tuviesen su domicilio fiscal en el Reino Unido en el momento de su entrada al servicio de la Unión, y en lo que respecta a las personas que hayan establecido su residencia en el Reino Unido únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión y que tuviesen su domicilio fiscal en un Estado miembro en el momento de su entrada al servicio de la Unión.
Artículo 113
Cotizaciones a la seguridad social
Los miembros de las instituciones, los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos miembros, los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio y que residan en el Reino Unido, así como, con independencia de su nacionalidad, los cónyuges que no ejerzan actividad profesional remunerada y los hijos a cargo y bajo la potestad de dichos miembros, funcionarios u otros agentes, estarán exentos de la afiliación obligatoria y del pago a los regímenes nacionales de seguridad social en el Reino Unido, en las mismas condiciones aplicables el último día del período transitorio, siempre que las personas de que se trate estén afiliadas al régimen de seguridad social de la Unión.
Artículo 114
Transferencia de derechos de pensión
Respecto de los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio y que deseen transferir derechos de pensión desde el Reino Unido o hacia este de conformidad con el artículo 11, apartados 1, 2, o 3, y el artículo 12 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (131), o con los artículos 39, 109 y 135 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, las obligaciones del Reino Unido serán las mismas que las existentes antes del final del período transitorio.
Artículo 115
Seguro de desempleo
Los artículos 28 bis, 96 y 136 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea se aplicarán respecto de los otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos otros agentes, que hayan contribuido al régimen de desempleo de la Unión antes del final del período transitorio, si residen en el Reino Unido y están inscritos en la oficina de empleo del Reino Unido después del final del período transitorio.
Capítulo 6
Otras disposiciones
Artículo 116
Suspensión de la inmunidad y cooperación
1. Los artículos 17 y 18 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicarán en lo que respecta a los privilegios, las inmunidades y las facilidades otorgados por el presente título.
2. Al adoptar una decisión con arreglo al artículo 17 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades en relación con la suspensión de una inmunidad a petición de las autoridades del Reino Unido, la Unión dedicará a la petición la misma consideración que dedica a las peticiones de las autoridades de los Estados miembros que se encuentren en situaciones comparables.
3. A petición de las autoridades del Reino Unido, la Unión notificará a dichas autoridades el estatuto de cualquier persona que sea pertinente en relación con el derecho de dicha persona a gozar de un privilegio o inmunidad con arreglo al presente título.
Artículo 117
Banco Central Europeo
1. El presente título se aplicará en lo que respecta al Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE»), los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los bancos centrales nacionales en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo, «SEBC») que participen en las actividades del BCE.
2. El artículo 22, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta al BCE, a los miembros de sus órganos, a su personal, a los representantes de los bancos centrales nacionales en el SEBC que participen en las actividades del BCE, y a los bienes, activos y operaciones del BCE en el Reino Unido que se mantengan, gestionen o lleven a cabo de conformidad con el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
3. El apartado 2 se aplicará en lo que respecta a:
los bienes y activos del BCE que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
las operaciones del BCE en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido -y las actividades auxiliares conexas- que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para continuar operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 118
Banco Europeo de Inversiones
1. El presente título se aplicará en lo que respecta al Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI»), los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones.
2. El artículo 21, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta al BEI, los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones.
3. El apartado 2 se aplicará en lo que respecta a:
los bienes y los activos del BEI o de sus filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
las operaciones de concesión de préstamos, financiación, garantía, inversión, tesorería y asistencia técnica del BEI o de las filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 119
Acuerdos de sede
El Acuerdo de Sede entre el Reino Unido y la Autoridad Bancaria Europea, de 8 de mayo de 2012, el Canje de Notas relativo a la aplicación en el Reino Unido del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, de 24 de junio de 1996, y el Acuerdo de Sede del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo, de 17 de julio de 2013, se aplicarán, respectivamente, a la Autoridad Bancaria Europea, la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo, hasta que finalice su reubicación en un Estado miembro. La fecha de notificación por parte de la Unión de la fecha de finalización de la reubicación constituirá la fecha de terminación de dichos acuerdos de sede.
TÍTULO XIII
Otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, órganos y organismos de la Unión
Artículo 120
Obligación de secreto profesional
El artículo 339 del TFUE y otras disposiciones del Derecho de la Unión que imponen una obligación de secreto profesional a determinadas personas e instituciones, órganos y organismos de la Unión se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a toda información amparada por el secreto profesional obtenida antes del final del período transitorio u obtenida después del final del período transitorio en relación con las actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo. El Reino Unido respetará dichas obligaciones impuestas a las personas e instituciones, órganos y organismos, y velará por que se cumplan en su territorio.
Artículo 121
Obligación de discreción profesional
El artículo 19 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y las demás disposiciones de Derecho de la Unión que imponen una obligación de discreción profesional a determinadas personas se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a toda información obtenida antes del final del período transitorio u obtenida después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo. El Reino Unido respetará dichas obligaciones impuestas a las personas y velará por que se cumplan en su territorio.
Artículo 122
Acceso a los documentos
1. A efectos de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de acceso a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a sus autoridades incluyen al Reino Unido y a sus autoridades en lo que respecta a los documentos elaborados u obtenidos por las instituciones, órganos y organismos de la Unión:
antes del final del período transitorio; o
después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
2. El artículo 5 y el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (132), y el artículo 5 de la Decisión BCE/2004/3 del Banco Central Europeo (133) se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a todos los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones obtenidos por el Reino Unido:
antes del final del período transitorio; o
después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
Artículo 123
Banco Central Europeo
1. Los artículos 9.1, 17, 35.1, 35.2 y 35.4 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo se aplicarán en lo que respecta al BCE, a los miembros de sus órganos, a su personal, a los representantes de los bancos centrales nacionales en el SEBC que participen en las actividades del BCE, y a los bienes, activos y operaciones del BCE en el Reino Unido que se mantengan, gestionen o lleven a cabo de conformidad con dicho Protocolo. El BCE estará exento de la obligación de registro en el Reino Unido o de obtener cualquier tipo de licencia, permiso u otra autorización o consentimiento del Reino Unido para llevar a cabo sus operaciones.
2. El apartado 1 se aplicará en lo que respecta a:
los bienes y activos del BCE que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
las operaciones del BCE en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio, o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 124
Banco Europeo de Inversiones
1. El artículo 13, el artículo 20, apartado 2, el artículo 23, apartados 1 y 4, el artículo 26, y el artículo 27, párrafo primero, del Protocolo (n.o 5) sobre los estatutos del Banco Europeo de Inversiones se aplicarán en lo que respecta al BEI, los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de dicho Protocolo, en particular el Fondo Europeo de Inversiones. El BEI y el Fondo Europeo de Inversiones estarán exentos de la obligación de registro en el Reino Unido o de obtener cualquier tipo de licencia, permiso u otra autorización o consentimiento del Reino Unido para llevar a cabo sus operaciones. La moneda del Reino Unido seguirá siendo libremente transferible y convertible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones respecto de la convertibilidad de la moneda del Reino Unido en divisas de Estados no miembros, a efectos de dichas operaciones.
2. El apartado 1 se aplicará en lo que respecta a:
los bienes y los activos del BEI o de sus filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
las operaciones de concesión de préstamos, financiación, garantía, inversión, tesorería y asistencia técnica del BEI o de las filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 125
Escuelas Europeas
1. El Reino Unido quedará obligado por el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas (134), así como por los Reglamentos sobre las Escuelas Europeas acreditadas adoptados por el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, hasta el final del año escolar en curso al final del período transitorio.
2. El Reino Unido garantizará, en lo que se refiere a los alumnos que hayan obtenido un bachillerato europeo antes del 31 de agosto de 2021 y a los alumnos inscritos en un ciclo de enseñanza secundaria en una Escuela Europea antes del 31 de agosto de 2021 y que obtengan el bachillerato europeo con posterioridad a dicha fecha, que dichos alumnos disfruten de los derechos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
CUARTA PARTE
TRANSICIÓN
Artículo 126
Período transitorio
Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 127
Alcance de las disposiciones transitorias
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el período transitorio.
No obstante, las siguientes disposiciones de los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión no serán aplicables al ni en el Reino Unido durante el período transitorio:
las disposiciones de los Tratados y los actos que, de conformidad con el Protocolo (n.o 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Protocolo (n.o 19) sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, o el Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, o en virtud de las disposiciones de los Tratados sobre las cooperaciones reforzadas, no eran vinculantes para ni en el Reino Unido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, así como los actos que modifiquen dichos actos;
el artículo 11, apartado 4, del TUE, el artículo 20, apartado 2, letra b), el artículo 22, el artículo 24, párrafo primero, del TFUE, así como los artículos 39 y 40 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los actos adoptados con base en dichas disposiciones.
2. En caso de que la Unión y el Reino Unido alcancen un acuerdo que rija sus relaciones futuras en los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Política Común de Seguridad y Defensa que pase a ser aplicable durante el período transitorio, el capítulo 2 del título V del TUE y los actos adoptados con base en dichas disposiciones dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de aplicación de dicho acuerdo.
3. Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1 producirá, respecto de y en el Reino Unido, los mismos efectos jurídicos que produce en la Unión y sus Estados miembros, y se interpretará y aplicará conforme a los mismos métodos y principios generales que los aplicables dentro de la Unión.
4. El Reino Unido no participará en ninguna cooperación reforzada:
respecto de la cual la autorización se haya concedido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; o
en cuyo marco no se haya adoptado ningún acto antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
5. Durante el período transitorio, en relación con las medidas que modifiquen, sustituyan o complementen una medida existente adoptada en virtud del título V de la tercera parte del TFUE por la que el Reino Unido esté obligado antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, seguirán aplicándose, mutatis mutandis, el artículo 5 del Protocolo (n.o 19) sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, y el artículo 4 bis del Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, el Reino Unido no tendrá derecho a notificar su deseo de participar en la aplicación de nuevas medidas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE distintas de las que figuran en el artículo 4 bis del Protocolo n.o 21.
Con el fin de apoyar la continuidad de la cooperación entre la Unión y el Reino Unido, la Unión, con arreglo a las condiciones establecidas para la cooperación con terceros países en las medidas pertinentes, podrá invitar al Reino Unido a cooperar en relación con nuevas medidas adoptadas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE.
6. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, durante el período transitorio se entenderá que toda referencia a los Estados miembros en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1, inclusive en lo que respecta a su ejecución y aplicación por los Estados miembros, incluye al Reino Unido.
7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6:
a los efectos del artículo 42, apartado 6, y del artículo 46 del TUE y del Protocolo (n.o 10) sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del TUE, se entenderá que las referencias a los Estados miembros no incluyen al Reino Unido. Ello no será óbice para que el Reino Unido pueda ser invitado a participar como tercer país en proyectos puntuales en las condiciones establecidas en la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo (135), con carácter excepcional, o en cualquier otra forma de cooperación en la medida en que lo permitan y en las condiciones que establezcan los futuros actos de la Unión adoptados en virtud del artículo 42, apartado 6, y del artículo 46 del TUE.
en caso de que los actos de la Unión prevean la participación de Estados miembros, nacionales de los Estados miembros o personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro en un intercambio de información, un procedimiento o un programa que siga aplicándose o que comience después del final del período transitorio, y de que dicha participación permita el acceso a información sensible relacionada con cuestiones de seguridad de la que solo deban tener conocimiento Estados miembros, nacionales de Estados miembros, o personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro, se entenderá que, en tales circunstancias excepcionales, las referencias a los Estados miembros en dichos actos de la Unión no incluyen al Reino Unido. La Unión notificará al Reino Unido la aplicación de esta excepción.
a los efectos de la contratación de funcionarios y otros agentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se entenderá que las referencias a los Estados miembros en el artículo 27 y el artículo 28, letra a), del Estatuto de los funcionarios, y en el artículo 1 de su anexo X, así como en los artículos 12, 82 y 128 del Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea, o en las disposiciones pertinentes de otras normas de personal aplicables a dichas instituciones, órganos u organismos, no incluyen al Reino Unido.
Artículo 128
Disposiciones institucionales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 127, durante el período transitorio se aplicará el artículo 7.
2. A efectos de los Tratados, durante el período transitorio, el parlamento del Reino Unido no será considerado un parlamento nacional de un Estado miembro, salvo en lo relativo al artículo 1 del Protocolo (n.o 1) sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea y, en lo que respecta a las propuestas que sean de dominio público, al artículo 2 de dicho Protocolo.
3. Durante el período transitorio, se entenderá que las disposiciones de los Tratados que otorgan derechos institucionales a los Estados miembros para que puedan presentar propuestas, iniciativas o solicitudes a las instituciones no incluyen al Reino Unido (136).
4. A efectos de la participación en los mecanismos institucionales establecidos en los artículos 282 y 283 del TFUE y en el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, con la excepción del artículo 21.2 de dicho Protocolo, durante el período transitorio no se considerará al Banco de Inglaterra como banco central nacional de un Estado miembro.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 7, durante el período transitorio los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido podrán, previa invitación, asistir excepcionalmente a las reuniones o partes de las reuniones de los comités mencionados en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011, a las reuniones o a partes de las reuniones de grupos de expertos de la Comisión, a las reuniones o partes de las reuniones de otras entidades similares, y a las reuniones o partes de las reuniones de órganos y organismos, en las que participen representantes o expertos de los Estados miembros o expertos designados por los Estados miembros, siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:
que el debate se refiera a actos individuales que deban dirigirse durante el período transitorio al Reino Unido o a personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido;
que la presencia del Reino Unido sea necesaria y redunde en interés de la Unión, en particular para la aplicación efectiva del Derecho de la Unión durante el período transitorio.
Durante dichas reuniones o partes de las reuniones, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido no tendrán derecho de voto y su presencia se limitará a los puntos específicos del orden del día que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) o b).
6. Durante el período transitorio, el Reino Unido no actuará como autoridad principal en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones o las autorizaciones a escala de la Unión o a escala de los Estados miembros que actúen conjuntamente con arreglo a lo establecido en los actos y disposiciones enumerados en el anexo VII.
7. Durante el período transitorio, cuando los proyectos de actos de la Unión determinen o hagan referencia directa a autoridades, procedimientos o documentos específicos de un Estado miembro, la Unión consultará al Reino Unido sobre dichos proyectos a fin de garantizar la correcta ejecución y aplicación de dichos actos por y en el Reino Unido.
Artículo 129
Disposiciones específicas relativas a la acción exterior de la Unión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 2, durante el período transitorio, el Reino Unido quedará vinculado por las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, por los Estados miembros que actúen en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros conjuntamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra a), inciso iv). (*1)
2. Durante el período transitorio, los representantes del Reino Unido no participarán en los trabajos de ninguno de los organismos creados por acuerdos internacionales celebrados por la Unión, por los Estados miembros que actúen en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros conjuntamente, a menos que:
el Reino Unido participe por derecho propio; o
la Unión invite al Reino Unido, de manera excepcional, a asistir, como parte de la delegación de la Unión, a reuniones o a partes de las reuniones de dichos organismos, cuando la Unión considere que la presencia del Reino Unido es necesaria y redunda en interés de la Unión, en particular para la aplicación efectiva de dichos acuerdos durante el período transitorio; dicha presencia solo se permitirá cuando la participación de los Estados miembros esté permitida en virtud de los acuerdos aplicables.
3. De conformidad con el principio de cooperación leal, el Reino Unido se abstendrá, durante el período transitorio, de cualquier acción o iniciativa que pueda ir en detrimento de los intereses de la Unión, en particular en el marco de cualquier organización, agencia, conferencia o foro internacionales en que el Reino Unido sea parte por derecho propio.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, durante el período transitorio el Reino Unido podrá negociar, firmar y ratificar acuerdos internacionales celebrados en nombre propio en los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, siempre que dichos acuerdos no entren en vigor o se apliquen durante el período transitorio, a menos que la Unión lo autorice.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 2, y en función de las circunstancias de cada caso, podrá consultarse al Reino Unido siempre que haya necesidad de coordinación.
6. A raíz de una decisión del Consejo que entra en el ámbito del capítulo 2 del título V del TUE, el Reino Unido podrá presentar una declaración formal al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la que se indique que, por motivos vitales y explícitos de política nacional, no aplicará la decisión en esos casos excepcionales. En aras de la solidaridad mutua, el Reino Unido se abstendrá de cualquier acción que pueda obstaculizar o impedir la acción de la Unión basada en dicha decisión, y los Estados miembros respetarán la posición del Reino Unido.
7. Durante el período transitorio, el Reino Unido no proporcionará comandantes de operaciones civiles, jefes de misión, comandantes de operaciones o comandantes de fuerzas para misiones u operaciones llevadas a cabo con arreglo a los artículos 42, 43 y 44 del TUE, y tampoco proporcionará los cuarteles generales de operaciones para tales misiones u operaciones, ni actuará como nación marco para los grupos de combate de la Unión. Durante el período transitorio, el Reino Unido no proporcionará jefes para ninguna acción operativa de las contempladas en el artículo 28 del TUE.
Artículo 130
Régimen específico relativo a las posibilidades de pesca
1. Por lo que respecta a la fijación de las posibilidades de pesca en el sentido del artículo 43, apartado 3, del TFUE para cualquier período comprendido en el período transitorio, se consultará al Reino Unido en lo que se refiere a las posibilidades de pesca relacionadas con el Reino Unido, inclusive en el contexto de la preparación de las correspondientes consultas y negociaciones internacionales.
2. A efectos del apartado 1, la Unión ofrecerá al Reino Unido la oportunidad de presentar observaciones acerca de la comunicación anual de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca, los dictámenes científicos de los organismos científicos pertinentes y las propuestas de la Comisión Europea con respecto a las posibilidades de pesca en cualquier período comprendido en el período transitorio.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 129, apartado 2, letra b), con vistas a que el Reino Unido pueda preparar su futura adhesión a los foros internacionales pertinentes, la Unión podrá invitar al Reino Unido, de manera excepcional, a asistir, como parte de la delegación de la Unión, a las consultas y negociaciones internacionales mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, en la medida en que ello esté permitido a los Estados miembros y autorizado por el foro de que se trate.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, se mantendrán las claves de estabilidad relativa para la asignación de las posibilidades de pesca a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 131
Supervisión y ejecución
Durante el período transitorio, las instituciones, órganos y organismos de la Unión tendrán las competencias que les confiere el Derecho de la Unión en relación con el Reino Unido y con las personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.
El párrafo primero se aplicará también durante el período transitorio en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 132
Prórroga del período transitorio
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 126, el Comité Mixto, antes del 1 de julio de 2020, podrá adoptar una decisión única por la que se prorrogue el período transitorio hasta un máximo de uno o dos años. (*2)
2. En el caso de que el Comité Mixto adopte una decisión en virtud del apartado 1, se aplicará lo siguiente:
no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 6, el Reino Unido será considerado como tercer país a efectos de la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos en virtud del marco financiero plurianual aplicable desde el año 2021.
no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, y sin perjuicio de la quinta parte del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión aplicable relativo a los recursos propios de la Unión correspondientes a los ejercicios comprendidos en la prórroga del período transitorio no se aplicará al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020.
no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, del presente Acuerdo, los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no se aplicarán a las medidas de las autoridades del Reino Unido, incluidas las relativas a desarrollo rural, de ayuda a la producción y comercio de productos agrícolas en el Reino Unido, hasta un nivel anual de ayudas que no será mayor que el importe total del gasto en que se haya incurrido en el Reino Unido en el marco de la política agrícola común en 2019, y siempre que un porcentaje mínimo de ese apoyo exento se ajuste a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. Dicho porcentaje mínimo se determinará sobre la base del último porcentaje disponible en el que el gasto global en virtud de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. En caso de que la prórroga del período transitorio no sea un múltiplo de doce meses, el nivel anual máximo de ayuda exenta correspondiente al año en que dicha prórroga no alcance doce meses se reducirá a prorrata.
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el final del período transitorio, el Reino Unido realizará una contribución al presupuesto de la Unión, según se determine conforme al apartado 3.
sujeto al apartado 3, letra d), la quinta parte del presente Acuerdo no se verá afectada.
3. Una decisión del Comité Mixto con arreglo al apartado 1:
determinará el importe adecuado de la contribución del Reino Unido al presupuesto de la Unión para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el final del período transitorio, teniendo en cuenta el estatuto del Reino Unido durante ese período, y las modalidades de pago de dicho importe;
especificará el nivel máximo de ayuda exenta, así como el porcentaje mínimo de dicha ayuda que se ajustará a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura, a que hace referencia el apartado 2, letra c);
establecerá cualquier otra medida necesaria para la aplicación del apartado 2;
adaptará las fechas o períodos a que se hace referencia en los artículos 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 y 157 y en los anexos IV y V con el fin de que reflejen la prórroga del período transitorio.
QUINTA PARTE
DISPOSICIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 133
Moneda que debe utilizarse entre la Unión y el Reino Unido
Sin perjuicio del Derecho de la Unión aplicable en lo relativo a los recursos propios de la Unión, todos los importes, pasivos, cálculos, cuentas y pagos a que se refiere la presente parte se establecerán y ejecutarán en euros.
Artículo 134
Facilidades ofrecidas a los auditores en relación con las disposiciones financieras
El Reino Unido informará a la Unión de las entidades a las que haya encargado la realización de su auditoría de la aplicación de las disposiciones financieras contempladas en la presente parte.
A petición del Reino Unido, la Unión proporcionará a dichas entidades encargadas cualquier información que razonablemente pueda solicitarse en relación con los derechos y las obligaciones del Reino Unido en virtud de la presente parte, y les proporcionará una asistencia adecuada que les permita cumplir su cometido. Al facilitar información y prestar asistencia en virtud del presente artículo, la Unión actuará de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable, en particular con las normas de la Unión en materia de protección de datos.
Las autoridades del Reino Unido y de la Unión podrán acordar las disposiciones administrativas adecuadas para facilitar la aplicación de los párrafos primero y segundo.
Capítulo 2
Contribución y participación del Reino Unido en el presupuesto de la Unión
Artículo 135
Contribución y participación del Reino Unido en la ejecución de los presupuestos de la Unión para los años 2019 y 2020
1. Para los años 2019 y 2020, de conformidad con la cuarta parte, el Reino Unido contribuirá a los presupuestos de la Unión y participará en su ejecución.
2. No obstante lo dispuesto en la cuarta parte, las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (137) o de la Decisión 2014/335/UE, Euratom, que se adopten en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a ella, no se aplicarán al Reino Unido en la medida en que dichas modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido.
Artículo 136
Disposiciones aplicables después del 31 de diciembre de 2020 en relación con los recursos propios
1. El Derecho de la Unión aplicable en relación con los recursos propios de la Unión por lo que respecta a los ejercicios presupuestarios hasta 2020 seguirá aplicándose al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020, incluidos aquellos casos en que los recursos propios de que se trate deban ponerse a disposición, corregirse o ser objeto de ajustes después de dicha fecha.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 2, el Derecho de la Unión mencionado en el apartado 1 del presente artículo incluirá, en particular, los siguientes actos y disposiciones, así como sus modificaciones, con independencia de la fecha de adopción, entrada en vigor o aplicación de la modificación:
Decisión 2014/335/UE, Euratom;
Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 y, en particular, su artículo 12 en lo relativo a los intereses de demora de la puesta a disposición de importes y su artículo 11 en lo relativo a la no participación;
Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 y, en particular, su artículo 1 en lo relativo al cálculo del saldo y sus artículos 2 a 8 en lo relativo a las medidas de ejecución del sistema de recursos propios;
Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo (138);
Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 (139);
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión (140);
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión (141);
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1406 del Parlamento Europeo y del Consejo (142) (el «Reglamento financiero»);
artículo 287 del TFUE sobre el papel del Tribunal de Cuentas, así como otras normas relativas a esta institución;
artículo 325 del TFUE sobre la lucha contra el fraude y los actos conexos, en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (143) y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo (144);
los presupuestos anuales para los ejercicios presupuestarios hasta 2020 o, en caso de que un presupuesto anual no haya sido adoptado, las normas aplicables conforme al artículo 315 del TFUE.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, después del 31 de diciembre de 2020 se aplicarán al Reino Unido las normas siguientes:
los importes que, en relación con el Reino Unido, resulten de los ajustes en los recursos propios consignados en el presupuesto y de los ajustes relacionados con el superávit o el déficit, en relación con la financiación de los presupuestos de la Unión hasta 2020 de conformidad con el Derecho de la Unión mencionado en los apartados 1 y 2, deberán ser abonados por el Reino Unido o ser abonados a este;
si, de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable en materia de recursos propios de la Unión, la fecha de puesta a disposición de los recursos propios es posterior al 28 de febrero de 2021, el pago se efectuará en la fecha más temprana de las previstas en el artículo 148, apartado 1, posterior a la fecha de puesta a disposición de los recursos propios;
a efectos del pago por parte del Reino Unido de los recursos propios tradicionales después del 28 de febrero de 2021, el importe de los derechos constatados de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 tras la reducción de los costes de recaudación de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom se reducirá en la cuota de este importe correspondiente al Reino Unido;
no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Acuerdo, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido, previa invitación y de forma excepcional, podrán asistir, sin derecho de voto, a las reuniones de los comités creados por el Derecho de la Unión aplicable mencionado en los apartados 1 y 2 del presente artículo, tales como las reuniones del Comité consultivo de recursos propios creado por el artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014, o el Comité RNB creado por el artículo 4 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003, en la medida en que los trabajos de dichos comités se refieran a los ejercicios presupuestarios hasta 2020;
cualquier corrección o ajuste de los recursos propios basados en el IVA y en la renta nacional bruta se realizará únicamente si las medidas pertinentes previstas en las disposiciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se adoptan a más tardar el 31 de diciembre de 2028;
la contabilidad separada de los recursos propios tradicionales a que se refiere el artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014, se liquidará íntegramente a más tardar el 31 de diciembre de 2025; antes del 20 de febrero de 2026, una parte de los importes que estén aún consignados en esa cuenta a 31 de diciembre de 2025 y que no sean objeto de constataciones de inspección de la Comisión Europea comunicadas antes de esa fecha con arreglo a la legislación sobre recursos propios se pondrá a disposición del presupuesto de la Unión, parte esta que corresponde a la cuota de los importes puestos a disposición de la Unión sobre los importes comunicados por el Reino Unido a la Comisión Europea en el marco del procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 137
Participación del Reino Unido en la ejecución de los programas y actividades de la Unión en 2019 y 2020
1. De conformidad con la cuarta parte, los programas y actividades de la Unión comprometidos con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 («MFP 2014-2020») o de anteriores perspectivas financieras se ejecutarán en 2019 y 2020 en lo que respecta al Reino Unido sobre la base del Derecho de la Unión aplicable.
El Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (145) aplicable en el año 2020 no se aplicará en el Reino Unido para el año de solicitud 2020. No obstante, el artículo 13 de dicho Reglamento se aplicará en lo que respecta al régimen de pagos directos del Reino Unido para el año de solicitud 2020, siempre que dicho régimen sea equivalente al régimen del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 aplicable en el año 2020.
2. No obstante lo dispuesto en la cuarta parte, el Reino Unido y los proyectos situados en el Reino Unido solo podrán ser considerados a efectos de operaciones financieras realizadas en el marco de instrumentos financieros gestionados directa o indirectamente con arreglo al título X del Reglamento Financiero o a operaciones financieras garantizadas por el presupuesto de la Unión en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), establecido por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (146), y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), establecido por el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo (147), siempre que dichas operaciones financieras hayan sido aprobadas por entidades y organismos, incluidos el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), o por personas a las que se haya encomendado la ejecución de una parte de esas acciones antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, incluso si la firma de dichas operaciones financieras tuvo lugar después de esa fecha. En lo que respecta a las operaciones financieras aprobadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las entidades establecidas en el Reino Unido se considerarán entidades situadas fuera de la Unión.
Artículo 138
Derecho de la Unión aplicable después del 31 de diciembre de 2020 en relación con la participación del Reino Unido en la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos en virtud del MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras
1. En lo que respecta a la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos con cargo al MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras, el Derecho de la Unión aplicable, incluidas las normas relativas a las correcciones financieras y a la liquidación de cuentas, seguirán aplicándose al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020 hasta la finalización de dichos programas y actividades de la Unión.
2. El Derecho de la Unión aplicable mencionado en el apartado 1 incluirá, en particular, las siguientes disposiciones, así como sus modificaciones, con independencia de la fecha de adopción, entrada en vigor o aplicación de dichas modificaciones:
Reglamento financiero;
los actos de base, en el sentido del artículo 2, punto 4), del Reglamento financiero, que establezcan los programas o actividades de la Unión mencionados en los comentarios presupuestarios relativos a los títulos, capítulos, artículos o partidas con cargo a los cuales se hayan comprometido los créditos;
artículo 299 del TFUE sobre el carácter ejecutivo de las obligaciones pecuniarias;
artículo 287 del TFUE sobre el papel del Tribunal de Cuentas, así como otras normas relativas a esta institución;
artículo 325 del TFUE sobre la lucha contra el fraude y los actos conexos, en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido, previa invitación y de forma excepcional, podrán asistir, sin derecho de voto, a las reuniones de los comités que prestan asistencia a la Comisión Europea en la ejecución y la gestión de los programas establecidos por el Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 1, o establecidos por la Comisión Europea con respecto a la aplicación de dicho Derecho, en la medida en que sus trabajos se refieran a los ejercicios presupuestarios hasta 2020.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para la ejecución de los programas y actividades a que se refiere el apartado 2, letra b), a las redes, sistemas de información y bases de datos establecidos con arreglo a los actos de base pertinentes o por las normas de ejecución correspondientes derivadas de dichos actos de base.
5. A propuesta del Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), el Comité Mixto podrá adoptar, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 166, medidas técnicas para facilitar la finalización de los programas y actividades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, o para eximir al Reino Unido de la obligación de adoptar, durante o después de la finalización de dichos programas y actividades, medidas que no sean pertinentes para un antiguo Estado miembro, siempre que dichas medidas técnicas respeten el principio de buena gestión financiera y no den lugar a una ventaja en favor del Reino Unido o de los beneficiarios del Reino Unido en comparación con los Estados miembros o terceros países que participen en los mismos programas y actividades financiados por el presupuesto de la Unión.
Artículo 139
Cuota del Reino Unido
La cuota del Reino Unido mencionada en el artículo 136, apartado 3, letras a) y c), y en los artículos 140 a 147, será un porcentaje calculado determinando la ratio entre los recursos propios puestos a disposición por el Reino Unido en los años 2014 a 2020 y los recursos propios puestos a disposición durante ese período por todos los Estados miembros y el Reino Unido, ajustados en función del importe comunicado a los Estados miembros antes del 1 de febrero de 2022 de conformidad con el artículo 10 ter, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014.
Artículo 140
Compromisos pendientes de liquidación
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los compromisos presupuestarios del presupuesto de la Unión y los presupuestos de las agencias descentralizadas de la Unión pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 2020, y en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los compromisos contraídos en 2021 relacionados con la prórroga de los créditos de compromiso del presupuesto de 2020.
El párrafo primero no se aplicará a los siguientes compromisos pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 2020:
los compromisos relacionados con los programas y organismos a los que se aplica, con respecto al Reino Unido, el artículo 11 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014;
los compromisos financiados por ingresos afectados en el presupuesto de la Unión.
Por lo que se refiere a las agencias descentralizadas de la Unión, el importe de sus compromisos mencionados en el párrafo primero solo se tendrá en cuenta en proporción a la cuota de las contribuciones del presupuesto de la Unión en sus ingresos totales para el período 2014-2020.
2. La Unión calculará el importe de los compromisos a que se refiere el apartado 1 el 31 de diciembre de 2020. Comunicará dicha cantidad al Reino Unido a más tardar el 31 de marzo de 2021, acompañada de una lista con la clave de referencia de cada compromiso, las líneas presupuestarias asociadas y el importe para cada línea presupuestaria asociada.
3. A partir de 2022 y, a más tardar, el 31 de marzo de cada año, la Unión comunicará al Reino Unido, en lo que respecta a los compromisos mencionados en el apartado 1:
la información sobre el importe de los compromisos pendientes de liquidación a 31 de diciembre del ejercicio anterior y sobre los pagos y las liberaciones de créditos realizados en el año anterior, incluida una actualización de la lista a que se refiere el apartado 2;
una estimación de los pagos previstos para el ejercicio en curso basada en el nivel de los créditos de pago consignados en el presupuesto;
una estimación de la contribución prevista del Reino Unido a los pagos a que se refiere la letra b); y
otra información, como las previsiones de pago a medio plazo.
4. El importe anual que ha de pagarse se calculará determinando la cuota del Reino Unido en la estimación a que se refiere el apartado 3, letra b), ajustado en función de la diferencia entre los pagos realizados por el Reino Unido en el ejercicio anterior y la cuota del Reino Unido en los pagos realizados por la Unión en el año anterior con respecto a los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 1, reducida por el importe de las correcciones financieras netas en relación con los programas y actividades financiados con cargo al MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras y reducida por el importe del producto de cualquier procedimiento de infracción relativo a la no puesta a disposición por parte de un Estado miembro de los recursos propios correspondientes a los ejercicios presupuestarios hasta 2020, siempre que dichos importes hayan sido recibidos en el presupuesto en el año anterior y sean definitivos. El importe anual que ha de pagar el Reino Unido en un ejercicio dado no será objeto de ajuste en dicho ejercicio.
En 2021, el importe anual que ha de pagar el Reino Unido se reducirá por el importe correspondiente a la cuota del Reino Unido en la financiación en el presupuesto de 2020 del importe de los créditos de pago prorrogados de 2020 a 2021, de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento financiero, y por el importe correspondiente a la cuota del Reino Unido en el importe total de los recursos propios tradicionales puestos a disposición de la Unión en enero y febrero de 2021, respecto de los cuales se hayan establecido los derechos de la Unión de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 en noviembre y diciembre de 2020. La Unión reembolsará también al Reino Unido la cuota del Reino Unido en el importe total de los recursos propios tradicionales que los Estados miembros hayan puesto a disposición después del 31 de diciembre de 2020 correspondientes a las mercancías despachadas a libre práctica en relación con el fin o la ultimación del depósito temporal o de los regímenes aduaneros mencionados en el artículo 49, apartado 2, iniciados en dicha fecha o con anterioridad a ella.
5. A petición del Reino Unido, formulada como muy pronto después del 31 de diciembre de 2028, la Unión hará una estimación de los importes restantes que deberá pagar el Reino Unido en virtud del presente artículo, sobre la base de una regla que tenga en cuenta el importe de los compromisos pendientes al final del ejercicio y una estimación de las liberaciones de créditos con respecto a dichos compromisos pendientes, de las correcciones financieras y del producto de los procedimientos de infracción una vez finalizado el ejercicio. Una vez que el Reino Unido confirme la aceptación de la propuesta al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto, el Reino Unido abonará el importe estimado, ajustado conforme al apartado 4 del presente artículo, en relación con los pagos efectuados por el Reino Unido en el año anterior. El pago de los importes mencionados en el presente apartado extinguirá las obligaciones pendientes del Reino Unido o de la Unión en virtud del presente artículo.
Artículo 141
Multas acordadas el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha
1. En el caso de las multas acordadas por la Unión el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha que hayan pasado a ser definitivas y no constituyan ingresos afectados, la Unión reembolsará al Reino Unido por su cuota en el importe de la multa recaudada por la Unión, a menos que dicho importe ya haya sido consignado como ingreso presupuestario en el presupuesto de la Unión el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha.
2. En el caso de las multas acordadas por la Unión después del 31 de diciembre de 2020 en un procedimiento al que se refiere el artículo 92, apartado 1, la Unión reembolsará al Reino Unido por su cuota en el importe de la multa recaudada por la Unión una vez que dicha multa haya pasado a ser definitiva.
Artículo 142
Pasivos de la Unión al final de 2020
1. El Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a su cuota en la financiación de los pasivos de la Unión contraídos hasta el 31 de diciembre de 2020, con las excepciones siguientes:
los pasivos a los que correspondan activos, incluidos los activos por préstamos de asistencia financiera de la Unión y los correspondientes pasivos en balance, los activos correspondientes a inmovilizado material y las provisiones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones nucleares del Centro Común de Investigación, y todas las obligaciones relacionadas con arrendamientos, activos intangibles y existencias, cualesquiera activos y pasivos relacionados con la gestión del riesgo de tipo de cambio, los ingresos devengados y diferidos, y todas las provisiones distintas de las relativas a multas, procedimientos judiciales y pasivos por garantía financiera; y
los pasivos y los activos relacionados con el funcionamiento del presupuesto y la gestión de los recursos propios, incluidos los anticipos de prefinanciación pendientes, los títulos de crédito, la tesorería, los importes por pagar y los gastos devengados, incluidos los relacionados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía o los ya incluidos en los compromisos pendientes de liquidación (RAL).
2. En particular, el Reino Unido será responsable de su cuota en el pasivo de la Unión por los derechos de pensión y por los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo devengados el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha. Los pagos relacionados con este pasivo se efectuarán de conformidad con los apartados 5 y 6.
3. A partir de 2022, la Unión comunicará al Reino Unido, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los pagos efectuados durante el año anterior correspondientes a los compromisos pendientes a 31 de diciembre de 2020, y el importe de la contribución del Reino Unido a dichos pagos.
4. A partir de 2022, la Unión comunicará al Reino Unido, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un documento específico sobre las pensiones relativo a la situación a 31 de diciembre del año anterior en relación con el pasivo a que se refiere el apartado 2, que indicará:
los importes restantes que queden por pagar en relación con los pasivos descritos en el apartado 5;
los cálculos efectuados y los datos e hipótesis utilizados para determinar el importe que el Reino Unido debe pagar, a más tardar el 30 de junio del año en curso, en relación con los pagos al régimen de pensiones del personal y las contribuciones del presupuesto de la Unión al Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) realizadas en el ejercicio anterior de conformidad con el apartado 6, y una estimación de dichos importes para el ejercicio en curso;
con respecto a la población a 31 de diciembre de 2020, los datos sobre el número de beneficiarios reales y las estimaciones sobre futuros beneficiarios del régimen de pensiones del personal y el régimen de seguro de enfermedad al final del año anterior, y sus derechos postempleo devengados en ese momento; y
los pasivos pendientes del Reino Unido calculados utilizando evaluaciones actuariales efectuadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público pertinentes y una explicación de la evolución de este pasivo con respecto al año anterior.
Dicho documento podrá actualizarse a más tardar el 30 de septiembre del mismo año para reflejar las cifras definitivas del año anterior.
5. En lo que respecta a la responsabilidad del Reino Unido por los derechos de pensión y los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo a que se refiere el apartado 2 en lo relativo a las pensiones de los miembros y de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE, reguladas por el Reglamento n.o 422/67/CEE, 5/67/Euratom, del Consejo (148), la Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo (149) y el Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo (150), el Reino Unido contribuirá al pasivo, tal como esté consignado en las cuentas consolidadas de la Unión para el ejercicio presupuestario de 2020, en diez tramos a partir del 31 de octubre de 2021.
6. En lo que respecta a la responsabilidad del Reino Unido por los derechos de pensión y los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo a que se refiere el apartado 2 en lo relativo a las pensiones de los funcionarios de la Unión, establecidas de conformidad con los artículos 77 a 84 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, y en lo que respecta a las pensiones de los agentes temporales, los agentes contractuales y los asistentes parlamentarios, establecidas de conformidad con los artículos 33 a 40, los artículos 101 a 114 y el artículo 135, respectivamente, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, el Reino Unido contribuirá anualmente a los pagos netos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión a cada beneficiario y a la contribución correspondiente del presupuesto de la Unión al RCSE para cada beneficiario o persona que se beneficie a través de un beneficiario. Los pagos a esta contribución comenzarán el 30 de junio de 2022.
El pago por parte del Reino Unido para las pensiones a que se refiere el párrafo primero será igual a la suma de los pagos netos efectuados por el presupuesto de la Unión en el ejercicio anterior para cada beneficiario, multiplicada por la cuota del Reino Unido y por un porcentaje específico para cada beneficiario (en lo sucesivo, «porcentaje específico»). El porcentaje específico se fijará del modo siguiente:
para los beneficiarios que perciban una pensión a 1 de enero de 2021, el porcentaje específico será del 100 %;
para cualquier otro beneficiario de una pensión, el porcentaje específico se calculará determinando la ratio entre los derechos de pensión devengados de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, con su anexo VIII, a 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha, incluidos los derechos de pensión transferidos en esa fecha, y los derechos de pensión devengados en la fecha de jubilación o, en caso de que tenga lugar antes, de fallecimiento, o en la fecha en que la persona abandone el régimen;
a efectos de la contribución del presupuesto al RCSE, el porcentaje específico se calculará determinando la ratio entre el número de años durante los cuales el beneficiario ha contribuido al régimen de pensiones hasta el 31 de diciembre de 2020 y el número total de años durante los cuales el beneficiario, o la persona a la que se aplique el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y que sea la causante de los derechos conferidos por el RCSE, ha contribuido al régimen de pensiones hasta la fecha de jubilación.
En el caso de los beneficiarios de pensiones de supervivencia o pensiones de orfandad establecidas de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, el cálculo se efectuará sobre la base de la carrera de la persona a la que se aplique el Estatuto de los funcionarios que constituye el origen de la pensión de supervivencia o la pensión de orfandad.
Mientras no se haya extinguido la responsabilidad en relación con el presente apartado, en cualquier año dado (año N), el Reino Unido podrá enviar a la Unión, antes del 1 de marzo del año N, una solicitud de pago del pasivo pendiente a 31 de diciembre del año N. La Unión determinará el importe del pasivo pendiente con respecto a las pensiones y a las prestaciones postempleo del RCSE, utilizando la misma metodología empleada en el apartado 4, letra d). Si el Reino Unido está de acuerdo, pagará dicho importe en cinco tramos, efectuándose el primer pago en el año N + 1. El Reino Unido asumirá también su pasivo correspondiente al año N a través del procedimiento establecido en el presente apartado. Una vez efectuado este pago, y siempre que se hayan efectuado los pagos a que se refiere el apartado 5, se extinguirán las obligaciones pendientes en virtud del presente artículo. Se informará de esta situación al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto.
Artículo 143
Pasivos financieros contingentes relacionados con los préstamos de ayuda financiera, el FEIE, el FEDS y el mandato de préstamo exterior
1. El Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a su cuota en los pasivos financieros contingentes de la Unión derivados de las operaciones financieras que hayan sido:
acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo o por la Comisión Europea antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cuando tales operaciones financieras se refieran a préstamos de ayuda financiera acordados de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 407/2010 del Consejo (151), el Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo (152) o las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo por las que se concede ayuda macrofinanciera a varios países sobre la base de una dotación de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (153) o con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 del Consejo (154);
aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo por los organismos, entidades o personas a los que se haya encomendado directamente la ejecución de operaciones financieras en relación con garantías presupuestarias que se hayan concedido ya sea en favor del BEI a través del FEIE de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/1017 o a través del mandato de préstamo exterior de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009, o con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 y la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (155), o con la Decisión n.o 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (156), ya sea en favor de contrapartes admisibles (FEDS).
El 31 de julio de 2019, la Unión facilitará al Reino Unido un informe específico relativo a dichas operaciones financieras que aportará, con respecto a cada tipo de instrumento, información sobre:
los pasivos financieros resultantes de dichas operaciones financieras en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
cuando corresponda, las provisiones que se mantengan, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, en los respectivos fondos de garantía o cuentas fiduciarias para cubrir los pasivos financieros a que se refiere la letra a) y las provisiones respectivas comprometidas pero aún por pagar.
En las cuentas consolidadas de la Unión relativas a los ejercicios de 2019 y 2020, los pagos efectuados con cargo a las provisiones a que se refiere el párrafo segundo, letra b), desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2019 y de 2020, respectivamente, se publicarán con respecto a las mismas operaciones financieras a que se refiere el presente apartado pero que se acuerden en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha.
La responsabilidad del Reino Unido ante la Unión en relación con las operaciones financieras mencionadas en el presente apartado no se verá afectada por la reestructuración de estas operaciones financieras. En particular, la exposición financiera del Reino Unido no aumentará, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración.
2. En relación con las operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en:
los importes cobrados por la Unión de deudores morosos o relacionados con pagos indebidos; y
los ingresos netos resultantes de la diferencia entre los ingresos financieros y de explotación y los gastos financieros y de explotación, consignados como ingresos, generales o afectados, en el presupuesto de la Unión.
En lo que respecta a los ingresos de la gestión de activos de la dotación de instrumentos que tengan una dotación, la Unión calculará un porcentaje de ingresos determinando la ratio entre los ingresos netos de la gestión de activos del ejercicio anterior y la dotación total existente al final del año anterior. El importe del pasivo frente al Reino Unido en concepto de ingresos de la gestión de activos de la dotación será el importe resultante de multiplicar la dotación actual del Reino Unido a que se refiere el apartado 5 por ese porcentaje de ingresos.
3. A más tardar el 31 de marzo de 2021, la Unión comunicará al Reino Unido, para cada uno de los instrumentos mencionados en el apartado 1 que prevean una dotación con cargo al presupuesto de la Unión:
su dotación inicial, calculada como la cuota del Reino Unido en la suma de:
las provisiones constituidas en el fondo de garantía correspondiente a más tardar el 31 de diciembre de 2020,
el importe de las provisiones comprometidas pero aún por pagar a más tardar el 31 de diciembre de 2020, y
los pagos efectuados desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2020 relacionados con operaciones financieras acordadas en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha; y
su tasa de dotación por defecto, calculada determinando la ratio entre la dotación inicial del Reino Unido para dicho instrumento y el importe de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 a 31 de diciembre de 2020, acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
4. El 31 de marzo de cada año, a partir de 2021, hasta la amortización, la expiración o la finalización de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1, la Unión comunicará al Reino Unido la información relativa a dichas operaciones financieras. Esta información indicará, respecto de cada tipo de instrumento:
los pasivos contingentes pendientes a 31 de diciembre del año anterior;
los pagos efectuados por la Unión durante el año anterior en relación con dichas operaciones financieras y los importes de tales pagos que se hayan acumulado después del 31 de diciembre de 2020;
la dotación actual del Reino Unido y su tasa de dotación actual, tal como se establece en el apartado 5;
los reembolsos efectuados en el año anterior al Reino Unido de conformidad con el apartado 6, letra a), y los importes de dichos reembolsos que se hayan acumulado después del 31 de diciembre de 2020;
los importes cobrados y los ingresos netos consignados en el presupuesto de la Unión mencionados en el apartado 2 correspondientes al año anterior;
si fuere necesario, otras informaciones útiles sobre las operaciones financieras del año anterior.
5. A más tardar el 31 de marzo de cada año, respecto de cada instrumento mencionado en el apartado 1, cuando el acto de base establezca la dotación con cargo al presupuesto de la Unión, la Unión deberá:
calcular la dotación actual del Reino Unido, definida como el importe de la dotación inicial del Reino Unido reducido en el importe de:
la cuota del Reino Unido en los pagos acumulados a que se refiere el apartado 4, letra b), efectuados con cargo al presupuesto de la Unión después del 31 de diciembre de 2020 en relación con operaciones financieras acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
la cuota del Reino Unido en el importe de las liberaciones efectuadas en los ejercicios anteriores en relación con los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, comunicados en virtud del artículo 140, apartado 3,
el importe acumulado de los reembolsos efectuados al Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, a los que se hace referencia en el apartado 4, letra d);
comunicar al Reino Unido la tasa actual de dotación, definida como la ratio obtenida al dividir la dotación actual del Reino Unido por el importe de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 4, letra a).
6. Cada año, a partir de 2022:
Si la tasa actual de dotación del Reino Unido relativa a un instrumento supera su tasa de dotación por defecto en relación con dicho instrumento, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a ese instrumento por el importe resultante de multiplicar el importe de los pasivos financieros a que se refiere el apartado 4, letra a), por la diferencia entre la tasa actual de dotación y la tasa de dotación por defecto. La responsabilidad de la Unión no excederá de la dotación actual del Reino Unido calculada con arreglo al apartado 5.
Si, en un año dado, la tasa actual de dotación del Reino Unido relativa a un instrumento pasa a ser negativa, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de la dotación actual negativa. En los años siguientes, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de su cuota en los pagos efectuados y comunicados con arreglo al apartado 4, letra b), del presente artículo y de su cuota en el importe de las liberaciones realizadas durante el ejercicio anterior en relación con los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, comunicados en virtud del artículo 140, apartado 3.
7. Si la dotación actual del Reino Unido es positiva una vez completadas las operaciones financieras de la Unión relacionadas con alguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta al importe de la dotación actual del Reino Unido calculado conforme al apartado 5.
8. Si, con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, se realizan pagos con cargo al presupuesto de la Unión relacionados con las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 en relación con un instrumento respecto del cual el acto de base no establece dotación, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de su cuota en los pagos efectuados y comunicados con arreglo al apartado 4, la letra b).
9. A efectos del presente artículo, cuando los pasivos financieros, los pagos, los cobros u otros importes estén relacionados con operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, pero no se pueda determinar directamente si derivan de una operación financiera concreta a consecuencia de la aplicación de mecanismos de mutualización o subordinación del riesgo, los pasivos financieros, los pagos, los cobros o los otros importes pertinentes que deban determinarse para la aplicación del presente artículo se calcularán de forma proporcional en función de la ratio entre el importe de las operaciones financieras acordadas o aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo el 31 de diciembre del año anterior a la realización del cálculo y el importe total de las operaciones financieras en esta última fecha.
10. Cuando las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 sean no amortizables, estas operaciones financieras se considerarán amortizables una vez transcurridos diez años, de forma proporcional a la amortización de las operaciones amortizables restantes.
Artículo 144
Instrumentos financieros en régimen de gestión directa o indirecta financiados con cargo a los programas del MFP 2014-2020 o en el contexto de anteriores perspectivas financieras
1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y hasta la amortización total de las operaciones financieras a que se refiere la letra a) del presente párrafo, la Unión indicará las operaciones financieras que:
antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, hayan sido acordadas por la Comisión Europea y, en su caso, aprobadas por las instituciones financieras a las que la Comisión Europea hubiese confiado la ejecución de un instrumento financiero en el marco de un programa del MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras en régimen de gestión directa o indirecta; y
se hayan acordado y, en su caso, aprobado en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha.
El 31 de julio de 2019, en el informe a que se refiere el artículo 143, apartado 1, párrafo segundo, la Unión facilitará la siguiente información relativa a los instrumentos financieros en régimen de gestión directa o indirecta financiados con cargo a los programas del MFP 2014-2020 o financiados en el contexto de perspectivas financieras anteriores:
el pasivo financiero que derive de las operaciones acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo por la Comisión Europea o por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero; y
los pagos efectuados por la Comisión Europea para los instrumentos financieros y los importes comprometidos para los instrumentos financieros que aún no hayan sido abonados en esa fecha.
La responsabilidad de la Unión ante el Reino Unido en relación con las operaciones financieras a que se refiere el presente apartado no se verá afectada por las reestructuraciones de estas operaciones financieras, en la medida en que dichas reestructuraciones no aumenten la exposición financiera a la contraparte, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración.
2. El 31 de marzo de cada año, a partir de 2021, hasta su amortización, su extinción o su finalización, respecto de cada uno de los instrumentos financieros a que se refiere el apartado 1, la Unión comunicará al Reino Unido la información disponible sobre las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 que hayan sido acordadas o aprobadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y sobre aquellas que hayan sido acordadas o aprobadas en esa fecha o con posterioridad a ella. Respecto de cada instrumento, la información incluirá:
el pasivo financiero a 31 de diciembre del ejercicio anterior derivado de las operaciones financieras acordadas por la Comisión Europea, o aprobadas por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
el pasivo financiero total a 31 de diciembre del ejercicio anterior derivado de las operaciones financieras acordadas por la Comisión Europea, o por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento;
la ratio entre los importes mencionados en las letras a) y b);
los pagos efectuados con cargo al fondo de dotación o a cuentas fiduciarias mantenidas con entidades encargadas de la ejecución, cuando dichos pagos estén relacionados con operaciones financieras que hayan sido acordadas por la Comisión Europea, o que hayan sido aprobadas por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
la parte de los importes devueltos a la Unión de conformidad con el artículo 209, apartado 3, del Reglamento financiero, distintos de los rendimientos contemplados en la letra f) del presente apartado, relativos a operaciones financieras acordadas o aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
los rendimientos de los recursos del instrumento financiero en el fondo de dotación o en las cuentas fiduciarias;
la parte del importe del fondo de dotación o de las cuentas fiduciarias que no haya sido desembolsada y que haya sido cobrada por la Comisión Europea;
si fuere necesario, otras informaciones útiles relativas a las operaciones financieras del año anterior.
3. La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los importes mencionados en el apartado 2, letras d) a g).
4. A efectos del presente artículo, cuando los pasivos financieros, los pagos, los cobros u otros importes estén relacionados con operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, pero no se pueda determinar directamente si derivan de una operación financiera concreta a consecuencia de la aplicación de mecanismos de mutualización o subordinación del riesgo, los pasivos financieros, los pagos, los cobros o los otros importes pertinentes que deban determinarse para la aplicación del presente artículo se calcularán de forma proporcional en función de la ratio a que se hace referencia en el apartado 2, letra c).
Artículo 145
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en los activos netos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en liquidación a 31 de diciembre de 2020.
La Unión reembolsará al Reino Unido el importe que corresponda en cinco tramos anuales iguales que se abonarán el 30 de junio de cada año, a partir del 30 de junio de 2021.
Artículo 146
Inversión de la Unión en el FEI
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en la inversión de la Unión en el capital desembolsado del FEI a 31 de diciembre de 2020.
La Unión reembolsará al Reino Unido el importe que corresponda en cinco tramos anuales iguales que se abonarán el 30 de junio de cada año, a partir del 30 de junio de 2021.
Artículo 147
Pasivos contingentes relacionados con litigios
1. El Reino Unido será responsable en lo que respecta a su cuota en los pagos necesarios para liquidar el pasivo contingente de la Unión que se haga exigible con ocasión de litigios relativos a los intereses financieros de la Unión relacionados con el presupuesto y, en particular, en relación con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, o en relación con los litigios derivados de la ejecución de los programas y las políticas de la Unión, siempre que los hechos litigiosos se hayan producido como muy tarde el 31 de diciembre de 2020.
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en los importes de los cobros ulteriores relacionados con los pagos a que se refiere el párrafo primero.
2. La Unión comunicará al Reino Unido los importes mencionados en el apartado 1 a más tardar el 31 de marzo de cada año.
Artículo 148
Pagos después de 2020
1. Las fechas de referencia para los pagos por parte del Reino Unido a la Unión o por parte de la Unión al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020 serán el 30 de junio y el 31 de octubre de cada año en lo que respecta a los importes:
contemplados en el artículo 49, apartado 2, los artículos 50 y 53, el artículo 62, apartado 2, el artículo 63, apartado 1, letra e), y en el artículo 63, apartado 2, el artículo 99, apartado 3, y el artículo 100, apartado 2;
contemplados en el artículo 84, apartado 1;
contemplados en el artículo 136, apartado 3, letras a), b), c), e) y f), a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de ajuste o de corrección;
resultantes de las medidas correctoras que deba adoptar el Reino Unido en relación con los recursos propios adeudados en el marco de los ejercicios presupuestarios de hasta 2020 como consecuencia de los controles efectuados en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 o del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89, o por cualquier otro motivo, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la medida correctora;
contemplados en el artículo 140, apartado 4, en dos tramos abonados en las fechas de referencia para los pagos, ascendiendo el importe correspondiente al primer tramo a la mitad del correspondiente al segundo;
contemplados en el artículo 140, apartado 5, el 30 de junio siguiente a la confirmación por el Reino Unido de la aceptación de la propuesta de la Unión al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto;
contemplados en el artículo 141, a más tardar en la fecha de referencia siguiente al ajuste de los recursos propios para los Estados miembros resultantes de la incorporación definitiva de la multa al presupuesto de la Unión;
contemplados en el artículo 142, apartado 1, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refiere el apartado 3;
contemplados en el artículo 142, apartado 5, y en el artículo 142, apartado 6, párrafo cuarto, el 31 de octubre de cada año;
contemplados en el artículo 142, apartado 6, párrafo primero, el 30 de junio de cada año;
contemplados en los artículos 143 y 144, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refieren el artículo 143, apartado 4, y el artículo 144, apartado 2;
contemplados en los artículos 145 y 146;
contemplados en el artículo 147, apartado 2, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refiere el propio artículo 147, apartado 2;
contemplados en el apartado 3 como posibles intereses acumulados.
Los pagos se efectuarán en cuatro tramos mensuales iguales en el caso de los pagos que tengan el 30 de junio como fecha de referencia, y en ocho plazos mensuales iguales en el caso de los pagos que tengan el 31 de octubre como fecha de referencia. Todos los pagos se efectuarán a más tardar el último día hábil de cada mes, a partir de la fecha de referencia o, cuando la fecha de referencia no caiga en día hábil, del último día hábil anterior a la fecha de referencia.
2. Mientras queden pagos por efectuar por parte de la Unión al Reino Unido o por parte del Reino Unido a la Unión, la Unión comunicará al Reino Unido, el 16 de abril y el 16 de septiembre de cada año, un documento que especifique los importes pertinentes que deban pagarse, expresados en euros y en libras esterlinas, según el tipo de conversión aplicado por el Banco Central Europeo el primer día hábil del mes. La Unión o el Reino Unido abonarán los importes netos en las fechas mencionadas en el apartado 1.
3. Cualquier demora en los pagos por parte del Reino Unido a la Unión o por parte de la Unión al Reino Unido estará sujeta al pago de intereses de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014.
CAPÍTULO 3
Banco Central Europeo
Artículo 149
Reembolso del capital desembolsado
El Banco Central Europeo reembolsará al Banco de Inglaterra, en nombre de la Unión, el capital desembolsado aportado por el Banco de Inglaterra. La fecha del reembolso y otras modalidades prácticas se establecerán de conformidad con el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
CAPÍTULO 4
Banco Europeo de Inversiones
Artículo 150
Mantenimiento de la responsabilidad del Reino Unido y reembolso del capital desembolsado
1. El Reino Unido seguirá siendo responsable, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en lo que respecta a las operaciones financieras aprobadas por el BEI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tal como se especifica con más detalle en el apartado 2 (en lo sucesivo, «operaciones financieras del BEI»), incluso si la exposición financiera resultante se asume en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha, y seguirá siendo responsable en lo que respecta a otros riesgos asumidos por el BEI, tal como se establece en el párrafo segundo.
La responsabilidad del Reino Unido se extenderá a las operaciones financieras del BEI y a los riesgos de gestión de activos y pasivos y los riesgos operativos atribuibles a las operaciones financieras del BEI, de conformidad con el apartado 6. Por lo que se refiere a los demás riesgos de este tipo que no estén asociados a operaciones financieras específicas y no sean imputables al conjunto de operaciones financieras constituido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido será proporcional a la ratio existente entre la exposición restante debida a las operaciones financieras del BEI y el importe total de las operaciones financieras en el momento en que se genere la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el apartado 6.
La aplicación de estrategias de crecimiento del BEI posteriores a la retirada no entra en el ámbito de aplicación del presente artículo.
2. Las operaciones financieras del BEI incluirán los préstamos, las garantías, las inversiones en fondos, las inversiones en capital, las obligaciones y otros productos de sustitución de préstamos, y cualesquiera otras operaciones de financiación, con contrapartes o relacionadas con proyectos dentro y fuera del territorio de los Estados miembros, incluidas las operaciones garantizadas por terceros, incluidos los Estados miembros o la Unión.
El Reino Unido será responsable en lo que respecta a las operaciones financieras del BEI cuando la exposición financiera del BEI:
se base en la aprobación por el Consejo de Administración del BEI concedida con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, o en una decisión adoptada en virtud de una delegación del Consejo de Administración emitida con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
resulte de la reestructuración de una operación financiera del BEI, en la medida en que dicha reestructuración no aumente la exposición financiera a la contraparte, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración;
resulte de una modificación de una operación financiera del BEI, cuando esa modificación haya sido aprobada por el Consejo de Administración del BEI en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha, en la medida en que dicha modificación no aumente la exposición financiera a la contraparte con respecto a la situación inmediatamente anterior a la modificación; o
resulte de la participación institucional del BEI en el capital del FEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
A efectos del establecimiento de los límites de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, la exposición del BEI debida a las operaciones financieras del BEI que, por su naturaleza, no estén sujetas a amortización, en particular las inversiones en instrumentos de capital, los mandatos renovables concedidos al FEI, y la participación en el capital del FEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, se considerará amortizada del modo siguiente: durante un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se considerará que el importe de la exposición no amortizable en el marco de la operación financiera del BEI permanece al nivel del importe aprobado por el BEI antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, reducido en el importe de toda cesión realizada por el BEI a partir de esa fecha. Una vez finalizado este período, se considerará que el importe disminuye proporcionalmente a la amortización de la exposición amortizable restante debida a las operaciones financieras del BEI.
3. A efectos del apartado 1, el Reino Unido será responsable en lo que respecta a su cuota del capital suscrito no desembolsado del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El Reino Unido efectuará pagos al BEI, por el importe de su pasivo en virtud del presente apartado, cuando su responsabilidad se genere de conformidad con el apartado 6.
El total de dicho pasivo en virtud del presente apartado no excederá en ningún momento del importe de la cuota del Reino Unido en el capital suscrito no desembolsado del BEI, en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Cuando el importe de la exposición restante del BEI en el marco de las operaciones financieras del BEI a que se refiere el apartado 1 sea inferior al importe total del capital suscrito del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido de conformidad con el presente apartado se limitará, en cualquier momento, al importe resultante de la aplicación de la ratio del capital suscrito del BEI correspondiente al Reino Unido y del capital suscrito total del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo (en lo sucesivo, «cuota del Reino Unido en el capital suscrito») a la diferencia entre el importe de dicho capital restante en ese momento y el capital desembolsado total del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
4. El BEI abonará al Reino Unido, en nombre de la Unión, un importe equivalente a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito desembolsado del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Dicho pago se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo n.o 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones. Se efectuará en doce tramos anuales. Los once primeros tramos, de 300 000 000 EUR cada uno, deberán abonarse el 15 de diciembre de cada año a partir de 2019. El saldo de 195 903 950 EUR deberá abonarse el 15 de diciembre de 2030. Los pagos efectuados de conformidad con el presente apartado no liberarán al Reino Unido de su responsabilidad con arreglo al apartado 5.
5. Además de su responsabilidad con arreglo al apartado 3, a efectos del apartado 1, el Reino Unido será responsable en lo que respecta al capital suscrito desembolsado del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El Reino Unido efectuará pagos al BEI, por el importe de su pasivo, con arreglo al presente apartado, cuando su responsabilidad se genere de conformidad con el apartado 6.
El total del pasivo en virtud del presente apartado no excederá en ningún momento del importe del capital suscrito desembolsado del Reino Unido en el BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Cuando la exposición restante del BEI debida a las operaciones financieras del BEI a que se refiere el apartado 1 sea inferior al total del capital suscrito desembolsado del BEI, en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido en virtud del presente apartado se limitará, en todo momento, a un importe resultante de aplicar la ratio de la cuota del Reino Unido en el capital suscrito al importe de dicha exposición restante en ese momento.
6. La responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el presente artículo se generará, en igualdad de condiciones (pari passu) con respecto a los Estados miembros, en caso de que el BEI exija a los Estados miembros que efectúen pagos por el capital suscrito no desembolsado o cuando se utilice el capital suscrito desembolsado de los Estados miembros.
Cuando la responsabilidad del Reino Unido se genere de conformidad con el apartado 3, el Reino Unido abonará el importe adeudado al BEI en las mismas condiciones que se aplican a los Estados miembros (también en lo referente al calendario y a las condiciones de pago), según lo decidido por el Consejo de Administración del BEI en el momento pertinente. La decisión del BEI por la que se exija a los Estados miembros que efectúen pagos por su capital suscrito no desembolsado puede, en particular, estar relacionada con la naturaleza de los riesgos subyacentes y la situación financiera del BEI en vista de sus obligaciones de pago, del estado de su activo y de su pasivo, de su posición en los mercados de capitales y de las disposiciones de su planificación de contingencias y de recuperación, según proceda en el momento pertinente.
Cuando la responsabilidad del Reino Unido se genere de conformidad con el apartado 5, el Reino Unido abonará el importe adeudado al BEI, en euros, en un plazo de treinta días a partir de la primera solicitud del BEI y sujeto a lo dispuesto en el párrafo cuarto del presente apartado.
La responsabilidad del Reino Unido generada de conformidad con el apartado 5 se liquidará con cargo a la cuota del capital suscrito desembolsado del Reino Unido en el capital del BEI, en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, hasta alcanzarse el importe no pagado aún al Reino Unido de conformidad con el apartado 4. El importe de los tramos anuales a que se refiere el apartado 4 se reducirá en consecuencia. Si el pasivo del Reino Unido no puede liquidarse íntegramente con arreglo a este método, el Reino Unido abonará al BEI el importe restante adeudado.
En cada caso, el BEI atribuirá, en nombre de la Unión, los hechos que generen la responsabilidad del Reino Unido al conjunto de operaciones o riesgos financieros pertinente y establecerá el importe que el Reino Unido está obligado a pagar al BEI del modo siguiente:
en la medida en que los hechos subyacentes sean atribuibles a operaciones financieras del BEI, o sean atribuibles al riesgo asociado a la gestión de activos y pasivos o al riesgo operativo, el Reino Unido abonará al BEI un importe equivalente a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito del importe total que los Estados miembros están obligados a pagar, o un importe igual a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito del importe total en que se utilice el capital suscrito desembolsado de los Estados miembros, respectivamente;
en la medida en que los hechos subyacentes sean atribuibles a otros riesgos, y no sean atribuibles a operaciones financieras específicas o al conjunto de operaciones financieras constituido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará al BEI el importe resultante de lo establecido en la letra a) multiplicado por la ratio existente entre la exposición restante debida a las operaciones financieras del BEI y el importe total de las operaciones financieras en el momento en que se genera la responsabilidad del Reino Unido.
7. Con excepción de los pagos previstos en el apartado 4, el BEI no estará obligado a efectuar ningún otro pago, reembolso o remuneración con motivo de la pérdida de la condición de miembro del BEI por parte del Reino Unido o del mantenimiento por el Reino Unido de un pasivo de conformidad el presente artículo.
8. El 31 de julio de 2019, el BEI comunicará al Reino Unido la exposición del Reino Unido en el marco de las operaciones financieras del BEI y el límite de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, reflejando la situación financiera del BEI y el pasivo del Reino Unido en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
El 31 de marzo de cada año, a partir de 2020, hasta que se extinga la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el presente artículo, el BEI comunicará al Reino Unido la exposición restante del Reino Unido en el marco de las operaciones financieras del BEI y el límite de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, reflejando la situación financiera del BEI y el pasivo del Reino Unido a 31 de diciembre del año anterior. El informe también indicará cualesquiera cambios significativos que, a juicio del BEI, tengan una incidencia significativa en la responsabilidad del Reino Unido. Asimismo, el BEI facilitará información oportuna cuando se produzcan tales cambios en el transcurso del año.
El BEI facilitará al Reino Unido información oportuna sobre cualquier generación inminente de la responsabilidad del Reino Unido en virtud del presente artículo, en consonancia con la información facilitada a los Estados miembros. Dicha información incluirá datos sobre la naturaleza del hecho que dé lugar a la responsabilidad y el cálculo de los importes que deban pagarse. El Reino Unido tratará dicha información como estrictamente confidencial hasta que el BEI levante la confidencialidad o hasta que se genere la responsabilidad del Reino Unido, según lo que ocurra primero.
Artículo 151
Participación del Reino Unido en el grupo BEI tras la fecha de retirada
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, ni el Reino Unido ni los proyectos situados en el Reino Unido podrán ser considerados a efectos de nuevas operaciones financieras del grupo BEI que estén reservadas a los Estados miembros, incluidas las que se enmarquen en un mandato de la Unión. Las entidades establecidas en el Reino Unido serán tratadas como entidades situadas fuera de la Unión.
La firma de las operaciones financieras relativas al Reino Unido, a entidades del Reino Unido o a proyectos del Reino Unido aprobados por el grupo BEI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo podrá tener lugar después de esa fecha, sobre la misma base que aquella sobre la que fueron aprobadas inicialmente.
CAPÍTULO 5
Fondo Europeo de Desarrollo y garantía del Reino Unido en el MARCO DE LOS ACUERDOS INTERNOS DEL FED
Artículo 152
Participación en el Fondo Europeo de Desarrollo
1. El Reino Unido seguirá siendo parte en el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) hasta el cierre del 11.o FED y de todos los FED anteriores aún por cerrar, y asumirá, a este respecto, las mismas obligaciones que los Estados miembros con arreglo al Acuerdo interno por el que se creó (en lo sucesivo, «Acuerdo interno del 11.o FED») (157); asimismo, asumirá las obligaciones derivadas de los FED anteriores hasta su cierre, incluidas las obligaciones derivadas de los Reglamentos (UE) 2015/322 (158) y (UE) 2015/323 del Consejo (159), en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. El Reino Unido estará vinculado por las decisiones del Consejo por las que se fijen las contribuciones anuales de los Estados miembros adoptadas de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2015/323. Los beneficiarios del Reino Unido seguirán pudiendo participar en los proyectos organizados en el marco del 11.o FED y de los FED anteriores en las mismas condiciones que antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Acuerdo, el Reino Unido podrá participar, como observador sin derecho de voto, en el Comité del FED creado con arreglo al artículo 8 del Acuerdo interno del 11.o FED, y en el Comité del Mecanismo de Inversión creado con arreglo al artículo 9 del Acuerdo interno del 11.o FED.
3. Los países y territorios de ultramar a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra e), se beneficiarán del 11.o FED hasta su cierre y de los FED anteriores hasta su cierre.
4. La cuota del Reino Unido en el Mecanismo de Inversión del FED correspondiente a períodos sucesivos del FED se irá rembolsando al Reino Unido a medida que venzan las inversiones. El método para efectuar este reembolso será el mismo que el establecido en el artículo 144. Salvo acuerdo en contrario, la cuota del capital del Reino Unido no podrá volver a comprometerse más allá del final del período de compromiso del 11.o FED, ni prorrogarse a períodos posteriores.
Artículo 153
Reutilización de las liberaciones de créditos
Cuando los importes de los proyectos correspondientes al 10.o FED o los importes de FED anteriores no se hayan comprometido de conformidad con el artículo 1, apartado 3, del Acuerdo interno del 11.o FED, o hayan sido liberados de conformidad el artículo 1, apartado 4, del Acuerdo interno del 11.o FED en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la cuota de dichos importes correspondiente al Reino Unido no será reutilizada.
El párrafo primero se aplicará a la cuota del Reino Unido en los fondos no comprometidos o liberados en virtud del 11.o FED después del 31 de diciembre de 2020.
Artículo 154
Garantía del Reino Unido en el marco de los sucesivos Acuerdos internos del FED
El Reino Unido seguirá siendo responsable respecto de sus garantías en virtud del artículo 9 del Acuerdo interno del 4.o FED (160), al artículo 8 del Acuerdo interno del 5.o (161), 6.o (162), 7.o (163) y 8.o FED (164), del artículo 6 del Acuerdo interno del 9.o FED (165), y del artículo 4 del Acuerdo interno del 10.o (166) y 11.o FED.
El Reino Unido conservará el derecho a su parte de todo importe cobrado en virtud de las garantías de los Estados miembros y al saldo de su cuenta de Estado miembro. La parte del Reino Unido a la que se refiere el presente párrafo será proporcional a su participación respectiva en cada acuerdo de garantía.
CAPÍTULO 6
Fondos fiduciarios y mecanismo para los refugiados en Turquía
Artículo 155
Compromisos respecto de los fondos fiduciarios y el mecanismo para los refugiados en Turquía
1. El Reino Unido respetará los compromisos que haya contraído antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo con respecto al Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África, establecido por la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2015 (167), a los fondos fiduciarios de la Unión Europea creados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y al mecanismo para los refugiados en Turquía, establecido por la Decisión de la Comisión de 24 de noviembre de 2015 (168), así como cualquier modificación de los mismos adoptada antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El Reino Unido podrá participar en los organismos pertinentes relacionados con el mecanismo para los refugiados en Turquía, con arreglo a las normas establecidas para los donantes de conformidad con el artículo 234, apartado 4, del Reglamento financiero.
CAPÍTULO 7
Agencias del Consejo y operaciones de la política común de seguridad y defensa
Artículo 156
Obligaciones del Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido contribuirá a la financiación de la Agencia Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de Satélites de la Unión Europea, así como a los costes de las operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa, con arreglo a las claves de contribución establecidas en el artículo 14, apartado 9, letra a), de la Decisión (UE) 2016/1353 del Consejo (169), en el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/75/PESC del Consejo (170), en el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/401/PESC del Consejo (171) y en el artículo 41, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, respectivamente, y de conformidad con el artículo 5 del presente Acuerdo.
Artículo 157
Obligaciones del Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020
1. Sobre la base de las cuentas de las agencias, en la medida en que los pasivos pertinentes no hayan sido provisionados a 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido abonará su cuota de los siguientes pasivos con arreglo a su clave de contribución para cada una de esas agencias, según sus cuentas auditadas el 31 de diciembre de 2020:
el pasivo por pensiones del personal de la Agencia Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de Satélites de la Unión Europea;
cualquier pasivo derivado de la liquidación de la Unión Europea Occidental.
2. El pago relativo a los pasivos mencionados el apartado 1 se realizará a más tardar el 30 de junio de 2021.
SEXTA PARTE
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINALES
TÍTULO I
Interpretación y aplicación uniformes
Artículo 158
Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la segunda parte
1. Cuando, en un asunto que se haya iniciado en primera instancia en un plazo de ocho años desde el final del período transitorio ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, se plantee una cuestión relativa a la interpretación de la segunda parte del presente Acuerdo, y dicho órgano jurisdiccional estime que es necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, dicho órgano jurisdiccional podrá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre dicha cuestión.
No obstante, cuando el objeto del asunto presentado ante el órgano jurisdiccional del Reino Unido sea una resolución sobre una solicitud presentada en virtud del artículo 18, apartados 1 o 4, o en virtud del artículo 19, solo se podrá presentar una petición de decisión prejudicial cuando el asunto se haya iniciado en primera instancia en un plazo de ocho años a contar de la fecha a partir de la cual se aplique el artículo 19.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre las cuestiones planteadas en virtud del apartado 1. Los efectos jurídicos en el Reino Unido de dichas decisiones prejudiciales serán los mismos que los efectos jurídicos de las decisiones prejudiciales dictadas en virtud del artículo 267 del TFUE en la Unión y sus Estados miembros.
3. En caso de que el Comité Mixto adopte una decisión en virtud del artículo 132, apartado 1, el plazo de ocho años previsto en el apartado 1, párrafo segundo, se prorrogará automáticamente por el número de meses por el que se prorrogue el período transitorio.
Artículo 159
Supervisión de la ejecución y la aplicación de la segunda parte
1. En el Reino Unido, la ejecución y la aplicación de la segunda parte serán supervisadas por una autoridad independiente (en lo sucesivo, «Autoridad»), que dispondrá de competencias equivalentes a las de la Comisión Europea al actuar en virtud de los Tratados para llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia relativas a presuntas infracciones de la segunda parte por las autoridades administrativas del Reino Unido, y para recibir denuncias de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a efectos de la incoación de dichas investigaciones. A raíz de tales denuncias, la Autoridad tendrá también derecho a interponer una demanda ante un órgano jurisdiccional competente en el Reino Unido en el marco de un procedimiento judicial apropiado a fin de obtener una solución adecuada.
2. La Comisión Europea y la Autoridad informarán cada año al Comité especializado de derechos de los ciudadanos a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra a), sobre la ejecución y la aplicación de la segunda parte en la Unión y en el Reino Unido, respectivamente. La información facilitada abarcará, en particular, las medidas adoptadas para ejecutar o dar cumplimiento a lo dispuesto en la segunda parte, así como el número y la naturaleza de las denuncias recibidas.
3. El Comité Mixto evaluará, cuando hayan transcurrido al menos ocho años desde el final del período transitorio, el funcionamiento de la Autoridad. A raíz de dicha evaluación podrá decidir, de buena fe y en virtud del artículo 164, apartado 4, letra f), y del artículo 166, que el Reino Unido pueda suprimir la Autoridad.
Artículo 160
Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo a determinadas disposiciones de la quinta parte
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del presente Acuerdo, los artículos 258, 260 y 267 del TFUE se aplicarán en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión aplicable a que se refieren el artículo 136 y el artículo 138, apartados 1 o 2, del presente Acuerdo. A estos efectos, se entenderá que cualquier referencia a un Estado miembro en los artículos 258, 260 y 267 del TFUE incluye al Reino Unido.
Artículo 161
Procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1. Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro plantee una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del presente Acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la resolución del órgano jurisdiccional nacional en que se plantee dicha cuestión será notificada al Reino Unido.
2. Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al artículo 267 del TFUE se aplicarán, mutatis mutandis, a las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 158 de presente Acuerdo.
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicarán en lo que respecta a los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las cuestiones prejudiciales planteadas conforme al artículo 160 del presente Acuerdo.
3. En los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al apartado 1 y los artículos 158 y 160 del presente Acuerdo y al artículo 12 del Protocolo sobre las zonas de soberanía:
el Reino Unido podrá tomar parte en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma forma que un Estado miembro;
los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido tendrán derecho a representar o asistir a cualquiera de las partes en dichos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en esos asuntos, dichos abogados serán considerados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros actuando en representación o asistencia de parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Artículo 162
Participación de la Comisión Europea en asuntos pendientes en el Reino Unido
Cuando la uniformidad en la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo así lo requiera, la Comisión Europea podrá presentar observaciones escritas en los asuntos pendientes ante órganos jurisdiccionales del Reino Unido en lo que respecta a la interpretación del Acuerdo. La Comisión Europea podrá también, con la autorización del órgano jurisdiccional en cuestión, formular observaciones orales. Antes de presentar formalmente esas observaciones, la Comisión Europea comunicará al Reino Unido su intención de presentarlas.
Artículo 163
Diálogo periódico e intercambio de información
A fin de favorecer la interpretación uniforme del presente Acuerdo y con pleno respeto de la independencia de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los más altos órganos jurisdiccionales del Reino Unido mantendrán un diálogo periódico análogo al existente entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los más altos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
TÍTULO II
Disposiciones institucionales
Artículo 164
Comité Mixto
1. Se crea un Comité Mixto compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido. El Comité Mixto estará copresidido por la Unión y el Reino Unido.
2. El Comité Mixto se reunirá a petición de la Unión o del Reino Unido y, en cualquier caso, una vez al año como mínimo. El Comité Mixto fijará su calendario de reuniones y su orden del día de común acuerdo. Los trabajos del Comité Mixto se regularán por el Reglamento interno establecido en el anexo VIII del presente Acuerdo.
3. El Comité Mixto será responsable de la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo. Tanto la Unión como el Reino Unido podrán remitir al Comité Mixto cualquier cuestión relativa a la ejecución, la aplicación y la interpretación del presente Acuerdo.
4. Las funciones del Comité Mixto serán:
supervisar y facilitar la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo;
fijar las tareas de los comités especializados y supervisar sus trabajos;
buscar formas y métodos apropiados para prevenir los problemas que puedan surgir en los ámbitos regulados por el presente Acuerdo o para resolver las controversias que puedan surgir en cuanto a la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo;
examinar cualquier cuestión de interés relativa a un ámbito regulado por el presente Acuerdo;
adoptar decisiones y formular recomendaciones mencionadas en el artículo 166; y
adoptar modificaciones del presente Acuerdo en los casos previstos en el presente Acuerdo.
5. El Comité Mixto podrá:
delegar responsabilidades en comités especializados, con excepción de las responsabilidades a que se refieren las letras b), e) y f) del apartado 4;
crear comités especializados distintos de los establecidos por el artículo 165, a fin de asistir al Comité Mixto en el ejercicio de sus tareas;
modificar las tareas asignadas a los comités especializados y disolver cualquiera de estos comités;
adoptar decisiones de modificación del presente Acuerdo, excepto en relación con las partes primera, cuarta y sexta, hasta el final del cuarto año siguiente al final del período transitorio, y a condición de que dichas modificaciones sean necesarias a efectos de corregir errores, resolver omisiones u otras deficiencias o hacer frente a situaciones imprevistas en el momento de la firma del presente Acuerdo y de que dichas decisiones no puedan modificar los elementos esenciales del presente Acuerdo;
adoptar modificaciones del Reglamento interno establecido en el anexo VIII; y
adoptar, en el ejercicio de sus funciones, otras medidas que decidan la Unión y el Reino Unido.
6. El Comité Mixto publicará un informe anual sobre el funcionamiento del presente Acuerdo.
Artículo 165
Comités especializados
1. Se crean los comités especializados siguientes:
el Comité de derechos de los ciudadanos;
el Comité sobre otras disposiciones de separación;
el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte;
el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre las zonas de soberanía en Chipre;
el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Gibraltar; y
el Comité sobre las disposiciones financieras.
Dichos comités especializados estarán compuestos por representantes de la Unión y representantes del Reino Unido.
2. Los trabajos de los comités especializados se regularán por el Reglamento interno establecido en el anexo VIII del presente Acuerdo.
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, o salvo que los copresidentes decidan otra cosa, los comités especializados se reunirán al menos una vez al año. Se podrán celebrar reuniones adicionales a petición de la Unión, del Reino Unido o del Comité Mixto. Estarán copresididos por representantes de la Unión y del Reino Unido. Los comités especializados fijarán su calendario de reuniones y su orden del día de común acuerdo. Los comités especializados podrán elaborar proyectos de decisiones y de recomendaciones y remitirlos al Comité Mixto para su adopción.
3. La Unión y el Reino Unido velarán por que sus respectivos representantes en los comités especializados cuenten con los conocimientos técnicos adecuados respecto de los asuntos que se debatan.
4. Los comités especializados comunicarán al Comité Mixto sus calendarios de reuniones y sus órdenes del día con una antelación suficiente e informarán al Comité Mixto de los resultados y las conclusiones de cada una de sus reuniones. La creación o la existencia de un comité especializado no será óbice para que la Unión o el Reino Unido sometan cualquier asunto directamente al Comité Mixto.
Artículo 166
Decisiones y recomendaciones
1. A efectos del presente Acuerdo, el Comité Mixto tendrá la facultad de adoptar decisiones con respecto a todos los asuntos para los que el presente Acuerdo así lo disponga y de formular las recomendaciones oportunas a la Unión y al Reino Unido.
2. Las decisiones adoptadas por el Comité Mixto serán vinculantes para la Unión y el Reino Unido, y tanto la Unión como el Reino Unido ejecutarán dichas decisiones. Estas tendrán los mismos efectos jurídicos que el presente Acuerdo.
3. El Comité Mixto adoptará sus decisiones y formulará sus recomendaciones de común acuerdo.
TÍTULO III
Solución de controversias
Artículo 167
Cooperación
La Unión y el Reino Unido procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo y, mediante cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento.
Artículo 168
Exclusividad
En caso de controversia entre la Unión y el Reino Unido que se derive del presente Acuerdo, la Unión y el Reino Unido solo podrán recurrir a los procedimientos previstos en el presente Acuerdo.
Artículo 169
Consultas y comunicaciones en el seno del Comité Mixto
1. La Unión y el Reino Unido procurarán resolver cualquier controversia relativa a la interpretación y la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo mediante el inicio de consultas de buena fe en el seno del Comité Mixto, con el fin de alcanzar una solución de común acuerdo. Cualquier Parte que desee iniciar consultas lo notificará por escrito al Comité Mixto.
2. Cualquier comunicación o notificación entre la Unión y el Reino Unido a que se hace referencia en el presente título se realizará en el seno del Comité Mixto.
Artículo 170
Inicio del procedimiento de arbitraje
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160, en caso de no alcanzarse una solución de común acuerdo en el plazo de tres meses después de la notificación por escrito al Comité Mixto conforme al artículo 169, apartado 1, la Unión o el Reino Unido podrán pedir la constitución de un panel de arbitraje. La petición se formulará por escrito a la otra Parte y a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje. La petición especificará el objeto de la controversia que se planteará al panel de arbitraje y un resumen de los argumentos jurídicos en que se apoye la petición.
2. La Unión y el Reino Unido podrán acordar que la constitución de un panel de arbitraje pueda pedirse antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1.
Artículo 171
Constitución del panel de arbitraje
1. No más tarde del final del período transitorio, el Comité Mixto elaborará una lista de veinticinco personas dispuestas y capaces para ejercer como miembros de un panel de arbitraje. Con ese fin, tanto la Unión como el Reino Unido propondrán a diez personas. La Unión y el Reino Unido propondrán también conjuntamente a cinco personas para ejercer la presidencia del panel de arbitraje. El Comité Mixto velará por que la lista cumpla esos requisitos en todo momento.
2. La lista elaborada en virtud del apartado 1 solamente estará compuesta por personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia, que reúnan las cualificaciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, y que posean conocimiento especializado o experiencia del Derecho de la Unión y Derecho internacional público. Dicha lista no contendrá personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del gobierno de un Estado miembro o del gobierno del Reino Unido.
3. Un panel de arbitraje estará compuesto por cinco miembros.
4. En el plazo de quince días desde la fecha de una petición de conformidad con el artículo 170, el panel se constituirá conforme a los apartados 5 y 6.
5. Tanto la Unión como el Reino Unido designarán a dos miembros de entre las personas de la lista elaborada con arreglo al apartado 1. El presidente será elegido por consenso de los miembros del panel, de entre las personas designadas conjuntamente por la Unión y el Reino Unido para ejercer la presidencia.
En caso de que los miembros del panel no puedan alcanzar un acuerdo relativo a la elección del presidente en el plazo establecido en el apartado 4, la Unión o el Reino Unido podrán pedir al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje que seleccione al presidente por sorteo de entre las personas propuestas conjuntamente por la Unión y el Reino Unido para ejercer la presidencia.
6. El Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje llevará a cabo la selección a que se refiere el apartado 5, párrafo segundo, en el plazo de cinco días desde la petición a que se refiere el apartado 5. En la selección podrán estar presentes tanto representantes de la Unión como del Reino Unido.
7. La fecha de constitución del panel de arbitraje será la fecha en que se complete el procedimiento de selección.
8. En caso de que la lista a que se refiere el apartado 1 no haya sido elaborada al expirar el plazo establecido en el apartado 4, tanto la Unión como el Reino Unido designarán, en el plazo de cinco días, a dos personas para ejercer como miembros del panel. Si se ha propuesto a personas con arreglo al apartado 1, las designaciones se realizarán de entre las personas propuestas. El presidente será entonces nombrado de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 5. En caso de que, pasados cinco días más, la Unión y el Reino Unido no hayan propuesto conjuntamente al menos a una persona para ocupar la presidencia, el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje, en el plazo de cinco días y previa consulta a la Unión y al Reino Unido, propondrá un presidente que cumpla los requisitos enunciados en el apartado 2. Salvo que la Unión o el Reino Unido objeten esa propuesta en el plazo de cinco días, la persona propuesta por el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje quedará nombrada.
9. En caso de que no se constituya un panel de arbitraje en el plazo de tres meses desde la fecha de la petición presentada en virtud del artículo 170, el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje, a petición bien de la Unión o bien del Reino Unido, nombrará, en el plazo de quince días a partir de dicha petición y previa consulta a la Unión y al Reino Unido, a personas que cumplan los requisitos enunciados en el apartado 2 del presente artículo para constituir el panel de arbitraje.
Artículo 172
Reglamento de Procedimiento
Los procedimientos de solución de controversias establecidos en el presente título se regularán por el Reglamento de Procedimiento establecido en el anexo IX, parte A (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento»), y el Comité Mixto mantendrá bajo revisión constante el funcionamiento de dichos procedimientos de solución de controversias y podrá modificar el Reglamento de Procedimiento.
Artículo 173
Plazos del procedimiento ante el panel de arbitraje
1. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión, al Reino Unido y al Comité Mixto en el plazo de doce meses desde la fecha de constitución del panel de arbitraje. Si el panel de arbitraje considera que no puede cumplir ese plazo, su presidente lo notificará por escrito a la Unión y al Reino Unido, precisando los motivos de la demora y anunciando la fecha en que el panel estima que concluirá sus trabajos.
2. En el plazo de diez días desde la constitución del panel de arbitraje, la Unión o el Reino Unido podrán presentar una petición motivada a efectos de que el asunto se considere urgente. En tal caso, el panel de arbitraje resolverá sobre la urgencia en el plazo de quince días desde la recepción de dicha petición. Si resuelve que el asunto reviste carácter urgente, el panel de arbitraje hará todo lo posible para notificar su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución.
Artículo 174
Controversias que planteen cuestiones de Derecho de la Unión
1. Si una controversia sometida a arbitraje con arreglo al presente título plantea una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión, una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo o una cuestión relativa al cumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones que le impone el artículo 89, apartado 2, el panel de arbitraje no adoptará decisión alguna sobre dicha cuestión. En ese caso, pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelva sobre la cuestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá jurisdicción para emitir una resolución al respecto que sea vinculante para el panel de arbitraje.
El panel de arbitraje efectuará la petición a que se refiere el párrafo primero tras haber oído a las Partes.
2. Sin perjuicio del apartado 1, párrafo primero, frase primera, si la Unión y el Reino Unido consideran que debe efectuarse una petición con arreglo al apartado 1, podrán dirigirse al panel de arbitraje a esos efectos. En ese caso, el panel de arbitraje presentará la solicitud con arreglo al apartado 1, salvo que la cuestión planteada no esté relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo o el cumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones que le impone el artículo 89, apartado 2. El panel de arbitraje motivará su valoración al respecto. En el plazo de diez días desde la valoración, cualquiera de las Partes podrá pedir al panel de arbitraje que revise su valoración, y se organizará una audiencia a esos efectos en el plazo de quince días desde la petición de la Parte. El panel de arbitraje motivará su valoración al respecto.
3. En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, los plazos previstos en el artículo 173 quedarán suspendidos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido su resolución. El panel de arbitraje no estará obligado a emitir su laudo en un plazo inferior a sesenta días desde la fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido su resolución.
4. El artículo 161, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 161, apartado 3, se aplicará mutatis mutandis a los procedimientos elevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al presente artículo.
Artículo 175
Cumplimiento del laudo del panel de arbitraje
El laudo del panel de arbitraje será vinculante para la Unión y el Reino Unido. La Unión y el Reino Unido tomarán todas las medidas necesarias para cumplir de buena fe el laudo del panel de arbitraje y procurarán acordar el plazo para cumplirlo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 176.
Artículo 176
Plazo razonable para el cumplimiento
1. A más tardar treinta días después de la notificación del laudo del panel de arbitraje a la Unión y al Reino Unido, si el panel de arbitraje ha resuelto en favor de la parte demandante, la parte demandada notificará a la parte demandante el plazo que considere necesario para el cumplimiento del laudo (en lo sucesivo, «plazo razonable»).
2. Si existe discrepancia entre la Unión y el Reino Unido sobre el plazo razonable para cumplir el laudo del panel de arbitraje, la parte demandante pedirá por escrito al panel de arbitraje, en el plazo de cuarenta días desde la notificación de la parte demandada en virtud del apartado 1, que determine el plazo razonable. Dicha petición será notificada simultáneamente a la parte demandada. El panel de arbitraje notificará su decisión sobre el plazo de cumplimiento a la Unión y al Reino Unido en los cuarenta días siguientes a la fecha de presentación de la petición.
3. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar la decisión será de sesenta días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. La parte demandada informará por escrito a la parte demandante sobre los avances realizados en el cumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173 al menos un mes antes de que expire el plazo razonable.
5. El plazo razonable podrá prorrogarse de común acuerdo entre la Unión y el Reino Unido.
Artículo 177
Revisión de cualquier medida adoptada para cumplir el laudo del panel de arbitraje
1. La parte demandada notificará a la parte demandante, antes del final del plazo razonable, cualquier medida que haya adoptado para cumplir el laudo del panel de arbitraje.
2. Si, al final del plazo razonable, la parte demandante considera que la parte demandada no ha cumplido el laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, la parte demandante podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de noventa días desde la fecha de presentación de la petición.
3. En caso de que el panel de arbitraje original o alguno de sus miembros no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar el laudo será de sesenta días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. Cuando un asunto llevado ante el panel de arbitraje en virtud del apartado 2 plantee una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión o una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo, se aplicará mutatis mutandis el artículo 174.
Artículo 178
Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento
1. Si el panel de arbitraje resuelve, conforme al artículo 177, apartado 2, que la parte demandada no ha cumplido el laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, podrá imponer a la parte demandada, a petición de la parte demandante, el pago a esta última de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva. Para determinar la cantidad a tanto alzado o la multa coercitiva, el panel de arbitraje tendrá en cuenta la gravedad del incumplimiento y de la infracción subyacente de la obligación y la duración del incumplimiento y de la infracción subyacente de la obligación.
2. Si, un mes después del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el apartado 1, la parte demandada no ha abonado la cantidad a tanto alzado o la multa coercitiva que se le haya impuesto, o si, seis meses después del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 177, apartado 2, la parte demandada persiste en el incumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, la parte demandante tendrá derecho, previa notificación a la parte demandada, a que se suspendan sus obligaciones derivadas de:
cualquier disposición del presente Acuerdo diferente de las contenidas en la segunda parte; o
partes de cualquier otro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido en las condiciones establecidas en dicho acuerdo.
La notificación especificará las disposiciones cuya suspensión pretenda la parte demandante. Antes de decidir suspender partes de un acuerdo mencionado en la letra b), la parte demandante tomará en consideración si la suspensión de disposiciones del presente Acuerdo conforme a la letra a) sería una respuesta adecuada a la infracción. Toda suspensión será proporcionada a la infracción de la obligación de que se trate, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y los derechos en cuestión y, cuando la suspensión se fundamente en el hecho de que la parte demandada persiste en el incumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, si se ha impuesto o no una multa coercitiva a la parte demandada y su posible pago, completo o en curso, por dicha parte demandada.
La parte demandante podrá aplicar la suspensión en cualquier momento pero no antes de diez días después de la fecha de la notificación, salvo que la parte demandada haya solicitado el arbitraje en virtud del apartado 3.
3. Si la parte demandada considera que la prórroga de la suspensión establecida en la notificación a que se refiere el apartado 2 no es proporcionada, podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. Dicha petición se notificará a la parte demandante antes de que expire el plazo de diez días previsto en el apartado 2. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de sesenta días desde la fecha de presentación de la petición. Las obligaciones no quedarán suspendidas hasta que el panel de arbitraje haya notificado su laudo, y cualquier suspensión será coherente con dicho laudo.
4. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver sobre una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. En esos casos, el plazo para notificar el laudo será de noventa días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
5. La suspensión de obligaciones será temporal y se aplicará únicamente hasta que cualquier medida que se considere incoherente con las disposiciones del presente Acuerdo se haya retirado o modificado, de manera que se alcance la conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, o hasta que la Unión o el Reino Unido hayan alcanzado un acuerdo para solucionar la controversia de otro modo.
Artículo 179
Revisión de las medidas adoptadas después de las medidas correctoras temporales
1. Cuando la parte demandante haya suspendido obligaciones conforme al artículo 178 o cuando el panel de arbitraje haya impuesto una multa coercitiva a la parte demandada con arreglo al artículo 178, apartado 1, la parte demandada notificará a la parte demandante cualquier medida que haya adoptado con objeto de cumplir el laudo del panel de arbitraje y su petición de que se ponga fin a la suspensión de obligaciones aplicada por la parte demandante o a la multa coercitiva.
2. Si, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación de la notificación, la Unión y el Reino Unido no alcanzan un acuerdo que dirima si la medida notificada conlleva la conformidad de la parte demandada con las disposiciones del presente Acuerdo, cualquiera de las partes podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. Dicha petición se notificará simultáneamente a la otra parte. El laudo del panel de arbitraje se notificará a la Unión y al Reino Unido y al Comité Mixto en el plazo de setenta y cinco días desde la fecha de presentación de la petición.
Si el panel de arbitraje resuelve que la parte demandada ha alcanzado la conformidad con el presente Acuerdo, o si la parte demandante no pide, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la presentación de la notificación a que se refiere el apartado 1, que el panel de arbitraje original resuelva sobre el asunto:
la suspensión de obligaciones finalizará en el plazo de quince días desde el laudo del panel de arbitraje o desde que expire el plazo de cuarenta y cinco días;
la multa coercitiva finalizará el día siguiente al del laudo del panel de arbitraje o al de expiración del plazo de cuarenta y cinco días.
3. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar el laudo será en ese caso de noventa días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. Cuando un asunto llevado ante el panel de arbitraje en virtud del apartado 2 plantee una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión o una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo, se aplicará mutatis mutandis el artículo 174.
Artículo 180
Decisiones y laudos del panel de arbitraje
1. El panel de arbitraje hará todo lo posible para tomar sus decisiones por consenso. Cuando, no obstante lo anterior, no pueda alcanzarse una decisión por consenso, el asunto en cuestión se decidirá por mayoría de votos. Sin embargo, en ningún caso se publicarán votos particulares de los miembros de un panel de arbitraje.
2. Cualquier laudo del panel de arbitraje será vinculante para la Unión y el Reino Unido. El laudo establecerá los hechos probados, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la motivación que fundamente cualquier veredicto y conclusión. La Unión y el Reino Unido harán públicos en su integridad los laudos y decisiones del panel de arbitraje, a reserva de la protección de la información confidencial.
Artículo 181
Miembros de un panel de arbitraje
1. Los miembros de un panel de arbitraje serán independientes, actuarán a título personal y no aceptarán instrucciones de ninguna organización o gobierno, y cumplirán el Código de Conducta establecido en el anexo IX, parte B. El Comité Mixto podrá modificar dicho Código de Conducta.
2. Los miembros de un panel de arbitraje, a partir de la constitución de este, disfrutarán de la inmunidad de jurisdicción en la Unión y en el Reino Unido con respecto a sus actuaciones en el ejercicio de las funciones que les correspondan en dicho panel de arbitraje.
TÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 182
Protocolos y anexos
El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, el Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre, el Protocolo sobre Gibraltar y los anexos I a IX forman parte integrante del presente Acuerdo.
Artículo 183
Textos auténticos y depositario
El presente Acuerdo se redacta en un ejemplar único, en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de los textos en estas lenguas igualmente auténtico.
El Secretario General del Consejo será el depositario del presente Acuerdo.
Artículo 184
Negociaciones sobre las relaciones futuras
La Unión y el Reino Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, se esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con celeridad los acuerdos que regulen sus relaciones futuras a que se refiere la Declaración Política de 25 de noviembre de 2018 y para llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ratificación o la celebración de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del período transitorio.
Artículo 185
Entrada en vigor y aplicación
El presente Acuerdo entrará en vigor el 30 de marzo de 2019. En caso de que, con anterioridad a esa fecha, el depositario del presente Acuerdo no haya recibido la notificación escrita de la conclusión de los trámites internos necesarios por parte de la Unión y del Reino Unido, el presente Acuerdo no entrará en vigor.
En el momento de la notificación escrita a que se refiere el párrafo primero, la Unión, en relación con todo aquel Estado miembro que haya alegado motivos relacionados con los principios fundamentales del Derecho nacional de dicho Estado miembro, podrá declarar que, durante el período transitorio, además de los motivos para la no ejecución de una orden de detención europea mencionados en la Decisión Marco 2002/584/JAI, las autoridades judiciales de ejecución de dicho Estado miembro podrán denegar la entrega de sus nacionales al Reino Unido en virtud de una orden de detención europea. En tal caso, el Reino Unido podrá declarar, a más tardar un mes después de la recepción de la declaración de la Unión, que sus autoridades judiciales de ejecución podrán denegar la entrega de sus nacionales a dicho Estado miembro.
La segunda y tercera partes, con excepción del artículo 19, el artículo 34, apartado 1, el artículo 44, y el artículo 96, apartado 1, así como el título I de la sexta parte y los artículos 169 a 181, se aplicarán a partir del final del período transitorio.
El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte se aplicará a partir del final del período transitorio, con excepción de las disposiciones del Protocolo que se indican a continuación, que se aplicarán a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo:
artículos 1, 2 y 3,
artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, última frase, párrafo cuarto, párrafo quinto, última frase, y párrafo sexto,
artículo 6, apartado 2, párrafo primero, segunda frase,
artículo 12, apartado 2, última frase,
artículo 14, apartado 3,
artículo 16,
artículo 17, apartados 1 a 4 y 6,
artículo 21,
artículo 4, apartado 3, tercera frase, y artículo 5, apartado 2, del anexo 2,
artículo 4, apartado 1, segunda frase, artículo 8, apartado 1, y artículo 13, párrafo segundo, primera frase, del anexo 3,
artículo 1, apartado 4, artículo 2, apartado 3, artículo 7, apartado 2, última frase, y artículo 8, párrafo primero, del anexo 4, y
párrafo primero del anexo 9.
El Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, con excepción de su artículo 11, se aplicará a partir del final del período transitorio.
El Protocolo sobre Gibraltar, con excepción de su artículo 1, dejará de aplicarse al final del período transitorio.
Hecho el …
(1) DO C 23 de 28.1.1983, p. 1.
(2) DO C 306 de 17.12.2007, p. 270.
(3) Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, Islas Malvinas (Falkland), Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes británicas, Montserrat, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, territorio antártico británico y territorios británicos del Océano Índico.
(4) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(5) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(6) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
(7) El concepto de derechos de custodia debe interpretarse de conformidad con el artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003. Por consiguiente, se entiende que abarca los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.
(8) Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141 de 27.5.2011, p. 1).
(9) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
(10) Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36).
(11) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(12) Directiva 74/556/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a las modalidades de las medidas transitorias que han de adoptarse en el ámbito de las actividades de comercio y distribución de productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las actividades de intermediario (DO L 307 de 18.11.1974, p. 1).
(13) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
(14) Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 1).
(15) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
(16) Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2).
(17) Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 74 de 27.3.1972, p. 1).
(18) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
(19) Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
(20) Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
(21) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
(22) Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).
(23) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(24) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
(25) Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1).
(26) Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
(27) Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 29).
(28) Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería (DO L 168 de 7.6.2014, p. 39).
(29) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
(30) Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO L 44 de 20.2.2008, p. 23).
(31) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 77 de 23.3.2011, p. 1).
(32) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9 de 14.1.2009, p. 12).
(33) Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154 de 16.6.2017, p. 1).
(34) Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3 de 5.1.2002, p. 1).
(35) Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
(36) Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
(37) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(38) Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
(39) Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).
(40) Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336 de 23.12.2015, p. 1).
(41) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(42) Reglamento (CE) n.o 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DO L 193 de 24.7.2009, p. 60).
(43) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
(44) Reglamento (CE) n.o 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (DO L 198 de 8.8.1996, p. 30).
(45) Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152 de 16.6.2009, p. 1).
(46) DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.
(47) DO C 326 de 21.11.2001, p. 2.
(48) Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(49) Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, p. 45).
(50) Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (DO L 76 de 22.3.2005, p. 16).
(51) Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 7 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO L 328 de 24.11.2006, p. 54).
(52) Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO L 327 de 5.12.2008, p. 27).
(53) Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (DO L 220 de 15.8.2008, p. 32).
(54) Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO L 93 de 7.4.2009, p. 23).
(55) Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI (DO L 93 de 7.4.2009, p. 33).
(56) Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20).
(57) Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
(58) Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2).
(59) Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).
(60) Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).
(61) Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).
(62) Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO L 239 de 22.9.2000, p. 19).
(63) DO C 24 de 23.1.1998, p. 2.
(64) Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (DO L 271 de 24.10.2000, p. 4).
(65) Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).
(66) Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
(67) Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito (DO L 332 de 18.12.2007, p. 103).
(68) Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DO L 119 de 4.5.2016, p. 132).
(69) Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
(70) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).
(71) Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).
(72) Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
(73) Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
(74) Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
(75) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(76) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(77) Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
(78) Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
(79) Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).
(80) Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
(81) Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DO L 181 de 29.6.2013, p. 4).
(82) Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
(83) Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
(84) Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).
(85) Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41).
(86) Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L 136 de 24.5.2008, p. 3).
(87) Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261 de 6.8.2004, p. 15).
(88) DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
(89) DO L 300 de 17.11.2005, p. 55.
(90) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(91) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
(92) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(93) Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
(94) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(95) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(96) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(97) Reglamento (CE) n.o 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) (DO L 340 de 16.12.2002, p. 1).
(98) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y n.o 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
(99) Reglamento (CEE) n.o 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7).
(100) Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
(101) Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
(102) Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos (DO L 57 de 3.3.2017, p. 1).
(103) Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33).
(104) Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).
(105) Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (DO L 199 de 2.8.2011, p. 48).
(106) Reglamento (Euratom) n.o 302/2005 de la Comisión, de 8 de febrero de 2005, relativo a la aplicación del control de seguridad de Euratom (DO L 54 de 28.2.2005, p. 1).
(107) Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
(108) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).
(109) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
(110) Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).
(111) Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
(112) Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).
(113) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(114) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(115) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(116) Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 842/2006 (DO L 150 de 20.5.2014, p. 195).
(117) Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 286 de 31.10.2009, p. 1).
(118) Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).
(119) Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).
(120) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de los datos relativos a la matriculación de los vehículos comerciales ligeros nuevos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1).
(121) Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión n.o 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
(122) Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
(123) Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (DO L 122 de 3.5.2013, p. 1).
(124) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 749/2014 de la Comisión, de 30 de junio de 2014, relativo a la estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la información notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 203 de 11.7.2014, p. 23).
(125) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1191/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se determinan el formato y los medios de transmisión de los informes a que se refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero (DO L 318 de 5.11.2014, p. 5).
(126) Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
(127) Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2073/2004 (DO L 121 de 8.5.2012, p. 1).
(128) Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84 de 31.3.2010, p. 1).
(129) Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades (DO L 74 de 27.3.1969, p. 1).
(130) Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).
(131) Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
(132) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(133) Decisión del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2004, relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (DO L 80 de 18.3.2004, p. 42).
(134) DO L 212 de 17.8.1994, p. 3.
(135) Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (DO L 331 de 14.12.2017, p. 57).
(136) Esto debe referirse, en particular, al artículo 7, artículo 30, artículo 42, apartado 4, artículo 48, apartados 2 a 6, y artículo 49 del TUE, así como al artículo 25, artículo 76, letra b), artículo 82, apartado 3, artículo 83, apartado 3, artículo 86, apartado 1, artículo 87, apartado 3, artículo 135, artículo 218, apartado 8, artículo 223, apartado 1, artículo 262, artículo 311 y artículo 341 del TFUE.
(*1) La Unión notificará a las demás Partes de estos acuerdos que durante el período transitorio el Reino Unido debe ser tratado como un Estado miembro a efectos de estos acuerdos.
(*2) En caso de prórroga, la Unión lo notificará a las demás Partes de los acuerdos internacionales.
(137) Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(138) Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (DO L 155 de 7.6.1989, p. 9).
(139) Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado (Reglamento RNB) (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1).
(140) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen las fichas de notificación de los fraudes e irregularidades que afecten a los derechos sobre los recursos propios tradicionales y de las inspecciones relativas a los recursos propios tradicionales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo (DO L 36 de 9.2.2018, p. 33).
(141) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos propios y una ficha para la notificación de los importes irrecuperables correspondientes a los derechos sobre los recursos propios establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo (DO L 36 de 9.2.2018, p. 20).
(142) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(143) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(144) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
(145) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
(146) Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
(147) Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1).
(148) Reglamento n.o 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de julio de 1967, por el que se establece el régimen pecuniario del presidente y de los miembros de la Comisión, del presidente, los jueces, los abogados generales y el secretario del Tribunal de Justicia (DO 187 de 8.8.1967, p. 1).
(149) Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).
(150) Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 29 de febrero de 2016, por el que se establece el régimen pecuniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE (DO L 58 de 4.3.2016, p. 1).
(151) Reglamento (UE) n.o 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (DO L 118 de 12.5.2010, p. 1).
(152) Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1).
(153) Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
(154) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 del Consejo, de 31 de octubre de 1994, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 293 de 12.11.1994, p. 1).
(155) Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (DO L 135 de 8.5.2014, p. 1).
(156) Decisión n.o 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de préstamos y garantías de préstamos concedidos para la realización de proyectos fuera de la Unión y por la que se deroga la Decisión n.o 633/2009/CE (DO L 280 de 27.10.2011, p. 1).
(157) Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la cuarta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 210 de 6.8.2013, p. 1).
(158) Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la ejecución del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 1).
(159) Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 17).
(160) DO L 25 de 30.1.1976, p. 168.
(161) DO L 347 de 22.12.1980, p. 210.
(162) DO L 86 de 31.3.1986, p. 210.
(163) DO L 229 de 17.8.1991, p. 288.
(164) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108.
(165) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.
(166) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.
(167) Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África [C(2015) 7293].
(168) Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, sobre la coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados (DO C 407 de 8.12.2015, p. 8).
(169) Decisión (UE) 2016/1353 del Consejo, de 4 de agosto de 2016, relativa al Reglamento Financiero de la Agencia Europea de Defensa y por la que se deroga la Decisión 2007/643/PESC (DO L 219 de 12.8.2016, p. 98).
(170) Decisión 2014/75/PESC del Consejo, de 10 de febrero de 2014, relativa al Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (DO L 41 de 12.2.2014, p. 13).
(171) Decisión 2014/401/PESC del Consejo, de 26 de junio de 2014, relativa al Centro de Satélites de la Unión Europea y por la que se deroga la Acción Común 2001/555/PESC relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea (DO L 188 de 27.6.2014, p. 73).
PROTOCOLOS
PROTOCOLO SOBRE IRLANDA/IRLANDA DEL NORTE
La Unión y el Reino Unido,
VISTOS los lazos históricos y el carácter duradero de las relaciones bilaterales entre Irlanda y el Reino Unido,
RECORDANDO que la retirada del Reino Unido de la Unión representa un reto considerable y único para la isla de Irlanda, y reafirmando que los logros, los beneficios y los compromisos del proceso de paz seguirán revistiendo una importancia capital para la paz, la estabilidad y la reconciliación en ella,
RECONOCIENDO que es necesario tratar las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda a través de una solución única para garantizar la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión,
RECORDANDO que el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), que se basa en el artículo 50 del TUE, no tiene por objeto establecer unas relaciones futuras permanentes entre la Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO la intención de la Unión y del Reino Unido de reemplazar la solución de último recurso respecto de Irlanda del Norte por un acuerdo ulterior que establezca medidas alternativas para garantizar la ausencia de una frontera física de carácter permanente en la isla de Irlanda,
VISTO el objetivo común de la Unión y del Reino Unido de mantener unas relaciones estrechas en el futuro, las cuales establecerán un ambicioso régimen aduanero sobre la base del territorio aduanero único previsto en el presente Protocolo, en el pleno respecto de sus respectivos ordenamientos jurídicos,
AFIRMANDO que el Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast, de 10 de abril de 1998, entre el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de Irlanda y otros participantes en las negociaciones multilaterales (en lo sucesivo, «Acuerdo de 1998»), que figura como anexo del Acuerdo británico-irlandés de la misma fecha (en lo sucesivo, «Acuerdo británico-irlandés»), incluidos los acuerdos y disposiciones de ejecución posteriores, deben preservarse íntegramente,
RECONOCIENDO que la cooperación entre Irlanda del Norte e Irlanda es una parte esencial del Acuerdo de 1998 y es fundamental para lograr la reconciliación y la normalización de las relaciones en la isla de Irlanda, y recordando los cometidos, funciones y salvaguardias del Ejecutivo de Irlanda del Norte, la Asamblea de Irlanda del Norte y el Consejo Ministerial Norte-Sur (incluidas sus disposiciones intercomunitarias), según se establecen en el Acuerdo de 1998,
SEÑALANDO que el Derecho de la Unión ha proporcionado un marco de apoyo para las disposiciones en materia de derechos, salvaguardias e igualdad de oportunidades del Acuerdo de 1998,
RECONOCIENDO que los ciudadanos irlandeses de Irlanda del Norte, en virtud de su ciudadanía de la Unión, seguirán disfrutando de, ejerciendo y teniendo acceso a derechos, oportunidades y beneficios, y que el presente Protocolo debe respetar y no menoscabar los derechos, las oportunidades y la identidad que emanan de la ciudadanía de la Unión para la población de Irlanda del Norte que decida ejercer su derecho a la ciudadanía irlandesa, según se define en el anexo 2 del Acuerdo británico-irlandés «Declaration on the Provisions of Paragraph (vi) of Article 1 in Relation to Citizenship»,
RECORDANDO el compromiso del Reino Unido de proteger la cooperación Norte-Sur y su garantía de evitar una frontera física, en particular infraestructuras físicas o inspecciones y controles conexos, y teniendo en cuenta que cualquier acuerdo futuro debe ser compatible con estos requisitos generales,
SEÑALANDO que ninguna disposición del presente Protocolo impide al Reino Unido garantizar el acceso sin restricciones al mercado para las mercancías que circulen desde Irlanda del Norte al resto del mercado interior del Reino Unido,
SUBRAYANDO que la Unión y el Reino Unido comparten el objetivo de evitar los controles en los puertos y los aeropuertos de Irlanda del Norte, en la medida de lo posible de conformidad con la legislación aplicable y teniendo en cuenta sus respectivos regímenes normativos, así como la ejecución de estos,
RECORDANDO que el Informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido sobre los avances realizados durante la primera fase de las negociaciones en virtud del artículo 50 del TUE sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, de 8 de diciembre de 2017, presenta tres escenarios diferentes para proteger la cooperación Norte-Sur y evitar una frontera física, pero que el presente Protocolo se basa en el tercer escenario por el que se mantiene la plena armonización con aquellas normas del mercado interior de la Unión y de la unión aduanera que, ahora o en el futuro, contribuyan a la cooperación Norte-Sur, la economía de toda la isla y la protección del Acuerdo de 1998, y cuya aplicación se prevé a menos que y hasta que se logre un acuerdo alternativo para llevar a cabo otro escenario,
SEÑALANDO que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada, el período transitorio podrá prorrogarse de común acuerdo,
RECORDANDO que la Unión y el Reino Unido han llevado a cabo un estudio que ha puesto de manifiesto que la cooperación Norte-Sur depende en gran medida de un marco jurídico y político común de la Unión,
SEÑALANDO que, por consiguiente, la retirada del Reino Unido de la Unión da lugar a dificultades importantes para el mantenimiento y el desarrollo de la cooperación Norte-Sur,
RECORDANDO que el Reino Unido mantiene su compromiso de proteger y apoyar la cooperación Norte-Sur y Este-Oeste en todos los contextos político, económico, de seguridad, sociedad y agrícola y marcos de cooperación, incluyendo la continuidad de las actividades de los organismos de ejecución Norte-Sur,
RECONOCIENDO la necesidad de que el presente Protocolo se ponga en ejecución de forma tal que se mantengan las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur, en particular por lo que respecta a las nuevas medidas que se puedan adoptar de conformidad con el Acuerdo de 1998,
RECORDANDO los compromisos de la Unión y del Reino Unido con los programas de financiación Norte-Sur PEACE e INTERREG con arreglo al marco financiero plurianual vigente, así como con el mantenimiento de los porcentajes actuales de financiación de cara al futuro programa,
AFIRMANDO el compromiso del Reino Unido de facilitar el tránsito eficiente y oportuno por su territorio de las mercancías que circulen desde Irlanda hacia otro Estado miembro o hasta un tercer país, y viceversa,
CONVENCIDOS de que la aplicación del presente Protocolo debe afectar en el menor grado posible a la vida cotidiana de las comunidades tanto de Irlanda como de Irlanda del Norte,
CONSCIENTES de que deben respetarse plenamente los derechos y las obligaciones de Irlanda en virtud de las normas del mercado interior de la Unión y de la unión aduanera,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo de Retirada:
Artículo 1
Objetivos y relación con el acuerdo ulterior
1. El presente Protocolo se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Acuerdo de 1998 respecto del estatuto constitucional de Irlanda del Norte y del principio de consentimiento, que establece que solo puede modificarse dicho estatuto con el consentimiento de la mayoría de su población.
2. El presente Protocolo respeta las funciones esenciales del Estado y la integridad territorial del Reino Unido.
3. El presente Protocolo establece las medidas necesarias para tratar las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda, mantener las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur, evitar una frontera física y preservar el Acuerdo de 1998 en todas sus dimensiones.
4. El Acuerdo de Retirada no tiene por objeto establecer unas relaciones permanentes entre la Unión y el Reino Unido. Por consiguiente, las disposiciones del presente Protocolo están destinadas a ser aplicadas solo de forma temporal, tomando en consideración los compromisos de la Unión y del Reino Unido recogidos en el artículo 2, apartado 1. Las disposiciones del presente Protocolo serán de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo ulterior las sustituya, en todo o en parte.
Artículo 2
Acuerdo ulterior
1. La Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para celebrar, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, un acuerdo que sustituya al presente Protocolo en todo o en parte.
2. Todo acuerdo ulterior entre la Unión y el Reino Unido indicará las partes del presente Protocolo a las que sustituye. Una vez entre en aplicación un acuerdo ulterior entre la Unión y el Reino Unido después de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, a partir de la fecha de la entrada en aplicación de dicho acuerdo ulterior y de conformidad con las disposiciones del mismo en que se determine el efecto que tendrá en el presente Protocolo, éste no se aplicará o dejará de aplicarse, según corresponda, en todo o en parte, no obstante lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 3
Prórroga del período transitorio
El Reino Unido, en vista de los avances realizados para la celebración del acuerdo a que se refieren el artículo 1, apartado 4, y el artículo 2, apartado 1, del presente Protocolo, podrá pedir, en cualquier momento antes del 1 de julio de 2020, la prórroga del período transitorio mencionado en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada. Si el Reino Unido formula tal petición, el período transitorio podrá prorrogarse de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada.
Artículo 4
Derechos de las personas
1. El Reino Unido garantizará que los derechos, las salvaguardias o la igualdad de oportunidades, reconocidos en la parte del Acuerdo de 1998 titulada «Derechos, Salvaguardias e Igualdad de Oportunidades», no se vean mermados a consecuencia de su retirada de la Unión, en particular en el ámbito de la protección contra la discriminación, que se consagra en las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 1 del presente Protocolo, y pondrá en ejecución el presente apartado a través de mecanismos específicos.
2. El Reino Unido seguirá facilitando la labor conexa de defensa de los derechos humanos y las normas sobre igualdad que llevan a cabo las instituciones y los organismos creados con arreglo al Acuerdo de 1998, incluida la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte y el Comité Mixto de Representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de Irlanda del Norte e Irlanda.
Artículo 5
Zona de Viaje Común
1. El Reino Unido e Irlanda podrán seguir concluyendo acuerdos mutuos relativos a la circulación de personas entre sus respectivos territorios (en lo sucesivo, «Zona de Viaje Común»), siempre que respeten plenamente los derechos conferidos a las personas físicas por el Derecho de la Unión.
2. El Reino Unido se asegurará de que la Zona de Viaje Común y los derechos y privilegios correspondientes puedan seguir aplicándose sin menoscabo de las obligaciones de Irlanda en virtud del Derecho de la Unión, especialmente en lo que se refiere a la libre circulación hacia, desde y dentro de Irlanda de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, con independencia de su nacionalidad.
Artículo 6
Territorio aduanero único y circulación de mercancías
1. Hasta que las relaciones futuras pasen a ser aplicables, se establecerá un territorio aduanero único entre la Unión y el Reino Unido (en lo sucesivo, «territorio aduanero único»). En consecuencia, Irlanda del Norte se encontrará en el mismo territorio aduanero que Gran Bretaña.
El territorio aduanero único comprenderá lo siguiente:
a) el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1); y
b) el territorio aduanero del Reino Unido.
Las normas del anexo 2 del presente Protocolo se aplicarán respecto de la totalidad del comercio de mercancías entre los territorios mencionados en el párrafo segundo y, cuando así se disponga, también entre el territorio aduanero único y terceros países. Con el fin de garantizar que se mantengan las condiciones de competencia equitativas necesarias para el correcto funcionamiento del presente apartado, se aplicarán las disposiciones del anexo 4 del presente Protocolo. Cuando sea conveniente, el Comité Mixto podrá modificar el anexo 4 para fijar normas más rigurosas a efectos de dichas condiciones de competencia equitativas.
El Comité Mixto adoptará, antes del 1 de julio de 2020, las normas de desarrollo relativas al comercio de mercancías entre las dos partes del territorio aduanero único a efectos de la ejecución del presente apartado. Si no se adopta dicha decisión antes del 1 de julio de 2020, se aplicará el anexo 3 del presente Protocolo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero, los productos de la pesca y de la acuicultura contemplados en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «productos de la pesca y de la acuicultura») no entrarán en el ámbito de aplicación de las normas de los anexos 2 y 4 del presente Protocolo, así como tampoco de las normas a que se refiere el párrafo cuarto del presente apartado, a menos que haya un acuerdo aplicable entre la Unión y el Reino Unido en materia de acceso a las aguas y las oportunidades de pesca. De conformidad con el artículo 184 del Acuerdo de Retirada, la Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para celebrar y ratificar dicho acuerdo antes del 1 de julio de 2020.
El Comité Mixto podrá adoptar decisiones de modificación del anexo 3 del presente Protocolo cuando las modificaciones sean necesarias para el correcto funcionamiento del presente apartado. Estas decisiones no podrán modificar los elementos esenciales del presente Protocolo ni del Acuerdo de Retirada.
El párrafo segundo se entiende sin perjuicio de las medidas específicas dispuestas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre.
2. La legislación que se define en el artículo 5, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte (con exclusión de las aguas territoriales del Reino Unido). No obstante, el Comité Mixto establecerá las condiciones, en particular en términos cuantitativos, en que se eximirá de derechos a determinados productos de la pesca y de la acuicultura que sean introducidos en el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 por buques que enarbolen pabellón del Reino Unido y cuyo puerto de registro se encuentre en Irlanda del Norte.
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 5 del presente Protocolo también se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los artículos 30 y 110 del TFUE se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. Se prohibirán las restricciones cuantitativas a la exportación y la importación entre la Unión e Irlanda del Norte.
Artículo 7
Protección del mercado interior del Reino Unido
1. Ninguna disposición del presente Protocolo impedirá al Reino Unido garantizar el acceso sin restricciones al mercado respecto de las mercancías que circulen desde Irlanda del Norte al resto del mercado interior del Reino Unido. Las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo que prohíban o restrinjan la exportación de mercancías se aplicarán al comercio entre los territorios mencionados en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, únicamente en la medida estricta en que lo exijan las obligaciones internacionales que incumban a la Unión. El Reino Unido velará por la plena protección con arreglo a los requisitos y compromisos internacionales que sean pertinentes a efectos de las prohibiciones y restricciones relativas a la exportación de mercancías desde la Unión a terceros países según lo establecido en el Derecho de la Unión.
2. Habida cuenta del lugar integral que ocupa Irlanda del Norte en el mercado interior del Reino Unido, la Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para facilitar el comercio entre la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo y otras partes del territorio del Reino Unido, de conformidad con la legislación aplicable y tomando en consideración sus respectivos regímenes normativos, así como su ejecución. El Comité Mixto hará un seguimiento permanente de la aplicación del presente apartado y adoptará las recomendaciones correspondientes a fin de evitar los controles en los puertos y los aeropuertos de Irlanda del Norte en la medida de lo posible.
3. Ninguna disposición del presente Protocolo impedirá que un producto procedente de Irlanda del Norte sea presentado como procedente del Reino Unido al introducirlo en el mercado de Gran Bretaña.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo afectará a la normativa del Reino Unido por la que se regule la introducción en el mercado de otras partes del Reino Unido de las mercancías procedentes de Irlanda del Norte que sean conformes con o se beneficien de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones o las autorizaciones regulados por las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el anexo 5 del presente Protocolo.
Artículo 8
Reglamentaciones técnicas, evaluaciones, registros, certificados, homologaciones y autorizaciones
1. Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el anexo 5 del presente Protocolo, la licitud de la introducción de mercancías en el mercado de Irlanda del Norte se regirá por el Derecho del Reino Unido así como, en el caso de las mercancías importadas desde la Unión, por los artículos 34 y 36 del TFUE.
2. Cuando las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo prevean la indicación de un Estado miembro, incluido de forma abreviada, en marcas, etiquetas, marbetes o por otros medios, el Reino Unido, en lo que respecta a Irlanda del Norte, se indicará como «UK(NI)» o «United Kingdom (Northern Ireland)». Cuando las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo prevean la indicación en forma de código numérico, el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte se indicará mediante un código numérico diferenciable.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del presente Protocolo y en el artículo 7 del Acuerdo de Retirada, en lo referente al reconocimiento en un Estado miembro de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades de otro Estado miembro, o por un organismo establecido en otro Estado miembro, se entenderá que las referencias a los Estados miembros en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte en el caso de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido.
El párrafo primero no se aplicará a los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones de recintos, instalaciones o locales en Irlanda del Norte expedidos o llevados a cabo por las autoridades competentes del Reino Unido cuando el registro, la certificación, la homologación o la autorización puedan requerir la inspección de los recintos, las instalaciones o los locales.
El párrafo primero no se aplicará a los certificados veterinarios ni a las etiquetas oficiales para materiales de reproducción vegetal exigidos por las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo.
El párrafo primero se entiende sin perjuicio de la validez, en Irlanda del Norte, de las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo, sobre la base de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo, por las autoridades competentes del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido. Todo marcado de conformidad, logotipo o similar exigido por las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo que coloquen los agentes económicos con arreglo a evaluaciones, registros, certificados, homologaciones o autorizaciones expedidos por las autoridades competentes del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido irá acompañado de la indicación «UK(NI)».
El Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no podrá incoar los procedimientos de oposición, salvaguardia o arbitraje previstos en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo en la medida en que tales procedimientos se refieran a las reglamentaciones técnicas, las normas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros o por organismos establecidos en los Estados miembros.
El párrafo primero no impide que una persona cualificada someta a pruebas y proceda al despacho en Irlanda del Norte de un lote de medicamentos importado o fabricado en Irlanda del Norte.
Artículo 9
IVA e impuestos especiales
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 6 del presente Protocolo relativas a las mercancías se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
El Comité Mixto examinará periódicamente la ejecución del presente artículo y, cuando sea conveniente, adoptará las medidas necesarias en aras de su correcta aplicación.
Artículo 10
Agricultura y medio ambiente
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 5 del presente Protocolo se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 11
Mercado único de la electricidad
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los mercados de electricidad al por mayor enumeradas en el anexo 7 del presente Protocolo se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 12
Ayudas estatales
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo se aplicarán al Reino Unido, inclusive en el caso de las medidas de ayuda a la producción y el comercio de productos agrícolas en Irlanda del Norte, en lo que respecta a las medidas que afecten a este tipo de comercio entre la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo y la Unión.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del Derecho de la Unión que en él se mencionan no se aplicarán en relación con las medidas adoptadas por las autoridades del Reino Unido para apoyar la producción y el comercio de productos agrícolas en Irlanda del Norte hasta un nivel de ayuda anual global máximo determinado, y siempre y cuando un porcentaje mínimo determinado de la ayuda exenta se ajuste a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. El nivel de ayuda anual global exento máximo y el porcentaje mínimo estarán regulados por los procedimientos establecidos en el anexo 9.
3. Cuando la Comisión Europea examine la información relativa a una medida de las autoridades del Reino Unido que pueda constituir una ayuda ilegal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, se asegurará de mantener al Reino Unido plena y periódicamente informado de los progresos y del resultado del examen de la medida.
La Comisión Europea y la autoridad independiente a que se refiere el anexo 4, artículo 9, establecerán los mecanismos administrativos necesarios para la correcta ejecución del presente artículo y del anexo 4, cuarta parte, respectivamente, y mantendrán un seguimiento de tales mecanismos.
Artículo 13
Otros ámbitos de cooperación Norte-Sur
1. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 6, apartado 2, y los artículos 7 a 12, y respetando plenamente el Derecho de la Unión, el presente Protocolo se pondrá en ejecución y se aplicará de forma tal que se mantengan las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur en ámbitos entre los que se incluyen el medio ambiente, la sanidad, la agricultura, el transporte, la educación y el turismo, así como en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la pesca en aguas interiores, la justicia y la seguridad, la educación superior y el deporte.
Con pleno respeto del Derecho de la Unión, el Reino Unido e Irlanda podrán seguir adoptando nuevas medidas que complementen las disposiciones del Acuerdo de 1998 en otros ámbitos de cooperación Norte-Sur en la isla de Irlanda.
2. El Comité Mixto hará un seguimiento constante del grado en que la ejecución y la aplicación del presente Protocolo mantienen las condiciones necesarias para la cooperación Norte-Sur. El Comité Mixto podrá formular a la Unión y al Reino Unido las recomendaciones apropiadas a este respecto, incluso a recomendación del Comité especializado.
Artículo 14
Ejecución, aplicación, seguimiento y garantía del cumplimiento
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades del Reino Unido serán responsables de la ejecución de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo y de su aplicación a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los representantes de la Unión tendrán derecho a estar presentes durante cualquier actividad de las autoridades del Reino Unido relacionada con la ejecución y la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo, y el Reino Unido proporcionará, previa petición, toda la información pertinente en lo referente a tales actividades. El Reino Unido facilitará la mencionada presencia de los representantes de la Unión y les proporcionará la información pedida. Cuando un representante de la Unión pida a las autoridades del Reino Unido que apliquen medidas de control en casos específicos y por motivos debidamente justificados, las autoridades del Reino Unido aplicarán dichas medidas de control.
3. El Comité Mixto, a propuesta del Comité especializado, determinará las modalidades prácticas de trabajo en lo referente al ejercicio de los derechos de los representantes de la Unión a que se refiere el apartado 2.
4. Por cuanto se refiere al artículo 6, apartado 2, y los artículos 8 a 12 del presente Protocolo, así como el artículo 7, apartado 1, del anexo 4 del presente Protocolo respecto de las medidas de los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos de la Unión dispondrán, en relación con el Reino Unido y las personas físicas y jurídicas residentes o establecidas en el territorio del Reino Unido, de las facultades que les confiere el Derecho de la Unión. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente tal como se establece en los Tratados a este respecto. En este sentido, el artículo 267, párrafos segundo y tercero, del TFUE se aplicará a y en el Reino Unido.
5. Los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión adoptados de conformidad con el apartado 4 producirán los mismos efectos jurídicos para el Reino Unido, y en su territorio, que los que produzcan en la Unión y en sus Estados miembros.
6. Cuando representen o asistan a una parte en relación con los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de las facultades de las instituciones, órganos y organismos de la Unión a que se refiere el apartado 4, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que representan o asisten a una parte en relación con dichos procedimientos administrativos.
7. En los asuntos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del apartado 4:
a) el Reino Unido podrá tomar parte en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma forma que un Estado miembro;
b) los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrán representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tales asuntos y serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros representando o asistiendo a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Artículo 15
Disposiciones comunes
1. A efectos del presente Protocolo, las referencias al Reino Unido en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada se entenderán como referencias al Reino Unido o al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda.
No obstante cualesquiera otras disposiciones del presente Protocolo, se entenderá que toda referencia al territorio definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 contenida en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada y del presente Protocolo, así como en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, incluye la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, el término «territorio aduanero» tendrá el mismo significado que en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Los títulos I y III de la tercera parte y la sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente Protocolo:
— por «tercer país» se entenderá un país o territorio que no pertenece a los territorios aduaneros contemplados en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo,
— por «parte del territorio aduanero único» se entenderá, bien el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, bien el territorio aduanero del Reino Unido.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 5, del Acuerdo de Retirada, las disposiciones del presente Protocolo relativas al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, y salvo que se disponga de otro modo, cuando el presente Protocolo haga referencia a un acto de la Unión, la referencia se entenderá hecha a dicho acto de la Unión modificado o sustituido.
5. Cuando la Unión adopte un acto nuevo que entre dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo, pero que no modifique ni sustituya a uno de los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo, la Unión informará al Reino Unido de la adopción de dicho acto en el Comité Mixto. A petición de la Unión o del Reino Unido, el Comité Mixto celebrará, en el plazo de seis semanas después de la petición, un intercambio de puntos de vista acerca de las repercusiones que el nuevo acto adoptado pueda tener para el correcto funcionamiento del presente Protocolo.
Tan pronto como sea razonablemente factible después de que la Unión haya informado al Reino Unido en el Comité Mixto, éste último:
a) adoptará una decisión por la que se incorpore el nuevo acto adoptado al anexo correspondiente del presente Protocolo; o
b) cuando no sea posible alcanzar un acuerdo sobre la incorporación del nuevo acto adoptado al anexo correspondiente del presente Protocolo, estudiará cualquier otra posibilidad que permita mantener el buen funcionamiento del presente Protocolo y tomará las decisiones necesarias al efecto.
Si el Comité Mixto no adopta una decisión según lo previsto en el párrafo segundo en un plazo razonable, la Unión, después de notificarlo al Reino Unido, podrá tomar las medidas correctoras adecuadas. Estas medidas surtirán efecto, como muy pronto, seis meses después de que la Unión haya informado al Reino Unido de conformidad con el párrafo primero, pero en ningún caso surtirán efecto antes de la fecha en que el nuevo acto adoptado se ponga en ejecución en la Unión.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 7 del Acuerdo de Retirada, a menos que la Unión considere que el acceso total o parcial por el Reino Unido o por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda, es estrictamente necesario para que el Reino Unido pueda cumplir sus obligaciones en virtud del presente Protocolo, inclusive cuando tal acceso sea necesario porque el acceso a la información pertinente no pueda ser facilitado por el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 17 del presente Protocolo o por otros medios prácticos, se entenderá, en relación con el acceso a toda red, sistema de información o base de datos creados con base en el Derecho de la Unión, que las referencias a los Estados miembros y las autoridades competentes de los Estados miembros contenidas en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo no incluyen al Reino Unido o al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda.
7. Las autoridades del Reino Unido no actuarán como autoridad principal en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones y las autorizaciones previstos en el Derecho de la Unión declarado aplicable por el presente Protocolo.
8. Los artículos 346 y 347 del TFUE se aplicarán al presente Protocolo en relación con las medidas adoptadas por un Estado miembro o por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 16
Comité especializado
El Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte creado por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado») se encargará de:
a) facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
b) examinar las propuestas relativas a la ejecución y la aplicación del presente Protocolo presentadas por el Consejo Ministerial Norte-Sur y los organismos de ejecución Norte-Sur establecidos en virtud del Acuerdo de 1998;
c) estudiar todo asunto de interés para el artículo 4 del presente Protocolo que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte o el Comité Mixto de Representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de Irlanda del Norte e Irlanda pongan en su conocimiento;
d) debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad; y
e) formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo.
Artículo 17
Grupo de trabajo consultivo mixto
1. Se crea un grupo de trabajo consultivo mixto en relación con la ejecución del presente Protocolo (en lo sucesivo, «grupo de trabajo»). El grupo de trabajo actuará como foro para el intercambio de información y la consulta mutua.
2. El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido, y desempeñará sus funciones bajo la supervisión del Comité especializado, al que presentará sus informes. El grupo de trabajo no estará facultado para adoptar decisiones vinculantes salvo en lo referente a la adopción de su propio reglamento interno, como se menciona en el apartado 6.
3. En el grupo de trabajo:
a) la Unión y el Reino Unido intercambiarán información, de manera oportuna, acerca de las medidas pertinentes de ejecución previstas, en curso y definitivas en relación con los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo;
b) la Unión informará al Reino Unido de los actos que prevea adoptar dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo, incluidos los actos de la Unión que modifiquen o sustituyan a los actos enumerados en los anexos del presente Protocolo;
c) la Unión proporcionará al Reino Unido toda la información que la Unión considere necesaria para que el Reino Unido pueda cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo; y
d) el Reino Unido proporcionará a la Unión toda la información que los Estados miembros estén obligados a facilitarse entre sí o a las instituciones, órganos y organismos de la Unión con arreglo a los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo.
4. El grupo de trabajo estará copresidido por la Unión y el Reino Unido.
5. El grupo de trabajo se reunirá, como mínimo, una vez al mes, a menos que la Unión y el Reino Unido decidan otra cosa de común acuerdo. Cuando sea necesario, la Unión y el Reino Unido podrán intercambiar la información a que se refiere el apartado 3, letras c) y d), entre reuniones.
6. El grupo de trabajo adoptará su propio reglamento interno de común acuerdo.
7. La Unión velará por que se comuniquen a las instituciones, órganos y organismos de la Unión correspondientes sin demora injustificada todos los puntos de vista manifestados por el Reino Unido en el grupo de trabajo, así como toda la información, incluidos los datos científicos y técnicos, proporcionada por el Reino Unido en el grupo de trabajo.
Artículo 18
Medidas de salvaguardia
1. Si la aplicación del presente Protocolo da lugar a dificultades graves de tipo económico, social o medioambiental que tengan probabilidades de persistir, o a la desviación del comercio, la Unión o el Reino Unido podrán adoptar unilateralmente las medidas de salvaguardia adecuadas. El alcance y la duración de estas medidas de salvaguardia serán los estrictamente necesarios para remediar la situación. Se otorgará preferencia a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Protocolo.
2. Si una medida de salvaguardia adoptada de conformidad con el apartado 1 por la Unión o por el Reino Unido, según proceda, genera un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones en virtud del presente Protocolo, la Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán adoptar medidas de reequilibrio proporcionadas dentro de lo estrictamente necesario para remediar el desequilibrio. Se otorgará preferencia a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Protocolo.
3. Las medidas de salvaguardia y reequilibrio adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 se regirán por los procedimientos establecidos en el anexo 10 del presente Protocolo.
Artículo 19
Protección de los intereses financieros
La Unión y el Reino Unido lucharán contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión o a los intereses financieros del Reino Unido.
Artículo 20
Revisión
Si, en cualquier momento después del final del período transitorio, la Unión o el Reino Unido consideran que el presente Protocolo deja de ser necesario, en todo o en parte, para lograr los objetivos dispuestos en el artículo 1, apartado 3, y que debe dejar de aplicarse, en todo o en parte, podrán notificarlo a la otra Parte, exponiendo sus motivos.
En el plazo de seis meses desde dicha notificación, el Comité Mixto se reunirá a nivel ministerial para examinar la notificación, tomando en consideración todos los objetivos especificados en el artículo 1. El Comité Mixto podrá solicitar un dictamen de las instituciones creadas por el Acuerdo de 1998.
Si, tras el examen mencionado en el párrafo segundo y en el pleno respeto del artículo 5 del Acuerdo de Retirada, la Unión y el Reino Unido deciden conjuntamente en el seno del Comité Mixto que el Protocolo ha dejado de ser necesario, en todo o en parte, para lograr sus objetivos, el Protocolo dejará de aplicarse, en todo o en parte. En tal caso, el Comité Mixto formulará recomendaciones a la Unión y al Reino Unido acerca de las medidas necesarias, habida cuenta de las obligaciones de las Partes para con el Acuerdo de 1998.
Artículo 21
Los anexos 1 a 10 formarán parte integrante del presente Protocolo.
(1) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1).
ANEXO 1
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 1
Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (1)
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (2)
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (3)
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (4)
Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (5)
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (6)
(1) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(2) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(3) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(4) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(5) DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
(6) DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.
ANEXO 2
Artículo 1
Ámbito de aplicación
1. El presente anexo se aplicará, en las condiciones que se establecen en el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo, a todas las mercancías:
a) producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, incluidas las obtenidas o producidas, total o parcialmente, a partir de productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido;
b) procedentes de terceros países y en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido;
c) obtenidas o producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, y para cuya fabricación se hayan utilizado productos procedentes de terceros países que no se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión ni en el territorio aduanero del Reino Unido, siempre y cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido, en la parte exportadora del territorio aduanero único, los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente exigibles con respecto a dichas mercancías o a los productos de terceros países utilizados para su fabricación.
La expresión «obtenidas totalmente» de la letra a) tendrá el mismo significado en el territorio aduanero del Reino Unido que en el territorio aduanero de la Unión.
2. Las mercancías procedentes de terceros países se considerarán en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido, por la Unión o por el Reino Unido en su parte respectiva del territorio aduanero único, los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente exigibles y a condición de que las mercancías no se hayan beneficiado de un reembolso total o parcial de tales derechos o exacciones.
3. En lo que se refiere a las mercancías obtenidas o producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, que no estén incluidas en el apartado 1, letra c), y para cuya fabricación se hayan utilizado productos procedentes de terceros países que no se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión ni en el territorio aduanero del Reino Unido, la parte importadora del territorio aduanero único aplicará la normativa aduanera aplicable a las mercancías procedentes de terceros países.
Artículo 2
Intercambios comerciales entre las partes del territorio aduanero único
1. Quedarán prohibidos entre las partes del territorio aduanero único los derechos de aduana de importación y exportación, así como cualquier exacción de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.
Los gravámenes por los controles aduaneros y por los demás actos de aplicación de la normativa aduanera entre las partes del territorio aduanero único se considerarán de efecto equivalente a los derechos de aduana. No obstante, se podrán imponer gravámenes o recuperar costes cuando las autoridades aduaneras presten servicios especiales y, en particular, los costes derivados:
a) cuando se solicite, de la presencia del personal de aduanas fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas;
b) de los análisis e informes de expertos sobre las mercancías y de las tarifas postales que deban pagarse en caso de devolución de aquellas a un solicitante, particularmente en el marco de las decisiones adoptadas o de la información facilitada previa solicitud;
c) del examen o muestreo de las mercancías para fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se produzcan costes que no sean los de la utilización del personal de aduanas;
d) de las medidas de control excepcionales que sean necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a los riesgos potenciales existentes.
2. Los artículos III, V y XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 («GATT de 1994») se incorporan como parte del presente Protocolo y se aplican, mutatis mutandis, entre las partes del territorio aduanero único.
3. Las normas del presente anexo no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito, cuando estas prohibiciones o restricciones estén justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial o comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no constituirán un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre las partes del territorio aduanero único.
4. Ninguna disposición del presente anexo se interpretará en el sentido de que:
a) obligue a la Unión o al Reino Unido a que proporcionen o permitan el acceso a información cuya divulgación consideren contraria a sus intereses esenciales de seguridad; o
b) impida a la Unión o al Reino Unido que adopten medidas que estimen necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:
i) relacionadas con la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra o relativas a la producción o el comercio de otras mercancías y materiales llevados a cabo directa o indirectamente para abastecer un establecimiento militar,
ii) relativas a materiales fisionables y fusionables o a los materiales de los que se derivan, o
iii) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales; o
c) impida a la Unión o al Reino Unido que adopten medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Artículo 3
Arancel aduanero aplicable a los intercambios con terceros países
1. El Reino Unido ajustará los aranceles y las normas aplicables en su territorio aduanero:
a) al arancel aduanero común de la Unión, que figura en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013;
b) a las normas de la Unión sobre el origen de las mercancías, que figuran en el capítulo 2 del título II del Reglamento (UE) n.o 952/2013; y
c) a las normas de la Unión sobre el valor en aduana de las mercancías, que figuran en el capítulo 3 del título II del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
2. El Reino Unido no podrá en ningún caso:
a) aplicar a su territorio aduanero un arancel aduanero inferior al arancel aduanero común sobre cualquier mercancía o importación procedente de cualquier tercer país; ni
b) aplicar o conceder en su territorio aduanero preferencias arancelarias a cualquier mercancía sobre la base de normas de origen diferentes de las que rigen la concesión de tales preferencias a la misma mercancía por parte de la Unión en su territorio aduanero.
3. El Reino Unido no podrá aplicar ni conceder en su territorio aduanero, sin acuerdo previo en el Comité Mixto, cualquier cuota, contingente arancelario o suspensión arancelaria.
4. Se informará al Reino Unido de cualquier decisión adoptada por la Unión para modificar el arancel aduanero común, suspender o restablecer derechos, y de cualquier decisión sobre cuotas, contingentes arancelarios o suspensiones arancelarias, con la suficiente antelación para permitirle ajustarse a dicha decisión. En caso necesario, se podrán celebrar consultas en el Comité Mixto.
Artículo 4
Política comercial
1. El territorio aduanero único cumplirá las disposiciones pertinentes del artículo XXIV del GATT de 1994. Con ese fin, el Reino Unido armonizará la política comercial aplicable a su territorio aduanero con la política comercial común de la Unión, en la medida necesaria para dar efecto al artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo y al artículo 3 del presente anexo, y aplicando reglamentaciones comerciales que no sean derechos de aduana, en particular las medidas contempladas en el artículo XI:I del GATT de 1994, que son sustancialmente las mismas que las de la Unión.
2. El Reino Unido velará por que, en lo que respecta a los productos contemplados en el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo, sus listas de concesiones a que se refiere el artículo II del GATT de 1994 se ajusten plenamente a las de la Unión y los compromisos sobre los contingentes arancelarios sean compatibles con los de la Unión y cumplan las disposiciones del artículo 3 del presente anexo. La Unión y el Reino Unido convienen en cooperar en los asuntos de la OMC relativos al reparto de contingentes arancelarios de la OMC y en la medida en que sea necesario para el funcionamiento del territorio aduanero único.
3. El régimen de defensa comercial de la Unión, y el Sistema de Preferencias Generalizadas («SPG»), abarcarán ambas partes del territorio aduanero único. La Unión consultará al Reino Unido sobre cualquier medida de defensa comercial o acción en el marco del régimen SPG que esté considerando adoptar. El Comité Mixto establecerá, al menos seis meses antes del final del período transitorio, los procedimientos para la aplicación del presente apartado.
Artículo 5
Cooperación administrativa
1. Además de la cooperación específica prevista en el anexo 3 del presente Protocolo, las autoridades administrativas de la Unión, incluidos sus Estados miembros, y del Reino Unido responsables de la ejecución de las disposiciones del presente anexo se prestarán asistencia administrativa mutua para garantizar el cumplimiento de tales disposiciones en lo que respecta al comercio de mercancías entre las partes del territorio aduanero único o con terceros países.
2. El Comité Mixto adoptará, al menos seis meses antes del final del período transitorio, las disposiciones adecuadas sobre la asistencia administrativa mutua a que se refiere el apartado 1, incluidas las relativas a la recuperación de deudas.
Artículo 6
Medidas correctoras específicas
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 170 a 179 del Acuerdo de Retirada, el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo y el artículo 2 del presente anexo, en caso de incumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 3 y 4 del presente anexo en lo que se refiere a las mercancías y productos procedentes de terceros países, la Unión podrá imponer, cuando lo considere necesario para proteger la integridad del mercado único, aranceles u otras restricciones a la circulación de las mercancías de que se trate hacia o desde el territorio aduanero de la Unión. Se considerará que dichas mercancías no entran en el ámbito de aplicación del presente anexo, según lo establecido en el artículo 1, apartado 1.
2. Cuando la Unión constate, basándose en información objetiva, la existencia de un error en el territorio aduanero del Reino Unido en cuanto a la ejecución del anexo 3 del presente Protocolo, y dicho error tenga consecuencias sobre los aranceles de importación, la Unión pedirá al Comité Mixto que determine las medidas apropiadas para resolver la situación.
3. La sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicará a cualquier controversia relativa a la aplicación del presente artículo.
ANEXO 3
Artículo 1
Aplicación de los códigos aduaneros
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el anexo 2 del presente Protocolo, el Código Aduanero de la Unión y cualesquiera otras medidas y controles aplicables en el territorio aduanero de la Unión, y la Taxation (Cross-border Trade) Act [Ley de Tributación (Comercio Transfronterizo)] de 2018 del Reino Unido y sus disposiciones de aplicación, así como el resto de la normativa pertinente que sea aplicable en el territorio aduanero del Reino Unido, se aplicarán al comercio de mercancías entre las dos partes del territorio aduanero único en las condiciones establecidas en el presente Protocolo y el presente anexo.
Artículo 2
Formalidades al respecto del anexo 2, artículo 1, apartado 1, letra c)
1. A efectos de la ejecución del anexo 2, artículo 1, apartado 1, letra c), del presente Protocolo, se considerará que se han cumplido las formalidades de importación en la parte exportadora del territorio aduanero único con la validación del documento necesario para probar que la mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
2. La validación a que se refiere el apartado 1 conllevará el cobro en la parte exportadora del territorio aduanero único de los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente, cuando las mercancías de que se trate o los productos procedentes de terceros países usados en su fabricación de conformidad con el artículo 3 del anexo 2 del presente Protocolo estén sujetos a tales derechos o exacciones. Asimismo, dará lugar a la aplicación de las medidas de política comercial descritas en el artículo 4 del anexo 2 a las que puedan estar sujetas las mercancías.
3. Se entenderá que el momento en que deben cobrarse los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente a que se refiere el apartado 2 es el momento en que las autoridades aduaneras competentes acepten la declaración de exportación relativa a las mercancías correspondientes.
4. El deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, la persona en cuyo nombre se realice la declaración también será deudor.
Artículo 3
Documentación justificativa
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, deberá facilitarse documentación justificativa que pruebe que una mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, expedida a petición del exportador por las autoridades aduaneras de las partes del territorio aduanero único.
Artículo 4
Certificado de circulación de mercancías A.UK.
1. La documentación justificativa mencionada en el artículo 3 será el certificado de circulación de mercancías A.UK. La Unión elaborará el modelo de certificado de circulación de mercancías A.UK. y las notas explicativas e informará al Comité Mixto al respecto. El uso de dicho modelo será obligatorio.
2. El certificado de circulación de mercancías A.UK. podrá utilizarse únicamente cuando:
después de la exportación y antes de ser declaradas para la importación, las mercancías no hayan sido alteradas, transformadas de ningún modo o sujetas a operaciones distintas de las destinadas a su conservación en buenas condiciones o al añadido o la colocación de marcas, etiquetas, sellos o cualquier otra documentación que garantice su conformidad con las exigencias nacionales específicas de la parte importadora del territorio aduanero único;
las mercancías hayan sido almacenadas o expuestas en un tercer país, siempre que las mercancías se mantengan bajo supervisión aduanera en dicho tercer país.
3. Sin perjuicio del apartado 2, el fraccionamiento de partidas podrá tener lugar en un tercer país si se lleva a cabo por el exportador o bajo su responsabilidad, y siempre que se mantengan bajo supervisión aduanera en dicho tercer país.
4. Se entenderá que se cumple lo dispuesto en el apartado 2 salvo que las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único tengan razones para pensar lo contrario. En esos casos, las autoridades aduaneras podrán pedir al declarante que facilite pruebas del cumplimiento, lo cual podrá hacerse por cualquier medio.
5. Las autoridades aduaneras concederán un certificado de circulación de mercancías A.UK. en la parte exportadora del territorio aduanero único cuando se exporten mercancías relacionadas con la misma. El certificado se pondrá a disposición del exportador en cuanto la exportación haya tenido lugar o esté asegurada.
6. Podrá concederse un certificado de circulación de mercancías A.UK. únicamente cuando pueda servir como documentación justificativa exigida a efectos de determinar que una mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
7. El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación de mercancías A.UK. estará preparado para presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único en la que se expida el certificado de circulación de mercancías A.UK., toda la documentación apropiada que demuestre el carácter de los productos de que se trate y que se satisfacen todos los demás requisitos del presente Protocolo y del anexo 2 del presente Protocolo.
8. Las autoridades aduaneras de expedición adoptarán todas las medidas necesarias para verificar el carácter de los productos y la observancia de los demás requisitos del presente Protocolo y del presente anexo. A estos efectos, tendrán derecho a solicitar cualquier prueba razonable y a llevar a cabo cualquier control que se considere adecuado. Las autoridades aduaneras de expedición se asegurarán también de que los certificados se han cumplimentado debidamente. En particular, comprobarán si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido cumplimentado de tal forma que excluya toda posibilidad de adiciones fraudulentas.
9. Los certificados de circulación de mercancías A.UK. deberán presentarse a las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único en el plazo de cuatro meses desde la fecha de expedición por las autoridades aduaneras en la parte exportadora del territorio aduanero único.
10. Un certificado de circulación de mercancías A.UK. presentado a las autoridades aduaneras en la parte importadora del territorio aduanero único después de la fecha final para la presentación especificada en el apartado 9 podrá aceptarse cuando la falta de presentación de dichos documentos a más tardar en la fecha final se deba a circunstancias excepcionales.
11. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único aceptarán un certificado de circulación de mercancías A.UK. cuando las mercancías correspondientes se hayan presentado a dichas autoridades antes de la fecha final para la presentación especificada en el apartado 9.
Artículo 5
Expedición a posteriori de certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, el certificado de circulación de mercancías A.UK. podrá, excepcionalmente, expedirse después de que se haya llevado a cabo o asegurado la exportación real de las mercancías a que se refiere si:
no se ha expedido en el momento de la exportación por errores u omisiones involuntarias o circunstancias especiales; o
se demuestra a satisfacción de las autoridades aduaneras que se expidió un certificado de circulación de mercancías A.UK. que no fue aceptado a la importación por motivos técnicos.
2. A efectos de la ejecución del apartado 1, el exportador deberá indicar en su solicitud el lugar y la fecha de exportación de los productos a los que se refiere el certificado de circulación de mercancías A.UK. y exponer las razones de su petición.
3. Las autoridades aduaneras podrán expedir un certificado de circulación de mercancías A.UK. a posteriori únicamente cuando estén convencidas de que se ha solicitado un certificado de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 6
Presentación de certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. Se presentará un certificado de circulación de mercancías A.UK. a las autoridades aduaneras en la parte importadora del territorio aduanero único de conformidad con los procedimientos establecidos en esa parte del territorio aduanero único. Dichas autoridades podrán exigir una traducción del certificado. Del mismo modo, podrán exigir que se acompañe la declaración de importación con una declaración del importador a efectos de que las mercancías entren en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
2. La detección de pequeñas discordancias entre los datos que figuren en el certificado de circulación de mercancías A.UK. y los contenidos en los documentos presentados a las autoridades aduaneras, en cumplimiento de las formalidades de importación de las mercancías, no supondrá ipso facto la nulidad de pleno derecho de los certificados si se comprueba debidamente que estos corresponden a las mercancías presentadas.
3. Los errores de forma evidentes, tales como las erratas de mecanografía en los certificados de circulación de mercancías A.UK., no deberán ser causa suficiente para que esos certificados sean rechazados, si no se trata de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en los mismos.
Artículo 7
Sustitución de los certificados de circulación A.UK.
Cuando las mercancías se pongan bajo el control de una aduana en cualquiera de las partes del territorio aduanero único, se podrá sustituir el certificado de circulación de mercancías A.UK. original por uno o más certificados de circulación de mercancías A.UK. para enviar estas mercancías o algunas de ellas a otro punto del territorio aduanero único. Los certificados de circulación de mercancías A.UK. sustitutorios serán expedidos por la aduana bajo cuyo control se encuentren los productos.
Artículo 8
Cooperación administrativa
1. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros y del Reino Unido se facilitarán mutuamente, por medio de la Comisión Europea, los modelos de sellos utilizados en sus aduanas para la expedición de los certificados de circulación de mercancías A.UK., así como las direcciones de las autoridades aduaneras responsables de la verificación de esos certificados.
2. Para garantizar la correcta aplicación del presente Protocolo, la Unión y el Reino Unido se prestarán asistencia mutua, a través de las administraciones aduaneras competentes, en la comprobación de la autenticidad de los certificados de circulación de mercancías A.UK. y la exactitud de la información contenida en ellos.
Artículo 9
Verificación de los certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. Las verificaciones posteriores de los certificados de circulación de mercancías A.UK. se llevarán a cabo aleatoriamente o siempre que las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único alberguen dudas razonables acerca de la autenticidad de los certificados, el carácter de los productos correspondientes o el cumplimiento de las demás exigencias del presente Protocolo y de sus anexos, siempre que dicha verificación no se produzca después de pasados tres años desde la expedición de un certificado de circulación de mercancías A.UK. por las autoridades aduaneras en la parte exportadora del territorio aduanero único.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único enviarán a las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único el certificado de circulación de mercancías A.UK., así como la factura, si ha sido presentada, o una copia de esos documentos, enunciando, cuando proceda, las razones de la indagación. A fin de ayudar a la verificación, se enviarán todos los documentos necesarios y toda la información recogida que indique que la información sobre el certificado de circulación de mercancías A.UK. es incorrecta.
3. Las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único llevarán a cabo la verificación. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba razonable e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra comprobación que consideren necesaria.
4. Si las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único deciden denegar a los productos correspondientes el trato establecido en el anexo 2 a la espera de los resultados de la verificación, se ofrecerá al importador el levante de los productos condicionado a cualesquiera medidas de precaución que se consideren necesarias.
5. En un plazo máximo de diez meses, se informará a las autoridades aduaneras que hayan solicitado la verificación de los resultados de la misma. Dichos resultados deberán indicar claramente si los documentos son auténticos y si los productos correspondientes entraban en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, y cumplir los demás requisitos del presente Protocolo y sus anexos.
6. Si, en caso de duda razonable, no se recibe una respuesta en el plazo de diez meses o la respuesta no contiene información suficiente para determinar la autenticidad del documento en cuestión o el verdadero carácter de los productos, las autoridades aduaneras solicitantes denegarán, salvo que concurran circunstancias excepcionales, el trato establecido en el presente Protocolo y sus anexos.
Artículo 10
Controversias relativas al procedimiento de verificación
1. En caso de que surjan controversias en relación con los procedimientos de verificación establecidos en el artículo 9 que no puedan solucionarse entre las autoridades aduaneras que pidan una verificación y las autoridades aduaneras encargadas de llevarla a cabo, o cuando se planteen interrogantes en relación con la interpretación del presente anexo, tales controversias se remitirán al Comité Mixto.
2. A petición de la Unión o del Reino Unido, se mantendrán consultas en el seno del Comité Mixto durante un período de noventa días desde la fecha de remisión a que se refiere el apartado 1, con vistas a resolver esas diferencias. El período de consultas podrá prorrogarse caso por caso por acuerdo escrito entre las partes. Después de este período, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único podrán tomar su decisión sobre el carácter de las mercancías correspondientes.
3. En todos los casos, las controversias entre el importador y las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único se resolverán con arreglo a la legislación de esa parte del territorio aduanero único.
Artículo 11
Sanciones
Se impondrán sanciones a cualquier persona que cumplimente, o haga que se cumplimente, un documento que contenga información incorrecta a efectos de obtener el trato establecido en el presente Protocolo y en el anexo 2 del presente Protocolo. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 12
Disposiciones relativas a las mercancías que transporten los viajeros
Siempre que no se pretendan destinar a un uso comercial, las mercancías transportadas por los viajeros de una parte del territorio aduanero único a la otra parte del mismo se beneficiarán del trato establecido en el anexo 2 del presente Protocolo sin estar supeditadas al certificado contemplado en los artículos 3 a 11 del presente anexo cuando dichas mercancías sean declaradas como mercancías que entran en el ámbito de aplicación del anexo 2, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, y no haya dudas al respecto de la exactitud de la declaración.
El Comité Mixto debatirá periódicamente la ejecución del presente artículo y, si procede, adoptará las medidas necesarias para su correcta aplicación.
Artículo 13
Envíos postales
Los envíos postales, incluidos los paquetes postales, se beneficiarán del trato establecido en el anexo 2 del presente Protocolo sin estar supeditados al certificado contemplado en los artículos 3 a 11 del presente anexo, siempre que en el empaquetado o en los documentos de acompañamiento no haya ninguna indicación de que las mercancías objeto del envío no entran en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1. Dicha indicación consistirá en un etiquetado que las autoridades competentes de la parte exportadora del territorio aduanero único deben colocar en todos los casos de este tipo.
La Unión elaborará el modelo del etiquetado a que se refiere el párrafo primero e informará al Comité Mixto al respecto. El uso del etiquetado basado en dicho modelo será obligatorio.
El Comité Mixto debatirá periódicamente la ejecución del presente artículo y, si procede, adoptará las medidas necesarias para su correcta aplicación.
ANEXO 4
PRIMERA PARTE
FISCALIDAD
Artículo 1
Fiscalidad
1. La Unión y el Reino Unido reconocen y se comprometen a aplicar los principios de buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad, en particular las normas mundiales sobre transparencia e intercambio de información y sobre equidad fiscal y las normas de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La Unión y el Reino Unido promoverán la buena gobernanza en materia fiscal, mejorarán la cooperación internacional en el ámbito fiscal y facilitarán la recaudación de los ingresos fiscales.
2. En el contexto de los compromisos de la Unión y del Reino Unido establecidos en el apartado 1, el Reino Unido seguirá aplicando las disposiciones de su Derecho nacional que transponen las siguientes disposiciones del Derecho de la Unión, aplicables al final del período transitorio:
Directiva 2011/16/UE del Consejo (1);
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo (2); y
artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
3. La Unión y el Reino Unido, reflejando la dirección apuntada por el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios del G-20 y la OCDE, reafirman su compromiso de restringir las medidas fiscales perniciosas.
En este contexto, el Reino Unido reafirma su compromiso con el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas establecido en las conclusiones del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 1997, como se refleja en el mandato y los criterios fijados en dichas conclusiones, así como las directrices relativas al Código de Conducta, aplicables al final del período transitorio.
4. El Comité Mixto podrá determinar las medidas necesarias para la ejecución del apartado 2 y debatirá todas las cuestiones relacionadas con la ejecución del apartado 3.
5. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de los apartados 1, 3 y 4 del presente artículo.
SEGUNDA PARTE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 2
No regresión en el nivel de protección medioambiental
1. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del territorio aduanero único, la Unión y el Reino Unido velarán por que el nivel de protección medioambiental establecido en las leyes, los reglamentos y las prácticas no se reduzca por debajo del nivel fijado en las normas comunes aplicables en la Unión y el Reino Unido al final del período transitorio en lo que respecta al acceso a la información medioambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en el ámbito medioambiental; la evaluación del impacto medioambiental y la evaluación medioambiental estratégica; las emisiones industriales, las emisiones atmosféricas y los objetivos y límites máximos de calidad del aire; la conservación de la naturaleza y la biodiversidad; la gestión de residuos; la protección y preservación del medio acuático; la protección y preservación del medio marino; la prevención, reducción y eliminación de los riesgos para la salud humana o el medio ambiente provocados por la producción, el uso, la liberación y la eliminación de sustancias químicas; y el cambio climático.
2. Reflejando sus principios comunes al final del período transitorio y su compromiso con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, al dar efecto a las obligaciones establecidas en el presente artículo, la Unión y el Reino Unido respetarán los siguientes principios en su respectiva legislación medioambiental:
el principio de precaución;
el principio de que deben adoptarse medidas preventivas;
el principio de que los daños al medio ambiente deben, preferentemente, corregirse en la fuente misma; y
el principio de «quien contamina paga».
3. Vistas las normas comunes contempladas en el apartado 1, el Comité Mixto adoptará decisiones en que se establezcan compromisos mínimos relativos a:
la reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos;
el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo que pueden usarse en las aguas territoriales, en las zonas económicas exclusivas, incluida la zona de control de las emisiones de SOx designada en la zona del mar del Norte y el mar Báltico, y en los puertos de los Estados miembros de la Unión y del Reino Unido; y
las mejores técnicas disponibles, incluidos los valores límite de emisión, en relación con las emisiones industriales.
Esas decisiones se aplicarán a partir del final del período transitorio.
4. La Unión y el Reino Unido adoptarán las medidas necesarias para cumplir sus respectivos compromisos con los acuerdos internacionales destinados a luchar contra el cambio climático, incluidos aquellos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como el Acuerdo de París de 2015.
5. El Reino Unido pondrá en ejecución un sistema de tarificación del carbono que tenga al menos la misma efectividad y alcance que el establecido en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).
6. La Unión y el Reino Unido reafirman su compromiso con la incorporación eficaz de los acuerdos medioambientales multilaterales de los que son parte en sus leyes, reglamentos y prácticas.
7. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 3
Supervisión y garantía del cumplimiento en materia de protección medioambiental
1. Teniendo en cuenta que en la Unión la aplicación efectiva del Derecho de la Unión que refleja las normas comunes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, está garantizada por la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando conforme a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento efectivo del artículo 2 y de sus leyes, reglamentos y prácticas que reflejen esas normas comunes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7.
El Reino Unido garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz y oportuna de las autoridades públicas y los miembros del público frente a vulneraciones de las leyes, los reglamentos y las prácticas, e introducirá medidas correctoras eficaces, incluidas medidas provisionales, que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
2. El Reino Unido pondrá en ejecución un sistema transparente para la supervisión, la presentación de información, la vigilancia y el cumplimiento efectivos a escala nacional de sus obligaciones en virtud del presente artículo y del artículo 2 por parte de uno o más organismos independientes y dotados de los recursos adecuados (en lo sucesivo, «organismo independiente»).
El organismo independiente estará facultado para llevar a cabo por iniciativa propia investigaciones relativas a posibles infracciones por los organismos y autoridades públicos del Reino Unido y para recibir denuncias a efectos de la realización de dichas investigaciones. Tendrá las facultades necesarias para desempeñar sus funciones, incluida la facultad de pedir información. El organismo independiente tendrá derecho a interponer una acción legal ante un órgano jurisdiccional competente en el Reino Unido en el marco de un procedimiento judicial apropiado, a fin de obtener una solución adecuada.
TERCERA PARTE
NORMAS LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 4
No regresión de las normas laborales y de protección social
1. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del territorio aduanero único, la Unión y el Reino Unido velarán por que el nivel de protección establecido en las leyes, los reglamentos y las prácticas no se reduzca por debajo del nivel fijado en las normas comunes aplicables en la Unión y el Reino Unido al final del período transitorio en el ámbito laboral y de la protección social y en lo que respecta a los derechos fundamentales en el trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, unas condiciones y normas laborales justas, los derechos de información y consulta en la esfera empresarial y la reestructuración.
2. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 5
Normas y acuerdos multilaterales en materia laboral y de protección social
1. Teniendo en cuenta la importancia de la cooperación y los acuerdos internacionales sobre asuntos laborales y de unos niveles elevados de protección social y laboral, junto con su protección efectiva, la Unión y el Reino Unido protegerán y promoverán el diálogo social en materia laboral entre los trabajadores y los empleadores, y sus respectivas organizaciones, y los gobiernos.
2. La Unión y el Reino Unido reafirman su compromiso con la incorporación efectiva en sus leyes, reglamentos y prácticas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las disposiciones de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, ratificados y aceptados por el Reino Unido y los Estados miembros, respectivamente.
3. La Unión y el Reino Unido intercambiarán información sobre las respectivas situaciones y avances de los Estados miembros y del Reino Unido en relación con la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo clasificados como actualizados por la propia Organización Internacional del Trabajo y de la Carta Social Europea revisada y los Protocolos conexos.
4. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 6
Supervisión y garantía del cumplimiento de las normas laborales y de protección social
Teniendo en cuenta que en la Unión la aplicación efectiva del Derecho de la Unión que refleja las normas comunes a que se refiere el artículo 4, apartado 1, está garantizada por la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando conforme a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento eficaz del artículo 4 y de sus leyes, reglamentos y prácticas que reflejen esas normas comunes en todo su territorio, sin perjuicio del artículo 4, apartado 2.
El Reino Unido mantendrá un sistema efectivo de inspecciones laborales, garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz contra las vulneraciones de sus leyes, reglamentos y prácticas, y pondrá en funcionamiento medidas correctoras eficaces que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
CUARTA PARTE
AYUDAS ESTATALES
Artículo 7
Ayudas estatales
1. Con el fin de preservar un marco sólido y exhaustivo de control de las ayudas estatales que evite los falseamientos indebidos del comercio y la competencia, las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo se aplicarán al Reino Unido, al respecto de las medidas que afecten al comercio entre las partes del territorio aduanero único sujeto al anexo 2. No obstante, al respecto de las mencionadas medidas de las autoridades del Reino Unido, se entenderá que las referencias a la Comisión Europea en dichas disposiciones del Derecho de la Unión se refieren a la autoridad independiente contemplada en el artículo 9.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere dicho apartado no se aplicarán en lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido de ayuda a la producción y el comercio de productos agrícolas en el territorio aduanero del Reino Unido hasta un determinado nivel de ayuda anual global máximo, y siempre que un determinado porcentaje mínimo de esa ayuda exenta se ajuste a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. El nivel de ayuda anual global máximo y el porcentaje mínimo serán fijados por el Comité Mixto y se regirán por los procedimientos establecidos en el artículo 8 del presente anexo.
3. El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo 12 del presente Protocolo y del artículo 14, apartados 4 y 5, del presente Protocolo en lo que respecta a su artículo 12.
Artículo 8
Procedimientos a que se hace referencia en el artículo 7, apartado 2
El Comité Mixto determinará el nivel de ayuda anual global máximo exento inicial y el porcentaje mínimo exento a que se refiere el artículo 7, apartado 2, teniendo en cuenta la información más reciente disponible. El nivel de ayuda anual global máximo exento inicial tomará como referencia la concepción del futuro régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como la media anual del importe total del gasto en que se incurra en el territorio aduanero del Reino Unido en virtud de la política agrícola común con arreglo al actual MFP 2014-2020. El porcentaje mínimo inicial tomará como referencia la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como el porcentaje en que el gasto total en el marco de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura según lo notificado para el período correspondiente.
El Comité Mixto ajustará el nivel de las ayudas y el porcentaje contemplados en el párrafo primero, con la referencia de la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, a cualquier variación en el importe global de ayudas disponible en el marco de la política agrícola común en la Unión en cada futuro marco financiero plurianual.
Si el Comité Mixto no determina el nivel inicial de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo primero, o no ajusta el nivel de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo segundo, a más tardar al final del período transitorio o en el plazo de un año desde la entrada en vigor de un futuro marco financiero plurianual, según proceda, la aplicación del artículo 7, apartado 2, se suspenderá hasta que el Comité Mixto haya determinado o ajustado el nivel de ayuda y el porcentaje.
Artículo 9
Autoridad independiente
1. El Reino Unido creará o mantendrá una autoridad operativamente independiente (en lo sucesivo, «autoridad independiente»). En el ejercicio de sus funciones y sus facultades, la autoridad independiente contará con las garantías necesarias de independencia respecto de la influencia política o externa de cualquier otro tipo y actuará con imparcialidad.
2. En lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, la autoridad independiente tendrá las facultades y funciones equivalentes a aquellas de la Comisión Europea cuando actúe con arreglo a las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo. La autoridad independiente estará adecuadamente dotada de los recursos necesarios para la plena aplicación y la ejecución eficaz, conforme al artículo 7, apartado 1, de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo. Dichos recursos incluyen recursos humanos, técnicos y financieros, instalaciones e infraestructura.
3. Las decisiones de la autoridad independiente producirán con respecto a y en el Reino Unido los mismos efectos jurídicos que producen en la Unión y sus Estados miembros las decisiones comparables de la Comisión Europea cuando actúa con arreglo a las disposiciones del Derecho sobre ayudas estales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo.
Artículo 10
Cooperación
1. La Comisión Europea y la autoridad independiente cooperarán con objeto de garantizar una vigilancia coherente en el ámbito de las ayudas estatales en todo el territorio aduanero único.
2. La Comisión Europea y la autoridad independiente:
intercambiarán información y puntos de vista sobre la ejecución, la aplicación y la interpretación de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo; y
facilitarán información caso por caso e intercambiarán puntos de vista sobre asuntos concretos de ayudas estatales que afecten al comercio entre las partes del territorio aduanero único sujeto al anexo 2 del presente Protocolo; la Comisión Europea y la autoridad independiente intercambiarán esa información teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las exigencias del secreto profesional y de empresa.
3. Si la autoridad independiente decide incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, párrafos primero y segundo, del TFUE con respecto a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, la autoridad independiente comunicará dicha decisión a la Comisión Europea y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones conforme a los plazos aplicables fijados en el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (5).
4. La autoridad independiente consultará a la Comisión Europea sobre todos los proyectos de decisión que pretenda adoptar conforme al artículo 7, apartado 1, y al artículo 9. La Comisión Europea tendrá hasta tres meses para comunicar su dictamen, y la autoridad independiente tendrá en cuenta en la mayor medida posible dicho dictamen antes de adoptar su decisión. En casos de urgencia, la autoridad independiente podrá instar a la Comisión a comunicar su dictamen lo antes posible.
Cuando la Comisión Europea considere, durante el período al que se refiere el párrafo primero, que necesita más información antes de poder emitir su dictamen, podrá dirigir una petición de información adicional a la autoridad independiente. Ese período se suspenderá desde la fecha de la petición de la Comisión Europea y comenzará de nuevo desde la fecha de la recepción de la respuesta de la autoridad independiente.
La autoridad independiente no adoptará el proyecto de decisión hasta que la Comisión Europea haya comunicado su dictamen de conformidad con el párrafo primero.
Artículo 11
Órganos jurisdiccionales del Reino Unido
1. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia en virtud de los Tratados con respecto a los actos de la Comisión Europea en el ámbito de las ayudas estatales, en lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, del presente anexo, el Reino Unido garantizará que sus órganos jurisdiccionales sean competentes para:
revisar e imponer el cumplimiento por las autoridades del Reino Unido de la obligación en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE de notificar una medida propuesta y no llevarla a efecto hasta que la autoridad independiente la haya autorizado;
revisar la conformidad de las decisiones adoptadas por la autoridad independiente con las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo;
revisar e imponer el cumplimiento de las decisiones de la autoridad independiente por las autoridades del Reino Unido, e imponer sanciones en caso de incumplimiento;
decidir sobre las acciones por la inacción de la autoridad independiente, y conminar a la autoridad independiente a actuar; y
decidir sobre las acciones por daños y perjuicios de carácter privado y reconocer esos daños y perjuicios.
2. La Comisión Europea y las partes interesadas estarán legitimadas ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido en relación con esos asuntos.
El término «partes interesadas» del párrafo primero tendrá el mismo sentido que tiene en virtud de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo.
3. La Comisión Europea tendrá el derecho de intervenir en los asuntos a que hace referencia el apartado 1 presentados ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido por la autoridad independiente o cualquier parte interesada.
Artículo 12
Transparencia
Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo, el Reino Unido mantendrá un sistema de transparencia de las ayudas concedidas mediante concesiones individuales de ayuda estatal que superen los 500 000 EUR.
Artículo 13
Consultas
1. Si la Unión considera que la aplicación o la ejecución por el Reino Unido del artículo 7 y los artículos 9 a 12 puede menoscabar gravemente las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único, podrá pedir una consulta en el Comité Mixto con vistas a alcanzar una solución aceptable para todas las partes.
2. La consulta tendrá lugar sobre la base de una petición escrita que incluya una explicación de los motivos por los que la Unión pide la consulta. El Comité Mixto se reunirá en el plazo de treinta días desde la petición.
3. Si no se alcanza una solución aceptable para todas las partes en el Comité Mixto en el plazo de treinta días desde la reunión del Comité Mixto a que se refiere el apartado 2, la Unión podrá adoptar medidas provisionales conforme al artículo 14.
Artículo 14
Medidas provisionales
1. La Unión estará facultada, previa notificación al Reino Unido, a adoptar las medidas correctoras adecuadas:
de conformidad con el artículo 13, apartado 3; o
cuando la Unión considere que el Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 7 y los artículos 9 a 12 del presente anexo y la Unión haya comenzado las consultas en el Comité Mixto conforme al artículo 169 del Acuerdo de Retirada, siempre que la Unión considere que el incumplimiento del Reino Unido puede menoscabar las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único.
2. En el caso al que se refiere el apartado 1, letra b), las medidas correctoras adecuadas que adopte la Unión no podrán tener efecto antes del trigésimo día después de que la Unión lo haya notificado al Reino Unido.
3. Las medidas correctoras adecuadas que adopte la Unión dejarán de aplicarse cuando:
la Unión esté satisfecha con respecto a que el riesgo para las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único se haya corregido; o
en los casos sometidos a arbitraje conforme al artículo 170 del Acuerdo de Retirada, el panel de arbitraje haya decidido que el Reino Unido no ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 7 y los artículos 9 a 12 del presente anexo.
Artículo 15
Coordinación
1. El ejercicio por la autoridad independiente de sus facultades en virtud del artículo 9 del presente anexo con respecto a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, del presente anexo se entiende sin perjuicio de las facultades de la Comisión Europea en virtud del artículo 14, apartado 4, del presente Protocolo en lo que respecta a su artículo 12.
En particular:
una decisión de la autoridad independiente no dará pie a expectativas legítimas en virtud del Derecho de la Unión en lo que respecta a la aplicación del artículo 12 del presente Protocolo;
cuando la Comisión Europea, actuando en virtud del artículo 12 del presente Protocolo, y la autoridad independiente, actuando en virtud del artículo 7, apartado 1, y el artículo 9 del presente anexo, adopten decisiones relativas a la misma medida de las autoridades del Reino Unido, la decisión de la autoridad independiente se entenderá sin perjuicio de los efectos jurídicos en el Reino Unido de la decisión de la Comisión Europea en virtud del artículo 14, apartado 5, del presente Protocolo.
2. Cuando la autoridad independiente tenga conocimiento, por cualquier medio, de una medida de las autoridades del Reino Unido que pueda estar sujeta tanto al artículo 12, apartado 1, del presente Protocolo como al artículo 7, apartado 1, del presente anexo, podrá consultar informalmente a la Comisión Europea acerca de si esta considera que la medida en cuestión está sujeta al artículo 12, apartado 1, del presente Protocolo.
QUINTA PARTE
COMPETENCIA
Artículo 16
Principios
La Unión y el Reino Unido reconocen la importancia de una competencia libre y no falseada en sus relaciones comerciales y de inversión. La Unión y el Reino Unido reconocen que las prácticas empresariales contrarias a la competencia, las concentraciones de empresas y las intervenciones estatales pueden falsear el buen funcionamiento de los mercados y menoscabar los beneficios de la liberalización comercial.
La presente parte se entiende sin perjuicio de las disposiciones específicas aplicables en la Unión a los productos agrícolas de conformidad con el artículo 42 del TFUE y las leyes, los reglamentos y las prácticas equivalentes aplicables en el Reino Unido.
Artículo 17
Acuerdos entre empresas
1. En la medida en que pueda afectar al comercio entre la Unión y el Reino Unido, quedará prohibido lo siguiente: todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear la competencia, y en particular aquellos que:
fijen directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
limiten o controlen la producción, los mercados, el desarrollo técnico o las inversiones;
se repartan los mercados o las fuentes de abastecimiento;
apliquen a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
subordinen la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. Las disposiciones del apartado 1 podrán, sin embargo, ser declaradas inaplicables en caso de:
cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuya a mejorar la producción o la distribución de las mercancías o a fomentar el progreso técnico o económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
imponga a las empresas de que se trate restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
ofrezca a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
Artículo 18
Abuso de posición dominante
Cualquier abuso por una o más empresas de una posición dominante en los territorios de la Unión y del Reino Unido en su conjunto o en una parte sustancial de ellos quedará prohibido, en la medida en que pueda afectar al comercio entre la Unión y el Reino Unido.
Tales abusos podrán consistir, particularmente, en:
imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
Artículo 19
Concentraciones de empresas
Las concentraciones entre empresas que sean notificables al Reino Unido o a la Unión o uno o más de sus Estados miembros y que puedan restringir de forma significativa la competencia efectiva o reducir sustancialmente la competencia, en particular como resultado de la creación o el refuerzo de una posición dominante, se declararán incompatibles, en la medida en que afecten al comercio entre la Unión y el Reino Unido, salvo que se ofrezcan o impongan medidas correctoras que disipen adecuadamente las reservas percibidas en lo que respecta a la competencia.
Artículo 20
Empresas públicas, empresas a las que se han concedido derechos o privilegios especiales o exclusivos y monopolios designados
1. En el caso de empresas públicas y de empresas a las que los Estados miembros o el Reino Unido concedan derechos especiales o exclusivos, la Unión y el Reino Unido velarán por que no se adopte ni se mantenga en vigor ninguna medida contraria a las normas de los artículos 17, 18 y 19.
2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los artículos 17, 18 y 19, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las funciones específicas a ellas confiadas. El desarrollo de los intercambios comerciales no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria a los intereses de la Unión y del Reino Unido.
Artículo 21
Interpretación
La Unión y el Reino Unido pondrán en ejecución y aplicarán los artículos 17 a 20 del presente anexo, en la medida en que reflejan conceptos del Derecho de la Unión, usando como fuentes de interpretación los criterios extraídos de la aplicación de los artículos 101, 102 y 106 del TFUE, así como todos los actos pertinentes adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, inclusive marcos, directrices, informes y otros actos aplicables en la Unión.
Artículo 22
Ejecución
1. La Unión y el Reino Unido adoptarán todas las medidas adecuadas para garantizar que sus respectivas normas en materia de competencia regulen de manera eficaz todas las prácticas enumeradas en los artículos 17 a 20.
En particular, el Reino Unido adoptará o mantendrá unas normas de competencia que regulen, de manera eficaz, todas las prácticas enumeradas en los artículos 17 a 20.
2. La Unión y el Reino Unido garantizarán el cumplimiento de las normas a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, en sus respectivos territorios.
A los efectos del párrafo primero, el Reino Unido creará o mantendrá una o más autoridades operativamente independientes (en lo sucesivo, «autoridad independiente»). La autoridad independiente contará con las garantías necesarias de independencia respecto de la influencia política o externa de cualquier otro tipo y estará capacitada para ejercer sus funciones y facultades con imparcialidad. Estará adecuadamente dotada de todas las facultades y los recursos necesarios para la plena aplicación y la garantía efectiva del cumplimiento de las normas en materia de competencia a que se refiere el apartado 1.
3. El Reino Unido aplicará las normas en materia de competencia a que se refiere el apartado 1 de forma transparente y no discriminatoria, respetando los principios de equidad procedimental y los derechos de defensa de las empresas de que se trate, con independencia de su nacionalidad o su estado en relación con la propiedad.
Artículo 23
Cooperación
1. Con el fin de reforzar la garantía del cumplimiento de una competencia efectiva, la Unión y el Reino Unido reconocen que redunda en su interés común fomentar la cooperación en lo que respecta al desarrollo de la política de competencia y la investigación de los asuntos antimonopolio y sobre fusiones.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido se esforzarán al máximo para coordinar, cuando sea posible y adecuado, sus actividades de garantía del cumplimiento en relación con el mismo asunto o asuntos conexos.
3. Para facilitar la cooperación a que se refiere el apartado 1, las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido podrán intercambiar información.
4. En la ejecución de los objetivos del presente artículo, la Unión y el Reino Unido, o las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido, podrán celebrar un acuerdo separado o acordar un marco separado en relación con la cooperación entre las autoridades de competencia.
Artículo 24
Supervisión y solución de controversias
1. Teniendo en cuenta que en la Unión el cumplimiento efectivo está garantizado por la Comisión y el Tribunal de Justicia actuando con arreglo a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento efectivo de las disposiciones de los artículos 17 a 20 y no reducirá la eficacia de la garantía pública y privada del cumplimiento de sus leyes, reglamentos y prácticas en materia de competencia. En particular, el Reino Unido garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz y oportuna frente a las vulneraciones, e introducirá medidas correctoras eficaces, incluidas medidas provisionales, que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
2. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de los artículos 16 a 23 del presente anexo.
SEXTA PARTE
EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO, EMPRESAS A LAS QUE SE HAN CONCEDIDO DERECHOS Y PRIVILEGIOS ESPECIALES Y MONOPOLIOS DESIGNADOS
Artículo 25
Regulación neutra
1. La Unión y el Reino Unido respetarán y harán el mejor uso posible de las normas internacionales pertinentes, entre otras las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas.
2. Cualquier organismo de regulación o función de regulación que se cree o se mantenga en la Unión o en el Reino Unido:
será independiente de cualquiera de las empresas a las que regule y no será responsable ante ellas, con el fin de garantizar la efectividad de su función reguladora; y
actuará con imparcialidad en circunstancias similares con respecto a todas las empresas a las que regule.
3. La Unión y el Reino Unido garantizarán el cumplimiento de las leyes y reglamentos de forma coherente y no discriminatoria.
(1) Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
(3) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013; relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(4) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(5) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).
ANEXO 5
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 6, APARTADO 2, Y EL ARTÍCULO 10
1. Aspectos aduaneros generales (1)
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (2)
Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (3)
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (4)
2. Protección de los intereses financieros de la Unión
A efectos de la aplicación de los actos enumerados en esta sección, la correcta recaudación de los derechos de aduana por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte se considerará parte de la protección de los intereses financieros de la Unión.
Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (5)
Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6)
3. Estadísticas comerciales
Reglamento (CE) n.o 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3330/91 del Consejo (7)
Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1172/95 del Consejo (8)
4. Aspectos comerciales generales
Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.o 732/2008 del Consejo (9)
Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las exportaciones (10)
Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión (11)
Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (12)
Reglamento (CE) n.o 1215/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea (Balcanes Occidentales) (13)
Reglamento (UE) 2017/1566 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la introducción de medidas comerciales autónomas temporales para Ucrania que complementan las concesiones comerciales amparadas en el Acuerdo de Asociación (14)
Obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, o por Estados miembros actuando en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros actuando conjuntamente, en la medida en que estén relacionados con el comercio de mercancías entre la Unión y terceros países
5. Instrumentos de defensa comercial
Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (15)
Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (16)
Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (17)
Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (18)
Reglamento (UE) 2015/476 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, relativo a las medidas que podrá adoptar la Unión a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (19)
Reglamento (UE) 2015/477 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre las medidas que podrá tomar la Unión en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y las medidas de salvaguardia (20)
6. Reglamentos sobre salvaguardias bilaterales
Reglamento (UE) n.o 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 3286/94 del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (21)
Reglamento (UE) 2015/1145 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza (22)
Reglamento (UE) 2015/475 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Islandia (23)
Reglamento (UE) 2015/938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (24)
Reglamento (UE) n.o 332/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra (25)
Reglamento (UE) 2015/752 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (26)
Reglamento (UE) n.o 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra (27)
Reglamento (UE) n.o 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra (28)
Reglamento (UE) 2016/400 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se aplican la cláusula de salvaguardia y el mecanismo antielusión establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (29)
Reglamento (UE) 2016/401 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a la aplicación del mecanismo antielusión establecido en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra (30)
Reglamento (UE) 2015/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra (31)
Reglamento (UE) 2015/940 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra (32)
Reglamento (UE) 2015/939 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, sobre ciertos procedimientos para aplicar el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra (33)
Reglamento (UE) n.o 511/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Corea (34)
Reglamento (UE) 2017/355 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo (*1), por otra (35)
Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen acuerdos de asociación económica o conducen a su establecimiento (36)
7. Otros
Reglamento (CE) n.o 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (37)
8. Mercancías (disposiciones generales)
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (38), con excepción de las disposiciones sobre las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información
Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (39)
Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93 (40)
Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (41)
Reglamento (CE) n.o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión n.o 3052/95/CE (42)
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (43)
Reglamento (CE) n.o 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros (44)
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (45)
9. Vehículos de motor, incluidos tractores agrícolas o forestales
Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor (46)
Reglamento (UE) n.o 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE (47)
Directiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (48)
Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (49)
Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (50)
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (51)
Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (52)
Reglamento (CE) n.o 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE (53)
Reglamento (CE) n.o 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (54)
Reglamento (CE) n.o 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE (55)
Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (56)
Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (57)
Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (58)
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (59)
Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (60)
Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (61)
10. Aparatos elevadores y de manejo mecánico
Directiva 73/361/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (62)
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (63)
11. Aparatos de gas
Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos (64)
Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (65)
12. Recipientes a presión
Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los generadores aerosoles (66)
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo (67)
Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (68)
Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de los recipientes a presión simples (69)
13. Instrumentos de medida
Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico (70)
Directiva 75/107/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida (71)
Directiva 76/211/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el preacondicionamiento en masa o en volumen de ciertos productos en envases previamente preparados (72)
Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades de medida, y que deroga la Directiva 71/354/CEE (73)
Directiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo y se modifica la Directiva 76/211/CEE del Consejo (74)
Directiva 2011/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por la que se derogan las Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 86/217/CEE del Consejo, relativas a la metrología (75)
Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (76)
Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (77)
14. Productos de construcción, maquinaria, transportadores por cable, equipos de protección individual
Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (78)
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (79)
Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (80)
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (81)
Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1024/2012 y (UE) n.o 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Directiva 97/68/CE (82)
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (83)
15. Material eléctrico y equipos radioeléctricos
Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (84)
Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (85)
Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (86)
Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (87)
16. Textiles, calzado
Reglamento (UE) n.o 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (88)
Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor (89)
17. Cosméticos, juguetes
Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (90)
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (91)
18. Embarcaciones de recreo
Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (92)
19. Explosivos y artículos pirotécnicos
Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (93)
Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (94)
Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (95)
20. Medicamentos
Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (96)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en el párrafo segundo del artículo 2 y en el párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (97)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en los artículos 8, apartado 2, y 16 ter, apartado 1, de la Directiva, así como la referencia a la Unión en el párrafo segundo de su artículo 104, apartado 3, no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, con excepción de las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los medicamentos autorizados en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no se considerarán como medicamentos de referencia en la Unión.
Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (98), con excepción del artículo 36
Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (99)
Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (100)
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (101)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en el artículo 12, apartado 2, y en el párrafo segundo del artículo 74 de la Directiva no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, con excepción de las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los medicamentos veterinarios autorizados en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no se considerarán como medicamentos de referencia en la Unión.
Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (102)
Artículo 13 de la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (103)
Capítulo IX del Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE (104)
Directiva 2009/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las materias que pueden añadirse a los medicamentos para su coloración (105)
Reglamento (UE) 2016/793 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (106)
21. Productos sanitarios
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (107)
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (108)
Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (109)
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (110)
Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (111)
22. Sustancias de origen humano
Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE (112)
Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (113)
Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante (114)
23. Sustancias y mezclas químicas y productos relacionados
Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos (115)
Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de buenas prácticas de laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas (116)
Directiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a la inspección y verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (117)
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (118)
Reglamento (CE) n.o 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (119)
Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (120)
Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (121)
Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1102/2008 (122)
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (123)
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (124)
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (125)
Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas (126)
24. Plaguicidas, biocidas
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (127)
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (128)
Se entenderá que la referencia a los Estados miembros en el artículo 43 del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (129)
Se entenderá que las referencias a los Estados miembros en los artículos 3, apartado 3, 15, apartado 1, y 28, apartado 4, así como en la letra g) del artículo 75, apartado 1, del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
25. Residuos
Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (130)
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (131)
Reglamento (UE) n.o 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE (132)
Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado (133)
26. Medio ambiente, eficiencia energética
Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (134)
Reglamento (CE) n.o 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura (135)
Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de miércoles, 25 de noviembre de 2009, sobre detergentes (136)
Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (137)
Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (138)
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE (139)
Reglamento (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (140)
Reglamento (CE) n.o 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (141)
Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 842/2006 (142)
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (143)
Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1102/2008 (144)
Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (145)
Reglamento (CEE) n.o 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel (146)
Reglamento (CE) n.o 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (147)
Reglamento (CE) n.o 1523/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohíbe la comercialización y la importación a la Comunidad, o exportación desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las contengan (148)
Directiva 83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a la importación en los Estados Miembros de pieles de determinadas crías de foca y productos derivados (149)
Reglamento (CE) n.o 106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos (150)
Reglamento (CE) n.o 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales (151)
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (152)
Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (153)
27. Equipos marinos
Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (154)
28. Transporte por ferrocarril
Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (155), por lo que respecta a las condiciones y las especificaciones técnicas necesarias para la puesta en el mercado, la entrada en servicio y la libre circulación de los productos ferroviarios
29. Alimentos (aspectos generales)
Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (156)
Se entenderá que la referencia a cualquier Estado miembro en el artículo 29, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (157)
Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (158)
30. Alimentos (higiene)
Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (159)
Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (160)
Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana (161)
31. Alimentos (ingredientes, trazas, residuos, normas de comercialización)
Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (162)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Reglamento (CE) n.o 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 258/97 (163)
Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (164)
Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 2232/96 y (CE) n.o 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE (165)
Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (166)
Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (167)
Reglamento (CE) n.o 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie (168)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Reglamento (CEE) n.o 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (169)
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1852/2001 de la Comisión (170)
Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión (171)
Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria (172)
Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (173)
Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel (174)
Directiva 2001/111/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana (175)
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (176)
Reglamento (CE) n.o 1295/2008 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la importación del lúpulo procedente de terceros países (177)
Reglamento (CE) n.o 1375/2007 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, sobre las importaciones de residuos de la fabricación de almidón de maíz procedentes de los Estados Unidos de América (178)
Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana (179)
Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana (180)
Directiva 2001/114/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana (181)
Directiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos destinados al consumo humano y por la que se deroga la Directiva 83/417/CEE del Consejo (182)
Capítulo IV del título V del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (183)
Sección 1 del capítulo I del título II de la parte II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (184)
32. Material en contacto con alimentos
Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (185)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (186)
33. Alimentos (otros)
Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (187)
Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa al establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (188)
Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes (189)
Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (190)
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (191)
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (192)
Reglamento (Euratom) 2016/52 del Consejo, de 15 de enero de 2016, por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica, y se derogan el Reglamento (Euratom) n.o 3954/87 del Consejo y los Reglamentos (Euratom) n.o 944/89 y (Euratom) n.o 770/90 de la Comisión (193)
Reglamento (CE) n.o 733/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil (194)
34. Piensos (productos e higiene)
Reglamento (CE) n.o 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la comercialización y la utilización de los piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 y se derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del Consejo y la Decisión 2004/217/CE de la Comisión (195)
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (196)
Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (197)
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en el punto 6 del anexo II del Reglamento no se aplican al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en la Comunidad (198)
Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos (199)
35. Organismos modificados genéticamente
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (200), con excepción del párrafo segundo del artículo 32
Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Se entenderá que las referencias a un Estado miembro en el artículo 10, apartado 1, y en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE (201)
Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente (202)
Parte C de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (203)
36. Animales vivos, material reproductivo y productos de origen animal
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (204)
Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (205)
Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina (206)
Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros países (207)
Directiva 2009/158/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países (208)
Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE (209)
Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie bovina (210)
Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (211)
Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina (212)
Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el capítulo I del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (213)
Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (214)
Directiva 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la que se establecen normas zoosanitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados vivos, se modifican las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directiva 72/462/CEE (215)
Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano (216)
Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003 (217)
Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (218)
37. Control de las enfermedades animales, control de las zoonosis
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (219)
Directiva 77/391/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por la que se establece una acción de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis de los bovinos (220)
Directiva 78/52/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1977, por la que se establecen los criterios comunitarios aplicables a los planes nacionales de erradicación acelerada de la brucelosis, de la tuberculosis y la leucosis enzoótica de los bovinos (221)
Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa por la que se derogan la Directiva 85/511/CEE y las Decisiones 89/531/CEE y 91/665/CEE y se modifica la Directiva 92/46/CEE (222)
Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE (223)
Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica (224)
Directiva 92/35/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1992, por la que se establecen las normas de control y las medidas de lucha contra la peste equina (225)
Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de 2002, por la que se establecen disposiciones específicas de lucha contra la peste porcina africana y se modifica, en lo que se refiere a la enfermedad de Teschen y a la peste porcina africana, la Directiva 92/119/CEE (226)
Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos (227)
Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle (228)
Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina (229)
Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo (230)
Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina (231)
38. Identificación de los animales
Reglamento (CE) n.o 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (232)
Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 820/97 del Consejo (233)
Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la identificación y al registro de cerdos (234)
39. Cría de animales
Artículo 37 y artículo 64, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal («Reglamento sobre cría animal») (235)
40. Bienestar de los animales
Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.o 1255/97 (236)
Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (237)
41. Fitosanidad
Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (238)
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 228/2013, (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo (239)
42. Materiales de reproducción vegetal
Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de cereales (240)
Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (241)
Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción (242)
Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas (243)
Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las semillas de remolacha (244)
Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la comercialización de semillas de plantas hortícolas (245)
Directiva 2002/56/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de patatas de siembra (246)
Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles (247)
Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola (248)
43. Controles oficiales, controles veterinarios
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (249)
Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (250)
Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (251)
Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (252)
Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (253)
Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior (254)
Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (255)
44. Medidas sanitarias y fitosanitarias (otros)
Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE (256)
Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE (257)
45. Propiedad intelectual
Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (258)
Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (259)
Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo (260)
Secciones 2 y 3 del capítulo I del título II de la parte II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (261)
Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1383/2003 del Consejo (262)
46. Pesca y acuicultura
Reglamento (CEE) n.o 3703/85 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1985, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de comercialización para determinados pescados frescos o refrigerados (263)
Reglamento (CEE) n.o 2136/89 del Consejo, de 21 de junio de 1989, por el que se establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas y de productos tipo sardina (264)
Reglamento (CEE) n.o 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que se aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de atún y de bonito (265)
Reglamento (CE) n.o 2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros (266)
Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (267), en lo que se refiere a las disposiciones sobre tamaños mínimos de los organismos marinos
Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006, en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización (268)
Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (269), en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización e información de los consumidores
Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (270), en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura
Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1936/2001 y (CE) n.o 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1093/94 y (CE) n.o 1447/1999 (271)
Reglamento (CE) n.o 1035/2001 del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establece un sistema de documentación para las capturas de Dissostichus spp. (272)
Reglamento (UE) n.o 640/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por el que se establece un programa de documentación de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1984/2003 del Consejo (273)
Reglamento (CE) n.o 1100/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea (274)
47. Otros
Parte III del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (275), con excepción del capítulo VI
Reglamento (CE) n.o 2964/95 del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, por el que se establece un registro en la Comunidad de las importaciones y entregas de petróleo crudo (276)
Reglamento (CE) n.o 2182/2004 del Consejo, de 6 de diciembre de 2004, sobre medallas y fichas similares a monedas de euro (277)
Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (278)
Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (279)
Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales (280)
Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 (281)
Directiva 69/493/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1969, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre vidrio cristal (282)
Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (283)
Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (284)
Reglamento (UE) n.o 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la falsificación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y por el que se establecen autorizaciones de exportación y medidas de importación y tránsito para las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (285)
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (286)
Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (287)
Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto (288)
Medidas restrictivas vigentes basadas en el artículo 215 del TFUE, en tanto que estén relacionadas con el comercio de mercancías entre la Unión y terceros países
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(3) DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.
(4) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(5) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(6) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(7) DO L 102 de 7.4.2004, p. 1.
(8) DO L 152 de 16.6.2009, p. 23.
(9) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.
(10) DO L 83 de 27.3.2015, p. 34.
(11) DO L 160 de 25.6.2015, p. 1.
(12) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(13) DO L 328 de 15.12.2009, p. 1.
(14) DO L 254 de 30.9.2017, p. 1.
(15) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(16) DO L 176 de 30.6.2016, p. 55.
(17) DO L 83 de 27.3.2015, p. 16.
(18) DO L 123 de 19.5.2015, p. 33.
(19) DO L 83 de 27.3.2015, p. 6.
(20) DO L 83 de 27.3.2015, p. 11.
(21) DO L 189 de 27.6.2014, p. 50.
(22) DO L 191 de 17.7.2015, p. 1.
(23) DO L 83 de 27.3.2015, p. 1.
(24) DO L 160 de 25.6.2015, p. 57.
(25) DO L 103 de 5.4.2014, p. 10.
(26) DO L 123 de 19.5.2015, p. 16.
(27) DO L 17 de 19.1.2013, p. 1.
(28) DO L 17 de 19.1.2013, p. 13.
(29) DO L 77 de 23.3.2016, p. 53.
(30) DO L 77 de 23.3.2016, p. 62.
(31) DO L 160 de 25.6.2015, p. 76.
(32) DO L 160 de 25.6.2015, p. 69.
(33) DO L 160 de 25.6.2015, p. 62.
(34) DO L 145 de 31.5.2011, p. 19.
(*1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(35) DO L 57 de 3.3.2017, p. 59.
(36) DO L 185 de 8.7.2016, p. 1.
(37) DO L 157 de 9.6.2006, p. 1.
(38) DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.
(39) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(40) DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
(41) DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
(42) DO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
(43) DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
(44) DO L 337 de 12.12.1998, p. 8.
(45) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.
(46) DO L 42 de 23.2.1970, p. 16.
(47) DO L 158 de 27.5.2014, p. 131.
(48) DO L 310 de 25.11.2005, p. 10.
(49) DO L 161 de 14.6.2006, p. 12.
(50) DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.
(51) DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.
(52) DO L 151 de 14.6.2018, p. 1.
(53) DO L 35 de 4.2.2009, p. 1.
(54) DO L 200 de 31.7.2009, p. 1.
(55) DO L 35 de 4.2.2009, p. 32.
(56) DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
(57) DO L 60 de 2.3.2013, p. 52.
(58) DO L 123 de 19.5.2015, p. 77.
(59) DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
(60) DO L 145 de 31.5.2011, p. 1.
(61) DO L 60 de 2.3.2013, p. 1.
(62) DO L 335 de 5.12.1973, p. 51.
(63) DO L 96 de 29.3.2014, p. 251.
(64) DO L 167 de 22.6.1992, p. 17.
(65) DO L 81 de 31.3.2016, p. 99.
(66) DO L 147 de 9.6.1975, p. 40.
(67) DO L 165 de 30.6.2010, p. 1.
(68) DO L 189 de 27.6.2014, p. 164.
(69) DO L 96 de 29.3.2014, p. 45.
(70) DO L 106 de 28.4.2009, p. 7.
(71) DO L 42 de 15.2.1975, p. 14.
(72) DO L 46 de 21.2.1976, p. 1.
(73) DO L 39 de 15.2.1980, p. 40.
(74) DO L 247 de 21.9.2007, p. 17.
(75) DO L 71 de 18.3.2011, p. 1.
(76) DO L 96 de 29.3.2014, p. 107.
(77) DO L 96 de 29.3.2014, p. 149.
(78) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(79) DO L 81 de 31.3.2016, p. 51.
(80) DO L 81 de 31.3.2016, p. 1.
(81) DO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
(82) DO L 252 de 16.9.2016, p. 53.
(83) DO L 162 de 3.7.2000, p. 1.
(84) DO L 96 de 29.3.2014, p. 79.
(85) DO L 96 de 29.3.2014, p. 309.
(86) DO L 96 de 29.3.2014, p. 357.
(87) DO L 153 de 22.5.2014, p. 62.
(88) DO L 272 de 18.10.2011, p. 1.
(89) DO L 100 de 19.4.1994, p. 37.
(90) DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
(91) DO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
(92) DO L 354 de 28.12.2013, p. 90.
(93) DO L 96 de 29.3.2014, p. 1.
(94) DO L 178 de 28.6.2013, p. 27.
(95) DO L 39 de 9.2.2013, p. 1.
(96) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
(97) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(98) DO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
(99) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
(100) DO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
(101) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(102) DO L 152 de 16.6.2009, p. 11.
(103) DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
(104) DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.
(105) DO L 109 de 30.4.2009, p. 10.
(106) DO L 135 de 24.5.2016, p. 39.
(107) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
(108) DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
(109) DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
(110) DO L 117 de 5.5.2017, p. 1.
(111) DO L 117 de 5.5.2017, p. 176.
(112) DO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
(113) DO L 102 de 7.4.2004, p. 48.
(114) DO L 207 de 6.8.2010, p. 14.
(115) DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.
(116) DO L 50 de 20.2.2004, p. 44.
(117) DO L 50 de 20.2.2004, p. 28.
(118) DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.
(119) DO L 104 de 8.4.2004, p. 1.
(120) DO L 158 de 30.4.2004, p. 7.
(121) DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.
(122) DO L 137 de 24.5.2017, p. 1.
(123) DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.
(124) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(125) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(126) DO L 47 de 18.2.2004, p. 1.
(127) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(128) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
(129) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(130) DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.
(131) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.
(132) DO L 330 de 10.12.2013, p. 1.
(133) DO L 337 de 5.12.2006, p. 21.
(134) DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.
(135) DO L 168 de 28.6.2007, p. 1.
(136) DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
(137) DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
(138) DO L 107 de 25.4.2015, p. 26.
(139) DO L 143 de 30.4.2004, p. 87.
(140) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(141) DO L 347 de 30.12.2005, p. 1.
(142) DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.
(143) DO L 286 de 31.10.2009, p. 1.
(144) DO L 137 de 24.5.2017, p. 1.
(145) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
(146) DO L 308 de 9.11.1991, p. 1.
(147) DO L 286 de 31.10.2009, p. 36.
(148) DO L 343 de 27.12.2007, p. 1.
(149) DO L 91 de 9.4.1983, p. 30.
(150) DO L 39 de 13.2.2008, p. 1.
(151) DO L 342 de 22.12.2009, p. 46.
(152) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(153) DO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
(154) DO L 257 de 28.8.2014, p. 146.
(155) DO L 138 de 26.5.2016, p. 44.
(156) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(157) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(158) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(159) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55.
(160) DO L 139 de 30.4.2004, p. 1.
(161) DO L 40 de 11.2.1989, p. 34.
(162) DO L 354 de 31.12.2008, p. 1.
(163) DO L 354 de 31.12.2008, p. 7.
(164) DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.
(165) DO L 354 de 31.12.2008, p. 34.
(166) DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.
(167) DO L 404 de 30.12.2006, p. 26.
(168) DO L 309 de 26.11.2003, p. 1.
(169) DO L 37 de 13.2.1993, p. 1.
(170) DO L 327 de 11.12.2015, p. 1.
(171) DO L 181 de 29.6.2013, p. 35.
(172) DO L 66 de 13.3.1999, p. 26.
(173) DO L 197 de 3.8.2000, p. 19.
(174) DO L 10 de 12.1.2002, p. 47.
(175) DO L 10 de 12.1.2002, p. 53.
(176) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
(177) DO L 340 de 19.12.2008, p. 45.
(178) DO L 307 de 24.11.2007, p. 5.
(179) DO L 10 de 12.1.2002, p. 58.
(180) DO L 10 de 12.1.2002, p. 67.
(181) DO L 15 de 17.1.2002, p. 19.
(182) DO L 314 de 1.12.2015, p. 1.
(183) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
(184) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(185) DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.
(186) DO L 277 de 20.10.1984, p. 12.
(187) DO L 66 de 13.3.1999, p. 16.
(188) DO L 66 de 13.3.1999, p. 24.
(189) DO L 141 de 6.6.2009, p. 3.
(190) DO L 164 de 26.6.2009, p. 45.
(191) DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.
(192) DO L 150 de 14.6.2018, p. 1.
(193) DO L 13 de 20.1.2016, p. 2.
(194) DO L 201 de 30.7.2008, p. 1.
(195) DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.
(196) DO L 140 de 30.5.2002, p. 10.
(197) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(198) DO L 92 de 7.4.1990, p. 42.
(199) DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.
(200) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(201) DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.
(202) DO L 287 de 5.11.2003, p. 1.
(203) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(204) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(205) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(206) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19.
(207) DO L 192 de 23.7.2010, p. 1.
(208) DO L 343 de 22.12.2009, p. 74.
(209) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
(210) DO L 194 de 22.7.1988, p. 10.
(211) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1.
(212) DO L 224 de 18.8.1990, p. 62.
(213) DO L 62 de 15.3.1993, p. 49.
(214) DO L 328 de 24.11.2006, p. 14.
(215) DO L 139 de 30.4.2004, p. 321.
(216) DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
(217) DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.
(218) DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
(219) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
(220) DO L 145 de 13.6.1977, p. 44.
(221) DO L 15 de 19.1.1978, p. 34.
(222) DO L 306 de 22.11.2003, p. 1.
(223) DO L 10 de 14.1.2006, p. 16.
(224) DO L 316 de 1.12.2001, p. 5.
(225) DO L 157 de 10.6.1992, p. 19.
(226) DO L 192 de 20.7.2002, p. 27.
(227) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1.
(228) DO L 260 de 5.9.1992, p. 1.
(229) DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
(230) DO L 325 de 12.12.2003, p. 31.
(231) DO L 327 de 22.12.2000, p. 74.
(232) DO L 5 de 9.1.2004, p. 8.
(233) DO L 204 de 11.8.2000, p. 1.
(234) DO L 213 de 8.8.2008, p. 31.
(235) DO L 171 de 29.6.2016, p. 66.
(236) DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
(237) DO L 303 de 18.11.2009, p. 1.
(238) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(239) DO L 317 de 23.11.2016, p. 4.
(240) DO 125 de 11.7.1966, p. 2309.
(241) DO L 93 de 17.4.1968, p. 15.
(242) DO L 11 de 15.1.2000, p. 17.
(243) DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.
(244) DO L 193 de 20.7.2002, p. 12.
(245) DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.
(246) DO L 193 de 20.7.2002, p. 60.
(247) DO L 193 de 20.7.2002, p. 74.
(248) DO L 267 de 8.10.2008, p. 8.
(249) DO L 95 de 7.4.2017, p. 1.
(250) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
(251) DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.
(252) DO L 268 de 24.9.1991, p. 56.
(253) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(254) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(255) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(256) DO L 125 de 23.5.1996, p. 3.
(257) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
(258) DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
(259) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(260) DO L 84 de 20.3.2014, p. 14.
(261) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(262) DO L 181 de 29.6.2013, p. 15.
(263) DO L 351 de 28.12.1985, p. 63.
(264) DO L 212 de 22.7.1989, p. 79.
(265) DO L 163 de 17.6.1992, p. 1.
(266) DO L 334 de 23.12.1996, p. 1.
(267) DO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
(268) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(269) DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
(270) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(271) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
(272) DO L 145 de 31.5.2001, p. 1.
(273) DO L 194 de 24.7.2010, p. 1.
(274) DO L 248 de 22.9.2007, p. 17.
(275) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(276) DO L 310 de 22.12.1995, p. 5.
(277) DO L 373 de 21.12.2004, p. 1.
(278) DO L 309 de 25.11.2005, p. 9.
(279) DO L 127 de 29.4.2014, p. 1.
(280) DO L 39 de 10.2.2009, p. 1.
(281) DO L 159 de 28.5.2014, p. 1.
(282) DO L 326 de 29.12.1969, p. 36.
(283) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
(284) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.
(285) DO L 94 de 30.3.2012, p. 1.
(286) DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
(287) DO L 200 de 30.7.2005, p. 1.
(288) DO L 358 de 31.12.2002, p. 28.
ANEXO 6
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9
1. Impuesto sobre el valor añadido (1)
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (2)
Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (3)
Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (4)
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (5)
Decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (6)
Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes de terceros países (7)
Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (8)
Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa a las franquicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de terceros países (9)
Obligaciones derivadas del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (10)
Obligaciones derivadas del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (11)
2. Impuestos especiales
Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (12)
Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2073/2004 (13)
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (14)
Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (15)
Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (16)
Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco (17)
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (18)
Directiva 95/60/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa al marcado fiscal del gasóleo y del queroseno (19)
Decisión n.o 1152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (20)
Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes de terceros países (21)
Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa a las franquicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de terceros países (22)
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
(3) DO L 44 de 20.2.2008, p. 23.
(4) DO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
(5) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(6) DO L 326 de 21.11.1986, p. 40.
(7) DO L 346 de 29.12.2007, p. 6.
(8) DO L 292 de 10.11.2009, p. 5.
(9) DO L 286 de 17.10.2006, p. 15.
(10) DO L 195 de 1.8.2018, p. 1.
(11) DO L 46 de 17.2.2009, p. 8.
(12) DO L 9 de 14.1.2009, p. 12.
(13) DO L 121 de 8.5.2012, p. 1.
(14) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(15) DO L 316 de 31.10.1992, p. 21.
(16) DO L 316 de 31.10.1992, p. 29.
(17) DO L 176 de 5.7.2011, p. 24.
(18) DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
(19) DO L 291 de 6.12.1995, p. 46.
(20) DO L 162 de 1.7.2003, p. 5.
(21) DO L 346 de 29.12.2007, p. 6.
(22) DO L 286 de 17.10.2006, p. 15.
ANEXO 7
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11
Los actos siguientes se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte en la medida en que se apliquen a la generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, comercio de electricidad al por mayor o intercambios transfronterizos de electricidad.
Las disposiciones relativas a los mercados minoristas y a la protección de los consumidores no se aplicarán. Las referencias a una disposición de otro acto de la Unión en los actos enumerados en el presente anexo no harán aplicable la disposición referida, cuando no lo sea de otro modo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, salvo que se trate de una disposición que regule los mercados de electricidad al por mayor, que se aplique en Irlanda y que sea necesaria para el funcionamiento conjunto del mercado de electricidad al por mayor en Irlanda e Irlanda del Norte.
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (1)
Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (2)
Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (3)
Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (4)
Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (5)
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (6)
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (7)
(1) DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
(2) DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
(3) DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.
(4) DO L 33 de 4.2.2006, p. 22.
(5) DO L 326 de 8.12.2011, p. 1.
(6) DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
(7) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
ANEXO 8
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 12, APARTADO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLO Y EL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, DEL ANEXO 4
1. Normas sobre ayudas estatales contenidas en el TFUE (1)
Artículos 107, 108 y 109 del TFUE
Artículo 106 del TFUE, en la medida en que se refiere a las ayudas estatales
Artículo 93 del TFUE
2. Actos que se refieren al concepto de ayuda
Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal (2)
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (3)
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (4)
3. Reglamentos de exención por categorías
3.1 Reglamento de habilitación
Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (5)
3.2 Reglamento general de exención por categorías
Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (6)
3.3 Reglamentos sectoriales de exención por categorías
Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (7)
Reglamento (UE) n.o 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (8)
Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (9)
Comunicación de la Comisión relativa a directrices de interpretación del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (10)
Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (11)
3.4 Reglamentos sobre ayudas de minimis
Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (12)
Reglamento (UE) n.o 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (13)
Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (14)
Reglamento (UE) n.o 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (15)
4. Normas de procedimiento
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (16)
Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (17)
Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (18)
Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (19)
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (20)
Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (21)
Comunicación de la Comisión — Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales (22)
Comunicación de la Comisión C(2003) 4582, de 1 de diciembre de 2003, relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal (23)
5. Normas de compatibilidad
5.1 Proyectos importantes de interés común europeo
Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo (24)
5.2 Ayudas agrícolas
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (25)
5.3 Ayudas a la pesca y la acuicultura
Comunicación de la Comisión — Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (26)
5.4 Ayudas de finalidad regional
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (27)
5.5 Ayudas de investigación y desarrollo e innovación
Comunicación de la Comisión — Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (28)
5.6 Ayudas de capital riesgo
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo (29)
5.7 Ayudas de salvamento y reestructuración
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (30)
5.8 Ayudas de formación
Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de ayudas estatales de formación sujetas a notificación individual (31)
5.9 Ayudas para el empleo
Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de las ayudas estatales para el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados sujetas a notificación individual (32)
5.10 Normas temporales de respuesta a la crisis económica y financiera
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera (33)
Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (34)
Comunicación de la Comisión sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (35)
5.11 Seguro de crédito a la exportación
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (36)
5.12 Energía y medio ambiente
5.12.1 Medio ambiente y energía
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (37)
Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero pos-2012 (38)
5.12.2 Electricidad (costes de transición a la competencia)
Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia (39)
5.12.3 Carbón
Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (40)
5.13 Industrias básicas y sector manufacturero (siderurgia)
Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (41)
5.14 Servicios postales
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales (42)
5.15 Sector audiovisual, radiodifusión y banda ancha
5.15.1 Producción audiovisual
Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (43)
5.15.2 Radiodifusión
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (44)
5.15.3 Banda ancha
Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (45)
5.16 Transportes e infraestructuras
Comunicación de la Comisión — Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias (46)
Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (47)
Comunicación de la Comisión por la que se ofrece orientación sobre las ayudas estatales que completan la financiación comunitaria para el lanzamiento de las autopistas del mar (48)
Comunicación de la Comisión que establece orientaciones sobre las ayudas estatales a las compañías de gestión naviera (49)
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas (50)
5.17 Servicios de interés económico general
Comunicación de la Comisión — Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (51)
6. Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas
Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (52)
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO C 262 de 19.7.2016, p. 1.
(3) DO C 8 de 11.1.2012, p. 4.
(4) DO C 155 de 20.6.2008, p. 10.
(5) DO L 248 de 24.9.2015, p. 1.
(6) DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
(7) DO L 193 de 1.7.2014, p. 1.
(8) DO L 369 de 24.12.2014, p. 37.
(9) DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.
(10) DO C 92 de 29.3.2014, p. 1.
(11) DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
(12) DO L 352 de 24.12.2013, p. 1.
(13) DO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
(14) DO L 352 de 24.12.2013, p. 9.
(15) DO L 190 de 28.6.2014, p. 45.
(16) DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.
(17) DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.
(18) DO C 272 de 15.11.2007, p. 4.
(19) DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.
(20) DO C 85 de 9.4.2009, p. 1.
(21) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.
(22) Pendiente de publicación en el DO.
(23) DO C 297 de 9.12.2003, p. 6.
(24) DO C 188 de 20.6.2014, p. 4.
(25) DO C 204 de 1.7.2014, p. 1.
(26) DO C 217 de 2.7.2015, p. 1.
(27) DO C 209 de 23.7.2013, p. 1.
(28) DO C 198 de 27.6.2014, p. 1.
(29) DO C 19 de 22.1.2014, p. 4.
(30) DO C 249 de 31.7.2014, p. 1.
(31) DO C 188 de 11.8.2009, p. 1.
(32) DO C 188 de 11.8.2009, p. 6.
(33) DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
(34) DO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
(35) DO C 195 de 19.8.2009, p. 9.
(36) DO C 392 de 19.12.2012, p. 1.
(37) DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.
(38) DO C 158 de 5.6.2012, p. 4.
(39) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_es.pdf.
(40) DO L 336 de 21.12.2010, p. 24.
(41) DO C 152 de 26.6.2002, p. 5.
(42) DO C 39 de 6.2.1998, p. 2.
(43) DO C 332 de 15.11.2013, p. 1.
(44) DO C 257 de 27.10.2009, p. 1.
(45) DO C 25 de 26.1.2013, p. 1.
(46) DO C 184 de 22.7.2008, p. 13.
(47) DO C 13 de 17.1.2004, p. 3.
(48) DO C 317 de 12.12.2008, p. 10.
(49) DO C 132 de 11.6.2009, p. 6.
(50) DO C 99 de 4.4.2014, p. 3.
(51) DO C 8 de 11.1.2012, p. 15.
(52) DO L 318 de 17.11.2006, p. 17.
ANEXO 9
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 12, APARTADO 2
El Comité Mixto determinará el nivel de ayuda anual global máximo exento inicial y el porcentaje mínimo inicial a que se refiere el artículo 12, apartado 2, teniendo en cuenta la información disponible más reciente. El nivel de ayuda anual global máximo exento inicial tomará como referencia la concepción del futuro régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como la media anual del importe total del gasto en que se incurra en Irlanda del Norte en virtud de la política agrícola común con arreglo al actual MFP 2014-2020. El porcentaje mínimo inicial tomará como referencia la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como el porcentaje en que el gasto total en virtud de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura según lo notificado para el período correspondiente.
El Comité Mixto ajustará el nivel de las ayudas y el porcentaje contemplados en el párrafo primero con la referencia de la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido a cualquier variación en el importe total de ayudas disponible en virtud de la política agrícola común en la Unión en cada futuro marco financiero plurianual.
Si el Comité Mixto no determina el nivel inicial de la ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo primero, o no ajusta el nivel de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo segundo, a más tardar al final del período transitorio o en el plazo de un año desde la entrada en vigor de un futuro marco financiero plurianual, según proceda, la aplicación del artículo 12, apartado 2, se suspenderá hasta que el Comité Mixto haya determinado o ajustado el nivel de la ayuda y el porcentaje.
ANEXO 10
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 18, APARTADO 3
Cuando la Unión o el Reino Unido contemplen la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia en virtud del artículo 18, apartado 1, del presente Protocolo, lo notificarán sin demora a la Unión o al Reino Unido, según proceda, a través del Comité Mixto, facilitando toda la información pertinente.
La Unión y el Reino Unido celebrarán consultas de inmediato en el seno del Comité Mixto a fin de encontrar una solución aceptable para ambas partes.
La Unión o el Reino Unido, según proceda, no podrán adoptar medidas de salvaguardia hasta que haya transcurrido un mes desde la fecha de la notificación prevista en el punto 1, a menos que el procedimiento de consulta contemplado en el punto 2 haya concluido antes de la expiración de dicho plazo. Si, por circunstancias excepcionales que requieran una intervención inmediata, resulta imposible efectuar un examen previo, la Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán aplicar inmediatamente las medidas de protección estrictamente necesarias para solucionar la situación.
La Unión o en el Reino Unido, según proceda, notificarán sin demora las medidas adoptadas al Comité Mixto, facilitando toda la información pertinente.
Las medidas de salvaguardia que se adopten serán objeto de consultas en el Comité Mixto cada tres meses a partir de la fecha de su adopción, con vistas a su supresión antes de la fecha de expiración prevista o a la limitación de su ámbito de aplicación. La Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán pedir en todo momento al Comité Mixto la revisión de tales medidas.
Los puntos 1 a 5 se aplicarán, mutatis mutandis, a las medidas de reequilibrio a que se refiere el artículo 18, apartado 2, del presente Protocolo.
PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS DE SOBERANÍA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN CHIPRE
La Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO que la Declaración común relativa a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, aneja al Acta final del Tratado relativo a la adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas, estipulaba que el régimen aplicable a las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre se definiría en el contexto de un eventual acuerdo entre la Comunidad y la República de Chipre,
CONFIRMANDO que el régimen aplicable a las relaciones entre la Unión y las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión debe seguir estando definido en el marco de la pertenencia de la República de Chipre a la Unión,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones relativas a las zonas de soberanía del Reino Unido en Akrotiri y Dhekelia (en lo sucesivo, «zonas de soberanía») establecidas en el Tratado relativo al establecimiento de la República de Chipre y el Canje de Notas conexo, de 16 de agosto de 1960 (en lo sucesivo, «Tratado de establecimiento»),
CONFIRMANDO que la retirada del Reino Unido de la Unión no debe afectar a los derechos y obligaciones de la República de Chipre en virtud del Derecho de la Unión ni a los derechos y obligaciones de las Partes del Tratado de establecimiento,
RECORDANDO que, desde la fecha de adhesión de la República de Chipre a la Unión, el Derecho de la Unión se aplica en las zonas de soberanía únicamente en la medida que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.o 3 relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca y las adaptaciones de los Tratados constitutivos de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 3»),
TOMANDO NOTA del Canje de Notas entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la República de Chipre relativo a la administración de las zonas de soberanía, de 16 de agosto de 1960, así como de la Declaración del Gobierno del Reino Unido, aneja al mismo, según la cual uno de los principales objetivos que han de lograrse es la protección de los intereses de las personas que residen o trabajan en las zonas de soberanía, y considerando, en este contexto, que dichas personas deberían recibir, en la medida de lo posible, el mismo trato que las personas que residen o trabajan en la República de Chipre,
TOMANDO NOTA del compromiso asumido por el Reino Unido de preservar la aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud del Tratado de establecimiento por el cual las autoridades de la República de Chipre administran una amplia gama de servicios públicos en las zonas de soberanía, inclusive en los ámbitos de la agricultura, las aduanas y la fiscalidad,
CONSIDERANDO que las zonas de soberanía deben seguir formando parte del territorio aduanero de la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
TOMANDO NOTA de las disposiciones del Tratado de establecimiento relativas al régimen aduanero entre las zonas de soberanía y la República de Chipre y, en particular, las de la parte I del anexo F de dicho Tratado,
TOMANDO NOTA del compromiso del Reino Unido de no establecer puestos aduaneros u otras barreras fronterizas entre las zonas de soberanía y la República de Chipre y de no establecer puertos marítimos o aeropuertos comerciales o civiles,
DESEANDO establecer un régimen adecuado para la consecución de los objetivos de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.o 3 tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
CONSIDERANDO que las disposiciones establecidas en el presente Protocolo deben velar por la correcta ejecución y aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión en relación con las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
CONSIDERANDO que es necesario establecer las disposiciones apropiadas en lo que se refiere a las franquicias aduaneras y exenciones de derechos e impuestos que pueden mantener las fuerzas armadas del Reino Unido y personal asociado tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
RECONOCIENDO que es necesario prever disposiciones específicas para los controles de personas y mercancías que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía, así como establecer las condiciones en las que las disposiciones correspondientes del Derecho de la Unión se aplican en la línea entre las zonas sobre las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo y la zona de soberanía de Dhekelia, tal como dispone actualmente el Protocolo n.o 10 sobre Chipre anejo al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 10»),
RECONOCIENDO que la cooperación entre la República de Chipre y el Reino Unido es esencial para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones establecidas en el presente Protocolo,
CONSIDERANDO que, en virtud de las disposiciones establecidas en el presente Protocolo, el Derecho de la Unión se aplicará a las zonas de soberanía en determinados ámbitos de actuación de la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
RECONOCIENDO las disposiciones particulares relativas a las personas que viven y trabajan en las zonas de soberanía en virtud del Tratado de establecimiento y la Declaración de 1960 y el objetivo de la aplicación coherente del Derecho de la Unión pertinente tanto en la República de Chipre como en las zonas de soberanía con el fin de apoyar a dichas disposiciones,
SEÑALANDO, a este respecto, que mediante el presente Protocolo el Reino Unido confía a la República de Chipre, en cuanto Estado miembro de la Unión, la responsabilidad de poner en ejecución y aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión en las zonas de soberanía de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo,
RECORDANDO que la República de Chipre es responsable de la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión en relación con las mercancías con origen o destino en las zonas de soberanía que entran o salen a través de puertos marítimos o aeropuertos de la República de Chipre,
SUBRAYANDO que las disposiciones establecidas en el presente Protocolo se entienden sin perjuicio de los artículos 1 y 2 del Tratado de establecimiento y de las posiciones de la República de Chipre y del Reino Unido al respecto,
CONSIDERANDO que el régimen establecido en el presente Protocolo tiene como única finalidad regular la situación especial de las zonas de soberanía y no debe aplicarse a ningún otro territorio ni servir de precedente,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»):
Artículo 1
Disposiciones generales
1. A efectos del presente Protocolo, las referencias al Reino Unido en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada se entenderán como referencias al Reino Unido en lo que se refiere a las zonas de soberanía. Los títulos I, II y III de la tercera parte y la sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 5, del Acuerdo de Retirada, las disposiciones del presente Protocolo relativas al Derecho de la Unión o a conceptos o disposiciones del mismo se interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 71 del Acuerdo de Retirada, además de las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la protección de datos personales aplicables a y en las zonas de soberanía en virtud del presente Protocolo, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680 se aplicarán en lo que respecta a los datos personales tratados en las zonas de soberanía en virtud del presente Protocolo.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, cuando el presente Protocolo haga referencia a un acto de la Unión, la referencia a dicho acto se entenderá hecha al acto modificado o sustituido. El presente apartado no se aplicará en relación con el artículo 4, apartados 3 y 10, del Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo (1), a los que se aplicará el artículo 10, apartado 2, del presente Protocolo.
5. Cuando la Unión considere, no obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo de Retirada, que el acceso total o parcial por el Reino Unido o por el Reino Unido respecto de las zonas de soberanía, según el caso, sea estrictamente necesario para que el Reino Unido pueda cumplir sus obligaciones en virtud del presente Protocolo, inclusive cuando dicho acceso sea necesario porque el acceso a la información pertinente no pueda facilitarse por otros medios prácticos, las referencias a los Estados miembros y las autoridades competentes de los Estados miembros en las disposiciones de Derecho de la Unión aplicables en virtud del presente Protocolo se entenderán hechas también al Reino Unido o al Reino Unido respecto de las zonas de soberanía, según el caso, en relación con el acceso a toda red, sistema de información o de datos creados con base en el Derecho de la Unión.
Artículo 2
Territorio aduanero de la Unión
1. Las zonas de soberanía, teniendo en cuenta el Tratado de establecimiento, formarán parte del territorio aduanero de la Unión. A tal efecto, las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de aduanas y la política comercial común, incluidas las disposiciones del Derecho de la Unión que prevén los controles aduaneros de mercancías específicas o para fines específicos, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
2. Las mercancías producidas por fabricantes de las zonas de soberanía y comercializadas en el territorio aduanero de la Unión se considerarán mercancías en libre circulación.
3. Todas las mercancías destinadas a ser utilizadas en las zonas de soberanía entrarán en la isla de Chipre a través de los aeropuertos y puertos marítimos civiles de la República de Chipre, y todos los trámites aduaneros, los controles aduaneros y la recaudación de los derechos de importación correspondientes a las mismas serán efectuados por las autoridades de la República de Chipre.
4. Todas las mercancías destinadas a la exportación saldrán de la isla de Chipre a través de los aeropuertos y puertos marítimos civiles de la República de Chipre, y todos los trámites aduaneros de exportación y los controles aduaneros correspondientes a las mismas serán efectuados por las autoridades de la República de Chipre.
5. Los controles aduaneros de los documentos y equipos a que se refiere el apartado 3 de la sección 11 del anexo C del Tratado de establecimiento se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de dicha sección.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, y con la única finalidad de apoyar el funcionamiento de las zonas de soberanía en cuanto bases militares, a la vista del Tratado de establecimiento, se aplicarán las siguientes disposiciones:
las siguientes mercancías podrán entrar a la isla de Chipre o salir de ella a través de un puerto marítimo o aeropuerto de las zonas de soberanía, siempre que las autoridades de las zonas de soberanía efectúen los trámites aduaneros, los controles aduaneros y la recaudación de los derechos de aduana correspondientes a dichas mercancías:
mercancías importadas o exportadas para fines oficiales o militares,
mercancías importadas o exportadas en el equipaje personal, exclusivamente para su uso personal, por personal del Reino Unido o en nombre de este, así como por otras personas que viajen por motivos de defensa u oficiales;
los paquetes enviados o recibidos por personal del Reino Unido o las personas a su cargo y transportados por el servicio de correos de las fuerzas británicas podrán entrar a la isla de Chipre o salir de ella a través de un puerto o aeropuerto de las zonas de soberanía con arreglo a las siguientes condiciones:
los paquetes entrantes dirigidos a personal del Reino Unido o a personas a su cargo deberán ser transportados en un contenedor cerrado y enviados tras su llegada a un puesto aduanero de la República de Chipre, de manera que las autoridades de la República de Chipre puedan llevar a cabo los trámites y controles aduaneros y la recaudación de los derechos de importación correspondientes a los productos,
los paquetes salientes enviados por personal del Reino Unido o personas a su cargo estarán supeditados a control aduanero por parte de las autoridades de las zonas de soberanía.
A los efectos del presente apartado, por «personal del Reino Unido o personas a su cargo» se entenderá las personas definidas en el apartado 1 de la parte I del anexo B del Tratado de establecimiento.
El Reino Unido compartirá la información pertinente con la República de Chipre con miras a cooperar estrechamente para prevenir la evasión de derechos e impuestos, incluido el contrabando.
7. Los artículos 34, 35 y 36 del TFUE y las demás disposiciones del Derecho de la Unión sobre mercancías, en particular las medidas adoptadas en virtud del artículo 114 del TFUE, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
8. Las mercancías procedentes de las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo deberán cruzar la línea entre estas zonas y la zona oriental de soberanía de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 866/2004.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Protocolo, el Reino Unido será responsable de la ejecución y la aplicación del Reglamento (CE) n.o 866/2004 en lo que se refiere a las zonas de soberanía de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento. El Reino Unido deberá invitar a las autoridades de la República de Chipre a tomar toda medida necesaria en materia veterinaria, fitosanitaria y de controles de seguridad alimentaria que se requiera en virtud de dicho Reglamento.
9. El Reino Unido será responsable de la ejecución y la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 1 en relación con las mercancías que lleguen a las zonas de soberanía o salgan de ellas de conformidad con el apartado 6.
El Reino Unido también será responsable de expedir todo permiso, autorización o certificado que sea necesario con respecto a las mercancías contempladas por el apartado 1 de la sección 5 del anexo F del Tratado de establecimiento.
10. La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 7.
Artículo 3
Fiscalidad
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos especiales y otras formas de fiscalidad indirecta adoptadas con arreglo al artículo 113 del TFUE se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
2. Las operaciones con origen o destino en las zonas de soberanía se considerarán operaciones con origen o destino en la República de Chipre a los efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), los impuestos especiales y otras formas de fiscalidad indirecta.
3. La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el presente artículo, también en lo tocante a la recaudación de los derechos y los impuestos pagaderos por las personas físicas o jurídicas civiles que residan o estén establecidas en las zonas de soberanía.
Artículo 4
Franquicias aduaneras
1. Las mercancías o servicios recibidos, adquiridos o importados para su uso por las fuerzas armadas del Reino Unido o el personal civil que las acompaña, o para el aprovisionamiento de sus comedores o cantinas, estarán exentos de derechos de aduana, IVA e impuestos especiales, a condición de que las personas de que se trate tengan derecho a dichas exenciones de conformidad con el Tratado de establecimiento. A este efecto, el Reino Unido expedirá certificados de exención previa aprobación por la República de Chipre en relación con los productos contemplados en el artículo 2, apartado 3.
2. Los derechos que recauden las autoridades del Reino Unido en las zonas de soberanía como consecuencia de la venta de las mercancías a que se refiere el apartado 1 se remitirán a las autoridades de la República de Chipre.
Artículo 5
Seguridad social
Con vistas a la continuidad de la protección de los derechos de las personas que residen o trabajan en el territorio de las zonas de soberanía, el Reino Unido y la República de Chipre acordarán nuevas medidas, en caso necesario, para garantizar la adecuada aplicación del artículo 4 del Protocolo n.o 3 después del final del período transitorio.
Artículo 6
Agricultura, pesca y normas veterinarias y fitosanitarias
Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de agricultura y pesca contenidas en el título III de la tercera parte del TFUE y los actos adoptados en virtud de tales disposiciones, así como las normas veterinarias y fitosanitarias adoptadas, en particular, en virtud del artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se hace referencia en el párrafo primero.
Artículo 7
Controles de las personas que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía
1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «fronteras exteriores de las zonas de soberanía» los límites marítimos y los aeropuertos y puertos marítimos de las zonas de soberanía, pero no sus límites terrestres ni marítimos con la República de Chipre. A reserva de lo dispuesto en el apartado 6, a los efectos de los apartados 2 y 7, se entenderá por «paso fronterizo» todo paso fronterizo autorizado por las autoridades competentes del Reino Unido para el cruce de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía.
2. El Reino Unido efectuará controles de las personas que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía. Dichos controles incluirán la comprobación de los documentos de viaje. Deberá someterse a todas las personas a un control de identidad, como mínimo, para verificar su identidad. El Reino Unido únicamente autorizará el cruce de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía por los pasos fronterizos.
3. Los nacionales de terceros países y los nacionales del Reino Unido solo podrán cruzar las fronteras exteriores de las zonas de soberanía si cumplen las siguientes condiciones:
estar en posesión de un documento de viaje válido;
estar en posesión de un visado válido para la República de Chipre, en caso de que dicho visado sea necesario;
dedicarse a una actividad relacionada con la defensa o ser miembros de la familia de una persona que se dedique a dicha actividad; y
no constituir una amenaza para la seguridad nacional.
El requisito establecido en la letra c) no se aplicará a los nacionales del Reino Unido que crucen el límite a que se refiere el apartado 6.
El Reino Unido únicamente podrá hacer excepciones a las condiciones a que se hace referencia en el párrafo primero por razones humanitarias, por razones de interés nacional o con objeto de cumplir sus obligaciones internacionales.
Se considerará que los miembros de una fuerza, del componente civil y las personas a su cargo, tal como se definen en el anexo C del Tratado de establecimiento, no precisan visado para la República de Chipre.
4. Todo solicitante de asilo que hubiere entrado por primera vez a la isla de Chipre desde fuera de la Unión por una de las zonas de soberanía será devuelto a las zonas de soberanía o readmitido en ellas a petición del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo.
La República de Chipre seguirá cooperando con el Reino Unido para idear métodos que permitan en la práctica respetar los derechos y subvenir a las necesidades de los solicitantes de asilo y de los migrantes ilegales que se hallen en las zonas de soberanía, teniendo presentes consideraciones humanitarias y de conformidad con la legislación aplicable de la administración de la zona de soberanía.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, no se realizarán controles sobre las personas en los límites terrestres y marítimos entre las zonas de soberanía y la República de Chipre.
6. El límite entre la zona de soberanía oriental y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo será tratado como parte de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía a efectos del presente artículo durante la vigencia de la suspensión de la aplicación del acervo en virtud del artículo 1 del Protocolo n.o 10. Dicho límite solo puede cruzarse por los pasos fronterizos de Strovilia y Pergamos. Con el acuerdo previo de las autoridades del Reino Unido y en cooperación con estas, la República de Chipre podrá adoptar otras medidas para luchar contra la migración ilegal con respecto a las personas que hayan cruzado dicho límite.
7. Las autoridades del Reino Unido se servirán de unidades móviles para vigilar las fronteras exteriores entre los pasos fronterizos, así como, fuera de su horario habitual, en los pasos de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía y del límite entre la zona de soberanía de Dhekelia y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo. Dicha vigilancia se efectuará de tal manera que disuada a las personas de evitar el control en los pasos fronterizos. Las autoridades del Reino Unido desplegarán un número suficiente de agentes debidamente cualificados para efectuar los controles y la vigilancia.
8. Las autoridades del Reino Unido mantendrán una cooperación permanente y estrecha con las autoridades de la República de Chipre con miras a la aplicación efectiva de los controles y la vigilancia a que se hace referencia en los apartados 6 y 7.
Artículo 8
Cooperación
La República de Chipre y el Reino Unido cooperarán para garantizar la aplicación efectiva del presente Protocolo, en particular en lo relativo a la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión o del Reino Unido. La República de Chipre y el Reino Unido podrán acordar nuevas medidas relativas a la aplicación de cualquier disposición del presente Protocolo. La República de Chipre informará a la Comisión Europea de todos esos acuerdos antes de su entrada en vigor.
Artículo 9
Comité especializado
1. El Comité especializado sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre establecido por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado») se encargará de:
facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad; y
formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo, en particular propuestas de modificación de las referencias al Derecho de la Unión contenidas en el presente Protocolo.
2. La Comisión Europea informará al Comité especializado de todo informe presentado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 866/2004 y consultará al Reino Unido en relación con toda propuesta de la Comisión de adoptar un acto por el que se modifique o sustituya dicho Reglamento si las zonas de soberanía se vieren afectadas.
Artículo 10
Comité Mixto
1. El Comité Mixto modificará toda referencia al Derecho de la Unión en el presente Protocolo a partir de una recomendación del Comité especializado.
2. Si se considera necesario a fin de mantener el buen funcionamiento del presente Protocolo, el Comité Mixto podrá, a partir de una recomendación del Comité especializado, adoptar todas las decisiones necesarias para sustituir, en relación con el presente Protocolo, las disposiciones a que se refiere el artículo 1, apartado 4.
3. El Comité Mixto podrá, a partir de una recomendación del Comité especializado, modificar el artículo 7, apartado 6, en relación con los pasos fronterizos indicados en dicha disposición.
Artículo 11
Aplicación del artículo 6 del Protocolo n.o 3 durante el período transitorio
No obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, las medidas adoptadas durante el período transitorio en virtud del artículo 6 del Protocolo n.o 3 no se aplicarán a ni en las zonas de soberanía.
Artículo 12
Supervisión y control de la aplicación
1. En relación con las zonas de soberanía y en relación con las personas físicas y jurídicas residentes o establecidas en el territorio de dichas zonas, las instituciones, órganos y organismos de la Unión dispondrán de las facultades que les confiere el Derecho de la Unión en relación con el presente Protocolo y las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en virtud de aquel. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente, tal como se establece en los Tratados a este respecto.
2. Los actos de las instituciones, órganos y organismos adoptados de conformidad con el apartado 1 producirán, con respecto a y en las zonas de soberanía, los mismos efectos jurídicos que producen en la Unión y sus Estados miembros.
Artículo 13
Responsabilidad de la ejecución
1. Salvo disposición en contrario del presente Protocolo, el Reino Unido será responsable de la ejecución y el cumplimiento del presente Protocolo en las zonas de soberanía. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las autoridades competentes del Reino Unido adoptarán la legislación nacional necesaria para dar efecto al presente Protocolo en las zonas de soberanía.
2. El Reino Unido conservará el derecho exclusivo a poner en ejecución y hacer cumplir el presente Protocolo respecto de sus propias autoridades o sobre bienes inmuebles que pertenezcan al Ministerio de Defensa del Reino Unido o estén ocupados por dicho Ministerio, así como toda competencia de acción coercitiva que requiera la facultad de acceder a una vivienda o la facultad de detención. El Reino Unido conservará otras competencias de acción coercitiva salvo disposición en contrario de la legislación a que se refiere el apartado 1.
3. La República de Chipre es responsable de la ejecución y el cumplimiento del presente Protocolo en las zonas de soberanía de conformidad con el artículo 2, apartado 10, y los artículos 3 y 6.
(1) Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre un régimen conforme al artículo 2 del Protocolo n.o 10 del Acta de Adhesión (DO L 161 de 30.4.2004, p. 128).
PROTOCOLO SOBRE GIBRALTAR
La Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO que el Reino Unido es responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar y que el Derecho de la Unión es aplicable a Gibraltar en la medida establecida en el Acta de adhesión de 1972 en virtud del artículo 355, apartado 3, del TFUE,
RECORDANDO que la aplicación del presente Protocolo debe llevarse a cabo de conformidad con los respectivos ordenamientos constitucionales del Reino de España y del Reino Unido,
RECORDANDO que, en virtud del artículo 50 del TUE, en relación con el artículo 106 bis del Tratado Euratom, y sujeto a las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), el Derecho de la Unión Europea y de la Euratom, en su totalidad, deja de aplicarse al Reino Unido y, por lo tanto, a Gibraltar, a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada,
CONSIDERANDO que es necesario garantizar una retirada ordenada de la Unión en lo que se refiere a Gibraltar,
DESTACANDO que la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión en lo que se refiere a Gibraltar implica que debe darse una respuesta adecuada a todo posible efecto negativo en las estrechas relaciones sociales y económicas entre Gibraltar y la zona circundante, en particular el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en el Reino de España,
TOMANDO NOTA del compromiso del Reino Unido en lo que atañe a Gibraltar para afrontar el pago de prestaciones de forma satisfactoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020,
CON EL FIN de seguir fomentando un desarrollo económico y social equilibrado en la zona, en particular en lo que se refiere a las condiciones laborales, y de seguir garantizando los niveles más elevados de protección del medio ambiente de conformidad con el Derecho de la Unión, así como de seguir reforzando la seguridad de los habitantes de la zona, en particular a través de la cooperación en materia policial y aduanera,
RECONOCIENDO los beneficios para el desarrollo económico de la zona resultantes de la libre circulación de personas en virtud del Derecho de la Unión, que seguirá aplicándose durante el período transitorio,
REAFIRMANDO en particular la ambición de proteger la salud pública, y destacando la necesidad de luchar contra las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas del tabaquismo,
DESTACANDO igualmente la necesidad de luchar contra el fraude y el contrabando y de proteger los intereses financieros de todas las partes interesadas,
SUBRAYANDO que el presente Protocolo se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido en relación con la soberanía y la jurisdicción,
TOMANDO NOTA de los Memorandos de Entendimiento celebrados entre el Reino de España y el Reino Unido el 29 de noviembre de 2018 en relación con los derechos de los ciudadanos, el tabaco y otros productos, la cooperación en materia de medio ambiente y la cooperación en materia policial y aduanera, así como el acuerdo alcanzado el 29 de noviembre de 2018 para celebrar un tratado en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo de Retirada:
Artículo 1
Derechos de los ciudadanos
1. El Reino de España (en lo sucesivo, «España») y el Reino Unido en lo que concierne a Gibraltar cooperarán estrechamente para preparar y respaldar la ejecución efectiva de la segunda parte del Acuerdo de Retirada sobre los derechos de los ciudadanos, que se aplica plenamente, entre otros, a los trabajadores fronterizos que residen en Gibraltar o en España, en particular en el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y que, en los artículos 24 y 25, establece derechos específicos para los trabajadores fronterizos.
2. A tal efecto, las autoridades competentes deberán, con periodicidad trimestral, intercambiar información actualizada de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada que residen en Gibraltar o en el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, incluidos, en particular, los trabajadores fronterizos.
3. España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro para el debate habitual entre las autoridades competentes para seguir la evolución de las cuestiones relativas al empleo y las condiciones laborales. Dicho Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Gibraltar, creado por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado»).
Artículo 2
Derecho sobre el transporte aéreo
El Derecho de la Unión en materia de transporte aéreo que no sea de aplicación al aeropuerto de Gibraltar antes del 30 de marzo de 2019 solo será aplicable a dicho aeropuerto a partir de la fecha que fije el Comité Mixto. El Comité Mixto adoptará la decisión al respecto una vez que el Reino Unido y España notifiquen que han alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre la utilización del aeropuerto de Gibraltar.
Artículo 3
Cuestiones fiscales y protección de los intereses financieros
1. España y el Reino Unido establecerán, con respecto a Gibraltar, las formas de cooperación necesarias para lograr la plena transparencia en materia fiscal y en relación con la protección de los intereses financieros de todas las partes interesadas, en particular mediante el establecimiento de un sistema reforzado de cooperación administrativa para la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de capitales y para resolver los conflictos relativos a la residencia fiscal.
2. Las normas internacionales del Grupo de los Veinte (G-20) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relativas a la buena gobernanza fiscal, la transparencia, el intercambio de información y las prácticas fiscales perjudiciales y, en particular, los criterios en materia de contenido económico fijados por el Foro de la OCDE sobre prácticas fiscales perjudiciales, se respetarán en Gibraltar, con vistas a la participación de Gibraltar en el marco integrador de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).
3. El Reino Unido velará por que su ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003, y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, adoptado en Seúl el 12 de noviembre de 2012, se amplíe a Gibraltar a más tardar el 30 de junio de 2020.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el Reino Unido velará por que un sistema de trazabilidad y de medidas de seguridad relativas a los productos del tabaco que sea equivalente a los requisitos y las normas del Derecho de la Unión, esté en vigor en Gibraltar a más tardar el 30 de junio de 2020. Dicho sistema deberá garantizar el acceso recíproco a la información sobre la trazabilidad de los cigarrillos en España y en Gibraltar.
4. Con el fin de impedir y desalentar el contrabando de productos sujetos a impuestos sobre consumos específicos o impuestos especiales, el Reino Unido velará por que esté en vigor en Gibraltar, en relación con el alcohol y la gasolina, un sistema tributario que tenga por objeto impedir las actividades fraudulentas relacionadas con esos productos.
Artículo 4
Protección del medio ambiente y pesca
España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro de debate habitual entre las autoridades competentes para cuestiones relativas en particular a la gestión de los residuos, la calidad del aire, la investigación científica y la pesca. Se invitará a la Unión a participar en las reuniones de dicho Comité de coordinación. Este Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado.
Artículo 5
Cooperación en materia policial y aduanera
España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro para el seguimiento y la coordinación entre las autoridades competentes en cuestiones relacionadas con la cooperación en materia policial y aduanera. Se invitará a la Unión a participar en las reuniones de dicho Comité de coordinación. Este Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado.
Artículo 6
Funciones del Comité especializado
Las funciones del Comité especializado serán las siguientes:
a) facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
b) debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad;
c) estudiar los informes de los comités de coordinación a que se refiere el presente Protocolo; y
d) formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo.
ANEXO I
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARTE I
DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
Legislación aplicable (serie A):
Decisión n.o A1, de 12 de junio de 2009, relativa al establecimiento de un procedimiento de diálogo y conciliación sobre la validez de los documentos, la determinación de la legislación aplicable y el abono de prestaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1);
Decisión n.o A2, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la legislación aplicable a los trabajadores desplazados y a los trabajadores por cuenta propia que trabajen temporalmente fuera del Estado competente (2);
Decisión n.o A3, de 17 de diciembre de 2009, relativa a la totalización de períodos ininterrumpidos de desplazamiento cubiertos al amparo del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo y del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Intercambio electrónico de datos (serie E):
Decisión n.o E2, de 3 de marzo de 2010, relativa a la instauración de un procedimiento de gestión de los cambios introducidos en los datos de los organismos definidos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo que se enumeran en el directorio electrónico que forma parte integrante de EESSI (4);
Decisión n.o E4, de 13 de marzo de 2014, relativa al período transitorio definido en el artículo 95 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);
Decisión n.o E5, de 16 de marzo de 2017, relativa a las disposiciones prácticas en relación con el período transitorio para el intercambio electrónico de datos contemplado en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
Prestaciones familiares (serie F):
Decisión n.o F1, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 68 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas de prioridad en caso de acumulación de prestaciones familiares (7);
Decisión n.o F2, de 23 de junio de 2015, sobre el intercambio de datos entre las instituciones a efectos de la concesión de prestaciones familiares (8).
Cuestiones horizontales (serie H):
Decisión n.o H1, de 12 de junio de 2009, relativa al marco para la transición de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72 del Consejo a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y a la aplicación de las Decisiones y Recomendaciones de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (9);
Decisión n.o H3, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (10);
Decisión n.o H4, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la composición y los métodos de trabajo de la Comisión de Cuentas de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (11);
Decisión n.o H5, de 18 de marzo de 2010, relativa a la cooperación en la lucha contra el fraude y el error en el marco del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Consejo y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social (12);
Decisión n.o H6, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la aplicación de determinados principios relacionados con la totalización de los períodos en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (13);
Decisión n.o H7, de 25 de junio de 2015, por la que se revisa la Decisión n.o H3, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (14);
Decisión n.o H8, de 17 de diciembre de 2015 (actualizada con ligeras aclaraciones técnicas el 9 de marzo de 2016), relativa a los métodos de funcionamiento y a la composición de la Comisión Técnica de Tratamiento de la Información de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (15);
Recomendación n.o H1, de 19 de junio de 2013, relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse también a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las ventajas de que disfrutan los propios nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado (16).
Pensiones (serie P):
Decisión n.o P1, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 50, apartado 4, el artículo 58 y el artículo 87, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que refiere a la concesión de prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia (17).
Cobro (serie R):
Decisión n.o R1, de 20 de junio de 2013, relativa a la interpretación del artículo 85 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (18).
Enfermedad (serie S):
Decisión n.o S1, de 12 de junio de 2009, relativa a la tarjeta sanitaria europea (19);
Decisión n.o S2, de 12 de junio de 2009, relativa a las características técnicas de la tarjeta sanitaria europea (20);
Decisión n.o S3, de 12 de junio de 2009, por la que se definen las prestaciones contempladas en el artículo 19, apartado 1, y el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en el artículo 25, sección A, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (21);
Decisión n.o S5, de 2 de octubre de 2009, para la interpretación del concepto de «prestaciones en especie» según se define en el artículo 1, letra v bis), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en caso de enfermedad o maternidad, de acuerdo con el artículo 17, el artículo 19, el artículo 20, el artículo 22, el artículo 24, apartado 1, el artículo 25, el artículo 26, el artículo 27, apartados 1, 3, 4 y 5, el artículo 28, el artículo 34 y el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004, así como para determinar los importes que se reembolsarán de conformidad con los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (22);
Decisión n.o S6, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la inscripción en el Estado miembro de residencia con arreglo al artículo 24 del Reglamento (CE) n.o 987/2009, y a la elaboración de los inventarios a que se refiere el artículo 64, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (23);
Decisión n.o S8, de 15 de junio de 2011, relativa a la concesión de prótesis, grandes aparatos u otras prestaciones en especie de gran importancia contempladas en el artículo 33 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (24);
Decisión n.o S9, de 20 de junio de 2013, relativa a los procedimientos de reembolso en aplicación de los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (25);
Decisión n.o S10, de 19 de diciembre de 2013, relativa a la transición de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72 a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 y a la aplicación de los procedimientos de reembolso (26);
Recomendación n.o S1, de 15 de marzo de 2012, relativa a los aspectos financieros de las donaciones transfronterizas de órganos en vida (27);
Recomendación n.o S2, de 22 de octubre de 2013, relativa al derecho a las prestaciones en especie para las personas aseguradas y los miembros de sus familias durante una estancia en un tercer país en virtud de un convenio bilateral entre el Estado miembro competente y el tercer país (28).
Desempleo (serie U):
Decisión n.o U1, de 12 de junio de 2009, relativa al artículo 54, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refiere a los complementos de prestaciones de desempleo por cargas familiares (29);
Decisión n.o U2, de 12 de junio de 2009, relativa al ámbito de aplicación del artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refiere al derecho a las prestaciones de desempleo de las personas en situación de desempleo total, que no sean trabajadores fronterizos, residentes en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro competente durante su último período de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia (30);
Decisión n.o U3, de 12 de junio de 2009, relativa al ámbito de aplicación del concepto «desempleo parcial» aplicable a las personas desempleadas a que se refiere el artículo 65, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (31);
Decisión n.o U4, de 13 de diciembre de 2011, relativa a los procedimientos de reembolso de acuerdo con el artículo 65, apartados 6 y 7, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el artículo 70 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (32);
Recomendación n.o U1, de 12 de junio de 2009, sobre la legislación aplicable a personas desempleadas que ejercen una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia (33);
Recomendación n.o U2, de 12 de junio de 2009, relativa a la aplicación del artículo 64, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, a desempleados que acompañen a su cónyuge o pareja de hecho que ejerza una actividad profesional en un Estado miembro distinto del Estado competente (34).
PARTE II
ACTOS PREVISTOS
Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (35), modificado por:
el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (36);
el Reglamento (UE) n.o 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (37);
el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (38);
el Reglamento (UE) n.o 1224/2012 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012 (39);
el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (40);
el Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013 (41), modificado por el Reglamento (UE) n.o 1368/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014 (42);
el Reglamento (UE) 2017/492 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017 (43).
Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, modificado por (44):
el Reglamento (UE) n.o 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (45);
el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (46);
el Reglamento (UE) n.o 1224/2012 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012 (47);
el Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013 (48) ;
el Reglamento (UE) n.o 1368/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014 (49);
el Reglamento (UE) 2017/492 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017 (50).
PARTE III
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO (CE) N.o 883/2004 Y DEL REGLAMENTO (CE) N.o 987/2009
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 883/2004 quedan modificadas como sigue:
se añade el texto siguiente al anexo II:
«REINO UNIDO-ALEMANIA
Artículo 7, apartados 5 y 6, del Convenio de seguridad social de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas).
Artículo 5, apartados 5 y 6, del Convenio sobre seguro de desempleo de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas).
REINO UNIDO-IRLANDA
Artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de seguridad social de 14 de diciembre de 2004 (relativo a la transferencia y el reconocimiento de determinadas prestaciones por discapacidad).»;
se añade el texto siguiente al anexo III:
«REINO UNIDO»;
se añade el texto siguiente al anexo VI:
«REINO UNIDO
Subsidio de empleo y manutención (ESA)
si se concedió antes del 1 de abril de 2016, el ESA constituye una prestación por enfermedad en metálico durante los 91 primeros días (fase de evaluación). A partir del 92 día, el ESA (fase principal) se convierte en una prestación por incapacidad.
si se concedió el 1 de abril de 2016 o con posterioridad, el ESA constituye una prestación por enfermedad en metálico durante los 365 primeros días (fase de evaluación). A partir del 366 día, el ESA (grupo de apoyo) se convierte en una prestación por incapacidad.
Legislación de Gran Bretaña: Parte 1 de la Ley de 2007 de reforma del bienestar (Welfare Reform Act 2007).
Legislación de Irlanda del Norte: Parte 1 de la Ley de 2007 de reforma del bienestar (Irlanda del Norte) [Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007].»;
se añade el texto siguiente al anexo VIII, parte 1:
«REINO UNIDO
Todas las solicitudes de pensión de jubilación, de pensión estatal con arreglo a la parte 1 de la Ley de 2014 de pensiones y de prestaciones de viudedad y de defunción, a excepción de aquellas para las cuales, durante un ejercicio fiscal que diera comienzo el 6 de abril de 1975 o con posterioridad:
la parte afectada haya cumplido períodos de seguro, empleo o residencia conforme a la legislación del Reino Unido y de otro Estado miembro, y no se consideró válido al menos uno de los ejercicios fiscales mencionados en el inciso i) en el sentido de la legislación del Reino Unido,
los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación en vigor en el Reino Unido durante los períodos anteriores al 5 de julio de 1948 serían tenidos en cuenta a efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento mediante la aplicación de los períodos de seguro, empleo o residencia bajo la legislación de otro Estado miembro.
Todas las solicitudes de pensiones complementarias en virtud del artículo 44 de la Ley de 1992 de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) y del artículo 44 de la Ley de 1992 de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].»;
se añade el texto siguiente al anexo VIII, parte 2:
«REINO UNIDO
Prestaciones proporcionales de jubilación al amparo de los artículos 36 y 37 de la Ley nacional de seguros de 1965 (National Insurance Act 1965) y de los artículos 35 y 36 de la Ley nacional de seguros (Irlanda del Norte) de 1966 [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].»;
se añade el texto siguiente al anexo X:
«REINO UNIDO
Crédito de pensión estatal [Ley de 2002 de crédito de pensión estatal (State Pension Credit Act 2002) y Ley de 2002 de crédito de pensión estatal (Irlanda del Norte) –State Pension Credit Act 2002 (Northern Ireland)–].
Subsidios para solicitantes de empleo basados en los ingresos [Ley de 1995 sobre los solicitantes de empleo (Jobseekers Act 1995) y Orden de 1995 sobre los solicitantes de empleo (Irlanda del Norte) –Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995–].
Componente de movilidad del subsidio de subsistencia para personas con discapacidad [Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) y Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) –Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992–].
Subsidio de empleo y manutención vinculado a los ingresos [Ley de 2007 de reforma del bienestar (Welfare Reform Act 2007) y Ley de 2007 de reforma del bienestar (Irlanda del Norte) –Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007–].»;
se añade el texto siguiente al anexo XI:
«REINO UNIDO
Cuando, en virtud de la legislación del Reino Unido, una persona pueda tener derecho a una pensión de jubilación:
a)si las cotizaciones del ex cónyuge se computan como si fueran sus propias cotizaciones, o
b)si el cónyuge o ex cónyuge cumple las condiciones de cotización aplicables, entonces, siempre que, en ambos casos, el cónyuge o ex cónyuge ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y haya estado sujeto a la legislación de dos o más Estados miembros, se aplicarán las disposiciones del capítulo 5 del título III del presente Reglamento para determinar su derecho a la pensión en virtud de la legislación del Reino Unido. En este caso, las referencias en dicho capítulo 5 a “períodos de seguro” se entenderán como referencias a períodos de seguro cubiertos por:i)el cónyuge o un ex cónyuge, si la solicitud proviniere de:—una mujer casada, o—una persona cuyo matrimonio haya terminado por cualquier motivo que no sea el fallecimiento del cónyuge, oii)un ex cónyuge, si la solicitud es presentada por:—un viudo que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de supervivencia con hijos a cargo, o—una viuda que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de madre viuda, a un subsidio de supervivencia con hijos a cargo ni a una pensión de viudedad, o que únicamente tenga derecho a una pensión de viudedad relacionada con la edad calculada en aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento; a estos efectos, se entenderá por “pensión de viudedad relacionada con la edad” una pensión de viudedad de cuantía reducida, de conformidad con el artículo 39, apartado 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Para la aplicación del artículo 6 del presente Reglamento a las disposiciones que regulan el derecho al subsidio de asistencia, al subsidio para cuidadores y al subsidio para personas con discapacidad, los períodos de actividad por cuenta ajena, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos en el territorio de un Estado miembro distinto del Reino Unido se computarán siempre que sea necesario para cumplir los requisitos relativos a los períodos obligatorios de presencia en el Reino Unido antes de la fecha en que se origine el derecho al subsidio en cuestión.
Para la aplicación del artículo 7 del presente Reglamento, en caso de prestaciones en metálico por invalidez, vejez o supervivencia, de pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional y subsidios de defunción, los beneficiarios en virtud de la legislación del Reino Unido que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro serán considerados, durante dicha estancia, como si residieran en el territorio de ese otro Estado miembro.
Cuando se aplique el artículo 46 del presente Reglamento, si la persona interesada sufre una incapacidad laboral conducente a la invalidez mientras está sujeta a la legislación de otro Estado miembro, el Reino Unido computará, a los efectos del artículo 30A, apartado 5, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), todos los períodos durante los cuales, por la incapacidad laboral, la persona haya percibido:
i)prestaciones en metálico del seguro de enfermedad o, en lugar de estas, un salario, o
ii)prestaciones en el sentido de los capítulos 4 y 5 del título III del presente Reglamento por la invalidez consecutiva a esa incapacidad laboral, con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, como si fueran períodos de percepción del subsidio de incapacidad a corto plazo abonados en virtud del artículo 30A, apartados 1 a 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Para la aplicación de esta disposición, únicamente se computarán los períodos durante los cuales la persona habría estado incapacitada para trabajar en el sentido de la legislación del Reino Unido.
Para calcular el factor “retribuciones” con vistas a determinar el derecho a las prestaciones previstas por la legislación del Reino Unido, se considerará que la persona interesada, por cada semana de actividad por cuenta ajena, bajo la legislación de otro Estado miembro, iniciada durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta en el sentido de la legislación del Reino Unido, ha pagado cotizaciones como trabajador remunerado, o percibido una retribución por la que se han pagado cotizaciones, sobre la base de una retribución equivalente a las dos terceras partes de la retribución máxima percibida ese año.
Para la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del presente Reglamento:
si, en algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975 o posteriormente, una persona que ejerza una actividad por cuenta ajena ha cubierto períodos de seguro, empleo o residencia exclusivamente en un Estado miembro distinto del Reino Unido y, en virtud del anterior punto 5.1), ese ejercicio se considera válido en el sentido de la legislación del Reino Unido a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, se considerará que la persona ha estado asegurada durante cincuenta y dos semanas de ese ejercicio en ese otro Estado miembro;
si algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975 o posteriormente no se considera válido en el sentido de la legislación del Reino Unido a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, no se computará ningún período de seguro, empleo o residencia cubierto en ese ejercicio.
Para la conversión del factor “retribuciones” en períodos de seguro, el factor “retribuciones” obtenido durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta, en el sentido de la legislación del Reino Unido, se dividirá por la retribución mínima de ese ejercicio. El cociente obtenido se expresará en forma de número entero, prescindiendo de los decimales. Se considerará que la cifra así calculada representa el número de semanas de seguro cubiertas bajo la legislación del Reino Unido durante ese ejercicio, siempre que no exceda del número de semanas durante las cuales, en ese ejercicio, el interesado haya estado sujeto a esta legislación.».
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 987/2009 quedan modificadas como sigue:
se añade el texto siguiente al anexo I:
«REINO UNIDO-BÉLGICA
Canje de Notas de 4 de mayo y 14 de junio de 1976 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia de reembolso de gastos de control administrativos y médico).
Canje de Notas de 18 de enero y 14 de marzo de 1977 sobre el artículo 36, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 [acuerdo de reembolso o renuncia de reembolso de los gastos por prestaciones en especie otorgadas según el capítulo 1 del título III del Reglamento (CEE) n.o 1408/71], modificado por el Canje de Notas de 4 de mayo y 23 de julio de 1982 [acuerdo de reembolso de gastos ocasionados conforme al artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71].
REINO UNIDO-DINAMARCA
Canje de Notas de 30 de marzo y 19 de abril de 1977, modificadas por el Canje de Notas de 8 de noviembre de 1989 y 10 de enero de 1990, sobre el acuerdo relativo a la renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie y a los gastos de control administrativo y médico.
REINO UNIDO-ESTONIA
Acuerdo ultimado el 29 de marzo de 2006 entre las autoridades competentes de la República de Estonia y del Reino Unido según el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 que establece, respecto a ambos países y con efecto a partir del 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-IRLANDA
Canje de Notas de 9 de julio de 1975 referente al artículo 36, apartado 3, y al artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 [acuerdo sobre reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie abonadas en aplicación de los capítulos 1 o 4 del título III del Reglamento (CEE) n.o 1408/71] y al artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).
REINO UNIDO-ESPAÑA
Acuerdo de 18 de junio de 1999 sobre el reembolso de los gastos por prestaciones en especie servidas con arreglo a las disposiciones de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72.
REINO UNIDO-FRANCIA
Canje de Notas de 25 de marzo y 28 de abril de 1997 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia de reembolso de gastos de control administrativos y médico).
Acuerdo de 8 de diciembre de 1998 sobre los métodos específicos para determinar los importes que deben reembolsarse por prestaciones en especie ofrecidas en virtud de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72.
REINO UNIDO-ITALIA
Acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2005 entre las autoridades competentes de la República Italiana y del Reino Unido según el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de enero de 2005, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-LUXEMBURGO
Canje de Notas de 18 de diciembre de 1975 y de 20 de enero de 1976 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 [renuncia a reembolso por gastos ocasionados por controles administrativos y médicos mencionados en el artículo 105 del Reglamento (CEE) n.o 574/72].
REINO UNIDO-HUNGRÍA
Acuerdo ultimado el 1 de noviembre de 2005 entre las autoridades competentes de la República de Hungría y del Reino Unido según el artículo 35, apartado 3, y el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 883/2004 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-MALTA
Acuerdo ultimado el 17 de enero de 2007 entre las autoridades competentes de Malta y del Reino Unido según el artículo 35, apartado 3, y el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 883/2004 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-PAÍSES BAJOS
Artículo 3, segunda frase, del Acuerdo administrativo de 12 de junio de 1956 para la aplicación del Convenio de 11 de agosto de 1954.
REINO UNIDO-PORTUGAL
Acuerdo de 8 de junio de 2004 por el que se establecen otros métodos de reembolso de los costes de las prestaciones en especie abonadas por ambos países con efecto a 1 de enero de 2003.
REINO UNIDO-FINLANDIA
Canje de Notas de 1 y 20 de junio de 1995 en relación con el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 (reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie) y el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).
REINO UNIDO-SUECIA
Canje de Notas de 15 de abril de 1997 en relación con el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 (reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie) y el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).»;
se añade el texto siguiente al anexo 3:
«REINO UNIDO».
(1) DO C 106 de 24.4.2010, p. 1.
(2) DO C 106 de 24.4.2010, p. 5.
(3) DO C 149 de 8.6.2010, p. 3.
(4) DO C 187 de 10.7.2010, p. 5.
(5) DO C 152 de 20.5.2014, p. 21.
(6) DO C 233 de 19.7.2017, p. 3.
(7) DO C 106 de 24.4.2010, p. 11.
(8) DO C 52 de 11.2.2016, p. 11.
(9) DO C 106 de 24.4.2010, p. 13.
(10) DO C 106 de 24.4.2010, p. 56.
(11) DO C 107 de 27.4.2010, p. 3.
(12) DO C 149 de 8.6.2010, p. 5.
(13) DO C 45 de 12.2.2011, p. 5.
(14) DO C 52 de 11.2.2016, p. 13.
(15) DO C 263 de 20.7.2016, p. 3.
(16) DO C 279 de 27.9.2013, p. 13.
(17) DO C 106 de 24.4.2010, p. 21.
(18) DO C 279 de 27.9.2013, p. 11.
(19) DO C 106 de 24.4.2010, p. 23.
(20) DO C 106 de 24.4.2010, p. 26.
(21) DO C 106 de 24.4.2010, p. 40.
(22) DO C 106 de 24.4.2010, p. 54.
(23) DO C 107 de 27.4.2010, p. 6.
(24) DO C 262 de 6.9.2011, p. 6.
(25) DO C 279 de 27.9.2013, p. 8.
(26) DO C 152 de 20.5.2014, p. 16.
(27) DO C 240 de 10.8.2012, p. 3.
(28) DO C 46 de 18.2.2014, p. 8.
(29) DO C 106 de 24.4.2010, p. 42.
(30) DO C 106 de 24.4.2010, p. 43.
(31) DO C 106 de 24.4.2010, p. 45.
(32) DO C 57 de 25.2.2012, p. 4.
(33) DO C 106 de 24.4.2010, p. 49.
(34) DO C 106 de 24.4.2010, p. 51.
(35) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
(36) DO L 284 de 30.10.2009, p. 43.
(37) DO L 338 de 22.12.2010, p. 35.
(38) DO L 149 de 8.6.2012, p. 4.
(39) DO L 349 de 19.12.2012, p. 45.
(40) DO L 158 de 10.6.2013, p. 1.
(41) DO L 346 de 20.12.2013, p. 27.
(42) DO L 366 de 20.12.2014, p. 15.
(43) DO L 76 de 22.3.2017, p. 13.
(44) DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.
(45) DO L 338 de 22.12.2010, p. 35.
(46) DO L 149 de 8.6.2012, p. 4.
(47) DO L 349 de 19.12.2012, p. 45.
(48) DO L 346 de 20.12.2013, p. 27.
(49) DO L 366 de 20.12.2014, p. 15.
(50) DO L 76 de 22.3.2017, p. 13.
ANEXO II
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 41, APARTADO 4
Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (1).
Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina (2).
Capítulo II de la Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros países (3).
Capítulo II de la Directiva 2009/158/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países (4).
Capítulo II de la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE (5).
Capítulo II de la Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (6).
Capítulo II de la Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie bovina (7).
Capítulo II de la Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina (8).
Capítulo III de la Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (9).
Capítulo II del Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003 (10).
(1) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(2) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19.
(3) DO L 192 de 23.7.2010, p. 1.
(4) DO L 343 de 22.12.2009, p. 74.
(5) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
(6) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1.
(7) DO L 194 de 22.7.1988, p. 10.
(8) DO L 224 de 18.8.1990, p. 62.
(9) DO L 328 de 24.11.2006, p. 14.
(10) DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.
ANEXO III
PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS SITUACIONES O LOS REGÍMENES ADUANEROS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 49, APARTADO 1
Los plazos fijados en el presente anexo son las fechas límite pertinentes para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
Situación/régimen
Depósito temporal
90 días [artículo 149 del Reglamento (UE) n.o 952/2013]
Despacho a libre práctica
1 mes + 10 días después de la aceptación de la declaración [artículo 146, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (1), referente a la declaración complementaria]; «plazo razonable» en cuanto a la verificación [artículo 194 del Reglamento (UE) n.o 952/2013]
Máximo: 60 días
3. Regímenes especiales
El período de ultimación es obligatorio para el perfeccionamiento activo, el perfeccionamiento pasivo, el destino especial y la admisión temporal [E.D. 4/17 del anexo A del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446]. Ultimación por inclusión en un régimen aduanero ulterior, salida del territorio aduanero o destrucción, artículo 251, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
Tránsito de la Unión
Máximo: 12 meses después del levante
Depósito aduanero
Máximo: 12 meses después del final del período transitorio
Zonas francas
Al final del período transitorio
Importación temporal
Máximo: 12 meses después del levante
Destino final
Máximo: 12 meses después del levante
Perfeccionamiento activo
Máximo: 12 meses después del levante
Perfeccionamiento pasivo
Máximo: 12 meses después del levante
Exportación
150 días después del levante
Reexportación
150 días después del levante
(1) Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1).
ANEXO IV
LISTA DE REDES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 50, 53, 99 Y 100
Se establecerá un sistema de retrocompatibilidad para el Reino Unido y la Unión con el fin de asegurar que, en caso de introducción de cambios en las redes, los sistemas de información y las bases de datos, así como de modificación de los formatos de intercambio de información, los Estados miembros y el Reino Unido puedan seguir aceptando la información de la otra parte en el formato actual, salvo que la Unión y el Reino Unido decidan otra cosa.
El acceso del Reino Unido a las redes, los sistemas de información o las bases de datos estará limitado en el tiempo. Se indica el plazo correspondiente a cada red, sistema de información o base de datos. Cuando sean necesarios intercambios de información entre autoridades aduaneras para la aplicación de los regímenes conforme al artículo 49, una vez haya dejado de ser posible el tratamiento electrónico de los datos de conformidad con el presente anexo, se utilizarán otros medios de intercambio y almacenamiento de la información.
Parte I: Aduanas
Sistema informático de aduanas
Tipo de acceso
Fecha límite
(Sistema de control de la importación)
Presentación de la declaración previa a la llegada limitada a:
la recepción y el envío de datos de declaración sumaria de entrada (ENS) correspondientes a declaraciones presentadas antes del final del período transitorio (en el caso de puertos ulteriores o de desvío);
la recepción y el envío de datos de riesgo correspondientes a declaraciones presentadas antes del final del período transitorio.
31 de julio de 2021
(Nuevo sistema de tránsito informatizado)
Todas las funciones aplicables a las operaciones de tránsito en curso, es decir, los movimientos de levante para el tránsito antes del final del período transitorio. [No se producirán nuevas operaciones de levante para el tránsito tras el final del período transitorio]
31 de enero de 2021
(Sistema de control de la exportación)
Confirmación de la salida para las operaciones de exportación en curso, es decir, mercancías a las que se haya otorgado el levante para la exportación antes del final del período transitorio:
para las operaciones con las oficinas de aduanas de salida en el Reino Unido, a fin de confirmar la salida de las mercancías en el ECS;
para las operaciones con las oficinas de aduanas de salida en los Estados miembros, es decir, las oficinas de aduanas de exportación en el Reino Unido, a fin de recibir las confirmaciones de salida de las oficinas de aduanas de salida de los Estados miembros.
31 de enero de 2021
(Ficha de información)
Acceso de solo lectura al Portal específico para operadores de INF para los operadores del Reino Unido;
Acceso de lectura y escritura a las INF activas en el sistema INF para las oficinas de aduanas.
31 de diciembre de 2021
SURV-RECAPP
(Sistema de vigilancia arancelaria — Aplicación de recepción)
Transmisión por las autoridades aduaneras del Reino Unido de los elementos de datos para los procedimientos de despacho a libre práctica o de exportación:
registros de declaración única aún no transmitidos de los procedimientos de despacho a libre práctica o de exportación de los que las mercancías hayan sido objeto antes del final del período transitorio;
elementos de los registros de declaración única para el despacho a libre práctica que pongan fin o liquiden un régimen o una situación en curso.
28 de febrero de 2021
(Información arancelaria vinculante europea)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Acceso a la información sobre las decisiones relativas a la información arancelaria vinculante o a cualquier acontecimiento ulterior que pueda afectar a la solicitud original o a la decisión (acceso sin restricciones con fines de consulta).
8 de enero de 2021
(Arancel aduanero integrado de la Comunidad)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Transmisión de las actualizaciones diarias al Reino Unido tras el final del período transitorio, a excepción de los datos confidenciales (datos de vigilancia estadística).
31 de diciembre de 2021
(Sistema de gestión de los contingentes arancelarios, los límites máximos arancelarios y otros aspectos sometidos a supervisión)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Gestión de los contingentes, cancelación de las solicitudes de contingentes y devoluciones de cantidades asignadas pero no utilizadas.
6 de enero de 2021
SMS TRA, EXP
(Sistema de gestión de muestras)
Acceso de solo lectura a la base de datos que contiene las muestras de los sellos, los precintos y los certificados.
31 de enero de 2021
SMS QUOTA
(Sistema de gestión de muestras)
Acceso de solo lectura a la base de datos que contiene los certificados de autenticidad necesarios para beneficiarse de los contingentes.
6 de enero de 2021
[Comunicación de casos de fraude e irregularidades que afecten a los recursos propios tradicionales (RTP) por importes superiores a 10 000 EUR; artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014]
Acceso limitado a los asuntos que afecten al Reino Unido (prohibición de acceso a los análisis globales).
20 de febrero de 2026
[Sistema informático de gestión de las admisiones en pérdida para los informes RTP en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014]
Acceso sin restricciones, limitado ya por defecto a los informes nacionales de admisión en pérdida (acceso de solo lectura a partir del 1 de julio de 2025 en el marco de la liquidación de la cuenta separada a 31 de diciembre de 2025).
30 de junio de 2025
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
EOS/EORI
(Sistema de operadores económicos — Registro e identificación de los operadores económicos)
Acceso de solo lectura para los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021
(Sistema de decisiones aduaneras)
Acceso de solo lectura para los operadores del Reino Unido y para las oficinas de aduanas del Reino Unido.
31 de enero de 2021
(Servicios centrales / datos de referencia)
Acceso de solo lectura para los datos de referencia;
Acceso de escritura, únicamente para las aduanas de la Administración nacional del Reino Unido.
31 de diciembre de 2021
(Servicios centrales / Sistema informático de gestión)
Acceso de solo escritura para subir las indisponibilidades y las estadísticas sobre empresas.
31 de julio de 2021
(Portal genérico de los operadores)
Acceso a las funciones genéricas del portal para los operadores del Reino Unido hasta que se desactive el último Portal específico para operadores del Reino Unido.
31 de diciembre de 2021
Red e infraestructura
Tipo de acceso
Fecha límite
(Red común de comunicación)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
(Gestión uniforme de los usuarios y firma digital)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
(Red común de comunicación 2)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
Parte II: Impuesto especial
Sistema informático de impuestos especiales
Tipo de acceso
Fecha límite
EMCS Core
(Sistema informatizado para la circulación y el control de los impuestos especiales)
Suspensión de derechos: transmisiones hacia y desde el Reino Unido de las notificaciones de recepción/ notificaciones de exportación (IE818).
31 de mayo de 2021
EMCS Admin Coop
(Sistema informatizado para la circulación y el control de los impuestos especiales — Cooperación administrativa)
Transmisiones hacia y desde el Reino Unido de los mensajes relativos a los movimientos abiertos (informes de incidencias, informes de control, cooperación administrativa, consultas sobre los movimientos abiertos en el EMCS).
31 de mayo de 2021
Los Estados miembros y el Reino Unido conservarán la cooperación administrativa del EMCS en línea para permitir las solicitudes de información y las auditorías sobre los movimientos hasta el final del período transitorio.
31 de diciembre de 2024
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
(Sistema de intercambio de datos sobre impuestos especiales)
Solo lectura, con invalidación de los operadores económicos del Reino Unido.
31 de mayo de 2021
CS/MISE
(Servicios centrales / Sistema de información sobre gestión para el EMCS)
Acceso con filtros para ceñirse a los movimientos que afecten al Reino Unido.
31 de mayo de 2021
Red e infraestructura
Tipo de acceso
Fecha límite
(Red común de comunicación)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de mayo de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
Parte III: IVA
Sistema informático de IVA
Tipo de acceso
Fecha límite
VAT-VIES
(Sistema informático de intercambio de información sobre IVA)
Información sobre el registro de los sujetos pasivos:
Acceso recíproco a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros (1) para intercambiar, hasta el 31 de diciembre de 2024, información de registro histórica de la otra Parte (2) (datos de registro introducidos en el sistema antes del final de período transitorio), así como información de registro de la otra parte actualizada tras el período transitorio (por ejemplo, fin del registro de un sujeto pasivo).
31 de diciembre de 2024 (3)
Información sobre transacciones y volumen de negocios:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco para intercambiar la información contenida en las declaraciones recapitulativas presentadas a la otra parte respecto de las operaciones que se hayan realizado (4) antes del final del período transitorio y que impliquen a los sujetos pasivos de la parte receptora;
El Reino Unido y los Estados miembros no tendrán acceso a la información de la otra parte sobre el volumen de negocios correspondiente a las operaciones que se realicen después del 31 de diciembre de 2020.
31 de diciembre de 2024
Devolución del IVA
Acceso al sistema informático para:
transmitir a los Estados miembros las solicitudes de devolución del IVA presentadas por sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido de conformidad con la Directiva 2008/9/CE y recibir de los Estados miembros las solicitudes de devolución del IVA presentadas por sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro;
30 de abril de 2021
tramitar (5) las solicitudes de devolución del IVA recibidas por el Reino Unido y presentadas por sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro y las solicitudes de devolución del IVA recibidas por los Estados miembros y presentadas por sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido.
31 de enero de 2022
(Miniventanilla)
Información sobre registro:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre el registro y el historial de registros;
31 de diciembre de 2024
divulgar la información relativa a los nuevos registros MOSS para los registros cuya fecha efectiva sea anterior o igual al 31 de diciembre de 2020.
20 de febrero de 2021
Devolución del IVA:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre las declaraciones presentadas a través del sistema MOSS a 31 de enero de 2021;
20 de febrero de 2021
intercambiar las modificaciones relativas a las declaraciones de IVA presentadas a través del sistema MOSS a 20 de enero de 2021;
20 de enero de 2022
intercambiar la información de las declaraciones de IVA para las transacciones en las que esté implicada la otra parte.
31 de diciembre de 2024
El Reino Unido y los Estados miembros no tendrán acceso a la información sobre declaraciones de IVA de la otra parte respecto de las transacciones que se realicen después del 31 de diciembre de 2020.
Información sobre los pagos:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre los pagos recibidos de las empresas registradas en el sistema MOSS a 31 de enero de 2021;
20 de febrero de 2021
por lo que respecta a las transacciones imponibles en la otra parte, intercambiar información referente a los reembolsos o los pagos de las modificaciones de las declaraciones de IVA presentadas a través del sistema MOSS a 31 de diciembre de 2021.
20 de enero de 2022
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
CCN/eFCA
Cooperación administrativa en materia de IVA
(Red común de comunicaciones / Aplicación central eForm)
Transmisión entre el Reino Unido y los Estados miembros de las solicitudes referentes a la cooperación administrativa en materia de IVA y seguimiento de esas solicitudes.
31 de diciembre de 2024
Preferencias de devolución del IVA en el sistema TIC
Acceso por el Reino Unido con el fin de actualizar sus preferencias de devolución del IVA.
31 de marzo de 2021
Parte IV: Asistencia para la recaudación de impuestos y derechos
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
CCN/eFCA
Asistencia para la recaudación
Transmisión entre el Reino Unido y los Estados miembros de las solicitudes referentes a la asistencia para la recaudación y seguimiento de esas solicitudes.
31 de diciembre de 2025
(1) A efectos del presente anexo, el «acceso recíproco» implica la obligación, por parte del Reino Unido, de asegurar que los Estados miembros tengan el mismo acceso a esos datos en el Reino Unido que tienen el Reino Unido y los Estados miembros en los Estados miembros.
(2) A los efectos del presente anexo, por «la otra parte» se entiende, en lo que respecta al Reino Unido, un Estado miembro, y, en lo que respecta a un Estado miembro, el Reino Unido.
(3) Los datos del Reino Unido relativos a los números de identificación a efectos del IVA de sus sujetos pasivos deberán actualizarse hasta el 31 de diciembre de 2024.
(4) Incluidas las operaciones previstas en el artículo 51, apartado 1.
(5) A los efectos del presente guion, por «tramitar» se entiende realizar, con respecto a una solicitud, todas las diligencias que permitan su finalización, incluida la notificación de los importes denegados y de las modalidades de recurso, y el reembolso de los importes autorizados, además del intercambio de los mensajes pertinentes con el sistema de devolución del IVA.
ANEXO V
EURATOM
El presente anexo establece las categorías de equipos y otros bienes de la Comunidad relacionados con la realización de controles de seguridad que se encuentran en el Reino Unido con arreglo al Tratado Euratom que, al final del período transitorio, pasarán a ser propiedad del Reino Unido.
Al final del período transitorio, la Comisión Europea remitirá al Reino Unido el inventario definitivo de los equipos y otros bienes de la Euratom que se transfieran.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, apartado 1, y en el artículo 148, el Reino Unido reembolsará a la Unión el valor de dichos equipos y otros bienes, cuyo cálculo se basará en el valor asignado a estos equipos y otros bienes en las cuentas consolidadas del ejercicio 2020. La Comisión Europea comunicará dicho valor al Reino Unido tras su aprobación preceptiva definitiva.
Los equipos de la Euratom se encuentran en:
Sellafield (1), la planta de reprocesamiento de combustible nuclear del Reino Unido;
Dounreay (2), el antiguo centro de investigación y desarrollo en materia de reactores rápidos del Reino Unido;
Sizewell (3), un recinto con dos centrales nucleares: Sizewell A (que no está en funcionamiento) y Sizewell B, un reactor de agua a presión que sigue en funcionamiento;
Capenhurst (4), una central de enriquecimiento de uranio;
Springfields (5), una planta de fabricación de combustible;
Otros reactores, instalaciones de investigación, sanitarias o de otro tipo, en las que se utilicen equipos de controles de seguridad.
Los equipos de la Euratom contienen varios elementos que consisten en instalaciones fijas y otros dispositivos conexos necesarios para el uso de dichas instalaciones fijas y que constituyen una parte indisoluble del conjunto del sistema instalado:
Sellos:
sellos metálicos de un solo uso;
sellos de fibra óptica de un solo uso y de varios usos; y
lectores de sellos.
Equipo de vigilancia:
sistemas de vigilancia de la seguridad digitales y analógicos de componente único o múltiple.
Equipos de medición (ensayo no destructivo):
varios tipos de detectores de rayos gamma con pre-amplificadores y sistemas electrónicos de conteo para las mediciones de rayos gamma;
varios tipos de detectores de neutrones con pre-amplificadores y sistemas electrónicos de conteo para las mediciones de neutrones; así como
equipos para los conjuntos combustibles nuevos o gastados, el tambor de uranio y el plutonio, que pueden contener medidores como escáneres de barras de combustible y de conjuntos combustibles, balanzas y células de carga.
Equipos de laboratorio (que integran el laboratorio ubicado en Sellafield):
espectrómetro de masa (TIMS);
instrumentos de medición con rayos gamma y rayos X (por ejemplo, densitómetro de pico K y XRF); y
cajas de guantes con equipos analíticos tales como densitómetros o balanzas analíticas.
Con el fin de facilitar el traspaso más eficaz de estos equipos, el Reino Unido y la Comunidad tomarán las medidas jurídicas necesarias para liberar a la Comunidad de sus obligaciones y responsabilidades en virtud de su acuerdo de 25 de marzo de 1994 con British Nuclear Fuels plc (actualmente Sellafield Ltd).
Equipos informáticos y afines (en los despachos y los sistemas de medición):
ordenadores personales así como los equipos conexos, inclusive la infraestructura de transmisión de datos a distancia (baterías y fuentes de alimentación, dispositivos informáticos que permitan controlar varios ordenadores, equipos de red, incluida la fibra óptica, los cables Ethernet y los convertidores, interruptores, servidores de terminales, encaminadores VPN, controladores de tiempo y dominio, y armarios); así como
servidores, pantallas e impresoras conexos.
(1) Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, REINO UNIDO
(2) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, REINO UNIDO
(3) EDF Energy Nuclear Generation Limited — Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON
(4) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, REINO UNIDO
(5) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, REINO UNIDO
ANEXO VI
LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 98
Cooperación administrativa entre los Estados miembros relativa a las declaraciones del proveedor sobre el origen de las mercancías, establecida a efectos del comercio preferencial entre la Unión y determinados países [artículos 61 a 66 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Para la comprobación de las pruebas del carácter originario expedidas por autoridades de terceros países u organismos autorizados por estas (regímenes especiales de importación no preferenciales) [artículo 59 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447] y para la comprobación de las pruebas del carácter originario expedidas o extendidas por autoridades de terceros países o por exportadores (regímenes preferenciales) [artículos 108 a 111 y artículo 125 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, artículo 32 del anexo II del Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 55 del anexo VI de la Decisión 2013/755/UE del Consejo y disposiciones equivalentes de los acuerdos preferenciales].
Asistencia mutua en el marco del cobro de una deuda aduanera [artículo 101, apartado 1, y artículo 102, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 165 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Asistencia mutua en el marco de la transferencia del importe de la deuda aduanera del Estado miembro que haya aceptado una garantía al Estado miembro en el que haya nacido la deuda aduanera [artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 153 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Verificación de los medios de prueba del estatuto de la Unión (y asistencia administrativa) [artículo 153 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 212 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Comunicación entre las autoridades relativa a las mercancías de retorno [artículo 203 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 256 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Cooperación administrativa en el marco de la recaudación de otros gravámenes para las mercancías incluidas en un régimen de importación temporal de conformidad con el Convenio ATA o el Convenio de Estambul [artículo 226, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 170 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Asistencia mutua en la obtención de información complementaria para resolver una solicitud de condonación o devolución [artículo 22 y artículo 116, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 175 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Comprobación y asistencia administrativa para los controles posteriores al levante en relación con la información relativa a la operación de tránsito de la Unión [artículo 48 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 292 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Cooperación administrativa en el marco de la recaudación de otros gravámenes en virtud de regímenes de tránsito [artículo 226, apartado 3, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículos 167 y 169 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Notificación de la recaudación de derechos y otros gravámenes en el marco del régimen de tránsito de la Unión y del tránsito de conformidad con el Convenio TIR [artículo 226, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 168 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
Cooperación directa e intercambio de información entre Estados miembros en relación con los controles de las exportaciones de productos de doble uso [artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo].
ANEXO VII
LISTA DE ACTOS/DISPOSICIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128, APARTADO 6
Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (sin perjuicio del artículo 96, apartado 1, del presente Acuerdo) (1).
Títulos III y IX de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (2); Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico (3); Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada (4); Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (5); títulos III y VII de la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (6); Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (7); Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (8); Reglamento de Ejecución (UE) n.o 520/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, sobre la realización de las actividades de farmacovigilancia previstas en el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9); y Reglamento (CE) n.o 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios (10).
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (11).
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (12).
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (13), y Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal (14).
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (15).
Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (16).
Artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (17).
Reglamento (CE) n.o 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (18).
Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (19), y artículo 6, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (20).
Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (21).
Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (22).
Reglamento (CE) n.o 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la comercialización y la utilización de los piensos (23).
(1) DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.
(2) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(3) DO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
(4) DO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
(5) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
(6) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(7) DO L 152 de 16.6.2009, p. 11.
(8) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
(9) DO L 159 de 20.6.2012, p. 5.
(10) DO L 334 de 12.12.2008, p. 7.
(11) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(12) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(13) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(14) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
(15) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(16) DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.
(17) DO L 334 de 12.12.2008, p. 25.
(18) DO L 131 de 28.5.2009, p. 11.
(19) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(20) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(21) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(22) DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.
(23) DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.
ANEXO VIII
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ MIXTO Y DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS
Regla 1
Presidencia
El Comité Mixto estará copresidido por un miembro de la Comisión Europea y por un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial o por altos funcionarios designados para actuar como suplentes de los anteriores. La Unión Europea y el Reino Unido se notificarán mutuamente por escrito los copresidentes y sus suplentes que designen.
Las decisiones de los copresidentes previstas en el presente Reglamento interno se adoptarán de común acuerdo.
Un copresidente que no pueda asistir a una reunión podrá ser sustituido en esa reunión por la persona que designe. El copresidente, o la persona que haya designado, comunicará la designación por escrito al otro copresidente y a la Secretaría del Comité Mixto tan pronto como sea posible.
La persona designada por el copresidente ejercerá los derechos de esa copresidencia dentro de los límites de la designación. Se entenderá que toda referencia a los copresidentes contenida en el presente Reglamento interno incluye a una persona designada.
Regla 2
Secretaría
La Secretaría del Comité Mixto (en lo sucesivo, «Secretaría») estará compuesta por un funcionario de la Comisión Europea y un funcionario del Gobierno del Reino Unido. La Secretaría, bajo la autoridad de los copresidentes, desempeñará las funciones que le atribuye el presente Reglamento interno.
Regla 3
Participación en reuniones
Antes de cada reunión, la Unión y el Reino Unido se informarán mutuamente a través de la Secretaría de la composición prevista de las delegaciones.
Si procede, y por decisión de los copresidentes, podrá invitarse a expertos u otras personas que no sean miembros de las delegaciones a asistir a las reuniones del Comité Mixto con el fin de proporcionar información sobre un tema concreto.
Regla 4
Reuniones
El Comité Mixto celebrará sus reuniones en Bruselas y Londres de forma alterna, salvo que los copresidentes decidan otra cosa.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los copresidentes podrán decidir que una reunión de la Comisión Mixta se celebre por videoconferencia o teleconferencia.
La Secretaría convocará cada reunión del Comité Mixto para la fecha y en el lugar que decidan los copresidentes. En caso de que la Unión o el Reino Unido hayan pedido la convocatoria de una reunión, el Comité Mixto procurará reunirse en los treinta días siguientes a la fecha de solicitud. En casos de urgencia, procurará reunirse en un plazo inferior.
Regla 5
Documentos
Los documentos escritos que sustenten las deliberaciones del Comité Mixto serán numerados y distribuidos a la Unión y al Reino Unido por la Secretaría en calidad de documentos del Comité Mixto.
Regla 6
Correspondencia
La Unión y el Reino Unido remitirán a la Secretaría su correspondencia destinada al Comité Mixto. Dicha correspondencia podrá enviarse en cualquier soporte escrito, incluido el correo electrónico.
La Secretaría garantizará que la correspondencia destinada al Comité Mixto se transmita a los copresidentes y se distribuya, cuando proceda, de conformidad con la regla 5.
Toda correspondencia procedente de los copresidentes o dirigida directamente a estos deberá transmitirse a la Secretaría y se distribuirá, cuando proceda, de conformidad con la regla 5.
Regla 7
Orden del día de las reuniones
La Secretaría elaborará un orden del día provisional para cada reunión. Este orden del día se transmitirá, junto con los documentos pertinentes, a los copresidentes, a más tardar quince días antes de la fecha de la reunión.
El orden del día provisional incluirá los puntos cuya inclusión en el mismo hayan pedido la Unión o el Reino Unido. Toda petición de este tipo, junto con todos los documentos pertinentes, se presentará a la Secretaría a más tardar veintiún días antes del inicio de la reunión.
A más tardar diez días antes de la fecha de la reunión, los copresidentes acordarán el orden del día provisional de dicha reunión. Podrán decidir publicar el orden del día provisional, o cualquier parte del mismo, antes del comienzo de la reunión.
El Comité Mixto adoptará el orden del día al comienzo de cada reunión. A petición de la Unión o del Reino Unido, y por decisión del Comité Mixto, podrá añadirse al orden del día un punto distinto de los contenidos en el orden del día provisional.
En casos excepcionales, los copresidentes podrán decidir establecer excepciones a los plazos especificados en los apartados 1 y 2.
Regla 8
La Secretaría redactará un borrador de acta de cada reunión en un plazo de veintiún días a partir del final de la reunión, salvo que los copresidentes decidan otra cosa.
Por regla general, el acta resumirá cada punto del orden del día, especificando cuando proceda:
a)los documentos presentados al Comité Mixto;
b)toda declaración que uno de los copresidentes haya pedido hacer constar en el acta; y
c)las decisiones adoptadas, las recomendaciones formuladas, las declaraciones conjuntas aprobadas y las conclusiones operativas adoptadas sobre puntos específicos.
El acta incluirá una lista del nombre, cargo y funciones de todas las personas que hubieren asistido a la reunión.
El acta será aprobada por escrito por los copresidentes en el plazo de veintiocho días a partir de la fecha de la reunión, o en cualquier otra fecha decidida por los copresidentes. Una vez aprobada, los miembros de la Secretaría firmarán dos versiones auténticas del acta. La Unión y el Reino Unido recibirán sendas versiones auténticas. Los copresidentes podrán acordar la validez de la firma electrónica y el intercambio de copias electrónicas para satisfacer este requisito.
La Secretaría también preparará un resumen del acta. Tras haber aprobado el resumen, los copresidentes podrán decidir hacerlo público.
Regla 9
Decisiones y recomendaciones
En el período entre reuniones, el Comité Mixto podrá adoptar decisiones o recomendaciones por el procedimiento escrito en caso de que los copresidentes decidan recurrir a este procedimiento. El procedimiento escrito consistirá en un intercambio de notas entre los copresidentes.
Si el Comité Mixto adopta decisiones o recomendaciones, se insertará el término «Decisión» o «Recomendación», respectivamente, en el título de dichos actos. La Secretaría registrará toda decisión o recomendación con un número de serie y una referencia a la fecha de su adopción.
Las decisiones adoptadas por el Comité Mixto especificarán la fecha en la que comiencen a surtir efecto.
Los copresidentes firmarán las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité Mixto y la Secretaría las enviará a las Partes inmediatamente después de la firma.
Regla 10
Publicidad y confidencialidad
Salvo que los copresidentes decidan lo contrario, las reuniones del Comité Mixto serán confidenciales.
Cuando la Unión o el Reino Unido presenten al Comité Mixto o a cualquier comité especializado información considerada confidencial o protegida de toda divulgación en virtud de sus disposiciones legales y reglamentarias, la otra Parte tratará dicha información de forma confidencial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la Unión y el Reino Unido podrán decidir individualmente si procede publicar las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité Mixto en sus respectivos boletines oficiales.
Regla 11
Lenguas
Las lenguas oficiales del Comité Mixto serán las lenguas oficiales de la Unión y del Reino Unido.
La lengua de trabajo del Comité Mixto será el inglés. Salvo que los copresidentes decidan lo contrario, el Comité Mixto se basará, para sus deliberaciones, en documentos redactados en inglés.
Regla 12
La Unión y el Reino Unido se harán cargo de los gastos en que incurran como consecuencia de su participación en las reuniones del Comité Mixto.
Los gastos relacionados con la organización de las reuniones y la reproducción de documentos correrán a cargo de la Unión en las reuniones celebradas en Bruselas y del Reino Unido en las reuniones celebradas en Londres.
Los gastos relacionados con la interpretación desde y hacia la lengua de trabajo del Comité Mixto durante las reuniones correrán a cargo de la Parte que solicite dicha interpretación.
Regla 13
Comités especializados
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de esta regla, las reglas 1 a 12 se aplicarán mutatis mutandis a los comités especializados, salvo que el Comité Mixto decida otra cosa.
Los comités especializados serán copresididos por representantes designados por la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido. La Unión Europea y el Reino Unido se notificarán mutuamente los representantes designados.
Todos los datos e informes que deba aportar un comité especializado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165, apartado 4, del Acuerdo se entregarán al Comité Mixto sin demora injustificada.
Regla 14
Informe anual
Para cada año natural, la Secretaría elaborará el informe anual sobre el funcionamiento del Acuerdo previsto en el artículo 164, apartado 6, del Acuerdo a más tardar el 1 de mayo del año siguiente. Será adoptado y firmado por los copresidentes.
ANEXO IX
REGLAS DE PROCEDIMIENTO
PARTE A
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
I. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento de Procedimiento, se entenderá por:
a) «Parte»: la Unión o el Reino Unido;
b) «Parte demandante»: la Parte que pide la constitución de un panel de arbitraje en virtud del artículo 170 del Acuerdo;
c) «Parte demandada»: la Parte acusada de haber infringido una disposición del presente Acuerdo;
d) «representante de una Parte»: un empleado o cualquier otra persona nombrada por una Parte que representa a dicha Parte a los efectos de una controversia con arreglo al presente Acuerdo;
e) «asesor»: la persona designada por una Parte para asesorar o asistir a dicha Parte en relación con el procedimiento ante el panel de arbitraje;
f) «asistente»: toda persona que, con arreglo a las condiciones de su nombramiento, lleva a cabo una investigación para un miembro de un panel de arbitraje, o le proporciona apoyo, bajo la dirección y el control de dicho miembro.
II. Notificaciones
Las reglas siguientes se aplicarán a las notificaciones entre las Partes y el panel de arbitraje:
a)el panel de arbitraje deberá enviar todas las peticiones, informes, escritos y otros documentos a ambas Partes al mismo tiempo;
b)si una de las Partes envía una petición, notificación, escrito u otro documento al panel de arbitraje, enviará una copia del mismo a la otra Parte al mismo tiempo; y
c)si una de las Partes envía una petición, notificación, escrito u otro documento en relación con la controversia a la otra Parte, deberá enviar una copia del mismo al panel de arbitraje al mismo tiempo.
Toda comunicación mencionada en el punto 2 deberá enviarse por correo electrónico o, cuando proceda, cualquier otro medio de telecomunicación que permita registrar el envío. Salvo prueba en contrario, una notificación de este tipo se considerará entregada el mismo día de su envío. Todas las comunicaciones se dirigirán al Servicio Jurídico de la Comisión Europea y al Asesor Jurídico de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, respectivamente.
La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje, a petición escrita de las Partes o del panel de arbitraje, actuará como canal de comunicación entre las Partes y el panel de arbitraje.
Los errores de transcripción de índole menor en una petición, notificación, escrito u otro documento relacionado con el procedimiento ante el panel de arbitraje podrán ser corregidos mediante el envío de un nuevo documento en el que se indiquen claramente las modificaciones efectuadas.
Si el último día previsto para la entrega de un documento coincide con un fin de semana o día festivo aplicable a la Comisión Europea o a la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, según proceda, el documento podrá entregarse el siguiente día laborable. A más tardar el 30 de septiembre de cada año, la Unión Europea y el Reino Unido se informarán mutuamente, así como, en el caso previsto en el punto 4, a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje, de los días festivos aplicables a la Comisión Europea y a la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, respectivamente.
III. Nombramiento y sustitución de los miembros de un panel de arbitraje
Si, en virtud del artículo 171, apartado 5, del Acuerdo, uno o más miembros de un panel de arbitraje deben ser elegidos por sorteo, la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje informará sin demora a las Partes de la fecha, hora y lugar de la elección. Las Partes podrán optar por estar presentes durante la elección. Sin embargo, la ausencia de una o ambas Partes no impedirá que se celebre la elección.
La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje notificará por escrito a cada persona que haya sido seleccionada para actuar como miembro de un panel de arbitraje de su nombramiento. Cada persona seleccionada deberá confirmar su disponibilidad a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje y a ambas Partes en un plazo de cinco días a partir de dicha notificación.
Si una de las Partes considera que un miembro del panel de arbitraje no cumple el Código de Conducta que figura en la parte B y que por esta razón debe ser sustituido, dicha Parte lo notificará a la otra Parte en el plazo de quince días a partir del momento en que obtenga pruebas suficientes del presunto incumplimiento de dicho miembro.
Las Partes se consultarán mutuamente en un plazo de quince días a partir de la notificación a que se hace referencia en el punto 9. Informarán al miembro del panel de arbitraje del supuesto incumplimiento y podrán pedir a dicho miembro que tome medidas para subsanar la situación. También podrán decidir conjuntamente relevar a dicho miembro y seleccionar a un nuevo miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Acuerdo.
Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la sustitución de un miembro del panel de arbitraje que no sea su presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir que se remita el asunto al presidente del panel de arbitraje, cuya decisión será definitiva.
Si el presidente del panel de arbitraje considera que el miembro del panel de arbitraje no cumple el Código de Conducta, se seleccionará a un nuevo miembro del panel de arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Acuerdo.
En caso de que las Partes no lleguen a ponerse de acuerdo sobre la sustitución del presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir que se remita el asunto a una de las otras personas que la Unión y el Reino Unido hayan propuesto conjuntamente para ocupar la presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, apartado 1, frase tercera, del Acuerdo (en lo sucesivo, «persona seleccionada»). El nombre de la persona seleccionada será elegido por sorteo por el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje.
Si la persona seleccionada considera que el presidente no cumple el Código de Conducta, se seleccionará un nuevo presidente de conformidad con el artículo 171 del Acuerdo de entre las personas que la Unión y el Reino Unido hayan propuesto conjuntamente para ocupar la presidencia, con la excepción de la persona seleccionada.
IV. Cuestiones financieras
Las Partes se repartirán de forma equitativa los gastos derivados de la constitución y el funcionamiento del panel de arbitraje, incluida la remuneración y los gastos que deben abonarse a los miembros de dicho panel de arbitraje.
Las Partes acordarán con el panel de arbitraje, en el plazo de siete días a partir de su constitución:
a)la remuneración y los gastos que deben abonarse a los miembros del panel de arbitraje, que serán razonables y conformes a las normas de la OMC;
b)la remuneración que debe pagarse a los asistentes; para cada miembro del panel de arbitraje, el importe total de la remuneración que debe pagarse a los asistentes será razonable y, en cualquier caso, no será superior a un tercio de la remuneración de dicho miembro.
Este acuerdo podrá alcanzarse por cualquier medio de comunicación.
V. Calendario y comunicaciones escritas
El panel de arbitraje, tras consultar con las Partes, establecerá un calendario indicativo para el procedimiento en el plazo de siete días a partir de su constitución.
La Parte demandante dirigirá su comunicación escrita al panel de arbitraje a más tardar veinte días después de la fecha del establecimiento del calendario indicativo. La Parte demandada dirigirá su comunicación escrita al panel de arbitraje a más tardar veinte días después de la fecha en que haya recibido una copia del escrito de la Parte demandante.
VI. Funcionamiento del panel de arbitraje
Todas las reuniones del panel de arbitraje serán presididas por su presidente. El panel de arbitraje podrá delegar en el presidente la facultad de tomar decisiones administrativas y de procedimiento.
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del presente Reglamento de Procedimiento, el panel de arbitraje podrá llevar a cabo sus trabajos y deliberaciones por cualquier medio de comunicación.
Solo los miembros del panel de arbitraje podrán participar en las deliberaciones del mismo, pero este podrá permitir la presencia de los asistentes de los miembros durante sus deliberaciones.
La redacción de todo laudo o decisión será responsabilidad exclusiva de los miembros del panel de arbitraje y no se delegará en ninguna otra persona.
La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje proporcionará servicios de secretaría y otro apoyo logístico al panel de arbitraje.
Si surge una cuestión procedimental que no esté prevista por el presente Acuerdo o el presente Reglamento de Procedimiento, el panel de arbitraje, previa consulta con las Partes, podrá decidir el procedimiento que debe seguirse, siempre que sea compatible con el presente Acuerdo y con el presente Reglamento de Procedimiento.
Si el panel de arbitraje considera necesario modificar alguno de los plazos para los procedimientos a los que se refiere el presente Reglamento de Procedimiento, o efectuar cualquier otro ajuste procedimental o administrativo, informará a las Partes por escrito, previa consulta con las Partes, de las razones de la modificación o el ajuste y del plazo o ajuste necesarios.
VII. Vistas
En función del calendario indicativo establecido con arreglo al punto 14, previa consulta con las Partes y los demás miembros del panel de arbitraje, el presidente notificará a las Partes la fecha, hora y lugar de la vista. Dicha información se pondrá a disposición del público, salvo que la audiencia esté cerrada al público.
El panel de arbitraje podrá decidir, con el acuerdo de las Partes, que no se celebre una vista.
Salvo que las Partes acuerden otra cosa, la vista se celebrará en La Haya, en la sede del Tribunal Permanente de Arbitraje.
Previo consentimiento de las Partes, el panel de arbitraje podrá celebrar vistas adicionales.
Todos los miembros del panel de arbitraje estarán presentes durante la totalidad de la vista.
Salvo que las Partes acuerden otra cosa, podrán estar presentes en la vista las personas que se indican a continuación, tanto si la vista es pública como si no lo es:
a)los representantes de las Partes;
b)los asesores;
c)los asistentes;
d)los intérpretes, los traductores y los estenógrafos del panel de arbitraje; y
e)los expertos que decida el panel de arbitraje.
A más tardar cinco días antes de la fecha de la vista, cada Parte entregará al panel de arbitraje y a la otra Parte una lista con el nombre de las personas que presentarán oralmente alegaciones en la vista en nombre de dicha Parte, así como de los demás representantes y asesores que estarán presentes en la vista.
El panel de arbitraje llevará a cabo la vista de la siguiente manera, asegurándose de que la Parte demandante y la demandada gocen del mismo tiempo tanto de alegaciones como de réplica:
a)alegaciones:i)alegaciones de la parte demandante,ii)alegaciones de la parte demandada;
b)réplica:i)réplica de la parte demandante,ii)contrarréplica de la parte demandada.
El panel de arbitraje podrá formular preguntas a cualquiera de las Partes en cualquier momento de la vista.
El panel de arbitraje dispondrá lo necesario para que se elabore una transcripción de la vista y para que se entregue a las Partes lo antes posible después de la vista. Las Partes podrán presentar sus comentarios respecto a la transcripción y el panel de arbitraje podrá tenerlos en cuenta.
Ambas Partes podrán dirigir un escrito complementario al panel de arbitraje sobre cualquier asunto que haya surgido durante la vista dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vista.
VIII. Preguntas por escrito
El panel de arbitraje podrá formular preguntas por escrito a una o a ambas Partes en cualquier momento del procedimiento.
Ambas Partes tendrán la oportunidad de formular observaciones por escrito a las respuestas de la otra Parte a preguntas planteadas por el panel de arbitraje, en un plazo de cinco días después de la fecha en que haya recibido una copia de dichas respuestas.
IX. Confidencialidad
La información presentada por una de las Partes al panel de arbitraje con carácter confidencial será tratada como confidencial por la otra Parte y por el panel de arbitraje. Cuando una Parte presente al panel de arbitraje una comunicación escrita que contenga información confidencial, también facilitará, en el plazo de quince días, una comunicación sin la información confidencial y que se hará pública.
Ninguna disposición del presente Reglamento de Procedimiento será óbice para que una de las Partes haga públicas sus propias comunicaciones escritas, las respuestas a las preguntas formuladas por el panel de arbitraje o una transcripción de las alegaciones orales, siempre que, al hacer referencia a información presentada por la otra Parte, no divulgue información que haya sido designada por esta otra Parte como confidencial.
Las vistas ante el panel de arbitraje serán públicas, salvo cuando la presentación y las alegaciones de alguna de las Partes incluyan información confidencial o en caso de que las Partes acuerden que la vista esté cerrada al público. En tal caso, las Partes mantendrán la confidencialidad de las vistas del panel de arbitraje.
X. Contactos ex parte
El panel de arbitraje se abstendrá de reunirse o comunicarse oralmente de otro modo con una Parte en ausencia de la otra Parte.
XI. Casos de urgencia
En los casos de urgencia a que se hace referencia en el artículo 173, apartado 2, del Acuerdo, el panel de arbitraje, previa consulta a las Partes, ajustará, según corresponda, los plazos mencionados en el presente Reglamento de Procedimiento. El panel de arbitraje notificará a las Partes dichos ajustes.
XII. Traducción e interpretación
La lengua de procedimiento ante el panel de arbitraje será el inglés. Las decisiones del panel de arbitraje se redactarán en inglés.
Cada Parte sufragará sus propios costes de traducción de todo documento presentado al panel de arbitraje que no esté redactado originalmente en inglés, así como los costes relativos a la interpretación durante la vista en relación con sus representantes o asesores.
PARTE B
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS PANELES DE ARBITRAJE
Definiciones
A los efectos del presente Código de Conducta, se aplicará la definición de «asistente» que figura en el Reglamento de Procedimiento. Además, se entenderá por «candidato» toda persona cuyo nombre figure en la lista a que se hace referencia en el artículo 171, apartado 1, del Acuerdo y que esté siendo considerada para su posible selección como miembro de un panel de arbitraje en virtud de dicho artículo.
Responsabilidades en el ámbito del procedimiento
Todo candidato y todo miembro de un panel de arbitraje evitará ser o parecer deshonesto, se comportará con independencia e imparcialidad, evitará conflictos de intereses, directos o indirectos, y observará unas normas de conducta rigurosas, de forma tal que se mantengan la integridad e imparcialidad del sistema de solución de controversias. Los antiguos candidatos o miembros de un panel de arbitraje deberán cumplir las obligaciones establecidas en los puntos 8, 9 y 10.
Obligaciones de declaración
Antes de la confirmación de su selección como miembro de un panel de arbitraje de conformidad con el presente Acuerdo, los candidatos deberán declarar a las Partes por escrito todo interés, relación o asunto de que tengan conocimiento que pueda afectar a su independencia o imparcialidad o que pueda crear razonablemente una impresión de conducta deshonesta o de parcialidad en el procedimiento ante el panel de arbitraje.
Los candidatos y los miembros de un panel de arbitraje comunicarán los asuntos relacionados con infracciones posibles o reales del presente Código de Conducta únicamente al Comité Mixto, para consideración de la Unión y el Reino Unido.
En cualquier fase del procedimiento ante el panel de arbitraje, los miembros de un panel de arbitraje declararán a las Partes por escrito cualesquiera intereses, relaciones o asuntos de la naturaleza mencionada en el punto 3 de los que tengan u obtengan conocimiento.
Análisis de diligencia debida de los miembros de un panel de arbitraje
Desde el momento de su selección, los miembros de un panel de arbitraje desempeñarán sus funciones con rigor y celeridad durante todo el procedimiento ante el panel de arbitraje y actuarán con equidad y diligencia. En particular:
a)tomarán en consideración únicamente las cuestiones planteadas en los procedimientos ante el panel de arbitraje que sean necesarias para adoptar un laudo, y no delegarán su deber en ninguna otra persona;
b)adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que sus asistentes conocen y cumplen lo dispuesto en los puntos 2, 3, 4, 5, 9 y 10.
Independencia e imparcialidad de los miembros de un panel de arbitraje
Los miembros de un panel de arbitraje:
a)serán independientes e imparciales y evitarán causar la impresión de que su conducta es deshonesta o parcial; además, no estarán influenciados por intereses propios, presiones externas, consideraciones políticas, presión pública, lealtad a la Unión o al Reino Unido o temor a las críticas;
b)no adquirirán, directa ni indirectamente, obligación alguna ni aceptarán beneficio alguno que pueda interferir, o parezca interferir, con el correcto cumplimiento de sus deberes;
c)no usarán su posición de miembro del panel de arbitraje para promover intereses personales o privados y evitarán actuar de forma que pueda crear la impresión de que otras personas se encuentran en una posición especial para influir en ellos;
d)no permitirán que las relaciones o responsabilidades financieras, comerciales, profesionales, familiares o sociales influyan en su conducta o su facultad de juicio;
e)evitarán formar parte de toda relación o adquirir cualquier interés financiero que pueda afectar a su imparcialidad o pueda crear razonablemente una apariencia de conducta inapropiada o parcial;
f)no debatirán ningún aspecto del asunto o de la marcha del procedimiento ante el panel de arbitraje con ninguna de las Partes en ausencia de los demás miembros del panel de arbitraje.
Obligaciones de los antiguos miembros de un panel de arbitraje
Todos los antiguos miembros de un panel de arbitraje evitarán aquellas acciones que puedan causar una impresión de que hubieran actuado con parcialidad en el desempeño de sus funciones o de que han podido beneficiarse de la decisión o el laudo del panel de arbitraje.
Confidencialidad
Ningún miembro o antiguo miembro de un panel de arbitraje, en ningún momento:
a)divulgará o utilizará cualquier información no pública sobre el procedimiento ante el panel de arbitraje o que fuera adquirida durante dicho procedimiento, salvo para los fines de dicho procedimiento y, en cualquier caso, no divulgará o utilizará dicha información en beneficio propio o de terceros o para perjudicar los intereses de terceros;
b)divulgará las deliberaciones del panel de arbitraje ni la opinión de ninguno de sus miembros.
Ningún miembro de un panel de arbitraje divulgará un laudo del panel de arbitraje, o partes del mismo, antes de su publicación con arreglo al presente Acuerdo. |
Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido
INTRODUCCIÓN
La Unión Europea, denominada en lo sucesivo «la Unión», y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, denominado en lo sucesivo «el Reino Unido» («las Partes»), han acordado la presente declaración política sobre sus relaciones futuras, atendiendo al hecho de que el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que se negocie un acuerdo que establezca la forma de la retirada del Estado miembro que decide retirarse, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. En este sentido, la presente declaración acompaña al Acuerdo de Retirada que ha sido refrendado por las Partes, a reserva de su ratificación.
La Unión y el Reino Unido están resueltos a cooperar para salvaguardar el orden internacional basado en normas, el estado de Derecho y la promoción de la democracia, normas rigurosas en materia de comercio libre y equitativo, de derechos de los trabajadores y los consumidores y protección medioambiental, así como la cooperación contra las amenazas internas y externas a sus valores e intereses.
Con ese espíritu, la presente declaración establece los parámetros de una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de cooperación comercial y económica, en cuestiones policiales y de justicia penal, en la política exterior, la seguridad y la defensa y en otros ámbitos de cooperación. Si, durante las negociaciones, las Partes consideran que ello puede redundar en beneficio mutuo, las relaciones futuras podrán abarcar ámbitos de cooperación que vayan más allá de los descritos en la presente Declaración Política. Estas relaciones tendrán sus raíces en los valores e intereses que la Unión y el Reino Unido comparten y que son fruto de su geografía, de su historia y de sus ideales, anclados en su patrimonio europeo común. La Unión y el Reino Unido están de acuerdo en que, al abrazar el comercio libre y equitativo, defender los derechos de las personas y el estado de Derecho, proteger a los trabajadores, a los consumidores y el medio ambiente, y mantenerse unidos ante las amenazas internas y externas a los derechos y valores, se promueve la prosperidad y la seguridad.
Las relaciones futuras se basarán en el equilibrio entre derechos y obligaciones, teniendo en cuenta los principios de cada Parte. Este equilibrio debe garantizar la autonomía de la Unión en la toma de decisiones y ser coherente con los principios de la Unión, en particular el respeto de la integridad del mercado único y la unión aduanera y la indivisibilidad de las cuatro libertades. Debe garantizar también la soberanía del Reino Unido y la protección de su mercado interior, y respetar el resultado del referéndum de 2016 también en lo que se refiere al desarrollo por este país de una política comercial independiente y al cese de la libre circulación de personas entre la Unión y el Reino Unido.
El período de pertenencia del Reino Unido a la Unión ha dado lugar a un alto grado de integración entre las economías de ambas partes y ha hecho que el pasado y el futuro de sus pueblos y sus prioridades estén entrelazados. Las relaciones futuras tendrán que tener en cuenta este contexto singular. Si bien las relaciones futuras no podrán equipararse a los derechos y obligaciones de la pertenencia a la Unión, las Partes convienen en que deben abordarse con gran ambición en lo que atañe a su alcance y profundidad, y reconocen que esta situación puede evolucionar con el tiempo. Ante todo, deben ser unas relaciones que funcionen en interés de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, en el presente y en el futuro.
PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES INICIALES
I. Base de la cooperación
A. Valores y derechos fundamentales
Las Partes convienen en que las relaciones futuras deben basarse en valores compartidos como el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios democráticos, el estado de Derecho y el apoyo a la no proliferación. Están de acuerdo en que esos valores son una condición indispensable para la cooperación que se prevé en el presente marco. Las Partes reiteran también su compromiso de promover un multilateralismo efectivo.
Las relaciones futuras deben incorporar el mantenimiento del compromiso del Reino Unido de respetar el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); la Unión y sus Estados miembros, a su vez, seguirán vinculados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reafirma los derechos derivados, en particular, del CEDH.
B. Protección de datos
Dada la importancia que revestirán los flujos e intercambios de datos en todos los aspectos de las relaciones futuras, las Partes están resueltas a garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales para facilitar esos flujos de datos entre ambas.
Las normas de protección de datos de la Unión establecen un marco que permite a la Comisión Europea determinar que las normas de protección de datos de un tercer país proporcionan un nivel de protección adecuado, lo cual facilita las transferencias de datos personales a ese tercer país. Sobre la base de este marco, la Comisión Europea iniciará lo antes posible, tras la retirada del Reino Unido, las evaluaciones respecto de dicho país, con ánimo de adoptar las decisiones correspondientes a más tardar a finales de 2020, si se cumplen las condiciones aplicables. Teniendo en cuenta que el Reino Unido establecerá su propio régimen internacional de transferencia de datos, dicho país adoptará durante ese mismo período medidas para garantizar que las transferencias de datos personales a la Unión se vean facilitadas en una medida comparable, si se cumplen las condiciones aplicables. Las relaciones futuras no afectarán a la autonomía de las Partes en cuanto a sus respectivas normas de protección de datos personales.
En este contexto, las Partes deben aplicar también las disposiciones necesarias para la adecuada cooperación entre los reguladores.
II. Ámbitos de interés común
A. Participación en programas de la Unión
Teniendo en cuenta la amplitud y la profundidad que pretenden dar a sus relaciones futuras y los estrechos vínculos existentes entre sus ciudadanos, las Partes establecerán principios y condiciones generales para la participación del Reino Unido en los programas de la Unión, a reserva de las condiciones que determinen los correspondientes instrumentos de la Unión, en ámbitos como la ciencia y la innovación, la juventud, la cultura y la educación, la acción en favor del desarrollo y la acción exterior, las capacidades de defensa, la protección civil y el espacio. Dichos principios y condiciones deben incluir una contribución económica justa y adecuada, disposiciones que permitan una buena gestión financiera por ambas Partes, un trato equitativo a los participantes y disposiciones sobre gestión y consulta acordes con la naturaleza de la cooperación entre las Partes.
Las Partes estudiarán también la participación del Reino Unido en los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas, a reserva de las condiciones que determinen los correspondientes instrumentos jurídicos de la Unión y los estatutos de cada consorcio, y teniendo en cuenta el grado de participación del Reino Unido en los programas sobre ciencia e innovación de la Unión.
Las Partes recuerdan su compromiso común de poner a punto un futuro programa PEACE PLUS para apoyar la labor de reconciliación y un futuro común en Irlanda del Norte, manteniendo las cuotas de financiación actuales para el futuro programa.
B. Procesos de diálogo
Las Partes deben entablar procesos de diálogo e intercambio en ámbitos de interés común, con el fin de determinar oportunidades de cooperar, intercambiar información sobre prácticas idóneas y conocimientos especializados y actuar de forma concertada, también en ámbitos como la cultura, la educación, la ciencia y la innovación. En dichos ámbitos, las Partes reconocen la importancia que revisten, para posibilitar cooperación, la movilidad y los movimientos temporales de material y equipo. Las Partes reflexionarán también sobre la cooperación ya existente entre grupos relacionados con la cultura y la educación.
Las Partes toman nota asimismo de la intención del Reino Unido de estudiar las opciones existentes en lo que respecta a las relaciones futuras con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.
PARTE II: ASOCIACIÓN ECONÓMICA
I. Objetivos y principios
Las Partes reconocen que sus relaciones comerciales y de inversión son particularmente importantes, dado que son el reflejo de más de cuarenta y cinco años de integración económica llevada a cabo durante la pertenencia del Reino Unido a la Unión, a la altura de los tamaños de las dos economías y de su proximidad geográfica; todo ello ha dado lugar a cadenas de suministro complejas e integradas.
En este contexto, las Partes acuerdan desarrollar una asociación económica ambiciosa, amplia y equilibrada. Se tratará de una asociación amplia, que incluirá una zona de libre comercio y una cooperación sectorial más profunda cuando ello redunde en el interés mutuo de ambas Partes. Estará respaldada por disposiciones que garanticen la igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal, tal como se establece en la sección XIV de la presente parte. La asociación deberá facilitar el comercio y las inversiones entre las Partes en la medida de lo posible, respetando al mismo tiempo la integridad del mercado único de la Unión y la unión aduanera, así como del mercado interior del Reino Unido, y reconociendo que el Reino Unido desarrollará una política comercial independiente más allá de esta asociación económica.
Las Partes conservarán su autonomía y la capacidad de regular la actividad económica aplicando los niveles de protección que cada una considere adecuados para alcanzar objetivos legítimos de política pública, como la salud pública, la salud y el bienestar de los animales, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, en particular el cambio climático, la moral pública, la protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos, y la promoción y la protección de la diversidad cultural. La asociación económica reconocerá que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes. La asociación económica también establecerá las excepciones generales adecuadas, también en relación con la seguridad.
Las Partes recuerdan que están determinadas a reemplazar la solución de último recurso respecto de Irlanda del Norte por un acuerdo ulterior que establezca medidas alternativas para garantizar la ausencia de una frontera rígida de carácter permanente en la isla de Irlanda.
II. Mercancías
A. Objetivos y principios
Con vistas a facilitar la fluidez del comercio legítimo, las Partes contemplan que su relación comercial, en lo que respecta a las mercancías, sea lo más estrecha posible.
Dichas medidas tendrán en cuenta el hecho de que, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, las Partes constituirán mercados separados y ordenamientos jurídicos diferenciados. La circulación de mercancías a través de las fronteras puede plantear riesgos para la integridad y el adecuado funcionamiento de dichos mercados, que se gestionan mediante procedimientos y controles aduaneros.
No obstante, con vistas a facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras, las Partes contemplan amplios acuerdos que crearán una zona de libre comercio en la que existirá una profunda cooperación aduanera y reglamentaria, respaldada por disposiciones que garanticen la igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal.
B. Aranceles
La asociación económica debe garantizar que no habrá aranceles, tasas, gravámenes o restricciones cuantitativas en ningún sector mediante ambiciosos regímenes aduaneros que, en consonancia con los objetivos y los principios de las Partes, antes mencionados, estén basados en el territorio aduanero único previsto en el Acuerdo de Retirada, que permite prescindir de controles de normas de origen, y lo mejoren.
C. Aspectos reglamentarios
A la vez que preservan la autonomía normativa, las Partes establecerán disposiciones para promover planteamientos reglamentarios transparentes, eficientes, compatibles en la medida de lo posible y que fomenten la evitación de barreras innecesarias al comercio de mercancías. Las disciplinas sobre los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y las medidas sanitarias y fitosanitarias deben basarse en los respectivos acuerdos de la OMC e ir todavía más lejos. En concreto, las disciplinas sobre los OTC deben establecer principios comunes en los ámbitos de la normalización, las reglamentaciones técnicas, la evaluación de la conformidad, la acreditación, la supervisión del mercado, la metrología y el etiquetado. Las Partes deben tratarse mutuamente como entidades únicas en lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias, en particular a efectos de certificación, y reconocer la regionalización sobre la base de la información epidemiológica adecuada proporcionada por la Parte exportadora. Las Partes estudiarán también la posibilidad de que las autoridades del Reino Unido cooperen con agencias de la Unión, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).
En este contexto, el Reino Unido considerará la posibilidad de ajustarse a las normas de la Unión en ámbitos pertinentes.
D. Aduanas
Con vistas a alcanzar sus objetivos generales, las Partes establecerán ambiciosos regímenes aduaneros. Para ello, las Partes contemplan emplear todos los mecanismos y tecnologías disponibles que puedan facilitar la tarea, respetando plenamente sus ordenamientos jurídicos y garantizando que las autoridades aduaneras puedan proteger los intereses financieros respectivos de las Partes y aplicar las políticas públicas. Con este fin, se proponen contemplar el reconocimiento mutuo de los programas de comerciantes de confianza, una cooperación administrativa en cuestiones aduaneras y una asistencia mutua, en particular en lo que respecta al cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, también mediante el intercambio de información para luchar contra el fraude aduanero y otras actividades ilegales.
Se contemplarán también mecanismos y tecnologías que puedan facilitar la tarea en la elaboración de medidas alternativas para garantizar la ausencia de una frontera rígida de carácter permanente en la isla de Irlanda.
E. Implicaciones para las comprobaciones y los controles
Las Partes contemplan que el grado de los compromisos del Reino Unido en materia de cooperación aduanera y reglamentaria, en particular en lo que respecta a la armonización de normas, se tenga en cuenta a la hora de aplicar las comprobaciones y los controles en este ámbito, al considerar que se trata de un factor de reducción del riesgo. Esto, sumado a la utilización de todos los mecanismos disponibles que puedan facilitar la tarea antes mencionados, puede dar lugar a distintos resultados en lo que respecta a los procesos administrativos, así como a las comprobaciones y los controles, y señalan en este contexto su deseo de ser lo más ambiciosas posibles, respetando al mismo tiempo la integridad de sus mercados y ordenamientos jurídicos respectivos.
III. Servicios e inversiones
A. Objetivos y principios
Las Partes, respetando el derecho a regular de cada una de ellas, deben celebrar acuerdos ambiciosos, amplios y equilibrados sobre comercio de servicios y sobre inversiones tanto en el sector de servicios como en los demás sectores. Las Partes deben tener como objetivo ofrecer un nivel de liberalización en el comercio de servicios mucho más elevado que el de los compromisos que han contraído en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que esté basado en los recientes Acuerdos de Libre Comercio de la Unión.
En consonancia con el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, las Partes deben tener como objetivo una cobertura sectorial sustancial que abarque todos los modos de suministro y establezca la ausencia, en lo esencial, de toda discriminación en los sectores comprendidos, con excepciones y limitaciones, según proceda. Así pues, los acuerdos deben incluir sectores como los servicios profesionales y los servicios prestados a las empresas, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de mensajería y correos, los servicios de distribución, los servicios medioambientales, los servicios financieros, los servicios de transporte y otros servicios de interés mutuo.
B. Acceso al mercado y no discriminación
Los acuerdos deben incluir disposiciones relativas al acceso al mercado y al trato nacional con arreglo a las normas del Estado de acogida para los inversores y los proveedores de servicios de las Partes, así como abordar los requisitos en materia de rendimiento impuestos a los inversores. Esto garantizaría un trato no discriminatorio a los proveedores de servicios y los inversores de las Partes, también en lo que respecta al establecimiento.
Los acuerdos deben permitir la entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales en determinados ámbitos.
C. Aspectos reglamentarios
A la vez que preservan la autonomía normativa, los acuerdos deben incluir disposiciones para promover planteamientos reglamentarios transparentes, eficientes, compatibles en la medida de lo posible y que fomenten la evitación de requisitos reglamentarios innecesarios.
En este contexto, las Partes deben acordar disciplinas sobre la reglamentación nacional. Estas deben incluir disposiciones horizontales sobre procedimientos para el trámite de licencias, por ejemplo, y disposiciones reglamentarias específicas en sectores de interés mutuo, como los servicios de telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios de paquetería y los servicios de transporte marítimo internacional. También deben existir disposiciones sobre el desarrollo y la adopción de reglamentación nacional que refleje buenas prácticas reglamentarias.
En este contexto, las Partes deben establecer un marco para la cooperación reglamentaria voluntaria en ámbitos de interés mutuo que incluya el intercambio de información y la puesta en común de mejores prácticas.
Las Partes deben también elaborar acuerdos adecuados sobre las cualificaciones profesionales necesarias para el ejercicio de profesiones reguladas, cuando ello redunde en el interés mutuo de las Partes.
IV. Servicios financieros
Las Partes se comprometen a preservar la estabilidad financiera, la integridad del mercado, la protección de inversores y consumidores y la competencia leal, respetando al mismo tiempo la autonomía de cada una respecto a la normativa y la toma de decisiones, así como su capacidad para adoptar decisiones de equivalencia en su propio interés. Ello se entiende sin perjuicio de su capacidad para adoptar o mantener cualquier medida cuando resulte necesario por motivos prudenciales. Las Partes convienen en entablar una cooperación estrecha en cuestiones normativas y de supervisión en los organismos internacionales.
Habida cuenta de que ambas Partes dispondrán de marcos de equivalencia que les permitirán declarar equivalente el régimen normativo y de supervisión de un tercer país con los fines pertinentes, empezarán a evaluar en dichos marcos la equivalencia recíproca tan pronto como sea posible tras la retirada del Reino Unido de la Unión y procurarán concluir las evaluaciones antes del final de junio de 2020. Las Partes revisarán periódicamente sus respectivos marcos de equivalencia.
Las Partes están de acuerdo en que esta cooperación estrecha y estructurada en cuestiones normativas y de supervisión redunda en interés de ambas. Debe cimentarse en la asociación económica y asentarse en los principios de autonomía reguladora, transparencia y estabilidad. Debe incluir la transparencia y las consultas adecuadas en los procesos de adopción, suspensión y revocación de decisiones de equivalencia, el intercambio de información y las consultas sobre iniciativas normativas y otras cuestiones de interés común en el ámbito tanto político como técnico.
V. Ámbito digital
En el contexto de la creciente digitalización del comercio en lo que atañe tanto a los servicios como a los bienes, las Partes deben establecer disposiciones para facilitar el comercio electrónico, eliminar las barreras injustificadas al comercio por medios electrónicos y garantizar un entorno en línea para empresas y consumidores abierto, seguro y fiable, por ejemplo en lo referente a la confianza electrónica y los servicios de autenticación o no requiriendo autorización previa debido únicamente a que el servicio se presta por medios electrónicos. Estas disposiciones deben facilitar además el flujo transfronterizo de datos y eliminar los requisitos injustificados de localización de datos, sin que ello afecte a las normas de las Partes en materia de protección de datos personales.
Cada Parte proporcionará a los proveedores de servicios de la otra Parte, por medio de disposiciones sectoriales sobre los servicios de telecomunicaciones, un acceso justo y equitativo a sus propias redes y servicios públicos de telecomunicaciones, y pondrá fin a las prácticas desleales.
Las Partes trabajarán conjuntamente en foros multilaterales y multisectoriales y establecerán un diálogo sobre tecnologías emergentes para intercambiar información, conocimientos y mejores prácticas.
VI. Movimientos de capitales y pagos
Las Partes deben incluir disposiciones para facilitar la libre circulación de capitales y pagos relacionados con transacciones liberalizadas en virtud de la asociación económica, con las excepciones pertinentes.
VII. Propiedad intelectual
Las Partes deben disponer la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual para estimular la innovación, la creatividad y la actividad económica más allá de las normas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y más allá de los convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuando proceda.
Ello preservará el elevado grado de protección del que disponen actualmente las Partes, entre otros respecto de determinados derechos derivados de la legislación sobre derechos de autor, como el derecho sobre las bases de datos o el derecho de participación de los artistas. Habida cuenta de la protección que dispensa el acuerdo de retirada a las indicaciones geográficas existentes, las Partes deben tratar de instaurar mecanismos para proteger adecuadamente sus indicaciones geográficas.
Las Partes deben conservar la libertad de establecer sus propios regímenes respecto al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.
Las Partes deben crear un mecanismo para la cooperación y el intercambio de información sobre cuestiones de propiedad intelectual de interés mutuo, como sus respectivos enfoques y procedimientos respecto de las marcas, los diseños y las patentes.
VIII. Contratación pública
Habida cuenta de la intención del Reino Unido de adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, las Partes deben ofrecerse mutuamente oportunidades en sus respectivos mercados de contratación publica más allá de los compromisos adquiridos en virtud del ACP en ámbitos de interés común, sin perjuicio de sus respectivas normas nacionales para la protección de intereses esenciales en materia de seguridad.
Las Partes deben comprometerse asimismo a cumplir normas basadas en las del ACP que garanticen la transparencia de los nichos de mercado y de las reglas, procedimientos y prácticas en materia de contratación pública. Partiendo de dichas normas, las Partes deben abordar el riesgo de arbitrariedad en la adjudicación de contratos y disponer vías de recurso y procedimientos de revisión, también ante los tribunales.
IX. Movilidad
Habida cuenta de que el Reino Unido ha decidido que el principio de libre circulación de personas deje de aplicarse entre la Unión y su territorio, las Partes deben establecer acuerdos de circulación según se expone a continuación.
Los acuerdos de circulación se basarán en la no discriminación entre los Estados miembros de la Unión y en la plena reciprocidad.
En este contexto, las Partes deben intentar introducir en sus legislaciones nacionales la exención de visado para visitas de corta duración.
Las Partes convienen en examinar las condiciones para la entrada y la permanencia por motivos tales como investigación, estudios, formación e intercambio de jóvenes.
Las Partes convienen asimismo en estudiar el modo de abordar la coordinación de los servicios de seguridad social a la luz de las futuras normas sobre circulación de personas.
De conformidad con su legislación aplicable, las Partes estudiarán la posibilidad de facilitar el cruce de sus fronteras respectivas en caso de viajes legítimos.
Cualquier disposición se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de la Zona de Viaje Común que se aplican entre el Reino Unido e Irlanda.
En apoyo de la movilidad, las Partes confirman su compromiso con la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes en materia de Derecho de familia en los que sean Partes. La Unión toma nota de la intención del Reino Unido de adherirse al Convenio de La Haya de 2007 sobre obligaciones alimenticias por el que actualmente se encuentra vinculado debido a su pertenencia a la Unión.
Las Partes estudiarán las posibilidades de cooperación judicial en asuntos matrimoniales, cuestiones de responsabilidad parental y otros temas conexos.
En determinados ámbitos, estos acuerdos se añadirán a los compromisos sobre entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales, según se establece en la sección III de la presente parte. Esos compromisos no deben quedar invalidados por el derecho de cada Parte a aplicar su legislación, reglamentos y requisitos respectivos en relación con la entrada, la estancia y el empleo.
X. Transporte
A. Aviación
Las Partes deben garantizar la conectividad aérea de pasajeros y mercancías mediante un acuerdo general sobre transporte aéreo que cubra el acceso al mercado y la inversión, la seguridad aérea y la gestión del tráfico aéreo, que cuente con disposiciones que garanticen una competencia abierta y leal e incluya los requisitos adecuados y pertinentes en materia de protección de los consumidores y normas sociales.
Las Partes deben adoptar medidas ulteriores para facilitar la cooperación con objeto de dotarse de normas estrictas en materia de seguridad y protección aéreas, en particular mediante una estrecha cooperación entre la AESA y la autoridad de aviación civil del Reino Unido.
B. Transporte por carretera
Las Partes deben garantizar a los transportistas de mercancías y pasajeros por carretera un acceso al mercado comparable que se sustente en los requisitos y normas sociales adecuados y pertinentes en materia de protección de los consumidores para el transporte internacional por carretera, y cumplir las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales en el ámbito del transporte por carretera de los que sean signatarios el Reino Unido y la Unión o sus Estados miembros, concretamente en lo que respecta a las condiciones para el ejercicio de la profesión de transportista, a determinadas condiciones de empleo del transporte internacional por carretera, a las reglas sobre el procedimiento, al transporte de pasajeros por carretera y al transporte de mercancías peligrosas por carretera. Además, las Partes deben estudiar la posibilidad de recurrir a acuerdos complementarios para tratar el desplazamiento de conductores privados.
C. Transporte ferroviario
Las Partes convienen en que, cuando proceda, deben establecerse acuerdos bilaterales para los servicios ferroviarios transfronterizos, entre otros motivos para que su funcionamiento y explotación puedan proseguir sin perturbaciones, como en el caso de la línea Enterprise entre Belfast y Dublín y los servicios del Túnel del Canal.
D. Transporte marítimo
Las Partes observan que la conectividad de los servicios de pasajeros y de carga en el sector del transporte marítimo se basará en el marco jurídico internacional. Las Partes deben tomar las disposiciones adecuadas también en lo que se refiere al acceso de los servicios internacionales de transporte marítimo a los mercados.
Las relaciones futuras deben facilitar la cooperación en materia de seguridad y protección del transporte marítimo, cooperación que debe incluir el intercambio de información entre la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Oficina Marítima y de Vigilancia Costera del Reino Unido, con arreglo a la condición de tercer país del Reino Unido.
XI. Energía
A. Electricidad y gas
Las Partes deben cooperar para mantener un suministro de gas y electricidad eficiente en términos de coste, limpio y seguro, basado en mercados competitivos y en el acceso no discriminatorio a las redes.
Las Partes deben establecer un marco para facilitar la cooperación técnica entre los operadores y los organismos encargados de las redes de electricidad y gas, como las Redes Europeas de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad y de Gas, en la planificación y utilización de las infraestructuras energéticas de conexión entre sus sistemas. El marco debe incluir asimismo mecanismos que garanticen en la medida de lo posible la seguridad de abastecimiento e intercambios eficientes a través de los interconectores a lo largo de diferentes períodos.
B. Sector nuclear civil
Reconociendo la importancia de la seguridad nuclear y la no proliferación nuclear, las relaciones futuras deben incluir un amplio acuerdo de cooperación nuclear entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Reino Unido sobre los usos pacíficos de la energía nuclear, basado en la determinación de las Partes de mantener los elevados niveles actuales de seguridad nuclear. El acuerdo debe permitir la cooperación entre Euratom y el Reino Unido y sus autoridades nacionales. Esta cooperación debe incluir el intercambio de información sobre ámbitos de interés común como las salvaguardias, la seguridad y la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Debe facilitar los intercambios comerciales de material y equipo nuclear y prever la participación del Reino Unido, como tercer país, en los sistemas de que dispone la Unión para la vigilancia y el intercambio de información sobre los niveles de radiactividad en el medio ambiente, concretamente el Sistema Comunitario de Intercambio de Informaciones Radiológicas Urgentes y la Plataforma Europea de Intercambio de Datos Radiológicos.
Las Partes toman nota de la intención del Reino Unido de estar asociado a los programas de investigación y formación de Euratom, como se indica en la sección II de la primera parte.
Las Partes toman nota de que la Agencia de Abastecimiento de Euratom tiene intención de volver a evaluar oportunamente las autorizaciones y aprobaciones de contratos de suministro de material nuclear entre empresas de la Unión y del Reino Unido en cuya firma conjunta ha participado.
Las Partes también cooperarán mediante el intercambio de información sobre el suministro de radioisótopos médicos.
C. Tarificación del carbono
Las Partes deben considerar la posibilidad de cooperar en lo tocante a la tarificación del carbono mediante el establecimiento de un vínculo entre el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido y el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión.
XII. Posibilidades de pesca
Las Partes deben cooperar a escala bilateral e internacional para garantizar la sostenibilidad de la pesca, favorecer la conservación de recursos y promover un medio marino limpio, sano y productivo, teniendo presente que el Reino Unido será un Estado costero independiente.
Manteniendo siempre su autonomía en materia normativa, las Partes deben cooperar en la elaboración de medidas de conservación, gestión racional y reglamentación de la pesca, de manera no discriminatoria. Establecerán una estrecha cooperación con otros Estados costeros y en los foros internacionales, entre otras cosas para la gestión de las poblaciones compartidas.
En el contexto de la asociación económica global, las Partes deben establecer un nuevo acuerdo pesquero en el que se regulen, entre otros aspectos, el acceso a las aguas y el reparto de cuotas.
Las Partes harán cuanto esté en su mano para celebrar y ratificar su nuevo acuerdo pesquero el 1 de julio de 2020 a más tardar, de modo que esté en vigor a tiempo para la determinación de las posibilidades de pesca correspondientes al primer año tras el período transitorio.
XIII. Cooperación a escala mundial
Las Partes reconocen la importancia de cooperar a escala mundial para abordar las cuestiones que presentan un interés económico, medioambiental y social común. En este sentido, manteniendo su autonomía en la toma de decisiones, las Partes deben cooperar en foros internacionales como el G7 y el G20 cuando ello presente un interés común, en particular en ámbitos como los siguientes:
a) el cambio climático;
b) el desarrollo sostenible;
c) la contaminación transfronteriza;
d) la salud pública y la protección de los consumidores;
e) la estabilidad financiera, y
f) la lucha contra el proteccionismo en el comercio.
En sus relaciones futuras, las Partes deben confirmar los compromisos que han asumido en virtud de los acuerdos internacionales contra el cambio climático, incluidos los que, como el Acuerdo de París, aplican la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
XIV. Condiciones equitativas para una competencia abierta y leal
Las relaciones futuras deben garantizar un competencia abierta y leal. Son necesarias a tal fin disposiciones que regulen las ayudas públicas, la competencia, las normas sociales y de empleo, las normas medioambientales, el cambio climático y las cuestiones tributarias pertinentes, a partir de las disposiciones sobre condiciones competencia equitativas previstas en el Acuerdo de Retirada y de manera acorde con todos los aspectos de su relación económica. Las Partes deben reflexionar sobre la naturaleza concreta de los compromisos en los ámbitos correspondientes, teniendo presente el alcance y la profundidad de las relaciones futuras. Estos compromisos deben combinar las normas internacionales y de la Unión adecuadas y pertinentes, mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva a escala nacional, el control del cumplimiento y la resolución de litigios como parte de las relaciones futuras.
PARTE III: ASOCIACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
I. Objetivos y principios
En aras de la seguridad de Europa y de la protección de sus respectivos ciudadanos, las Partes establecerán una asociación en materia de seguridad amplia, completa y equilibrada. Dicha asociación tendrá en cuenta la proximidad geográfica y las amenazas cambiantes, en particular las formas graves de delincuencia internacional, el terrorismo, los ciberataques, las campañas de desinformación, las amenazas híbridas, la erosión del orden internacional basado en normas y el resurgimiento de las amenazas procedentes de otros Estados. La asociación respetará la soberanía del Reino Unido y la autonomía de la Unión.
Las Partes promoverán la seguridad mundial, la prosperidad y el multilateralismo eficaz, sobre la base de sus principios, valores e intereses compartidos. La asociación en materia de seguridad incluirá la cooperación judicial y policial en el ámbito penal, la política exterior, la seguridad y la defensa y la cooperación temática en ámbitos de interés común.
II. Cooperación judicial y policial en materia penal
Las relaciones futuras establecerán una cooperación judicial y policial en materia penal que sea completa, cercana, equilibrada y recíproca, a fin de disponer de capacidades operativas sólidas para la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de las infracciones penales, teniendo en cuenta la proximidad geográfica, las amenazas cambiantes y compartidas a las que se enfrentan las Partes, los beneficios mutuos para la seguridad y la protección de sus ciudadanos y el hecho de que el Reino Unido será un tercer país situado fuera del espacio Schengen que no contempla la libre circulación de personas.
Las Partes acuerdan que el alcance y el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos deberán lograr un equilibrio adecuado entre derechos y obligaciones; cuanto más estrecha e intensa sea la asociación, más fuertes serán las obligaciones que la acompañen. Deberá reflejar los compromisos que el Reino Unido esté dispuesto a contraer, respetando la integridad del ordenamiento jurídico de la Unión en lo que respecta, por ejemplo, a la armonización de normas y los mecanismos de ejecución y solución de controversias, en particular el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la interpretación del Derecho de la Unión. Dichas relaciones deberán asimismo sustentarse sobre los compromisos de larga data adquiridos con respecto a los derechos fundamentales de las personas, en particular la adhesión y la aplicación continuadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la adecuada protección de los datos personales, ambos requisitos previos esenciales para que pueda existir la cooperación que plantean las Partes, y con respecto al principio transnacional ne bis in idem y los derechos procesales. Deberá también reflejar el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Habida cuenta de los citados compromisos, las relaciones futuras deberán contar con acuerdos en tres áreas de cooperación: intercambio de datos; cooperación operativa entre autoridades policiales y cooperación judicial en materia penal; y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A. Intercambio de datos
Reconociendo que el intercambio y análisis de datos con rápidez y eficacia resulta vital para la labor de los servicios policiales modernos, las Partes convienen establecer acuerdos que lo reflejen, a fin de responder a las amenazas cambiantes, perturbar el terrorismo y las formas graves de delincuencia, facilitar las investigaciones y el enjuiciamiento y garantizar la seguridad del público.
Las partes deberán firmar acuerdos recíprocos para intercambiar de manera oportuna, eficaz y eficiente datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) y los resultados del procesamiento de dichos datos almacenados en los sistemas nacionales de procesamiento del PNR respectivos, así como los datos relativos al ADN, las impresiones dactilares y la matriculación de vehículos (Prüm).
Las Partes considerarán posibles acuerdos sobre intercambio de datos acordes con el futuro estatuto del Reino Unido, como el intercambio de información sobre personas u objetos buscados o desaparecidos y de antecedentes penales, de manera que siempre que sea técnica y legalmente posible, y considerado necesario y de interés para ambas Partes, se disponga de capacidades que se aproximen a las que ofrecen los mecanismos pertinentes de la Unión.
B. Cooperación operativa policial y cooperación judicial en materia penal
Las Partes reconocen el valor de facilitar la cooperación operativa entre los servicios policiales y las autoridades judiciales del Reino Unido y de los Estados miembros y, por tanto, trabajarán juntos para identificar las condiciones de cooperación del Reino Unido a través de Europol y Eurojust.
Las Partes establecerán acuerdos eficaces basados en procedimientos simplificados y en plazos que permitan al Reino Unido y a los Estados miembros entregar, de forma rápida y eficaz, a personas sospechosas y condenadas, con la posibilidad de renunciar al requisito de doble tipificación, y determinar la aplicabilidad de dichos acuerdos a sus propios nacionales y en el marco de delitos políticos.
Las Partes considerarán posibles acuerdos acordes con el futuro estatuto del Reino Unido, sobre cooperación práctica entre servicios policiales y entre autoridades judiciales en materia penal, como los equipos conjuntos de investigación, de manera que siempre que sea técnica y legalmente posible, y considerado necesario y de interés para ambas Partes, se disponga de capacidades que se aproximen a las que ofrecen los mecanismos pertinentes de la Unión.
C. Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las Partes acuerdan apoyar los esfuerzos internacionales para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y luchar contra ellos, especialmente mediante el cumplimiento de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la correspondiente cooperación. Las Partes acuerdan ir más allá de las normas del GAFI en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real y terminar con el anonimato asociado al uso de las monedas virtuales, en particular obligando a las plataformas de cambio de monedas virtuales y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos a que apliquen controles de diligencia debida con respecto al cliente.
III. Política exterior, seguridad y defensa
Las Partes apoyan una cooperación ambiciosa, estrecha y duradera en la acción exterior para proteger a los ciudadanos de las amenazas exteriores, en particular de las nuevas amenazas emergentes, evitar conflictos, reforzar la paz y la seguridad internacionales, incluido a través de las Naciones Unidas y la OTAN, y abordar las causas profundas de los desafíos mundiales como el terrorismo o la migración ilegal. Defenderán un orden internacional basado en normas y proyectarán sus valores comunes en todo el mundo.
Las Partes promoverán el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En este sentido, seguirán apoyando la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Consenso Europeo en materia de Desarrollo.
Las Partes diseñarán y desarrollarán sus políticas exteriores de conformidad con sus respectivos intereses estratégicos y de seguridad y con sus respectivos ordenamientos jurídicos. Cuando dichos intereses sean compartidos, las Partes cooperarán estrechamente a nivel bilateral y dentro de las organizaciones internacionales. Las Partes concebirán una cooperación flexible y modulable que garantice que el Reino Unido pueda combinar sus esfuerzos con los de la Unión para lograr el mayor efecto posible, en particular en tiempos de crisis o cuando ocurran incidentes graves.
Para ello, las relaciones futuras contemplarán mecanismos adecuados de diálogo, consulta, coordinación, así como de intercambio de información y de cooperación. Deberá también permitir el envío de expertos en comisión de servicio cuando corresponda y en el interés mutuo de las Partes.
A. Consulta y cooperación
Las partes establecerán un sistema estructurado de consulta y diálogos temáticos periódicos mediante el cual se determinarán ámbitos y actividades en las que una estrecha cooperación podría contribuir al logro de los objetivos comunes.
En este sentido, el diálogo político sobre la política exterior y de seguridad común (PESC) y la política común de seguridad y defensa (PCSD), así como diálogos sectoriales, podrían permitir consultas flexibles entre las Partes a distintos niveles (ministerial, de altos funcionarios o de trabajo). La Alta Representante podrá invitar, cuando corresponda, al Reino Unido a asistir a reuniones ministeriales informales de los Estados miembros de la Unión.
Las Partes deberán tratar de cooperar estrechamente en terceros países, en particular en cuestiones de seguridad, provisión de servicios consulares y protección y en proyectos de desarrollo, además de en organizaciones y foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. Ello permitirá a las Partes, cuando proceda, apoyar mutuamente sus posiciones, proporcionar acción externa y gestionar los desafíos mundiales de manera coherente, especialmente a través de declaraciones acordadas, gestiones diplomáticas y posiciones conjuntas.
B. Sanciones
Si bien desarrollarán políticas de sanciones independientes en función de sus respectivas políticas exteriores, las Partes reconocen las sanciones como una herramienta multilateral de política exterior y los beneficios de mantener consultas y cooperar estrechamente.
Las consultas sobre sanciones deberán incluir intercambio de información sobre la elaboración de listas y su justificación, evolución, aplicación y ejecución, así como apoyo técnico y diálogo sobre futuras inclusiones y regímenes. Cuando los objetivos de la política exterior que sustenten un futuro régimen de sanciones específico sean comunes a las Partes, se intensificará el intercambio de información en las fases adecuadas del ciclo político de dicho régimen de sanciones, con la posibilidad de adoptar sanciones que se refuercen mutuamente.
C. Operaciones y misiones
Las Partes acogen favorablemente la estrecha cooperación en las operaciones y misiones de gestión de crisis lideradas por la Unión, tanto civiles como militares. Por tanto, las relaciones futuras permitirán al Reino Unido participar, en función de las circunstancias de cada caso, en las misiones y operaciones de la PCSD a través de un Acuerdo Marco de Participación.
Si, después de una consulta previa y de haber intercambiado información a través del diálogo político, el Reino Unido manifiesta su intención de contribuir a una misión u operación planificada de la PCSD abierta a terceros países, las Partes intensificarán la interacción y el intercambio de información en las fases pertinentes del proceso de planificación y de manera proporcionada al nivel de la contribución del Reino Unido. De esta manera, el Reino Unido podrá ajustar mejor su contribución y proporcionar conocimientos técnicos oportunos.
Como contribuyente a una misión u operación específica de la PCSD, el Reino Unido participará en la conferencia de generación de fuerzas, en la convocatoria de contribuciones y en la reunión del Comité de Contribuyentes para poder intercambiar información sobre la ejecución de la misión o la operación. También tendrá la posibilidad, en caso de participar en operaciones militares de la PCSD, de enviar personal en comisión de servicio a los cuarteles generales designados de las operaciones, de forma proporcionada al nivel de su contribución.
D. Desarrollo de las capacidades de defensa
Las relaciones futuras se beneficiarán de la cooperación industrial y en investigación entre las entidades de las Partes, en el marco de proyectos de colaboración europeos específicos para facilitar la interoperabilidad y promover la eficacia conjunta de las Fuerzas Armadas. En este sentido, y aunque ambas Partes conservarán su respectiva autonomía estratégica y su libertad de acción, sustentadas en sus sólidas industrias nacionales de defensa, las Partes acuerdan permitir en la medida de los posible según las condiciones del Derecho de la Unión:
a) la colaboración del Reino Unido en los proyectos actuales y futuros pertinentes de la Agencia Europea de Defensa (AED) mediante un acuerdo administrativo;
b) la participación de entidades candidatas del Reino Unido en proyectos de colaboración en el ámbito de la defensa que reúnan a entidades de la Unión y que reciban financiación del Fondo Europeo de Defensa (EDF); y
c) la colaboración del Reino Unido en proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), cuando el Consejo de la Unión Europea en su formación de CEP lo invite a participar con carácter excepcional.
E. Intercambios en materia de inteligencia
Las Partes intercambiarán inteligencia de forma oportuna y voluntaria, como corresponda, especialmente en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, las amenazas híbridas y las ciberamenazas, y en apoyo de las misiones y las operaciones de la PCSD a las que contribuya el Reino Unido. Si bien las Partes elaborarán sus productos de inteligencia de manera autónoma, dicho intercambio de inteligencia debería contribuir a un entendimiento común del entorno de seguridad de Europa.
Las relaciones futuras permitirán que se produzcan intercambios oportunos de inteligencia e información delicada entre los organismos pertinentes de la Unión y las autoridades del Reino Unido. El Centro de Satélites de la Unión Europea y el Reino Unido cooperarán en el ámbito del reconocimiento de imágenes basado en el espacio.
F. Espacio
Las Partes considerarán establecer acuerdos de cooperación en el ámbito espacial.
G. Cooperación para el desarrollo
Las Partes entablarán un diálogo para diseñar estrategias de elaboración y de ejecución de programas de desarrollo que se refuercen mutuamente.
Sobre la base de su interés mutuo, las Partes estudiarán como podría contribuir el Reino Unido a los mecanismos e instrumentos de la Unión, en particular la coordinación con las delegaciones de la Unión en terceros países.
IV. Cooperación temática
A. Ciberseguridad
Las Partes reafirman su compromiso de promover la seguridad y la estabilidad en el ciberespacio mediante una mayor cooperación internacional. Las Partes acuerdan intercambiar información de manera voluntaria, oportuna y recíproca, especialmente sobre ciberincidentes, técnicas y origen de los atacantes, análisis de amenazas y mejores prácticas para ayudar a proteger al Reino Unido y a la Unión de las amenazas comunes.
Concretamente, el Reino Unido cooperará estrechamente con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la Unión Europea (CERT-UE) y, a reserva de la celebración de un acuerdo de conformidad con el Derecho de la Unión, participará en determinadas actividades del grupo de cooperación creado por la Directiva de la Unión sobre seguridad de las redes y sistemas de información y de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA).
Las Partes cooperarán para promover prácticas mundiales eficaces en el ámbito de la ciberseguridad en los organismos internacionales pertinentes.
El Reino Unido y la Unión entablarán un diálogo sobre temas cibernéticos para promover la cooperación y determinar oportunidades de cooperación en el futuro, habida cuenta de las nuevas amenazas, oportunidades y asociaciones.
B. Protección civil
Las Partes cooperarán en el ámbito de la protección civil en lo que respecta a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Dicha cooperación sería posible mediante la participación del Reino Unido en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión como Estado participante.
C. Seguridad sanitaria
Las Partes cooperarán en cuestiones de seguridad sanitaria de conformidad con los actuales acuerdos de la Unión con terceros países. En los foros internacionales, las Partes procurarán cooperar de forma coherente en las cuestiones relativas a la prevención, la detección, la preparación y la respuesta ante amenazas establecidas y emergentes contra la seguridad sanitaria.
D. Migración ilegal
Las Partes cooperarán para frenar la migración ilegal, en particular abordando sus causas y consecuencias, al tiempo que reconocen la necesidad de proteger a los más vulnerables. Dicha cooperación incluirá:
a) la cooperación operativa con Europol para luchar contra la inmigración ilegal organizada;
b) la colaboración con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para reforzar la frontera exterior de la Unión; y
c) el diálogo sobre objetivos comunes y cooperación, en particular en terceros países y en foros internacionales, para hacer frente a la migración ilegal desde su origen.
E. Lucha contra el terrorismo y el extremismo violento
Las Partes cooperarán en la lucha contra el terrorismo, el extremismo violento y las amenazas emergentes para avanzar en su seguridad común y en sus intereses compartidos. Reconociendo los beneficios mutuos del diálogo colectivo y la cooperación operativa, la asociación apoyará:
a) el intercambio de mejores prácticas y de conocimientos técnicos en cuestiones y temas clave;
b) la cooperación con los organismos de análisis de inteligencia adecuados para garantizar un intercambio eficaz de las evaluaciones entre las Partes, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo; y
c) un diálogo fluido sobre las amenazas emergentes y las nuevas capacidades.
V. Información clasificada e información delicada no clasificada
Las Partes acuerdan firmar un acuerdo de seguridad de la información, junto con normas de desarrollo, que proporcione garantías recíprocas para el manejo y la protección de la información clasificada de las Partes.
Si fuera necesario, las Partes establecerían las condiciones de protección de la información delicada no clasificada que se facilitaran e intercambiaran entre ellas.
PARTE IV: MECANISMOS INSTITUCIONALES Y OTROS MECANISMOS HORIZONTALES
I. Estructura
Las relaciones futuras deben basarse en un marco institucional general que abarque los capítulos y los acuerdos vinculados relacionados con ámbitos específicos de cooperación, al tiempo que se reconoce que la forma jurídica precisa de estas relaciones futuras se determinarán como parte de las negociaciones formales. Cuando proceda, las Partes podrán establecer mecanismos de gobernanza específicos en ámbitos concretos.
Las Partes también podrán decidir la conveniencia de que haya acuerdos que queden fuera del marco institucional general, en cuyo caso se deben prever los mecanismos de gobernanza oportunos.
Las Partes toman nota de que el marco institucional general podría adoptar la forma de un acuerdo de asociación.
Las Partes deben contemplar la posibilidad de revisión de las relaciones futuras.
II. Gobernanza
Con el fin de asegurar el buen funcionamiento de las relaciones futuras, las Partes se comprometen a mantener un diálogo periódico y a establecer mecanismos sólidos, eficientes y eficaces para su gestión, supervisión, aplicación, revisión y desarrollo a lo largo del tiempo, y para la resolución de controversias y la ejecución sobre la base de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Retirada, respetando plenamente sus ordenamientos jurídicos.
A. Dirección y diálogo estratégicos
Las relaciones futuras deben incluir el diálogo entre las Partes a nivel técnico, ministerial y de cumbres, así como a nivel parlamentario. Las Partes deben impulsar el diálogo de la sociedad civil.
En este contexto, los niveles ministerial y de cumbres deben supervisar las relaciones futuras, aportar una dirección estratégica y debatir las oportunidades de cooperación en ámbitos de interés mutuo, incluidas las cuestiones regionales y mundiales. Ello fomentaría una relación estrecha entre las Partes, apoyaría el funcionamiento de los acuerdos, y permitiría que la asociación evolucionase en respuesta a cambios y circunstancias imprevistas.
También debe haber diálogos temáticos específicos a nivel de ministros y altos cargos, que deben establecerse como parte de asociaciones económicas y de seguridad y que deben celebrarse con la periodicidad que sea necesaria para el funcionamiento eficaz de la relación futura.
Las Partes apoyan el establecimiento de un diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido, cuando lo estimen oportuno, con el fin de que ambos órganos legislativos intercambien impresiones y conocimientos técnicos sobre cuestiones relacionadas con las relaciones futuras.
B. Gestión, administración y supervisión
Las Partes deben establecer un Comité Mixto encargado de la gestión y la supervisión de la puesta en ejecución y el funcionamiento de las relaciones futuras, que facilite la resolución de controversias conforme a lo dispuesto más adelante, y realice recomendaciones relativas a su evolución.
El Comité Mixto debe estar formado por representantes de las Partes al nivel oportuno, fijar su propio Reglamento interno, adoptar decisiones de común acuerdo y reunirse con la periodicidad que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. En caso necesario, podría crear subcomités especializados que lo asistan en el desempeño de sus funciones.
C. Interpretación
En pleno respeto de la autonomía de los ordenamientos jurídicos de las Partes, la Unión y el Reino Unido procurarán asegurar la coherencia de la interpretación y aplicación de las relaciones futuras.
D. Solución de controversias
Las Partes basarán los mecanismos de solución de controversias y de garantía del cumplimiento en los dispuestos en el Acuerdo de Retirada. A tal fin, las Partes deben procurar primero por todos los medios resolver cualquier cuestión relativa al funcionamiento de las relaciones futuras a través de debate y consultas. Si alguna de las Partes lo estimase necesario, debería poder remitir la cuestión al Comité Mixto para su resolución formal.
Salvo disposición en contrario, el Comité Mixto podrá acordar que se remita la controversia a una comisión independiente de arbitraje en cualquier momento, y cualquiera de las Partes debe poder hacerlo cuando el Comité Mixto no haya llegado a ninguna resolución mutuamente satisfactoria en un plazo definido. Las decisiones de la comisión independiente de arbitraje serán vinculantes para las Partes.
En caso de que alguna controversia plantee una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, la cual también puede ser señalada por cualquiera de las Partes, la comisión de arbitraje debe remitir la cuestión al TJUE como único árbitro del Derecho de la Unión, para que emita una resolución vinculante. La comisión de arbitraje debe adoptar las decisiones sobre la controversia con arreglo a la resolución que emita el TJUE. Cuando una Parte considere que la comisión de arbitraje debería haber remitido una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión al TJUE, podrá pedir a dicha comisión que revise y motive su valoración.
Cuando una Parte no haya tomado las medidas necesarias para cumplir la resolución vinculante de una controversia en un plazo razonable, la otra Parte tendrá derecho a solicitar una compensación financiera o a adoptar medidas proporcionadas y temporales, incluida la suspensión de sus obligaciones dentro del ámbito de aplicación de las relaciones futuras. Las relaciones futuras también establecerán las condiciones en las que podrán suspenderse las obligaciones que se deriven de partes de cualquier acuerdo entre la Unión y el Reino Unido, incluido el procedimiento previsto en el artículo 178 del Acuerdo de Retirada. Cualquiera de las Partes podrá someter la cuestión de la proporcionalidad de dichas medidas a la comisión independiente de arbitraje.
III. Excepciones y medidas de salvaguardia
Las relaciones futuras deben disponer excepciones apropiadas en relación con la seguridad; la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros de la Unión y del Reino Unido, respectivamente.
Las relaciones futuras deben tratar la posibilidad de que una Parte active medidas temporales de salvaguardia que, de otro modo, infringirían sus compromisos en caso de circunstancias que presenten dificultades económicas, sociales o medioambientales significativas. Dicha posibilidad estará sujeta a condiciones estrictas e incluirá el derecho de la otra Parte a adoptar medidas de reequilibrio. La cuestión de la proporcionalidad de las medidas adoptadas estará sometida a un arbitraje independiente.
PARTE V: PROCESO FUTURO
A la hora de establecer el marco de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido, la presente declaración confirma que, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Retirada, ambas Partes están claramente resueltas a establecer acuerdos de buena fe en los que se concretice esta relación y a iniciar el proceso formal de negociación lo antes posible después de la retirada del Reino Unido de la Unión, de forma que puedan entrar en vigor antes de que termine 2020.
Ambas Partes afirman que los logros, beneficios y compromisos del proceso de paz en Irlanda del Norte seguirán revistiendo una importancia capital para la paz, la estabilidad y la reconciliación. Convienen en que el Acuerdo del Viernes Santo o el Acuerdo de Belfast alcanzado el 10 de abril de 1998 por el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno irlandés y los demás participantes en las negociaciones multilaterales (el «Acuerdo de 1998») debe protegerse en todas sus partes, y en que ello se hace extensivo a la aplicación práctica del Acuerdo de 1998 en la isla de Irlanda y a la totalidad de las relaciones establecidas en el Acuerdo de 1998.
Las Partes avanzarán en el desarrollo de los acuerdos legales en los que queden plasmadas las relaciones futuras en dos etapas.
I. Período previo a la retirada
Entre la aprobación de la presente declaración y la retirada del Reino Unido de la Unión, cada una de las Partes emprenderá los preparativos correspondientes con el objetivo de que las negociaciones formales puedan comenzar rápidamente y progresar.
Esta labor de preparación debe dar lugar a la elaboración de una propuesta de calendario para el cumplimiento del programa de trabajo requerido, una vez determinados los ámbitos que tengan mayor probabilidad de necesitar una mayor atención, tales como los elementos relacionados con las medidas alternativas destinadas a garantizar la ausencia de una frontera física de carácter permanente en la isla de Irlanda.
Las Partes también estudiarán las necesidades logísticas de las negociaciones formales.
II. Período posterior a la retirada
Una vez que la Unión haya tomado las medidas necesarias para comenzar las negociaciones formales con arreglo al artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), está previsto que las Partes negocien en paralelo los acuerdos necesarios para dar forma jurídica a las relaciones futuras.
Inmediatamente después de la retirada del Reino Unido, y sobre la base de su labor preparatoria, las Partes acordarán un programa que incluya:
a) la estructura y el formato de las rondas de negociación, también en relación con las vías paralelas; y
b) un calendario formal de rondas de negociación.
El programa se concebirá con el objetivo de cumplir la intención compartida de las Partes que figura en el apartado 138.
III. Puntos de revisión
Las Partes convocarán una conferencia de alto nivel al menos una vez cada seis meses a partir de la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión con el fin de hacer balance de los progresos y de convenir, en la medida de lo posible, las acciones futuras. |
[«Medio ambiente — Reglamento (UE) 2016/646 — Emisiones contaminantes procedentes de turismos yvehículos comerciales ligeros (Euro 6) — Fijación, con respecto a las emisiones de óxidos de nitrógeno, devalores no sobrepasables (NTE) en los ensayos en condiciones reales de conducción (RDE) — Recurso deanulación — Potestades de una autoridad municipal en materia de protección del medio ambiente paralimitar la circulación de determinados vehículos — Afectación directa — Admisibilidad — Incompetenciade la Comisión — Respeto de las normas jurídicas de rango superior — Modulación en el tiempo de losefectos de una anulación — Responsabilidad extracontractual — Reparación de un perjuicio alegado deimagen y reputación»]
(2019/C 82/48)
Lenguas de procedimiento: español y francés
Parte demandante en el asunto T-339/16: Ville de Paris (Francia) (representante: J. Assous, abogado)
Parte demandante en el asunto T-352/16: Ville de Bruxelles (Bélgica) (representantes: M. Uyttendaele y S. Kaisergruber,abogados)
Parte demandante en el asunto T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (representante: F. Zunzunegui Pastor, abogado)
Parte demandada: Comisión Europea (representantes: A.C. Becker, E. Sanfrutos Cano y J.-F. Brakeland, agentes)
Por un lado, una serie de recursos basados en el artículo 263 TFUE por los que se solicita la anulación del Reglamento (UE)2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo queconcierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DO 2016, L 109, p. 1), y, por otro lado, un recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la indemnización del perjuicio que la ville deParis considera haber sufrido como consecuencia de la adopción de dicho Reglamento.
1) Anular el punto 2 del anexo II del Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica elReglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6),en la medida en que fija, en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 del anexo III A del Reglamento n.o 692/2008 de la Comisión, de 18 de juliode 2008, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 715/2007, el valor del factor de conformidad CFpollutant definitivo y el valordel factor de conformidad CFpollutant temporal con respecto a la masa de los óxidos de nitrógeno.
2) Desestimar los recursos en todo lo demás.
3) Los efectos de la disposición anulada en virtud del punto 1 del fallo se mantendrán hasta que se adopte en un plazo razonable unanueva normativa que sustituya a estas disposiciones, plazo que no podrá exceder de doce meses a partir de la fecha en que la presentesentencia surta efectos.
4) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas de la ville de Paris, de la ville de Bruxelles y del Ayuntamiento de Madrid.
(1) DO C 314 de 29.8.2016. |
En la página 15, fórmula final, en la fecha:
donde dice:
«Hecho en Bruselas, el cuatro de mayo del año dos mil once.»,
debe decir:
«Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de dos mil once.». |
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
Visto el artículo 24, apartados 2, 4 y 6, del Reglamento de Procedimiento,
Considerando que, en aplicación de esa disposición, procede establecer la lista de los días feriados legales y fijar las fechas delas vacaciones judiciales,
ADOPTA LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La lista de los días feriados legales mencionada en el artículo 24, apartados 4 y 6, del Reglamento de Procedimiento será la siguiente:
— El día de Año Nuevo.
— El lunes de Pascua.
— El 1 de mayo.
— La Ascensión.
— El lunes de Pentecostés.
— El 23 de junio.
— El 15 de agosto.
— El 1 de noviembre.
— El 25 de diciembre.
— El 26 de diciembre.
Artículo 2
Para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, las fechas de las vacaciones judiciales mencionadas en el artículo 24, apartados 2 y 6, del Reglamento de Procedimiento serán las siguientes:
— Navidad de 2019: del lunes 23 de diciembre de 2019 al domingo 12 de enero de 2020 inclusive.
— Semana Santa de 2020: del lunes 6 de abril de 2020 al domingo 19 de abril de 2020 inclusive.
— Verano de 2020: del jueves 16 de julio de 2020 al lunes 31 de agosto de 2020 inclusive.
Artículo 3
La presente decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Luxemburgo, el 12 de febrero de 2019.
El Secretario
A. CALOT ESCOBAR
El Presidente
K. LENAERTS |
EL TRIBUNAL GENERAL
Visto el artículo 41, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento,
ADOPTA LA SIGUIENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Para el año judicial que comienza el 1 de septiembre de 2019, las fechas de las vacaciones judiciales mencionadas en el artículo 41, apartados 2 y 6, del Reglamento de Procedimiento serán las siguientes:
— Navidad de 2019: del lunes 23 de diciembre de 2019 al domingo 12 de enero de 2020 inclusive.
— Semana Santa de 2020: del lunes 6 de abril de 2020 al domingo 19 de abril de 2020 inclusive.
— Verano de 2020: del jueves 16 de julio de 2020 al lunes 31 de agosto de 2020 inclusive.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Luxemburgo, a 27 de febrero de 2019.
El Secretario
E. COULON
El Presidente
M. JAEGER |
Lengua de procedimiento: inglés
Demandante: Edward Stavytskyi (Bruselas, Bélgica) (representantes: J. Grayston, Solicitor, y P. Gjørtler, G. Pandey yD. Rovetta, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux y J.-P. Hix, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: E. Paasivirta y L. Baumgart, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE y por el que se solicita la anulación, en la medida en que mantienen el nombre del demandante en la lista de personas, entidades y organismos objeto de las medidas restrictivas en cuestión, de la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2017, L 58, p. 34), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2017, L 58, p. 1).
1) Anular, en la medida en que mantienen el nombre del Sr. Edward Stavytskyi en la lista de personas, entidades y organismos objeto de las medidas restrictivas en cuestión, la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
2) Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Stavytskyi.
3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
(1) DO C 231 de 17.7.2017 |
Lengua de procedimiento: francés
Demandante: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) (representantes: J.-P. Buyle y L. Cloquet,abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente M. Veiga e I. Pouli, posteriormente I. Pouli yV. Piessevaux, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión (PESC) 2017/917 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivascontra Siria (DO 2017, L 139, p. 62); del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907 del Consejo, de 29 de mayo de 2017,por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2017, L 139, p. 15); de la Decisión (PESC) 2018/778 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2018, L 131, p. 16), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2018, L 131, p. 1), en la medida en que estos actos afectan al demandante.
1) Anular la Decisión (PESC) 2017/917 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria; la Decisión (PESC) 2018/778 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011, en su versión modificada, en último lugar, por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que estos actos afectan al demandante.
2) Mantener los efectos de las Decisiones 2017/917 y 2018/778 con respecto al Sr. Abdulkarim hasta la fecha en que finalice el plazo para interponer recurso de casación o, si se interpusiera recurso de casación dentro de este plazo, hasta que este fuera desestimado.
3) Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Abdulkarim.
(1) DO C 347 de 16.10.2017. |
Lengua de procedimiento: francés
Demandante: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (representantes: J.-P. Buyle y L. Cloquet, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux y A. Limonet, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación, en la medida en que dichos actos afectan a la demandante, de la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1245 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2017, L 178, p. 13), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1241 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2017, L 178, p. 1), de la Decisión (PESC) 2018/778 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2018, L 131, p. 16), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2018, L 131, p. 1).
1) Anular, en la medida en que afectan a Alkarim for Trade and Industry LLC, la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1245 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, la Decisión (PESC) 2018/778 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento (UE) n.o 36/2012, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011, en la redacción que le dieron el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1241 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774 del Consejo, de 28 de mayo de 2018, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
2) Mantener respecto de Alkarim for Trade and Industry los efectos de la Decisión de Ejecución 2017/1245 y de la Decisión 2018/778 hasta que finalice el plazo de interposición de recurso de casación o, si en dicho plazo se interpone recurso de casación, hasta la posible desestimación de este.
3) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de Alkarim for Trade and Industry.
(1) DO C 437 de 18.12.2017. |
EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA,
VISTOS:
El Reglamento (CE) n.o 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) (1), y en particular su artículo 13,
El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (2),
Considerando lo siguiente:
(1) La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lleva a cabo investigaciones administrativas, procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión, sobre la base del artículo 86 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y de conformidad con su anexo IX, así como de la Decisión 2013/01 del Consejo Ejecutivo, los procedimientos disciplinarios pueden incluir investigaciones efectuadas por el Consejo Disciplinario de la FRA de conformidad con el artículo 17 del anexo IX del Estatuto de los funcionarios.
(2) De conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, deben adoptarse sin más demora normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a la limitación de algunos de sus derechos en materia de protección de datos por parte de la FRA en el contexto de las investigaciones administrativas y los procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión.
(3) La Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2019/165 (3).
(4) La FRA debe cumplir la legislación aplicable en materia de protección de datos.
(5) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 28 de febrero de 2019.
HA DECIDIDO LO SIGUIENTE:
Artículo 1
La Decisión (UE) 2019/165 de la Comisión será aplicable por analogía a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Artículo 2
La Decisión (UE) 2019/165 será aplicable mutatis mutandis a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con las siguientes modificaciones:
1) «Comisión» y «Comisión Europea» se sustituirán por «Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)».
2) En el considerando 1, «Esas tareas […] (“IDOC”)» no será aplicable.
3) La Decisión C(2004) 1588 de la Comisión por la que se establecen disposiciones generales de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y la aplicación de procedimientos disciplinarios se sustituirá por la «Decisión 2013/01 del Consejo Ejecutivo relativa a la realización de investigaciones administrativas y la aplicación de procedimientos disciplinarios».
Artículo 3
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Viena, el 19 de marzo de 2019.
Por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Sirpa RAUTIO
Presidenta del Consejo Ejecutivo
(1) DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
(2) DO L 295 de 21.11.2018, p. 39.
(3) Decisión (UE) 2019/165 de la Comisión, de 1 de febrero de 2019, por la que se establecen normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a la limitación de algunos de sus derechos de protección de datos por parte de la Comisión en el contexto de las investigaciones administrativas y los procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión (DO L 32 de 4.2.2019, p. 9). |
(2019/C 139/44)
Lengua de procedimiento: español
Demandante: Fútbol Club Barcelona (Barcelona) (representantes: inicialmente J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A.Sellés Marco y C. Iglesias Megías, y posteriormente J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset y A. Sellés Marco, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Luengo, B. Stromsky y P. Němečková, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Reino de España (representantes: inicialmente A. Gavela Llopis y J. García-Valdecasas Dorego, y posteriormente A. Gavela Llopis, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE en el que se solicita la anulación de la Decisión (UE) 2016/2391 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España a determinados clubes de fútbol (DO 2016, L 357, p. 1).
1) Anular la Decisión (UE) 2016/2391 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España a determinados clubes de fútbol.
2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Fútbol Club Barcelona.
3) El Reino de España cargará con sus propias costas.
(1)DO C 30 de 30.1.2017. |
LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CONSIDERANDO que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido»), tras el resultado de un referéndum celebrado en el Reino Unido y su decisión soberana de abandonar la Unión Europea, notificó su intención de retirarse de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom») de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), que se aplica a la Euratom en virtud del artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»),
DESEANDO establecer la forma de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom, teniendo cuenta el marco de sus relaciones futuras,
TOMANDO NOTA de las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril y 15 de diciembre de 2017 y de 23 de marzo de 2018, según las cuales la Unión debe celebrar un acuerdo por el que se establezcan las disposiciones de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom,
RECORDANDO que, en virtud del artículo 50 del TUE, en relación con el artículo 106 bis del Tratado Euratom, y a reserva de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, el Derecho de la Unión y de la Euratom en su totalidad dejará de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
DESTACANDO que el objetivo del presente Acuerdo es garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom,
RECONOCIENDO que es necesario proporcionar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales del Reino Unido, así como a los miembros de sus familias respectivas, cuando hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de una fecha fijada en el presente Acuerdo, y garantizar que los derechos que les corresponden en virtud del presente Acuerdo sean exigibles y se basen en el principio de no discriminación; reconociendo asimismo que deben protegerse los derechos devengados por períodos de cotización a sistemas de seguridad social,
RESUELTOS a garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido, sin excluir la posibilidad de que las disposiciones pertinentes relativas a la separación sean sustituidas por el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
CONSIDERANDO que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio o de ejecución durante el cual -no obstante todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a la participación del Reino Unido en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en especial el fin, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de los mandatos de todos los miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se hubiesen nombrado, designado o elegido por la pertenencia del Reino Unido a la Unión- el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
RECONOCIENDO que, aunque el Derecho de la Unión se aplique al y en el Reino Unido durante el período transitorio, las características específicas del Reino Unido, en cuanto Estado que se ha retirado de la Unión, implican que será importante que el Reino Unido pueda tomar medidas para preparar y establecer nuevos acuerdos internacionales propios, inclusive en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, a condición de que dichos acuerdos no entren en vigor ni se apliquen durante ese período, a menos que la Unión lo autorice,
RECORDANDO que la Unión y el Reino Unido han acordado respetar los compromisos mutuos contraídos cuando el Reino Unido aún era miembro de la Unión a través de una liquidación financiera única,
CONSIDERANDO que, para garantizar una interpretación y aplicación correctas del presente Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, es esencial establecer disposiciones que aseguren la gobernanza general, en particular normas vinculantes de solución de controversias y de garantía del cumplimiento que respeten plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido así como la condición de tercer país del Reino Unido,
RECONOCIENDO que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en protocolos separados del presente Acuerdo, disposiciones duraderas para dar respuesta a situaciones muy específicas relativas a Irlanda / Irlanda del Norte y a las zonas de soberanía en Chipre,
RECONOCIENDO, además, que, para que la retirada del Reino Unido de la Unión sea ordenada, también es necesario establecer, en un protocolo separado del presente Acuerdo, disposiciones específicas respecto de Gibraltar que sean aplicables, en particular, durante el período transitorio,
RECALCANDO que el presente Acuerdo se fundamenta en un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones para la Unión y el Reino Unido,
TOMANDO NOTA de que, en paralelo al presente Acuerdo, las Partes han efectuado una Declaración Política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
CONSIDERANDO que existe la necesidad, tanto para el Reino Unido como para la Unión, de adoptar todas las medidas necesarias para empezar, tan pronto como sea posible desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las negociaciones formales de uno o varios acuerdos que regulen sus relaciones futuras, con el fin de garantizar que, en la medida de lo posible, dichos acuerdos se apliquen a partir del final del período transitorio,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 1
Objetivo
El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom»).
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «Derecho de la Unión»:
i) el Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Tratado Euratom»), tal como han sido modificados o complementados, así como los Tratados de Adhesión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, denominados conjuntamente «los Tratados»,
ii) los principios generales del Derecho de la Unión,
iii) los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión,
iv) los acuerdos internacionales en los que sea Parte la Unión y los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros en nombre de la Unión,
v) los acuerdos celebrados entre Estados miembros en calidad de Estados miembros de la Unión,
vi) los actos de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo Europeo o del Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo»),
vii) las declaraciones realizadas a raíz de las conferencias intergubernamentales en las que se adoptaron los Tratados;
b) «Estados miembros»: el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia;
c) «ciudadano de la Unión»: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro;
d) «nacional del Reino Unido»: un nacional del Reino Unido, como se define en la nueva declaración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 31 de diciembre de 1982, sobre la definición del término «nacionales» (1) y en la declaración n.o 63 aneja al Acta Final de la conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa (2);
e) «período transitorio»: el período previsto en el artículo 126;
f) «día»: un día natural, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o de disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo.
Artículo 3
Ámbito de aplicación territorial
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias al Reino Unido o a su territorio en el presente Acuerdo se refieren a:
a) el Reino Unido;
b) Gibraltar, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
c) las islas del Canal y la isla de Man, en la medida en que el Derecho de la Unión fuese de aplicación a estas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
d) las zonas de soberanía de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea;
e) los países y territorios de ultramar recogidos en el anexo II del TFUE que mantienen relaciones especiales con el Reino Unido (3), respecto de las disposiciones del presente Acuerdo referentes al régimen especial de asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión.
2. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del Derecho de la Unión que resulte de aplicación en virtud del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a los Estados miembros, o a su territorio, en el presente Acuerdo abarcan los territorios de los Estados miembros a los que se aplican los Tratados como se dispone en el artículo 355 del TFUE.
Artículo 4
Métodos y principios relativos a los efectos, la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo
1. Las disposiciones del presente Acuerdo y las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo producirán los mismos efectos jurídicos para el Reino Unido, y en su territorio, que los que produzcan en la Unión y en sus Estados miembros.
Por lo tanto, las personas físicas o jurídicas podrán, en particular, invocar directamente las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, o indicadas en él, que cumplan las condiciones para tener efecto directo en virtud del Derecho de la Unión.
2. El Reino Unido garantizará el cumplimiento del apartado 1, incluido en lo relativo a las competencias de sus autoridades judiciales y administrativas para no aplicar disposiciones nacionales incoherentes o incompatibles, por medio del Derecho primario nacional.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión o a conceptos o disposiciones de este se interpretarán y aplicarán conforme a los métodos y principios generales del Derecho de la Unión.
4. Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada antes del final del período transitorio.
5. Al interpretar y aplicar el presente Acuerdo, las autoridades judiciales y administrativas del Reino Unido tendrán debidamente en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada después del final del período transitorio.
Artículo 5
Buena fe
La Unión y el Reino Unido, con pleno respeto mutuo y de buena fe, se asistirán mutuamente en el cumplimiento de las tareas derivadas del presente Acuerdo.
Adoptarán todas las medidas apropiadas, tanto de índole general como particular, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.
El presente artículo no afecta a la aplicación del Derecho de la Unión en virtud del presente Acuerdo, en particular al principio de cooperación leal.
Artículo 6
Referencias al Derecho de la Unión
1. Con excepción de la cuarta y quinta partes, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, todas las referencias en el presente Acuerdo al Derecho de la Unión se entenderán como referencias al Derecho de la Unión, incluidas sus modificaciones y sustituciones, que sea de aplicación en el último día del período transitorio.
2. Cuando el presente Acuerdo se refiera a actos de la Unión o a disposiciones de estos, se entenderá que dicha referencia incluye, en su caso, una referencia al Derecho de la Unión o a disposiciones de este que, aunque hayan sido sustituidas por el acto referido, siguen aplicándose conforme a dicho acto.
3. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que las referencias a disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen las referencias a los correspondientes actos de la Unión que completen o ejecuten dichas disposiciones.
Artículo 7
Referencias a la Unión y a los Estados miembros
1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a las autoridades competentes de estos en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen al Reino Unido y sus autoridades competentes, salvo en lo que respecta a:
a) la designación, el nombramiento o la elección de miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como la participación en el proceso decisorio y la asistencia a las reuniones de las instituciones;
b) la participación en el proceso decisorio y la gobernanza de los órganos y organismos de la Unión;
c) la asistencia a las reuniones de los comités a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión o de otras entidades similares, o a las reuniones de los grupos de expertos o entidades similares de los órganos y organismos de la Unión, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
2. Se entenderá que toda referencia a la Unión incluye a la Euratom salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
Artículo 8
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, al final del período transitorio el Reino Unido dejará de tener derecho de acceso a toda red, sistema de información y base de datos establecidos con base en el Derecho de la Unión. El Reino Unido adoptará las medidas adecuadas para garantizar que no accede a ninguna red, sistema de información o base de datos respecto de los que deje de tener derecho de acceso.
SEGUNDA PARTE
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 9
Definiciones
A efectos de la presente parte, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, se entenderá por:
a) «miembros de la familia»: las personas de la lista siguiente, con independencia de su nacionalidad, que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación personal previsto en el artículo 10 del presente Acuerdo:
i) miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o miembros de la familia de nacionales del Reino Unido, tal y como se definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5),
ii) aquellas personas, distintas de las definidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, cuya presencia sea obligatoria para que ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido no pierdan el derecho de residencia que se les reconoce en la presente parte;
b) «trabajadores fronterizos»: ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad económica de conformidad con el artículo 45 o el artículo 49 del TFUE en uno o más Estados en los que no residen;
c) «Estado de acogida»:
i) respecto de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, el Reino Unido, si han ejercido su derecho de residencia en dicho Estado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período,
ii) respecto de los nacionales del Reino Unido y los miembros de sus familias, el Estado miembro en el que hayan ejercido su derecho de residencia con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y en el que sigan residiendo después de este período;
d) «Estado de trabajo»:
i) respecto de los ciudadanos de la Unión, el Reino Unido, si han ejercido una actividad económica como trabajadores fronterizos en dicho Estado antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período,
ii) respecto de los nacionales del Reino Unido, el Estado miembro en el que hayan ejercido una actividad económica como trabajadores fronterizos antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndola después de este período;
e) «derechos de custodia»: derechos de custodia como se definen en el artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo (6), que incluyen los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.
Artículo 10
Ámbito de aplicación personal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, la presente parte se aplicará a las personas siguientes:
a) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de residencia en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período;
b) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho de residencia en un Estado miembro con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período;
c) los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho como trabajadores fronterizos en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período;
d) los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido su derecho como trabajadores fronterizos en uno o más Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan ejerciéndolo después de este período;
e) los miembros de la familia de las personas a que se refieren las letras a) a d), siempre que satisfagan una de las condiciones siguientes:
i) haber residido en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y seguir residiendo en él después de este período,
ii) tener un vínculo directo con una persona a que se refieren las letras a) a d) y haber residido fuera del Estado de acogida antes del final del período transitorio, siempre que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado,
iii) ser descendiente consanguíneo o adoptivo de primer grado de las personas a que se refieren las letras a) a d) y que el nacimiento o la adopción haya tenido lugar después del final del período transitorio, en el Estado de acogida o en un lugar distinto, y satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE en el momento de solicitar residencia en virtud de la presente parte para reunirse con la persona a que se refieren las letras a) a d) del presente apartado y cumpla una de las condiciones siguientes:
— ambos progenitores pertenecen a una de las categorías de personas de las letras a) a d),
— uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y el otro es nacional del Estado de acogida, o
— uno de los progenitores pertenece a una de las categorías de personas de las letras a) a d) y tiene derecho de custodia compartida o exclusiva respecto del menor de conformidad con la normativa aplicable del Derecho de familia de un Estado miembro o del Reino Unido, incluida la normativa aplicable del Derecho internacional privado en virtud de la cual se reconocen en el Estado miembro o en el Reino Unido los derechos de custodia previstos en el Derecho de un tercer Estado, especialmente en cuanto al interés superior del menor, y sin perjuicio del funcionamiento normal de esa normativa aplicable del Derecho internacional privado (7);
f) los miembros de la familia que hayan residido en el Estado de acogida con arreglo a los artículos 12 y 13, el artículo 16, apartado 2, y los artículos 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio y que sigan residiendo en él después de este período.
2. Las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE cuya residencia haya sido facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional antes del final del período transitorio conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva conservarán el derecho de residencia que les corresponda en el Estado de acogida conforme a la presente parte, siempre que sigan residiendo en el Estado de acogida después del período transitorio.
3. El apartado 2 del presente artículo se aplicará también a las personas a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/38/CE que hayan solicitado la ayuda a la entrada y la residencia antes del final del período transitorio y cuya residencia esté siendo facilitada por el Estado de acogida con arreglo a su legislación nacional después del período transitorio.
4. Sin perjuicio de un derecho de residencia personal que puedan tener los interesados, el Estado de acogida facilitará, con arreglo a su legislación nacional y al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, la entrada y la residencia a la pareja con la que la persona a la que se refiere el apartado 1, letras a) a d), del presente artículo mantenga una relación estable, debidamente probada, en caso de que dicha pareja no resida en el Estado de acogida antes del final del período transitorio y con la condición de que la relación fuese estable antes del final del período transitorio y lo siga siendo cuando la pareja solicite residencia en virtud de la presente parte.
5. En los supuestos descritos en los apartados 3 y 4, el Estado de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales de las personas concernidas y justificará las denegaciones de entrada o residencia de dichas personas.
Artículo 11
Continuidad de la residencia
La continuidad de la residencia a efectos de los artículos 9 y 10 no se verá afectada por las ausencias a que se refiere el artículo 15, apartado 2.
El derecho de residencia permanente adquirido en virtud de la Directiva 2004/38/CE antes del final del período transitorio no será considerado como perdido por ausencia del Estado de acogida por un período especificado en el artículo 15, apartado 3.
Artículo 12
No discriminación
En el ámbito de aplicación de la presente parte y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en la misma, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad en el sentido del artículo 18, párrafo primero, del TFUE, tanto en el Estado de acogida como en el Estado de trabajo, respecto de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo.
TÍTULO II
Derechos y obligaciones
Capítulo 1
Derechos relacionados con la residencia y documentos de residencia
Artículo 13
Derechos de residencia
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida con arreglo a las limitaciones y condiciones establecidas en los artículos 21, 45 o 49 del TFUE y en el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letras a), b) o c), el artículo 7, apartado 3, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.
2. Los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 1, el artículo 7, apartado 1, letra d), el artículo 12, apartados 1 o 3, el artículo 13, apartado 1, el artículo 14, el artículo 16, apartado 1, o el artículo 17, apartados 3 y 4, de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones.
3. Los miembros de la familia que no sean ni ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido tendrán derecho a residir en el Estado de acogida de conformidad con el artículo 21 del TFUE y el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 12, apartados 2 o 3, el artículo 13, apartado 2, el artículo 14, el artículo 16, apartado 2, el artículo 17, apartados 3 o 4, o el artículo 18 de la Directiva 2004/38/CE, a reserva de las limitaciones y condiciones establecidas en esas disposiciones.
4. El Estado de acogida no podrá imponer limitaciones ni condiciones distintas de las que se contemplan en el presente título para la obtención, la conservación o la pérdida de los derechos de residencia por parte de las personas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3. Solo se podrá ejercer discrecionalidad en la aplicación de las limitaciones y condiciones previstas en el presente título para favorecer a los interesados.
Artículo 14
Derecho de salida y de entrada
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título tendrán derecho a salir del Estado de acogida y entrar en este en los términos del artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/38/CE con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y el resto de personas que no sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido.
Transcurridos cinco años desde el final del período transitorio, el Estado de acogida podrá dejar de aceptar los documentos nacionales de identidad a efectos de la entrada en su territorio o la salida del mismo si dichos documentos no incorporan un chip que cumpla las normas aplicables de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de identificación biométrica.
2. A los titulares de un documento válido expedido con arreglo a los artículos 18 o 26 no se les exigirán visados de entrada ni visados de salida, ni se les someterá a obligaciones equivalentes.
3. Cuando el Estado de acogida exija un visado de entrada a los miembros de la familia que vayan a reunirse con un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido después del final del período transitorio, el Estado de acogida concederá a estas personas todas las facilidades necesarias para obtener el visado. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.
Artículo 15
Derecho de residencia permanente
1. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida con arreglo al Derecho de la Unión por un período continuado de cinco años o por el período especificado en el artículo 17 de la Directiva 2004/38/CE tendrán derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en los artículos 16, 17 y 18 de la Directiva 2004/38/CE. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio.
2. La continuidad de la residencia a efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente se determinará con arreglo al artículo 16, apartado 3, y el artículo 21 de la Directiva 2004/38/CE.
3. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente solo se perderá por ausencia del Estado de acogida durante más de cinco años consecutivos.
Artículo 16
Acumulación de períodos
Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, que hayan residido legalmente en el Estado de acogida antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE por un período inferior a cinco años tendrán derecho a adquirir el derecho a residir permanentemente en el Estado de acogida en las condiciones establecidas en el artículo 15 del presente Acuerdo una vez hayan completado los períodos de residencia exigidos. Se tendrán en consideración para el cálculo del período mínimo necesario para la adquisición del derecho de residencia permanente los períodos de residencia o de trabajo legales con arreglo al Derecho de la Unión antes y después del final del período transitorio.
Artículo 17
Variaciones en la condición de residente
1. El derecho de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de sus familias respectivas, a invocar lo dispuesto en la presente parte no se verá afectado por los cambios en su condición, por ejemplo entre estudiante, trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia o persona sin actividad económica. Las personas que, al final del período transitorio, disfruten de un derecho de residencia en cuanto miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o de nacionales del Reino Unido no podrán formar parte de las categorías de personas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letras a) a d).
2. Los derechos que el presente título reconoce a los miembros de la familia que estén a cargo de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio seguirán vigentes incluso cuando dejen de estar a su cargo.
Artículo 18
Expedición de documentos de residencia
1. El Estado de acogida podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas, que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título, que soliciten una nueva condición de residente, que otorgue los derechos del presente título, y un documento que la acredite, que podrá estar en formato digital.
La solicitud de dicha condición de residente estará sujeta a las condiciones siguientes:
a) la finalidad del procedimiento de solicitud será comprobar si a la persona solicitante le corresponden los derechos de residencia establecidos en el presente título. Cuando así sea, la persona solicitante tendrá derecho a que se le otorgue la condición de residente y un documento que la acredite.
b) las personas que residan en el Estado de acogida antes del final del período transitorio tendrán un plazo no inferior a seis meses desde el final del período transitorio para presentar la solicitud.
En el caso de las personas cuyo derecho de residencia en el Estado de acogida comience después del final del período transitorio de conformidad con el presente título, el plazo para presentar la solicitud será de tres meses desde su llegada o el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero, si esta última fecha fuere posterior.
Se expedirá inmediatamente un certificado de solicitud de condición de residente.
c) el plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) se prorrogará automáticamente por un año si la Unión notifica al Reino Unido, o el Reino Unido a la Unión, que debido a problemas técnicos el Estado de acogida no puede registrar la solicitud o expedir el certificado de la solicitud a que se refiere la letra b). El Estado de acogida publicará dicha notificación y proporcionará información pública adecuada a los interesados con prontitud.
d) en caso de incumplimiento del plazo para presentar la solicitud a que se refiere la letra b) por los interesados, las autoridades competentes valorarán las circunstancias y los motivos por los que se ha producido el incumplimiento y concederán al interesado un plazo adicional suficiente para presentar la solicitud si los motivos del incumplimiento están fundados.
e) el Estado de acogida velará por que los procedimientos administrativos relativos a las solicitudes sean expeditos, transparentes y sencillos y por que se eliminen las trabas administrativas innecesarias.
f) los formularios de solicitud serán cortos, sencillos, de uso fácil y estarán adaptados al contexto del presente Acuerdo; las distintas solicitudes procedentes de una misma familia que se presenten a la vez se tramitarán conjuntamente.
g) el documento acreditativo de la condición de residente se expedirá con carácter gratuito o mediante pago de una tasa que no rebase la impuesta a los ciudadanos o nacionales del Estado de acogida por la expedición de documentos similares.
h) las personas que, antes del final del período transitorio, sean titulares de un documento válido de residencia permanente expedido con arreglo a los artículos 19 o 20 de la Directiva 2004/38/CE o de un documento nacional válido de inmigrante que otorgue un derecho de residencia permanente en el Estado de acogida tendrán derecho a cambiar dicho documento en el plazo indicado en la letra b) del presente apartado por un nuevo documento de residencia mediante solicitud y una vez se haya verificado su identidad, se haya realizado un control de antecedentes penales y de seguridad con arreglo a la letra p) del presente apartado y se haya confirmado el carácter continuado de su residencia; el nuevo documento de residencia será expedido gratuitamente.
i) la identidad de los solicitantes se acreditará con la presentación de un pasaporte o un documento nacional de identidad válidos, en el caso de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, y con la presentación de un pasaporte válido, en el caso de los miembros de sus familias respectivas y otras personas que no sean ciudadanos de la Unión ni nacionales del Reino Unido; la admisión de dichos documentos de identidad no podrá depender de otro criterio que no sea la validez del documento. Si durante la tramitación de la solicitud el documento de identidad obra en poder de las autoridades competentes del Estado de acogida, el interesado podrá solicitar su restitución, que el Estado de acogida realizará sin demora, antes de que se haya adoptado una resolución sobre la solicitud.
j) se podrá presentar copia de la documentación justificativa, como la relativa al estado civil, con excepción de los documentos de identidad. Solo se podrá exigir la presentación de los originales de la documentación justificativa en casos específicos en los que se alberguen dudas fundadas sobre su autenticidad.
k) el Estado de acogida solo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indican en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE:
i) si residen en el Estado de acogida como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, una declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo, o una prueba de que trabajan por cuenta propia,
ii) si residen en el Estado de acogida como personas sin actividad económica con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado de acogida, o
iii) si residen en el Estado de acogida como estudiantes con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/38/CE, prueba de que están matriculados en un centro reconocido o financiado por el Estado de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, prueba de que disponen de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, así como una declaración o medio de prueba equivalente de que disponen, para sí y los miembros de sus familias, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado de acogida durante su período de residencia; el Estado de acogida no podrá exigir que dichas declaraciones hagan referencia a una cantidad determinada de recursos.
Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes.
l) el Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso i), o el artículo 10, apartados 2 o 3, del presente Acuerdo y que residan en el Estado de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d), o al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, o en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE:
i) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada,
ii) el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que residen reside efectivamente en el Estado de acogida,
iii) en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE,
iv) en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartados 2 o 3, del presente Acuerdo, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de acogida conforme al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE.
Se aplicará el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE en lo que se refiere a la condición de recursos suficientes respecto de los miembros de la familia que sean ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido.
m) el Estado de acogida solo podrá exigir a los miembros de la familia a los que sea de aplicación el artículo 10, apartado 1, letra e), inciso ii), o el artículo 10, apartado 4, del presente Acuerdo que presenten, además de los documentos de identidad a que se refiere la letra i) del presente apartado, los siguientes documentos justificativos tal y como se indica en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE:
i) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada,
ii) el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, otro medio de prueba que acredite que el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido con el que se vayan a reunir en el Estado de acogida reside en dicho Estado,
iii) en el caso de los cónyuges o las parejas de hecho registradas, un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada antes del final del período transitorio,
iv) en el caso de los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y de los ascendientes directos a cargo, y de los del cónyuge o la pareja de hecho registrada, prueba documental de su parentesco con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y de que cumplen las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letras c) o d), de la Directiva 2004/38/CE relacionados con la edad o la situación de dependencia,
v) en el caso de las personas a que se refiere el artículo 10, apartado 4, del presente Acuerdo, prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión o el nacional del Reino Unido antes del final del período transitorio y después de este.
n) en aquellos casos distintos de los señalados en las letras k), l) y m), el Estado de acogida no exigirá a los solicitantes documentación justificativa que exceda de lo que sea estrictamente necesario y proporcionado para demostrar que se cumplen las condiciones relativas al derecho de residencia establecidas en el presente título.
o) las autoridades competentes del Estado de acogida ayudarán a que los solicitantes prueben que reúnen los requisitos y no cometan errores u omisiones en su solicitud; asimismo, concederán a los solicitantes la oportunidad de aportar material probatorio complementario y de subsanar deficiencias, errores u omisiones.
p) se podrán realizar controles de antecedentes penales y de seguridad a los solicitantes de forma sistemática únicamente para comprobar si son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 20 del presente Acuerdo. A tal fin, se podrá exigir a los solicitantes que declaren las condenas penales que figuren en sus antecedentes penales de conformidad con el Derecho del Estado de la condena en el momento de la solicitud. El Estado de acogida podrá aplicar, si considera que es necesario, el procedimiento establecido en el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE a las peticiones de consulta a otros Estados sobre antecedentes penales.
q) el nuevo documento de residencia mencionará que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo.
r) los solicitantes podrán interponer recursos judiciales y, en su caso, administrativos en el Estado de acogida contra las decisiones por las que se deniegue la condición de residente. En dichos recursos se podrá solicitar un examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que se basa la decisión. La finalidad del procedimiento de recurso será garantizar que la decisión no sea desproporcionada.
2. Durante el período a que se refiere el apartado 1, letra b), del presente artículo y su eventual prórroga de un año con arreglo a la letra c) del mismo apartado, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias respectivas y cualesquiera otras personas que residan en el Estado de acogida con arreglo a las condiciones y restricciones establecidas en el artículo 20.
3. Hasta que la autoridad competente tome la decisión final, en el caso de las solicitudes a que se refiere el apartado 1, y hasta que se dicte la sentencia definitiva, en el caso de los recursos judiciales interpuestos contra las decisiones de las autoridades administrativas competentes por las que se deniegan dichas solicitudes, todos los derechos establecidos en la presente parte se aplicarán a los solicitantes y recurrentes, incluido el artículo 21 relativo a las garantías y el derecho a recurrir, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 4.
4. Si el Estado de acogida opta por que los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título no tengan que solicitar una nueva condición de residente con arreglo al apartado 1 para tener residencia legal, las personas a las que corresponda uno de los derechos de residencia establecidos en el presente título tendrán derecho a recibir, con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, un documento de residencia, que podrá estar en formato digital, que mencione que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo.
Artículo 19
Expedición de documentos de residencia durante el período transitorio
1. Durante el período transitorio, el Estado de acogida podrá permitir la presentación voluntaria de solicitudes de condición de residente o de documento de residencia a que se refiere el artículo 18, apartados 1 y 4, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. Las decisiones por las que se acepten o rechacen dichas solicitudes se adoptarán con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 4. Las decisiones que se adopten con arreglo al artículo 18, apartado 1, solo surtirán efecto después del final del período transitorio.
3. Cuando se acepte una solicitud a que se refiere el artículo 18, apartado 1, antes del final del período transitorio, el Estado de acogida solo podrá retirar la decisión por la que otorgue la condición de residente antes del final del período transitorio con base en alguno de los motivos establecidos en el capítulo VI y el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE.
4. Si se rechaza una solicitud antes del final del período transitorio, la persona solicitante podrá presentar una nueva solicitud en cualquier momento antes del final del período establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b).
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los recursos a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra r), se podrán interponer a partir de la fecha de la decisión por la que se rechace una solicitud prevista en el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 20
Limitaciones de los derechos de residencia y entrada
1. La conducta personal antes del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título se valorará con arreglo al capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE.
2. La conducta personal después del final del período transitorio de los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que ejerciten los derechos establecidos en el presente título podrá constituir un motivo para la restricción del derecho de residencia por parte del Estado de acogida o del derecho de entrada en el Estado de trabajo con arreglo a la legislación nacional.
3. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por el presente título en caso de abuso de derecho o fraude, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE. Estas medidas estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en el artículo 21 del presente Acuerdo.
4. El Estado de acogida o el Estado de trabajo podrán expulsar de su territorio a los solicitantes que hayan presentado solicitudes fraudulentas o con abuso de derecho con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, en particular los artículos 31 y 35, incluso antes de que se dicte sentencia firme en caso de interposición de un recurso judicial contra la decisión que deniegue la solicitud.
Artículo 21
Garantías y derecho a recurrir
Las garantías establecidas en el artículo 15 y el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE se aplicarán respecto de las decisiones del Estado de acogida que restrinjan los derechos de residencia de las personas a que se refiere el artículo 10 del presente Acuerdo.
Artículo 22
Derechos conexos
De conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2004/38/CE e independientemente de su nacionalidad, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión o un nacional del Reino Unido titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en el Estado de acogida o el Estado de trabajo tendrán derecho a trabajar por cuenta propia o ajena en él.
Artículo 23
Igualdad de trato
1. De conformidad con el artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE y con sujeción a las disposiciones específicas establecidas en el presente título y en los títulos I y IV de la presente parte, todos los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido que residan en el territorio del Estado de acogida con arreglo al presente Acuerdo gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en los ámbitos tratados en la presente parte. El disfrute de este derecho será extensivo a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión o nacionales del Reino Unido que sean titulares del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los períodos de residencia a que se refiere el artículo 6 o el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, el Estado de acogida no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente con arreglo al artículo 15 del presente Acuerdo, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que no sean trabajadoras por cuenta ajena o propia, a personas que mantengan dicha condición o a miembros de sus familias.
Capítulo 2
Derechos de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia
Artículo 24
Derechos de los trabajadores por cuenta ajena
1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 45, apartados 3 y 4, del TFUE, los trabajadores por cuenta ajena en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta ajena en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en el artículo 45 del TFUE y los derechos que confiere el Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
a) el derecho a no ser objeto de discriminación por razón de la nacionalidad, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo y de empleo;
b) el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla con arreglo a las normas aplicables a los nacionales del Estado de acogida o del Estado de trabajo;
c) el derecho a recibir la misma asistencia que las oficinas de empleo del Estado de acogida o del Estado de trabajo conceden a sus propios nacionales;
d) el derecho a recibir un trato igualitario en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, en caso de desempleo;
e) el derecho a las ventajas sociales y fiscales;
f) los derechos colectivos;
g) los derechos y ventajas concedidos a los trabajadores nacionales en materia de alojamiento;
h) el derecho a que los hijos sean admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida o el Estado de trabajo, si esos hijos residen en el territorio en el que el trabajador por cuenta ajena desempeña su actividad.
2. Si el descendiente directo de un trabajador por cuenta ajena que deje de residir en el Estado de acogida está escolarizado en dicho Estado, la persona que ejerza la guarda y custodia de este descendiente tendrá derecho a residir en dicho Estado hasta que el descendiente sea mayor de edad e incluso después de la mayoría de edad si el descendiente sigue necesitando la presencia y la atención de la persona que ejerza la guarda y custodia para completar sus estudios.
3. Los trabajadores fronterizos por cuenta ajena gozarán del derecho de salida y de entrada en el Estado de trabajo con arreglo al artículo 14 del presente Acuerdo y conservarán los derechos que les correspondían en cuanto trabajadores por cuenta ajena en dicho Estado, siempre que se encuentren en uno de los casos contemplados en el artículo 7, apartado 3, letras a), b), c) y d), de la Directiva 2004/38/CE, aun cuando no cambien el lugar de su residencia al Estado de trabajo.
Artículo 25
Derechos de los trabajadores por cuenta propia
1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en los artículos 51 y 52 del TFUE, los trabajadores por cuenta propia en el Estado de acogida y los trabajadores fronterizos por cuenta propia en el Estado o Estados de trabajo gozarán de los derechos reconocidos en los artículos 49 y 55 del TFUE. Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
a) el derecho a acceder a una actividad económica y ejercerla por cuenta propia y a constituir y administrar empresas en las condiciones fijadas por el Estado de acogida para sus propios nacionales, como establece el artículo 49 del TFUE;
b) los derechos establecidos en el artículo 24, apartado 1, letras c) a h), del presente Acuerdo.
2. El artículo 24, apartado 2, se aplicará a los descendientes directos de los trabajadores por cuenta propia.
3. El artículo 24, apartado 3, se aplicará a los trabajadores fronterizos por cuenta propia.
Artículo 26
Expedición de un documento que acredite los derechos de los trabajadores fronterizos
El Estado de trabajo podrá exigir a los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que disfruten de derechos establecidos en el presente título en cuanto trabajadores fronterizos que soliciten un documento que acredite que son titulares de dichos derechos en virtud del presente título. Los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que así lo soliciten tendrán derecho a que se les expida dicho documento.
Capítulo 3
Cualificaciones profesionales
Artículo 27
Reconocimiento de las cualificaciones profesionales
1. El reconocimiento, antes del final del período transitorio, de las cualificaciones profesionales, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), de los ciudadanos de la Unión o de los nacionales del Reino Unido, y los miembros de sus familias, por su Estado de acogida o su Estado de trabajo seguirá surtiendo efecto en el Estado respectivo, incluido el derecho a ejercer su profesión en las mismas condiciones que sus nacionales si dicho reconocimiento se ha efectuado de conformidad con alguna de las disposiciones siguientes:
a) el título III de la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el contexto del ejercicio de la libertad de establecimiento, independientemente de si dicho reconocimiento se produjo en virtud del régimen general de reconocimiento de títulos de formación, el régimen de reconocimiento de la experiencia profesional o el régimen de reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación;
b) el artículo 10, apartados 1 y 3, de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) en lo que respecta al acceso a la profesión de abogado en el Estado de acogida o el Estado de trabajo;
c) el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) en lo que respecta a la autorización de los auditores legales de otro Estado miembro;
d) la Directiva 74/556/CEE del Consejo (12) en lo que respecta a la admisión de elementos de prueba de los conocimientos y aptitudes necesarios para acceder a las actividades no asalariadas de comercio y distribución de productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las actividades de intermediario, y para ejercerlas.
2. El reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos del apartado 1, letra a), del presente artículo incluirá:
a) las cualificaciones profesionales reconocidas en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE;
b) las decisiones que concedan acceso parcial a una actividad profesional con arreglo al artículo 4 septies de la Directiva 2005/36/CE;
c) las cualificaciones profesionales reconocidas a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.
Artículo 28
Procedimientos en curso de reconocimiento de cualificaciones profesionales
La Directiva 74/556/CEE, el artículo 4, el artículo 4 quinquies, en lo relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento, el artículo 4 septies y el título III de la Directiva 2005/36/CE, el artículo 10, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 98/5/CE y el artículo 14 de la Directiva 2006/43/CE se aplicarán respecto del examen, por parte de una autoridad competente del Estado de acogida o del Estado de trabajo, de las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales que presenten los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido antes del final del período transitorio y de las decisiones que resuelvan dichas solicitudes.
También se aplicarán los artículos 4 bis, 4 ter y 4 sexies de la Directiva 2005/36/CE en la medida en que sea pertinente para finalizar los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento en virtud del artículo 4 quinquies de dicha Directiva.
Artículo 29
Cooperación administrativa en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales
1. El Reino Unido y los Estados miembros cooperarán para facilitar la aplicación del artículo 28 en cuanto a las solicitudes a que se refiere dicho artículo y que estén en curso. Esta cooperación podrá abarcar el intercambio de información, especialmente la información relativa a las medidas disciplinarias o a las sanciones penales o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que pueda tener consecuencias para el ejercicio de actividades que entran dentro del ámbito de las Directivas mencionadas en el artículo 28.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, durante un período no superior a nueve meses desde el final del período transitorio, el Reino Unido podrá utilizar el sistema de información del mercado interior en relación con las solicitudes a que se refiere el artículo 28 siempre que correspondan a procedimientos para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento con arreglo al artículo 4 quinquies de la Directiva 2005/36/CE.
TÍTULO III
Coordinación de los sistemas de seguridad social
Artículo 30
Ámbito de aplicación personal
1. El presente título se aplicará a las personas siguientes:
a) ciudadanos de la Unión sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
b) nacionales del Reino Unido sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
c) ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido y estén sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
d) nacionales del Reino Unido que residan en un Estado miembro y estén sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
e) personas no comprendidas en las letras a) a d) que sean:
i) ciudadanos de la Unión que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Reino Unido al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), estén sujetos a la legislación de un Estado miembro, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, o
ii) nacionales del Reino Unido que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en uno o más Estados miembros al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del Reglamento (CE) n.o 883/2004, estén sujetos a la legislación del Reino Unido, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
f) personas apátridas y refugiadas que residan en un Estado miembro o en el Reino Unido y que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e), así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
g) nacionales de terceros países, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, que se encuentren en una de las situaciones descritas en las letras a) a e) siempre que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo (14).
2. Las personas a que se refiere el apartado 1 estarán cubiertas durante el tiempo en el que se encuentren, sin interrupción, en una de las situaciones descritas en dicho apartado que afecten a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo.
3. El presente título también se aplicará a las personas que no estén o hayan dejado de estar incluidas en las letras a) a e) del apartado 1 del presente artículo, pero que estén incluidas en el artículo 10 del presente Acuerdo, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.
4. Las personas a que se refiere el apartado 3 estarán cubiertas durante el tiempo en que sigan teniendo derecho a residir en el Estado de acogida en virtud del artículo 13 del presente Acuerdo o derecho a trabajar en su Estado de trabajo en virtud de los artículos 24 o 25 del presente Acuerdo.
5. Cuando el presente artículo se refiere a los miembros de sus familias y a los supérstites, se entiende que dichas personas están cubiertas por el presente título solo en la medida en que sean titulares de derechos y obligaciones en calidad de tales en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Artículo 31
Normas de coordinación en materia de seguridad social
1. Las normas y objetivos establecidos en el artículo 48 del TFUE, en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y en el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), se aplicarán a las personas cubiertas por el presente título.
La Unión y el Reino Unido tendrán debidamente en cuenta las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social vinculada a la Comisión Europea, y creada en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (en lo sucesivo, «Comisión Administrativa»), cuya lista figura en el anexo I, parte I, del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del presente Acuerdo, a efectos del presente título se aplicarán las definiciones del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
3. Por lo que se refiere a los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, así como los miembros de sus familias o sus supérstites incluidos en el ámbito de aplicación del presente título, se entenderá que las referencias al Reglamento (CE) n.o 883/2004 y al Reglamento (CE) n.o 987/2009 en el presente título se refieren al Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo (16) y al Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo (17), respectivamente. Se entenderá que las referencias a disposiciones específicas del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 se refieren a las disposiciones correspondientes del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72.
Artículo 32
Situaciones especiales cubiertas
1. Las normas siguientes se aplicarán a las situaciones siguientes dentro de los límites definidos por el presente artículo, y en la medida en que afecten a personas que no estén comprendidas en el artículo 30 o que dejen de estarlo:
a) las personas siguientes estarán cubiertas por el presente título a efectos de hacer valer y totalizar períodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia, incluidos los derechos y obligaciones derivados de dichos períodos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 883/2004:
i) los ciudadanos de la Unión, así como los apátridas y refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, que hubieran estado sujetos a la legislación del Reino Unido antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites,
ii) los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003, que hubieran estado sujetos a la legislación de un Estado miembro antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites.
A efectos de la totalización de los períodos, se tendrán en cuenta los períodos completados antes y después del final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004.
b) las normas establecidas en los artículos 20 y 27 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose a aquellas personas que, antes del final del período transitorio, hubiesen solicitado una autorización para recibir un tratamiento sanitario programado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004, hasta el final del tratamiento. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe el tratamiento. Dichas personas y las personas que las acompañen gozarán del derecho de entrada y de salida en el Estado en el que se efectúe el tratamiento en los términos del artículo 14, mutatis mutandis.
c) las normas establecidas en los artículos 19 y 27 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose a las personas cubiertas por el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y que estén realizando una estancia, al final del período transitorio, en un Estado miembro o en el Reino Unido, hasta el final de dicha estancia. Los procedimientos de reembolso correspondientes también se aplicarán incluso después de que acabe la estancia o el tratamiento.
d) las normas establecidas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 seguirán aplicándose, siempre y cuando se cumplan las condiciones pertinentes, a la concesión de prestaciones familiares a las que tengan derecho al final del período transitorio las personas siguientes:
i) los ciudadanos de la Unión, los apátridas y los refugiados que residan en un Estado miembro y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 y residan en un Estado miembro, que estén sujetos a la legislación de un Estado miembro y tengan miembros de su familia residiendo en el Reino Unido al final del período transitorio,
ii) los nacionales del Reino Unido, así como los apátridas y refugiados que residan en el Reino Unido y los nacionales de terceros países que cumplan las condiciones del Reglamento (CE) n.o 859/2003 y residan en el Reino Unido, que estén sujetos a la legislación del Reino Unido y tengan miembros de su familia residiendo en un Estado miembro al final del período transitorio.
e) en las situaciones contempladas en la letra d), incisos i) y ii), del presente apartado, seguirán aplicándose el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.o 987/2009, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en estos, a las personas que tengan derechos en cuanto miembros de la familia al final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004, como los derechos derivados de las prestaciones de enfermedad en especie.
2. Las disposiciones del título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 relativas a las prestaciones de enfermedad se aplicarán a las personas que reciban prestaciones en virtud del apartado 1, letra a), del presente artículo.
El presente apartado se aplicará, mutatis mutandis, en lo relativo a las prestaciones familiares basadas en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Artículo 33
Nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
1. Las disposiciones del presente título aplicables a los ciudadanos de la Unión se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, con la condición de que:
a) Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con el Reino Unido que se apliquen a los ciudadanos de la Unión; y
b) Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, según proceda, hayan celebrado y apliquen acuerdos correspondientes con la Unión que se apliquen a los nacionales del Reino Unido.
2. Una vez se produzca la notificación por parte del Reino Unido y de la Unión de la fecha de entrada en vigor de los acuerdos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el Comité Mixto que establece el artículo 164 (en lo sucesivo, «Comité Mixto») fijará la fecha a partir de la cual las disposiciones del presente título se aplicarán a los nacionales de Islandia, del Principado de Liechtenstein, del Reino de Noruega y de la Confederación Suiza, según proceda.
Artículo 34
Cooperación administrativa
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 128, apartado 1, el Reino Unido tendrá la condición de observador en la Comisión Administrativa desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Cuando los puntos del orden del día relacionados con el presente título se refieran al Reino Unido, este podrá enviar a un representante, para asistir con carácter consultivo, a las reuniones de la Comisión Administrativa y a las reuniones de los organismos a que se refieren los artículos 73 y 74 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 en las que se traten dichos puntos.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido participará en el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI, por sus siglas en inglés) y asumirá los gastos correspondientes.
Artículo 35
Reembolso, recuperación y compensación
Las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 sobre reembolso, recuperación y compensación seguirán aplicándose en relación con acontecimientos que, en la medida en que se refieran a personas que no estén cubiertas por el artículo 30:
a) hayan ocurrido antes del final del período transitorio; o
b) ocurran después del final del período transitorio y se refieran a personas que estaban cubiertas por los artículos 30 o 32 en el momento en que ocurrió el acontecimiento.
Artículo 36
Evolución legislativa y adaptaciones de actos de la Unión
1. Cuando se modifiquen o sustituyan los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 después del final del período transitorio, se entenderá que las referencias a dichos Reglamentos en el presente Acuerdo se refieren a dichos Reglamentos en su versión modificada o sustituida, de conformidad con los actos que figuran en la lista del anexo I, parte II, del presente Acuerdo.
El Comité Mixto revisará el anexo I, parte II, del presente Acuerdo y lo adaptará a la luz de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 tan pronto como la Unión adopte dichos actos. A tal efecto, la Unión informará al Reino Unido en el Comité Mixto de los actos que modifiquen o sustituyan a dichos Reglamentos a la mayor brevedad tras su adopción.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, el Comité Mixto evaluará los efectos de los actos que modifiquen o sustituyan a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 cuando dichos actos:
a) modifiquen o sustituyan a las materias reguladas por el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004; o
b) hagan exportables prestaciones en metálico que no eran exportables con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004 al final del período transitorio, o hagan no exportables prestaciones en metálico que fuesen a ser exportables al final del período transitorio; o
c) hagan exportables por un período ilimitado prestaciones en metálico que solo lo fuesen por un período limitado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 883/2004 al final del período transitorio, o hagan exportables por un período limitado prestaciones en metálico que lo fuesen por un período ilimitado con arreglo a dicho Reglamento al final del período transitorio.
Al llevar a cabo la evaluación, el Comité Mixto examinará de buena fe el alcance de los cambios a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, así como la importancia de mantener el buen funcionamiento de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 entre la Unión y el Reino Unido y la importancia de que haya un Estado competente en relación con las personas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004.
Si el Comité Mixto así lo decide en un plazo de seis meses desde la recepción de la información proporcionada por la Unión en virtud del apartado 1, el anexo I, parte II, del presente Acuerdo no se adaptará para reflejar la adopción del acto a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.
A efectos del presente apartado, se entiende por:
a) «exportable»: abonable en virtud del Reglamento (CE) n.o 883/2004 a una persona, o respecto de una persona, que resida en un Estado miembro o en el Reino Unido si la institución encargada de conceder la prestación no está ubicada en éste; «no exportable» se interpretará en consecuencia; y
b) «exportable por un período ilimitado»: exportable en tanto que se cumplan las condiciones que dan derecho a prestación.
3. Se entenderá que las referencias a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 comprenden, a efectos del presente Acuerdo, las adaptaciones que figuran en la parte III del anexo I del presente Acuerdo. A la mayor brevedad tras la adopción de cualquier cambio de las disposiciones nacionales que sean pertinentes para el anexo I, parte III, del presente Acuerdo, el Reino Unido informará a la Unión al respecto en el Comité Mixto.
4. Se entenderá que las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa comprenden, a efectos del presente Acuerdo, las decisiones y recomendaciones que figuran en el anexo I, parte I. El Comité Mixto modificará el anexo I, parte I, para reflejar las nuevas decisiones o recomendaciones adoptadas por la Comisión Administrativa. A tal efecto, a la mayor brevedad tras la adopción de las decisiones y recomendaciones de la Comisión Administrativa, la Unión informará al Reino Unido al respecto en el Comité Mixto. El Comité Mixto realizará dichas modificaciones a propuesta de la Unión o del Reino Unido.
TÍTULO IV
Otras disposiciones
Artículo 37
Publicidad
Los Estados miembros y el Reino Unido difundirán la información relativa a los derechos y obligaciones de las personas amparadas por la presente parte, en particular mediante campañas de concienciación llevadas a cabo, según proceda, en medios de comunicación nacionales y locales y en otros canales de comunicación.
Artículo 38
Disposiciones más favorables
1. La presente parte no afectará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados de acogida o los Estados de trabajo cuando estas resulten más favorables para los interesados. El presente apartado no se aplicará al título III.
2. El artículo 12 y el artículo 23, apartado 1, no impedirán la aplicación del régimen de la Zona de Viaje Común entre el Reino Unido e Irlanda cuando de las disposiciones de este pueda resultar un trato más favorable para los interesados.
Artículo 39
Protección de por vida
Las personas amparadas por la presente parte gozarán de por vida de los derechos previstos en los títulos pertinentes de la presente parte, salvo que dejen de cumplir las condiciones establecidas en dichos títulos.
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES SOBRE LA SEPARACIÓN
TÍTULO I
Bienes introducidos en el mercado
Artículo 40
Definiciones
A efectos del presente título, se entenderá por:
a) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un bien para su distribución, consumo o utilización en el mercado en el transcurso de una actividad comercial;
b) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de un bien en el mercado de la Unión o del Reino Unido;
c) «suministro de un bien para su distribución, consumo o utilización»: que, una vez terminada la fase de fabricación, un bien real e individualmente identificable es objeto de un acuerdo escrito o verbal entre dos o más personas físicas o jurídicas para la transmisión de la propiedad, cualquier otro derecho real o la posesión del bien en cuestión, o es objeto de una oferta a una persona física o jurídica o a varias para celebrar dicho acuerdo;
d) «puesta en servicio»: la primera utilización de un bien en la Unión o el Reino Unido por parte del usuario final para los fines pretendidos o, en el caso del equipo marino, la instalación a bordo;
e) «vigilancia del mercado»: actividades llevadas a cabo y medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado para velar por que los bienes cumplan los requisitos aplicables y no entrañen un riesgo para la salud, la seguridad u otros aspectos relacionados con la protección del interés público;
f) «autoridad de vigilancia del mercado»: una autoridad de un Estado miembro o del Reino Unido que es responsable de ejercer la vigilancia del mercado en su territorio;
g) «condiciones para la comercialización de bienes»: los requisitos relativos a las características de los bienes, como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad, o las dimensiones, incluidos los relativos a la composición de dichos bienes o la terminología, los símbolos, los ensayos y los métodos de ensayo, el embalaje, el marcado, el etiquetado y los procedimientos de evaluación de la conformidad utilizados en relación con dichos bienes; este término también abarca los requisitos relativos a los métodos y procesos de producción cuando estos afecten a las características del producto;
h) «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, entre las que se incluyen el calibrado, el ensayo, la certificación y la inspección;
i) «organismo notificado»: un organismo de evaluación de la conformidad con autorización para llevar a cabo tareas de evaluación de la conformidad por terceros en virtud de normas del Derecho de la Unión que armonizan las condiciones para la comercialización de bienes;
j) «productos de origen animal»: los productos de origen animal, los subproductos animales y los productos derivados a que se refiere el artículo 4, puntos 29, 30 y 31 respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), los piensos de origen animal y los alimentos y piensos que contienen productos de origen animal.
Artículo 41
Prorrogación de la circulación de bienes introducidos en el mercado
1. Cualquier bien que se haya introducido legalmente en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio podrá:
a) seguir comercializándose en el mercado de la Unión o del Reino Unido y circular entre estos dos mercados hasta que llegue al usuario final;
b) ponerse en servicio en la Unión o el Reino Unido cuando así lo prevean las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión.
2. Se aplicarán respecto de los bienes a que se refiere el apartado 1 los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 del TFUE y en el Derecho de la Unión aplicable que regule la comercialización de bienes y sea aplicable a los bienes en cuestión, incluidas las condiciones para la comercialización de bienes.
3. El apartado 1 se aplicará a todos los bienes existentes e individualmente identificables en el sentido del título II de la tercera parte del TFUE, a excepción de la circulación entre el mercado de la Unión y el mercado del Reino Unido, y viceversa, de:
a) animales vivos y productos reproductivos; y
b) productos de origen animal.
4. Por lo que respecta a los desplazamientos de animales vivos o de productos reproductivos entre un Estado miembro y el Reino Unido, o viceversa, se aplicarán las disposiciones del Derecho de la Unión que figuran en el anexo II siempre que la fecha de salida sea anterior al final del período transitorio.
5. El presente artículo no impedirá que el Reino Unido, un Estado miembro o la Unión adopten medidas para prohibir o restringir la comercialización en su mercado de un bien en el sentido del apartado 1, o de una categoría de tales bienes, en la medida en que lo permita el Derecho de la Unión.
6. Las disposiciones del presente título se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables en materia de condiciones de venta, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, aranceles e impuestos.
Artículo 42
Prueba de introducción en el mercado
Cuando un operador económico invoque el artículo 41, apartado 1, con respecto a un bien específico, le corresponderá la carga de la prueba, por medio de cualquier documento pertinente, de que el bien ha sido introducido en el mercado de la Unión o del Reino Unido antes del final del período transitorio.
Artículo 43
Vigilancia del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido se comunicarán sin demora cualquier información pertinente sobre los bienes a que se refiere el artículo 41, apartado 1, recabada en el contexto de sus respectivas actividades de vigilancia del mercado. En particular, se comunicarán entre sí y a la Comisión Europea cualquier información relativa a bienes que supongan un riesgo grave, así como las medidas adoptadas en relación con bienes no conformes, incluida la información pertinente extraída de las redes, sistemas de información y bases de datos establecidos en virtud del Derecho de la Unión o del Reino Unido en relación con dichos bienes.
2. Los Estados miembros y el Reino Unido transmitirán sin demora las solicitudes de las autoridades de vigilancia del mercado del Reino Unido o de un Estado miembro, respectivamente, a un organismo de evaluación de la conformidad establecido en su territorio, cuando la solicitud se refiera a una evaluación de la conformidad realizada por dicho organismo en calidad de organismo notificado antes del final del período transitorio. Los Estados miembros y el Reino Unido velarán por que el organismo de evaluación de la conformidad tramite rápidamente las solicitudes de este tipo.
Artículo 44
Remisión de expedientes y documentos relativos a procedimientos en curso
El Reino Unido remitirá sin demora a la autoridad competente de un Estado miembro que se designe de conformidad con los procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión aplicable todos los expedientes o documentos pertinentes en relación con las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones que estén en curso el día anterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo de las que se sea responsable una autoridad competente del Reino Unido con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 (19), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (20), la Directiva 2001/83/CE (21) o la Directiva 2001/82/CE (22) del Parlamento Europeo y del Consejo.
Artículo 45
Disponibilidad de la información relacionada con antiguos procedimientos de autorización de medicamentos
1. Previa solicitud motivada de un Estado miembro o de la Agencia Europea de Medicamentos, el Reino Unido facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente del Reino Unido antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización con arreglo a los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.
2. Previa solicitud motivada del Reino Unido, el Estado miembro de que se trate facilitará sin demora el expediente de autorización de comercialización de un medicamento autorizado por una autoridad competente de dicho Estado miembro antes del final del período transitorio cuando dicho expediente sea necesario para la evaluación de una solicitud de autorización de comercialización en el Reino Unido con arreglo a los requisitos de la legislación del Reino Unido, en la medida en que dichos requisitos legislativos se correspondan con las circunstancias descritas en los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE o los artículos 13 y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE.
Artículo 46
Disponibilidad de la información que obre en poder de los organismos notificados establecidos en el Reino Unido o en un Estado miembro
1. El Reino Unido se asegurará de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido relacionada con sus actividades en calidad de organismo notificado con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo notificado establecido en el Estado miembro que indique el titular del certificado.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando así lo solicite el titular del certificado, la información que obre en poder de un organismo notificado establecido en el Estado miembro de que se trate relacionada con sus actividades antes del final del período transitorio se remita sin demora al organismo de evaluación de la conformidad establecido en el Reino Unido que indique el titular del certificado.
TÍTULO II
Regímenes aduaneros en curso
Artículo 47
Estatuto de mercancías de la Unión
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) se aplicará respecto de las mercancías de la Unión a que se refiere el artículo 5, punto 23, de dicho Reglamento cuando dichas mercancías circulen del territorio aduanero del Reino Unido al territorio aduanero de la Unión, o viceversa, siempre que la circulación se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este. La circulación de mercancías que se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este se considerará circulación dentro de la Unión en cuanto a los requisitos de concesión de licencias de importación y exportación del Derecho de la Unión.
2. A efectos del apartado 1, no se aplicará la presunción del estatuto aduanero de mercancías de la Unión a que se refiere el artículo 153, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013. La persona interesada deberá demostrar, respecto de cada circulación y por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 199 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (24), el estatuto aduanero de mercancías de la Unión de estas mercancías y que la circulación a que se refiere el apartado 1 se inició antes del final del período transitorio. El inicio de la circulación se probará mediante un documento de transporte de las mercancías.
3. El apartado 2 no se aplicará respecto de las mercancías de la Unión que sean transportadas por vía aérea y hayan sido cargadas o transbordadas en un aeropuerto situado en el territorio aduanero del Reino Unido para su envío al territorio aduanero de la Unión, o que hayan sido cargadas o transbordadas en un aeropuerto situado en el territorio aduanero de la Unión para su envío al territorio aduanero del Reino Unido, cuando dichas mercancías circulen al amparo de un único documento de transporte expedido en cualquiera de estos territorios aduaneros y siempre que la circulación por vía aérea se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
4. El apartado 2 no se aplicará respecto de las mercancías de la Unión que circulen por vía marítima y hayan sido transportadas entre puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido y puertos situados en el territorio aduanero de la Unión por un servicio marítimo regular, en el sentido del artículo 120 del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (25), siempre que:
a) el viaje que comprenda puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido y puertos situados en el territorio aduanero de la Unión se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este; y
b) el buque de servicio marítimo regular haya hecho escala en uno o varios puertos del territorio aduanero del Reino Unido o del territorio aduanero de la Unión antes del final del período transitorio.
5. Si durante el viaje a que se refiere el apartado 4, letra a), el buque de servicio marítimo regular hace escala en uno o varios puertos situados en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio:
a) las mercancías cargadas antes del final del período transitorio y descargadas en dichos puertos no perderán el estatuto aduanero de mercancías de la Unión;
b) las mercancías cargadas en dichos puertos una vez finalizado el período transitorio no perderán el estatuto aduanero de mercancías de la Unión siempre que se pruebe esta circunstancia con arreglo al apartado 2.
Artículo 48
Declaración sumaria de entrada y declaración previa a la salida
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las declaraciones sumarias de entrada presentadas en una aduana de primera entrada con arreglo al capítulo I del título IV de dicho Reglamento antes del final del período transitorio, y dichas declaraciones producirán los mismos efectos jurídicos en el territorio aduanero de la Unión y en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio.
2. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las declaraciones previas a la salida presentadas de conformidad con el capítulo I del título VIII de dicho Reglamento antes del final del período transitorio y, en su caso, a las mercancías objeto de levante con arreglo al artículo 194 de dicho Reglamento antes del final del período transitorio. Dichas declaraciones producirán los mismos efectos jurídicos en el territorio aduanero de la Unión y en el territorio aduanero del Reino Unido una vez finalizado el período transitorio.
Artículo 49
Finalización de depósitos temporales y conclusión de regímenes aduaneros
1. El Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará respecto de las mercancías no pertenecientes a la Unión que se encontraban en el depósito temporal a que se refiere el artículo 5, punto 17, de dicho Reglamento al final del período transitorio y a las mercancías en alguno de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 5, punto 16, de dicho Reglamento en el territorio aduanero del Reino Unido al final del período transitorio hasta que finalice dicho depósito temporal, hasta que concluya uno de los regímenes aduaneros especiales, hasta que se despachen las mercancías a libre práctica o hasta que las mercancías salgan del territorio, siempre que dicho hecho se produzca después del final del período transitorio y, a más tardar, antes de que venza el plazo correspondiente a que se hace referencia en el anexo III.
No obstante, el artículo 148, apartado 5, letras b) y c), y el artículo 219 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 no se aplicarán respecto de la circulación de mercancías entre el territorio aduanero del Reino Unido y el territorio aduanero de la Unión que finalice después del final del período transitorio.
2. El Reglamento (UE) n.o 952/2013, la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (26), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo (27) y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo (28) se aplicarán en relación con cualquier deuda aduanera que se genere después del final del período transitorio desde que finalice el depósito temporal o una vez que se produzca la finalización o conclusión a que se refiere el apartado 1.
3. El título II, capítulo 1, sección 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 se aplicará respecto de las solicitudes para beneficiarse de contingentes arancelarios que hayan sido concedidos por las autoridades aduaneras en el territorio aduanero del Reino Unido siempre que las autoridades aduaneras del territorio aduanero del Reino Unido hayan facilitado los documentos justificativos requeridos con arreglo al artículo 50 de dicho Reglamento antes del final del período transitorio, y también se aplicará respecto de la cancelación de solicitudes y de las devoluciones de cantidades asignadas no utilizadas de dichas solicitudes.
Artículo 50
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos pertinentes
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del presente título, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se refiere el anexo IV. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
TÍTULO III
Cuestiones pendientes en materia de impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales
Artículo 51
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
1. La Directiva 2006/112/CE del Consejo (29) se aplicará respecto de los bienes expedidos o transportados desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, y viceversa, siempre que la expedición o el transporte se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
2. La Directiva 2006/112/CE seguirá aplicándose hasta cinco años después del final del período transitorio por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos del impuesto en relación con las operaciones con un elemento transfronterizo entre el Reino Unido y un Estado miembro que hayan tenido lugar antes del final del período transitorio, y por lo que se refiere a las operaciones contempladas en el apartado 1.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y en el artículo 15 de la Directiva 2008/9/CE del Consejo (30), las solicitudes de devolución referentes al IVA pagado en un Estado miembro por un sujeto pasivo establecido en el Reino Unido, o pagado en el Reino Unido por un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro, se presentarán con arreglo a las condiciones de dicha Directiva a más tardar el 31 de marzo de 2021.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo (31), las modificaciones de las declaraciones del IVA presentadas con arreglo al artículo 364 o el artículo 369 septies de la Directiva 2006/112/CE, bien en el Reino Unido en relación con los servicios prestados en los Estados miembros de consumo antes del final del período transitorio, bien en un Estado miembro en relación con los servicios prestados en el Reino Unido antes del final del período transitorio, se presentarán a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 52
Productos sujetos a impuestos especiales
La Directiva 2008/118/CE del Consejo (32) se aplicará respecto de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo y en relación con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales después de su despacho a consumo desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, o viceversa, siempre que la circulación se haya iniciado antes del final del período transitorio y finalice después de este.
Artículo 53
Acceso a redes, sistemas de información y bases de datos pertinentes
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del presente título, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se refiere el anexo IV. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
TÍTULO IV
Propiedad intelectual
Artículo 54
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los derechos registrados u otorgados
1. El titular de cualquiera de los siguientes derechos de propiedad intelectual que hayan sido registrados u otorgados antes del final del período transitorio se convertirá, sin ninguna revisión, en titular de un derecho equivalente de propiedad intelectual registrado y exigible en el Reino Unido con arreglo al Derecho del Reino Unido:
a) el titular de una marca de la Unión Europea registrada con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo (33) se convertirá en titular de una marca en el Reino Unido, consistente en el mismo signo, para los mismos bienes o servicios;
b) el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado y, en su caso, publicado tras un aplazamiento de publicación con arreglo al Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo (34) se convertirá en titular de un dibujo o modelo registrado en el Reino Unido del mismo diseño;
c) el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal concedida con arreglo al Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo (35) se convertirá en titular de una protección de obtención vegetal en el Reino Unido de la misma obtención vegetal.
2. Cuando una indicación geográfica, denominación de origen o especialidad tradicional garantizada en el sentido del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (36), una indicación geográfica, denominación de origen o término tradicional para el vino, en el sentido del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) o una indicación geográfica en el sentido del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (38), o una indicación geográfica en el sentido del Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (39), esté protegida en la Unión en el último día del período transitorio en virtud de dichos Reglamentos, las personas facultadas para utilizar la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate tendrán derecho, a partir del final del período transitorio y sin ningún reexamen, a la utilización en el Reino Unido de la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate, que tendrá al menos el mismo nivel de protección en virtud del Derecho del Reino Unido que la protección prevista por las siguientes disposiciones del Derecho de la Unión:
a) el artículo 4, apartado 1, letras i), j) y k), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo (40); y
b) en función de la indicación geográfica, la denominación de origen, la especialidad tradicional garantizada o el término tradicional para el vino de que se trate, el artículo 13, el artículo 14, apartado 1, el artículo 24, el artículo 36, apartado 3, el artículo 38, el artículo 44 y el artículo 45, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012; el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (41); el artículo 100, apartado 3, el artículo 102, apartado 1, el artículo 103, el artículo 113 y el artículo 157, apartado 1, letra c), inciso x), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013; el artículo 62, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) n.o 607/2009 de la Comisión (42); el artículo 15, apartado 3, párrafo primero, el artículo 16 y el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 110/2008, y, en la medida en que guarden relación con el cumplimiento de las citadas disposiciones de dicho Reglamento, el artículo 24, apartado 1, de dicho Reglamento; o el artículo 19, apartado 1, y el artículo 20 del Reglamento (UE) n.o 251/2014.
Cuando una indicación geográfica, una denominación de origen, una especialidad tradicional garantizada o un término tradicional para el vino a que se refiere el párrafo primero dejen de estar protegidos en la Unión después del final del período transitorio, el párrafo primero dejará de aplicarse respecto de dicha indicación geográfica, denominación de origen, especialidad tradicional garantizada o término tradicional para el vino.
El párrafo primero no se aplicará si la protección en la Unión se deriva de acuerdos internacionales de los que la Unión sea Parte.
El presente apartado será de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo a que se refiere el artículo 184 que sustituya al presente apartado haya entrado en vigor o pase a ser aplicable.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si se declara en la Unión la nulidad o la caducidad de uno de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere dicho apartado, o la nulidad o la anulación en el caso de una protección comunitaria de obtención vegetal, como resultado de un procedimiento administrativo o judicial que estuviese en curso en el último día del período transitorio, también se declarará la nulidad, la anulación o la caducidad del derecho correspondiente en el Reino Unido. La fecha en que surtirá efecto la nulidad, la anulación o la caducidad en el Reino Unido será la misma que la de la Unión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el Reino Unido no estará obligado a declarar la nulidad, la anulación o la caducidad del derecho correspondiente en el Reino Unido cuando los motivos de la nulidad, la anulación o la caducidad de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado no se apliquen en el Reino Unido.
4. Las marcas o los dibujos o modelos registrados que surjan en el Reino Unido con arreglo al apartado 1, letras a) o b), tendrán como primera fecha de renovación la fecha de renovación del correspondiente derecho de propiedad intelectual registrado con arreglo al Derecho de la Unión.
5. En relación con las marcas en el Reino Unido a que se refiere el apartado 1, letra a), del presente artículo se aplicarán las normas siguientes:
a) se beneficiarán de la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca de la Unión Europea y, en su caso, de la antigüedad de una marca del Reino Unido reivindicada con arreglo a los artículos 39 o 40 del Reglamento (UE) 2017/1001;
b) no se podrá declarar su caducidad por el hecho que la marca de la Unión Europea correspondiente no haya sido objeto de un uso efectivo en el territorio del Reino Unido antes del final del período transitorio;
c) el titular de una marca de la Unión Europea que haya adquirido renombre en la Unión tendrá derecho a ejercer en el Reino Unido derechos equivalentes a los previstos en el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 y en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva (UE) 2015/2436 en lo que respecta a la marca correspondiente sobre la base del renombre que haya adquirido en la Unión hasta el final del período transitorio, y, a partir de ese momento, el renombre que siga teniendo dicha marca se basará en el uso de la marca en el Reino Unido.
6. En relación con los dibujos o modelos y las protecciones de obtenciones vegetales registrados en el Reino Unido a que se refiere el apartado 1, letras b) y c), se aplicarán las normas siguientes:
a) el plazo de protección con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante en virtud del Derecho de la Unión del dibujo o modelo comunitario o la protección comunitaria de obtención vegetal registrados de que se trate;
b) la fecha de presentación o la fecha de prioridad será la del dibujo o modelo comunitario o la protección comunitaria de obtención vegetal registrados de que se trate.
Artículo 55
Procedimiento de registro
1. Las entidades pertinentes del Reino Unido llevarán a cabo de forma gratuita las labores de registro, concesión o protección de conformidad con el artículo 54, apartados 1 y 2, del presente Acuerdo, utilizando la información que obre en los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la Comisión Europea. El anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 tiene consideración de registro a efectos del presente artículo.
2. A efectos del apartado 1, los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 54, apartado 1, y quienes estén facultados para utilizar las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, especialidades tradicionales garantizadas o términos tradicionales para el vino a que se refiere el artículo 54, apartado 2, no tendrán que presentar una solicitud ni someterse a un procedimiento administrativo particular. Los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 54, apartado 1, no estarán obligados a tener dirección postal en el Reino Unido en los tres años siguientes al final del período transitorio.
3. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la Comisión Europea proporcionarán a las entidades pertinentes del Reino Unido la información necesaria para el registro, la concesión o la protección en el Reino Unido en virtud del artículo 54, apartados 1 y 2.
4. El presente artículo no impedirá que se impongan tasas a la renovación de los derechos o que los titulares de que se trate renuncien a sus derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido de conformidad con el procedimiento pertinente previsto en el Derecho del Reino Unido.
Artículo 56
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los registros internacionales que designen a la Unión
El Reino Unido adoptará medidas para garantizar que las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido protección antes del final del período transitorio para marcas o dibujos o modelos internacionalmente registrados que designen a la Unión, con arreglo al sistema de Madrid de registro internacional de marcas o al sistema de La Haya para el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, gocen de protección en el Reino Unido para sus marcas o dibujos o modelos industriales con respecto a esos registros internacionales.
Artículo 57
Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los dibujos y modelos comunitarios no registrados
El titular de un derecho en relación con un dibujo o modelo comunitario no registrado que haya surgido antes del final del período transitorio con arreglo al Reglamento (CE) n.o 6/2002 se convertirá, ipso iure, en titular de un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino Unido respecto de dicho dibujo o modelo comunitario no registrado, de conformidad con el Derecho del Reino Unido, que otorgue el mismo nivel de protección que el previsto en el Reglamento (CE) n.o 6/2002. El plazo de protección de dicho derecho con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante del correspondiente dibujo o modelo comunitario no registrado en virtud del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento.
Artículo 58
Mantenimiento de la protección de las bases de datos
1. Los titulares del derecho que establece el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (43) en relación con una base de datos relativa al Reino Unido, siempre que este derecho haya surgido antes del final del período transitorio, conservará, en relación con dicha base de datos, un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino Unido, de conformidad con el Derecho del Reino Unido, que le otorgará el mismo nivel de protección que el previsto en la Directiva 96/9/CE, siempre que el titular de ese derecho siga cumpliendo los requisitos del artículo 11 de dicha Directiva. El plazo de protección de dicho derecho con arreglo al Derecho del Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante en virtud del artículo 10 de la Directiva 96/9/CE.
2. Se considerará que las personas y empresas siguientes cumplen los requisitos del artículo 11 de la Directiva 96/9/CE:
a) los nacionales del Reino Unido;
b) las personas físicas que residan habitualmente en el Reino Unido;
c) las empresas establecidas en el Reino Unido, siempre que, cuando tengan únicamente su domicilio social en el Reino Unido, sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con la economía del Reino Unido o de un Estado miembro.
Artículo 59
Derecho de prioridad de las solicitudes en curso relativas a marcas de la Unión Europea, dibujos y modelos comunitarios, y protecciones comunitarias de obtenciones vegetales
1. Cuando una persona haya presentado una solicitud de marca de la Unión Europea o de dibujo o modelo comunitario de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y se le haya asignado una fecha de presentación, dicha persona tendrá el derecho a presentar en el Reino Unido en un plazo de nueve meses desde el final del período transitorio una solicitud para la misma marca, dibujo o modelo respecto de bienes o servicios que sean idénticos a aquellos para los que se haya presentado la solicitud en la Unión, o que estén subsumidos en estos. Se considerará que las solicitudes presentadas con arreglo al presente artículo tienen la misma fecha de presentación y la misma fecha de prioridad que la solicitud correspondiente presentada en la Unión y, en su caso, la misma antigüedad que una marca del Reino Unido reivindicada con arreglo a los artículos 39 o 40 del Reglamento (UE) 2017/1001.
2. Cuando una persona haya presentado una solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio, dicha persona tendrá un derecho de prioridad específico para la presentación en el Reino Unido de una solicitud relativa a la misma obtención vegetal en el Reino Unido en un plazo de seis meses desde el final del período transitorio. En virtud de este derecho de prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal a efectos de determinar el carácter distintivo, la novedad y la titularidad del derecho en el Reino Unido será la fecha de solicitud de protección de obtención vegetal.
Artículo 60
Solicitudes en curso de certificados complementarios de protección en el Reino Unido
1. Los Reglamentos (CE) n.o 1610/96 (44) y (CE) n.o 469/2009 (45) del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicarán en lo que se refiere a las solicitudes de certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios y medicamentos, respectivamente, así como a las solicitudes de prórroga de dichos certificados, si dichas solicitudes se presentaron ante una autoridad del Reino Unido antes del final del período transitorio en aquellos casos en que el procedimiento administrativo para la concesión del certificado en cuestión o la prórroga estuviera en curso al final del período transitorio.
2. Los certificados concedidos con arreglo al apartado 1 proporcionarán el mismo nivel de protección que el previsto en el Reglamento (CE) n.o 1610/96 o en el Reglamento (CE) n.o 469/2009.
Artículo 61
Agotamiento de los derechos
Los derechos de propiedad intelectual que se hayan agotado tanto en la Unión como en el Reino Unido antes del final del período transitorio con arreglo a las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión se seguirán considerando agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido.
TÍTULO V
Cooperación policial y judicial en curso en materia penal
Artículo 62
Procedimientos de cooperación judicial en curso en materia penal
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a) el Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (46), y el Protocolo del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (47), se aplicarán respecto de las solicitudes de asistencia judicial recíproca que reciba la autoridad central o la autoridad judicial en virtud del instrumento correspondiente antes del final del período transitorio;
b) la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (48) se aplicará en relación con las órdenes de detención europeas cuando la persona buscada haya sido detenida antes del final del período transitorio a efectos de la ejecución de una orden de detención europea, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución decida que la persona buscada debe seguir detenida o quedar en libertad provisional;
c) la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo (49) se aplicará en relación con las resoluciones de embargo preventivo de bienes que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad judicial competente para su ejecución o una autoridad judicial del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar una resolución de embargo preventivo de bienes pero que la transmita, de oficio, a la autoridad judicial competente para su ejecución;
d) la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo (50) se aplicará en relación con las resoluciones que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la resolución pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
e) la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo (51) se aplicará en relación con las resoluciones de decomiso que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la resolución de decomiso pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
f) la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo (52) se aplicará:
i) a las sentencias que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la sentencia o ejecutar la condena pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución,
ii) a efectos del artículo 4, apartado 6, o el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, cuando dicha Decisión Marco sea aplicable en virtud de la letra b) del presente apartado;
g) la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo (53) se aplicará a los nuevos procesos penales, en el sentido del artículo 3 de dicha Decisión Marco, incoados antes del final del período transitorio;
h) la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo (54) se aplicará en relación con las solicitudes de información sobre condenas que reciba la autoridad central antes del final del período transitorio; no obstante, después del final del período transitorio, las respuestas a dichas solicitudes no se transmitirán a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, establecido en virtud de la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (55);
i) la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo (56) se aplicará en relación con las resoluciones sobre medidas de vigilancia que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la resolución pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
j) el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (57) se aplicará en relación con las solicitudes de información que reciba la autoridad central antes del final del período transitorio; no obstante, después del final del período transitorio, las respuestas a dichas solicitudes no se transmitirán a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, establecido en virtud de la Decisión 2009/316/JAI del Consejo;
k) la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (58) se aplicará en relación con las órdenes europeas de protección que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad competente del Estado de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer la orden europea de protección pero que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución;
l) la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (59) se aplicará en relación con las órdenes europeas de investigación que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad central, la autoridad de ejecución o una autoridad del Estado de ejecución que no sea competente para reconocer o ejecutar la orden europea de investigación y que la transmita, de oficio, a la autoridad competente para su ejecución.
2. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán seguir participando en los equipos conjuntos de investigación en que participasen antes del final del período transitorio, si dichos equipos conjuntos de investigación se hubiesen creado, bien de conformidad con el artículo 13 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, bien de conformidad con la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo (60).
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período no superior a un año después del final del período transitorio, la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información («SIENA», por sus siglas en inglés), en la medida en que sea estrictamente necesario para el intercambio de información en los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de SIENA. La Unión comunicará el importe de dichos gastos al Reino Unido a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
3. Eurojust podrá, previa petición del Reino Unido, supeditada al cumplimiento del artículo 26 bis, apartado 7, letra a), y el artículo 27 de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (61), facilitar información, incluidos datos personales, procedente de su sistema de gestión de casos, si es necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras a), b), c), e) y l) del apartado 1 del presente artículo o las actividades de los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán, previa petición, facilitar a Eurojust información que obre en su poder si fuera necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras a), b), c), e) y l) del apartado 1 del presente artículo o las actividades de los equipos conjuntos de investigación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Cuando se produzcan gastos de naturaleza extraordinaria como consecuencia de la aplicación del presente apartado, el Comité Mixto determinará la forma en que deban tratarse dichos gastos.
Artículo 63
Procedimientos de cooperación policial, cooperación de servicios de seguridad e intercambio de información en curso
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a) los artículos 39 y 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985 («Convenio de aplicación de Schengen») (62), en relación con los artículos 42 y 43 del mismo, se aplicarán por lo que respecta a:
i) las solicitudes de conformidad con el artículo 39 del Convenio de aplicación de Schengen que reciban, antes del final del período transitorio, el órgano central que esté encargado, en la Parte contratante requerida, de la cooperación policial internacional, las autoridades competentes de la Parte requerida, o las autoridades policiales requeridas que no tengan competencia para tramitar la solicitud, pero que la transmitan a las autoridades competentes,
ii) las solicitudes de asistencia de conformidad con el artículo 40, apartado 1, del Convenio de aplicación de Schengen que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad designada por la Parte contratante,
iii) la vigilancia transfronteriza sin autorización previa de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Convenio de aplicación de Schengen cuando dicha vigilancia se inicie antes del final del período transitorio.
b) el Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (63), se aplicará en lo que se refiere a:
i) las solicitudes de información que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
ii) las solicitudes de vigilancia que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
iii) las solicitudes de investigaciones que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
iv) las solicitudes de notificación que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
v) las solicitudes de autorización de vigilancia transfronteriza o de encomienda de vigilancia a los funcionarios del Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la vigilancia que reciba, antes del final del período transitorio, la autoridad designada por el Estado miembro requerido que sea competente para conceder la autorización solicitada o transmitirla a otra instancia,
vi) la vigilancia transfronteriza sin autorización previa de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Convenio de aplicación de Schengen cuando dicha vigilancia se inicie antes del final del período transitorio,
vii) las solicitudes de autorización para realizar entregas vigiladas que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
viii) las solicitudes de autorización para realizar investigaciones encubiertas que reciba la autoridad requerida antes del final del período transitorio,
ix) los equipos comunes de investigación especial creados en virtud del artículo 24 de dicho Convenio antes del final del período transitorio.
c) la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (64) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba la unidad de información financiera requerida antes del final del período transitorio.
d) la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo (65) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba el servicio de seguridad competente requerido antes del final del período transitorio.
e) la Decisión 2007/533/JAI del Consejo (66) se aplicará respecto del intercambio de información complementaria cuando se produzca una respuesta positiva antes del final del período transitorio en relación con una descripción introducida en el Sistema de Información de Schengen, siempre que sus disposiciones se apliquen al Reino Unido el último día del período transitorio. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período máximo de tres meses después del final del período transitorio, la infraestructura de comunicación a que se refiere el artículo 8, apartado 1, de la Decisión 2007/533/JAI, en la medida en que sea estrictamente necesario para el intercambio de esa información complementaria. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de la infraestructura de comunicación. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
f) la Decisión 2007/845/JAI del Consejo (67) se aplicará respecto de las solicitudes que reciban los organismos de recuperación de activos antes del final del período transitorio.
g) la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (68) se aplicará respecto de las solicitudes que reciba la unidad de información sobre los pasajeros de conformidad con los artículos 9 y 10 de dicha Directiva antes del final del período transitorio.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá derecho a utilizar, por un período no superior a un año después del final del período transitorio, la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información («SIENA», por sus siglas en inglés), en la medida en que sea estrictamente necesario para completar los procedimientos en curso a que se refieren las letras c), d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo. El Reino Unido reembolsará a la Unión los gastos realmente contraídos por esta por facilitar al Reino Unido la utilización de SIENA. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos gastos a más tardar el 31 de marzo de 2021. En caso de que el importe de los gastos realmente contraídos que se comunique difiera sustancialmente de las mejores estimaciones que la Unión hubiese comunicado al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido pagará sin demora a la Unión el importe correspondiente a las mejores estimaciones y el Comité Mixto determinará la forma de resolver la diferencia entre los gastos realmente contraídos y las mejores estimaciones.
Artículo 64
Confirmación de acuse de recibo o de detención
1. La autoridad competente que dicte la resolución judicial o presente la solicitud, respectivamente, a que se refieren el artículo 62, apartado 1, letra a), letras c) a e), letra f), inciso i), y letras h) a l), y el artículo 63, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), letra b), incisos i) a v), y vii) a ix), y letras c), d), f) y g), podrá solicitar un acuse de recibo de dicha resolución judicial o solicitud en un plazo de diez días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la autoridad de ejecución o la autoridad requerida ha recibido dicha resolución judicial o solicitud antes del final del período transitorio.
2. En los casos contemplados en el artículo 62, apartado 1, letra b), cuando la autoridad judicial emisora albergue dudas acerca de si la persona buscada ha sido detenida con arreglo al artículo 11 de la Decisión Marco 2002/584/JAI antes del final del período transitorio, podrá solicitar a la autoridad judicial de ejecución competente la confirmación de la detención en un plazo de diez días desde el final del período transitorio.
3. Salvo que una confirmación ya haya sido proporcionada conforme a las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, la autoridad de ejecución o la autoridad requerida a que se refieren los apartados 1 y 2 responderá a las solicitudes de acuse de recibo o confirmación de detención en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo 65
Otros actos de la Unión aplicables
La Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (69) y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (70) se aplicarán respecto de los procedimientos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra b), del presente Acuerdo.
TÍTULO VI
Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil
Artículo 66
Derecho aplicable en materia contractual y extracontractual
En el Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a) el Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (71) se aplicará respecto de los contratos celebrados antes del final del período transitorio;
b) el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (72) se aplicará respecto de los hechos generadores de daño, cuando dichos hechos se produzcan antes del final del período transitorio.
Artículo 67
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales
1. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación con tales procesos judiciales con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (73), el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 o los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo (74), se aplicarán los actos o disposiciones siguientes:
a) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) n.o 1215/2012;
b) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) 2017/1001, del Reglamento (CE) n.o 6/2002, del Reglamento (CE) n.o 2100/94, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (75) y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (76);
c) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.o 2201/2003;
d) las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.o 4/2009.
2. En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, se aplicarán los actos o disposiciones siguientes respecto del reconocimiento y la ejecución de resoluciones, documentos públicos, acuerdos y transacciones judiciales, como se dispone a continuación:
a) el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, así como a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes del final del período transitorio;
b) el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos celebrados antes del final del período transitorio;
c) el Reglamento (CE) n.o 4/2009 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados antes del final del período transitorio;
d) el Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (77) se aplicará a las resoluciones dictadas en procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes del final del período transitorio, siempre que la certificación como título ejecutivo europeo se haya solicitado antes del final del período transitorio.
3. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, las siguientes disposiciones se aplicarán como sigue:
a) el capítulo IV del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 se aplicará a las solicitudes y demandas recibidas por la autoridad central o cualquier otra autoridad competente del Estado requerido antes del final del período transitorio;
b) el capítulo VII del Reglamento (CE) n.o 4/2009 se aplicará a las solicitudes de reconocimiento o ejecución a que se refiere el apartado 2, letra c), del presente artículo y a las solicitudes que reciba la autoridad central del Estado requerido antes del final del período transitorio;
c) el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (78) se aplicará a los procedimientos de insolvencia y a las acciones a que se refiere el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, siempre que el procedimiento principal se haya incoado antes del final del período transitorio;
d) el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (79) se aplicará a las peticiones de requerimiento europeo de pago presentadas antes del final del período transitorio; cuando, a raíz de dicha petición, se traslade el proceso con arreglo al artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, se considerará que dicho proceso ha sido incoado antes del final del período transitorio;
e) el Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (80) se aplicará a los procesos de escasa cuantía en los que la demanda haya sido presentada antes del final del período transitorio;
f) el Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (81) se aplicará a los certificados expedidos antes del final del período transitorio.
Artículo 68
Procedimientos de cooperación judicial en curso
En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a) el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (82) se aplicará a los documentos judiciales y extrajudiciales que reciban a los efectos de su notificación o traslado antes del final del período transitorio:
i) un organismo receptor,
ii) una entidad central del Estado en el que deba realizarse la notificación o el traslado, o
iii) los agentes diplomáticos o consulares, los servicios postales o los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado requerido a que se refieren los artículos 13, 14 y 15 de dicho Reglamento;
b) el Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo (83) se aplicará a las solicitudes que reciban antes del final del período transitorio:
i) un órgano jurisdiccional requerido,
ii) un órgano central del Estado en el que se solicita que se obtenga la prueba, o
iii) un órgano central o autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento;
c) la Decisión 2001/470/CE del Consejo (84) se aplicará a las solicitudes recibidas antes del final del período transitorio; el punto de contacto requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio.
Artículo 69
Otras disposiciones aplicables
1. En el Reino Unido, así como en los Estados miembros en situaciones que incumban al Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a) la Directiva 2003/8/CE del Consejo (85) se aplicará a las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que reciba la autoridad receptora antes del final del período transitorio. La autoridad requirente podrá solicitar un acuse de recibo en un plazo de siete días desde el final del período transitorio cuando albergue dudas acerca de si la solicitud se recibió antes del final del período transitorio.
b) la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (86) se aplicará cuando, antes del final del período transitorio:
i) las partes hayan acordado hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio,
ii) el órgano jurisdiccional dicte la mediación, o
iii) un órgano jurisdiccional invite a las partes a hacer uso de la mediación.
c) la Directiva 2004/80/CE del Consejo (87) se aplicará a las solicitudes que reciba la autoridad de decisión antes del final del período transitorio.
2. El artículo 67, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (88).
3. El artículo 68, letra a), del presente Acuerdo se aplicará también respecto de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 aplicables en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (89).
TÍTULO VII
Datos e información tratados u obtenidos antes del final del período transitorio, o con base en el presente acuerdo
Artículo 70
Definición
A efectos del presente título, se entenderá por «Derecho de la Unión sobre protección de datos personales»:
a) el Reglamento (UE) 2016/679, con excepción de su capítulo VII;
b) la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (90);
c) la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (91);
d) cualesquiera otras disposiciones del Derecho de la Unión que regulen la protección de los datos personales.
Artículo 71
Protección de los datos personales
1. El Derecho de la Unión sobre protección de datos personales se aplicará en el Reino Unido respecto del tratamiento de datos personales de interesados fuera del Reino Unido, siempre que los datos personales:
a) se hayan tratado en virtud del Derecho de la Unión en el Reino Unido antes del final del período transitorio; o
b) sean tratados en el Reino Unido después del final del período transitorio con base en el presente Acuerdo.
2. El apartado 1 no se aplicará en la medida en que el tratamiento de los datos personales en él contemplados esté sujeto a un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en las decisiones que resulten de aplicación en virtud del artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 36, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/680.
3. En la medida en que una decisión de las mencionadas en el apartado 2 haya dejado de ser aplicable, el Reino Unido garantizará un nivel de protección de los datos personales esencialmente equivalente al establecido en el Derecho de la Unión sobre protección de datos personales en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de los interesados a que se refiere el apartado 1.
Artículo 72
Tratamiento confidencial y uso restringido de los datos y la información en el Reino Unido
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, además del Derecho de la Unión sobre protección de datos personales, se aplicarán las disposiciones del Derecho de la Unión sobre tratamiento confidencial, restricción del uso, limitación del plazo de conservación y la obligación de supresión de los datos y la información respecto de los datos y la información obtenidos por autoridades u organismos oficiales del o en el Reino Unido o por entidades adjudicadoras, tal y como se definen en el artículo 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (92), del o en el Reino Unido:
a) antes del final del período transitorio; o
b) sobre la base del presente Acuerdo.
Artículo 73
Tratamiento de los datos e información obtenidos del Reino Unido
La Unión no tratará los datos y la información obtenidos del Reino Unido antes del final del período transitorio, u obtenidos después del final del período transitorio sobre la base del presente Acuerdo, de forma diferente a los datos y la información obtenidos de un Estado miembro por el mero hecho de que el Reino Unido se haya retirado de la Unión.
Artículo 74
Seguridad de la información
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión sobre protección de la información clasificada de la UE y la información clasificada de la Euratom se aplicarán respecto de la información clasificada obtenida por el Reino Unido, bien antes del final del período transitorio, bien sobre la base del presente Acuerdo, u obtenida del Reino Unido por la Unión o un Estado miembro, bien antes del final del período transitorio, bien sobre la base del presente Acuerdo.
2. Las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión en materia de seguridad industrial se aplicarán al Reino Unido en aquellos casos en que el procedimiento de licitación, contratación o adjudicación de subvenciones relativo a un contrato clasificado, un subcontrato clasificado o un acuerdo de subvención clasificado se haya iniciado antes del final del período transitorio.
3. El Reino Unido garantizará que los productos criptográficos que utilicen algoritmos criptográficos clasificados desarrollados bajo el control de una autoridad de certificación criptográfica de un Estado miembro o del Reino Unido, y evaluados y certificados por una de dichas autoridades, y que hayan sido certificados por la Unión hasta el final del período transitorio y estén presentes en el Reino Unido no se transfieran a un tercer país.
4. Se aplicarán a dichos productos los requisitos, las limitaciones y las condiciones establecidos en la certificación para la Unión de los productos criptográficos.
TÍTULO VIII
Contratación pública y procedimientos similares en curso
Artículo 75
Definición
A efectos del presente título, se entenderá por «normas pertinentes» los principios generales del Derecho de la Unión aplicables a la adjudicación de contratos públicos, las Directivas 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) y 2014/25/UE (96) del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 2195/2002 (97) y (CE) n.o 1370/2007 (98) del Parlamento Europeo y del Consejo, el artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 3577/92 del Consejo (99), los artículos 11 y 12 de la Directiva 96/67/CE del Consejo (100), los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (101), los artículos 6 y 7 del Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo (102), y cualquier otra disposición específica del Derecho de la Unión que regule los procedimientos de contratación pública.
Artículo 76
Normas aplicables a los procedimientos en curso
1. Las normas pertinentes se aplicarán:
a) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), respecto de los procedimientos iniciados por los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras de los Estados miembros o del Reino Unido en virtud de dichas normas antes del final del período transitorio y que el último día del período transitorio aún no hayan finalizado, incluidos los procedimientos que utilicen sistemas dinámicos de adquisición y los procedimientos en los que la convocatoria de licitación se realice mediante un anuncio de información previa, un anuncio periódico indicativo o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación; y
b) respecto de los procedimientos a que se refieren el artículo 29, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 2009/81/CE, el artículo 33, apartados 2 a 5, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 51, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE que estén relacionados con la ejecución de los siguientes acuerdos marco celebrados por poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras de los Estados miembros o del Reino Unido, incluida la adjudicación de contratos con arreglo a dichos acuerdos marco:
i) acuerdos marco celebrados antes del final del período transitorio que, en el último día del período transitorio, no hayan vencido ni hayan sido resueltos, o
ii) acuerdos marcos celebrados después del final del período transitorio con arreglo a un procedimiento que entre dentro del ámbito de la letra a) del presente apartado.
2. Sin perjuicio de las restricciones que resulten de aplicación con arreglo al Derecho de la Unión, los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras respetarán el principio de no discriminación en lo que respecta a los licitadores o, en su caso, a las personas legitimadas para presentar ofertas, de los Estados miembros y del Reino Unido, en relación con los procedimientos a que se refiere el apartado 1.
3. Se considerará que los procedimientos a que se refiere el apartado 1 se han iniciado en el momento en que se efectúe una convocatoria de licitación o cualquier otra invitación a presentar ofertas con arreglo a las normas pertinentes. Cuando las normas pertinentes permitan el uso de procedimientos que no requieran una convocatoria de licitación u otras invitaciones a presentar ofertas, se considerará que el procedimiento se ha iniciado en el momento en que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora se pongan en contacto con operadores económicos a propósito del procedimiento específico.
4. Se considerará que los procedimientos a que se refiere el apartado 1 han finalizado:
a) cuando se publique el anuncio de adjudicación de contrato con arreglo a las normas pertinentes o, si dichas normas no requieren la publicación de un anuncio de adjudicación de contrato, cuando se adjudique el contrato correspondiente; o
b) cuando se informe a los licitadores o las personas legitimadas para presentar ofertas, según proceda, de los motivos por los que no se ha adjudicado el contrato, si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora decide no adjudicar el contrato.
5. El presente artículo no afectará a las normas de la Unión o del Reino Unido en materia de aduanas, circulación de mercancías, prestación de servicios, reconocimiento de cualificaciones profesionales o propiedad intelectual.
Artículo 77
Procedimientos de recurso
Las Directivas 89/665/CEE (103) y 92/13/CEE (104) del Consejo se aplicarán respecto de los procedimientos de contratación pública a que se refiere el artículo 76 del presente Acuerdo que entren en el ámbito de aplicación de dichas Directivas.
Artículo 78
Cooperación
No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo, el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE se aplicará durante un período no superior a nueve meses desde el final del período transitorio en lo que respecta a los procedimientos previstos en dicha Directiva que hayan sido iniciados por poderes adjudicadores del Reino Unido antes del final del período transitorio y que aún no hayan finalizado el último día del período transitorio.
TÍTULO IX
Cuestiones relacionadas con Euratom
Artículo 79
Definiciones
A efectos del presente título, se entenderá por:
a) «Comunidad»: la Comunidad Europea de la Energía Atómica;
b) «controles de seguridad»: las actividades cuyo objeto es verificar que los materiales y equipos nucleares no se destinen a usos distintos de los declarados por los usuarios y las actividades tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de utilizar los materiales y equipos nucleares con fines pacíficos;
c) «materiales fisionables especiales»: los materiales fisionables especiales, tal y como se definen en el artículo 197, punto 1, del Tratado Euratom;
d) «minerales»: los minerales, tal y como se definen en el artículo 197, punto 4, del Tratado Euratom;
e) «materiales básicos»: los materiales básicos, tal y como se definen en el artículo 197, punto 3, del Tratado Euratom;
f) «materiales nucleares»: los minerales, los materiales básicos y los materiales fisionables especiales;
g) «combustible nuclear gastado» y «residuos radiactivos»: el combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos, tal y como se definen en el artículo 3, puntos 7 y 11, de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo (105).
Artículo 80
Terminación de la responsabilidad de la Comunidad en los asuntos relacionados con el Reino Unido
1. El Reino Unido será el único responsable de garantizar que todos los minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales regulados por el Tratado Euratom y presentes en el territorio del Reino Unido al finalizar el período transitorio se manipulen de conformidad con los tratados y convenios internacionales pertinentes y aplicables, entre los que se incluyen, entre otros, los tratados y las convenciones internacionales en materia de seguridad nuclear, controles de seguridad, no proliferación y protección física de los materiales nucleares, y los tratados y las convenciones internacionales en materia de seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y seguridad en la gestión de los residuos radiactivos.
2. El Reino Unido será el único responsable de garantizar la observancia de las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de su condición de miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, de su condición de Parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, o de cualquier otro tratado o convención internacional en que sea parte el Reino Unido.
Artículo 81
Controles de seguridad
El Reino Unido instaurará un régimen de controles de seguridad. Este régimen de controles de seguridad aplicará un sistema que ofrezca una eficacia y una cobertura equivalentes a las que ofrece la Comunidad en el territorio del Reino Unido, de conformidad con el Acuerdo entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares [INFCIRC/263], en su versión modificada.
Artículo 82
Obligaciones específicas derivadas de acuerdos internacionales
El Reino Unido velará por que se cumplan todas las obligaciones específicas derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países u organizaciones internacionales en relación con cualesquiera equipos nucleares, materiales nucleares u otros artículos nucleares presentes en el territorio del Reino Unido al finalizar el período transitorio o, alternativamente, por que se establezcan las disposiciones apropiadas de común acuerdo con el tercer país o la organización internacional que corresponda.
Artículo 83
Propiedad y derechos de uso y consumo de los materiales fisionables especiales en el Reino Unido
1. Los materiales fisionables especiales presentes en el territorio del Reino Unido respecto de los cuales fuese aplicable el artículo 86 del Tratado Euratom hasta el final del período transitorio dejarán de ser propiedad de la Comunidad al final del período transitorio.
2. Los materiales fisionables especiales a que se hace referencia en el apartado 1 pasarán a ser propiedad de las personas o empresas que tengan el más amplio derecho de uso y consumo sobre estos materiales al final del período transitorio, de conformidad con el artículo 87 del Tratado Euratom.
3. Cuando el derecho de uso y consumo de los materiales fisionables especiales a que se hace referencia en el apartado 2 (en lo sucesivo, «materiales afectados») corresponda a un Estado miembro o a personas o empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro, con el fin de proteger la integridad de la política común de abastecimiento establecida en el título II, capítulo 6, del Tratado Euratom y del mercado común nuclear establecido en el capítulo 9 de dicho título, en particular por lo que respecta al nivel de los controles de seguridad aplicables a los materiales afectados, se aplicará lo siguiente:
a) visto el artículo 5 del presente Acuerdo, la Comunidad podrá exigir que los materiales afectados se depositen ante la Agencia establecida en virtud del artículo 52, apartado 2, letra b), del Tratado Euratom o en otros depósitos controlados o controlables por la Comisión Europea;
b) la Comunidad tendrá el derecho de celebrar contratos relacionados con el suministro de los materiales afectados con cualquier persona o empresa establecida en el territorio del Reino Unido o de un tercer país, de conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Tratado Euratom;
c) el artículo 20 del Reglamento (Euratom) n.o 302/2005 de la Comisión (106), con excepción del apartado 1, letras b) y c), se aplicará respecto de los materiales afectados;
d) la exportación de los materiales afectados a un tercer país será autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté establecida la persona o empresa con derecho a utilizar y consumir los materiales afectados, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (107);
e) por lo que se refiere a los materiales afectados, la Comunidad tendrá derecho a ejercer cualesquiera otros derechos que, en virtud del Tratado Euratom, se deriven de su propiedad, de conformidad con el artículo 86 de dicho Tratado.
4. Los Estados miembros, las personas o empresas que disfruten del más amplio derecho de uso y consumo de materiales fisionables especiales presentes en el territorio del Reino Unido al final del período transitorio conservarán ese derecho.
Artículo 84
Equipos y otros bienes relacionados con la realización de los controles de seguridad
1. Los equipos y otros bienes de la Comunidad relacionados con la realización de controles de seguridad con arreglo al Tratado Euratom que se encuentren en el Reino Unido al final del período transitorio pasarán a ser propiedad del Reino Unido, según lo establecido en el anexo V. El Reino Unido reembolsará a la Unión el valor de dichos equipos y otros bienes, cuyo cálculo se basará en el valor asignado a estos equipos y otros bienes en las cuentas consolidadas del ejercicio 2020.
2. El Reino Unido asumirá todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de la Comunidad relacionados con los equipos y otros bienes a que se refiere el apartado 1.
Artículo 85
Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
El artículo 4, apartados 1 y 2, y el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2011/70/Euratom, se aplicarán respecto de la responsabilidad final del Reino Unido por el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos que se hayan generado en el Reino Unido y estén presentes en el territorio de un Estado miembro al final del período transitorio.
TÍTULO X
Procedimientos judiciales y administrativos de la Unión
Capítulo 1
Procedimientos judiciales
Artículo 86
Asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para conocer de los procedimientos iniciados por o contra el Reino Unido antes del final del período transitorio. Esta competencia se aplicará a todas las fases del procedimiento, incluidos los recursos de casación ante el Tribunal de Justicia y el procedimiento ante el Tribunal General en caso de devolución del asunto al Tribunal General.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales del Reino Unido antes del final del período transitorio.
3. A efectos del presente capítulo, se considerará que los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido iniciados, y que las peticiones de decisión prejudicial han sido presentadas, en el momento en que el escrito que inicia el proceso ha sido inscrito en el Registro por la Secretaría del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, según proceda.
Artículo 87
Nuevos asuntos ante el Tribunal de Justicia
1. Si la Comisión Europea considera que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o de la cuarta parte del presente Acuerdo antes del final del período transitorio, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir del final del período transitorio, someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme a los requisitos establecidos en el artículo 258 del TFUE o en el artículo 108, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE, según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
2. Si el Reino Unido incumple una decisión de las contempladas en el artículo 95, apartado 1, del presente Acuerdo, o no confiere efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico del Reino Unido a una decisión de las contempladas en dicha disposición dirigida a una persona física o jurídica que resida o esté establecida en el Reino Unido, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la decisión de que se trate, someter el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 258 del TFUE o en el artículo 108, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE, según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
3. A la hora de decidir si emprender acciones judiciales en virtud del presente artículo, la Comisión Europea aplicará los mismos principios con respecto al Reino Unido que con respecto a cualquier Estado miembro.
Artículo 88
Reglas de procedimiento
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicarán a los procedimientos y las peticiones de decisión prejudicial a los que se refiere el presente título.
Artículo 89
Fuerza vinculante y carácter ejecutivo de las sentencias y autos
1. Las sentencias y autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes del final del período transitorio y las sentencias y autos dictados después del final del período transitorio en los procedimientos a que se refieren los artículos 86 y 87 serán vinculantes en su totalidad para y en el Reino Unido.
2. Si, en una sentencia de las contempladas en el apartado 1, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o del presente Acuerdo, el Reino Unido adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha sentencia.
3. Los artículos 280 y 299 del TFUE se aplicarán en el Reino Unido en lo relativo a la ejecución de las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contemplados en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 90
Derecho a intervenir y participar en el procedimiento
Hasta que las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todos los procedimientos y peticiones de decisión prejudicial a que se refiere el artículo 86 pasen a ser firmes, el Reino Unido podrá intervenir del mismo modo que un Estado miembro o, en los asuntos que se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 del TFUE, participar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mismo modo que un Estado miembro. Durante ese período, el Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea notificará al Reino Unido, al mismo tiempo y del mismo modo que a los Estados miembros, cualquier cuestión planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con carácter prejudicial por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.
El Reino Unido podrá también intervenir o participar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mismo modo que un Estado miembro:
a) en relación con los asuntos referidos a un incumplimiento de las obligaciones en virtud de los Tratados, cuando el Reino Unido estuviese sujeto a las mismas obligaciones antes del final del período transitorio, y cuando tales asuntos se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 258 del TFUE antes del final del período mencionado en el artículo 87, apartado 1, o, en su caso, hasta el momento, posterior al final de dicho período, en que la última sentencia o el último auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base del artículo 87, apartado 1, pase a ser firme;
b) en relación con los asuntos referidos a actos o disposiciones del Derecho de la Unión que fuesen aplicables antes del final del período transitorio a y en el Reino Unido y que se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 267 del TFUE antes del final del período mencionado en el artículo 87, apartado 1, o, en su caso, hasta el momento, posterior al final de dicho período, en que la última sentencia o el último auto dictado por el Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 87, apartado 1, pase a ser firme; y
c) en relación con los casos a que se refiere el artículo 95, apartado 3.
Artículo 91
Representación ante el Tribunal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, cuando, antes del final del período transitorio, un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido esté representando o asistiendo a una parte en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en relación con peticiones de decisión prejudicial planteadas antes del final del período transitorio, dicho abogado podrá seguir representando o asistiendo a la parte en el procedimiento o en relación con dichas peticiones. Este derecho se aplicará a todas las fases de los procedimientos, incluidos los procedimientos de apelación ante el Tribunal de Justicia y los procedimientos ante el Tribunal General en caso de devolución de un asunto a este último.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrán representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos contemplados en el artículo 87 y en el artículo 95, apartado 3. Los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido también podrán representar o asistir al Reino Unido en los procedimientos contemplados en el artículo 90 en los que el Reino Unido haya decidido intervenir o participar.
3. Cuando representen o asistan a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos a que se refieren los apartados 1 y 2, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros representando o asistiendo a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Capítulo 2
Procedimientos administrativos
Artículo 92
Procedimientos administrativos en curso
1. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión seguirán siendo competentes en lo que respecta a los procedimientos administrativos que se hayan iniciado antes del final del período transitorio en relación con:
a) el cumplimiento del Derecho de la Unión por el Reino Unido, o por personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido; o
b) el cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con la competencia en el Reino Unido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, a efectos del presente capítulo se considerará que los procedimientos administrativos se han iniciado en el momento en que estos hayan sido registrados formalmente en la institución, órgano u organismo de la Unión.
3. A efectos del presente capítulo:
a) se considerará que los procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (108) se han iniciado en el momento en que se haya atribuido a los procedimientos un número de asunto;
b) los procedimientos para la aplicación del artículo 101 o 102 del TFUE impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (109) se considerarán iniciados en el momento en que la Comisión Europea haya decidido iniciar el procedimiento de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión (110);
c) los procedimientos relacionados con el control de las concentraciones entre empresas regulados por el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (111) se considerarán iniciados en el momento en que:
i) se haya notificado a la Comisión Europea una concentración que tenga dimensión de la Unión de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004,
ii) el plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 haya expirado sin que ninguno de los Estados miembros competentes para examinar la concentración en virtud de su Derecho nacional en materia de competencia haya manifestado su desacuerdo con respecto a la solicitud de remisión del asunto a la Comisión Europea, o
iii) la Comisión Europea haya decidido, o se considere que ha decidido, examinar la concentración de conformidad con el artículo 22, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004;
d) la investigación por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de una presunta infracción de las enumeradas en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (112) o en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (113) se considerará iniciada en el momento en que dicha Autoridad haya designado a un agente investigador independiente de conformidad con el artículo 23 sexies, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 o el artículo 64, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.
4. La Unión facilitará al Reino Unido una lista de todos los procedimientos administrativos individuales en curso que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 en un plazo de tres meses después del final del período transitorio. No obstante lo dispuesto en la primera frase, en el caso de los procedimientos administrativos individuales en curso de la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Unión facilitará al Reino Unido una lista de dichos procedimientos administrativos en curso en el plazo de un mes después del final del período transitorio.
5. En el marco de procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589, la Comisión Europea estará vinculada con respecto al Reino Unido por la jurisprudencia y las mejores prácticas aplicables, tal y como si el Reino Unido fuese aún un Estado miembro. En particular, la Comisión Europea adoptará, en un plazo razonable, una de las decisiones siguientes:
a) una decisión por la que se constate que la medida no constituye ayuda en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589;
b) una decisión de no formular objeciones en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589;
c) una decisión de incoar un procedimiento de investigación formal en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/1589.
Artículo 93
Nuevos procedimientos en materia de ayudas estatales y relacionados con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
1. Por lo que se refiere a las ayudas concedidas antes del final del período transitorio, durante un período de cuatro años después del final del período transitorio, la Comisión Europea será competente para iniciar nuevos procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales regulados por el Reglamento (UE) 2015/1589 en relación con el Reino Unido.
La Comisión Europea seguirá siendo competente después del final del período de cuatro años respecto de los procedimientos iniciados antes del final de dicho período.
El artículo 92, apartado 5, del presente Acuerdo se aplicará mutatis mutandis.
La Comisión Europea informará al Reino Unido de cualquier nuevo procedimiento administrativo en materia de ayudas estatales iniciado en virtud del párrafo primero del presente apartado en un plazo de tres meses desde su inicio.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 136 y 138 del presente Acuerdo, durante un período de cuatro años después del final del período transitorio, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «OLAF») será competente para abrir nuevas investigaciones reguladas por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (114) relativas a:
a) hechos que se hayan producido antes del final del período transitorio; o
b) cualquier deuda aduanera originada después del final del período transitorio como consecuencia de los procedimientos de aprobación de la gestión a que se refiere el artículo 49, apartado 1, del presente Acuerdo.
La OLAF seguirá siendo competente después del final del período de cuatro años para los procedimientos iniciados antes del final de dicho período.
La OLAF informará al Reino Unido de cualquier nueva investigación abierta en virtud del párrafo primero del presente apartado en el plazo de tres meses desde la apertura de la investigación.
Artículo 94
Reglas de procedimiento
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los distintos tipos de procedimientos administrativos contemplados en el presente capítulo se aplicarán a los procedimientos a que se hace referencia en los artículos 92, 93 y 96.
2. Cuando representen o asistan a una parte en relación con los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 92 y 93, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que representan o asisten a una parte en relación con dichos procedimientos administrativos.
3. El artículo 128, apartado 5, se aplicará en la medida necesaria a los procedimientos contemplados en los artículos 92 y 93 después del final del período transitorio.
Artículo 95
Fuerza vinculante y carácter ejecutivo de las decisiones
1. Las decisiones adoptadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión antes del final del período transitorio, o adoptadas en los procedimientos a que se refieren los artículos 92 y 93 después del final del período transitorio, y dirigidas al Reino Unido o a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido, serán vinculantes para y en el Reino Unido.
2. Salvo acuerdo en contrario entre la Comisión Europea y la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido, la Comisión Europea seguirá siendo competente para controlar y hacer cumplir los compromisos contraídos o las medidas correctoras impuestas en el territorio del Reino Unido, o en relación con el Reino Unido, en el marco de los procedimientos para la aplicación de los artículos 101 o 102 del TFUE impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 1/2003, o de los procedimientos impulsados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (CE) n.o 139/2004 relativos al control de las concentraciones entre empresas. Si así lo acuerdan entre ellas la Comisión Europea y la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido, la Comisión Europea transferirá el control y la garantía del cumplimiento de dichos compromisos o medidas correctoras en el Reino Unido a la autoridad nacional de competencia designada del Reino Unido.
3. La legalidad de las decisiones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo será controlada exclusivamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 263 del TFUE.
4. El artículo 299 del TFUE se aplicará en el Reino Unido en lo que se refiere a la ejecución de las decisiones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo que impongan obligaciones pecuniarias a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido.
Artículo 96
Otros procedimientos en curso y obligaciones de notificación
1. Los exámenes técnicos realizados por las Oficinas de examen del Reino Unido en cooperación con la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2100/94 que estuviesen en curso el día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo continuarán y se finalizarán según lo establecido en dicho Reglamento.
2. El artículo 12, apartados 2 bis y 3, y los artículos 14, 15 y 16 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (115) se aplicarán a y en el Reino Unido en relación con los gases de efecto invernadero emitidos durante el último año del período transitorio.
3. El artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (116) y los artículos 26 y 27 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (117) se aplicarán a y en el Reino Unido en relación con la información de datos correspondiente al último año del período transitorio.
4. El artículo 8, apartados 1, 2, 3 y 7, del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (118), el anexo II de dicho Reglamento, el artículo 8, apartados 1, 2, 3, 8 y 10, del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (119), el anexo II de dicho Reglamento, así como los artículos 2 a 5, el artículo 7, y el artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión y los artículos 3 a 6, el artículo 8 y el artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión (120), se aplicarán a y en el Reino Unido en lo relativo al control y la presentación de datos sobre las emisiones de dióxido de carbono de vehículos pertinentes durante el último año del período transitorio.
5. Los artículos 5, 7, 9 y 10, el artículo 11, apartado 3, el artículo 17, apartado 1, letras a) y d), y los artículos 19, 22 y 23 del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (121), y los artículos 3, 7 y 11 de la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (122) se aplicarán al Reino Unido en relación con los gases de efecto invernadero emitidos durante 2019 y 2020, y el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión (123) se aplicará al Reino Unido hasta la finalización del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto.
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo:
a) en la medida necesaria para dar cumplimiento a los apartados 2, 4 y 5 del presente artículo, el Reino Unido y los operadores presentes en el Reino Unido tendrán acceso a:
i) el registro de la Unión y el registro del Protocolo de Kioto del Reino Unido establecidos por el Reglamento (UE) n.o 389/2013, y
ii) el archivo central de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, según lo previsto en el Reglamento (UE) n.o 1014/2010, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 749/2014 de la Comisión (124);
b) en la medida necesaria para dar cumplimiento al apartado 3 del presente artículo, las empresas presentes en el Reino Unido tendrán acceso a:
i) la herramienta de notificación basada en el formato establecido en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1191/2014 de la Comisión (125) a efectos de la gestión y la presentación de los datos sobre los gases fluorados de efecto invernadero, y
ii) el archivo de datos empresariales utilizado para la presentación de informes por parte de las empresas con arreglo al artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009.
A petición del Reino Unido, durante un período de un año después del final del período transitorio, la Unión facilitará al Reino Unido la información necesaria para:
a) cumplir sus obligaciones en materia de presentación de datos en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; y
b) aplicar sanciones conforme al artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 y al artículo 29 del Reglamento (CE) n.o 1005/2009.
Artículo 97
Representación en procedimientos en curso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Cuando, antes del final del período transitorio, una persona facultada para representar a una persona física o jurídica ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de conformidad con el Derecho de la Unión estuviese representando a una parte en un procedimiento promovido ante dicha Oficina, dicho representante podrá seguir representando a esa parte en ese procedimiento. Este derecho se aplicará a todas las fases del procedimiento ante dicha Oficina.
Cuando represente a una parte ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el marco de uno de los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, dicho representante será tratado a todos los efectos como un representante profesional facultado para representar a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de conformidad con el Derecho de la Unión.
TÍTULO XI
Procedimientos de cooperación administrativa entre los Estados miembros y el Reino Unido
Artículo 98
Cooperación administrativa en materia aduanera
1. Los procedimientos de cooperación administrativa entre un Estado miembro y el Reino Unido establecidos en el anexo VI que se hayan iniciado de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio serán completados por dicho Estado miembro y por el Reino Unido con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
2. Los procedimientos de cooperación administrativa entre un Estado miembro y el Reino Unido establecidos en el anexo VI que se inicien en un plazo de tres años a partir del final del período transitorio pero que se refieran a hechos que se hayan producido antes del final del período transitorio serán completados por dicho Estado miembro y por el Reino Unido con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
Artículo 99
Cooperación administrativa en asuntos relacionados con los impuestos indirectos
1. El Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (126) se aplicará hasta cuatro años después del final del período transitorio por lo que se refiere a la cooperación entre las autoridades competentes responsables de la aplicación de la legislación en materia de IVA en los Estados miembros y en el Reino Unido en relación con las operaciones efectuadas antes del final del período transitorio y con las operaciones contempladas en el artículo 51, apartado 1, del presente Acuerdo.
2. El Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo (127) se aplicará hasta cuatro años después del final del período transitorio por lo que se refiere a la cooperación entre las autoridades competentes responsables de la aplicación de la legislación en materia de impuestos especiales en los Estados miembros y en el Reino Unido en relación con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales que haya tenido lugar antes del final del período transitorio y con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales contemplados en el artículo 52 del presente Acuerdo.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en virtud del presente artículo, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los costes reales que esta haya soportado a fin de facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos costes a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se hace referencia en el anexo IV. En caso de que el importe de los costes reales soportados que se comunique difiera considerablemente de las mejores estimaciones del importe que haya comunicado la Unión al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará sin demora a la Unión las mejores estimaciones del importe y el Comité Mixto determinará la manera en que debe abordarse la diferencia entre los costes reales soportados y las mejores estimaciones del importe.
Artículo 100
Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas
1. La Directiva 2010/24/UE del Consejo (128) se aplicará hasta cinco años después del final del período transitorio entre los Estados miembros y el Reino Unido por lo que se refiere a los créditos relacionados con importes que se hayan convertido en exigibles antes del final del período transitorio, a los créditos relacionados con operaciones efectuadas antes del final del período transitorio pero en las que los importes se hayan convertido en exigibles después de dicho período, y a los créditos relacionados con operaciones contempladas en el artículo 51, apartado 1, del presente Acuerdo o con la circulación de productos sujetos a impuestos especiales contemplados en el artículo 52 del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en virtud del presente artículo, a las redes, sistemas de información y bases de datos que figuran en el anexo IV. El Reino Unido reembolsará a la Unión los costes reales que esta haya soportado a fin de facilitar dicho acceso. La Unión comunicará al Reino Unido el importe de dichos costes a más tardar el 31 de marzo de cada año hasta el final del período a que se hace referencia en el anexo IV. En caso de que el importe de los costes reales soportados que se comunique difiera considerablemente de las mejores estimaciones del importe que haya comunicado la Unión al Reino Unido antes de la firma del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará sin demora a la Unión las mejores estimaciones del importe y el Comité Mixto determinará la manera en que debe abordarse la diferencia entre los costes reales soportados y las mejores estimaciones del importe.
TÍTULO XII
Privilegios e inmunidades
Artículo 101
Definiciones
1. A efectos del presente título, se entenderá por «miembros de las instituciones», con independencia de su nacionalidad: el Presidente del Consejo Europeo, los miembros de la Comisión Europea, los jueces, los abogados generales, los secretarios y los ponentes adjuntos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los miembros del Tribunal de Cuentas, los miembros de los órganos del Banco Central Europeo, los miembros de los órganos del Banco Europeo de Inversiones, así como todas las demás personas asimiladas a cualquiera de estas categorías de personas en virtud del Derecho de la Unión a los efectos del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades»). El término «miembros de las instituciones» no incluye a los miembros del Parlamento Europeo.
2. El Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 del Consejo (129) se aplicará a la hora de determinar las categorías de los funcionarios y agentes a las que se aplican los artículos 110 a 113 del presente Acuerdo.
Capítulo 1
Bienes, fondos, activos y operaciones de la Unión
Artículo 102
Inviolabilidad
El artículo 1 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los locales, los edificios, los bienes y los activos de la Unión en el Reino Unido utilizados por la Unión antes del final del período transitorio, hasta que dejen de utilizarse de manera oficial o hayan sido retirados del Reino Unido. Cuando la Unión deje de utilizar de manera oficial sus locales, edificios, bienes o activos, o los haya retirado del Reino Unido, notificará esta circunstancia al Reino Unido.
Artículo 103
Archivos
El artículo 2 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a todos los archivos de la Unión en el Reino Unido al final del período transitorio, hasta que se hayan retirado del Reino Unido. Cuando la Unión retire del Reino Unido cualquiera de sus archivos, notificará esta circunstancia al Reino Unido.
Artículo 104
Fiscalidad
El artículo 3 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los activos, los ingresos y otros bienes de la Unión en el Reino Unido al final del período transitorio, hasta que dejen de utilizarse de manera oficial o se hayan retirado del Reino Unido.
Capítulo 2
Comunicaciones
Artículo 105
Comunicaciones
El artículo 5 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a las comunicaciones oficiales, la correspondencia oficial y la transmisión de documentos relacionados con las actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
Capítulo 3
Miembros del Parlamento Europeo
Artículo 106
Inmunidad de los miembros del Parlamento Europeo
El artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a las opiniones o los votos emitidos antes del final del período transitorio por los miembros del Parlamento Europeo, incluidos los antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 107
Seguridad social
Los antiguos miembros del Parlamento Europeo, con independencia de su nacionalidad, que reciban una pensión en cuanto tales, así como las personas con derecho a una pensión de supervivencia como derechohabientes de antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, estarán exentos de la afiliación obligatoria y del pago a los regímenes nacionales de seguridad social en el Reino Unido, en las mismas condiciones que fuesen aplicables el último día del período transitorio, siempre que los antiguos miembros del Parlamento Europeo fuesen miembros del Parlamento Europeo antes del final del período transitorio.
Artículo 108
Evitación de la doble imposición de las pensiones y las indemnizaciones transitorias
Los artículos 12, 13 y 14 de la Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo (130) se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a las pensiones y a las indemnizaciones transitorias abonadas a los antiguos miembros del Parlamento Europeo, con independencia de su nacionalidad, y el artículo 17 de dicha Decisión se aplicará en lo que respecta a las personas que tengan derecho a pensiones de supervivencia como derechohabientes de antiguos miembros, con independencia de su nacionalidad, en la medida en que el derecho a una pensión o a una indemnización transitoria se haya adquirido antes del final del período transitorio.
Capítulo 4
Representantes de los Estados Miembros y del Reino Unido que participan en los trabajos de las instituciones de la Unión
Artículo 109
Privilegios, inmunidades y facilidades
1. El artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los representantes de los Estados miembros y del Reino Unido que participen en los trabajos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a sus consejeros y expertos técnicos y a los miembros de los órganos consultivos de la Unión, con independencia de su nacionalidad, en la medida en que su participación en dichos trabajos:
a) haya tenido lugar antes del final del período transitorio;
b) tenga lugar después del final del período transitorio y esté relacionada con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
2. El artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en la Unión en lo que respecta a los representantes del Reino Unido que participen en los trabajos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a sus consejeros y expertos técnicos, en la medida en que su participación en dichos trabajos:
a) haya tenido lugar antes del final del período transitorio;
b) tenga lugar después del final del período transitorio y esté relacionada con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
Capítulo 5
Miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes
Artículo 110
Privilegios e inmunidades
1. El artículo 11, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los actos realizados con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, por los miembros de las instituciones, los funcionarios y otros agentes de la Unión, incluidos los antiguos miembros, los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, con independencia de su nacionalidad:
a) antes del final del período transitorio;
b) después del final del período transitorio y relacionados con actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo.
2. El artículo 3, párrafos primero, segundo y tercero, del Protocolo (n.o 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los abogados generales, hasta que sean firmes las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todos los procedimientos y las peticiones de decisiones prejudiciales a que se hace referencia en los artículos 86 y 87 del presente Acuerdo, y se seguirán aplicando posteriormente, incluso con respecto a los antiguos jueces y abogados generales, en lo que respecta a todos los actos realizados por ellos con carácter oficial, incluidas las manifestaciones orales y escritas, antes del final del período transitorio o en relación con los procedimientos a que se refieren los artículos 86 y 87.
3. El artículo 11, letras b) a e), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, así como a los cónyuges y a los miembros de sus familias a su cargo, con independencia de su nacionalidad, si dichos funcionarios u otros agentes iniciaron su relación de servicios con la Unión antes del final del período transitorio, hasta que dichas personas hayan completado su reubicación en la Unión.
Artículo 111
Fiscalidad
El artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en el Reino Unido en lo que respecta a los miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos miembros, antiguos funcionarios y antiguos otros agentes, si estos miembros, funcionarios u otros agentes entraron al servicio de la Unión antes del final del período transitorio, siempre que las personas de que se trate estén sujetas al pago de impuestos en beneficio de la Unión por los sueldos, salarios, emolumentos y pensiones que les abone la Unión.
Artículo 112
Domicilio fiscal
1. El artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta a los miembros de las instituciones, funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio, así como, con independencia de su nacionalidad, en lo que respecta a los cónyuges que no ejerzan actividad profesional remunerada y a los hijos a cargo y bajo la potestad de dichos miembros, funcionarios u otros agentes.
2. El apartado 1 se aplicará únicamente en lo que respecta a las personas que hayan establecido su residencia en un Estado miembro únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión y que tuviesen su domicilio fiscal en el Reino Unido en el momento de su entrada al servicio de la Unión, y en lo que respecta a las personas que hayan establecido su residencia en el Reino Unido únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión y que tuviesen su domicilio fiscal en un Estado miembro en el momento de su entrada al servicio de la Unión.
Artículo 113
Cotizaciones a la seguridad social
Los miembros de las instituciones, los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos miembros, los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio y que residan en el Reino Unido, así como, con independencia de su nacionalidad, los cónyuges que no ejerzan actividad profesional remunerada y los hijos a cargo y bajo la potestad de dichos miembros, funcionarios u otros agentes, estarán exentos de la afiliación obligatoria y del pago a los regímenes nacionales de seguridad social en el Reino Unido, en las mismas condiciones aplicables el último día del período transitorio, siempre que las personas de que se trate estén afiliadas al régimen de seguridad social de la Unión.
Artículo 114
Transferencia de derechos de pensión
Respecto de los funcionarios y otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos funcionarios y los antiguos otros agentes, que hayan entrado al servicio de la Unión antes del final del período transitorio y que deseen transferir derechos de pensión desde el Reino Unido o hacia este de conformidad con el artículo 11, apartados 1, 2, o 3, y el artículo 12 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (131), o con los artículos 39, 109 y 135 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, las obligaciones del Reino Unido serán las mismas que las existentes antes del final del período transitorio.
Artículo 115
Seguro de desempleo
Los artículos 28 bis, 96 y 136 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea se aplicarán respecto de los otros agentes de la Unión de cualquier nacionalidad, incluidos los antiguos otros agentes, que hayan contribuido al régimen de desempleo de la Unión antes del final del período transitorio, si residen en el Reino Unido y están inscritos en la oficina de empleo del Reino Unido después del final del período transitorio.
Capítulo 6
Otras disposiciones
Artículo 116
Suspensión de la inmunidad y cooperación
1. Los artículos 17 y 18 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicarán en lo que respecta a los privilegios, las inmunidades y las facilidades otorgados por el presente título.
2. Al adoptar una decisión con arreglo al artículo 17 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades en relación con la suspensión de una inmunidad a petición de las autoridades del Reino Unido, la Unión dedicará a la petición la misma consideración que dedica a las peticiones de las autoridades de los Estados miembros que se encuentren en situaciones comparables.
3. A petición de las autoridades del Reino Unido, la Unión notificará a dichas autoridades el estatuto de cualquier persona que sea pertinente en relación con el derecho de dicha persona a gozar de un privilegio o inmunidad con arreglo al presente título.
Artículo 117
Banco Central Europeo
1. El presente título se aplicará en lo que respecta al Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE»), los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los bancos centrales nacionales en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (en lo sucesivo, «SEBC») que participen en las actividades del BCE.
2. El artículo 22, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta al BCE, a los miembros de sus órganos, a su personal, a los representantes de los bancos centrales nacionales en el SEBC que participen en las actividades del BCE, y a los bienes, activos y operaciones del BCE en el Reino Unido que se mantengan, gestionen o lleven a cabo de conformidad con el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
3. El apartado 2 se aplicará en lo que respecta a:
a) los bienes y activos del BCE que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
b) las operaciones del BCE en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido -y las actividades auxiliares conexas- que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para continuar operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 118
Banco Europeo de Inversiones
1. El presente título se aplicará en lo que respecta al Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI»), los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones.
2. El artículo 21, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se aplicará en lo que respecta al BEI, los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones.
3. El apartado 2 se aplicará en lo que respecta a:
a) los bienes y los activos del BEI o de sus filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
b) las operaciones de concesión de préstamos, financiación, garantía, inversión, tesorería y asistencia técnica del BEI o de las filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 119
Acuerdos de sede
El Acuerdo de Sede entre el Reino Unido y la Autoridad Bancaria Europea, de 8 de mayo de 2012, el Canje de Notas relativo a la aplicación en el Reino Unido del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, de 24 de junio de 1996, y el Acuerdo de Sede del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo, de 17 de julio de 2013, se aplicarán, respectivamente, a la Autoridad Bancaria Europea, la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo, hasta que finalice su reubicación en un Estado miembro. La fecha de notificación por parte de la Unión de la fecha de finalización de la reubicación constituirá la fecha de terminación de dichos acuerdos de sede.
TÍTULO XIII
Otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, órganos y organismos de la Unión
Artículo 120
Obligación de secreto profesional
El artículo 339 del TFUE y otras disposiciones del Derecho de la Unión que imponen una obligación de secreto profesional a determinadas personas e instituciones, órganos y organismos de la Unión se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a toda información amparada por el secreto profesional obtenida antes del final del período transitorio u obtenida después del final del período transitorio en relación con las actividades de la Unión en aplicación del presente Acuerdo. El Reino Unido respetará dichas obligaciones impuestas a las personas e instituciones, órganos y organismos, y velará por que se cumplan en su territorio.
Artículo 121
Obligación de discreción profesional
El artículo 19 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y las demás disposiciones de Derecho de la Unión que imponen una obligación de discreción profesional a determinadas personas se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a toda información obtenida antes del final del período transitorio u obtenida después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo. El Reino Unido respetará dichas obligaciones impuestas a las personas y velará por que se cumplan en su territorio.
Artículo 122
Acceso a los documentos
1. A efectos de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de acceso a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a sus autoridades incluyen al Reino Unido y a sus autoridades en lo que respecta a los documentos elaborados u obtenidos por las instituciones, órganos y organismos de la Unión:
a) antes del final del período transitorio; o
b) después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
2. El artículo 5 y el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (132), y el artículo 5 de la Decisión BCE/2004/3 del Banco Central Europeo (133) se aplicarán en el Reino Unido en lo que respecta a todos los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones obtenidos por el Reino Unido:
a) antes del final del período transitorio; o
b) después del final del período transitorio en relación con actividades de la Unión en virtud del presente Acuerdo.
Artículo 123
Banco Central Europeo
1. Los artículos 9.1, 17, 35.1, 35.2 y 35.4 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo se aplicarán en lo que respecta al BCE, a los miembros de sus órganos, a su personal, a los representantes de los bancos centrales nacionales en el SEBC que participen en las actividades del BCE, y a los bienes, activos y operaciones del BCE en el Reino Unido que se mantengan, gestionen o lleven a cabo de conformidad con dicho Protocolo. El BCE estará exento de la obligación de registro en el Reino Unido o de obtener cualquier tipo de licencia, permiso u otra autorización o consentimiento del Reino Unido para llevar a cabo sus operaciones.
2. El apartado 1 se aplicará en lo que respecta a:
a) los bienes y activos del BCE que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
b) las operaciones del BCE en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio, o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 124
Banco Europeo de Inversiones
1. El artículo 13, el artículo 20, apartado 2, el artículo 23, apartados 1 y 4, el artículo 26, y el artículo 27, párrafo primero, del Protocolo (n.o 5) sobre los estatutos del Banco Europeo de Inversiones se aplicarán en lo que respecta al BEI, los miembros de sus órganos, su personal y los representantes de los Estados miembros que participen en sus actividades, así como a las filiales y demás entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de dicho Protocolo, en particular el Fondo Europeo de Inversiones. El BEI y el Fondo Europeo de Inversiones estarán exentos de la obligación de registro en el Reino Unido o de obtener cualquier tipo de licencia, permiso u otra autorización o consentimiento del Reino Unido para llevar a cabo sus operaciones. La moneda del Reino Unido seguirá siendo libremente transferible y convertible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones respecto de la convertibilidad de la moneda del Reino Unido en divisas de Estados no miembros, a efectos de dichas operaciones.
2. El apartado 1 se aplicará en lo que respecta a:
a) los bienes y los activos del BEI o de sus filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, que se mantengan en el Reino Unido al final del período transitorio; y
b) las operaciones de concesión de préstamos, financiación, garantía, inversión, tesorería y asistencia técnica del BEI o de las filiales y otras entidades establecidas por el BEI antes del final del período transitorio, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Protocolo (n.o 5) sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones, en particular el Fondo Europeo de Inversiones, en el Reino Unido o con homólogos del Reino Unido, y las actividades auxiliares conexas, que estuviesen en curso al final del período transitorio o que se inicien tras el final del período transitorio como parte de sus actividades para mantener operaciones que estuviesen en curso al final del período transitorio, hasta su vencimiento definitivo, su cesión o su finalización.
Artículo 125
Escuelas Europeas
1. El Reino Unido quedará obligado por el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas (134), así como por los Reglamentos sobre las Escuelas Europeas acreditadas adoptados por el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, hasta el final del año escolar en curso al final del período transitorio.
2. El Reino Unido garantizará, en lo que se refiere a los alumnos que hayan obtenido un bachillerato europeo antes del 31 de agosto de 2021 y a los alumnos inscritos en un ciclo de enseñanza secundaria en una Escuela Europea antes del 31 de agosto de 2021 y que obtengan el bachillerato europeo con posterioridad a dicha fecha, que dichos alumnos disfruten de los derechos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
CUARTA PARTE
TRANSICIÓN
Artículo 126
Período transitorio
Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 127
Alcance de las disposiciones transitorias
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el período transitorio.
No obstante, las siguientes disposiciones de los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión no serán aplicables al ni en el Reino Unido durante el período transitorio:
a) las disposiciones de los Tratados y los actos que, de conformidad con el Protocolo (n.o 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Protocolo (n.o 19) sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, o el Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, o en virtud de las disposiciones de los Tratados sobre las cooperaciones reforzadas, no eran vinculantes para ni en el Reino Unido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, así como los actos que modifiquen dichos actos;
b) el artículo 11, apartado 4, del TUE, el artículo 20, apartado 2, letra b), el artículo 22, el artículo 24, párrafo primero, del TFUE, así como los artículos 39 y 40 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los actos adoptados con base en dichas disposiciones.
2. En caso de que la Unión y el Reino Unido alcancen un acuerdo que rija sus relaciones futuras en los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Política Común de Seguridad y Defensa que pase a ser aplicable durante el período transitorio, el capítulo 2 del título V del TUE y los actos adoptados con base en dichas disposiciones dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de aplicación de dicho acuerdo.
3. Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1 producirá, respecto de y en el Reino Unido, los mismos efectos jurídicos que produce en la Unión y sus Estados miembros, y se interpretará y aplicará conforme a los mismos métodos y principios generales que los aplicables dentro de la Unión.
4. El Reino Unido no participará en ninguna cooperación reforzada:
a) respecto de la cual la autorización se haya concedido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; o
b) en cuyo marco no se haya adoptado ningún acto antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
5. Durante el período transitorio, en relación con las medidas que modifiquen, sustituyan o complementen una medida existente adoptada en virtud del título V de la tercera parte del TFUE por la que el Reino Unido esté obligado antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, seguirán aplicándose, mutatis mutandis, el artículo 5 del Protocolo (n.o 19) sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, y el artículo 4 bis del Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, el Reino Unido no tendrá derecho a notificar su deseo de participar en la aplicación de nuevas medidas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE distintas de las que figuran en el artículo 4 bis del Protocolo n.o 21.
Con el fin de apoyar la continuidad de la cooperación entre la Unión y el Reino Unido, la Unión, con arreglo a las condiciones establecidas para la cooperación con terceros países en las medidas pertinentes, podrá invitar al Reino Unido a cooperar en relación con nuevas medidas adoptadas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE.
6. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, durante el período transitorio se entenderá que toda referencia a los Estados miembros en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1, inclusive en lo que respecta a su ejecución y aplicación por los Estados miembros, incluye al Reino Unido.
7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6:
a) a los efectos del artículo 42, apartado 6, y del artículo 46 del TUE y del Protocolo (n.o 10) sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del TUE, se entenderá que las referencias a los Estados miembros no incluyen al Reino Unido. Ello no será óbice para que el Reino Unido pueda ser invitado a participar como tercer país en proyectos puntuales en las condiciones establecidas en la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo (135), con carácter excepcional, o en cualquier otra forma de cooperación en la medida en que lo permitan y en las condiciones que establezcan los futuros actos de la Unión adoptados en virtud del artículo 42, apartado 6, y del artículo 46 del TUE.
b) en caso de que los actos de la Unión prevean la participación de Estados miembros, nacionales de los Estados miembros o personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro en un intercambio de información, un procedimiento o un programa que siga aplicándose o que comience después del final del período transitorio, y de que dicha participación permita el acceso a información sensible relacionada con cuestiones de seguridad de la que solo deban tener conocimiento Estados miembros, nacionales de Estados miembros, o personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro, se entenderá que, en tales circunstancias excepcionales, las referencias a los Estados miembros en dichos actos de la Unión no incluyen al Reino Unido. La Unión notificará al Reino Unido la aplicación de esta excepción.
c) a los efectos de la contratación de funcionarios y otros agentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se entenderá que las referencias a los Estados miembros en el artículo 27 y el artículo 28, letra a), del Estatuto de los funcionarios, y en el artículo 1 de su anexo X, así como en los artículos 12, 82 y 128 del Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea, o en las disposiciones pertinentes de otras normas de personal aplicables a dichas instituciones, órganos u organismos, no incluyen al Reino Unido.
Artículo 128
Disposiciones institucionales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 127, durante el período transitorio se aplicará el artículo 7.
2. A efectos de los Tratados, durante el período transitorio, el parlamento del Reino Unido no será considerado un parlamento nacional de un Estado miembro, salvo en lo relativo al artículo 1 del Protocolo (n.o 1) sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea y, en lo que respecta a las propuestas que sean de dominio público, al artículo 2 de dicho Protocolo.
3. Durante el período transitorio, se entenderá que las disposiciones de los Tratados que otorgan derechos institucionales a los Estados miembros para que puedan presentar propuestas, iniciativas o solicitudes a las instituciones no incluyen al Reino Unido (136).
4. A efectos de la participación en los mecanismos institucionales establecidos en los artículos 282 y 283 del TFUE y en el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, con la excepción del artículo 21.2 de dicho Protocolo, durante el período transitorio no se considerará al Banco de Inglaterra como banco central nacional de un Estado miembro.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 7, durante el período transitorio los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido podrán, previa invitación, asistir excepcionalmente a las reuniones o partes de las reuniones de los comités mencionados en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011, a las reuniones o a partes de las reuniones de grupos de expertos de la Comisión, a las reuniones o partes de las reuniones de otras entidades similares, y a las reuniones o partes de las reuniones de órganos y organismos, en las que participen representantes o expertos de los Estados miembros o expertos designados por los Estados miembros, siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:
a) que el debate se refiera a actos individuales que deban dirigirse durante el período transitorio al Reino Unido o a personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido;
b) que la presencia del Reino Unido sea necesaria y redunde en interés de la Unión, en particular para la aplicación efectiva del Derecho de la Unión durante el período transitorio.
Durante dichas reuniones o partes de las reuniones, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido no tendrán derecho de voto y su presencia se limitará a los puntos específicos del orden del día que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) o b).
6. Durante el período transitorio, el Reino Unido no actuará como autoridad principal en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones o las autorizaciones a escala de la Unión o a escala de los Estados miembros que actúen conjuntamente con arreglo a lo establecido en los actos y disposiciones enumerados en el anexo VII.
7. Durante el período transitorio, cuando los proyectos de actos de la Unión determinen o hagan referencia directa a autoridades, procedimientos o documentos específicos de un Estado miembro, la Unión consultará al Reino Unido sobre dichos proyectos a fin de garantizar la correcta ejecución y aplicación de dichos actos por y en el Reino Unido.
Artículo 129
Disposiciones específicas relativas a la acción exterior de la Unión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 2, durante el período transitorio, el Reino Unido quedará vinculado por las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, por los Estados miembros que actúen en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros conjuntamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra a), inciso iv). (*1)
2. Durante el período transitorio, los representantes del Reino Unido no participarán en los trabajos de ninguno de los organismos creados por acuerdos internacionales celebrados por la Unión, por los Estados miembros que actúen en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros conjuntamente, a menos que:
a) el Reino Unido participe por derecho propio; o
b) la Unión invite al Reino Unido, de manera excepcional, a asistir, como parte de la delegación de la Unión, a reuniones o a partes de las reuniones de dichos organismos, cuando la Unión considere que la presencia del Reino Unido es necesaria y redunda en interés de la Unión, en particular para la aplicación efectiva de dichos acuerdos durante el período transitorio; dicha presencia solo se permitirá cuando la participación de los Estados miembros esté permitida en virtud de los acuerdos aplicables.
3. De conformidad con el principio de cooperación leal, el Reino Unido se abstendrá, durante el período transitorio, de cualquier acción o iniciativa que pueda ir en detrimento de los intereses de la Unión, en particular en el marco de cualquier organización, agencia, conferencia o foro internacionales en que el Reino Unido sea parte por derecho propio.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, durante el período transitorio el Reino Unido podrá negociar, firmar y ratificar acuerdos internacionales celebrados en nombre propio en los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, siempre que dichos acuerdos no entren en vigor o se apliquen durante el período transitorio, a menos que la Unión lo autorice.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 2, y en función de las circunstancias de cada caso, podrá consultarse al Reino Unido siempre que haya necesidad de coordinación.
6. A raíz de una decisión del Consejo que entra en el ámbito del capítulo 2 del título V del TUE, el Reino Unido podrá presentar una declaración formal al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la que se indique que, por motivos vitales y explícitos de política nacional, no aplicará la decisión en esos casos excepcionales. En aras de la solidaridad mutua, el Reino Unido se abstendrá de cualquier acción que pueda obstaculizar o impedir la acción de la Unión basada en dicha decisión, y los Estados miembros respetarán la posición del Reino Unido.
7. Durante el período transitorio, el Reino Unido no proporcionará comandantes de operaciones civiles, jefes de misión, comandantes de operaciones o comandantes de fuerzas para misiones u operaciones llevadas a cabo con arreglo a los artículos 42, 43 y 44 del TUE, y tampoco proporcionará los cuarteles generales de operaciones para tales misiones u operaciones, ni actuará como nación marco para los grupos de combate de la Unión. Durante el período transitorio, el Reino Unido no proporcionará jefes para ninguna acción operativa de las contempladas en el artículo 28 del TUE.
Artículo 130
Régimen específico relativo a las posibilidades de pesca
1. Por lo que respecta a la fijación de las posibilidades de pesca en el sentido del artículo 43, apartado 3, del TFUE para cualquier período comprendido en el período transitorio, se consultará al Reino Unido en lo que se refiere a las posibilidades de pesca relacionadas con el Reino Unido, inclusive en el contexto de la preparación de las correspondientes consultas y negociaciones internacionales.
2. A efectos del apartado 1, la Unión ofrecerá al Reino Unido la oportunidad de presentar observaciones acerca de la comunicación anual de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca, los dictámenes científicos de los organismos científicos pertinentes y las propuestas de la Comisión Europea con respecto a las posibilidades de pesca en cualquier período comprendido en el período transitorio.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 129, apartado 2, letra b), con vistas a que el Reino Unido pueda preparar su futura adhesión a los foros internacionales pertinentes, la Unión podrá invitar al Reino Unido, de manera excepcional, a asistir, como parte de la delegación de la Unión, a las consultas y negociaciones internacionales mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, en la medida en que ello esté permitido a los Estados miembros y autorizado por el foro de que se trate.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, se mantendrán las claves de estabilidad relativa para la asignación de las posibilidades de pesca a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 131
Supervisión y ejecución
Durante el período transitorio, las instituciones, órganos y organismos de la Unión tendrán las competencias que les confiere el Derecho de la Unión en relación con el Reino Unido y con las personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.
El párrafo primero se aplicará también durante el período transitorio en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 132
Prórroga del período transitorio
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 126, el Comité Mixto, antes del 1 de julio de 2020, podrá adoptar una decisión única por la que se prorrogue el período transitorio hasta un máximo de uno o dos años. (*2)
2. En el caso de que el Comité Mixto adopte una decisión en virtud del apartado 1, se aplicará lo siguiente:
a) no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 6, el Reino Unido será considerado como tercer país a efectos de la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos en virtud del marco financiero plurianual aplicable desde el año 2021.
b) no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, y sin perjuicio de la quinta parte del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión aplicable relativo a los recursos propios de la Unión correspondientes a los ejercicios comprendidos en la prórroga del período transitorio no se aplicará al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020.
c) no obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, del presente Acuerdo, los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no se aplicarán a las medidas de las autoridades del Reino Unido, incluidas las relativas a desarrollo rural, de ayuda a la producción y comercio de productos agrícolas en el Reino Unido, hasta un nivel anual de ayudas que no será mayor que el importe total del gasto en que se haya incurrido en el Reino Unido en el marco de la política agrícola común en 2019, y siempre que un porcentaje mínimo de ese apoyo exento se ajuste a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. Dicho porcentaje mínimo se determinará sobre la base del último porcentaje disponible en el que el gasto global en virtud de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. En caso de que la prórroga del período transitorio no sea un múltiplo de doce meses, el nivel anual máximo de ayuda exenta correspondiente al año en que dicha prórroga no alcance doce meses se reducirá a prorrata.
d) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el final del período transitorio, el Reino Unido realizará una contribución al presupuesto de la Unión, según se determine conforme al apartado 3.
e) sujeto al apartado 3, letra d), la quinta parte del presente Acuerdo no se verá afectada.
3. Una decisión del Comité Mixto con arreglo al apartado 1:
a) determinará el importe adecuado de la contribución del Reino Unido al presupuesto de la Unión para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el final del período transitorio, teniendo en cuenta el estatuto del Reino Unido durante ese período, y las modalidades de pago de dicho importe;
b) especificará el nivel máximo de ayuda exenta, así como el porcentaje mínimo de dicha ayuda que se ajustará a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura, a que hace referencia el apartado 2, letra c);
c) establecerá cualquier otra medida necesaria para la aplicación del apartado 2;
d) adaptará las fechas o períodos a que se hace referencia en los artículos 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 y 157 y en los anexos IV y V con el fin de que reflejen la prórroga del período transitorio.
QUINTA PARTE
DISPOSICIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 133
Moneda que debe utilizarse entre la Unión y el Reino Unido
Sin perjuicio del Derecho de la Unión aplicable en lo relativo a los recursos propios de la Unión, todos los importes, pasivos, cálculos, cuentas y pagos a que se refiere la presente parte se establecerán y ejecutarán en euros.
Artículo 134
Facilidades ofrecidas a los auditores en relación con las disposiciones financieras
El Reino Unido informará a la Unión de las entidades a las que haya encargado la realización de su auditoría de la aplicación de las disposiciones financieras contempladas en la presente parte.
A petición del Reino Unido, la Unión proporcionará a dichas entidades encargadas cualquier información que razonablemente pueda solicitarse en relación con los derechos y las obligaciones del Reino Unido en virtud de la presente parte, y les proporcionará una asistencia adecuada que les permita cumplir su cometido. Al facilitar información y prestar asistencia en virtud del presente artículo, la Unión actuará de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable, en particular con las normas de la Unión en materia de protección de datos.
Las autoridades del Reino Unido y de la Unión podrán acordar las disposiciones administrativas adecuadas para facilitar la aplicación de los párrafos primero y segundo.
CAPÍTULO 2
Contribución y participación del Reino Unido en el presupuesto de la Unión
Artículo 135
Contribución y participación del Reino Unido en la ejecución de los presupuestos de la Unión para los años 2019 y 2020
1. Para los años 2019 y 2020, de conformidad con la cuarta parte, el Reino Unido contribuirá a los presupuestos de la Unión y participará en su ejecución.
2. No obstante lo dispuesto en la cuarta parte, las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (137) o de la Decisión 2014/335/UE, Euratom, que se adopten en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a ella, no se aplicarán al Reino Unido en la medida en que dichas modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido.
Artículo 136
Disposiciones aplicables después del 31 de diciembre de 2020 en relación con los recursos propios
1. El Derecho de la Unión aplicable en relación con los recursos propios de la Unión por lo que respecta a los ejercicios presupuestarios hasta 2020 seguirá aplicándose al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020, incluidos aquellos casos en que los recursos propios de que se trate deban ponerse a disposición, corregirse o ser objeto de ajustes después de dicha fecha.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 2, el Derecho de la Unión mencionado en el apartado 1 del presente artículo incluirá, en particular, los siguientes actos y disposiciones, así como sus modificaciones, con independencia de la fecha de adopción, entrada en vigor o aplicación de la modificación:
a) Decisión 2014/335/UE, Euratom;
b) Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 y, en particular, su artículo 12 en lo relativo a los intereses de demora de la puesta a disposición de importes y su artículo 11 en lo relativo a la no participación;
c) Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 y, en particular, su artículo 1 en lo relativo al cálculo del saldo y sus artículos 2 a 8 en lo relativo a las medidas de ejecución del sistema de recursos propios;
d) Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo (138);
e) Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 (139);
f) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión (140);
g) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión (141);
h) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1406 del Parlamento Europeo y del Consejo (142) (el «Reglamento financiero»);
i) artículo 287 del TFUE sobre el papel del Tribunal de Cuentas, así como otras normas relativas a esta institución;
j) artículo 325 del TFUE sobre la lucha contra el fraude y los actos conexos, en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (143) y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo (144);
k) los presupuestos anuales para los ejercicios presupuestarios hasta 2020 o, en caso de que un presupuesto anual no haya sido adoptado, las normas aplicables conforme al artículo 315 del TFUE.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, después del 31 de diciembre de 2020 se aplicarán al Reino Unido las normas siguientes:
a) los importes que, en relación con el Reino Unido, resulten de los ajustes en los recursos propios consignados en el presupuesto y de los ajustes relacionados con el superávit o el déficit, en relación con la financiación de los presupuestos de la Unión hasta 2020 de conformidad con el Derecho de la Unión mencionado en los apartados 1 y 2, deberán ser abonados por el Reino Unido o ser abonados a este;
b) si, de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable en materia de recursos propios de la Unión, la fecha de puesta a disposición de los recursos propios es posterior al 28 de febrero de 2021, el pago se efectuará en la fecha más temprana de las previstas en el artículo 148, apartado 1, posterior a la fecha de puesta a disposición de los recursos propios;
c) a efectos del pago por parte del Reino Unido de los recursos propios tradicionales después del 28 de febrero de 2021, el importe de los derechos constatados de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 tras la reducción de los costes de recaudación de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom se reducirá en la cuota de este importe correspondiente al Reino Unido;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Acuerdo, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido, previa invitación y de forma excepcional, podrán asistir, sin derecho de voto, a las reuniones de los comités creados por el Derecho de la Unión aplicable mencionado en los apartados 1 y 2 del presente artículo, tales como las reuniones del Comité consultivo de recursos propios creado por el artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014, o el Comité RNB creado por el artículo 4 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003, en la medida en que los trabajos de dichos comités se refieran a los ejercicios presupuestarios hasta 2020;
e) cualquier corrección o ajuste de los recursos propios basados en el IVA y en la renta nacional bruta se realizará únicamente si las medidas pertinentes previstas en las disposiciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se adoptan a más tardar el 31 de diciembre de 2028;
f) la contabilidad separada de los recursos propios tradicionales a que se refiere el artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014, se liquidará íntegramente a más tardar el 31 de diciembre de 2025; antes del 20 de febrero de 2026, una parte de los importes que estén aún consignados en esa cuenta a 31 de diciembre de 2025 y que no sean objeto de constataciones de inspección de la Comisión Europea comunicadas antes de esa fecha con arreglo a la legislación sobre recursos propios se pondrá a disposición del presupuesto de la Unión, parte esta que corresponde a la cuota de los importes puestos a disposición de la Unión sobre los importes comunicados por el Reino Unido a la Comisión Europea en el marco del procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 137
Participación del Reino Unido en la ejecución de los programas y actividades de la Unión en 2019 y 2020
1. De conformidad con la cuarta parte, los programas y actividades de la Unión comprometidos con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 («MFP 2014-2020») o de anteriores perspectivas financieras se ejecutarán en 2019 y 2020 en lo que respecta al Reino Unido sobre la base del Derecho de la Unión aplicable.
El Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (145) aplicable en el año 2020 no se aplicará en el Reino Unido para el año de solicitud 2020. No obstante, el artículo 13 de dicho Reglamento se aplicará en lo que respecta al régimen de pagos directos del Reino Unido para el año de solicitud 2020, siempre que dicho régimen sea equivalente al régimen del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 aplicable en el año 2020.
2. No obstante lo dispuesto en la cuarta parte, el Reino Unido y los proyectos situados en el Reino Unido solo podrán ser considerados a efectos de operaciones financieras realizadas en el marco de instrumentos financieros gestionados directa o indirectamente con arreglo al título X del Reglamento Financiero o a operaciones financieras garantizadas por el presupuesto de la Unión en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), establecido por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (146), y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), establecido por el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo (147), siempre que dichas operaciones financieras hayan sido aprobadas por entidades y organismos, incluidos el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), o por personas a las que se haya encomendado la ejecución de una parte de esas acciones antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, incluso si la firma de dichas operaciones financieras tuvo lugar después de esa fecha. En lo que respecta a las operaciones financieras aprobadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las entidades establecidas en el Reino Unido se considerarán entidades situadas fuera de la Unión.
Artículo 138
Derecho de la Unión aplicable después del 31 de diciembre de 2020 en relación con la participación del Reino Unido en la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos en virtud del MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras
1. En lo que respecta a la ejecución de los programas y actividades de la Unión comprometidos con cargo al MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras, el Derecho de la Unión aplicable, incluidas las normas relativas a las correcciones financieras y a la liquidación de cuentas, seguirán aplicándose al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020 hasta la finalización de dichos programas y actividades de la Unión.
2. El Derecho de la Unión aplicable mencionado en el apartado 1 incluirá, en particular, las siguientes disposiciones, así como sus modificaciones, con independencia de la fecha de adopción, entrada en vigor o aplicación de dichas modificaciones:
a) Reglamento financiero;
b) los actos de base, en el sentido del artículo 2, punto 4), del Reglamento financiero, que establezcan los programas o actividades de la Unión mencionados en los comentarios presupuestarios relativos a los títulos, capítulos, artículos o partidas con cargo a los cuales se hayan comprometido los créditos;
c) artículo 299 del TFUE sobre el carácter ejecutivo de las obligaciones pecuniarias;
d) artículo 287 del TFUE sobre el papel del Tribunal de Cuentas, así como otras normas relativas a esta institución;
e) artículo 325 del TFUE sobre la lucha contra el fraude y los actos conexos, en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, los representantes o expertos del Reino Unido o los expertos designados por el Reino Unido, previa invitación y de forma excepcional, podrán asistir, sin derecho de voto, a las reuniones de los comités que prestan asistencia a la Comisión Europea en la ejecución y la gestión de los programas establecidos por el Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 1, o establecidos por la Comisión Europea con respecto a la aplicación de dicho Derecho, en la medida en que sus trabajos se refieran a los ejercicios presupuestarios hasta 2020.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el Reino Unido tendrá acceso, en la medida estrictamente necesaria para la ejecución de los programas y actividades a que se refiere el apartado 2, letra b), a las redes, sistemas de información y bases de datos establecidos con arreglo a los actos de base pertinentes o por las normas de ejecución correspondientes derivadas de dichos actos de base.
5. A propuesta del Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), el Comité Mixto podrá adoptar, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 166, medidas técnicas para facilitar la finalización de los programas y actividades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, o para eximir al Reino Unido de la obligación de adoptar, durante o después de la finalización de dichos programas y actividades, medidas que no sean pertinentes para un antiguo Estado miembro, siempre que dichas medidas técnicas respeten el principio de buena gestión financiera y no den lugar a una ventaja en favor del Reino Unido o de los beneficiarios del Reino Unido en comparación con los Estados miembros o terceros países que participen en los mismos programas y actividades financiados por el presupuesto de la Unión.
Artículo 139
Cuota del Reino Unido
La cuota del Reino Unido mencionada en el artículo 136, apartado 3, letras a) y c), y en los artículos 140 a 147, será un porcentaje calculado determinando la ratio entre los recursos propios puestos a disposición por el Reino Unido en los años 2014 a 2020 y los recursos propios puestos a disposición durante ese período por todos los Estados miembros y el Reino Unido, ajustados en función del importe comunicado a los Estados miembros antes del 1 de febrero de 2022 de conformidad con el artículo 10 ter, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014.
Artículo 140
Compromisos pendientes de liquidación
1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los compromisos presupuestarios del presupuesto de la Unión y los presupuestos de las agencias descentralizadas de la Unión pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 2020, y en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los compromisos contraídos en 2021 relacionados con la prórroga de los créditos de compromiso del presupuesto de 2020.
El párrafo primero no se aplicará a los siguientes compromisos pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 2020:
a) los compromisos relacionados con los programas y organismos a los que se aplica, con respecto al Reino Unido, el artículo 11 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014;
b) los compromisos financiados por ingresos afectados en el presupuesto de la Unión.
Por lo que se refiere a las agencias descentralizadas de la Unión, el importe de sus compromisos mencionados en el párrafo primero solo se tendrá en cuenta en proporción a la cuota de las contribuciones del presupuesto de la Unión en sus ingresos totales para el período 2014-2020.
2. La Unión calculará el importe de los compromisos a que se refiere el apartado 1 el 31 de diciembre de 2020. Comunicará dicha cantidad al Reino Unido a más tardar el 31 de marzo de 2021, acompañada de una lista con la clave de referencia de cada compromiso, las líneas presupuestarias asociadas y el importe para cada línea presupuestaria asociada.
3. A partir de 2022 y, a más tardar, el 31 de marzo de cada año, la Unión comunicará al Reino Unido, en lo que respecta a los compromisos mencionados en el apartado 1:
a) la información sobre el importe de los compromisos pendientes de liquidación a 31 de diciembre del ejercicio anterior y sobre los pagos y las liberaciones de créditos realizados en el año anterior, incluida una actualización de la lista a que se refiere el apartado 2;
b) una estimación de los pagos previstos para el ejercicio en curso basada en el nivel de los créditos de pago consignados en el presupuesto;
c) una estimación de la contribución prevista del Reino Unido a los pagos a que se refiere la letra b); y
d) otra información, como las previsiones de pago a medio plazo.
4. El importe anual que ha de pagarse se calculará determinando la cuota del Reino Unido en la estimación a que se refiere el apartado 3, letra b), ajustado en función de la diferencia entre los pagos realizados por el Reino Unido en el ejercicio anterior y la cuota del Reino Unido en los pagos realizados por la Unión en el año anterior con respecto a los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 1, reducida por el importe de las correcciones financieras netas en relación con los programas y actividades financiados con cargo al MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras y reducida por el importe del producto de cualquier procedimiento de infracción relativo a la no puesta a disposición por parte de un Estado miembro de los recursos propios correspondientes a los ejercicios presupuestarios hasta 2020, siempre que dichos importes hayan sido recibidos en el presupuesto en el año anterior y sean definitivos. El importe anual que ha de pagar el Reino Unido en un ejercicio dado no será objeto de ajuste en dicho ejercicio.
En 2021, el importe anual que ha de pagar el Reino Unido se reducirá por el importe correspondiente a la cuota del Reino Unido en la financiación en el presupuesto de 2020 del importe de los créditos de pago prorrogados de 2020 a 2021, de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento financiero, y por el importe correspondiente a la cuota del Reino Unido en el importe total de los recursos propios tradicionales puestos a disposición de la Unión en enero y febrero de 2021, respecto de los cuales se hayan establecido los derechos de la Unión de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 en noviembre y diciembre de 2020. La Unión reembolsará también al Reino Unido la cuota del Reino Unido en el importe total de los recursos propios tradicionales que los Estados miembros hayan puesto a disposición después del 31 de diciembre de 2020 correspondientes a las mercancías despachadas a libre práctica en relación con el fin o la ultimación del depósito temporal o de los regímenes aduaneros mencionados en el artículo 49, apartado 2, iniciados en dicha fecha o con anterioridad a ella.
5. A petición del Reino Unido, formulada como muy pronto después del 31 de diciembre de 2028, la Unión hará una estimación de los importes restantes que deberá pagar el Reino Unido en virtud del presente artículo, sobre la base de una regla que tenga en cuenta el importe de los compromisos pendientes al final del ejercicio y una estimación de las liberaciones de créditos con respecto a dichos compromisos pendientes, de las correcciones financieras y del producto de los procedimientos de infracción una vez finalizado el ejercicio. Una vez que el Reino Unido confirme la aceptación de la propuesta al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto, el Reino Unido abonará el importe estimado, ajustado conforme al apartado 4 del presente artículo, en relación con los pagos efectuados por el Reino Unido en el año anterior. El pago de los importes mencionados en el presente apartado extinguirá las obligaciones pendientes del Reino Unido o de la Unión en virtud del presente artículo.
Artículo 141
Multas acordadas el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha
1. En el caso de las multas acordadas por la Unión el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha que hayan pasado a ser definitivas y no constituyan ingresos afectados, la Unión reembolsará al Reino Unido por su cuota en el importe de la multa recaudada por la Unión, a menos que dicho importe ya haya sido consignado como ingreso presupuestario en el presupuesto de la Unión el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha.
2. En el caso de las multas acordadas por la Unión después del 31 de diciembre de 2020 en un procedimiento al que se refiere el artículo 92, apartado 1, la Unión reembolsará al Reino Unido por su cuota en el importe de la multa recaudada por la Unión una vez que dicha multa haya pasado a ser definitiva.
Artículo 142
Pasivos de la Unión al final de 2020
1. El Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a su cuota en la financiación de los pasivos de la Unión contraídos hasta el 31 de diciembre de 2020, con las excepciones siguientes:
a) los pasivos a los que correspondan activos, incluidos los activos por préstamos de asistencia financiera de la Unión y los correspondientes pasivos en balance, los activos correspondientes a inmovilizado material y las provisiones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones nucleares del Centro Común de Investigación, y todas las obligaciones relacionadas con arrendamientos, activos intangibles y existencias, cualesquiera activos y pasivos relacionados con la gestión del riesgo de tipo de cambio, los ingresos devengados y diferidos, y todas las provisiones distintas de las relativas a multas, procedimientos judiciales y pasivos por garantía financiera; y
b) los pasivos y los activos relacionados con el funcionamiento del presupuesto y la gestión de los recursos propios, incluidos los anticipos de prefinanciación pendientes, los títulos de crédito, la tesorería, los importes por pagar y los gastos devengados, incluidos los relacionados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía o los ya incluidos en los compromisos pendientes de liquidación (RAL).
2. En particular, el Reino Unido será responsable de su cuota en el pasivo de la Unión por los derechos de pensión y por los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo devengados el 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha. Los pagos relacionados con este pasivo se efectuarán de conformidad con los apartados 5 y 6.
3. A partir de 2022, la Unión comunicará al Reino Unido, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los pagos efectuados durante el año anterior correspondientes a los compromisos pendientes a 31 de diciembre de 2020, y el importe de la contribución del Reino Unido a dichos pagos.
4. A partir de 2022, la Unión comunicará al Reino Unido, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un documento específico sobre las pensiones relativo a la situación a 31 de diciembre del año anterior en relación con el pasivo a que se refiere el apartado 2, que indicará:
a) los importes restantes que queden por pagar en relación con los pasivos descritos en el apartado 5;
b) los cálculos efectuados y los datos e hipótesis utilizados para determinar el importe que el Reino Unido debe pagar, a más tardar el 30 de junio del año en curso, en relación con los pagos al régimen de pensiones del personal y las contribuciones del presupuesto de la Unión al Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) realizadas en el ejercicio anterior de conformidad con el apartado 6, y una estimación de dichos importes para el ejercicio en curso;
c) con respecto a la población a 31 de diciembre de 2020, los datos sobre el número de beneficiarios reales y las estimaciones sobre futuros beneficiarios del régimen de pensiones del personal y el régimen de seguro de enfermedad al final del año anterior, y sus derechos postempleo devengados en ese momento; y
d) los pasivos pendientes del Reino Unido calculados utilizando evaluaciones actuariales efectuadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público pertinentes y una explicación de la evolución de este pasivo con respecto al año anterior.
Dicho documento podrá actualizarse a más tardar el 30 de septiembre del mismo año para reflejar las cifras definitivas del año anterior.
5. En lo que respecta a la responsabilidad del Reino Unido por los derechos de pensión y los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo a que se refiere el apartado 2 en lo relativo a las pensiones de los miembros y de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE, reguladas por el Reglamento n.o 422/67/CEE, 5/67/Euratom, del Consejo (148), la Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo (149) y el Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo (150), el Reino Unido contribuirá al pasivo, tal como esté consignado en las cuentas consolidadas de la Unión para el ejercicio presupuestario de 2020, en diez tramos a partir del 31 de octubre de 2021.
6. En lo que respecta a la responsabilidad del Reino Unido por los derechos de pensión y los derechos a otras prestaciones vinculadas al empleo a que se refiere el apartado 2 en lo relativo a las pensiones de los funcionarios de la Unión, establecidas de conformidad con los artículos 77 a 84 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, y en lo que respecta a las pensiones de los agentes temporales, los agentes contractuales y los asistentes parlamentarios, establecidas de conformidad con los artículos 33 a 40, los artículos 101 a 114 y el artículo 135, respectivamente, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, el Reino Unido contribuirá anualmente a los pagos netos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión a cada beneficiario y a la contribución correspondiente del presupuesto de la Unión al RCSE para cada beneficiario o persona que se beneficie a través de un beneficiario. Los pagos a esta contribución comenzarán el 30 de junio de 2022.
El pago por parte del Reino Unido para las pensiones a que se refiere el párrafo primero será igual a la suma de los pagos netos efectuados por el presupuesto de la Unión en el ejercicio anterior para cada beneficiario, multiplicada por la cuota del Reino Unido y por un porcentaje específico para cada beneficiario (en lo sucesivo, «porcentaje específico»). El porcentaje específico se fijará del modo siguiente:
a) para los beneficiarios que perciban una pensión a 1 de enero de 2021, el porcentaje específico será del 100 %;
b) para cualquier otro beneficiario de una pensión, el porcentaje específico se calculará determinando la ratio entre los derechos de pensión devengados de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, con su anexo VIII, a 31 de diciembre de 2020 o con anterioridad a esta fecha, incluidos los derechos de pensión transferidos en esa fecha, y los derechos de pensión devengados en la fecha de jubilación o, en caso de que tenga lugar antes, de fallecimiento, o en la fecha en que la persona abandone el régimen;
c) a efectos de la contribución del presupuesto al RCSE, el porcentaje específico se calculará determinando la ratio entre el número de años durante los cuales el beneficiario ha contribuido al régimen de pensiones hasta el 31 de diciembre de 2020 y el número total de años durante los cuales el beneficiario, o la persona a la que se aplique el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y que sea la causante de los derechos conferidos por el RCSE, ha contribuido al régimen de pensiones hasta la fecha de jubilación.
En el caso de los beneficiarios de pensiones de supervivencia o pensiones de orfandad establecidas de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, el cálculo se efectuará sobre la base de la carrera de la persona a la que se aplique el Estatuto de los funcionarios que constituye el origen de la pensión de supervivencia o la pensión de orfandad.
Mientras no se haya extinguido la responsabilidad en relación con el presente apartado, en cualquier año dado (año N), el Reino Unido podrá enviar a la Unión, antes del 1 de marzo del año N, una solicitud de pago del pasivo pendiente a 31 de diciembre del año N. La Unión determinará el importe del pasivo pendiente con respecto a las pensiones y a las prestaciones postempleo del RCSE, utilizando la misma metodología empleada en el apartado 4, letra d). Si el Reino Unido está de acuerdo, pagará dicho importe en cinco tramos, efectuándose el primer pago en el año N + 1. El Reino Unido asumirá también su pasivo correspondiente al año N a través del procedimiento establecido en el presente apartado. Una vez efectuado este pago, y siempre que se hayan efectuado los pagos a que se refiere el apartado 5, se extinguirán las obligaciones pendientes en virtud del presente artículo. Se informará de esta situación al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto.
Artículo 143
Pasivos financieros contingentes relacionados con los préstamos de ayuda financiera, el FEIE, el FEDS y el mandato de préstamo exterior
1. El Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a su cuota en los pasivos financieros contingentes de la Unión derivados de las operaciones financieras que hayan sido:
a) acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo o por la Comisión Europea antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cuando tales operaciones financieras se refieran a préstamos de ayuda financiera acordados de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 407/2010 del Consejo (151), el Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo (152) o las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo por las que se concede ayuda macrofinanciera a varios países sobre la base de una dotación de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (153) o con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 del Consejo (154);
b) aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo por los organismos, entidades o personas a los que se haya encomendado directamente la ejecución de operaciones financieras en relación con garantías presupuestarias que se hayan concedido ya sea en favor del BEI a través del FEIE de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/1017 o a través del mandato de préstamo exterior de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009, o con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 y la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (155), o con la Decisión n.o 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (156), ya sea en favor de contrapartes admisibles (FEDS).
El 31 de julio de 2019, la Unión facilitará al Reino Unido un informe específico relativo a dichas operaciones financieras que aportará, con respecto a cada tipo de instrumento, información sobre:
a) los pasivos financieros resultantes de dichas operaciones financieras en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
b) cuando corresponda, las provisiones que se mantengan, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, en los respectivos fondos de garantía o cuentas fiduciarias para cubrir los pasivos financieros a que se refiere la letra a) y las provisiones respectivas comprometidas pero aún por pagar.
En las cuentas consolidadas de la Unión relativas a los ejercicios de 2019 y 2020, los pagos efectuados con cargo a las provisiones a que se refiere el párrafo segundo, letra b), desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2019 y de 2020, respectivamente, se publicarán con respecto a las mismas operaciones financieras a que se refiere el presente apartado pero que se acuerden en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha.
La responsabilidad del Reino Unido ante la Unión en relación con las operaciones financieras mencionadas en el presente apartado no se verá afectada por la reestructuración de estas operaciones financieras. En particular, la exposición financiera del Reino Unido no aumentará, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración.
2. En relación con las operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en:
a) los importes cobrados por la Unión de deudores morosos o relacionados con pagos indebidos; y
b) los ingresos netos resultantes de la diferencia entre los ingresos financieros y de explotación y los gastos financieros y de explotación, consignados como ingresos, generales o afectados, en el presupuesto de la Unión.
En lo que respecta a los ingresos de la gestión de activos de la dotación de instrumentos que tengan una dotación, la Unión calculará un porcentaje de ingresos determinando la ratio entre los ingresos netos de la gestión de activos del ejercicio anterior y la dotación total existente al final del año anterior. El importe del pasivo frente al Reino Unido en concepto de ingresos de la gestión de activos de la dotación será el importe resultante de multiplicar la dotación actual del Reino Unido a que se refiere el apartado 5 por ese porcentaje de ingresos.
3. A más tardar el 31 de marzo de 2021, la Unión comunicará al Reino Unido, para cada uno de los instrumentos mencionados en el apartado 1 que prevean una dotación con cargo al presupuesto de la Unión:
a) su dotación inicial, calculada como la cuota del Reino Unido en la suma de:
i) las provisiones constituidas en el fondo de garantía correspondiente a más tardar el 31 de diciembre de 2020,
ii) el importe de las provisiones comprometidas pero aún por pagar a más tardar el 31 de diciembre de 2020, y
iii) los pagos efectuados desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2020 relacionados con operaciones financieras acordadas en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha; y
b) su tasa de dotación por defecto, calculada determinando la ratio entre la dotación inicial del Reino Unido para dicho instrumento y el importe de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 a 31 de diciembre de 2020, acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
4. El 31 de marzo de cada año, a partir de 2021, hasta la amortización, la expiración o la finalización de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1, la Unión comunicará al Reino Unido la información relativa a dichas operaciones financieras. Esta información indicará, respecto de cada tipo de instrumento:
a) los pasivos contingentes pendientes a 31 de diciembre del año anterior;
b) los pagos efectuados por la Unión durante el año anterior en relación con dichas operaciones financieras y los importes de tales pagos que se hayan acumulado después del 31 de diciembre de 2020;
c) la dotación actual del Reino Unido y su tasa de dotación actual, tal como se establece en el apartado 5;
d) los reembolsos efectuados en el año anterior al Reino Unido de conformidad con el apartado 6, letra a), y los importes de dichos reembolsos que se hayan acumulado después del 31 de diciembre de 2020;
e) los importes cobrados y los ingresos netos consignados en el presupuesto de la Unión mencionados en el apartado 2 correspondientes al año anterior;
f) si fuere necesario, otras informaciones útiles sobre las operaciones financieras del año anterior.
5. A más tardar el 31 de marzo de cada año, respecto de cada instrumento mencionado en el apartado 1, cuando el acto de base establezca la dotación con cargo al presupuesto de la Unión, la Unión deberá:
a) calcular la dotación actual del Reino Unido, definida como el importe de la dotación inicial del Reino Unido reducido en el importe de:
i) la cuota del Reino Unido en los pagos acumulados a que se refiere el apartado 4, letra b), efectuados con cargo al presupuesto de la Unión después del 31 de diciembre de 2020 en relación con operaciones financieras acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
ii) la cuota del Reino Unido en el importe de las liberaciones efectuadas en los ejercicios anteriores en relación con los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, comunicados en virtud del artículo 140, apartado 3,
iii) el importe acumulado de los reembolsos efectuados al Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, a los que se hace referencia en el apartado 4, letra d);
b) comunicar al Reino Unido la tasa actual de dotación, definida como la ratio obtenida al dividir la dotación actual del Reino Unido por el importe de las operaciones financieras a que se refiere el apartado 4, letra a).
6. Cada año, a partir de 2022:
a) Si la tasa actual de dotación del Reino Unido relativa a un instrumento supera su tasa de dotación por defecto en relación con dicho instrumento, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a ese instrumento por el importe resultante de multiplicar el importe de los pasivos financieros a que se refiere el apartado 4, letra a), por la diferencia entre la tasa actual de dotación y la tasa de dotación por defecto. La responsabilidad de la Unión no excederá de la dotación actual del Reino Unido calculada con arreglo al apartado 5.
b) Si, en un año dado, la tasa actual de dotación del Reino Unido relativa a un instrumento pasa a ser negativa, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de la dotación actual negativa. En los años siguientes, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de su cuota en los pagos efectuados y comunicados con arreglo al apartado 4, letra b), del presente artículo y de su cuota en el importe de las liberaciones realizadas durante el ejercicio anterior en relación con los compromisos pendientes a que se refiere el apartado 3, letra a), inciso ii), del presente artículo, comunicados en virtud del artículo 140, apartado 3.
7. Si la dotación actual del Reino Unido es positiva una vez completadas las operaciones financieras de la Unión relacionadas con alguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, la Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta al importe de la dotación actual del Reino Unido calculado conforme al apartado 5.
8. Si, con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, se realizan pagos con cargo al presupuesto de la Unión relacionados con las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 en relación con un instrumento respecto del cual el acto de base no establece dotación, el Reino Unido será responsable ante la Unión en lo que respecta a dicho instrumento por el importe de su cuota en los pagos efectuados y comunicados con arreglo al apartado 4, la letra b).
9. A efectos del presente artículo, cuando los pasivos financieros, los pagos, los cobros u otros importes estén relacionados con operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, pero no se pueda determinar directamente si derivan de una operación financiera concreta a consecuencia de la aplicación de mecanismos de mutualización o subordinación del riesgo, los pasivos financieros, los pagos, los cobros o los otros importes pertinentes que deban determinarse para la aplicación del presente artículo se calcularán de forma proporcional en función de la ratio entre el importe de las operaciones financieras acordadas o aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo el 31 de diciembre del año anterior a la realización del cálculo y el importe total de las operaciones financieras en esta última fecha.
10. Cuando las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 sean no amortizables, estas operaciones financieras se considerarán amortizables una vez transcurridos diez años, de forma proporcional a la amortización de las operaciones amortizables restantes.
Artículo 144
Instrumentos financieros en régimen de gestión directa o indirecta financiados con cargo a los programas del MFP 2014-2020 o en el contexto de anteriores perspectivas financieras
1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y hasta la amortización total de las operaciones financieras a que se refiere la letra a) del presente párrafo, la Unión indicará las operaciones financieras que:
a) antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, hayan sido acordadas por la Comisión Europea y, en su caso, aprobadas por las instituciones financieras a las que la Comisión Europea hubiese confiado la ejecución de un instrumento financiero en el marco de un programa del MFP 2014-2020 o de anteriores perspectivas financieras en régimen de gestión directa o indirecta; y
b) se hayan acordado y, en su caso, aprobado en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha.
El 31 de julio de 2019, en el informe a que se refiere el artículo 143, apartado 1, párrafo segundo, la Unión facilitará la siguiente información relativa a los instrumentos financieros en régimen de gestión directa o indirecta financiados con cargo a los programas del MFP 2014-2020 o financiados en el contexto de perspectivas financieras anteriores:
a) el pasivo financiero que derive de las operaciones acordadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo por la Comisión Europea o por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero; y
b) los pagos efectuados por la Comisión Europea para los instrumentos financieros y los importes comprometidos para los instrumentos financieros que aún no hayan sido abonados en esa fecha.
La responsabilidad de la Unión ante el Reino Unido en relación con las operaciones financieras a que se refiere el presente apartado no se verá afectada por las reestructuraciones de estas operaciones financieras, en la medida en que dichas reestructuraciones no aumenten la exposición financiera a la contraparte, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración.
2. El 31 de marzo de cada año, a partir de 2021, hasta su amortización, su extinción o su finalización, respecto de cada uno de los instrumentos financieros a que se refiere el apartado 1, la Unión comunicará al Reino Unido la información disponible sobre las operaciones financieras a que se refiere el apartado 1 que hayan sido acordadas o aprobadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y sobre aquellas que hayan sido acordadas o aprobadas en esa fecha o con posterioridad a ella. Respecto de cada instrumento, la información incluirá:
a) el pasivo financiero a 31 de diciembre del ejercicio anterior derivado de las operaciones financieras acordadas por la Comisión Europea, o aprobadas por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
b) el pasivo financiero total a 31 de diciembre del ejercicio anterior derivado de las operaciones financieras acordadas por la Comisión Europea, o por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento;
c) la ratio entre los importes mencionados en las letras a) y b);
d) los pagos efectuados con cargo al fondo de dotación o a cuentas fiduciarias mantenidas con entidades encargadas de la ejecución, cuando dichos pagos estén relacionados con operaciones financieras que hayan sido acordadas por la Comisión Europea, o que hayan sido aprobadas por la entidad a la que la Comisión Europea haya confiado la ejecución del instrumento financiero, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
e) la parte de los importes devueltos a la Unión de conformidad con el artículo 209, apartado 3, del Reglamento financiero, distintos de los rendimientos contemplados en la letra f) del presente apartado, relativos a operaciones financieras acordadas o aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
f) los rendimientos de los recursos del instrumento financiero en el fondo de dotación o en las cuentas fiduciarias;
g) la parte del importe del fondo de dotación o de las cuentas fiduciarias que no haya sido desembolsada y que haya sido cobrada por la Comisión Europea;
h) si fuere necesario, otras informaciones útiles relativas a las operaciones financieras del año anterior.
3. La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a la cuota del Reino Unido en los importes mencionados en el apartado 2, letras d) a g).
4. A efectos del presente artículo, cuando los pasivos financieros, los pagos, los cobros u otros importes estén relacionados con operaciones financieras mencionadas en el apartado 1, pero no se pueda determinar directamente si derivan de una operación financiera concreta a consecuencia de la aplicación de mecanismos de mutualización o subordinación del riesgo, los pasivos financieros, los pagos, los cobros o los otros importes pertinentes que deban determinarse para la aplicación del presente artículo se calcularán de forma proporcional en función de la ratio a que se hace referencia en el apartado 2, letra c).
Artículo 145
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en los activos netos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en liquidación a 31 de diciembre de 2020.
La Unión reembolsará al Reino Unido el importe que corresponda en cinco tramos anuales iguales que se abonarán el 30 de junio de cada año, a partir del 30 de junio de 2021.
Artículo 146
Inversión de la Unión en el FEI
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en la inversión de la Unión en el capital desembolsado del FEI a 31 de diciembre de 2020.
La Unión reembolsará al Reino Unido el importe que corresponda en cinco tramos anuales iguales que se abonarán el 30 de junio de cada año, a partir del 30 de junio de 2021.
Artículo 147
Pasivos contingentes relacionados con litigios
1. El Reino Unido será responsable en lo que respecta a su cuota en los pagos necesarios para liquidar el pasivo contingente de la Unión que se haga exigible con ocasión de litigios relativos a los intereses financieros de la Unión relacionados con el presupuesto y, en particular, en relación con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, o en relación con los litigios derivados de la ejecución de los programas y las políticas de la Unión, siempre que los hechos litigiosos se hayan producido como muy tarde el 31 de diciembre de 2020.
La Unión será responsable ante el Reino Unido en lo que respecta a su cuota en los importes de los cobros ulteriores relacionados con los pagos a que se refiere el párrafo primero.
2. La Unión comunicará al Reino Unido los importes mencionados en el apartado 1 a más tardar el 31 de marzo de cada año.
Artículo 148
Pagos después de 2020
1. Las fechas de referencia para los pagos por parte del Reino Unido a la Unión o por parte de la Unión al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020 serán el 30 de junio y el 31 de octubre de cada año en lo que respecta a los importes:
a) contemplados en el artículo 49, apartado 2, los artículos 50 y 53, el artículo 62, apartado 2, el artículo 63, apartado 1, letra e), y en el artículo 63, apartado 2, el artículo 99, apartado 3, y el artículo 100, apartado 2;
b) contemplados en el artículo 84, apartado 1;
c) contemplados en el artículo 136, apartado 3, letras a), b), c), e) y f), a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de ajuste o de corrección;
d) resultantes de las medidas correctoras que deba adoptar el Reino Unido en relación con los recursos propios adeudados en el marco de los ejercicios presupuestarios de hasta 2020 como consecuencia de los controles efectuados en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 o del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89, o por cualquier otro motivo, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la medida correctora;
e) contemplados en el artículo 140, apartado 4, en dos tramos abonados en las fechas de referencia para los pagos, ascendiendo el importe correspondiente al primer tramo a la mitad del correspondiente al segundo;
f) contemplados en el artículo 140, apartado 5, el 30 de junio siguiente a la confirmación por el Reino Unido de la aceptación de la propuesta de la Unión al Comité sobre las disposiciones financieras a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra f), y al Comité Mixto;
g) contemplados en el artículo 141, a más tardar en la fecha de referencia siguiente al ajuste de los recursos propios para los Estados miembros resultantes de la incorporación definitiva de la multa al presupuesto de la Unión;
h) contemplados en el artículo 142, apartado 1, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refiere el apartado 3;
i) contemplados en el artículo 142, apartado 5, y en el artículo 142, apartado 6, párrafo cuarto, el 31 de octubre de cada año;
j) contemplados en el artículo 142, apartado 6, párrafo primero, el 30 de junio de cada año;
k) contemplados en los artículos 143 y 144, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refieren el artículo 143, apartado 4, y el artículo 144, apartado 2;
l) contemplados en los artículos 145 y 146;
m) contemplados en el artículo 147, apartado 2, a más tardar en la fecha de referencia siguiente a la fecha de la comunicación a que se refiere el propio artículo 147, apartado 2;
n) contemplados en el apartado 3 como posibles intereses acumulados.
Los pagos se efectuarán en cuatro tramos mensuales iguales en el caso de los pagos que tengan el 30 de junio como fecha de referencia, y en ocho plazos mensuales iguales en el caso de los pagos que tengan el 31 de octubre como fecha de referencia. Todos los pagos se efectuarán a más tardar el último día hábil de cada mes, a partir de la fecha de referencia o, cuando la fecha de referencia no caiga en día hábil, del último día hábil anterior a la fecha de referencia.
2. Mientras queden pagos por efectuar por parte de la Unión al Reino Unido o por parte del Reino Unido a la Unión, la Unión comunicará al Reino Unido, el 16 de abril y el 16 de septiembre de cada año, un documento que especifique los importes pertinentes que deban pagarse, expresados en euros y en libras esterlinas, según el tipo de conversión aplicado por el Banco Central Europeo el primer día hábil del mes. La Unión o el Reino Unido abonarán los importes netos en las fechas mencionadas en el apartado 1.
3. Cualquier demora en los pagos por parte del Reino Unido a la Unión o por parte de la Unión al Reino Unido estará sujeta al pago de intereses de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014.
CAPÍTULO 3
Banco Central Europeo
Artículo 149
Reembolso del capital desembolsado
El Banco Central Europeo reembolsará al Banco de Inglaterra, en nombre de la Unión, el capital desembolsado aportado por el Banco de Inglaterra. La fecha del reembolso y otras modalidades prácticas se establecerán de conformidad con el Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
CAPÍTULO 4
Banco europeo de Inversiones
Artículo 150
Mantenimiento de la responsabilidad del Reino Unido y reembolso del capital desembolsado
1. El Reino Unido seguirá siendo responsable, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en lo que respecta a las operaciones financieras aprobadas por el BEI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tal como se especifica con más detalle en el apartado 2 (en lo sucesivo, «operaciones financieras del BEI»), incluso si la exposición financiera resultante se asume en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha, y seguirá siendo responsable en lo que respecta a otros riesgos asumidos por el BEI, tal como se establece en el párrafo segundo.
La responsabilidad del Reino Unido se extenderá a las operaciones financieras del BEI y a los riesgos de gestión de activos y pasivos y los riesgos operativos atribuibles a las operaciones financieras del BEI, de conformidad con el apartado 6. Por lo que se refiere a los demás riesgos de este tipo que no estén asociados a operaciones financieras específicas y no sean imputables al conjunto de operaciones financieras constituido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido será proporcional a la ratio existente entre la exposición restante debida a las operaciones financieras del BEI y el importe total de las operaciones financieras en el momento en que se genere la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el apartado 6.
La aplicación de estrategias de crecimiento del BEI posteriores a la retirada no entra en el ámbito de aplicación del presente artículo.
2. Las operaciones financieras del BEI incluirán los préstamos, las garantías, las inversiones en fondos, las inversiones en capital, las obligaciones y otros productos de sustitución de préstamos, y cualesquiera otras operaciones de financiación, con contrapartes o relacionadas con proyectos dentro y fuera del territorio de los Estados miembros, incluidas las operaciones garantizadas por terceros, incluidos los Estados miembros o la Unión.
El Reino Unido será responsable en lo que respecta a las operaciones financieras del BEI cuando la exposición financiera del BEI:
a) se base en la aprobación por el Consejo de Administración del BEI concedida con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, o en una decisión adoptada en virtud de una delegación del Consejo de Administración emitida con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
b) resulte de la reestructuración de una operación financiera del BEI, en la medida en que dicha reestructuración no aumente la exposición financiera a la contraparte, en términos nominales, con respecto a la situación inmediatamente anterior a la reestructuración;
c) resulte de una modificación de una operación financiera del BEI, cuando esa modificación haya sido aprobada por el Consejo de Administración del BEI en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o con posterioridad a esta fecha, en la medida en que dicha modificación no aumente la exposición financiera a la contraparte con respecto a la situación inmediatamente anterior a la modificación; o
d) resulte de la participación institucional del BEI en el capital del FEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
A efectos del establecimiento de los límites de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, la exposición del BEI debida a las operaciones financieras del BEI que, por su naturaleza, no estén sujetas a amortización, en particular las inversiones en instrumentos de capital, los mandatos renovables concedidos al FEI, y la participación en el capital del FEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, se considerará amortizada del modo siguiente: durante un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se considerará que el importe de la exposición no amortizable en el marco de la operación financiera del BEI permanece al nivel del importe aprobado por el BEI antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, reducido en el importe de toda cesión realizada por el BEI a partir de esa fecha. Una vez finalizado este período, se considerará que el importe disminuye proporcionalmente a la amortización de la exposición amortizable restante debida a las operaciones financieras del BEI.
3. A efectos del apartado 1, el Reino Unido será responsable en lo que respecta a su cuota del capital suscrito no desembolsado del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El Reino Unido efectuará pagos al BEI, por el importe de su pasivo en virtud del presente apartado, cuando su responsabilidad se genere de conformidad con el apartado 6.
El total de dicho pasivo en virtud del presente apartado no excederá en ningún momento del importe de la cuota del Reino Unido en el capital suscrito no desembolsado del BEI, en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Cuando el importe de la exposición restante del BEI en el marco de las operaciones financieras del BEI a que se refiere el apartado 1 sea inferior al importe total del capital suscrito del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido de conformidad con el presente apartado se limitará, en cualquier momento, al importe resultante de la aplicación de la ratio del capital suscrito del BEI correspondiente al Reino Unido y del capital suscrito total del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo (en lo sucesivo, «cuota del Reino Unido en el capital suscrito») a la diferencia entre el importe de dicho capital restante en ese momento y el capital desembolsado total del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
4. El BEI abonará al Reino Unido, en nombre de la Unión, un importe equivalente a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito desembolsado del BEI en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Dicho pago se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo n.o 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones. Se efectuará en doce tramos anuales. Los once primeros tramos, de 300 000 000 EUR cada uno, deberán abonarse el 15 de diciembre de cada año a partir de 2019. El saldo de 195 903 950 EUR deberá abonarse el 15 de diciembre de 2030. Los pagos efectuados de conformidad con el presente apartado no liberarán al Reino Unido de su responsabilidad con arreglo al apartado 5.
5. Además de su responsabilidad con arreglo al apartado 3, a efectos del apartado 1, el Reino Unido será responsable en lo que respecta al capital suscrito desembolsado del BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. El Reino Unido efectuará pagos al BEI, por el importe de su pasivo, con arreglo al presente apartado, cuando su responsabilidad se genere de conformidad con el apartado 6.
El total del pasivo en virtud del presente apartado no excederá en ningún momento del importe del capital suscrito desembolsado del Reino Unido en el BEI en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Cuando la exposición restante del BEI debida a las operaciones financieras del BEI a que se refiere el apartado 1 sea inferior al total del capital suscrito desembolsado del BEI, en su cuantía inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el importe del pasivo del Reino Unido en virtud del presente apartado se limitará, en todo momento, a un importe resultante de aplicar la ratio de la cuota del Reino Unido en el capital suscrito al importe de dicha exposición restante en ese momento.
6. La responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el presente artículo se generará, en igualdad de condiciones (pari passu) con respecto a los Estados miembros, en caso de que el BEI exija a los Estados miembros que efectúen pagos por el capital suscrito no desembolsado o cuando se utilice el capital suscrito desembolsado de los Estados miembros.
Cuando la responsabilidad del Reino Unido se genere de conformidad con el apartado 3, el Reino Unido abonará el importe adeudado al BEI en las mismas condiciones que se aplican a los Estados miembros (también en lo referente al calendario y a las condiciones de pago), según lo decidido por el Consejo de Administración del BEI en el momento pertinente. La decisión del BEI por la que se exija a los Estados miembros que efectúen pagos por su capital suscrito no desembolsado puede, en particular, estar relacionada con la naturaleza de los riesgos subyacentes y la situación financiera del BEI en vista de sus obligaciones de pago, del estado de su activo y de su pasivo, de su posición en los mercados de capitales y de las disposiciones de su planificación de contingencias y de recuperación, según proceda en el momento pertinente.
Cuando la responsabilidad del Reino Unido se genere de conformidad con el apartado 5, el Reino Unido abonará el importe adeudado al BEI, en euros, en un plazo de treinta días a partir de la primera solicitud del BEI y sujeto a lo dispuesto en el párrafo cuarto del presente apartado.
La responsabilidad del Reino Unido generada de conformidad con el apartado 5 se liquidará con cargo a la cuota del capital suscrito desembolsado del Reino Unido en el capital del BEI, en su valor inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, hasta alcanzarse el importe no pagado aún al Reino Unido de conformidad con el apartado 4. El importe de los tramos anuales a que se refiere el apartado 4 se reducirá en consecuencia. Si el pasivo del Reino Unido no puede liquidarse íntegramente con arreglo a este método, el Reino Unido abonará al BEI el importe restante adeudado.
En cada caso, el BEI atribuirá, en nombre de la Unión, los hechos que generen la responsabilidad del Reino Unido al conjunto de operaciones o riesgos financieros pertinente y establecerá el importe que el Reino Unido está obligado a pagar al BEI del modo siguiente:
a) en la medida en que los hechos subyacentes sean atribuibles a operaciones financieras del BEI, o sean atribuibles al riesgo asociado a la gestión de activos y pasivos o al riesgo operativo, el Reino Unido abonará al BEI un importe equivalente a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito del importe total que los Estados miembros están obligados a pagar, o un importe igual a la cuota del Reino Unido en el capital suscrito del importe total en que se utilice el capital suscrito desembolsado de los Estados miembros, respectivamente;
b) en la medida en que los hechos subyacentes sean atribuibles a otros riesgos, y no sean atribuibles a operaciones financieras específicas o al conjunto de operaciones financieras constituido después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido abonará al BEI el importe resultante de lo establecido en la letra a) multiplicado por la ratio existente entre la exposición restante debida a las operaciones financieras del BEI y el importe total de las operaciones financieras en el momento en que se genera la responsabilidad del Reino Unido.
7. Con excepción de los pagos previstos en el apartado 4, el BEI no estará obligado a efectuar ningún otro pago, reembolso o remuneración con motivo de la pérdida de la condición de miembro del BEI por parte del Reino Unido o del mantenimiento por el Reino Unido de un pasivo de conformidad el presente artículo.
8. El 31 de julio de 2019, el BEI comunicará al Reino Unido la exposición del Reino Unido en el marco de las operaciones financieras del BEI y el límite de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, reflejando la situación financiera del BEI y el pasivo del Reino Unido en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
El 31 de marzo de cada año, a partir de 2020, hasta que se extinga la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con el presente artículo, el BEI comunicará al Reino Unido la exposición restante del Reino Unido en el marco de las operaciones financieras del BEI y el límite de la responsabilidad del Reino Unido de conformidad con los apartados 3 y 5, reflejando la situación financiera del BEI y el pasivo del Reino Unido a 31 de diciembre del año anterior. El informe también indicará cualesquiera cambios significativos que, a juicio del BEI, tengan una incidencia significativa en la responsabilidad del Reino Unido. Asimismo, el BEI facilitará información oportuna cuando se produzcan tales cambios en el transcurso del año.
El BEI facilitará al Reino Unido información oportuna sobre cualquier generación inminente de la responsabilidad del Reino Unido en virtud del presente artículo, en consonancia con la información facilitada a los Estados miembros. Dicha información incluirá datos sobre la naturaleza del hecho que dé lugar a la responsabilidad y el cálculo de los importes que deban pagarse. El Reino Unido tratará dicha información como estrictamente confidencial hasta que el BEI levante la confidencialidad o hasta que se genere la responsabilidad del Reino Unido, según lo que ocurra primero.
Artículo 151
Participación del Reino Unido en el grupo BEI tras la fecha de retirada
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, ni el Reino Unido ni los proyectos situados en el Reino Unido podrán ser considerados a efectos de nuevas operaciones financieras del grupo BEI que estén reservadas a los Estados miembros, incluidas las que se enmarquen en un mandato de la Unión. Las entidades establecidas en el Reino Unido serán tratadas como entidades situadas fuera de la Unión.
La firma de las operaciones financieras relativas al Reino Unido, a entidades del Reino Unido o a proyectos del Reino Unido aprobados por el grupo BEI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo podrá tener lugar después de esa fecha, sobre la misma base que aquella sobre la que fueron aprobadas inicialmente.
CAPÍTULO 5
Fondo Europeo de Desarrollo y garantía del Reino Unido en el marco de los Acuerdos internos del FED
Artículo 152
Participación en el Fondo Europeo de Desarrollo
1. El Reino Unido seguirá siendo parte en el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) hasta el cierre del 11.o FED y de todos los FED anteriores aún por cerrar, y asumirá, a este respecto, las mismas obligaciones que los Estados miembros con arreglo al Acuerdo interno por el que se creó (en lo sucesivo, «Acuerdo interno del 11.o FED») (157); asimismo, asumirá las obligaciones derivadas de los FED anteriores hasta su cierre, incluidas las obligaciones derivadas de los Reglamentos (UE) 2015/322 (158) y (UE) 2015/323 del Consejo (159), en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. El Reino Unido estará vinculado por las decisiones del Consejo por las que se fijen las contribuciones anuales de los Estados miembros adoptadas de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2015/323. Los beneficiarios del Reino Unido seguirán pudiendo participar en los proyectos organizados en el marco del 11.o FED y de los FED anteriores en las mismas condiciones que antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Acuerdo, el Reino Unido podrá participar, como observador sin derecho de voto, en el Comité del FED creado con arreglo al artículo 8 del Acuerdo interno del 11.o FED, y en el Comité del Mecanismo de Inversión creado con arreglo al artículo 9 del Acuerdo interno del 11.o FED.
3. Los países y territorios de ultramar a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra e), se beneficiarán del 11.o FED hasta su cierre y de los FED anteriores hasta su cierre.
4. La cuota del Reino Unido en el Mecanismo de Inversión del FED correspondiente a períodos sucesivos del FED se irá rembolsando al Reino Unido a medida que venzan las inversiones. El método para efectuar este reembolso será el mismo que el establecido en el artículo 144. Salvo acuerdo en contrario, la cuota del capital del Reino Unido no podrá volver a comprometerse más allá del final del período de compromiso del 11.o FED, ni prorrogarse a períodos posteriores.
Artículo 153
Reutilización de las liberaciones de créditos
Cuando los importes de los proyectos correspondientes al 10.o FED o los importes de FED anteriores no se hayan comprometido de conformidad con el artículo 1, apartado 3, del Acuerdo interno del 11.o FED, o hayan sido liberados de conformidad el artículo 1, apartado 4, del Acuerdo interno del 11.o FED en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la cuota de dichos importes correspondiente al Reino Unido no será reutilizada.
El párrafo primero se aplicará a la cuota del Reino Unido en los fondos no comprometidos o liberados en virtud del 11.o FED después del 31 de diciembre de 2020.
Artículo 154
Garantía del Reino Unido en el marco de los sucesivos Acuerdos internos del FED
El Reino Unido seguirá siendo responsable respecto de sus garantías en virtud del artículo 9 del Acuerdo interno del 4.o FED (160), al artículo 8 del Acuerdo interno del 5.o (161), 6.o (162), 7.o (163) y 8.o FED (164), del artículo 6 del Acuerdo interno del 9.o FED (165), y del artículo 4 del Acuerdo interno del 10.o (166) y 11.o FED.
El Reino Unido conservará el derecho a su parte de todo importe cobrado en virtud de las garantías de los Estados miembros y al saldo de su cuenta de Estado miembro. La parte del Reino Unido a la que se refiere el presente párrafo será proporcional a su participación respectiva en cada acuerdo de garantía.
CAPÍTULO 6
Fondos fiduciarios y mecanismo para los refugiados en Turquía
Artículo 155
Compromisos respecto de los fondos fiduciarios y el mecanismo para los refugiados en Turquía
1. El Reino Unido respetará los compromisos que haya contraído antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo con respecto al Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África, establecido por la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2015 (167), a los fondos fiduciarios de la Unión Europea creados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y al mecanismo para los refugiados en Turquía, establecido por la Decisión de la Comisión de 24 de noviembre de 2015 (168), así como cualquier modificación de los mismos adoptada antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El Reino Unido podrá participar en los organismos pertinentes relacionados con el mecanismo para los refugiados en Turquía, con arreglo a las normas establecidas para los donantes de conformidad con el artículo 234, apartado 4, del Reglamento financiero.
CAPÍTULO 7
Agencias del Consejo y operaciones de la Política Común de seguridad y defensa
Artículo 156
Obligaciones del Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido contribuirá a la financiación de la Agencia Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de Satélites de la Unión Europea, así como a los costes de las operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa, con arreglo a las claves de contribución establecidas en el artículo 14, apartado 9, letra a), de la Decisión (UE) 2016/1353 del Consejo (169), en el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/75/PESC del Consejo (170), en el artículo 10, apartado 3, de la Decisión 2014/401/PESC del Consejo (171) y en el artículo 41, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, respectivamente, y de conformidad con el artículo 5 del presente Acuerdo.
Artículo 157
Obligaciones del Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020
1. Sobre la base de las cuentas de las agencias, en la medida en que los pasivos pertinentes no hayan sido provisionados a 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido abonará su cuota de los siguientes pasivos con arreglo a su clave de contribución para cada una de esas agencias, según sus cuentas auditadas el 31 de diciembre de 2020:
a) el pasivo por pensiones del personal de la Agencia Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de Satélites de la Unión Europea;
b) cualquier pasivo derivado de la liquidación de la Unión Europea Occidental.
2. El pago relativo a los pasivos mencionados el apartado 1 se realizará a más tardar el 30 de junio de 2021.
SEXTA PARTE
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINALES
TÍTULO I
Interpretación y aplicación uniformes
Artículo 158
Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la segunda parte
1. Cuando, en un asunto que se haya iniciado en primera instancia en un plazo de ocho años desde el final del período transitorio ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, se plantee una cuestión relativa a la interpretación de la segunda parte del presente Acuerdo, y dicho órgano jurisdiccional estime que es necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, dicho órgano jurisdiccional podrá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre dicha cuestión.
No obstante, cuando el objeto del asunto presentado ante el órgano jurisdiccional del Reino Unido sea una resolución sobre una solicitud presentada en virtud del artículo 18, apartados 1 o 4, o en virtud del artículo 19, solo se podrá presentar una petición de decisión prejudicial cuando el asunto se haya iniciado en primera instancia en un plazo de ocho años a contar de la fecha a partir de la cual se aplique el artículo 19.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre las cuestiones planteadas en virtud del apartado 1. Los efectos jurídicos en el Reino Unido de dichas decisiones prejudiciales serán los mismos que los efectos jurídicos de las decisiones prejudiciales dictadas en virtud del artículo 267 del TFUE en la Unión y sus Estados miembros.
3. En caso de que el Comité Mixto adopte una decisión en virtud del artículo 132, apartado 1, el plazo de ocho años previsto en el apartado 1, párrafo segundo, se prorrogará automáticamente por el número de meses por el que se prorrogue el período transitorio.
Artículo 159
Supervisión de la ejecución y la aplicación de la segunda parte
1. En el Reino Unido, la ejecución y la aplicación de la segunda parte serán supervisadas por una autoridad independiente (en lo sucesivo, «Autoridad»), que dispondrá de competencias equivalentes a las de la Comisión Europea al actuar en virtud de los Tratados para llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia relativas a presuntas infracciones de la segunda parte por las autoridades administrativas del Reino Unido, y para recibir denuncias de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a efectos de la incoación de dichas investigaciones. A raíz de tales denuncias, la Autoridad tendrá también derecho a interponer una demanda ante un órgano jurisdiccional competente en el Reino Unido en el marco de un procedimiento judicial apropiado a fin de obtener una solución adecuada.
2. La Comisión Europea y la Autoridad informarán cada año al Comité especializado de derechos de los ciudadanos a que se refiere el artículo 165, apartado 1, letra a), sobre la ejecución y la aplicación de la segunda parte en la Unión y en el Reino Unido, respectivamente. La información facilitada abarcará, en particular, las medidas adoptadas para ejecutar o dar cumplimiento a lo dispuesto en la segunda parte, así como el número y la naturaleza de las denuncias recibidas.
3. El Comité Mixto evaluará, cuando hayan transcurrido al menos ocho años desde el final del período transitorio, el funcionamiento de la Autoridad. A raíz de dicha evaluación podrá decidir, de buena fe y en virtud del artículo 164, apartado 4, letra f), y del artículo 166, que el Reino Unido pueda suprimir la Autoridad.
Artículo 160
Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo a determinadas disposiciones de la quinta parte
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del presente Acuerdo, los artículos 258, 260 y 267 del TFUE se aplicarán en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión aplicable a que se refieren el artículo 136 y el artículo 138, apartados 1 o 2, del presente Acuerdo. A estos efectos, se entenderá que cualquier referencia a un Estado miembro en los artículos 258, 260 y 267 del TFUE incluye al Reino Unido.
Artículo 161
Procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1. Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro plantee una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del presente Acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la resolución del órgano jurisdiccional nacional en que se plantee dicha cuestión será notificada al Reino Unido.
2. Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al artículo 267 del TFUE se aplicarán, mutatis mutandis, a las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 158 de presente Acuerdo.
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicarán en lo que respecta a los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las cuestiones prejudiciales planteadas conforme al artículo 160 del presente Acuerdo.
3. En los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al apartado 1 y los artículos 158 y 160 del presente Acuerdo y al artículo 12 del Protocolo sobre las zonas de soberanía:
a) el Reino Unido podrá tomar parte en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma forma que un Estado miembro;
b) los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido tendrán derecho a representar o asistir a cualquiera de las partes en dichos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en esos asuntos, dichos abogados serán considerados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros actuando en representación o asistencia de parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Artículo 162
Participación de la Comisión Europea en asuntos pendientes en el Reino Unido
Cuando la uniformidad en la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo así lo requiera, la Comisión Europea podrá presentar observaciones escritas en los asuntos pendientes ante órganos jurisdiccionales del Reino Unido en lo que respecta a la interpretación del Acuerdo. La Comisión Europea podrá también, con la autorización del órgano jurisdiccional en cuestión, formular observaciones orales. Antes de presentar formalmente esas observaciones, la Comisión Europea comunicará al Reino Unido su intención de presentarlas.
Artículo 163
Diálogo periódico e intercambio de información
A fin de favorecer la interpretación uniforme del presente Acuerdo y con pleno respeto de la independencia de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los más altos órganos jurisdiccionales del Reino Unido mantendrán un diálogo periódico análogo al existente entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los más altos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
TÍTULO II
Disposiciones institucionales
Artículo 164
Comité Mixto
1. Se crea un Comité Mixto compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido. El Comité Mixto estará copresidido por la Unión y el Reino Unido.
2. El Comité Mixto se reunirá a petición de la Unión o del Reino Unido y, en cualquier caso, una vez al año como mínimo. El Comité Mixto fijará su calendario de reuniones y su orden del día de común acuerdo. Los trabajos del Comité Mixto se regularán por el Reglamento interno establecido en el anexo VIII del presente Acuerdo.
3. El Comité Mixto será responsable de la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo. Tanto la Unión como el Reino Unido podrán remitir al Comité Mixto cualquier cuestión relativa a la ejecución, la aplicación y la interpretación del presente Acuerdo.
4. Las funciones del Comité Mixto serán:
a) supervisar y facilitar la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo;
b) fijar las tareas de los comités especializados y supervisar sus trabajos;
c) buscar formas y métodos apropiados para prevenir los problemas que puedan surgir en los ámbitos regulados por el presente Acuerdo o para resolver las controversias que puedan surgir en cuanto a la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo;
d) examinar cualquier cuestión de interés relativa a un ámbito regulado por el presente Acuerdo;
e) adoptar decisiones y formular recomendaciones mencionadas en el artículo 166; y
f) adoptar modificaciones del presente Acuerdo en los casos previstos en el presente Acuerdo.
5. El Comité Mixto podrá:
a) delegar responsabilidades en comités especializados, con excepción de las responsabilidades a que se refieren las letras b), e) y f) del apartado 4;
b) crear comités especializados distintos de los establecidos por el artículo 165, a fin de asistir al Comité Mixto en el ejercicio de sus tareas;
c) modificar las tareas asignadas a los comités especializados y disolver cualquiera de estos comités;
d) adoptar decisiones de modificación del presente Acuerdo, excepto en relación con las partes primera, cuarta y sexta, hasta el final del cuarto año siguiente al final del período transitorio, y a condición de que dichas modificaciones sean necesarias a efectos de corregir errores, resolver omisiones u otras deficiencias o hacer frente a situaciones imprevistas en el momento de la firma del presente Acuerdo y de que dichas decisiones no puedan modificar los elementos esenciales del presente Acuerdo;
e) adoptar modificaciones del Reglamento interno establecido en el anexo VIII; y
f) adoptar, en el ejercicio de sus funciones, otras medidas que decidan la Unión y el Reino Unido.
6. El Comité Mixto publicará un informe anual sobre el funcionamiento del presente Acuerdo.
Artículo 165
Comités especializados
1. Se crean los comités especializados siguientes:
a) el Comité de derechos de los ciudadanos;
b) el Comité sobre otras disposiciones de separación;
c) el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte;
d) el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre las zonas de soberanía en Chipre;
e) el Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Gibraltar; y
f) el Comité sobre las disposiciones financieras.
Dichos comités especializados estarán compuestos por representantes de la Unión y representantes del Reino Unido.
2. Los trabajos de los comités especializados se regularán por el Reglamento interno establecido en el anexo VIII del presente Acuerdo.
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, o salvo que los copresidentes decidan otra cosa, los comités especializados se reunirán al menos una vez al año. Se podrán celebrar reuniones adicionales a petición de la Unión, del Reino Unido o del Comité Mixto. Estarán copresididos por representantes de la Unión y del Reino Unido. Los comités especializados fijarán su calendario de reuniones y su orden del día de común acuerdo. Los comités especializados podrán elaborar proyectos de decisiones y de recomendaciones y remitirlos al Comité Mixto para su adopción.
3. La Unión y el Reino Unido velarán por que sus respectivos representantes en los comités especializados cuenten con los conocimientos técnicos adecuados respecto de los asuntos que se debatan.
4. Los comités especializados comunicarán al Comité Mixto sus calendarios de reuniones y sus órdenes del día con una antelación suficiente e informarán al Comité Mixto de los resultados y las conclusiones de cada una de sus reuniones. La creación o la existencia de un comité especializado no será óbice para que la Unión o el Reino Unido sometan cualquier asunto directamente al Comité Mixto.
Artículo 166
Decisiones y recomendaciones
1. A efectos del presente Acuerdo, el Comité Mixto tendrá la facultad de adoptar decisiones con respecto a todos los asuntos para los que el presente Acuerdo así lo disponga y de formular las recomendaciones oportunas a la Unión y al Reino Unido.
2. Las decisiones adoptadas por el Comité Mixto serán vinculantes para la Unión y el Reino Unido, y tanto la Unión como el Reino Unido ejecutarán dichas decisiones. Estas tendrán los mismos efectos jurídicos que el presente Acuerdo.
3. El Comité Mixto adoptará sus decisiones y formulará sus recomendaciones de común acuerdo.
TÍTULO III
Solución de controversias
Artículo 167
Cooperación
La Unión y el Reino Unido procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo y, mediante cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento.
Artículo 168
Exclusividad
En caso de controversia entre la Unión y el Reino Unido que se derive del presente Acuerdo, la Unión y el Reino Unido solo podrán recurrir a los procedimientos previstos en el presente Acuerdo.
Artículo 169
Consultas y comunicaciones en el seno del Comité Mixto
1. La Unión y el Reino Unido procurarán resolver cualquier controversia relativa a la interpretación y la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo mediante el inicio de consultas de buena fe en el seno del Comité Mixto, con el fin de alcanzar una solución de común acuerdo. Cualquier Parte que desee iniciar consultas lo notificará por escrito al Comité Mixto.
2. Cualquier comunicación o notificación entre la Unión y el Reino Unido a que se hace referencia en el presente título se realizará en el seno del Comité Mixto.
Artículo 170
Inicio del procedimiento de arbitraje
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160, en caso de no alcanzarse una solución de común acuerdo en el plazo de tres meses después de la notificación por escrito al Comité Mixto conforme al artículo 169, apartado 1, la Unión o el Reino Unido podrán pedir la constitución de un panel de arbitraje. La petición se formulará por escrito a la otra Parte y a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje. La petición especificará el objeto de la controversia que se planteará al panel de arbitraje y un resumen de los argumentos jurídicos en que se apoye la petición.
2. La Unión y el Reino Unido podrán acordar que la constitución de un panel de arbitraje pueda pedirse antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1.
Artículo 171
Constitución del panel de arbitraje
1. No más tarde del final del período transitorio, el Comité Mixto elaborará una lista de veinticinco personas dispuestas y capaces para ejercer como miembros de un panel de arbitraje. Con ese fin, tanto la Unión como el Reino Unido propondrán a diez personas. La Unión y el Reino Unido propondrán también conjuntamente a cinco personas para ejercer la presidencia del panel de arbitraje. El Comité Mixto velará por que la lista cumpla esos requisitos en todo momento.
2. La lista elaborada en virtud del apartado 1 solamente estará compuesta por personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia, que reúnan las cualificaciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, y que posean conocimiento especializado o experiencia del Derecho de la Unión y Derecho internacional público. Dicha lista no contendrá personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del gobierno de un Estado miembro o del gobierno del Reino Unido.
3. Un panel de arbitraje estará compuesto por cinco miembros.
4. En el plazo de quince días desde la fecha de una petición de conformidad con el artículo 170, el panel se constituirá conforme a los apartados 5 y 6.
5. Tanto la Unión como el Reino Unido designarán a dos miembros de entre las personas de la lista elaborada con arreglo al apartado 1. El presidente será elegido por consenso de los miembros del panel, de entre las personas designadas conjuntamente por la Unión y el Reino Unido para ejercer la presidencia.
En caso de que los miembros del panel no puedan alcanzar un acuerdo relativo a la elección del presidente en el plazo establecido en el apartado 4, la Unión o el Reino Unido podrán pedir al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje que seleccione al presidente por sorteo de entre las personas propuestas conjuntamente por la Unión y el Reino Unido para ejercer la presidencia.
6. El Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje llevará a cabo la selección a que se refiere el apartado 5, párrafo segundo, en el plazo de cinco días desde la petición a que se refiere el apartado 5. En la selección podrán estar presentes tanto representantes de la Unión como del Reino Unido.
7. La fecha de constitución del panel de arbitraje será la fecha en que se complete el procedimiento de selección.
8. En caso de que la lista a que se refiere el apartado 1 no haya sido elaborada al expirar el plazo establecido en el apartado 4, tanto la Unión como el Reino Unido designarán, en el plazo de cinco días, a dos personas para ejercer como miembros del panel. Si se ha propuesto a personas con arreglo al apartado 1, las designaciones se realizarán de entre las personas propuestas. El presidente será entonces nombrado de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 5. En caso de que, pasados cinco días más, la Unión y el Reino Unido no hayan propuesto conjuntamente al menos a una persona para ocupar la presidencia, el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje, en el plazo de cinco días y previa consulta a la Unión y al Reino Unido, propondrá un presidente que cumpla los requisitos enunciados en el apartado 2. Salvo que la Unión o el Reino Unido objeten esa propuesta en el plazo de cinco días, la persona propuesta por el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje quedará nombrada.
9. En caso de que no se constituya un panel de arbitraje en el plazo de tres meses desde la fecha de la petición presentada en virtud del artículo 170, el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje, a petición bien de la Unión o bien del Reino Unido, nombrará, en el plazo de quince días a partir de dicha petición y previa consulta a la Unión y al Reino Unido, a personas que cumplan los requisitos enunciados en el apartado 2 del presente artículo para constituir el panel de arbitraje.
Artículo 172
Reglamento de Procedimiento
Los procedimientos de solución de controversias establecidos en el presente título se regularán por el Reglamento de Procedimiento establecido en el anexo IX, parte A (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento»), y el Comité Mixto mantendrá bajo revisión constante el funcionamiento de dichos procedimientos de solución de controversias y podrá modificar el Reglamento de Procedimiento.
Artículo 173
Plazos del procedimiento ante el panel de arbitraje
1. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión, al Reino Unido y al Comité Mixto en el plazo de doce meses desde la fecha de constitución del panel de arbitraje. Si el panel de arbitraje considera que no puede cumplir ese plazo, su presidente lo notificará por escrito a la Unión y al Reino Unido, precisando los motivos de la demora y anunciando la fecha en que el panel estima que concluirá sus trabajos.
2. En el plazo de diez días desde la constitución del panel de arbitraje, la Unión o el Reino Unido podrán presentar una petición motivada a efectos de que el asunto se considere urgente. En tal caso, el panel de arbitraje resolverá sobre la urgencia en el plazo de quince días desde la recepción de dicha petición. Si resuelve que el asunto reviste carácter urgente, el panel de arbitraje hará todo lo posible para notificar su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución.
Artículo 174
Controversias que planteen cuestiones de Derecho de la Unión
1. Si una controversia sometida a arbitraje con arreglo al presente título plantea una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión, una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo o una cuestión relativa al cumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones que le impone el artículo 89, apartado 2, el panel de arbitraje no adoptará decisión alguna sobre dicha cuestión. En ese caso, pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelva sobre la cuestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá jurisdicción para emitir una resolución al respecto que sea vinculante para el panel de arbitraje.
El panel de arbitraje efectuará la petición a que se refiere el párrafo primero tras haber oído a las Partes.
2. Sin perjuicio del apartado 1, párrafo primero, frase primera, si la Unión y el Reino Unido consideran que debe efectuarse una petición con arreglo al apartado 1, podrán dirigirse al panel de arbitraje a esos efectos. En ese caso, el panel de arbitraje presentará la solicitud con arreglo al apartado 1, salvo que la cuestión planteada no esté relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo o el cumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones que le impone el artículo 89, apartado 2. El panel de arbitraje motivará su valoración al respecto. En el plazo de diez días desde la valoración, cualquiera de las Partes podrá pedir al panel de arbitraje que revise su valoración, y se organizará una audiencia a esos efectos en el plazo de quince días desde la petición de la Parte. El panel de arbitraje motivará su valoración al respecto.
3. En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, los plazos previstos en el artículo 173 quedarán suspendidos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido su resolución. El panel de arbitraje no estará obligado a emitir su laudo en un plazo inferior a sesenta días desde la fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido su resolución.
4. El artículo 161, apartado 2, párrafo primero, y el artículo 161, apartado 3, se aplicará mutatis mutandis a los procedimientos elevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al presente artículo.
Artículo 175
Cumplimiento del laudo del panel de arbitraje
El laudo del panel de arbitraje será vinculante para la Unión y el Reino Unido. La Unión y el Reino Unido tomarán todas las medidas necesarias para cumplir de buena fe el laudo del panel de arbitraje y procurarán acordar el plazo para cumplirlo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 176.
Artículo 176
Plazo razonable para el cumplimiento
1. A más tardar treinta días después de la notificación del laudo del panel de arbitraje a la Unión y al Reino Unido, si el panel de arbitraje ha resuelto en favor de la parte demandante, la parte demandada notificará a la parte demandante el plazo que considere necesario para el cumplimiento del laudo (en lo sucesivo, «plazo razonable»).
2. Si existe discrepancia entre la Unión y el Reino Unido sobre el plazo razonable para cumplir el laudo del panel de arbitraje, la parte demandante pedirá por escrito al panel de arbitraje, en el plazo de cuarenta días desde la notificación de la parte demandada en virtud del apartado 1, que determine el plazo razonable. Dicha petición será notificada simultáneamente a la parte demandada. El panel de arbitraje notificará su decisión sobre el plazo de cumplimiento a la Unión y al Reino Unido en los cuarenta días siguientes a la fecha de presentación de la petición.
3. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar la decisión será de sesenta días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. La parte demandada informará por escrito a la parte demandante sobre los avances realizados en el cumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173 al menos un mes antes de que expire el plazo razonable.
5. El plazo razonable podrá prorrogarse de común acuerdo entre la Unión y el Reino Unido.
Artículo 177
Revisión de cualquier medida adoptada para cumplir el laudo del panel de arbitraje
1. La parte demandada notificará a la parte demandante, antes del final del plazo razonable, cualquier medida que haya adoptado para cumplir el laudo del panel de arbitraje.
2. Si, al final del plazo razonable, la parte demandante considera que la parte demandada no ha cumplido el laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, la parte demandante podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de noventa días desde la fecha de presentación de la petición.
3. En caso de que el panel de arbitraje original o alguno de sus miembros no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar el laudo será de sesenta días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. Cuando un asunto llevado ante el panel de arbitraje en virtud del apartado 2 plantee una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión o una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo, se aplicará mutatis mutandis el artículo 174.
Artículo 178
Medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento
1. Si el panel de arbitraje resuelve, conforme al artículo 177, apartado 2, que la parte demandada no ha cumplido el laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, podrá imponer a la parte demandada, a petición de la parte demandante, el pago a esta última de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva. Para determinar la cantidad a tanto alzado o la multa coercitiva, el panel de arbitraje tendrá en cuenta la gravedad del incumplimiento y de la infracción subyacente de la obligación y la duración del incumplimiento y de la infracción subyacente de la obligación.
2. Si, un mes después del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el apartado 1, la parte demandada no ha abonado la cantidad a tanto alzado o la multa coercitiva que se le haya impuesto, o si, seis meses después del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 177, apartado 2, la parte demandada persiste en el incumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, la parte demandante tendrá derecho, previa notificación a la parte demandada, a que se suspendan sus obligaciones derivadas de:
a) cualquier disposición del presente Acuerdo diferente de las contenidas en la segunda parte; o
b) partes de cualquier otro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido en las condiciones establecidas en dicho acuerdo.
La notificación especificará las disposiciones cuya suspensión pretenda la parte demandante. Antes de decidir suspender partes de un acuerdo mencionado en la letra b), la parte demandante tomará en consideración si la suspensión de disposiciones del presente Acuerdo conforme a la letra a) sería una respuesta adecuada a la infracción. Toda suspensión será proporcionada a la infracción de la obligación de que se trate, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y los derechos en cuestión y, cuando la suspensión se fundamente en el hecho de que la parte demandada persiste en el incumplimiento del laudo del panel de arbitraje a que se refiere el artículo 173, si se ha impuesto o no una multa coercitiva a la parte demandada y su posible pago, completo o en curso, por dicha parte demandada.
La parte demandante podrá aplicar la suspensión en cualquier momento pero no antes de diez días después de la fecha de la notificación, salvo que la parte demandada haya solicitado el arbitraje en virtud del apartado 3.
3. Si la parte demandada considera que la prórroga de la suspensión establecida en la notificación a que se refiere el apartado 2 no es proporcionada, podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. Dicha petición se notificará a la parte demandante antes de que expire el plazo de diez días previsto en el apartado 2. El panel de arbitraje notificará su laudo a la Unión y al Reino Unido en el plazo de sesenta días desde la fecha de presentación de la petición. Las obligaciones no quedarán suspendidas hasta que el panel de arbitraje haya notificado su laudo, y cualquier suspensión será coherente con dicho laudo.
4. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver sobre una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. En esos casos, el plazo para notificar el laudo será de noventa días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
5. La suspensión de obligaciones será temporal y se aplicará únicamente hasta que cualquier medida que se considere incoherente con las disposiciones del presente Acuerdo se haya retirado o modificado, de manera que se alcance la conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, o hasta que la Unión o el Reino Unido hayan alcanzado un acuerdo para solucionar la controversia de otro modo.
Artículo 179
Revisión de las medidas adoptadas después de las medidas correctoras temporales
1. Cuando la parte demandante haya suspendido obligaciones conforme al artículo 178 o cuando el panel de arbitraje haya impuesto una multa coercitiva a la parte demandada con arreglo al artículo 178, apartado 1, la parte demandada notificará a la parte demandante cualquier medida que haya adoptado con objeto de cumplir el laudo del panel de arbitraje y su petición de que se ponga fin a la suspensión de obligaciones aplicada por la parte demandante o a la multa coercitiva.
2. Si, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación de la notificación, la Unión y el Reino Unido no alcanzan un acuerdo que dirima si la medida notificada conlleva la conformidad de la parte demandada con las disposiciones del presente Acuerdo, cualquiera de las partes podrá pedir por escrito al panel de arbitraje original que resuelva sobre el asunto. Dicha petición se notificará simultáneamente a la otra parte. El laudo del panel de arbitraje se notificará a la Unión y al Reino Unido y al Comité Mixto en el plazo de setenta y cinco días desde la fecha de presentación de la petición.
Si el panel de arbitraje resuelve que la parte demandada ha alcanzado la conformidad con el presente Acuerdo, o si la parte demandante no pide, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la presentación de la notificación a que se refiere el apartado 1, que el panel de arbitraje original resuelva sobre el asunto:
a) la suspensión de obligaciones finalizará en el plazo de quince días desde el laudo del panel de arbitraje o desde que expire el plazo de cuarenta y cinco días;
b) la multa coercitiva finalizará el día siguiente al del laudo del panel de arbitraje o al de expiración del plazo de cuarenta y cinco días.
3. En caso de que el panel de arbitraje original, o alguno de sus miembros, no puedan reunirse nuevamente para resolver una petición presentada con arreglo al apartado 2, se constituirá un nuevo panel de arbitraje de la forma que establece el artículo 171. El plazo para notificar el laudo será en ese caso de noventa días desde la fecha de constitución del nuevo panel de arbitraje.
4. Cuando un asunto llevado ante el panel de arbitraje en virtud del apartado 2 plantee una cuestión relacionada con la interpretación de un concepto del Derecho de la Unión o una cuestión relacionada con la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión a que se refiera el presente Acuerdo, se aplicará mutatis mutandis el artículo 174.
Artículo 180
Decisiones y laudos del panel de arbitraje
1. El panel de arbitraje hará todo lo posible para tomar sus decisiones por consenso. Cuando, no obstante lo anterior, no pueda alcanzarse una decisión por consenso, el asunto en cuestión se decidirá por mayoría de votos. Sin embargo, en ningún caso se publicarán votos particulares de los miembros de un panel de arbitraje.
2. Cualquier laudo del panel de arbitraje será vinculante para la Unión y el Reino Unido. El laudo establecerá los hechos probados, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la motivación que fundamente cualquier veredicto y conclusión. La Unión y el Reino Unido harán públicos en su integridad los laudos y decisiones del panel de arbitraje, a reserva de la protección de la información confidencial.
Artículo 181
Miembros de un panel de arbitraje
1. Los miembros de un panel de arbitraje serán independientes, actuarán a título personal y no aceptarán instrucciones de ninguna organización o gobierno, y cumplirán el Código de Conducta establecido en el anexo IX, parte B. El Comité Mixto podrá modificar dicho Código de Conducta.
2. Los miembros de un panel de arbitraje, a partir de la constitución de este, disfrutarán de la inmunidad de jurisdicción en la Unión y en el Reino Unido con respecto a sus actuaciones en el ejercicio de las funciones que les correspondan en dicho panel de arbitraje.
TÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 182
Protocolos y anexos
El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, el Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre, el Protocolo sobre Gibraltar y los anexos I a IX forman parte integrante del presente Acuerdo.
Artículo 183
Textos auténticos y depositario
El presente Acuerdo se redacta en un ejemplar único, en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de los textos en estas lenguas igualmente auténtico.
El Secretario General del Consejo será el depositario del presente Acuerdo.
Artículo 184
Negociaciones sobre las relaciones futuras
La Unión y el Reino Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, se esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con celeridad los acuerdos que regulen sus relaciones futuras a que se refiere la Declaración Política de 25 de noviembre de 2018 y para llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ratificación o la celebración de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del período transitorio.
Artículo 185
Entrada en vigor y aplicación
El presente Acuerdo entrará en vigor en una de las fechas siguientes, aquella que sea anterior:
a) el día siguiente al final del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, prorrogado por el Consejo Europeo de acuerdo con el Reino Unido, siempre que, con anterioridad a esa fecha, el depositario del presente Acuerdo haya recibido las notificaciones escritas de la Unión y del Reino Unido sobre la conclusión de los trámites internos necesarios;
b) el primer día del mes siguiente a la recepción por el depositario del presente Acuerdo de la última de las notificaciones escritas a que se refiere la letra a).
En caso de que, con anterioridad al final del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, prorrogado por el Consejo Europeo de acuerdo con el Reino Unido, el depositario del presente Acuerdo no haya recibido las notificaciones escritas a que se refiere la letra a), el presente Acuerdo no entrará en vigor.
En el momento de la notificación escrita a que se refiere el párrafo primero, la Unión, en relación con todo aquel Estado miembro que haya alegado motivos relacionados con los principios fundamentales del Derecho nacional de dicho Estado miembro, podrá declarar que, durante el período transitorio, además de los motivos para la no ejecución de una orden de detención europea mencionados en la Decisión Marco 2002/584/JAI, las autoridades judiciales de ejecución de dicho Estado miembro podrán denegar la entrega de sus nacionales al Reino Unido en virtud de una orden de detención europea. En tal caso, el Reino Unido podrá declarar, a más tardar un mes después de la recepción de la declaración de la Unión, que sus autoridades judiciales de ejecución podrán denegar la entrega de sus nacionales a dicho Estado miembro.
La segunda y tercera partes, con excepción del artículo 19, el artículo 34, apartado 1, el artículo 44, y el artículo 96, apartado 1, así como el título I de la sexta parte y los artículos 169 a 181, se aplicarán a partir del final del período transitorio.
El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte se aplicará a partir del final del período transitorio, con excepción de las disposiciones del Protocolo que se indican a continuación, que se aplicarán a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo:
— artículos 1, 2 y 3,
— artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, última frase, párrafo cuarto, párrafo quinto, última frase, y párrafo sexto,
— artículo 6, apartado 2, párrafo primero, segunda frase,
— artículo 12, apartado 2, última frase,
— artículo 14, apartado 3,
— artículo 16,
— artículo 17, apartados 1 a 4 y 6,
— artículo 21,
— artículo 4, apartado 3, tercera frase, y artículo 5, apartado 2, del anexo 2,
— artículo 4, apartado 1, segunda frase, artículo 8, apartado 1, y artículo 13, párrafo segundo, primera frase, del anexo 3,
— artículo 1, apartado 4, artículo 2, apartado 3, artículo 7, apartado 2, última frase, y artículo 8, párrafo primero, del anexo 4, y
— párrafo primero del anexo 9.
El Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, con excepción de su artículo 11, se aplicará a partir del final del período transitorio.
El Protocolo sobre Gibraltar, con excepción de su artículo 1, dejará de aplicarse al final del período transitorio.
Hecho el …
(1) DO C 23 de 28.1.1983, p. 1.
(2) DO C 306 de 17.12.2007, p. 270.
(3) Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, Islas Malvinas (Falkland), Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes británicas, Montserrat, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, territorio antártico británico y territorios británicos del Océano Índico.
(4) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(5) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(6) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
(7) El concepto de derechos de custodia debe interpretarse de conformidad con el artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003. Por consiguiente, se entiende que abarca los derechos de custodia conferidos en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos.
(8) Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141 de 27.5.2011, p. 1).
(9) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
(10) Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36).
(11) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(12) Directiva 74/556/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a las modalidades de las medidas transitorias que han de adoptarse en el ámbito de las actividades de comercio y distribución de productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las actividades de intermediario (DO L 307 de 18.11.1974, p. 1).
(13) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
(14) Reglamento (CE) n.o 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 1).
(15) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
(16) Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2).
(17) Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 74 de 27.3.1972, p. 1).
(18) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
(19) Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
(20) Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
(21) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
(22) Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).
(23) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(24) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
(25) Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1).
(26) Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
(27) Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 29).
(28) Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería (DO L 168 de 7.6.2014, p. 39).
(29) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
(30) Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO L 44 de 20.2.2008, p. 23).
(31) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 77 de 23.3.2011, p. 1).
(32) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9 de 14.1.2009, p. 12).
(33) Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154 de 16.6.2017, p. 1).
(34) Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3 de 5.1.2002, p. 1).
(35) Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
(36) Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
(37) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(38) Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
(39) Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).
(40) Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336 de 23.12.2015, p. 1).
(41) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(42) Reglamento (CE) n.o 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DO L 193 de 24.7.2009, p. 60).
(43) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
(44) Reglamento (CE) n.o 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (DO L 198 de 8.8.1996, p. 30).
(45) Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152 de 16.6.2009, p. 1).
(46) DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.
(47) DO C 326 de 21.11.2001, p. 2.
(48) Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(49) Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, p. 45).
(50) Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (DO L 76 de 22.3.2005, p. 16).
(51) Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO L 328 de 24.11.2006, p. 59).
(52) Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO L 327 de 5.12.2008, p. 27).
(53) Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (DO L 220 de 15.8.2008, p. 32).
(54) Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO L 93 de 7.4.2009, p. 23).
(55) Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI (DO L 93 de 7.4.2009, p. 33).
(56) Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20).
(57) Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
(58) Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2).
(59) Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).
(60) Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).
(61) Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).
(62) Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO L 239 de 22.9.2000, p. 19).
(63) DO C 24 de 23.1.1998, p. 2.
(64) Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (DO L 271 de 24.10.2000, p. 4).
(65) Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).
(66) Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
(67) Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito (DO L 332 de 18.12.2007, p. 103).
(68) Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DO L 119 de 4.5.2016, p. 132).
(69) Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
(70) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).
(71) Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).
(72) Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
(73) Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
(74) Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
(75) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(76) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(77) Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
(78) Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
(79) Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).
(80) Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
(81) Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DO L 181 de 29.6.2013, p. 4).
(82) Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
(83) Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
(84) Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).
(85) Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41).
(86) Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L 136 de 24.5.2008, p. 3).
(87) Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261 de 6.8.2004, p. 15).
(88) DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
(89) DO L 300 de 17.11.2005, p. 55.
(90) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(91) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
(92) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(93) Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
(94) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(95) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(96) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(97) Reglamento (CE) n.o 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) (DO L 340 de 16.12.2002, p. 1).
(98) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y n.o 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
(99) Reglamento (CEE) n.o 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7).
(100) Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
(101) Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
(102) Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos (DO L 57 de 3.3.2017, p. 1).
(103) Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33).
(104) Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).
(105) Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (DO L 199 de 2.8.2011, p. 48).
(106) Reglamento (Euratom) n.o 302/2005 de la Comisión, de 8 de febrero de 2005, relativo a la aplicación del control de seguridad de Euratom (DO L 54 de 28.2.2005, p. 1).
(107) Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
(108) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).
(109) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
(110) Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).
(111) Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
(112) Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).
(113) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(114) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(115) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(116) Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 842/2006 (DO L 150 de 20.5.2014, p. 195).
(117) Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 286 de 31.10.2009, p. 1).
(118) Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).
(119) Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).
(120) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de los datos relativos a la matriculación de los vehículos comerciales ligeros nuevos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1).
(121) Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión n.o 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
(122) Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
(123) Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (DO L 122 de 3.5.2013, p. 1).
(124) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 749/2014 de la Comisión, de 30 de junio de 2014, relativo a la estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la información notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 203 de 11.7.2014, p. 23).
(125) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1191/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se determinan el formato y los medios de transmisión de los informes a que se refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero (DO L 318 de 5.11.2014, p. 5).
(126) Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
(127) Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2073/2004 (DO L 121 de 8.5.2012, p. 1).
(128) Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84 de 31.3.2010, p. 1).
(129) Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades (DO L 74 de 27.3.1969, p. 1).
(130) Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).
(131) Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
(132) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(133) Decisión del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2004, relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (DO L 80 de 18.3.2004, p. 42).
(134) DO L 212 de 17.8.1994, p. 3.
(135) Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (DO L 331 de 14.12.2017, p. 57).
(136) Esto debe referirse, en particular, al artículo 7, artículo 30, artículo 42, apartado 4, artículo 48, apartados 2 a 6, y artículo 49 del TUE, así como al artículo 25, artículo 76, letra b), artículo 82, apartado 3, artículo 83, apartado 3, artículo 86, apartado 1, artículo 87, apartado 3, artículo 135, artículo 218, apartado 8, artículo 223, apartado 1, artículo 262, artículo 311 y artículo 341 del TFUE.
(*1) La Unión notificará a las demás Partes de estos acuerdos que durante el período transitorio el Reino Unido debe ser tratado como un Estado miembro a efectos de estos acuerdos.
(*2) En caso de prórroga, la Unión lo notificará a las demás Partes de los acuerdos internacionales.
(137) Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(138) Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (DO L 155 de 7.6.1989, p. 9).
(139) Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado (Reglamento RNB) (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1).
(140) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen las fichas de notificación de los fraudes e irregularidades que afecten a los derechos sobre los recursos propios tradicionales y de las inspecciones relativas a los recursos propios tradicionales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo (DO L 36 de 9.2.2018, p. 33).
(141) Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos propios y una ficha para la notificación de los importes irrecuperables correspondientes a los derechos sobre los recursos propios establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo (DO L 36 de 9.2.2018, p. 20).
(142) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(143) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(144) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
(145) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
(146) Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
(147) Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1).
(148) Reglamento n.o 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de julio de 1967, por el que se establece el régimen pecuniario del presidente y de los miembros de la Comisión, del presidente, los jueces, los abogados generales y el secretario del Tribunal de Justicia (DO P 187 de 8.8.1967, p. 1).
(149) Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).
(150) Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 29 de febrero de 2016, por el que se establece el régimen pecuniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE (DO L 58 de 4.3.2016, p. 1).
(151) Reglamento (UE) n.o 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (DO L 118 de 12.5.2010, p. 1).
(152) Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1).
(153) Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
(154) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 del Consejo, de 31 de octubre de 1994, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 293 de 12.11.1994, p. 1).
(155) Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (DO L 135 de 8.5.2014, p. 1).
(156) Decisión n.o 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de préstamos y garantías de préstamos concedidos para la realización de proyectos fuera de la Unión y por la que se deroga la Decisión n.o 633/2009/CE (DO L 280 de 27.10.2011, p. 1).
(157) Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la cuarta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 210 de 6.8.2013, p. 1).
(158) Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la ejecución del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 1).
(159) Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 17).
(160) DO L 25 de 30.1.1976, p. 168.
(161) DO L 347 de 22.12.1980, p. 210.
(162) DO L 86 de 31.3.1986, p. 210.
(163) DO L 229 de 17.8.1991, p. 288.
(164) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108.
(165) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.
(166) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.
(167) Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África [C(2015) 7293].
(168) Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, sobre la coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados (DO C 407 de 8.12.2015, p. 8).
(169) Decisión (UE) 2016/1353 del Consejo, de 4 de agosto de 2016, relativa al Reglamento Financiero de la Agencia Europea de Defensa y por la que se deroga la Decisión 2007/643/PESC (DO L 219 de 12.8.2016, p. 98).
(170) Decisión 2014/75/PESC del Consejo, de 10 de febrero de 2014, relativa al Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (DO L 41 de 12.2.2014, p. 13).
(171) Decisión 2014/401/PESC del Consejo, de 26 de junio de 2014, relativa al Centro de Satélites de la Unión Europea y por la que se deroga la Acción Común 2001/555/PESC relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea (DO L 188 de 27.6.2014, p. 73).
PROTOCOLOS
PROTOCOLO SOBRE IRLANDA/IRLANDA DEL NORTE
La Unión y el Reino Unido,
VISTOS los lazos históricos y el carácter duradero de las relaciones bilaterales entre Irlanda y el Reino Unido,
RECORDANDO que la retirada del Reino Unido de la Unión representa un reto considerable y único para la isla de Irlanda, y reafirmando que los logros, los beneficios y los compromisos del proceso de paz seguirán revistiendo una importancia capital para la paz, la estabilidad y la reconciliación en ella,
RECONOCIENDO que es necesario tratar las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda a través de una solución única para garantizar la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión,
RECORDANDO que el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), que se basa en el artículo 50 del TUE, no tiene por objeto establecer unas relaciones futuras permanentes entre la Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO la intención de la Unión y del Reino Unido de reemplazar la solución de último recurso respecto de Irlanda del Norte por un acuerdo ulterior que establezca medidas alternativas para garantizar la ausencia de una frontera física de carácter permanente en la isla de Irlanda,
VISTO el objetivo común de la Unión y del Reino Unido de mantener unas relaciones estrechas en el futuro, las cuales establecerán un ambicioso régimen aduanero sobre la base del territorio aduanero único previsto en el presente Protocolo, en el pleno respecto de sus respectivos ordenamientos jurídicos,
AFIRMANDO que el Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast, de 10 de abril de 1998, entre el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de Irlanda y otros participantes en las negociaciones multilaterales (en lo sucesivo, «Acuerdo de 1998»), que figura como anexo del Acuerdo británico-irlandés de la misma fecha (en lo sucesivo, «Acuerdo británico-irlandés»), incluidos los acuerdos y disposiciones de ejecución posteriores, deben preservarse íntegramente,
RECONOCIENDO que la cooperación entre Irlanda del Norte e Irlanda es una parte esencial del Acuerdo de 1998 y es fundamental para lograr la reconciliación y la normalización de las relaciones en la isla de Irlanda, y recordando los cometidos, funciones y salvaguardias del Ejecutivo de Irlanda del Norte, la Asamblea de Irlanda del Norte y el Consejo Ministerial Norte-Sur (incluidas sus disposiciones intercomunitarias), según se establecen en el Acuerdo de 1998,
SEÑALANDO que el Derecho de la Unión ha proporcionado un marco de apoyo para las disposiciones en materia de derechos, salvaguardias e igualdad de oportunidades del Acuerdo de 1998,
RECONOCIENDO que los ciudadanos irlandeses de Irlanda del Norte, en virtud de su ciudadanía de la Unión, seguirán disfrutando de, ejerciendo y teniendo acceso a derechos, oportunidades y beneficios, y que el presente Protocolo debe respetar y no menoscabar los derechos, las oportunidades y la identidad que emanan de la ciudadanía de la Unión para la población de Irlanda del Norte que decida ejercer su derecho a la ciudadanía irlandesa, según se define en el anexo 2 del Acuerdo británico-irlandés «Declaration on the Provisions of Paragraph (vi) of Article 1 in Relation to Citizenship»,
RECORDANDO el compromiso del Reino Unido de proteger la cooperación Norte-Sur y su garantía de evitar una frontera física, en particular infraestructuras físicas o inspecciones y controles conexos, y teniendo en cuenta que cualquier acuerdo futuro debe ser compatible con estos requisitos generales,
SEÑALANDO que ninguna disposición del presente Protocolo impide al Reino Unido garantizar el acceso sin restricciones al mercado para las mercancías que circulen desde Irlanda del Norte al resto del mercado interior del Reino Unido,
SUBRAYANDO que la Unión y el Reino Unido comparten el objetivo de evitar los controles en los puertos y los aeropuertos de Irlanda del Norte, en la medida de lo posible de conformidad con la legislación aplicable y teniendo en cuenta sus respectivos regímenes normativos, así como la ejecución de estos,
RECORDANDO que el Informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido sobre los avances realizados durante la primera fase de las negociaciones en virtud del artículo 50 del TUE sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, de 8 de diciembre de 2017, presenta tres escenarios diferentes para proteger la cooperación Norte-Sur y evitar una frontera física, pero que el presente Protocolo se basa en el tercer escenario por el que se mantiene la plena armonización con aquellas normas del mercado interior de la Unión y de la unión aduanera que, ahora o en el futuro, contribuyan a la cooperación Norte-Sur, la economía de toda la isla y la protección del Acuerdo de 1998, y cuya aplicación se prevé a menos que y hasta que se logre un acuerdo alternativo para llevar a cabo otro escenario,
SEÑALANDO que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada, el período transitorio podrá prorrogarse de común acuerdo,
RECORDANDO que la Unión y el Reino Unido han llevado a cabo un estudio que ha puesto de manifiesto que la cooperación Norte-Sur depende en gran medida de un marco jurídico y político común de la Unión,
SEÑALANDO que, por consiguiente, la retirada del Reino Unido de la Unión da lugar a dificultades importantes para el mantenimiento y el desarrollo de la cooperación Norte-Sur,
RECORDANDO que el Reino Unido mantiene su compromiso de proteger y apoyar la cooperación Norte-Sur y Este-Oeste en todos los contextos político, económico, de seguridad, sociedad y agrícola y marcos de cooperación, incluyendo la continuidad de las actividades de los organismos de ejecución Norte-Sur,
RECONOCIENDO la necesidad de que el presente Protocolo se ponga en ejecución de forma tal que se mantengan las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur, en particular por lo que respecta a las nuevas medidas que se puedan adoptar de conformidad con el Acuerdo de 1998,
RECORDANDO los compromisos de la Unión y del Reino Unido con los programas de financiación Norte-Sur PEACE e INTERREG con arreglo al marco financiero plurianual vigente, así como con el mantenimiento de los porcentajes actuales de financiación de cara al futuro programa,
AFIRMANDO el compromiso del Reino Unido de facilitar el tránsito eficiente y oportuno por su territorio de las mercancías que circulen desde Irlanda hacia otro Estado miembro o hasta un tercer país, y viceversa,
CONVENCIDOS de que la aplicación del presente Protocolo debe afectar en el menor grado posible a la vida cotidiana de las comunidades tanto de Irlanda como de Irlanda del Norte,
CONSCIENTES de que deben respetarse plenamente los derechos y las obligaciones de Irlanda en virtud de las normas del mercado interior de la Unión y de la unión aduanera,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo de Retirada:
Artículo 1
Objetivos y relación con el acuerdo ulterior
1. El presente Protocolo se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Acuerdo de 1998 respecto del estatuto constitucional de Irlanda del Norte y del principio de consentimiento, que establece que solo puede modificarse dicho estatuto con el consentimiento de la mayoría de su población.
2. El presente Protocolo respeta las funciones esenciales del Estado y la integridad territorial del Reino Unido.
3. El presente Protocolo establece las medidas necesarias para tratar las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda, mantener las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur, evitar una frontera física y preservar el Acuerdo de 1998 en todas sus dimensiones.
4. El Acuerdo de Retirada no tiene por objeto establecer unas relaciones permanentes entre la Unión y el Reino Unido. Por consiguiente, las disposiciones del presente Protocolo están destinadas a ser aplicadas solo de forma temporal, tomando en consideración los compromisos de la Unión y del Reino Unido recogidos en el artículo 2, apartado 1. Las disposiciones del presente Protocolo serán de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo ulterior las sustituya, en todo o en parte.
Artículo 2
Acuerdo ulterior
1. La Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para celebrar, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, un acuerdo que sustituya al presente Protocolo en todo o en parte.
2. Todo acuerdo ulterior entre la Unión y el Reino Unido indicará las partes del presente Protocolo a las que sustituye. Una vez entre en aplicación un acuerdo ulterior entre la Unión y el Reino Unido después de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, a partir de la fecha de la entrada en aplicación de dicho acuerdo ulterior y de conformidad con las disposiciones del mismo en que se determine el efecto que tendrá en el presente Protocolo, éste no se aplicará o dejará de aplicarse, según corresponda, en todo o en parte, no obstante lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 3
Prórroga del período transitorio
El Reino Unido, en vista de los avances realizados para la celebración del acuerdo a que se refieren el artículo 1, apartado 4, y el artículo 2, apartado 1, del presente Protocolo, podrá pedir, en cualquier momento antes del 1 de julio de 2020, la prórroga del período transitorio mencionado en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada. Si el Reino Unido formula tal petición, el período transitorio podrá prorrogarse de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada.
Artículo 4
Derechos de las personas
1. El Reino Unido garantizará que los derechos, las salvaguardias o la igualdad de oportunidades, reconocidos en la parte del Acuerdo de 1998 titulada «Derechos, Salvaguardias e Igualdad de Oportunidades», no se vean mermados a consecuencia de su retirada de la Unión, en particular en el ámbito de la protección contra la discriminación, que se consagra en las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 1 del presente Protocolo, y pondrá en ejecución el presente apartado a través de mecanismos específicos.
2. El Reino Unido seguirá facilitando la labor conexa de defensa de los derechos humanos y las normas sobre igualdad que llevan a cabo las instituciones y los organismos creados con arreglo al Acuerdo de 1998, incluida la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte y el Comité Mixto de Representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de Irlanda del Norte e Irlanda.
Artículo 5
Zona de Viaje Común
1. El Reino Unido e Irlanda podrán seguir concluyendo acuerdos mutuos relativos a la circulación de personas entre sus respectivos territorios (en lo sucesivo, «Zona de Viaje Común»), siempre que respeten plenamente los derechos conferidos a las personas físicas por el Derecho de la Unión.
2. El Reino Unido se asegurará de que la Zona de Viaje Común y los derechos y privilegios correspondientes puedan seguir aplicándose sin menoscabo de las obligaciones de Irlanda en virtud del Derecho de la Unión, especialmente en lo que se refiere a la libre circulación hacia, desde y dentro de Irlanda de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, con independencia de su nacionalidad.
Artículo 6
Territorio aduanero único y circulación de mercancías
1. Hasta que las relaciones futuras pasen a ser aplicables, se establecerá un territorio aduanero único entre la Unión y el Reino Unido (en lo sucesivo, «territorio aduanero único»). En consecuencia, Irlanda del Norte se encontrará en el mismo territorio aduanero que Gran Bretaña.
El territorio aduanero único comprenderá lo siguiente:
a) el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1); y
b) el territorio aduanero del Reino Unido.
Las normas del anexo 2 del presente Protocolo se aplicarán respecto de la totalidad del comercio de mercancías entre los territorios mencionados en el párrafo segundo y, cuando así se disponga, también entre el territorio aduanero único y terceros países. Con el fin de garantizar que se mantengan las condiciones de competencia equitativas necesarias para el correcto funcionamiento del presente apartado, se aplicarán las disposiciones del anexo 4 del presente Protocolo. Cuando sea conveniente, el Comité Mixto podrá modificar el anexo 4 para fijar normas más rigurosas a efectos de dichas condiciones de competencia equitativas.
El Comité Mixto adoptará, antes del 1 de julio de 2020, las normas de desarrollo relativas al comercio de mercancías entre las dos partes del territorio aduanero único a efectos de la ejecución del presente apartado. Si no se adopta dicha decisión antes del 1 de julio de 2020, se aplicará el anexo 3 del presente Protocolo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero, los productos de la pesca y de la acuicultura contemplados en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «productos de la pesca y de la acuicultura») no entrarán en el ámbito de aplicación de las normas de los anexos 2 y 4 del presente Protocolo, así como tampoco de las normas a que se refiere el párrafo cuarto del presente apartado, a menos que haya un acuerdo aplicable entre la Unión y el Reino Unido en materia de acceso a las aguas y las oportunidades de pesca. De conformidad con el artículo 184 del Acuerdo de Retirada, la Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para celebrar y ratificar dicho acuerdo antes del 1 de julio de 2020.
El Comité Mixto podrá adoptar decisiones de modificación del anexo 3 del presente Protocolo cuando las modificaciones sean necesarias para el correcto funcionamiento del presente apartado. Estas decisiones no podrán modificar los elementos esenciales del presente Protocolo ni del Acuerdo de Retirada.
El párrafo segundo se entiende sin perjuicio de las medidas específicas dispuestas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre.
2. La legislación que se define en el artículo 5, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 se aplicará a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte (con exclusión de las aguas territoriales del Reino Unido). No obstante, el Comité Mixto establecerá las condiciones, en particular en términos cuantitativos, en que se eximirá de derechos a determinados productos de la pesca y de la acuicultura que sean introducidos en el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 por buques que enarbolen pabellón del Reino Unido y cuyo puerto de registro se encuentre en Irlanda del Norte.
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 5 del presente Protocolo también se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los artículos 30 y 110 del TFUE se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. Se prohibirán las restricciones cuantitativas a la exportación y la importación entre la Unión e Irlanda del Norte.
Artículo 7
Protección del mercado interior del Reino Unido
1. Ninguna disposición del presente Protocolo impedirá al Reino Unido garantizar el acceso sin restricciones al mercado respecto de las mercancías que circulen desde Irlanda del Norte al resto del mercado interior del Reino Unido. Las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo que prohíban o restrinjan la exportación de mercancías se aplicarán al comercio entre los territorios mencionados en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, únicamente en la medida estricta en que lo exijan las obligaciones internacionales que incumban a la Unión. El Reino Unido velará por la plena protección con arreglo a los requisitos y compromisos internacionales que sean pertinentes a efectos de las prohibiciones y restricciones relativas a la exportación de mercancías desde la Unión a terceros países según lo establecido en el Derecho de la Unión.
2. Habida cuenta del lugar integral que ocupa Irlanda del Norte en el mercado interior del Reino Unido, la Unión y el Reino Unido se esforzarán al máximo para facilitar el comercio entre la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo y otras partes del territorio del Reino Unido, de conformidad con la legislación aplicable y tomando en consideración sus respectivos regímenes normativos, así como su ejecución. El Comité Mixto hará un seguimiento permanente de la aplicación del presente apartado y adoptará las recomendaciones correspondientes a fin de evitar los controles en los puertos y los aeropuertos de Irlanda del Norte en la medida de lo posible.
3. Ninguna disposición del presente Protocolo impedirá que un producto procedente de Irlanda del Norte sea presentado como procedente del Reino Unido al introducirlo en el mercado de Gran Bretaña.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo afectará a la normativa del Reino Unido por la que se regule la introducción en el mercado de otras partes del Reino Unido de las mercancías procedentes de Irlanda del Norte que sean conformes con o se beneficien de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones o las autorizaciones regulados por las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el anexo 5 del presente Protocolo.
Artículo 8
Reglamentaciones técnicas, evaluaciones, registros, certificados, homologaciones y autorizaciones
1. Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el anexo 5 del presente Protocolo, la licitud de la introducción de mercancías en el mercado de Irlanda del Norte se regirá por el Derecho del Reino Unido así como, en el caso de las mercancías importadas desde la Unión, por los artículos 34 y 36 del TFUE.
2. Cuando las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo prevean la indicación de un Estado miembro, incluido de forma abreviada, en marcas, etiquetas, marbetes o por otros medios, el Reino Unido, en lo que respecta a Irlanda del Norte, se indicará como «UK(NI)» o «United Kingdom (Northern Ireland)». Cuando las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo prevean la indicación en forma de código numérico, el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte se indicará mediante un código numérico diferenciable.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del presente Protocolo y en el artículo 7 del Acuerdo de Retirada, en lo referente al reconocimiento en un Estado miembro de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades de otro Estado miembro, o por un organismo establecido en otro Estado miembro, se entenderá que las referencias a los Estados miembros en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte en el caso de las reglamentaciones técnicas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido.
El párrafo primero no se aplicará a los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones de recintos, instalaciones o locales en Irlanda del Norte expedidos o llevados a cabo por las autoridades competentes del Reino Unido cuando el registro, la certificación, la homologación o la autorización puedan requerir la inspección de los recintos, las instalaciones o los locales.
El párrafo primero no se aplicará a los certificados veterinarios ni a las etiquetas oficiales para materiales de reproducción vegetal exigidos por las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo.
El párrafo primero se entiende sin perjuicio de la validez, en Irlanda del Norte, de las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo, sobre la base de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo, por las autoridades competentes del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido. Todo marcado de conformidad, logotipo o similar exigido por las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo que coloquen los agentes económicos con arreglo a evaluaciones, registros, certificados, homologaciones o autorizaciones expedidos por las autoridades competentes del Reino Unido o por organismos establecidos en el Reino Unido irá acompañado de la indicación «UK(NI)».
El Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no podrá incoar los procedimientos de oposición, salvaguardia o arbitraje previstos en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo en la medida en que tales procedimientos se refieran a las reglamentaciones técnicas, las normas, las evaluaciones, los registros, los certificados, las homologaciones y las autorizaciones expedidos o llevados a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros o por organismos establecidos en los Estados miembros.
El párrafo primero no impide que una persona cualificada someta a pruebas y proceda al despacho en Irlanda del Norte de un lote de medicamentos importado o fabricado en Irlanda del Norte.
Artículo 9
IVA e impuestos especiales
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 6 del presente Protocolo relativas a las mercancías se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
El Comité Mixto examinará periódicamente la ejecución del presente artículo y, cuando sea conveniente, adoptará las medidas necesarias en aras de su correcta aplicación.
Artículo 10
Agricultura y medio ambiente
Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 5 del presente Protocolo se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 11
Mercado único de la electricidad
Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los mercados de electricidad al por mayor enumeradas en el anexo 7 del presente Protocolo se aplicarán, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 12
Ayudas estatales
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo se aplicarán al Reino Unido, inclusive en el caso de las medidas de ayuda a la producción y el comercio de productos agrícolas en Irlanda del Norte, en lo que respecta a las medidas que afecten a este tipo de comercio entre la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo y la Unión.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del Derecho de la Unión que en él se mencionan no se aplicarán en relación con las medidas adoptadas por las autoridades del Reino Unido para apoyar la producción y el comercio de productos agrícolas en Irlanda del Norte hasta un nivel de ayuda anual global máximo determinado, y siempre y cuando un porcentaje mínimo determinado de la ayuda exenta se ajuste a lo dispuesto en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. El nivel de ayuda anual global exento máximo y el porcentaje mínimo estarán regulados por los procedimientos establecidos en el anexo 9.
3. Cuando la Comisión Europea examine la información relativa a una medida de las autoridades del Reino Unido que pueda constituir una ayuda ilegal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, se asegurará de mantener al Reino Unido plena y periódicamente informado de los progresos y del resultado del examen de la medida.
La Comisión Europea y la autoridad independiente a que se refiere el anexo 4, artículo 9, establecerán los mecanismos administrativos necesarios para la correcta ejecución del presente artículo y del anexo 4, cuarta parte, respectivamente, y mantendrán un seguimiento de tales mecanismos.
Artículo 13
Otros ámbitos de cooperación Norte-Sur
1. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 6, apartado 2, y los artículos 7 a 12, y respetando plenamente el Derecho de la Unión, el presente Protocolo se pondrá en ejecución y se aplicará de forma tal que se mantengan las condiciones necesarias para la prosecución de la cooperación Norte-Sur en ámbitos entre los que se incluyen el medio ambiente, la sanidad, la agricultura, el transporte, la educación y el turismo, así como en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la pesca en aguas interiores, la justicia y la seguridad, la educación superior y el deporte.
Con pleno respeto del Derecho de la Unión, el Reino Unido e Irlanda podrán seguir adoptando nuevas medidas que complementen las disposiciones del Acuerdo de 1998 en otros ámbitos de cooperación Norte-Sur en la isla de Irlanda.
2. El Comité Mixto hará un seguimiento constante del grado en que la ejecución y la aplicación del presente Protocolo mantienen las condiciones necesarias para la cooperación Norte-Sur. El Comité Mixto podrá formular a la Unión y al Reino Unido las recomendaciones apropiadas a este respecto, incluso a recomendación del Comité especializado.
Artículo 14
Ejecución, aplicación, seguimiento y garantía del cumplimiento
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades del Reino Unido serán responsables de la ejecución de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo y de su aplicación a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los representantes de la Unión tendrán derecho a estar presentes durante cualquier actividad de las autoridades del Reino Unido relacionada con la ejecución y la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo, y el Reino Unido proporcionará, previa petición, toda la información pertinente en lo referente a tales actividades. El Reino Unido facilitará la mencionada presencia de los representantes de la Unión y les proporcionará la información pedida. Cuando un representante de la Unión pida a las autoridades del Reino Unido que apliquen medidas de control en casos específicos y por motivos debidamente justificados, las autoridades del Reino Unido aplicarán dichas medidas de control.
3. El Comité Mixto, a propuesta del Comité especializado, determinará las modalidades prácticas de trabajo en lo referente al ejercicio de los derechos de los representantes de la Unión a que se refiere el apartado 2.
4. Por cuanto se refiere al artículo 6, apartado 2, y los artículos 8 a 12 del presente Protocolo, así como el artículo 7, apartado 1, del anexo 4 del presente Protocolo respecto de las medidas de los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos de la Unión dispondrán, en relación con el Reino Unido y las personas físicas y jurídicas residentes o establecidas en el territorio del Reino Unido, de las facultades que les confiere el Derecho de la Unión. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente tal como se establece en los Tratados a este respecto. En este sentido, el artículo 267, párrafos segundo y tercero, del TFUE se aplicará a y en el Reino Unido.
5. Los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión adoptados de conformidad con el apartado 4 producirán los mismos efectos jurídicos para el Reino Unido, y en su territorio, que los que produzcan en la Unión y en sus Estados miembros.
6. Cuando representen o asistan a una parte en relación con los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de las facultades de las instituciones, órganos y organismos de la Unión a que se refiere el apartado 4, los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que representan o asisten a una parte en relación con dichos procedimientos administrativos.
7. En los asuntos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del apartado 4:
a) el Reino Unido podrá tomar parte en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma forma que un Estado miembro;
b) los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrán representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tales asuntos y serán tratados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros representando o asistiendo a una parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Artículo 15
Disposiciones comunes
1. A efectos del presente Protocolo, las referencias al Reino Unido en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada se entenderán como referencias al Reino Unido o al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda.
No obstante cualesquiera otras disposiciones del presente Protocolo, se entenderá que toda referencia al territorio definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 contenida en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada y del presente Protocolo, así como en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, incluye la parte del territorio del Reino Unido a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 en virtud del artículo 6, apartado 2, del presente Protocolo.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, el término «territorio aduanero» tendrá el mismo significado que en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Los títulos I y III de la tercera parte y la sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente Protocolo:
— por «tercer país» se entenderá un país o territorio que no pertenece a los territorios aduaneros contemplados en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo,
— por «parte del territorio aduanero único» se entenderá, bien el territorio aduanero de la Unión definido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, bien el territorio aduanero del Reino Unido.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 5, del Acuerdo de Retirada, las disposiciones del presente Protocolo relativas al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, y salvo que se disponga de otro modo, cuando el presente Protocolo haga referencia a un acto de la Unión, la referencia se entenderá hecha a dicho acto de la Unión modificado o sustituido.
5. Cuando la Unión adopte un acto nuevo que entre dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo, pero que no modifique ni sustituya a uno de los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo, la Unión informará al Reino Unido de la adopción de dicho acto en el Comité Mixto. A petición de la Unión o del Reino Unido, el Comité Mixto celebrará, en el plazo de seis semanas después de la petición, un intercambio de puntos de vista acerca de las repercusiones que el nuevo acto adoptado pueda tener para el correcto funcionamiento del presente Protocolo.
Tan pronto como sea razonablemente factible después de que la Unión haya informado al Reino Unido en el Comité Mixto, éste último:
a) adoptará una decisión por la que se incorpore el nuevo acto adoptado al anexo correspondiente del presente Protocolo; o
b) cuando no sea posible alcanzar un acuerdo sobre la incorporación del nuevo acto adoptado al anexo correspondiente del presente Protocolo, estudiará cualquier otra posibilidad que permita mantener el buen funcionamiento del presente Protocolo y tomará las decisiones necesarias al efecto.
Si el Comité Mixto no adopta una decisión según lo previsto en el párrafo segundo en un plazo razonable, la Unión, después de notificarlo al Reino Unido, podrá tomar las medidas correctoras adecuadas. Estas medidas surtirán efecto, como muy pronto, seis meses después de que la Unión haya informado al Reino Unido de conformidad con el párrafo primero, pero en ningún caso surtirán efecto antes de la fecha en que el nuevo acto adoptado se ponga en ejecución en la Unión.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 7 del Acuerdo de Retirada, a menos que la Unión considere que el acceso total o parcial por el Reino Unido o por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda, es estrictamente necesario para que el Reino Unido pueda cumplir sus obligaciones en virtud del presente Protocolo, inclusive cuando tal acceso sea necesario porque el acceso a la información pertinente no pueda ser facilitado por el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 17 del presente Protocolo o por otros medios prácticos, se entenderá, en relación con el acceso a toda red, sistema de información o base de datos creados con base en el Derecho de la Unión, que las referencias a los Estados miembros y las autoridades competentes de los Estados miembros contenidas en las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables por el presente Protocolo no incluyen al Reino Unido o al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, según proceda.
7. Las autoridades del Reino Unido no actuarán como autoridad principal en las evaluaciones de riesgos, los exámenes, las homologaciones y las autorizaciones previstos en el Derecho de la Unión declarado aplicable por el presente Protocolo.
8. Los artículos 346 y 347 del TFUE se aplicarán al presente Protocolo en relación con las medidas adoptadas por un Estado miembro o por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Artículo 16
Comité especializado
El Comité sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte creado por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado») se encargará de:
a) facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
b) examinar las propuestas relativas a la ejecución y la aplicación del presente Protocolo presentadas por el Consejo Ministerial Norte-Sur y los organismos de ejecución Norte-Sur establecidos en virtud del Acuerdo de 1998;
c) estudiar todo asunto de interés para el artículo 4 del presente Protocolo que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte o el Comité Mixto de Representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de Irlanda del Norte e Irlanda pongan en su conocimiento;
d) debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad; y
e) formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo.
Artículo 17
Grupo de trabajo consultivo mixto
1. Se crea un grupo de trabajo consultivo mixto en relación con la ejecución del presente Protocolo (en lo sucesivo, «grupo de trabajo»). El grupo de trabajo actuará como foro para el intercambio de información y la consulta mutua.
2. El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido, y desempeñará sus funciones bajo la supervisión del Comité especializado, al que presentará sus informes. El grupo de trabajo no estará facultado para adoptar decisiones vinculantes salvo en lo referente a la adopción de su propio reglamento interno, como se menciona en el apartado 6.
3. En el grupo de trabajo:
a) la Unión y el Reino Unido intercambiarán información, de manera oportuna, acerca de las medidas pertinentes de ejecución previstas, en curso y definitivas en relación con los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo;
b) la Unión informará al Reino Unido de los actos que prevea adoptar dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo, incluidos los actos de la Unión que modifiquen o sustituyan a los actos enumerados en los anexos del presente Protocolo;
c) la Unión proporcionará al Reino Unido toda la información que la Unión considere necesaria para que el Reino Unido pueda cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo; y
d) el Reino Unido proporcionará a la Unión toda la información que los Estados miembros estén obligados a facilitarse entre sí o a las instituciones, órganos y organismos de la Unión con arreglo a los actos de la Unión enumerados en los anexos del presente Protocolo.
4. El grupo de trabajo estará copresidido por la Unión y el Reino Unido.
5. El grupo de trabajo se reunirá, como mínimo, una vez al mes, a menos que la Unión y el Reino Unido decidan otra cosa de común acuerdo. Cuando sea necesario, la Unión y el Reino Unido podrán intercambiar la información a que se refiere el apartado 3, letras c) y d), entre reuniones.
6. El grupo de trabajo adoptará su propio reglamento interno de común acuerdo.
7. La Unión velará por que se comuniquen a las instituciones, órganos y organismos de la Unión correspondientes sin demora injustificada todos los puntos de vista manifestados por el Reino Unido en el grupo de trabajo, así como toda la información, incluidos los datos científicos y técnicos, proporcionada por el Reino Unido en el grupo de trabajo.
Artículo 18
Medidas de salvaguardia
1. Si la aplicación del presente Protocolo da lugar a dificultades graves de tipo económico, social o medioambiental que tengan probabilidades de persistir, o a la desviación del comercio, la Unión o el Reino Unido podrán adoptar unilateralmente las medidas de salvaguardia adecuadas. El alcance y la duración de estas medidas de salvaguardia serán los estrictamente necesarios para remediar la situación. Se otorgará preferencia a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Protocolo.
2. Si una medida de salvaguardia adoptada de conformidad con el apartado 1 por la Unión o por el Reino Unido, según proceda, genera un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones en virtud del presente Protocolo, la Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán adoptar medidas de reequilibrio proporcionadas dentro de lo estrictamente necesario para remediar el desequilibrio. Se otorgará preferencia a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Protocolo.
3. Las medidas de salvaguardia y reequilibrio adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 se regirán por los procedimientos establecidos en el anexo 10 del presente Protocolo.
Artículo 19
Protección de los intereses financieros
La Unión y el Reino Unido lucharán contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión o a los intereses financieros del Reino Unido.
Artículo 20
Revisión
Si, en cualquier momento después del final del período transitorio, la Unión o el Reino Unido consideran que el presente Protocolo deja de ser necesario, en todo o en parte, para lograr los objetivos dispuestos en el artículo 1, apartado 3, y que debe dejar de aplicarse, en todo o en parte, podrán notificarlo a la otra Parte, exponiendo sus motivos.
En el plazo de seis meses desde dicha notificación, el Comité Mixto se reunirá a nivel ministerial para examinar la notificación, tomando en consideración todos los objetivos especificados en el artículo 1. El Comité Mixto podrá solicitar un dictamen de las instituciones creadas por el Acuerdo de 1998.
Si, tras el examen mencionado en el párrafo segundo y en el pleno respeto del artículo 5 del Acuerdo de Retirada, la Unión y el Reino Unido deciden conjuntamente en el seno del Comité Mixto que el Protocolo ha dejado de ser necesario, en todo o en parte, para lograr sus objetivos, el Protocolo dejará de aplicarse, en todo o en parte. En tal caso, el Comité Mixto formulará recomendaciones a la Unión y al Reino Unido acerca de las medidas necesarias, habida cuenta de las obligaciones de las Partes para con el Acuerdo de 1998.
Artículo 21
Los anexos 1 a 10 formarán parte integrante del presente Protocolo.
(1) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1).
ANEXO 1
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 1
— Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (1)
— Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (2)
— Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (3)
— Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (4)
— Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (5)
— Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (6)
(1) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(2) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(3) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(4) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(5) DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
(6) DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.
ANEXO 2
Artículo 1
Ámbito de aplicación
1. El presente anexo se aplicará, en las condiciones que se establecen en el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo, a todas las mercancías:
a) producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, incluidas las obtenidas o producidas, total o parcialmente, a partir de productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido;
b) procedentes de terceros países y en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido;
c) obtenidas o producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, y para cuya fabricación se hayan utilizado productos procedentes de terceros países que no se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión ni en el territorio aduanero del Reino Unido, siempre y cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido, en la parte exportadora del territorio aduanero único, los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente exigibles con respecto a dichas mercancías o a los productos de terceros países utilizados para su fabricación.
La expresión «obtenidas totalmente» de la letra a) tendrá el mismo significado en el territorio aduanero del Reino Unido que en el territorio aduanero de la Unión.
2. Las mercancías procedentes de terceros países se considerarán en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido, por la Unión o por el Reino Unido en su parte respectiva del territorio aduanero único, los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente exigibles y a condición de que las mercancías no se hayan beneficiado de un reembolso total o parcial de tales derechos o exacciones.
3. En lo que se refiere a las mercancías obtenidas o producidas en el territorio aduanero de la Unión o en el territorio aduanero del Reino Unido, que no estén incluidas en el apartado 1, letra c), y para cuya fabricación se hayan utilizado productos procedentes de terceros países que no se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero de la Unión ni en el territorio aduanero del Reino Unido, la parte importadora del territorio aduanero único aplicará la normativa aduanera aplicable a las mercancías procedentes de terceros países.
Artículo 2
Intercambios comerciales entre las partes del territorio aduanero único
1. Quedarán prohibidos entre las partes del territorio aduanero único los derechos de aduana de importación y exportación, así como cualquier exacción de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.
Los gravámenes por los controles aduaneros y por los demás actos de aplicación de la normativa aduanera entre las partes del territorio aduanero único se considerarán de efecto equivalente a los derechos de aduana. No obstante, se podrán imponer gravámenes o recuperar costes cuando las autoridades aduaneras presten servicios especiales y, en particular, los costes derivados:
a) cuando se solicite, de la presencia del personal de aduanas fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas;
b) de los análisis e informes de expertos sobre las mercancías y de las tarifas postales que deban pagarse en caso de devolución de aquellas a un solicitante, particularmente en el marco de las decisiones adoptadas o de la información facilitada previa solicitud;
c) del examen o muestreo de las mercancías para fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se produzcan costes que no sean los de la utilización del personal de aduanas;
d) de las medidas de control excepcionales que sean necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a los riesgos potenciales existentes.
2. Los artículos III, V y XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 («GATT de 1994») se incorporan como parte del presente Protocolo y se aplican, mutatis mutandis, entre las partes del territorio aduanero único.
3. Las normas del presente anexo no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito, cuando estas prohibiciones o restricciones estén justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial o comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no constituirán un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre las partes del territorio aduanero único.
4. Ninguna disposición del presente anexo se interpretará en el sentido de que:
a) obligue a la Unión o al Reino Unido a que proporcionen o permitan el acceso a información cuya divulgación consideren contraria a sus intereses esenciales de seguridad; o
b) impida a la Unión o al Reino Unido que adopten medidas que estimen necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:
i) relacionadas con la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra o relativas a la producción o el comercio de otras mercancías y materiales llevados a cabo directa o indirectamente para abastecer un establecimiento militar,
ii) relativas a materiales fisionables y fusionables o a los materiales de los que se derivan, o
iii) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales; o
c) impida a la Unión o al Reino Unido que adopten medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Artículo 3
Arancel aduanero aplicable a los intercambios con terceros países
1. El Reino Unido ajustará los aranceles y las normas aplicables en su territorio aduanero:
a) al arancel aduanero común de la Unión, que figura en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013;
b) a las normas de la Unión sobre el origen de las mercancías, que figuran en el capítulo 2 del título II del Reglamento (UE) n.o 952/2013; y
c) a las normas de la Unión sobre el valor en aduana de las mercancías, que figuran en el capítulo 3 del título II del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
2. El Reino Unido no podrá en ningún caso:
a) aplicar a su territorio aduanero un arancel aduanero inferior al arancel aduanero común sobre cualquier mercancía o importación procedente de cualquier tercer país; ni
b) aplicar o conceder en su territorio aduanero preferencias arancelarias a cualquier mercancía sobre la base de normas de origen diferentes de las que rigen la concesión de tales preferencias a la misma mercancía por parte de la Unión en su territorio aduanero.
3. El Reino Unido no podrá aplicar ni conceder en su territorio aduanero, sin acuerdo previo en el Comité Mixto, cualquier cuota, contingente arancelario o suspensión arancelaria.
4. Se informará al Reino Unido de cualquier decisión adoptada por la Unión para modificar el arancel aduanero común, suspender o restablecer derechos, y de cualquier decisión sobre cuotas, contingentes arancelarios o suspensiones arancelarias, con la suficiente antelación para permitirle ajustarse a dicha decisión. En caso necesario, se podrán celebrar consultas en el Comité Mixto.
Artículo 4
Política comercial
1. El territorio aduanero único cumplirá las disposiciones pertinentes del artículo XXIV del GATT de 1994. Con ese fin, el Reino Unido armonizará la política comercial aplicable a su territorio aduanero con la política comercial común de la Unión, en la medida necesaria para dar efecto al artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo y al artículo 3 del presente anexo, y aplicando reglamentaciones comerciales que no sean derechos de aduana, en particular las medidas contempladas en el artículo XI:I del GATT de 1994, que son sustancialmente las mismas que las de la Unión.
2. El Reino Unido velará por que, en lo que respecta a los productos contemplados en el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo, sus listas de concesiones a que se refiere el artículo II del GATT de 1994 se ajusten plenamente a las de la Unión y los compromisos sobre los contingentes arancelarios sean compatibles con los de la Unión y cumplan las disposiciones del artículo 3 del presente anexo. La Unión y el Reino Unido convienen en cooperar en los asuntos de la OMC relativos al reparto de contingentes arancelarios de la OMC y en la medida en que sea necesario para el funcionamiento del territorio aduanero único.
3. El régimen de defensa comercial de la Unión, y el Sistema de Preferencias Generalizadas («SPG»), abarcarán ambas partes del territorio aduanero único. La Unión consultará al Reino Unido sobre cualquier medida de defensa comercial o acción en el marco del régimen SPG que esté considerando adoptar. El Comité Mixto establecerá, al menos seis meses antes del final del período transitorio, los procedimientos para la aplicación del presente apartado.
Artículo 5
Cooperación administrativa
1. Además de la cooperación específica prevista en el anexo 3 del presente Protocolo, las autoridades administrativas de la Unión, incluidos sus Estados miembros, y del Reino Unido responsables de la ejecución de las disposiciones del presente anexo se prestarán asistencia administrativa mutua para garantizar el cumplimiento de tales disposiciones en lo que respecta al comercio de mercancías entre las partes del territorio aduanero único o con terceros países.
2. El Comité Mixto adoptará, al menos seis meses antes del final del período transitorio, las disposiciones adecuadas sobre la asistencia administrativa mutua a que se refiere el apartado 1, incluidas las relativas a la recuperación de deudas.
Artículo 6
Medidas correctoras específicas
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 170 a 179 del Acuerdo de Retirada, el artículo 6, apartado 1, del presente Protocolo y el artículo 2 del presente anexo, en caso de incumplimiento por parte del Reino Unido de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 3 y 4 del presente anexo en lo que se refiere a las mercancías y productos procedentes de terceros países, la Unión podrá imponer, cuando lo considere necesario para proteger la integridad del mercado único, aranceles u otras restricciones a la circulación de las mercancías de que se trate hacia o desde el territorio aduanero de la Unión. Se considerará que dichas mercancías no entran en el ámbito de aplicación del presente anexo, según lo establecido en el artículo 1, apartado 1.
2. Cuando la Unión constate, basándose en información objetiva, la existencia de un error en el territorio aduanero del Reino Unido en cuanto a la ejecución del anexo 3 del presente Protocolo, y dicho error tenga consecuencias sobre los aranceles de importación, la Unión pedirá al Comité Mixto que determine las medidas apropiadas para resolver la situación.
3. La sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicará a cualquier controversia relativa a la aplicación del presente artículo.
ANEXO 3
Artículo 1
Aplicación de los códigos aduaneros
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el anexo 2 del presente Protocolo, el Código Aduanero de la Unión y cualesquiera otras medidas y controles aplicables en el territorio aduanero de la Unión, y la Taxation (Cross-border Trade) Act [Ley de Tributación (Comercio Transfronterizo)] de 2018 del Reino Unido y sus disposiciones de aplicación, así como el resto de la normativa pertinente que sea aplicable en el territorio aduanero del Reino Unido, se aplicarán al comercio de mercancías entre las dos partes del territorio aduanero único en las condiciones establecidas en el presente Protocolo y el presente anexo.
Artículo 2
Formalidades al respecto del anexo 2, artículo 1, apartado 1, letra c)
1. A efectos de la ejecución del anexo 2, artículo 1, apartado 1, letra c), del presente Protocolo, se considerará que se han cumplido las formalidades de importación en la parte exportadora del territorio aduanero único con la validación del documento necesario para probar que la mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
2. La validación a que se refiere el apartado 1 conllevará el cobro en la parte exportadora del territorio aduanero único de los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente, cuando las mercancías de que se trate o los productos procedentes de terceros países usados en su fabricación de conformidad con el artículo 3 del anexo 2 del presente Protocolo estén sujetos a tales derechos o exacciones. Asimismo, dará lugar a la aplicación de las medidas de política comercial descritas en el artículo 4 del anexo 2 a las que puedan estar sujetas las mercancías.
3. Se entenderá que el momento en que deben cobrarse los derechos de aduana o las exacciones de efecto equivalente a que se refiere el apartado 2 es el momento en que las autoridades aduaneras competentes acepten la declaración de exportación relativa a las mercancías correspondientes.
4. El deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, la persona en cuyo nombre se realice la declaración también será deudor.
Artículo 3
Documentación justificativa
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, deberá facilitarse documentación justificativa que pruebe que una mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, expedida a petición del exportador por las autoridades aduaneras de las partes del territorio aduanero único.
Artículo 4
Certificado de circulación de mercancías A.UK.
1. La documentación justificativa mencionada en el artículo 3 será el certificado de circulación de mercancías A.UK. La Unión elaborará el modelo de certificado de circulación de mercancías A.UK. y las notas explicativas e informará al Comité Mixto al respecto. El uso de dicho modelo será obligatorio.
2. El certificado de circulación de mercancías A.UK. podrá utilizarse únicamente cuando:
a) después de la exportación y antes de ser declaradas para la importación, las mercancías no hayan sido alteradas, transformadas de ningún modo o sujetas a operaciones distintas de las destinadas a su conservación en buenas condiciones o al añadido o la colocación de marcas, etiquetas, sellos o cualquier otra documentación que garantice su conformidad con las exigencias nacionales específicas de la parte importadora del territorio aduanero único;
b) las mercancías hayan sido almacenadas o expuestas en un tercer país, siempre que las mercancías se mantengan bajo supervisión aduanera en dicho tercer país.
3. Sin perjuicio del apartado 2, el fraccionamiento de partidas podrá tener lugar en un tercer país si se lleva a cabo por el exportador o bajo su responsabilidad, y siempre que se mantengan bajo supervisión aduanera en dicho tercer país.
4. Se entenderá que se cumple lo dispuesto en el apartado 2 salvo que las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único tengan razones para pensar lo contrario. En esos casos, las autoridades aduaneras podrán pedir al declarante que facilite pruebas del cumplimiento, lo cual podrá hacerse por cualquier medio.
5. Las autoridades aduaneras concederán un certificado de circulación de mercancías A.UK. en la parte exportadora del territorio aduanero único cuando se exporten mercancías relacionadas con la misma. El certificado se pondrá a disposición del exportador en cuanto la exportación haya tenido lugar o esté asegurada.
6. Podrá concederse un certificado de circulación de mercancías A.UK. únicamente cuando pueda servir como documentación justificativa exigida a efectos de determinar que una mercancía entra en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
7. El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación de mercancías A.UK. estará preparado para presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único en la que se expida el certificado de circulación de mercancías A.UK., toda la documentación apropiada que demuestre el carácter de los productos de que se trate y que se satisfacen todos los demás requisitos del presente Protocolo y del anexo 2 del presente Protocolo.
8. Las autoridades aduaneras de expedición adoptarán todas las medidas necesarias para verificar el carácter de los productos y la observancia de los demás requisitos del presente Protocolo y del presente anexo. A estos efectos, tendrán derecho a solicitar cualquier prueba razonable y a llevar a cabo cualquier control que se considere adecuado. Las autoridades aduaneras de expedición se asegurarán también de que los certificados se han cumplimentado debidamente. En particular, comprobarán si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido cumplimentado de tal forma que excluya toda posibilidad de adiciones fraudulentas.
9. Los certificados de circulación de mercancías A.UK. deberán presentarse a las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único en el plazo de cuatro meses desde la fecha de expedición por las autoridades aduaneras en la parte exportadora del territorio aduanero único.
10. Un certificado de circulación de mercancías A.UK. presentado a las autoridades aduaneras en la parte importadora del territorio aduanero único después de la fecha final para la presentación especificada en el apartado 9 podrá aceptarse cuando la falta de presentación de dichos documentos a más tardar en la fecha final se deba a circunstancias excepcionales.
11. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único aceptarán un certificado de circulación de mercancías A.UK. cuando las mercancías correspondientes se hayan presentado a dichas autoridades antes de la fecha final para la presentación especificada en el apartado 9.
Artículo 5
Expedición a posteriori de certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, el certificado de circulación de mercancías A.UK. podrá, excepcionalmente, expedirse después de que se haya llevado a cabo o asegurado la exportación real de las mercancías a que se refiere si:
a) no se ha expedido en el momento de la exportación por errores u omisiones involuntarias o circunstancias especiales; o
b) se demuestra a satisfacción de las autoridades aduaneras que se expidió un certificado de circulación de mercancías A.UK. que no fue aceptado a la importación por motivos técnicos.
2. A efectos de la ejecución del apartado 1, el exportador deberá indicar en su solicitud el lugar y la fecha de exportación de los productos a los que se refiere el certificado de circulación de mercancías A.UK. y exponer las razones de su petición.
3. Las autoridades aduaneras podrán expedir un certificado de circulación de mercancías A.UK. a posteriori únicamente cuando estén convencidas de que se ha solicitado un certificado de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 6
Presentación de certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. Se presentará un certificado de circulación de mercancías A.UK. a las autoridades aduaneras en la parte importadora del territorio aduanero único de conformidad con los procedimientos establecidos en esa parte del territorio aduanero único. Dichas autoridades podrán exigir una traducción del certificado. Del mismo modo, podrán exigir que se acompañe la declaración de importación con una declaración del importador a efectos de que las mercancías entren en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1.
2. La detección de pequeñas discordancias entre los datos que figuren en el certificado de circulación de mercancías A.UK. y los contenidos en los documentos presentados a las autoridades aduaneras, en cumplimiento de las formalidades de importación de las mercancías, no supondrá ipso facto la nulidad de pleno derecho de los certificados si se comprueba debidamente que estos corresponden a las mercancías presentadas.
3. Los errores de forma evidentes, tales como las erratas de mecanografía en los certificados de circulación de mercancías A.UK., no deberán ser causa suficiente para que esos certificados sean rechazados, si no se trata de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en los mismos.
Artículo 7
Sustitución de los certificados de circulación A.UK.
Cuando las mercancías se pongan bajo el control de una aduana en cualquiera de las partes del territorio aduanero único, se podrá sustituir el certificado de circulación de mercancías A.UK. original por uno o más certificados de circulación de mercancías A.UK. para enviar estas mercancías o algunas de ellas a otro punto del territorio aduanero único. Los certificados de circulación de mercancías A.UK. sustitutorios serán expedidos por la aduana bajo cuyo control se encuentren los productos.
Artículo 8
Cooperación administrativa
1. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros y del Reino Unido se facilitarán mutuamente, por medio de la Comisión Europea, los modelos de sellos utilizados en sus aduanas para la expedición de los certificados de circulación de mercancías A.UK., así como las direcciones de las autoridades aduaneras responsables de la verificación de esos certificados.
2. Para garantizar la correcta aplicación del presente Protocolo, la Unión y el Reino Unido se prestarán asistencia mutua, a través de las administraciones aduaneras competentes, en la comprobación de la autenticidad de los certificados de circulación de mercancías A.UK. y la exactitud de la información contenida en ellos.
Artículo 9
Verificación de los certificados de circulación de mercancías A.UK.
1. Las verificaciones posteriores de los certificados de circulación de mercancías A.UK. se llevarán a cabo aleatoriamente o siempre que las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único alberguen dudas razonables acerca de la autenticidad de los certificados, el carácter de los productos correspondientes o el cumplimiento de las demás exigencias del presente Protocolo y de sus anexos, siempre que dicha verificación no se produzca después de pasados tres años desde la expedición de un certificado de circulación de mercancías A.UK. por las autoridades aduaneras en la parte exportadora del territorio aduanero único.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único enviarán a las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único el certificado de circulación de mercancías A.UK., así como la factura, si ha sido presentada, o una copia de esos documentos, enunciando, cuando proceda, las razones de la indagación. A fin de ayudar a la verificación, se enviarán todos los documentos necesarios y toda la información recogida que indique que la información sobre el certificado de circulación de mercancías A.UK. es incorrecta.
3. Las autoridades aduaneras de la parte exportadora del territorio aduanero único llevarán a cabo la verificación. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba razonable e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra comprobación que consideren necesaria.
4. Si las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único deciden denegar a los productos correspondientes el trato establecido en el anexo 2 a la espera de los resultados de la verificación, se ofrecerá al importador el levante de los productos condicionado a cualesquiera medidas de precaución que se consideren necesarias.
5. En un plazo máximo de diez meses, se informará a las autoridades aduaneras que hayan solicitado la verificación de los resultados de la misma. Dichos resultados deberán indicar claramente si los documentos son auténticos y si los productos correspondientes entraban en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, y cumplir los demás requisitos del presente Protocolo y sus anexos.
6. Si, en caso de duda razonable, no se recibe una respuesta en el plazo de diez meses o la respuesta no contiene información suficiente para determinar la autenticidad del documento en cuestión o el verdadero carácter de los productos, las autoridades aduaneras solicitantes denegarán, salvo que concurran circunstancias excepcionales, el trato establecido en el presente Protocolo y sus anexos.
Artículo 10
Controversias relativas al procedimiento de verificación
1. En caso de que surjan controversias en relación con los procedimientos de verificación establecidos en el artículo 9 que no puedan solucionarse entre las autoridades aduaneras que pidan una verificación y las autoridades aduaneras encargadas de llevarla a cabo, o cuando se planteen interrogantes en relación con la interpretación del presente anexo, tales controversias se remitirán al Comité Mixto.
2. A petición de la Unión o del Reino Unido, se mantendrán consultas en el seno del Comité Mixto durante un período de noventa días desde la fecha de remisión a que se refiere el apartado 1, con vistas a resolver esas diferencias. El período de consultas podrá prorrogarse caso por caso por acuerdo escrito entre las partes. Después de este período, las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único podrán tomar su decisión sobre el carácter de las mercancías correspondientes.
3. En todos los casos, las controversias entre el importador y las autoridades aduaneras de la parte importadora del territorio aduanero único se resolverán con arreglo a la legislación de esa parte del territorio aduanero único.
Artículo 11
Sanciones
Se impondrán sanciones a cualquier persona que cumplimente, o haga que se cumplimente, un documento que contenga información incorrecta a efectos de obtener el trato establecido en el presente Protocolo y en el anexo 2 del presente Protocolo. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 12
Disposiciones relativas a las mercancías que transporten los viajeros
Siempre que no se pretendan destinar a un uso comercial, las mercancías transportadas por los viajeros de una parte del territorio aduanero único a la otra parte del mismo se beneficiarán del trato establecido en el anexo 2 del presente Protocolo sin estar supeditadas al certificado contemplado en los artículos 3 a 11 del presente anexo cuando dichas mercancías sean declaradas como mercancías que entran en el ámbito de aplicación del anexo 2, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1, y no haya dudas al respecto de la exactitud de la declaración.
El Comité Mixto debatirá periódicamente la ejecución del presente artículo y, si procede, adoptará las medidas necesarias para su correcta aplicación.
Artículo 13
Envíos postales
Los envíos postales, incluidos los paquetes postales, se beneficiarán del trato establecido en el anexo 2 del presente Protocolo sin estar supeditados al certificado contemplado en los artículos 3 a 11 del presente anexo, siempre que en el empaquetado o en los documentos de acompañamiento no haya ninguna indicación de que las mercancías objeto del envío no entran en el ámbito de aplicación del anexo 2 del presente Protocolo, según lo establecido en su artículo 1, apartado 1. Dicha indicación consistirá en un etiquetado que las autoridades competentes de la parte exportadora del territorio aduanero único deben colocar en todos los casos de este tipo.
La Unión elaborará el modelo del etiquetado a que se refiere el párrafo primero e informará al Comité Mixto al respecto. El uso del etiquetado basado en dicho modelo será obligatorio.
El Comité Mixto debatirá periódicamente la ejecución del presente artículo y, si procede, adoptará las medidas necesarias para su correcta aplicación.
ANEXO 4
PRIMERA PARTE
FISCALIDAD
Artículo 1
Fiscalidad
1. La Unión y el Reino Unido reconocen y se comprometen a aplicar los principios de buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad, en particular las normas mundiales sobre transparencia e intercambio de información y sobre equidad fiscal y las normas de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La Unión y el Reino Unido promoverán la buena gobernanza en materia fiscal, mejorarán la cooperación internacional en el ámbito fiscal y facilitarán la recaudación de los ingresos fiscales.
2. En el contexto de los compromisos de la Unión y del Reino Unido establecidos en el apartado 1, el Reino Unido seguirá aplicando las disposiciones de su Derecho nacional que transponen las siguientes disposiciones del Derecho de la Unión, aplicables al final del período transitorio:
a) Directiva 2011/16/UE del Consejo (1);
b) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo (2); y
c) artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
3. La Unión y el Reino Unido, reflejando la dirección apuntada por el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios del G-20 y la OCDE, reafirman su compromiso de restringir las medidas fiscales perniciosas.
En este contexto, el Reino Unido reafirma su compromiso con el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas establecido en las conclusiones del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 1997, como se refleja en el mandato y los criterios fijados en dichas conclusiones, así como las directrices relativas al Código de Conducta, aplicables al final del período transitorio.
4. El Comité Mixto podrá determinar las medidas necesarias para la ejecución del apartado 2 y debatirá todas las cuestiones relacionadas con la ejecución del apartado 3.
5. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de los apartados 1, 3 y 4 del presente artículo.
SEGUNDA PARTE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 2
No regresión en el nivel de protección medioambiental
1. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del territorio aduanero único, la Unión y el Reino Unido velarán por que el nivel de protección medioambiental establecido en las leyes, los reglamentos y las prácticas no se reduzca por debajo del nivel fijado en las normas comunes aplicables en la Unión y el Reino Unido al final del período transitorio en lo que respecta al acceso a la información medioambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en el ámbito medioambiental; la evaluación del impacto medioambiental y la evaluación medioambiental estratégica; las emisiones industriales, las emisiones atmosféricas y los objetivos y límites máximos de calidad del aire; la conservación de la naturaleza y la biodiversidad; la gestión de residuos; la protección y preservación del medio acuático; la protección y preservación del medio marino; la prevención, reducción y eliminación de los riesgos para la salud humana o el medio ambiente provocados por la producción, el uso, la liberación y la eliminación de sustancias químicas; y el cambio climático.
2. Reflejando sus principios comunes al final del período transitorio y su compromiso con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, al dar efecto a las obligaciones establecidas en el presente artículo, la Unión y el Reino Unido respetarán los siguientes principios en su respectiva legislación medioambiental:
a) el principio de precaución;
b) el principio de que deben adoptarse medidas preventivas;
c) el principio de que los daños al medio ambiente deben, preferentemente, corregirse en la fuente misma; y
d) el principio de «quien contamina paga».
3. Vistas las normas comunes contempladas en el apartado 1, el Comité Mixto adoptará decisiones en que se establezcan compromisos mínimos relativos a:
a) la reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos;
b) el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo que pueden usarse en las aguas territoriales, en las zonas económicas exclusivas, incluida la zona de control de las emisiones de SOx designada en la zona del mar del Norte y el mar Báltico, y en los puertos de los Estados miembros de la Unión y del Reino Unido; y
c) las mejores técnicas disponibles, incluidos los valores límite de emisión, en relación con las emisiones industriales.
Esas decisiones se aplicarán a partir del final del período transitorio.
4. La Unión y el Reino Unido adoptarán las medidas necesarias para cumplir sus respectivos compromisos con los acuerdos internacionales destinados a luchar contra el cambio climático, incluidos aquellos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como el Acuerdo de París de 2015.
5. El Reino Unido pondrá en ejecución un sistema de tarificación del carbono que tenga al menos la misma efectividad y alcance que el establecido en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).
6. La Unión y el Reino Unido reafirman su compromiso con la incorporación eficaz de los acuerdos medioambientales multilaterales de los que son parte en sus leyes, reglamentos y prácticas.
7. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 3
Supervisión y garantía del cumplimiento en materia de protección medioambiental
1. Teniendo en cuenta que en la Unión la aplicación efectiva del Derecho de la Unión que refleja las normas comunes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, está garantizada por la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando conforme a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento efectivo del artículo 2 y de sus leyes, reglamentos y prácticas que reflejen esas normas comunes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7.
El Reino Unido garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz y oportuna de las autoridades públicas y los miembros del público frente a vulneraciones de las leyes, los reglamentos y las prácticas, e introducirá medidas correctoras eficaces, incluidas medidas provisionales, que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
2. El Reino Unido pondrá en ejecución un sistema transparente para la supervisión, la presentación de información, la vigilancia y el cumplimiento efectivos a escala nacional de sus obligaciones en virtud del presente artículo y del artículo 2 por parte de uno o más organismos independientes y dotados de los recursos adecuados (en lo sucesivo, «organismo independiente»).
El organismo independiente estará facultado para llevar a cabo por iniciativa propia investigaciones relativas a posibles infracciones por los organismos y autoridades públicos del Reino Unido y para recibir denuncias a efectos de la realización de dichas investigaciones. Tendrá las facultades necesarias para desempeñar sus funciones, incluida la facultad de pedir información. El organismo independiente tendrá derecho a interponer una acción legal ante un órgano jurisdiccional competente en el Reino Unido en el marco de un procedimiento judicial apropiado, a fin de obtener una solución adecuada.
TERCERA PARTE
NORMAS LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 4
No regresión de las normas laborales y de protección social
1. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del territorio aduanero único, la Unión y el Reino Unido velarán por que el nivel de protección establecido en las leyes, los reglamentos y las prácticas no se reduzca por debajo del nivel fijado en las normas comunes aplicables en la Unión y el Reino Unido al final del período transitorio en el ámbito laboral y de la protección social y en lo que respecta a los derechos fundamentales en el trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, unas condiciones y normas laborales justas, los derechos de información y consulta en la esfera empresarial y la reestructuración.
2. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 5
Normas y acuerdos multilaterales en materia laboral y de protección social
1. Teniendo en cuenta la importancia de la cooperación y los acuerdos internacionales sobre asuntos laborales y de unos niveles elevados de protección social y laboral, junto con su protección efectiva, la Unión y el Reino Unido protegerán y promoverán el diálogo social en materia laboral entre los trabajadores y los empleadores, y sus respectivas organizaciones, y los gobiernos.
2. La Unión y el Reino Unido reafirman su compromiso con la incorporación efectiva en sus leyes, reglamentos y prácticas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las disposiciones de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, ratificados y aceptados por el Reino Unido y los Estados miembros, respectivamente.
3. La Unión y el Reino Unido intercambiarán información sobre las respectivas situaciones y avances de los Estados miembros y del Reino Unido en relación con la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo clasificados como actualizados por la propia Organización Internacional del Trabajo y de la Carta Social Europea revisada y los Protocolos conexos.
4. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
Artículo 6
Supervisión y garantía del cumplimiento de las normas laborales y de protección social
Teniendo en cuenta que en la Unión la aplicación efectiva del Derecho de la Unión que refleja las normas comunes a que se refiere el artículo 4, apartado 1, está garantizada por la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando conforme a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento eficaz del artículo 4 y de sus leyes, reglamentos y prácticas que reflejen esas normas comunes en todo su territorio, sin perjuicio del artículo 4, apartado 2.
El Reino Unido mantendrá un sistema efectivo de inspecciones laborales, garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz contra las vulneraciones de sus leyes, reglamentos y prácticas, y pondrá en funcionamiento medidas correctoras eficaces que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
CUARTA PARTE
AYUDAS ESTATALES
Artículo 7
Ayudas estatales
1. Con el fin de preservar un marco sólido y exhaustivo de control de las ayudas estatales que evite los falseamientos indebidos del comercio y la competencia, las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo se aplicarán al Reino Unido, al respecto de las medidas que afecten al comercio entre las partes del territorio aduanero único sujeto al anexo 2. No obstante, al respecto de las mencionadas medidas de las autoridades del Reino Unido, se entenderá que las referencias a la Comisión Europea en dichas disposiciones del Derecho de la Unión se refieren a la autoridad independiente contemplada en el artículo 9.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere dicho apartado no se aplicarán en lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido de ayuda a la producción y el comercio de productos agrícolas en el territorio aduanero del Reino Unido hasta un determinado nivel de ayuda anual global máximo, y siempre que un determinado porcentaje mínimo de esa ayuda exenta se ajuste a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. El nivel de ayuda anual global máximo y el porcentaje mínimo serán fijados por el Comité Mixto y se regirán por los procedimientos establecidos en el artículo 8 del presente anexo.
3. El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo 12 del presente Protocolo y del artículo 14, apartados 4 y 5, del presente Protocolo en lo que respecta a su artículo 12.
Artículo 8
Procedimientos a que se hace referencia en el artículo 7, apartado 2
El Comité Mixto determinará el nivel de ayuda anual global máximo exento inicial y el porcentaje mínimo exento a que se refiere el artículo 7, apartado 2, teniendo en cuenta la información más reciente disponible. El nivel de ayuda anual global máximo exento inicial tomará como referencia la concepción del futuro régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como la media anual del importe total del gasto en que se incurra en el territorio aduanero del Reino Unido en virtud de la política agrícola común con arreglo al actual MFP 2014-2020. El porcentaje mínimo inicial tomará como referencia la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como el porcentaje en que el gasto total en el marco de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura según lo notificado para el período correspondiente.
El Comité Mixto ajustará el nivel de las ayudas y el porcentaje contemplados en el párrafo primero, con la referencia de la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, a cualquier variación en el importe global de ayudas disponible en el marco de la política agrícola común en la Unión en cada futuro marco financiero plurianual.
Si el Comité Mixto no determina el nivel inicial de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo primero, o no ajusta el nivel de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo segundo, a más tardar al final del período transitorio o en el plazo de un año desde la entrada en vigor de un futuro marco financiero plurianual, según proceda, la aplicación del artículo 7, apartado 2, se suspenderá hasta que el Comité Mixto haya determinado o ajustado el nivel de ayuda y el porcentaje.
Artículo 9
Autoridad independiente
1. El Reino Unido creará o mantendrá una autoridad operativamente independiente (en lo sucesivo, «autoridad independiente»). En el ejercicio de sus funciones y sus facultades, la autoridad independiente contará con las garantías necesarias de independencia respecto de la influencia política o externa de cualquier otro tipo y actuará con imparcialidad.
2. En lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, la autoridad independiente tendrá las facultades y funciones equivalentes a aquellas de la Comisión Europea cuando actúe con arreglo a las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo. La autoridad independiente estará adecuadamente dotada de los recursos necesarios para la plena aplicación y la ejecución eficaz, conforme al artículo 7, apartado 1, de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo. Dichos recursos incluyen recursos humanos, técnicos y financieros, instalaciones e infraestructura.
3. Las decisiones de la autoridad independiente producirán con respecto a y en el Reino Unido los mismos efectos jurídicos que producen en la Unión y sus Estados miembros las decisiones comparables de la Comisión Europea cuando actúa con arreglo a las disposiciones del Derecho sobre ayudas estales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo.
Artículo 10
Cooperación
1. La Comisión Europea y la autoridad independiente cooperarán con objeto de garantizar una vigilancia coherente en el ámbito de las ayudas estatales en todo el territorio aduanero único.
2. La Comisión Europea y la autoridad independiente:
a) intercambiarán información y puntos de vista sobre la ejecución, la aplicación y la interpretación de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo; y
b) facilitarán información caso por caso e intercambiarán puntos de vista sobre asuntos concretos de ayudas estatales que afecten al comercio entre las partes del territorio aduanero único sujeto al anexo 2 del presente Protocolo; la Comisión Europea y la autoridad independiente intercambiarán esa información teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las exigencias del secreto profesional y de empresa.
3. Si la autoridad independiente decide incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, párrafos primero y segundo, del TFUE con respecto a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, la autoridad independiente comunicará dicha decisión a la Comisión Europea y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones conforme a los plazos aplicables fijados en el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (5).
4. La autoridad independiente consultará a la Comisión Europea sobre todos los proyectos de decisión que pretenda adoptar conforme al artículo 7, apartado 1, y al artículo 9. La Comisión Europea tendrá hasta tres meses para comunicar su dictamen, y la autoridad independiente tendrá en cuenta en la mayor medida posible dicho dictamen antes de adoptar su decisión. En casos de urgencia, la autoridad independiente podrá instar a la Comisión a comunicar su dictamen lo antes posible.
Cuando la Comisión Europea considere, durante el período al que se refiere el párrafo primero, que necesita más información antes de poder emitir su dictamen, podrá dirigir una petición de información adicional a la autoridad independiente. Ese período se suspenderá desde la fecha de la petición de la Comisión Europea y comenzará de nuevo desde la fecha de la recepción de la respuesta de la autoridad independiente.
La autoridad independiente no adoptará el proyecto de decisión hasta que la Comisión Europea haya comunicado su dictamen de conformidad con el párrafo primero.
Artículo 11
Órganos jurisdiccionales del Reino Unido
1. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia en virtud de los Tratados con respecto a los actos de la Comisión Europea en el ámbito de las ayudas estatales, en lo que respecta a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, del presente anexo, el Reino Unido garantizará que sus órganos jurisdiccionales sean competentes para:
a) revisar e imponer el cumplimiento por las autoridades del Reino Unido de la obligación en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE de notificar una medida propuesta y no llevarla a efecto hasta que la autoridad independiente la haya autorizado;
b) revisar la conformidad de las decisiones adoptadas por la autoridad independiente con las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo;
c) revisar e imponer el cumplimiento de las decisiones de la autoridad independiente por las autoridades del Reino Unido, e imponer sanciones en caso de incumplimiento;
d) decidir sobre las acciones por la inacción de la autoridad independiente, y conminar a la autoridad independiente a actuar; y
e) decidir sobre las acciones por daños y perjuicios de carácter privado y reconocer esos daños y perjuicios.
2. La Comisión Europea y las partes interesadas estarán legitimadas ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido en relación con esos asuntos.
El término «partes interesadas» del párrafo primero tendrá el mismo sentido que tiene en virtud de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo.
3. La Comisión Europea tendrá el derecho de intervenir en los asuntos a que hace referencia el apartado 1 presentados ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido por la autoridad independiente o cualquier parte interesada.
Artículo 12
Transparencia
Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho sobre ayudas estatales de la Unión enumeradas en el anexo 8 del presente Protocolo, el Reino Unido mantendrá un sistema de transparencia de las ayudas concedidas mediante concesiones individuales de ayuda estatal que superen los 500 000 EUR.
Artículo 13
Consultas
1. Si la Unión considera que la aplicación o la ejecución por el Reino Unido del artículo 7 y los artículos 9 a 12 puede menoscabar gravemente las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único, podrá pedir una consulta en el Comité Mixto con vistas a alcanzar una solución aceptable para todas las partes.
2. La consulta tendrá lugar sobre la base de una petición escrita que incluya una explicación de los motivos por los que la Unión pide la consulta. El Comité Mixto se reunirá en el plazo de treinta días desde la petición.
3. Si no se alcanza una solución aceptable para todas las partes en el Comité Mixto en el plazo de treinta días desde la reunión del Comité Mixto a que se refiere el apartado 2, la Unión podrá adoptar medidas provisionales conforme al artículo 14.
Artículo 14
Medidas provisionales
1. La Unión estará facultada, previa notificación al Reino Unido, a adoptar las medidas correctoras adecuadas:
a) de conformidad con el artículo 13, apartado 3; o
b) cuando la Unión considere que el Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 7 y los artículos 9 a 12 del presente anexo y la Unión haya comenzado las consultas en el Comité Mixto conforme al artículo 169 del Acuerdo de Retirada, siempre que la Unión considere que el incumplimiento del Reino Unido puede menoscabar las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único.
2. En el caso al que se refiere el apartado 1, letra b), las medidas correctoras adecuadas que adopte la Unión no podrán tener efecto antes del trigésimo día después de que la Unión lo haya notificado al Reino Unido.
3. Las medidas correctoras adecuadas que adopte la Unión dejarán de aplicarse cuando:
a) la Unión esté satisfecha con respecto a que el riesgo para las condiciones equitativas de competencia entre las partes del territorio aduanero único se haya corregido; o
b) en los casos sometidos a arbitraje conforme al artículo 170 del Acuerdo de Retirada, el panel de arbitraje haya decidido que el Reino Unido no ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 7 y los artículos 9 a 12 del presente anexo.
Artículo 15
Coordinación
1. El ejercicio por la autoridad independiente de sus facultades en virtud del artículo 9 del presente anexo con respecto a las medidas de las autoridades del Reino Unido sujetas al artículo 7, apartado 1, del presente anexo se entiende sin perjuicio de las facultades de la Comisión Europea en virtud del artículo 14, apartado 4, del presente Protocolo en lo que respecta a su artículo 12.
En particular:
a) una decisión de la autoridad independiente no dará pie a expectativas legítimas en virtud del Derecho de la Unión en lo que respecta a la aplicación del artículo 12 del presente Protocolo;
b) cuando la Comisión Europea, actuando en virtud del artículo 12 del presente Protocolo, y la autoridad independiente, actuando en virtud del artículo 7, apartado 1, y el artículo 9 del presente anexo, adopten decisiones relativas a la misma medida de las autoridades del Reino Unido, la decisión de la autoridad independiente se entenderá sin perjuicio de los efectos jurídicos en el Reino Unido de la decisión de la Comisión Europea en virtud del artículo 14, apartado 5, del presente Protocolo.
2. Cuando la autoridad independiente tenga conocimiento, por cualquier medio, de una medida de las autoridades del Reino Unido que pueda estar sujeta tanto al artículo 12, apartado 1, del presente Protocolo como al artículo 7, apartado 1, del presente anexo, podrá consultar informalmente a la Comisión Europea acerca de si esta considera que la medida en cuestión está sujeta al artículo 12, apartado 1, del presente Protocolo.
QUINTA PARTE
COMPETENCIA
Artículo 16
Principios
La Unión y el Reino Unido reconocen la importancia de una competencia libre y no falseada en sus relaciones comerciales y de inversión. La Unión y el Reino Unido reconocen que las prácticas empresariales contrarias a la competencia, las concentraciones de empresas y las intervenciones estatales pueden falsear el buen funcionamiento de los mercados y menoscabar los beneficios de la liberalización comercial.
La presente parte se entiende sin perjuicio de las disposiciones específicas aplicables en la Unión a los productos agrícolas de conformidad con el artículo 42 del TFUE y las leyes, los reglamentos y las prácticas equivalentes aplicables en el Reino Unido.
Artículo 17
Acuerdos entre empresas
1. En la medida en que pueda afectar al comercio entre la Unión y el Reino Unido, quedará prohibido lo siguiente: todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear la competencia, y en particular aquellos que:
a) fijen directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limiten o controlen la producción, los mercados, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) se repartan los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) apliquen a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
e) subordinen la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. Las disposiciones del apartado 1 podrán, sin embargo, ser declaradas inaplicables en caso de:
— cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
— cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuya a mejorar la producción o la distribución de las mercancías o a fomentar el progreso técnico o económico, reservando al mismo tiempo a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a) imponga a las empresas de que se trate restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
b) ofrezca a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
Artículo 18
Abuso de posición dominante
Cualquier abuso por una o más empresas de una posición dominante en los territorios de la Unión y del Reino Unido en su conjunto o en una parte sustancial de ellos quedará prohibido, en la medida en que pueda afectar al comercio entre la Unión y el Reino Unido.
Tales abusos podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
Artículo 19
Concentraciones de empresas
Las concentraciones entre empresas que sean notificables al Reino Unido o a la Unión o uno o más de sus Estados miembros y que puedan restringir de forma significativa la competencia efectiva o reducir sustancialmente la competencia, en particular como resultado de la creación o el refuerzo de una posición dominante, se declararán incompatibles, en la medida en que afecten al comercio entre la Unión y el Reino Unido, salvo que se ofrezcan o impongan medidas correctoras que disipen adecuadamente las reservas percibidas en lo que respecta a la competencia.
Artículo 20
Empresas públicas, empresas a las que se han concedido derechos o privilegios especiales o exclusivos y monopolios designados
1. En el caso de empresas públicas y de empresas a las que los Estados miembros o el Reino Unido concedan derechos especiales o exclusivos, la Unión y el Reino Unido velarán por que no se adopte ni se mantenga en vigor ninguna medida contraria a las normas de los artículos 17, 18 y 19.
2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los artículos 17, 18 y 19, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las funciones específicas a ellas confiadas. El desarrollo de los intercambios comerciales no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria a los intereses de la Unión y del Reino Unido.
Artículo 21
Interpretación
La Unión y el Reino Unido pondrán en ejecución y aplicarán los artículos 17 a 20 del presente anexo, en la medida en que reflejan conceptos del Derecho de la Unión, usando como fuentes de interpretación los criterios extraídos de la aplicación de los artículos 101, 102 y 106 del TFUE, así como todos los actos pertinentes adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, inclusive marcos, directrices, informes y otros actos aplicables en la Unión.
Artículo 22
Ejecución
1. La Unión y el Reino Unido adoptarán todas las medidas adecuadas para garantizar que sus respectivas normas en materia de competencia regulen de manera eficaz todas las prácticas enumeradas en los artículos 17 a 20.
En particular, el Reino Unido adoptará o mantendrá unas normas de competencia que regulen, de manera eficaz, todas las prácticas enumeradas en los artículos 17 a 20.
2. La Unión y el Reino Unido garantizarán el cumplimiento de las normas a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, en sus respectivos territorios.
A los efectos del párrafo primero, el Reino Unido creará o mantendrá una o más autoridades operativamente independientes (en lo sucesivo, «autoridad independiente»). La autoridad independiente contará con las garantías necesarias de independencia respecto de la influencia política o externa de cualquier otro tipo y estará capacitada para ejercer sus funciones y facultades con imparcialidad. Estará adecuadamente dotada de todas las facultades y los recursos necesarios para la plena aplicación y la garantía efectiva del cumplimiento de las normas en materia de competencia a que se refiere el apartado 1.
3. El Reino Unido aplicará las normas en materia de competencia a que se refiere el apartado 1 de forma transparente y no discriminatoria, respetando los principios de equidad procedimental y los derechos de defensa de las empresas de que se trate, con independencia de su nacionalidad o su estado en relación con la propiedad.
Artículo 23
Cooperación
1. Con el fin de reforzar la garantía del cumplimiento de una competencia efectiva, la Unión y el Reino Unido reconocen que redunda en su interés común fomentar la cooperación en lo que respecta al desarrollo de la política de competencia y la investigación de los asuntos antimonopolio y sobre fusiones.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido se esforzarán al máximo para coordinar, cuando sea posible y adecuado, sus actividades de garantía del cumplimiento en relación con el mismo asunto o asuntos conexos.
3. Para facilitar la cooperación a que se refiere el apartado 1, las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido podrán intercambiar información.
4. En la ejecución de los objetivos del presente artículo, la Unión y el Reino Unido, o las autoridades de competencia de la Unión y del Reino Unido, podrán celebrar un acuerdo separado o acordar un marco separado en relación con la cooperación entre las autoridades de competencia.
Artículo 24
Supervisión y solución de controversias
1. Teniendo en cuenta que en la Unión el cumplimiento efectivo está garantizado por la Comisión y el Tribunal de Justicia actuando con arreglo a los Tratados, el Reino Unido garantizará el cumplimiento efectivo de las disposiciones de los artículos 17 a 20 y no reducirá la eficacia de la garantía pública y privada del cumplimiento de sus leyes, reglamentos y prácticas en materia de competencia. En particular, el Reino Unido garantizará la existencia de procedimientos administrativos y judiciales que permitan una actuación eficaz y oportuna frente a las vulneraciones, e introducirá medidas correctoras eficaces, incluidas medidas provisionales, que garanticen que cualquier posible sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria y tenga un efecto real y desincentivador.
2. Los artículos 170 a 181 del Acuerdo de Retirada no se aplicarán al respecto de las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de los artículos 16 a 23 del presente anexo.
SEXTA PARTE
EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO, EMPRESAS A LAS QUE SE HAN CONCEDIDO DERECHOS Y PRIVILEGIOS ESPECIALES Y MONOPOLIOS DESIGNADOS
Artículo 25
Regulación neutra
1. La Unión y el Reino Unido respetarán y harán el mejor uso posible de las normas internacionales pertinentes, entre otras las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas.
2. Cualquier organismo de regulación o función de regulación que se cree o se mantenga en la Unión o en el Reino Unido:
a) será independiente de cualquiera de las empresas a las que regule y no será responsable ante ellas, con el fin de garantizar la efectividad de su función reguladora; y
b) actuará con imparcialidad en circunstancias similares con respecto a todas las empresas a las que regule.
3. La Unión y el Reino Unido garantizarán el cumplimiento de las leyes y reglamentos de forma coherente y no discriminatoria.
(1) Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
(3) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013; relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(4) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(5) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).
ANEXO 5
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 6, APARTADO 2, Y EL ARTÍCULO 10
1. Aspectos aduaneros generales (1)
— Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (2)
— Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (3)
— Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (4)
2. Protección de los intereses financieros de la Unión
A efectos de la aplicación de los actos enumerados en esta sección, la correcta recaudación de los derechos de aduana por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte se considerará parte de la protección de los intereses financieros de la Unión.
— Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (5)
— Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6)
3. Estadísticas comerciales
— Reglamento (CE) n.o 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3330/91 del Consejo (7)
— Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1172/95 del Consejo (8)
4. Aspectos comerciales generales
— Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.o 732/2008 del Consejo (9)
— Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las exportaciones (10)
— Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión (11)
— Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (12)
— Reglamento (CE) n.o 1215/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea (Balcanes Occidentales) (13)
— Reglamento (UE) 2017/1566 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la introducción de medidas comerciales autónomas temporales para Ucrania que complementan las concesiones comerciales amparadas en el Acuerdo de Asociación (14)
— Obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, o por Estados miembros actuando en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros actuando conjuntamente, en la medida en que estén relacionados con el comercio de mercancías entre la Unión y terceros países
5. Instrumentos de defensa comercial
— Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (15)
— Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (16)
— Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (17)
— Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (18)
— Reglamento (UE) 2015/476 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, relativo a las medidas que podrá adoptar la Unión a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (19)
— Reglamento (UE) 2015/477 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre las medidas que podrá tomar la Unión en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y las medidas de salvaguardia (20)
6. Reglamentos sobre salvaguardias bilaterales
— Reglamento (UE) n.o 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 3286/94 del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (21)
— Reglamento (UE) 2015/1145 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza (22)
— Reglamento (UE) 2015/475 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Islandia (23)
— Reglamento (UE) 2015/938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (24)
— Reglamento (UE) n.o 332/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra (25)
— Reglamento (UE) 2015/752 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (26)
— Reglamento (UE) n.o 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra (27)
— Reglamento (UE) n.o 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra (28)
— Reglamento (UE) 2016/400 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se aplican la cláusula de salvaguardia y el mecanismo antielusión establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (29)
— Reglamento (UE) 2016/401 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a la aplicación del mecanismo antielusión establecido en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra (30)
— Reglamento (UE) 2015/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra (31)
— Reglamento (UE) 2015/940 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra (32)
— Reglamento (UE) 2015/939 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, sobre ciertos procedimientos para aplicar el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra (33)
— Reglamento (UE) n.o 511/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Corea (34)
— Reglamento (UE) 2017/355 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo (*1), por otra (35)
— Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen acuerdos de asociación económica o conducen a su establecimiento (36)
7. Otros
— Reglamento (CE) n.o 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (37)
8. Mercancías (disposiciones generales)
— Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (38), con excepción de las disposiciones sobre las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información
— Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (39)
— Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93 (40)
— Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (41)
— Reglamento (CE) n.o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión n.o 3052/95/CE (42)
— Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (43)
— Reglamento (CE) n.o 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros (44)
— Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (45)
9. Vehículos de motor, incluidos tractores agrícolas o forestales
— Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor (46)
— Reglamento (UE) n.o 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE (47)
— Directiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (48)
— Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (49)
— Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (50)
— Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (51)
— Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (52)
— Reglamento (CE) n.o 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE (53)
— Reglamento (CE) n.o 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (54)
— Reglamento (CE) n.o 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE (55)
— Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (56)
— Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (57)
— Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (58)
— Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (59)
— Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (60)
— Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (61)
10. Aparatos elevadores y de manejo mecánico
— Directiva 73/361/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre el certificado y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (62)
— Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (63)
11. Aparatos de gas
— Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos (64)
— Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (65)
12. Recipientes a presión
— Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los generadores aerosoles (66)
— Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo (67)
— Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (68)
— Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de los recipientes a presión simples (69)
13. Instrumentos de medida
— Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico (70)
— Directiva 75/107/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida (71)
— Directiva 76/211/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el preacondicionamiento en masa o en volumen de ciertos productos en envases previamente preparados (72)
— Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades de medida, y que deroga la Directiva 71/354/CEE (73)
— Directiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo y se modifica la Directiva 76/211/CEE del Consejo (74)
— Directiva 2011/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por la que se derogan las Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 86/217/CEE del Consejo, relativas a la metrología (75)
— Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (76)
— Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (77)
14. Productos de construcción, maquinaria, transportadores por cable, equipos de protección individual
— Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (78)
— Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (79)
— Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (80)
— Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (81)
— Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1024/2012 y (UE) n.o 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Directiva 97/68/CE (82)
— Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (83)
15. Material eléctrico y equipos radioeléctricos
— Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (84)
— Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (85)
— Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (86)
— Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (87)
16. Textiles, calzado
— Reglamento (UE) n.o 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (88)
— Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor (89)
17. Cosméticos, juguetes
— Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (90)
— Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (91)
18. Embarcaciones de recreo
— Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (92)
19. Explosivos y artículos pirotécnicos
— Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (93)
— Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (94)
— Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (95)
20. Medicamentos
— Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (96)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en el párrafo segundo del artículo 2 y en el párrafo segundo del artículo 48 del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (97)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en los artículos 8, apartado 2, y 16 ter, apartado 1, de la Directiva, así como la referencia a la Unión en el párrafo segundo de su artículo 104, apartado 3, no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, con excepción de las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los medicamentos autorizados en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no se considerarán como medicamentos de referencia en la Unión.
— Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (98), con excepción del artículo 36
— Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (99)
— Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (100)
— Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (101)
Se entenderá que las referencias a la Comunidad en el artículo 12, apartado 2, y en el párrafo segundo del artículo 74 de la Directiva no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, con excepción de las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
Los medicamentos veterinarios autorizados en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no se considerarán como medicamentos de referencia en la Unión.
— Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (102)
— Artículo 13 de la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (103)
— Capítulo IX del Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE (104)
— Directiva 2009/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las materias que pueden añadirse a los medicamentos para su coloración (105)
— Reglamento (UE) 2016/793 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (106)
21. Productos sanitarios
— Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (107)
— Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (108)
— Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (109)
— Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (110)
— Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (111)
22. Sustancias de origen humano
— Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE (112)
— Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (113)
— Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante (114)
23. Sustancias y mezclas químicas y productos relacionados
— Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos (115)
— Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de buenas prácticas de laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas (116)
— Directiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a la inspección y verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (117)
— Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (118)
— Reglamento (CE) n.o 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (119)
— Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (120)
— Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (121)
— Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1102/2008 (122)
— Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (123)
— Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (124)
— Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (125)
— Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas (126)
24. Plaguicidas, biocidas
— Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (127)
— Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (128)
Se entenderá que la referencia a los Estados miembros en el artículo 43 del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (129)
Se entenderá que las referencias a los Estados miembros en los artículos 3, apartado 3, 15, apartado 1, y 28, apartado 4, así como en la letra g) del artículo 75, apartado 1, del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
25. Residuos
— Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (130)
— Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (131)
— Reglamento (UE) n.o 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE (132)
— Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado (133)
26. Medio ambiente, eficiencia energética
— Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (134)
— Reglamento (CE) n.o 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura (135)
— Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de miércoles, 25 de noviembre de 2009, sobre detergentes (136)
— Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (137)
— Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (138)
— Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE (139)
— Reglamento (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (140)
— Reglamento (CE) n.o 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (141)
— Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 842/2006 (142)
— Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (143)
— Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1102/2008 (144)
— Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (145)
— Reglamento (CEE) n.o 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel (146)
— Reglamento (CE) n.o 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (147)
— Reglamento (CE) n.o 1523/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohíbe la comercialización y la importación a la Comunidad, o exportación desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las contengan (148)
— Directiva 83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a la importación en los Estados Miembros de pieles de determinadas crías de foca y productos derivados (149)
— Reglamento (CE) n.o 106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos (150)
— Reglamento (CE) n.o 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales (151)
— Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (152)
— Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (153)
27. Equipos marinos
— Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (154)
28. Transporte por ferrocarril
— Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (155), por lo que respecta a las condiciones y las especificaciones técnicas necesarias para la puesta en el mercado, la entrada en servicio y la libre circulación de los productos ferroviarios
29. Alimentos (aspectos generales)
— Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (156)
Se entenderá que la referencia a cualquier Estado miembro en el artículo 29, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (157)
— Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (158)
30. Alimentos (higiene)
— Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (159)
— Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (160)
— Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana (161)
31. Alimentos (ingredientes, trazas, residuos, normas de comercialización)
— Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (162)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Reglamento (CE) n.o 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 258/97 (163)
— Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (164)
— Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 2232/96 y (CE) n.o 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE (165)
— Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (166)
— Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (167)
— Reglamento (CE) n.o 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie (168)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Reglamento (CEE) n.o 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (169)
— Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1852/2001 de la Comisión (170)
— Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión (171)
— Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria (172)
— Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (173)
— Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel (174)
— Directiva 2001/111/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana (175)
— Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (176)
— Reglamento (CE) n.o 1295/2008 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la importación del lúpulo procedente de terceros países (177)
— Reglamento (CE) n.o 1375/2007 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, sobre las importaciones de residuos de la fabricación de almidón de maíz procedentes de los Estados Unidos de América (178)
— Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana (179)
— Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana (180)
— Directiva 2001/114/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana (181)
— Directiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos destinados al consumo humano y por la que se deroga la Directiva 83/417/CEE del Consejo (182)
— Capítulo IV del título V del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (183)
— Sección 1 del capítulo I del título II de la parte II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (184)
32. Material en contacto con alimentos
— Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (185)
Se entenderá que la referencia a un Estado miembro en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no incluye al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (186)
33. Alimentos (otros)
— Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (187)
— Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa al establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (188)
— Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes (189)
— Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (190)
— Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (191)
— Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (192)
— Reglamento (Euratom) 2016/52 del Consejo, de 15 de enero de 2016, por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica, y se derogan el Reglamento (Euratom) n.o 3954/87 del Consejo y los Reglamentos (Euratom) n.o 944/89 y (Euratom) n.o 770/90 de la Comisión (193)
— Reglamento (CE) n.o 733/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil (194)
34. Piensos (productos e higiene)
— Reglamento (CE) n.o 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la comercialización y la utilización de los piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 y se derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del Consejo y la Decisión 2004/217/CE de la Comisión (195)
— Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (196)
— Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (197)
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en el punto 6 del anexo II del Reglamento no se aplican al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
— Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en la Comunidad (198)
— Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos (199)
35. Organismos modificados genéticamente
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (200), con excepción del párrafo segundo del artículo 32
Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
Se entenderá que las referencias a un Estado miembro en el artículo 10, apartado 1, y en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento no incluyen al Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.
— Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE (201)
— Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente (202)
— Parte C de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (203)
36. Animales vivos, material reproductivo y productos de origen animal
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
— Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (204)
— Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (205)
— Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina (206)
— Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros países (207)
— Directiva 2009/158/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países (208)
— Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE (209)
— Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie bovina (210)
— Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (211)
— Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina (212)
— Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el capítulo I del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (213)
— Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (214)
— Directiva 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la que se establecen normas zoosanitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados vivos, se modifican las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directiva 72/462/CEE (215)
— Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano (216)
— Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003 (217)
— Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (218)
37. Control de las enfermedades animales, control de las zoonosis
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
— Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (219)
— Directiva 77/391/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por la que se establece una acción de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis de los bovinos (220)
— Directiva 78/52/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1977, por la que se establecen los criterios comunitarios aplicables a los planes nacionales de erradicación acelerada de la brucelosis, de la tuberculosis y la leucosis enzoótica de los bovinos (221)
— Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa por la que se derogan la Directiva 85/511/CEE y las Decisiones 89/531/CEE y 91/665/CEE y se modifica la Directiva 92/46/CEE (222)
— Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE (223)
— Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica (224)
— Directiva 92/35/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1992, por la que se establecen las normas de control y las medidas de lucha contra la peste equina (225)
— Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de 2002, por la que se establecen disposiciones específicas de lucha contra la peste porcina africana y se modifica, en lo que se refiere a la enfermedad de Teschen y a la peste porcina africana, la Directiva 92/119/CEE (226)
— Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos (227)
— Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle (228)
— Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina (229)
— Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo (230)
— Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina (231)
38. Identificación de los animales
— Reglamento (CE) n.o 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (232)
— Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 820/97 del Consejo (233)
— Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la identificación y al registro de cerdos (234)
39. Cría de animales
— Artículo 37 y artículo 64, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal («Reglamento sobre cría animal») (235)
40. Bienestar de los animales
— Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.o 1255/97 (236)
— Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (237)
41. Fitosanidad
— Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (238)
— Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 228/2013, (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo (239)
42. Materiales de reproducción vegetal
— Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de cereales (240)
— Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid (241)
— Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción (242)
— Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas (243)
— Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las semillas de remolacha (244)
— Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la comercialización de semillas de plantas hortícolas (245)
— Directiva 2002/56/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de patatas de siembra (246)
— Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles (247)
— Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola (248)
43. Controles oficiales, controles veterinarios
Se entenderá que las referencias a los laboratorios nacionales de referencia en los actos que se enumeran en esta sección no incluyen al laboratorio de referencia del Reino Unido. Esto no impedirá que un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro cumpla las funciones de laboratorio nacional de referencia con respecto a Irlanda del Norte. La información y los materiales intercambiados a tal efecto entre las autoridades competentes de Irlanda del Norte y un laboratorio nacional de referencia situado en un Estado miembro no podrán ser divulgados posteriormente por el laboratorio nacional de referencia sin el consentimiento previo de dichas autoridades competentes.
— Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (249)
— Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (250)
— Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (251)
— Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (252)
— Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (253)
— Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior (254)
— Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (255)
44. Medidas sanitarias y fitosanitarias (otros)
— Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE (256)
— Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE (257)
45. Propiedad intelectual
— Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (258)
— Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (259)
— Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo (260)
— Secciones 2 y 3 del capítulo I del título II de la parte II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (261)
— Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1383/2003 del Consejo (262)
46. Pesca y acuicultura
— Reglamento (CEE) n.o 3703/85 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1985, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de comercialización para determinados pescados frescos o refrigerados (263)
— Reglamento (CEE) n.o 2136/89 del Consejo, de 21 de junio de 1989, por el que se establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas y de productos tipo sardina (264)
— Reglamento (CEE) n.o 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que se aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de atún y de bonito (265)
— Reglamento (CE) n.o 2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros (266)
— Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (267), en lo que se refiere a las disposiciones sobre tamaños mínimos de los organismos marinos
— Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006, en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización (268)
— Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (269), en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización e información de los consumidores
— Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (270), en lo que se refiere a las disposiciones sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura
— Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1936/2001 y (CE) n.o 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1093/94 y (CE) n.o 1447/1999 (271)
— Reglamento (CE) n.o 1035/2001 del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establece un sistema de documentación para las capturas de Dissostichus spp. (272)
— Reglamento (UE) n.o 640/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por el que se establece un programa de documentación de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1984/2003 del Consejo (273)
— Reglamento (CE) n.o 1100/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea (274)
47. Otros
— Parte III del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (275), con excepción del capítulo VI
— Reglamento (CE) n.o 2964/95 del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, por el que se establece un registro en la Comunidad de las importaciones y entregas de petróleo crudo (276)
— Reglamento (CE) n.o 2182/2004 del Consejo, de 6 de diciembre de 2004, sobre medallas y fichas similares a monedas de euro (277)
— Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (278)
— Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (279)
— Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales (280)
— Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 (281)
— Directiva 69/493/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1969, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre vidrio cristal (282)
— Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (283)
— Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (284)
— Reglamento (UE) n.o 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la falsificación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y por el que se establecen autorizaciones de exportación y medidas de importación y tránsito para las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (285)
— Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (286)
— Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (287)
— Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto (288)
— Medidas restrictivas vigentes basadas en el artículo 215 del TFUE, en tanto que estén relacionadas con el comercio de mercancías entre la Unión y terceros países
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(3) DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.
(4) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(5) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(6) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(7) DO L 102 de 7.4.2004, p. 1.
(8) DO L 152 de 16.6.2009, p. 23.
(9) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.
(10) DO L 83 de 27.3.2015, p. 34.
(11) DO L 160 de 25.6.2015, p. 1.
(12) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(13) DO L 328 de 15.12.2009, p. 1.
(14) DO L 254 de 30.9.2017, p. 1.
(15) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(16) DO L 176 de 30.6.2016, p. 55.
(17) DO L 83 de 27.3.2015, p. 16.
(18) DO L 123 de 19.5.2015, p. 33.
(19) DO L 83 de 27.3.2015, p. 6.
(20) DO L 83 de 27.3.2015, p. 11.
(21) DO L 189 de 27.6.2014, p. 50.
(22) DO L 191 de 17.7.2015, p. 1.
(23) DO L 83 de 27.3.2015, p. 1.
(24) DO L 160 de 25.6.2015, p. 57.
(25) DO L 103 de 5.4.2014, p. 10.
(26) DO L 123 de 19.5.2015, p. 16.
(27) DO L 17 de 19.1.2013, p. 1.
(28) DO L 17 de 19.1.2013, p. 13.
(29) DO L 77 de 23.3.2016, p. 53.
(30) DO L 77 de 23.3.2016, p. 62.
(31) DO L 160 de 25.6.2015, p. 76.
(32) DO L 160 de 25.6.2015, p. 69.
(33) DO L 160 de 25.6.2015, p. 62.
(34) DO L 145 de 31.5.2011, p. 19.
(*1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(35) DO L 57 de 3.3.2017, p. 59.
(36) DO L 185 de 8.7.2016, p. 1.
(37) DO L 157 de 9.6.2006, p. 1.
(38) DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.
(39) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(40) DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
(41) DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
(42) DO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
(43) DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
(44) DO L 337 de 12.12.1998, p. 8.
(45) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.
(46) DO L 42 de 23.2.1970, p. 16.
(47) DO L 158 de 27.5.2014, p. 131.
(48) DO L 310 de 25.11.2005, p. 10.
(49) DO L 161 de 14.6.2006, p. 12.
(50) DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.
(51) DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.
(52) DO L 151 de 14.6.2018, p. 1.
(53) DO L 35 de 4.2.2009, p. 1.
(54) DO L 200 de 31.7.2009, p. 1.
(55) DO L 35 de 4.2.2009, p. 32.
(56) DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
(57) DO L 60 de 2.3.2013, p. 52.
(58) DO L 123 de 19.5.2015, p. 77.
(59) DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
(60) DO L 145 de 31.5.2011, p. 1.
(61) DO L 60 de 2.3.2013, p. 1.
(62) DO L 335 de 5.12.1973, p. 51.
(63) DO L 96 de 29.3.2014, p. 251.
(64) DO L 167 de 22.6.1992, p. 17.
(65) DO L 81 de 31.3.2016, p. 99.
(66) DO L 147 de 9.6.1975, p. 40.
(67) DO L 165 de 30.6.2010, p. 1.
(68) DO L 189 de 27.6.2014, p. 164.
(69) DO L 96 de 29.3.2014, p. 45.
(70) DO L 106 de 28.4.2009, p. 7.
(71) DO L 42 de 15.2.1975, p. 14.
(72) DO L 46 de 21.2.1976, p. 1.
(73) DO L 39 de 15.2.1980, p. 40.
(74) DO L 247 de 21.9.2007, p. 17.
(75) DO L 71 de 18.3.2011, p. 1.
(76) DO L 96 de 29.3.2014, p. 107.
(77) DO L 96 de 29.3.2014, p. 149.
(78) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(79) DO L 81 de 31.3.2016, p. 51.
(80) DO L 81 de 31.3.2016, p. 1.
(81) DO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
(82) DO L 252 de 16.9.2016, p. 53.
(83) DO L 162 de 3.7.2000, p. 1.
(84) DO L 96 de 29.3.2014, p. 79.
(85) DO L 96 de 29.3.2014, p. 309.
(86) DO L 96 de 29.3.2014, p. 357.
(87) DO L 153 de 22.5.2014, p. 62.
(88) DO L 272 de 18.10.2011, p. 1.
(89) DO L 100 de 19.4.1994, p. 37.
(90) DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.
(91) DO L 170 de 30.6.2009, p. 1.
(92) DO L 354 de 28.12.2013, p. 90.
(93) DO L 96 de 29.3.2014, p. 1.
(94) DO L 178 de 28.6.2013, p. 27.
(95) DO L 39 de 9.2.2013, p. 1.
(96) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
(97) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(98) DO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
(99) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
(100) DO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
(101) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(102) DO L 152 de 16.6.2009, p. 11.
(103) DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
(104) DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.
(105) DO L 109 de 30.4.2009, p. 10.
(106) DO L 135 de 24.5.2016, p. 39.
(107) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
(108) DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
(109) DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
(110) DO L 117 de 5.5.2017, p. 1.
(111) DO L 117 de 5.5.2017, p. 176.
(112) DO L 33 de 8.2.2003, p. 30.
(113) DO L 102 de 7.4.2004, p. 48.
(114) DO L 207 de 6.8.2010, p. 14.
(115) DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.
(116) DO L 50 de 20.2.2004, p. 44.
(117) DO L 50 de 20.2.2004, p. 28.
(118) DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.
(119) DO L 104 de 8.4.2004, p. 1.
(120) DO L 158 de 30.4.2004, p. 7.
(121) DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.
(122) DO L 137 de 24.5.2017, p. 1.
(123) DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.
(124) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(125) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(126) DO L 47 de 18.2.2004, p. 1.
(127) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(128) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
(129) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(130) DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.
(131) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.
(132) DO L 330 de 10.12.2013, p. 1.
(133) DO L 337 de 5.12.2006, p. 21.
(134) DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.
(135) DO L 168 de 28.6.2007, p. 1.
(136) DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
(137) DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
(138) DO L 107 de 25.4.2015, p. 26.
(139) DO L 143 de 30.4.2004, p. 87.
(140) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(141) DO L 347 de 30.12.2005, p. 1.
(142) DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.
(143) DO L 286 de 31.10.2009, p. 1.
(144) DO L 137 de 24.5.2017, p. 1.
(145) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
(146) DO L 308 de 9.11.1991, p. 1.
(147) DO L 286 de 31.10.2009, p. 36.
(148) DO L 343 de 27.12.2007, p. 1.
(149) DO L 91 de 9.4.1983, p. 30.
(150) DO L 39 de 13.2.2008, p. 1.
(151) DO L 342 de 22.12.2009, p. 46.
(152) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(153) DO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
(154) DO L 257 de 28.8.2014, p. 146.
(155) DO L 138 de 26.5.2016, p. 44.
(156) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(157) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(158) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(159) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55.
(160) DO L 139 de 30.4.2004, p. 1.
(161) DO L 40 de 11.2.1989, p. 34.
(162) DO L 354 de 31.12.2008, p. 1.
(163) DO L 354 de 31.12.2008, p. 7.
(164) DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.
(165) DO L 354 de 31.12.2008, p. 34.
(166) DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.
(167) DO L 404 de 30.12.2006, p. 26.
(168) DO L 309 de 26.11.2003, p. 1.
(169) DO L 37 de 13.2.1993, p. 1.
(170) DO L 327 de 11.12.2015, p. 1.
(171) DO L 181 de 29.6.2013, p. 35.
(172) DO L 66 de 13.3.1999, p. 26.
(173) DO L 197 de 3.8.2000, p. 19.
(174) DO L 10 de 12.1.2002, p. 47.
(175) DO L 10 de 12.1.2002, p. 53.
(176) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
(177) DO L 340 de 19.12.2008, p. 45.
(178) DO L 307 de 24.11.2007, p. 5.
(179) DO L 10 de 12.1.2002, p. 58.
(180) DO L 10 de 12.1.2002, p. 67.
(181) DO L 15 de 17.1.2002, p. 19.
(182) DO L 314 de 1.12.2015, p. 1.
(183) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
(184) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(185) DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.
(186) DO L 277 de 20.10.1984, p. 12.
(187) DO L 66 de 13.3.1999, p. 16.
(188) DO L 66 de 13.3.1999, p. 24.
(189) DO L 141 de 6.6.2009, p. 3.
(190) DO L 164 de 26.6.2009, p. 45.
(191) DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.
(192) DO L 150 de 14.6.2018, p. 1.
(193) DO L 13 de 20.1.2016, p. 2.
(194) DO L 201 de 30.7.2008, p. 1.
(195) DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.
(196) DO L 140 de 30.5.2002, p. 10.
(197) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(198) DO L 92 de 7.4.1990, p. 42.
(199) DO L 35 de 8.2.2005, p. 1.
(200) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(201) DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.
(202) DO L 287 de 5.11.2003, p. 1.
(203) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(204) DO L 84 de 31.3.2016, p. 1.
(205) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(206) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19.
(207) DO L 192 de 23.7.2010, p. 1.
(208) DO L 343 de 22.12.2009, p. 74.
(209) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
(210) DO L 194 de 22.7.1988, p. 10.
(211) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1.
(212) DO L 224 de 18.8.1990, p. 62.
(213) DO L 62 de 15.3.1993, p. 49.
(214) DO L 328 de 24.11.2006, p. 14.
(215) DO L 139 de 30.4.2004, p. 321.
(216) DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
(217) DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.
(218) DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
(219) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
(220) DO L 145 de 13.6.1977, p. 44.
(221) DO L 15 de 19.1.1978, p. 34.
(222) DO L 306 de 22.11.2003, p. 1.
(223) DO L 10 de 14.1.2006, p. 16.
(224) DO L 316 de 1.12.2001, p. 5.
(225) DO L 157 de 10.6.1992, p. 19.
(226) DO L 192 de 20.7.2002, p. 27.
(227) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1.
(228) DO L 260 de 5.9.1992, p. 1.
(229) DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
(230) DO L 325 de 12.12.2003, p. 31.
(231) DO L 327 de 22.12.2000, p. 74.
(232) DO L 5 de 9.1.2004, p. 8.
(233) DO L 204 de 11.8.2000, p. 1.
(234) DO L 213 de 8.8.2008, p. 31.
(235) DO L 171 de 29.6.2016, p. 66.
(236) DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
(237) DO L 303 de 18.11.2009, p. 1.
(238) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(239) DO L 317 de 23.11.2016, p. 4.
(240) DO 125 de 11.7.1966, p. 2309.
(241) DO L 93 de 17.4.1968, p. 15.
(242) DO L 11 de 15.1.2000, p. 17.
(243) DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.
(244) DO L 193 de 20.7.2002, p. 12.
(245) DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.
(246) DO L 193 de 20.7.2002, p. 60.
(247) DO L 193 de 20.7.2002, p. 74.
(248) DO L 267 de 8.10.2008, p. 8.
(249) DO L 95 de 7.4.2017, p. 1.
(250) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
(251) DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.
(252) DO L 268 de 24.9.1991, p. 56.
(253) DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(254) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(255) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(256) DO L 125 de 23.5.1996, p. 3.
(257) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
(258) DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
(259) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(260) DO L 84 de 20.3.2014, p. 14.
(261) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(262) DO L 181 de 29.6.2013, p. 15.
(263) DO L 351 de 28.12.1985, p. 63.
(264) DO L 212 de 22.7.1989, p. 79.
(265) DO L 163 de 17.6.1992, p. 1.
(266) DO L 334 de 23.12.1996, p. 1.
(267) DO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
(268) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(269) DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
(270) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(271) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
(272) DO L 145 de 31.5.2001, p. 1.
(273) DO L 194 de 24.7.2010, p. 1.
(274) DO L 248 de 22.9.2007, p. 17.
(275) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(276) DO L 310 de 22.12.1995, p. 5.
(277) DO L 373 de 21.12.2004, p. 1.
(278) DO L 309 de 25.11.2005, p. 9.
(279) DO L 127 de 29.4.2014, p. 1.
(280) DO L 39 de 10.2.2009, p. 1.
(281) DO L 159 de 28.5.2014, p. 1.
(282) DO L 326 de 29.12.1969, p. 36.
(283) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
(284) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.
(285) DO L 94 de 30.3.2012, p. 1.
(286) DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
(287) DO L 200 de 30.7.2005, p. 1.
(288) DO L 358 de 31.12.2002, p. 28.
ANEXO 6
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9
1. Impuesto sobre el valor añadido (1)
— Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (2)
— Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (3)
— Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (4)
— Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (5)
— Decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (6)
— Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes de terceros países (7)
— Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (8)
— Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa a las franquicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de terceros países (9)
— Obligaciones derivadas del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (10)
— Obligaciones derivadas del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (11)
2. Impuestos especiales
— Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (12)
— Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2073/2004 (13)
— Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (14)
— Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (15)
— Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (16)
— Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco (17)
— Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (18)
— Directiva 95/60/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa al marcado fiscal del gasóleo y del queroseno (19)
— Decisión n.o 1152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (20)
— Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes de terceros países (21)
— Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa a las franquicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de terceros países (22)
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
(3) DO L 44 de 20.2.2008, p. 23.
(4) DO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
(5) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(6) DO L 326 de 21.11.1986, p. 40.
(7) DO L 346 de 29.12.2007, p. 6.
(8) DO L 292 de 10.11.2009, p. 5.
(9) DO L 286 de 17.10.2006, p. 15.
(10) DO L 195 de 1.8.2018, p. 1.
(11) DO L 46 de 17.2.2009, p. 8.
(12) DO L 9 de 14.1.2009, p. 12.
(13) DO L 121 de 8.5.2012, p. 1.
(14) DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
(15) DO L 316 de 31.10.1992, p. 21.
(16) DO L 316 de 31.10.1992, p. 29.
(17) DO L 176 de 5.7.2011, p. 24.
(18) DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
(19) DO L 291 de 6.12.1995, p. 46.
(20) DO L 162 de 1.7.2003, p. 5.
(21) DO L 346 de 29.12.2007, p. 6.
(22) DO L 286 de 17.10.2006, p. 15.
ANEXO 7
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11
Los actos siguientes se aplicarán a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte en la medida en que se apliquen a la generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, comercio de electricidad al por mayor o intercambios transfronterizos de electricidad.
Las disposiciones relativas a los mercados minoristas y a la protección de los consumidores no se aplicarán. Las referencias a una disposición de otro acto de la Unión en los actos enumerados en el presente anexo no harán aplicable la disposición referida, cuando no lo sea de otro modo, a y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte, salvo que se trate de una disposición que regule los mercados de electricidad al por mayor, que se aplique en Irlanda y que sea necesaria para el funcionamiento conjunto del mercado de electricidad al por mayor en Irlanda e Irlanda del Norte.
— Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (1)
— Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (2)
— Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (3)
— Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (4)
— Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (5)
— Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (6)
— Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (7)
(1) DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
(2) DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
(3) DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.
(4) DO L 33 de 4.2.2006, p. 22.
(5) DO L 326 de 8.12.2011, p. 1.
(6) DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
(7) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
ANEXO 8
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN A LAS QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 12, APARTADO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLO Y EL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, DEL ANEXO 4
1. Normas sobre ayudas estatales contenidas en el TFUE (1)
— Artículos 107, 108 y 109 del TFUE
— Artículo 106 del TFUE, en la medida en que se refiere a las ayudas estatales
— Artículo 93 del TFUE
2. Actos que se refieren al concepto de ayuda
— Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal (2)
— Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (3)
— Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (4)
3. Reglamentos de exención por categorías
3.1 Reglamento de habilitación
— Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (5)
3.2 Reglamento general de exención por categorías
— Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (6)
3.3 Reglamentos sectoriales de exención por categorías
— Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (7)
— Reglamento (UE) n.o 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (8)
— Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (9)
— Comunicación de la Comisión relativa a directrices de interpretación del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (10)
— Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (11)
3.4 Reglamentos sobre ayudas de minimis
— Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (12)
— Reglamento (UE) n.o 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (13)
— Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (14)
— Reglamento (UE) n.o 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (15)
4. Normas de procedimiento
— Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (16)
— Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (17)
— Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (18)
— Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (19)
— Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (20)
— Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (21)
— Comunicación de la Comisión — Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales (22)
— Comunicación de la Comisión C(2003) 4582, de 1 de diciembre de 2003, relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal (23)
5. Normas de compatibilidad
5.1 Proyectos importantes de interés común europeo
— Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo (24)
5.2 Ayudas agrícolas
— Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (25)
5.3 Ayudas a la pesca y la acuicultura
— Comunicación de la Comisión — Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (26)
5.4 Ayudas de finalidad regional
— Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (27)
5.5 Ayudas de investigación y desarrollo e innovación
— Comunicación de la Comisión — Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (28)
5.6 Ayudas de capital riesgo
— Comunicación de la Comisión — Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo (29)
5.7 Ayudas de salvamento y reestructuración
— Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (30)
5.8 Ayudas de formación
— Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de ayudas estatales de formación sujetas a notificación individual (31)
5.9 Ayudas para el empleo
— Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de las ayudas estatales para el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados sujetas a notificación individual (32)
5.10 Normas temporales de respuesta a la crisis económica y financiera
— Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera (33)
— Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (34)
— Comunicación de la Comisión sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (35)
5.11 Seguro de crédito a la exportación
— Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (36)
5.12 Energía y medio ambiente
5.12.1 Medio ambiente y energía
— Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (37)
— Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero pos-2012 (38)
5.12.2 Electricidad (costes de transición a la competencia)
— Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia (39)
5.12.3 Carbón
— Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (40)
5.13 Industrias básicas y sector manufacturero (siderurgia)
— Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (41)
5.14 Servicios postales
— Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales (42)
5.15 Sector audiovisual, radiodifusión y banda ancha
5.15.1 Producción audiovisual
— Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (43)
5.15.2 Radiodifusión
— Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (44)
5.15.3 Banda ancha
— Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (45)
5.16 Transportes e infraestructuras
— Comunicación de la Comisión — Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias (46)
— Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (47)
— Comunicación de la Comisión por la que se ofrece orientación sobre las ayudas estatales que completan la financiación comunitaria para el lanzamiento de las autopistas del mar (48)
— Comunicación de la Comisión que establece orientaciones sobre las ayudas estatales a las compañías de gestión naviera (49)
— Comunicación de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas (50)
5.17 Servicios de interés económico general
— Comunicación de la Comisión — Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (51)
6. Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas
— Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (52)
(1) Los epígrafes y subepígrafes del presente anexo son simplemente indicativos.
(2) DO C 262 de 19.7.2016, p. 1.
(3) DO C 8 de 11.1.2012, p. 4.
(4) DO C 155 de 20.6.2008, p. 10.
(5) DO L 248 de 24.9.2015, p. 1.
(6) DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
(7) DO L 193 de 1.7.2014, p. 1.
(8) DO L 369 de 24.12.2014, p. 37.
(9) DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.
(10) DO C 92 de 29.3.2014, p. 1.
(11) DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
(12) DO L 352 de 24.12.2013, p. 1.
(13) DO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
(14) DO L 352 de 24.12.2013, p. 9.
(15) DO L 190 de 28.6.2014, p. 45.
(16) DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.
(17) DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.
(18) DO C 272 de 15.11.2007, p. 4.
(19) DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.
(20) DO C 85 de 9.4.2009, p. 1.
(21) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.
(22) Pendiente de publicación en el DO.
(23) DO C 297 de 9.12.2003, p. 6.
(24) DO C 188 de 20.6.2014, p. 4.
(25) DO C 204 de 1.7.2014, p. 1.
(26) DO C 217 de 2.7.2015, p. 1.
(27) DO C 209 de 23.7.2013, p. 1.
(28) DO C 198 de 27.6.2014, p. 1.
(29) DO C 19 de 22.1.2014, p. 4.
(30) DO C 249 de 31.7.2014, p. 1.
(31) DO C 188 de 11.8.2009, p. 1.
(32) DO C 188 de 11.8.2009, p. 6.
(33) DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
(34) DO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
(35) DO C 195 de 19.8.2009, p. 9.
(36) DO C 392 de 19.12.2012, p. 1.
(37) DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.
(38) DO C 158 de 5.6.2012, p. 4.
(39) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_es.pdf.
(40) DO L 336 de 21.12.2010, p. 24.
(41) DO C 152 de 26.6.2002, p. 5.
(42) DO C 39 de 6.2.1998, p. 2.
(43) DO C 332 de 15.11.2013, p. 1.
(44) DO C 257 de 27.10.2009, p. 1.
(45) DO C 25 de 26.1.2013, p. 1.
(46) DO C 184 de 22.7.2008, p. 13.
(47) DO C 13 de 17.1.2004, p. 3.
(48) DO C 317 de 12.12.2008, p. 10.
(49) DO C 132 de 11.6.2009, p. 6.
(50) DO C 99 de 4.4.2014, p. 3.
(51) DO C 8 de 11.1.2012, p. 15.
(52) DO L 318 de 17.11.2006, p. 17.
ANEXO 9
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 12, APARTADO 2
El Comité Mixto determinará el nivel de ayuda anual global máximo exento inicial y el porcentaje mínimo inicial a que se refiere el artículo 12, apartado 2, teniendo en cuenta la información disponible más reciente. El nivel de ayuda anual global máximo exento inicial tomará como referencia la concepción del futuro régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como la media anual del importe total del gasto en que se incurra en Irlanda del Norte en virtud de la política agrícola común con arreglo al actual MFP 2014-2020. El porcentaje mínimo inicial tomará como referencia la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido, así como el porcentaje en que el gasto total en virtud de la política agrícola común en la Unión se haya ajustado a las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura según lo notificado para el período correspondiente.
El Comité Mixto ajustará el nivel de las ayudas y el porcentaje contemplados en el párrafo primero con la referencia de la concepción del régimen de ayudas a la agricultura del Reino Unido a cualquier variación en el importe total de ayudas disponible en virtud de la política agrícola común en la Unión en cada futuro marco financiero plurianual.
Si el Comité Mixto no determina el nivel inicial de la ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo primero, o no ajusta el nivel de ayuda y el porcentaje de conformidad con el párrafo segundo, a más tardar al final del período transitorio o en el plazo de un año desde la entrada en vigor de un futuro marco financiero plurianual, según proceda, la aplicación del artículo 12, apartado 2, se suspenderá hasta que el Comité Mixto haya determinado o ajustado el nivel de la ayuda y el porcentaje.
ANEXO 10
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 18, APARTADO 3
1. Cuando la Unión o el Reino Unido contemplen la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia en virtud del artículo 18, apartado 1, del presente Protocolo, lo notificarán sin demora a la Unión o al Reino Unido, según proceda, a través del Comité Mixto, facilitando toda la información pertinente.
2. La Unión y el Reino Unido celebrarán consultas de inmediato en el seno del Comité Mixto a fin de encontrar una solución aceptable para ambas partes.
3. La Unión o el Reino Unido, según proceda, no podrán adoptar medidas de salvaguardia hasta que haya transcurrido un mes desde la fecha de la notificación prevista en el punto 1, a menos que el procedimiento de consulta contemplado en el punto 2 haya concluido antes de la expiración de dicho plazo. Si, por circunstancias excepcionales que requieran una intervención inmediata, resulta imposible efectuar un examen previo, la Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán aplicar inmediatamente las medidas de protección estrictamente necesarias para solucionar la situación.
4. La Unión o en el Reino Unido, según proceda, notificarán sin demora las medidas adoptadas al Comité Mixto, facilitando toda la información pertinente.
5. Las medidas de salvaguardia que se adopten serán objeto de consultas en el Comité Mixto cada tres meses a partir de la fecha de su adopción, con vistas a su supresión antes de la fecha de expiración prevista o a la limitación de su ámbito de aplicación. La Unión o el Reino Unido, según proceda, podrán pedir en todo momento al Comité Mixto la revisión de tales medidas.
6. Los puntos 1 a 5 se aplicarán, mutatis mutandis, a las medidas de reequilibrio a que se refiere el artículo 18, apartado 2, del presente Protocolo.
PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS DE SOBERANÍA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN CHIPRE
La Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO que la Declaración común relativa a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, aneja al Acta final del Tratado relativo a la adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas, estipulaba que el régimen aplicable a las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre se definiría en el contexto de un eventual acuerdo entre la Comunidad y la República de Chipre,
CONFIRMANDO que el régimen aplicable a las relaciones entre la Unión y las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión debe seguir estando definido en el marco de la pertenencia de la República de Chipre a la Unión,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones relativas a las zonas de soberanía del Reino Unido en Akrotiri y Dhekelia (en lo sucesivo, «zonas de soberanía») establecidas en el Tratado relativo al establecimiento de la República de Chipre y el Canje de Notas conexo, de 16 de agosto de 1960 (en lo sucesivo, «Tratado de establecimiento»),
CONFIRMANDO que la retirada del Reino Unido de la Unión no debe afectar a los derechos y obligaciones de la República de Chipre en virtud del Derecho de la Unión ni a los derechos y obligaciones de las Partes del Tratado de establecimiento,
RECORDANDO que, desde la fecha de adhesión de la República de Chipre a la Unión, el Derecho de la Unión se aplica en las zonas de soberanía únicamente en la medida que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.o 3 relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca y las adaptaciones de los Tratados constitutivos de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 3»),
TOMANDO NOTA del Canje de Notas entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la República de Chipre relativo a la administración de las zonas de soberanía, de 16 de agosto de 1960, así como de la Declaración del Gobierno del Reino Unido, aneja al mismo, según la cual uno de los principales objetivos que han de lograrse es la protección de los intereses de las personas que residen o trabajan en las zonas de soberanía, y considerando, en este contexto, que dichas personas deberían recibir, en la medida de lo posible, el mismo trato que las personas que residen o trabajan en la República de Chipre,
TOMANDO NOTA del compromiso asumido por el Reino Unido de preservar la aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud del Tratado de establecimiento por el cual las autoridades de la República de Chipre administran una amplia gama de servicios públicos en las zonas de soberanía, inclusive en los ámbitos de la agricultura, las aduanas y la fiscalidad,
CONSIDERANDO que las zonas de soberanía deben seguir formando parte del territorio aduanero de la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
TOMANDO NOTA de las disposiciones del Tratado de establecimiento relativas al régimen aduanero entre las zonas de soberanía y la República de Chipre y, en particular, las de la parte I del anexo F de dicho Tratado,
TOMANDO NOTA del compromiso del Reino Unido de no establecer puestos aduaneros u otras barreras fronterizas entre las zonas de soberanía y la República de Chipre y de no establecer puertos marítimos o aeropuertos comerciales o civiles,
DESEANDO establecer un régimen adecuado para la consecución de los objetivos de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.o 3 tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
CONSIDERANDO que las disposiciones establecidas en el presente Protocolo deben velar por la correcta ejecución y aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión en relación con las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
CONSIDERANDO que es necesario establecer las disposiciones apropiadas en lo que se refiere a las franquicias aduaneras y exenciones de derechos e impuestos que pueden mantener las fuerzas armadas del Reino Unido y personal asociado tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
RECONOCIENDO que es necesario prever disposiciones específicas para los controles de personas y mercancías que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía, así como establecer las condiciones en las que las disposiciones correspondientes del Derecho de la Unión se aplican en la línea entre las zonas sobre las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo y la zona de soberanía de Dhekelia, tal como dispone actualmente el Protocolo n.o 10 sobre Chipre anejo al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 10»),
RECONOCIENDO que la cooperación entre la República de Chipre y el Reino Unido es esencial para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones establecidas en el presente Protocolo,
CONSIDERANDO que, en virtud de las disposiciones establecidas en el presente Protocolo, el Derecho de la Unión se aplicará a las zonas de soberanía en determinados ámbitos de actuación de la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión,
RECONOCIENDO las disposiciones particulares relativas a las personas que viven y trabajan en las zonas de soberanía en virtud del Tratado de establecimiento y la Declaración de 1960 y el objetivo de la aplicación coherente del Derecho de la Unión pertinente tanto en la República de Chipre como en las zonas de soberanía con el fin de apoyar a dichas disposiciones,
SEÑALANDO, a este respecto, que mediante el presente Protocolo el Reino Unido confía a la República de Chipre, en cuanto Estado miembro de la Unión, la responsabilidad de poner en ejecución y aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión en las zonas de soberanía de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo,
RECORDANDO que la República de Chipre es responsable de la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión en relación con las mercancías con origen o destino en las zonas de soberanía que entran o salen a través de puertos marítimos o aeropuertos de la República de Chipre,
SUBRAYANDO que las disposiciones establecidas en el presente Protocolo se entienden sin perjuicio de los artículos 1 y 2 del Tratado de establecimiento y de las posiciones de la República de Chipre y del Reino Unido al respecto,
CONSIDERANDO que el régimen establecido en el presente Protocolo tiene como única finalidad regular la situación especial de las zonas de soberanía y no debe aplicarse a ningún otro territorio ni servir de precedente,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»):
Artículo 1
Disposiciones generales
1. A efectos del presente Protocolo, las referencias al Reino Unido en las disposiciones aplicables del Acuerdo de Retirada se entenderán como referencias al Reino Unido en lo que se refiere a las zonas de soberanía. Los títulos I, II y III de la tercera parte y la sexta parte del Acuerdo de Retirada se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 5, del Acuerdo de Retirada, las disposiciones del presente Protocolo relativas al Derecho de la Unión o a conceptos o disposiciones del mismo se interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 71 del Acuerdo de Retirada, además de las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la protección de datos personales aplicables a y en las zonas de soberanía en virtud del presente Protocolo, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680 se aplicarán en lo que respecta a los datos personales tratados en las zonas de soberanía en virtud del presente Protocolo.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, cuando el presente Protocolo haga referencia a un acto de la Unión, la referencia a dicho acto se entenderá hecha al acto modificado o sustituido. El presente apartado no se aplicará en relación con el artículo 4, apartados 3 y 10, del Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo (1), a los que se aplicará el artículo 10, apartado 2, del presente Protocolo.
5. Cuando la Unión considere, no obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo de Retirada, que el acceso total o parcial por el Reino Unido o por el Reino Unido respecto de las zonas de soberanía, según el caso, sea estrictamente necesario para que el Reino Unido pueda cumplir sus obligaciones en virtud del presente Protocolo, inclusive cuando dicho acceso sea necesario porque el acceso a la información pertinente no pueda facilitarse por otros medios prácticos, las referencias a los Estados miembros y las autoridades competentes de los Estados miembros en las disposiciones de Derecho de la Unión aplicables en virtud del presente Protocolo se entenderán hechas también al Reino Unido o al Reino Unido respecto de las zonas de soberanía, según el caso, en relación con el acceso a toda red, sistema de información o de datos creados con base en el Derecho de la Unión.
Artículo 2
Territorio aduanero de la Unión
1. Las zonas de soberanía, teniendo en cuenta el Tratado de establecimiento, formarán parte del territorio aduanero de la Unión. A tal efecto, las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de aduanas y la política comercial común, incluidas las disposiciones del Derecho de la Unión que prevén los controles aduaneros de mercancías específicas o para fines específicos, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
2. Las mercancías producidas por fabricantes de las zonas de soberanía y comercializadas en el territorio aduanero de la Unión se considerarán mercancías en libre circulación.
3. Todas las mercancías destinadas a ser utilizadas en las zonas de soberanía entrarán en la isla de Chipre a través de los aeropuertos y puertos marítimos civiles de la República de Chipre, y todos los trámites aduaneros, los controles aduaneros y la recaudación de los derechos de importación correspondientes a las mismas serán efectuados por las autoridades de la República de Chipre.
4. Todas las mercancías destinadas a la exportación saldrán de la isla de Chipre a través de los aeropuertos y puertos marítimos civiles de la República de Chipre, y todos los trámites aduaneros de exportación y los controles aduaneros correspondientes a las mismas serán efectuados por las autoridades de la República de Chipre.
5. Los controles aduaneros de los documentos y equipos a que se refiere el apartado 3 de la sección 11 del anexo C del Tratado de establecimiento se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de dicha sección.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, y con la única finalidad de apoyar el funcionamiento de las zonas de soberanía en cuanto bases militares, a la vista del Tratado de establecimiento, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) las siguientes mercancías podrán entrar a la isla de Chipre o salir de ella a través de un puerto marítimo o aeropuerto de las zonas de soberanía, siempre que las autoridades de las zonas de soberanía efectúen los trámites aduaneros, los controles aduaneros y la recaudación de los derechos de aduana correspondientes a dichas mercancías:
i) mercancías importadas o exportadas para fines oficiales o militares,
ii) mercancías importadas o exportadas en el equipaje personal, exclusivamente para su uso personal, por personal del Reino Unido o en nombre de este, así como por otras personas que viajen por motivos de defensa u oficiales;
b) los paquetes enviados o recibidos por personal del Reino Unido o las personas a su cargo y transportados por el servicio de correos de las fuerzas británicas podrán entrar a la isla de Chipre o salir de ella a través de un puerto o aeropuerto de las zonas de soberanía con arreglo a las siguientes condiciones:
i) los paquetes entrantes dirigidos a personal del Reino Unido o a personas a su cargo deberán ser transportados en un contenedor cerrado y enviados tras su llegada a un puesto aduanero de la República de Chipre, de manera que las autoridades de la República de Chipre puedan llevar a cabo los trámites y controles aduaneros y la recaudación de los derechos de importación correspondientes a los productos,
ii) los paquetes salientes enviados por personal del Reino Unido o personas a su cargo estarán supeditados a control aduanero por parte de las autoridades de las zonas de soberanía.
A los efectos del presente apartado, por «personal del Reino Unido o personas a su cargo» se entenderá las personas definidas en el apartado 1 de la parte I del anexo B del Tratado de establecimiento.
El Reino Unido compartirá la información pertinente con la República de Chipre con miras a cooperar estrechamente para prevenir la evasión de derechos e impuestos, incluido el contrabando.
7. Los artículos 34, 35 y 36 del TFUE y las demás disposiciones del Derecho de la Unión sobre mercancías, en particular las medidas adoptadas en virtud del artículo 114 del TFUE, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
8. Las mercancías procedentes de las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo deberán cruzar la línea entre estas zonas y la zona oriental de soberanía de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 866/2004.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Protocolo, el Reino Unido será responsable de la ejecución y la aplicación del Reglamento (CE) n.o 866/2004 en lo que se refiere a las zonas de soberanía de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento. El Reino Unido deberá invitar a las autoridades de la República de Chipre a tomar toda medida necesaria en materia veterinaria, fitosanitaria y de controles de seguridad alimentaria que se requiera en virtud de dicho Reglamento.
9. El Reino Unido será responsable de la ejecución y la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 1 en relación con las mercancías que lleguen a las zonas de soberanía o salgan de ellas de conformidad con el apartado 6.
El Reino Unido también será responsable de expedir todo permiso, autorización o certificado que sea necesario con respecto a las mercancías contempladas por el apartado 1 de la sección 5 del anexo F del Tratado de establecimiento.
10. La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se refiere el apartado 7.
Artículo 3
Fiscalidad
1. Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos especiales y otras formas de fiscalidad indirecta adoptadas con arreglo al artículo 113 del TFUE se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
2. Las operaciones con origen o destino en las zonas de soberanía se considerarán operaciones con origen o destino en la República de Chipre a los efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), los impuestos especiales y otras formas de fiscalidad indirecta.
3. La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el presente artículo, también en lo tocante a la recaudación de los derechos y los impuestos pagaderos por las personas físicas o jurídicas civiles que residan o estén establecidas en las zonas de soberanía.
Artículo 4
Franquicias aduaneras
1. Las mercancías o servicios recibidos, adquiridos o importados para su uso por las fuerzas armadas del Reino Unido o el personal civil que las acompaña, o para el aprovisionamiento de sus comedores o cantinas, estarán exentos de derechos de aduana, IVA e impuestos especiales, a condición de que las personas de que se trate tengan derecho a dichas exenciones de conformidad con el Tratado de establecimiento. A este efecto, el Reino Unido expedirá certificados de exención previa aprobación por la República de Chipre en relación con los productos contemplados en el artículo 2, apartado 3.
2. Los derechos que recauden las autoridades del Reino Unido en las zonas de soberanía como consecuencia de la venta de las mercancías a que se refiere el apartado 1 se remitirán a las autoridades de la República de Chipre.
Artículo 5
Seguridad social
Con vistas a la continuidad de la protección de los derechos de las personas que residen o trabajan en el territorio de las zonas de soberanía, el Reino Unido y la República de Chipre acordarán nuevas medidas, en caso necesario, para garantizar la adecuada aplicación del artículo 4 del Protocolo n.o 3 después del final del período transitorio.
Artículo 6
Agricultura, pesca y normas veterinarias y fitosanitarias
Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de agricultura y pesca contenidas en el título III de la tercera parte del TFUE y los actos adoptados en virtud de tales disposiciones, así como las normas veterinarias y fitosanitarias adoptadas, en particular, en virtud del artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE, se aplicarán a y en las zonas de soberanía.
La República de Chipre será responsable de la ejecución y la aplicación en las zonas de soberanía de las disposiciones del Derecho de la Unión a que se hace referencia en el párrafo primero.
Artículo 7
Controles de las personas que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía
1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «fronteras exteriores de las zonas de soberanía» los límites marítimos y los aeropuertos y puertos marítimos de las zonas de soberanía, pero no sus límites terrestres ni marítimos con la República de Chipre. A reserva de lo dispuesto en el apartado 6, a los efectos de los apartados 2 y 7, se entenderá por «paso fronterizo» todo paso fronterizo autorizado por las autoridades competentes del Reino Unido para el cruce de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía.
2. El Reino Unido efectuará controles de las personas que crucen las fronteras exteriores de las zonas de soberanía. Dichos controles incluirán la comprobación de los documentos de viaje. Deberá someterse a todas las personas a un control de identidad, como mínimo, para verificar su identidad. El Reino Unido únicamente autorizará el cruce de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía por los pasos fronterizos.
3. Los nacionales de terceros países y los nacionales del Reino Unido solo podrán cruzar las fronteras exteriores de las zonas de soberanía si cumplen las siguientes condiciones:
a) estar en posesión de un documento de viaje válido;
b) estar en posesión de un visado válido para la República de Chipre, en caso de que dicho visado sea necesario;
c) dedicarse a una actividad relacionada con la defensa o ser miembros de la familia de una persona que se dedique a dicha actividad; y
d) no constituir una amenaza para la seguridad nacional.
El requisito establecido en la letra c) no se aplicará a los nacionales del Reino Unido que crucen el límite a que se refiere el apartado 6.
El Reino Unido únicamente podrá hacer excepciones a las condiciones a que se hace referencia en el párrafo primero por razones humanitarias, por razones de interés nacional o con objeto de cumplir sus obligaciones internacionales.
Se considerará que los miembros de una fuerza, del componente civil y las personas a su cargo, tal como se definen en el anexo C del Tratado de establecimiento, no precisan visado para la República de Chipre.
4. Todo solicitante de asilo que hubiere entrado por primera vez a la isla de Chipre desde fuera de la Unión por una de las zonas de soberanía será devuelto a las zonas de soberanía o readmitido en ellas a petición del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo.
La República de Chipre seguirá cooperando con el Reino Unido para idear métodos que permitan en la práctica respetar los derechos y subvenir a las necesidades de los solicitantes de asilo y de los migrantes ilegales que se hallen en las zonas de soberanía, teniendo presentes consideraciones humanitarias y de conformidad con la legislación aplicable de la administración de la zona de soberanía.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, no se realizarán controles sobre las personas en los límites terrestres y marítimos entre las zonas de soberanía y la República de Chipre.
6. El límite entre la zona de soberanía oriental y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo será tratado como parte de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía a efectos del presente artículo durante la vigencia de la suspensión de la aplicación del acervo en virtud del artículo 1 del Protocolo n.o 10. Dicho límite solo puede cruzarse por los pasos fronterizos de Strovilia y Pergamos. Con el acuerdo previo de las autoridades del Reino Unido y en cooperación con estas, la República de Chipre podrá adoptar otras medidas para luchar contra la migración ilegal con respecto a las personas que hayan cruzado dicho límite.
7. Las autoridades del Reino Unido se servirán de unidades móviles para vigilar las fronteras exteriores entre los pasos fronterizos, así como, fuera de su horario habitual, en los pasos de las fronteras exteriores de las zonas de soberanía y del límite entre la zona de soberanía de Dhekelia y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo. Dicha vigilancia se efectuará de tal manera que disuada a las personas de evitar el control en los pasos fronterizos. Las autoridades del Reino Unido desplegarán un número suficiente de agentes debidamente cualificados para efectuar los controles y la vigilancia.
8. Las autoridades del Reino Unido mantendrán una cooperación permanente y estrecha con las autoridades de la República de Chipre con miras a la aplicación efectiva de los controles y la vigilancia a que se hace referencia en los apartados 6 y 7.
Artículo 8
Cooperación
La República de Chipre y el Reino Unido cooperarán para garantizar la aplicación efectiva del presente Protocolo, en particular en lo relativo a la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión o del Reino Unido. La República de Chipre y el Reino Unido podrán acordar nuevas medidas relativas a la aplicación de cualquier disposición del presente Protocolo. La República de Chipre informará a la Comisión Europea de todos esos acuerdos antes de su entrada en vigor.
Artículo 9
Comité especializado
1. El Comité especializado sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre establecido por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado») se encargará de:
a) facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
b) debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad; y
c) formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo, en particular propuestas de modificación de las referencias al Derecho de la Unión contenidas en el presente Protocolo.
2. La Comisión Europea informará al Comité especializado de todo informe presentado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 866/2004 y consultará al Reino Unido en relación con toda propuesta de la Comisión de adoptar un acto por el que se modifique o sustituya dicho Reglamento si las zonas de soberanía se vieren afectadas.
Artículo 10
Comité Mixto
1. El Comité Mixto modificará toda referencia al Derecho de la Unión en el presente Protocolo a partir de una recomendación del Comité especializado.
2. Si se considera necesario a fin de mantener el buen funcionamiento del presente Protocolo, el Comité Mixto podrá, a partir de una recomendación del Comité especializado, adoptar todas las decisiones necesarias para sustituir, en relación con el presente Protocolo, las disposiciones a que se refiere el artículo 1, apartado 4.
3. El Comité Mixto podrá, a partir de una recomendación del Comité especializado, modificar el artículo 7, apartado 6, en relación con los pasos fronterizos indicados en dicha disposición.
Artículo 11
Aplicación del artículo 6 del Protocolo n.o 3 durante el período transitorio
No obstante lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, las medidas adoptadas durante el período transitorio en virtud del artículo 6 del Protocolo n.o 3 no se aplicarán a ni en las zonas de soberanía.
Artículo 12
Supervisión y control de la aplicación
1. En relación con las zonas de soberanía y en relación con las personas físicas y jurídicas residentes o establecidas en el territorio de dichas zonas, las instituciones, órganos y organismos de la Unión dispondrán de las facultades que les confiere el Derecho de la Unión en relación con el presente Protocolo y las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en virtud de aquel. En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente, tal como se establece en los Tratados a este respecto.
2. Los actos de las instituciones, órganos y organismos adoptados de conformidad con el apartado 1 producirán, con respecto a y en las zonas de soberanía, los mismos efectos jurídicos que producen en la Unión y sus Estados miembros.
Artículo 13
Responsabilidad de la ejecución
1. Salvo disposición en contrario del presente Protocolo, el Reino Unido será responsable de la ejecución y el cumplimiento del presente Protocolo en las zonas de soberanía. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las autoridades competentes del Reino Unido adoptarán la legislación nacional necesaria para dar efecto al presente Protocolo en las zonas de soberanía.
2. El Reino Unido conservará el derecho exclusivo a poner en ejecución y hacer cumplir el presente Protocolo respecto de sus propias autoridades o sobre bienes inmuebles que pertenezcan al Ministerio de Defensa del Reino Unido o estén ocupados por dicho Ministerio, así como toda competencia de acción coercitiva que requiera la facultad de acceder a una vivienda o la facultad de detención. El Reino Unido conservará otras competencias de acción coercitiva salvo disposición en contrario de la legislación a que se refiere el apartado 1.
3. La República de Chipre es responsable de la ejecución y el cumplimiento del presente Protocolo en las zonas de soberanía de conformidad con el artículo 2, apartado 10, y los artículos 3 y 6.
(1) Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre un régimen conforme al artículo 2 del Protocolo n.o 10 del Acta de Adhesión (DO L 161 de 30.4.2004, p. 128).
PROTOCOLO SOBRE GIBRALTAR
La Unión y el Reino Unido,
RECORDANDO que el Reino Unido es responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar y que el Derecho de la Unión es aplicable a Gibraltar en la medida establecida en el Acta de adhesión de 1972 en virtud del artículo 355, apartado 3, del TFUE,
RECORDANDO que la aplicación del presente Protocolo debe llevarse a cabo de conformidad con los respectivos ordenamientos constitucionales del Reino de España y del Reino Unido,
RECORDANDO que, en virtud del artículo 50 del TUE, en relación con el artículo 106 bis del Tratado Euratom, y sujeto a las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), el Derecho de la Unión Europea y de la Euratom, en su totalidad, deja de aplicarse al Reino Unido y, por lo tanto, a Gibraltar, a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada,
CONSIDERANDO que es necesario garantizar una retirada ordenada de la Unión en lo que se refiere a Gibraltar,
DESTACANDO que la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión en lo que se refiere a Gibraltar implica que debe darse una respuesta adecuada a todo posible efecto negativo en las estrechas relaciones sociales y económicas entre Gibraltar y la zona circundante, en particular el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en el Reino de España,
TOMANDO NOTA del compromiso del Reino Unido en lo que atañe a Gibraltar para afrontar el pago de prestaciones de forma satisfactoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020,
CON EL FIN de seguir fomentando un desarrollo económico y social equilibrado en la zona, en particular en lo que se refiere a las condiciones laborales, y de seguir garantizando los niveles más elevados de protección del medio ambiente de conformidad con el Derecho de la Unión, así como de seguir reforzando la seguridad de los habitantes de la zona, en particular a través de la cooperación en materia policial y aduanera,
RECONOCIENDO los beneficios para el desarrollo económico de la zona resultantes de la libre circulación de personas en virtud del Derecho de la Unión, que seguirá aplicándose durante el período transitorio,
REAFIRMANDO en particular la ambición de proteger la salud pública, y destacando la necesidad de luchar contra las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas del tabaquismo,
DESTACANDO igualmente la necesidad de luchar contra el fraude y el contrabando y de proteger los intereses financieros de todas las partes interesadas,
SUBRAYANDO que el presente Protocolo se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido en relación con la soberanía y la jurisdicción,
TOMANDO NOTA de los Memorandos de Entendimiento celebrados entre el Reino de España y el Reino Unido el 29 de noviembre de 2018 en relación con los derechos de los ciudadanos, el tabaco y otros productos, la cooperación en materia de medio ambiente y la cooperación en materia policial y aduanera, así como el acuerdo alcanzado el 29 de noviembre de 2018 para celebrar un tratado en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Acuerdo de Retirada:
Artículo 1
Derechos de los ciudadanos
1. El Reino de España (en lo sucesivo, «España») y el Reino Unido en lo que concierne a Gibraltar cooperarán estrechamente para preparar y respaldar la ejecución efectiva de la segunda parte del Acuerdo de Retirada sobre los derechos de los ciudadanos, que se aplica plenamente, entre otros, a los trabajadores fronterizos que residen en Gibraltar o en España, en particular en el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y que, en los artículos 24 y 25, establece derechos específicos para los trabajadores fronterizos.
2. A tal efecto, las autoridades competentes deberán, con periodicidad trimestral, intercambiar información actualizada de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada que residen en Gibraltar o en el territorio de los municipios que componen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, incluidos, en particular, los trabajadores fronterizos.
3. España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro para el debate habitual entre las autoridades competentes para seguir la evolución de las cuestiones relativas al empleo y las condiciones laborales. Dicho Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Gibraltar, creado por el artículo 165 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «Comité especializado»).
Artículo 2
Derecho sobre el transporte aéreo
El Derecho de la Unión en materia de transporte aéreo que no sea de aplicación al aeropuerto de Gibraltar antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada solo será aplicable a dicho aeropuerto a partir de la fecha que fije el Comité Mixto. El Comité Mixto adoptará la decisión al respecto una vez que el Reino Unido y España notifiquen que han alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre la utilización del aeropuerto de Gibraltar.
Artículo 3
Cuestiones fiscales y protección de los intereses financieros
1. España y el Reino Unido establecerán, con respecto a Gibraltar, las formas de cooperación necesarias para lograr la plena transparencia en materia fiscal y en relación con la protección de los intereses financieros de todas las partes interesadas, en particular mediante el establecimiento de un sistema reforzado de cooperación administrativa para la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de capitales y para resolver los conflictos relativos a la residencia fiscal.
2. Las normas internacionales del Grupo de los Veinte (G-20) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relativas a la buena gobernanza fiscal, la transparencia, el intercambio de información y las prácticas fiscales perjudiciales y, en particular, los criterios en materia de contenido económico fijados por el Foro de la OCDE sobre prácticas fiscales perjudiciales, se respetarán en Gibraltar, con vistas a la participación de Gibraltar en el marco integrador de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).
3. El Reino Unido velará por que su ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003, y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, adoptado en Seúl el 12 de noviembre de 2012, se amplíe a Gibraltar a más tardar el 30 de junio de 2020.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el Reino Unido velará por que un sistema de trazabilidad y de medidas de seguridad relativas a los productos del tabaco que sea equivalente a los requisitos y las normas del Derecho de la Unión, esté en vigor en Gibraltar a más tardar el 30 de junio de 2020. Dicho sistema deberá garantizar el acceso recíproco a la información sobre la trazabilidad de los cigarrillos en España y en Gibraltar.
4. Con el fin de impedir y desalentar el contrabando de productos sujetos a impuestos sobre consumos específicos o impuestos especiales, el Reino Unido velará por que esté en vigor en Gibraltar, en relación con el alcohol y la gasolina, un sistema tributario que tenga por objeto impedir las actividades fraudulentas relacionadas con esos productos.
Artículo 4
Protección del medio ambiente y pesca
España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro de debate habitual entre las autoridades competentes para cuestiones relativas en particular a la gestión de los residuos, la calidad del aire, la investigación científica y la pesca. Se invitará a la Unión a participar en las reuniones de dicho Comité de coordinación. Este Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado.
Artículo 5
Cooperación en materia policial y aduanera
España y el Reino Unido crearán un Comité de coordinación que sirva de foro para el seguimiento y la coordinación entre las autoridades competentes en cuestiones relacionadas con la cooperación en materia policial y aduanera. Se invitará a la Unión a participar en las reuniones de dicho Comité de coordinación. Este Comité de coordinación informará de forma periódica al Comité especializado.
Artículo 6
Funciones del Comité especializado
Las funciones del Comité especializado serán las siguientes:
a) facilitar la ejecución y la aplicación del presente Protocolo;
b) debatir toda cuestión suscitada por la Unión o por el Reino Unido que incida en el presente Protocolo y plantee algún tipo de dificultad;
c) estudiar los informes de los comités de coordinación a que se refiere el presente Protocolo; y
d) formular recomendaciones al Comité Mixto por lo que respecta al funcionamiento del presente Protocolo.
ANEXO I
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARTE I
DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
Legislación aplicable (serie A):
— Decisión n.o A1, de 12 de junio de 2009, relativa al establecimiento de un procedimiento de diálogo y conciliación sobre la validez de los documentos, la determinación de la legislación aplicable y el abono de prestaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1);
— Decisión n.o A2, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la legislación aplicable a los trabajadores desplazados y a los trabajadores por cuenta propia que trabajen temporalmente fuera del Estado competente (2);
— Decisión n.o A3, de 17 de diciembre de 2009, relativa a la totalización de períodos ininterrumpidos de desplazamiento cubiertos al amparo del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo y del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Intercambio electrónico de datos (serie E):
— Decisión n.o E2, de 3 de marzo de 2010, relativa a la instauración de un procedimiento de gestión de los cambios introducidos en los datos de los organismos definidos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo que se enumeran en el directorio electrónico que forma parte integrante de EESSI (4);
— Decisión n.o E4, de 13 de marzo de 2014, relativa al período transitorio definido en el artículo 95 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);
— Decisión n.o E5, de 16 de marzo de 2017, relativa a las disposiciones prácticas en relación con el período transitorio para el intercambio electrónico de datos contemplado en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
Prestaciones familiares (serie F):
— Decisión n.o F1, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 68 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas de prioridad en caso de acumulación de prestaciones familiares (7);
— Decisión n.o F2, de 23 de junio de 2015, sobre el intercambio de datos entre las instituciones a efectos de la concesión de prestaciones familiares (8).
Cuestiones horizontales (serie H):
— Decisión n.o H1, de 12 de junio de 2009, relativa al marco para la transición de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72 del Consejo a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y a la aplicación de las Decisiones y Recomendaciones de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (9);
— Decisión n.o H3, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (10);
— Decisión n.o H4, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la composición y los métodos de trabajo de la Comisión de Cuentas de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (11);
— Decisión n.o H5, de 18 de marzo de 2010, relativa a la cooperación en la lucha contra el fraude y el error en el marco del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Consejo y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social (12);
— Decisión n.o H6, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la aplicación de determinados principios relacionados con la totalización de los períodos en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (13);
— Decisión n.o H7, de 25 de junio de 2015, por la que se revisa la Decisión n.o H3, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (14);
— Decisión n.o H8, de 17 de diciembre de 2015 (actualizada con ligeras aclaraciones técnicas el 9 de marzo de 2016), relativa a los métodos de funcionamiento y a la composición de la Comisión Técnica de Tratamiento de la Información de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (15);
— Recomendación n.o H1, de 19 de junio de 2013, relativa a la jurisprudencia Gottardo, según la cual deben concederse también a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros las ventajas de que disfrutan los propios nacionales de un Estado miembro en virtud de un convenio bilateral de seguridad social que este haya celebrado con un tercer Estado (16).
Pensiones (serie P):
— Decisión n.o P1, de 12 de junio de 2009, relativa a la interpretación del artículo 50, apartado 4, el artículo 58 y el artículo 87, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que refiere a la concesión de prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia (17).
Cobro (serie R):
— Decisión n.o R1, de 20 de junio de 2013, relativa a la interpretación del artículo 85 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (18).
Enfermedad (serie S):
— Decisión n.o S1, de 12 de junio de 2009, relativa a la tarjeta sanitaria europea (19);
— Decisión n.o S2, de 12 de junio de 2009, relativa a las características técnicas de la tarjeta sanitaria europea (20);
— Decisión n.o S3, de 12 de junio de 2009, por la que se definen las prestaciones contempladas en el artículo 19, apartado 1, y el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en el artículo 25, sección A, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (21);
— Decisión n.o S5, de 2 de octubre de 2009, para la interpretación del concepto de «prestaciones en especie» según se define en el artículo 1, letra v bis), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en caso de enfermedad o maternidad, de acuerdo con el artículo 17, el artículo 19, el artículo 20, el artículo 22, el artículo 24, apartado 1, el artículo 25, el artículo 26, el artículo 27, apartados 1, 3, 4 y 5, el artículo 28, el artículo 34 y el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004, así como para determinar los importes que se reembolsarán de conformidad con los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (22);
— Decisión n.o S6, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la inscripción en el Estado miembro de residencia con arreglo al artículo 24 del Reglamento (CE) n.o 987/2009, y a la elaboración de los inventarios a que se refiere el artículo 64, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (23);
— Decisión n.o S8, de 15 de junio de 2011, relativa a la concesión de prótesis, grandes aparatos u otras prestaciones en especie de gran importancia contempladas en el artículo 33 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (24);
— Decisión n.o S9, de 20 de junio de 2013, relativa a los procedimientos de reembolso en aplicación de los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (25);
— Decisión n.o S10, de 19 de diciembre de 2013, relativa a la transición de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72 a los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 y a la aplicación de los procedimientos de reembolso (26);
— Recomendación n.o S1, de 15 de marzo de 2012, relativa a los aspectos financieros de las donaciones transfronterizas de órganos en vida (27);
— Recomendación n.o S2, de 22 de octubre de 2013, relativa al derecho a las prestaciones en especie para las personas aseguradas y los miembros de sus familias durante una estancia en un tercer país en virtud de un convenio bilateral entre el Estado miembro competente y el tercer país (28).
Desempleo (serie U):
— Decisión n.o U1, de 12 de junio de 2009, relativa al artículo 54, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refiere a los complementos de prestaciones de desempleo por cargas familiares (29);
— Decisión n.o U2, de 12 de junio de 2009, relativa al ámbito de aplicación del artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refiere al derecho a las prestaciones de desempleo de las personas en situación de desempleo total, que no sean trabajadores fronterizos, residentes en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro competente durante su último período de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia (30);
— Decisión n.o U3, de 12 de junio de 2009, relativa al ámbito de aplicación del concepto «desempleo parcial» aplicable a las personas desempleadas a que se refiere el artículo 65, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (31);
— Decisión n.o U4, de 13 de diciembre de 2011, relativa a los procedimientos de reembolso de acuerdo con el artículo 65, apartados 6 y 7, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el artículo 70 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (32);
— Recomendación n.o U1, de 12 de junio de 2009, sobre la legislación aplicable a personas desempleadas que ejercen una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en un Estado miembro distinto del Estado de residencia (33);
— Recomendación n.o U2, de 12 de junio de 2009, relativa a la aplicación del artículo 64, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, a desempleados que acompañen a su cónyuge o pareja de hecho que ejerza una actividad profesional en un Estado miembro distinto del Estado competente (34).
PARTE II
ACTOS PREVISTOS
Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (35), modificado por:
— el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (36);
— el Reglamento (UE) n.o 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (37);
— el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (38);
— el Reglamento (UE) n.o 1224/2012 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012 (39);
— el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (40);
— el Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013 (41), modificado por el Reglamento (UE) n.o 1368/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014 (42);
— el Reglamento (UE) 2017/492 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017 (43).
Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, modificado por (44):
— el Reglamento (UE) n.o 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (45);
— el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (46);
— el Reglamento (UE) n.o 1224/2012 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012 (47);
— el Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013 (48) ;
— el Reglamento (UE) n.o 1368/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014 (49);
— el Reglamento (UE) 2017/492 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017 (50).
PARTE III
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO (CE) N.o 883/2004 Y DEL REGLAMENTO (CE) N.o 987/2009
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 883/2004 quedan modificadas como sigue:
a) se añade el texto siguiente al anexo II:
«REINO UNIDO-ALEMANIA
a) Artículo 7, apartados 5 y 6, del Convenio de seguridad social de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas).
b) Artículo 5, apartados 5 y 6, del Convenio sobre seguro de desempleo de 20 de abril de 1960 (legislación aplicable al personal civil al servicio de las fuerzas armadas).
REINO UNIDO-IRLANDA
Artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de seguridad social de 14 de diciembre de 2004 (relativo a la transferencia y el reconocimiento de determinadas prestaciones por discapacidad).»;
b) se añade el texto siguiente al anexo III:
«REINO UNIDO»;
c) se añade el texto siguiente al anexo VI:
«REINO UNIDO
Subsidio de empleo y manutención (ESA)
a) si se concedió antes del 1 de abril de 2016, el ESA constituye una prestación por enfermedad en metálico durante los 91 primeros días (fase de evaluación). A partir del 92 día, el ESA (fase principal) se convierte en una prestación por incapacidad.
b) si se concedió el 1 de abril de 2016 o con posterioridad, el ESA constituye una prestación por enfermedad en metálico durante los 365 primeros días (fase de evaluación). A partir del 366 día, el ESA (grupo de apoyo) se convierte en una prestación por incapacidad.
Legislación de Gran Bretaña: Parte 1 de la Ley de 2007 de reforma del bienestar (Welfare Reform Act 2007).
Legislación de Irlanda del Norte: Parte 1 de la Ley de 2007 de reforma del bienestar (Irlanda del Norte) [Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007].»;
d) se añade el texto siguiente al anexo VIII, parte 1:
«REINO UNIDO
Todas las solicitudes de pensión de jubilación, de pensión estatal con arreglo a la parte 1 de la Ley de 2014 de pensiones y de prestaciones de viudedad y de defunción, a excepción de aquellas para las cuales, durante un ejercicio fiscal que diera comienzo el 6 de abril de 1975 o con posterioridad:
i) la parte afectada haya cumplido períodos de seguro, empleo o residencia conforme a la legislación del Reino Unido y de otro Estado miembro, y no se consideró válido al menos uno de los ejercicios fiscales mencionados en el inciso i) en el sentido de la legislación del Reino Unido,
ii) los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación en vigor en el Reino Unido durante los períodos anteriores al 5 de julio de 1948 serían tenidos en cuenta a efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento mediante la aplicación de los períodos de seguro, empleo o residencia bajo la legislación de otro Estado miembro.
Todas las solicitudes de pensiones complementarias en virtud del artículo 44 de la Ley de 1992 de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) y del artículo 44 de la Ley de 1992 de cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].»;
e) se añade el texto siguiente al anexo VIII, parte 2:
«REINO UNIDO
Prestaciones proporcionales de jubilación al amparo de los artículos 36 y 37 de la Ley nacional de seguros de 1965 (National Insurance Act 1965) y de los artículos 35 y 36 de la Ley nacional de seguros (Irlanda del Norte) de 1966 [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].»;
f) se añade el texto siguiente al anexo X:
«REINO UNIDO
a) Crédito de pensión estatal [Ley de 2002 de crédito de pensión estatal (State Pension Credit Act 2002) y Ley de 2002 de crédito de pensión estatal (Irlanda del Norte) –State Pension Credit Act 2002 (Northern Ireland)–].
b) Subsidios para solicitantes de empleo basados en los ingresos [Ley de 1995 sobre los solicitantes de empleo (Jobseekers Act 1995) y Orden de 1995 sobre los solicitantes de empleo (Irlanda del Norte) –Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995–].
d) Componente de movilidad del subsidio de subsistencia para personas con discapacidad [Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) y Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Irlanda del Norte) –Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992–].
e) Subsidio de empleo y manutención vinculado a los ingresos [Ley de 2007 de reforma del bienestar (Welfare Reform Act 2007) y Ley de 2007 de reforma del bienestar (Irlanda del Norte) –Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007–].»;
g) se añade el texto siguiente al anexo XI:
«REINO UNIDO
1. Cuando, en virtud de la legislación del Reino Unido, una persona pueda tener derecho a una pensión de jubilación:
a) si las cotizaciones del ex cónyuge se computan como si fueran sus propias cotizaciones, o
b) si el cónyuge o ex cónyuge cumple las condiciones de cotización aplicables, entonces, siempre que, en ambos casos, el cónyuge o ex cónyuge ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y haya estado sujeto a la legislación de dos o más Estados miembros, se aplicarán las disposiciones del capítulo 5 del título III del presente Reglamento para determinar su derecho a la pensión en virtud de la legislación del Reino Unido. En este caso, las referencias en dicho capítulo 5 a “períodos de seguro” se entenderán como referencias a períodos de seguro cubiertos por:
i) el cónyuge o un ex cónyuge, si la solicitud proviniere de:
— una mujer casada, o
— una persona cuyo matrimonio haya terminado por cualquier motivo que no sea el fallecimiento del cónyuge, o
ii) un ex cónyuge, si la solicitud es presentada por:
— un viudo que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de supervivencia con hijos a cargo, o
— una viuda que inmediatamente antes de la edad de jubilación no tenga derecho a un subsidio de madre viuda, a un subsidio de supervivencia con hijos a cargo ni a una pensión de viudedad, o que únicamente tenga derecho a una pensión de viudedad relacionada con la edad calculada en aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del presente Reglamento; a estos efectos, se entenderá por “pensión de viudedad relacionada con la edad” una pensión de viudedad de cuantía reducida, de conformidad con el artículo 39, apartado 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
2. Para la aplicación del artículo 6 del presente Reglamento a las disposiciones que regulan el derecho al subsidio de asistencia, al subsidio para cuidadores y al subsidio para personas con discapacidad, los períodos de actividad por cuenta ajena, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos en el territorio de un Estado miembro distinto del Reino Unido se computarán siempre que sea necesario para cumplir los requisitos relativos a los períodos obligatorios de presencia en el Reino Unido antes de la fecha en que se origine el derecho al subsidio en cuestión.
3. Para la aplicación del artículo 7 del presente Reglamento, en caso de prestaciones en metálico por invalidez, vejez o supervivencia, de pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional y subsidios de defunción, los beneficiarios en virtud de la legislación del Reino Unido que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro serán considerados, durante dicha estancia, como si residieran en el territorio de ese otro Estado miembro.
4. Cuando se aplique el artículo 46 del presente Reglamento, si la persona interesada sufre una incapacidad laboral conducente a la invalidez mientras está sujeta a la legislación de otro Estado miembro, el Reino Unido computará, a los efectos del artículo 30A, apartado 5, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), todos los períodos durante los cuales, por la incapacidad laboral, la persona haya percibido:
i) prestaciones en metálico del seguro de enfermedad o, en lugar de estas, un salario, o
ii) prestaciones en el sentido de los capítulos 4 y 5 del título III del presente Reglamento por la invalidez consecutiva a esa incapacidad laboral, con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, como si fueran períodos de percepción del subsidio de incapacidad a corto plazo abonados en virtud del artículo 30A, apartados 1 a 4, de la Ley de 1992 sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Para la aplicación de esta disposición, únicamente se computarán los períodos durante los cuales la persona habría estado incapacitada para trabajar en el sentido de la legislación del Reino Unido.
1) Para calcular el factor “retribuciones” con vistas a determinar el derecho a las prestaciones previstas por la legislación del Reino Unido, se considerará que la persona interesada, por cada semana de actividad por cuenta ajena, bajo la legislación de otro Estado miembro, iniciada durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta en el sentido de la legislación del Reino Unido, ha pagado cotizaciones como trabajador remunerado, o percibido una retribución por la que se han pagado cotizaciones, sobre la base de una retribución equivalente a las dos terceras partes de la retribución máxima percibida ese año.
2) Para la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del presente Reglamento:
a) si, en algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975 o posteriormente, una persona que ejerza una actividad por cuenta ajena ha cubierto períodos de seguro, empleo o residencia exclusivamente en un Estado miembro distinto del Reino Unido y, en virtud del anterior punto 5.1), ese ejercicio se considera válido en el sentido de la legislación del Reino Unido a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, se considerará que la persona ha estado asegurada durante cincuenta y dos semanas de ese ejercicio en ese otro Estado miembro;
b) si algún ejercicio fiscal iniciado a partir del 6 de abril de 1975 o posteriormente no se considera válido en el sentido de la legislación del Reino Unido a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del presente Reglamento, no se computará ningún período de seguro, empleo o residencia cubierto en ese ejercicio.
3) Para la conversión del factor “retribuciones” en períodos de seguro, el factor “retribuciones” obtenido durante el ejercicio de referencia del impuesto sobre la renta, en el sentido de la legislación del Reino Unido, se dividirá por la retribución mínima de ese ejercicio. El cociente obtenido se expresará en forma de número entero, prescindiendo de los decimales. Se considerará que la cifra así calculada representa el número de semanas de seguro cubiertas bajo la legislación del Reino Unido durante ese ejercicio, siempre que no exceda del número de semanas durante las cuales, en ese ejercicio, el interesado haya estado sujeto a esta legislación.».
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 987/2009 quedan modificadas como sigue:
a) se añade el texto siguiente al anexo I:
«REINO UNIDO-BÉLGICA
a) Canje de Notas de 4 de mayo y 14 de junio de 1976 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia de reembolso de gastos de control administrativos y médico).
b) Canje de Notas de 18 de enero y 14 de marzo de 1977 sobre el artículo 36, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 [acuerdo de reembolso o renuncia de reembolso de los gastos por prestaciones en especie otorgadas según el capítulo 1 del título III del Reglamento (CEE) n.o 1408/71], modificado por el Canje de Notas de 4 de mayo y 23 de julio de 1982 [acuerdo de reembolso de gastos ocasionados conforme al artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71].
REINO UNIDO-DINAMARCA
Canje de Notas de 30 de marzo y 19 de abril de 1977, modificadas por el Canje de Notas de 8 de noviembre de 1989 y 10 de enero de 1990, sobre el acuerdo relativo a la renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie y a los gastos de control administrativo y médico.
REINO UNIDO-ESTONIA
Acuerdo ultimado el 29 de marzo de 2006 entre las autoridades competentes de la República de Estonia y del Reino Unido según el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 que establece, respecto a ambos países y con efecto a partir del 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-IRLANDA
Canje de Notas de 9 de julio de 1975 referente al artículo 36, apartado 3, y al artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 [acuerdo sobre reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie abonadas en aplicación de los capítulos 1 o 4 del título III del Reglamento (CEE) n.o 1408/71] y al artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).
REINO UNIDO-ESPAÑA
Acuerdo de 18 de junio de 1999 sobre el reembolso de los gastos por prestaciones en especie servidas con arreglo a las disposiciones de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72.
REINO UNIDO-FRANCIA
a) Canje de Notas de 25 de marzo y 28 de abril de 1997 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia de reembolso de gastos de control administrativos y médico).
b) Acuerdo de 8 de diciembre de 1998 sobre los métodos específicos para determinar los importes que deben reembolsarse por prestaciones en especie ofrecidas en virtud de los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 y (CEE) n.o 574/72.
REINO UNIDO-ITALIA
Acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2005 entre las autoridades competentes de la República Italiana y del Reino Unido según el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de enero de 2005, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-LUXEMBURGO
Canje de Notas de 18 de diciembre de 1975 y de 20 de enero de 1976 sobre el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 [renuncia a reembolso por gastos ocasionados por controles administrativos y médicos mencionados en el artículo 105 del Reglamento (CEE) n.o 574/72].
REINO UNIDO-HUNGRÍA
Acuerdo ultimado el 1 de noviembre de 2005 entre las autoridades competentes de la República de Hungría y del Reino Unido según el artículo 35, apartado 3, y el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 883/2004 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-MALTA
Acuerdo ultimado el 17 de enero de 2007 entre las autoridades competentes de Malta y del Reino Unido según el artículo 35, apartado 3, y el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 883/2004 que establece, respecto a ambos países y con efecto a 1 de mayo de 2004, otros métodos de reembolso de los gastos por prestaciones en especie previstos en dicho Reglamento.
REINO UNIDO-PAÍSES BAJOS
Artículo 3, segunda frase, del Acuerdo administrativo de 12 de junio de 1956 para la aplicación del Convenio de 11 de agosto de 1954.
REINO UNIDO-PORTUGAL
Acuerdo de 8 de junio de 2004 por el que se establecen otros métodos de reembolso de los costes de las prestaciones en especie abonadas por ambos países con efecto a 1 de enero de 2003.
REINO UNIDO-FINLANDIA
Canje de Notas de 1 y 20 de junio de 1995 en relación con el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 (reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie) y el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).
REINO UNIDO-SUECIA
Canje de Notas de 15 de abril de 1997 en relación con el artículo 36, apartado 3, y el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 (reembolso o renuncia al reembolso de los gastos por prestaciones en especie) y el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 574/72 (renuncia al reembolso de los gastos de control administrativo y médico).»;
b) se añade el texto siguiente al anexo 3:
«REINO UNIDO».
(1) DO C 106 de 24.4.2010, p. 1.
(2) DO C 106 de 24.4.2010, p. 5.
(3) DO C 149 de 8.6.2010, p. 3.
(4) DO C 187 de 10.7.2010, p. 5.
(5) DO C 152 de 20.5.2014, p. 21.
(6) DO C 233 de 19.7.2017, p. 3.
(7) DO C 106 de 24.4.2010, p. 11.
(8) DO C 52 de 11.2.2016, p. 11.
(9) DO C 106 de 24.4.2010, p. 13.
(10) DO C 106 de 24.4.2010, p. 56.
(11) DO C 107 de 27.4.2010, p. 3.
(12) DO C 149 de 8.6.2010, p. 5.
(13) DO C 45 de 12.2.2011, p. 5.
(14) DO C 52 de 11.2.2016, p. 13.
(15) DO C 263 de 20.7.2016, p. 3.
(16) DO C 279 de 27.9.2013, p. 13.
(17) DO C 106 de 24.4.2010, p. 21.
(18) DO C 279 de 27.9.2013, p. 11.
(19) DO C 106 de 24.4.2010, p. 23.
(20) DO C 106 de 24.4.2010, p. 26.
(21) DO C 106 de 24.4.2010, p. 40.
(22) DO C 106 de 24.4.2010, p. 54.
(23) DO C 107 de 27.4.2010, p. 6.
(24) DO C 262 de 6.9.2011, p. 6.
(25) DO C 279 de 27.9.2013, p. 8.
(26) DO C 152 de 20.5.2014, p. 16.
(27) DO C 240 de 10.8.2012, p. 3.
(28) DO C 46 de 18.2.2014, p. 8.
(29) DO C 106 de 24.4.2010, p. 42.
(30) DO C 106 de 24.4.2010, p. 43.
(31) DO C 106 de 24.4.2010, p. 45.
(32) DO C 57 de 25.2.2012, p. 4.
(33) DO C 106 de 24.4.2010, p. 49.
(34) DO C 106 de 24.4.2010, p. 51.
(35) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
(36) DO L 284 de 30.10.2009, p. 43.
(37) DO L 338 de 22.12.2010, p. 35.
(38) DO L 149 de 8.6.2012, p. 4.
(39) DO L 349 de 19.12.2012, p. 45.
(40) DO L 158 de 10.6.2013, p. 1.
(41) DO L 346 de 20.12.2013, p. 27.
(42) DO L 366 de 20.12.2014, p. 15.
(43) DO L 76 de 22.3.2017, p. 13.
(44) DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.
(45) DO L 338 de 22.12.2010, p. 35.
(46) DO L 149 de 8.6.2012, p. 4.
(47) DO L 349 de 19.12.2012, p. 45.
(48) DO L 346 de 20.12.2013, p. 27.
(49) DO L 366 de 20.12.2014, p. 15.
(50) DO L 76 de 22.3.2017, p. 13.
ANEXO II
DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 41, APARTADO 4
1. Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina (1).
2. Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina (2).
3. Capítulo II de la Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros países (3).
4. Capítulo II de la Directiva 2009/158/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países (4).
5. Capítulo II de la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE (5).
6. Capítulo II de la Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (6).
7. Capítulo II de la Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie bovina (7).
8. Capítulo II de la Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina (8).
9. Capítulo III de la Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (9).
10. Capítulo II del Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003 (10).
(1) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(2) DO L 46 de 19.2.1991, p. 19.
(3) DO L 192 de 23.7.2010, p. 1.
(4) DO L 343 de 22.12.2009, p. 74.
(5) DO L 268 de 14.9.1992, p. 54.
(6) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1.
(7) DO L 194 de 22.7.1988, p. 10.
(8) DO L 224 de 18.8.1990, p. 62.
(9) DO L 328 de 24.11.2006, p. 14.
(10) DO L 178 de 28.6.2013, p. 1.
ANEXO III
PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS SITUACIONES O LOS REGÍMENES ADUANEROS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 49, APARTADO 1
Los plazos fijados en el presente anexo son las fechas límite pertinentes para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
Situación/régimen
Depósito temporal
90 días [artículo 149 del Reglamento (UE) n.o 952/2013]
Despacho a libre práctica
1 mes + 10 días después de la aceptación de la declaración [artículo 146, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (1), referente a la declaración complementaria]; «plazo razonable» en cuanto a la verificación [artículo 194 del Reglamento (UE) n.o 952/2013]
Máximo: 60 días
3. Regímenes especiales
El período de ultimación es obligatorio para el perfeccionamiento activo, el perfeccionamiento pasivo, el destino especial y la admisión temporal [E.D. 4/17 del anexo A del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446]. Ultimación por inclusión en un régimen aduanero ulterior, salida del territorio aduanero o destrucción, artículo 251, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
Tránsito de la Unión
Máximo: 12 meses después del levante
Depósito aduanero
Máximo: 12 meses después del final del período transitorio
Zonas francas
Al final del período transitorio
Importación temporal
Máximo: 12 meses después del levante
Destino final
Máximo: 12 meses después del levante
Perfeccionamiento activo
Máximo: 12 meses después del levante
Perfeccionamiento pasivo
Máximo: 12 meses después del levante
Exportación
150 días después del levante
Reexportación
150 días después del levante
(1) Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1).
ANEXO IV
LISTA DE REDES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 50, 53, 99 Y 100
1. Se establecerá un sistema de retrocompatibilidad para el Reino Unido y la Unión con el fin de asegurar que, en caso de introducción de cambios en las redes, los sistemas de información y las bases de datos, así como de modificación de los formatos de intercambio de información, los Estados miembros y el Reino Unido puedan seguir aceptando la información de la otra parte en el formato actual, salvo que la Unión y el Reino Unido decidan otra cosa.
2. El acceso del Reino Unido a las redes, los sistemas de información o las bases de datos estará limitado en el tiempo. Se indica el plazo correspondiente a cada red, sistema de información o base de datos. Cuando sean necesarios intercambios de información entre autoridades aduaneras para la aplicación de los regímenes conforme al artículo 49, una vez haya dejado de ser posible el tratamiento electrónico de los datos de conformidad con el presente anexo, se utilizarán otros medios de intercambio y almacenamiento de la información.
Parte I: Aduanas
Sistema informático de aduanas
Tipo de acceso
Fecha límite
(Sistema de control de la importación)
Presentación de la declaración previa a la llegada limitada a:
la recepción y el envío de datos de declaración sumaria de entrada (ENS) correspondientes a declaraciones presentadas antes del final del período transitorio (en el caso de puertos ulteriores o de desvío);
la recepción y el envío de datos de riesgo correspondientes a declaraciones presentadas antes del final del período transitorio.
31 de julio de 2021
(Nuevo sistema de tránsito informatizado)
Todas las funciones aplicables a las operaciones de tránsito en curso, es decir, los movimientos de levante para el tránsito antes del final del período transitorio. [No se producirán nuevas operaciones de levante para el tránsito tras el final del período transitorio]
31 de enero de 2021
(Sistema de control de la exportación)
Confirmación de la salida para las operaciones de exportación en curso, es decir, mercancías a las que se haya otorgado el levante para la exportación antes del final del período transitorio:
para las operaciones con las oficinas de aduanas de salida en el Reino Unido, a fin de confirmar la salida de las mercancías en el ECS;
para las operaciones con las oficinas de aduanas de salida en los Estados miembros, es decir, las oficinas de aduanas de exportación en el Reino Unido, a fin de recibir las confirmaciones de salida de las oficinas de aduanas de salida de los Estados miembros.
31 de enero de 2021
(Ficha de información)
Acceso de solo lectura al Portal específico para operadores de INF para los operadores del Reino Unido;
Acceso de lectura y escritura a las INF activas en el sistema INF para las oficinas de aduanas.
31 de diciembre de 2021
SURV-RECAPP
(Sistema de vigilancia arancelaria — Aplicación de recepción)
Transmisión por las autoridades aduaneras del Reino Unido de los elementos de datos para los procedimientos de despacho a libre práctica o de exportación:
registros de declaración única aún no transmitidos de los procedimientos de despacho a libre práctica o de exportación de los que las mercancías hayan sido objeto antes del final del período transitorio;
elementos de los registros de declaración única para el despacho a libre práctica que pongan fin o liquiden un régimen o una situación en curso.
28 de febrero de 2021
(Información arancelaria vinculante europea)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Acceso a la información sobre las decisiones relativas a la información arancelaria vinculante o a cualquier acontecimiento ulterior que pueda afectar a la solicitud original o a la decisión (acceso sin restricciones con fines de consulta).
8 de enero de 2021
(Arancel aduanero integrado de la Comunidad)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Transmisión de las actualizaciones diarias al Reino Unido tras el final del período transitorio, a excepción de los datos confidenciales (datos de vigilancia estadística).
31 de diciembre de 2021
(Sistema de gestión de los contingentes arancelarios, los límites máximos arancelarios y otros aspectos sometidos a supervisión)
Datos para el cálculo de la deuda aduanera:
Gestión de los contingentes, cancelación de las solicitudes de contingentes y devoluciones de cantidades asignadas pero no utilizadas.
6 de enero de 2021
SMS TRA, EXP
(Sistema de gestión de muestras)
Acceso de solo lectura a la base de datos que contiene las muestras de los sellos, los precintos y los certificados.
31 de enero de 2021
SMS QUOTA
(Sistema de gestión de muestras)
Acceso de solo lectura a la base de datos que contiene los certificados de autenticidad necesarios para beneficiarse de los contingentes.
6 de enero de 2021
[Comunicación de casos de fraude e irregularidades que afecten a los recursos propios tradicionales (RTP) por importes superiores a 10 000 EUR; artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014]
Acceso limitado a los asuntos que afecten al Reino Unido (prohibición de acceso a los análisis globales).
20 de febrero de 2026
[Sistema informático de gestión de las admisiones en pérdida para los informes RTP en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014]
Acceso sin restricciones, limitado ya por defecto a los informes nacionales de admisión en pérdida (acceso de solo lectura a partir del 1 de julio de 2025 en el marco de la liquidación de la cuenta separada a 31 de diciembre de 2025).
30 de junio de 2025
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
EOS/EORI
(Sistema de operadores económicos — Registro e identificación de los operadores económicos)
Acceso de solo lectura para los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021
(Sistema de decisiones aduaneras)
Acceso de solo lectura para los operadores del Reino Unido y para las oficinas de aduanas del Reino Unido.
31 de enero de 2021
(Servicios centrales / datos de referencia)
Acceso de solo lectura para los datos de referencia;
Acceso de escritura, únicamente para las aduanas de la Administración nacional del Reino Unido.
31 de diciembre de 2021
(Servicios centrales / Sistema informático de gestión)
Acceso de solo escritura para subir las indisponibilidades y las estadísticas sobre empresas.
31 de julio de 2021
(Portal genérico de los operadores)
Acceso a las funciones genéricas del portal para los operadores del Reino Unido hasta que se desactive el último Portal específico para operadores del Reino Unido.
31 de diciembre de 2021
Red e infraestructura
Tipo de acceso
Fecha límite
(Red común de comunicación)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
(Gestión uniforme de los usuarios y firma digital)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
(Red común de comunicación 2)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de diciembre de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
Parte II: Impuesto especial
Sistema informático de impuestos especiales
Tipo de acceso
Fecha límite
EMCS Core
(Sistema informatizado para la circulación y el control de los impuestos especiales)
Suspensión de derechos: transmisiones hacia y desde el Reino Unido de las notificaciones de recepción/ notificaciones de exportación (IE818).
31 de mayo de 2021
EMCS Admin Coop
(Sistema informatizado para la circulación y el control de los impuestos especiales — Cooperación administrativa)
Transmisiones hacia y desde el Reino Unido de los mensajes relativos a los movimientos abiertos (informes de incidencias, informes de control, cooperación administrativa, consultas sobre los movimientos abiertos en el EMCS).
31 de mayo de 2021
Los Estados miembros y el Reino Unido conservarán la cooperación administrativa del EMCS en línea para permitir las solicitudes de información y las auditorías sobre los movimientos hasta el final del período transitorio.
31 de diciembre de 2024
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
(Sistema de intercambio de datos sobre impuestos especiales)
Solo lectura, con invalidación de los operadores económicos del Reino Unido.
31 de mayo de 2021
CS/MISE
(Servicios centrales / Sistema de información sobre gestión para el EMCS)
Acceso con filtros para ceñirse a los movimientos que afecten al Reino Unido.
31 de mayo de 2021
Red e infraestructura
Tipo de acceso
Fecha límite
(Red común de comunicación)
Vinculado al acceso a los sistemas asociados.
31 de mayo de 2021 (o fecha posterior, si es necesario para el impuesto especial u otra tributación)
Parte III: IVA
Sistema informático de IVA
Tipo de acceso
Fecha límite
VAT-VIES
(Sistema informático de intercambio de información sobre IVA)
Información sobre el registro de los sujetos pasivos:
Acceso recíproco a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros (1) para intercambiar, hasta el 31 de diciembre de 2024, información de registro histórica de la otra Parte (2) (datos de registro introducidos en el sistema antes del final de período transitorio), así como información de registro de la otra parte actualizada tras el período transitorio (por ejemplo, fin del registro de un sujeto pasivo).
31 de diciembre de 2024 (3)
Información sobre transacciones y volumen de negocios:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco para intercambiar la información contenida en las declaraciones recapitulativas presentadas a la otra parte respecto de las operaciones que se hayan realizado (4) antes del final del período transitorio y que impliquen a los sujetos pasivos de la parte receptora;
El Reino Unido y los Estados miembros no tendrán acceso a la información de la otra parte sobre el volumen de negocios correspondiente a las operaciones que se realicen después del 31 de diciembre de 2020.
31 de diciembre de 2024
Devolución del IVA
Acceso al sistema informático para:
transmitir a los Estados miembros las solicitudes de devolución del IVA presentadas por sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido de conformidad con la Directiva 2008/9/CE y recibir de los Estados miembros las solicitudes de devolución del IVA presentadas por sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro;
30 de abril de 2021
tramitar (5) las solicitudes de devolución del IVA recibidas por el Reino Unido y presentadas por sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro y las solicitudes de devolución del IVA recibidas por los Estados miembros y presentadas por sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido.
31 de enero de 2022
(Miniventanilla)
Información sobre registro:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre el registro y el historial de registros;
31 de diciembre de 2024
divulgar la información relativa a los nuevos registros MOSS para los registros cuya fecha efectiva sea anterior o igual al 31 de diciembre de 2020.
20 de febrero de 2021
Devolución del IVA:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre las declaraciones presentadas a través del sistema MOSS a 31 de enero de 2021;
20 de febrero de 2021
intercambiar las modificaciones relativas a las declaraciones de IVA presentadas a través del sistema MOSS a 20 de enero de 2021;
20 de enero de 2022
intercambiar la información de las declaraciones de IVA para las transacciones en las que esté implicada la otra parte.
31 de diciembre de 2024
El Reino Unido y los Estados miembros no tendrán acceso a la información sobre declaraciones de IVA de la otra parte respecto de las transacciones que se realicen después del 31 de diciembre de 2020.
Información sobre los pagos:
Acceso a los sistemas informáticos por el Reino Unido y los Estados miembros con acceso recíproco, con el fin de:
intercambiar información sobre los pagos recibidos de las empresas registradas en el sistema MOSS a 31 de enero de 2021;
20 de febrero de 2021
por lo que respecta a las transacciones imponibles en la otra parte, intercambiar información referente a los reembolsos o los pagos de las modificaciones de las declaraciones de IVA presentadas a través del sistema MOSS a 31 de diciembre de 2021.
20 de enero de 2022
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
CCN/eFCA
Cooperación administrativa en materia de IVA
(Red común de comunicaciones / Aplicación central eForm)
Transmisión entre el Reino Unido y los Estados miembros de las solicitudes referentes a la cooperación administrativa en materia de IVA y seguimiento de esas solicitudes.
31 de diciembre de 2024
Preferencias de devolución del IVA en el sistema TIC
Acceso por el Reino Unido con el fin de actualizar sus preferencias de devolución del IVA.
31 de marzo de 2021
Parte IV: Asistencia para la recaudación de impuestos y derechos
Sistema de apoyo
Tipo de acceso
Fecha límite
CCN/eFCA
Asistencia para la recaudación
Transmisión entre el Reino Unido y los Estados miembros de las solicitudes referentes a la asistencia para la recaudación y seguimiento de esas solicitudes.
31 de diciembre de 2025
(1) A efectos del presente anexo, el «acceso recíproco» implica la obligación, por parte del Reino Unido, de asegurar que los Estados miembros tengan el mismo acceso a esos datos en el Reino Unido que tienen el Reino Unido y los Estados miembros en los Estados miembros.
(2) A los efectos del presente anexo, por «la otra parte» se entiende, en lo que respecta al Reino Unido, un Estado miembro, y, en lo que respecta a un Estado miembro, el Reino Unido.
(3) Los datos del Reino Unido relativos a los números de identificación a efectos del IVA de sus sujetos pasivos deberán actualizarse hasta el 31 de diciembre de 2024.
(4) Incluidas las operaciones previstas en el artículo 51, apartado 1.
(5) A los efectos del presente guion, por «tramitar» se entiende realizar, con respecto a una solicitud, todas las diligencias que permitan su finalización, incluida la notificación de los importes denegados y de las modalidades de recurso, y el reembolso de los importes autorizados, además del intercambio de los mensajes pertinentes con el sistema de devolución del IVA.
ANEXO V
EURATOM
El presente anexo establece las categorías de equipos y otros bienes de la Comunidad relacionados con la realización de controles de seguridad que se encuentran en el Reino Unido con arreglo al Tratado Euratom que, al final del período transitorio, pasarán a ser propiedad del Reino Unido.
Al final del período transitorio, la Comisión Europea remitirá al Reino Unido el inventario definitivo de los equipos y otros bienes de la Euratom que se transfieran.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, apartado 1, y en el artículo 148, el Reino Unido reembolsará a la Unión el valor de dichos equipos y otros bienes, cuyo cálculo se basará en el valor asignado a estos equipos y otros bienes en las cuentas consolidadas del ejercicio 2020. La Comisión Europea comunicará dicho valor al Reino Unido tras su aprobación preceptiva definitiva.
Los equipos de la Euratom se encuentran en:
— Sellafield (1), la planta de reprocesamiento de combustible nuclear del Reino Unido;
— Dounreay (2), el antiguo centro de investigación y desarrollo en materia de reactores rápidos del Reino Unido;
— Sizewell (3), un recinto con dos centrales nucleares: Sizewell A (que no está en funcionamiento) y Sizewell B, un reactor de agua a presión que sigue en funcionamiento;
— Capenhurst (4), una central de enriquecimiento de uranio;
— Springfields (5), una planta de fabricación de combustible;
— Otros reactores, instalaciones de investigación, sanitarias o de otro tipo, en las que se utilicen equipos de controles de seguridad.
Los equipos de la Euratom contienen varios elementos que consisten en instalaciones fijas y otros dispositivos conexos necesarios para el uso de dichas instalaciones fijas y que constituyen una parte indisoluble del conjunto del sistema instalado:
1. Sellos:
— sellos metálicos de un solo uso;
— sellos de fibra óptica de un solo uso y de varios usos; y
— lectores de sellos.
2. Equipo de vigilancia:
— sistemas de vigilancia de la seguridad digitales y analógicos de componente único o múltiple.
3. Equipos de medición (ensayo no destructivo):
— varios tipos de detectores de rayos gamma con pre-amplificadores y sistemas electrónicos de conteo para las mediciones de rayos gamma;
— varios tipos de detectores de neutrones con pre-amplificadores y sistemas electrónicos de conteo para las mediciones de neutrones; así como
— equipos para los conjuntos combustibles nuevos o gastados, el tambor de uranio y el plutonio, que pueden contener medidores como escáneres de barras de combustible y de conjuntos combustibles, balanzas y células de carga.
4. Equipos de laboratorio (que integran el laboratorio ubicado en Sellafield):
— espectrómetro de masa (TIMS);
— instrumentos de medición con rayos gamma y rayos X (por ejemplo, densitómetro de pico K y XRF); y
— cajas de guantes con equipos analíticos tales como densitómetros o balanzas analíticas.
Con el fin de facilitar el traspaso más eficaz de estos equipos, el Reino Unido y la Comunidad tomarán las medidas jurídicas necesarias para liberar a la Comunidad de sus obligaciones y responsabilidades en virtud de su acuerdo de 25 de marzo de 1994 con British Nuclear Fuels plc (actualmente Sellafield Ltd).
5. Equipos informáticos y afines (en los despachos y los sistemas de medición):
— ordenadores personales así como los equipos conexos, inclusive la infraestructura de transmisión de datos a distancia (baterías y fuentes de alimentación, dispositivos informáticos que permitan controlar varios ordenadores, equipos de red, incluida la fibra óptica, los cables Ethernet y los convertidores, interruptores, servidores de terminales, encaminadores VPN, controladores de tiempo y dominio, y armarios); así como
— servidores, pantallas e impresoras conexos.
(1) Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, REINO UNIDO
(2) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, REINO UNIDO
(3) EDF Energy Nuclear Generation Limited — Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON
(4) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, REINO UNIDO
(5) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, REINO UNIDO
ANEXO VI
LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 98
1. Cooperación administrativa entre los Estados miembros relativa a las declaraciones del proveedor sobre el origen de las mercancías, establecida a efectos del comercio preferencial entre la Unión y determinados países [artículos 61 a 66 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
2. Para la comprobación de las pruebas del carácter originario expedidas por autoridades de terceros países u organismos autorizados por estas (regímenes especiales de importación no preferenciales) [artículo 59 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447] y para la comprobación de las pruebas del carácter originario expedidas o extendidas por autoridades de terceros países o por exportadores (regímenes preferenciales) [artículos 108 a 111 y artículo 125 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, artículo 32 del anexo II del Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 55 del anexo VI de la Decisión 2013/755/UE del Consejo y disposiciones equivalentes de los acuerdos preferenciales].
3. Asistencia mutua en el marco del cobro de una deuda aduanera [artículo 101, apartado 1, y artículo 102, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 165 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
4. Asistencia mutua en el marco de la transferencia del importe de la deuda aduanera del Estado miembro que haya aceptado una garantía al Estado miembro en el que haya nacido la deuda aduanera [artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 153 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
5. Verificación de los medios de prueba del estatuto de la Unión (y asistencia administrativa) [artículo 153 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 212 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
6. Comunicación entre las autoridades relativa a las mercancías de retorno [artículo 203 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 256 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
7. Cooperación administrativa en el marco de la recaudación de otros gravámenes para las mercancías incluidas en un régimen de importación temporal de conformidad con el Convenio ATA o el Convenio de Estambul [artículo 226, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 170 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
8. Asistencia mutua en la obtención de información complementaria para resolver una solicitud de condonación o devolución [artículo 22 y artículo 116, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 175 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
9. Comprobación y asistencia administrativa para los controles posteriores al levante en relación con la información relativa a la operación de tránsito de la Unión [artículo 48 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 292 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
10. Cooperación administrativa en el marco de la recaudación de otros gravámenes en virtud de regímenes de tránsito [artículo 226, apartado 3, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículos 167 y 169 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
11. Notificación de la recaudación de derechos y otros gravámenes en el marco del régimen de tránsito de la Unión y del tránsito de conformidad con el Convenio TIR [artículo 226, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y artículo 168 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447].
12. Cooperación directa e intercambio de información entre Estados miembros en relación con los controles de las exportaciones de productos de doble uso [artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo].
ANEXO VII
LISTA DE ACTOS/DISPOSICIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128, APARTADO 6
1. Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (sin perjuicio del artículo 96, apartado 1, del presente Acuerdo) (1).
2. Títulos III y IX de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (2); Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico (3); Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada (4); Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (5); títulos III y VII de la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (6); Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (7); Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (8); Reglamento de Ejecución (UE) n.o 520/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, sobre la realización de las actividades de farmacovigilancia previstas en el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9); y Reglamento (CE) n.o 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios (10).
3. Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (11).
4. Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (12).
5. Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (13), y Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal (14).
6. Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (15).
7. Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (16).
8. Artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (17).
9. Reglamento (CE) n.o 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (18).
10. Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (19), y artículo 6, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (20).
11. Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (21).
12. Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (22).
13. Reglamento (CE) n.o 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la comercialización y la utilización de los piensos (23).
(1) DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.
(2) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(3) DO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
(4) DO L 324 de 10.12.2007, p. 121.
(5) DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
(6) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(7) DO L 152 de 16.6.2009, p. 11.
(8) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
(9) DO L 159 de 20.6.2012, p. 5.
(10) DO L 334 de 12.12.2008, p. 7.
(11) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(12) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(13) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(14) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
(15) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(16) DO L 158 de 27.5.2014, p. 1.
(17) DO L 334 de 12.12.2008, p. 25.
(18) DO L 131 de 28.5.2009, p. 11.
(19) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(20) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(21) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(22) DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.
(23) DO L 229 de 1.9.2009, p. 1.
ANEXO VIII
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ MIXTO Y DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS
Regla 1
Presidencia
1. El Comité Mixto estará copresidido por un miembro de la Comisión Europea y por un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial o por altos funcionarios designados para actuar como suplentes de los anteriores. La Unión Europea y el Reino Unido se notificarán mutuamente por escrito los copresidentes y sus suplentes que designen.
2. Las decisiones de los copresidentes previstas en el presente Reglamento interno se adoptarán de común acuerdo.
3. Un copresidente que no pueda asistir a una reunión podrá ser sustituido en esa reunión por la persona que designe. El copresidente, o la persona que haya designado, comunicará la designación por escrito al otro copresidente y a la Secretaría del Comité Mixto tan pronto como sea posible.
4. La persona designada por el copresidente ejercerá los derechos de esa copresidencia dentro de los límites de la designación. Se entenderá que toda referencia a los copresidentes contenida en el presente Reglamento interno incluye a una persona designada.
Regla 2
Secretaría
La Secretaría del Comité Mixto (en lo sucesivo, «Secretaría») estará compuesta por un funcionario de la Comisión Europea y un funcionario del Gobierno del Reino Unido. La Secretaría, bajo la autoridad de los copresidentes, desempeñará las funciones que le atribuye el presente Reglamento interno.
Regla 3
Participación en reuniones
1. Antes de cada reunión, la Unión y el Reino Unido se informarán mutuamente a través de la Secretaría de la composición prevista de las delegaciones.
2. Si procede, y por decisión de los copresidentes, podrá invitarse a expertos u otras personas que no sean miembros de las delegaciones a asistir a las reuniones del Comité Mixto con el fin de proporcionar información sobre un tema concreto.
Regla 4
Reuniones
1. El Comité Mixto celebrará sus reuniones en Bruselas y Londres de forma alterna, salvo que los copresidentes decidan otra cosa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los copresidentes podrán decidir que una reunión de la Comisión Mixta se celebre por videoconferencia o teleconferencia.
3. La Secretaría convocará cada reunión del Comité Mixto para la fecha y en el lugar que decidan los copresidentes. En caso de que la Unión o el Reino Unido hayan pedido la convocatoria de una reunión, el Comité Mixto procurará reunirse en los treinta días siguientes a la fecha de solicitud. En casos de urgencia, procurará reunirse en un plazo inferior.
Regla 5
Documentos
Los documentos escritos que sustenten las deliberaciones del Comité Mixto serán numerados y distribuidos a la Unión y al Reino Unido por la Secretaría en calidad de documentos del Comité Mixto.
Regla 6
Correspondencia
1. La Unión y el Reino Unido remitirán a la Secretaría su correspondencia destinada al Comité Mixto. Dicha correspondencia podrá enviarse en cualquier soporte escrito, incluido el correo electrónico.
2. La Secretaría garantizará que la correspondencia destinada al Comité Mixto se transmita a los copresidentes y se distribuya, cuando proceda, de conformidad con la regla 5.
3. Toda correspondencia procedente de los copresidentes o dirigida directamente a estos deberá transmitirse a la Secretaría y se distribuirá, cuando proceda, de conformidad con la regla 5.
Regla 7
Orden del día de las reuniones
1. La Secretaría elaborará un orden del día provisional para cada reunión. Este orden del día se transmitirá, junto con los documentos pertinentes, a los copresidentes, a más tardar quince días antes de la fecha de la reunión.
2. El orden del día provisional incluirá los puntos cuya inclusión en el mismo hayan pedido la Unión o el Reino Unido. Toda petición de este tipo, junto con todos los documentos pertinentes, se presentará a la Secretaría a más tardar veintiún días antes del inicio de la reunión.
3. A más tardar diez días antes de la fecha de la reunión, los copresidentes acordarán el orden del día provisional de dicha reunión. Podrán decidir publicar el orden del día provisional, o cualquier parte del mismo, antes del comienzo de la reunión.
4. El Comité Mixto adoptará el orden del día al comienzo de cada reunión. A petición de la Unión o del Reino Unido, y por decisión del Comité Mixto, podrá añadirse al orden del día un punto distinto de los contenidos en el orden del día provisional.
5. En casos excepcionales, los copresidentes podrán decidir establecer excepciones a los plazos especificados en los apartados 1 y 2.
Regla 8
1. La Secretaría redactará un borrador de acta de cada reunión en un plazo de veintiún días a partir del final de la reunión, salvo que los copresidentes decidan otra cosa.
2. Por regla general, el acta resumirá cada punto del orden del día, especificando cuando proceda:
a) los documentos presentados al Comité Mixto;
b) toda declaración que uno de los copresidentes haya pedido hacer constar en el acta; y
c) las decisiones adoptadas, las recomendaciones formuladas, las declaraciones conjuntas aprobadas y las conclusiones operativas adoptadas sobre puntos específicos.
3. El acta incluirá una lista del nombre, cargo y funciones de todas las personas que hubieren asistido a la reunión.
4. El acta será aprobada por escrito por los copresidentes en el plazo de veintiocho días a partir de la fecha de la reunión, o en cualquier otra fecha decidida por los copresidentes. Una vez aprobada, los miembros de la Secretaría firmarán dos versiones auténticas del acta. La Unión y el Reino Unido recibirán sendas versiones auténticas. Los copresidentes podrán acordar la validez de la firma electrónica y el intercambio de copias electrónicas para satisfacer este requisito.
5. La Secretaría también preparará un resumen del acta. Tras haber aprobado el resumen, los copresidentes podrán decidir hacerlo público.
Regla 9
Decisiones y recomendaciones
1. En el período entre reuniones, el Comité Mixto podrá adoptar decisiones o recomendaciones por el procedimiento escrito en caso de que los copresidentes decidan recurrir a este procedimiento. El procedimiento escrito consistirá en un intercambio de notas entre los copresidentes.
2. Si el Comité Mixto adopta decisiones o recomendaciones, se insertará el término «Decisión» o «Recomendación», respectivamente, en el título de dichos actos. La Secretaría registrará toda decisión o recomendación con un número de serie y una referencia a la fecha de su adopción.
3. Las decisiones adoptadas por el Comité Mixto especificarán la fecha en la que comiencen a surtir efecto.
4. Los copresidentes firmarán las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité Mixto y la Secretaría las enviará a las Partes inmediatamente después de la firma.
Regla 10
Publicidad y confidencialidad
1. Salvo que los copresidentes decidan lo contrario, las reuniones del Comité Mixto serán confidenciales.
2. Cuando la Unión o el Reino Unido presenten al Comité Mixto o a cualquier comité especializado información considerada confidencial o protegida de toda divulgación en virtud de sus disposiciones legales y reglamentarias, la otra Parte tratará dicha información de forma confidencial.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la Unión y el Reino Unido podrán decidir individualmente si procede publicar las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité Mixto en sus respectivos boletines oficiales.
Regla 11
Lenguas
1. Las lenguas oficiales del Comité Mixto serán las lenguas oficiales de la Unión y del Reino Unido.
2. La lengua de trabajo del Comité Mixto será el inglés. Salvo que los copresidentes decidan lo contrario, el Comité Mixto se basará, para sus deliberaciones, en documentos redactados en inglés.
Regla 12
1. La Unión y el Reino Unido se harán cargo de los gastos en que incurran como consecuencia de su participación en las reuniones del Comité Mixto.
2. Los gastos relacionados con la organización de las reuniones y la reproducción de documentos correrán a cargo de la Unión en las reuniones celebradas en Bruselas y del Reino Unido en las reuniones celebradas en Londres.
3. Los gastos relacionados con la interpretación desde y hacia la lengua de trabajo del Comité Mixto durante las reuniones correrán a cargo de la Parte que solicite dicha interpretación.
Regla 13
Comités especializados
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de esta regla, las reglas 1 a 12 se aplicarán mutatis mutandis a los comités especializados, salvo que el Comité Mixto decida otra cosa.
2. Los comités especializados serán copresididos por representantes designados por la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido. La Unión Europea y el Reino Unido se notificarán mutuamente los representantes designados.
3. Todos los datos e informes que deba aportar un comité especializado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165, apartado 4, del Acuerdo se entregarán al Comité Mixto sin demora injustificada.
Regla 14
Informe anual
Para cada año natural, la Secretaría elaborará el informe anual sobre el funcionamiento del Acuerdo previsto en el artículo 164, apartado 6, del Acuerdo a más tardar el 1 de mayo del año siguiente. Será adoptado y firmado por los copresidentes.
ANEXO IX
REGLAS DE PROCEDIMIENTO
PARTE A
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
I. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento de Procedimiento, se entenderá por:
a) «Parte»: la Unión o el Reino Unido;
b) «Parte demandante»: la Parte que pide la constitución de un panel de arbitraje en virtud del artículo 170 del Acuerdo;
c) «Parte demandada»: la Parte acusada de haber infringido una disposición del presente Acuerdo;
d) «representante de una Parte»: un empleado o cualquier otra persona nombrada por una Parte que representa a dicha Parte a los efectos de una controversia con arreglo al presente Acuerdo;
e) «asesor»: la persona designada por una Parte para asesorar o asistir a dicha Parte en relación con el procedimiento ante el panel de arbitraje;
f) «asistente»: toda persona que, con arreglo a las condiciones de su nombramiento, lleva a cabo una investigación para un miembro de un panel de arbitraje, o le proporciona apoyo, bajo la dirección y el control de dicho miembro.
II. Notificaciones
2. Las reglas siguientes se aplicarán a las notificaciones entre las Partes y el panel de arbitraje:
a) el panel de arbitraje deberá enviar todas las peticiones, informes, escritos y otros documentos a ambas Partes al mismo tiempo;
b) si una de las Partes envía una petición, notificación, escrito u otro documento al panel de arbitraje, enviará una copia del mismo a la otra Parte al mismo tiempo; y
c) si una de las Partes envía una petición, notificación, escrito u otro documento en relación con la controversia a la otra Parte, deberá enviar una copia del mismo al panel de arbitraje al mismo tiempo.
3. Toda comunicación mencionada en el punto 2 deberá enviarse por correo electrónico o, cuando proceda, cualquier otro medio de telecomunicación que permita registrar el envío. Salvo prueba en contrario, una notificación de este tipo se considerará entregada el mismo día de su envío. Todas las comunicaciones se dirigirán al Servicio Jurídico de la Comisión Europea y al Asesor Jurídico de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, respectivamente.
4. La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje, a petición escrita de las Partes o del panel de arbitraje, actuará como canal de comunicación entre las Partes y el panel de arbitraje.
5. Los errores de transcripción de índole menor en una petición, notificación, escrito u otro documento relacionado con el procedimiento ante el panel de arbitraje podrán ser corregidos mediante el envío de un nuevo documento en el que se indiquen claramente las modificaciones efectuadas.
6. Si el último día previsto para la entrega de un documento coincide con un fin de semana o día festivo aplicable a la Comisión Europea o a la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, según proceda, el documento podrá entregarse el siguiente día laborable. A más tardar el 30 de septiembre de cada año, la Unión Europea y el Reino Unido se informarán mutuamente, así como, en el caso previsto en el punto 4, a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje, de los días festivos aplicables a la Comisión Europea y a la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, respectivamente.
III. Nombramiento y sustitución de los miembros de un panel de arbitraje
7. Si, en virtud del artículo 171, apartado 5, del Acuerdo, uno o más miembros de un panel de arbitraje deben ser elegidos por sorteo, la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje informará sin demora a las Partes de la fecha, hora y lugar de la elección. Las Partes podrán optar por estar presentes durante la elección. Sin embargo, la ausencia de una o ambas Partes no impedirá que se celebre la elección.
8. La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje notificará por escrito a cada persona que haya sido seleccionada para actuar como miembro de un panel de arbitraje de su nombramiento. Cada persona seleccionada deberá confirmar su disponibilidad a la Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje y a ambas Partes en un plazo de cinco días a partir de dicha notificación.
9. Si una de las Partes considera que un miembro del panel de arbitraje no cumple el Código de Conducta que figura en la parte B y que por esta razón debe ser sustituido, dicha Parte lo notificará a la otra Parte en el plazo de quince días a partir del momento en que obtenga pruebas suficientes del presunto incumplimiento de dicho miembro.
10. Las Partes se consultarán mutuamente en un plazo de quince días a partir de la notificación a que se hace referencia en el punto 9. Informarán al miembro del panel de arbitraje del supuesto incumplimiento y podrán pedir a dicho miembro que tome medidas para subsanar la situación. También podrán decidir conjuntamente relevar a dicho miembro y seleccionar a un nuevo miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Acuerdo.
Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la sustitución de un miembro del panel de arbitraje que no sea su presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir que se remita el asunto al presidente del panel de arbitraje, cuya decisión será definitiva.
Si el presidente del panel de arbitraje considera que el miembro del panel de arbitraje no cumple el Código de Conducta, se seleccionará a un nuevo miembro del panel de arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Acuerdo.
11. En caso de que las Partes no lleguen a ponerse de acuerdo sobre la sustitución del presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir que se remita el asunto a una de las otras personas que la Unión y el Reino Unido hayan propuesto conjuntamente para ocupar la presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, apartado 1, frase tercera, del Acuerdo (en lo sucesivo, «persona seleccionada»). El nombre de la persona seleccionada será elegido por sorteo por el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje.
Si la persona seleccionada considera que el presidente no cumple el Código de Conducta, se seleccionará un nuevo presidente de conformidad con el artículo 171 del Acuerdo de entre las personas que la Unión y el Reino Unido hayan propuesto conjuntamente para ocupar la presidencia, con la excepción de la persona seleccionada.
IV. Cuestiones financieras
12. Las Partes se repartirán de forma equitativa los gastos derivados de la constitución y el funcionamiento del panel de arbitraje, incluida la remuneración y los gastos que deben abonarse a los miembros de dicho panel de arbitraje.
13. Las Partes acordarán con el panel de arbitraje, en el plazo de siete días a partir de su constitución:
a) la remuneración y los gastos que deben abonarse a los miembros del panel de arbitraje, que serán razonables y conformes a las normas de la OMC;
b) la remuneración que debe pagarse a los asistentes; para cada miembro del panel de arbitraje, el importe total de la remuneración que debe pagarse a los asistentes será razonable y, en cualquier caso, no será superior a un tercio de la remuneración de dicho miembro.
Este acuerdo podrá alcanzarse por cualquier medio de comunicación.
V. Calendario y comunicaciones escritas
14. El panel de arbitraje, tras consultar con las Partes, establecerá un calendario indicativo para el procedimiento en el plazo de siete días a partir de su constitución.
15. La Parte demandante dirigirá su comunicación escrita al panel de arbitraje a más tardar veinte días después de la fecha del establecimiento del calendario indicativo. La Parte demandada dirigirá su comunicación escrita al panel de arbitraje a más tardar veinte días después de la fecha en que haya recibido una copia del escrito de la Parte demandante.
VI. Funcionamiento del panel de arbitraje
16. Todas las reuniones del panel de arbitraje serán presididas por su presidente. El panel de arbitraje podrá delegar en el presidente la facultad de tomar decisiones administrativas y de procedimiento.
17. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o del presente Reglamento de Procedimiento, el panel de arbitraje podrá llevar a cabo sus trabajos y deliberaciones por cualquier medio de comunicación.
18. Solo los miembros del panel de arbitraje podrán participar en las deliberaciones del mismo, pero este podrá permitir la presencia de los asistentes de los miembros durante sus deliberaciones.
19. La redacción de todo laudo o decisión será responsabilidad exclusiva de los miembros del panel de arbitraje y no se delegará en ninguna otra persona.
20. La Oficina Internacional del Tribunal Permanente de Arbitraje proporcionará servicios de secretaría y otro apoyo logístico al panel de arbitraje.
21. Si surge una cuestión procedimental que no esté prevista por el presente Acuerdo o el presente Reglamento de Procedimiento, el panel de arbitraje, previa consulta con las Partes, podrá decidir el procedimiento que debe seguirse, siempre que sea compatible con el presente Acuerdo y con el presente Reglamento de Procedimiento.
22. Si el panel de arbitraje considera necesario modificar alguno de los plazos para los procedimientos a los que se refiere el presente Reglamento de Procedimiento, o efectuar cualquier otro ajuste procedimental o administrativo, informará a las Partes por escrito, previa consulta con las Partes, de las razones de la modificación o el ajuste y del plazo o ajuste necesarios.
VII. Vistas
23. En función del calendario indicativo establecido con arreglo al punto 14, previa consulta con las Partes y los demás miembros del panel de arbitraje, el presidente notificará a las Partes la fecha, hora y lugar de la vista. Dicha información se pondrá a disposición del público, salvo que la audiencia esté cerrada al público.
El panel de arbitraje podrá decidir, con el acuerdo de las Partes, que no se celebre una vista.
24. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, la vista se celebrará en La Haya, en la sede del Tribunal Permanente de Arbitraje.
25. Previo consentimiento de las Partes, el panel de arbitraje podrá celebrar vistas adicionales.
26. Todos los miembros del panel de arbitraje estarán presentes durante la totalidad de la vista.
27. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, podrán estar presentes en la vista las personas que se indican a continuación, tanto si la vista es pública como si no lo es:
a) los representantes de las Partes;
b) los asesores;
c) los asistentes;
d) los intérpretes, los traductores y los estenógrafos del panel de arbitraje; y
e) los expertos que decida el panel de arbitraje.
28. A más tardar cinco días antes de la fecha de la vista, cada Parte entregará al panel de arbitraje y a la otra Parte una lista con el nombre de las personas que presentarán oralmente alegaciones en la vista en nombre de dicha Parte, así como de los demás representantes y asesores que estarán presentes en la vista.
29. El panel de arbitraje llevará a cabo la vista de la siguiente manera, asegurándose de que la Parte demandante y la demandada gocen del mismo tiempo tanto de alegaciones como de réplica:
a) alegaciones:
i) alegaciones de la parte demandante,
ii) alegaciones de la parte demandada;
b) réplica:
i) réplica de la parte demandante,
ii) contrarréplica de la parte demandada.
30. El panel de arbitraje podrá formular preguntas a cualquiera de las Partes en cualquier momento de la vista.
31. El panel de arbitraje dispondrá lo necesario para que se elabore una transcripción de la vista y para que se entregue a las Partes lo antes posible después de la vista. Las Partes podrán presentar sus comentarios respecto a la transcripción y el panel de arbitraje podrá tenerlos en cuenta.
32. Ambas Partes podrán dirigir un escrito complementario al panel de arbitraje sobre cualquier asunto que haya surgido durante la vista dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vista.
VIII. Preguntas por escrito
33. El panel de arbitraje podrá formular preguntas por escrito a una o a ambas Partes en cualquier momento del procedimiento.
34. Ambas Partes tendrán la oportunidad de formular observaciones por escrito a las respuestas de la otra Parte a preguntas planteadas por el panel de arbitraje, en un plazo de cinco días después de la fecha en que haya recibido una copia de dichas respuestas.
IX. Confidencialidad
35. La información presentada por una de las Partes al panel de arbitraje con carácter confidencial será tratada como confidencial por la otra Parte y por el panel de arbitraje. Cuando una Parte presente al panel de arbitraje una comunicación escrita que contenga información confidencial, también facilitará, en el plazo de quince días, una comunicación sin la información confidencial y que se hará pública.
36. Ninguna disposición del presente Reglamento de Procedimiento será óbice para que una de las Partes haga públicas sus propias comunicaciones escritas, las respuestas a las preguntas formuladas por el panel de arbitraje o una transcripción de las alegaciones orales, siempre que, al hacer referencia a información presentada por la otra Parte, no divulgue información que haya sido designada por esta otra Parte como confidencial.
37. Las vistas ante el panel de arbitraje serán públicas, salvo cuando la presentación y las alegaciones de alguna de las Partes incluyan información confidencial o en caso de que las Partes acuerden que la vista esté cerrada al público. En tal caso, las Partes mantendrán la confidencialidad de las vistas del panel de arbitraje.
X. Contactos ex parte
38. El panel de arbitraje se abstendrá de reunirse o comunicarse oralmente de otro modo con una Parte en ausencia de la otra Parte.
XI. Casos de urgencia
39. En los casos de urgencia a que se hace referencia en el artículo 173, apartado 2, del Acuerdo, el panel de arbitraje, previa consulta a las Partes, ajustará, según corresponda, los plazos mencionados en el presente Reglamento de Procedimiento. El panel de arbitraje notificará a las Partes dichos ajustes.
XII. Traducción e interpretación
40. La lengua de procedimiento ante el panel de arbitraje será el inglés. Las decisiones del panel de arbitraje se redactarán en inglés.
41. Cada Parte sufragará sus propios costes de traducción de todo documento presentado al panel de arbitraje que no esté redactado originalmente en inglés, así como los costes relativos a la interpretación durante la vista en relación con sus representantes o asesores.
PARTE B
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS PANELES DE ARBITRAJE
Definiciones
1. A los efectos del presente Código de Conducta, se aplicará la definición de «asistente» que figura en el Reglamento de Procedimiento. Además, se entenderá por «candidato» toda persona cuyo nombre figure en la lista a que se hace referencia en el artículo 171, apartado 1, del Acuerdo y que esté siendo considerada para su posible selección como miembro de un panel de arbitraje en virtud de dicho artículo.
Responsabilidades en el ámbito del procedimiento
2. Todo candidato y todo miembro de un panel de arbitraje evitará ser o parecer deshonesto, se comportará con independencia e imparcialidad, evitará conflictos de intereses, directos o indirectos, y observará unas normas de conducta rigurosas, de forma tal que se mantengan la integridad e imparcialidad del sistema de solución de controversias. Los antiguos candidatos o miembros de un panel de arbitraje deberán cumplir las obligaciones establecidas en los puntos 8, 9 y 10.
Obligaciones de declaración
3. Antes de la confirmación de su selección como miembro de un panel de arbitraje de conformidad con el presente Acuerdo, los candidatos deberán declarar a las Partes por escrito todo interés, relación o asunto de que tengan conocimiento que pueda afectar a su independencia o imparcialidad o que pueda crear razonablemente una impresión de conducta deshonesta o de parcialidad en el procedimiento ante el panel de arbitraje.
4. Los candidatos y los miembros de un panel de arbitraje comunicarán los asuntos relacionados con infracciones posibles o reales del presente Código de Conducta únicamente al Comité Mixto, para consideración de la Unión y el Reino Unido.
5. En cualquier fase del procedimiento ante el panel de arbitraje, los miembros de un panel de arbitraje declararán a las Partes por escrito cualesquiera intereses, relaciones o asuntos de la naturaleza mencionada en el punto 3 de los que tengan u obtengan conocimiento.
Análisis de diligencia debida de los miembros de un panel de arbitraje
6. Desde el momento de su selección, los miembros de un panel de arbitraje desempeñarán sus funciones con rigor y celeridad durante todo el procedimiento ante el panel de arbitraje y actuarán con equidad y diligencia. En particular:
a) tomarán en consideración únicamente las cuestiones planteadas en los procedimientos ante el panel de arbitraje que sean necesarias para adoptar un laudo, y no delegarán su deber en ninguna otra persona;
b) adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que sus asistentes conocen y cumplen lo dispuesto en los puntos 2, 3, 4, 5, 9 y 10.
Independencia e imparcialidad de los miembros de un panel de arbitraje
7. Los miembros de un panel de arbitraje:
a) serán independientes e imparciales y evitarán causar la impresión de que su conducta es deshonesta o parcial; además, no estarán influenciados por intereses propios, presiones externas, consideraciones políticas, presión pública, lealtad a la Unión o al Reino Unido o temor a las críticas;
b) no adquirirán, directa ni indirectamente, obligación alguna ni aceptarán beneficio alguno que pueda interferir, o parezca interferir, con el correcto cumplimiento de sus deberes;
c) no usarán su posición de miembro del panel de arbitraje para promover intereses personales o privados y evitarán actuar de forma que pueda crear la impresión de que otras personas se encuentran en una posición especial para influir en ellos;
d) no permitirán que las relaciones o responsabilidades financieras, comerciales, profesionales, familiares o sociales influyan en su conducta o su facultad de juicio;
e) evitarán formar parte de toda relación o adquirir cualquier interés financiero que pueda afectar a su imparcialidad o pueda crear razonablemente una apariencia de conducta inapropiada o parcial;
f) no debatirán ningún aspecto del asunto o de la marcha del procedimiento ante el panel de arbitraje con ninguna de las Partes en ausencia de los demás miembros del panel de arbitraje.
Obligaciones de los antiguos miembros de un panel de arbitraje
8. Todos los antiguos miembros de un panel de arbitraje evitarán aquellas acciones que puedan causar una impresión de que hubieran actuado con parcialidad en el desempeño de sus funciones o de que han podido beneficiarse de la decisión o el laudo del panel de arbitraje.
Confidencialidad
9. Ningún miembro o antiguo miembro de un panel de arbitraje, en ningún momento:
a) divulgará o utilizará cualquier información no pública sobre el procedimiento ante el panel de arbitraje o que fuera adquirida durante dicho procedimiento, salvo para los fines de dicho procedimiento y, en cualquier caso, no divulgará o utilizará dicha información en beneficio propio o de terceros o para perjudicar los intereses de terceros;
b) divulgará las deliberaciones del panel de arbitraje ni la opinión de ninguno de sus miembros.
10. Ningún miembro de un panel de arbitraje divulgará un laudo del panel de arbitraje, o partes del mismo, antes de su publicación con arreglo al presente Acuerdo. |
Demandantes: República Francesa (representantes: inicialmente F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas y C. Candat, posteriormente G. de Bergues, D. Colas, F. Fize y A. Daly y finalmente D. Colas, S. Horrenberger, R. Coesme, E. de Moustier y A.-L. Desjonquères, agentes)
Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y D. Triantafyllou, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de las partes demandantes: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por C. Colelli, avvocato dello Stato) y Hungría (representantes: M. Fehér y G. Koós, agentes)
Demanda basada en el artículo 263 TFUE por la que se solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2015, L 16, p. 33).
1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en la medida en que esta descarta de la financiación de la Unión Europea los gastos efectuados por la República Francesa en Alta Córcega en relación con las ayudas sobre el terreno por superficie del primer pilar relativas a los años de solicitud 2011 y 2012.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) La Comisión Europea y la República Francesa cargarán cada una de ellas con sus propias costas.
4) La República Italiana y Hungría cargarán cada una de ellas con sus propias costas.
(1) DO C 190 de 8.6.2015. |
Demandante: Reino de España (representantes: inicialmente A. Gavela Llopis, M. A. Sampol Pucurull y S. Jiménez García, posteriormente M. A. Sampol Pucurull y S. Jiménez García, agentes)
Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2017, L 39, p. 12), en cuanto que dicha Decisión excluye determinados gastos efectuados por el Reino de España.
1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en tanto en cuanto excluye determinados gastos efectuados por el Reino de España, en la medida en que aplica una corrección a tanto alzado del 10 %.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) El Reino de España y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 202 de 26.6.2017. |
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
Visto el artículo 24, apartados 2, 4 y 6, del Reglamento de Procedimiento,
Considerando que con arreglo al artículo 24, apartados 4 y 6, de dicho Reglamento, el Tribunal observará los días feriados legales del lugar donde tiene su sede y que la lista de esos días feriados se publicará anualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea;
Considerando que la decisión del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2019, relativa a los días feriados legales y a las vacaciones judiciales, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de marzo de 2019 (1);
Considerando que, con posterioridad a la publicación de dicha decisión, el 9 de mayo (Día de Europa) ha sido declarado día feriado legal en el Gran Ducado de Luxemburgo a partir de 2019 (2);
Considerando que, en consecuencia, procede modificar la decisión antes citada para incluir esa fecha en la lista de los días feriados legales del lugar donde el Tribunal de Justicia tiene su sede,
ADOPTA LA SIGUIENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La lista de los días feriados legales mencionada en el artículo 24, apartados 4 y 6, del Reglamento de Procedimiento será la siguiente:
—El día de Año Nuevo.
—El lunes de Pascua.
—El 1 de mayo.
—El 9 de mayo.
—La Ascensión.
—El lunes de Pentecostés.
—El 23 de junio.
—El 15 de agosto.
—El 1 de noviembre.
—El 25 de diciembre.
—El 26 de diciembre.
Artículo 2
Para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, las fechas de las vacaciones judiciales mencionadas en el artículo 24, apartados 2 y 6, del Reglamento de Procedimiento serán las siguientes:
—Navidad de 2019: del lunes 23 de diciembre de 2019 al domingo 12 de enero de 2020 inclusive.
—Semana Santa de 2020: del lunes 6 de abril de 2020 al domingo 19 de abril de 2020 inclusive.
—Verano de 2020: del jueves 16 de julio de 2020 al lunes 31 de agosto de 2020 inclusive.
Artículo 3
La presente decisión sustituye a la decisión de 12 de febrero de 2019. Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Luxemburgo, a 30 de abril de 2019.
El Secretario
A. CALOT ESCOBAR
El Presidente
K. LENAERTS
(1) C 103, de 18 de marzo de 2019, p. 2.
(2) Ley de 25 de abril de 2019, por la que se modifican los artículos L. 232-2 y L. 233-4 del Código de Trabajo y el artículo 28-1 de la Ley de 16 abril de 1979 modificada por la que se establece el Estatuto General de los Funcionarios del Estado, Mémorial A 271 de 26 de abril de 2019, p. 1. |
A efectos de la aplicación de la acumulación diagonal del origen entre las Partes contratantes (1) en el Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales (2) paneuromediterráneas (denominado en lo sucesivo «el Convenio»), las Partes interesadas se notifican mutuamente, a través de la Comisión Europea, las normas de origen vigentes con las demás Partes.
Cabe recordar que la acumulación diagonal solo será aplicable si las Partes de fabricación final y de destino final han celebrado acuerdos de libre comercio, que establezcan normas idénticas en materia de origen, con todas las Partes que intervengan en la adquisición del carácter de originario, esto es, con todas las Partes de las que las materias utilizadas son originarias. Las materias originarias de una Parte que no haya celebrado un acuerdo con las Partes de fabricación final y destino final se considerarán no originarias. En las notas explicativas relativas a los protocolos paneuromediterráneos sobre las normas de origen (3) se ofrecen ejemplos concretos.
En los cuadros adjuntos, elaborados con arreglo a las notificaciones efectuadas por las Partes a la Comisión Europea, se precisa lo siguiente:
Cuadro 1: se presentan de manera simplificada las posibilidades de acumulación a 1 de marzo de 2019.
Cuadros 2 y 3: se indica la fecha a partir de la cual es aplicable la acumulación diagonal.
En el cuadro 1, una «X» indica la existencia entre dos socios de un acuerdo de libre comercio que incluya normas que autoricen la acumulación sobre la base de normas modelo de origen paneuromediterráneas. Para utilizar la acumulación diagonal con un tercer socio, se requiere una «X» en todas las intersecciones entre los tres socios en el cuadro.
Las fechas indicadas en el cuadro 2 se refieren a lo siguiente:
— la fecha de aplicación de la acumulación diagonal en virtud del artículo 3 del apéndice I del Convenio, si el acuerdo de libre comercio correspondiente hace referencia al Convenio, caso en el que la fecha irá precedida por «(C)»;
— la fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal adjuntos al acuerdo de libre comercio correspondiente, en los demás casos.
Las fechas que figuran en el cuadro 3 indican la fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal adjuntos a los acuerdos de libre comercio entre la UE, Turquía y los participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la UE. Cada vez que se incluya una referencia al Convenio en un acuerdo de libre comercio entre las Partes contempladas en ese cuadro, se ha añadido en el cuadro 2 una fecha precedida por «(C)».
Cabe también recordar que las materias originarias de Turquía cubiertas por la unión aduanera entre la UE y Turquía pueden incorporarse como materias originarias a efectos de la acumulación diagonal entre la Unión Europea y los países participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación con los que esté vigente un protocolo de origen.
A continuación, se facilitan los códigos de las Partes contratantes que figuran en los cuadros.
— Unión Europea UE
— Estados de la AELC:
— Islandia IS
— Suiza (incluido Liechtenstein) (4) CH (+ LI)
— Noruega NO
— Islas Feroe FO
— Participantes en el Proceso de Barcelona:
— Argelia DZ
— Egipto EG
— Israel IL
— Jordania JO
— Líbano LB
— Marruecos MA
— Cisjordania y Franja de Gaza PS
— Siria SY
— Túnez TN
— Turquía TR
— Participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación:
— Albania AL
— Bosnia y Herzegovina BA
— Macedonia del Norte MK
— Montenegro ME
— Serbia RS
— Kosovo (*1) KO
— República de Moldavia MD
— Georgia GE
— Ucrania UA
La presente Comunicación sustituye a la Comunicación 2018/C 325/06 (DO C 325 de 14.9.2018, p. 6).
Cuadro 1
Presentación simplificada de las posibilidades de acumulación en la zona paneuromediterránea a 1 de marzo de 2019
Estados de la AELC
Países participantes en el Proceso de Barcelona
Países participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la UE
Cuadro 2
Fecha de aplicación de las normas de origen que establecen la acumulación diagonal en la zona paneuromediterránea
Estados de la AELC
Países participantes en el Proceso de Barcelona
Países participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la UE
1.1.2006
1.2.2016
1.1.2006
1.5.2015
1.1.2006
1.5.2015
1.12.2005
12.5.2015
1.11.2007
1.3.2006
1.2.2016
1.1.2006
1.7.2006
1.12.2005
1.7.2009
1.3.2016
1.8.2006
1.5.2015
9.12.2016
1.4.2016
1.2.2015
1.5.2015
1.2.2015
1.12.2016
1.6.2018
1.1.2019
1.1.2006
1.2.2016
1.8.2005
1.7.2013
1.8.2005
1.7.2013
1.1.2006
1.8.2007
1.7.2005
17.7.2007
1.1.2007
1.3.2005
1.6.2005
1.9.2007
1.5.2015
1.1.2015
1.9.2012
1.2.2016
1.5.2015
1.5.2018
1.6.2012
1.1.2006
1.5.2015
1.8.2005
1.7.2013
1.8.2005
1.7.2013
1.11.2005
1.8.2007
1.7.2005
17.7.2007
1.1.2007
1.3.2005
1.3.2006
1.9.2007
1.5.2015
1.1.2015
1.10.2012
1.5.2015
1.5.2015
1.9.2017
1.6.2012
1.1.2006
1.5.2015
1.8.2005
1.7.2013
1.8.2005
1.7.2013
1.12.2005
1.8.2007
1.7.2005
17.7.2007
1.1.2007
1.3.2005
1.8.2005
1.9.2007
1.5.2015
1.1.2015
1.11.2012
1.5.2015
1.5.2015
1.9.2017
1.6.2012
1.12.2005
12.5.2015
1.1.2006
1.11.2005
1.12.2005
1.10.2017
1.11.2007
1.3.2006
1.2.2016
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
6.7.2006
6.7.2006
6.7.2006
1.3.2007
1.1.2006
1.7.2005
1.7.2005
1.7.2005
9.2.2006
1.3.2006
1.7.2006
17.7.2007
17.7.2007
17.7.2007
6.7.2006
9.2.2006
6.7.2006
6.7.2006
1.1.2007
1.1.2007
1.1.2007
1.12.2005
1.3.2005
1.3.2005
1.3.2005
6.7.2006
6.7.2006
6.7.2006
1.1.2006
1.7.2009
1.3.2016
1.1.2007
1.8.2006
1.6.2005
1.3.2006
1.8.2005
6.7.2006
6.7.2006
6.7.2006
1.7.2005
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007
1.10.2017
1.3.2007
1.3.2006
1.1.2006
1.1.2007
1.7.2005
1.8.2018
1.10.2017
1.5.2015
1.5.2015
1.5.2015
1.5.2015
1.2.2015
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
9.12.2016
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.2.2015
1.4.2014
1.2.2015
1.2.2015
1.2.2015
1.4.2014
1.4.2016
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.2.2015
1.9.2012
1.10.2012
1.11.2012
1.4.2014
1.2.2015
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.5.2015
1.2.2016
1.5.2015
1.5.2015
1.8.2018
1.4.2014
1.2.2015
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.2.2015
1.5.2015
1.5.2015
1.5.2015
1.4.2014
1.2.2015
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.12.2016
1.10.2017
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.6.2018
1.5.2018
1.9.2017
1.9.2017
1.1.2019
1.6.2012
1.6.2012
1.6.2012
Cuadro 3
Fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal entre la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía
1.1.2007
1.7.2008
1.4.2016
1.1.2007
1.1.2008
8.12.2009
1.1.2007
22.11.2007
1.4.2014
26.7.2007
26.7.2007
24.10.2007
1.8.2011
1.7.2008
22.11.2007
1.4.2014
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
14.12.2011
1.4.2016
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.1.2007
26.7.2007
22.11.2007
1.4.2014
26.7.2007
24.10.2007
1.7.2009
1.1.2008
26.7.2007
22.11.2007
1.4.2014
26.7.2007
24.10.2007
1.3.2010
8.12.2009
24.10.2007
22.11.2007
1.4.2014
24.10.2007
24.10.2007
1.9.2010
1.8.2011
14.12.2011
1.7.2009
1.3.2010
1.9.2010
(1) Son Partes contratantes la Unión Europea, Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, las Islas Feroe, Islandia, Israel, Jordania, Kosovo [de conformidad con la Resolución 1244(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas], Líbano, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Noruega, Serbia, Siria, Suiza (incluido Liechtenstein), Túnez, Turquía y Cisjordania y la Franja de Gaza.
(2) DO L 54 de 26.2.2013, p. 4.
(3) DO C 83 de 17.4.2007, p. 1.
(4) Suiza y el Principado de Liechtenstein forman una unión aduanera.
(*1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones sobre su estatuto y es conforme con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(*2) Es posible la acumulación diagonal entre Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. No obstante, sírvase consultar el cuadro 3 para la posibilidad de acumulación entre la Unión Europea, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia.
(5) Por lo que respecta a las mercancías que entran en el ámbito de la unión aduanera UE-Turquía, la fecha de aplicación es el 27 de julio de 2006.
Por lo que respecta a los productos agrícolas, la fecha de aplicación es el 1 de enero de 2007.
Por lo que respecta a los productos del carbón y del acero, la fecha de aplicación es el 1 de marzo de 2009.
(6) Por lo que respecta a las mercancías que entran en el ámbito de la unión aduanera UE-Turquía, la fecha de aplicación es el 27 de julio de 2006. |
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 16,
Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y, en particular, su artículo 25,
Visto el artículo 25, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 28 de febrero de 2019, que fue consultado de conformidad con el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725,
Considerando lo siguiente:
El Parlamento Europeo recibe solicitudes de transmisión de información y de copias de expedientes administrativos y documentos de las autoridades nacionales responsables de investigaciones penales o financieras.
El Parlamento Europeo debe facilitar a las autoridades nacionales la información y los documentos que dichas autoridades le soliciten, con arreglo al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.
La transmisión a las autoridades nacionales de la información y los documentos solicitados puede incluir datos personales.
El presidente, el secretario general o los servicios designados por ellos podrán transferir la información y los documentos solicitados, y actuarán como responsables del tratamiento a efectos de dichas transferencias.
En este marco, el Parlamento Europeo está obligado a respetar los derechos fundamentales de los interesados, consagrados en el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Reglamento (UE) 2018/1725, en particular el derecho a recibir información sobre el tratamiento.
No obstante, el Parlamento Europeo podrá verse obligado a limitar la aplicación de los artículos 4, 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725 en lo que respecta a la operación de transferencia, con el fin de proteger, en particular, la finalidad y la confidencialidad de las investigaciones penales y financieras nacionales.
El Parlamento Europeo debe llevar a cabo, caso por caso, una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la limitación, teniendo en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, antes de aplicar cualquier limitación particular; el Parlamento Europeo debe justificar por qué las limitaciones son estrictamente necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática y respetan el contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales de que se trate.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación de las limitaciones
1. La presente Decisión establece las condiciones en las que el Parlamento Europeo puede limitar la aplicación de los artículos 4, 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), e) y f), de dicho Reglamento, cuando facilite a las autoridades nacionales la información y los documentos que soliciten en el marco de investigaciones penales o financieras.
2. La presente Decisión se aplica al tratamiento de datos personales, en particular la transferencia de datos personales, por el Parlamento Europeo con el fin de facilitar a las autoridades nacionales la información y los documentos que soliciten en el marco de investigaciones penales o financieras.
3. El presidente, el secretario general o los servicios designados por ellos podrán transferir la información y los documentos solicitados, y actuarán como responsables del tratamiento a efectos de dicha transferencia.
4. La presente Decisión se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a) datos de identificación;
b) datos de contacto;
c) datos profesionales;
d) datos financieros;
e) comunicaciones electrónicas;
f) datos de tráfico;
g) datos de videovigilancia;
h) grabaciones sonoras;
i) datos sobre la presencia de personas;
j) todos los demás datos relacionados con el objeto de la investigación de que se trate realizada por las autoridades nacionales.
Artículo 2
Salvaguardias
1. Los datos personales se almacenarán en un entorno físico y electrónico seguro que impida el acceso ilícito o la transferencia de datos a personas que no tienen necesidad de conocerlos.
2. Una vez finalizado el tratamiento, los datos personales se conservarán de conformidad con las normas aplicables del Parlamento Europeo (2).
3. Antes de aplicar una limitación determinada, se llevará a cabo una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de dicha limitación, de conformidad con el artículo 9.
Artículo 3
Limitaciones aplicables
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 a 10 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos ponga en peligro el objetivo y la confidencialidad de las investigaciones penales y financieras nacionales.
2. El responsable del tratamiento consignará y registrará los motivos de la limitación conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Decisión.
Artículo 4
Suministro de información a los interesados
1. El Parlamento Europeo publicará en su sitio web un aviso de protección de datos que informe a todos los interesados sobre la posibilidad de que se transfieran sus datos personales en el contexto de la cooperación del Parlamento Europeo con las autoridades nacionales relacionada con investigaciones penales o financieras en curso, así como sobre las posibles limitaciones de sus derechos en este contexto. La información incluirá los derechos que pueden ser objeto de limitación, los motivos de dicha limitación, su posible duración y los recursos judiciales que pueden interponerse.
2. Si es posible, el responsable del tratamiento informará directamente a cada interesado, sin demora indebida y en la forma más adecuada, sobre sus derechos por lo que respecta a las limitaciones. En dicha información se indicarán los derechos que pueden ser objeto de limitación, los motivos de dicha limitación, su posible duración y los recursos judiciales que pueden interponerse.
Artículo 5
Derecho a recibir información
1. En caso de que el responsable del tratamiento limite el derecho de información a que se refieren los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725, se informará a los interesados, de conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento, sobre los motivos principales que justifican la aplicación de la limitación y sobre su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
2. No obstante, tal suministro de información sobre la transferencia de datos personales a las autoridades nacionales y sobre la aplicación de una limitación podrá aplazarse, omitirse o denegarse, de conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, en tanto deje sin efecto la limitación.
3. En caso de que el responsable del tratamiento aplace, omita o deniegue, en su totalidad o en parte, el suministro de información a los interesados en el sentido del apartado 2, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 9.
Artículo 6
Derecho de acceso de los interesados, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación del tratamiento, obligación de notificación
1. En caso de que el responsable del tratamiento limite, en su totalidad o en parte, el derecho de acceso a los datos personales por parte de los interesados, el derecho de rectificación, el derecho de supresión o el derecho a la limitación del tratamiento contemplados en los artículos 17, 18, 19 y 20, respectivamente, del Reglamento (UE) 2018/1725, así como la obligación de notificación con arreglo al artículo 21 de dicho Reglamento, consignará y registrará los motivos de la limitación de conformidad con el artículo 9 de la presente Decisión. El responsable del tratamiento informará al interesado, en su respuesta a la solicitud de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, sobre la limitación aplicada y los principales motivos de la misma, así como sobre la posibilidad de presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. El suministro de información sobre los motivos de la limitación a que se refiere el apartado 1 podrá aplazarse, omitirse o denegarse en tanto deje sin efecto la limitación.
3. El responsable del tratamiento registrará los motivos del aplazamiento, la omisión o la denegación de conformidad con el artículo 9.
4. En caso de que se limite total o parcialmente el derecho de acceso, el interesado ejercerá su derecho de acceso a través del Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 25, apartados 6, 7 y 8, del Reglamento (UE) 2018/1725.
Artículo 7
Comunicación de violaciones de la seguridad de los datos personales a los interesados
En caso de que el responsable del tratamiento limite el derecho del interesado a recibir la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales a que se refiere el artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/1725, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 9 de la presente Decisión.
Artículo 8
Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas
En caso de que el responsable del tratamiento limite el derecho de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas contempladas en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 9 de la presente Decisión.
Artículo 9
Evaluación de la necesidad y la proporcionalidad, consignación y registro de las limitaciones
1. Antes de aplicar cualquier limitación, el responsable del tratamiento evaluará la necesidad y la proporcionalidad de las limitaciones, teniendo en cuenta los elementos pertinentes del artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725. Esta evaluación incluirá una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados de que se trate, en particular el riesgo de que sus datos personales puedan ser transferidos sin su conocimiento y consentimiento y que se les pueda impedir ejercer sus derechos de conformidad con dicho Reglamento. Se documentará mediante una nota de evaluación interna y se efectuará caso por caso.
2. El responsable del tratamiento registrará los motivos de cualquier limitación que aplique de conformidad con la presente Decisión, incluida la evaluación realizada de conformidad con el apartado 1.
A tal efecto, en la consignación se indicará de qué manera el ejercicio de los derechos del interesado pondría en peligro el objetivo y la confidencialidad de las investigaciones penales y financieras nacionales.
3. Cuando, de conformidad con el Artículo 25, apartado, 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, el responsable del tratamiento difiera, omita o niegue el suministro de información a un interesado sobre la aplicación de una limitación el responsable del tratamiento también registrará, cuando corresponda, los motivos de su proceder.
4. La consignación y, en su caso, los documentos que contengan los elementos de hecho y de derecho subyacentes se almacenarán en un archivo central. Dicha consignación y documentos se pondrán a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos, previa solicitud.
Artículo 10
Duración de las limitaciones
1. Las limitaciones a que se refieren los artículos 3, 5, 6, 7 y 8 seguirán siendo aplicables mientras lo sigan siendo los motivos que las justifiquen.
2. En caso de que dejen de estar justificados los motivos de una limitación contemplada en los artículos 3, 5, 6, 7 y 8, el responsable del tratamiento levantará la limitación y comunicará al interesado l los principales motivos para imponerla. Al mismo tiempo, el responsable del tratamiento informará al interesado de la posibilidad de presentar en todo momento una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3. El responsable del tratamiento revisará la aplicación de las limitaciones a que se refieren los artículos 3, 5, 6, 7 y 8 cada seis meses a partir de su adopción y al cierre del procedimiento correspondiente.
Artículo 11
Revisión por parte del responsable de la protección de datos
1. El responsable de la protección de datos será informado, sin demora injustificada, cada vez que se limiten los derechos de los interesados con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. A petición del responsable de la protección de datos, se facilitará al mismo el acceso a las consignaciones y a todos los documentos que contengan los elementos de hecho y de Derecho subyacentes.
2. El responsable de la protección de datos podrá solicitar al responsable del tratamiento una revisión de las limitaciones. El responsable de la protección de datos será informado por escrito sobre el resultado de la revisión solicitada.
3. Todos los intercambios de información con el responsable de la protección de datos que se produzcan a lo largo del procedimiento, de conformidad con los apartados 1 y 2, se consignarán de forma adecuada.
Artículo 12
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(2) Decisión de la Mesa, de 2 de julio de 2012, relativa a la gestión de documentos en el Parlamento Europeo. |
«Ayudas de Estado—Ayudas otorgadas por España en favor de ciertos clubes de fútbol profesionales—Aval—Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior—Ventaja—Obligación demotivación»
(2019/C 164/44)
Lengua de procedimiento: español
Demandante: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (Alicante) (representantes: S. Rating e Y. Martínez Mata, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Luengo, B. Stromsky y P. Němečková, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Reino de España (representantes: inicialmente A. Gavela Llopis y M.J. García-Valdecasas Dorrego, y posteriormente M.J. García-Valdecasas Dorrego, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE en el que se solicita la anulación de la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (DO 2017, L 55, p. 12).
1) Anular en lo que respecta al Hércules Club de Fútbol, S.A.D., la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.
2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Hércules Club de Fútbol.
3) El Reino de España cargará con sus propias costas.
(1)DO C 6 de 9.1.2017. |
[«Subvenciones—Importaciones de tubos de hierro de fundición maleable originarios de la India—Reglamento de Ejecución (UE) 2016/387—Imposición de un derecho compensatorio definitivo—Régimen indio que establece un derecho de exportación sobre el mineral de hierro y una tarificación diferenciada del transporte ferroviariodesventajosa para el mineral de hierro destinado a la exportación—Artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento (CE) n.o 597/2009 [sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1037]—Contribución financiera—Suministro de bienes—Acción consistente en “encomendar” a una entidad privada una función que constituya una contribución financiera—Artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 597/2009—Especificidad de una subvención—Artículo 6, letra d), del Reglamento n.o 597/2009—Cálculo del beneficio—Perjuicio para la industria de la Unión—Cálculo de la subcotización del precio y del margen de perjuicio—Relación de causalidad—Acceso a los datos confidenciales de la investigación antisubvenciones—Derecho de defensa»](2019/C 187/64)
Lengua de procedimiento: inglés
Demandantes: Jindal Saw Ltd (Nueva Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (representantes: R. Antonini y E. Monard, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland y G. Luengo, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Saint-Gobain PAM (Pont à Mousson, Francia) (representantes: O. Prost, A. Coelho Dias yC.Bouvarel, abogados)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/387 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India (DO 2016, L 73, p. 1), en la medida en que este Reglamento concierne a las demandantes.
1) Anular en la medida que concierne a Jindal Saw Ltd el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/387 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India.
2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Jindal Saw Ltd y Jindal Saw Italia SpA.
3) Saint-Gobain PAM cargará con sus propias costas.
(1)DO C 314 de 29.8.2016. |
Ejecución (UE) 2016/388—Reglamento (CE) n.o 1225/2009 [sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1036]—Margen de dumping—Determinación del precio de exportación—Asociación entre el exportador y el importador—Precio de exportación fiable—Cálculo del precio de exportación—Margen razonable de gastos de venta, generales y administrativos—Margen razonable de beneficio—Perjuicio para la industria de la Unión—Cálculo de la subcotización del precio y del margen de perjuicio—Relación de causalidad—Acceso a los datosconfidenciales de la investigación antidumping—Derecho de defensa»](2019/C 187/65)
Lengua de procedimiento: inglés
Demandantes: Jindal Saw Ltd (Nueva Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (representantes: R. Antonini y E.Monard,abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: J.-F. Brakeland y G. Luengo, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Saint-Gobain PAM (Pont à Mousson, Francia) (representantes: O. Prost, A. Coelho Dias y C.Bouvarel, abogados)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/388 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India (DO 2016, L 73, p. 53), en la medida en que este Reglamento concierne a las demandantes.
1) Anular en la medida que concierne a Jindal Saw Ltd el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/388 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India.
2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Jindal Saw Ltd y Jindal Saw Italia SpA.
3) Saint-Gobain PAM cargará con sus propias costas.
(1) DO C 314 de 29.8.2016. |
(«Política exterior y de seguridad común—Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas,grupos y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo—Congelación de fondos—Posibilidad de considerar a una autoridad de un Estado tercero una autoridad competente en el sentido de la Posición Común 2001/931/PESC—Fundamento de hecho de las decisiones de congelación de fondos—Obligación de motivación—Autenticación de los actos del Consejo»)(2019/C 187/66)
Lengua de procedimiento: francés
Demandante: Al-Gama’a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamya Egipto) (representante: L. Glock, abogada)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente G. Étienne y H. Marcos Fraile, posteriormente H. Marcos Fraile, B. Driessen y V. Piessevaux y finalmente H. Marcos Fraile, B. Driessen y A. Sikora-Kalėda, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Norris, L. Havas, R. Tricot y L. Baumgart, posteriormente R. Tricot, C. Zadra y A. Tizzano, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación,
en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2016/1136 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2015/2430 (DO 2016, L 188, p. 21), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2425 (DO2016, L 188, p. 1);
en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2017/154 del Consejo, de 27 de enero de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2016/1136 (DO 2017,L23,p.21), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 del Consejo, de 27 de enero de 2017, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 (DO 2017, L 23, p. 3);
en tercer lugar, de la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154 (DO 2017, L 204, p. 95), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 (DO 2017, L 204, p. 3);
en cuarto lugar, de la Decisión (PESC) 2018/475 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC)2017/1426 (DO 2018, L 79, p. 26), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 (DO 2018, L 79, p. 7), y,
en quinto lugar, de la Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Decisión (PESC) 2018/475 (DO 2018, L 194, p. 144), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1071 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 (DO 2018, L 194, p. 23), en la medida en que dichos actos afectan a la parte demandante.
1) Anular
la Decisión (PESC) 2016/1136 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2015/2430; el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2425;
la Decisión (PESC) 2017/154 del Consejo, de 27 de enero de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2016/1136; el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 del Consejo, de 27 de enero de 2017, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127;
la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154; el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150;
la Decisión (PESC) 2018/475 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2017/1426; el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420;
la Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Decisión (PESC) 2018/475, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1071 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468, en la medida en que dichos actos afectan a «“Gama’a al-Islamiyya” (también conocido con el nombre de “Al Gama’a al-Islamiyya”) (“grupo islámico”—»GI”)».
2) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de Al-Gama’a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamya Egipto).
3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
(1) DO C 419 de 14.11.2016. |
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (1), y en particular su artículo 154, apartados 3 y 4,
Considerando lo siguiente:
El artículo 154, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (en lo sucesivo, «eReglamento Financiero») obliga a la Comisión a llevar a cabo una evaluación de los sistemas, normas y procedimientos de las personas o entidades responsables de la ejecución de fondos de la Unión en régimen de gestión indirecta si tiene intención de basarse en dichos sistemas, normas y procedimientos para la ejecución de la acción. La evaluación tiene por objeto garantizar un nivel de protección de los intereses financieros de la Unión equivalente al que se ofrece cuando la Comisión ejecuta el presupuesto en régimen de gestión directa.
Además, el artículo 154, apartado 4, del Reglamento Financiero exige que la Comisión evalúe que las personas o entidades responsables de la ejecución de fondos de la Unión en régimen de gestión indirecta cuenten con una serie de sistemas, normas y procedimientos específicos en relación, por ejemplo, con los controles internos, la contabilidad y la gestión de datos. La Comisión también puede evaluar otras normas y procedimientos de la persona o entidad en cuestión, si así lo acuerdan.
Las evaluaciones que deben llevarse a cabo con arreglo al artículo 154, apartado 3 y 4, del Reglamento Financiero suelen realizarlas auditores externos, sobre la base de un mandato establecido por la Comisión.
Habida cuenta de los requisitos adicionales derivados del Reglamento Financiero, incluidas las normas sobre garantías presupuestarias, de las políticas recientes de la Unión en materia de elusión fiscal, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es necesario revisar el mandato y la metodología que se utilizan actualmente para las evaluaciones.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 154, apartado 4, del Reglamento Financiero, el mandato debe abarcar nueve ámbitos (o pilares) diferentes, unos de carácter obligatorio para todas las personas y entidades (a saber, control interno, contabilidad y auditoría externa) y otros que se determinan en función de las actividades que vaya a realizar la persona o la entidad (a saber, subvenciones, contratación pública e instrumentos financieros y, dentro de estos, exclusión del acceso a la financiación, publicación de información sobre los perceptores y protección de datos de carácter personal). En todos los pilares aplicables, el mandato debe garantizar que la Comisión obtiene evidencia de que el nivel de protección de los intereses financieros de la Unión sea equivalente al que existe cuando la Comisión ejecuta los fondos en régimen de gestión directa, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las medidas de supervisión que puede adoptar la Comisión con arreglo al artículo 154, apartado 5, del Reglamento Financiero. Por otra parte, el artículo 154, apartado 6, letra c), del Reglamento Financiero establece que la Comisión puede decidir no requerir la evaluación previa, contemplada en los apartados 3 y 4, para los procedimientos exigidos específicamente por la Comisión, incluidos sus propios procedimientos o los especificados en los actos de base.
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el mandato no debe imponer requisitos relativos a una estructura organizativa específica o a un número concreto de especialistas, ya que ello sería desproporcionado para las entidades pequeñas. No obstante, no procede crear excepciones para entidades nuevas o pequeñas respecto de la aplicación de los principios establecidos en el mandato, ya que es importante garantizar un buen nivel de gestión.
El artículo 279, apartado 3, del Reglamento Financiero dispone que las evaluaciones del pilar en curso derivadas del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) seguirán aplicándose y se revisarán cuando proceda. En la medida en que el mandato que establece la presente Decisión contenga requisitos que no figurasen en el mandato anterior, las personas y entidades evaluadas con arreglo al mandato anterior deberán someterse a una evaluación complementaria con respecto a dichos requisitos.
DECIDE:
Artículo único
En el anexo de la presente Decisión figura el mandato que debe utilizarse en las evaluaciones que contempla el artículo 154, apartado 3 y 4, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Hecho en Bruselas, el 17 de abril de 2019.
Por la Comisión
Günther OETTINGER
Miembro de la Comisión
(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(2) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
<MEMBRETE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN>
MANDATO PARA LA EVALUACIÓN POR PILARES DE LAS ENTIDADES QUE SOLICITEN AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE LA UE EN RÉGIMEN DE GESTIÓN INDIRECTA
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
Entidad que solicita la evaluación:
[Nombre y dirección de la entidad]
[País de establecimiento de la entidad]
Referencia/fecha de la petición de servicios:
[Referencia/fecha de la petición de servicios u otro documento equivalente expedido por la entidad]
Período objeto de evaluación:
[un año (período de 12 meses), que finalizará el día de inicio de los trabajos sobre el terreno (procedimientos in situ ) para la evaluación]
Fecha de inicio de la evaluación:
[Fecha indicativa de inicio. Fecha estimada en el contrato para la evaluación (fecha de la orden de pedido)]
Fecha de finalización de la evaluación:
[Fecha indicativa de finalización. Fecha estimada de recepción del informe final]
Introducción
Objetivos
Normas y directrices
Obligaciones del auditor
Alcance
Procedimientos de evaluación
Otras cuestiones
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE MANDATO
Todo el sombreado gris en cursiva es una guía que debe suprimirse.
El [texto entre corchetes y coloreado] debe ser cumplimentado por la entidad.
El texto y la redacción prescritos del presente mandato deben respetarse en todo momento y no pueden modificarse.
Estas instrucciones deben suprimirse del mandato.
1. INTRODUCCIÓN
Contexto
El artículo 154 del Reglamento Financiero (1) (en lo sucesivo, «RF») aplicable al presupuesto general de la Unión Europea (en lo sucesivo, «UE») establece los métodos de ejecución del presupuesto, entre ellos la «gestión indirecta». En el régimen de la gestión indirecta, la Comisión puede confiar la ejecución de fondos o garantías presupuestarias de la Unión a los países, organizaciones y organismos (en lo sucesivo, «entidades») que se indican en el artículo 62 del RF. Las entidades siguientes pueden considerarse incluidas:
— Terceros países o los organismos que estos hayan designado; por ejemplo, Ministerio del Interior, Reino de Camboya.
— Organizaciones internacionales y sus agencias; por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
— Organismos de Derecho público; por ejemplo, Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW).
— Organismos de Derecho privado pero investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes; por ejemplo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Cuando estas entidades gestionan fondos de la UE deben garantizar un nivel de protección de los intereses financieros de la UE equivalente al exigido en virtud del RF. En concreto, deben cumplir los requisitos relativos a los nueve «pilares». Estos pilares se refieren a:
1) el sistema de control interno;
2) el sistema contable;
3) una auditoría externa independiente;
así como normas y procedimientos para:
4) la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones;
5) la contratación pública;
6) los instrumentos financieros (2);
y también:
7) la exclusión del acceso a la financiación;
8) la publicación de información sobre los perceptores;
9) la protección de datos de carácter personal.
Por lo tanto, las entidades que deseen trabajar con fondos de la UE en régimen de gestión indirecta deben ser sometidas a una evaluación por pilares exhaustiva. Basándose en los resultados de la evaluación por pilares, la Comisión decidirá si: i) puede confiar tareas de ejecución presupuestaria a la entidad; y ii) si puede celebrar acuerdos específicos (es decir, acuerdos de contribución en régimen de gestión indirecta) con la entidad. Sin embargo, si así lo exige la base jurídica, esas condiciones pueden especificarse en el acuerdo con la Comisión, o mediante referencia a documentos orientativos (p. ej., la guía para las agencias nacionales en el caso del programa Erasmus), para garantizar una ejecución armonizada y la igualdad de trato de los beneficiarios de un programa de la UE en todos los países participantes.
En el presente documento se recoge el mandato conforme al cual [nombre y dirección completos del órgano de contratación] se compromete a encargar al auditor la realización de una evaluación por pilares de [nombre de la entidad] e informar sobre dicha evaluación. El presente mandato se adjunta como anexo [de la petición de servicios/del documento equivalente] de la entidad.
En el presente mandato y en los anexos 1 a 4, que forman parte del presente mandato, se entenderá por:
— «Evaluación por pilares» , «evaluación» o «encargo» : el encargo de fiabilidad. En este contexto, los pilares son los ámbitos generales cubiertos por la evaluación; entre ellos, el control interno, la contabilidad, la auditoría externa independiente, la exclusión del acceso a la financiación, la publicación de información sobre los perceptores y la protección de datos de carácter personal. Siempre se deberá evaluar si la entidad cumple los requisitos en estos ámbitos. Además de estos seis pilares obligatorios, existen tres pilares opcionales, relativos a las normas y procedimientos en materia de subvenciones, contratación pública e instrumentos financieros.
— «Auditor»: la sociedad de auditoría contratada para la realización de este encargo y la presentación de un informe al respecto a la Comisión. Por «auditor» también se puede entender la persona o personas que realicen la evaluación, por lo general el socio del encargo u otros miembros del equipo del encargo. El socio del encargo es el socio u otra persona de la sociedad de auditoría que:
i) asume la responsabilidad del encargo y de su ejecución y de la elaboración del informe que se emite en nombre de la empresa; y
ii) dispone de la autoridad necesaria, conferida por un organismo profesional, legal o reglamentario.
— «Entidad»: la entidad objeto de la evaluación por pilares. Por lo general (3), es el órgano de contratación de la evaluación.
— «Comisión»: la Comisión Europea, que puede estar representada por el Servicio o Unidad pertinente de la Dirección General competente de la Comisión o por una Delegación de la UE, según proceda.
2. OBJETIVOS
Al auditor se le encarga la evaluación de los sistemas establecidos y los controles, normas y procedimientos aplicados por la entidad respecto de cada pilar en función de los criterios establecidos por la Comisión para cada pilar. El objetivo de la presente evaluación por pilares es: i) permitir al auditor informar sobre si la entidad cumple los requisitos establecidos en el artículo 154, apartado 4, letras a) a f), del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Comisión Europea y en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Financiero aplicable al Fondo Europeo de Desarrollo para cada uno de los pilares pertinentes; y ii) expresar una conclusión acerca de si la entidad:
— ha establecido, y garantiza el funcionamiento en todos los aspectos importantes, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico basado en las mejores prácticas internacionales y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea;
— usa un sistema contable que proporciona, en todos los aspectos importantes, información exacta, completa y fiable a su debido momento, basado en las normas internacionales de contabilidad y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea;
— está sujeto a una auditoría externa independiente, que debe realizar un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad de que se trate, respecto de todos los aspectos materiales y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea;
— aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, a la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea; <suprimir si este pilar no procede>.
— aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, a la concesión de fondos de la UE por medio de contratos públicos en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea; <suprimir si este pilar no procede>.
— aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos importantes, a la concesión de fondos de la UE o garantías presupuestarias por medio de instrumentos financieros/garantías presupuestarias en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea; <suprimir este pilar si no procede>.
— aplica normas y procedimientos adecuados a la exclusión de terceros del acceso a la financiación por medio de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros;
— publica información sobre los perceptores de fondos de forma adecuada y a su debido tiempo;
— garantiza una protección de los datos de carácter personal equivalente a la mencionada en el artículo 5 del RF.
Además, si así se acuerda con la entidad de que se trate y sin perjuicio de cuál sea la puntuación final, el auditor puede evaluar si la entidad cumple normas equivalentes a la legislación aplicable de la UE y a normas acordadas a nivel internacional y de la UE sobre controles en materia de elusión fiscal y territorios no cooperadores y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si la entidad accede a ser evaluada sobre estos extremos, el auditor estará obligado a informar de ello en el marco del pilar 6. Con el fin de ejecutar los fondos de la Unión mediante instrumentos financieros, estén respaldados o no por una garantía presupuestaria, la entidad tendrá que cumplir los requisitos pertinentes del Reglamento Financiero que se recogen en las secciones adicionales 6B y 6C mediante disposiciones contractuales adecuadas, aun cuando se opte por no someterse a la evaluación por pilares de estas secciones.
3. NORMAS Y DIRECTRICES
El auditor que realice la evaluación por pilares deberá regirse por:
— el Marco Internacional sobre Encargos de Fiabilidad y la Normas Internacionales sobre Encargos de Fiabilidad (ISAE) 3000 para encargos de fiabilidad distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica, en la medida en que sean aplicables en el contexto específico de la presente evaluación por pilares;
— el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contables (IESBA), que establece los principios éticos fundamentales para auditores (integridad, objetividad, independencia, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas);
— las Normas Internacionales de Control de Calidad de la IFAC, que establecen normas y directrices sobre los sistemas de control de calidad de los auditores.
4. OBLIGACIONES DEL AUDITOR
4.1. Principios generales
El auditor debe ser un auditor externo independiente que esté inscrito como miembro en algún organismo o institución nacional de contabilidad o auditoría que a su vez sea miembro de la International Federation of Accountants (Federación Internacional de Contables o IFAC) y esté acreditado para realizar auditorías.
El auditor debe gozar de independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de la entidad de que se trate. Por ello, el auditor interno de una entidad sometida a evaluación no podrá llevar a cabo una evaluación por pilares.
Al aceptar el presente mandato, el auditor confirma que cumple al menos una de las condiciones siguientes:
— El auditor o la sociedad pertenece a algún organismo o institución nacional de contabilidad o auditoría que, a su vez, sea miembro de la IFAC.
— El auditor o la sociedad pertenece a algún organismo o institución nacional de contabilidad o auditoría. Aun en el caso de que esta organización no sea miembro de la IFAC, el auditor se compromete a llevar a cabo su encargo con arreglo a las normas y a la deontología de la IFAC que se recogen en el presente mandato.
— El auditor o la sociedad está registrado como auditor legal en el registro público de un organismo público de supervisión de un Estado miembro de la UE, de conformidad con los principios de supervisión pública establecidos en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Esta condición es aplicable tanto a los auditores como a las sociedades de auditoría establecidas en un Estado miembro de la UE.
— El auditor o la empresa están registrados como auditor legal de cuentas en el registro público de un organismo público de supervisión de un tercer país y ese registro está sujeto a los principios de supervisión pública establecidos en la legislación del país de que se trate (condición aplicable tanto a los auditores como a las sociedades de auditoría establecidas en un tercer país).
Cuando así lo permita la base jurídica subyacente (p. ej., Erasmus), el auditor podrá ser el organismo de auditoría independiente designado con arreglo al artículo 155, apartado 1, del Reglamento Financiero.
4.2. Cualificaciones, experiencia y composición del equipo (5)
Cualificaciones y experiencia
El auditor deberá emplear a personal suficiente que cuente con: i) cualificaciones profesionales apropiadas y una experiencia adecuada en cuanto a las normas de la IFAC y, en particular, a las ISAE 3000 para encargos de fiabilidad distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica; y ii) experiencia en evaluaciones institucionales o de cumplimiento y/o en la auditoría de sistemas o encargos equivalentes sobre entidades comparables en tamaño y complejidad a la entidad en cuestión.
Además, el equipo del encargo deberá poseer, en su conjunto:
— Experiencia en evaluaciones institucionales o de cumplimiento y/o en auditorías de sistemas o encargos equivalentes de programas financiados por la UE y proyectos financiados por donantes e instituciones nacionales y/o internacionales. Se considera conveniente que el jefe del equipo que vaya a trabajar sobre el terreno, es decir, el responsable de auditoría (categoría 2) o el auditor jefe (categoría 3) tenga experiencia en auditorías de sistemas de acciones de ayuda exterior financiadas por la UE y/o de otras acciones financiadas por la UE, y/o de evaluaciones institucionales o de cumplimiento de organizaciones del sector de la ayuda al desarrollo y/o el económico.
— [Opcional: dominio de [precísense la lengua o las lenguas]
Composición del equipo
El equipo de auditores necesario para esta evaluación por pilares deberá estar compuesto por un auditor de la categoría 1 que asuma la responsabilidad final de la auditoría y un equipo del encargo que incluya una combinación adecuada de auditores de las categorías 2 a 4. Será responsabilidad del auditor proponer y utilizar un equipo del encargo que presente la combinación adecuada de auditores para este encargo.
La Comisión distingue entre cuatro categorías de auditores.
Categoría 1: socio auditor
El socio auditor deberá ser un experto altamente cualificado que posea las cualificaciones profesionales adecuadas y que asuma o haya asumido funciones directivas en materia de auditoría pública.
Dicha persona deberá pertenecer a algún organismo o institución nacional de contabilidad o auditoría y disponer de un mínimo de 12 años de experiencia profesional como auditor o contable profesional en el ámbito de la auditoría pública. También se valorará positivamente su experiencia con los países beneficiarios de la ayuda exterior de la UE.
El socio auditor, o cualquier otra persona que desempeñe una función similar a la del socio auditor, será la persona de la sociedad de auditoría que asuma la responsabilidad de la auditoría y de su ejecución, así como del informe emitido en nombre de la empresa. El socio auditor goza de la autoridad necesaria, conferida por un órgano profesional, legal o reglamentario, y está autorizado para certificar las cuentas en virtud de la legislación del país donde se halle registrada la sociedad de auditoría.
Categoría 2: responsable de auditoría
El responsable de auditoría deberá ser un experto cualificado con la titulación universitaria o la cualificación profesional adecuada. Deberá disponer de un mínimo de seis años de experiencia como auditor o contable profesional en el ámbito de la auditoría pública, con experiencia pertinente en la gestión y dirección de equipos de auditoría.
Categoría 3: jefe de auditoría
El jefe de auditoría deberá ser un experto cualificado, con una titulación universitaria o la cualificación profesional adecuada. Deberá disponer de un mínimo de tres años de experiencia profesional en el ámbito de la auditoría pública.
Categoría 4: asistente de auditoría
El asistente de auditoría deberá disponer de la titulación universitaria adecuada y de un mínimo de seis meses de experiencia profesional en el ámbito de la auditoría pública.
Curriculum vitae (CV)
El auditor proporcionará al órgano de contratación el CV del socio o de cualquier otra persona de la sociedad de auditoría que haya asumido la responsabilidad de la evaluación por pilares y de la firma del informe, así como los CV de los responsables, jefes y asistentes de auditoría propuestos como parte del equipo del encargo. Los CV incluirán toda la información necesaria sobre los tipos de encargos realizados por los miembros del equipo, con indicación de sus aptitudes y su capacidad para llevar a cabo la evaluación, así como información detallada sobre cualquier experiencia específica de interés. El órgano de contratación examinará los CV antes de firmar una orden de pedido u otro documento contractual aplicable al presente encargo, reservándose el derecho de rechazarlos si considera que no se ajustan a las exigencias del mismo.
5. ALCANCE
5.1. Lugar y período cubiertos por la evaluación
La evaluación por pilares se llevará a cabo en [lugar(es)]. <Es esencial indicar el lugar o los lugares exactos en los que se realizará la evaluación>. El auditor deberá confirmar con el órgano de contratación el lugar o los lugares en los que vaya a llevarse a cabo la evaluación antes del inicio del trabajo sobre el terreno y asegurarse de que todos los justificantes pertinentes y todos los miembros clave del equipo estén disponibles durante la evaluación. El auditor deberá tener en cuenta que la entidad exige por lo general la celebración de reuniones para preparar la evaluación y examinar el borrador de informe, lo que suele requerir desplazamientos adicionales (véase la sección 7).
El período objeto de evaluación deberá ser normalmente un año (período de 12 meses), que finalizará el día del inicio del trabajo sobre el terreno de la evaluación, es decir, el día en que el auditor empiece efectivamente los procedimientos y pruebas de evaluación sobre el terreno (esto es, en el lugar en el que esté establecida la entidad).
5.2. Contexto del encargo
Uso del anexo 1 «Contexto del encargo: información clave para una evaluación por pilares»
El auditor obtendrá una visión de conjunto preliminar del contexto del encargo sobre la base del anexo 1 «Contexto del encargo: información clave para una evaluación por pilares». Dicha visión de conjunto deberá ser suficiente para que el auditor presente una oferta significativa al órgano de contratación.
Uso del anexo 2a «Cuestionario de evaluación»
La entidad remitirá al auditor el anexo 2a debidamente cumplimentado, tan pronto como sea posible después de que el auditor haya sido contratado por el órgano de contratación, pero antes de que los auditores inicien los procedimientos de evaluación.
En una segunda fase, el anexo 2a se convertirá en una herramienta de apoyo para que el auditor diseñe, planifique y lleve a cabo los procedimientos de evaluación y tenga en cuenta los criterios que la Comisión Europea considere que es esencial o importante que la entidad objeto de evaluación cumpla.
El cuestionario del anexo 2a cumplimentado constituye una fuente esencial de información y evidencia para el auditor. Sin embargo, no es en modo alguno la única fuente de la que se puede servir el auditor para planificar y llevar a cabo los procedimientos de evaluación y extraer conclusiones. Toda la información cumplimentada y facilitada por la entidad tiene valor provisional y estará sujeta a los procedimientos de evaluación que el auditor considere necesario. El auditor no debe basarse en dicha información hasta que se haya cerciorado, mediante procedimientos de evaluación, de que la información sea lo suficientemente exacta y completa a efectos de la evaluación y llegue a conclusiones fundadas sobre cuestiones clave.
Esta es la razón por la que el auditor puede modificar, completar y añadir información en la columna de constataciones si lo estima conveniente. El auditor también puede añadir preguntas adicionales si considera que ello es necesario para llegar a una conclusión fundada sobre cuestiones clave.
El auditor debe tener en cuenta las circunstancias específicas del encargo y aplicar su criterio profesional a lo largo de todo el proceso de evaluación. El auditor es el único responsable en todo momento del diseño, la planificación y la realización de los procedimientos de evaluación que considere necesarios, además de las preguntas y los procedimientos del cuestionario del anexo 2a .
El auditor deberá usar la información que figure en el cuestionario del anexo 2a y los resultados de los procedimientos de evaluación para cumplimentar el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación» (véase la sección 5.4) y llegar a una conclusión por cada pilar sujeto a evaluación.
5.3. Naturaleza, alcance y planificación temporal de los procedimientos y pruebas por pilar
Respecto de cada pilar, el auditor debe evaluar el diseño de los sistemas, controles, normas y procedimientos pertinentes, lo que implica que el auditor deberá llevar a cabo procedimientos y pruebas que le permitan concluir si se han previsto el sistema, los controles, las normas y los procedimientos, esto es, si existen.
Además, el auditor debe evaluar la eficacia operativa de los sistemas, controles, normas y procedimientos de todos los pilares pertinentes (véase la sección 2 «Objetivos»), excepto en el caso del pilar «auditoría externa independiente», en el que el auditor solo debe evaluar el diseño de los procedimientos de auditoría externa.
El diseño y la eficacia operativa de los sistemas, normas y procedimientos pertinentes deben evaluarse con arreglo a los criterios definidos por la Comisión para cada pilar (véase la sección 5.4). Para ello, el auditor debe utilizar los cuestionarios proporcionados por la Comisión.
Corresponde al auditor determinar la naturaleza, el alcance y la planificación temporal de todos los procedimientos y pruebas que considere necesarios para llegar a una conclusión sobre el diseño y la eficacia operativa de los sistemas, controles, normas y procedimientos.
5.4. Criterios y materialidad
Por cada pilar, existen tres niveles de criterios definidos por la Comisión Europea a través de la formulación de preguntas (clave) incluidas en el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación» y en el anexo 2a «Cuestionario de evaluación».
A fin de determinar qué es una carencia o deficiencia material de los sistemas, controles, normas y procedimientos, el auditor deberá tener en cuenta los criterios y los niveles de importancia (es decir, las puntuaciones mínimas) definidos por la Comisión, ya que estos factores pueden influir en la decisión de la Comisión de confiar a la entidad tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta.
Nivel 1 (Reglamento Financiero)
Por cada pilar hay una pregunta general de nivel 1 (en el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación»), que se establece con arreglo al Reglamento Financiero. Se trata de una pregunta de carácter fundamental. Solo son posibles dos tipos de conclusiones.
— La respuesta a la pregunta de nivel 1 es «sí». Esto significa que la entidad cumple los requisitos del pilar de que se trate. La conclusión del auditor deberá formularse con una frase afirmativa, lo que equivale a una «opinión sin salvedades».
— La respuesta a la pregunta de nivel 1 es «no». Esto significa que la entidad no cumple los requisitos del pilar de que se trate. En este caso, la conclusión deberá formularse con una frase negativa, lo que equivale a lo que se denomina como una «opinión desfavorable» con arreglo a las normas internacionales.
Nivel 2 (componentes clave del pilar)
Las preguntas clave del nivel 2 se refieren a los criterios que la Comisión considera esenciales. A tal fin, se definen cuestiones y criterios clave para los componentes clave de cada pilar. Los componentes son, en esencia, «subpilares», que están compuestos a su vez por bloques de preguntas en el anexo 2a «Cuestionario de evaluación».
El auditor debe aplicar su criterio profesional para atribuir una puntuación de 0 a 10 a cada componente de nivel 2 en el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación» basándose en la información y la evidencia que haya obtenido al aplicar el anexo 2a .
Nivel 3 (Cuestionario de evaluación con bloques de preguntas)
El anexo 2a «Cuestionario de evaluación» incluye bloques de preguntas indicativas que se refieren a los componentes clave por pilar de nivel 2. Estos bloques de preguntas detalladas no tienen carácter exhaustivo. Ello quiere decir que el auditor debe usar al menos estos/estas (bloques de) preguntas para dar una puntuación a cada componente de nivel 2.
El auditor podrá formular preguntas adicionales y llevar a cabo pruebas y procedimientos adicionales, según considere necesario o apropiado. El auditor debe aplicar plenamente su juicio profesional a todas las preguntas del anexo 2a al atribuir puntuaciones a los componentes clave por pilar de nivel 2.
5.5. Limitaciones aplicables al alcance
El auditor informará al órgano de contratación de cualquier limitación en el alcance de los trabajos hallada antes de la evaluación o durante esta, y consultará al órgano de contratación acerca de qué medidas pueden ser necesarias y de si puede continuarse la evaluación y en qué términos.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El auditor deberá llevar a cabo la evaluación con arreglo al anexo 3 «Procedimientos de evaluación», que abarca la documentación y la evidencia, la planificación, el trabajo sobre el terreno y la presentación de informes. El anexo 3 recoge tanto los procedimientos de evaluación que el auditor debe aplicar necesariamente como los que puede aplicar de manera facultativa. Se ruega al auditor que preste especial atención a los aspectos específicos que se señalan en las secciones 6.1 a 6.3. El auditor deberá actuar con la diligencia y el criterio profesionales debidos y determinar la naturaleza, la planificación temporal y el alcance de los procedimientos de evaluación en consonancia con los objetivos, el alcance y el contexto de la evaluación.
6.1. Documentación y evidencia
De conformidad con las ISAE 3000, el auditor deberá preparar la documentación y obtener una evidencia adecuada y suficiente para corroborar las constataciones de la evaluación y extraer unas conclusiones razonables en las que poder basar la conclusión de la evaluación por cada pilar. El auditor se fiará de su criterio profesional para determinar si la evidencia es adecuada y suficiente (véase el anexo 3.1).
6.2. Planificación y trabajo sobre el terreno
Inicio de la evaluación
La fecha oficial de inicio de la evaluación es la fecha de la firma de la orden de pedido del órgano de contratación relativa a la evaluación u otro documento contractual aplicable a la misma. A continuación, el auditor acordará con la entidad lo antes posible la fecha para iniciar el trabajo sobre el terreno.
Reunión preparatoria con la entidad
La entidad organizará una reunión preparatoria con el auditor (véase el anexo 3.2.1) que se celebrará en [nombre y dirección de la entidad]. La entidad informará a la Comisión sobre esta reunión, a la que pueden asistir representantes de la Comisión.
Procedimientos relativos la planificación y el trabajo de campo de la evaluación
Los procedimientos del auditor deben permitir formarse una comprensión del contexto del encargo que sea suficiente para diseñar y llevar a cabo ulteriores procedimientos de evaluación. Entre ellos figuran:
— la obtención de evidencia relativa al diseño de los sistemas, controles, normas y procedimientos (anexo 3.3.1);
— la realización de pruebas de la eficacia operativa de los sistemas, controles, normas y procedimientos (anexo 3.3.2);
— la toma de muestras y otros métodos de selección de elementos para la realización de pruebas, cuando proceda (anexo 3.3.3);
— el recurso al trabajo de auditores internos, cuando proceda (anexo 3.3.4).
6.3. Presentación de informes
Uso del modelo de informe de evaluación por pilares del anexo 4
Es obligatorio usar el modelo de informe de evaluación por pilares del anexo 4.
El informe deberá redactarse en [lengua]. [Deberá adjuntarse al informe de evaluación un resumen del mismo en [inglés/francés]] (Véase el anexo 3.3.1) <Suprimir cuando no proceda>.
Constataciones
Existen dos tipos de constataciones.
— Las constataciones principales se refieren a carencias o deficiencias materiales de los sistemas, controles, normas y procedimientos. Por «material» se entiende que el auditor considera que estos factores son tan importantes para la Comisión que pueden influir en la decisión de esta de confiar tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta a la entidad. Por lo tanto, cuando haya constataciones materiales en relación con un pilar, el auditor deberá formular una conclusión negativa sobre ese pilar.
También se consideran constataciones principales la acumulación de constataciones que por separado no constituyen una carencia o deficiencia material, pero sí en su conjunto. El efecto combinado de estas constataciones es tan significativo (es decir, material) que el auditor debe llegar a la conclusión de que la entidad no cumple los requisitos del pilar en cuestión (es decir, la conclusión es «no»).
— Otro tipo de constataciones son todas las constataciones no materiales, esto es, aquellas que el auditor considera que deberían ser puestas en conocimiento de la entidad. Estas constataciones se refieren a carencias y deficiencias de los sistemas, controles, normas o procedimientos que, individualmente o en conjunto, representan un nivel de riesgo menos inmediato de que no se cumplan los objetivos del pilar en cuestión.
Las constataciones deben registrarse con arreglo a los formatos (cuadros) especificados en el modelo de informe de evaluación por pilares del anexo 4. Las principales constataciones y demás constataciones del auditor podrán ser la base de las medidas de supervisión que debe adoptar la Comisión de conformidad con el artículo 154, apartado 5, del Reglamento Financiero.
Recomendaciones
Existen dos tipos de recomendaciones.
— Las recomendaciones críticas se refieren a carencias y deficiencias materiales de los sistemas, controles, normas o procedimientos y a los supuestos en los que no se cumplen (con regularidad) los criterios de la Comisión Europea o las normas aceptadas internacionalmente para los pilares.
— El resto de recomendaciones se refieren a todas las demás constataciones que no son de naturaleza material. En estos casos, las carencias y deficiencias de los sistemas, controles, normas o procedimientos no tienen una repercusión importante e inmediata en los objetivos de estos sistemas, controles, normas o procedimientos. No obstante, es importante que la entidad aplique las medidas propuestas, ya que de este modo se pueden mejorar los sistemas, controles, normas o procedimientos y lograr una mayor eficacia y/o eficiencia.
Las recomendaciones deben registrarse con arreglo a los formatos (cuadros) especificados en el modelo de informe de evaluación por pilares del anexo 4.
Conclusiones
El informe de evaluación debe incluir una conclusión por cada pilar. Existen dos tipos de conclusiones. Las conclusiones deben formularse con una frase afirmativa (es decir, «ha creado», «utiliza», «está sujeto» o «aplica») o con una frase negativa (es decir, «no ha creado», «no utiliza», «no está sujeto» o «no aplica»).
No se puede usar una conclusión de tipo cualificado (esto es, la expresión «salvo») en una evaluación por pilares.
Fecha del informe de evaluación
La fecha del borrador de informe y el informe provisional debe ser la fecha en que estos informes se envían para consulta. La fecha del informe final de evaluación debe ser la fecha de firma del informe final del auditor independiente (anexo 3.4.2).
Procedimientos y calendario para presentar el borrador de informe y el informe final
El auditor deberá atenerse a los procedimientos y al calendario que figuran en los anexos 3.4.3 y 3.4.4 en lo que atañe a la consulta y a la presentación del borrador de informe y del informe final.
Se ruega al auditor preste atención a los aspectos siguientes:
— El auditor presentará un borrador de informe a la entidad en los [21; a determinar por el órgano de contratación] días naturales siguientes a la fecha de la reunión de cierre (es decir, el fin del trabajo sobre el terreno).
— El plazo transcurrido entre la reunión de cierre de la evaluación y la presentación del informe final de evaluación a la entidad no deberá superar los [105; a determinar por el órgano de contratación] días naturales o las [15] semanas. El auditor deberá explicar y documentar cualquier retraso en la presentación de informes en los documentos de trabajo.
7. OTRAS CUESTIONES
7.1. Información sobre prácticas de cálculo de costes y presentación de informes sobre estos
La información facilitada por una entidad a efectos de la evaluación sobre la metodología utilizada para el cálculo de costes, y la presentación de informes sobre estos, no se considerará aprobada por la Comisión con respecto al presupuesto de las acciones específicas. Esta aprobación solo es posible si se han seguido los procedimientos específicos establecidos en la decisión de la Comisión sobre la evaluación previa de los costes unitarios y la financiación a tanto alzado (lo que se conoce como «opciones de costes simplificados»). A falta de una evaluación previa de las opciones de costes simplificados, la admisibilidad de los costes de cualquier acción específica se determinará exclusivamente basándose en las disposiciones del acuerdo o acuerdos pertinentes con la entidad.
7.2. Seguimiento
El órgano de contratación podrá solicitar nuevamente la asistencia del auditor en el seguimiento del informe final de evaluación. Asimismo, el órgano de contratación podrá solicitar al auditor que lleve a cabo una reevaluación de uno o más pilares si el informe final de evaluación concluye que la entidad no ha cumplido los requisitos del pilar o pilares de que se trate.
El presente mandato no cubre la asistencia adicional prestada por el auditor relacionada con el seguimiento que hace el órgano de contratación del informe final de evaluación; si se solicita dicha asistencia, el órgano de contratación deberá emitir una cláusula adicional a la orden de pedido u otro documento contractual aplicable a este encargo.
7.3. Varios
Anexo 1
Contexto del encargo: información clave para una evaluación por pilares
Anexo 2
Cuestionario y criterios de evaluación
Anexo 2a
Cuestionario de evaluación
Anexo 3
Procedimientos de evaluación
Anexo 4
Informe de evaluación por pilares
IMPORTANTE: Los anexos 1 a 4 forman parte del presente mandato.
(1) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(2) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(3) La Comisión puede ser el órgano de contratación en casos debidamente justificados.
(4) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87), modificada por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (DO L 158 de 27.5.2014, p. 196).
(5) Cuando el organismo de auditoría no sea del sector privado, deberán aplicarse niveles de antigüedad, cualificaciones y experiencia equivalentes.
Anexo 1
Contexto del encargo: información clave para una evaluación por pilares
ENTIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN
<indicar el nombre completo de la entidad objeto de evaluación>
PILAR OBJETO DE EVALUACIÓN (1)
CONTROL INTERNO
CONTABILIDAD
AUDITORÍA EXTERNA
SUBVENCIONES
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
CONTRATACIÓN PÚBLICA
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2)
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los pilares 1, 2, 3, 7, 8 y 9 siempre se someten a evaluación. (3)
Los pilares 4 a 6 pueden someterse a evaluación, en función de la naturaleza de las tareas de ejecución presupuestaria que se deban confiar.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Entidad: [nombre completo de la entidad objeto de evaluación]
Dirección
Teléfono
Sitio web
Persona de contacto principal
Nombre y apellidos
<indíquese el cargo directivo; p. ej., director, director general, jefe de Finanzas y Contabilidad>
Correo electrónico
Tel./Fax
Delegación de la Unión Europea en [País] <suprimir este cuadro si no procede>
Dirección
Teléfono
Persona de contacto principal
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Tel./Fax
Servicio de la Comisión Europea responsable del programa de financiación de la UE pertinente <suprimir si no procede>
Persona de contacto principal
Nombre y apellidos
Cargo/Unidad
Correo electrónico
Tel./Fax
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema de control interno en la que se traten los siguientes aspectos:
Entorno de control
— integridad y valores éticos
— estructura organizativa y atribución de autoridad
— estructura de supervisión de la gobernanza
Evaluación de riesgos
Actividades de control, en particular:
— separación de funciones (incluidas las medidas para evitar conflictos de intereses)
— tratamiento de la información y sistemas informáticos (incluidos controles informáticos generales, controles de solicitudes, integridad de los datos y pistas de auditoría)
— prevención, detección y corrección de errores, fraudes e irregularidades
— gestión de las nóminas y bancaria
— gestión de las nóminas y del tiempo
Información y comunicación
— informes internos
— informes externos: estados financieros, informes a donantes
Seguimiento
— seguimiento del sistema de control interno (o de los componentes de este)
— función de auditoría interna.
PILAR 2 – CONTABILIDAD
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema contable:
— Sistema y políticas contables
— Presupuestación
— Contabilidad y presupuestación para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) de la función de auditoría externa en la que se traten los siguientes aspectos:
— El marco regulador para la auditoría externa
— El auditor externo de la entidad y las normas de auditoría.
PILAR 4 – SUBVENCIONES
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema subvenciones de la entidad en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador
— Principios en materia de subvenciones, que se refieran, en particular, a las medidas para evitar los conflictos de intereses en todo el proceso de concesión de subvenciones
— Tipos de subvenciones usadas
— Organización (tareas y responsabilidades)
— Documentación y archivo del proceso de subvención
— Procedimientos de concesión de subvenciones, incluidos:
— la publicación de la convocatoria de propuestas
— la presentación de propuestas
— la seguridad y confidencialidad de las propuestas
— la recepción, el registro y la apertura de las propuestas
— los procedimientos de selección y evaluación
— la concesión de subvenciones
— la notificación y la publicación
— los convenios y contratos de subvención.
PILAR 5 – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema de contratación pública de la entidad en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador
— Principios en materia de contratación pública, en particular:
— las medidas de transparencia, como la publicación ex ante de convocatorias de licitación y la publicación ex post de la lista de contratistas
— las medidas para evitar los conflictos de intereses en todo el proceso de contratación pública
— Tipos de procedimiento usados (obras, servicios, suministros)
— Tipos de procedimiento de licitación competitivo usados
— Organización (tareas y responsabilidades)
— Documentación y archivo del proceso de contratación pública
— Procedimientos de contratación pública:
— invitación a presentar ofertas
— procedimientos de evaluación y selección y adjudicación de contratos
— sistema de reclamaciones.
PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS (4)
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) de los instrumentos financieros en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador. Aspectos que deben tratarse:
— descripción de los instrumentos, incluidas las estrategias o políticas de inversión, el tipo de apoyo que ofrecen, los criterios de admisibilidad para los intermediarios financieros y los perceptores finales, así como otros requisitos operativos específicos que reflejen los objetivos estratégicos del instrumento;
— los requisitos aplicables a un rango de valores objetivo para el efecto apalancamiento (la contribución de la UE a un instrumento financiero tendrá por objeto movilizar una inversión total que supere el volumen de la contribución de la UE según los indicadores definidos de antemano);
— definición de las actividades no admisibles;
— disposiciones que garanticen la convergencia de intereses y se ocupen de los posibles conflictos de intereses;
— disposiciones para la selección de los intermediarios financieros (los intermediarios financieros deberán seleccionarse mediante procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses) y para la creación de vehículos de inversión específicos, en su caso;
— disposiciones sobre la responsabilidad de la entidad encargada y de otras entidades que intervienen en la ejecución de los instrumentos financieros;
— disposiciones sobre la resolución de litigios;
— disposiciones sobre la gobernanza de los instrumentos;
— disposiciones relativas a la utilización y reutilización de la contribución de la UE, cuando proceda (artículo 209 del RF);
— disposiciones relativas a la gestión de las contribuciones de la UE y a la gestión de las cuentas fiduciarias, incluidos los riesgos de contraparte, las operaciones de tesorería aceptables, las responsabilidades de las partes interesadas, las medidas correctoras en caso de saldos excesivos en las cuentas fiduciarias, el sistema de registro y la presentación de informes;
— normas contables y sobre informes financieros (presentación de informes específicos por cada instrumento financiero);
— disposiciones relativas a la duración, posibilidad de prórroga y terminación del instrumento, incluidas las condiciones de terminación anticipada y, en su caso, las estrategias de salida;
— disposiciones relativas a la supervisión del apoyo prestado a los intermediarios financieros y a los perceptores finales, en particular la rendición de cuentas por parte de los intermediarios financieros;
— Principios básicos: los instrumentos financieros se utilizarán con arreglo a los principios de buena gestión financiera, transparencia, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato y subsidiariedad, y de conformidad con sus objetivos;
— Directrices y normas operativas para el uso de instrumentos financieros;
— Organización (tareas y responsabilidades);
— Sistema de gestión del riesgo de crédito y sistema de clasificación de riesgos internos, en su caso (solo para las entidades que pretendan solicitar una garantía presupuestaria de la UE);
— Normas y procedimientos para los controles en materia de elusión fiscal y territorios no cooperadores;
— Normas y procedimientos para los controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema de exclusión de la entidad en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador
— Criterios de exclusión.
— Procedimientos. Indique, en particular, si los aspectos antes citados están cubiertos por los procedimientos y cómo se aplican.
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema de publicación de información sobre los perceptores de fondos de la entidad en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador;
— Requisitos de publicación. Indique, en particular, si los aspectos siguientes están cubiertos por los procedimientos y cómo se aplican:
— nombre, localidad, naturaleza y finalidad, cantidad;
— planificación temporal;
— medios de publicación.
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Proporcione una descripción (máximo de 5 páginas) del sistema de protección de datos de carácter personal de la entidad en la que se traten los siguientes aspectos:
— Marco legal y regulador
— Requisitos de protección de datos de carácter personal. Indique, en particular, si dichos requisitos están cubiertos por los procedimientos y cómo se aplican.
(1) La entidad debe señalar SÍ o NO para indicar si el pilar está sujeto a evaluación.
(2) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(3) En el supuesto excepcional de que no se evalúen ni las normas y procedimientos para subvenciones, ni aquellas para contratación pública, ni aquellas para instrumentos financieros (esto es, ninguno de los pilares 4 a 6), no será necesario evaluar las normas y procedimientos relativas a la exclusión y a la publicación (esto es, pilares 7 y 8).
(4) Los instrumentos financieros también abarcan las garantías presupuestarias.
Anexo 2
CUESTIONARIO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Ha establecido la entidad, y garantiza el funcionamiento en todos los aspectos materiales, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico basado en las mejores prácticas internacionales y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (5 componentes en el caso del control interno)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Entorno de control
¿Ofrece el entorno de control de la entidad una base adecuada para realizar controles internos en toda la organización?
Evaluación de riesgos
¿Reconoce la entidad los riesgos, en la totalidad de la misma, para el cumplimiento de sus objetivos, incluida la evaluación de la posibilidad de fraude, y se analizan los riesgos de tal modo que se determine cómo gestionarlos?
Actividades de control
¿Lleva a cabo la entidad actividades de control eficaces y eficientes, entre ellas, la prevención, detección y corrección de irregularidades?
Información y comunicación
¿Cuenta la entidad con controles y procedimientos que garanticen una elaboración de informes fiables (destinados tanto a uso interno como externo) de acuerdo con las normas y requisitos aplicables?
Seguimiento
¿Realiza la entidad un seguimiento de los controles internos de forma periódica y eficaz?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 5 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 2 – CONTABILIDAD
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Usa la entidad un sistema contable que proporcione, en todos los aspectos materiales, información exacta, completa y fiable a su debido tiempo, basado en las normas internacionales de contabilidad y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en el caso de la contabilidad)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Sistema y políticas contables
¿Usa la entidad un sistema contable adecuado y cuenta con políticas contables claras y por escrito?
Presupuestación
¿Cuenta la entidad con un sistema y procedimientos presupuestarios que le permitan tener presupuestos fiables y transparentes de sus operaciones y actividades?
Contabilidad y presupuestación para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros (1) específicos, según proceda
¿Cuenta la entidad con: i) procedimientos contables y presupuestarios que permitan informar de manera adecuada y oportuna a los donantes/proveedores de fondos (incluida la Comisión Europea) sobre el uso de los fondos que proporcionan para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros; y ii) la capacidad y procesos implantados para elaborar estados financieros (2)?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Está sujeta la entidad a una auditoría externa independiente, que debe realizar un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad, respecto de todos los aspectos importantes y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en el caso de la auditoría externa independiente)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco regulador claro para la auditoría externa?
Principios.
Se pueden distinguir tres situaciones posibles en función del marco regulador y las normas de auditoría aplicables.
Pregunta clave (nivel 2): se aplica si la auditoría externa la lleva a cabo una sociedad independiente y profesional de auditoría externa (sector privado) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría. ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por una sociedad de auditoría externa profesional independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de auditoría equivalentes a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)?
Pregunta clave (nivel 2): se aplica si la auditoría externa la lleva a cabo una entidad fiscalizadora nacional (sector público) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría. ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por una entidad fiscalizadora nacional o una entidad fiscalizadora superior (p. ej., un tribunal nacional de cuentas o un organismo equivalente) que sea independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de contabilidad equivalentes a los principios, normas y directrices emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)?
Pregunta clave (nivel 2): se aplica si la auditoría externa la lleva a cabo un organismo de auditoría o de supervisión externo que opere en virtud de un marco regulador o institucionalizado específico (p. ej., un auditor externo de la ONU) y que sea independiente respecto de la entidad, de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría. ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por un organismo de auditoría o supervisión externo independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de auditoría equivalentes a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o las normas INTOSAI?
Procedimientos de auditoría externa
¿Está la entidad sujeta a procedimientos de auditoría externa adecuados?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 4 – SUBVENCIONES
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en el caso de las subvenciones)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la concesión de subvenciones?
Principios
¿Están integrados los principios siguientes en los procedimientos, normas y criterios del sistema de concesión de subvenciones de la entidad: transparencia, igualdad de trato, criterios de admisibilidad, evitar la doble financiación, y conflictos de intereses?
Estos principios deben integrarse en los procedimientos, normas y criterios del sistema de concesión de subvenciones de la entidad de conformidad con el principio general de proporcionalidad. Los principios no tienen valor absoluto; existe un número reducido de excepciones a los mismos, que surten efecto siempre que se esgriman de forma clara y sean razonables y estén justificadas.
Procedimientos de concesión de subvenciones
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 5 – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, a la concesión de fondos de la UE por medio de contratos públicos y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en caso de la contratación pública)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la contratación pública?
Principios
¿Están integrados los principios siguientes en los procedimientos, normas y criterios del sistema de contratación pública de la entidad: transparencia, igualdad de trato, acceso público a la información sobre contratación pública, conflictos de intereses y uso de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de la oferta económicamente más ventajosa?
Estos principios deben integrarse en los procedimientos, normas y criterios del sistema de contratación pública de la entidad de conformidad con el principio general de proporcionalidad. Los principios no tienen valor absoluto; existe un número reducido de excepciones a los mismos, que surten efecto siempre que se esgriman de forma clara y sean razonables y estén justificadas.
Procedimientos de contratación pública
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados en materia de contratación pública?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS (3)
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, a la concesión de fondos de la UE/garantías presupuestarias por medio de instrumentos financieros/garantías presupuestarias y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en el caso de los instrumentos financieros)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para el uso y ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias?
Principios
¿Están integrados los principios y condiciones siguientes en los procedimientos, normas y criterios aplicables a los instrumentos financieros/garantías presupuestarias de la entidad?
Principios básicos (artículo 209, apartado 1, del RF). Buena gestión financiera, transparencia, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato y subsidiariedad.
Selección de intermediarios financieros (artículo 216, apartado 3, del RF). Los intermediarios financieros deben seleccionarse con procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses.
Condiciones de los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias (artículo 209, apartado 2, del RF). Los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias deben cumplir las siguientes condiciones básicas: corregir fallos de mercado o situaciones de inversión que no son óptimas, lograr adicionalidad, efecto de palanca y armonización de intereses, así como, en su caso, la no distorsión de la competencia en el mercado interior y la coherencia con las normas sobre ayudas estatales.
Procedimientos relativos a los instrumentos financieros/garantías presupuestarias
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la utilización de instrumentos financieros/garantías presupuestarias?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
—PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS [sección 6A adicional (preguntas adicionales respecto de garantías presupuestarias) (4) ]
Nivel 2 Criterios/preguntas (4 componentes adicionales en caso de las garantías presupuestarias) ¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión del riesgo de crédito y utiliza un sistema de clasificación de riesgos internos adecuado a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus actividades?
Política de riesgos/marco estratégico
¿Cuenta la entidad con una política y una estrategia adecuadas para detectar, gestionar, medir y controlar el riesgo (con énfasis en el riesgo de crédito)?
Gobernanza en materia de riesgos
¿Cuenta la entidad con un marco organizativo adecuado que permita una gestión, medición y control eficaces del riesgo de crédito, y que tenga suficientes recursos humanos y técnicos, cualitativa y cuantitativamente, para llevar a cabo las tareas requeridas?
Reconocimiento, análisis y seguimiento del riesgo de crédito
¿Cuenta la entidad con un sistema de reconocimiento, análisis y supervisión del riesgo de crédito que funcione correctamente?
Sistema de clasificación de riesgos internos (SCRI)
¿Utiliza la entidad un sistema de clasificación de riesgos internos adecuado a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus actividades?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 2 será «SÍ» si la puntuación total de los 4 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 2 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS [secciones 6B y 6C adicionales (opcional) (5) ]
Nivel 1 ¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias con contribución de los fondos de la UE normas equivalentes a la legislación aplicable de la UE y normas acordadas a nivel internacional y de la UE y, por tanto: a) no presta ayuda a acciones que contribuyan a la elusión fiscal, y b) no realiza operaciones con entidades constituidas o establecidas en países y territorios no cooperadores en materia tributaria?
Nivel 2 Criterios/preguntas (2 componentes en caso de controles en materia de elusión fiscal y territorios no cooperadores)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Controles en materia de elusión fiscal y territorios no cooperadores
¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias con contribución de los fondos de la Unión normas equivalentes a la legislación aplicable de la Unión y normas acordadas a nivel internacional y de la Unión (6) y, por tanto:
1) no presta ayuda a acciones que contribuyan a la elusión fiscal; y
2) no realiza operaciones con entidades constituidas o establecidas en países y territorios no cooperadores en materia tributaria?
Nivel 1 ¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias normas equivalentes a la legislación aplicable de la UE y normas acordadas a nivel internacional y de la UE y, por tanto: c) no presta ayuda a acciones que contribuyan al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo; y d) no participa en operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones con la consideración de terceros países de alto riesgo?
Nivel 2 Criterios/preguntas (2 componentes en caso de controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias con contribución de los fondos de la Unión normas equivalentes a la legislación aplicable de la Unión y normas acordadas a nivel internacional y de la Unión que ofrezcan garantías razonablemente eficaces y, por tanto:
1) no presta ayuda a acciones que contribuyan al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo; y
2) no participa en operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones con la consideración de terceros países de alto riesgo (7)?
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de la sección pertinente es de al menos el 70 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total de la sección pertinente es inferior al 70 %.
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Nivel 1 (Reglamento Financiero) ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la exclusión de terceros del acceso a la financiación por medio de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros (8)?
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en el caso de la exclusión del acceso a la financiación)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la exclusión del acceso a la financiación?
Criterios de exclusión
¿Están los criterios de exclusión integrados en los procedimientos y normas para la concesión de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros?
Procedimientos de exclusión
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos de exclusión contemplados en el punto 2?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de los componentes 1 o 3 es de al menos 2/10 o el 20 % o la puntuación del componente 2 es de al menos 5/10 o el 50 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de los componentes 1 o 3 es inferior a 2/10 o el 20 % o la puntuación del componente 2 es inferior a 5/10 o el 50 %.
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES Y OTROS DATOS
Nivel 1 (Reglamento Financiero). ¿Publica la entidad información sobre los perceptores de fondos de forma adecuada y a su debido tiempo? (9)
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en caso de la publicación sobre perceptores)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro en materia de publicación sobre los perceptores que abarque 1) la publicación de información adecuada sobre los beneficiarios de fondos, 2) una referencia a una norma internacional común que garantice la protección de los derechos fundamentales y los intereses comerciales, y 3) actualizaciones periódicas de dicha publicación?
Requisitos
Si el marco regulador se aplica por medio de un conjunto adicional de procedimientos de publicación, ¿incorporan estos sus requisitos?
Procedimientos de publicación
¿Aplica la entidad de forma efectiva normas y procedimientos a la publicación basada en los requisitos contemplados en el punto 2?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Nivel 1 (Reglamento Financiero) ¿Garantiza la entidad una protección de los datos de carácter personal equivalente a la mencionada en el artículo 5 del RF? (10)
Nivel 2 Criterios/preguntas (3 componentes en caso de la protección de datos de carácter personal)
PUNTUACIÓN
(0 a 10)
Marco legal y regulador
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la protección de datos de carácter personal?
Requisitos
¿Están los requisitos integrados en los procedimientos y normas de la protección de datos de carácter personal?
Procedimientos
¿Aplica la entidad efectivamente normas y procedimientos (p. ej., medidas técnicas y organizativas adecuadas) para la protección de datos de carácter personal (en la concesión de subvenciones/contratos/instrumentos financieros, según proceda) sobre la base de los requisitos mencionados en el punto 2?
Puntuación total
PUNTUACIÓN
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «SÍ» si la puntuación total de los 3 componentes es de al menos el 70 % y la puntuación de cada componente individual es de al menos 2/10 o el 20 %.
La respuesta a la pregunta de nivel 1 será «NO» si la puntuación total es inferior al 70 % o la puntuación de cada componente individual es inferior a 2/10 o el 20 %.
(1) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(2) Artículo 209, apartado 4, del Reglamento Financiero (RF) de la UE de 2018.
(3) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros y a los fondos de la UE también abarca las garantías presupuestarias.
(4) Aplicable solo si la entidad pretende solicitar una garantía presupuestaria de la UE.
(5) Con el fin de ejecutar los fondos de la Unión mediante instrumentos financieros, la entidad tendrá que cumplir los requisitos pertinentes del Reglamento Financiero que se recogen en las secciones 6B y 6C adicionales mediante disposiciones contractuales adecuadas, aun cuando se opte por no someterse a la evaluación por pilares de estas secciones.
(6) El marco regulador y de la política fiscal de la UE incluye, en particular, y sujeto a la evolución legislativa: el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO C 2 de 6.1.1998, p. 2); la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 345 de 29.12.2011, p. 8); la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO L 157 de 26.6.2003, p. 49); la Recomendación 2012/772/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva (DO L 338 de 12.12.2012, p. 41); la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidady por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1); el Paquete de lucha contra la elusión fiscal de la Comisión: próximos pasos para lograr una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal en la UE [COM(2016) 23]; la Recomendación (UE) 2016/136 de la Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la aplicación de medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales (DO L 25 de 2.2.2016, p. 67); la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1); y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 12 de febrero, 8 de marzo, 25 de mayo, 17 de junio, 8 de noviembre y 5 de diciembre de 2016, 5 de diciembre de 2017, 23 de enero y 13 de marzo de 2018.
(7) Teniendo en consideración la Directiva (UE) 2015/848.
(8) Debe evaluarse la exclusión de terceros respecto de subvenciones, contratos públicos y/o instrumentos financieros cuando el pilar respectivo (subvenciones, contratación pública e instrumentos financieros) haya sido evaluado. Se considera que la referencia a los instrumentos financieros y a los fondos de la UE también abarca las garantías presupuestarias.
(9) Debe evaluarse la publicación de la información sobre los perceptores respecto de subvenciones, contratos públicos y/o instrumentos financieros cuando el pilar correspondiente (subvenciones, contratación pública e instrumentos financieros) haya sido evaluado.
(10) Conforme losl Reglamentos (UE) 2018/1725 y (UE) 2016/679.
ANEXO 2A
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
PILAR OBJETO DE EVALUACIÓN (1)
CONTROL INTERNO
CONTABILIDAD
AUDITORÍA EXTERNA
SUBVENCIONES
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
CONTRATACIÓN PÚBLICA
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2)
SÍ/NO <suprimir el que no proceda>
EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los pilares 1, 2, 3, 7, 8 y 9 siempre se someten a evaluación.
Los pilares 4 a 6 pueden someterse a evaluación, en función de la naturaleza de las tareas de ejecución que se deban confiar.
FINALIDAD Y USO DEL PRESENTE DOCUMENTO
1. En una primera fase, se pedirá a la entidad que complete las preguntas pertinentes del anexo 2a y que presente el anexo 2a cumplimentado al órgano de contratación (si es distinto de la propia entidad) y al auditor.
Atención: se ruega a la entidad que responda a las preguntas en que se indica «a cumplimentar por la entidad», o «ACPLE», en la columna titulada «Observaciones de la entidad». Las preguntas clave solo deben ser cumplimentadas por el auditor basándose en su criterio profesional y los procedimientos de evaluación y las pruebas realizadas.
El órgano de contratación remitirá al auditor el cuestionario del anexo 2a debidamente cumplimentado, tan pronto como sea posible después de que el auditor haya sido contratado, pero antes de que los auditores inicien los procedimientos de evaluación.
2. En una segunda fase, el anexo 2a se convertirá en una herramienta de apoyo para que el auditor diseñe, planifique y lleve a cabo los procedimientos de evaluación y tenga en cuenta los criterios que la Comisión Europea considere que es esencial o importante que la entidad evaluada cumpla.
El cuestionario cumplimentado constituye una fuente esencial de información y evidencia para el auditor. Sin embargo, no es en modo alguno la única fuente de la que se puede servir el auditor para planificar y llevar a cabo los procedimientos de evaluación y extraer conclusiones. Toda la información cumplimentada y facilitada por la entidad estará sujeta a los procedimientos de evaluación que el auditor considere necesario. El auditor no debe basarse en dicha información hasta que se haya cerciorado, mediante procedimientos de evaluación, de que la información sea lo suficientemente exacta y completa a efectos de la evaluación y llegue a conclusiones fundadas sobre cuestiones clave.
Es por esto por lo que el auditor puede modificar, completar y añadir información en la columna de «Observaciones del auditor», cuando lo estime conveniente. El auditor también puede añadir preguntas adicionales si considera que ello es necesario para llegar a una conclusión fundada sobre cuestiones clave.
Cómo cumplimentar la columna «Observaciones del auditor»: se recomienda encarecidamente que, en la medida de lo posible, el auditor se limite a observaciones y relatos resumidos para evitar textos largos en la columna «Observaciones del auditor». El auditor podrá adaptar el ancho o el largo de dicha columna para que haya espacio suficiente para la información y las observaciones. De forma alternativa, el auditor podrá usar archivos adjuntos (p. ej. relatos extensos y/o documentos de la entidad), a los que hará el correspondiente reenvío.
El auditor es el responsable absoluto, en todo momento, del diseño, la planificación y la realización de los procedimientos de evaluación que considere necesarios para llegar a una conclusión respecto de cada pilar cubierto por la evaluación. El auditor debe tener en cuenta las circunstancias específicas del encargo y aplicar su criterio profesional a lo largo de todo el proceso de evaluación.
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Ha establecido la entidad, y garantiza el funcionamiento, en todos los aspectos materiales, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Directrices
Artículo 154 del Reglamento Financiero
La Comisión podrá aceptar que los sistemas contables y los sistemas de control interno utilizados por personas y entidades a las que se haya encargado la ejecución de los fondos de la UE o garantías presupuestarias ofrezcan niveles equivalentes de protección de los intereses financieros de la Unión y de garantías razonables respecto de la consecución de los objetivos de la dirección.
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
ENTORNO DE CONTROL: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Ofrece el entorno de control de la entidad una base adecuada para realizar controles internos en toda la organización?
Nota: El entorno de control incluye las funciones de gobernanza y gestión y las actitudes, la sensibilización y las acciones de los responsables de la gobernanza y la gestión en relación con el control interno de la entidad y su importancia en la entidad.
Integridad y valores éticos.
¿Demuestra la dirección un compromiso de comunicar y defiende valores éticos y la integridad?
¿Existe un código de conducta por escrito que se comunique a todo el personal o un manual para el personal que contenga disposiciones que fomenten comportamientos y valores éticos?
¿Comunica y resalta la dirección al personal la importancia de la integridad y de los valores éticos (comunicación desde los puestos superiores)?
¿Existen procedimientos (p. ej., sanciones disciplinarias, responsabilidad financiera y personal) para el personal que no cumpla las normas de integridad y los valores éticos?
¿Se han implantado procedimientos para hacer frente a posibles conflictos de intereses en los puestos de dirección?
Estructura organizativa y atribución de autoridad y responsabilidad.
¿Cuenta la entidad con una estructura organizativa clara y adecuada y están claramente definidas las responsabilidades clave?
¿Cuenta la entidad con una estructura organizativa clara (es decir, el marco en el que se planifican, ejecutan, controlan y revisan las actividades de la entidad para alcanzar sus objetivos) que contribuye a una buena gestión y gobernanza?
¿Cuál es la estructura de toma de decisiones y quién es la máxima autoridad de toma de decisiones?
¿Están las responsabilidades y las líneas jerárquicas de rendición de cuentas claramente definidas? Por ejemplo, ¿están claramente delimitadas las responsabilidades, autoridades y líneas jerárquicas de rendición de cuentas en los contratos de trabajo y/o los manuales operativos?
¿Se pueden consultar las descripciones de los puestos de trabajo?
¿Cómo se atribuyen la autoridad y la responsabilidad de las actividades operativas y cómo se establecen las líneas jerárquicas de rendición de cuentas y de autorización?
¿Cuáles son las políticas y prácticas relacionadas, por ejemplo, con la contratación, la orientación, la formación, la evaluación, el asesoramiento, los ascensos, la compensación y las medidas correctoras?
Estructura de supervisión de la gobernanza.
¿Cuenta la entidad con una estructura adecuada de supervisión de la gobernanza?
¿Existe un organismo de supervisión de la gobernanza (p. ej., autoridad de supervisión, comité de auditoría, órganos reguladores, consejo de administración, órgano ejecutivo) independiente de la dirección de la entidad?
¿Existen normas para el nombramiento, la remuneración y la dimisión de los miembros del organismo de supervisión de la gobernanza?
De no haber organismo de supervisión de la gobernanza, ¿ha adoptado la dirección de la entidad medidas para cumplir sus responsabilidades de supervisión de la gobernanza?
¿Cuenta la entidad con una función de auditoría interna? En caso afirmativo, diríjase a la sección 5.2.
En caso negativo, ¿cómo (esto es, por qué medios) ejercita la dirección la supervisión del desarrollo y realización del control interno?
Proceso para atraer, desarrollar y retener a individuos competentes.
¿Demuestra la entidad un compromiso para atraer, desarrollar y retener a individuos competentes de conformidad con los objetivos?
¿Cuenta la entidad con políticas y prácticas formales por escrito en materia de recursos humanos?
¿Cuenta la entidad con políticas de contratación y remuneración?
¿Cuenta la entidad con un sistema de valoración y desarrollo (que abarque tanto las necesidades de formación y desarrollo) del personal?
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DE RIESGOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Reconoce la entidad los riesgos, que pueden afectarle en su conjunto, para el cumplimiento de sus objetivos y se analizan los riesgos de tal modo que se determine cómo gestionarlos?
¿Especifica la entidad sus objetivos con suficiente claridad como para que se puedan reconocer y valorar los riesgos en relación con los objetivos?
¿Cuenta la entidad con procedimientos de evaluación de riesgos que permitan a la dirección reconocer, evaluar y solucionar cuestiones actuales o potenciales que puedan obstaculizar el logro de los objetivos de la entidad?
¿Se evalúan los riesgos por proyectos o en la entidad en su conjunto?
¿Están documentados los procedimientos de evaluación de riesgos?
¿Cuenta la entidad con un registro de riesgos?
¿Cuenta la entidad con procedimientos de evaluación de riesgos para:
— reconocer hechos y riesgos que afecten al cumplimiento de sus objetivos, incluida la posibilidad de fraude?
— analizar la importancia de los riesgos y la probabilidad de que se materialicen?
— determinar las acciones y mecanismos de seguimiento necesarios para hacer frente a los riesgos?
— implantar y modificar los controles con el fin de atender a los cambios de los riesgos reconocidos?
PILAR 1 – CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES DE CONTROL: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿lleva a cabo la entidad actividades de control eficaces y eficientes?
General
¿Cuenta la entidad con políticas y prácticas formales y por escrito en materia de actividades de control?
¿Lleva a cabo la entidad actividades de control
— sirviéndose de políticas y prácticas formales y por escrito?
— que contribuyen a reducir a niveles aceptables los riesgos al logro de los objetivos de la entidad?
— pertinentes, esto es, basadas en una evaluación de los riesgos y de los controles necesarios para gestionar dichos riesgos?
¿Tratan las actividades de control realizadas por la entidad los aspectos clave siguientes
— fiabilidad de la contabilidad y la información (véase la sección 4 «Información y comunicación»);
— salvaguardia de los activos y de la información;
— cumplimiento de las normas en los procesos de contratación pública y en otros procesos que conlleven gastos;
— prevención, detección y corrección de errores, fraudes e irregularidades?
Separación de funciones: general
¿Existe una separación de funciones eficaz para las siguientes labores:
— ordenador de pagos (esto es, quien autoriza las transacciones de naturaleza operativa y/o financiera) y contable (esto es, quien tiene autoridad para ejecutar los pagos);
— autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones;
— supervisión operativa y financiera?
¿Está establecida formalmente la separación de funciones, por ejemplo, en un manual operativo o de procedimientos?
Salvaguardia de la información: documentación, clasificación y registro
¿Cuenta la entidad con procedimientos adecuados y eficaces de documentación, clasificación y registro así como controles sobre la exhaustividad y la exactitud de la información?
¿Cuáles son las características principales de los sistemas de clasificación de la entidad (electrónico, en papel, instrucciones operativas, uso de bases de datos y sistemas de clasificación electrónicos)?
Señale y documente las características clave del sistema o procedimientos de clasificación.
¿Cuenta la entidad con una política o procedimientos específicos para la documentación y clasificación de los procesos relativos a las subvenciones, la contratación pública y los instrumentos financieros?
Nota: pueden resultar de aplicación requisitos específicos, como la transparencia y la confidencialidad.
Tratamiento de la información y sistemas informáticos.
¿Cuenta la entidad con procedimientos y controles eficaces respecto de los sistemas informáticos que garanticen la integridad de la información y la seguridad de los datos que tratan dichos sistemas?
¿Cuenta la entidad con políticas y controles formales y por escrito en materia de sistemas informáticos?
¿Cuenta la entidad con procedimientos adecuados y eficaces para la iniciación, aprobación, registro, tratamiento y comunicación de las transacciones?
¿Aplica la entidad una combinación adecuada de elementos manuales y automatizados en materia de control interno, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de la utilización por parte de la entidad de sistemas informáticos y tratamiento de la información?
¿Incluyen los controles de los sistemas informáticos de la entidad controles de solicitudes e informáticos generales y eficaces?
Directrices relativas a los sistemas informáticos
Los procesos operativos/de las actividades de la entidad dan lugar a transacciones iniciadas, registradas, tratadas y comunicadas por el sistema de información, que puede manejarse manualmente o por ordenador, o mediante una combinación de procedimientos manuales e informáticos.
¿Existe una separación de funciones adecuada de las labores contables clave, es decir, la iniciación, la aprobación, el registro, el tratamiento (es decir, la transferencia al libro mayor) y la elaboración de informes en los estados financieros?
El uso de la informática afecta a la manera en que se ejecutan las actividades de control. Los controles de los sistemas informáticos son eficaces cuando garantizan la integridad de la información y la seguridad de los datos que tratan dichos sistemas, e incluyen controles de solicitudes e informáticos generales y eficaces.
Los controles informáticos generales son políticas y procedimientos que se refieren a muchas solicitudes y contribuyen al funcionamiento eficaz de los controles de las solicitudes. Se aplican a los entornos de las unidades centrales (mainframe), de las unidades menores (miniframe) y de usuario final. Los controles informáticos generales que garantizan la integridad de la información y la seguridad de los datos incluyen, por lo general, controles sobre los aspectos siguientes:
— operaciones de red y de centros de datos;
— adquisición, cambio y mantenimiento de software de sistemas;
— cambio de programas;
— seguridad del acceso;
— adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de solicitudes.
Los controles de las solicitudes son procedimientos manuales o automatizados que suelen funcionar a nivel de procesos operativos y que se aplican al tratamiento de transacciones por solicitudes individuales. Los controles de las solicitudes pueden ser de detección o de prevención y están diseñados para garantizar la integridad de los registros contables. En consecuencia, los controles de las solicitudes se refieren a procedimientos utilizados para iniciar, registrar, tratar y comunicar las transacciones u otros datos financieros. Estos controles ayudan a garantizar que las transacciones se hayan producido, estén autorizadas y se registren y traten de forma exhaustiva y exacta. Algunos ejemplos son controles de la edición de los datos introducidos, los controles de secuencias numéricas con seguimiento manual de los informes de excepción o la corrección en el momento de introducción de los datos.
El uso de elementos manuales o automatizados en el control interno también afecta a la manera en que se inician, registran, tratan y comunican las transacciones:
— Los controles en un sistema manual pueden incluir procedimientos como las aprobaciones y revisiones de las transacciones, y conciliaciones y seguimiento de partidas conciliadas. De forma alternativa, una entidad puede utilizar procedimientos automatizados para iniciar, registrar, tratar y comunicar transacciones, en cuyo caso los registros en formato electrónico sustituyen a los documentos en papel.
— Los controles en los sistemas informáticos consisten en una combinación de controles automatizados (por ejemplo, controles integrados en programas de ordenador) y controles manuales. Los controles manuales pueden ser independientes de la informática, utilizar la información elaborada con herramientas informáticas o limitarse a seguir el funcionamiento eficaz de las herramientas informáticas y los controles automatizados, y a gestionar las excepciones. Cuando se utilice la informática para iniciar, registrar, tratar o notificar transacciones u otros datos financieros para su inclusión en los estados financieros, los sistemas y programas podrán incluir controles relacionados con las correspondientes afirmaciones sobre cuentas materiales o ser esenciales para el funcionamiento eficaz de los controles manuales que dependan de la informática.
La combinación de elementos manuales y automatizados de una entidad en materia de control interno varía en función de la naturaleza y complejidad del uso de la informática que haga la entidad.
Prevención, detección y corrección de errores, fraudes e irregularidades
¿Cuenta la entidad con procedimientos adecuados y eficaces para la prevención, detección y corrección de errores, fraudes e irregularidades?
¿Tiene en cuenta la entidad la posibilidad de errores, fraudes e irregularidades al evaluar los riesgos para el logro de los objetivos?
¿Reconoce la entidad los puestos (delicados) con riesgo de colusión (p. ej., funciones bancarias y de gestión de caja, de contratación pública y adquisiciones) y existen medidas de supervisión del mismo (p. ej., rotación de funciones o controles adicionales)?
¿Existe procedimientos para informar sobre errores, fraudes e irregularidades, y hacer un seguimiento de los mismos?
Salvaguarda del activo inmovilizado
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión de activos inmovilizados e intangibles adecuado y eficaz que garantice la salvaguardia de los activos inmovilizados e intangibles y rastree los activos inmovilizados a efectos de la contabilidad financiera, el mantenimiento preventivo y la disuasión de robo?
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de gestión de activos?
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de gestión de activos de la entidad, es decir, prácticas y procedimientos para la adquisición y gestión de terrenos y edificios, maquinaria, vehículos, equipo y activos intangibles (p. ej., derechos de propiedad intelectual, licencias).
Nota: debe prestarse atención especial a las normas de contratación pública aplicables a la adquisición de activos inmovilizados e intangibles (véase el pilar 5 «Contratación pública»).
Directrices
Explicar el procedimiento anterior con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en el sistema de gestión de activos de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: funciones y responsabilidades (separación de funciones) relativas a la gestión de los procedimientos de adquisición y compra de activos, registro de activos (utilización de registros de activos, cuadernos de circulación de vehículos), controles y procedimientos para el acceso, procedimientos de control y seguimiento, procedimientos de salvaguardia y de acceso, enajenación de activos y transferencia de activos.
Salvaguardia de existencias y cuentas pendientes de cobro y deudas
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión de existencias (suministros, mercancías y materiales) adecuado y eficaz que garantice la salvaguardia de las existencias y rastree dichas existencias a efectos de la contabilidad financiera, el mantenimiento preventivo y la disuasión de robo?
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión adecuado y eficaz que garantice la conciliación de los pagos con las cuentas pendientes de cobro y las deudas?
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de gestión de existencias?
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de gestión de existencias de la entidad (prácticas y procedimientos para la adquisición, compra y gestión de suministros tales como materiales, herramientas, recambios y material de oficina).
Nota: debe prestarse atención especial a las normas de contratación pública aplicables a la adquisición de suministros, mercancías y materiales (véase el pilar 5 «Contratación pública»).
Directrices
Explicar el procedimiento anterior con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en el sistema de gestión de existencias de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: i) funciones y responsabilidades relativas a la gestión de las existencias, los procedimientos de adquisición y compra y los inventarios de existencias; ii) salvaguardias, acceso y utilización; iii) los procedimientos de control y seguimiento, el inventariado y las conciliaciones; iv) utilización y eliminación de existencias.
Gestión bancaria y custodia bancaria del efectivo
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión bancaria adecuado y eficaz que garantice la salvaguardia de las cuentas bancarias y que permita contabilizar correctamente el efectivo ingresado y el utilizado?
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de gestión bancaria?
¿Realiza la entidad de forma periódica (al menos una vez al mes) conciliaciones de datos contables de la contabilidad de la entidad (libro mayor, libro de caja) con los datos de cuentas bancarias, y de tal modo que no se dejen sin explicar las diferencias materiales?
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de gestión bancaria de la entidad (prácticas y procedimientos para la gestión de las cuentas bancarias).
Directrices
Explicar el procedimiento anterior con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en los procedimientos de gestión bancaria de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: funciones y responsabilidades (separación de funciones, uso de una función diferenciada de tesorería) relativas a la gestión de las cuentas bancarias, tipos de cuentas (p. ej., cuenta remunerada, con divisas), uso de procedimientos de doble firma, conciliaciones bancarias periódicas, supervisión y control, uso cuentas bancarias específicas/independientes para proyectos, políticas de tesorería.
Gestión de caja y custodia del efectivo
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión de caja adecuado y eficaz que garantice la salvaguardia del efectivo (de caja menor) y que permita contabilizar correctamente el efectivo ingresado y el utilizado?
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de gestión de caja?
¿Realiza la entidad de forma periódica (al menos una vez al mes) conciliaciones de los datos contables de su contabilidad (libro mayor, libro de caja) con los datos de las cuentas bancarias, y de tal modo que no se dejen sin explicar las diferencias materiales?
¿Existen procedimientos apropiados para la tenencia de efectivo y los arqueos de caja?
¿Liquida y concilia la entidad cuentas de espera y anticipos (esto es, de pagos en efectivo ya realizados) de los que no se hayan registrado gastos, al menos una vez al mes en los 30 días anteriores a la finalización de cada mes? Dichos anticipos podrán consistir en anticipos para viajes y fondos de anticipos operativos (3). También podrán consistir en transferencias a otras entidades, que tengan la calificación de gastos cuando se realicen, aun cuando se deba informar periódicamente sobre las partes afectadas de estas transferencias.
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de gestión de caja de la entidad (prácticas y procedimientos para la gestión de caja).
Directrices
Explicar el procedimiento anterior con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en los procedimientos de gestión de caja de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: funciones y responsabilidades (separación de funciones, derechos de acceso, uso de una función diferenciada de tesorería) relativas a la gestión de caja; procedimientos para la manipulación de efectivo y límites de efectivo que se puede conservar; conciliaciones y arqueos periódicos de la caja menor; gestión de los anticipos en efectivo (uso, autorización, límites, seguimiento y liquidación).
Contratación.
¿Cuenta la entidad con procedimientos adecuados y eficaces para la contratación de personal (tanto permanente como temporal)?
3.10.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de contratación?
3.10.2.
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de contratación de la entidad (prácticas y procedimientos para la gestión de los expatriados, el personal local y otro tipo de personal).
3.10.3.
Describir paso a paso el proceso de contratación, desde la aprobación del procedimiento de selección hasta la firma del contrato de trabajo.
Directrices
Explicar los procedimientos anteriores con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en los procedimientos de contratación de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: funciones y responsabilidades relativas a la gestión del personal; procedimientos de selección y aprobación; determinación y aprobación de los salarios, complementos y otras condiciones de empleo; uso de contratos laborales; descripción de los puestos de trabajo.
Gestión de las nóminas y del tiempo.
¿Cuenta la entidad con un sistema de gestión de las nóminas y del tiempo adecuado y eficaz?
3.11.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de su sistema de gestión de las nóminas y del tiempo?
3.11.2.
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de gestión de las nóminas y del tiempo de la entidad, esto es, las prácticas y procedimientos para la gestión de las nóminas y del tiempo.
3.11.3.
¿Están vinculadas directamente la base de datos sobre el personal (4) y las nóminas para garantizar la congruencia de los datos? ¿Se realizan conciliaciones de forma periódica (en principio, una vez al mes)?
3.11.4.
¿Están vinculados los sistemas de gestión del tiempo y de las nóminas para garantizar el cálculo correcto de los salarios y remuneraciones, cuando proceda?
3.11.5.
¿Está restringida la autoridad para cambar los registros y las nómicas, y se pueden consultar las pistas de auditoría?
3.11.6.
¿Existen procedimientos (de aprobación) adecuados para los cambios en los expedientes del personal?
3.11.7.
¿Existen procedimientos para detectar deficiencias en el control y/o trabajadores fantasma? Por ejemplo: ¿realiza una estructura de autoridad interna las auditorías de nóminas (anuales)?
3.11.8.
¿Cuenta la entidad con un sistema para imputar personal, salarios y gastos conexos a los proyectos?
3.11.9.
¿Qué principios (esto es, probabilidad de los supuestos básicos empleados y claves de reparto) usa la entidad para imputar los salarios y demás gastos relacionados con los salarios a los proyectos? ¿Cómo se aprueba y registra el tiempo que dedica el personal a cada proyecto?
Directrices
Explicar los procedimientos anteriores con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en los sistemas de gestión de las nóminas y del tiempo de la entidad.
Entre las cuestiones pertinentes cabe citar las siguientes: funciones y responsabilidades relativas a la gestión de las nóminas y del tiempo; registro, cálculo y aprobación de los salarios y sus componentes (fijos/variables, horas extra, seguridad social). Debe prestarse atención especial al sistema de gestión del tiempo de la entidad: registros horarios (uso de registros de asistencia) y procedimientos conexos; procedimientos de supervisión, control y aprobación.
Controles de otros complementos y gastos relacionados con los salarios.
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces de los demás complementos y gastos relacionados con los salarios?
Pregunta clave (nivel 3):
3.12.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de sus controles de otros complementos y gastos relacionados con los salarios?
3.12.2.
¿Qué procedimientos y controles se han implantado para calcular y abonar las indemnizaciones por viaje y alojamiento (esto es, dietas)?
3.12.3.
¿Qué procedimientos y controles se han implantado para calcular y abonar los gastos de formación y desarrollo del personal?
Contratación de servicios y costes de los servicios.
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces para la contratación de servicios y para la contabilidad de los costes de los servicios?
3.13.1.
¿Qué procedimientos ha implantado la entidad para contratar servicios de proveedores de servicios externos (p. ej., estudios e investigaciones; actividades de publicidad, promoción, publicación y visibilidad; evaluaciones; auditoría, contabilidad y servicios jurídicos; asistencia técnica; traducción e interpretación; organización de conferencias y seminarios; acciones de visibilidad)?
Nota: debe prestarse atención especial a las normas de contratación pública aplicables a la contratación de servicios (véase el pilar 5 «Contratación pública»).
Controles de gastos de otros gastos (distintos de los salariales).
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces de otros gastos (distintos de los salariales)?
Nota: se incluyen todos los costes distintos de los salarios, los complementos y gastos relacionados con los salarios y los costes de los servicios. Algunos ejemplos son: costes de oficina como el arrendamiento de inmuebles, los materiales fungibles y los suministros de oficina; los costes de suministros básicos (electricidad, agua, gas y combustible); los impuestos y gravámenes (p. ej., tasas por basuras y saneamiento); la limpieza y el mantenimiento; las telecomunicaciones (teléfono, fax, internet); los seguros; la administración y contabilidad; el uso de impresoras.
3.14.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de sus controles de otros gastos (distintos de los salariales)?
3.14.2.
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del sistema de control de gastos de la entidad (prácticas y procedimientos para el control de los gastos).
Directrices
Explicar los procedimientos anteriores con descripciones del material de base pertinente (p. ej., sistemas, diagramas de flujo, manuales, etc.), o referencias a este, y señalar cualquier deficiencia en los procedimientos para el control de los gastos de la entidad.
Algunos aspectos pertinentes son: las funciones y responsabilidades en materia de control de los gastos; los procedimientos de gestión que garanticen que el control de los gastos se ciñe a los procedimientos de la entidad; la autorización y aprobación del gasto; realización de comparaciones periódicas concretas de los gastos con el presupuesto.
Seguimiento de los resultados operativos.
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces de los resultados operativos?
3.15.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos de seguimiento de los resultados operativos?
3.15.2.
¿Qué medidas ha implantado la entidad para revisar los resultados operativos, esto es, el progreso realizado en la ejecución de las actividades y proyectos?
3.15.3.
¿Ha adoptado la entidad normas de calidad (p. ej., ISO)?
3.15.4.
Si no se aplican normas externas, ¿existen normas internas?
3.15.5.
¿Cuenta la entidad con procedimientos para la evaluación de los resultados operativos (antes, durante y después de la ejecución)?
3.15.6.
¿Quién (personal interno o externo) realiza estas evaluaciones y cómo se comunican los resultados de estas y se les da seguimiento?
Cumplimiento de los reglamentos y normas para el uso de fondos.
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la UE para la financiación de actividades y proyectos de la entidad?
3.16.1.
¿Cuenta la entidad con una descripción o manual de procedimientos para garantizar el cumplimiento de los reglamentos y normas para el uso de fondos?
3.16.2.
¿Cuenta la entidad con controles y procedimientos que garantice que los gastos realmente contraídos y los ingresos realmente recibidos en actividades y proyectos se ajustan a las normas aplicables, esto es, las condiciones establecidas en los contratos y acuerdos?
3.16.3.
¿Cuenta la entidad con procedimientos que garanticen que las normas y condiciones específicas se conozcan y respeten? Dichas normas y condiciones pueden referirse a, por ejemplo, la admisibilidad de los gastos, las normas de contratación pública (véase el pilar 5), las normas de origen, los normas de visibilidad de las acciones financiadas por la UE, y las normas sobre la transmisión de activos al cierre de un proyecto.
PILAR 1: CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: preguntas/criterios
Directrices
La entidad necesita información para llevar a cabo sus labores de control interno para contribuir al cumplimiento de sus objetivos. La dirección de la entidad consigue o genera y usa información pertinente y de calidad de fuentes internas y externas para contribuir al funcionamiento de otros componentes del control interno.
Informes internos (información y comunicación internas)
Estos informes abarcan los informes financieros y los informes para la dirección de la entidad sobre aspectos cualitativos de la ejecución de las actividades y proyectos dentro de la entidad.
Informes externos (información y comunicación externas)
Se pueden distinguir dos flujos de información y comunicación externas:
— Informes externos destinados a terceros: informes financieros e informes para partes interesadas externas sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de la ejecución de las actividades y proyectos de la entidad.
Se trata, fundamentalmente, de los estados financieros anuales de la entidad y su rendición de cuentas ante las partes interesadas (externas).
— Informes externos destinados a la entidad: informes financieros e informes para la entidad sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de la ejecución de las actividades y proyectos por parte de beneficiarios de subvenciones.
Se trata de los flujos de información de los beneficiarios de subvenciones a la entidad y su rendición de cuentas ante la entidad. Los informes se basan en normas y condiciones específicas establecidas por la entidad para cumplir los requisitos (incluidos los relativos a los informes) para acceder a financiación que determinan la UE y otros donantes. Estos flujos de información constituyen un elemento esencial del control interno.
Los dos tipos de informe externos antes mencionados se tratan en el pilar 2 «Contabilidad».
PILAR 1: CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (continuación): preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con controles y procedimientos que garanticen una elaboración de informes fiables (destinados tanto a uso interno como externo) de acuerdo con las normas y requisitos aplicables?
Informes internos
¿Cuenta la entidad con controles adecuados y eficaces para garantizar que los informes internos proporcionan información pertinente y de calidad a la dirección?
¿Consigue o genera y usa la entidad información pertinente y de calidad (de fuentes internas y/o externas) para preparar los informes para la dirección?
¿Recibe la dirección de la entidad informes periódicos (mensuales, trimestrales) sobre los progresos en los objetivos, actividades y proyectos?
¿Contiene la información los aspectos cualitativos de la ejecución, tales como los indicadores de resultados, el estado de la ejecución y los retrasos, y los problemas y cuestiones clave?
¿Contiene la información los aspectos financieros, tales como las comparaciones concretas con el presupuesto y los análisis de los gastos contraídos en cada actividad/proyecto?
¿Comunica la entidad internamente la información necesaria para contribuir al funcionamiento del control interno, entre otros aspectos los objetivos y responsabilidades relativos al control interno?
Informes externos (destinados a terceros): estados financieros
¿Prepara y presenta la entidad estados financieros anuales fiables y que se ajusten a las normas internacionales aplicables?
¿Prepara y presenta la entidad estados financieros anuales fiables?
Fiables, en el sentido de que los estados financieros:
presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad;
reflejan el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos;
sean prudentes, y
sean exhaustivos en todos sus aspectos materiales.
Directrices
Los estados financieros de cierre de ejercicio son una condición crítica para la transparencia. La capacidad de elaborar estados financieros de cierre de ejercicio de manera oportuna es un indicador clave de lo bien que funciona un sistema contable, y de la calidad de los asientos.
Para ser útiles y contribuir a la transparencia, los estados financieros debe ser comprensibles para quien los lea y reflejar las transacciones, los activos y los pasivos de forma transparente y coherente. Esta es la finalidad de las normas sobre informes financieros. Algunos países tienen normas propias sobre los informes financieros en el sector público, establecidas por el Gobierno u otro organismo autorizado. Para que se admitan de forma general, estas normas nacionales se adaptan a las normas internacionales, como las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP); algunas de estas normas son pertinentes para los países que adoptan sistemas de contabilidad de devengo y otras, para los sistemas de caja.
¿Cumple la información financiera presentada en los estados financieros las siguientes características, que la hacen útil para los usuarios?
Pertinencia: la información financiera debe ser pertinente para la toma de decisiones de los usuarios.
Materialidad: debe hacerse hincapié en la información financiera que afecte en principio a las decisiones de los usuarios.
Imagen fiel: la información financiera debe ofrecer una imagen fidedigna y estar exenta de inexactitudes.
Comparabilidad: debe poder compararse la información financiera de distintos períodos y organizaciones.
Verificabilidad: la información debe reflejar el aspecto económico de las actividades de la entidad.
Oportunidad: la comunicación de la información financiera no debe retrasarse en exceso.
Comprensibilidad: los usuarios con un conocimiento razonable de las actividades de la entidad deben poder entender la información financiera.
¿Prepara y presenta la entidad estados financieros anuales que se ajusten a las normas internacionales aplicables? ¿Cuál es el marco aplicable en materia de informes financieros? ¿Qué normas y reglamentos básicos tiene que respetar la entidad al preparar y presentar sus estados financieros anuales?
Otras buenas prácticas de comunicación
¿Contienen los estados financieros de la entidad la información siguiente?
La dirección de la entidad, su forma jurídica y la jurisdicción a la que está sometida;
la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus actividades principales;
una referencia al marco legal y regulador que rige las operaciones de la entidad;
el nombre y la identidad de la entidad mayoritaria (en su caso);
comparaciones concretas con el presupuesto de los créditos/compromisos y el desembolso;
datos sobre las fuente de financiación (importes recibidos/a cobrar e identidad de los proveedores de dichos fondos);
declaraciones sobre la situación financiera y el rendimiento financiero por tipo de actividad, programa, proyecto, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros respecto del período cubierto por los estados financieros.
¿Respeta la entidad las normas nacionales de contabilidad (incluidas las relativas a los informes financieros) que son de aplicación en el país en que esté establecida? Por ejemplo: dentro del Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) respetan los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (PCGA de EE.UU.).
¿Respeta la entidad las normas internacionales de contabilidad (incluidas las relativas a los informes financieros) o las normas y políticas que prescriben convenios y reglamentaciones específicos?
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS)
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) [International Financial Reporting Standards (IFRS)]
Otros convenios y normas específicos como, por ejemplo, las normas contabilidad del sistema de Naciones Unidas.
¿Cuál es el criterio contable de preparación y presentación de los estados financieros de la entidad:
principio de devengo
principio de caja
principio de caja o del devengo modificados (esto es, mixto)?
Nota a pie de página: «Principio de devengo»: criterio de contabilidad según el cual las transacciones y demás hechos se reconocen cuando se producen (y no cuando se recibe o paga dinero o un equivalente a este). Por tanto, las transacciones y hechos se consignan en los asientos contables y se reconocen en los estados financieros de los períodos a los que se refieren. Se reconocen, conforme al principio de devengo, los activos, los pasivos, los activos netos/patrimonio, los ingresos y los gastos.
¿Qué periodo temporal usa la entidad como ejercicio financiero?
¿Incluyen los estados financieros de la entidad los siguientes componentes:
declaración de las variaciones en la declaración de los activos netos/el patrimonio de la situación financiera (también conocida como balance de situación o estado patrimonial);
declaración del rendimiento financiero (también conocida como estado de ingresos y gastos, cuenta de pérdidas y ganancias, estado financiero o cuenta de resultados);
estado de cambios en los activos netos/el patrimonio;
estado de flujos de tesorería; y
políticas contables y notas anexas a los estados financieros?
¿Se someten a auditoría externa los estados financieros de la entidad a los 6 meses del fin del ejercicio financiero?
Informes externos (destinados a terceros): informes específicos para donantes/proveedores de fondos
¿Cuenta la entidad con procedimientos que permitan informar de manera adecuada y oportuna a los donantes/proveedores de fondos (incluida la Comisión Europea) sobre el uso de los fondos que se destinan a proyectos, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros?
¿Cuenta la entidad con procedimientos específicos y exclusivos para informar sobre actividades, proyectos o fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros financiados por la UE u otros donantes?
Informes externos destinados a la entidad: informes de subdelegados y beneficiarios de subvenciones
¿Adopta la entidad medidas adecuadas para garantizar, en un grado razonable, que los beneficiarios de subvenciones presentan informes fiables de manera oportuna sobre el uso de los fondos que les proporciona la entidad?
¿Cuenta la entidad con procedimientos específicos y exclusivos para informar sobre actividades, proyectos, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros financiados por la UE u otros donantes?
¿Establece la entidad condiciones para que los beneficiarios de subvenciones presenten informes sobre los aspectos financieros y cualitativos de la ejecución de actividades, proyectos, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros?
¿Se comunican de forma clara y apropiada las condiciones para la presentación de informes (p. ej., uso del mandato y de las directrices (en línea), instrucciones, folletos)?
¿Cuáles son las principales condiciones para la presentación de informes?
¿Son vinculantes estas condiciones? Por ejemplo: ¿se establecen las condiciones en (anexos de) acuerdos o contratos celebrados por la entidad con los beneficiarios de subvenciones?
¿Se explican las consecuencias del incumplimiento de dichas condiciones (p. ej., las normas sobre la admisibilidad de los gastos)?
¿Supervisa o verifica la entidad si se respetan las condiciones para la presentación de informes?
¿Recibe y revisa la entidad los informes de situación que presentan los beneficiarios de subvenciones periódicamente?
¿Da respuesta la entidad a las cuestiones derivadas de la revisión de dichos informes de forma eficaz y oportuna? Algunas de estas cuestiones pueden ser: las diferencias significativas halladas en comparaciones concretas de los gastos con el presupuesto, las partidas de gastos inusuales, (posibles) gastos inadmisibles, los retrasos en la ejecución del proyecto o la existencia de actividades del proyecto no ejecutadas según lo previsto.
PILAR 1: CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Realiza la entidad un seguimiento (de los componentes) de su sistema de control interno de forma periódica y eficaz?
Seguimiento (de los componentes) del sistema de control interno (si la entidad no cuenta con una función de auditoría interna)
En el caso de que la entidad no cuente con una función de auditoría interna, ¿dispone de medidas adecuadas y eficaces para hacer un seguimiento del control interno?
¿Cuáles son las principales actividades que realiza la entidad para hacer un seguimiento (de los componentes) de su sistema de control interno?
¿Cómo inicia la entidad las medidas correctoras de las deficiencias (de los componentes) de su sistema de control interno)?
Función de auditoría interna.
¿Cuenta la entidad con una función de auditoría interna eficaz?
Normas y carta de auditoría interna
¿Cumple la función de auditoría interna las normas profesionales internacionales y el código deontológico publicados por el Instituto de Auditores Internos (www.theiia.org)?
Directrices
Es necesario que la dirección reciba comentarios periódicos y adecuados sobre el funcionamiento de los sistemas de control interno mediante una función de auditoría interna o una función equivalente de seguimiento de sistemas. En algunos países, las funciones de auditoría interna solo se ocupan de la auditoría previa de las transacciones, que se considera parte de las actividades de control interno.
Normas y carta de auditoría interna (continuación)
¿Ha adoptado la función de auditoría interna una carta de auditoría interna que sea coherente con la definición de auditoría interna, el código deontológico y las normas que ha emitido el Instituto de Auditores Internos?
Nota a pie de página: una carta de auditoría interna es un documento que establece la finalidad, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna. La carta de auditoría interna: i) establece el lugar que ocupa la actividad de auditoría interna en la organización, especialmente la naturaleza de la relación de información funcional que tiene con el consejo de administración el director de auditoría; ii) autoriza el acceso a los registros y a los bienes inmuebles y el contacto con el personal que sean pertinentes para la realización de los encargos; y iii) determina el alcance de las actividades de auditoría interna. La aprobación definitiva de la carta de auditoría interna corresponde a la alta dirección de la entidad o, en su caso, a un organismo de supervisión (comité de auditoría).
Independencia
¿Cómo se integra la función de auditoría interna en la estructura organizativa de la entidad?
Independencia
¿Es independiente la función de auditoría interna, esto es, está exenta de condiciones que cuestionen su capacidad para cumplir sus responsabilidades de auditoría interna de forma imparcial?
Independencia (continuación)
¿Tiene el director de auditoría/jefe de la función de auditoría interna un contacto directo e ilimitado con la alta dirección y, en su caso, con el organismo de supervisión?
Objetivos y ámbito del trabajo
¿Cuál es la naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna?
Objetivos y ámbito del trabajo (continuación)
¿Qué actividades realiza, o debe realizar, la función de auditoría interna?
Objetivos y ámbito del trabajo
¿Define la carta de auditoría interna la naturaleza de los servicios (de fiabilidad) prestados a la entidad?
Nota: los servicios de fiabilidad consisten en la evaluación objetiva de evidencias por parte del auditor interno para ofrecer un dictamen o conclusiones independientes sobre una entidad, operación, función, proceso, sistema u otro aspecto. La naturaleza y el alcance del encargo de fiabilidad los determinan las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.
Objetivos y ámbito del trabajo
¿Prepara la función de auditoría interna una evaluación de riesgos de las actividades y/o funciones organizativas (p. ej., departamentos, unidades, etc.)?
Nota: las evidencias de una función de auditoría interna eficaz (o de un seguimiento de sistemas) deberían también hacer hincapié en los ámbitos de mayor riesgo.
5.2.10.
Objetivos y ámbito del trabajo
¿Elabora la función de auditoría interna un plan de auditoría multianual (normalmente de tres años), así como planes operativos anuales? ¿Quién selecciona y aprueba los temas de auditoría y cómo?
5.2.11.
Objetivos y ámbito del trabajo (continuación)
¿Incorporan estos planes una gama suficiente de tipos de auditoría, particularmente de auditorías de conformidad, financieras, de nóminas, de sistemas, informáticas, judiciales y de rendimiento?
5.2.12.
Objetivos y ámbito del trabajo
¿Es operativa la auditoría interna respecto de todas las actividades que gestiona la entidad?
5.2.13.
Presentación de informes
¿Se finalizan y emiten los informes de auditoría interna con arreglo a un calendario fijo y se envían a la alta dirección y al organismo de supervisión o al comité de auditoría, según proceda?
5.2.14.
Presentación de informes (continuación)
¿Presenta periódicamente (esto es, mensualmente, trimestralmente, etc.) la función de auditoría interna informes de situación a la dirección de la entidad y al organismo de supervisión o al comité de auditoría, según proceda?
5.2.15.
Seguimiento de las constataciones y recomendaciones de la auditoría interna
¿Se comunican (a la alta dirección de la entidad y al organismo de supervisión o al comité de auditoría, según proceda) y resuelven debidamente las constataciones y recomendaciones de la auditoría interna?
5.2.16.
Seguimiento de las constataciones y recomendaciones de la auditoría interna
¿Da respuesta la dirección de la entidad a las constataciones de la auditoría interna con prontitud?
5.2.17.
Seguimiento de las constataciones y recomendaciones de la auditoría interna
¿Se aplican las recomendaciones de la auditoría interna de manera oportuna e integral?
Nota: las evidencias de una función de auditoría interna eficaz (o de un seguimiento de sistemas) deberían también hacer hincapié en las medidas adoptadas por la dirección en relación con las constataciones de la auditoría interna. Esta cuestión resulta de máxima importancia dado que desatender las constataciones desvirtúa por completo la razón de ser de la función de auditoría interna.
Afirmación de la dirección sobre la eficacia del sistema de control interno
¿Afirma la dirección de la entidad la eficacia del sistema de control interno?
¿Incluye la dirección un informe sobre la eficacia de su sistema de control interno (esto es, un informe de control interno) en los estados financieros anuales o el informe anual de la entidad?
En caso afirmativo, revísense los informes de control interno de la entidad de los últimos 3 años y el informe del auditor independiente relativo a la afirmación de la dirección sobre la eficacia del sistema de control interno.
En caso afirmativo, ¿qué tipo de opinión (con o sin salvedades) expresaron los auditores externos sobre la afirmación de la dirección sobre la eficacia del sistema de control interno?
PILAR 2 – CONTABILIDAD
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Usa la entidad un sistema contable que proporciona, en todos los aspectos importantes, información exacta, completa y fiable, y a su debido tiempo, basado en las normas nacionales y/o internacionales de contabilidad y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Directrices
Las políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. Que la base sea fiable quiere decir que la entidad aplica políticas contables pertinentes para la toma de decisiones de los usuarios, y que los estados financieros:
presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad;
reflejan el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos;
sean prudentes, y
sean exhaustivos en todos sus aspectos materiales.
Artículo 154 del Reglamento Financiero
La Comisión podrá aceptar que los sistemas contables y los sistemas de control interno utilizados por personas y entidades en las que se vayan a delegar competencias de ejecución presupuestaria por cuenta de la Comisión ofrecen niveles equivalentes de protección de los intereses financieros de la Unión y de garantías razonables respecto de la consecución de los objetivos de gestión.
PILAR 2: CONTABILIDAD
SISTEMA Y POLÍTICAS CONTABLES: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Sistema y políticas contables
Pregunta clave (nivel 2): ¿Usa la entidad un sistema contable adecuado y cuenta con políticas contables claras y por escrito?
¿Aplica la entidad políticas contables que:
son pertinentes para la toma de decisiones de los usuarios y qué ofrecen una base fiable para la elaboración de los estados financieros de la entidad?
respetan las normas nacionales y/o internacionales de contabilidad aplicables o las normas o políticas contables que establecen los convenios y reglamentaciones específicos?
¿Cuenta la entidad con un manual de políticas y procedimientos contables, en particular descripciones de los procedimientos contables de los distintos tipos de transacciones financieras y contables?
¿Lleva la entidad un sistema de contabilidad doble?
Nota: Un sistema de contabilidad doble es un conjunto de reglas para registrar información financiera en un sistema de contabilidad financiera con arreglo al cual cada transacción o hecho modifica al menos dos cuentas nominales distintas del libro mayor.
¿Cuenta la entidad con un plan contable que refleje apropiadamente sus operaciones y actividades?
¿Realiza la entidad de forma periódica conciliaciones bancarias y de caja, cuando procede?
¿Realiza la entidad de forma periódica conciliaciones y liquidaciones de cuentas de espera y anticipos? ¿Se llevan cuentas separadas (en el libro mayor) para la contabilidad del abono de los anticipos y pagos finales de los distintos proyectos?
Nota: para que la información financiera sea fiable es preciso examinar y verificar constantemente las prácticas de registro. Esta es una parte importante del control interno y una de las claves para lograr que la dirección y los informes externos cuenten con una información de calidad. Para que la información sea fiable es preciso realizar conciliaciones oportunas y frecuentes de los datos de distintas fuentes.
¿Permite el sistema contable tratar y presentar la información contable y financiera sobre proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros específicos, estén financiados o no por la propia entidad y/o mediante fuentes externas (como la Comisión Europea), y elaborar informes sobre aquella?
¿Puede garantizar la entidad una pista contable de las transacciones (ingresos y gastos) sobre proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros específicos, estén financiados o no por la propia entidad y/o mediante fuentes externas (como la Comisión Europea)?
¿Cómo abonan las organizaciones externas (p. ej., la Comisión Europea) los anticipos a la entidad para financiar proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros específicos contabilizados en los asientos contables de la entidad?
¿Cuenta la entidad con procedimientos para la liquidación de los anticipos pagados por ella a los beneficiarios de subvenciones (p. ej., se liquidan los anticipos sobre la base de los informes de auditoría relativos al uso de los fondos que presentan los beneficiarios de subvenciones)?
PILAR 2: CONTABILIDAD
PRESUPUESTACIÓN: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Presupuestación
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un sistema y procedimientos presupuestarios que le permitan tener presupuestos fiables y transparentes de sus operaciones y actividades?
¿Están formalizados los procedimientos presupuestarios (p. ej., mediantes circulares o manuales presupuestarios)?
¿Con qué frecuencia se preparan los presupuestos (anual, semestral, trimestral)?
¿Cuáles son las figuras clave del proceso presupuestario?
¿Qué contabilidad y otras fuentes de datos se utilizan?
¿Cuenta la entidad con un sistema de clasificación presupuestaria (algunos criterios de clasificación pueden ser: gasto operativo o de capital; presupuestación por actividades o por funciones; clasificación analítica; clasificación por proyecto o parte de un proyecto)?
¿Ofrecen los presupuestos una imagen coherente y clara de los gastos estimados/presupuestados de acuerdo con las actividades, operaciones y proyectos de la entidad?
¿Son los presupuestos transparentes y exhaustivos y reflejan apropiadamente las operaciones de la entidad?
¿Se utilizan supuestos para preparar los presupuestos y calcular los gastos presupuestados y estimados posibles? ¿Se basan las claves de asignación de gastos, que se utilizan para el cálculo de los datos de costes presupuestarios, en principios y supuestos lógicos, coherentes y verosímiles?
¿Son los datos presupuestarios pertinentes y fiables de modo que sean de verdadera utilidad para la dirección y/u otros usuarios?
¿Quién aprueba los presupuestos y cómo?
¿Puede el sistema contable producir informes exhaustivos del gasto real contraído comparado con el presupuesto inicial?
¿Se elaboran de forma periódica (trimestral, semestral, etc.) los informes que reflejan los gastos reales totales comparados con los gastos totales presupuestados originalmente, y se emiten en un tiempo razonable (1 mes) tras la finalización del período?
¿Se examinan y explican apropiadamente las diferencias entre el gasto real y el presupuestado originalmente?
En los casos en que la composición del gasto varía significativamente respecto del presupuesto original, ¿se aprueba dichas variaciones apropiadamente?
¿Contabilizan los informes de ejecución presupuestaria los gastos derivados de transferencias a partes (p. ej., oficinas en otros lugares) de las entidad que operan de forma autónoma/independiente respecto de la sede de la entidad?
PILAR 2: CONTABILIDAD
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTACIÓN PARA PROYECTOS, ACTIVIDADES, FONDOS (FIDUCIARIOS) E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GARANTÍAS PRESUPUESTARIAS ESPECÍFICOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Las preguntas de esta sección tienen por finalidad evaluar si el sistema de contabilidad de la entidad genera informes fiables y oportunos sobre el uso de los fondos para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros específicos por parte de la entidad y/o de los beneficiarios de subvenciones (5). Los usuarios de estos informes son la dirección de la entidad y/o partes externas que haya aportado financiación (como la Comisión Europea).
Contabilidad y presupuestación para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con procedimientos contables y presupuestarios que permitan informar de manera adecuada y oportuna a los donantes/proveedores de fondos (incluida la Comisión Europea) sobre el uso de los fondos que proporcionan para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros, y con capacidad y procesos implantados para elaborar estados financieros (6)?
¿Cuenta la entidad con procedimientos y un sistema contables que permitan generar información fiable y pertinente para la preparación de informes (con información financiera y cualitativa) y estados financieros de las actividades, proyectos, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros financiados por la UE u otros donantes?
¿Permite el sistema contable de la entidad la generación de informes financieros para proyectos, actividades, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros específicos, o la generación de datos contables agregados que puedan usarse directamente para elaborar informes financieros o estados financieros?
Directrices
El sistema de información de una identidad incluye, por lo general, el uso de anotaciones normalizadas, que es obligatorio realizar de forma periódica para registrar las transacciones. Algunos ejemplos pueden ser los asientos de los costes salariales en el libro mayor.
El proceso de presentación de informes financieros de una entidad también incluye el uso de anotaciones no normalizadas para registrar las transacciones o los ajustes inusuales o extraordinarios. Estas pueden resultar necesarias para contabilizar costes (incluida la imputación de costes) relativos a un proyecto específico que no abarquen los procedimientos y anotaciones contables estándar. En los sistemas de libro mayor físico, se pueden detectar dichas anotaciones no normalizadas mediante la inspección de los libros, diarios y documentación justificativa.
¿En qué medida necesita la entidad hacer anotaciones adicionales, ajustar anotaciones y/o realizar otros procesos o manipulaciones manuales de los datos financieros y de costes para preparar informes exhaustivos y fiables?
¿En qué medida usa la entidad cuadros de situación y/o de imputación (de costes) en los que se consigne la información reflejada en las cuentas del libro mayor y/o en las cuentas de costes de la entidad en relación con proyectos específicos?
¿En qué medida usa la entidad programas informáticos al margen (p. ej. aplicaciones de hojas de cálculo como MS Excel) de sus programas contables habituales, con los que elabora informes financieros?
Deberá alcanzarse una comprensión suficiente del modo en que se contabiliza la información financiera (esto es, gastos) de los proyectos en el sistema contable de la entidad (esto es, supuestos clave, principios de asignación, etc.) y la manera en que se obtiene y se incluye (ajustes automáticos/manuales) en los informes financieros.
¿Cuenta la entidad con procedimientos y un sistema contables que permitan generar información fiable y pertinente para la preparación de presupuestos relativos a actividades, proyectos, fondos (fiduciarios) e instrumentos financieros financiados?
Nota: en principio, estas mismas preguntas son de aplicación al proceso presupuestario general de la entidad.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Está sujeta la entidad a una auditoría externa independiente, que debe realizar un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad, respecto de todos los aspectos importantes y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Directrices
Contar con una auditoría externa de calidad es un requisito esencial para dar transparencia al uso de los recursos por parte la entidad, especialmente los fondos que proporcionan los donantes. Son elementos clave de una auditoría externa de calidad: los objetivos y el alcance de la auditoría, y la sujeción a normas de auditoría adecuadas, incluidas las relativas a la independencia del auditor externo, esto es, la entidad fiscalizadora nacional.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
MARCO REGULADOR: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿cuenta la entidad con un marco regulador claro para la auditoría externa?
¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa llevada a cabo por una sociedad independiente y profesional de auditoría externa (sector privado) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría?
En caso afirmativo, respóndase a las preguntas 2.1 (Principios) y 3 (Procedimientos de auditoría externa).
¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa llevada a cabo por una entidad fiscalizadora nacional (sector público) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría? En caso afirmativo, respóndase a las preguntas de la sección 3.
En caso afirmativo, respóndase a las preguntas 2.2 (Principios) y 3 (Procedimientos de auditoría externa).
¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa llevada a cabo por un organismo de auditoría o de supervisión externo que opere en virtud de un marco regulador o institucionalizado específico (p. ej., un auditor externo de la ONU), de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría? En caso afirmativo, respóndase a las preguntas de la sección 4.
En caso afirmativo, respóndase a las preguntas 2.3 (Principios) y 3 (Procedimientos de auditoría externa).
PILAR 3: AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
PRINCIPIOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
La auditoría externa la lleva a cabo una sociedad independiente y profesional de auditoría externa (sector privado) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría.
Pregunta clave (nivel 2): ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por una sociedad de auditoría externa profesional independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de auditoría equivalentes a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)?
¿Realiza la auditoría una sociedad de auditoría externa profesional que esté inscrita como miembro en algún organismo nacional de contabilidad o auditoría?
¿Es el organismo nacional de contabilidad o auditoría un miembro de la IFAC?
¿Se realiza la auditoría de conformidad con las normas nacionales de auditoría aplicables y se ajustan dichas normas a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)?
¿Se rige el auditor que realiza la auditoría por un código deontológico que establece los principios éticos fundamentales para auditores relativos a la integridad, objetividad, independencia, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas?
¿Se ajusta el código deontológico al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contables (IESBA)?
¿Se respeta plenamente el principio fundamental de independencia?
La auditoría externa la lleva a cabo una entidad fiscalizadora nacional (sector público) de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría.
Pregunta clave (nivel 2): ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por una entidad fiscalizadora nacional o una entidad fiscalizadora superior (p. ej., un tribunal nacional de cuentas o un organismo equivalente) que sea independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de contabilidad equivalentes a los principios, normas y directrices emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)?
¿Realiza la auditoría una entidad fiscalizadora nacional que es miembro de la INTOSAI?
¿Se realiza la auditoría de conformidad con las normas nacionales de auditoría aplicables y se ajustan dichas normas a las normas de la INTOSAI?
¿Se rige el auditor que realiza la auditoría por un código deontológico que establece los principios éticos fundamentales para auditores relativos a la integridad, objetividad, independencia, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas?
¿Se ajusta este código deontológico al Código de Ética de la INTOSAI (ISSAI 30) u otro equivalente?
¿Se respeta plenamente el principio fundamental de independencia?
La auditoría externa la lleva a cabo un organismo de auditoría o supervisión externo que opere en virtud de un marco regulador o institucionalizado específico (p. ej., un auditor externo de la ONU) y que sea independiente respecto de la entidad, de conformidad con normas equivalentes a las normas internacionales de auditoría.
Pregunta clave (nivel 2): ¿Está la entidad sujeta a una auditoría externa:
—realizada por un organismo de auditoría o supervisión externo independiente respecto de la entidad y que cumpla los principios ético-profesionales fundamentales, entre los que figuran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional?
—realizada de conformidad con normas de auditoría equivalentes a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o las normas INTOSAI?
¿Realiza la auditoría un organismo de auditoría o de supervisión externo que opere en virtud de un marco regulador o institucionalizado específico? Hágase una descripción breve de este marco.
¿Se realiza la auditoría de conformidad con normas de auditoría equivalentes a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o las normas INTOSAI?
¿Se rige el auditor que realiza la auditoría por un código deontológico que establece los principios éticos fundamentales para auditores relativos a la integridad, objetividad, independencia, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas?
¿Se ajusta el código deontológico a los principios del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contables (IESBA), el Código de Ética de la INTOSAI (ISSAI 30) u otro equivalente?
¿Se respeta plenamente el principio fundamental de independencia?
PILAR 3: AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA EXTERNA: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Está la entidad sujeta a procedimientos de auditoría externa adecuados?
¿Qué tipo(s) de auditoría externa aplica la entidad (p. ej., auditorías anuales de los estados financieros de la entidad, auditorías de conformidad y otras auditorías)?
¿Cuáles son los objetivos y el alcance de estas auditorías? ¿Abarcan las auditorías también los aspectos de legalidad y regularidad relacionados con los fondos concedidos por la Comisión Europea y/u otros proveedores de fondos?
¿Con qué frecuencia se realizan las auditorías?
¿A quién presenta el auditor su informe?
¿Qué auditor(es) realiza(n) estas auditorías (véase 1. Marco regulador)?
¿Al cabo de cuántos meses desde el final del ejercicio financiero de la entidad se emite el informe de auditoría sobre sus estados financieros?
¿Qué tipo de opinión de auditoría se emitió sobre los estados financieros en los últimos 3 años?
¿Se comunican (a la alta dirección de la entidad y al organismo de supervisión o al comité de auditoría, según proceda) y resuelven debidamente las constataciones y recomendaciones de las auditorías externas?
¿Da respuesta la dirección de la entidad a las constataciones de la auditoría externa con prontitud?
¿Se aplican las recomendaciones de la auditoría externa a tiempo y en su totalidad?
PILAR 4 – SUBVENCIONES
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Directrices
La entidad puede celebrar contratos de subvención directamente con los beneficiarios de subvenciones (7). Una subvención es una contribución financiera en forma de donación que se concede a un beneficiario específico para financiar actividades llevadas a cabo por este o para financiar el funcionamiento (esto es, los gastos de funcionamiento) del mismo.
La entidad debe contar con procedimientos que garanticen, de forma razonable, que estos beneficiarios de subvenciones cumplen los requisitos de control interno, contabilidad y auditoría externa. Los principios de un sistema de subvenciones deben figurar en un marco legal y regulador transparente y bien definido que establezca claramente políticas, procedimientos, contabilidad y controles adecuados. Si bien el sistema de subvenciones funciona con arreglo a su propio marco, se beneficia del entorno general de control, en particular del acceso a la información, los controles internos que gestiona la entidad, el sistema contable de esta y la auditoría externa.
La Comisión puede considerar adecuados las normas y procedimientos sobre subvenciones si se cumplen las condiciones siguientes:
respetan los principios de proporcionalidad, buena gestión financiera, igualdad de trato y no discriminación;
garantizan la transparencia, publicando adecuadamente la convocatoria de propuestas y limitando el uso de los procedimientos de concesión directa cuando se trate de importes razonables o esté debidamente justificado;
previenen los conflictos de intereses a lo largo de todo el procedimiento de concesión;
PILAR 4 – SUBVENCIONES
MARCO LEGAL Y REGULADOR: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la concesión de subvenciones?
¿Qué tipo de subvenciones concede la entidad? ¿Define adecuadamente el marco el término «subvenciones» y las formas de estas (p. ej., importe máximo, porcentaje respecto del coste total (admisible) de la acción, financiación mediante sumas a tanto alzado, etc.)?
En relación con las subvenciones concedidas a raíz de una convocatoria de propuestas, ¿existen directrices para los solicitantes de subvenciones y describen claramente dichas directrices las normas y procedimientos que se aplican desde la solicitud hasta la concesión de la subvención?
¿Están publicadas estas directrices y se pueden consultar con facilidad?
¿Describen las directrices claramente las actividades/acciones y los principios (véase más adelante) y cuestiones clave, como las normas de admisibilidad y los justificantes requeridos?
¿Incluyen las directrices documentos tales como los formularios para solicitar una subvención y las plantillas de presupuesto de una acción?
¿Existen vías reparadoras de fácil uso, transparentes, no discriminatorias, eficientes y eficaces? ¿Se informa a los beneficiarios/solicitantes de sus derechos a lo largo de todo el proceso?
¿Usa la entidad modelos normalizados para los contratos de subvención?
¿Están diseñados los modelos de contrato de tal modo que se definan claramente las acciones/actividades?
¿Están identificados todos los beneficiarios en los contratos?
¿Especifican los contratos, al menos, el objeto, los beneficiaros, la duración, el importe máximo financiado, el presupuesto de la acción o el programa de trabajo, y las responsabilidades de los beneficiarios?
¿Establecen claramente los contratos las condiciones, normas y criterios que deben respetarse?
Cuando se concede una subvención a varias entidades, ¿establecen claramente los contratos de subvención las obligaciones y responsabilidades del coordinador, de haberlo, y de los demás beneficiarios, así como las condiciones para añadir o suprimir beneficiarios?
Las modificaciones de los contratos de subvención no pueden afectar a la decisión de concesión de la subvención o a la igualdad de trato de los solicitantes, en su caso. ¿Se respetan estos criterios?
¿Existen normas básicas de admisibilidad de los gastos (p. ej., gastos reales contraídos por el beneficiario de la subvención)?
PILAR 4: SUBVENCIONES
PRINCIPIOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿están integrados los principios siguientes en los procedimientos, normas y criterios del sistema de concesión de subvenciones de la entidad: transparencia, igualdad de trato, criterios de admisibilidad y conflictos de intereses?
Estos principios deben integrarse en los procedimientos, normas y criterios del sistema de concesión de subvenciones de la entidad de conformidad con el principio general de proporcionalidad. Los principios no tienen valor absoluto; existe un número reducido de excepciones a los mismos, que surten efecto siempre que se esgriman de forma clara y sean razonables y estén justificadas.
Transparencia: ¿se publican las convocatorias de propuestas con gran difusión y de forma que sean fácilmente consultables? ¿Tienen los solicitantes de subvenciones tiempo suficiente para presentar las propuestas?
Igualdad de trato: ¿evalúan las convocatorias de propuestas un comité de evaluación imparcial y que se basa en criterios claros y públicos? ¿Se realizan las selecciones y concesiones únicamente con arreglo a las solicitudes? ¿Está permitido comunicarse con los solicitantes de subvenciones en estas fases?
Criterios de admisibilidad: ¿cuenta el sistema de concesión de subvenciones con criterios de admisibilidad transparentes y no discriminatorios? ¿Están publicados estos criterios de admisibilidad y se pueden consultar con facilidad?
Criterios de admisibilidad: ¿existen criterios de admisibilidad para los solicitantes de subvenciones (p. ej., estatus legal y administrativo y normas sobre nacionalidad)?
Criterios de admisibilidad: ¿existen criterios de admisibilidad para las acciones financiadas con subvenciones (p. ej., tipos de actividades, sectores, temas o áreas geográficas abarcados por la subvención)?
Evitar la doble financiación: ¿cuenta el sistema de concesión de subvenciones con normas que especifiquen que un mismo coste no puede financiarse dos veces en el marco de una misma acción?
Evitar conflictos de intereses: ¿cuenta el sistema de concesión de subvenciones con normas y procedimientos para prevenir los conflictos de intereses en todo el proceso de concesión de subvenciones?
PILAR 4: SUBVENCIONES
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la concesión de subvenciones?
Publicación de convocatorias de propuestas: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la publicación de convocatorias de propuestas?
¿Se publican las convocatorias de propuestas en medios nacionales/internacionales (p. ej., prensa, internet, etc.)?
¿Pueden los solicitantes de subvenciones consultar con facilidad los documentos pertinentes (p. ej., en páginas web)? Algunos de estos documentos pertinentes pueden ser: directrices para solicitantes que incluyan criterios importantes como las normas de admisibilidad de los solicitantes, las acciones y el gasto; formularios de solicitud de subvenciones; plantillas del acuerdo o contrato de subvención y de los anexos.
¿Ofrece el sistema de concesión de subvenciones la posibilidad de conceder subvenciones sin una convocatoria de propuestas (esto es, mediante concesión directa)? ¿Están las condiciones para el uso del procedimiento de concesión directa rigurosamente definidas y limitadas a situaciones excepcionales y debidamente justificadas, como, por ejemplo, las subvenciones a países beneficiarios, las situaciones de crisis o de monopolio y otros supuestos similares?
¿Ofrece el sistema de concesión de subvenciones una función de información y apoyo (p. ej., se organizan sesiones informativas con los posibles solicitantes o existe un punto de contacto/servicio de asistencia, un apartado de preguntas frecuentes o manuales)?
¿Pueden los solicitantes de subvenciones enviar preguntas una vez publicada la convocatoria de propuestas y antes del final de plazo de presentación de las propuestas?
¿Se comunican las preguntas de un solicitante al resto de solicitantes?
Envío de propuestas: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para el envío de propuestas?
¿Cuenta la entidad con procedimientos para la recepción, el registro y la conservación de las propuestas que envían los solicitantes de subvenciones?
¿Usa la entidad sistemas electrónicos/informáticos para registrar y tramitar las solicitudes de subvenciones? ¿Se han implantado medidas y controles que garanticen la integridad, disponibilidad y, en su caso, confidencialidad de los documentos, así como la protección de los datos de carácter personal?
¿Se comunican los plazos de envío de las propuestas a los solicitantes de subvenciones?
Seguridad y confidencialidad de las propuestas: ¿aplica la entidad normas y procedimientos que garanticen la seguridad y la confidencialidad de las propuestas?
¿Cuenta el sistema de concesión de subvenciones con normas que garanticen la seguridad y la confidencialidad de las propuestas enviadas, en particular:
garantizando que se adoptan medidas para la seguridad y el archivo de las propuestas (p. ej., llevando un registro de documentos, numerando todos los documentos o contando con una zona central de archivo para todos los documentos), así como limitando el acceso a los documentos; y
examinando las cuestiones relativas a la seguridad electrónica y contando con procedimientos documentados para el archivo y la comunicación electrónicos (p. ej., las propuestas enviadas electrónicamente no se pueden consultar antes de que finalice el plazo; el sistema tiene la capacidad de rechazar automáticamente las propuestas tardías).
Recepción, registro y apertura de las propuestas: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la recepción, el registro y la apertura de las propuestas?
¿Establece el sistema de concesión de subvenciones procedimientos para la apertura de las propuestas, en particular:
contar con un comité de evaluación que abra y autentique las propuestas lo antes posible después del plazo previsto;
especificar los criterios para el nombramiento de los miembros de dicho comité;
realizar la apertura de propuestas en un contexto en el que la información básica sobre las propuestas sea visible y se consigne en acta;
especificar de forma clara las circunstancias clave que invalidarán las propuestas (p. ej., que no sean válidas las propuestas recibidas después de que finalice el plazo, a menos que ello se deba a un error de la entidad que concede la subvención; criterios de admisibilidad de los licitadores);
garantizar que cualquier aclaración de las propuestas enviadas no dé lugar a modificaciones de fondo después de que finalice el plazo de envío; y
garantizar que se elabore un informe claro y formal de todas las propuestas recibidas antes de transmitirlas a los encargados de su evaluación?
Procedimientos de selección y evaluación: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la selección y la evaluación de propuestas?
Responsables/Comité de evaluación (las directrices relativas al comité de evaluación se pueden ver en la sección de contratación pública)
Los procedimientos de selección y evaluación, ¿corren a cargo de más de un responsable de evaluación o, preferiblemente, de un comité?
¿Se especifican los criterios para el nombramiento del comité de evaluación? Dependiendo del valor de las propuestas y del nivel de riesgo, el comité podría incluir no solo funcionarios de distintos departamentos sin subordinación jerárquica, sino también posiblemente expertos externos.
¿Están descritos el cometido, las funciones, la composición y las normas de funcionamiento de los comités de evaluación? ¿Están claramente descritas las responsabilidades del presidente sin derecho a voto y de los miembros con derecho a voto del comité?
¿Existen procedimientos para la conservación y la consulta de los documentos (confidenciales) de las propuestas?
¿Están los funcionarios encargados de la evaluación libres de conflictos de intereses (por ejemplo, a través de la divulgación obligatoria) y están sujetos a requisitos de confidencialidad? En el caso de un comité de evaluación, la integridad y las consideraciones profesionales deben tenerse en cuenta en la selección de los miembros.
¿Se incluyen todos los aspectos pertinentes de la evaluación en un informe escrito firmado por los responsables/el comité de evaluación?
Controles formales y administrativos
¿Se someten las propuestas a controles formales y administrativos ejecutados por el comité de evaluación u otros responsables? En este último caso, los resultados de su labor han de ser revisados por el comité.
¿Se centran estos controles en la cumplimentación integral y correcta del formulario de solicitud de subvenciones y en el envío de todos los justificantes exigidos?
¿Pueden dar lugar estos controles a la denegación de la solicitud, lo que significa que la propuesta no será objeto de evaluación?
¿Pueden los solicitantes aportar, dentro del plazo establecido, las aclaraciones o la información o los justificantes que falten?
Admisibilidad
¿Se someten las propuestas a controles de admisibilidad ejecutados por el comité de evaluación u otros responsables? En este último caso, los resultados de su labor han de ser revisados por el comité.
¿Se realizan estos controles sobre la base de una lista de criterios de admisibilidad?
Nota: algunos de estos criterios pueden ser criterios de admisibilidad de los solicitantes de subvenciones (p. ej., estatus legal y administrativo y normas sobre nacionalidad y motivos para la exclusión) y criterios de admisibilidad para las acciones financiadas mediante subvenciones (p. ej., tipos de actividades, sectores, temas o áreas geográficas abarcados por la subvención)?
¿Conllevan estos controles una revisión de los justificantes exigidos?
¿Pueden dar lugar estos controles a la denegación de la solicitud, lo que significa que la propuesta no será objeto de evaluación?
Capacidad financiera y operativa
¿Se someten las propuestas a controles de la capacidad financiera y operativa ejecutados por el comité de evaluación u otros responsables? En este último caso, los resultados de su labor han de ser revisados por el comité.
¿Se realizan estos controles sobre la base de una lista de criterios?
¿Ofrece el sistema de concesión de subvenciones criterios claros, objetivos y no discriminatorios para evaluar que los solicitantes tengan una capacidad financiera y operativa suficiente?
¿Son estos criterios especificados y notificados en las convocatorias de propuestas?
Nota: Por «capacidad financiera» se entiende la disponibilidad de fuentes de financiación estables y suficientes para garantizar los resultados operativos a lo largo de todo el período de duración de la acción. Por «capacidad operativa» se entiende la competencia, las capacidades, cualificaciones y experiencia profesionales de que se dispone para completar la acción propuesta. Las evaluaciones se pueden realizar sobre la base de los justificantes de la propuesta, como los estados financieros y los informes de auditoría, y de las pruebas de las acciones completadas por el solicitante.
¿Pueden dar lugar estos controles a la denegación de la solicitud, lo que significa que la propuesta no será objeto de evaluación?
Diseño y contenido de la acción
¿Ofrece el sistema de concesión de subvenciones procedimientos, normas y criterios claros para la evaluación de las propuestas conforme a los objetivos fijados? Algunas cuestiones clave pueden ser: el diseño de la acción, las prioridades, el tipo de actividades, los aspectos relativos a la calidad, el impacto esperado, la sostenibilidad, la eficiencia y la eficacia, o la visibilidad.
¿Se usa un cuadro de evaluación que recoja todos los criterios de evaluación pertinentes? ¿Incorporan los cuadros de evaluación una puntuación de los aspectos clave de la evaluación?
Conclusiones del comité de evaluación
¿Elabora y firma el comité de evaluación un informe de evaluación de todas las propuestas, ordenadas por la puntuación que se hayan obtenido? ¿Se adjuntan a dicho informe los cuadros de evaluación cumplimentados?
¿Proporcionan estos informes conclusiones claras respecto de los solicitantes a los que se les concede y a los que no se les concede la subvención?
Concesión de subvenciones: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la concesión de subvenciones?
¿Se toma la decisión de concesión de una subvención a un nivel jerárquico adecuado (p. ej., propuesta del comité de evaluación y decisión formal de la alta dirección de la entidad)?
¿Existe un formulario adecuado para las decisiones de concesión de subvención (hay plantillas disponibles)?
¿Especifican las decisiones de concesión de subvención: el importe total financiado; los datos del beneficiario de la subvención; el título/la descripción de la acción/actividad; cuando proceda, los motivos de la concesión, especialmente si no coinciden con el dictamen del comité de evaluación; los nombres de los solicitantes rechazados y los motivos del rechazo de su solicitud?
¿Se toman decisiones específicas respecto de las solicitudes no seleccionadas?
Notificación y publicación tras la concesión: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la notificación y la publicación de la concesión de subvenciones?
Notificación de la concesión de la subvención a los solicitantes
¿Se notifica por escrito a los solicitantes seleccionados la concesión de la subvención y los datos pertinentes (p. ej., al menos el importe de la financiación) al poco tiempo de que se tome la decisión de concesión de la subvención?
¿Se notifica por escrito a los solicitantes no seleccionados la concesión de la subvención al poco tiempo de que se tome la decisión de concesión de la subvención, y se comunican los motivos del rechazo de su solicitud?
Contratos de subvención: ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la celebración de contratos de subvención?
¿Celebra la entidad contratos de subvención con solicitantes/beneficiarios al poco tiempo de que se tome la decisión de concesión de la subvención?
¿Incorporan los contratos de subvención condiciones y normales para el pago de las subvenciones, como justificantes obligatorios o la suspensión/resolución/minoración de las subvenciones en caso de ejecución deficiente/parcial/tardía? ¿Se otorga a los beneficiarios la oportunidad de realizar observaciones sobre estas cuestiones?
¿Cuenta la entidad con procedimientos para verificar que los costes declarados por los beneficiarios en sus solicitudes de pago (p. ej., una declaración que tenga forma de informe financiero) son reales, exactos y admisibles y están adecuadamente registrados, de conformidad con las condiciones del contrato de subvención?
¿Cuenta la entidad con:
procedimientos para suspender o resolver anticipadamente la ejecución de la subvención o los pagos de la misma, o la participación del beneficiario si se producen irregularidades, fraude o incumplimiento de las condiciones contractuales?
normas y procedimientos adecuados para recuperar los fondos pagados indebidamente, incluyendo, cuando proceda, la incoación de procedimientos judiciales o la presentación de reclamaciones contra los beneficiarios de subvenciones ante el órgano de contratación o la Comisión Europea?
¿Establecen los contratos de subvención requisitos de control interno, contabilidad (en particular, informes financieros) y auditoría externa?
¿Cuenta la entidad con procedimientos que garanticen, de forma razonable, que los beneficiarios de subvenciones cumplen los requisitos (contractuales) de control interno, contabilidad y auditoría externa?
PILAR 5 – CONTRATACIÓN PÚBLICA
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE por medio de contratos públicos en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Directrices
Los principios de un sistema de contratación pública deben establecerse en un marco legal y regulador bien definido y transparente que establezca claramente políticas, procedimientos, responsabilidad y controles adecuados. Uno de los principios clave establecidos por este marco legal es el uso de la transparencia y la competencia como medio para obtener unos precios y una relación calidad-precio global justos y razonables. Si bien el sistema de contratación pública funciona dentro de su propio marco, se beneficia del entorno general de control, incluido el acceso público a la información, los controles internos realizados por la entidad, el sistema de contabilidad de la entidad y la auditoría externa.
Principios en el artículo 154 del Reglamento Financiero
La Comisión podrá aceptar que las normas y procedimientos de contratación pública son adecuados si se cumplen las siguientes condiciones:
respetan los principios de competencia amplia entre licitadores a fin de obtener la mejor relación calidad-precio, y los procedimientos negociados se limitan a importes razonables o están debidamente justificados;
aseguran la transparencia, con una publicación previa adecuada, en particular de las licitaciones, y una adecuada publicación a posteriori de los nombres de los contratistas;
garantizan la igualdad de trato, la proporcionalidad y la no discriminación;
previenen los conflictos de intereses a lo largo de todo el procedimiento de contratación pública;
aplican procedimientos de revisión adecuados, normas para recuperar fondos indebidamente pagados y normas de exclusión del acceso a la financiación (los motivos de exclusión deben evaluarse en el marco del pilar de exclusión).
El Derecho nacional de los Estados miembros o de terceros países por el que se transpone la Directiva 2004/24/UE (por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE) será considerado equivalente a las normas que aplican las instituciones de conformidad con el Reglamento Financiero.
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
MARCO LEGAL Y REGULADOR: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la contratación pública?
¿Está el marco legal y regulador organizado jerárquicamente y está claramente establecido su orden de prelación?
¿Puede el público acceder fácil y gratuitamente a través de medios adecuados?
¿Se aplica a todas las contrataciones públicas realizadas?
¿Qué tipos de contratos públicos (p. ej., obras, servicios y suministros) están regulados por este marco?
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPIOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Están integrados los principios siguientes en los procedimientos, normas y criterios del sistema de contratación pública de la entidad: transparencia, igualdad de trato, acceso público a la información sobre contratación pública, evitar conflictos de intereses y uso de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de la oferta con la mejor relación calidad-precio?
Estos principios deben integrarse en los procedimientos, normas y criterios del sistema de contratación pública de la entidad de conformidad con el principio general de proporcionalidad. Los principios no tienen valor absoluto y pueden preverse un número reducido de excepciones a los mismos, que surten efecto siempre que se esgriman de forma clara y sean razonables y estén justificadas.
Transparencia. ¿Ofrece el sistema de contratación pública un grado adecuado de transparencia en todo el ciclo de contratación (licitación, evaluación, adjudicación y resolución de litigios) a fin de promover un trato justo y equitativo para los licitadores, es decir, los posibles proveedores y contratistas?
Igualdad de trato. ¿Establece el sistema de contratación pública procedimientos que garanticen que todos los licitadores admisibles tengan las mismas oportunidades de competir y que garanticen la no discriminación?
Igualdad de trato. ¿Contiene el sistema de contratación pública disposiciones para la igualdad de acceso de todos los candidatos potenciales? Esto incluye, por ejemplo: ausencia de restricciones a determinados candidatos, medidas de publicidad y anuncios que garanticen una participación lo más amplia posible, disposiciones que garanticen que el pliego de condiciones no contiene obstáculos injustificados al acceso de los candidatos [técnica y administrativamente (p. ej., criterios de selección, exclusión y adjudicación) y con respecto al calendario y a los plazos].
Igualdad de trato. ¿Prevé el sistema de contratación pública evitar restricciones innecesarias al tamaño, la composición o la naturaleza de los licitadores?
Igualdad de trato. ¿Contiene normas para mantener los costes de la presentación de ofertas bajos (por ejemplo: impidiendo cambios innecesarios en los formularios de oferta, no requiriendo información de poca relevancia, permitiendo que se preparen con tiempo las ofertas y, en la medida de lo posible, utilizando sistemas de licitación electrónica)?
Igualdad de trato. ¿Existen medidas para diseñar licitaciones de manera que se evite la licitación colusoria? Por ejemplo: mantener en secreto la identidad de los licitadores utilizando números, en vez de nombres, para identificarlos y fomentar la participación de muchos licitadores.
Directrices: la licitación colusoria se produce cuando los licitadores acuerdan eliminar la competencia en el proceso de contratación pública, denegando así al público un precio justo.
Publicación de información sobre el procedimiento de contratación pública. ¿Prevé el sistema de contratación pública el acceso público a toda la información pertinente sobre la contratación pública, p. ej., planes de contratación, oportunidades de licitación, adjudicación de contratos e información sobre la resolución de reclamaciones relativas a la contratación pública?
Directrices
La difusión pública de información a través de medios adecuados (p. ej., sitios web de la Administración o de agencias, diarios de contratación pública, periódicos nacionales o regionales o a petición de organismos de contratación pública) sobre los procesos de contratación pública y sus resultados son elementos clave de la transparencia. Para generar datos oportunos y fiables, debe contarse con un buen sistema de información que recoja datos sobre las transacciones de contratación pública y que sea seguro.
Evitar conflictos de intereses. ¿Incluye el sistema de contratación pública procedimientos y normas para evitar conflictos de intereses a lo largo de los procedimientos de contratación pública?
Utilización de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de mejor relación calidad-precio. ¿Prevé el sistema de contratación pública procedimientos de licitación competitivos que permitan obtener la calidad deseada de los servicios, suministros u obras al mejor precio posible?
Utilización de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de mejor relación calidad-precio. ¿Define el sistema de contratación pública claramente los diferentes procedimientos de contratación pública que pueden utilizarse y cómo debe justificarse? Elementos que deben tenerse en cuenta:
la naturaleza de la contratación pública: servicios (p. ej., asistencia técnica y estudios), suministros (p. ej., equipo y materiales) y obras (p. ej., obras de infraestructura y otras obras de ingeniería);
el tipo de procedimiento de contratación pública: procedimientos abiertos, restringidos, competitivos, negociados, etc.;
el valor de la contratación pública y los umbrales para los diferentes contratos, p. ej., de servicios, suministros y obras.
Utilización de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de mejor relación calidad-precio. ¿Cuáles de los siguientes tipos de procedimientos de contratación pública están previstos en el sistema de contratación pública: abierto (internacional o local), procedimiento restringido, contratos marco, sistema dinámico de adquisición, diálogo competitivo, procedimiento negociado (el recurso al procedimiento negociado debe limitarse a importes razonables o estar debidamente justificado) y procedimiento contratación directa, etc.?
Utilización de procedimientos de licitación competitivos y del criterio de mejor relación calidad-precio. ¿Se han diseñado estos procedimientos de manera que permitan una competencia leal y transparente?
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
Directrices sobre los tipos de procedimientos de contratación pública
Procedimiento abierto
En las licitaciones «abiertas» (internacionales o locales), todas las empresas y demás tipos de operadores económicos pueden presentar una oferta. El contrato recibe la máxima publicidad mediante la publicación de un anuncio en la prensa nacional o internacional y en cualquier otro medio de comunicación adecuado. Todas las personas físicas o jurídicas que deseen presentar una oferta pueden solicitar el expediente de licitación (previo pago o de forma gratuita), conforme a las modalidades especificadas en el anuncio de licitación. Se examinan las ofertas. Se comprueba la admisibilidad y la capacidad financiera, económica, técnica y profesional de los licitadores para efectuar una selección. Se comparan las ofertas y se adjudica el contrato. No se permite ninguna negociación.
Procedimiento restringido
En las licitaciones «restringidas», todas las empresas y demás tipos de agentes económicos pueden solicitar su participación, pero solo pueden presentar una oferta los candidatos que cumplan los criterios de selección. Los criterios de selección y las tareas que han de llevarse a cabo se describirán en el anuncio de licitación publicado. Se pasará de una lista general, en la que estarán incluidos todos los candidatos que hayan respondido al anuncio, a una preselección de las mejores candidaturas, en función de las respuestas recibidas. El contrato recibe la máxima publicidad mediante la publicación de un anuncio en la prensa nacional o internacional y en cualquier otro medio de comunicación adecuado. Los expedientes de licitación se envían a los candidatos preseleccionados. Una vez analizadas las ofertas, se comparan y se elige al adjudicatario. No se permite ninguna negociación.
Contratos marco
Un contrato marco es un acuerdo entre uno o varios órganos de contratación y uno o varios agentes económicos. Su objetivo es establecer las condiciones de los contratos específicos que puedan adjudicarse durante un período determinado, en particular, la duración, el objeto, el precio, el valor máximo, las normas de aplicación y las cantidades previstas. Los contratos marco con varios agentes económicos se denominan «contratos marco múltiples». Adoptan la forma de contratos separados, pero se celebran en términos idénticos. El pliego de condiciones deberá precisar el número mínimo y máximo de agentes con los que el órgano de contratación prevé celebrar contratos. La duración de estos contratos no podrá exceder de un número determinado de años (p. ej., 4), salvo en casos excepcionales justificados, en particular, por el objeto del contrato marco. Los órganos de contratación no podrán recurrir a los acuerdos marco ni de forma abusiva ni de manera tal que se impida, restrinja o falsee la competencia. Los contratos específicos basados en contratos marco se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en el contrato marco y deberán respetar los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación y competencia leal.
Sistema dinámico de adquisición
Un sistema dinámico de adquisición es un proceso completamente electrónico para realizar compras comunes durante un período limitado. Está abierto a cualquier empresa u agente económico que cumpla los criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa que cumpla los requisitos técnicos. No se aplicará ningún límite específico. Para cada contrato individual, el órgano de contratación publicará un anuncio de licitación e invitará a todos los contratistas que cumplan los criterios de selección a presentar una oferta. El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa (este será el único criterio de adjudicación).
Diálogo competitivo
En el caso de contratos especialmente complejos, cuando el órgano de contratación considere que ni la utilización directa del procedimiento abierto ni las modalidades del procedimiento restringido tendrán como resultado la mejor relación calidad-precio, podrá utilizar el diálogo competitivo. Un contrato podrá considerarse «especialmente complejo» si el órgano de contratación no se encuentra objetivamente capacitado para especificar los medios técnicos que permitan satisfacer sus necesidades u objetivos o para especificar la estructura jurídica o financiera del proyecto. No se aplicará ningún límite específico. Los órganos de contratación deben publicar un anuncio de licitación en el que expondrán sus necesidades y los requisitos correspondientes. Deben entablar un diálogo con los candidatos que satisfagan los criterios de selección establecidos en el anuncio de licitación. El diálogo puede cubrir todos los aspectos de la oferta. Sin embargo, se lleva a cabo por separado con cada candidato, en función de las soluciones e ideas que hayan sido propuestas. El órgano de contratación debe garantizar la igualdad de trato de los licitadores y mantenerla confidencialidad de las ofertas. Por lo tanto, no está permitido elegir las mejores soluciones entre los distintos licitadores. El número mínimo de candidatos invitados a licitar es de tres. Si cumplen los criterios de selección menos de tres candidatos, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con el candidato o los dos candidatos que los cumplan. El órgano de contratación no podrá completar el número con otros agentes económicos que no hayan participado en el procedimiento o con candidatos que no cumplan los criterios de selección. Durante el diálogo, los órganos de contratación deben tratar por igual a todos los licitadores y garantizar que se mantenga la confidencialidad de las soluciones propuestas o de cualquier información recibida en esta fase, salvo que el candidato esté de acuerdo con su divulgación. El órgano de contratación debe preparar un informe que justifique la forma en que se haya llevado a cabo el diálogo.
Tras haber informado a los participantes de la conclusión del diálogo, los órganos de contratación les invitan a presentar su oferta final, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante el diálogo. Las ofertas deben incluir toda la información solicitada y necesaria para la realización del proyecto. A petición del órgano de contratación, esas ofertas podrán aclararse, precisarse y perfeccionarse, sin que ello tenga por efecto la modificación de elementos sustanciales de la oferta o de la licitación, ya que las variaciones pueden falsear la competencia o acarrear efectos discriminatorios. A petición del órgano de contratación, el licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa podrá ser invitado a aclarar algunos aspectos de su oferta o a confirmar los compromisos que en ella figuran, siempre que ello no modifique elementos sustanciales de la oferta o de la licitación ni falsee la competencia o tenga un efecto discriminatorio.
Los órganos de contratación pueden fijar primas o pagos a los participantes en el diálogo. El contrato se adjudicará a la oferta que cumpla los requisitos técnicos y sea la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico (solo se tendrá en cuenta el criterio de la mejor relación calidad-precio). Los modelos normalizados deben adaptarse si procede.
Procedimiento negociado/procedimiento de contratación directa
Un contrato puede adjudicarse directamente (mediante el «procedimiento de contratación directa» o «procedimiento negociado») en determinadas circunstancias (p. ej., en los casos en que el contrato que se vaya a celebrar no supere un determinado valor o cuando circunstancias excepcionales justifiquen una adjudicación directa). En caso de un procedimiento negociado, debe nombrarse un comité de evaluación para llevar a cabo la negociación. En todos los casos, el órgano de contratación debe redactar un informe en el que se explique cómo se han seleccionado los participantes en las negociaciones y cuál es el precio fijado y la motivación de la decisión de adjudicación. El órgano de contratación debe velar por que se apliquen debidamente los principios básicos relativos a los procedimientos de contratación pública, tales como el control del cumplimiento de las normas de admisibilidad (normas de nacionalidad), los criterios de selección y los de exclusión.
Nota: de conformidad con el anexo I, sección 2, puntos 11 y 12, del Reglamento Financiero, el recurso al procedimiento negociado debe limitarse a importes razonables o estar debidamente justificado.
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la contratación pública?
Invitación a presentar ofertas. ¿Existen normas y procedimientos apropiados para la invitación a presentar ofertas y para cada tipo de contrato público (a saber, procedimientos abiertos, restringidos y negociados)?
¿Garantiza el sistema de contratación pública un nivel suficiente de transparencia en la oportunidad de contratación?
En el caso de la licitación abierta, ¿está la información sobre la contratación pública a disposición del público, incluidos los criterios de evaluación correspondientes?; y
para los métodos restringidos/selectivos y negociados/limitados, ¿se publica la información sobre cómo cumplir los requisitos en un medio fácilmente consultable dentro de un plazo y de una manera que permita a los proveedores elegibles presentar su solicitud?
¿Establece el sistema de contratación pública normas para la publicación de un anuncio de licitación que incluya:
información sobre la naturaleza del producto o servicio que se vaya a adquirir, especificaciones, cantidad, plazo de entrega, fechas y horas de cierre realistas, dónde obtener documentación y dónde presentar las ofertas;
una descripción clara y completa de los criterios de selección y adjudicación que no sea discriminatoria y que no pueda modificarse posteriormente;
detalles de la gestión del contrato y el plan y método de pago y, en su caso, las garantías exigidas; y
información sobre el punto de contacto para las consultas?
¿Establece el sistema de contratación pública normas para comunicarse con los proveedores potenciales en el mismo plazo y del mismo modo, en particular:
fomentando el intercambio de información sobre una base formal (p. ej., puntos de contacto para consultas, sesiones de información, módulo en línea para seguir las reuniones de aclaración, envío de preguntas y respuestas en línea);
garantizando que se responda sin demora a las preguntas de aclaración y que esta información se transmite a todas las partes interesadas;
comunicando los cambios inmediatamente, preferiblemente a través del mismo canal utilizado inicialmente; y
publicando información, preferiblemente en línea, para permitir la supervisión externa y el control público?
Procedimientos de evaluación y selección y adjudicación de contratos.
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la evaluación y la adjudicación?
¿Existen normas que garanticen que el proceso de evaluación se lleva a cabo de forma adecuada, confidencial e imparcial?
¿Aplica la entidad criterios de evaluación adecuados?
¿Existen criterios claros para seleccionar la oferta que tenga la mejor relación calidad-precio, p. ej., el precio más bajo u otros?
Seguridad y confidencialidad de la información
3.2.1.1.
¿Incluye el sistema de contratación pública normas que garanticen la seguridad y la confidencialidad de la información presentada, en particular:
garantizando la aplicación de medidas para la seguridad y el almacenamiento de los documentos de licitación (p. ej., mantener un registro de documentos, numerar todos los documentos o disponer de una zona de almacenamiento central para todos los documentos), así como limitar el acceso a los documentos; y
considerando las cuestiones de seguridad electrónica y contando con procesos documentados para el almacenamiento y la comunicación electrónicos (p. ej., se salvaguardan las ofertas presentadas electrónicas que se reciban antes de la hora de cierre y el sistema tiene la capacidad de rechazar automáticamente ofertas fuera de plazo)?
Procedimientos de apertura de la oferta
3.2.2.1.
¿Establece el sistema de contratación pública un procedimiento claro para la apertura de las ofertas, en particular:
teniendo un equipo (o un comité de evaluación) encargado de abrir, autenticar y compulsar copias de las ofertas selladas tan pronto como sea posible después de la hora designada, seguida inmediatamente de la apertura pública, si es posible;
especificando los criterios para el nombramiento de los miembros de este equipo;
realizando la apertura de las ofertas, preferiblemente, antes de que se publique y se registre en las actas oficiales la audiencia pública en la que se dé a conocer la información básica sobre las ofertas;
especificando las circunstancias en las que se invalidarían las ofertas (p. ej., las ofertas recibidas después de la hora de cierre, a menos que se deba a un error del órgano de contratación) y los criterios de admisibilidad de los licitadores;
garantizando que cualquier aclaración de las ofertas presentadas no dé lugar a modificaciones de fondo después de que finalice el plazo de envío; y
garantizando la elaboración de un informe claro y formal de todas las ofertas recibidas (incluida su fecha y hora de llegada, así como las observaciones de los licitadores) antes de transmitirlas a los responsables de su evaluación?
Criterios de selección y preselección
3.2.3.1.
¿Proporciona el sistema de contratación pública criterios claros, objetivos y no discriminatorios para:
evaluar si los licitadores tienen suficiente capacidad financiera, económica, técnica y profesional; y
seleccionar y preseleccionar a los candidatos y licitadores que cumplen estos criterios?
3.2.3.2.
¿Están estos criterios de selección especificados y se notifican en los anuncios de licitación?
3.2.3.3.
¿Proporciona el sistema de contratación pública criterios claros y objetivos para evaluar la capacidad económica y financiera de los licitadores?
Ejemplos de criterios: datos del balance de los últimos 3 años, datos sobre el volumen de negocios, rentas e ingresos de explotación de los últimos 3 años, personal empleado en los últimos 3 años.
3.2.3.4.
¿Proporciona el sistema de contratación pública criterios claros y objetivos para evaluar la capacidad técnica y profesional de los licitadores?
Ejemplos de criterios: servicios prestados, suministros entregados y obras realizadas en los últimos 3 años, muestras, descripciones, fotografías, especificaciones de los productos y/o equipos entregados.
Criterios de evaluación y adjudicación
3.2.4.1.
¿Proporciona el sistema de contratación pública criterios claros, objetivos y no discriminatorios para una evaluación detallada de los aspectos técnicos y financieros de las ofertas?
3.2.4.2.
¿Existen criterios y normas claros y objetivos para determinar los resultados de la evaluación (p. ej., citando criterios clave para cada candidato o licitador)?
3.2.4.3.
¿Se adjudican los contratos sobre la base de criterios de adjudicación claros y notificados? ¿Se adjudican los contratos a la oferta con el precio más bajo o a la oferta con la mejor relación calidad-precio (es decir, la oferta económicamente más ventajosa)?
Responsable/comité de evaluación
3.2.5.1.
¿Se realizan evaluaciones con más de un funcionario evaluador o, preferiblemente, por un comité?
3.2.5.2.
¿Se especifican los criterios para el nombramiento del comité de evaluación? Dependiendo del valor de la contratación pública y del nivel de riesgo, el comité podría incluir no solo funcionarios de distintos departamentos, sino también posiblemente expertos externos.
3.2.5.3.
¿Se describen el papel, la función, la composición y las normas de funcionamiento de los comités de evaluación? ¿Se describen claramente las responsabilidades del presidente y los miembros con derecho a voto del comité? ¿Existe una secretaría del comité que se haga cargo de todas las labores administrativas del proceso de evaluación?
3.2.5.4.
¿Existen procedimientos adecuados para el mantenimiento y la consulta de los documentos (confidenciales) de la oferta y de la propuesta?
3.2.5.5.
¿Están los funcionarios encargados de la evaluación libres de situación de conflicto de intereses (p. ej., a través de la divulgación obligatoria) y están sujetos a requisitos de confidencialidad? En el caso de un comité de evaluación, la integridad y las consideraciones profesionales deben tenerse en cuenta en la selección de los miembros y se debe contar con la participación de un miembro que sea externo al equipo de contratación pública cuando sea posible.
3.2.5.6.
¿Se incluyen todos los aspectos pertinentes de la evaluación en un informe escrito firmado por los responsables/el comité de evaluación?
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
Directrices relativas a los comités de evaluación
Nombramiento y composición
Las ofertas deben ser abiertas y evaluadas por responsables o un comité de evaluación nombrados formalmente por el órgano de contratación y compuesto por un presidente y un secretario, ambos sin voto, y un número impar de miembros con voto. Los evaluadores deberán disponer de información detallada sobre el calendario previsto y la carga de trabajo que supone la evaluación. Los evaluadores deberán estar disponibles durante el período de evaluación programado. Deben designarse evaluadores sustitutos para cada procedimiento para evitar retrasos en casos de indisponibilidad. Los miembros con derecho a voto deberán poseer un dominio razonable de la lengua en la que estén redactadas las ofertas presentadas. Los miembros con derecho a voto deberán tener la capacidad técnica y administrativa para poder emitir un juicio cualificado sobre las ofertas. La identidad de los evaluadores deberá mantenerse confidencial.
Imparcialidad y confidencialidad
Los miembros del comité de evaluación deberán firmar una declaración de imparcialidad y confidencialidad. Todo miembro que tenga o pueda tener un conflicto de intereses real o potencial con cualquier licitador o candidato debe declararlo y retirarse inmediatamente del comité de evaluación.
Durante el procedimiento de contratación pública, toda comunicación entre el órgano de contratación y los candidatos, solicitantes o licitadores deberá llevarse a cabo en condiciones que garanticen la transparencia y la igualdad de trato. No podrá revelarse ninguna información sobre el examen, aclaración o evaluación de las ofertas, propuestas o decisiones sobre la adjudicación de un contrato antes de que el órgano de contratación apruebe el informe de evaluación. Cualquier intento de un licitador, candidato o solicitante de influir de algún modo en el proceso (ya sea estableciendo contacto con los miembros del comité de evaluación o de cualquier otra forma) podrá dar lugar a la exclusión inmediata de su oferta o propuesta del proceso de evaluación.
Aparte de la sesión de apertura de ofertas, los trabajos del comité de evaluación serán confidenciales. A fin de mantener la confidencialidad de los procedimientos, la asistencia a las reuniones del comité de evaluación se limitará estrictamente a los miembros nominales del comité.
Además de las copias dadas a los evaluadores, las ofertas o propuestas no deberán abandonar la sala o el edificio en el que tengan lugar las reuniones del comité antes de la conclusión del trabajo del comité de evaluación. Deberán guardarse en un lugar seguro cuando no estén siendo utilizadas.
Responsabilidades de los miembros del comité de evaluación
El presidente será responsable de coordinar el proceso de evaluación y de garantizar su imparcialidad y transparencia. Los miembros con derecho de voto asumirán la responsabilidad colectiva de las decisiones adoptadas por el comité.
La secretaría del comité se hará cargo de todas las labores administrativas del proceso de evaluación. Entre dichas labores se incluyen la conservación de las actas de las reuniones del comité de evaluación, el mantenimiento de los registros y documentos pertinentes y la elaboración de informes de evaluación. Toda solicitud de aclaración que implique una comunicación con los licitadores o los solicitantes durante el proceso de evaluación deberá efectuarse por escrito.
Calendario
El comité de evaluación deberá constituirse con antelación suficiente para garantizar la disponibilidad de los miembros para preparar y llevar a cabo el proceso de evaluación. Las ofertas deberán evaluarse puntualmente para que pueda completarse el procedimiento dentro del período de validez de las ofertas. Es muy importante que todos los licitadores, se les haya adjudicado el contrato o no, reciban información sin demora.
Una vez finalizada la evaluación, el órgano de contratación deberá adoptar la decisión de adjudicación con la mayor brevedad, aprobando los informes de evaluación.
Periodo de validez
Las ofertas que presentan los licitadores les vinculan durante el período establecido en la carta de convocatoria de licitación o en el expediente de licitación. Ese período deberá ser suficientemente largo para que el órgano de contratación pueda proceder al análisis de las ofertas, a la aprobación de la propuesta de adjudicación, a la notificación de la adjudicación y a la celebración del contrato. El período de validez de las ofertas debe fijarse en un número apropiado de días naturales (p. ej., 90 días) a partir de la finalización del plazo de presentación de las ofertas.
PILAR 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (continuación): preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Adjudicación de contratos
3.2.6.1.
¿Establece el sistema de contratación pública normas para informar a los licitadores y al público en general sobre el resultado del proceso de licitación, en particular:
notificando a los licitadores seleccionados y no seleccionados el resultado de sus ofertas, así como el momento y el medio en que se publicará la información relativa a la adjudicación del contrato;
evaluando la posibilidad de publicar la motivación de la adjudicación, incluida la consideración dada a los elementos cualitativos de la licitación y no divulgando información comercialmente delicada sobre la oferta ganadora ni otras ofertas que puedan favorecer la colusión en futuras contrataciones públicas; y
permitiendo el período de espera obligatorio, si existe, antes del inicio del contrato?
3.2.6.2.
¿Establece el sistema de contratación pública normas que ofrezcan la posibilidad de informar a los proveedores, previa solicitud, en particular:
reteniendo información confidencial (p. ej., secretos comerciales o precios);
poniendo de relieve los puntos fuertes y débiles de la oferta no seleccionada;
facilitando información por escrito, asegurándose de que el informe escrito sea aprobado de antemano por un alto funcionario responsable de la contratación; y
organizando reuniones informativas orales, siempre que los debates se lleven a cabo de manera estructurada para que no divulguen información confidencial, y que se registren correctamente?
Sistema de reclamaciones
¿Establece el sistema de contratación pública un proceso de revisión de la contratación pública independiente, transparente, no discriminatorio, eficiente y eficaz para la gestión de las reclamaciones de los participantes, no solo antes sino también después de la adjudicación y antes de la firma del contrato?
La resolución rápida de las reclamaciones es necesaria para permitir la revisión de las adjudicaciones de contratos en caso necesario y limitar los recursos vinculados a la pérdida de beneficios y los costes asociados con la preparación de la oferta o la propuesta después de la firma de un contrato. Un buen proceso también debe permitir remitir la resolución de las reclamaciones a una autoridad independiente superior.
¿Ofrece el sistema de contratación pública información sobre cómo presentar una reclamación en relación con el procedimiento de contratación pública? Las reclamaciones son revisadas por un organismo o un servicio que:
está formado por profesionales con experiencia y familiarizado con el marco jurídico de la contratación pública, e incluye miembros del sector privado, la sociedad civil y la Administración;
no participa bajo ningún concepto en las transacciones de la contratación ni en el proceso conducente a la adopción de decisiones de adjudicación de contratos;
no aplica tasas que prohíban el acceso de las partes interesadas;
se ajusta a los procesos de presentación y resolución de reclamaciones claramente definidos y a disposición del público;
ejerce la facultad de suspender el proceso de contratación;
toma las decisiones dentro del plazo especificado en las normas o reglamentos; y
toma decisiones vinculantes para todas las partes (sin que ello impida el recurso posterior a una autoridad externa superior)?
PILAR 6– INSTRUMENTOS FINANCIEROS (8)
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE/garantías presupuestarias por medio de instrumentos financieros y en consonancia con los criterios establecidos por la Unión Europea?
Directrices
Un instrumento financiero podrá adoptar la forma de inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o garantías u otros instrumentos de riesgo compartido, y podrá combinarse con otras formas de ayuda financiera.
Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea
La Comisión podrá ejecutar instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta, encomendando tareas a entidades y a sus intermediarios financieros. El título X del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea establece los siguientes principios y condiciones para la ejecución de los instrumentos financieros:
instrumentos financieros en régimen de gestión directa e indirecta (artículo 208 del RF);
selección de las entidades encargadas de la ejecución de instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta (artículo 208, apartado 4, del RF);
principios y condiciones aplicables a los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias (artículo 209 del RF);
contenido del acuerdo de contribución con las entidades encargadas de la ejecución de instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta (artículo 155, apartado, 6 y artículo 208 del RF);
seguimiento de los instrumentos financieros (artículos 155 y 209 del RF); y
normas y ejecución (artículo 215 del RF).
Normas internacionales de contabilidad para entidades del sector privado
De acuerdo con las NIC (Normas internacionales de contabilidad) 32 y 39, se entiende por instrumento financiero: «cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra entidad».
La NIC 32 (Instrumentos Financieros) establece los requisitos contables para la presentación de los instrumentos financieros, en particular en lo que se refiere a la clasificación de dichos instrumentos en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. La norma también proporciona directrices sobre la clasificación de los intereses, dividendos y ganancias o pérdidas correspondientes, y cuándo pueden compensarse los activos financieros y los pasivos financieros. La NIC 39 se volvió a publicar en diciembre de 2003, se aplica a los ejercicios anuales que comenzaron el 1 de enero de 2005 y los siguientes, y se sustituye por la NIIF 9 «Instrumentos financieros» respecto de los ejercicios anuales que comenzaron el 1 de enero de 2015 y los siguientes. La NIIF 9 «Instrumentos financieros» establece los requisitos de reconocimiento y valoración de los instrumentos financieros y algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) complementa dicha norma ya que completa las diversas fases de su proyecto global sobre los instrumentos financieros, por lo que, finalmente, constituirá una sustitución completa de la NIC 39 «Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración».
Normas internacionales de contabilidad para entidades del sector público
Para las entidades del sector público, se aplican las NIC-SP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) 28 a 30. Las definiciones de los instrumentos financieros y de los activos financieros, los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio son esencialmente las mismas que las de la NIC 32. La NIIF 9 no tiene equivalente en las NIC-SP, por lo que no se aplica en las NIC-SP. Los instrumentos financieros pueden clasificarse en función de su método de valoración:
instrumentos financieros valorados al valor actual (normalmente precio de mercado): instrumentos de efectivo, valores, derivados, bonos e instrumentos de patrimonio negociados en mercados activos;
instrumentos financieros valorados al coste amortizado: préstamos, títulos de crédito, empréstitos, instrumentos de capital que no se negocian en mercados activos.
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
MARCO LEGAL Y REGULADOR: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para el uso y ejecución de instrumentos financieros?
Los principios de la utilización de los instrumentos financieros deben establecerse en un marco legal y regulador bien definido y transparente que establezca claramente políticas, procedimientos, responsabilidad y controles adecuados. Si bien los instrumentos financieros operan dentro de su propio marco, se benefician del entorno general de control, los controles internos realizados por la entidad, el sistema de contabilidad de la entidad y la auditoría externa.
¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador para los instrumentos financieros que contenga:
descripción de los instrumentos financieros, incluidas las estrategias o políticas de inversión, el tipo de apoyo que ofrecen, los criterios de admisibilidad para los intermediarios financieros y los perceptores finales, así como otros requisitos operativos específicos que reflejen los objetivos estratégicos del instrumento financiero;
los sistemas, reglas y procedimientos para alcanzar y medir una serie de valores objetivo para el efecto apalancamiento y los efectos multiplicadores (la contribución de la UE a un instrumento financiero tendrá por objeto movilizar una inversión total que supere el volumen de la contribución de la UE según los indicadores definidos de antemano);
disposiciones relativas a la gestión de las contribuciones de terceros, incluida la posibilidad de abrir cuentas fiduciarias en nombre de un tercero, los riesgos de contraparte, las operaciones de tesorería aceptables, las responsabilidades de las partes interesadas, las medidas correctoras en caso de saldos excesivos en las cuentas fiduciarias, el sistema de registro y la presentación de informes (9) equivalentes a los requisitos de la UE;
normas contables y sobre información financiera (presentación de informes específicos por cada instrumento financiero) y auditoría externa;
sistemas, normas y procedimientos para regular la duración, la posibilidad de prórroga y la terminación del instrumento financiero, incluidas las condiciones para la resolución anticipada y, en su caso, estrategias de salida y sobre reembolsos pagados o pagaderos a terceros o a cuentas fiduciarias;
sistemas, normas y procedimientos relativos al seguimiento del apoyo prestado a los intermediarios financieros y los perceptores finales, en particular la rendición de cuentas por parte de los intermediarios financieros?
¿Qué tipos de instrumento financiero utiliza o tiene previsto utilizar la entidad? Hágase una descripción detallada de:
Los tipos de instrumentos financieros utilizados, incluidas las explicaciones de los elementos (técnicos) y las abreviaturas. Los instrumentos financieros podrán incluir préstamos con tipos de interés comerciales (precio de mercado), préstamos con tipos de interés y plazos de reembolso favorables, préstamos con plazos de reembolso dependientes del rendimiento, microcréditos, subvenciones a fondo perdido, garantías, marcos de cooperación con terceros, tales como instrumentos de inversión e instrumentos de financiación mixta, etc.
Los riesgos asociados a cada instrumento financiero, cómo se gestionan estos riesgos y cuáles son las medidas correctoras aplicadas. Son riesgos típicos, entre otros, los riesgos de tipo de cambio (préstamos emitidos y reembolsables en divisas locales y financiados mediante divisas convertibles a nivel internacional) y los riesgos de crédito (solvencia de los prestatarios).
¿Cómo se conceden los instrumentos financieros a los beneficiarios (prestatarios)? ¿Cómo están garantizados y por qué tipo de pasivos y/o garantías?
Por favor, responda a lo siguiente en relación con:
el apoyo a través de intermediarios financieros (financiación intermedia), y
el apoyo directo a los beneficiarios finales (financiación sin intermediación).
¿Cuenta la entidad con directrices o normas de funcionamiento y manuales para los instrumentos financieros utilizados?
¿Usa la entidad los modelos normalizados para proporcionar instrumentos financieros como los contratos tipo?
Por favor, responda a lo siguiente en relación con:
los intermediarios financieros, y
los beneficiarios finales (en caso de financiación sin intermediación).
¿Establecen estos contratos claramente las condiciones pertinentes?
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PRINCIPIOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Están integrados los principios y condiciones siguientes en los procedimientos, normas y criterios aplicables a los instrumentos financieros de la entidad?
Principios básicos (artículo 209, apartado 1, del RF).
Los instrumentos financieros se utilizarán con arreglo a los principios de buena gestión financiera, transparencia, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato y subsidiariedad, y de conformidad con sus objetivos y, si procede, la duración establecida en el acto de base aplicable para los instrumentos financieros.
Selección de intermediarios financieros (artículo 208 del RF).
Los intermediarios financieros se seleccionarán con procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses. Los intermediarios financieros o los perceptores finales de los instrumentos financieros se seleccionarán teniendo en cuenta la naturaleza del instrumento financiero que se vaya a ejecutar, la experiencia y la capacidad operativa y financiera de las entidades de que se trate, o la viabilidad económica de los proyectos de los perceptores finales. La elección será transparente, motivada por razones objetivas y no dará lugar a un conflicto de intereses.
Condiciones de los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias (artículo 209 del RF).
Los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias deberán cumplir las siguientes condiciones básicas: abordar las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión que no son óptimas, la adicionalidad, la no distorsión de la competencia en el mercado interior y la coherencia con las normas sobre ayudas estatales, el efecto de apalancamiento y la armonización de los intereses y la prestación de una remuneración coherente con la distribución del riesgo.
Directrices
Los principios citados deben integrarse en los procedimientos, normas y criterios de los instrumentos financieros de la entidad de conformidad con el principio general de proporcionalidad. Los principios no tienen valor absoluto; existe un número reducido de excepciones a los mismos, que surten efecto siempre que se esgriman de forma clara y sean razonables y estén justificadas.
Principios básicos. ¿Están integrados los siguientes principios fundamentales en los procedimientos, normas y criterios para el uso y la ejecución de los instrumentos financieros/garantías presupuestarias de la entidad?
buena gestión financiera;
transparencia;
proporcionalidad;
no discriminación; e
igualdad de trato?
Selección de los intermediarios financieros ¿Cuál es el procedimiento de la entidad para seleccionar a los intermediarios financieros (10)?
Selección de los intermediarios financieros. ¿Se seleccionan los intermediarios financieros mediante procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses?
Selección de los intermediarios financieros. ¿Son seleccionados los intermediarios financieros o los perceptores finales de los instrumentos financieros teniendo en cuenta la naturaleza del instrumento financiero que se vaya a ejecutar, la experiencia y la capacidad operativa y financiera de las entidades de que se trate, o la viabilidad económica de los proyectos de los perceptores finales?
La elección, ¿es transparente, motivada por razones objetivas y no da lugar a un conflicto de intereses?
Condiciones para los instrumentos financieros. ¿Permiten los sistemas, normas y procedimientos de la entidad que esta ejecute instrumentos financieros que aborden disfunciones del mercado o situaciones de inversión que no son óptimas, que se consideren viables desde el punto de vista económico con arreglo a normas internacionalmente aceptadas pero que no den lugar a una financiación suficiente procedente de fuentes de mercado?
Condiciones para los instrumentos financieros. ¿Permiten los sistemas, normas y procedimientos de la entidad ejecutar instrumentos financieros que respeten el principio de adicionalidad (el objetivo de los instrumentos financieros no debe ser sustituir a los de un Estado miembro, la financiación privada u otra intervención financiera de la UE)?
Condiciones para los instrumentos financieros. ¿Permiten los sistemas, normas y procedimientos de la entidad cumplir la condición relativa a la armonización de intereses mediante disposiciones como la coinversión, los requisitos de riesgo compartido o los incentivos financieros, evitando al mismo tiempo un conflicto de intereses con otras actividades de la entidad encargada?
Condiciones para los instrumentos financieros. ¿Permiten los sistemas, normas y procedimientos de la entidad alcanzar y medir un efecto apalancamiento y un efecto multiplicador, incluyendo, cuando proceda, la maximización de la inversión privada?
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿aplica la entidad efectivamente las normas y los procedimientos de utilización y ejecución de sus instrumentos financieros?
Seguimiento. ¿Aplica la entidad efectivamente normas y procedimientos adecuados al seguimiento de los instrumentos financieros?
¿Cuenta la entidad con procedimientos de seguimiento del uso de instrumentos financieros que se basen en la información y las cuentas facilitadas por los intermediarios financieros y en las auditorías disponibles y los controles realizados por el intermediario financiero?
Cuando no existe un intermediario financiero, ¿dispone la entidad de procedimientos para hacer un seguimiento directo del uso de los instrumentos financieros sobre la base de la información y las cuentas facilitadas por los perceptores finales?
Directrices: Seguimiento de los instrumentos financieros
A fin de garantizar el seguimiento armonizado de los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 215, apartado 3, del Reglamento Financiero, el ordenador competente deberá implantar un sistema de seguimiento con el fin de ayudar a garantizar una seguridad razonable de que los fondos de la UE se utilizan de conformidad con el artículo 36, apartado 2, del Reglamento Financiero.
El sistema de seguimiento debe utilizarse para: i) evaluar los avances registrados en la ejecución de los instrumentos financieros para lograr los objetivos estratégicos reflejados en los indicadores de rendimiento y de resultados pertinentes establecidos con arreglo a la evaluación ex ante; ii) analizar hasta qué punto la ejecución se ajusta a los requisitos definidos de conformidad con el artículo 209, apartado 2, del Reglamento Financiero; y iii) sentar las bases para la presentación de informes por parte de la Comisión de conformidad con el artículo 41, apartado 4, y el artículo 140, apartado 8, del Reglamento Financiero.
Préstamos. ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la contratación de préstamos?
¿Cuáles son los sistemas y procedimientos de registro y notificación de los préstamos?
¿Son adecuados estos sistemas y procedimientos?
¿Se aprueban los contratos de préstamo con arreglo a criterios adecuados y transparentes?
¿Se concilia regularmente (al menos cada mes) la cuenta del contrato (libro mayor) con el sistema de registro del contrato?
Garantías. ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la emisión de garantías?
¿Cuáles son los sistemas y procedimientos de registro y notificación de las garantías?
¿Son adecuados estos sistemas y procedimientos?
¿Se aprueban las garantías con arreglo a criterios adecuados y transparentes?
¿Se concilia regularmente (al menos cada mes) la cuenta del contrato (libro mayor) con el sistema de registro del contrato?
Por lo que se refiere a las garantías presupuestarias, ¿puede la entidad informar adecuadamente sobre su ejecución, incluidos los casos en los que la contribución reembolsa los gastos, en relación con las cuentas elaboradas para los gastos realizados y una declaración de gestión en la que se confirme que: i) la información se presenta correctamente y es exhaustiva y exacta; ii) la contribución se utilizó para los fines previstos; iii) los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes; y iv) se ha realizado o se planea realizar un resumen de los informes de auditoría finales y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y deficiencias detectados en los sistemas, así como de las medidas correctoras?
Rebajas y bonificaciones de los tipos de interés. ¿Cuenta la entidad con un sistema adecuado de registro y notificación para la concesión de rebajas o bonificaciones de intereses?
¿Cuáles son los sistemas y procedimientos de registro y notificación de las rebajas de los tipos de interés?
¿Son adecuados estos sistemas y procedimientos?
¿Se aprueban las rebajas de los tipos de interés con arreglo a criterios adecuados y transparentes?
Capital. ¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para la realización de las operaciones de capital?
¿Cuenta la entidad con una estrategia de capital o directrices para las inversiones en capital y un proceso de diligencia debida, aprobado por el consejo de administración u otro órgano de gestión apropiado?
¿Realiza la entidad sistemáticamente una valoración de sus operaciones de capital, en el momento de la aprobación y periódicamente a lo largo de la vida de la inversión? Describa la información y los métodos utilizados para la valoración.
¿Tiene la entidad un proceso establecido para gestionar las salidas de sus inversiones en capital? ¿Establece la estrategia de inversión en capital algún requisito para un plan de salida oportuno?
¿Es la entidad la gestora activa de su cartera capital? ¿Dispone de miembros, vinculados por un mandato, en los consejos de administración de las sociedades en las que invierte (para las inversiones directas de capital), o un medio similar para seguir de cerca el rendimiento de las empresas en las que invierte? En caso de inversiones en fondos, ¿tiene la entidad miembros designados en los organismos que representan a los inversores en los fondos?
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS [PREGUNTAS ADICIONALES RESPECTO DE GARANTÍAS PRESUPUESTARIAS (opcional)] (11)
GARANTÍAS PRESUPUESTARIAS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Posee la entidad un sistema de gestión de riesgos de crédito y un sistema de clasificación de riesgos internos adecuados a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus actividades?
Directrices
La mayoría de las entidades que ejecutan garantías presupuestarias son entidades de crédito o empresas de inversión que están sujetas a regulación y supervisión, incluidas normas sobre el riesgo de crédito, sobre clasificación de riesgos y sobre los sistemas y procedimientos informáticos para gestionarlos.
El objetivo de esta subsección es evaluar la fiabilidad de la función de gestión de riesgos de la entidad, incluidos su sistema de gobernanza y de calificación del riesgo de crédito interno, que es importante para una futura evaluación de los acuerdos de riesgo compartido entre la UE y la entidad, así como para la remuneración de la UE derivada del riesgo asumido por la UE [artículo 209, apartado 2, letra f), del RF].
La exposición de la UE a sus contrapartes con garantías presupuestarias incluye un pasivo contingente, que representa la responsabilidad financiera de la UE que no está totalmente cubierta por provisiones (artículo 211 del RF). Con el fin de evaluar el riesgo de que sus contrapartes soliciten pagos de la UE para ejecuciones de garantía por encima de la provisión disponible, la Comisión debe hacer un seguimiento al menos una vez al año de la exposición de la UE derivada de cada garantía presupuestaria. A tal fin, se pide a las contrapartes que faciliten anualmente a la Comisión información sobre las obligaciones financieras pendientes que se derivan para la UE de las garantías presupuestarias, incluida una evaluación de riesgos, la clasificación de la información y los impagos previstos en relación con las operaciones cubiertas por la garantía presupuestaria (artículo 219, apartado 6, del RF). La Comisión se basa en esta información para llevar a cabo la evaluación de la sostenibilidad de los pasivos contingentes (artículo 210, apartado 3, del RF) y para revisar periódicamente la tasa de provisión de cada garantía presupuestaria (artículo 211, apartado 1, del RF).
Las normas sobre regulación, supervisión y gestión de riesgos de los bancos se describen:
en el ámbito internacional: en «Basilea III», un conjunto de medidas acordadas internacionalmente desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, incluidos los principios básicos para una supervisión eficaz, en particular los principios 15 (proceso de gestión de riesgos) y 17 (riesgo de crédito).
en el ámbito de la UE: la Directiva 2013/36/UE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión; el Reglamento (UE) n.o 575/2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión; y la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Política de riesgos/marco estratégico. ¿Cuenta la entidad con una política y una estrategia adecuadas para detectar, gestionar, medir y controlar el riesgo (con énfasis en el riesgo de crédito)?
6.a.1.1.
¿Cuenta la entidad con una política de riesgos que:
defina y asigne claramente las responsabilidades dentro de la organización;
tenga en cuenta la solidez, la racionalidad y la viabilidad; y
sea comprensible y esté disponible para toda la organización?
6.a.1.2.
¿Cuenta la entidad con una estrategia o directrices de riesgo aprobadas por la alta dirección, que periódicamente:
defina los límites y los aspectos comerciales con arreglo a los cuales se espera que la entidad opere en el marco de la aplicación de su estrategia empresarial;
establezca los niveles de riesgo individuales y agregados y diferentes tipos de riesgo (capacidad de riesgo, incluidos límites) que la entidad puede y está dispuesta a aceptar para llevar a cabo sus actividades;
comunique la propensión al riesgo del consejo de administración de forma efectiva en toda la entidad, vinculándola a la toma de decisiones operativa diaria y estableciendo los medios para sensibilizar sobre los riesgos al personal de la entidad;
dé continuidad teniendo en cuenta los aspectos cíclicos de la economía en la que opera la entidad y los consiguientes cambios en la composición y la calidad de la cartera global; e
incluya tanto las consideraciones cuantitativas como cualitativas?
Gobernanza en materia de riesgos. ¿Cuenta la entidad con un marco organizativo adecuado que permita una gestión, medición y control eficaces del riesgo de crédito, y que tenga suficientes recursos humanos y técnicos, cualitativa y cuantitativamente, para llevar a cabo las tareas requeridas?
6.a.2.1.
¿Se define claramente la asignación de responsabilidades dentro de la entidad de manera que:
el consejo de administración u otro órgano de gobierno apruebe las políticas de gestión y control del riesgo y las revise periódicamente, desempeñando un papel activo a la hora de definir la propensión al riesgo y de garantizar su adaptación a los planes estratégicos, financieros y financieros de la entidad, así como a las prácticas de compensación;
la alta dirección sea responsable de elaborar y aplicar las normas y procedimientos de gestión, medición y control del riesgo;
existan líneas claras de responsabilidad a la hora de asumir, medir, seguir, gestionar y notificar el riesgo;
la alta dirección garantice que el personal que participa en todas las fases del proceso de gestión del riesgo esté cualificado, sea competente y tenga la formación, la disposición y la experiencia necesarias para juzgar prudentemente, evaluar, gestionar o controlar el riesgo, y una comprensión sólida de la dirección estratégica, las políticas, los procedimientos, la tolerancia al riesgo y los límites de la entidad;
la función de gestión de los riesgos esté presente en cualquier actividad generadora de ingresos; y
el responsable de riesgos informe de ello y tenga acceso directo al consejo de administración o a su comité de riesgos?
6.a.2.2.
¿Se aplica la separación de funciones de manera que:
la función de gestión del riesgo de crédito sea totalmente independiente de la función empresarial e incluya «tres líneas de defensa» claramente identificables, según se indica a continuación:
la línea de actividad (es decir, la primera línea de defensa) tiene la «propiedad» del riesgo, lo que quiere decir que reconoce y gestiona el riesgo en que incurre en la realización de sus actividades;
la función de gestión del riesgo (es decir, la segunda línea de defensa) es responsable de seguir detectando, midiendo, siguiendo y notificando el riesgo a escala de toda la entidad como parte de la segunda línea de defensa, independientemente de la primera línea de defensa (12);
existe una función de auditoría interna/verificación del cumplimiento (tercera línea de defensa) que revisa periódicamente el riesgo y, en particular, los aspectos relacionados con el riesgo de crédito?
6.a.2.3.
¿Son las actividades de la función de gestión del riesgo lo suficientemente exhaustivas en cuanto a su ámbito como para incluir en la medida de lo posible los siguientes aspectos:
detección de los riesgos materiales individuales, agregados y emergentes;
evaluación de estos riesgos y medición de la exposición de la entidad a los mismos?
6.a.2.4.
¿Establecen las políticas de la entidad claramente los niveles de delegación de aprobaciones en la gestión (13) y se realizan las aprobaciones de conformidad con las políticas y directrices escritas de la entidad y las concede el nivel directivo adecuado?
¿Cuenta la entidad con un sistema de detección, análisis y seguimiento del riesgo de crédito que funcione correctamente?
6.a.3.1.
¿Incluye el sistema de reconocimiento del riesgo de la entidad lo siguiente:
todos los riesgos materiales para la entidad, dentro y fuera de balance, y a nivel de todo el grupo, de la cartera, de la línea de actividad y de las transacciones; y
un análisis permanente de los riesgos existentes, así como la detección de riesgos nuevos o emergentes?
6.a.3.2.
¿Lleva a cabo la función de gestión de riesgos una evaluación imparcial de la calidad de los créditos/inversiones individuales y de la cartera agregada, incluida la idoneidad de la calificación del riesgo de crédito y de la estimación de las pérdidas? ¿Se presenta este segundo dictamen en la fase de aprobación y luego se revisa periódicamente a lo largo de las operaciones?
6.a.3.3.
¿Tiene en cuenta la medición del riesgo de crédito, en lo posible, los siguientes aspectos?
La naturaleza específica de los créditos/inversiones y sus condiciones contractuales y financieras;
el perfil de exposición hasta el vencimiento en relación con los movimientos potenciales del mercado y el ciclo económico;
la existencia de garantías reales o de otro tipo,
el potencial de impago, basado en la calificación de riesgo interno;
la evaluación cuantitativa (p. ej., la modelización financiera) y la evaluación cualitativa; y
la diligencia debida sistemática y el análisis de riesgo de todas las transacciones, cuando los resultados de la diligencia debida incidan en la aprobación y/o estructuración de la operación por parte de la dirección.
6.a.3.4.
¿Incluye el sistema de gestión de la información (riesgo de crédito) de la entidad las siguientes características?
Proporcionar información adecuada (calidad, detalle, puntualidad) sobre la composición de la cartera de crédito/inversión;
ser suficientemente fiable y exhaustivo para que la entidad se base en datos internos y externos exactos, sólidos y fiables para poder detectar, evaluar y atenuar los riesgos; e
incluir las pruebas de resistencia revisadas periódicamente y los análisis de escenarios que debe utilizar la entidad para comprender mejor posibles exposiciones al riesgo en una serie de circunstancias adversas.
¿Utiliza la entidad un sistema de clasificación de riesgos internos adecuado a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus actividades?
6.a.4.1.
¿Puede la entidad documentar la justificación de su elección de los criterios de calificación y facilitar datos y análisis que demuestren que es probable que los criterios y procedimientos de calificación den lugar a calificaciones que diferencien significativamente el riesgo?
6.a.4.2.
¿Incluye el sistema de clasificación de riesgos de la entidad, en la medida de lo posible, las siguientes características?
todas las exposiciones crediticias están calificadas en términos de riesgo;
se incluye un número adecuado de calificaciones, razonables, oportunas y dinámicas;
existe un proceso para adaptar el sistema de clasificación de riesgos internos a la clasificación reglamentaria y/o a las escalas de las agencias de calificación crediticia;
los criterios de calificación reflejan una combinación adecuada de factores cualitativos y cuantitativos y los criterios para asignar cada calificación están claramente definidos;
existe un horizonte temporal para la calificación de los riesgos;
las calificaciones reflejan tanto el rendimiento esperado del prestatario como la estructura de la operación;
cuando la entidad utiliza una base de datos externa para complementar sus datos o un modelo de calificación externa, se demuestra la adecuación de los datos externos y que la entidad comprende la filosofía de calificación que subyace al modelo; y
la calificación asignada a una operación está bien respaldada y documentada.
6.a.4.3.
¿Dispone la entidad de datos sobre los índices de impago efectivos asociados a los grados de calificación y la migración de las calificaciones?
6.a.4.4.
¿Cuenta la entidad con políticas y procedimientos completos sobre validación eficaz del sistema de calificación (14) y una revisión periódica independiente de la adecuación del sistema de clasificación de riesgos internos?
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS [PREGUNTAS ADICIONALES (opcional)] (15)
PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERADORES Y ELUSIÓN FISCAL: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias con contribución de los fondos de la UE normas equivalentes a la legislación aplicable de la UE y normas acordadas a nivel internacional y de la UE y, por tanto: a) no presta ayuda a acciones que contribuyan a la elusión fiscal, y b) no realiza operaciones con entidades constituidas o establecidas en países y territorios no cooperadores en materia tributaria?
Directrices
Las normas sobre elusión fiscal tienen el objetivo de garantizar que se apliquen y no se eludan las normas fiscales que tratan de lograr una imposición efectiva:
— en el ámbito de la OCDE se incluyen, en particular, los principios de transparencia e intercambio de información, y el trabajo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS);
— más específicamente a nivel de la UE incluyen el marco normativo y de política fiscal de la UE en materia de elusión fiscal (16), tales como: los compromisos políticos contra la elusión fiscal (incluida la política de la UE sobre territorios no cooperadores a efectos fiscales), el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (competencia fiscal perniciosa), las medidas contra las prácticas abusivas previstas en varias directivas, el paquete de lucha contra la elusión fiscal adoptado en 2016 y la traducción de las normas BEPS en el marco jurídico de la UE, las normas de la UE sobre cooperación administrativa y transparencia previstas en las directivas correspondientes.
Basándose en estas normas de elusión fiscal, los proyectos financiados por la UE no deben implicar una planificación fiscal agresiva y deben haber establecido razones comerciales sólidas (distintas de las impositivas) para una estructura determinada, no aprovechando los aspectos técnicos de un sistema fiscal ni las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria. La lista de «señas distintivas» de la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 2018 («DAC6»), facilita la identificación de las operaciones que pueden reunir características de elusión o abuso fiscal y podría ser utilizada como referencia por los evaluadores.
Al evaluar si los procedimientos y normas de evaluación ex ante sobre la diligencia debida de la entidad son lo suficientemente exhaustivos como para permitirle cumplir los requisitos de este pilar, también deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
a) Si el ámbito de aplicación de la diligencia debida en materia fiscal abarca a las entidades pertinentes de la estructura del proyecto. Por ejemplo, además de los titulares reales últimos, las entidades pertinentes deben incluir a entidades con las que, en relación con un proyecto determinado, la entidad tenga un contrato o una relación indirecta basada en dicho contrato (17).
b) Los flujos financieros pertinentes de la estructura del proyecto (y su tratamiento fiscal respectivo), incluido, por ejemplo, si los flujos financieros pertinentes estarían sujetos a imposición efectiva (18), y si el proyecto no se ha estructurado artificialmente (19).
c) La evaluación y atenuación de los riesgos de elusión fiscal en las operaciones específicas derivadas de la presencia de deficiencias en materia fiscal en relación con: i) criterios de transparencia, ii) criterios de fiscalidad justa y iii) criterios BEPS para las jurisdicciones que se hayan comprometido a subsanar dichas deficiencias detectadas por la UE (20).
d) Los procedimientos de la entidad para llevar a cabo operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones enumeradas en la política pertinente de la UE sobre países y territorios no cooperadores, así como, por ejemplo, si dichas prohibiciones se aplican; qué entidades relacionadas con el proyecto abarcan; cómo define la entidad las operaciones «nuevas o renovadas»; si estas prohibiciones se aplican a los contratos de operaciones nuevas o renovadas desde el momento en que se añade la jurisdicción o el territorio a la lista de la UE y qué excepciones se permiten a estas prohibiciones (21).
Al realizar su evaluación, los evaluadores deben tener en cuenta las directrices pertinentes publicadas por la Comisión, como la Comunicación de la Comisión relativa a los nuevos requisitos contra la elusión fiscal en la legislación de la UE que regula, en particular, las operaciones de financiación e inversión [C(2018) 1756 final] y sus actualizaciones posteriores.
¿Contienen las normas de la organización en virtud de las cuales se seleccionan o ejecutan los instrumentos financieros apoyados por fondos de la UE una referencia explícita a la evaluación de los riesgos de elusión fiscal y a las prohibiciones en relación con territorios no cooperadores a efectos fiscales, con las siguientes reglas:
a) los principios de la OCDE de transparencia fiscal e intercambio de información y de trabajo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), y
b) el marco normativo y de política fiscal de la UE en materia de elusión fiscal (tal como se detalla en las notas de directrices anteriores) o equivalente?
Por lo que se refiere a los controles relacionados con la elusión fiscal, ¿qué normas y procedimientos tiene la entidad para que los instrumentos financieros apoyados por fondos de la UE no apoyen acciones que contribuyan a la elusión fiscal?
6.b.2.1.
¿Los procedimientos y normas de la evaluación de la diligencia debida ex ante de la entidad son lo suficientemente amplios para cubrir a las entidades pertinentes que participan en los flujos financieros del proyecto?
6.b.2.2.
¿La evaluación de la diligencia debida ex ante de la entidad en materia tributaria permite evaluar, en caso necesario y en relación con el titular real último, si:
a) los flujos financieros pertinentes se gravarían efectivamente; y
b) el proyecto no se ha estructurado artificialmente con el fin de eludir impuestos?
6.b.2.3.
¿Tiene en consideración la evaluación de la diligencia debida ex ante de la entidad la presencia de jurisdicciones que se hayan comprometido a abordar las deficiencias detectadas por la UE en las entidades pertinentes (22) como un posible riesgo de elusión fiscal, p. ej. en relación con i) la transparencia, ii) la fiscalidad justa, y iii) la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), teniendo en cuenta las Conclusiones del Consejo por las que se establecen los criterios para la lista de la UE de territorios no cooperadores a efectos fiscales?
En caso afirmativo, ¿Determina la evaluación ex ante de la diligencia debida de la entidad posibles medidas supervisoras para subsanar dichas deficiencias?
Con respecto a los territorios no cooperadores a efectos fiscales, ¿garantizan las normas y procedimientos de la entidad que al ejecutar los instrumentos financieros apoyados por fondos de la Unión, la entidad:
a) detecta, en el proyecto y en las entidades pertinentes del proyecto, la presencia de las jurisdicciones enumeradas en el anexo I de las Conclusiones del Consejo de la UE?
b) aplica medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente respecto de las operaciones en las que participen entidades constituidas o establecidas en territorios no cooperadores a efectos fiscales;
c) no realiza operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones incluidas en el anexo I de las Conclusiones del Consejo de la UE;
d) no aplica la letra c) solo si la acción se ejecuta físicamente en la misma jurisdicción y no presenta ninguna indicación de que la operación en cuestión contribuya al blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo, a la elusión fiscal, al fraude fiscal o a la evasión fiscal?
PILAR 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS [PREGUNTAS ADICIONALES (opcional)] (23)
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad en la selección/ejecución de instrumentos financieros/garantías presupuestarias normas equivalentes a la legislación aplicable de la UE y a las normas acordadas a nivel internacional y de la UE? Por lo tanto: a) ¿no presta ayuda a acciones que contribuyan al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo? y b) ¿no participa en operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones con la consideración de terceros países de alto riesgo?
Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen por objeto, en general, evitar el uso indebido del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante la aplicación de medidas preventivas.
— A nivel internacional, incluyen el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
— Más específicamente a nivel de la UE, incluyen la Directiva (UE) 2015/849.
El examen de las normas y procedimientos de la entidad analizaría:
a) si las normas y procedimientos de la entidad prevén la evaluación del riesgo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y prohibiciones en relación con los «terceros países de alto riesgo» y, en caso afirmativo, en qué medida puede llevar a la adopción de medidas de supervisión para hacer frente a los riesgos;
b) si la entidad cuenta con políticas, controles y procedimientos adecuados, incluidas medidas de control interno, una política de auditoría, medidas de formación y normas para proteger al personal o a los empleados que notifiquen transacciones sospechosas o incumplimientos de acuerdo con las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo frente a las represalias que puedan padecer;
c) si la entidad cuenta con un proceso de diligencia debida ex ante para comprobar que la información adecuada sobre los ordenantes y los beneficiarios acompaña a las transferencias de fondos y el alcance de dicho proceso (24);
d) si las normas y procedimientos de la entidad incluyen los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, el mantenimiento de registros y el seguimiento de las operaciones, y en caso afirmativo, en qué medida incluyen medidas razonables para verificar la identidad del titular o titulares reales de los clientes (es decir, personas jurídicas y disposiciones jurídicas) y comprender la propiedad y el control del cliente y las medidas aplicables si la entidad detecta una transacción sospechosa;
e) si la entidad aplica requisitos de diligencia debida reforzados, teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2015/849, en relación con los «terceros países de alto riesgo»; y
f) si la entidad aplica determinadas prohibiciones para proyectos en los que participen jurisdicciones consideradas como países de alto riesgo (25).
Por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ¿cuenta la entidad con políticas, controles y procedimientos adecuados para garantizar que las acciones financiadas por la UE no contribuyan al blanqueo de capitales ni a la financiación del terrorismo?
6.c.1.1.
¿Cuenta la entidad con políticas, controles y procedimientos adecuados para detectar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta los factores de riesgo, incluidos los relativos a clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de distribución?
6.c.1.2.
Cuando presta fondos de la UE a terceros, ¿aplica la entidad medidas de diligencia debida con respecto al cliente que incluyan:
a) la identificación de terceros y la comprobación de su identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;
b) la identificación del titular real y la adopción de medidas razonables para comprobar su identidad, de modo que la entidad tenga la seguridad de que sabe quién es el titular real; asimismo, en lo que respecta a las personas jurídicas, fondos fiduciarios, sociedades, fundaciones y estructuras jurídicas similares, la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de propiedad y control de terceros;
c) la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la índole prevista de la relación comercial;
d) la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación comercial, en particular mediante el control de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que se ajusten al conocimiento obligatorio que la entidad tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos, y la adopción de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga estén actualizados (26)?
Al aplicar esas medidas de diligencia debida con respecto al cliente, ¿aplica la entidad requisitos reforzados en materia de diligencia debida con respecto al cliente, en particular cuando se trata de:
— terceros países de alto riesgo reconocidos, teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2015/849;
— una relación bancaria transfronteriza con un organismo corresponsal de terceros países; o
— transacciones o relaciones comerciales en las que participan personas del medio político y otros casos de mayor riesgo detectados por la entidad?
Para las jurisdicciones consideradas como terceros países de alto riesgo, teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2015/849, ¿la entidad, al ejecutar un proyecto financiado por la UE:
a) detecta, en el proyecto y en las entidades pertinentes del proyecto, la presencia de las jurisdicciones consideradas como «terceros países de alto riesgo»;
b) aplica medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en las operaciones en las que participen «terceros países de alto riesgo»;
c) no participa en operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones con la consideración de terceros países de alto riesgo teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2015/849;
d) no aplica la letra c) solo si la acción se ejecuta físicamente en la misma jurisdicción y no presenta ninguna indicación de que la operación en cuestión contribuya al blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo, a la elusión fiscal, al fraude fiscal o a la evasión fiscal?
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la exclusión de terceros del acceso a la financiación por medio de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros (27)?
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
MARCO LEGAL Y REGULADOR
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la exclusión del acceso a la financiación?
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Están los siguientes criterios de exclusión integrados en las normas y procedimientos para la concesión de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros (28)?
¿Se excluye a los terceros de la financiación si ellos o la persona con poderes de representación, de decisión o de control sobre ellos, o un miembro de su órgano de administración, dirección o supervisión, han sido objeto de una sentencia firme o de una decisión administrativa definitiva por alguna de las siguientes razones (29)?
a) Concurso de acreedores, insolvencia o liquidación;
b) incumplimiento de obligaciones de pago de cotizaciones a la seguridad social o de impuestos;
c) falta profesional grave, incluidas las declaraciones falsas;
d) fraude;
e) corrupción;
f) conductas relacionadas con una organización delictiva;
g) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo;
h) delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas;
i) trabajo infantil y demás trata de seres humanos;
j) irregularidades (30);
k) constituir una sociedad ficticia;
l) ser una sociedad ficticia.
¿Existen excepciones a lo anterior basadas en motivos justificados, como:
— o razones imperiosas de interés público, como la salud pública o la protección del medio ambiente?
¿Se tiene en cuenta la proporcionalidad a la hora de decidir sobre la exclusión de la financiación?
¿Se tiene en cuenta el derecho de defensa a la hora de decidir sobre la exclusión de la financiación?
¿Se tiene en cuenta la evaluación de las medidas correctoras establecidas por la entidad para demostrar su fiabilidad a la hora de decidir la exclusión de la financiación?
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad efectivamente normas y procedimientos de exclusión (en la concesión de subvenciones/contratos públicos/instrumentos financieros, según proceda) sobre la base de los requisitos mencionados en el punto 2?
¿Aplica la entidad de forma efectiva normas y procedimientos de exclusión en la concesión de subvenciones?
¿Aplica la entidad de forma efectiva normas y procedimientos de exclusión en los procedimientos de contratación pública?
¿Aplica la entidad de forma efectiva normas y procedimientos de exclusión en relación con los instrumentos financieros?
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES DE FINANCIACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Publica la entidad la información sobre los perceptores de fondos de manera adecuada y oportuna?
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES DE FINANCIACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN
MARCO LEGAL Y REGULADOR: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la publicación de los perceptores que cubra: i) elementos de publicación adecuados de los beneficiarios; ii) una referencia a una norma internacional común que garantice la protección de los derechos fundamentales y de los intereses comerciales; y iii) actualizaciones periódicas de las publicaciones?
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES DE FINANCIACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN
REQUISITOS: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿se han integrado los siguientes requisitos en las normas y los procedimientos de publicación?
Como norma general, ¿publica la entidad información sobre los perceptores de fondos que contenga al menos los siguientes elementos? Nombre, localidad, naturaleza y finalidad e importe.
Sin perjuicio de las normas y procedimientos en materia de protección de datos contemplados en el pilar de protección de datos, ¿existen exenciones por motivos justificados como:
o que la entidad puede renunciar a la publicación por razones de confidencialidad y seguridad, por ejemplo si la publicación pudiera poner en peligro los derechos y la libertad de las personas o perjudicar el interés comercial del perceptor; o
o que la entidad puede renunciar a su publicación si los contratos son de escasa cuantía?
¿Publica la entidad regularmente la información (por ejemplo: al menos una vez al año)?
¿Publica la entidad la información adecuadamente sobre la base de normas internacionales comunes? ¿Cuáles (por ejemplo: IATI, OCDE)?
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES DE FINANCIACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE PUBLICACIÓN: preguntas/criterios
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad efectivamente normas y procedimientos en materia de publicación (en la concesión de subvenciones/contratos públicos/instrumentos financieros, según proceda) sobre la base de los requisitos mencionados en el punto 2?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de publicación en la concesión de subvenciones?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de publicación en los procedimientos de contratación pública?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de publicación en relación con los instrumentos financieros?
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PREGUNTA CLAVE (nivel 1)
Observaciones del auditor
¿Garantiza la entidad una protección de los datos de carácter personal equivalente a la que se recoge en el artículo 5 del Reglamento Financiero (31)?
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
MARCO LEGAL Y REGULADOR
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Cuenta la entidad con un marco legal y regulador claro para la protección de datos de carácter personal?
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
REQUISITOS
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Están los siguientes requisitos integrados en los procedimientos y normas de la protección de datos de carácter personal?
Como norma general, ¿son los datos de carácter personal:
— tratados de manera lícita, leal y transparente en el caso de la persona de que se trate;
— recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no son tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines;
— adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados;
— exactos y, cuando es necesario, se mantienen actualizados;
— conservados de forma que permita identificar a los individuos durante un período no superior al necesario para los fines para los que se someten a tratamiento;
— tratados de un modo que garantice una seguridad adecuada de los datos de carácter personal?
¿Incluyen los procedimientos y normas los siguientes principios:
— derecho a la información;
— derecho de acceso y rectificación o supresión de datos de carácter personal;
— derecho a la portabilidad de los datos;
— derecho a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas?
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PROCEDIMIENTOS
Observaciones de la entidad
Observaciones del auditor
Pregunta clave (nivel 2): ¿Aplica la entidad efectivamente normas y procedimientos (p. ej., medidas técnicas y organizativas adecuadas) para la protección de datos de carácter personal (en la concesión de subvenciones/contratos públicos/instrumentos financieros, según proceda) sobre la base de los requisitos mencionados en el punto 2?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de protección de datos de carácter personal en la concesión de subvenciones?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de protección de datos de carácter personal en los procedimientos de contratación pública?
¿Aplica la entidad de forma efectiva las normas y procedimientos en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los instrumentos financieros?
(1) La entidad/El auditor debe señalar SÍ o NO para indicar si el pilar está sujeto a evaluación.
(2) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(3) El sistema de anticipos es un tipo de sistema de contabilidad financiera. El sistema de anticipos más común es el sistema de caja menor. La característica fundamental de un sistema de anticipos es que se reserva un importe fijo y se repone posteriormente, al cabo de un cierto tiempo o cuando lo requieren las circunstancias, porque se han gastado dichos fondos. Este reaprovisionamiento procederá de otra cuenta; por ejemplo, la caja menor se repondrá ingresando un cheque con cargo a una cuenta bancaria.
(4) Una gestión eficaz de las nóminas debe estar respaldada por una base de datos sobre el personal (en algunos casos denominada «lista nominal» y que no tiene que estar necesariamente informatizada), que proporcione una lista de todo el personal al que hay que pagar cada mes y que pueda verificarse con una lista aprobada del personal y los expedientes individuales del personal (o archivos de personal). La vinculación entre la base de datos sobre el personal y la nómina constituye un elemento de control clave. Toda modificación necesaria que se introduzca en la base de datos sobre el personal debe reflejarse oportunamente en un informe de cambios, y debe plasmarse en una pista de auditoría. Deben realizarse auditorías de nóminas periódicamente para detectar la existencia de trabajadores fantasma y deficiencias en el control y para suplir los datos que falten.
(5) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(6) De conformidad con el artículo 209, apartado 4, del RF.
(7) El término «beneficiarios de subvenciones» debe entenderse en un sentido amplio, es decir, puede abarcar también a países socios/beneficiarios y a los socios de ejecución de la entidad.
(8) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros y a los fondos de la UE también abarca las garantías presupuestarias.
(9) Para las organizaciones que no aplican todavía las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP), se acordó que la información financiera pueda ajustarse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
(10) A veces, las instituciones financieras internacionales también trabajan a través de organismos del país socio (fondos nacionales) que se asimilan a los intermediarios financieros.
(11) Aplicable solo en el caso de que la entidad pretenda solicitar una garantía presupuestaria de la UE.
(12) La función de verificación del cumplimiento también se considera parte de la segunda línea de defensa.
(13) Es decir, cuándo utilizar la firma de una sola autoridad, de autoridades duales o conjuntas o de un comité de crédito/inversión dependiendo del tamaño y la naturaleza de la operación.
(14) Por ejemplo, revisión de la evidencia que respalda el diseño de modelos, las pruebas retrospectivas, la evaluación comparativa y la evaluación del poder discriminatorio de las calificaciones.
(15) La entidad puede aprobar este pilar incluso si la puntuación asignada a esta sección no alcanza el mínimo, si bien se la someterá medidas de supervisión que se aplicarán a nivel contractual, según proceda.
(16) El marco regulador y de la política fiscal de la UE incluye, en particular y sujeto a la evolución legislativa: el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO C 2 de 6.1.1998, p. 2); la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 345 de 29.12.2011, p. 8); la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO L 157 de 26.6.2003, p. 49); la Recomendación 2012/772/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva (DO L 338 de 12.12.2012, p. 41); la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1); el Paquete de lucha contra la elusión fiscal de la Comisión: próximos pasos para lograr una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal en la UE [COM(2016) 23]; la Recomendación (UE) 2016/136 de la Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la aplicación de medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales (DO L 25 de 2.2.2016, p. 67); la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1); y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 12 de febrero, 8 de marzo, 25 de mayo, 17 de junio, 8 de noviembre y 5 de diciembre de 2016, 5 de diciembre de 2017 y 23 de enero y 13 de marzo de 2018.
Esta información puede consultarse en: Política de la UE sobre países y territorios no cooperadores en materia tributaria (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en); Paquete de lucha contra la elusión fiscal (sitio web de la Comisión: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en; sitio web del Consejo: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/anti-tax-avoidance-package/); la política de la UE contra la competencia fiscal perniciosa (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/harmful-tax-competition_en), incluido el trabajo del Grupo «Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas» (sitio web del Consejo: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/); la labor de la UE en materia de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en); en materia de transparencia para los intermediarios (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-intermediaries_en); y el marco regulador de la UE en materia de fiscalidad (http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html?root_default=CC_1_CODED%3D09&displayProfile=lastConsDocProfile&classification=in-force#arrow_09).
(17) Véase, en particular, la sección IV (1) 1.2 de la Comunicación de la Comisión [C(2018) 1756 de 21.3.2018].
(18) Esto significaría, por ejemplo, analizar si los beneficios obtenidos se gravan con arreglo a las normas estándar aplicables (si no, váyase al nivel de la siguiente entidad), y si los beneficios canalizados se gravan con arreglo a las normas estándar aplicables (si no, vayan al nivel de la siguiente entidad, hasta los titulares reales últimos, en su caso). Sin embargo, una vez que se establezca una imposición efectiva para un flujo financiero determinado, no es necesario disponer de más evidencia sobre la imposición de este flujo.
(19) Esto podría incluir, por ejemplo, pruebas de la justificación económica de una estructura, el fondo de las distintas entidades (véase, por ejemplo, p. 125 y siguientes http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10421-2018-INIT/en/pdf, y http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5814-2018-REV-3/en/pdf), y el impacto fiscal de la estructuración.
(20) La presencia de las jurisdicciones incluidas en el anexo II de las Conclusiones del Consejo de la UE en la estructura de una operación debe dar lugar a un examen caso por caso y requerir especial atención para garantizar que las preocupaciones que estas jurisdicciones se han comprometido a abordar para cumplir los criterios de buena gobernanza fiscal no se exploten en proyectos financiados con fondos de la UE. Estas preocupaciones pueden referirse a cualquiera de los criterios mencionados en el anexo V de las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017, a saber: i) transparencia e intercambio de información, ii) fiscalidad justa (incluido el criterio 2.2) y iii) normas BEPS. Por ejemplo, los flujos financieros de proyectos financiados con fondos de la UE no deben beneficiarse de regímenes fiscales perniciosos que una jurisdicción se haya comprometido a suprimir. Del mismo modo, cuando una jurisdicción no cumpla aún los criterios de transparencia a causa de mecanismos insuficientes de intercambio de información con los Estados miembros de la UE, debe comprobarse si la información fiscal no notificable en los flujos financieros del proyecto puede impedir la imposición efectiva de este flujo financiero.
(21) La única excepción permitida en virtud del Reglamento Financiero de la UE es la excepción para la ejecución física. Al aplicar esta excepción, la entidad debe evaluar la ubicación física del proyecto (p. ej., a través de una prueba adecuada de la sustancia económica) y si existe una indicación de que el proyecto en cuestión contribuye a la elusión fiscal.
(22) Es decir, las jurisdicciones incluidas en el anexo II de las Conclusiones del Consejo de la UE.
(23) La entidad puede aprobar este pilar incluso si la puntuación asignada a esta sección no alcanza el mínimo, sin perjuicio de las medidas de supervisión que se aplicarán a nivel contractual, según proceda.
(24) Conforme al Reglamento (UE) 2015/847 y la Directiva (UE) 2015/849.
(25) Teniendo en consideración la Directiva (UE) 2015/849.
(26) Teniendo en consideración la Directiva (UE) 2015/849.
(27) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros y a los fondos de la UE abarca las garantías presupuestarias.
(28) Si la entidad aplica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (artículo 57), o la normativa nacional de transposición de dicha Directiva, la protección de los intereses financieros de la UE se considerará equivalente a las normas, políticas y procedimientos de la Unión.
(29) La Directiva 2014/24/UE (por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE) se considerará equivalente al Reglamento Financiero de la UE. Por lo tanto, esta sección puede ser controlada a la luz de los sistemas, normas y procedimientos de aplicación de la Directiva mencionada o de la normativa nacional que transpone la citada Directiva.
(30) No aplicable a los instrumentos financieros.
(31) Sin perjuicio del Reglamento (UE) 2018/1725 y el Reglamento (UE) 2016/679.
Anexo 3
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
3.1. Documentación y evidencia de la evaluación
1) Documentación y evidencia de la evaluación (documentos de trabajo)
El auditor deberá, de conformidad con la ISAE 3000, preparar documentación que contenga:
— un registro suficiente y adecuado de la base del informe del auditor; y
— evidencia de que la evaluación se ha planificado y realizado de conformidad con la ISAE 3000 y los requisitos legales y reguladores aplicables.
Se entiende por «documentación» o «documentos de trabajo»: el registro de los procedimientos de evaluación efectuados, la evidencia pertinente obtenida y las conclusiones alcanzadas por el auditor. Un «expediente de evaluación» se refiere a una o más carpetas u otros medios de almacenamiento, en forma física o electrónica, que contengan los registros que incluyen la documentación de evaluación o documentos de trabajo para un encargo específico.
2) Evidencia
El auditor deberá, de conformidad con la ISAE 3000, asegurarse de que se recabe evidencia que respalde la conclusión y evidencia de que la evaluación se ha llevado a cabo de conformidad con el Marco Internacional sobre Encargos de Fiabilidad y las Normas Internacionales sobre Encargos de Fiabilidad (ISAE) 3000 para encargos de fiabilidad distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica.
El auditor deberá obtener evidencia suficiente para sustentar las conclusiones de la evaluación y extraer conclusiones razonables sobre las que basar las conclusiones de la evaluación. El auditor se fiará de su criterio profesional para determinar si la evidencia es adecuada y suficiente.
3) Conservación de la documentación de evaluación (documentos de trabajo) <El órgano de contratación puede suprimir o adaptar esta parte como lo considere oportuno.>
El auditor deberá conservar la documentación del encargo (incluida la evidencia sobre los honorarios y gastos tales como facturas de hotel, tarjetas de embarque en el avión, billetes de transporte, hojas de tiempo trabajado, etc.) para su inspección por el órgano de contratación durante un período de 5 años a partir de la fecha de pago por el órgano de contratación de la factura final del auditor para dicho encargo. Previa solicitud y de conformidad con la legislación del país en el que tenga su sede la oficina responsable de la evaluación, el órgano de contratación deberá tener acceso a la documentación de la evaluación en este período de 5 años.
4) Acceso a los registros y documentos de la entidad
El auditor debe tener acceso pleno y sin restricciones en todo momento a todos los registros y documentos (incluidos los registros contables, los contratos, las actas de las reuniones, los registros bancarios, las facturas, etc.), a los empleados y a los locales de la entidad en la medida en que sea posible y pertinente para la evaluación. El auditor puede pedir a la entidad el acceso a sus bancos (p. ej., para solicitar una confirmación bancaria), consultores y otros, o a empresas que haya contratado.
3.2. Planificación
1) Reunión preparatoria con la entidad
La entidad acuerda normalmente una reunión preparatoria con el auditor. Esta reunión tendrá lugar en la sede de la entidad o en otro lugar, dependiendo de lo que sea más adecuado y conveniente para ambas partes. El objetivo de esta reunión es debatir la planificación de la evaluación, el trabajo sobre el terreno y la presentación de informes, así como aclarar las cuestiones pendientes. La entidad y el auditor pueden acordar métodos alternativos para preparar la evaluación (p. ej., teleconferencias). Durante la reunión preparatoria, el auditor podrá solicitar la información y los documentos adicionales que considere necesarios o útiles para la planificación de la evaluación y el trabajo sobre el terreno.
La entidad deberá informar a la Comisión sobre esta reunión, a la que pueden asistir representantes de la Comisión.
2) Actividades de planificación, plan de evaluación y programas de trabajo de evaluación
El auditor debe planificar la evaluación de manera que se lleve a cabo con eficacia y eficiencia. Una planificación adecuada implica prestar una atención adecuada a ámbitos de evaluación importantes, detectar y resolver rápidamente los problemas potenciales, y organizar y gestionar adecuadamente la evaluación para que sea eficaz y eficiente.
El auditor deberá disponer de un plan de evaluación (o de un documento de planificación similar, como un plan de trabajo de evaluación o una nota de planificación) que documente el enfoque de evaluación y los principios clave de planificación, trabajo sobre el terreno y elaboración de informes. El auditor deberá disponer de programas de trabajo de evaluación que detallen y documenten las pruebas y procedimientos de evaluación.
3.3. Trabajo sobre el terreno
1) Obtención de evidencia sobre el diseño de sistemas, controles, procedimientos y normas
Esta labor debe incluir una evaluación del diseño de los sistemas, controles, procedimientos y normas pertinentes para el pilar de que se trate.
Los procedimientos para la obtención de evidencia sobre el diseño de sistemas, controles, procedimientos y normas podrán incluir:
— hablar con los miembros del personal de la entidad que puedan disponer de información pertinente;
— evaluar si las descripciones, cuando estén disponibles, presentan fielmente los sistemas, controles, procedimientos y normas que han sido diseñados y aplicados por la entidad;
— inspeccionar documentos legales y reguladores (p. ej., leyes, reglamentos, contratos y acuerdos), instrucciones internas y directrices (p. ej., normas de funcionamiento, manuales de control interno, etc.) y cualquier otro documento que el auditor considere pertinente;
— observar operaciones e inspeccionar documentos, informes, registros impresos y electrónicos del tratamiento de las transacciones, procedimientos contables (p. ej., conciliación bancaria) y otros procedimientos fundamentales de aprobación y control interno (p. ej., informes periódicos sobre el gasto, comparaciones con el presupuesto, revisión y aprobación de fichas horarias, etc.), documentos relativos a, p. ej.: i) el marco regulador para la auditoría externa de la entidad; ii) procedimientos de concesión de subvenciones y de contratación pública; e iii) instrumentos financieros y operaciones con instrumentos financieros; y
— repetir controles y procedimientos.
El auditor puede utilizar diagramas o cuestionarios para facilitar la evaluación del diseño de los controles, procedimientos y normas.
2) Pruebas de sistemas, controles y procedimientos
Esta labor debe incluir una evaluación sobre si los sistemas, controles, procedimientos y normas pertinentes están funcionando de manera eficazmente.
Un sistema, control, procedimiento o norma funciona eficazmente si, individualmente o en combinación con otros sistemas, controles, procedimientos o normas, ofrece garantías razonables de que:
— se alcanzan los objetivos de la entidad (p. ej., los objetivos del sistema de control interno o de un procedimiento de concesión de subvenciones o de contratación pública) y, en particular, se gestionan y controlan adecuadamente los riesgos para la consecución de los objetivos;
— los riesgos de error, irregularidades y fraude se previenen, detectan y corrigen de forma adecuada y rápida.
Al diseñar y llevar a cabo pruebas de los controles, el auditor deberá:
— llevar a cabo otros procedimientos además de las investigaciones para obtener evidencia sobre:
— cómo funciona un sistema o cómo se ha aplicado un control, procedimiento o norma;
— la coherencia con la que funcionó el sistema o se aplicó un control, procedimiento o control; y
— por qué medios se aplicaron los controles, procedimientos o normas, o quién los aplicó;
— determinar los medios para seleccionar los elementos de prueba que sean eficaces a la hora de cumplir los objetivos del procedimiento.
Al determinar el alcance de las pruebas de los controles, procedimientos o normas, el auditor debe tener en cuenta factores tales como las características de la población que se va a someter a prueba, la naturaleza de los controles, procedimientos y normas, la frecuencia de su aplicación (por ejemplo, mensual, diaria, varias veces al día) y el índice de desviación esperado.
Las pruebas de los controles, procedimientos y normas podrán incluir, entre otras cosas, la inspección (de registros, documentos y activos), la observación, la entrevista de la dirección y otras personas dentro de la entidad, la confirmación, el nuevo cálculo y la repetición de determinados procedimientos.
3) Toma de muestras y otros métodos de selección de elementos para la realización de pruebas
Al diseñar y realizar las pruebas de los sistemas, controles, procedimientos y normas, el auditor podrá recurrir al muestreo u otras formas de seleccionar los elementos que se someterán a prueba. El muestreo implica la aplicación de los procedimientos a menos del 100 % de los elementos pertinentes para la evaluación (p. ej., una selección de transacciones o saldos en cuentas) de manera que todas las unidades de muestreo tengan posibilidades de ser seleccionadas. Esto proporcionará al auditor una base razonable para extraer conclusiones sobre el conjunto de la población.
El muestreo puede adoptar un enfoque estadístico o no estadístico. El auditor podrá utilizar una selección bien fundamentada de artículos específicos procedentes de una población (p. ej., elementos de alto valor o elementos clave, todos los elementos por encima de un determinado importe, elementos para obtener información o elementos para las actividades de control o los procedimientos o las normas). El examen selectivo no constituye un muestreo.
Si bien el examen selectivo de los elementos específicos será a menudo un medio eficiente de obtención de evidencias, no constituye un muestreo. Los resultados de los procedimientos aplicados a los elementos seleccionados de esta forma no pueden proyectarse o extrapolarse a toda la población. En consecuencia, el examen selectivo de elementos específicos no aporta evidencia sobre el resto de la población. El muestreo, por otra parte, está concebido para permitir extraer conclusiones de la totalidad de la población sobre la base de pruebas de una muestra.
4) Utilización del trabajo de los auditores internos
Cuando el auditor determine que es probable que una función de auditoría interna sea pertinente para la evaluación, determínese: a) si pueden utilizarse los trabajos específicos de los auditores internos y en qué medida; y b) si se utiliza el trabajo específico de los auditores internos, independientemente de que ese trabajo sea adecuado para los fines de la auditoría. El auditor deberá cumplir la NIA 610 «Utilización del trabajo de los auditores internos» en la medida en que esta NIA sea pertinente para la evaluación.
5) Declaraciones por escrito
En los encargos de fiabilidad distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica (ISAE 3000), el auditor debe obtener declaraciones de la dirección. Mediante las declaraciones por escrito la dirección facilita al auditor la confirmación de determinadas cuestiones o refuerza otra evidencia de evaluación.
El auditor podrá solicitar una carta de declaración firmada por el miembro o los miembros de la dirección de la entidad que sean los principales responsables de los sistemas, controles, procedimientos y normas de la entidad.
6) Memorándum informativo («Notas explicativas»)
El auditor preparará una nota informativa para que se examine en la reunión de cierre. La nota debe resumir los principales resultados de la evaluación que se han derivado del trabajo sobre el terreno y las recomendaciones. Deberá enviarse una copia de la nota al gestor de tareas de auditoría del órgano de contratación.
7) Reunión de cierre
El auditor deberá organizar una reunión de cierre con la entidad. La entidad deberá informar a la Comisión sobre esta reunión, a la que pueden asistir representantes de la Comisión.
El objetivo de esta reunión es debatir la nota informativa y obtener la confirmación de la entidad y las observaciones iniciales sobre los resultados y las recomendaciones del auditor. El auditor y la entidad pueden acordar la información pendiente que debe facilitar la entidad y, en su caso, un plazo de presentación. El auditor podrá también informar a la entidad sobre los posteriores procedimientos de elaboración de informes. El auditor deberá documentar todas las observaciones (verbales y escritas) realizadas por la entidad y por representantes de la Comisión y tenerlas en cuenta para el informe de evaluación.
3.4. Presentación de informes
1) Requisitos básicos relativos al informe y su lengua
El auditor debe comunicar los resultados de la evaluación de acuerdo con el Marco Internacional para Encargos de Fiabilidad de la IFAC y la ISAE 3000, las prácticas de su sociedad de auditoría y los requisitos del presente mandato.
El informe deberá ser objetivo, claro, sucinto, fiel a los plazos preestablecidos y constructivo.
El informe deberá redactarse en la lengua que se indica en el punto 6.4 del mandato. Si dicha lengua no es ni inglés ni francés, el auditor deberá facilitar un resumen del informe en una de estas dos lenguas.
2) Fecha del informe de evaluación
La fecha del borrador de informe y del informe provisional debe ser la fecha en que estos informes se envían para consulta. La fecha de la portada del informe de evaluación final debe ser la fecha en la que se firme dicho informe.
Deben tenerse en cuenta los hechos y acontecimientos que hayan llegado a la atención del auditor antes de que se firme el informe final y que tengan un impacto en las conclusiones de dicho informe. No obstante, el auditor no tiene obligación alguna de consultar a la dirección de la entidad ni de seguir adelante con otros procedimientos después de la reunión de cierre y antes de la firma del informe final.
3) Procedimiento para la consulta y presentación del borrador de informe <El órgano de contratación puede adaptar esta parte como considere conveniente, ya que el texto propuesto se basa en los procedimientos de la Comisión. Atención: deberán mantenerse las partes en las que se consulta o se informa a la Comisión.>
El auditor presentará un borrador de informe al órgano de contratación en los <21> días naturales siguientes a la fecha de la reunión de cierre (es decir, el fin del trabajo sobre el terreno). El borrador de informe debe incluir las observaciones de la entidad en la medida en que ya se hayan obtenido durante el trabajo sobre el terreno de la evaluación y la reunión de cierre.
Las versiones en papel y electrónica del borrador de informe deberán ir acompañadas de una carta de presentación. En todas las versiones deberá figurar claramente la palabra «borrador».
La entidad podrá enviar una copia del borrador de informe de evaluación por pilares a la Comisión Europea para recabar la opinión de la Comisión sobre algunos elementos específicos del borrador de informe (1).
El órgano de contratación debe presentar sus observaciones al auditor en el plazo de 21 días naturales a partir de la recepción del borrador de informe.
El auditor deberá presentar al órgano de contratación un borrador de informe revisado que tenga en cuenta las observaciones recibidas en el plazo de <7> días naturales a partir de la recepción de las observaciones.
El órgano de contratación debe presentar sus observaciones al auditor en el plazo de <21> días naturales a partir de la recepción del borrador de informe.
4. Procedimiento para la consulta y presentación del informe final <El órgano de contratación puede adaptar esta parte como considere conveniente, ya que el texto propuesto se basa en los procedimientos de la Comisión. Atención: deberán mantenerse las partes en las que se consulta o se informa a la Comisión.>
Si no se requiere ningún trabajo sobre el terreno adicional, el auditor debe presentar un informe provisional al órgano de contratación en un plazo de <7> días naturales a partir de la recepción de las observaciones sobre el borrador de informe. La palabra «provisional» deberá figurar en la portada del informe provisional. El órgano de contratación debe informar al auditor por escrito sobre si acepta el informe provisional en el plazo de <14> días naturales desde la recepción del informe provisional.
El auditor deberá presentar un informe final en un plazo de <7> días naturales a partir de la recepción de las observaciones al informe provisional.
El auditor deberá presentar a continuación una versión original en papel y una versión electrónica del informe final, junto con una nota de transmisión a la entidad.
Los informes deberán presentarse con membrete del auditor. En todas las versiones deberá figurar claramente la palabra «final». El auditor también deberá enviar una versión electrónica del informe final (es decir, una copia escaneada en formato PDF del informe final firmado y fechado con membrete del auditor) a la entidad.
El plazo transcurrido entre la reunión de cierre y la presentación del informe final de evaluación al órgano de contratación no deberá superar los <105> días naturales o las <15> semanas.
El auditor deberá enviar a la Comisión Europea un ejemplar electrónico y una copia en papel del informe final de la evaluación por pilares, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección General de […]
Unidad de Auditoría y Control
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) Esto se hará sin perjuicio de las medidas que, en materia de supervisión, vaya a tomar la Comisión, de conformidad con el artículo 154, apartado 5, del Reglamento Financiero.
Anexo 4
INFORME DE LA EVALUACIÓN POR PILARES
< MEMBRETE DEL AUDITOR>
INFORME [BORRADOR, PROVISIONAL O FINAL]
[fecha]
< para el informe final, es la fecha en la que se firma el informe final del auditor independiente; en el caso del borrador de informe o el informe provisional, es la fecha en que el informe se envía para consulta >
EVALUACIÓN POR PILARES
DE [NOMBRE DE LA ENTIDAD]
Entidad objeto de evaluación:
[Nombre de la entidad]
[País de establecimiento de la entidad]
Auditor:
[Firma del auditor y de la oficina responsable de la evaluación]
Período objeto de evaluación:
[fecha] a [fecha] [debería ser normalmente un año] (período de 12 meses), que finalizará el día de inicio del trabajo sobre el terreno (procedimientos in situ ) de la evaluación]
Fecha del trabajo sobre el terreno de la evaluación:
[fecha] a [fecha]
Informe de fiabilidad independiente
Resumen
Contexto del encargo
Sistema de control interno
Sistema contable
Auditoría externa independiente
Subvenciones
Contratación pública
Instrumentos financieros
Exclusión del acceso a la financiación
Publicación de información sobre los perceptores
Protección de datos de carácter personal
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DEL PRESENTE MODELO DE INFORME
Este modelo de informe de evaluación por pilares ofrece un formato y estructura de informe para el auditor e incluye directrices sobre el contenido de las secciones del informe.
— Todo el sombreado en gris en <cursiva> es una directriz que debe suprimirse.
— El texto que sin sombreado gris puede ser utilizado por el auditor para la redacción de su informe. El auditor puede modificar el texto según lo considere oportuno, a excepción del texto prescrito del informe del auditor independiente.
El texto y la redacción prescritos del informe de fiabilidad del auditor independiente deben respetarse en todo momento y no pueden modificarse.
Esta página de instrucciones debe suprimirse del informe.
INFORME DE FIABILIDAD INDEPENDIENTE
Evaluación por pilares
[Nombre y dirección de la entidad]
Hemos llevado a cabo una evaluación por pilares («evaluación») de [nombre]; la «entidad» El objetivo de la evaluación es ofrecer a la Comisión Europea una garantía razonable de que la entidad cumple los requisitos establecidos en el artículo 154, apartado 4, letras a) a f), del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Comisión Europea y en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Financiero aplicable al Fondo Europeo de Desarrollo con respecto a los siguientes pilares:
1. Sistema de control interno
2. Sistema contable
3. Auditoría externa independiente
4. Subvenciones <suprimir si no procede>
5. Contratación pública <suprimir si no procede>
6. Instrumentos financieros (1) <suprimir si no procede>
7. Exclusión del acceso a la financiación
8. Publicación de información sobre los perceptores
9. Protección de datos de carácter personal
A continuación se exponen el alcance de nuestro trabajo y nuestras conclusiones para cada uno de los pilares.
Responsabilidades respectivas de la dirección de la entidad y del auditor
La dirección de la entidad es responsable de garantizar que los sistemas, controles, normas y procedimientos relacionados con los pilares se ajustan a las normas internacionalmente aceptadas y se atienen a los criterios establecidos por la Comisión Europea para cada pilar. La dirección de la entidad también es responsable de facilitar al auditor la información, los documentos y el acceso a los sistemas y al personal de la entidad, en la medida necesaria y pertinente para la presente evaluación.
Nuestra responsabilidad es evaluar los sistemas implantados y los controles, normas y procedimientos aplicados por la entidad para cada pilar en función de los criterios de cada pilar y comunicar nuestras constataciones de conformidad con el mandato para esta evaluación.
Este mandato especifica que debemos llevar a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma Internacional para Encargos de Fiabilidad 3000 (emitida por la Federación Internacional de Contables), sobre «encargos de fiabilidad distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica», en la medida en que esta norma puede aplicarse en el contexto específico de esta evaluación por pilares. Esta norma nos obliga a observar las normas éticas aplicables en la realización de nuestro trabajo.
Ámbito del trabajo para todos los pilares
Nuestro encargo incluye una evaluación de cada pilar y de los sistemas establecidos y de los controles, normas y procedimientos aplicados por la entidad.
Dependiendo de los requisitos del pilar en cuestión, nuestra evaluación ha abarcado el diseño o la eficacia de diseño y funcionamiento de los sistemas, controles, procedimientos y normas pertinentes.
Nuestra evaluación consistió en comparar la información y los datos factuales relativos a los sistemas, controles, normas y procedimientos a la luz de los criterios de la Comisión. Estos criterios y los niveles de importancia (materialidad) se establecen en el capítulo 2.3 de nuestro informe detallado.
A fin de determinar qué es una insuficiencia o deficiencia material de los sistemas, controles, normas y procedimientos, hemos tenido en cuenta los criterios y los niveles de importancia definidos por la Comisión, ya que estos factores pueden influir en la decisión de la Comisión de confiar a la entidad tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta.
Esta evaluación ha analizado principalmente los sistemas, controles, normas y procedimientos que existen para las operaciones regulares de la entidad. Las conclusiones de esta evaluación no se refieren a acciones, proyectos, contratos o acuerdos específicos, ni presentes ni futuros.
Debido a sus limitaciones inherentes, el control interno y otros sistemas, normas y procedimientos no garantizan que puedan prevenir o detectar errores. Asimismo, las proyecciones de esta evaluación histórica de la concepción y la eficacia de los sistemas, controles, normas y procedimientos de los futuros periodos están sujetas al riesgo de que estos sistemas, controles, normas y procedimientos acaben siendo inadecuados debido a cambios en las condiciones, o a que el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos pueda verse afectado.
Hemos tenido en cuenta toda la evidencia disponible que se nos han presentado durante los trabajos sobre el terreno, que finalizamos el [fecha de la reunión de cierre], incluidas las observaciones posteriores y la información de la entidad y de la Comisión Europea hasta la fecha del presente informe.
Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para respaldar la conclusión que se expone a continuación.
PILAR 1 – SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad ha establecido y garantizado el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico. Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa del sistema de control interno.
Nuestro trabajo se ha centrado en los componentes de control interno que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad ha establecido y garantizado el funcionamiento, en todos los aspectos materiales, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado, en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias del sistema de control interno.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la materialidad de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad ha establecido y garantizado el funcionamiento, en todos los aspectos materiales, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 2 – SISTEMA CONTABLE
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad utiliza un sistema contable que proporciona información exacta, completa, fiable y puntual. Los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa del sistema de contabilidad.
Nuestro trabajo se ha centrado en los aspectos y componentes del sistema de contabilidad que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad utiliza un sistema contable que ofrece en, en todos los aspectos importantes, información precisa, completa, fiable y rápida en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias del sistema contable.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la materialidad de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no utiliza un sistema contable que ofrezca, en todos los aspectos materiales, información exacta, completa, fiable y rápida en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
Nuestro encargo incluye una evaluación para saber si la entidad está sujeta a una auditoría externa independiente realizada por un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad de que se trate de conformidad con las normas de auditoría aceptadas internacionalmente. Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño del marco de la auditoría externa a la que la entidad está sujeta.
Nuestro trabajo se ha centrado en aquellos aspectos y componentes del marco para una auditoria externa independiente que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad está sujeta a una auditoría externa independiente, que debe realizarse, en todos sus aspectos materiales, por un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad, respecto de todos los aspectos materiales y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las carencias materiales y las carencias en el marco para una auditoría externa independiente.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la importancia de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no está sujeta a una auditoría externa independiente, que debe realizarse, en todos sus aspectos materiales, por un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad, respecto de todos los aspectos materiales y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 4 – SUBVENCIONES
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de subvenciones. Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa del sistema de concesión de subvenciones.
Nuestro trabajo se ha centrado en los componentes y aspectos del sistema de concesión de subvenciones que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados en todos los aspectos materiales para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de subvenciones y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias del sistema de concesión de subvenciones.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la materialidad de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE mediante subvenciones y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 5 – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de la contratación pública. Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa del sistema de contratación pública.
Nuestro trabajo se ha centrado en los componentes y aspectos del sistema de contratación pública que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados en todos los aspectos materiales para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de la contratación pública y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias del sistema de contratación pública.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la materialidad de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE mediante contratación pública y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2)
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de instrumentos financieros. Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa de los instrumentos financieros utilizados por la entidad.
Nuestro trabajo se ha centrado en los componentes y aspectos de los instrumentos financieros utilizados por la entidad que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados en todos los aspectos materiales para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE a través de instrumentos financieros y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias en los instrumentos financieros utilizados por la entidad.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la materialidad de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE mediante instrumentos financieros en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para la exclusión del acceso de terceros a la financiación.
Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa de las medidas adoptadas por el sistema con este propósito.
Nuestro trabajo se ha centrado en aquellos motivos de exclusión y medidas adoptadas por la entidad que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para la exclusión de terceros del acceso a la financiación en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias en el sistema de exclusión de la entidad.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la importancia de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados en relación con la exclusión de terceros del acceso a la financiación en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
Nuestro encargo incluye una evaluación de si la entidad hace pública la información sobre los perceptores de fondos de forma adecuada y a su debido tiempo.
Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa de las medidas adoptadas por el sistema con este propósito.
Nuestro trabajo se ha centrado en aquellos requisitos que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para hacer pública de manera adecuada y a tiempo la información sobre los perceptores de los fondos en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias del sistema que emplea la entidad para la publicación de información sobre los perceptores.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la importancia de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados para hacer pública de manera adecuada y a tiempo la información sobre los perceptores de los fondos en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Nuestro encargo incluye una evaluación sobre si la entidad garantiza una protección de los datos de carácter personal equivalente a la que se recoge en el artículo 5 del Reglamento Financiero.
Por consiguiente, los procedimientos que emprendimos cubrían el diseño y la eficacia operativa de las medidas adoptadas por el sistema con este propósito.
Nuestro trabajo se ha centrado en aquellos requisitos y medidas adoptadas por la entidad que la Comisión considera importantes y que se detallan en los cuestionarios de evaluación.
Conclusión
<redacción que debe utilizarse para una conclusión positiva; suprimir esta parte si no procede>
En términos generales, en nuestra opinión y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad aplica normas y procedimientos adecuados para garantizar la protección de los datos de carácter personal en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
<redacción que debe utilizarse para una conclusión negativa; suprimir esta parte si no procede>
Nos dirigimos a usted en relación con las constataciones expuestas en la sección 1.3 «Resumen de las constataciones» de nuestro informe detallado en el que se exponen las deficiencias materiales y las carencias en el sistema de exclusión de la entidad.
En términos generales, en nuestra opinión y dada la importancia de los asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y sobre la base del trabajo realizado hasta ahora, la entidad no aplica normas y procedimientos adecuados en relación con la protección de los datos de carácter personal en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea.
Distribución y uso
La entidad ha solicitado este informe, que está destinado exclusivamente a la información y el uso de la entidad y de la Comisión Europea.
Firma de los auditores <persona o sociedad o ambos, según proceda>.
Nombre del auditor firmante <persona o sociedad o ambos, según proceda>.
Dirección del auditor <oficina responsable de la auditoría>.
Fecha de la firma <no se debe utilizar en el caso de los borradores de informe. Fecha de firma del informe final.>
1. RESUMEN
1.1. Conclusiones
A continuación se presenta un resumen de nuestras conclusiones para cada pilar.
CONCLUSIÓN
Sistema de control interno
¿Ha establecido la entidad, y garantiza el funcionamiento en todos los aspectos materiales, de un sistema de control interno eficaz, eficiente y económico y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Sistema contable
¿Utiliza la entidad utiliza un sistema contable que ofrezca en, en todos los aspectos materiales, información exacta, completa, fiable y rápida en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Auditoría externa independiente
¿Está sujeta la entidad a una auditoría externa independiente, que debe realizar un servicio de auditoría funcionalmente independiente de la entidad, respecto de todos los aspectos materiales y en consonancia con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Subvenciones
SÍ/NO/N.A.
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE por medio de subvenciones y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
CONTRATACIÓN PÚBLICA
SÍ/NO/N.A.
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE por medio de contratos públicos y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Instrumentos financieros
SÍ/NO/N.A.
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados, en todos los aspectos materiales, para proporcionar financiación con cargo a los fondos de la UE por medio de instrumentos financieros y en consonancia con los criterios establecidos por la Comisión Europea?
Más concretamente, ¿aplica la entidad normas y procedimientos adecuados en relación con:
el sistema de gestión del riesgo de crédito y uso de un sistema interno de clasificación de riesgos?
SÍ/NO/N.A.
la evasión fiscal y los territorios no cooperadores?
SÍ/NO/N.A.
la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo?
SÍ/NO/N.A.
Exclusión del acceso a la financiación
SÍ/NO/N.A.
¿Aplica la entidad normas y procedimientos adecuados a la exclusión de terceros del acceso a la financiación por medio de contratos públicos, subvenciones y/o instrumentos financieros?
SÍ/NO/N.A.
Publicación de información sobre los perceptores
SÍ/NO/N.A.
¿Hace pública la entidad la información sobre los perceptores de fondos de forma adecuada y en un plazo razonable?
SÍ/NO/N.A.
Protección de datos de carácter personal
SÍ/NO/N.A.
¿Garantiza la entidad una protección de los datos de carácter personal equivalente a la que se recoge en el artículo 5 del Reglamento Financiero (3)?
SÍ/NO/N.A.
1.2. Hoja de Ruta
<Extensión sugerida de la hoja de ruta: máximo de 2 páginas>
Hemos llegado a la conclusión de que la entidad no cumple plenamente los requisitos del pilar/de los pilares [especificar el pilar o pilares].
Hemos detectado deficiencias y carencias significativas en … <describa brevemente las principales deficiencias y carencias del pilar o pilares afectados de acuerdo con las constataciones de la sección 1.3>.
Hemos formulado una serie de recomendaciones críticas para corregir estas deficiencias clave <describa brevemente las recomendaciones críticas para el pilar o pilares en cuestión, de conformidad con las recomendaciones de la sección 1.3>.
Sugerimos que la entidad aplique estas recomendaciones para que pueda ser admisible para tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta confiadas por la Comisión Europea.
A tal fin, proponemos un plan de acción, es decir, una hoja de ruta que incluye un calendario para abordar y subsanar las deficiencias y carencias. Esta hoja de ruta, que incluye el calendario para la aplicación de las medidas propuestas, se ha debatido y acordado con la entidad <La hoja de ruta debe acordarse, en la medida de lo posible, con la entidad antes de la emisión del informe final del auditor. Si esto no es posible, deberán explicarse claramente las razones>.
Hoja de ruta
<Describa aquí la hoja de ruta abordando los siguientes aspectos clave para cada pilar afectado:
— una breve descripción de las principales constataciones, es decir, las deficiencias y carencias importantes en los sistemas, controles, procedimientos y normas;
— una breve descripción del plan de acción propuesto para subsanar estas deficiencias o carencias.
El plan de acción debe establecer claramente qué medidas propuestas (es decir, las recomendaciones críticas) se aplicarán y cómo y un calendario claro y realista.>
1.3. Resumen de las constataciones y recomendaciones
A continuación figura un resumen de nuestras constataciones y recomendaciones para cada pilar.
Constataciones
Las constataciones principales se refieren a deficiencias o carencias materiales de los sistemas, controles, normas y procedimientos. Por «materiales» se entiende que consideramos estos factores tan importantes para la Comisión que pueden influir la decisión de esta de confiar tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta a la entidad. Por lo tanto, cuando hemos hechos constataciones materiales en un pilar, eso nos ha llevado a una conclusión negativa.
También se consideran constataciones principales la acumulación de constataciones que, por separado, no constituyen una deficiencia o carencia material, pero sí en su conjunto. El efecto combinado de estas constataciones es considerado tan importante (es decir, material) que nos ha llevado a la conclusión de que la entidad no cumple los requisitos del pilar en cuestión (es decir, la conclusión es «no»).
Las otras constataciones son todas constataciones no materiales que consideramos que deberían ser puestas en conocimiento de la entidad. Estas constataciones se refieren a deficiencias materiales y carencias de los sistemas, controles, normas o procedimientos que, individualmente o en conjunto, representan un nivel de riesgo menos inmediato de que no se cumplan los objetivos del pilar en cuestión.
Recomendaciones
Las recomendaciones críticas se refieren a deficiencias materiales y carencias de los sistemas, controles, normas o procedimientos y a los supuestos en los que no se cumplen (con regularidad) los criterios de la Comisión Europea y/o las normas aceptadas internacionalmente para los pilares.
Nuestras otras recomendaciones se refieren a todas las demás constataciones que no son de naturaleza material. En estos casos, las deficiencias materiales y las carencias de los sistemas, controles, normas o procedimientos no tienen una repercusión importante e inmediata en los objetivos de estos sistemas, controles, normas o procedimientos. No obstante, creemos que es importante que la entidad aplique las medidas propuestas, ya que de este modo es posible mejorar los sistemas, controles, normas o procedimientos y lograr una mayor eficacia y/o eficiencia.
Cada una de nuestras recomendaciones se detalla en los capítulos 3 a 8.
Sugerimos que la entidad aplique nuestras recomendaciones críticas, tal como se establecen en la hoja de ruta que figura en la sección 1.2 del presente informe.
PILAR 1 – SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 3.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 3.3.2.
PILAR 2 – SISTEMA CONTABLE
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 4.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 4.3.2.
PILAR 3 – AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 5.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 5.3.2.
PILAR 4 – SUBVENCIONES
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 6.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 6.4.2.
PILAR 5 – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 7.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 7.3.2.
PILAR 6 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 8.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 8.3.2.
PILAR 7 – EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 9.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 9.3.2.
PILAR 8 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 10.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 10.3.2.
PILAR 9 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Principales constataciones y recomendaciones críticas
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Otras constataciones/otras recomendaciones
Descripción de la constatación/recomendación
Constatación: <Breve descripción de la constatación, máximo 2 líneas>
Recomendación: <Breve descripción de la recomendación, máximo 2 líneas>
Nota: El número y la descripción de la constatación/recomendación de la sección 11.3.1 deben corresponderse con la constatación/recomendación detallada de la sección 11.3.2.
2. CONTEXTO DEL ENCARGO
2.1. Contexto
El artículo 154 del Reglamento Financiero (4) (en lo sucesivo, «RF») aplicable al presupuesto general de la Unión Europea (en lo sucesivo, «UE») establece los métodos de ejecución del presupuesto, entre ellos la «gestión indirecta».
En el régimen de la gestión indirecta, la Comisión puede confiar competencias de ejecución presupuestaria a los países, organizaciones y organismos (en lo sucesivo, «entidades») que se indican en el artículo 62 del RF. Las entidades siguientes pueden considerarse incluidas:
— Terceros países o los organismos que estos hayan designado; por ejemplo, Ministerio del Interior, Reino de Camboya.
— Organizaciones internacionales y sus agencias; por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
— Organismos de Derecho público; por ejemplo, Kreditanstalt Für Wiederaufbau(KfW).
— Organismos de Derecho privado pero investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes; por ejemplo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Cuando estas entidades gestionan fondos de la UE deben garantizar un nivel de protección de los intereses financieros de la UE equivalente al exigido en virtud del RF. En concreto, deben cumplir los requisitos relativos a los nueve «pilares».
Estos pilares se refieren a:
el sistema de control interno;
el sistema contable;
una auditoría externa independiente;
así como normas y procedimientos para:
la concesión de fondos de la UE por medio de subvenciones;
la contratación pública;
instrumentos financieros (5);
y también:
la exclusión del acceso a la financiación;
la publicación de información sobre los perceptores;
la protección de datos de carácter personal.
Por lo tanto, las entidades que deseen trabajar con fondos de la UE en régimen de gestión indirecta deben ser sometidas a una evaluación por pilares exhaustiva. Basándose en los resultados de la evaluación por pilares, la Comisión decidirá si: i) puede confiar tareas de ejecución presupuestaria a la entidad; y ii) si puede celebrar acuerdos específicos (es decir, acuerdos de delegación en régimen de gestión indirecta) con la entidad.
2.2. Descripción de la entidad objeto de evaluación
<Describa la entidad. Extensión máxima sugerida: 2 páginas.
Principales características de la entidad, estructura organizativa, naturaleza de las actividades y operaciones, etc.>
2.3. Criterios utilizados para la evaluación y materialidad
Para cada pilar, existen tres niveles de criterios definidos por la Comisión Europea a través de la formulación de preguntas (clave) incluidas en el anexo 2 y el anexo 2a del mandato («Cuestionario y criterios de evaluación» y «Cuestionario de evaluación»). A fin de determinar qué es una carencia o deficiencia material de los sistemas, controles, normas y procedimientos, hemos tenido en cuenta los criterios y los niveles de importancia (es decir, las puntuaciones mínimas) definidos por la Comisión, ya que estos factores pueden influir en la decisión de la Comisión de confiar a la entidad tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta.
Nivel 1 (Reglamento financiero)
Por cada pilar hay una pregunta general de nivel 1 (en el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación»), que se define con arreglo al Reglamento Financiero. Solo son posibles dos respuestas:
— La respuesta a la pregunta de nivel 1 es «sí». Esto significa que la entidad cumple los requisitos del pilar de que se trate. Nuestra conclusión es positiva, lo que equivale a una «opinión sin salvedades».
— La respuesta a la pregunta de nivel 1 es «no». Esto significa que la entidad no cumple los requisitos del pilar de que se trate. En este caso, nuestra conclusión es negativa, lo que equivale a un «opinión desfavorable» con arreglo a las normas internacionales.
Nivel 2 (componentes clave del pilar)
Las preguntas clave del nivel 2 se refieren a los criterios que la Comisión considera esenciales. A tal fin, se definen cuestiones y criterios clave para los componentes clave de cada pilar. Los componentes son, en esencia, «subpilares», que están compuestos a su vez por bloques de preguntas en el anexo 2a «Cuestionario de evaluación».
Hemos utilizado un criterio profesional para atribuir una puntuación de 0 a 10 a cada componente de nivel 2 en el anexo 2 «Cuestionario y criterios de evaluación», basándonos en la información y la evidencia obtenidas con el anexo 2a .
Nivel 3 (Cuestionario de evaluación con bloques de preguntas)
Anexo 2a
«Cuestionario de evaluación» incluye bloques de preguntas indicativas que se refieren a los componentes clave por pilar de nivel 2.
Estos bloques de preguntas detalladas nos han guiado y son básicamente ejemplos no exhaustivos. Ello quiere decir que podemos —aunque no necesariamente tiene que ser así— usar (todos/todas) estos/estas (bloques de) preguntas para dar una puntuación a cada componente de nivel 2.
Hemos formulado preguntas adicionales y llevado a cabo pruebas y procedimientos adicionales, cuando lo considerábamos necesario o apropiado.
Hemos aplicado estrictamente nuestro criterio profesional a todas las preguntas del anexo 2a a la hora de atribuir puntuaciones a los componentes clave por pilar de nivel 2.
3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3.1. Descripción del sistema de control interno
<Describa las principales características del sistema de control interno de la entidad. Extensión máxima sugerida: 2 páginas.>
3.2. Resumen del trabajo realizado y criterios utilizados para la evaluación
<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar del sistema de control interno. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
3.3. Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
<El uso del formato del cuadro que se recoge a continuación es obligatorio y debe respetarse en todo momento.>
3.3.1. Principales constataciones y recomendaciones críticas
N.o de constatación/recomendación: [número]
Título: [Breve descripción de la constatación y la recomendación]
Descripción de la constatación:
[Describir detalladamente la constatación, incluidos los hechos, los criterios, los motivos y el impacto]
Descripción de la recomendación:
[Describir la recomendación con detalle]
Observaciones de la entidad:
[Indicar si la entidad está de acuerdo o no con la constatación/recomendación y describir las observaciones de la entidad]
Observaciones de la Comisión:
[Describir las observaciones de la Comisión]
Otras observaciones del auditor:
[Completar solo si la entidad no está de acuerdo con la constatación o recomendación del auditor, a pesar de que el auditor siga creyendo que la constatación/recomendación es válida. En ese caso, el auditor debe refutar las observaciones de la entidad aquí y justificar las razones por las que mantiene su constatación.]
3.3.2. Otras constataciones y recomendaciones
N.o de constatación/recomendación: [número]
Título: [Breve descripción de la constatación y la recomendación]
Descripción de la constatación:
[Describir detalladamente la constatación, incluidos los hechos, los criterios, los motivos y el impacto]
Descripción de la recomendación:
[Describir la recomendación con detalle]
Observaciones de la entidad:
[Indicar si la entidad está de acuerdo o no con la constatación/recomendación y describir las observaciones de la entidad]
Observaciones de la Comisión:
[Describir las observaciones de la Comisión]
Otras observaciones del auditor:
[Completar solo si la entidad no está de acuerdo con la constatación o recomendación del auditor, a pesar de que el auditor siga creyendo que la constatación/recomendación es válida. En ese caso, el auditor debe refutar las observaciones de la entidad aquí y justificar las razones por las que mantiene su constatación.]
4. SISTEMA CONTABLE
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
4.1. Descripción del sistema contable
4.2. Resumen del trabajo realizado y criterios utilizados para la evaluación
<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar contable. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
4.3. Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
5. AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del marco para una auditoría externa independiente
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar de la auditoría externa independiente. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
6. SUBVENCIONES
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del sistema de subvenciones
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar de subvenciones. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
7. CONTRATACIÓN PÚBLICA
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del sistema de contratación pública
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar de contratación pública. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (6)
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción de los instrumentos financieros
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar correspondiente a los instrumentos financieros. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
9. EXCLUSIÓN DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del sistema utilizado para excluir del acceso a la financiación a los beneficiarios
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar correspondiente a la exclusión del acceso a la financiación. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
10. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERCEPTORES
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del sistema utilizado para publicar información sobre los perceptores
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar correspondiente a la publicación de información sobre los perceptores. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
<Véase el capítulo 3: Sistema de control interno. Debe utilizarse la misma estructura y contenido.>
Descripción del sistema utilizado para garantizar la protección de los datos de carácter personal
Resumen del trabajo realizado y los criterios utilizados para la evaluación<Proporcione una descripción sucinta del trabajo, es decir, procedimientos y pruebas realizados para evaluar el pilar correspondiente a la protección de datos de carácter personal. Describa brevemente los criterios utilizados para evaluar este pilar. El auditor podrá hacer referencia al capítulo 2.3 y al cuestionario de evaluación cumplimentado y a los criterios establecidos en los anexos 2 y 3.>
Constataciones y recomendaciones
A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones.
i. Principales constataciones y recomendaciones críticas
ii. Otras constataciones y recomendaciones
(1) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros abarca las garantías presupuestarias.
(2) Se incluyen las garantías presupuestarias, la fiscalidad y los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Facilite las conclusiones de cada subsección (6.a, 6.b y 6.c), además de las conclusiones generales para el pilar en general.
(3) Sin perjuicio del Reglamento (UE) 2018/1725 y el Reglamento (UE) 2016/679.
(4) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(5) Se considera que la referencia a los instrumentos financieros también abarca las garantías presupuestarias.
(6) Incluidas las garantías presupuestarias.
Anexo 1
Personas contactadas o que han participado en la evaluación
Auditor: [nombre de la sociedad de auditoría]
[Nombre 1]
[Indicar la función/el cargo de la persona en la sociedad de auditoría responsable en última instancia del encargo y de su ejecución, así como del informe que se emite en nombre de la empresa, p. ej., socio, gerente o equivalente]
[Nombre 2; optativo]
[optativo (si no es incompatible con las políticas sobre prácticas y recursos humanos de la sociedad de auditoría). Indicar la función/el cargo de la persona en la sociedad de auditoría que ha realizado la auditoría, p. ej., alto directivo]
Entidad objeto de evaluación: [nombre de la entidad]
[Nombre 1]
[Indicar la función/el cargo en la entidad, p. ej., director, administrador de finanzas, contable, gestor de programa]
[Nombre 2]
[como en 1]
[Nombre 3, etc.]
[como en 1]
<Los siguientes cuadros solo deben cumplimentarse si la Comisión ha estado asociada a la evaluación o ha sido consultada sobre un borrador del informe de evaluación. Si no, pueden suprimirse estos cuadros.>
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo/Otra Dirección General
[Nombre 1]
[Indicar la función/el cargo y la Unidad en la Comisión, p. ej., jefe de finanzas, contratos y auditoría]
[Nombre 2]
[como en 1]
[Nombre 3, etc.]
[como en 1]
Delegación de la Unión Europea en [país]
[Nombre 1]
[indicar la posición en la Delegación de la UE, p. ej., jefe de finanzas y contratos, responsable de programa, responsable de contratos, responsable de finanzas, etc.]
[Nombre 2]
[como en 1]
[Nombre 3, etc.]
[como en 1]
[Indicar el nombre de cualquier otra organización o persona externa contactada o que participe en la auditoría, como los auditores legales de la entidad o sus asistentes técnicos. Suprimir esta parte si no procede]
[Nombre 1]
[Indicar la función/el cargo en la organización]
[Nombre 2, etc.]
[como en 1]
Anexo 2
Cuestionario y criterios de evaluación
<Este anexo debe incluir una copia del anexo 2 del mandato, es decir, el cuestionario y los criterios de evaluación cumplimentados por el auditor>.
Anexo 3
Cuestionario de evaluación
<Este anexo debe incluir una copia completa del Anexo 2 del mandato, es decir, el cuestionario de evaluación cumplimentado por el auditor. El auditor podrá presentar este documento como documento adjunto al informe.> |
Lengua de procedimiento: español
Demandante: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) (representantes: J. Pérez-Bustamante Köster y F. Löwhagen, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: P.-J. Loewenthal, G. Luengo y P. Němečková, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión (UE) 2016/2393 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España al Real Madrid CF (DO 2016, L 358, p. 3).
1) Anular la Decisión (UE) 2016/2393 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España al Real Madrid CF.
2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas del Real Madrid Club de Fútbol.
(1) DO C 243 de 4.7.2016. |
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 223, apartado 2,
Visto el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (1),
Visto el artículo 25 del Reglamento interno del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1) En su reunión del 10 de diciembre de 2018, la Mesa adoptó nuevas normas relativas a los becarios de los diputados (2), por las que se introducía la posibilidad de permitir que las agrupaciones de diputados contraten a becarios, y por las que se extendía la gestión por un agente pagador a los acuerdos relativos a períodos de prácticas celebrados por diputados con becarios radicados en el Estado miembro de elección. Dichas normas entraron en vigor en julio de 2019.
(2) En mayo de 2019, los Cuestores aprobaron un nuevo sistema electrónico para automatizar los pagos de los gastos de viaje en avión de los diputados (3), que racionalizará, mejorará y agilizará la tramitación de las solicitudes de los diputados.
(3) Las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (4) (en lo sucesivo, «Medidas de aplicación») deben adaptarse en consecuencia,
APRUEBA LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las Medidas de aplicación se modifican como sigue:
1) El artículo 13 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) para los viajes en avión, los billetes nominativos y todas las tarjetas de embarque o la prueba electrónica de la utilización de dichos billetes»;
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. Los diputados que adquieran los billetes de viaje en la agencia de viajes del Parlamento podrán solicitar, bajo su exclusiva responsabilidad y previa firma de un acuse de recibo, que el servicio competente efectúe el reembolso directamente a la agencia de viajes. En esos casos, el servicio competente podrá obtener los justificantes enumerados en el apartado 1 a partir del sistema de reservas de la agencia de viajes»;
2) en el artículo 34, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«2. Varios diputados podrán, mediante acuerdo escrito, formar una agrupación de diputados a fin de contratar o utilizar conjuntamente los servicios de un mismo asistente o de varios asistentes como los que se mencionan en el apartado 1, o de uno o varios becarios. En ese caso, los diputados interesados designarán entre ellos al diputado o diputados habilitados para firmar el contrato o presentar una solicitud de contratación por cuenta de esa agrupación de diputados»;
3) en el artículo 35, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Todo contrato de trabajo y de prestación de servicios, así como todo acuerdo relativo a períodos de prácticas de becarios radicados en el Estado miembro de elección, que sean celebrados por un diputado o una agrupación de diputados serán gestionados obligatoriamente por un agente pagador establecido en un Estado miembro»;
4) El artículo 36 se modifica como sigue:
a) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. A petición del diputado, el Parlamento pagará directamente, con carácter excepcional y por cuenta de este, el salario neto a aquellos asistentes con los que el diputado haya celebrado un contrato de trabajo. El agente pagador comunicará sin demora al servicio competente el importe de las cargas de seguridad social y fiscales, y elaborará las nóminas»;
b) se suprime el apartado 5 bis.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Decisión 2005/684/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).
(2) Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2018, relativa a los becarios de los diputados, que entrará en vigor el 2 de julio de 2019.
(3) Comunicación de los Cuestores 19/2019, de 13 de mayo de 2019.
(4) Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo y 9 de julio de 2008, por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO C 159 de 13.7.2009, p. 1). |
En su Pleno de 3 de julio de 2019, el Tribunal General ha fijado, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de Procedimiento, los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas.
Dichos criterios son los siguientes:
1. Los asuntos se atribuirán con la mayor rapidez posible tras la presentación de la demanda y sin perjuicio de la aplicación posterior del artículo 28 del Reglamento de Procedimiento, a las Salas integradas por tres Jueces.
2. Los asuntos de Función Pública, es decir, los recursos interpuestos al amparo del artículo 270 TFUE y, en su caso, del artículo 50bis del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se repartirán entre la Sala Primera, la Sala Segunda, la Sala Tercera y la Sala Cuarta, según un turno establecido en función del orden de registro de los asuntos en la Secretaría.
3. Los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual contemplados en el Título Cuarto del Reglamento de Procedimiento se repartirán entre la Sala Quinta, la Sala Sexta, la Sala Séptima, la Sala Octava, la Sala Novena y la Sala Décima, según un turno establecido en función del orden de registro de los asuntos en la Secretaría.
4. Los asuntos distintos de los contemplados en los puntos 2 y 3 se repartirán entre las Salas según dos turnos distintos establecidos en función del orden de registro de los asuntos en la Secretaría:
— uno para los asuntos relativos a la ejecución de las normas sobre competencia aplicables a las empresas, las normas en materia de ayudas otorgadas por los Estados y las normas relativas a medidas de defensa comercial;
— otro para todos los demás asuntos.
5. El Presidente del Tribunal General podrá exceptuar la aplicación de los turnos a que se refieren los puntos 2, 3 y 4 atendiendo a la conexión de determinados asuntos o en aras de un reparto equilibrado de la carga de trabajo.
6. Habida cuenta de la decisión del Tribunal General, adoptada en su Pleno de 19 de junio de 2019, relativa a la continuación de la actividad del Tribunal General entre el 1 y el 26 de septiembre de 2019 (DO 2019, C238, p.2), que dispone que la decisión del Tribunal General de 11 de mayo de 2016 relativa a los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas (DO 2016, C296, p.2) seguirá aplicándose entre el 1 y el 26 de septiembre de 2019, los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas expuestos en los puntos anteriores se adoptan para el período comprendido entre el 27 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022. |
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 10, apartado 4,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 224,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1), y en particular su artículo 25, apartado 1,
Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014, y la Decisión n.o 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),
Visto el Reglamento Delegado (UE, Euratom) 2015/2401, de 2 de octubre de 2015, sobre el contenido y el funcionamiento del Registro de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (3),
Visto el Reglamento interno del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Reglamento interno»), y en particular su artículo 25, apartado 11, y su artículo 235,
Considerando lo siguiente:
(1) Es necesario establecer los procedimientos de ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
(2) Por razones de buena gestión financiera y transparencia, toda solicitud de financiación estará sujeta a una decisión de la Mesa que se notificará al destinatario y será motivada cuando la medida afecte negativamente a dicho destinatario.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La presente Decisión establece los procedimientos aplicables para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
A menos que se disponga de otro modo, la presente Decisión se aplicará a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas.
Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de esta.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «solicitante»: un partido o fundación que presenta una solicitud de financiación de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, a raíz de una convocatoria de contribuciones o de propuestas;
2) «ordenador delegado»: el miembro del personal en el que se delegan las facultades del ordenador de conformidad con la Decisión de la Mesa de 10 de diciembre de 2018 (4) y la decisión del secretario general relativa a la delegación de competencias al ordenador;
3) «autoridad»: la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas establecida en el artículo 6 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
4) «beneficiario» el partido al que se ha concedido una contribución o la fundación a la que se ha concedido una subvención de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
5) «importe definitivo de la financiación»: el importe definitivo de la contribución, en el caso de los partidos, o el importe definitivo de la subvención, en el caso de las fundaciones, que determina la Mesa tras su decisión sobre el informe anual;
6) «fundación»: una fundación política europea tal como se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
7) «financiación»: una contribución en el sentido del título XI del Reglamento Financiero, en el caso de los partidos, o una subvención de funcionamiento en el sentido del título VIII del Reglamento Financiero, en el caso de las fundaciones;
8) «decisión de financiación»: la decisión sobre la concesión de una contribución a un partido o una subvención a una fundación de conformidad con las condiciones establecidas en la convocatoria;
9) «convenio de financiación»: el convenio entre el Parlamento y el beneficiario sobre una contribución a un partido o una subvención a una fundación de conformidad con las condiciones establecidas en la convocatoria y con las condiciones de la Decisión de Financiación;
10) «procedimiento de financiación»: el procedimiento que se desarrolla desde la presentación de las solicitudes hasta la aprobación del informe anual y la adopción de la decisión sobre el importe definitivo de la financiación;
11) «partido»: un partido político europeo tal como se define en el artículo 2, punto 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo 3
Convocatorias
1. Tras la correspondiente aprobación de la Mesa, el ordenador delegado se encargará de publicar una convocatoria de contribuciones para los partidos y una convocatoria de propuestas para las fundaciones (en lo sucesivo, «convocatorias»).
2. Las convocatorias fijarán el plazo para que los partidos y las fundaciones presenten al Parlamento Europeo sus solicitudes de financiación por escrito.
3. En las convocatorias se especificarán los siguientes extremos:
a) los objetivos perseguidos;
b) el marco jurídico;
c) el calendario del procedimiento de financiación;
d) las modalidades de financiación de la Unión;
e) los criterios de admisión y de exclusión;
f) únicamente en el caso de las fundaciones, los criterios de selección;
g) los criterios de concesión, tal como se especifican en el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
h) un formulario de solicitud y la estructura del presupuesto estimado que el solicitante tiene que facilitar con su solicitud;
i) en su caso, una lista de los documentos justificativos que se requieran;
j) las condiciones generales y especiales, aprobadas por la Mesa, para la concesión de contribuciones y subvenciones;
k) en lo que respecta a los partidos, la naturaleza de los gastos que pueden ser reembolsados con cargo a la contribución y, en lo que respecta a las fundaciones, las categorías de costes que pueden optar a financiación de la Unión con cargo a la subvención.
4. La convocatoria de contribuciones y la convocatoria de propuestas especificarán que, para que la solicitud sea admisible, cada solicitante debe comprometerse expresamente y por escrito a cumplir las condiciones aplicables.
Artículo 4
Solicitud de financiación
1. De conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el solicitante que desee recibir financiación con cargo al presupuesto general de la Unión presentará una solicitud por escrito al presidente del Parlamento Europeo.
2. El ordenador delegado podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo razonable, otros documentos justificativos o aclaraciones en relación con la solicitud.
Artículo 5
Decisión sobre la solicitud de financiación
1. Sobre la base de una propuesta del secretario general, la Mesa adoptará, en el plazo de tres meses a partir del cierre de la correspondiente convocatoria, una decisión respecto a las solicitudes de financiación, previa comprobación del cumplimiento de los criterios establecidos en los artículos 17 y 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y a los que se refiere el artículo 3, apartado 3, de la presente Decisión, y determinará el importe que se ha concedido al solicitante. La Mesa deberá tener en cuenta los cambios que se hayan producido en la situación del solicitante tras la presentación de la solicitud de financiación. El presidente informará por escrito a los solicitantes sobre la decisión de la Mesa y el importe concedido al solicitante.
2. Cuando una solicitud sea aprobada por la Mesa, el beneficiario y el Parlamento Europeo, representado por el ordenador delegado, firmarán un convenio de financiación con arreglo al modelo establecido en el anexo 1a (en el caso de los partidos) o el anexo 1b (en el caso de las fundaciones).
3. En caso de denegarse una solicitud o de no concederse los importes solicitados parcial o totalmente, la decisión adoptada por la Mesa de conformidad con el apartado 1 indicará los motivos de la denegación. La información facilitada al solicitante sobre la denegación incluirá los medios de recurso administrativo o judicial disponibles.
4. El importe de la financiación se determinará de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y tendrá un carácter meramente indicativo en esta fase. El importe definitivo de la financiación se determinará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 8 de la presente Decisión.
5. En el supuesto de que los importes por solicitante difieran significativamente de los previstos en el momento de la publicación de las convocatorias a que se refiere el artículo 3 de la presente Decisión, la Mesa podrá instar al presidente del Parlamento Europeo a que presente una propuesta a la comisión competente para que esta adapte los créditos disponibles.
Artículo 6
1. La financiación se abonará a los beneficiarios en forma de prefinanciación, tal como se indica en las condiciones especiales recogidas en los anexos 1a (para los partidos) y 1b (para las fundaciones). Salvo que la Mesa lo decida de otro modo en casos debidamente justificados, la prefinanciación se abonará en un único tramo del 100 % del importe máximo de la financiación.
2. En función del caso concreto y previa realización de un análisis de riesgos, la Mesa podrá decidir exigir al beneficiario la constitución de una garantía de prefinanciación de conformidad con el Reglamento Financiero.
3. Las disposiciones sobre pagos y sus plazos se especificarán en el convenio de financiación. No se abonará financiación alguna a los beneficiarios antes de la firma del convenio de financiación.
Artículo 7
Auditoría externa
1. El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, letra b), del referido Reglamento.
2. El alcance de la auditoría externa se especifica en el artículo 23, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. El propósito de la auditoría externa se detalla en las disposiciones aplicables de la parte B de las condiciones generales del anexo 1a (para los partidos) y en la parte B de las condiciones generales del anexo 1b (para las fundaciones).
Artículo 8
Decisión sobre el informe anual y el importe definitivo de la financiación
1. Sobre la base de una propuesta del secretario general, la Mesa aprobará o rechazará el informe anual a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al ejercicio presupuestario al que se refiere el informe anual.
2. La Mesa o el ordenador delegado podrán pedir al beneficiario que facilite información adicional con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables. El control del cumplimiento se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
3. En caso de que la Mesa o el ordenador delegado soliciten esa información adicional, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que se haya recibido y evaluado la información adicional. El plazo también podrá prorrogarse cuando la Autoridad solicite información adicional con arreglo al artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
4. En el caso de los partidos, la Mesa determinará cada año, sobre la base del informe anual, el importe de los gastos reembolsables. En caso de prórroga al ejercicio siguiente de financiación no gastada, el importe definitivo de la financiación se determinará de conformidad con lo dispuesto en la parte B de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a.
5. En el caso de las fundaciones, el importe definitivo de la subvención se determinará sobre la base del informe anual.
6. El importe definitivo de la financiación no podrá exceder:
a) del importe máximo de la financiación establecido en la decisión de financiación y en el convenio de financiación;
b) del 90 % de los costes anuales reembolsables indicados en el presupuesto de un partido político europeo y del 95 % de los costes admisibles en que haya incurrido una fundación política europea.
7. Sobre la base del importe definitivo de la financiación determinado de conformidad con los apartados 4 a 6, y de los pagos de prefinanciación realizados previamente en virtud de la Decisión de Financiación y del convenio de financiación, el ordenador delegado determinará los importes adeudados al beneficiario o al Parlamento Europeo
8. El importe definitivo de la financiación se determinará sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de efectuar controles ex post de conformidad con lo dispuesto en la parte B de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y en la parte B de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones) y de la posibilidad de ajustar el importe definitivo de la financiación con carácter retroactivo.
9. Las decisiones adoptadas con arreglo al presente artículo se notificarán al beneficiario como una decisión uniforme, de conformidad con el artículo 235, apartado 1, del Reglamento interno.
10. El procedimiento aplicable para la aprobación del informe anual y la adopción de la decisión sobre el importe definitivo de la financiación se detalla en la parte B de las condiciones generales del anexo 1a (para los partidos) y en la parte B de las condiciones generales del anexo 1b (para las fundaciones).
Artículo 9
Procedimiento de suspensión
1. De conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento Financiero y de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, suspender el pago de la financiación a un partido político o fundación política, así como reanudar el pago cuando desaparezcan los motivos para la suspensión. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 235, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
Artículo 10
Revocación de la decisión de financiación
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular en su artículo 30, y con las disposiciones aplicables del Reglamento financiero, de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, revocar la decisión de financiación. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 235, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
3. La decisión de revocación de la decisión de financiación tendrá efecto retroactivo («ex tunc») a partir de la fecha de la adopción de la Decisión de Financiación.
4. Tras la adopción por parte de la Mesa de la decisión de revocación de la decisión de financiación, el ordenador delegado notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de financiación con efecto inmediato. Todo importe abonado en virtud del convenio de financiación se considerará un pago indebido y se recuperará.
5. El ordenador delegado tendrá la facultad de emitir las preceptivas órdenes de cobro.
Artículo 11
Anulación de la Decisión de Financiación
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, en particular en sus artículos 27 y 30, y con las disposiciones aplicables del Reglamento financiero, de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y de la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones), la Mesa podrá decidir, a propuesta del secretario general, anular la decisión de financiación. Previamente a dicha decisión de la Mesa, el ordenador delegado será competente para iniciar dicho procedimiento y tomar todas las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1a (para los partidos) y en la parte A de las condiciones generales establecidas en el anexo 1b (para las fundaciones).
2. El artículo 235, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento interno será de aplicación a las decisiones adoptadas por la Mesa en virtud del presente artículo.
3. La decisión de anulación de la decisión de financiación surtirá efecto ex nunc en la fecha especificada en la decisión o, a falta de tal fecha, el día de su notificación al beneficiario.
4. Tras la adopción por parte de la Mesa de la decisión de anulación de la decisión de financiación, el ordenador delegado notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de financiación con efecto en la fecha a que se refiere el apartado 3. Los costes en que haya efectivamente incurrido el beneficiario a partir del día en que surta efecto la anulación de la decisión de financiación se considerarán gastos no reembolsables o gastos no admisibles y se recuperará la prefinanciación correspondiente.
5. El ordenador delegado tendrá la facultad de emitir las preceptivas órdenes de cobro.
Artículo 12
Control
El convenio de financiación establecerá expresamente las facultades del Parlamento Europeo y de otras autoridades competentes al ejercer frente al beneficiario sus competencias de control, tal como se contemplan en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Artículo 13
Asistencia técnica
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, los beneficiarios podrán solicitar asistencia técnica del Parlamento Europeo. El procedimiento, las condiciones y los costes se establecen en la Decisión de la Mesa, de 14 de marzo de 2000, sobre la Reglamentación relativa a la utilización de los locales del Parlamento Europeo por usuarios externos.
Artículo 14
Derecho a ser oído
En los casos en los que, en virtud del convenio de financiación aplicable, incluidas sus condiciones generales y especiales, el beneficiario o una persona física de conformidad con el artículo 27 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho, previamente a cualquier decisión del Parlamento, a formular observaciones, el beneficiario o la persona física en cuestión deberá disponer de un plazo de diez días hábiles para formular observaciones por escrito, salvo que se disponga de otro modo en las normas aplicables. A petición motivada del beneficiario o de la persona física en cuestión, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
Artículo 15
Derogación y entrada en vigor
1. Queda derogada la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 28 de mayo de 2018 (5) a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión. No obstante, seguirá aplicándose en lo relativo a los actos y compromisos relacionados con la financiación de partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas para el ejercicio 2019.
2. La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 16
Publicación
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio de internet del Parlamento Europeo.
Anexos — Modelos de convenios de financiación:
Anexo 1a-Modelo de convenio de contribución-partido
Anexo 1b-Modelo de convenio de subvención-fundación
(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(2) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(3) DO L 333 de 19.12.2015, p. 50.
(4) Decisión de la Mesa de 10 de diciembre de 2018 relativa a las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo.
(5) DO C 225 de 28.6.2018, p. 4.
ANEXO 1a
[MODELO] CONVENIO DE CONTRIBUCIÓN-PARTIDO
NÚMERO: … [INSÉRTESE] …
El Parlamento Europeo, cuya Secretaría está situada en
Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxemburgo,
denominado en lo sucesivo «el Parlamento Europeo»,
representado a efectos de la firma del presente convenio
Por [apellidos/nombre/cargo],
por una parte,
[denominación oficial completa del beneficiario]
[forma jurídica oficial]
[n.o de registro]
[dirección oficial completa]
[número de IVA],
denominado en lo sucesivo «el beneficiario»,
representado a efectos de la firma del presente convenio
por: …[representante habilitado para contraer compromisos jurídicos]…,
por otra parte,
HAN ACORDADO
Las Condiciones Especiales, las Condiciones Generales y el presupuesto estimado en el anexo siguientes, que formarán parte integrante del presente convenio.
Las disposiciones de las Condiciones Especiales prevalecerán sobre las de las demás partes del presente convenio. Las disposiciones de las Condiciones Generales prevalecerán sobre las del anexo.
CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 –
OBJETO DEL CONVENIO
ARTÍCULO I.2 –
PERÍODO DE ADMISIÓN
ARTÍCULO I.3 –
FORMA DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.4 –
IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.5 –
PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
Prefinanciación
Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
ARTÍCULO I.6 –
CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO I.7 –
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
ARTÍCULO I.8 –
ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO
CONDICIONES GENERALES
PARTE A:
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 –
DEFINICIONES
ARTÍCULO II.2 –
OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
ARTÍCULO II.3 –
OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO II.4 –
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTÍCULO II.5 –
CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO II.6 –
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
ARTÍCULO II.7 –
REGISTROS
ARTÍCULO II.8 –
VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
Información sobre la financiación de la Unión
Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Publicación de información por el Parlamento Europeo
ARTÍCULO II.9-
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
Principios
Registros
Control
Responsabilidad
ARTÍCULO II.10 –
AYUDA FINANCIERA A ENTIDADES ASOCIADAS
ARTÍCULO II.11 –
FUERZA MAYOR
ARTÍCULO II.12 –
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.12.1
Motivos de suspensión
II.12.2
Procedimiento de suspensión
II.12.3
Efectos de la suspensión
Reanudación del pago
ARTÍCULO II.13 –
REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1
Motivos de revocación
II.13.2
Procedimiento de revocación
II.13.3
Efectos de la revocación
ARTÍCULO II.14 –
ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.14.1
Anulación a petición del beneficiario
II.14.2
Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.14.3
Efectos de la anulación
ARTÍCULO II.15 –
ARTÍCULO II.16 –
INTERESES DE DEMORA
ARTÍCULO II.17 –
DERECHO APLICABLE
ARTÍCULO II.18 –
DERECHO A SER OÍDO
PARTE B:
DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.19 –
GASTOS REEMBOLSABLES
II.19.1
Condiciones
II.19.2
Ejemplos de gastos reembolsables
ARTÍCULO II.20 –
GASTOS NO REEMBOLSABLES
ARTÍCULO II.21 –
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
ARTÍCULO II.22 –
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
ARTÍCULO II.23 –
OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.23.1
Informe anual
II.23.2
Informe de auditoría externa
ARTÍCULO II.24 –
DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
ARTÍCULO II.25 –
DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.25.1
Impacto del informe anual
II.25.2
II.25.3
Prórroga de financiación no gastada
II.25.4
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.25.5
Recuperación de financiación no gastada
II.25.6
Saldo de la financiación
II.25.7
Excedente de recursos propios
ARTÍCULO II.26 –
INTERESES SOBRE LA PREFINANCIACIÓN
ARTÍCULO II.27 –
RECUPERACIÓN
II.27.1
Intereses de demora
II.27.2
Compensación
II.27.3
Gastos bancarios
ARTÍCULO II.28 –
GARANTÍA FINANCIERA
ARTÍCULO II.29 –
CONTROL
II.29.1
Disposiciones generales
II.29.2
Obligación de conservar los documentos
II.29.3
Obligación de facilitar documentos e información
II.29.4
Visitas in situ
II.29.5
Procedimiento de auditoría contradictorio
II.29.6
Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
II.29.7
Facultades de control de la OLAF
II.29.8
Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
II.29.9
Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.29, puntos 1 a 4
Anexo –
PRESUPUESTO ESTIMADO
I. CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 – OBJETO DEL CONVENIO
El Parlamento Europeo concede financiación para la realización de las actividades y objetivos estatutarios del beneficiario durante el ejercicio [insértese], de conformidad con las condiciones establecidas en las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales (en lo sucesivo, «condiciones»), así como con el anexo del presente convenio. Ello constituye la aplicación de la Decisión de Financiación adoptada por el Parlamento Europeo [insértese la fecha].
El beneficiario utilizará la financiación con el fin de realizar sus actividades y objetivos estatutarios, bajo su propia responsabilidad y de conformidad con las condiciones y el anexo del presente convenio.
ARTÍCULO I.2 – PERÍODO DE ADMISIÓN
El período de admisión para la obtención de financiación de la Unión estará comprendido entre el [insértese DD/MM/AA] y el [insértese DD/MM/AA].
ARTÍCULO I.3 – FORMA DE FINANCIACIÓN
Las contribuciones concedidas al beneficiario con arreglo al título XI del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) («Reglamento Financiero») revestirán la forma de reembolso de un porcentaje de los gastos reembolsables en que efectivamente se haya incurrido.
ARTÍCULO I.4 – IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
El Parlamento Europeo se hará cargo de un importe máximo de [indíquese el importe] euros, que no podrá superar el 90 % de los gastos reembolsables totales estimados.
Los gastos reembolsables estimados del beneficiario se establecen en el anexo (en lo sucesivo, «presupuesto estimado»). El presupuesto estimado estará equilibrado y desglosará el conjunto de los gastos e ingresos del beneficiario para el período de admisión. Los gastos reembolsables se separarán de los gastos no reembolsables de conformidad con el artículo II.19.
ARTÍCULO I.5 – PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
La financiación se abonará de conformidad con el calendario y las normas siguientes.
I.5.1 Prefinanciación
El pago de prefinanciación de [indíquese el importe] euros, que representa el [100 % por defecto; en caso contrario indíquese el porcentaje decidido por el Parlamento Europeo en la Decisión de Financiación] del importe máximo de financiación establecido en el artículo I.4 del presente convenio, se abonará al beneficiario en los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del convenio o, en su caso, a partir de la fecha en la que el Parlamento Europeo reciba la garantía financiera por un importe de [indíquese el importe, en su caso] euros, si esta fecha es posterior.
I.5.2 Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
El saldo de financiación se abonará al beneficiario, y cualquier prefinanciación indebidamente pagada deberá ser recuperada dentro de los 30 días siguientes a la decisión del Parlamento Europeo sobre el informe anual y la determinación del importe definitivo de la financiación, tal como se especifica en el artículo II.25.
I.5.3 Divisa
Los pagos serán efectuados por el Parlamento Europeo en euros. La conversión eventual de los gastos efectivos en euros se realizará tomando como base el tipo de cambio del día publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea o, en su defecto, el índice contable mensual fijado por el Parlamento Europeo y publicado en su sitio internet, el día de la emisión de la orden de pago por parte del Parlamento Europeo, salvo que en las Condiciones Especiales se disponga expresamente de otro modo.
Los pagos del Parlamento Europeo se considerarán efectuados en la fecha en que se adeuden en la cuenta del Parlamento Europeo.
ARTÍCULO I.6 – CUENTA BANCARIA
Los pagos se abonarán en una cuenta o subcuenta bancaria, denominada en euros, de la que sea titular el beneficiario en un banco establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, cuyos datos figuran a continuación:
Nombre del banco: […]
Dirección de la agencia bancaria: […]
Denominación exacta del titular de la cuenta: […]
Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]
Código IBAN: […]
Código BIC/SWIFT: […]
ARTÍCULO I.7 – DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
Toda comunicación dirigida al Parlamento Europeo en el marco del presente convenio habrá de efectuarse por escrito, indicar el número del convenio y remitirse a la siguiente dirección:
Parlamento Europeo
El presidente/La presidenta
c/o Director general de Finanzas
Oficina SCH 05B031
L-2929 Luxemburgo
LUXEMBURGO
Se considerará que la fecha de recepción del correo ordinario por el Parlamento Europeo es aquella en la que el Servicio de Correo del Parlamento lo haya registrado formalmente.
Toda comunicación dirigida al beneficiario en relación con el presente convenio habrá de efectuarse por escrito, indicar el número del convenio y remitirse a la siguiente dirección:
Sr./Sra. […]
[Cargo]
[Denominación oficial del organismo beneficiario]
[Dirección oficial completa]
Se comunicará al Parlamento Europeo por escrito y sin demora cualquier cambio de dirección del beneficiario.
ARTÍCULO I.8 – ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO
El convenio entrará en vigor en la fecha de su firma en nombre del Parlamento Europeo.
II. CONDICIONES GENERALES
PARTE A: DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 – DEFINICIONES
A efectos del presente convenio, se entenderá por:
«informe de actividades»: la justificación por escrito de los gastos en que se incurra durante el período de admisión. Por ejemplo, una explicación sobre las actividades, los gastos administrativos, etc. El informe de actividades forma parte del informe anual;
«informe anual»: un informe que debe presentarse en el plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio presupuestario, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y el artículo 229 del Reglamento Financiero;
«saldo de la financiación»: la diferencia entre el importe de prefinanciación con arreglo al artículo I.5.1 y el importe definitivo de la financiación determinado con arreglo al artículo II.25.4.;
«liquidación de la prefinanciación»: una situación en la que el ordenador de pagos establece el importe definitivo de la financiación, y el importe abonado al beneficiario ya no es propiedad de la Unión;
«conflicto de intereses» una situación en que la ejecución del convenio de manera imparcial y objetiva por parte del beneficiario se ve comprometida por razones familiares, afectivas, de afinidad nacional, intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido con un tercero que guarde relación con el objeto del convenio. La afinidad política no constituye, en principio, motivo de conflicto de intereses en el caso de convenios entre el partido político y organizaciones con los mismos valores políticos. No obstante, en caso de tal convenio, deberá cumplirse el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«contribuciones en especie» u «ofertas en especie»: recursos no financieros, aportados de manera gratuita por terceros al beneficiario, de conformidad con el artículo 2, apartados 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«ejercicio presupuestario N» o «período de admisión»: el período de ejecución de las actividades para las que se había concedido la financiación en virtud del convenio, como se especifica en el artículo I.2;
«fuerza mayor»: cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno al control del beneficiario o del Parlamento Europeo que impida a cualquiera de ellos cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del convenio que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades afiliadas o terceros que reciban ayuda financiera y que resulte inevitable a pesar de haber actuado ambos con la debida diligencia. No podrán invocarse como casos de fuerza mayor: los conflictos laborales, las huelgas, los problemas financieros o las carencias del servicio, los defectos del equipo o material o los retrasos en su disponibilidad, a menos que deriven directamente de un caso claro de fuerza mayor;
«notificación oficial»: la comunicación escrita transmitida por correo postal o electrónico con acuse de recibo;
«fraude»: cualquier acto deliberado u omisión que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, o el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información;
«financiación»: las «contribuciones financieras directas» en el sentido del título XI del Reglamento Financiero y del capítulo IV del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«irregularidad»: cualquier infracción de una disposición del Derecho de la Unión que resulte de un acto u omisión del beneficiario que tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto de la Unión;
«recursos propios»: toda fuente externa de financiación distinta de la financiación de la Unión. Por ejemplo: las donaciones, las contribuciones de los miembros (tal como se definen en el artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014), etc.;
«persona relacionada»: cualquier persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar decisiones en su nombre;
«error sustancial»: cualquier infracción de una disposición del convenio que resulte de un acto u omisión que cause o pueda causar un perjuicio al presupuesto de la Unión Europea.
ARTÍCULO II.2 – OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
El beneficiario:
a) será el único responsable y asumirá la carga de la prueba del cumplimiento de todas las obligaciones jurídicas que le incumban;
b) habrá de reparar cualquier daño o perjuicio sufrido por el Parlamento Europeo como consecuencia de la ejecución, incluida la ejecución incorrecta, del convenio, salvo en los casos de fuerza mayor;
c) será el único responsable frente a terceros, incluso en el caso de daños y perjuicios de todo tipo que se pudieran causar en la ejecución del convenio;
d) informará al Parlamento Europeo inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal;
e) adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses.
ARTÍCULO II.3 – OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
La cuenta o subcuenta a que se refiere el artículo I.6 deberá permitir la identificación de los fondos abonados por el Parlamento Europeo y deberá estar reservada exclusivamente para la recepción de los importes a que se refiere el artículo I.5 abonados por el Parlamento Europeo.
Cuando los importes abonados en esa cuenta como prefinanciación devenguen intereses u otros beneficios equivalentes en virtud del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto la cuenta, el Parlamento Europeo recuperará tales intereses u otros beneficios previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo II.26, de conformidad con el artículo 228, apartado 5, del Reglamento Financiero.
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán los importes abonados por el Parlamento Europeo con fines especulativos.
La prefinanciación continuará siendo propiedad de la Unión hasta que sea deducida del importe definitivo de la financiación.
ARTÍCULO II.4 – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Parlamento Europeo no será responsable por los daños y perjuicios ocasionados o sufridos por el beneficiario, incluidos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del presente convenio o durante dicha ejecución.
Salvo en casos de fuerza mayor, el beneficiario o la persona relacionada con él indemnizarán al Parlamento Europeo por los daños y perjuicios que sufra como consecuencia de la ejecución del convenio o porque el convenio no se haya aplicado respetando plenamente sus disposiciones.
ARTÍCULO II.5 – CONFIDENCIALIDAD
Salvo que se disponga de otro modo en el presente convenio, en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en otros actos jurídicos de la Unión aplicables, el Parlamento Europeo y el beneficiario se comprometerán a preservar la confidencialidad de todo documento, información u otro material que esté directamente relacionado con el objeto del presente convenio.
ARTÍCULO II.6 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Todos los datos personales recabados en el contexto del presente convenio se tratarán conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Todo tratamiento de datos personales por parte del Parlamento Europeo deberá cumplir el Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Esos datos se tratarán únicamente a los efectos de la ejecución y el seguimiento del convenio, sin perjuicio de que puedan ser comunicados a los órganos responsables de las funciones de control y auditoría de conformidad con el Derecho de la Unión.
Todo tratamiento de datos personales por el beneficiario en relación con el presente convenio está sujeto al Reglamento (UE) n.o 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Sin perjuicio de los demás supuestos previstos en dicho Reglamento, el tratamiento de datos personales en relación con el presente convenio se autoriza únicamente si es necesario para la ejecución del presente convenio.
ARTÍCULO II.7 – REGISTROS
De conformidad con el artículo 232 del Reglamento Financiero, el beneficiario conservará todos los registros y documentos justificativos relativos a la ejecución del convenio por un período de cinco años a partir del último pago relacionado con la contribución.
Los registros relativos a las auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones derivados de la utilización de la financiación o relativos a investigaciones de la Fiscalía Europea o de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que hayan sido notificados al perceptor se conservarán hasta el final de tales auditorías, recursos, litigios, resolución de reclamaciones o investigaciones.
ARTÍCULO II.8 – VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
II.8.1 Información sobre la financiación de la Unión
A menos que el Parlamento Europeo lo solicite o acuerde de otro modo, cualquier comunicación o publicación del beneficiario relativa a la financiación de la Unión, incluidas las realizadas en una conferencia, seminario o en cualquier material informativo o de promoción (como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, en formato electrónico, etc.), deberá indicar que el programa ha recibido ayuda financiera del Parlamento Europeo.
II.8.2 Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Toda comunicación o publicación del beneficiario, sea cual sea la forma que adopte y el soporte utilizado, deberá indicar que solo refleja las opiniones de su autor y que el Parlamento Europeo no es responsable de la utilización que se haga de las informaciones contenidas en dicha comunicación o publicación.
II.8.3 Publicación de información por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo publica en una página web la información que se especifica en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
ARTÍCULO II.9-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
II.9.1 Principios
De conformidad con el artículo 222, apartado 2, del Reglamento Financiero, las contribuciones podrán utilizarse para el reembolso de gastos relativos a contratos concluidos por el beneficiario, siempre que no haya conflictos de intereses en el momento de su concesión.
Cuando se trate de contratos de cuantía superior a los 60 000 euros por proveedor y por bien o servicio, el beneficiario examinará al menos tres ofertas recibidas en respuesta a una licitación por escrito en la que se habrán detallado los requisitos del procedimiento de contratación. La duración de los contratos no superará los cinco años.
En caso de que se presenten menos de tres ofertas a la licitación por escrito, el beneficiario deberá demostrar que fue imposible obtener más ofertas para el procedimiento de contratación en cuestión.
II.9.2 Registros
El beneficiario conservará un registro de la evaluación de las ofertas y motivará por escrito su elección del proveedor final.
II.9.3 Control
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y del artículo 231 del Reglamento Financiero. El beneficiario se asegurará de que los contratos celebrados con terceros establezcan la posibilidad de que esas competencias de control puedan ejercerse también frente a esos terceros.
II.9.4 Responsabilidad
El beneficiario será el único responsable de la ejecución del presente convenio y del respeto de lo dispuesto en el presente convenio. El beneficiario se comprometerá a adoptar todas las disposiciones necesarias para garantizar que el adjudicatario del contrato renuncie a todos los derechos con respecto al Parlamento Europeo en virtud del convenio.
ARTÍCULO II.10 – AYUDA FINANCIERA A ENTIDADES ASOCIADAS
La ayuda financiera concedida por el beneficiario a entidades asociadas, en el sentido del artículo 222, apartado 3, del Reglamento Financiero, podrá, en las siguientes condiciones, constituir un gasto reembolsable:
a) la ayuda financiera se concede por el beneficiario a las entidades asociadas siguientes: …[insértense los nombres de los posibles beneficiarios según se indica en el formulario de solicitud];
b) estas entidades forman parte de la organización administrativa del beneficiario, tal como se establece en los estatutos de este último;
c) la ayuda financiera no superará los 100 000 euros por entidad;
d) la entidad asociada la destinará a gastos reembolsables;
e) ninguna cantidad a tanto alzado abonada a la entidad asociada superará una cuarta parte de la ayuda financiera total a dicha entidad;
f) el beneficiario garantizará la posible recuperación de dicha ayuda financiera.
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
ARTÍCULO II.11 – FUERZA MAYOR
Si el Parlamento Europeo o el beneficiario se enfrentan a una situación de fuerza mayor, lo notificarán sin demora a la otra parte por carta certificada con acuse de recibo o procedimiento equivalente, precisando el carácter, la duración probable y los efectos previsibles de la situación de que se trate.
El Parlamento Europeo y el beneficiario adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse de una situación de fuerza mayor.
No se considerará que el Parlamento Europeo o el beneficiario han incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud del convenio cuando no les haya sido posible respetarlo por causa de fuerza mayor.
ARTÍCULO II.12 – SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.12.1 Motivos de suspensión
El Parlamento Europeo estará facultado para suspender el pago de la financiación, de conformidad con las normas aplicables en virtud del Reglamento Financiero, en las siguientes circunstancias:
i) si se sospecha que el beneficiario ha incumplido sus obligaciones relacionadas con la utilización de las contribuciones establecidas en el artículo 228 del Reglamento Financiero hasta que se compruebe dicha sospecha; o
ii) si el beneficiario ha sido objeto de las sanciones financieras previstas en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 hasta que se haya abonado la sanción.
II.12.2 Procedimiento de suspensión
Etapa 1 — Antes de suspender el pago, el Parlamento Europeo enviará una notificación oficial al beneficiario informándole de su intención de suspender el pago, explicando sus razones e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la presentación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no seguir con el procedimiento de suspensión, notificará dicha decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide seguir con el procedimiento de suspensión, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de suspensión, informándole de:
i) la fecha indicativa en que se haya de completar la comprobación necesaria en el caso a que se refiere el artículo II.12.1, inciso i); y
ii) todas las vías de recurso.
II.12.3 Efectos de la suspensión
La suspensión del pago tendrá por efecto que el beneficiario no tenga derecho a recibir ningún pago del Parlamento Europeo hasta que se haya completado la comprobación a que se refiere el artículo II.12.2, inciso i), en el marco de la Etapa 2, o deje de aplicarse el motivo de suspensión. Ello se entiende sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de revocar o anular la Decisión de Financiación en virtud de los artículos II.13 y II.14.
II.12.4 Reanudación del pago
A partir del momento en que deje de aplicarse el motivo de suspensión, todos los pagos en cuestión se reanudarán y el Parlamento Europeo lo notificará al beneficiario.
ARTÍCULO II.13 – REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1 Motivos de revocación
El Parlamento Europeo estará facultado para revocar la Decisión de Financiación sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancele el registro del beneficiario, excepto en los supuestos contemplados en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
II.13.2 Procedimiento de revocación
Etapa 1 — Antes de revocar la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de revocarla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no revocar la Decisión de Financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide revocar la Decisión de Financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de revocación.
Etapa 3 — Tras la adopción de la decisión de revocación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de contribución.
II.13.3 Efectos de la revocación
La decisión de revocación de la Decisión de Financiación tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha de la adopción de la Decisión de Financiación.
La anulación del convenio de contribución surtirá efecto inmediatamente después de la notificación al beneficiario.
Todo importe abonado en virtud del convenio de contribución se considerará un pago indebido y se recuperará con arreglo a las normas aplicables del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.14 – ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.14.1 Anulación a petición del beneficiario
El beneficiario podrá solicitar la anulación de la Decisión de Financiación.
El beneficiario notificará formalmente la anulación al Parlamento Europeo, indicando:
a) los motivos de la anulación; y
b) la fecha en que dicha anulación haya de surtir efecto, que no será anterior a la fecha de envío de la notificación formal.
La anulación de la Decisión de Financiación surtirá efecto en la fecha indicada en la decisión de anulación o, en caso de que no se indique una fecha, el día de su notificación al beneficiario. Tras la anulación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo pondrá fin sin demora al convenio de contribución con efectos en la misma fecha.
II.14.2 Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.14.2.A Motivos de anulación
El Parlamento Europeo estará facultado para anular la Decisión de Financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) sobre la base de una decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas por la que se cancele el registro del beneficiario, en los supuestos contemplados en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
b) en caso de que el beneficiario deje de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
c) en caso de que el Parlamento Europeo determine que el beneficiario ha incumplido sus obligaciones relacionadas con la utilización de las contribuciones establecidas en el artículo 228 del Reglamento Financiero;
d) en caso de que se declare la insolvencia del beneficiario o este sea objeto de un procedimiento de concurso o de cualquier otro procedimiento análogo.
II.14.2.B Procedimiento de anulación
Etapa 1 — Antes de anular la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de anularla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no anular la Decisión de Financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide anular la Decisión de Financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de anulación.
Etapa 3 — Tras la adopción de la decisión de anulación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de contribución.
II.14.3 Efectos de la anulación
La anulación de la Decisión de Financiación surtirá efecto «ex nunc» en la fecha indicada en la decisión de anulación o, en caso de que no se indique una fecha, el día de su notificación al beneficiario. La anulación del convenio de contribución surtirá efecto en la misma fecha.
Los costes en que haya efectivamente incurrido el beneficiario a partir de la fecha en que surta efecto la anulación de la Decisión de Financiación se considerarán gastos no reembolsables, y la prefinanciación correspondiente se recuperará con arreglo a las normas aplicables del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.15 – CESIÓN
El beneficiario no podrá ceder ninguna de sus reclamaciones de pago frente al Parlamento Europeo a ningún tercero excepto con la aprobación previa del Parlamento Europeo sobre la base de una solicitud motivada por escrito del beneficiario.
Si el Parlamento Europeo no acepta por escrito la cesión o si se incumplen sus condiciones de aceptación, la cesión no tendrá ningún efecto jurídico.
Una cesión no podrá bajo ninguna circunstancia liberar al beneficiario de sus obligaciones con el Parlamento Europeo.
ARTÍCULO II.16 – INTERESES DE DEMORA
Si el Parlamento Europeo no paga dentro de los plazos de pago, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El tipo de referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que vence el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el Parlamento Europeo suspende los pagos tal como se establece en el artículo II.12, estas acciones no podrán considerarse casos de demora en el pago.
Los intereses de demora se aplicarán al período comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago y el día, incluido, de la fecha de pago efectivo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el interés calculado sea inferior o igual a 200 euros, el Parlamento Europeo únicamente estará obligado a abonárselo al beneficiario si este lo solicita en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago atrasado.
ARTÍCULO II.17 – DERECHO APLICABLE
El Derecho aplicable al presente convenio será el Derecho de la Unión, y en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y las normas aplicables del Reglamento Financiero, que son de plena aplicación. Se completarán, en su caso, por el Derecho nacional del Estado miembro en el que el beneficiario esté domiciliado.
ARTÍCULO II.18 – DERECHO A SER OÍDO
En los casos en los que, en virtud del presente convenio, el beneficiario o una persona física a que se refiere el artículo 27 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho a formular observaciones, se concederá al beneficiario o a la persona física de que se trate un plazo de diez días hábiles para formular observaciones por escrito, salvo que se disponga expresamente de otro modo. A petición motivada del beneficiario o de la persona física de que se trate, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
PARTE B: DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.19 – GASTOS REEMBOLSABLES
II.19.1 Condiciones
Para poder ser considerados reembolsables por la Unión, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento Financiero, los gastos deberán responder a los siguientes criterios:
a) estar directamente relacionados con el objeto del convenio y estar previstos en el presupuesto estimado adjunto al convenio;
b) ser necesarios para la ejecución del convenio;
c) ser razonables y justificados y cumplir el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a los requisitos de economía y eficiencia;
d) haberse generado durante el período de admisión tal como se define en el artículo I.2, con la excepción de los gastos relativos a los informes anuales y los certificados sobre los estados financieros y las cuentas subyacentes;
e) corresponder a gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario;
f) ser identificables y comprobables, y estar registrados en la contabilidad del beneficiario de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
g) cumplir los requisitos de la legislación tributaria y de seguridad social aplicable;
h) cumplir con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo.
Los procedimientos de contabilidad y auditoría interna del beneficiario deberán permitir conciliar directamente los gastos y los ingresos declarados en el informe anual con los estados financieros y los documentos justificativos correspondientes.
II.19.2 Ejemplos de gastos reembolsables
En particular, y siempre que cumplan los criterios enumerados en el artículo II.19.1, serán reembolsables los gastos de funcionamiento siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento Financiero:
a) los gastos administrativos, los gastos relacionados con la asistencia técnica, las reuniones, las investigaciones, los actos transfronterizos, los estudios, la información y las publicaciones;
b) los gastos de personal, correspondientes a los sueldos reales, las cargas sociales y otros costes legales incluidos en la remuneración, a condición de que no superen los tipos medios de la política habitual del beneficiario en materia de remuneración;
c) los gastos de viaje y de estancia del personal, a condición de que correspondan a las prácticas habituales del beneficiario en materia de gastos de desplazamiento;
d) los costes de amortización de los equipos u otros activos (nuevos o de segunda mano), registrados en los estados contables del beneficiario, siempre que el activo
i) se amortice de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las prácticas contables habituales del beneficiario; y
ii) se haya adquirido de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo, si la adquisición se ha producido dentro del período de admisión;
e) los gastos en bienes fungibles y suministros y otros contratos, siempre que estos
i) se hayan adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo, y
ii) se asignen directamente al objeto del convenio;
f) los gastos derivados directamente de requisitos impuestos por el convenio, como, en su caso, los costes de servicios financieros (en particular, el coste de las garantías financieras), siempre que los servicios correspondientes se adquieran de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo.
ARTÍCULO II.20 – GASTOS NO REEMBOLSABLES
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II.19.1 del presente convenio y en el artículo 228 del Reglamento Financiero, no se considerarán reembolsables los gastos siguientes:
a) el rendimiento del capital y los dividendos abonados por el beneficiario;
b) la deuda y los costes del servicio de la deuda;
c) las provisiones para pérdidas o deudas;
d) los intereses adeudados;
e) las deudas de dudoso cobro;
f) las pérdidas por tipo de cambio;
g) los gastos de las transferencias del Parlamento Europeo cobrados por el banco del beneficiario;
h) los gastos declarados por el beneficiario en el marco de otra acción que reciba una subvención financiada con cargo al presupuesto de la Unión;
i) las contribuciones en especie;
j) los gastos excesivos o desproporcionados;
k) el IVA deducible;
l) la financiación prohibida de determinados terceros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el artículo 222, apartado 3, del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.21 – CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
El Parlamento Europeo permitirá al beneficiario recibir contribuciones en especie durante la ejecución del convenio, siempre que el valor de dichas contribuciones no supere:
a) los gastos realmente soportados y debidamente justificados por los documentos contables de los terceros que han efectuado dichas contribuciones al beneficiario de manera gratuita, pero que asumen los costes correspondientes;
b) a falta de tales documentos, los gastos que correspondan a los generalmente aceptados en el mercado de referencia;
c) su valor tal como se haya aceptado en el presupuesto estimado;
d) el 50 % de los recursos propios en el presupuesto estimado.
Contribuciones en especie:
a) se presentarán por separado en el presupuesto estimado a fin de reflejar los recursos totales;
b) cumplirán lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, así como las normas tributarias y de seguridad social nacionales;
c) solo podrán aceptarse de manera provisional, a reserva de certificación por parte del auditor externo y de la aceptación de la decisión relativa al importe definitivo de la financiación;
d) no tendrán carácter de propiedad inmobiliaria.
ARTÍCULO II.22 – TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
El beneficiario estará autorizado a ajustar el presupuesto estimado que figura en el anexo, mediante transferencias entre las diferentes categorías presupuestarias. Este ajuste no requerirá una modificación del convenio. Dichas transferencias deberán justificarse en el informe anual.
ARTÍCULO II.23 – OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.23.1 Informe anual
Preferiblemente para el 15 de mayo y, a más tardar, el 30 de junio siguiente al cierre del ejercicio presupuestario N, el beneficiario presentará un informe anual, incluidos los siguientes elementos:
a) los estados financieros anuales y sus notas de acompañamiento, referidos a los ingresos y gastos y al activo y al pasivo del beneficiario al inicio y al cierre del ejercicio, de conformidad con el Derecho aplicable del Estado miembro donde esté domiciliado;
b) los estados financieros anuales, preparados de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);
c) la lista de donantes y contribuyentes y sus correspondientes donaciones o contribuciones notificadas de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
d) un informe de actividades;
e) un estado financiero basado en la estructura del presupuesto estimado;
f) el detalle de las cuentas en lo relativo a ingresos y gastos y a activo y pasivo;
g) la conciliación del estado financiero a que se refiere la letra e) con el detalle de las cuentas a que se refiere la letra f);
h) un listado de los proveedores que en el ejercicio presupuestario de que se trate hayan cobrado al beneficiario más de 10 000 euros, con sus nombres y direcciones, así como una indicación del alcance de los bienes o servicios facilitados.
La información incluida en el informe anual debe ser suficiente para poder determinar el importe definitivo de la financiación.
II.23.2 Informe de auditoría externa
El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento.
La auditoría externa tendrá por objeto certificar la fiabilidad de los estados financieros y la legalidad y regularidad del gasto, y, en particular, que:
a) los estados financieros se prepararon de conformidad con el Derecho nacional aplicable al beneficiario, están exentos de declaraciones erróneas y reflejan de manera fiel y exacta la posición financiera y los resultados de las operaciones;
b) los estados financieros se elaboraron de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002;
c) se ha incurrido efectivamente en los gastos declarados;
d) la declaración de ingresos es exhaustiva;
e) los documentos financieros presentados por el beneficiario al Parlamento son conformes a las disposiciones financieras del convenio;
f) se han cumplido las obligaciones derivadas del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular las de su artículo 20;
g) se han cumplido las obligaciones que establece el convenio, en particular en sus artículos II.9 y II.19;
h) las contribuciones en especie se han entregado realmente al beneficiario y se han valorado en cumplimiento de las normas aplicables;
i) la parte no utilizada de la financiación de la Unión se ha prorrogado al ejercicio siguiente;
j) la parte no utilizada de la financiación de la Unión ha recibido un uso conforme a lo previsto en el artículo 228, apartado 2, del Reglamento Financiero;
k) todos los excedentes de recursos propios se han transferido a la reserva.
ARTÍCULO II.24 – DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
A más tardar el 30 de septiembre del ejercicio siguiente al ejercicio presupuestario N, el Parlamento Europeo aprobará o rechazará el informe anual, según lo previsto en el artículo II.23.1.
A falta de respuesta escrita del Parlamento Europeo en un plazo de seis meses a partir de la recepción del informe anual, este se considerará aprobado.
La aprobación del informe anual se realiza sin perjuicio de la determinación del importe definitivo de financiación en virtud del artículo II.25, mediante la cual el Parlamento Europeo adopta una decisión definitiva sobre la admisión a financiación de los gastos.
El Parlamento Europeo podrá solicitar información adicional al beneficiario al objeto de poder adoptar una decisión sobre el informe anual. En caso de que la solicite, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que el Parlamento Europeo haya recibido y evaluado la información solicitada. El plazo también podrá prorrogarse cuando la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas haya solicitado información adicional de conformidad con el artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Si el informe anual presenta defectos sustanciales, el Parlamento Europeo podrá rechazarlo sin solicitar información adicional al beneficiario, y pedir a este último que presente un nuevo informe en un plazo de 15 días laborables.
Las solicitudes de información adicional o de un nuevo informe se notificarán al beneficiario por escrito.
En caso de que se rechace el informe anual presentado inicialmente y de que se solicite uno nuevo, este último estará sujeto al procedimiento de aprobación descrito en el presente artículo.
ARTÍCULO II.25 – DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.25.1 Impacto del informe anual
La decisión del Parlamento Europeo por la que se establece el importe definitivo de la financiación se basará en el informe anual aprobado de conformidad con el artículo II.24. En caso de que el Parlamento Europeo rechace de manera definitiva el informe anual o si el beneficiario no presenta un informe anual dentro de los plazos aplicables, no se determinará ningún gasto reembolsable mediante la decisión sobre el importe definitivo de la financiación.
II.25.2 Umbral
El importe definitivo de la financiación se limitará al importe fijado en el artículo I.4. No superará el 90 % de los gastos reembolsables indicados en el presupuesto estimado ni el 90 % de los gastos reembolsables en que se haya efectivamente incurrido.
II.25.3 Prórroga de financiación no gastada
Cualquier parte de la contribución que no se haya gastado durante el ejercicio presupuestario N para el que fue concedida se prorrogará al ejercicio N+1 y se empleará en cualquier gasto reembolsable en que se haya incurrido a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio N+1. Los importes pendientes de las contribuciones del último ejercicio no se utilizarán para financiar la parte de los gastos que los partidos políticos europeos deben cubrir con sus recursos propios.
El beneficiario utilizará en primer lugar la parte de la contribución que no haya sido utilizada en el ejercicio presupuestario para el que se haya concedido, y solo entonces podrá utilizar la contribución concedida después de dicho ejercicio.
II.25.4 Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
El Parlamento Europeo controla anualmente si los gastos son conformes a las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Reglamento financiero y el convenio. Cada año adoptará una decisión sobre el importe definitivo de la financiación, que se notificará debidamente al beneficiario.
Si el importe de la financiación fijada en el artículo I.4 se gastó íntegramente durante el ejercicio presupuestario N, el importe definitivo de la financiación se determinará tras el cierre de dicho ejercicio en el ejercicio N+1.
En el supuesto de que se prorrogue la financiación no gastada al ejercicio N+1 de conformidad con el artículo II.25.3, el importe definitivo de la financiación del ejercicio N se establecerá como sigue:
Etapa 1 : En el ejercicio N+1 el Parlamento Europeo decidirá acerca de los gastos reembolsables del ejercicio N y la primera parte del importe definitivo de la financiación del ejercicio N correspondiente a esos gastos. Además, el Parlamento Europeo establecerá el importe de la financiación no gastada concedida para el ejercicio N que deba prorrogarse al ejercicio N+1.
Etapa 2 : En el ejercicio N+2 el Parlamento Europeo decidirá acerca de los gastos reembolsables del ejercicio N+1, determinando cuáles de ellos se cubrirán con la financiación no gastada prorrogada al ejercicio N+1 (segunda parte del importe definitivo de la financiación).
El importe definitivo de la financiación del ejercicio N será la suma de los importes establecidos en las etapas 1 y 2.
La liquidación de la prefinanciación se producirá en el momento de determinar el importe definitivo de la financiación. En caso de prórroga, se producirá una liquidación parcial de la prefinanciación en el momento de cada una de las etapas mencionadas.
II.25.5 Recuperación de financiación no gastada
Cualquier parte restante de la contribución concedida para el ejercicio N que no haya sido gastada antes del cierre del ejercicio N+1 se recuperará de acuerdo con lo previsto en el capítulo 6 del título IV del Reglamento financiero.
II.25.6 Saldo de la financiación
Si la prefinanciación abonada sobrepasa el importe definitivo de la financiación, el Parlamento Europeo procederá a la recuperación de la prefinanciación pagada indebidamente.
Si el importe definitivo de la financiación excede de la prefinanciación abonada, el Parlamento Europeo abonará la diferencia.
II.25.7 Excedente de recursos propios
a) Constitución de la reserva especial
El beneficiario podrá constituir una reserva especial a partir del excedente de recursos propios.
El excedente de recursos propios que se transferirá a la cuenta de la reserva especial será el importe de los recursos propios que exceda de la suma de los recursos propios necesarios para cubrir el 10 % de los gastos en que se haya efectivamente incurrido en el ejercicio presupuestario N. El beneficiario deberá haber cubierto previamente los gastos no reembolsables del ejercicio N recurriendo solo a sus recursos propios.
La reserva se destinará exclusivamente a la cofinanciación de los gastos reembolsables y no reembolsables que deban cubrirse con recursos propios durante la ejecución de cualquier futuro convenio.
b) Beneficios
Se entenderá por «beneficio» el excedente de los ingresos respecto de los gastos.
Los ingresos incluyen tanto la financiación con cargo al presupuesto de la Unión como los recursos propios del beneficiario.
Las contribuciones de terceros a actos conjuntos no se considerarán parte de los recursos propios del beneficiario. Por otra parte, el beneficiario no podrá percibir directa ni indirectamente ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión. En particular, estarán prohibidas las donaciones procedentes de los presupuestos de los grupos políticos del Parlamento Europeo.
El excedente asignado a la reserva especial no se tendrá en cuenta para el cálculo de los beneficios.
c) Recuperación
La financiación no podrá generar beneficios para el beneficiario. El Parlamento Europeo estará autorizado a recuperar el porcentaje de beneficio correspondiente a la contribución de la Unión a los gastos reembolsables.
ARTÍCULO II.26 – INTERESES SOBRE LA PREFINANCIACIÓN
El beneficiario deberá notificar al Parlamento Europeo el importe de los intereses o beneficios equivalentes generados por las prefinanciaciones que haya recibido del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo deducirá los intereses devengados por la prefinanciación al efectuar el cálculo del importe definitivo de la financiación. Los intereses no se incluirán en los recursos propios.
ARTÍCULO II.27 – RECUPERACIÓN
Cuando se hayan pagado indebidamente importes al beneficiario o cuando, con arreglo a las condiciones del convenio, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 o del Reglamento Financiero, se justifique un procedimiento de recuperación, el beneficiario o la persona física a que se refiere el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 reembolsará al Parlamento Europeo, en las condiciones y en la fecha de vencimiento fijadas por este, los importes en cuestión.
II.27.1 Intereses de demora
En caso de que, en la fecha de vencimiento fijada por el Parlamento Europeo, el beneficiario no haya procedido al reembolso, el Parlamento Europeo incrementará los importes adeudados con intereses de demora al tipo fijado en el artículo II.16. Los intereses de demora se aplicarán al período transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada para el pago y la fecha, incluida, de recepción por el Parlamento Europeo del pago íntegro de los importes adeudados.
Todo pago parcial se imputará en primer lugar a los gastos e intereses de demora y solo a continuación al principal.
II.27.2 Compensación
En caso de no haberse procedido al reembolso a más tardar en la fecha de vencimiento, los importes adeudados al Parlamento Europeo podrán recuperarse mediante compensación con los importes adeudados al beneficiario por cualquier otro concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento Financiero. En circunstancias excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, el Parlamento Europeo podrá proceder a una recuperación mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No se requerirá el acuerdo previo del beneficiario.
II.27.3 Gastos bancarios
Los gastos bancarios ocasionados por la recuperación de los importes adeudados al Parlamento Europeo correrán íntegramente a cargo del beneficiario.
ARTÍCULO II.28 – GARANTÍA FINANCIERA
Si el Parlamento Europeo solicita una garantía financiera de conformidad con el artículo 227 del Reglamento Financiero, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) la garantía financiera deberá ser prestada por un banco o entidad financiera autorizada o, si así lo solicita el beneficiario y lo acepta el Parlamento Europeo, por un tercero;
b) la garantía financiera deberá ser ejecutada por el garante al primer requerimiento, sin que este pueda exigir al Parlamento Europeo que actúe contra el deudor principal (es decir, el beneficiario de que se trate); y
c) la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la prefinanciación sea deducida de los pagos intermedios o del pago del saldo por el Parlamento Europeo; si el pago del saldo adopta la forma de una recuperación, la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la deuda se considere totalmente liquidada; y el Parlamento Europeo deberá liberar la garantía dentro del mes siguiente.
ARTÍCULO II.29 – CONTROL
II.29.1 Disposiciones generales
En el ámbito de sus competencias y de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y del artículo 231, apartado 1, del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán ejercer en cualquier momento sus funciones de control respectivas con el fin de comprobar si el beneficiario cumple plenamente las obligaciones establecidas en el convenio, en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el Reglamento Financiero.
El beneficiario cooperará debidamente con las autoridades competentes y les proporcionará toda la asistencia necesaria para el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán delegar la tarea de control en organismos externos debidamente autorizados para actuar en su nombre (en lo sucesivo, «organismos autorizados»).
II.29.2 Obligación de conservar los documentos
El beneficiario, tal como se especifica en el artículo II.7, conservará en cualquier soporte adecuado todos los documentos originales, especialmente los registros contables y fiscales, incluidos originales digitalizados cuando lo autorice su correspondiente Derecho nacional y en las condiciones que este establezca.
II.29.3 Obligación de facilitar documentos e información
El beneficiario facilitará cualquier documento o información, incluida información en formato electrónico, solicitada por el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas o los organismos autorizados (en lo sucesivo, «autoridad competente»).
Todos los documentos o información facilitados por el beneficiario se tratarán de conformidad con el artículo II.6.
II.29.4 Visitas in situ
La autoridad competente podrá realizar visitas in situ en los locales del beneficiario. A tal fin, podrá solicitar por escrito que el beneficiario disponga lo necesario para tal visita dentro de un plazo adecuado que ha de fijar la autoridad competente.
Durante las visitas in situ, el beneficiario autorizará el acceso de la autoridad competente a los lugares y locales donde se están efectuando o se han efectuado las actividades, así como a toda la información necesaria, incluida la información en formato electrónico.
El beneficiario velará por que la información esté disponible en el momento de la visita y que la información solicitada se proporcione de manera apropiada.
II.29.5 Procedimiento de auditoría contradictorio
Sobre la base de las conclusiones extraídas durante el procedimiento de control, el Parlamento Europeo elaborará un informe provisional de auditoría, que se remitirá al beneficiario. El beneficiario podrá formular observaciones en el plazo de 30 días naturales, a contar a partir de la fecha de recepción del informe provisional de auditoría.
Sobre la base de las conclusiones del informe de auditoría provisional y las posibles observaciones del beneficiario, el Parlamento Europeo establecerá sus conclusiones definitivas de la auditoría en un informe final de auditoría. El informe final de auditoría se remitirá al beneficiario dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la formulación de observaciones al informe provisional de auditoría.
II.29.6 Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
Sin perjuicio de la facultad del Parlamento de adoptar medidas en virtud de los artículos II.12 a II.14, el Parlamento Europeo tendrá debidamente en cuenta las conclusiones definitivas de la auditoría en el contexto de la determinación del importe definitivo de la financiación.
Los casos de posible fraude o incumplimiento grave de las normas aplicables que sean revelados en las conclusiones definitivas de la auditoría se notificarán a las autoridades nacionales o de la Unión competentes para la adopción de medidas adicionales.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación sobre la base de las conclusiones definitivas de la auditoría.
II.29.7 Facultad de control de la OLAF
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ejercerá su facultad de control frente los beneficiarios de conformidad con las normas aplicables, y en particular, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (6), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el artículo 231, apartado 1, del Reglamento Financiero, y los artículos 24, apartado 4, y 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
El beneficiario cooperará debidamente con la OLAF y le proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente en cualquier momento la decisión sobre el importe definitivo de la financiación basándose en las conclusiones que le remita la OLAF, en virtud del artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Antes de que el Parlamento Europeo decida adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, se informará debidamente al beneficiario sobre las conclusiones pertinentes y la intención del Parlamento de adaptar la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, y le dará la oportunidad de formular observaciones.
II.29.8 Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo ejercerá su facultad de control de conformidad con las normas aplicables, en especial, con el artículo 231, apartado 1, del Reglamento Financiero y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Los artículos II.29.3 y II.29.4 son aplicables.
El beneficiario colaborará debidamente con el Tribunal de Cuentas y proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
II.29.9 Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.29, puntos 1 a 4
Si el beneficiario no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo II.29, puntos 1 a 4, el Parlamento Europeo podrá considerar no reembolsable cualquier gasto insuficientemente justificado por el beneficiario.
Por el beneficiario
[apellidos/nombre/cargo]
Hecho en [lugar], [fecha]
Por el Parlamento Europeo
[apellidos/nombre]
Hecho en [lugar], [fecha]
Por duplicado en español.
PRESUPUESTO ESTIMADO
Gastos reembolsables
Presupuesto
A.1: Gastos de personal
Sueldos
Contribuciones
Formación profesional
Gastos de misión del personal
Otros gastos de personal
A.2: Gastos de infraestructura y de funcionamiento
Alquiler, gastos relacionados con el alquiler y gastos de mantenimiento
Gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Gastos de amortización de los bienes muebles e inmuebles
Material y suministros de oficina
Gastos de envíos postales y telecomunicaciones
Gastos de impresión, de traducción y de reproducción
Otros gastos de infraestructura
A.3: Gastos administrativos
Gastos de documentación (periódicos, agencias de prensa, bases de datos)
Gastos de estudio y de investigación
Gastos jurídicos
Gastos de contabilidad y auditoría
Gastos administrativos varios
Apoyo a entidades asociadas
A.4: Reuniones y gastos de representación
Gastos de reuniones
Participación en seminarios y conferencias
Gastos de representación
Gastos de invitaciones
Otros gastos relacionados con reuniones
A.5: Gastos de información y de publicación
Gastos de publicación
Creación y funcionamiento de sitios internet
Gastos de publicidad
Material de comunicación (artículos promocionales)
Seminarios y exposiciones
Campañas electorales
Otros gastos de información
A. TOTAL DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES
Gastos no reembolsables
Dotaciones para otras provisiones
Gastos financieros
Pérdidas por tipo de cambio
Deudas de terceros de dudoso cobro
Otros gastos (por precisar)
Contribuciones en especie
B. TOTAL DE LOS GASTOS NO REEMBOLSABLES
C. TOTAL GASTOS
Ingresos
Presupuesto
D.1: Financiación del Parlamento Europeo prorrogada del ejercicio N-1
D.1: Financiación del Parlamento Europeo concedida para el ejercicio N
D.1. Financiación del Parlamento Europeo utilizada para cubrir el 90 % de los gastos reembolsables en el ejercicio N
D.2 Contribuciones de los miembros
de partidos miembros
de miembros individuales
D.3 Donaciones
D.4 Otros recursos propios
(complétese)
D.5 Contribuciones en especie
D: TOTAL INGRESOS
E. Beneficios/pérdidas (D-C)
F. Dotación de recursos propios a la cuenta de reserva
G. Beneficios/pérdidas por la comprobación del cumplimiento de la norma de no rentabilidad (E-F)
H. Intereses generados por la prefinanciación
I. Financiación del Parlamento Europeo prorrogada al ejercicio N+1
Nota: Estructura meramente orientativa. La estructura vinculante del presupuesto estimado se publicará con carácter anual junto con la convocatoria de contribuciones.
(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(2) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(3) Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(4) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad*** DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(6) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(7) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
ANEXO 1b
[MODELO] CONVENIO DE SUBVENCIÓN — FUNDACIÓN
NÚMERO: … [INSÉRTESE] …
El Parlamento Europeo, cuya Secretaría está situada en
Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxemburgo,
denominado en lo sucesivo «el Parlamento Europeo»,
representado a efectos de la firma del presente convenio
por [apellidos/nombre/cargo],
por una parte,
[denominación oficial completa del beneficiario]
[forma jurídica oficial]
[n.o de registro]
[dirección oficial completa]
[número de IVA],
denominado en lo sucesivo «el beneficiario»,
representado a efectos de la firma del presente convenio
por: …[representante habilitado para contraer compromisos jurídicos]…,
por otra parte,
HAN ACORDADO
las Condiciones Especiales, Condiciones Generales y anexos siguientes:
Anexo 1 Presupuesto estimado
Anexo 2 Programa de trabajo
que forman parte integrante del presente convenio.
Las disposiciones de las Condiciones Especiales prevalecerán sobre las de las demás partes del presente convenio. Las disposiciones de las Condiciones Generales prevalecerán sobre las de los otros anexos.
CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 –
OBJETO DEL CONVENIO
ARTÍCULO I.2 –
PERÍODO DE ADMISIÓN
ARTÍCULO I.3 –
FORMA DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.4 –
IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
ARTÍCULO I.5 –
PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
Prefinanciación
Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
ARTÍCULO I.6 –
CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO I.7 –
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
CONDICIONES GENERALES
PARTE A:
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 –
DEFINICIONES
ARTÍCULO II.2 –
OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
ARTÍCULO II.3 –
OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
ARTÍCULO II.4 –
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTÍCULO II.5 –
CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO II.6 –
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
ARTÍCULO II.7 –
REGISTROS
ARTÍCULO II.8 –
VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
Información sobre la financiación de la Unión
Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Publicación de información por el Parlamento Europeo
ARTÍCULO II.9 –
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
Principios
Registros
Control
Responsabilidad
ARTÍCULO II.10 –
AYUDA FINANCIERA A TERCEROS
ARTÍCULO II.11 –
FUERZA MAYOR
ARTÍCULO II.12 –
SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.12.1
Motivos de suspensión
II.12.2
Procedimiento de suspensión
II.12.3
Efectos de la suspensión
II.12.4
Reanudación del pago
ARTÍCULO II.13 –
REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1
Motivos de la revocación
II.13.2
Procedimiento de revocación
II.13.3
Efectos de la revocación
ARTÍCULO II.14 –
ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.14.1
Anulación a petición del beneficiario
II.14.2
Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.14.3
Efectos de la anulación
ARTÍCULO II.15 –
ARTÍCULO II.16 –
INTERESES DE DEMORA
ARTÍCULO II.17 –
DERECHO APLICABLE
ARTÍCULO II.18 –
DERECHO A SER OÍDO
PARTE B:
DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.19 –
GASTOS SUBVENCIONABLES
II.19.1
Condiciones
II.19.2
Ejemplos de gastos subvencionables
ARTÍCULO II.20 –
GASTOS NO SUBVENCIONABLES
ARTÍCULO II.21 –
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
ARTÍCULO II.22 –
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
ARTÍCULO II.23 –
OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.23.1
Informe anual
II.23.2
Informe de auditoría externa
ARTÍCULO II.24 –
DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
ARTÍCULO II.25 –
DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.25.1
Impacto del informe anual
II.25.2
II.25.3
Prórroga de excedentes
II.25.4
Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
II.25.5
Saldo de la financiación
II.25.6
Beneficios
ARTÍCULO II.26 –
RECUPERACIÓN
II.26.1
Intereses de demora
II.26.2
Compensación
II.26.3
Gastos bancarios
ARTÍCULO II.27 –
GARANTÍA FINANCIERA
ARTÍCULO II.28 –
CONTROL
II.28.1
Disposiciones generales
II.28.2
Obligación de conservar los documentos
II.28.3
Obligación de facilitar documentos e información
II.28.4
Visitas in situ
II.28.5
Procedimiento de auditoría contradictorio
II.28.6
Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
II.28.7
Facultades de control de la OLAF
II.28.8
Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
II.28.9
Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a 4
Anexo 1 –
PRESUPUESTO ESTIMADO
Anexo 2 –
PROGRAMA DE TRABAJO
I. CONDICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO I.1 – OBJETO DEL CONVENIO
El Parlamento Europeo concede financiación para la realización de las actividades y objetivos estatutarios del beneficiario durante el ejercicio [insértese], de conformidad con las condiciones establecidas en las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales (en lo sucesivo, «condiciones»), así como con los anexos del presente convenio.
El beneficiario utilizará la financiación con el fin de realizar sus actividades y objetivos estatutarios, bajo su propia responsabilidad y de conformidad con las condiciones y los anexos del presente convenio. Ello constituye la aplicación de la Decisión de Financiación adoptada por el Parlamento Europeo el [insértese la fecha].
ARTÍCULO I.2 – PERÍODO DE ADMISIÓN
El período de admisión para la obtención de financiación de la Unión estará comprendido entre el [insértese DD/MM/AA] y el [insértese DD/MM/AA].
ARTÍCULO I.3 – FORMA DE FINANCIACIÓN
La subvención concedida al beneficiario con arreglo al título VIII del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) («Reglamento Financiero») revestirá la forma de reembolso de un porcentaje de los gastos subvencionables en que efectivamente se haya incurrido.
ARTÍCULO I.4 – IMPORTE (MÁXIMO) PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN
El Parlamento Europeo se hará cargo de un importe máximo de [indíquese el importe] euros, que no podrá superar el 95 % de los gastos subvencionables totales estimados.
Los gastos subvencionables estimados del beneficiario se establecen en el anexo 1 (en lo sucesivo, «presupuesto estimado»). El presupuesto estimado estará equilibrado y desglosará el conjunto de los gastos e ingresos del beneficiario para el período de admisión. Los gastos subvencionables se separarán de los gastos no subvencionables de conformidad con el artículo II.19.
ARTÍCULO I.5 – PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO
La financiación se abonará de conformidad con el calendario y las normas siguientes.
I.5.1 Prefinanciación
El pago de prefinanciación de [indíquese el importe] euros, que representa el [100 % por defecto; en caso contrario indíquese el porcentaje decidido por el Parlamento Europeo en la Decisión de Financiación] del importe máximo de financiación establecido en el artículo I.4 del presente convenio, se abonará al beneficiario en los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del convenio o, en su caso, a partir de la fecha en la que el Parlamento Europeo reciba la garantía financiera por un importe de [indíquese el importe, en su caso] euros, si esta fecha es posterior.
I.5.2 Liquidación del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada
El saldo de financiación se abonará al beneficiario, y cualquier prefinanciación indebidamente pagada deberá ser recuperada dentro de los 30 días siguientes a la decisión del Parlamento Europeo sobre el informe anual y la determinación del importe definitivo de la financiación, tal como se especifica en los artículos II.23 y II.25.
I.5.3 Divisa
Los pagos serán efectuados por el Parlamento Europeo en euros. La conversión eventual de los gastos efectivos en euros se realizará tomando como base el tipo de cambio del día publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea o, en su defecto, el índice contable mensual fijado por el Parlamento Europeo y publicado en su sitio internet, el día de la emisión de la orden de pago por parte del Parlamento Europeo, salvo que en las Condiciones Especiales se disponga expresamente de otro modo.
Los pagos del Parlamento Europeo se considerarán efectuados en la fecha en que se adeuden en la cuenta del Parlamento Europeo.
ARTÍCULO I.6 – CUENTA BANCARIA
Los pagos se abonarán en una cuenta o subcuenta bancaria, denominada en euros, de la que sea titular el beneficiario en un banco establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, cuyos datos figuran a continuación:
Nombre del banco: […]
Dirección de la agencia bancaria: […]
Denominación exacta del titular de la cuenta: […]
Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]
Código IBAN de la cuenta: […]
Código BIC/SWIFT: […]
ARTÍCULO I.7 – DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES
Toda comunicación dirigida al Parlamento Europeo en el marco de la presente Decisión habrá de efectuarse por escrito, indicar el número del presente convenio y remitirse a la siguiente dirección:
Parlamento Europeo
El presidente/La presidenta
c/o Director general de Finanzas
Oficina SCH 05B031
L-2929 Luxemburgo
Se considerará que la fecha de recepción del correo ordinario por el Parlamento Europeo es aquella en la que el Servicio de Correo del Parlamento lo haya registrado formalmente.
Toda comunicación dirigida al beneficiario en relación con el presente convenio habrá de efectuarse por escrito, indicar el número del convenio y remitirse a la siguiente dirección:
Sr./Sra. […]
[Cargo]
[Denominación oficial del organismo beneficiario]
[Dirección oficial completa]
Se comunicará al Parlamento Europeo por escrito y sin demora cualquier cambio de dirección del beneficiario.
ARTÍCULO I.8 – ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO
El convenio entrará en vigor en la fecha de su firma en nombre del Parlamento Europeo.
II. CONDICIONES GENERALES
PARTE A: DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO II.1 – DEFINICIONES
A efectos del presente convenio, se entenderá por:
«informe de actividades»: la justificación por escrito de los gastos en que se incurra durante el período de admisión. Por ejemplo, una explicación sobre las actividades, los gastos administrativos, etc. El informe de actividades forma parte del informe anual;
«informe anual»: un informe que debe presentarse en el plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio presupuestario, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2);
«saldo de la financiación»: la diferencia entre el importe de prefinanciación con arreglo al artículo I.5.1 y el importe definitivo de la financiación determinado con arreglo al artículo II.25.4;
«liquidación de la prefinanciación»: una situación en la que el ordenador de pagos establece el importe definitivo de la financiación, y el importe abonado al beneficiario ya no es propiedad de la Unión;
«conflicto de intereses»: una situación en que la ejecución del convenio de manera imparcial y objetiva por parte del beneficiario se ve comprometida por razones familiares, afectivas, de afinidad nacional, intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido con un tercero que guarde relación con el objeto del convenio; La afinidad política no constituye, en principio, motivo de conflicto de intereses en el caso de convenios celebrados entre el partido político y organizaciones con los mismos valores políticos. No obstante, en caso de tal convenio, deberá cumplirse el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«contribuciones en especie» u «ofertas en especie»: recursos no financieros, aportados de manera gratuita por terceros al beneficiario, de conformidad con el artículo 2, apartados 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«ejercicio presupuestario N» o «período de admisión»: el período de ejecución de las actividades para las que se había concedido la financiación en virtud del presente convenio, como se especifica en el artículo I.2;
«fuerza mayor»: cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno al control del beneficiario o del Parlamento Europeo que impida a cualquiera de ellos cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del presente convenio que no se deba a error o negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades afiliadas o terceros que reciban ayuda financiera y que resulte inevitable a pesar de haber actuado ambos con la debida diligencia. No podrán invocarse como casos de fuerza mayor: los conflictos laborales, las huelgas, los problemas financieros o las carencias del servicio, los defectos del equipo o material o los retrasos en su disponibilidad, a menos que deriven directamente de un caso claro de fuerza mayor;
«notificación oficial»: la comunicación escrita transmitida por correo postal o electrónico con acuse de recibo;
«fraude»: cualquier acto deliberado u omisión que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, o el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información;
«financiación»: las «subvenciones» en el sentido del título VIII del Reglamento Financiero y del capítulo IV del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
«irregularidad»: cualquier infracción de una disposición del Derecho de la Unión que resulte de un acto u omisión del beneficiario que tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto de la Unión;
«recursos propios»: toda fuente externa de financiación distinta de la financiación de la Unión; por ejemplo: las donaciones, las aportaciones de los miembros (tal como se definen en el artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014), etc.;
«persona relacionada»: cualquier persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar decisiones en su nombre;
«error sustancial»: cualquier infracción de una disposición del convenio que resulte de un acto u omisión que cause o pueda causar un perjuicio al presupuesto de la Unión Europea.
ARTÍCULO II.2 – OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO
El beneficiario:
será el único responsable y asumirá la carga de la prueba del cumplimiento de todas las obligaciones jurídicas que le incumban;
habrá de reparar cualquier daño o perjuicio sufrido por el Parlamento Europeo como consecuencia de la ejecución, incluida la ejecución incorrecta, del presente convenio, salvo en los casos de fuerza mayor;
será el único responsable frente a terceros, incluso en el caso de daños y perjuicios de todo tipo que se pudieran causar en la ejecución del presente convenio;
informará al Parlamento Europeo inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal;
adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses.
ARTÍCULO II.3 – OBLIGACIONES VINCULADAS A LA CUENTA BANCARIA
La cuenta o subcuenta a que se refiere el artículo I.6 deberá permitir la identificación de los importes abonados por el Parlamento Europeo y de los intereses devengados u otros beneficios equivalentes.
Cuando los importes abonados en esa cuenta devenguen intereses u otros beneficios equivalentes en virtud del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto la cuenta, el beneficiario podrá conservar tales intereses u otros beneficios de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento Financiero.
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán los importes abonados por el Parlamento Europeo con fines especulativos.
La prefinanciación continuará siendo propiedad de la Unión hasta que sea deducida del importe definitivo de la financiación.
ARTÍCULO II.4 – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Parlamento Europeo no será responsable por los daños y perjuicios ocasionados o sufridos por el beneficiario, incluidos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del presente convenio o durante dicha ejecución.
Salvo en casos de fuerza mayor, el beneficiario o la persona relacionada con él indemnizarán al Parlamento Europeo por los daños y perjuicios que sufra como consecuencia de la ejecución del presente convenio o porque el convenio no se ha aplicado respetando plenamente sus disposiciones.
ARTÍCULO II.5 – CONFIDENCIALIDAD
Salvo que se disponga de otro modo en el presente convenio, en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en otros actos jurídicos de la Unión aplicables, el Parlamento Europeo y el beneficiario se comprometerán a preservar la confidencialidad de todo documento, información u otro material que esté directamente relacionado con el objeto del presente convenio.
ARTÍCULO II.6 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Todos los datos personales recabados en el contexto del convenio se tratarán conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Todo tratamiento de datos personales por parte del Parlamento Europeo deberá cumplir el Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Esos datos se tratarán únicamente a los efectos de la ejecución y el seguimiento del convenio, sin perjuicio de que puedan ser comunicados a los órganos responsables de las funciones de control y auditoría de conformidad con el Derecho de la Unión.
Todo tratamiento de datos personales por el beneficiario en relación con el presente convenio está sujeto al Reglamento (UE) n.o 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Sin perjuicio de los demás supuestos previstos en dicho Reglamento, el tratamiento de datos personales en relación con el presente convenio se autoriza únicamente si es necesario para la ejecución del presente convenio.
ARTÍCULO II.7 – REGISTROS
De conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero, el beneficiario mantendrá un registro y conservará los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación relativa a la ejecución del convenio durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o recuperación de la prefinanciación indebidamente abonada.
Los registros relativos a las auditorías, recursos, litigios o resolución de reclamaciones derivados de la utilización de la financiación o relativos a investigaciones de la Fiscalía Europea o de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que hayan sido notificados al perceptor se conservarán hasta el final de tales auditorías, recursos, litigios, resolución de reclamaciones o investigaciones.
ARTÍCULO II.8 – VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN
II.8.1 Información sobre la financiación de la Unión
A menos que el Parlamento Europeo lo solicite o acuerde de otro modo, cualquier comunicación o publicación del beneficiario relativa a la financiación de la Unión, incluidas las realizadas en una conferencia, seminario o en cualquier material informativo o de promoción (como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, en formato electrónico, etc.), deberá indicar que el programa ha recibido ayuda financiera del Parlamento Europeo.
II.8.2 Cláusulas de exención de responsabilidad del Parlamento Europeo
Toda comunicación o publicación del beneficiario, sea cual sea la forma que adopte y el soporte utilizado, deberá indicar que solo refleja las opiniones de su autor y que el Parlamento Europeo no es responsable de la utilización que se haga de las informaciones contenidas en dicha comunicación o publicación.
II.8.3 Publicación de información por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo publica en una página web la información que se especifica en el artículo 32 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
ARTÍCULO II.9 – ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS POR EL BENEFICIARIO
II.9.1 Principios
Cuando, a efectos de la ejecución del convenio, el beneficiario celebre contratos de adjudicación, deberá convocar una licitación y adjudicar el contrato al licitador que haga la oferta que presente la mejor relación calidad/precio o, en su caso, al licitador que ofrezca el precio más bajo. El beneficiario deberá evitar todo conflicto de intereses.
Cuando se trate de contratos de cuantía superior a los 60 000 euros por proveedor y por bien o servicio, el beneficiario examinará al menos tres ofertas recibidas en respuesta a una licitación por escrito en la que se habrán detallado los requisitos del procedimiento de contratación. La duración de los contratos no superará los cinco años.
En el caso de que se presenten menos de tres ofertas a la licitación por escrito, el beneficiario deberá demostrar que fue imposible obtener más ofertas para el procedimiento de contratación en cuestión.
II.9.2 Registros
El beneficiario conservará un registro de la evaluación de las ofertas y motivará por escrito su elección del proveedor final.
II.9.3 Control
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sean capaces de ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. El beneficiario se asegurará de que los contratos celebrados con terceros establezcan la posibilidad de que esas competencias de control puedan ejercerse también frente a esos terceros.
II.9.4 Responsabilidad
El beneficiario será el único responsable de la ejecución del convenio y del respeto de lo dispuesto en el convenio. El beneficiario se comprometerá a adoptar todas las disposiciones necesarias para garantizar que el adjudicatario del contrato renuncie a todos los derechos con respecto al Parlamento Europeo en virtud del convenio.
ARTÍCULO II.10 – AYUDA FINANCIERA A TERCEROS
La ayuda financiera concedida por parte del beneficiario a terceros, en el sentido del artículo 204 del Reglamento Financiero, podrá, en las siguientes condiciones, constituir un gasto subvencionable:
a) la ayuda financiera se concede por el beneficiario a los terceros siguientes: … [insértense los nombres de los posibles beneficiarios según se indica en el formulario de solicitud];
b) la ayuda financiera no superará los 60 000 euros por tercero;
c) el tercero la destinará a gastos subvencionables;
d) el beneficiario garantizará la posible recuperación de dicha ayuda financiera;
Un partido político europeo o nacional o una fundación política europea o nacional no se considerarán terceros a los efectos del presente artículo.
El beneficiario velará por que el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus competencias de control en virtud del capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y del artículo 129 del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.11 – FUERZA MAYOR
Si el Parlamento Europeo o el beneficiario se enfrentan a una situación de fuerza mayor, lo notificarán sin demora a la otra parte por carta certificada con acuse de recibo o procedimiento equivalente, precisando el carácter, la duración probable y los efectos previsibles de la situación de que se trate.
El Parlamento Europeo y el beneficiario adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse de una situación de fuerza mayor.
No se considerará que el Parlamento Europeo o el beneficiario han incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud del convenio cuando no les haya sido posible respetarlo por causa de fuerza mayor.
ARTÍCULO II.12 – SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA FINANCIACIÓN
II.12.1 Motivos de suspensión
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 202, apartado 2, del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo estará facultado para suspender el pago de la financiación:
i) si el Parlamento Europeo tiene sospechas fundadas de que el beneficiario ha cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude o ha incumplido obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del convenio y tiene que comprobar si en efecto se han producido; o
ii) si el beneficiario ha sido objeto de las sanciones financieras previstas en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 hasta que se haya abonado la sanción.
II.12.2 Procedimiento de suspensión
Etapa 1 — Antes de suspender el pago, el Parlamento Europeo enviará una notificación oficial al beneficiario informándole de su intención de suspender el pago, explicando sus razones e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no seguir con el procedimiento de suspensión, notificará dicha decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide seguir con el procedimiento de suspensión, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de suspensión, con acuse de recibo, informándole de:
i) la fecha indicativa en que se haya de completar la comprobación necesaria en el caso a que se refiere el artículo II.12.1, inciso i); y
ii) todas las vías de recurso.
II.12.3 Efectos de la suspensión
La suspensión del pago tendrá por efecto que el beneficiario no tenga derecho a recibir ningún pago del Parlamento Europeo hasta que se haya completado la comprobación a que se refiere el artículo II.12.2, inciso i), en el marco de la Etapa 2, o deje de aplicarse el motivo de suspensión. Ello se entiende sin perjuicio de la facultad del Parlamento Europeo de revocar o anular la Decisión de Financiación en virtud de los artículos II.13 y II.14.
II.12.4 Reanudación del pago
A partir del momento en que deje de aplicarse el motivo de suspensión, todos los pagos en cuestión se reanudarán y el Parlamento Europeo lo notificará al beneficiario.
ARTÍCULO II.13 – REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1 Motivos de la revocación
El Parlamento Europeo estará facultado para revocar la Decisión de Financiación sobre la base de una decisión de la Autoridad por la que se cancela el registro del beneficiario, excepto en los supuestos contemplados en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
II.13.2 Procedimiento de revocación
Etapa 1 — Antes de revocar la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de revocarla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no revocar la Decisión de Financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide revocar la Decisión de Financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de revocación.
Etapa 3 — Tras la adopción de la decisión de revocación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de subvención.
II.13.3 Efectos de la revocación
La decisión de revocación de la Decisión de Financiación tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha de la adopción de la Decisión de Financiación.
La anulación del convenio de subvención surtirá efecto inmediatamente después de la notificación al beneficiario.
Todo importe abonado en virtud del convenio de subvención se considerará un pago indebido y se recuperará con arreglo a las normas aplicables del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.14 – ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
II.14.1 Anulación a petición del beneficiario
El beneficiario podrá solicitar la anulación de la Decisión de Financiación.
El beneficiario notificará formalmente la anulación al Parlamento Europeo, indicando:
a) los motivos de la anulación; y
b) la fecha en que dicha anulación haya de surtir efecto, que no será anterior a la fecha de envío de la notificación formal.
La anulación de la Decisión de Financiación surtirá efecto en la fecha indicada en la decisión de anulación o, en caso de que no se indique una fecha, el día de su notificación al beneficiario. Tras la anulación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo pondrá fin sin demora al convenio de subvención con efectos en la misma fecha.
II.14.2 Anulación por parte del Parlamento Europeo
II.14.2.A Motivos de anulación
El Parlamento Europeo estará facultado para anular la Decisión de Financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) sobre la base de una decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas por la que se cancele el registro del beneficiario, en los supuestos contemplados en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
b) en caso de que el beneficiario deje de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014;
c) en los casos a que se refiere el artículo 131 y el artículo 202 del Reglamento Financiero;
d) el beneficiario o cualquier persona relacionada con él o que haya asumido una responsabilidad ilimitada por las deudas del beneficiario se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 136, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento Financiero;
e) el beneficiario o cualquier persona relacionada con él se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 136, apartado 1, letras c) a h), o entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero;
f) en caso de que el beneficiario pierda su condición de beneficiario con arreglo al artículo 10, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
II.14.2.B Procedimiento de anulación
Etapa 1 — Antes de anular la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará formalmente al beneficiario su intención de anularla, aduciendo sus motivos e invitándole a formular observaciones en el plazo de 30 días naturales a contar después de la fecha de recepción de la notificación.
Etapa 2 — Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide no anular la Decisión de Financiación, notificará su decisión al beneficiario.
Si, al expirar el plazo para la formulación de observaciones, el Parlamento Europeo decide anular la Decisión de Financiación, lo notificará formalmente al beneficiario mediante una decisión motivada de anulación.
Etapa 3 — Tras la adopción de la decisión de anulación de la Decisión de Financiación, el Parlamento Europeo notificará sin demora al beneficiario la anulación del convenio de subvención.
II.14.3 Efectos de la anulación
La anulación de la Decisión de Financiación surtirá efecto «ex nunc» en la fecha indicada en la decisión de anulación o, en caso de que no se indique una fecha, el día de su notificación al beneficiario. La anulación del convenio de subvención surtirá efecto en la misma fecha.
Los costes en que haya efectivamente incurrido el beneficiario a partir de la fecha en que surta efecto la anulación de la Decisión de Financiación se considerarán gastos no subvencionables, y la prefinanciación correspondiente se recuperará con arreglo a las normas aplicables del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.15 – CESIÓN
El beneficiario no podrá ceder ninguna de sus reclamaciones de pago frente al Parlamento Europeo a ningún tercero excepto con la aprobación previa del Parlamento Europeo sobre la base de una solicitud motivada por escrito del beneficiario.
Si el Parlamento Europeo no acepta por escrito la cesión o si se incumplen sus condiciones de aceptación, la cesión no tendrá ningún efecto jurídico.
Una cesión no podrá bajo ninguna circunstancia liberar al beneficiario de sus obligaciones con el Parlamento Europeo.
ARTÍCULO II.16 – INTERESES DE DEMORA
Si el Parlamento Europeo no paga dentro de los plazos de pago, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El tipo de referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que vence el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el Parlamento Europeo suspende los pagos tal como se establece en el artículo II.12, estas acciones no podrán considerarse casos de demora en el pago.
Los intereses de demora se aplicarán al período comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago y el día, incluido, de la fecha de pago efectivo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, cuando el interés calculado sea inferior o igual a 200 euros, el Parlamento Europeo únicamente estará obligado a abonárselo al beneficiario si este lo solicita en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago atrasado.
ARTÍCULO II.17 – DERECHO APLICABLE
El Derecho aplicable al presente convenio será el Derecho de la Unión, y en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y las normas aplicables del Reglamento Financiero, que son de plena aplicación. Se completarán, en su caso, por el Derecho nacional del Estado miembro en el que el beneficiario esté domiciliado.
ARTÍCULO II.18 – DERECHO A SER OÍDO
En los casos en los que, en virtud del presente convenio, el beneficiario o una persona física de a que se refiere el artículo 27 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 tenga derecho a formular observaciones, se concederá al beneficiario o a la persona física de que se trate un plazo de diez días hábiles para formular observaciones por escrito, salvo que se disponga expresamente de otro modo. A petición motivada del beneficiario o de la persona física de que se trate, este plazo podrá prorrogarse una sola vez por otros diez días hábiles.
PARTE B: DISPOSICIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO II.19 – GASTOS SUBVENCIONABLES
II.19.1 Condiciones
Para poder ser considerados subvencionables por la Unión, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento Financiero, los gastos deberán responder a los siguientes criterios:
a) estar directamente relacionados con el objeto del convenio y estar previstos en el presupuesto estimado adjunto al convenio;
b) ser necesarios para la ejecución del convenio;
c) ser razonables y justificados y cumplir el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a los requisitos de economía y eficiencia;
d) haberse generado durante el período de admisión tal como se define en el artículo I.2, con la excepción de los gastos relativos a los informes anuales y los certificados sobre los estados financieros y las cuentas subyacentes;
e) corresponder a gastos en que haya efectivamente incurrido el beneficiario;
f) ser identificables y comprobables, y estar registrados en la contabilidad del beneficiario de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
g) cumplir los requisitos de la legislación tributaria y de seguridad social aplicable;
h) cumplir con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo.
Los procedimientos de contabilidad y auditoría interna del beneficiario deberán permitir conciliar directamente los gastos y los ingresos declarados en el informe anual con los estados financieros y los documentos justificativos correspondientes.
II.19.2 Ejemplos de gastos subvencionables
En particular, y siempre que cumplan los criterios enumerados en el apartado 1, serán subvencionables los gastos de funcionamiento siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento Financiero:
a) los gastos administrativos, los gastos relacionados con la asistencia técnica, las reuniones, las investigaciones, los actos transfronterizos, los estudios, la información y las publicaciones;
b) los gastos de personal, correspondientes a los sueldos reales más las cotizaciones a la seguridad social y otros gastos estatutarios incluidos en la remuneración, a condición de que no superen los tipos medios de la política habitual del beneficiario en materia de remuneración;
c) los gastos de viaje y de estancia del personal, a condición de que correspondan a las prácticas habituales del beneficiario en materia de gastos de desplazamiento;
d) los costes de amortización de los equipos u otros activos (nuevos o de segunda mano), registrados en los estados contables del beneficiario, siempre que el activo
i) se amortice de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las prácticas contables habituales del beneficiario; y
ii) se haya adquirido de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo, si la adquisición se ha producido dentro del período de admisión;
e) los gastos en bienes fungibles y suministros y otros contratos, siempre que:
i) se hayan adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo primero, y, como regla general, con lo dispuesto en el artículo II.9.1, párrafo segundo, y
ii) se asignen directamente al objeto del convenio;
f) los gastos derivados directamente de requisitos impuestos por el convenio, como, en su caso, los costes de servicios financieros (en particular, el coste de las garantías financieras), siempre que los servicios correspondientes se adquieran de conformidad con el artículo II.9.1, párrafo primero y, como regla general, con el artículo II.9.1, párrafo segundo.
ARTÍCULO II.20 – GASTOS NO SUBVENCIONABLES
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II.19.1 del presente convenio y en el artículo 186 del Reglamento Financiero, no se considerarán subvencionables los gastos siguientes:
a) el rendimiento del capital y los dividendos abonados por el beneficiario;
b) la deuda y los costes del servicio de la deuda;
c) las provisiones para pérdidas o deudas;
d) los intereses adeudados;
e) las deudas de dudoso cobro;
f) las pérdidas por tipo de cambio;
g) los gastos de las transferencias del Parlamento Europeo cobrados por el banco del beneficiario;
h) los gastos declarados por el beneficiario en el marco de otra acción que reciba una subvención financiada con cargo al presupuesto de la Unión;
i) las contribuciones en especie;
j) los gastos excesivos o desproporcionados;
k) el IVA deducible;
l) la financiación prohibida de determinados terceros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
ARTÍCULO II.21 – CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
El Parlamento Europeo permitirá al beneficiario recibir contribuciones en especie durante la ejecución del convenio, siempre que el valor de dichas contribuciones no supere:
a) los gastos realmente soportados y debidamente justificados por los documentos contables de los terceros que han efectuado dichas contribuciones al beneficiario de manera gratuita, pero que asumen los correspondientes gastos;
b) a falta de tales documentos, los gastos que correspondan a los generalmente aceptados en el mercado de referencia;
c) su valor tal como se haya aceptado en el presupuesto estimado;
d) el 50 % de los recursos propios aceptados en el presupuesto estimado.
Contribuciones en especie:
a) se presentarán por separado en el presupuesto estimado a fin de reflejar los recursos totales;
b) cumplirán lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, así como las normas tributarias y de seguridad social nacionales;
c) solo podrán aceptarse de manera provisional, a reserva de certificación por parte del auditor externo y de la aceptación de la decisión relativa al importe definitivo de la financiación;
d) no tendrán carácter de propiedad inmobiliaria.
ARTÍCULO II.22 – TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
El beneficiario estará autorizado a ajustar el presupuesto estimado que figura en el anexo 1 mediante transferencias entre las diferentes categorías presupuestarias. Este ajuste no requerirá una modificación del convenio. Dichas transferencias deberán justificarse en el informe anual.
ARTÍCULO II.23 – OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
II.23.1 Informe anual
Preferiblemente para el 15 de mayo y, a más tardar, el 30 de junio siguiente al cierre del ejercicio presupuestario N, el beneficiario presentará un informe anual, incluidos los siguientes elementos:
a) los estados financieros anuales y sus notas de acompañamiento, referidos a los ingresos y gastos y al activo y al pasivo del beneficiario al inicio y al cierre del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho aplicable del Estado miembro donde esté domiciliado;
b) los estados financieros anuales, preparados de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);
c) la lista de sus donantes y contribuyentes y sus correspondientes donaciones o contribuciones notificadas de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
d) un informe de actividades;
e) un estado financiero basado en la estructura del presupuesto estimado;
f) el detalle de las cuentas en lo relativo a ingresos y gastos y al activo y al pasivo;
g) la conciliación del estado financiero a que se refiere la letra e) con el detalle de las cuentas a que se refiere la letra f);
h) un listado de los proveedores que en el ejercicio presupuestario de que se trate hayan cobrado al beneficiario más de 10 000 euros, con sus nombres y direcciones, así como indicación del alcance de los bienes o servicios facilitados.
En el caso de prórroga de acuerdo con lo dispuesto en el artículo II.25.3, el informe anual deberá incluir los documentos enumerados en las letras d), e), f) y g) cubriendo el primer trimestre del ejercicio siguiente al ejercicio de que se trate.
La información incluida en el informe anual debe ser suficiente para poder determinar el importe definitivo de la financiación.
II.23.2 Informe de auditoría externa
El Parlamento Europeo recibirá directamente de los organismos o expertos externos independientes, habilitados de conformidad con dispuesto en el artículo 23, apartado 3 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el informe de auditoría externa indicado en el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento.
La auditoría externa tendrá por objeto certificar la fiabilidad de los estados financieros y la legalidad y regularidad del gasto, y, en particular, que:
a) los estados financieros se prepararon de conformidad con el Derecho nacional aplicable al beneficiario, están exentos de declaraciones erróneas y reflejan de manera fiel y exacta la posición financiera y los resultados de las operaciones;
b) los estados financieros se elaboraron de conformidad con las normas internacionales de auditoría definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1606/2002;
c) se ha incurrido efectivamente en los gastos declarados;
d) la declaración de ingresos es exhaustiva;
e) los documentos financieros presentados por el beneficiario al Parlamento son conformes a las disposiciones financieras del convenio;
f) se han cumplido las obligaciones derivadas del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, y en particular las de su artículo 20;
g) se han cumplido las obligaciones que establece el convenio, en particular en sus artículos II.9 y II.19;
h) las contribuciones en especie se han entregado realmente al beneficiario y se han valorado en cumplimiento de la normativa aplicable.
i) todos los excedentes de la financiación de la Unión se han prorrogado al ejercicio siguiente y se han utilizado en el primer trimestre del ejercicio, de conformidad con el artículo 222, apartado 7, del Reglamento Financiero;
j) todos los excedentes de recursos propios se han transferido a la reserva.
ARTÍCULO II.24 – DECISIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL
A más tardar el 30 de septiembre del ejercicio siguiente al ejercicio presupuestario N, el Parlamento Europeo aprobará o rechazará el informe anual, según lo previsto en el artículo II.23.1.
A falta de reacción escrita del Parlamento Europeo en un plazo de seis meses a partir de la recepción del informe anual, este se considerará aprobado.
La aprobación del informe anual se realiza sin perjuicio de la determinación del importe definitivo de financiación en virtud del artículo II.25, mediante la cual el Parlamento Europeo adopta una decisión definitiva sobre la admisión a financiación de los gastos.
El Parlamento Europeo podrá solicitar información adicional al beneficiario al objeto de poder adoptar una decisión sobre el informe anual. En caso de que la solicite, el plazo para la adopción de la decisión sobre el informe anual se ampliará hasta que el Parlamento Europeo haya recibido y evaluado la información solicitada. El plazo también podrá prorrogarse cuando la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas haya solicitado información adicional de conformidad con el artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
Si el informe anual presenta defectos sustanciales, el Parlamento Europeo podrá rechazarlo sin solicitar información adicional al beneficiario, y pedir a este último que presente un nuevo informe en un plazo de 15 días laborables.
Las solicitudes de información adicional o de un nuevo informe se notificarán al beneficiario por escrito.
En caso de que se rechace el informe anual presentado inicialmente y de que se solicite uno nuevo, este último estará sujeto al procedimiento de aprobación descrito en el presente artículo.
ARTÍCULO II.25 – DECISIÓN SOBRE EL IMPORTE DEFINITIVO DE LA FINANCIACIÓN
II.25.1 Impacto del informe anual
La decisión del Parlamento Europeo por la que se establece el importe definitivo de la financiación se basará en el informe anual aprobado de conformidad con el artículo II.24. En caso de que el Parlamento Europeo rechace de manera definitiva el informe anual o si el beneficiario no presenta un informe anual dentro de los plazos aplicables, no se determinará ningún gasto subvencionable mediante la decisión sobre el importe definitivo de la financiación.
II.25.2 Umbral
El importe definitivo de la financiación se limitará al importe fijado en el artículo I.4 y no podrá exceder el 95 % de los gastos subvencionables en que se haya efectivamente incurrido.
II.25.3 Prórroga de excedentes
Si, al final del ejercicio presupuestario N, el beneficiario tuviera un superávit de ingresos frente a gastos, una parte del excedente podrá ser prorrogada al ejercicio presupuestario N+1, de conformidad con el artículo 222, apartado 7, del Reglamento Financiero.
a) Definición de excedente
El excedente del ejercicio presupuestario N es la diferencia entre los gastos subvencionables totales y la suma de:
i) el importe de la financiación (máximo) provisional, de conformidad con el artículo I.4,
ii) los recursos propios del beneficiario destinados a los gastos subvencionables, si anteriormente el beneficiario ha destinado a gastos no subvencionables solo recursos propios, y
iii) todo excedente prorrogado del ejercicio N-1.
El excedente que podrá prorrogarse al ejercicio N+1 no superará el 25 % de los ingresos totales contemplados en los incisos i) e ii).
b) Contabilización de la provisión para gastos subvencionables
El importe efectivamente prorrogado se consignará en el balance del ejercicio presupuestario N como «provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N+1». Esta provisión constituirá un coste subvencionable del ejercicio N.
Además, una liquidación provisional de las cuentas a día 31 de marzo del ejercicio N+1 a más tardar determinará los gastos subvencionables en que efectivamente se haya incurrido a dicha fecha. La provisión no excederá esos gastos.
En el ejercicio N+1, la provisión se liquidará y generará ingresos que se destinarán a cubrir gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N+1.
II.25.4 Decisión sobre el importe definitivo de la financiación
El Parlamento Europeo controla anualmente si los gastos son conformes a las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Reglamento financiero y el convenio. Cada año adoptará una decisión sobre el importe definitivo de la financiación, que se notificará debidamente al beneficiario.
El importe definitivo de la financiación en el ejercicio presupuestario N se determinará en el ejercicio N+1.
La liquidación de la prefinanciación se producirá en el momento en que se fije el importe definitivo de la financiación.
II.25.5 Saldo de la financiación
Si la prefinanciación abonada sobrepasa el importe definitivo de la financiación, el Parlamento Europeo procederá a la recuperación de la prefinanciación pagada indebidamente.
Si importe definitivo de la financiación excede de la prefinanciación abonada, el Parlamento Europeo abonará la diferencia.
II.25.6 Beneficios
a) Definición
Se entenderá «beneficio» tal como se define en el artículo 192, apartado 2, del Reglamento Financiero.
b) Constitución de reservas
De conformidad con el artículo 192, apartado 2, del Reglamento Financiero, el beneficiario podrá constituir reservas a partir del excedente de recursos propios, según se define en el artículo II.1.
El excedente que se transferirá a la cuenta de la reserva será, en su caso, el importe de los recursos propios que exceda de la suma de los recursos propios necesarios para cubrir el 5 % de los gastos subvencionables en que se haya efectivamente incurrido en el ejercicio presupuestario N y el 5 % de los gastos incluidos en la provisión prorrogada al ejercicio N+1. El beneficiario deberá haber cubierto previamente los gastos no subvencionables recurriendo solo a sus recursos propios.
El excedente asignado a la reserva no se tendrá en cuenta para el cálculo de los beneficios.
La reserva se destinará exclusivamente a cubrir los gastos de funcionamiento del beneficiario.
c) Recuperación
La financiación no podrá generar beneficios para el beneficiario. El Parlamento Europeo estará autorizado a recuperar el porcentaje de beneficio correspondiente a la contribución de la Unión a los gastos subvencionables, de conformidad con el artículo 192, apartado 4, del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO II.26 – RECUPERACIÓN
Cuando se hayan pagado indebidamente importes al beneficiario o cuando, con arreglo a las condiciones del convenio, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 o del Reglamento Financiero, se justifique un procedimiento de recuperación, el beneficiario o la persona física a que se refiere el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 reembolsará al Parlamento Europeo, en las condiciones y en la fecha de vencimiento fijadas por este, los importes en cuestión.
II.26.1 Intereses de demora
En caso de que, en la fecha de vencimiento fijada por el Parlamento Europeo, el beneficiario no haya procedido al reembolso, el Parlamento Europeo incrementará los importes adeudados con intereses de demora al tipo fijado en el artículo II.16. Los intereses de demora se aplicarán al período transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada para el pago y la fecha, incluida, de recepción por el Parlamento Europeo del pago íntegro de los importes adeudados.
Todo pago parcial se imputará en primer lugar a los gastos e intereses de demora y solo a continuación al principal.
II.26.2 Compensación
En caso de no haberse procedido al reembolso a más tardar en la fecha de vencimiento, los importes adeudados al Parlamento Europeo podrán recuperarse mediante compensación con los importes adeudados al beneficiario por cualquier otro concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento financiero. En circunstancias excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, el Parlamento Europeo podrá proceder a una recuperación mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No se requerirá el acuerdo previo del beneficiario.
II.26.3 Gastos bancarios
Los gastos bancarios ocasionados por la recuperación de los importes adeudados al Parlamento Europeo correrán íntegramente a cargo del beneficiario.
ARTÍCULO II.27 – GARANTÍA FINANCIERA
Si el Parlamento Europeo solicita una garantía financiera de conformidad con el artículo 153 del Reglamento Financiero, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) la garantía financiera deberá ser prestada por un banco o entidad financiera autorizada o, si así lo solicita el beneficiario y lo acepta el Parlamento Europeo, por un tercero;
b) la garantía financiera deberá ser ejecutada por el garante a primer requerimiento, sin que este pueda exigir al Parlamento Europeo que actúe contra el deudor principal (es decir, el beneficiario de que se trate); y
c) la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la prefinanciación sea deducida de los pagos intermedios o del pago del saldo por el Parlamento Europeo; si el pago del saldo adopta la forma de una recuperación, la garantía financiera deberá permanecer expresamente en vigor hasta que la deuda se considere totalmente liquidada; y el Parlamento Europeo deberá liberar la garantía dentro del mes siguiente.
ARTÍCULO II.28 – CONTROL
II.28.1 Disposiciones generales
En el ámbito de sus competencias y de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, el Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán ejercer en cualquier momento sus funciones de control respectivas con el fin de comprobar si el beneficiario cumple plenamente las obligaciones establecidas en el convenio, en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y en el Reglamento Financiero.
El beneficiario cooperará debidamente con las autoridades competentes y les proporcionará toda la asistencia necesaria para el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo y la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas podrán delegar la tarea de control en organismos externos debidamente autorizados para actuar en su nombre (en lo sucesivo, «organismos autorizados»).
II.28.2 Obligación de conservar los documentos
El beneficiario, tal como se especifica en el artículo II.7, conservará, en cualquier soporte adecuado, todos los documentos originales, especialmente los registros contables y fiscales, incluidos originales digitalizados cuando lo autorice su correspondiente Derecho nacional y en las condiciones que este establezca.
II.28.3 Obligación de facilitar documentos e información
El beneficiario facilitará cualquier documento o información, incluida información en formato electrónico, solicitada por el Parlamento Europeo, la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas o los organismos autorizados (en lo sucesivo, «autoridad competente»).
Todos los documentos o información facilitados por el beneficiario se tratarán de conformidad con el artículo II.6.
II.28.4 Visitas in situ
La autoridad competente podrá realizar visitas in situ en los locales del beneficiario. A tal fin, podrá solicitar por escrito que el beneficiario disponga lo necesario para tal visita dentro de un plazo adecuado que ha de fijar la autoridad competente.
Durante las visitas in situ, el beneficiario autorizará el acceso de la autoridad competente a los lugares y locales donde se están efectuando o se han efectuado las actividades, así como a toda la información necesaria, incluida la información en formato electrónico.
El beneficiario velará por que la información esté disponible en el momento de la visita y que la información solicitada se proporcione de manera apropiada.
II.28.5 Procedimiento de auditoría contradictorio
Sobre la base de las conclusiones extraídas durante el procedimiento de control, el Parlamento Europeo elaborará un informe provisional de auditoría, que se remitirá al beneficiario. El beneficiario podrá formular observaciones en el plazo de 30 días naturales, a contar a partir de la fecha de recepción del informe provisional de auditoría.
Sobre la base de las conclusiones del informe de auditoría provisional y las posibles observaciones del beneficiario, el Parlamento Europeo establecerá sus conclusiones definitivas de la auditoría en un informe final de auditoría. El informe final de auditoría se remitirá al beneficiario dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la formulación de observaciones al informe provisional de auditoría.
II.28.6 Consecuencias de las conclusiones de la auditoría
Sin perjuicio de la facultad del Parlamento de adoptar medidas en virtud de los artículos II.12 a II.14, el Parlamento Europeo tendrá debidamente en cuenta las conclusiones definitivas de la auditoría en el contexto de la determinación del importe definitivo de la financiación.
Los casos de un posible fraude o incumplimiento grave de las normas aplicables que sean revelados en las conclusiones definitivas de la auditoría se notificarán a las autoridades nacionales o de la Unión competentes para la adopción de medidas adicionales.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación sobre la base de las conclusiones definitivas de la auditoría.
II.28.7 Facultad de control de la OLAF
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ejercerá su facultad de control frente los beneficiarios de conformidad con las normas aplicables, y en particular, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (6), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y los artículos 24, apartado 4, y 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.
El beneficiario cooperará debidamente con la OLAF y le proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
El Parlamento Europeo podrá adaptar retroactivamente en cualquier momento la decisión sobre el importe definitivo de la financiación de manera retroactiva basándose en las conclusiones que le remita la OLAF, en virtud del artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Antes de que el Parlamento Europeo decida adaptar retroactivamente la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, se informará debidamente al beneficiario sobre las conclusiones pertinentes y la intención del Parlamento de adaptar la decisión sobre el importe definitivo de la financiación, y le dará la oportunidad de formular observaciones.
II.28.8 Facultad de control del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo ejercerá su facultad de control de conformidad con las normas aplicables, en especial, con el artículo 129 del Reglamento Financiero y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014. Los artículos II.28.3 y II.28.4 son aplicables.
El beneficiario colaborará debidamente con el Tribunal de Cuentas y proporcionará toda la asistencia necesaria en el ejercicio de su función de control.
II.28.9 Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo II.28, puntos 1 a 4
Si el beneficiario no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo II.28, puntos 1 a 4, el Parlamento Europeo podrá considerar no subvencionable cualquier gasto insuficientemente justificado por el beneficiario.
Por el beneficiario
[apellidos/nombre/cargo]
Hecho en [lugar], [fecha]
Por el Parlamento Europeo
[apellidos/nombre]
Hecho en [lugar], [fecha]
Por duplicado en español.
ANEXO 1
PRESUPUESTO ESTIMADO
Gastos subvencionables
Presupuesto
A.1: Gastos de personal
Sueldos
Contribuciones
Formación profesional
Gastos de misión del personal
Otros gastos de personal
A.2: Gastos de infraestructura y de funcionamiento
Alquiler, gastos relacionados con el alquiler y gastos de mantenimiento
Gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Gastos de amortización de los bienes muebles e inmuebles
Material y suministros de oficina
Gastos de envíos postales y telecomunicaciones
Gastos de impresión, de traducción y de reproducción
Otros gastos de infraestructura
A.3: Gastos administrativos
Gastos de documentación (periódicos, agencias de prensa, bases de datos)
Gastos de estudio y de investigación
Gastos jurídicos
Gastos de contabilidad y auditoría
Gastos administrativos varios
Apoyo a terceros
A.4: Reuniones y gastos de representación
Gastos de reuniones
Participación en seminarios y conferencias
Gastos de representación
Gastos de invitaciones
Otros gastos relacionados con reuniones
A.5: Gastos de información y de publicación
Gastos de publicación
Creación y funcionamiento de sitios internet
Gastos de publicidad
Material de comunicación (artículos promocionales)
Seminarios y exposiciones
Otros gastos de información
A.6: Asignación de la «Provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N+1»
A. GASTOS TOTALES SUBVENCIONABLES
Gastos no subvencionables
Dotaciones para otras provisiones
Gastos financieros
Pérdidas por tipo de cambio
Deudas de terceros de dudoso cobro
Otros gastos (por precisar)
Contribuciones en especie
B. GASTOS TOTALES NO SUBVENCIONABLES
C. GASTOS TOTALES
Ingresos
Presupuesto
D.1 Disolución de la «Provisión para cubrir los gastos subvencionables del primer trimestre del ejercicio N»
D.2 Financiación del Parlamento Europeo concedida para el ejercicio N
D.3 Aportaciones de los miembros
de organizaciones asociadas
de miembros individuales
D.4 Donaciones
D.5 Otros recursos propios
(por precisar)
D.6. Intereses generados por la prefinanciación
D.7. Contribuciones en especie
D. TOTAL INGRESOS
E. Beneficios/pérdidas (D-C)
F. Dotación de recursos propios a la cuenta de reserva
G. Beneficios/pérdidas por la comprobación del cumplimiento de la norma de no rentabilidad (E-F)
Nota: Estructura meramente orientativa. La estructura vinculante del presupuesto estimado se publicará con carácter anual junto con la convocatoria de propuestas.
ANEXO 2
PROGRAMA DE TRABAJO
[insertar para cada solicitud de financiación]
(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(2) DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.
(3) Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(4) Reglamento (UE) n.o 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(6) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(7) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). |
Introducción
El Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) relativo a la creación de una pasarela digital única tiene por objeto facilitar el acceso en línea a la información, los procedimientos administrativos y los servicios de asistencia que los ciudadanos y las empresas necesitan para desplazarse por el interior de la Unión y operar, establecerse y extender sus actividades a otro Estado miembro.
El artículo 31, apartado 1, del Reglamento prevé la adopción de un programa de trabajo anual en el que se especificarán las acciones para facilitar la aplicación del Reglamento, en particular las acciones:
— para mejorar la presentación específica de la información en los ámbitos enumerados en el anexo I y para facilitar la aplicación en tiempo oportuno por parte de las autoridades competentes a todos los niveles de los requisitos para proporcionar información;
— para facilitar el cumplimiento del artículo 6 relativo a la digitalización de los procedimientos, y del artículo 13 relativo al acceso transfronterizo a los procedimientos en línea;
— para garantizar el cumplimiento sistemático de los requisitos de calidad de la información, los procedimientos y los servicios de asistencia establecidos en los artículos 9 a 12;
— relacionadas con la promoción de la pasarela de conformidad con el artículo 23, apartado 2.
Las presentes Directrices de la Comisión tienen por objeto enumerar estas acciones y ofrecer un calendario detallado de las distintas medidas que deben adoptarse para su aplicación. Según lo previsto en el artículo 31, apartado 2, del Reglamento, el 26 de febrero de 2019, se debatió esta lista con el grupo de coordinación de la pasarela.
A la vista de la convergencia de una serie de acciones en torno a la fecha límite de diciembre de 2020, este primer programa de trabajo abarca el período hasta la puesta en marcha de la pasarela digital única, es decir, de julio de 2019 a diciembre de 2020.
La ejecución del programa de trabajo se supervisará tanto a través de la plataforma de colaboración en línea del grupo de coordinación de la pasarela como durante las reuniones de dicho grupo.
A efectos de la presente Comunicación de la Comisión, se entenderá por:
— «autoridad competente»: toda autoridad u organismo de un Estado miembro establecido a nivel nacional, regional o local, que tenga responsabilidades específicas en relación con la información, los procedimientos o los servicios de asistencia y resolución de problemas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la pasarela;
— «coordinadores nacionales»: los representantes nombrados por los Estados miembros de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento sobre la pasarela.
1. Información y calidad del servicio
Objetivo 1.1: Garantizar la disponibilidad de la información
Referencia: Artículos 4 y 5 del Reglamento relativos al acceso a la información, artículo 9 relativo a la calidad de la información sobre derechos, obligaciones y normas.
Antecedentes
La pasarela proporcionará a los ciudadanos y a las empresas información suficientemente exhaustiva que les permita ejercer sus derechos y obligaciones derivados de la legislación de la Unión y nacional, incluida la información sobre cómo tramitar procedimientos administrativos.
El Reglamento incluye en el anexo I una lista de ámbitos en los que la Comisión y los Estados miembros deberán garantizar que toda la información pertinente para los ciudadanos y las empresas se ofrece en línea a más tardar el 12 de diciembre de 2020. Para evitar duplicidades (véase el objetivo 1.4), la Comisión publicará información sobre los derechos y obligaciones a escala de la UE en el portal Tu Europa (2), mientras que los Estados miembros publicarán en sus portales la mayor parte de la información necesaria sobre la aplicación a escala nacional. La Comisión y los Estados miembros han llegado a un acuerdo sobre la forma de compartir los temas del anexo 1 entre los sitios web de la UE y los nacionales. Una herramienta de búsqueda común garantizará que los usuarios de la pasarela puedan encontrar fácilmente la información.
La versión actual del portal Tu Europa ya incluye en gran medida los derechos y obligaciones a escala de la UE. También incluye información sobre la aplicación a escala nacional proporcionada por las autoridades de los Estados miembros para alguno de los temas señalados en el anexo I. Hasta el 12 de diciembre de 2020, el contenido nacional de Tu Europa se irá eliminando progresivamente a medida que se vaya sustituyendo por la información de los sitios web nacionales. La Comisión Europea ha propuesto orientaciones sobre cómo reutilizar o reproducir en sitios web nacionales el contenido nacional ya disponible en Tu Europa.
Cómo y cuándo
3T-4T 2019
Determinar en todos los ámbitos del anexo I si la información que debe cubrirse a escala nacional está en línea
Señalar las autoridades responsables
Desarrollar un plan de trabajo para abordar las lagunas de información a escala nacional
Coordinadores nacionales
Para el 4T 2019
Ofrecer orientación básica sobre los temas del anexo I que en estos momentos no se tratan en Tu Europa
Comisión
1T-2T 2020
Colmar las lagunas de información a escala nacional
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
1T-2T 2020
Colmar las lagunas de información a escala de la UE
Comisión
2T 2020
Evaluación intermedia de los avances realizados para abordar plenamente los temas del anexo I
Coordinadores nacionales
Comisión
2T 2020
Proporcionar enlaces a la información nacional en un repositorio común que se utilizará para el buscador
Coordinadores nacionales
Comisión
3T-4T 2020
Probar, corregir errores y mejorar el buscador
Comisión
4T 2020
Todos los ámbitos señalados en el anexo I se abordarán a la escala requerida (UE o nacional)
Comisión
Coordinadores nacionales
Objetivo 1.2: Garantizar la calidad de la información y de la información sobre los procedimientos, incluida la facilidad de uso y la accesibilidad de los sitios web
Referencia: Artículo 8 del Reglamento sobre los requisitos de calidad relativos a la accesibilidad de los sitios web, y artículo 9 relativo a la calidad de la información sobre derechos, obligaciones y normas.
Antecedentes
La pasarela debe ofrecer información de fácil acceso, bien estructurada y bien presentada. El contenido debe ser preciso y estar actualizado, y debe incluir la fecha de la última actualización. Debe facilitar el nombre de la autoridad responsable de la información y los datos de contacto de los correspondientes servicios de asistencia o resolución de problemas. Debe acompañarse de referencias a actos jurídicos, especificaciones técnicas y directrices.
Los sitios web gestionados por las autoridades de los Estados miembros deben cumplir con las normas de accesibilidad de los sitios web [como establece la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo (3)]. El Reglamento extiende esta obligación a los sitios web gestionados por la Comisión incluidos en la pasarela.
La Comisión ha propuesto orientación inicial sobre cómo cumplir con estos requisitos basándose en su experiencia de gestión del portal Tu Europa.
Cómo y cuándo
3T-4T 2019
Compartir la orientación facilitada por la Comisión con las autoridades competentes o integrarla en las directrices existentes de gestión de la calidad del contenido de los sitios web
Crear un enfoque para la supervisión de la calidad del contenido de los sitios web que incluirá la pasarela
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2019-4T 2020
Intercambios periódicos de normas de calidad y accesibilidad y de buenas prácticas
Coordinadores nacionales en el marco del grupo de coordinación de la pasarela
4T 2020
Toda la información será de buena calidad, pertinente, accesible y cumplirá con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1724
Comisión
Coordinadores nacionales
Objetivo 1.3: Traducir la información
Referencia: Artículos 9 a 12 del Reglamento relativos a la traducción y los requisitos de calidad.
Antecedentes
Para que los servicios ofrecidos a través de la pasarela sean accesibles a una amplia gama de usuarios, las explicaciones de las normas, de los procedimientos y de lo que cabe esperar de los servicios de asistencia incluidos en la pasarela deberán facilitarse, al menos, en una lengua que la mayor parte de los usuarios pueda entender. Esta lengua se define como la lengua oficial de la Unión «ampliamente comprendida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos». El artículo 12, apartado 3, del Reglamento lo aclara en mayor medida al referirse a la lengua «más ampliamente estudiada como lengua extranjera por los usuarios de toda la Unión». En la práctica, en la mayoría de los sitios web nacionales esta lengua debería ser el inglés. La Comisión seguirá traduciendo en sus sitios web a todas las lenguas de la UE la información sobre los derechos y procedimientos aplicables de forma uniforme en toda la UE.
La Comisión apoyará a los Estados miembros en esta cuestión mediante un servicio de traducción (traducción humana). Habida cuenta de las limitaciones presupuestarias, se debería conceder prioridad a la información básica en todos los ámbitos enumerados en el anexo I, seguida de cualquier otra información, explicaciones sobre los servicios de asistencia e instrucciones para los procedimientos.
Cómo y cuándo
3T 2019
Informar a los Estados miembros de las condiciones del servicio de traducción, incluidos los volúmenes de traducción disponibles por Estados miembro y las normas para el aprovechamiento óptimo del servicio
Comisión
3T 2019-4T 2019
Elaborar un resumen de las necesidades de traducción de las distintas autoridades competentes
Priorizar las necesidades en función del volumen de traducción disponible
Coordinadores nacionales
1T 2020
Ofrecer a los coordinadores nacionales un enlace al servicio de traducción
Comisión
1T-4T 2020-
Presentar solicitudes de traducción
Coordinadores nacionales
2T-3T 2020
Reasignar volúmenes de traducción si fuera necesario para garantizar un aprovechamiento óptimo del servicio de traducción
Comisión
2T-4T 2020
Hacer accesibles las traducciones en los sitios web nacionales
Coordinadores nacionales
Objetivo 1.4: Evitar las duplicidades
Referencia: Considerandos 17 y 55, artículo 19, apartado 6, y artículo 30 del Reglamento.
Antecedentes
El Reglamento pide a los Estados miembros y a la Comisión que faciliten una única fuente por cada elemento de información requerido para la pasarela, y que eviten la duplicación parcial o total siempre que sea posible. Con esto se pretende evitar la confusión de los usuarios que se encuentran con diferentes portales que contienen información similar pero no idéntica sobre algunos temas. Buscar fuentes únicas de información también facilita las actualizaciones y reduce el riesgo de ofrecer información incoherente.
La única información apropiada para la pasarela es la que se dirige exclusivamente a los ciudadanos y las empresas, y explica sus derechos y obligaciones aplicables. No debería mezclarse con otros contenidos, como la información sobre políticas en preparación, que va dirigida a un público distinto.
La Comisión trabajará para integrar en Tu Europa la información a escala de la UE dirigida a los ciudadanos y las empresas relativa a sus derechos en el mercado único (4).
La Comisión ha definido, junto a los Estados miembros, los temas del anexo I que se tratarán en Tu Europa o en otros sitios web gestionados por la Comisión, y los temas que se abordarán mediante la información nacional.
Cómo y cuándo
3T 2019-4T 2020
Incluir exclusivamente en Tu Europa toda la información a escala de la UE relativa a los derechos en el mercado único dirigida a los ciudadanos o a las empresas, salvo cuando dicha información deba incluirse en los portales de la UE creados mediante un acto jurídico separado
Comisión
3T 2019-4T 2020
Separar claramente la información sobre las normas aplicables a los ciudadanos y las empresas ofrecida en Tu Europa, y la información sobre políticas en preparación que figura en el sitio web corporativo de la Comisión y en los distintos sitios web de las DG
Comisión
3T 2019-4T 2020
Desarrollar un enfoque integrado que abarque los portales creados mediante un acto jurídico separado y la pasarela, para garantizar una apariencia común y evitar la duplicación
Comisión
3T 2019-4T 2020
Desarrollar un enfoque integrado a escala nacional para evitar la duplicación de la información sobre temas concretos entre los distintos portales nacionales
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
2. Desarrollo de las TIC, digitalización de los procedimientos, recogida de datos
Objetivo 2.1: Digitalización de los procedimientos
Referencia: Artículo 6 del Reglamento relativo a los procedimientos que deben ofrecerse íntegramente en línea.
Antecedentes
La pasarela ofrecerá a los usuarios un acceso fácil a los procedimientos administrativos nacionales. A este efecto, el Reglamento exige a todos los Estados miembros que garanticen que los usuarios puedan acceder y completar íntegramente en línea cualquiera de los procedimientos enumerados en el anexo II. Esto significa que el usuario debería poder realizar todos los trámites de forma electrónica, a distancia y a través de un servicio en línea. El Reglamento también incluye una lista no exhaustiva de criterios específicos que deben cumplirse (véase el artículo 6).
Si bien el plazo definitivo para la digitalización de los procedimientos es diciembre de 2023, los Estados miembros deberían empezar a trabajar ya en este proyecto y buscar las oportunidades para aplicar los requisitos con la suficiente antelación en el marco de sus programas de administración electrónica en curso.
Los programas de la UE ayudarán a los Estados miembros a alcanzar este objetivo, por ejemplo, el Programa Marco Horizonte 2020 (5) (H2020), el Mecanismo «Conectar Europa» (6) (MCE), el programa ISA2 (7) y el FEDER (8). Se invita a las autoridades competentes a ponerse en contacto con sus coordinadores nacionales responsables de los programas financieros de sus Estados miembros.
Cómo y cuándo
3T-4T 2019
Verificar qué procedimientos del anexo II ya están disponibles en línea, de conformidad con los criterios del artículo 6
Señalar las autoridades responsables
Compartir información con el grupo de coordinación
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T-4T 2019
Orientaciones sobre procedimientos «íntegramente en línea», como listas de comprobación, ejemplos de buenas prácticas y principios de interoperabilidad
Comisión
1T 2020
Identificar las lagunas persistentes
Compartir información con el grupo de coordinación
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
1T 2020
Debatir las buenas prácticas y los desafíos relacionados con la digitalización de los procedimientos del anexo II
Debatir el resultado del estudio de viabilidad del generador de formularios del ISA2 y los próximos pasos
Debatir las necesidades y oportunidades de (co)financiación de las medidas nacionales de digitalización
Coordinadores nacionales en el marco del grupo de coordinación
2T 2020
Desarrollar planes de trabajo nacionales para colmar las lagunas persistentes a escala nacional
Coordinadores nacionales
3T 2020- 4T 2023
Supervisar los avances en la digitalización de los procedimientos del anexo II en todos los Estados miembros
Grupo de coordinación
p. m. 4T 2023
Todos los procedimientos del anexo II estarán íntegramente en línea
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
Objetivo 2.2: Garantizar el acceso de los usuarios transfronterizos a los procedimientos en línea
Referencia: Artículo 13 del Reglamento relativo al acceso transfronterizo a los procedimientos en línea.
Antecedentes
El Reglamento prevé que los procedimientos que ya están en línea sean completamente accesibles para los usuarios transfronterizos. Esto significa que, si un procedimiento está disponible para un nacional de un Estado miembro concreto, también tiene que ser accesible en todas sus fases para usuarios de otros Estados miembros o los usuarios del mismo Estado miembro que vivan en otro Estado miembro, o que hayan vivido, trabajado, estudiado o hecho negocios anteriormente en otro Estado miembro.
Cuando sea necesario, los Estados miembros podrán utilizar una solución técnica alternativa y técnicamente independiente para los usuarios transfronterizos, pero en dichas situaciones deberá velarse especialmente por que el procedimiento conduzca al mismo resultado y no resulte más gravoso que el procedimiento ofrecido a los usuarios nacionales.
Debería prestarse una especial atención a los obstáculos para los usuarios transfronterizos, como las casillas de los formularios que requieren números de teléfono nacionales, prefijos nacionales de números de teléfono o códigos postales nacionales, el pago de tarifas que solo pueden efectuarse por medio de sistemas que no están (ampliamente) disponibles para los usuarios transfronterizos, la ausencia de explicaciones detalladas en una lengua que comprendan los usuarios transfronterizos, la imposibilidad de presentar pruebas en formato electrónico procedentes de autoridades situadas en otro Estado miembro y la falta de aceptación de medios electrónicos de identificación emitidos en otros Estados miembros.
En ciertos ámbitos (por ejemplo, la Directiva de servicios, la Directiva sobre las cualificaciones profesionales y las Directivas sobre contratación pública), el acceso no discriminatorio a los procedimientos por parte de los usuarios transfronterizos es ya un requisito legal que se añade al principio de no discriminación consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Cómo y cuándo
3T-4T 2019
Directrices y listas de comprobación prácticas sobre cómo garantizar que los procedimientos nacionales en línea sean plenamente accesibles para los usuarios transfronterizos
Comisión en cooperación con los coordinadores nacionales
1T-2T 2020
Identificar los obstáculos persistentes (por ejemplo, técnicos, funcionales, organizativos y jurídicos)
Elaborar un plan para abordarlos
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
1T 2020
Compartir directrices con las autoridades pertinentes o integrar recomendaciones en las directrices de calidad existentes para el desarrollo de procedimientos en línea
Coordinadores nacionales
1T-4T 2020
Intercambio de buenas prácticas en el marco del grupo de coordinación
Seguimiento de los avances
Coordinadores nacionales
p. m. 4T 2023
Procedimientos en línea accesibles para los usuarios transfronterizos de manera no discriminatoria
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
Objetivo 2.3: Contribuir al desarrollo de las herramientas informáticas a escala de la UE y garantizar la interoperabilidad entre las herramientas informáticas nacionales y de la CE
Referencia: Artículo 21 del Reglamento relativo a las responsabilidades con respecto a las aplicaciones TIC en las que se apoya la pasarela.
Antecedentes:
Según lo previsto en el Reglamento, el funcionamiento de la pasarela será posible gracias a las herramientas técnicas desarrolladas por la Comisión en estrecha colaboración con los Estados miembros. Estas incluyen: un motor de búsqueda y un buscador común de asistencia que guíe a los usuarios finales hacia la información, los procedimientos y los servicios de asistencia; una herramienta de valoración de los usuarios de la calidad de los servicios; una herramienta de valoración de los usuarios de los obstáculos del mercado único; una herramienta para recopilar estadísticas de uso; y un panel como interfaz para las autoridades públicas.
En los actos de ejecución se decidirán los métodos de recopilación e intercambio de la información relativa a las observaciones sobre la calidad y las estadísticas.
La Comisión ha contratado estudios que han propuesto la base técnica de estas herramientas mediante la definición de requisitos, una arquitectura informática y el análisis de las cuestiones de interoperabilidad, y ha presentado el estado de desarrollo a los coordinadores nacionales.
Cómo y cuándo
3T 2019
Informar al grupo de coordinación del resultado de los estudios realizados por la Comisión sobre las herramientas informáticas de la pasarela (2018-2019)
Comisión
Buscador y buscador común de servicios de asistencia
4T 2019
Analizar cómo automatizar el conjunto de enlaces para el repositorio de enlaces
Comisión
Coordinadores nacionales
1T 2020
Informar a los coordinadores nacionales sobre cómo acceder al repositorio y facilitar enlaces al mismo
Comisión
1T 2020
Periodo de prueba del buscador junto con el repositorio de enlaces, y prueba del buscador común de servicios de asistencia
Comisión
Coordinadores nacionales
3T 2020
La Comisión presenta a los coordinadores nacionales la versión beta del buscador y del buscador común de servicios de asistencia
Comisión
Coordinadores nacionales
Observaciones de los usuarios sobre la calidad y estadísticas de los usuarios
3T 2019-4T 2019
La Comisión recaba las opiniones de los coordinadores nacionales sobre los actos de ejecución
Comisión
Coordinadores nacionales
4T 2019-1T 2020
La Comisión consulta a los coordinadores nacionales sobre el desarrollo de la herramienta común de valoración de los usuarios
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades nacionales responsables de los servicios de asistencia en el marco de sus respectivas redes
2T 2020
Adopción del acto o los actos de ejecución
Comisión
Comité del Reglamento sobre la pasarela digital única
1T 2020-2T 2020
Elaborar un panorama general sobre qué sitios web nacionales que formarán parte de la pasarela cuentan con una herramienta de valoración y una herramienta para recopilar estadísticas, y qué sitios web deberán conectarse a la herramienta común de valoración de los usuarios o desplegar una nueva herramienta para recopilar estadísticas
Comisión
Coordinadores nacionales
1T 2020-2T 2020
Desarrollo de la herramienta de valoración de la calidad y de la herramienta para recopilar estadísticas de los usuarios
Comisión
3T 2020
Facilitar a los coordinadores nacionales un enlace a la herramienta común de valoración de los usuarios
Comisión
4T 2020
Garantizar que cada servicio de la pasarela que no disponga de una herramienta actual de valoración que cumpla con los requisitos del acto de ejecución cuente con un enlace a la herramienta común de valoración de los usuarios.
Como alternativa, garantizar que las observaciones recopiladas a través de las herramientas de valoración existentes se ajusten a lo dispuesto en el acto de ejecución y que los datos acordados están disponibles a través del panel común
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
4T 2020
Garantizar que la recopilación de estadísticas cumpla con el acto de ejecución y que los datos acordados estén a disposición de la Comisión y de los demás coordinadores nacionales
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
Observaciones de los usuarios sobre los obstáculos del mercado único
3T 2019
La Comisión consulta a los coordinadores nacionales sobre el desarrollo de la herramienta de valoración de los usuarios que informa sobre los obstáculos del mercado único y el sistema de recopilación de datos agregados de los servicios de asistencia
Comisión
Coordinadores nacionales
4T 2019-3T 2020
Desarrollo de herramientas informáticas
Comisión
Panel común
1T 2020
La Comisión presenta a los coordinadores nacionales la versión beta de la herramienta, cuyo funcionamiento será limitado: envío de enlaces al repositorio y envío de solicitudes de traducción
Comisión
Coordinadores nacionales
1T 2020
Informar a los coordinadores nacionales sobre cómo enviar enlaces al repositorio y cómo enviar solicitudes de traducción
Comisión
1T-3T 2020
Desarrollo del panel común en toda su capacidad
Comisión
3T 2020
Informar a los coordinadores nacionales sobre cómo acceder al panel común y cómo utilizarlo
Comisión
4T 2020
Puesta en marcha de la pasarela
Objetivo 2.4: Solo una vez
Referencia: Artículo 14 del Reglamento relativo al sistema técnico para el intercambio automatizado transfronterizo de pruebas y aplicación del principio de «solo una vez».
Antecedentes
Según lo previsto en el Reglamento, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, creará un sistema técnico para el intercambio de pruebas para los procedimientos en línea enumerados en el anexo II del Reglamento y para los procedimientos previstos en la Directiva de servicios (9), la Directiva sobre las cualificaciones profesionales (10) y en dos Directivas sobre contratación pública (2014/24/UE (11) y 2014/25/UE (12)).
Cómo y cuándo
1T 2019-3T 2020
Acción preparatoria en materia del principio de «solo una vez» en el marco del MCE para analizar las soluciones técnicas actuales (del proyecto TOOP y disponibles a escala nacional), compartir experiencias, apoyar la interoperabilidad transfronteriza y evaluar la preparación de los Estados miembros
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2019
Informar a los coordinadores nacionales sobre el estado y resultado de los proyectos piloto y estudios sobre el principio de «solo una vez»
Comisión
3T 2019-2T 2021
Evaluar la idoneidad de los procedimientos digitales a escala nacional para la incorporación de la fase «solo una vez»
Elaborar un plan de trabajo para abordar las lagunas
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2019-2T 2020
Si es posible, llevar a cabo un proyecto piloto que abarque una gama más amplia de procedimientos de la pasarela
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
1T 2020-3T 2020
Debatir el contenido del acto de ejecución
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2020-4T 2020
La Comisión recaba las opiniones de los coordinadores nacionales sobre el proyecto de acto de ejecución y sobre los servicios básicos y genéricos en desarrollo
Comisión
Coordinadores nacionales
p. m. 2T 2021
Adopción del acto de ejecución
Comisión
p. m. 4T 2023
Sistema técnico basado en el principio de «solo una vez» implementado y listo para ser utilizado
3. Servicios de asistencia
Objetivo 3.1: Garantizar la disponibilidad de la información sobre los servicios de asistencia y su calidad
Referencia: Artículos 7, 11 y 16 del Reglamento relativos al acceso a los servicios de asistencia y resolución de problemas, la calidad de la información sobre dichos servicios y los requisitos de calidad relacionados con ellos.
Antecedentes
La pasarela ofrecerá a los usuarios un fácil acceso a una amplia gama de servicios de asistencia. Para una experiencia óptima, los usuarios finales también deberían saber, antes de presentar una solicitud de asistencia, qué pueden esperar de dichos servicios y en qué condiciones pueden utilizarlos. Los servicios de asistencia deberán publicar en línea una explicación clara y fácil de utilizar del servicio ofrecido, como se detalla en el artículo 11. Para que sea accesible a la mayoría de los usuarios, esta explicación deberá ofrecerse, en principio, en inglés (lengua oficial de la Unión que es «ampliamente comprendida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos», véase el objetivo 1.3). Al igual que otros servicios de la pasarela, los servicios de asistencia deben ser de la máxima calidad y respetar los criterios de calidad enumerados en el Reglamento. La calidad se supervisará a través de las observaciones de los usuarios y de estadísticas.
Estos requisitos son obligatorios para los servicios de asistencia enumerados en el anexo III del Reglamento. La Comisión ha esbozado la situación actual e identificado lagunas en estos servicios.
Además, la Comisión y los coordinadores nacionales pueden participar de forma voluntaria en otros servicios de asistencia si estos cumplen las condiciones previstas en el Reglamento. En 2019 y 2020 se dará prioridad a la preparación para la inclusión de los servicios de asistencia financiados o cofinanciados por la Comisión, como los Centros Europeos de los Consumidores, el Helpdesk para los derechos de propiedad intelectual, la parte de la Red Europea para las Empresas que trata los temas cubiertos por la pasarela, SOLVIT o «Tu Europa — Asesoramiento».
Cuando sea necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios, los coordinadores nacionales también podrán proponer a la Comisión que participe de forma voluntaria en servicios de asistencia privados o semiprivados si estos cumplen los requisitos de calidad de la pasarela.
Cómo y cuándo
Para los servicios del anexo III:
3T 2019
Facilitar a los coordinadores nacionales una lista de comprobación de los requisitos de calidad que se deben comprobar, incluido el suministro de información sobre el servicio de asistencia
Comisión
3T 2019-2T 2020
Abordar las lagunas identificadas
Autoridades competentes, coordinadas por los coordinadores nacionales
1T 2020-2T 2020
Facilitar a la Comisión enlaces, descripciones y datos de contacto de los servicios de asistencia para su inclusión en el buscador de servicios de asistencia
Autoridades competentes, a través de los coordinadores nacionales
3T 2019-2T 2020
Intercambios periódicos sobre normas de calidad, cómo facilitar información sobre el servicio y buenas prácticas
Grupo de coordinación de la pasarela
3T-4T 2020
Probar, corregir errores y mejorar el buscador de servicios de asistencia
Comisión
4T 2020
Puesta en marcha del buscador de servicios de asistencia
Para los servicios financiados o gestionados por la Comisión que soliciten participar de forma voluntaria:
Para el 3T 2019
Manifestar interés en participar de forma voluntaria
Comisión, previa consulta con las autoridades competentes en el marco de sus respectivas redes
3T 2019
Explicar el procedimiento a los coordinadores nacionales y a las autoridades competentes y facilitarles una lista de comprobación de los requisitos de calidad que se deben comprobar antes de proponer un nuevo servicio voluntario, incluido el suministro de información sobre el servicio de asistencia
Comisión
3T 2019
Finalizar el análisis de la situación actual e identificar lagunas
Comisión, tras un debate con las autoridades competentes
3T 2019
Informar al grupo de coordinación de la pasarela del interés en participar voluntariamente y de los resultados de este análisis
Comisión
3T 2019-2T 2020
Abordar las lagunas identificadas
Autoridades competentes, coordinadas por la Comisión (redes)
1T 2020
Informar al grupo de coordinación de la pasarela sobre la labor en curso
Comisión
1T 2020-2T 2020
Facilitar a la Comisión enlaces, descripciones y datos de contacto de los servicios de asistencia para su inclusión en el buscador de servicios de asistencia
Autoridades competentes, a través de la Comisión
3T 2019-2T 2020
Intercambios periódicos sobre normas de calidad, cómo facilitar información sobre el servicio y buenas prácticas
Autoridades competentes, coordinadas por la Comisión (redes)
3T 2020
Informar al grupo de coordinación sobre el cumplimiento de todos los requisitos
Presentar a la Comisión cualquier elemento restante necesario para su inclusión en el buscador de servicios de asistencia
Autoridades competentes, a través de la Comisión
3T-4T 2020
Probar, corregir errores y mejorar el buscador de servicios de asistencia
Comisión
4T 2020
Puesta en marcha del buscador de servicios de asistencia
4. Promoción
Objetivo 4.1: Promoción de la pasarela
Referencia: Artículos 22 y 23 del Reglamento relativos a la promoción, el nombre, el logotipo y el sello de calidad.
Antecedentes
La pasarela, denominada «Your Europe», ofrecerá a los usuarios un fácil acceso a una amplia gama de servicios de gran calidad. La existencia de «Your Europe» y la fiabilidad de los servicios que ofrece debe publicitarse entre los usuarios finales.
A tal fin, la Comisión, en estrecha colaboración con el grupo de coordinación de la pasarela, ha adoptado un logotipo que sirva como sello de calidad de «Your Europe» (13). Se han facilitado a los coordinadores nacionales el logotipo y las directrices sobre su utilización. Este logotipo, y un enlace a la pasarela, deberán ser visibles y accesibles desde todos los sitios web que forman parte de la pasarela.
Además, la Comisión y los Estados miembros deberán mejorar la facilidad para encontrar «Your Europe» y su conocimiento entre los usuarios finales. Deberán coordinarse las actividades de promoción de «Your Europe» y los sitios web incluidos en esta.
Cómo y cuándo
3T 2019-4T 2020
Prepararse para añadir el logotipo en todos los sitios web que formarán parte del repositorio de enlaces
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2019-4T 2020
Prepararse para añadir el enlace a la pasarela en todos los sitios web que formarán parte del repositorio de enlaces
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
4T 2020
Asegurarse de que el logotipo y el enlace se añaden a todos los sitios web que forman parte del repositorio de enlaces
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
3T 2019-4T 2020
Posicionamiento de «Your Europe» en los motores de búsqueda disponibles para el público general
Comisión
3T 2019-4T 2020
Promocionar la pasarela entre las autoridades nacionales y locales competentes
Coordinadores nacionales
Comisión
3T 2019-2T 2020
Elaborar un plan de comunicación coordinado
Comisión
Coordinadores nacionales
3T 2020-4T 2020
Aplicar el plan de comunicación
Comisión
Coordinadores nacionales
Autoridades competentes
(1) DO L 295 de 21.11.2018, p. 1.
(2) Y en los sitios web de la Comisión creados por base jurídica.
(3) DO L 327 de 2.12.2016, p. 1.
(4) Salvo en lo que se refiere a los sitios web de la Comisión creados por base jurídica.
(5) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020.
(6) https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility.
(7) https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en.
(8) Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(9) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
(10) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
(11) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(12) DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
(13) Proceso en curso, que se completará con la adopción del presente programa de trabajo anual. |
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16,
Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular sus artículos 25 y 45, apartado 3,
Visto el artículo 25, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo,
Visto el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 2 de mayo de 2019, que fue consultado de conformidad con el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 sobre el capítulo V de la presente Decisión,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento (UE) 2018/1725 establece los principios y las normas aplicables al tratamiento de datos personales por todas las instituciones y órganos de la Unión y prevé el nombramiento, por cada institución y órgano de la Unión, de un delegado de protección de datos.
El objeto de las normas de aplicación del Parlamento Europeo relativas al Reglamento (UE) 2018/1725 (en lo sucesivo, «normas de aplicación») es especificar las tareas, funciones y competencias del delegado de protección de datos del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «delegado de protección de datos»).
Las normas de aplicación también tienen por objeto establecer los procedimientos que permitirán a los interesados ejercer sus derechos y, a todas aquellas personas que intervienen en el tratamiento de datos personales en el Parlamento Europeo, cumplir sus obligaciones.
Las normas de aplicación deben garantizar que el Parlamento Europeo observe debidamente sus obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2018/1725 sin impedir que dicha institución lleve a cabo de manera adecuada sus actividades legislativas, presupuestarias, políticas, analíticas, de control y de comunicación.
El Reglamento (UE) 2018/1725, y en particular las exclusiones que prevé de la aplicación de los derechos de los interesados, debe por lo tanto interpretarse de manera que se garantice la capacidad del Parlamento Europeo para ejercer plenamente sus competencias, en particular sus funciones legislativas y presupuestarias, así como sus funciones consultivas y de control político, tal y como se contemplan en los Tratados.
A tal fin, el ejercicio del derecho de supresión conforme al artículo 19 del Reglamento (UE) 2018/1725 debe interpretarse de modo que su aplicación evite toda injerencia indebida en la obligación del Parlamento Europeo de documentar debidamente y visibilizar sus actividades parlamentarias y establecer su trazabilidad por el público, en particular en el Pleno y en los procedimientos de los órganos parlamentarios, de conformidad con el principio de transparencia y apertura y de las normas aplicables sobre el archivo.
Asimismo, el derecho a la portabilidad de los datos con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 2018/1725 únicamente se aplica si el tratamiento está basado en el consentimiento o en la necesidad de cumplir un contrato y se efectúa por medios automatizados. El ejercicio de este derecho está limitado por la exclusión contemplada en el artículo 22, apartado 3, segunda frase, de dicho Reglamento, que debería entenderse en el sentido de que, salvo en lo que afecte a las actividades administrativas del Parlamento Europeo, la institución quedará exenta de la obligación de facilitar datos personales de conformidad con el artículo 22, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento.
Asimismo, en lo que respecta a la aplicación de las normas de aplicación relativas a la corresponsabilidad de las Direcciones Generales del Parlamento Europeo con otros órganos o instituciones, o entre las Direcciones Generales del Parlamento, dicha corresponsabilidad solamente debe existir si son conjuntamente responsables de las mismas operaciones de tratamiento y en la medida en que lo sean, y no cuando actúen como meros intervinientes de modo secuencial, con operaciones de tratamiento temáticamente próximas pero distintas.
El artículo 13 de la presente Decisión debe entenderse en el sentido de que establece la posibilidad de que los grupos políticos y los diputados al Parlamento Europeo, sobre una base estrictamente voluntaria, soliciten asesoramiento al delegado de protección de datos sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725, teniendo en cuenta en particular la interacción entre los requisitos en materia de protección de datos y el libre ejercicio del mandato. Ese asesoramiento no es vinculante.
Asimismo, es necesario adoptar normas internas por las que se establezcan las condiciones en las que está permitido que el Parlamento Europeo limite la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, y también del artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones que disponen los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 25, con el fin de garantizar que el Parlamento Europeo pueda proseguir sus actividades y procedimientos.
En este marco, el Parlamento Europeo, cuando aplique limitaciones conforme al capítulo V de la presente Decisión, está obligado a respetar los derechos fundamentales de los interesados, tal como establece el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 2018/1725.
A tal fin, el Parlamento Europeo, antes de aplicar cualesquiera limitaciones particulares, debe llevar a cabo, caso por caso, una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las respectivas limitaciones, teniendo en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
El Parlamento Europeo debe justificar por qué las limitaciones son estrictamente necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática y respetar en lo esencial los derechos y libertades fundamentales.
APRUEBA LA PRESENTE DECISIÓN:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
La presente Decisión establece las normas generales de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 en el Parlamento Europeo, y en particular:
a) desarrolla las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725 relativas a las tareas, funciones y competencias del delegado de protección de datos;
b) establece las modalidades de ejercicio de los derechos de los interesados;
c) establece las normas internas conforme a las que el Parlamento Europeo podrá aplicar exclusiones, excepciones o limitaciones con respecto a los derechos de los interesados de conformidad, en particular, con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725.
Artículo 2
Responsable del tratamiento
1. La unidad o servicio del Parlamento Europeo que determine los fines y medios del tratamiento de datos personales actuará como responsable del tratamiento respecto de dichos datos en el sentido del artículo 3, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. Cuando la operación de tratamiento exceda las competencias de una unidad o servicio del Parlamento Europeo, la Dirección competente será la responsable del tratamiento en el sentido del artículo 3, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, salvo que se acuerde la corresponsabilidad conforme al artículo 28 de dicho Reglamento.
3. Cuando la operación de tratamiento exceda las competencias de una Dirección del Parlamento Europeo, la Dirección General del Parlamento Europeo competente será la responsable del tratamiento en el sentido del artículo 3, punto 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, salvo que se acuerde la corresponsabilidad conforme al artículo 28 de dicho Reglamento.
4. Cuando más de una Dirección General del Parlamento Europeo determine los fines y medios de una determinada operación de tratamiento o cuando una de las entidades organizativas con arreglo a los apartados 1 a 3 y al menos una entidad distinta de las instituciones y órganos de la Unión determinen los fines y medios de una determinada operación de tratamiento, los agentes competentes serán considerados corresponsables del tratamiento en el sentido del artículo 28, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725.
5. El Parlamento Europeo será considerado responsable del tratamiento a los efectos del artículo 44, apartados 3 y 6, del Reglamento (UE) 2018/1725.
6. El responsable del tratamiento se encargará de garantizar que las operaciones de tratamiento se efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 y deberá poder demostrar la conformidad con dicho Reglamento.
En especial, el responsable del tratamiento será responsable de:
a) aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para dar aplicación a los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto;
b) ofrecer al personal bajo su autoridad instrucciones adecuadas para garantizar que el tratamiento es lícito, justo, transparente y confidencial, y proporcionar un nivel adecuado de seguridad a la vista de los riesgos que entraña el tratamiento;
c) cooperar con el delegado de protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos en el ejercicio de sus respectivas funciones, comunicándoles en particular toda información que le hayan solicitado;
d) en tiempo oportuno, informar al delegado de protección de datos e involucrarle, en particular, en proyectos relativos a nuevas operaciones de tratamiento de datos o a modificaciones significativas de las operaciones existentes.
CAPÍTULO II
EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 3
Nombramiento, estatuto e independencia
1. El secretario general nombrará al delegado de protección de datos de entre el personal del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 43 y el artículo 44, apartados 8 y 9, del Reglamento (UE) 2018/1725. El delegado de protección de datos será nombrado de conformidad con el procedimiento aplicable en virtud del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios») o del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo «Régimen aplicable a los otros agentes») establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (2), según corresponda. El delegado de protección de datos será nombrado por un mandato de cinco años renovable una sola vez.
2. Para el ejercicio de sus tareas con arreglo a la presente Decisión, el delegado de protección de datos quedará dispensado de cualquier otra tarea en el seno del Parlamento Europeo. No obstante, el secretario general podrá decidir asignar al delegado de protección de datos otras tareas específicas, siempre que estas no den lugar a un conflicto de intereses con la función de delegado de protección de datos, en particular en relación con la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725.
3. El delegado de protección de datos se abstendrá de cualquier acción incompatible con la naturaleza de sus funciones.
4. El delegado de protección de datos tendrá obligación de guardar secreto profesional de conformidad con el artículo 44, apartado 5, del Reglamento (UE) 2018/1725, también tras el cese de sus funciones.
5. El delegado de protección de datos solamente podrá ser destituido de conformidad con el artículo 44, apartados 3 y 8, del Reglamento (UE) 2018/1725. Se consultará por escrito al Supervisor Europeo de Protección de Datos a los efectos de obtener su aprobación de dicha destitución de conformidad con el artículo 44, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725. Se enviará una copia de dicha aprobación al delegado de protección de datos.
6. El Parlamento Europeo garantizará que el delegado de protección de datos no reciba instrucciones respecto del ejercicio de sus tareas, tal como se definen en los artículos 44 y 45 del Reglamento (UE) 2018/1725. En ese sentido, el delegado, en particular, no recibirá instrucciones del secretario general, especialmente en lo que respecta a su cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, exigida conforme al Reglamento (UE) 2018/1725.
7. El delegado de protección de datos informará directamente al secretario general.
Artículo 4
Tareas, funciones y competencias
1. El delegado de protección de datos garantizará la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 por parte de la Secretaría General del Parlamento Europeo y supervisará el cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Decisión, el delegado de protección de datos, en principio, no será competente para supervisar la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 por parte de los diputados al Parlamento Europeo ni de los grupos políticos del Parlamento Europeo.
2. El delegado de protección de datos será consultado u ofrecerá asesoramiento de conformidad con el artículo 44, apartados 4 y 7, y con el artículo 45, apartado 1, letras d), e) y f), del Reglamento (UE) 2018/1725, y ejercerá todas las demás funciones contempladas en el artículo 45 de dicho Reglamento.
3. El delegado de protección de datos notificará al secretario general toda violación o riesgo grave de violación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725.
4. Previa solicitud, el delegado de protección de datos emitirá un dictamen para el correspondiente responsable del tratamiento sobre las operaciones de tratamiento reales o propuestas, sobre la proporcionalidad y adecuación del tratamiento de determinados datos o sobre las medidas de seguridad. En particular, el dictamen podrá versar sobre cualquier asunto relacionado con el análisis de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
5. El servicio competente del Parlamento Europeo consultará al delegado de protección de datos antes de la aprobación de normas internas por las que se establezca el marco para el tratamiento de datos personales.
6. El delegado de protección de datos ejercerá sus funciones en cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Será el punto de contacto entre el Parlamento Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, y será informado de todas las comunicaciones entre las dos instituciones que versen sobre asuntos de su competencia.
7. El delegado de protección de datos asistirá periódicamente a las reuniones convocadas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos o por los delegados de protección de datos de las demás instituciones y órganos a fin de facilitar una buena cooperación.
8. En todo momento, el delegado de protección de datos estará sujeto a las normas y disposiciones contempladas en el Estatuto de los funcionarios o en el Régimen aplicable a los otros agentes, según corresponda.
Artículo 5
Violaciones de la seguridad de los datos personales y seguridad de los datos
1. Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento informará sin demora al delegado de protección de datos sobre el incidente.
2. El delegado de protección de datos establecerá y mantendrá un registro central a efectos de documentar dichas violaciones de la seguridad de los datos personales, de conformidad con el artículo 34, apartado 6, del Reglamento (UE) 2018/1725. El responsable del tratamiento que deba hacer frente a la violación completará el archivo con la información requerida por dicho artículo.
3. El delegado de protección de datos organizará reuniones periódicas con el responsable principal de seguridad de los sistemas de información y con el gestor de riesgos del Parlamento Europeo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los artículos 33 a 36 del Reglamento (UE) 2018/1725. El delegado de protección de datos podrá invitar a otros asistentes, cuando sea oportuno.
4. A partir de los resultados de las reuniones mencionadas en el apartado 3, el delegado de protección de datos podrá:
a) presentar al secretario general, con carácter anual, un análisis de riesgos para la protección de datos, que se actualizará en función de la evolución de los factores de riesgo;
b) proponer al secretario general políticas de protección de datos, abordando, en particular, los riesgos de robo, fugas o manipulación no autorizada por medios electrónicos de datos;
c) proponer al secretario general medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad de los datos personales adecuado a los riesgos para la protección de datos.
Artículo 6
Registro de las actividades de tratamiento y registro central
El delegado de protección de datos establecerá y mantendrá el registro central en el sentido del artículo 31, apartado 5, del Reglamento (UE) 2018/1725, en el que se guardarán los registros de las actividades de tratamiento. El delegado de protección de datos garantizará que el registro sea accesible para el público, también por medios electrónicos. Previa solicitud, también será posible acceder por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Previa solicitud, los registros de las actividades de tratamiento del Parlamento Europeo se pondrán a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Artículo 7
Información y acceso
1. El responsable del tratamiento informará inmediatamente al delegado de protección de datos en lo que respecta al establecimiento de un nuevo procedimiento administrativo o a la modificación de un procedimiento administrativo existente que afecten a las operaciones de tratamiento de datos personales.
2. En todo momento, el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales que sean objeto de tratamiento, a las instalaciones del tratamiento de datos y a los soportes de datos.
Artículo 8
Auditoría interna
Cuando así lo solicite el auditor interno en el ámbito de sus competencias, el delegado de protección de datos colaborará con él, en particular al objeto de facilitar la realización de auditorías internas que impliquen el tratamiento de datos personales en la Secretaría General del Parlamento Europeo.
Artículo 9
Planteamiento basado en el riesgo
1. En los procedimientos administrativos nuevos o modificados y en medidas técnicas u organizativas que impliquen el tratamiento de datos personales, el delegado de protección de datos, previa solicitud o por propia iniciativa, facilitará información al responsable del tratamiento y le ayudará a evaluar los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
2. Tras la realización de dicha evaluación de riesgos, el delegado de protección de datos asesorará al responsable del tratamiento sobre si es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
Artículo 10
Medidas técnicas y organizativas
1. El delegado de protección de datos prestará asesoramiento al responsable del tratamiento en la evaluación de las soluciones técnicas y organizativas para efectuar operaciones de tratamiento.
2. El delegado de protección de datos podrá recomendar al secretario general medidas técnicas u organizativas para aplicar el artículo 27 del Reglamento (UE) 2018/1725 cuando, sobre la base de una evaluación, concluya que una operación de tratamiento no garantiza la plena conformidad con dicho artículo.
Artículo 11
Responsables y encargados conjuntos del tratamiento
1. Previa solicitud, el delegado de protección de datos podrá proporcionar un dictamen al responsable del tratamiento sobre la determinación de las correspondientes responsabilidades en el contexto de un acuerdo entre los responsables conjuntos del tratamiento, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. Previa solicitud, el delegado de protección de datos podrá proporcionar un dictamen al responsable del tratamiento sobre las medidas técnicas y organizativas adecuadas que deba garantizar el encargado o el subencargado del tratamiento, de conformidad con el artículo 29, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725.
Artículo 12
Informe anual
El delegado de protección de datos elaborará un informe anual de actividades a la atención del secretario general y del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las actividades en el ámbito de la protección de datos personales en la Secretaría General del Parlamento Europeo. El delegado de protección de datos pondrá dicho informe a la disposición del personal del Parlamento Europeo.
Artículo 13
Diputados al Parlamento Europeo y grupos políticos del Parlamento Europeo
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la presente Decisión, los diputados al Parlamento Europeo y los grupos políticos del Parlamento Europeo podrán solicitar asesoramiento al delegado de protección de datos sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725. Sin perjuicio de la propia responsabilidad de los diputados al Parlamento Europeo y de los grupos políticos del Parlamento Europeo al aplicar el Reglamento (UE) 2018/1725, en calidad de responsables del tratamiento en el sentido del artículo 3, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, el delegado de protección de datos podrá, previa solicitud de un diputado al Parlamento o de un grupo político del Parlamento Europeo, ofrecer asesoramiento aplicando, mutatis mutandis, las correspondientes disposiciones de la presente Decisión.
2. El delegado de protección de datos acordará, caso por caso, las disposiciones detalladas relativas a la asistencia a que se refiere el apartado 1, de conformidad con la presente Decisión. El ejercicio de dicha función de asesoramiento no deberá entrar en conflicto con las demás tareas del delegado de protección de datos.
CAPÍTULO III
PERSONAL AUXILIAR Y REDES
Artículo 14
Personal y recursos de protección de datos
1. El secretario general podrá nombrar a miembros del personal para el Servicio de Protección de Datos para que asistan al delegado de protección de datos en el ejercicio de sus funciones.
2. Los miembros del personal nombrados con arreglo al apartado 1 podrán representar al delegado de protección de datos en su ausencia. A tal fin, el delegado de protección de datos podrá atribuir delegaciones de poderes internas a miembros específicos de su personal. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el secretario general serán informados mediante copia de dichas delegaciones de poderes.
Artículo 15
Red de coordinadores de protección de datos
1. Se establecerá en el Parlamento Europeo una red de coordinadores de protección de datos compuesta de al menos un miembro por cada Dirección General, una persona en representación de la coordinación de los grupos políticos y el delegado de protección de datos.
2. El secretario general podrá especificar disposiciones concretas relativas al nombramiento, las funciones y las tareas de los coordinadores de protección de datos.
3. El delegado de protección de datos organizará reuniones periódicas con los coordinadores de protección de datos.
CAPÍTULO IV
EJERCICIO DE DERECHOS POR PARTE DE LOS INTERESADOS
Artículo 16
Normas generales para la aplicación de los artículos 14 a 24 del Reglamento (UE) 2018/1725
1. Únicamente el interesado o su representante debidamente autorizado podrán ejercer el derecho ser informados, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de supresión, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho de los destinatarios a que se les comunique la información, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho de oposición y los derechos relativos a las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, tal y como se contemplan en los artículos 14 a 24 del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. El interesado dirigirá al responsable del tratamiento las solicitudes para ejercer uno de sus derechos contemplados en el apartado 1. En el sitio web del Parlamento Europeo estará disponible en formato electrónico una plantilla no obligatoria para tal fin. En la solicitud deberán figurar:
a) el nombre, los apellidos y los datos de contacto del interesado;
b) una indicación del derecho que quiera ejercerse;
c) en su caso, los documentos en apoyo de la solicitud;
d) la categoría o categorías de datos personales de que se trate;
e) la firma del solicitante y la fecha de la solicitud.
3. La solicitud podrá presentarse por correo interno o externo, por correo electrónico o por cualquier otro medio escrito.
4. El responsable del tratamiento pedirá las aclaraciones necesarias si las solicitudes están incompletas o poco claras. Hasta la aclaración final de dichas cuestiones no se iniciará el plazo aplicable en virtud del artículo 14, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2018/1725.
5. El responsable del tratamiento comprobará la identidad del interesado de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2018/1725. La identidad del interesado se comprobará del modo menos intrusivo posible. Durante el período de comprobación de la identidad no se iniciará el plazo aplicable en virtud del artículo 14, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2018/1725.
6. El responsable del tratamiento responderá a toda solicitud de los interesados para el ejercicio de sus derechos, incluso en aquellos casos en los que el Parlamento Europeo no conserve datos personales pertinentes. Se remitirá al interesado un acuse de recibo en un plazo de cinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud. No obstante, el responsable del tratamiento no estará obligado a enviar un acuse de recibo si se da una respuesta de fondo a la solicitud en ese mismo plazo de cinco días laborables.
7. La respuesta se enviará al interesado, dentro de los plazos previstos en el artículo 14, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2018/1725, por el mismo medio de comunicación escrito y en la misma lengua oficial de la Unión que utilizara el solicitante, a menos que este lo solicite de otro modo.
8. En el tratamiento de una solicitud en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1725, el responsable del tratamiento tendrá en cuenta la posible necesidad de aplicar una exclusión, una excepción o una limitación con arreglo al capítulo V de la presente Decisión.
9. Si una solicitud es extremadamente compleja o cuando sea probable que el debido tratamiento de una solicitud derive en un riesgo para los derechos y libertades de otros interesados, el responsable del tratamiento consultará al delegado de protección de datos.
Artículo 17
Derecho a ser informado
(Artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1725, el responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los artículos 15 y 16 de dicho Reglamento, también cuando esté previsto un tratamiento ulterior, en una forma generalizada en internet o en la intranet.
2. Si es posible, y sin perjuicio de los medios de comunicación alternativos contemplados en virtud del artículo 14, apartados 1 y 7, del Reglamento (UE) 2018/1725, la información a que se refieren los artículos 15 y 16 de dicho Reglamento se facilitará de manera individualizada a los interesados de que se trate, ya sea por escrito o por medios electrónicos.
Artículo 18
Derecho de acceso
(Artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, cuando el interesado presente una solicitud de acceso a sus datos personales, el responsable del tratamiento recuperará los datos pertinentes de su lugar de almacenamiento, incluidos documentos en formato electrónico o en papel, y los pondrá a disposición del interesado por cualquiera de los siguientes medios:
a) compilación elaborada por el responsable;
b) documentos impresos o electrónicos;
c) otros medios a la disposición del responsable del tratamiento y adaptados a la configuración del fichero.
2. De conformidad con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725, cuando el interesado realice una solicitud de acceso por medios electrónicos, y salvo que se solicite de otro modo, el responsable del tratamiento facilitará la información en un formato electrónico de uso común.
Artículo 19
Derecho de rectificación
(Artículo 18 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. En la solicitud de rectificación se indicarán los datos personales que deben rectificarse o completarse, una prueba de su inexactitud o falta de completud y la corrección que debe efectuarse. En su caso, la solicitud podrá acompañarse de documentos justificativos.
2. Se notificará al interesado la rectificación realizada. En caso de rechazo de la solicitud, el responsable del tratamiento informará al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
Artículo 20
Derecho de supresión
(Artículo 19 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Las solicitudes de supresión especificarán los datos personales que deben suprimirse e indicarán las circunstancias que constituyan un motivo para dicha supresión en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. Se notificará al interesado la supresión realizada. En caso de rechazo de la solicitud, el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
3. La supresión entraña la desaparición física de los datos personales sin que sea necesario sustituirlos por un código.
Artículo 21
Derecho a la limitación del tratamiento
(Artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Las solicitudes de limitación del tratamiento especificarán los datos personales de que se trate y los motivos de dicha limitación, tal como se establece en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. Se notificará al interesado la limitación del tratamiento realizada. En caso de rechazo de la solicitud, el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
Artículo 22
Notificación a los destinatarios
(Artículo 21 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Tras finalizar uno de los procedimientos contemplados en los artículos 19 al 21 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento iniciará sin demora el procedimiento en virtud del artículo 21 del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. En caso de que la notificación a los destinatarios resulte imposible o implique un esfuerzo desproporcionado, el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
Artículo 23
Derecho a la portabilidad de los datos
(Artículo 22 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Las solicitudes en virtud del artículo 22 del Reglamento (UE) 2018/1725 especificarán los datos personales de que se trate.
2. En caso de rechazo de la solicitud, el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
Artículo 24
Derecho de oposición
(Artículo 23 del Reglamento (UE) 2018/1725)
1. Las oposiciones especificarán los datos personales de que se trate y los motivos relativos a la situación personal que justifican dicha oposición.
2. En caso de rechazo de la oposición, el responsable del tratamiento informará por escrito al interesado acerca de los motivos de dicho rechazo.
CAPÍTULO V
EXCLUSIONES, EXCEPCIONES Y LIMITACIONES
SECCIÓN 1
Exclusiones y excepciones
Artículo 25
Exclusiones
1. Antes de aplicar una limitación conforme a la sección 2 del presente capítulo, el responsable del tratamiento examinará si se aplica alguna de las exclusiones contempladas en el Reglamento (UE) 2018/1725, en particular aquellas en virtud del artículo 15, apartado 4, del artículo 16, apartado 5, del artículo 19, apartado 3, y del artículo 35, apartado 3, de dicho Reglamento.
2. En el tratamiento con fines de archivo en interés público, así como en el tratamiento con fines de investigación científica o histórica o con fines estadísticos, el responsable del tratamiento examinará si se aplican las exclusiones en virtud del artículo 16, apartado 5, letra b), y del artículo 19, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1725.
Artículo 26
Excepciones
1. En el tratamiento con fines de archivo en interés público, el responsable del tratamiento podrá aplicar excepciones conforme al artículo 25, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1725. A tal fin, el responsable del tratamiento podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento (UE) 2018/1725 de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 25, apartado 4, de dicho Reglamento.
2. En el tratamiento con fines de investigación científica o histórica o con fines estadísticos, el responsable del tratamiento podrá aplicar excepciones conforme al artículo 25, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725. A tal fin, el responsable del tratamiento podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los artículos 17, 18, 20 y 23 del Reglamento (UE) 2018/1725 de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 25, apartado 3, de dicho Reglamento.
3. Dichas excepciones estarán sujetas a las salvaguardas adecuadas de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2018/1725 y del artículo 28, apartados 1 y 2, de la presente Decisión. Se establecerán medidas técnicas y organizativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6, letra a), y con el artículo 10, de la presente Decisión, en particular para garantizar que se respeta la minimización de datos y, en su caso, la seudonimización.
SECCIÓN 2
Limitaciones
Artículo 27
Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente sección establece las condiciones generales en las que el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 25.
Las condiciones generales a que se refiere el párrafo primero se completan con las disposiciones de los anexos de la presente Decisión, en los que se especifican las condiciones en las que el Parlamento Europeo podrá limitar los derechos de los interesados en cada una de sus actividades y procedimientos, en caso de que los datos personales sean objeto de tratamiento y fuese necesario aplicar limitaciones.
2. La presente sección se aplica al tratamiento de datos personales a los efectos de las actividades y procedimientos llevados a cabo por el Parlamento Europeo, tal y como se especifica en los anexos de la presente Decisión.
3. A los efectos del tratamiento y la limitación, se determinará el responsable del tratamiento competente conforme al artículo 2 de la presente Decisión.
Artículo 28
Salvaguardias
1. Los datos personales objeto de limitación se almacenarán en un entorno físico o electrónico seguro que impida el acceso ilícito o la transferencia de datos a personas que no tienen necesidad de conocerlos.
2. Una vez finalizado el tratamiento, los documentos que contienen los datos personales se conservarán de conformidad con las normas aplicables del Parlamento Europeo (3).
3. Antes de aplicar una limitación, se valorará si la limitación es necesaria y proporcionada, así como los riesgos para los interesados, de conformidad con el artículo 35 de la presente Decisión.
Artículo 29
Limitaciones aplicables
1. A reserva de los artículos 30 a 36 y de las especificaciones establecidas en los anexos de la presente Decisión aplicables, el responsable del tratamiento podrá aplicar limitaciones con respecto a los derechos del interesado mencionados expresamente en los anexos aplicables, cuando el ejercicio de tales derechos comprometería la finalidad de una de las actividades o procedimientos contemplados en dichos anexos.
2. El responsable del tratamiento consignará y registrará los motivos de la limitación conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la presente Decisión.
Artículo 30
Comunicación de información a los interesados
1. El Parlamento Europeo publicará en su sitio web los avisos de protección de datos que informen a todos los interesados acerca de aquellas de sus actividades que impliquen el tratamiento de sus datos personales y de una posible limitación de sus derechos en este contexto. En dicha información se especificarán los derechos que pueden ser objeto de limitación, los motivos de tales limitaciones, su duración potencial y las posibles vías de recurso.
2. Si es posible, el responsable del tratamiento informará a cada interesado sin dilación indebida, en la forma más adecuada y directamente, acerca de sus derechos por lo que respecta a dichas limitaciones, que se determinarán caso por caso. En dicha información se especificarán los derechos que pueden ser objeto de limitación, los motivos de las posibles limitaciones, su duración potencial y las posibles vías de recurso.
Artículo 31
Derecho a ser informado
1. En caso de que el responsable del tratamiento limite el derecho de información a que se refieren los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725, se informará a los interesados, de conformidad con el artículo 25, apartado 6, de dicho Reglamento, sobre los motivos principales que justifican la aplicación de la limitación y sobre su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
2. No obstante, la comunicación de la información podrá aplazarse, omitirse o denegarse, de conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, en tanto deje sin efecto la limitación.
3. En caso de que el responsable del tratamiento aplace, omita o deniegue, en su totalidad o en parte, la comunicación de información a los interesados en el sentido del apartado 2 del presente artículo, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 35 de la presente Decisión.
Artículo 32
Derecho de acceso de los interesados, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación del tratamiento y obligación de notificación
1. En caso de que el responsable del tratamiento limite, en su totalidad o en parte, el derecho de acceso a los datos personales por parte de los interesados, el derecho de rectificación, el derecho de supresión o el derecho a la limitación del tratamiento contemplados en los artículos 17, 18, 19 y 20, respectivamente, del Reglamento (UE) 2018/1725, así como la obligación de notificación con arreglo al artículo 21 de dicho Reglamento, informará a los interesados afectados, en su respuesta a la solicitud de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento, acerca de la limitación aplicada y de los principales motivos de dicha limitación, así como de la posibilidad de presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. La comunicación de información sobre los motivos de la limitación a que se refiere el apartado 1 podrá aplazarse, omitirse o denegarse en tanto deje sin efecto la limitación.
3. El responsable del tratamiento registrará los motivos del aplazamiento, la omisión o la denegación de conformidad con el artículo 35 de la presente Decisión.
4. En caso de que se limite total o parcialmente el derecho de acceso y de que el interesado haya ejercido su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos, únicamente el interesado será informado por el Supervisor acerca de si los datos se han tratado correctamente y, de no ser así, de si se han efectuado correcciones de conformidad con el artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1725.
Artículo 33
Comunicación al interesado de una violación de la seguridad de los datos personales
En caso de que el responsable del tratamiento limite la aplicación del artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/1725, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 35 de la presente Decisión.
Artículo 34
Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas
En caso de que el responsable del tratamiento limite la obligación del Parlamento Europeo de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas a que se refiere el artículo 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, consignará y registrará los motivos de su proceder de conformidad con el artículo 35 de la presente Decisión.
Artículo 35
Evaluación de la necesidad y la proporcionalidad, consignación y registro de las limitaciones
1. Antes de aplicar cualquier limitación, el responsable del tratamiento evaluará si las limitaciones son necesarias y proporcionadas, teniendo en cuenta los elementos pertinentes contemplados en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725. Esta evaluación incluirá una valoración de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados de que se trate, en particular el riesgo de que sus datos personales puedan ser objeto de un tratamiento ulterior sin su conocimiento y de que se les pueda impedir ejercer sus derechos de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Se documentará mediante una nota de evaluación interna y se efectuará caso por caso.
2. El responsable del tratamiento registrará los motivos de cualesquiera limitaciones que aplique de conformidad con la presente Decisión, incluida la evaluación realizada con arreglo al apartado 1.
A tal fin, al procederse a la consignación se indicará el modo en que el ejercicio de los derechos de los interesados comprometería la finalidad de una de las actividades o procedimientos que haya llevado a cabo el Parlamento Europeo, según se determinan en los anexos de la presente Decisión.
3. Cuando, de conformidad con el Artículo 25, apartado, 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, el responsable del tratamiento aplace, omita o deniegue el suministro de información a un interesado acerca de la aplicación de una limitación, también consignará, en su caso, los motivos de su proceder.
4. La consignación y, en su caso, los documentos que contengan los elementos de hecho y de derecho subyacentes se almacenarán en un registro central. Se pondrán a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos previa solicitud.
Artículo 36
Duración de las limitaciones
1. Las limitaciones a que se refieren los artículos 29 y 31 a 34 de la presente Decisión en relación con los anexos de la presente Decisión aplicables, se aplicarán mientras sigan siendo aplicables los motivos que las justifiquen.
2. Cuando ya no concurran los motivos de una limitación a que se refieren los artículos 29 y 31 a 34 de la presente Decisión, en relación con los anexos de la presente Decisión aplicables, el responsable del tratamiento levantará la limitación. Al mismo tiempo, el responsable del tratamiento facilitará al interesado los principales motivos de la limitación y le informará de la posibilidad de presentar en todo momento una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia.
3. El responsable del tratamiento revisará la aplicación de las limitaciones a que se refieren los artículos 29 y 31 a 34 de la presente Decisión, en relación con los anexos de la presente Decisión aplicables, cada seis meses a partir de su adopción y al cierre del procedimiento correspondiente. A continuación, a los efectos de las actividades y procedimientos contemplados en los anexos I, II, V, VI, VII, VIII, IX y X de la presente Decisión, el responsable del tratamiento supervisará con carácter anual la necesidad de mantener cualesquiera limitaciones.
Artículo 37
Revisión por parte del delegado de protección de datos
1. El delegado de protección de datos será informado, sin dilación indebida, cada vez que se limiten los derechos de los interesados de conformidad con la presente sección.
A petición del delegado de protección de datos, se le facilitará acceso a las consignaciones y a todos los documentos que contengan los elementos de hecho y de derecho subyacentes.
2. El delegado de protección de datos podrá solicitar al responsable del tratamiento una revisión de las limitaciones. El delegado de protección de datos será informado por escrito del resultado de la revisión solicitada.
3. Todos los intercambios de información con el delegado de protección de datos que se produzcan a lo largo del procedimiento de conformidad con los apartados 1 y 2 se consignarán de forma adecuada.
Artículo 38
Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de ella.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 39
Vías de recurso
1. Todo miembro del personal del Parlamento Europeo podrá presentar una reclamación, con arreglo a artículo 68 del Reglamento (UE) 2018/1725, ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. La presentación de dicha reclamación no tendrá como efecto la suspensión de los plazos para presentar una reclamación conforme al artículo 90 del Estatuto de los funcionarios.
2. Independientemente del derecho mencionado en el apartado 1, todo miembro del personal del Parlamento Europeo podrá presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos una reclamación, con arreglo al artículo 90 del Estatuto de los funcionarios, sobre una cuestión relativa al tratamiento de datos personales. En su reclamación, el miembro del personal indicará si se ha presentado una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos paralelamente a la reclamación sobre la base del Estatuto de los funcionarios.
En caso de reclamación presentada en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, los servicios competentes del Parlamento Europeo consultarán al delegado de protección de datos.
Artículo 40
Actos derogados
1. Las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos – Decisión de la Mesa de 22 de junio de 2005 (4), quedan derogadas con efecto a partir del día de entrada en vigor de la presente Decisión.
2. La decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2019, sobre las normas de ejecución en materia de limitación de determinados derechos de los interesados en relación con la transferencia de datos personales por el Parlamento Europeo a las autoridades nacionales en el marco de investigaciones penales o financieras (5), queda derogada con efecto a partir del día de entrada en vigor de la presente Decisión.
Artículo 41
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(2) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(3) Decisión de la Mesa, de 2 de julio de 2012, relativa a la gestión de documentos en el Parlamento Europeo.
(4) DO C 308 de 6.12.2005, p. 1.
(5) DO C 163 de 13.5.2019, p. 1.
ANEXO I
Prevención e investigación internas de incidentes de seguridad, investigaciones de seguridad e investigaciones auxiliares
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a efectos de los procedimientos contemplados en el apartado 2.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar la seguridad interna del Parlamento Europeo, incluida la de sus redes de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento, en la realización de evaluaciones de riesgos internas, controles de acceso, incluidas las comprobaciones de antecedentes personales, medidas de prevención e investigación de incidentes de seguridad, incluidos los incidentes de las tecnologías de la información y la comunicación (1), así como las investigaciones de seguridad y las investigaciones auxiliares por propia iniciativa o a petición de terceros (2).
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos financieros;
e)datos de tráfico, incluidas las horas de inicio y fin de sesión, el acceso a aplicaciones internas y recursos basados en la red y uso de internet;
f)datos de videovigilancia;
g)grabaciones sonoras;
h)datos sobre la presencia de personas;
i)datos relativos a las actividades externas de personas;
j)datos relativos a sospechas de delitos, delitos, condenas penales o medidas de seguridad;
k)todos los demás datos relacionados con el objeto de las correspondientes evaluaciones de riesgos, los controles de acceso, incluidas las comprobaciones de antecedentes personales, las investigaciones sobre incidentes de seguridad, las investigaciones de seguridad y las investigaciones auxiliares realizadas por el Parlamento Europeo por propia iniciativa o a petición de terceros.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de esos derechos pudiera comprometer las evaluaciones de riesgos internas del Parlamento Europeo, los controles de acceso, incluidas las comprobaciones de antecedentes personales, las medidas de prevención e investigación de los incidentes de seguridad, las investigaciones de seguridad y las investigaciones auxiliares, incluidas las de sus redes de comunicaciones electrónicas, por ejemplo revelando sus instrumentos y métodos de investigación.
(1) Decisión de la Mesa sobre la política de seguridad de los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2015.
(2) Decisión de la Mesa sobre la Reglamentación relativa a la seguridad y la protección en el Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2018.
ANEXO II
Procedimientos disciplinarios, investigaciones administrativas e investigaciones relativas a cuestiones relacionadas con el personal
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a efectos de los procedimientos contemplados en el apartado 2.
En el presente anexo se establecen las condiciones específicas en las que, al desarrollar procedimientos disciplinarios, investigaciones administrativas e investigaciones relativas a cuestiones relacionadas con el personal de conformidad con el artículo 86 y el anexo IX del Estatuto de los funcionarios, e investigaciones en el contexto de solicitudes de asistencia presentadas en virtud del artículo 24 del Estatuto de los funcionarios y con respecto a presuntos casos de acoso, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a)otros objetivos importantes de interés público general de la Unión, como la capacidad del Parlamento Europeo para cumplir sus obligaciones en virtud del Estatuto de los funcionarios y para aplicar su política interna de personal, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento;
b)la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento;
c)una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos enunciados en el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 25, apartado 1, letra g); y
d)la protección de los derechos y libertades de otros interesados, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), de dicho Reglamento.
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos sobre la presencia de personas;
e)datos relativos a las actividades externas de personas;
f)datos que revelen el origen racial o étnico o bien las creencias religiosas o filosóficas, o datos relativos a la salud;
g)todos los demás datos relacionados con el objeto de los correspondientes procedimientos disciplinarios, investigaciones administrativas e investigaciones relativas a cuestiones relacionadas con el personal que haya llevado a cabo el Parlamento Europeo.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa la finalidad y eficacia de los procedimientos disciplinarios, las investigaciones administrativas o las investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el personal, incluidas las investigaciones sobre presuntos casos de acoso, o pueda afectar negativamente a los derechos y libertades de otros interesados.
ANEXO III
Procedimientos de selección
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a los efectos de realizar procedimientos de selección.
En el presente anexo se establecen las condiciones específicas en a las que, al realizar los procedimientos de selección (1), el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación del artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el fin de salvaguardar:
a) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión, como la capacidad del Parlamento Europeo para cumplir sus obligaciones en virtud del Estatuto de los funcionarios y para aplicar su política interna de personal, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, y
b) la protección de los derechos y libertades de otros interesados, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), de dicho Reglamento.
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)discursos grabados o pruebas de candidatos;
e)fichas de evaluación;
f)todos los demás datos relacionados con los correspondientes procedimientos de selección realizados por el Parlamento Europeo.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 35 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación del derecho de acceso de los interesados a sus datos personales con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725 cuando el ejercicio de dicho derecho pudiera comprometer la finalidad y eficacia de dichos procedimientos de selección, en particular revelando las evaluaciones realizadas por los comités de selección, o pudiera perjudicar los derechos y libertades de otros interesados, en particular revelando datos personales de otros candidatos.
3) Duración de las limitaciones
No obstante lo dispuesto en el artículo 36 de la presente Decisión, se aplicarán las siguientes normas en lo que respecta a la duración de las limitaciones:
— Las limitaciones aplicadas de conformidad con el presente anexo seguirán siendo aplicables mientras lo sigan siendo los motivos que las justifiquen.
— El responsable del tratamiento levantará la limitación cuando ya no concurran los motivos de esta y el interesado haya solicitado de nuevo acceso a los datos personales de que se trate. Al mismo tiempo, el responsable del tratamiento facilitará al interesado los principales motivos de la limitación y le informará de la posibilidad de presentar en todo momento una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia.
(1) Esto comprende los procedimientos de selección de personal temporal y contratado, así como los concursos internos.
ANEXO IV
Expedientes médicos
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al acceso a los datos médicos personales de los miembros del personal y de los diputados al Parlamento Europeo.
El presente anexo establece las condiciones en las que el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación del artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725, con el fin de salvaguardar la protección del interesado en el tratamiento de los datos médicos de los miembros del personal con arreglo al Estatuto de los funcionarios, y de los diputados al Parlamento Europeo con arreglo a las medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (1), de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), de dicho Reglamento.
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos médicos.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 35 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación del derecho de acceso directo a los datos médicos personales, incluidos los de naturaleza psicológica o psiquiátrica que afecten al interesado, que sean objeto de tratamiento por parte del Parlamento Europeo, cuando el acceso a dichos datos pueda representar un riesgo para la salud del interesado. Esta limitación será proporcionada con lo estrictamente necesario para proteger al interesado. Por lo tanto, se concederá acceso a la información a que se refiere el presente apartado, previa solicitud, a un médico elegido por el interesado.
Antes de aplicar una limitación con arreglo al apartado 1, un médico asesor, que actúe en nombre del Parlamento Europeo, motivará dicha limitación, y los motivos aducidos se incluirán en el expediente médico de la persona de que se trate.
3) Duración de las limitaciones
No obstante lo dispuesto en el artículo 36 de la presente Decisión, se aplicarán las siguientes normas en lo que respecta a la duración de las limitaciones:
— Las limitaciones aplicadas con arreglo al presente anexo seguirán siendo aplicables mientras lo sigan siendo los motivos que las justifiquen.
— El responsable del tratamiento levantará la limitación cuando ya no concurran los motivos de esta y el interesado haya solicitado de nuevo acceso a los datos médicos personales de que se trate. Al mismo tiempo, el responsable del tratamiento facilitará al interesado los principales motivos de la limitación e informará al interesado de la posibilidad de presentar en todo momento una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos o de interponer un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia.
(1) Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo y 9 de julio de 2008, por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, modificada por las Decisiones de la Mesa de 11 de noviembre de 2009, 23 de noviembre de 2009, 14 de diciembre de 2009, 19 de abril de 2010, 5 de julio de 2010, 13 de diciembre de 2010, 14 de febrero de 2011, 23 de marzo de 2011, 14 de noviembre de 2011, 12 de diciembre de 2012, 1 de julio de 2013, 16 de junio de 2014, 15 de septiembre de 2014, 15 de diciembre de 2014, 26 de octubre de 2015, 14 de diciembre de 2015, 12 de diciembre de 2016, 13 de diciembre de 2017, 11 de junio de 2018, 2 de julio de 2018 y 10 de diciembre de 2018.
ANEXO V
Examen de las reclamaciones presentadas por el personal
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a efectos de la tramitación de reclamaciones en virtud del Estatuto de los funcionarios.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que, al examinar las reclamaciones del personal con arreglo al artículo 90 del Estatuto de los funcionarios (1), el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión, como la capacidad del Parlamento Europeo para cumplir sus obligaciones en virtud del Estatuto de los funcionarios, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, y
b) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento.
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a) datos de identificación;
b) datos de contacto;
c) datos profesionales;
d) todos los demás datos relacionados con las correspondientes reclamaciones presentadas por el personal.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa el procedimiento de presentación de reclamaciones en virtud del Estatuto de los funcionarios.
(1) En el examen de las reclamaciones presentadas por miembros del personal de conformidad con el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, el Parlamento Europeo podrá tratar datos personales de miembros del personal distintos del reclamante, a efectos de verificar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
ANEXO VI
Auditorías internas
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a los efectos realizar auditorías internas.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que, al llevar a cabo auditorías internas a efectos de los artículos 118 y 119 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) y en virtud de la Carta del auditor interno aprobada por la Mesa el 14 de enero de 2019, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular el interés financiero de la Unión o de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, y
b) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos enunciados en el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 25, apartado 1, letra g).
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos financieros;
e)datos de tráfico;
f)datos sobre la presencia de personas;
g)datos relativos a las actividades externas de personas;
h)datos de afiliación política;
i)todos los demás datos relacionados con el objeto de la correspondiente actividad de auditoría.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa la finalidad de la realización de auditorías internas por parte del Parlamento Europeo.
(1) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
ANEXO VII
Procedimientos judiciales
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a efectos de procedimientos judiciales.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar la protección de los procedimiento judiciales, de conformidad con su artículo 25, apartado 1, letra e).
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos financieros;
e)datos de tráfico;
f)datos sobre la presencia de personas;
g)datos relativos a las actividades externas de personas;
h)todos los demás datos relacionados con el objeto de los correspondientes procedimientos judiciales.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa el desarrollo de procedimientos judiciales.
ANEXO VIII
Actividades de supervisión e investigación financieras
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento a los efectos realizar actividades de supervisión e investigación en el sentido del apartado 2.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que, al llevar a cabo la supervisión e investigaciones sobre la legalidad de las transacciones financieras realizadas por el Parlamento Europeo y en él, la supervisión e investigaciones sobre los derechos de los diputados (1), así como la supervisión e investigaciones sobre la financiación de los partidos políticos europeos, las fundaciones políticas europeas y los grupos políticos europeos, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a) la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento,
b) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular el interés financiero de la Unión o de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, y
c) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos enunciados en el artículo 25, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento, de conformidad con su artículo 25, apartado 1, letra g).
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales;
d)datos financieros;
e)datos de tráfico;
f)datos sobre la presencia de personas;
g)datos relativos a las actividades externas de personas;
h)datos de afiliación política;
i)todos los demás datos relacionados con el objeto de las correspondientes actividades de seguimiento e investigación realizadas por el Parlamento Europeo.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa la finalidad y eficacia de las actividades de seguimiento e investigación financieros realizadas por el Parlamento Europeo.
(1) Esto comprende, en particular, investigaciones sobre las asignaciones para gastos generales, personal, equipos e instalaciones y viajes.
ANEXO IX
Cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales, en particular la transferencia de datos personales, por parte del responsable del tratamiento con el fin de facilitar información y documentos a la OLAF, notificar casos a la OLAF o tratar información y documentos procedentes de la OLAF.
El presente anexo establece las condiciones generales en las que, al facilitar información y documentación a la OLAF a petición de esta o por propia iniciativa, al notificar casos a la OLAF o al tratar información y documentos procedentes de la OLAF, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a) la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y
b) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento.
El presente anexo no se aplicará al tratamiento de datos personales en los casos en los que la OLAF actúa como responsable del tratamiento, en particular cuando la OLAF trate datos personales conservados en los locales del Parlamento Europeo en virtud del artículo 4, apartado 2, y del artículo 6, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a)datos de identificación;
b)datos de contacto;
c)datos profesionales, incluidos los contratos de los asistentes parlamentarios acreditados, de los asistentes locales y de los prestadores de servicios, así como los datos relativos a las misiones;
d)datos financieros;
e)datos de tráfico;
f)datos sobre la presencia de personas;
g)datos relativos a las actividades externas de personas;
h)datos de afiliación política;
i)cualquier otro dato relacionado con el objeto de la investigación pertinente llevada a cabo por la OLAF o por el Parlamento Europeo en cooperación con la OLAF.
2) Limitaciones aplicables
1. A reserva de los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de esos derechos pudiera comprometer el objetivo de las actividades de investigación de la OLAF o de las actividades de investigación del Parlamento Europeo en cooperación con la OLAF, en particular revelando sus instrumentos y métodos de investigación.
2. A reserva de los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el Parlamento Europeo podrá limitar los derechos y obligaciones mencionados en el apartado 1 en relación con los datos personales obtenidos de la OLAF cuando el ejercicio de tales derechos y obligaciones pueda ser restringido por la OLAF sobre la base del artículo 2, apartado 3, de la Decisión (UE) 2018/1962 de la Comisión (2).
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(2) Decisión (UE) 2018/1962 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la restricción de algunos de sus derechos, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 315 de 12.12.2018, p. 41).
ANEXO X
Cooperación con los Estados miembros en el contexto de investigaciones penales o financieras
1) Objeto y ámbito de aplicación
El presente anexo se aplica al tratamiento de datos personales, en particular la transferencia de datos personales, por el responsable del tratamiento con el fin de facilitar a las autoridades nacionales la información y los documentos que soliciten en el marco de investigaciones penales o financieras.
El presente anexo establece las condiciones específicas en las que, al facilitar a las autoridades nacionales información y documentos que soliciten en el marco de investigaciones penales o financieras (1), el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, con el fin de salvaguardar:
a) la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento,
b) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento, y
c) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento.
El presente anexo se aplica a las siguientes categorías de datos personales:
a) datos de identificación;
b) datos de contacto;
c) datos profesionales;
d) datos financieros;
e) comunicaciones electrónicas;
f) datos de tráfico;
g) datos de videovigilancia;
h) grabaciones sonoras;
i) datos sobre la presencia de personas;
j) todos los demás datos relacionados con el objeto de la investigación pertinente realizada por las autoridades nacionales.
2) Limitaciones aplicables
A reserva de lo dispuesto en los artículos 30 a 36 de la presente Decisión, el responsable del tratamiento podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 21, 35 y 36 del Reglamento (UE) 2018/1725, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 21 de dicho Reglamento, cuando el ejercicio de tales derechos comprometa el objeto de las investigaciones penales y financieras nacionales.
(1) El Parlamento Europeo deberá facilitar a las autoridades nacionales la información y los documentos solicitados con arreglo al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. |
1. El 10 de julio de 2019, el Tribunal General ha decidido que, a partir del 27 de septiembre de 2019, en los casos de impedimento de un Juez contemplados respectivamente en el artículo 17, apartado 2, segunda frase, y en el artículo 24, apartado 2, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente del Tribunal General sustituirá al Juez que padezca un impedimento.
2. En caso de impedimento del Presidente del Tribunal General, designará para sustituirlo al Vicepresidente del Tribunal General, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
3. En caso de impedimento del Vicepresidente del Tribunal General, el Presidente del Tribunal General designará al Juez que lo sustituirá siguiendo el orden establecido en el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, excluyendo a los Presidentes deSala.
4. En el caso de que el Juez designado con arreglo al apartado 3 padezca un impedimento y el asunto al que afecte el impedimento sea un asunto de función pública, según la definición que figura en la decisión del Tribunal General de 3 de julio de 2019 relativa a los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas (DO 2019, C246, p.2), o un asunto relativo a los derechos de propiedad intelectual o industrial contemplados en el título cuarto del Reglamento de Procedimiento, el Presidente del Tribunal designará para sustituirlo, siguiendo el orden establecido en el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento, a un Juez adscrito a una Sala que se ocupe del mismo tipo de asuntos que la Sala a la que pertenezca el Juez que padece el impedimento.
5. A fin de repartir de forma equilibrada la carga de trabajo, el Presidente del Tribunal podrá establecer excepciones al orden establecido en el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento al que se ha hecho referencia en los apartados 3 y 4 de la presente decisión. |
LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1), y en particular su artículo 3, apartado 2, letras b), d) y f), y sus artículos 16 a 18,
Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), y en particular sus artículos 18 a 20,
Considerando lo siguiente:
Aplicar un régimen de vigilancia de la evolución del sector inmobiliario a efectos de la estabilidad financiera requiere recopilar y distribuir periódicamente al nivel de la Unión datos nacionales comparables que permitan evaluar con mayor precisión los riesgos relacionados con el sector inmobiliario en todos los Estados miembros y comparar la utilización de instrumentos de política macroprudencial, a fin de abordar las vulnerabilidades relacionadas con dicho sector.
La Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3) trata de armonizar los indicadores y definiciones empleados para vigilar los mercados inmobiliarios residenciales y comerciales y cubrir las lagunas existentes en la disponibilidad y comparabilidad de los datos sobre dichos mercados en la Unión.
El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Decisión 2012/504/UE de la Comisión (5) establecen el régimen jurídico de las estadísticas europeas. En vista de la experiencia de la autoridad estadística de la Unión, que es la Comisión (Eurostat), en proporcionar datos europeos de gran calidad que permitan y faciliten comparaciones entre países, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) considera que la contribución de la Comisión (Eurostat) al régimen establecido en la Recomendación JERS/2016/14 es muy importante para facilitar la recopilación por las autoridades macroprudenciales nacionales de datos sobre los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales. La disponibilidad de estos datos aceleraría a su vez la implantación de un régimen de vigilancia de los riesgos por las autoridades macroprudenciales nacionales para vigilar eficazmente el mercado de bienes inmuebles comerciales y facilitar así la identificación de los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado físico de dichos inmuebles. Por ello se considera esencial establecer un régimen mínimo común para crear la base de datos que las autoridades macroprudenciales nacionales necesitan para vigilar eficazmente el mercado físico de bienes inmuebles comerciales. La necesidad de ese régimen armonizado resulta más clara aún si se tiene en cuenta el volumen considerable de la financiación transfronteriza de dicho mercado, que justificaría añadir a la Recomendación JERS/2016/14 una nueva recomendación destinada a promover un régimen mínimo común de preparación, elaboración y difusión de indicadores pertinentes armonizados. A fin de velar por la coherencia y calidad de los datos estadísticos pertinentes y reducir en lo posible la carga informadora, la Comisión (Eurostat) deberá también elaborar y promover normas, métodos y procedimientos estadísticos para la recopilación de los datos estadísticos necesarios.
Según el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1096/2010 del Consejo (6), el BCE debe asumir las funciones de secretaría de la JERS y proporcionar a esta apoyo analítico, estadístico, logístico y administrativo. Por su parte, el artículo 5.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo obliga al BCE a contribuir, cuando sea necesario, a la armonización de las normas y prácticas que regulen la recopilación, elaboración y distribución de estadísticas en los sectores comprendidos dentro de los ámbitos de sus competencias. Sobre este particular, es importante asegurar una cooperación estrecha y una coordinación adecuada entre el Sistema Estadístico Europeo (7) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Con este fin, y con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 223/2009, las consultas y cooperación en curso entre la Comisión (Eurostat) y el BCE se consideran especialmente importantes para crear los métodos, normas y procedimientos estadísticos requeridos.
Los últimos trabajos estadísticos del Comité de Estadísticas del SEBC, asistido por el Grupo de trabajo sobre el sector inmobiliario, relativos a las fuentes de datos sobre los indicadores de la financiación de los bienes inmuebles residenciales y comerciales, han puesto de manifiesto la necesidad de modificar ciertas definiciones para facilitar las actividades de vigilancia de las autoridades macroprudenciales nacionales. Aunque se reconoce que el Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo (8), que introdujo el proyecto AnaCredit, no basta por sí mismo para cubrir las necesidades de información de las autoridades macroprudenciales nacionales, las definiciones de bien inmueble comercial y bien inmueble residencial de la Recomendación JERS/2016/14 deben modificarse de todos modos para ajustarlas mejor a las definiciones más generales del Reglamento (UE) 2016/867, a fin de facilitar los análisis de estabilidad financiera necesarios y permitir una comparabilidad plena entre países.
No obstante, las modificaciones de las definiciones de la Recomendación JERS/2016/14 no deben impedir a las autoridades macroprudenciales nacionales hacer uso de otros indicadores y desgloses inmobiliarios que, sobre la base de las definiciones y métricas de dichas autoridades, tengan en cuenta las particularidades de sus mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales y residenciales y sean pertinentes desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Esto garantizaría además el respeto por las autoridades macroprudenciales nacionales al principio de proporcionalidad establecido en la Recomendación JERS/2016/14.
La Recomendación JERS/2016/14 pide a los destinatarios que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en respuesta a dicha recomendación o justifiquen adecuadamente su inacción en los plazos que en ella se establecen. Aunque los destinatarios han avanzado en cuanto a la aplicación de la Recomendación JERS/2016/14 en los plazos recomendados, la labor de algunas autoridades macroprudenciales nacionales se ha retrasado por cuestiones prácticas, como la necesidad de establecer estructuras de presentación de la información, determinar las fuentes de los datos y abordar lo relacionado con su confidencialidad.
Para asegurar la aplicación de la Recomendación JERS/2016/14 es, pues, necesario prorrogar algunos de sus plazos, lo que dará a las autoridades macroprudenciales nacionales más tiempo para resolver las cuestiones prácticas mencionadas. La ausencia de definiciones de trabajo comúnmente aceptadas preocupa especialmente por lo que respecta a los indicadores pertinentes del mercado físico de bienes inmuebles comerciales y, unida a las limitaciones operacionales de disponibilidad de datos, dificulta una evaluación y comparación precisas de los riesgos de todos los mercados nacionales. Por lo tanto, los plazos de aplicación de la Recomendación JERS/2016/14 por lo que se refiere a los indicadores para los cuales las autoridades macroprudenciales nacionales carecen de la información pertinente, deben ampliarse más para dar tiempo suficiente al establecimiento de las definiciones necesarias y a la recopilación de los datos.
La Junta General no cree que la prórroga de ciertos plazos establecidos en la Recomendación JERS/2016/14 suponga un peligro para el buen funcionamiento de los mercados financieros ni que, consecuentemente, pueda dar lugar a que los destinatarios de la recomendación no la apliquen.
La JERS reconoce además que pueden necesitarse nuevas orientaciones técnicas y un trabajo complementario sobre los indicadores y definiciones específicos a fin de tener en cuenta las particularidades de los mercados o segmentos de mercado y garantizar la calidad estadística de los datos. Por consiguiente, puede que sea preciso introducir otras modificaciones en la Recomendación JERS/2016/14 para abordar la evolución de esos indicadores y definiciones específicos.
Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2016/14.
HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
MODIFICACIONES
La Recomendación JERS/2016/14 se modifica como sigue:
1) En la sección 1, el apartado 1 de la recomendación C se sustituye por el texto siguiente:
«1. Se recomienda a las autoridades macroprudenciales nacionales que apliquen un marco de seguimiento de los riesgos de su sector inmobiliario comercial interno. A estos efectos, para controlar de forma eficaz los riesgos derivados del mercado de bienes inmuebles comerciales se recomienda la utilización de los siguientes indicadores:
Indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales:
a) índice de precios;
b) índice de alquileres;
c) índice del rendimiento de los alquileres;
d) índice de disponibilidad;
e) construcciones comenzadas;
Indicadores de las exposiciones del sistema financiero a créditos sobre bienes inmuebles comerciales;
f) flujos de préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
g) flujos de préstamos dudosos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
h) flujos de provisiones para insolvencias en préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
i) flujos de provisiones para insolvencias en la concesión de préstamos para bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción (como parte de los préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales);
j) stocks de préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
k) stocks de préstamos dudosos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
l) stocks de provisiones para insolvencias en préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción);
m) stocks de préstamos para bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción (como parte de los préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales);
n) stocks de préstamos dudosos para bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción (como parte de los préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales);
o) stocks de provisiones para insolvencias en la concesión de préstamos para bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción (como parte de los préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales).
Indicadores de los criterios de concesión de préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales:
p) media ponderada de la LTV-O en relación con los flujos de préstamos inmobiliarios comerciales;
q) media ponderada de la ratio préstamo-valor actual (LTV-C) en relación con los stocks de préstamos inmobiliarios comerciales;
r) media ponderada de la ratio de cobertura de intereses en origen (ICR-O) en relación con los flujos de préstamos inmobiliarios comerciales y media ponderada de la ratio de cobertura de intereses actual (ICR-C) en relación con los stocks de préstamos inmobiliarios comerciales;
s) media ponderada de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en origen (DSCR-O) en relación con los flujos de préstamos inmobiliarios comerciales y media ponderada de la ratio de cobertura del servicio de la deuda actual (DSCR-C) en relación con los stocks de préstamos inmobiliarios comerciales.
La información sobre estos indicadores debe hacer referencia a los proveedores de crédito de forma individual y ser suficientemente representativa del sector inmobiliario comercial interno».
2) En la sección 1, el apartado 2 de la recomendación D se sustituye por el texto siguiente:
«2. Se recomienda a las autoridades macroprudenciales nacionales que controlen los riesgos en relación con los diferentes indicadores sobre la base de la siguiente información que se específica en las plantillas A, B y C del anexo III de la presente recomendación:
a) En relación con el índice de precios, el índice de alquileres, el índice del rendimiento de los alquileres, el índice de disponibilidad y las construcciones comenzadas, las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por:
— tipo de bien inmueble;
— ubicación del bien inmueble.
b) En cuanto a los flujos y los stocks de ajustes de valoración de inversiones en bienes inmuebles comerciales, las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por:
— tipo de bien inmueble;
— ubicación del bien inmueble;
— tipo de inversor;
— nacionalidad del inversor.
c) En cuanto a los flujos y los stocks de préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales y cada uno de los desgloses del crédito para inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción) –es decir, préstamos para inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades, estén construidos o en construcción; préstamos para viviendas de alquiler; préstamos para inmuebles que generen ingresos (distintos del alquiler); préstamos para promociones inmobiliarias comerciales, y préstamos para viviendas sociales– las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por:
— tipo de bien inmueble;
— ubicación del bien inmueble;
— tipo de prestamista;
— nacionalidad del prestamista.
d) En cuanto a los flujos y los stocks de préstamos dudosos garantizados por bienes inmuebles comerciales y cada uno de los desgloses de los préstamos dudosos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción) –es decir, préstamos para inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades, estén construidos o en construcción; préstamos para viviendas de alquiler; préstamos para inmuebles que generen ingresos (distintos del alquiler); préstamos para promociones inmobiliarias comerciales, y préstamos para viviendas sociales– las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por:
— tipo de bien inmueble;
— ubicación del bien inmueble;
— tipo de prestamista;
— nacionalidad del prestamista.
e) En cuanto a los flujos y los stocks de provisiones para insolvencias en préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales y cada uno de los desgloses de las provisiones para insolvencias en préstamos garantizados por bienes inmuebles comerciales (incluidos los bienes inmuebles comerciales en fase de promoción o construcción) –es decir, préstamos para inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades, estén construidos o en construcción; préstamos para viviendas de alquiler; préstamos para inmuebles que generen ingresos (distintos del alquiler); préstamos para promociones inmobiliarias comerciales, y préstamos para viviendas sociales– las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por la subcategoría de provisiones para insolvencias en préstamos para promociones inmobiliarias, las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta un desglose por:
— tipo de bien inmueble;
— ubicación del bien inmueble;
— tipo de prestamista;
— nacionalidad del prestamista.
Los desgloses a que se refieren las letras a) a e) deben considerarse el mínimo recomendado. Las autoridades macroprudenciales nacionales pueden añadir otros desgloses que consideren necesarios a efectos de la estabilidad financiera».
3) En la sección 1, se añade la recomendación siguiente:
«Recomendación F – Establecimiento de un régimen mínimo común para el mercado físico de bienes inmuebles comerciales
1. Se recomienda a la Comisión (Eurostat) que proponga legislación de la Unión por la que se establezca un régimen mínimo común para la preparación, elaboración y difusión de una base de datos de los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales a que se refiere la recomendación C, apartado 1, letras a) a e).
2. Se recomienda asimismo a la Comisión (Eurostat) que elabore y promueva normas, fuentes, métodos y procedimientos estadísticos para crear la base de datos de los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales a que se refiere la recomendación C, apartado 1, letras a) a e), en particular para velar por la calidad de este conjunto de indicadores y reducir en lo posible la carga informadora».
4) La sección 2, apartado 1, número 1, se modifica como sigue:
a) el punto 3 se sustituye por el texto siguiente:
«“vivienda o bien inmueble comprados para alquiler”, el bien inmueble residencial que sea propiedad directa de una persona física y se destine fundamentalmente al alquiler a arrendatarios»;
b) el punto 4 se sustituye por el texto siguiente:
«“bien inmueble comercial”, el bien inmueble que genere ingresos, tanto construido como en fase de promoción, incluida la vivienda de alquiler, o el inmueble mantenido por su propietario para llevar a cabo su negocio, fines o actividad, esté construido o en construcción, en ambos casos incluida la vivienda social y excluidos los inmuebles clasificados como residenciales.
En caso de que un bien inmueble se utilice como inmueble comercial y residencial, se considerará que son bienes inmuebles diferentes (en función, por ejemplo, de la superficie dedicada a cada uso) siempre que sea posible hacer dicho desglose; en caso contrario, el bien inmueble se podrá clasificar según su uso dominante»;
c) el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:
«“préstamo sobre inmueble comercial”, el préstamo concedido a una persona jurídica para adquirir un bien inmueble que genere ingresos (o un conjunto de bienes definidos como inmueble que genere ingresos), tanto construido como en fase de promoción, o un bien inmueble utilizado por su propietario para llevar a cabo su negocio, fines o actividad, esté construido o en construcción, o garantizado por un bien inmueble comercial (o conjunto de bienes inmuebles comerciales)»;
d) se inserta el siguiente punto 16 bis:
«“bien inmueble que genera ingresos en fase de promoción”, el inmueble en construcción destinado, una vez terminado, a generar ingresos para su propietario por alquiler o venta, excluidos los edificios en demolición o los terrenos en desbrozo para posibles futuras promociones»;
e) el punto 32 se sustituye por el texto siguiente:
«“inmueble ocupado por su propietario”, cualquier inmueble residencial que sea propiedad de una persona física y tenga por objeto albergarla»;
f) se suprime el punto 34;
g) se inserta el siguiente punto 36 bis:
«“vivienda de alquiler”, cualquier inmueble que sea propiedad de una persona jurídica y tenga por objeto principal el alquiler a arrendatarios»;
h) el punto 38 se sustituye por el texto siguiente:
«“bien inmueble residencial”, el bien inmueble disponible para su uso como vivienda, construido o en construcción, adquirido, construido o reformado por una persona física, inclusive la vivienda o el bien inmueble comprados para alquiler. En caso de que un bien inmueble se utilice como inmueble comercial y residencial, se considerará que son bienes inmuebles diferentes (en función, por ejemplo, de la superficie dedicada a cada uso) siempre que sea posible hacer dicho desglose; en caso contrario, el bien inmueble se podrá clasificar según su uso dominante»;
i) el punto 39 se sustituye por el texto siguiente:
«“préstamo sobre bien inmueble residencial”, un préstamo a una persona física garantizado por un inmueble residencial independientemente del objeto del préstamo»;
5) En la sección 2, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Plazos de seguimiento
Se pide a los destinatarios que comuniquen a la JERS y al Consejo las medidas adoptadas en respuesta a esta recomendación o justifiquen adecuadamente su inacción en los siguientes plazos:
1. Recomendación A
a) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, presenten a la JERS y al Consejo un informe provisional sobre la información que ya se encuentra disponible, o que se espera que esté disponible, para la aplicación de la recomendación A.
b) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, presenten a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación A.
2. Recomendación B
a) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, presenten a la JERS y al Consejo un informe provisional sobre la información que ya se encuentra disponible, o que se espera que esté disponible, para la aplicación de la recomendación B.
b) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, presenten a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación B.
3. Recomendación C
a) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, presenten a la JERS y al Consejo un informe provisional sobre la información que ya se encuentra disponible, o que se espera que esté disponible, para la aplicación de la recomendación C.
b) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, presenten a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación C.
c) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, cuando no dispongan de la información pertinente relativa a los indicadores de las letras a) a e) de la recomendación C, apartado 1, presenten a la JERS y al Consejo un informe final sobre la aplicación de la recomendación C respecto de dichos indicadores el 31 de diciembre de 2025 a más tardar.
4. Recomendación D
a) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, presenten a la JERS y al Consejo un informe provisional sobre la información que ya se encuentra disponible, o que se espera que esté disponible, para la aplicación de la recomendación D.
b) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, presenten a la JERS y al Consejo el informe final sobre la aplicación de la recomendación D.
c) Se solicita a las autoridades macroprudenciales nacionales que, cuando no dispongan de la información pertinente relativa a los indicadores de la letra a) de la recomendación D, apartado 2, especificados en la plantilla A del anexo III de la presente recomendación, presenten a la JERS y al Consejo un informe final sobre la aplicación de la recomendación D respecto de dichos indicadores el 31 de diciembre de 2025 a más tardar.
5. Recomendación E
a) Se solicita a las AES que, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, establezcan una plantilla para la publicación de datos sobre las exposiciones de las entidades que entran en el ámbito de su supervisión a cada uno de los mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales de la Unión.
b) Se solicita a las AES que, a más tardar el 30 de junio de 2018, publiquen los datos mencionados en la letra a) al 31 de diciembre de 2017.
c) Se solicita a las AES que, a partir del 31 de marzo de 2019, publiquen anualmente los datos mencionados en la letra a) al 31 de diciembre del año anterior.
6. Recomendación F
a) Se solicita a la Comisión (Eurostat) que, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, presente a la JERS y al Consejo un informe provisional con una primera evaluación de la aplicación de la recomendación F.
b) Se solicita a la Comisión (Eurostat) que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, presente a la JERS y al Consejo un informe final sobre la aplicación de la recomendación F».
6) El anexo I se sustituye por el anexo I de la presente recomendación.
7) El anexo II se sustituye por el anexo II de la presente recomendación.
8) El anexo III se sustituye por el anexo III de la presente recomendación.
9) El anexo IV se sustituye por el anexo IV de la presente recomendación.
10) El anexo V se sustituye por el anexo V de la presente recomendación.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 21 de marzo de 2019.
El jefe de la Secretaría de la JERS,
en nombre de la Junta General de la JERS
Francesco MAZZAFERRO
(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
(2) DO C 58 de 24.2.2011, p. 4.
(3) Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).
(4) Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1101/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.o 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
(5) Decisión 2012/504/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2012, sobre Eurostat (DO L 251 de 18.9.2012, p. 49).
(6) Reglamento (UE) n.o 1096/2010 del Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 162).
(7) El Sistema Estadístico Europeo (SEE) es el sistema de colaboración entre la autoridad estadística de la Unión, que es la Comisión (Eurostat), y los institutos nacionales de estadística (INS) y otras autoridades nacionales encargadas en cada Estado miembro de preparar, elaborar y difundir las estadísticas europeas.
(8) Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13) (DO L 144 de 1.6.2016, p. 44).
ANEXO I
El anexo I de la Recomendación JERS/2016/14 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO I
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
1. Recomendación A
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación A, apartados 1 y 2, cuando:
evalúen si, en el marco de seguimiento de los riesgos del sector inmobiliario residencial de su jurisdicción, se tienen en cuenta o se aplican los indicadores pertinentes de los criterios de concesión de préstamos sobre inmuebles residenciales;
evalúen el avance en el uso de los indicadores de dicho seguimiento especificados en la recomendación A, apartado 1;
evalúen en qué medida la información que ya se encuentra disponible o que se espera esté disponible en el futuro sobre los indicadores pertinentes es suficientemente representativa de los criterios de concesión de préstamos que se aplican actualmente en su mercado de préstamos sobre inmuebles residenciales;
evalúen si la vivienda comprada para alquiler representa una fuente importante de riesgos derivados del sector inmobiliario interno o constituye una parte considerable del stock o los flujos del crédito total sobre inmuebles residenciales;
en aquellos casos en que se considere que la vivienda comprada para alquiler representa una fuente importante de riesgos derivados del sector inmobiliario interno o constituye una parte considerable del stock o los flujos del crédito total sobre inmuebles residenciales, evalúen el avance en el uso de los indicadores de seguimiento de los riesgos especificados en la recomendación A, apartado 2.
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación A, apartados 3 y 4, cuando:
velen por que se adopten los métodos especificados en el anexo IV para el cálculo de los indicadores enumerados en la recomendación A, apartados 1 y 2;
en aquellos casos en que se utilice otro método además de los especificados en el anexo IV para el cálculo de los indicadores pertinentes, informen sobre sus características técnicas y su eficacia en el seguimiento de los riesgos derivados del sector inmobiliario residencial;
velen por que los indicadores pertinentes enumerados en la recomendación A, apartados 1 y 2, se utilicen para controlar los riesgos del sector inmobiliario residencial al menos anualmente.
2. Recomendación B
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación B, apartados 1 y 2, cuando:
evalúen el avance en el seguimiento de la distribución univariante y las distribuciones conjuntas específicas de los indicadores pertinentes que se especifican en la plantilla A del anexo II;
evalúen el avance en el uso de la información especificada en la recomendación B, apartado 2, y en la plantilla A del anexo II como orientación para controlar los riesgos pertinentes.
En aquellos casos en que se considere que la vivienda comprada para alquiler representa una fuente importante de riesgos derivados del sector inmobiliario interno o constituye una parte considerable del stock o los flujos del crédito total sobre inmuebles residenciales, se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación B, apartado 3, cuando:
evalúen el avance en el seguimiento independiente de los indicadores pertinentes de las viviendas compradas para alquiler y los bienes inmuebles ocupados por sus propietarios;
evalúen el avance en el seguimiento de los datos pertinentes desglosados por las dimensiones especificadas en las plantillas A y B del anexo II.
3. Recomendación C
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación C, apartados 1 y 2, cuando:
evalúen si, en el marco de seguimiento de los riesgos del sector inmobiliario comercial de su jurisdicción, se tienen en cuenta o se aplican los indicadores pertinentes de las exposiciones internas a los bienes inmuebles comerciales;
velen por que, en el marco de seguimiento de los riesgos, se incluyan los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales, los indicadores de las exposiciones al crédito del sistema financiero y los indicadores de los criterios de concesión de préstamos;
evalúen si las inversiones representan una fuente de financiación significativa para el sector de bienes inmuebles comerciales nacional;
en los casos en los que las inversiones se consideren una fuente de financiación significativa para el sector de bienes inmuebles comerciales nacional, evalúen los avances en el uso de los indicadores adicionales para el seguimiento de riesgos especificados en la recomendación C, apartado 2;
evalúen los avances en el uso de, al menos, los indicadores especificados en la recomendación C, apartado 1, y, si procede, en el apartado 2;
evalúen si la información relativa a estos indicadores (que ya se encuentra disponible o que se espera que esté disponible) es suficientemente representativa del mercado inmobiliario comercial interno.
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación C, apartados 3 y 4, cuando:
velen por que se adopten los métodos de cálculo de los indicadores enumerados en la recomendación C, apartados 1 y 2, tal y como se especifica en el anexo V y, cuando sea pertinente para los bienes inmuebles comerciales, en el anexo IV;
en aquellos casos en que se utilice otro método además de los especificados en los anexos IV y V para el cálculo de los indicadores pertinentes, informen sobre sus características técnicas y su eficacia en el seguimiento de los riesgos derivados del sector inmobiliario comercial;
velen por que los indicadores enumerados en la recomendación C, apartado 1, se utilicen para vigilar la evolución de sector inmobiliario comercial al menos trimestralmente en lo que respecta a los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales, los flujos de préstamos (incluidos los flujos de préstamos dudosos y las provisiones para insolvencias) y los criterios correspondientes de concesión de préstamos, y al menos anualmente en relación con los stocks de préstamos (incluidos los stocks de préstamos dudosos y las provisiones para insolvencias) y los criterios correspondientes de concesión de préstamos;
en aquellos casos en que las inversiones se consideren una fuente de financiación significativa para el sector de inmuebles comerciales nacional, velen por que los indicadores enumerados en la recomendación C, apartado 2, se utilicen para el seguimiento de la evolución del sector de inmuebles comerciales, al menos trimestralmente para los flujos de inversión (incluidos los ajustes de valoración de inversiones), y al menos anualmente para los stocks de inversiones (incluidos los ajustes de valoración de inversiones).
4. Recomendación D
Se considerará que las autoridades macroprudenciales nacionales aplican la recomendación D cuando:
evalúen el avance en el seguimiento de los indicadores pertinentes especificados en las plantillas A, B y C del anexo III;
evalúen el avance en el uso de la información pertinente especificada en la recomendación D, apartado 2, y en las plantillas A, B y C del anexo III como orientación para controlar los riesgos pertinentes;
en aquellos casos en que las inversiones se consideren una fuente de financiación significativa para el sector inmobiliario comercial nacional, evalúen los avances en el uso de la información pertinente, como se especifica en la recomendación D, apartado 3, y en la plantilla B del anexo III, como guía para el seguimiento de los riesgos pertinentes;
en aquellos casos en que se usen indicadores adicionales para vigilar la evolución del sector inmobiliario comercial, informen sobre la información complementaria utilizada en el seguimiento de los riesgos.
5. Recomendación E
Se considerará que las AES aplican la recomendación E cuando:
establezcan una plantilla para la publicación de datos sobre las exposiciones de las entidades que entran en el ámbito de su supervisión a cada uno de los mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales de la Unión;
publiquen al menos anualmente datos agregados, recopilados con arreglo a las exigencias existentes de presentación de información, sobre las exposiciones de las entidades que entran en el ámbito de su supervisión a cada uno de los mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales de la Unión.
6. Recomendación F
Se considerará que la Comisión (Eurostat) aplica la recomendación F cuando:
sobre la base de la disponibilidad de los desgloses y definiciones de los indicadores pertinentes del mercado físico de bienes inmuebles comerciales actualmente empleados en los Estados miembros, proponga legislación de la Unión por la que se establezca un régimen mínimo común para la preparación, elaboración y difusión de una base de datos de los indicadores pertinentes con objeto de armonizarlos;
vele por la convergencia de la legislación propuesta con los indicadores y sus definiciones, conforme a su utilización con fines de supervisión o estabilidad financiera, con objeto de evitar un aumento indebido de la carga informadora;
vele por la calidad de los indicadores pertinentes del mercado físico de bienes inmuebles comerciales mediante la elaboración de normas, fuentes, métodos y procedimientos estadísticos para crear la base de datos de los indicadores pertinentes;
vele por que la aplicación de las normas, fuentes, métodos y procedimientos estadísticos elaborados con relación a la base de datos de los indicadores pertinentes del mercado físico de bienes inmuebles comerciales no provoque un aumento indebido de la carga informadora;
promueva la aplicación de las normas, fuentes, métodos y procedimientos estadísticos elaborados para crear la base de datos de los indicadores pertinentes del mercado físico de bienes inmuebles comerciales
ANEXO II
El anexo II de la Recomendación JERS/2016/14 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO II
PLANTILLAS INDICATIVAS DE LOS INDICADORES DEL SECTOR INMOBILIARIO RESIDENCIAL
1. Plantilla A: indicadores de los préstamos sobre inmuebles residenciales y sus correspondientes desgloses
Plantillas para bienes inmuebles residenciales
FLUJOS= nueva producción de préstamos sobre inmuebles residenciales dentro del período de presentación de información, según considere el prestamista. Las autoridades macroprudenciales nacionales que puedan distinguir entre préstamos nuevos sobre inmuebles residenciales y préstamos renegociados tienen la opción de identificar los préstamos renegociados en un desglose separado.
STOCKS = datos de los stocks de préstamos sobre inmuebles residenciales en la fecha de referencia (por ejemplo, fin de año)
ncu= importe en la moneda nacional
#= número de contratos
y= año(s)
Avg= media de la ratio pertinente
o/w= del(os) cual(es), de la(s) cual(es)
DISTRIBUCIÓN UNIVARIANTE
Panorama de cartera de préstamos hipotecarios
Servicio de administración del préstamo-renta en origen (LSTI-O)
Préstamos desembolsados
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
o/w para compra para alquiler
o/w para compra para alquiler
Avg (en%)
o/w ocupados por sus propietarios
o/w ocupados por sus propietarios
Avg (en%)
o/w primeros compradores
o/w primeros compradores
Avg (en%)
o/w préstamos en moneda extranjera
o/w préstamos en moneda extranjera
Avg (en%)
o/w plenamente amortizables
o/w plenamente amortizables
Avg (en%)
o/w parcialmente amortizables
o/w parcialmente amortizables
Avg (en%)
o/w no amortizables (*1)
o/w no amortizables (*1)
Avg (en%)
o/w inmuebles en territorios individuales (*2)
o/w inmuebles en territorios individuales (*2)
Avg (en%)
o/w ≤ 1y de período de fijación del tipo de interés inicial
o/w ≤ 1y de período de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w] 1y; 5y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 1y; 5y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w] 5y; 10y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 5y; 10y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w > 10y de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w > 10y de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w > renegociado (opcional)
DISTRIBUCIÓN
]10%; 20%]
Préstamo-valor en origen (LTV-O)
]20%; 30%]
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
]30%; 40%]
o/w para compra para alquiler
Avg (en%)
]40%; 50%]
o/w ocupados por sus propietarios
Avg (en%)
]50%; 60%]
o/w primeros compradores
Avg (en%)
o/w préstamos en moneda extranjera
Avg (en%)
No disponible
o/w plenamente amortizables
Avg (en%)
o/w parcialmente amortizables
Avg (en%)
o/w no amortizables (*1)
Avg (en%)
Servicio de la deuda-renta en origen (DSTI-O) (OPCIONAL)
o/w inmuebles en territorios individuales (*2)
Avg (en%)
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
]50%; 60%]
]10%; 20%]
]60%; 70%]
]20%; 30%]
]70%; 80%]
]30%; 40%]
]80%; 90%]
]40%; 50%]
]90%; 100%]
]50%; 60%]
]100%; 110%]
No disponible
No disponible
Préstamo-valor actual (LTV-C)
Préstamo-ingresos en origen (LTI-O)
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
MEDIA PONDERADA
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
]50%; 60%]
]3; 3,5 ]
]60%; 70%]
]3,5 ; 4]
]70%; 80%]
]4; 4,5 ]
]80%; 90%]
]4,5 ; 5]
]90%; 100%]
]5; 5,5 ]
]100%; 110%]
]5,5 ; 6]
No disponible
No disponible
Vencimientos en origen
Deuda-ingresos en origen (DTI-O)
MEDIA PONDERADA
Avg (años)
MEDIA PONDERADA
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
Avg]5y ; 10y]
]10y; 15y]
]3; 3,5 ]
]15y; 20y]
]3,5 ; 4]
]20y; 25y]
]4; 4,5 ]
]20y; 25y]
]4,5 ; 5]
]25y; 30y]
]5; 5,5 ]
]30y; 35y]
]5,5 ; 6]
]6,5 ; 7]
No disponible
No disponible
DISTRIBUCIÓN CONJUNTA
Servicio de administración del préstamo-renta en origen (LSTI-O)
Servicio de administración del préstamo-renta en origen (LSTI-O)
]30%; 50%]
Período de fijación del tipo de interés inicial
]30%; 50%]
LTV-O ≤ 80%
o/w ≤ 1y
Vencimiento en origen
o/w] 1y; 5y]
o/w] 5y; 10y]
]20y; 25y]
o/w > 10y
LTV-O]80%-90%]
Vencimiento en origen
Deuda-ingresos en origen (DTI-O)
Préstamo-valor en origen (LTV-O)
]20y; 25y]
LTV-O ≤ 80%
LTV-O]80%; 90%]
LTV-O]90%-110%]
LTV-O]90%; 110%]
Vencimiento en origen
LTV-O >110%
]20y; 25y]
LTV-O >110%
Vencimiento en origen
]20y; 25y]
2. Plantilla B: indicadores de los préstamos sobre inmuebles residenciales para la compra de inmuebles para alquiler y para ser ocupados por su propietario, y sus correspondientes desgloses
Plantillas adicionales para países con un riesgo o mercado importante de compra para alquiler
FLUJOS= nueva producción de préstamos sobre inmuebles residenciales dentro del período de presentación de información, según considere el prestamista. Las autoridades macroprudenciales nacionales que puedan distinguir entre préstamos nuevos sobre inmuebles residenciales y préstamos renegociados tienen la opción de identificar los préstamos renegociados en un desglose separado.
STOCKS = datos de los stocks de préstamos sobre inmuebles residenciales en la fecha de referencia (por ejemplo, fin de año)
ncu= importe en la moneda nacional
#= número de contratos
y= año(s)
Avg= media de la ratio pertinente
o/w= del(os) cual(es), de la(s) cual(es)
PRÉSTAMOS PARA COMPRA PARA ALQUILER
Panorama de préstamos para compra para alquiler
Cobertura de intereses en origen (ICR-O)
Préstamos desembolsados
MEDIA PONDERADA
o/w primeros compradores
DISTRIBUCIÓN
o/w préstamos en moneda extranjera
o/w plenamente amortizables
]100%; 125%]
o/w parcialmente amortizables
]125%; 150%]
o/w no amortizables (*3)
]150%; 175%]
o/w inmuebles en territorios individuales (*4)
]175%; 200%]
o/w ≤ 1y de período de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 1y; 5y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 5y; 10y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w > 10y de p. de fijación del tipo de interés inicial
Ratio préstamo-alquiler en origen (LTR-O)
Préstamo-valor en origen (LTV-O)
MEDIA PONDERADA
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
]5; 10]
]50%; 60%]
]10; 15]
]60%; 70%]
]15; 20]
]70%; 80%]
]80%; 90%]
]90%; 100%]
]100%; 110%]
No disponible
PRÉSTAMOS PARA COMPRA PARA OCUPAR EL PROPIETARIO
Panorama de préstamos para compra para ocupar el propietario
Servicio de administración del préstamo-renta en origen (LSTI-O)
Préstamos desembolsados
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
o/w primeros compradores
o/w primeros compradores
Avg (en%)
o/w préstamos en moneda extranjera
o/w préstamos en moneda extranjera
Avg (en%)
o/w plenamente amortizables
o/w plenamente amortizables
Avg (en%)
o/w parcialmente amortizables
o/w parcialmente amortizables
Avg (en%)
o/w no amortizables (*3)
o/w no amortizables (*3)
Avg (en%)
o/w inmuebles en territorios individuales (*4)
o/w inmuebles en territorios individuales (*4)
Avg (en%)
o/w ≤ 1y de período de fijación del tipo de interés inicial
o/w ≤ 1y de período de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w] 1y; 5y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 1y; 5y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w] 5y; 10y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w] 5y; 10y] de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
o/w > 10y de p. de fijación del tipo de interés inicial
o/w > 10y de p. de fijación del tipo de interés inicial
Avg (en%)
DISTRIBUCIÓN
Préstamo-valor actual (LTV-C)
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
]10%; 20%]
o/w primeros compradores
Avg (en%)
]20%; 30%]
o/w préstamos en moneda extranjera
Avg (en%)
]30%; 40%]
o/w plenamente amortizables
Avg (en%)
]40%; 50%]
o/w parcialmente amortizables
Avg (en%)
]50%; 60%]
o/w no amortizables (*3)
Avg (en%)
o/w inmuebles en territorios individuales (*4)
No disponible
DISTRIBUCIÓN
]50%; 60%]
Préstamo-ingresos en origen (LTI-O)
]60%; 70%]
MEDIA PONDERADA
]70%; 80%]
DISTRIBUCIÓN
]80%; 90%]
]90%; 100%]
]3; 3,5 ]
]100%; 110%]
]3,5 ; 4]
]4; 4,5 ]
No disponible
]4,5 ; 5]
]5; 5,5 ]
]5,5 ; 6]
No disponible
Préstamo-valor actual (LTV-C)
MEDIA PONDERADA
Avg (en%)
DISTRIBUCIÓN
]50%; 60%]
]60%; 70%]
]70%; 80%]
]80%; 90%]
]90%; 100%]
]100%; 110%]
No disponible
Vencimientos en origen en años
MEDIA PONDERADA
Avg (años)
DISTRIBUCIÓN
Avg]5y ; 10y]
]5y; 10y]
]10y; 15y]
]15y; 20y]
]20y; 25y]
]25y; 30y]
]30y; 35y]
No disponible
(*1) Cuando corresponda, los préstamos no amortizables para los que existan mecanismos de amortización deberán identificarse de forma separada.
(*2) Los préstamos sobre inmuebles residenciales concedidos dentro del sistema financiero de cualquier Estado miembro se podrán garantizar con bienes inmuebles residenciales situados en territorios extranjeros. Se añadirá una fila por cada territorio extranjero que se considere importante a efectos de la estabilidad financiera.
(*3) Cuando corresponda, los préstamos no amortizables para los que existan mecanismos de amortización deberán identificarse de forma separada.
(*4) Los préstamos sobre inmuebles residenciales concedidos dentro del sistema financiero de cualquier Estado miembro se podrán garantizar con bienes inmuebles residenciales situados en territorios extranjeros. Se añadirá una fila por cada territorio extranjero que se considere importante a efectos de la estabilidad financiera.
ANEXO III
El anexo III de la Recomendación JERS/2016/14 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO III
PLANTILLAS INDICATIVAS DE LOS INDICADORES DEL SECTOR INMOBILIARIO COMERCIAL
1. Plantilla A: indicadores del mercado físico
Indicadores del mercado físico
Indicador
Desglose
Frecuencia
Tipo de bien inmueble (1)
Ubicación del inmueble (2)
Mercado físico
Índice de precios de bienes inmuebles comerciales
Trimestral
Índice de alquileres
Trimestral
Índice de rendimiento de alquileres
Trimestral
Índice de disponibilidad
Trimestral
Construcciones comenzadas
Trimestral
I= Índice
R= Ratio
#= Metros cuadrados
2. Plantilla B: indicadores de las exposiciones del sistema financiero
Indicadores de exposiciones
nc= Importe en la moneda nacional
Indicador
Desglose
Frecuencia
Tipo de bien inmueble (3)
Ubicación del inmueble (4)
Tipo de inversor (5) (10)
Tipo de prestamista (6)
Nacionalidad de inversor (10)/prestamista (7)
Flujos (8)
Inversiones en inmuebles comerciales (10)
Trimestral
de las cuales, cartera directa de inmuebles comerciales
Trimestral
de las cuales, cartera indirecta de inmuebles comerciales
Trimestral
Ajustes de valoración de inversiones en inmuebles comerciales
Trimestral
Crédito para inmuebles comerciales (incluidas promociones inmobiliarias comerciales o inmuebles comerciales en construcción)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Préstamos dudosos para inmuebles comerciales (incluidas promociones inmobiliarias comerciales o inmuebles comerciales en construcción)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Provisiones para insolvencias en créditos para inm. comerciales (incl. promociones inmobiliarias o inm. comerciales en construcción)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
de los cuales, préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Indicador
Desglose
Frecuencia
Tipo de bien inmueble (3)
Ubicación del inmueble (4)
Tipo de inversor (5) (10)
Tipo de prestamista (6)
Nacionalidad de inversor (10)/prestamista (7)
Stocks (9)
Inversiones en inmuebles comerciales (10)
de las cuales, cartera directa de inmuebles comerciales
de las cuales, cartera indirecta de inmuebles comerciales
Ajustes de valoración de inversiones en inmuebles comerciales
Crédito para inmuebles comerciales (incluidas promociones inmobiliarias comerciales o inmuebles comerciales en construcción)
del cual, préstamos dudosos para inmuebles comerciales
de los cuales, préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
de los cuales, préstamos para adquirir viviendas de alquiler
de los cuales, préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
de los cuales, préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Provisiones para insolvencias en crédito para inmuebles comerciales
del cual, préstamos dudosos para inmuebles comerciales
de los cuales, préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
de los cuales, préstamos para adquirir viviendas de alquiler
de los cuales, préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
de los cuales, préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Crédito a promociones inmobiliarias comerciales (como parte del crédito para inmuebles comerciales)
del cual, préstamos dudosos
Provisiones para insolvencias en crédito para promociones inmobiliarias comerciales
3. Plantilla C: indicadores de los criterios de concesión de préstamos
Indicadores de criterios de concesión de préstamos (11)
R= Ratio
Indicador
Frecuencia
Media ponderada de ratios
Flujos (12)
Préstamo-valor en origen (LTV-O)
Trimestral
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Cobertura de intereses en origen (ICR-O)
Trimestral
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Cobertura del servicio de la deuda en origen (DSCR-O)
Trimestral
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
Trimestral
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
Trimestral
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
Trimestral
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
Trimestral
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Trimestral
Indicador
Frecuencia
Media ponderada de ratios
Stocks (13)
Préstamo-valor actual (LTV-C)
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Cobertura de intereses actual (ICR-C)
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
Cobertura del servicio de la deuda actual (DSCR-C)
préstamos para adquirir inmuebles, existentes o en construcción, en poder de los propietarios para llevar a cabo su negocio, fines o actividad
préstamos para adquirir viviendas de alquiler
préstamos para adquirir bienes inmuebles que generan ingresos (distintos de las viviendas de alquiler)
préstamos para adquirir promociones inmobiliarias comerciales
préstamos para adquirir bienes destinados a viviendas sociales
(1) El tipo de bien inmueble se desglosa en oficinas, minorista, industrial, residencial y otros tipos (todo el mercado nacional).
(2) La ubicación del bien inmueble se desglosa en nacional de primera y de segunda.
(3) El tipo de bien inmueble se desglosa en oficinas, minorista, industrial, residencial y otros tipos, cuando es pertinente para el indicador.
(4) La ubicación del bien inmueble se desglosa en nacional, de primera y de segunda, y extranjera.
(5) El tipo de inversor se desglosa en entidades de crédito, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, sociedades inmobiliarias y otros.
(6) El tipo de prestamista se desglosa en entidades de crédito, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, sociedades inmobiliarias y otros.
(7) La nacionalidad se desglosa en nacionales, del Espacio Económico Europeo, y del resto del mundo.
(8) Los flujos se contabilizan en términos brutos para inversiones, crédito y préstamos dudosos (solo los nuevos préstamos/inversiones se contabilizan sin tener en cuenta reembolsos o reducciones de los importes existentes).
Los flujos se contabilizan en términos netos para pérdidas por deterioro de inversiones y provisiones para pérdidas.
(9) Datos de stocks de inversiones en inmuebles comerciales, pérdidas por deterioro de inversiones en inmuebles comerciales, préstamos (dudosos) para inmuebles comerciales, y provisiones para pérdidas en crédito para inmuebles comerciales, en la fecha de referencia.
(10) Únicamente en caso de que las inversiones representen una parte significativa de la financiación de los inmuebles comerciales
nc= Importe en la moneda nacional
(11) Excluidas promociones inmobiliarias, que pueden supervisarse mediante la ratio préstamo-coste (LTC).
(12) Flujos de datos de la nueva producción de préstamos para bienes inmuebles comerciales durante el período de referencia.
(13) Datos del stock de préstamos para bienes inmuebles comerciales en la fecha de referencia.
R= Ratio
ANEXO IV
El anexo IV de la Recomendación JERS/2016/14 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO IV
ORIENTACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN Y CÁLCULO DE LOS INDICADORES
El presente anexo establece las principales orientaciones sobre los métodos para calcular los indicadores utilizados en las plantillas del anexo II y, en su caso, del anexo III. Su finalidad no es ofrecer instrucciones técnicas detalladas para cumplimentar las plantillas que abarquen todos los casos posibles. Además, se interpretará que las orientaciones abarcan definiciones y métodos específicos, y en algunos casos las divergencias podrían estar justificadas para que se adapten a las particularidades de los mercados o los segmentos del mercado.
1. Ratio préstamo-valor en origen (LTV-O)
La LTV-O se define como:
A efectos del cálculo, “L”:
a)Incluye todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por el prestatario sobre el bien inmueble en el momento inicial (con independencia del fin del préstamo), una vez agregados los préstamos “por prestatario” y “por garantía”.
b)Se mide sobre la base de los importes desembolsados y, por consiguiente, no incluye los importes no utilizados de las líneas de crédito. En el caso de los bienes inmuebles aún en construcción, “L” es la suma total de todos los tramos de préstamo desembolsados hasta la fecha de referencia, y la LTV-O se calcula en la fecha de desembolso de los nuevos tramos de préstamo (1). Subsidiariamente, si el método de cálculo anterior no se encontrara disponible o no se correspondiera con la práctica imperante en el mercado, la LTV-O también podrá calcularse sobre la base del importe total del préstamo concedido y el valor esperado una vez terminado el bien inmueble residencial en construcción;
c)No incluye los préstamos que no están garantizados por el bien inmueble, a menos que el proveedor de crédito declarante considere que los préstamos no garantizados forman parte del préstamo para vivienda que financia la transacción, combinando préstamos garantizados y no garantizados. En ese caso, los préstamos no garantizados deben incluirse también en “L”.
d)No está ajustada por la existencia de otras medidas de reducción del riesgo de crédito.
e)No incluye costes y tasas relacionados con el préstamo sobre inmuebles residenciales.
f)No incluye las bonificaciones.
A efectos del cálculo, “V”:
a)Se calcula sobre la base del valor del bien inmueble en origen, medido como el menor de entre:1)el valor de transacción, es decir, el valor registrado en una escritura notarial, y2)el valor estimado por un tasador interno o externo independiente.Si solo se dispone de un valor, se utilizará este.
b)No se tiene en cuenta el valor de los trabajos previstos de construcción o reforma.
c)En el caso de los bienes inmuebles aún en construcción, “V” representa el valor total del bien inmueble hasta la fecha de referencia (contabilizado el aumento del valor debido al avance de los trabajos de construcción). “V” se estima una vez desembolsados los nuevos tramos de préstamo, lo que permite actualizar la LTV-O.
d)No está ajustado por la existencia de otras medidas de reducción del riesgo de crédito.
e)No incluye costes y tasas relacionados con el préstamo sobre inmuebles residenciales.
f)No se calcula como un “valor a largo plazo”. Si bien el uso del valor a largo plazo se podría justificar por el carácter procíclico de “V”, la LTV-O persigue reflejar los criterios aplicados en la concesión de préstamos en origen. Por lo tanto, si, en el momento de la concesión del préstamo sobre inmuebles residenciales y del registro de la LTV-O, “V” no representara el valor del activo en origen según conste en los registros del prestamista, no reflejaría adecuadamente la actual política crediticia del prestamista en cuanto a la LTV-O.
Además de calcular la LTV-O conforme al método descrito en los apartados 2 y 3, las autoridades macroprudenciales nacionales pueden también calcularla, si lo consideran necesario para tener en cuenta las particularidades de sus mercados, deduciendo de la definición de “V” del apartado 3 el saldo total de los préstamos sobre inmuebles residenciales, desembolsados o no, que estén garantizados por un derecho preferente sobre los bienes inmuebles, en lugar de incluir dichos préstamos en el cálculo de “L” según lo descrito en el apartado 2.
Si se hace un seguimiento separado de los mercados de préstamos para la compra de inmuebles para alquiler y para ser ocupados por su propietario, se aplica la definición de LTV-O con las salvedades siguientes:
a)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para alquiler:—“L” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos a la compra del inmueble para alquiler;—“V” incluye solo el valor en origen del inmueble que se compra para alquiler;
b)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para ser ocupados por su propietario:—“L” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos al préstamo para la compra del inmueble para ser ocupado por su propietario;—“V” incluye solo el valor en origen del inmueble que se compra para ser ocupado por su propietario.
Las autoridades nacionales macroprudenciales deben tener en cuenta que las ratios préstamo-valor son de naturaleza procíclica, por lo que deben considerarse con cautela en todo marco de seguimiento de los riesgos. Podrían también explorar la utilización de otros parámetros, como el de préstamo-valor a largo plazo, en el que el valor se ajusta a la evolución a largo plazo de un índice de precios del mercado.
2. Ratio préstamo-valor actual (LTV-C)
La LTV-C se define como:
A efectos del cálculo, “LC”:
a)Se mide como el saldo vivo del préstamo o los préstamos, definido como “L” en el apartado 1(2), en la fecha de referencia, teniendo en cuenta reembolsos de capital, reestructuraciones de préstamos, nuevos desembolsos de capital, intereses adeudados, y, en caso de préstamos en moneda extranjera, variaciones del tipo de cambio.
b)Se ajusta para tener en cuenta el ahorro acumulado en un vehículo de inversión destinado a reembolsar el principal del préstamo. El ahorro acumulado puede deducirse de “LC” solo si se dan las condiciones siguientes:1)el ahorro acumulado se pignora incondicionalmente a favor del acreedor con el propósito expreso de reembolsar el principal del préstamo en las fechas previstas en el contrato, y2)se aplica un recorte de valoración adecuado, fijado por la autoridad macroprudencial nacional, que refleje los riesgos del mercado o de terceros vinculados a las inversiones subyacentes.
A efectos del cálculo, “VC”:
a)Refleja los cambios del valor de “V”, según se define en el apartado 1(3), desde la valoración más reciente del inmueble. El valor actual de este debe determinarse por un tasador independiente externo o interno. Si no es posible determinarlo así, el valor actual del inmueble puede estimarse mediante un índice granular de valores de bienes inmuebles (por ejemplo, basado en datos de transacciones). Si no se dispone de un índice de esta clase, se podrá utilizar un índice granular de precios de bienes inmuebles previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para contabilizar la depreciación del inmueble. Todo índice de valores o precios inmobiliarios debe ser lo suficientemente diferenciado según la ubicación y el tipo del inmueble.
b)Se ajusta a los cambios en los derechos preferentes sobre el bien inmueble.
c)Se calcula anualmente.
Si se hace un seguimiento separado de los mercados de préstamos sobre inmuebles residenciales para la compra de inmuebles para alquiler y para ser ocupados por su propietario, se aplica la definición de LTV-C con las salvedades siguientes:
a)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para alquiler:—“LC” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos a la compra del inmueble para alquiler;—“VC” se refiere al valor actual del inmueble que se compra para alquiler;
b)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para ser ocupados por su propietario:—“LC” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos al préstamo para la compra del inmueble para ser ocupado por su propietario;—“VC” incluye solo el valor actual del inmueble que se compra para ser ocupado por su propietario.
3. Ratio préstamo-ingresos en origen (LTI-O)
LTI-O se define como:
A efectos del cálculo, “L” tiene el mismo significado que en el apartado 1(2).
A efectos del cálculo, “I” es el total de la renta disponible anual del prestatario registrada por el proveedor de crédito en el momento inicial del préstamo sobre inmuebles residenciales.
Se anima a los destinatarios a que, al determinar la “renta disponible” del prestatario, se ajusten en la mayor medida posible a la definición (1) y se ajusten como mínimo a la definición (2):
Definición (1): “renta disponible” = ingresos de empleados + ingresos de autónomos (por ejemplo, beneficios) + ingresos de pensiones públicas + ingresos de pensiones privadas y de jubilación + ingresos de prestaciones de desempleo + ingresos de transferencias sociales distintas de prestaciones de desempleo + transferencias privadas periódicas (por ejemplo, alimentos) + ingresos brutos de alquileres de inmuebles + ingresos de inversiones financieras + ingresos de negocios particulares o sociales + ingresos periódicos de otras fuentes + subsidios por préstamos – impuestos – primas de asistencia sanitaria/seguridad social/seguro médico + desgravaciones fiscales.
A efectos de la presente definición:
a)los “ingresos brutos de alquileres de inmuebles” se refieren tanto a los inmuebles no sujetos a un préstamo sobre inmuebles residenciales pendiente como a los comprados para alquiler. Los ingresos de alquileres deben bien determinarse a partir de la información disponible para las entidades de crédito, bien imputarse. Si no se dispone de información precisa, la entidad informadora debe presentar estimaciones óptimas de los ingresos de alquileres, así como describir la metodología empleada para obtenerlas;
b)los “impuestos” deben comprender, por orden de importancia, los impuestos sobre las rentas del trabajo, los créditos fiscales, las aportaciones a planes de pensiones o las primas de seguros siempre que se carguen sobre los ingresos brutos, los impuestos especiales como los impuestos sobre bienes inmuebles, y los demás impuestos que no sean al consumo;
c)las “primas de asistencia sanitaria/seguridad social/seguro médico” deben incluir los gastos fijos obligatorios que se hacen después de impuestos en ciertos países;
d)las “desgravaciones fiscales” deben incluir las devoluciones por la autoridad tributaria vinculadas a la deducción de intereses del préstamo sobre inmuebles residenciales.
e)los “subsidios por préstamos” deberán incluir todas las intervenciones del sector público dirigidas a facilitar la carga del servicio de la deuda del prestatario (por ejemplo, tipos de interés subsidiados o reembolso de subsidios).
Definición (2): “renta disponible” = ingresos de empleados + ingresos de autónomos (por ejemplo, beneficios) – impuestos.
Si se hace un seguimiento separado de los mercados de préstamos sobre inmuebles residenciales para la compra de inmuebles para alquiler y para ser ocupados por su propietario, se aplica la definición de LTI-O con las salvedades siguientes:
a)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para alquiler:—“L” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos a la compra del inmueble para alquiler;
b)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para ser ocupados por su propietario:—“L” incluye solo los préstamos o tramos de préstamos, garantizados por el prestatario con el bien inmueble en origen, relativos a préstamos para la compra del inmueble para ser ocupado por su propietario;—si el prestatario tiene tanto préstamos para la compra de inmueble para ser ocupado por el propietario como préstamos para la compra de inmueble para alquiler, solo podrán utilizarse para el pago del préstamo para la compra de un inmueble para ser ocupado por el propietario los ingresos de alquiler del inmueble comprado para alquiler, deducidos los gastos del servicio de la deuda. En este caso, la primera mejor definición de “renta disponible” es:“renta disponible” = ingresos de empleados + ingresos de autónomos (por ejemplo, beneficios) + ingresos de pensiones públicas + ingresos de pensiones privadas y de jubilación + ingresos de prestaciones de desempleo + ingresos de transferencias sociales distintas de prestaciones de desempleo + transferencias privadas periódicas (por ejemplo, alimentos) + (ingresos brutos de alquileres de inmuebles – gastos del servicio de la deuda de los inmuebles de alquiler) + ingresos de inversiones financieras + ingresos de negocios particulares o sociales + ingresos periódicos de otras fuentes + subsidios por préstamos – impuestos – primas de asistencia sanitaria/seguridad social/seguro médico + desgravaciones fiscales.
4. Ratio deuda-ingresos en origen (DTI-O)
DTI-O se define como:
A efectos del cálculo, “D” incluye el total de la deuda del prestatario, garantizada o no con bienes inmuebles, incluidos todos los préstamos financieros pendientes, es decir, concedidos por quien concedió el préstamo sobre inmuebles residenciales y por otros prestamistas, en el momento inicial del préstamo sobre inmuebles residenciales.
A efectos del cálculo, “I” tiene el mismo significado que en el apartado 3(4).
5. Ratio servicio de administración del préstamo-renta en origen (LSTI-O)
LSTI-O se define como:
A efectos del cálculo, “LS” es el coste anual del servicio de la deuda del préstamo sobre inmuebles residenciales, definido como “L” en el apartado 1(2), en el momento inicial del préstamo.
A efectos del cálculo, “I” tiene el mismo significado que en el apartado 3(4).
Si se hace un seguimiento separado de los mercados de préstamos sobre inmuebles residenciales para la compra de inmuebles para alquiler y para ser ocupados por su propietario, se aplica la definición de LSTI-O con las salvedades siguientes:
a)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para alquiler:—“LS” es el coste anual del servicio de la deuda en relación con el préstamo para la compra de inmuebles para alquiler, en el momento inicial del préstamo;
b)en el caso de los préstamos para la compra de inmuebles para ser ocupados por su propietario:—“LS” es el coste anual del servicio de la deuda en relación con el préstamo para la compra de inmuebles para ser ocupados por su propietario, en el momento inicial del préstamo;—la primera mejor definición de “renta disponible” aplicable es:“renta disponible” = ingresos de empleados + ingresos de autónomos (por ejemplo, beneficios) + ingresos de pensiones públicas + ingresos de pensiones privadas y de jubilación + ingresos de prestaciones de desempleo + ingresos de transferencias sociales distintas de prestaciones de desempleo + transferencias privadas periódicas (por ejemplo, alimentos) + (ingresos brutos de alquileres de inmuebles – gastos del servicio de la deuda de los inmuebles de alquiler + ingresos de inversiones financieras) + ingresos de negocios particulares o sociales + ingresos periódicos de otras fuentes + subsidios por préstamos – impuestos – primas de asistencia sanitaria/seguridad social/seguro médico + desgravaciones fiscales.
6. Ratio servicio de la deuda-renta en origen (DSTI-O)
DSTI-O se define como:
A efectos del cálculo, “DS” es el coste anual del servicio de la deuda en relación con la deuda total del prestatario, definida como “D” en el apartado 4(2), en el momento inicial del préstamo.
A efectos del cálculo, “I” tiene el mismo significado que en el apartado 3(4).
Deberá considerarse la DSTI-O como un indicador opcional ya que no en todas las jurisdicciones tendrán acceso los prestamistas a la información necesaria para calcular el numerador. No obstante, en las jurisdicciones en las que los prestamistas tengan acceso a dicha información (por ejemplo, a través de los registros de créditos o de impuestos), se recomienda encarecidamente a las autoridades macroprudenciales que también incluyan este indicador en su marco de seguimiento de riesgos.
7. Ratio de cobertura de intereses (ICR)
ICR se define como:
A efectos del cálculo:
a)los “ingresos brutos anuales de alquiler” son los ingresos anuales de alquiler obtenidos de inmuebles comprados para alquiler, sin deducir ni los gastos de explotación necesarios para mantener el valor del inmueble ni los impuestos;
b)el “gasto anual de intereses” es el gasto anual de intereses vinculado a los inmuebles comprados para alquiler.
La ratio puede referirse al valor en origen (ICR-O) o al valor actual (ICR-C).
8. Ratio préstamo-alquiler en origen (LTR-O)
LTR-O se define como:
A efectos del cálculo:
a)el “préstamo contraído por la compra para alquiler” tiene el mismo significado que «L» en el apartado 1(2) pero se limita a los préstamos sobre inmuebles residenciales que financian la compra de inmuebles para alquiler;
b)los “ingresos netos anuales de alquiler” son los ingresos anuales de alquiler obtenidos de los inmuebles comprados para alquiler, deducidos los gastos de explotación necesarios para mantener el valor de los inmuebles pero sin deducir los impuestos;
c)los “ingresos brutos anuales de alquiler” son los ingresos anuales obtenidos del alquiler de los inmuebles comprados para alquiler, sin deducir ni los gastos de explotación necesarios para mantener el valor del inmueble ni los impuestos.
Para calcular la LTR-O deben emplearse los ingresos netos anuales de alquiler. Si no se dispone de esta información, pueden emplearse los ingresos brutos anuales de alquiler
(1) En el caso de los bienes inmuebles aún en construcción, la LTV-O en un momento determinado n se puede calcular como:
Donde i = 1, …, n se refiere a los tramos del préstamo desembolsados hasta el momento n, V 0 es el valor inicial de la garantía del bien inmueble (por ejemplo, los terrenos) y representa la variación en el valor del bien inmueble ocurrida hasta el desembolso del tramo n del préstamo.
ANEXO V
El anexo V de la Recomendación JERS/2016/14 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO V
ORIENTACIÓN SOBRE DEFINICIONES E INDICADORES
El presente anexo ofrece orientación sobre cuestiones específicas relativas a la definición de indicadores y, en particular, sobre el anexo III. Su finalidad no es facilitar instrucciones técnicas detalladas para cumplimentar las plantillas del anexo III que cubran todos los casos posibles. Debe entenderse que la orientación abarca definiciones y métodos de referencia y que, en ciertos casos, las divergencias podrían estar justificadas para incorporar particularidades de mercados o segmentos de mercado.
1. Definiciones de bien inmueble comercial
No existe actualmente una definición de bien inmueble comercial al nivel de la Unión lo suficientemente precisa a efectos macroprudenciales.
El artículo 4, apartado 1, punto 75, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, define el bien inmueble residencial pero no da una definición precisa del bien inmueble comercial, sino que se limita a describirlo en el artículo 126 como “oficinas u otros locales comerciales”. Dicho reglamento dispone además que, por lo que respecta a los bienes inmuebles comerciales, el valor del bien no dependa de la calidad crediticia del prestatario ni del rendimiento del proyecto subyacente.
La ABE aporta otro criterio útil: la finalidad principal del bien debe estar relacionada con una actividad económica (1). Aunque útil, este criterio sigue sin ser lo suficientemente preciso a efectos macroprudenciales.
Otra posible fuente para la definición de bien inmueble comercial es el Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo (BCE/2016/13) (2). Aunque la premisa sobre la que se adoptó inicialmente la presente recomendación justificaba establecer definiciones más detalladas a efectos de la estabilidad financiera, la evolución estadística reciente pone de manifiesto la necesidad de aproximar más la definición de bien inmueble comercial a la del Reglamento (UE) 2016/867 a fin de facilitar el control y los análisis financieros de las autoridades macrorpudenciales nacionales y permitir una comparabilidad plena entre países.
La iniciativa del G-20 sobre las lagunas de datos (3) es un conjunto de 20 recomendaciones para mejorar la economía y las estadísticas financieras que se publicó para aumentar la disponibilidad y comparabilidad de los datos económicos y financieros a raíz de la crisis financiera de 2007-2008. Las recomendaciones II.17 y II.18 de la segunda fase de la iniciativa del G-20 sobre las lagunas de datos (DGI-2) (4) destacan la necesidad de mejorar la disponibilidad de las estadísticas sobre bienes inmuebles tanto residenciales como comerciales. Como continuación de esta iniciativa, en 2017 la Comisión (Eurostat) publicó el informe titulado Commercial property price indicators: sources, methods and issues (5), que informa sobre las fuentes de datos y metodología relativas a los índices de precios de los bienes inmuebles para que los elaboradores de datos y los usuarios conozcan mejor fuentes de datos alternativas, métodos de medición alternativos y las cuestiones en juego.
El documento de consulta del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre la revisión del método estándar para el riesgo del crédito (6) también define el bien inmueble comercial como el no residencial. La exposición garantizada con bienes inmuebles residenciales se define como la garantizada con inmuebles con fines de vivienda que cumplen todas las leyes y reglamentos pertinentes para poder ocuparse con fines residenciales, mientras que la exposición garantizada con bienes inmuebles comerciales se define como la asegurada con bienes inmuebles distintos de los bienes inmuebles residenciales.
En vista de las limitaciones de las definiciones que anteceden, la presente recomendación ofrece una definición práctica de bien inmueble comercial específica a efectos macroprudenciales. Bien inmueble comercial es el bien inmueble que genere ingresos, tanto construido como en fase de promoción, incluida la vivienda de alquiler y la vivienda social, o el inmueble mantenido por su propietario para llevar a cabo su negocio, fines o actividad, esté construido o en construcción, y que no se clasifique como bien inmueble residencial.
Cabe debatir si las promociones inmobiliarias deben considerarse bienes inmuebles comerciales. En este punto, las prácticas nacionales difieren. Sin embargo, la experiencia de algunos Estados miembros durante la reciente crisis financiera prueba la importancia, a efectos de la estabilidad financiera, de vigilar la financiación de esta actividad económica y las inversiones en ella.
El bien inmueble que genera ingresos se define como todo bien inmueble que genera ingresos por su alquiler o beneficios por su venta. Por lo tanto, la vivienda comprada para alquiler y la vivienda de alquiler son subcategorías de bien inmueble que genera ingresos.
La vivienda comprada para alquiler hace referencia a los inmuebles que son propiedad directa de personas físicas y cuya finalidad principal es alquilarse. La vivienda comprada para alquiler es una categoría intermedia entre los inmuebles residenciales y los comerciales. No obstante, como esta actividad la llevan a cabo normalmente arrendadores no profesionales y a tiempo parcial que tienen una cartera inmobiliaria pequeña, puede interpretarse a efectos de la estabilidad financiera que está más próxima del sector inmobiliario residencial que del comercial. Por esta razón, la vivienda comprada para alquiler se clasifica como bien inmueble residencial y, por consiguiente, queda automáticamente excluida de la definición de bien inmueble comercial pese a que se considere un bien inmueble que genera ingresos. Sin embargo, dadas sus especiales características de riesgo, se recomienda a las autoridades macroprudenciales nacionales que sigan la evolución de este segmento del mercado en un desglose separado, si es que esta actividad es una fuente significativa de riesgos o supone una parte importante de los stocks o los flujos del crédito total sobre inmuebles residenciales. Este es el motivo de haber introducido un desglose en los préstamos sobre inmuebles residenciales entre los préstamos para la compra de inmueble para alquiler y los préstamos para la compra de inmueble para ser ocupado por el propietario. También se considera bien inmueble residencial la vivienda comprada para alquiler que está en construcción, y lo mismo la vivienda en construcción destinada a habitarse por su propietario.
Por vivienda de alquiler se entiende el bien inmueble que es propiedad de personas jurídicas (por ejemplo, inversores profesionales) y cuya finalidad es ser alquilada. Estos inmuebles también se considera que generan ingresos y, por lo tanto, se clasifican como bienes inmuebles comerciales. Además, la vivienda de alquiler en construcción se clasifica también como bien inmueble comercial, concretamente, como bien inmueble que genera ingresos en fase de promoción. También puede ser importante a efectos de la estabilidad financiera hacer un seguimiento separado de la financiación de la vivienda de alquiler, motivo por el cual se han incluido desgloses separados para los préstamos correspondientes.
El bien inmueble que genere ingresos y sea distinto de la vivienda comprada para alquiler y de la vivienda de alquiler también se incluye en la definición de bien inmueble comercial, esté construido o en construcción. Es el caso, por ejemplo, de los edificios de oficinas y los locales comerciales alquilados. Si están en construcción, se consideran inmuebles que generan ingresos en fase de promoción, que se clasifican como bienes inmuebles comerciales.
Entre los inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades, se incluyen los locales comerciales e inmuebles de naturaleza especial, como iglesias, universidades, museos, etc. Cabe debatir si los inmuebles utilizados por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades deben clasificarse como bienes inmuebles comerciales o de otro tipo. Las prácticas nacionales varían al respecto, ya que algunos Estados miembros pueden considerar que los riesgos vinculados a dichos inmuebles son distintos de los riesgos vinculados a los inmuebles comerciales. Sin embargo, aun reconociendo que los riesgos pueden variar en los diversos Estados miembros, sigue siendo importante vigilarlos a efectos de la estabilidad financiera. Es por eso por lo que los inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades se han incluido entre los bienes inmuebles comerciales. Además, teniendo en cuenta las particularidades de la financiación de los mercados inmobiliarios de los diversos Estados miembros, se han incluido desgloses separados para vigilar los riesgos vinculados a esos tipos de financiación. Los inmuebles mantenidos por sus propietarios para llevar a cabo sus negocios, fines o actividades se consideran bienes inmuebles comerciales estén construidos o en construcción.
La vivienda social es un segmento complejo del mercado inmobiliario, pues puede adquirir diversas formas en un mismo país y en distintos países. Puesto que normalmente la vivienda social no la construyen, adquieren o renuevan personas físicas, no se clasifica como bien inmueble residencial sino comercial. Sin embargo, en algunos países es importante por razones de estabilidad financiera vigilar los riesgos derivados de este tipo de inmueble en un desglose aparte. Por eso se han añadido desgloses separados para los préstamos correspondientes. Además, la vivienda social cuyo propietario directo es el Estado se considera destinada a cumplir funciones de este y, por lo tanto, también se clasifica como bien inmueble comercial. La vivienda social en construcción también se clasifica como bien inmueble comercial, pues se considera un inmueble que genera ingresos en fase de promoción.
Los demás inmuebles en construcción deben considerarse como inmuebles residenciales o comerciales según las definiciones generales de los puntos 4 y 38, respectivamente, de la sección 2, apartado 1, número 1.
2. Fuentes de datos sobre bienes inmuebles comerciales
2.1. Indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales
Los indicadores del mercado físico de bienes inmuebles comerciales pueden obtenerse de:
fuentes públicas, por ejemplo, organismos nacionales de estadística o catastros, o
proveedores de datos del sector privado que cubren una parte sustancial del mercado de bienes inmuebles comerciales.
El informe de la JERS sobre los bienes inmuebles comerciales y la estabilidad financiera en la UE resume cuáles son los índices de precios y posibles fuentes de datos disponibles (7).
2.2. Indicadores de la exposición del sistema financiero a los bienes inmuebles comerciales
Las exposiciones de los participantes en el mercado, al menos los del sector financiero, pueden obtenerse a partir de la información de supervisión. Ciertos datos, aunque no muy detallados, ya los recopilan a nivel nacional el BCE y la AESPJ. Una visión más granular de la exposición de las instituciones financieras a los bienes inmuebles comerciales puede obtenerse de las nuevas plantillas de presentación de información de supervisión de las entidades de crédito, es decir, FINREP y COREP, de los aseguradores, conforme a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y de los fondos de inversión, conforme a la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).
Las clasificaciones de la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (CNAE rev. 2.0) pueden ser útiles como sustitutivo de las exposiciones de las instituciones financieras a los bienes inmuebles comerciales, pues son ampliamente reconocidas en las instituciones de la Unión y utilizadas en las plantillas de presentación de información de regulación de entidades de crédito y compañías de seguros. Dos secciones son relevantes a estos efectos:
sección F: construcción, excluida ingeniería civil, y
sección L: actividades inmobiliarias, excluidos agentes de la propiedad inmobiliaria.
El principal inconveniente de utilizar las clasificaciones de la CNAE es que su objetivo son los sectores económicos, no los préstamos. Por ejemplo, un préstamo concedido a una sociedad inmobiliaria para adquirir su parque móvil se registrar en la sección L pese a no ser un préstamo inmobiliario comercial.
2.3. Utilización de datos del sector privado
Si las autoridades macroprudenciales nacionales utilizan datos de un proveedor del sector privado para elaborar los indicadores de los bienes inmuebles comerciales, deben tener en cuenta las diferencias en cuanto a alcance y definiciones respecto de la presente recomendación. Deben además estar en condiciones de facilitar detalles de la metodología empleada por el proveedor y la cobertura de muestra. Los datos del proveedor del sector privado deben ser representativos del conjunto del mercado y de los desgloses pertinentes expuestos en la recomendación D:
tipo de bien inmueble;
ubicación del bien inmueble;
tipo y nacionalidad del inversor;
tipo y nacionalidad del prestamista.
3. Desgloses pertinentes de los indicadores
En cuanto a los desgloses pertinentes de la recomendación D, las autoridades macroprudenciales nacionales deben estar en condiciones de evaluar la pertinencia de los desgloses para sus mercados de bienes inmuebles comerciales cuando los utilicen a efectos de seguimiento, y deben además tener en cuenta el principio de proporcionalidad.
“Tipo de bien inmueble” hace referencia al uso principal del bien inmueble comercial. Para los indicadores de bienes inmuebles comerciales, el desglose debe incluir las categorías siguientes:
residencial, por ejemplo, locales multifamiliares;
minorista, por ejemplo, hoteles, restaurantes, centros comerciales;
oficinas, por ejemplo, inmuebles usados principalmente como oficinas para actividades profesionales o comerciales;
industrial, por ejemplo, inmuebles usados para producción, distribución y logística;
otros tipos de bienes inmuebles comerciales.
Los inmuebles de uso mixto deben considerarse como varios inmuebles distintos (por ejemplo, según la superficie dedicada a cada uso) siempre que este desglose sea posible; en caso contrario, el inmueble puede clasificarse conforme a su uso dominante.
“Ubicación del bien inmueble” hace referencia al desglose geográfico (por ejemplo, por regiones) o a los segmentos del mercado inmobiliario, que también debe incluir ubicaciones de primera y de segunda. Ubicación de primera es la considerada normalmente como la mejor ubicación del mercado, lo cual se refleja además en el rendimiento del alquiler (normalmente el menor del mercado). Para oficinas, esta ubicación podría ser el centro de una gran ciudad. Para locales minoristas, esta ubicación podría ser un centro urbano con muchos viandantes o un centro comercial bien situado. Para locales de logística, esta ubicación podría ser un lugar que dispone de la infraestructura y servicios necesarios y tiene excelente acceso a las redes de transporte.
“Territorio donde se encuentra el inmueble” se refiere al territorio donde está el inmueble que garantiza un préstamo otorgado por el sistema financiero de un Estado miembro. Este desglose debe incluir las categorías siguientes:
territorio nacional;
territorio extranjero, desglosado en los países que las autoridades macroprudenciales nacionales del Estado miembro consideren importantes a efectos de la estabilidad financiera.
“Tipo de inversor” hace referencia a categorías generales tales como:
entidades de crédito;
compañías de seguros;
fondos de pensiones;
fondos de inversión;
sociedades inmobiliarias;
Es probable que solo pueda disponerse de datos sobre el prestatario o inversor registrado. Sin embargo, las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta que el prestatario o inversor registrado puede ser distinto del último prestatario o inversor, que es en quien reside el riesgo final. Por eso se anima a las autoridades a que hagan también un seguimiento del último prestatario o inversor cuando sea posible, por ejemplo, a partir de información obtenida de los participantes en el mercado, a fin de entender mejor el comportamiento de los participantes y los riesgos del mercado.
“Tipo de prestamista” hace referencia a categorías generales tales como:
entidades de crédito, incluidos “bancos malos”;
compañías de seguros;
fondos de pensiones.
Puede ser que las autoridades macroprudenciales nacionales tengan que adaptar la lista de tipos de inversores y prestamistas a las características del sector inmobiliario comercial local.
“Nacionalidad” hace referencia al país de constitución del participante en el mercado. La nacionalidad de inversores y prestamistas debe desglosarse al menos en las tres categorías geográficas siguientes:
nacionales
del resto del Espacio Económico Europeo;
del resto del mundo.
Las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta que la nacionalidad del prestatario o inversor registrado puede ser distinta de la del último prestatario o inversor, que es en quien reside el riesgo final. Por eso se anima a las autoridades a que hagan también un seguimiento de la nacionalidad del último prestatario o inversor, por ejemplo, a partir de información obtenida de los participantes en el mercado.
Los desgloses de la recomendación D, apartado 2, deben considerarse los mínimos recomendados. Por lo tanto, las autoridades macroprudenciales nacionales pueden utilizar desgloses adicionales que, teniendo en cuenta sus propias definiciones y métricas y las particularidades de sus mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales, consideren necesarios a efectos de la estabilidad financiera. Respecto de los desgloses adicionales, las autoridades macroprudenciales nacionales pueden vigilar y clasificar esos segmentos de mercado como lo consideren apropiado para sus mercados nacionales de bienes inmuebles comerciales. Además, cuando consideren que ciertas categorías de inmuebles comerciales o residenciales no son importantes a efectos de la estabilidad financiera, las autoridades macroprudenciales nacionales pueden decidir no vigilar los riesgos derivados de esos tipos de inmuebles o de su financiación, en cuyo caso su inacción se considerará justificada si ofrecen explicaciones suficientes.
4. Métodos del cálculo de los indicadores del mercado físico
El precio de los bienes inmuebles comerciales hace referencia a un factor numerario de calidad constante, es decir, al valor de mercado del inmueble descontados cambios de calidad como la depreciación (y la obsolescencia) o la apreciación (por ejemplo, la renovación) por medio de ajustes de calidad.
A partir de la labor iniciada por Eurostat se aconseja que la fijación del precio se obtenga de transacciones reales. Si estas no están disponibles o no son plenamente representativas, pueden sustituirse por datos de tasación o valoración siempre que reflejen el precio actual de mercado y no un enfoque de medición del precio sostenible.
5. Evaluación de las exposiciones del sistema financiero a los bienes inmuebles comerciales
La exposición del sistema financiero a los bienes inmuebles comerciales consiste tanto en el crédito, a menudo concedido por entidades de crédito y a veces también por compañías de seguros, como en la inversión, a menudo hecha por compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de inversión. La inversión puede referirse tanto a una cartera directa de bienes inmuebles comerciales, por ejemplo, la posesión de un título legal sobre bienes inmuebles comerciales, como a una cartera indirecta de dichos bienes, por ejemplo, por medio de valores y fondos de inversión. En caso de que un prestamista o inversor utilice una sociedad instrumental como técnica dedicada de financiación para inmuebles comerciales, el préstamo o la inversión se considerará como préstamo o tenencia directa de inmuebles comerciales (enfoque look-through).
Al evaluar estas exposiciones para el sistema en su conjunto, las autoridades macroprudenciales nacionales deben tener en cuenta el riesgo de doble contabilización. Los inversores pueden invertir tanto directa como indirectamente en bienes inmuebles comerciales. Por ejemplo, los fondos de pensiones y las compañías de seguros a menudo invierten indirectamente en dichos bienes.
También puede resultar más difícil tener en cuenta las exposiciones de los participantes en el mercado extranjeros, que puede significar una parte importante de este (10). Puesto que estos participantes en el mercado son importantes para su funcionamiento, se recomienda hacer un seguimiento de sus actividades.
Como las pérdidas por actividades relacionadas con bienes inmuebles comerciales suelen concentrarse en el crédito de entidades de crédito respecto de dichos bienes, se anima a las autoridades macroprudenciales nacionales a prestar en su seguimiento una atención especial a esta actividad.
6. Métodos para calcular la LTV
El anexo IV expone los métodos para calcular la LTV-O y la LTV-C. No obstante, hay varias particularidades que deben tenerse en cuenta cuando dichas ratios se calculan respecto de bienes inmuebles comerciales.
En el caso de un préstamo sindicado, la LTV-O debe calcularse como el importe inicial de todos los préstamos concedidos al prestatario en relación con el valor del inmueble en origen. Si los inmuebles son varios, la LTV-O debe calcularse como la ratio entre el importe inicial del préstamo o los préstamos y el valor total de los inmuebles de que se trate.
Como el número de inmuebles es muy inferior y estos son más heterogéneos en el sector inmobiliario comercial que en el sector inmobiliario residencial, conviene calcular la LTV-C sobre la base de una evaluación del valor de cada inmueble en lugar de utilizar un índice de valor o precio.
Por último, las autoridades macroprudenciales nacionales deben hacer un seguimiento de la distribución de la LTV con especial atención a los préstamos de mayor riesgo, es decir, los de más alta LTV, pues las pérdidas suelen derivarse de ese riesgo de cola.
7. Métodos para calcular la ratio de cobertura de intereses (ICR) y la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR)
La ratio de cobertura de intereses (ICR) y la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) hacen referencia a los ingresos de alquiler generados por uno o varios bienes inmuebles que generan ingresos, o al flujo de caja generado por los negocios, fines o actividades de los propietarios de los inmuebles, deducidos los impuestos y los gastos de explotación que debe efectuar el prestatario para mantener su valor y –en el caso del flujo de caja– ajustado en función de otros gastos y beneficios directamente vinculados con la utilización de los inmuebles.
ICR se define como:
A efectos de calcular la ICR:
los “ingresos netos anuales” son los ingresos anuales obtenidos del alquiler de bienes inmuebles, o el flujo de caja anual generado por los negocios, fines o actividades de los propietarios de los inmuebles, deducidos los impuestos y los gastos de explotación necesarios para mantener su valor y –en el caso del flujo de caja– ajustado en función de otros gastos y beneficios directamente vinculados con la utilización de los inmuebles;
el “gasto anual de intereses” es el gasto anual de intereses vinculado al préstamo garantizado con el bien o los bienes inmuebles comerciales.
El objetivo de la ICR es determinar la medida en que los ingresos generados por un inmueble bastan para pagar el gasto de intereses efectuado por el prestatario para adquirir el inmueble. Por consiguiente, la ICR debe analizarse al nivel del inmueble.
La DSCR se define como:
A efectos de calcular la DSCR:
los “ingresos netos anuales” son los ingresos anuales obtenidos del alquiler de bienes inmuebles, o el flujo de caja anual generado por los negocios, fines o actividades de los propietarios de los inmuebles, deducidos los impuestos y los gastos de explotación necesarios para mantener su valor y –en el caso del flujo de caja– ajustado en función de otros gastos y beneficios directamente vinculados con la utilización de los inmuebles;
el “servicio de la deuda anual” es el servicio de la deuda anual vinculado al préstamo garantizado con el bien o los bienes inmuebles comerciales.
El objetivo de la DSCR es determinar el peso de la carga total de la deuda que un inmueble supone para un prestatario. Por eso, el denominador incluye no solo el gasto de intereses sino también la amortización del préstamo, es decir, el reembolso del principal. La principal cuestión que plantea este indicador es si debe calcularse al nivel del inmueble o al nivel del prestatario. La financiación para bienes inmuebles comerciales se ofrece normalmente sin recurso, es decir, el prestamista solo tiene derecho a cobrarse con los ingresos del inmueble y no con los demás ingresos o activos del prestatario. Por eso es más realista y adecuado calcular la DSCR al nivel del inmueble. Además, centrarse en los ingresos totales del prestatario originaría importantes problemas de consolidación que complicarían el establecimiento de un parámetro comparable en todos los Estados miembros.
8. Otros indicadores pertinentes para los inmuebles que generan ingresos en fase de promoción
Para los inmuebles que generan ingresos en fase de promoción, en vez de la LTV en origen, las autoridades macroprudenciales nacionales pueden en cambio hacer un seguimiento de la ratio préstamo-coste, que es el importe inicial de todos los préstamos concedidos en relación con los costes asociados a la construcción del inmueble hasta terminarlo.
Además, las autoridades macroprudenciales nacionales deben centrar su seguimiento en las promociones de mayor riesgo, por ejemplo, las que tienen ratios previos al alquiler o la venta muy bajos. Para todo inmueble aún en construcción, la ratio previa al alquiler es igual a la superficie ya alquilada por el promotor en el momento de emisión del préstamo en relación con la superficie total que estará disponible una vez terminado el inmueble. Análogamente, la ratio previa a la venta es la superficie ya vendida por el promotor en el momento de emisión del préstamo en relación con la superficie total que estará disponible una vez terminado el inmueble.
9. Publicación anual por las AES de las exposiciones a los bienes inmuebles comerciales
Se recomienda a las AES que, a partir de la información disponible en las plantillas de presentación de información reguladora, publiquen al menos anualmente información agregada de las exposiciones a los distintos mercados inmobiliarios comerciales nacionales de la Unión, de las entidades sujetas a su supervisión y en forma individual. Se espera que esta divulgación mejore el conocimiento por las autoridades macroprudenciales nacionales de las actividades de las entidades de otros Estados miembros en su mercado inmobiliario comercial. En caso de que haya cualquier duda sobre el ámbito o la calidad de los datos publicados, dicha publicación se acompañará de los comentarios pertinentes.
Como norma general, las AES deben hacer posible que las autoridades macroprudenciales nacionales de la Unión determinen las exposiciones de todas las instituciones financieras de la Unión a sus mercados nacionales. Esto supone que los datos recopilados respecto de todas las instituciones financieras de la Unión se agreguen a nivel de país.
Al publicar esta información agregada, las AES deben utilizar la información de las plantillas de presentación de información reguladora que ofrecen un desglose geográfico de las exposiciones crediticias o de las inversiones (directas e indirectas). Si las plantillas de presentación de información ofrecen un desglose por códigos CNAE (11), puede hacerse referencia a los bienes inmuebles comerciales tanto en la sección “F” como en la “L”, aunque, en sentido estricto, algunas subcategorías tendrían que excluirse conforme a la definición de bien inmueble comercial adoptada en la presente recomendación.
(1) Véase “EBA question ID 2014_1214” de 21 de noviembre de 2014.
(2) Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13) (DO L 144 de 1.6.2016, p. 44).
(3) Consejo de Estabilidad Financiera y Fondo Monetario Internacional, The financial crisis and information gaps – report to the G-20 finance ministers and central bank governors, 29 de octubre de 2009.
(4) Consejo de Estabilidad Financiera y Fondo Monetario Internacional, Sixth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative, septiembre de 2015.
(5) Commercial property price indicators: sources, methods and issues, Statistical Reports 2017, Eurostat, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017.
(6) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Revisión del método estándar para el riesgo del crédito – Segundo documento de consulta, diciembre de 2015.
(7) Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EU, JERS, diciembre de 2015, en particular anexo II, sección 2.2.
(8) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(9) Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(10) Véase el documento Report on commercial real estate and financial stability in the EU, JERS, diciembre de 2015, en particular el apartado 2.3 y el recuadro 1.
(11) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1). |
Demandante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucrania) (representantes: T. Beazley, QC, y E. Dean y J. Marjason-Stamp, Barristers)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: P. Mahnič y J.-P. Hix, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita, por un lado, la anulación de la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 76), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 1), y, por otro lado, la anulación de la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2017, L 58, p. 34), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2017, L 58, p. 1), en la medida en que el nombre del demandante se mantuvo en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican dichas medidas restrictivas.
1) Anular la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, así como la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que el nombre del Sr. Oleksandr Viktorovych Yanukovych se mantuvo en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican dichas medidas restrictivas.
2) El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Yanukovych.
(1) DO C 243 de 4.7.2016. |
Demandante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucrania) (representante: M. Mleziva, abogado)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: R. Pekař y P. Mahnič, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 48), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 5), en la medida en que el nombre del demandante se ha mantenido en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican estas medidas restrictivas.
1) Anular la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que el nombre del Sr. Sergej Arbuzov se ha mantenido en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican estas medidas restrictivas.
2) Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.
(1) DO C 249 de 16.7.2018. |
Demandante: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucrania) (representantes: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R. Gherson y T. Garner, Solicitors)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: P. Mahnič y A. Vitro, agentes)
Recurso basado en el artículo 263 TFUE que tiene por objeto la anulación de la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 48), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 5), en la medida en que el nombre del demandante se mantuvo en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican dichas medidas restrictivas.
1) Anular la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que el nombre del Sr. Andriy Klyuyev se mantuvo en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican dichas medidas restrictivas.
2) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las del Sr. Klyuyev, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales.
(1) DO C 240 de 9.7.2018. |
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